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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 95, de 02/06/2020
cve: BOCG-14-D-95
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
2 de junio de 2020
Núm. 95
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la Cooperación Global para una Vacuna de COVID-19 Accesible ... (Página6)
Comisión de Justicia
161/000847 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al incremento y objetivación de los requisitos necesarios para la designación como Fiscal General del Estado ... (Página8)
161/000869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para la agilización de los concursos consecutivos y el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho ...
161/000889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que permitan paliar la situación transitoria de desprotección que sufren determinados profesionales que cotizan mayoritariamente en las
Mutualidades de Previsión Social, alternativas al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) ... (Página11)
Comisión de Defensa
161/000865 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a manifestar el agradecimiento y reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, todos los hombres y mujeres que las integran, así como el personal civil
que presta servicio en el Ministerio de Defensa ... (Página12)
161/000879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de la industria nacional de Defensa ... (Página14)
Comisión de Hacienda
161/000874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la necesidad de que se proceda al desarrollo reglamentario de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público ... (Página21)
Comisión de Interior
161/000850 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a habilitar nuevos pasos fronterizos con Portugal y Francia para facilitar la movilidad de los trabajadores y residentes fronterizos ...
(Página23)
161/000857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la seguridad en la España rural ... (Página24)
161/000894 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la dotación de un protocolo de desescalada a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias ... (Página25)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para mitigar el impacto económico ocasionado por la crisis del COVID-19 en el sector de servicios de asistencia en tierra (también
conocido como ground handling) ... (Página27)
161/000856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de acuerdos de conectividad aérea entre España y otros países a fin de hacer frente a la crisis provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)
... (Página29)
161/000858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la apertura progresiva y coordinada de las fronteras y la reactivación del transporte de turistas comunitarios ... (Página30)
161/000868 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el refuerzo de la protección del derecho a la vivienda de las personas más vulnerables en la salida de la crisis provocada por la COVID-19 ...
161/000872 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de un plan piloto de corredor seguro internacional con Baleares ... (Página34)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000867 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la creación de un Plan Estatal para la Educación Digital y reducción de la brecha digital y de aprendizaje ...
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000862 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre dignificar las pensiones de aquellos jubilados anticipados con largas carreras de cotización ... (Página40)
161/000887 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para paliar las consecuencias negativas sobre las empleadas del hogar ... (Página41)
161/000891 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prórroga de los ERTE en el sector turístico de Canarias, ante la crisis económica y social provocada por el COVID-19 ...
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para la reactivación del turismo español frente al impacto del COVID-19 ... (Página44)
161/000855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar incentivos en la adquisición de tecnología tendente a facilitar el trabajo a distancia lo que ayudará a empresas y autónomos y reactivará el
consumo ... (Página46)
161/000859 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la apertura progresiva y coordinada de las fronteras y la reactivación del transporte de turistas comunitarios ... (Página49)
161/000873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas necesarias para dar cobertura a los empresarios feriantes ... (Página51)
161/000882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas de apoyo al Turismo para paliar los efectos de la crisis derivada del COVID-19 ...
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a una nueva formulación del modelo de residencias de mayores ...
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección y fomento de la toponimia tradicional castellana ... (Página57)
161/000886 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al desarrollo e implementación del Protocolo de actuación frente al acoso sexual en el ámbito de la
Administración General del Estado ... (Página60)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000846 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre medidas de protección contra la avispa asiática (Vespa Velutina) y contra la avispa asesina (Vespa Mandarinia) ... (Página61)
161/000881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al desarrollo de un Plan de impulso a la reindustrialización verde y la reorientación del modelo
productivo ... (Página63)
161/000885 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la transformación verde de la economía para salir de la crisis ...
Comisión de Cultura y Deporte
161/000871 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la desescalada de las Instalaciones Deportivas Privadas de España ... (Página65)
161/000877 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la reconstrucción del deporte amateur mediante la creación de un 'bono-deporte' dirigido a la
reincorporación de la población española a la práctica del deporte tras la crisis epidémica del COVID-19 ... (Página67)
161/000888 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de un Pacto de Estado por la Cultura ... (Página68)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/000845 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la agilización de la concesión de líneas ICO por el COVID-19 ... (Página70)
161/000880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la redacción de un Plan Nacional de Apoyo al Sector de Equipos y Componentes de Automoción ... (Página71)
161/000892 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre regulación de los créditos revolving y evitar la existencia de deudas que perpetúen el crédito al consumo ... (Página76)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elección de plaza MIR desde la transparencia, en igualdad de condiciones y con seguridad ante la pandemia de COVID-19 ...
161/000849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al retorno de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a la estructura del Ministerio de Sanidad ...
161/000852 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la realización de test diagnósticos masivos a la población-Estrategia P.D.A ... (Página80)
161/000864 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la Cooperación Global para una Vacuna de COVID-19 Accesible ... (Página86)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a elaborar una nueva Estrategia de Internacionalización de las Universidades Españolas para el horizonte 2030. Retirada ...
161/000866 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre manifestar el agradecimiento y reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras y funcionariado del sector científico ...
161/000890 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la cuantificación y adopción de medidas para superar la brecha digital de los y las universitarios/as en situación de vulnerabilidad económica ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000878 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, para una nueva formulación de la Cooperación Internacional al Desarrollo adaptada a las necesidades derivadas
de la pandemia del COVID-19 ... (Página90)
161/000884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la acogida de refugiados y el reconocimiento de derechos de asilo ... (Página92)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000883 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas para paliar la crisis del sector de las autoescuelas ... (Página94)
161/000893 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de las medidas especiales dictadas por el Gobierno para la inspección técnica de vehículos en aras a no retrotraer la fecha
de revisión a los plazos originales de vencimiento para ningún vehículo cuya inspección caducara durante el estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ... (Página94)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/000844 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la plurianualidad de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ... (Página96)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000244 Pregunta formulada por el Diputado don Patricia Rueda Perelló (GVOX), sobre intención del Ministro de Consumo de rectificar sus declaraciones tras afirmar que el turismo es un 'sector de bajo valor añadido, estacional y precario'
... (Página97)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/013864 Autor: Pérez Díaz, María Auxiliadora
Posible cierre al público de la oficina que la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene en el municipio de Arucas ... (Página98)
Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
179/001129 Autor: Mena Arca, Joan
Forma en que RTVE piensa proteger la independencia de los trabajadores del Ente Público ante el ataque de la ultraderecha española, así como si esta está vulnerando el derecho constitucional a la información veraz de los españoles ante sus
presiones políticas a los profesionales de RTVE ... (Página99)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000863
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre la Cooperación Global para una Vacuna de COVID-19 Accesible.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 4 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Cooperación Global para una Vacuna de COVID-19
Accesible, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 se ha extendido ya por todos los rincones del mundo. Pese a que España es, desafortunadamente, uno de los países más afectados por la enfermedad, es especialmente preocupante la incidencia que la pandemia puede tener
en países con sistemas sanitarios menos preparados para este reto, así como en territorios en los que el acceso a agua y saneamiento es más escaso. El hecho de que pueda haber países o poblaciones más vulnerables corre el riesgo de acrecentar las
desigualdades tanto entre países desarrollados y en desarrollo como dentro de los propios países entre personas con una situación socioeconómica más cómoda y personas expuestas a una mayor vulnerabilidad.
Estos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha organizado la 73.ª sesión de su Asamblea General, por primera vez de forma telemática debido a la pandemia. En ella, Estados Unidos ha anunciado que podría congelar permanentemente su
contribución económica -algo que ya aprobó de forma temporal el mes pasado- y que podría replantearse su pertenencia a la organización al considerar que su gestión había sido demasiado permisiva con China. Lo cierto es que la Asamblea General
aprobó, con el respaldo de una amplia mayoría de Estados miembros, la realización de una investigación independiente y externa sobre el origen de la pandemia en la provincia china de Hubei, algo a lo que China se oponía frontalmente.
Esta resolución fue propuesta por Australia, en cooperación con los Estados miembros de la Unión Europea, que también incluyeron una referencia a la necesidad de que la futura vacuna contra la COVID-19 sea considerada como un 'bien público
de salud para prevenir, contener y limitar la transmisión' de la enfermedad, asegurando que esta vacuna sea 'segura, de calidad, eficaz, efectiva y accesible'. En este sentido, además, se promueve la cooperación entre el sector privado y la
investigación con financiación pública en todos los ámbitos para contener la COVID-19, especialmente en 'vacunas, diagnósticos y tratamientos'. A 8 de abril de 2020 ya había 115 candidatas a vacuna en desarrollo, de las cuales 78 estaban en
situación de proyecto activo y, de ellas, 73 en etapa exploratoria o preclínica.
Actualmente, tanto las farmacéuticas Pfizer y Janssen como la Universidad de Oxford y el Imperial College de Londres han pasado ya a etapas más avanzadas del desarrollo de sus prototipos, con algunas de ellas incluso pasando a considerar las
pruebas en seres humanos.
La Universidad de Oxford, por ejemplo, ha enviado ya sus prototipos a los voluntarios que van a ser objeto de las pruebas y, junto a la Imperial College de Londres, ha recibido ya el equivalente a 53 millones de euros por parte del gobierno
británico para el desarrollo de una vacuna, con otros 95 millones de euros comprometidos para los pasos futuros de finalización de este proceso. A su vez, la farmacéutica AstraZeneca ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Oxford para
comercializar su vacuna de forma lo más rápida posible. En el marco de este acuerdo, la empresa se ha comprometido a comercializar 30 millones de vacunas para septiembre de 2020, llegando incluso a los 100 millones de dosis para final de este año.
Por su parte, el 4 de mayo de 2020 la Comisión Europea organizó un esfuerzo de captación de fondos a nivel global, la Coronavirus Global Response, para poder garantizar que esa futura vacuna sea accesible para todos, especialmente a las
personas más vulnerables. La Comisión Europea aportó una cifra inicial de 1.400 millones de euros para este cometido, y consiguió recaudar hasta 7.400 millones de euros para realizar más tests, para mejorar los tratamientos, y para desarrollar esa
vacuna. Este esfuerzo global precede a la cumbre de Vacunas Globales que GAVI, la Alianza para Vacunas, organizará el 4 de junio para movilizar más recursos para el desarrollo de vacunas accesibles para todos.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
1. Detallar la participación de centros de investigación y profesionales científicos españoles en los esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra la COVID-19, así como la financiación pública que ha aportado a dichos
esfuerzos.
2. Defender en las Naciones Unidas, de forma coordinada con las instituciones de la Unión Europea y el resto de Estados miembros, la necesidad de que se respete el carácter de bien público global de la futura vacuna para la COVID-19 de
forma que sea accesible para todos, especialmente los sectores más vulnerables de la población.
3. Apoyar los esfuerzos que el sector privado español está realizando a nivel global para desarrollar vacunas y tratamientos para la COVID-19, estudiando la viabilidad de los diferentes proyectos que se encuentran actualmente en desarrollo
y otorgando el apoyo financiero necesario a aquellos más prometedores.
4. Desarrollar y presentar a las Cortes Generales un plan de acción para garantizar la adquisición de la futura vacuna para la COVID-19 y su distribución entre la población española para su inmunización, siempre con especial atención a
sectores de la población que son especialmente vulnerables.
5. Elevar, en el seno de las Naciones Unidas, la necesidad de diseñar una estrategia global frente a los movimientos anti-vacunas, que ponen en peligro la salud pública a nivel internacional, mediante campañas de información y
sensibilización sobre la necesidad de inmunizar a la población frente a enfermedades contagiosas como la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-Marta Martín Llaguno y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Justicia
161/000847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, D. José María Sánchez García, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D.ª Patricia de las Heras Fernández y D. Pedro Fernández Hernández, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y de
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al incremento y objetivación de los
requisitos necesarios para la designación como Fiscal General del Estado, para su discusión en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Primero. A comienzos de 2019, el Real Instituto Elcano publicó un estudio en su página web titulado La calidad de la democracia española y rubricado por doña Carmen González Enríquez 1, en el que se presenta la posición de España en
términos de calidad de su democracia en los dos índices que a comienzos de 2019 habían publicado informes más recientes: el Denzocracy Index y el Rule of Law Index. En las versiones correspondientes de ambos informes en 2020, España ocupa la
posición 16 en el primero de ellos y la 21 en el segundo.
En este sentido, el Rule of Lazo Index, elaborado por el World Justice Project, señala la corrupción como uno de los elementos que impide que mejore la posición de España en el ranking comparativo de la calidad de las democracias del mundo.
Sobre este particular, el estudio aclara que 'la encuesta en la que se basan los datos (junto con las entrevistas a expertos) separa diferentes niveles estatales en los que podría encontrarse corrupción, pero no menciona a los partidos políticos o a
los Ayuntamientos (los niveles donde se concentran los escándalos de corrupción aparecidos en España en los últimos años). Por este motivo, los entrevistados eligen la opción 'en el Parlamento' pese a que en España no existe ningún caso de
corrupción notorio relacionado con las Cortes. Probablemente los entrevistados españoles eligen esta respuesta por ser la más cercana a lo que los españoles piensan, según muestran las encuestas del CIS, esto es, que la corrupción está extendida
entre 'los políticos' en general'.
Segundo. El artículo contrapone el descrédito de la clase política a la confianza que inspiran el sistema judicial y el policial, que obtienen en el referido Rule of Law Index una muy buena calificación en lo que respecta a su honradez
(0,85 y 0,86 en la escala 0 a 1). A pesar de ello, advierte de que 'un tercer elemento debilita la posición de España: la carencia de medios y personal en el sistema judicial, lo que conduce a retrasos excesivos en el procesamiento de las causas
y, en consecuencia, a la ineficacia y menor prestigio del sistema'.
Precisamente por ello, debido a que la política y los políticos todavía retienen importantes facultades en el procedimiento para designar a las más altas autoridades del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, resulta conveniente
introducir elementos que permitan objetivar las actuaciones tendentes a su nombramiento y a definir de forma más clara el perfil de los aspirantes. Si la Justicia aparece como bien valorada en general, debemos garantizar que esta imagen se mantenga
e incluso se refuerce; Y que el
1 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/ observatoriomarcaespana/comentario-gonzalezenriquez-calidad-democracia-espana.
ciudadano sienta al Poder Judicial como una institución independiente y confiable es esencial para la calidad democrática de nuestro sistema político.
Tercero. El artículo 124 de la Constitución Española establece expresamente lo siguiente:
'1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la
ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social'.
2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
En desarrollo del último de estos apartados, el artículo 29 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone lo siguiente:
'Uno. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio
efectivo de su profesión.
Dos. Recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la
Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.
Tres. Una vez nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo'.
Cuarto. La figura del Fiscal General del Estado, es clave en la garantía de la eficacia judicial en nuestro Estado y de su independencia del ejecutivo correspondiente. Los artículos 3.2 y 3.3 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal,
establecen que corresponde a este la 'defensa de la independencia de los jueces y tribunales' y 'velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su
defensa'. Así, de este modo, podemos encontrar en el Estatuto Orgánico el desarrollo de las funciones que tiene encomendado el Ministerio Fiscal, destacando entre otras, la contenida en el artículo 2.6, 'Tomar parte, en defensa de la legalidad y
del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley'; punto clave que desde luego ha de ser ejecutado en aras del bien superior del interés público o social.
Las importantísimas funciones constitucionales que se asignan al Ministerio Fiscal y, en su cúspide, al Fiscal General del Estado, mal cohonestan con las escasas exigencias (el concepto indeterminado del 'prestigio profesional' y los más de
15 años de ejercicio profesional efectivo de una profesión jurídica) en cuanto a los requisitos que deba reunir un candidato a ocupar la Fiscalía General del Estado.
Ello se ha puesto recientemente de manifiesto con el controvertido nombramiento de la actual Fiscal General del Estado, Doña Dolores Delgado García. Sin solución de continuidad, esta fue propuesta como máxima representante del Ministerio
Fiscal el mismo día en que se hacía efectivo su cese como Ministra de Justicia.
La señora Delgado García cumple sobradamente los 15 años de ejercicio. Sin embargo, su prestigio profesional entre pares está adornado por sonrojantes y desafortunadas declaraciones sobre su compañero en el Consejo de Ministros, Don
Fernando Grande-Marlaska Gómez, y sobre diversos compañeros de la Carrera Fiscal. También por dos reprobaciones en el Congreso de los Diputados y una en el Senado en relación con: (i) su falta de contundencia a la hora de defender al juez Pablo
Llarena Conde ante los ataques de los tribunales belgas; (ii) sus 'perversas amistades' con el ex comisario don José Manuel Villarejo y con el ex juez don Baltasar Garzón; y (iii) su orden a la Abogacía del Estado en el proceso contra los
separatistas catalanes encarcelados.
Quinto. Por ello, el Grupo Parlamentario VOX entiende que es imprescindible reforzar los requisitos a que deben estar sujetos los candidatos, de tal manera que se definan perfiles que alcancen un mayor
grado de idoneidad y de imparcialidad, de probidad y de justicia, de honradez y de excelencia para ejercer tan alto cargo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reforzar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia del Fiscal General del Estado, incrementando y objetivando los
requisitos que debe reunir la persona propuesta por el Gobierno para ejercer el presente cargo, modificando a tal efecto en lo pertinente la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En particular, entre otros deberán aparecer los siguientes requisitos:
1. No desempeñar o haber desempeñado cargo político electo o de confianza en los 10 últimos años.
2. No pertenecer o haber pertenecido a partido político ni sindicato, ni haber trabajado para ninguno de estos, en los últimos 10 años.
3. No contar con antecedentes penales. Asimismo, y en caso de pertenecer a algún cuerpo funcionarial o estar colegiado como profesional liberal, no haber sido sancionado en firme por falta grave o muy grave en los 10 últimos años.
4. Ampliar el periodo de 15 años como jurista de reconocido prestigio, a 20 años, buscando de este modo un grado mayor de excelencia y de experiencia.
5. Asimilación de otros criterios aplicables a métodos de selección por oposición que permitan el máximo nivel de objetividad, probidad e independencia para ocupar el cargo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2020.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, José María Sánchez García, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las Heras Fernández y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para la agilización de los concursos consecutivos y el beneficio de
exoneración del pasivo insatisfecho, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La crisis social y económica que traerá consigo la pandemia generada por la COVID 19, generará un sinnúmero de nuevos procedimientos mercantiles, lo que hace necesario un plan de actuación para hacerle frente y habrá que establecer prioridad
de tramitación para los procedimientos concursales de particulares y de empresas nacidos bajo la crisis sanitaria.
Inicialmente la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y posteriormente por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y
otras medidas de orden social y la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, se introdujo en el ordenamiento concursa) el llamado mecanismo para la segunda
oportunidad (exoneración total o parcial de pasivos insatisfechos a insolventes de buena fe).
La reforma obligaba a los deudores personas físicas a iniciar una alambicada sucesión de procedimientos extrajudiciales y judiciales para conseguir este beneficio. El diseño legal, muy farragoso ha determinado que pocas personas se hayan
beneficiado de las reformas.
Uno de los principales problemas del sistema vigente es que la Ley no distingue entre deudores que carecen absolutamente de recursos económicos, de aquellos que disponen de patrimonio embargable y que estarían en disposición de poder ofrecer
un acuerdo a sus acreedores para fraccionar ciertos pagos y pactar ciertas quitas.
El sistema legal actual determina que todos los deudores tengan que intentar un acuerdo extrajudicial de pagos previo, (que es poco operativo ya que se establece como un requisito para alcanzar la exoneración en mejores circunstancias),
después solicitar el concurso consecutivo para liquidar el patrimonio embargable y, finalmente, pedir el trámite de exoneración una vez concluido el concurso.
Es imprescindible introducir las reformas pertinentes en la Ley Concursal para distinguir dos situaciones radicalmente distintas: a) deudores que disponen de patrimonio embargable y que, por lo tanto, están en situación de poder ofrecer a
sus acreedores un acuerdo extrajudicial, (en la línea de esfuerzo razonable que exige la Sentencia de la Sala I del TS de 2 de julio de 2019), y, b) deudores que no disponen de patrimonio embargable, ni hay una previsión razonable de que puedan
disponer de él. Estos últimos deberían poder acceder directamente al trámite de exoneración ante el juez del concurso, sin ningún trámite previo, pudiendo acceder a la exoneración sin someterles al suplicio de tener que solicitar un acuerdo
extrajudicial de pagos previo y después un procedimiento judicial de insolvencia.
Finalmente, la fiscalización de la buena fe del deudor, que carezca absolutamente de patrimonio, debe realizarse durante el disfrute provisional del beneficio, impulsada por los acreedores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la reforma de la Ley Concursal para facilitar mecanismos por los que a aquellos deudores que carezcan absolutamente de patrimonio no tengan que solicitar necesariamente un acuerdo
extrajudicial de pagos con carácter previo al procedimiento judicial de insolvencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2020.-Francisco Aranda Vargas y Andrea Fernández Benéitez, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medida que permita paliar la situación transitoria de desprotección que sufren
determinados profesionales, que cotizan mayoritariamente en las Mutualidades de Previsión Social, alternativas al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA), para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, declaró el estado de alarma, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Desde ese momento, el Gobierno, ha venido adoptando una serie de medidas, por un lado, para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, y, por otro, medidas urgentes en el ámbito económico para reducir el impacto de la crisis, con el
fin de proteger el tejido productivo y favorecer la recuperación económica y social.
Pese al ingente plan de apoyo económico puesto en marcha por el Gobierno, el necesario confinamiento de la población ha tenido una especial incidencia en la economía, y de manera singular, en aquellas actividades en las que predomina el
ejercicio profesional por cuenta propia, como las profesiones que prestan servicios de interés general, entre las que se encuentran los abogados y procuradores, cuya labor es fundamental para el funcionamiento de la Justicia.
El Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo regula una prestación extraordinaria por cese de actividad, para aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas en virtud de lo previsto en el mencionado
Real Decreto, o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación, se vea reducida, como mínimo, en un 75 % en relación con el promedio de la facturación en el semestre anterior, no siendo esta de aplicación a los que
disponen de sistemas de cotización alternativos.
El Real Decreto 10/2020 de 29 de marzo otorgó un permiso retribuido obligatorio y recuperable, para los trabajadores por cuenta ajena que no presten servicios esenciales. La actividad de gestores, abogados, procuradores, médicos,
ingenieros, arquitectos, etc, mayoritariamente se define como esencial, en tanto en cuanto su intervención es imprescindible para que la vida ciudadana pueda continuar con normalidad en situaciones tan poco normales como la que estamos viviendo como
consecuencia de la COVID-19.
En el caso de abogados y procuradores en los juzgados y tribunales, aunque la actividad de estos solo se haya mantenido para asuntos imprescindibles y urgentes, lo que supone una ínfima parte de su actividad ordinaria, y con ello de la carga
de trabajo de abogados y procuradores, lo cual está suponiendo una situación verdaderamente difícil, para estos profesionales, cuyos ingresos ordinarios, están estrechamente ligados al normal funcionamiento de los Tribunales de Justicia, y a los
distintos hitos procesales, que suelen marcar su percepción de ingresos. Otros colectivos afectados, han sufrido las consecuencias de la pandemia en sus profesiones de muy diversa manera.
Gran parte de los colectivos reseñados cotizan en las Mutualidades de Previsión Social, alternativas al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA), recogidas en las disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena del Real
Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Siendo conscientes, de que abogados y procuradores, han optado por incorporarse a un régimen alternativo al RETA, pero
reconocido por la Ley General de Seguridad Social, hay que valorar, que su servicio es imprescindible para el buen funcionamiento de la Justicia en nuestro país y para garantizar la defensa de los derechos y de las libertades de los ciudadanos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar y promover medidas que permitan paliar la situación transitoria de desprotección que sufren determinados profesionales que están afiliados a Mutualidades de Previsión Social,
alternativas al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2020.-Francisco Aranda Vargas, Andrea Fernández Benéitez, María Mercé Perea i Conillas, Alejandro Soler Mur y Pedro Casares Hontañon, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael
Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/000865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para manifestar el agradecimiento y reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, todos
los hombres y mujeres que las integran, así como el personal civil que presta servicio en el Ministerio de Defensa, para su debate en la Comisión de Defensa.
Motivación
Con objeto de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad provocada por el coronavirus COVID-19 y reforzar el sistema de salud pública, el Gobierno decretó, el pasado 14 de marzo, el estado de
alarma en España. Con motivo de esta declaración, entre otras medidas, se ha reducido la movilidad, salvo para aquellas personas que atienden al cumplimiento de los objetivos de la declaración y aseguran el funcionamiento de servicios públicos
esenciales.
La declaración del estado de alarma está y ha resultado esencial para contener la propagación de la enfermedad y mitigar los efectos de la epidemia. Para que esto sea posible, nuestras Fuerzas Armadas han acudido al llamado que desde el
Gobierno se le ha hecho con las misiones y funciones previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así como en la Ley orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional que, en su artículo 15.3, establece entre las misiones de las Fuerzas Armadas que 'junto con las
Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación
vigente'.
Nuestras FAS se han integrado en el esfuerzo que el conjunto de las administraciones públicas están y han llevado a cabo para luchar contra la pandemia de COVID-19. Su participación es especial y muy efectiva, aportando un alto número de
efectivos de manera rápida y allí donde eran ms necesarias, con una capacidad de planificación y coordinación de un mando conjunto muy efectivo. Y es que nuestras FAS han desplegado unidades con altísimo grado de especialidad, con experiencia en la
intervención en crisis, con gran capacidad de adaptación al entorno en el que han de desarrollar su misión, así como con unas importantes capacidades tecnológicas y logísticas y gran versatilidad.
Nuestras FAS han actuado unidos contra el Virus COVID-19, complementando el esfuerzo y cobertura de otros actores en todo el territorio como lo son las autoridades sanitarias, protección civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad y otros
actores de atención de necesidades de carácter social.
Y es que en ningún momento hemos de olvidar que nuestras FAS han actuado y actúan bajo demanda ante las necesidades detectadas y solicitudes de colaboración recibidas. En esta lucha contra el Corona Virus, nuestras FAS han demostrado la
gran calidad de su personal, su buen entrenamiento, la incansable labor del escalón logístico; aunque ahora conviene analizar y adaptar las lecciones aprendidas con esta pandemia y adaptar el entrenamiento, coordinación y proyección a las nuevas y
reales amenazas. Es importante destacar la labor de una gran desconocida de las FAS para la sociedad civil como lo es la Sanidad militar que, tanto a través de su red asistencial como del Centro de Farmacia, está contribuyendo callada pero muy
efectivamente en esta lucha sin cuartel contra el Virus COVID-19.
En estos tiempos difíciles los ciudadanos de España han demostrado una gran aceptación y reconocimiento a la labor de las FAS. Y es que esta crisis nos ha mostrado, entre otras cosas, la importancia y necesidad de nuestros profesionales de
la FAS.
Todo derecho individual, supone un deber para otros. Nuestras Fuerzas Armadas, todos los hombres y mujeres que las integran, así como el personal civil que presta servicio en el Ministerio de Defensa, con el cumplimiento de su deber han
apoyado de una manera proverbial a garantizar el derecho a la salud y la movilidad de los ciudadanos de España.
Es en momentos como la actual crisis sanitaria, en los que se descubre nuestra humanidad vulnerable ante agentes invisibles que todo lo infectan, cuando emerge la grandeza del ser humano, los valores inmunes al contagio que se manifiestan en
ciudadanos que, comprometidos con el cumplimiento de su deber, garantizan con ello el bienestar de la sociedad que habitan. Principios a veces eclipsados por un individualismo y un materialismo imperante, emergen en momentos difíciles para
demostrarnos que sin ellos nuestra vida en sociedad no sería posible o, al menos, sería más difícil.
Por eso es obligado manifestar nuestro agradecimiento, en nombre de los ciudadanos que representamos, para que estas acciones se hagan visibles y sirvan de modelo para una sociedad mejor que, entre todos, tratamos de construir.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, en nombre del Pueblo Español, manifiesta su reconocimiento y agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas, a todos los militares de los Ejércitos y la Armada, así como al personal civil que presta servicio en el
Ministerio Defensa, que con su esfuerzo y sacrificio personal, en una situación de especial riesgo y dificultad, han garantizado y siguen garantizando la seguridad, movilidad y salud de los ciudadanos de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-Zaida Cantera de Castro, Begoña Nasarre Oliva, Francisco Aranda Vargas, María del Pilar Rodríguez Gómez, Manuel Arribas Maroto, Ana María Botella Gómez, Eva Bravo Barco, Santos
Cerdán León, Antidio Fagundez Campo, Héctor Gómez Hernández, José Ramón Ortega Domínguez, Esther Peña Camarero y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Manuel Mestre Babea, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y D. Víctor González Coello de Portugal en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la
Industria Nacional de Defensa, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. La situación que está viviendo el tejido empresarial español generada por la pandemia del COVID-19 no tiene precedentes. Según el último informe publicado por la Comisión Europea -Previsiones Económicas de primavera 2020-, la
economía española caerá un 9,4 % en 2020. Esta cifra, es sensiblemente superior a la estimada para el conjunto de la zona euro (-7,7 %) y toda la UE (-7,4 %). No suficiente con estos datos, la Comisión señala también que la economía española ya se
encontraba en una 'senda de moderación de la actividad' anterior a la crisis del COVID-19.
Otro de los datos negativos que se desprenden del informe de la Comisión es que el rebote de la economía previsto para el 2021, no será suficiente para paliar al completo la debacle del 2020. La Comisión estima que el crecimiento económico
se sitúe en el 7 %, dejando casi 2,5 puntos de Producto Interior Bruto sin recuperar (cerca de 30.000 millones de euros). Además, este escenario contempla un deterioro del déficit público, y un aumento de la deuda pública de 20 puntos. Estos dos
últimos indicadores son altamente peligrosos, dado que son las tareas pendientes de la última década de la economía española.
El 22 de abril de 2020, Eurostat difundió los datos de déficit público y deuda pública de la Unión Europea y los Estados miembros en el periodo de 2016 a 2019, con los resultados de la segunda notificación de las dos que cada año deben
remitir los Estados Miembros -en marzo y septiembre- de acuerdo con el Protocolo de Déficit Excesivo.
Observando los gráficos podemos extraer las siguientes conclusiones:
España tiene un grave problema de deuda; pese a reducirse en términos porcentuales, dicha reducción no se ha producido por un recorte en el gasto público, sino por un crecimiento económico que ya se venía ralentizando en el 2019. Esto es,
España posee más de 1 billón de euros de deuda en cifras absolutas. La reducción del déficit que se había producido en la década anterior (2008-2018), fue truncada por un repunte de 0,3 % en el año 2019, totalizando un déficit del 2,8 %, y situando
a España como el tercer país con mayor desajuste de las cuentas públicas de la Unión Europea, solo superado por Francia y Rumania.
Con más de un billón de euros de deuda, que abarca a casi el 96 % del PIB, y un déficit anual de 30.000 millones de euros, es evidente que la economía española se encontraba en la peor situación posible para afrontar la crisis del COVID-19.
Segundo. Estas cifras macroeconómicas funestas, actúan como una pesada losa para el conjunto de los españoles y, sobre todo, para un tejido productivo industrial muy deteriorado por la falta de apoyo y competencia del actual Gobierno
español. Atónitos hemos asistido al desmantelamiento de la industria nacional, en pos de una integración europea que, si bien ha producido pingües beneficios para determinados sectores de la economía, ha perjudicado severamente otros, entre ellos,
el industrial.
En el caso de la industria nacional de defensa, el golpe puede ser definitivo. El sector de la defensa subsiste merced a dos vías; las compras del Estado y las exportaciones.
La crónica infrafinanciación que padecen nuestras Fuerzas Armadas pone de relieve que esta posible fuente de ingresos para la industria de defensa es más que precaria. Algunos ejemplos de esta situación son los siguientes:
Airbus.
La situación de la empresa aeroespacial Airbus es crítica. Tras registrar unas pérdidas de 481 millones de euros en el primer trimestre del año, la empresa ha reducido su producción en un tercio. Estas malas
cifras vienen acompañadas por unos ajustes laborales temporales (ERTES) cuantificados -hasta la fecha- en 6.200 personas. Dichos recortes de personal afectan a las factorías de Reino Unido y Francia. No obstante, la difícil situación por
la que atraviesa Airbus ha llegado a las factorías españolas de Getafe, Illescas y Puerto Real. Según la propia Airbus, ha comunicado su intención de iniciar un procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada que afectará a 1.200
trabajadores.
El propio consejero delegado de Airbus, ha declarado que 'la supervivencia de Airbus estará en entredicho si no tomamos medidas ya'.
Esta reducción de personal ya ha afectado a la rama militar de la empresa en España. El pasado 19 de febrero, en el que ya se avanzó que se suprimirían 630 empleos en España, del total de 2.362 de toda la división de la aeronáutica europea.
En concreto, las conversaciones con el Comité de Empresa Europeo de 'Airbus Defence and Space' prevén una reestructuración que afecte a las instalaciones en España para finales de 2021 del siguiente modo (en número de puestos de trabajo):
- Getafe (Madrid): 275.
- Tablada (Sevilla): 116.
- San Pablo (Sevilla): 100.
- Barajas (Madrid): 72.
- Centro Bahía de Cádiz (Puerto de Santa María): 44.
- Los 23 puestos restantes corresponden a las subsidiarias de la división, CRISA y Secure Land Communications, ambas ubicadas en la región de Madrid.
En dicha carta, la Dirección de Recursos Humanos admite la difícil situación financiera que atraviesa la División de Defensa de Airbus, algo que ya se explicó en el comunicado del 19 de febrero que era consecuencia de las escasas
expectativas de exportación del avión de transporte militar A400M y la falta de pedidos de los últimos años.
España, pese a ser el país ensamblador del avión, es el único que ha renunciado a parte de su pedido inicial cuando en 2013 decidió no asumir 13 de los 27 encargos por motivos presupuestarios. Un golpe industrial que además supone un
detrimento competencia) para la venta del avión a terceros países con la propia Airbus. El hecho de que España renuncie a quedarse con las unidades a las que inicialmente se comprometió, cancelándolas o en el mejor de los casos vendiéndolos, supone
un incumplimiento del acuerdo alcanzado con otras naciones sobre el reparto de trabajos, ya que en lugar de corresponderle el 15 % del programa, le correspondería el 8 %. Esto no es un buen precedente en programas de colaboración internacional.
España no volverá a ser un socio fiable en los próximos programas internacionales de cooperación, al no cumplir los compromisos reflejados en los Memorándum de Entendimiento.
Finalmente, según informaciones publicadas por Infodefensa, 'Airbus Operations y los representantes de los trabajadores han acordado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectará a 3.163 empleados de los centros de
producción ubicados en Getafe (Madrid), Illescas (Toledo) y Puerto Real (Cádiz)'. Esta reducción de plantilla implica el cese temporal de la actividad para cerca del 90 % de la plantilla.
Navantia:
El pasado 2 de mayo se hacía pública la resolución del contrato de construcción de fragatas -denominado FFG (X)- para la Armada de Estados Unidos. Las autoridades de dicho país se han decantado por el proyecto italiano, la fragata clase
FREMM. Este contrato era vital para el futuro de la empresa pública Navantia. La cantidad que el armador español se habría embolsado se estima en 795 millones de euros en concepto de diseño.
No obstante, el contrato no solo era vital por el valor económico, sino porque habría sido una fantástica carta de presentación para la posible exportación del modelo de la fragata F-100 a terceros.
La elección de la administración estadounidense, empero, ha estado motivada por motivos ajenos a los meramente técnicos. Según fuentes conocedoras del proyecto, las autoridades norteamericanas habrían desestimado la oferta de Navantia por
razones políticas, motivadas por algunas de las acciones del Gobierno español. Entre otras, el caso de la repentina retirada de la Méndez Núñez del grupo de combate estadounidense liderado por el portaaviones Abraham Lincoln ha resultado crucial.
El objetivo de esta integración con el grupo estadounidense era comprobar la capacidad de interoperabilidad del modelo F-100 español con los buques estadounidenses. Dicha capacidad es posible gracias a que las F-100 poseen el sistema AEGIS,
el mismo que opera la U.S. Navy. Esta característica, junto a la experiencia que acumulan las F-100, constituían el mejor aval para Navantia.
Además, la no selección del proyecto español pone en la cuerda floja a los trabajadores de Navantia, que ya han presentado quejas ante la falta de carga de trabajo. De hecho, la perspectiva es que dicha carga sea del todo inexistente en
septiembre de este mismo año. Y no vuelva a ser reactivada hasta la construcción de las F-110 ya comprometidas, cosa que se estima para finales de 2021 o principios de 2022. Es decir, Navantia tiene por delante un año y medio -como mínimo- sin
contratos a la vista.
Pero no solo la construcción de nuevos buques se va a ver afectada. Otras áreas, como la de mantenimiento de buques, se encuentran en jaque. Así, el mantenimiento de los buques norteamericanos, que supone nada menos que 76 millones de
euros para empresas españolas, entre las que se encuentra Navantia. Esta falta de carga de trabajo será crítica para la empresa, especialmente para la provincia de Cádiz, donde su actividad -incluyendo la industria auxiliar y la demanda inducida-,
alcanza una participación del 22 % del PIB industrial y supone un 36 % del empleo del sector y un 3 % del empleo total en la provincia. Los últimos descalabros -ya mencionados-, profundizan la delicada situación financiera que atraviesa Navantia
-ya deficitaria desde 2006-. En 2018, la cuenta de resultados de la empresa seguía con un déficit de 228 millones de euros, acumulando el 41 % de las pérdidas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la cual tuvo que prestar
asistencia financiera, evitando que la empresa incurriese en causa legal de disolución.
Para poder hacer frente a esta situación, la empresa se fijó un objetivo de cartera de 11.000 millones de euros anuales. En el presente año, el contrato de Arabia Saudí 2, a punto de finalizar, aportará aún 2.000 millones de euros, a los
que se suman otros 4.000 millones a cuenta del programa F110. Por tanto, las cuentas para la naviera española dependían de sus ventas al exterior.
Por otra parte, con el objetivo directo de mejorar decisivamente la productividad, muy alejada de los 135.000 euros por empleado que registra el sector se formuló el Plan Estratégico de Navantia (PEN 2019-2022). Teniendo en cuenta que, en
la actualidad, el 80 % de la facturación de la construcción militar es imputable a sistemas y solo el 20 % a la plataforma, era necesario sustituir una parte sustancial de la plantilla por mano de obra especializada. Así, se trazó un plan basado en
prejubilaciones que alcanzaba al 44 % de la plantilla (en Bahía de Cádiz el 64 %); pero a cambio de la baja de 2.200 puestos de trabajo, deberían crearse 1.658 empleos de mayor cualificación. Solo en ese supuesto, el PEN sería aceptado en
Convenio.
Según fuentes sindicales, la dirección ha engañado a todos, reduciendo las plantillas primero, como en 1984. A cambio, el empleo que se genera no corresponde a lo previsto en el PEN acordado en convenio, ni es gestionado como cabría esperar
en una empresa que depende del Estado y se jacta de transparencia. Por el contrario, se contrata por mediación de agencias de empleo temporal y muy pocos directamente por la propia empresa. Cuando la dirección ve que la mala imagen causada por
este proceder se le va de las manos, trata de normalizar su actuación en papeles, en un intento de justificar una gestión nefasta, propia y de las consultoras que le han asistido en el desarrollo y ejecución del Plan. Por supuesto, y ante todo, han
reforzado el grupo directivo en número y reorganizado sus sueldos.
Por otra parte, la estimación de la pérdida de expectativas arroja cifras importantes, muy dañinas para la cuenta de resultados, de manera que las previsiones del PEN y los retos de cartera presentados por la Presidenta y su equipo directivo
seguirán sin poder cumplirse. Pero probablemente eso no será lo peor. Lo peor va a ser la pérdida de expectativas de Navantia en el mercado exterior, agravada por la fusión de DCN y Fincantieri bajo los auspicios de la PESCO. Dado que la cartera
de esta nueva fusión se ha visto incrementada prácticamente al doble, frente al estancamiento de la cartera de Navantia y el endeudamiento de la firma, hemos de reconocer que esta se encuentra en una situación desesperada.
En la Bahía de Cádiz, la destrucción de empleo era ya alarmante y la previsión es que, en unos meses, estén los centros casi parados y sin cartera de pedidos, como era ya el caso de Puerto Real. Parecía clara la intención de la dirección de
minimizar y acabar con la construcción de buques en Puerto Real, una decisión muy perjudicial para la empresa, porque se trata de un Astillero y, aunque las actividades complementarias como la eólica, aporten valor, en ningún momento alcanza el
nivel tecnológico y volumen económico y de carga sostenida de trabajo que genera la construcción de un
2 5 corbetas por valor de 1.813 millones de euros y, según los sindicatos, 6.000 empleos asegurados durante 5 años -1.100 directos, 1.800 empresas auxiliares y 3.000 indirectos.
buque, que es la razón de ser de la factoría. Ahora, no sabemos qué podrá pasar con San Fernando, si no se pone remedio.
Santa Bárbara Sistemas:
La Ministra de Defensa, Margarita Robles, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados del 20 de febrero, afirmó que el 'VCR 8X8 es irrenunciable para el Ejército de Tierra'. En sus declaraciones, la
Ministra concretó esta necesidad en 348 vehículos, con el techo de gasto aprobado en 2.100 millones de euros, 'dentro de un marco temporal asumible y preservando las capacidades industriales nacionales enmarcadas en el programa'. Y añadió que
existía una nueva propuesta por parte de Santa Bárbara Sistemas, SAPA e Indra con posibilidad de aprobación. Estas empresas ya desarrollaron varios demostradores, con un coste de 92 millones de euros. Esta nueva propuesta, se produce después de
que la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) declarara desierta la oferta presentada por Santa Bárbara Sistemas por considerar que no cumplía los requisitos requeridos. Según el Ministerio de Defensa 'se declaró desierto el expediente
por no haberse presentado oferta admisible de acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas, que rigen la licitación y recogen todos los condicionantes técnicos,
operativos y económicos'.
La propia Santa Bárbara, pese a la paralización por parte de Defensa, ya ha iniciado las pruebas de movilidad con dos prototipos (D1 y D2). El proyecto del 8x8, según la empresa, generaría 375 puestos de trabajo en la fábrica de Trubia
(Oviedo) y 131 en Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde la empresa tiene parte de sus instalaciones. En total, la suma de todos los centros productivos que participarían de este encargo alcanzaría los 1.709 puestos de trabajo en 2023.
Estos proyectos de inversión son vitales para el plan Fuerza 2035 del Ejército de la Tierra y, en especial, el ya mencionado VCR 8x8 Dragón.
No obstante, estos tres ejemplos atañen a grandes empresas del sector. Y, según las cifras facilitadas por el Ministerio de Defensa, 'el perfil de las empresas españolas de defensa está dominado por las pymes, que representan un 83 % del
total, mientras que las grandes empresas, con más de 250 empleados, suponen el 17 % del total'. Atendiendo a estos datos, no es difícil imaginar la vulnerabilidad de la gran mayoría del sector.
Tercero. Si el estado reduce su compromiso con la industria de defensa a la mínima expresión, la única vía de escape para estas empresas es la exportación. Como veremos a continuación, las empresas españolas son altamente competitivas,
generando negocio allende nuestras fronteras. No obstante, el martes 28 de abril, el Consejo de Ministros aprobó una modificación del Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y
de productos y tecnologías de doble uso. La modificación principal consiste en 'intensificar los controles en materia de exportación de material de defensa y otro material en determinados casos y para controlar adecuadamente las exportaciones
cuando así lo aconsejen la sensibilidad de la operación y los intereses nacionales.'. Esta modificación se concreta en lo siguiente:
- Se instrumenta reglamentariamente la función de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y verificación referidos a
aquellas operaciones en las que se considere que deban ser sometidas a un control adicional.
- Se incluyen mecanismos de verificación en destino, para lo que se establece un nuevo documento de control para preservar la seguridad jurídica de las empresas implicadas en la transacción.
- Por otro lado, se introduce una modificación en la redacción de los documentos emitidos por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa; en concreto, en el 'certificado de último destino', al objeto de agilizar
la tramitación de documentos entre diferentes jurisdicciones.
La referida modificación solo viene a confirmar lo expuesto en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Además, tanto esta ley, como la modificación del real decreto
citado, ponen en peligro la única salida que tiene la industria española de defensa -la exportación- ya que la continua falta de financiación que arrastran nuestras Fuerzas Armadas no permite a la industria nacional su subsistencia.
Y es que según el último informe sobre 'exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2019', publicado por la Subdirección General de Comercio
Internacional de material de Defensa y Doble Uso, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el valor de las exportaciones realizadas en el primer semestre de 2019 fue de 2.413,0 millones de euros, con un aumento del 41,5 por ciento frente a
lo obtenido en el primer semestre del año 2018 (1.705,2 millones de euros).
Por su parte, el informe 'Perspectiva de la Industria de Defensa', publicado en 2019 por el Ministerio de Defensa, señala que la exportación supone más del 81 % de la facturación del sector industrial de defensa.
Una de las necesidades para mejorar la situación de este sector, reza el informe, es crear un 'marco regulatorio facilitador de la actividad' y se explica de la siguiente forma: ' De cara a facilitar actividades a nivel internacional es de
suma importancia identificar sinergias en la regulación de índole técnica, para simplificar y poder superar las barreras inicialmente existentes'.
Otro de los pilares citados, es el apoyo a la internacionalización. Para ello, se señala que ' La viabilidad de muchas de las empresas de defensa se apoya en la diversificación de mercados. Es necesario, por tanto, identificar
oportunidades de exportación, dentro de un sector regulado y controlado, donde el apoyo institucional gubernamental resulta esencial para generar medidas de confianza entre gobiernos.'
Quinto. La Base Industrial y Tecnológica de Defensa española (BITD) es un elemento primordial en la obtención y mantenimiento de las capacidades militares que precisan las Fuerzas Armadas para poder cumplir las misiones encomendadas.
Actualmente, la industria de defensa nacional presenta una facturación anual superior a 6.000 millones de euros (M), lo que supone un 4,38 % del producto interior bruto de la industria manufacturera española. De estos, 1.155 M (18,7 %) se
corresponden con ventas directas al Ministerio de Defensa, y los restantes 5.033 M (81,3 %) son exportaciones. Además, se constituye como un representante fundamental de la innovación tecnológica y generadora de empleo cualificado en el ámbito
nacional. Por ello, la política industrial del Ministerio de Defensa debe tener como objetivo potenciar el desarrollo industrial y tecnológico vinculado a la Defensa, en especial de aquellas capacidades industriales y áreas de conocimiento que
afectan a los intereses esenciales de la Defensa y la Seguridad.
Es de destacar que, históricamente, alrededor del 80 % de las ventas destinadas a actividades de defensa las realizan 5 grandes empresas y 26 empresas aglutinan el 90 % de todo el mercado. En el Registro de Empresas de la Dirección General
de Armamento y Material (DGAM) correspondiente al ejercicio 2017 constan inscritas 373 empresas con ventas de defensa, de las que 124 han realizado exportaciones. En torno al 10 % de la cifra de negocio de esta base industrial se ha dedicado a
innovación, con una productividad de casi 115.000 anuales por empleado. Se estima que esta actividad supone un impulso económico por el que se generan 2,5 por cada euro invertido. El sector de defensa, en 2017, contaba con una media de 22.641
empleados directos.
El Gobierno español debe invertir con mayor decisión en un sector que, como hemos visto, es crucial para el porvenir del país, tanto por su alto componente tecnológico -elemental para poder exportar- como por los altos retornos que genera.
El papel del Gobierno debe ser el de un aliado fiable para la industria, que asuma y mantenga sus compromisos, promoviendo la innovación y mejorando la competitividad del sector mediante un marco regulatorio favorable y facilitador.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Derogar el Real Decreto 494/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de
productos y tecnologías de doble uso.
2. Comprometerse a elaborar un plan plurianual de inversión en defensa.
3. Considerar a la industria de Defensa como un sector estratégico y, por tanto, prioritario para las inversiones estatales.
4. Activar un paquete de incentivos fiscales para que las empresas del sector de la defensa puedan aumentar su competitividad en el exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas y Víctor González Coello de Portugal, Diputados-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda
161/000874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley, para su debate en la Comisión de
Hacienda.
Exposición de motivos
En marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP. Esta norma transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas comunitarias 2014/24/UE, sobre contratación pública; la 2014/23/UE,
relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y el pasado mes de febrero se produjo la última modificación para transponer la directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales. De esta manera se produce la completa sustitución de las directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE que transponía la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y la Ley 31/2007 de 30 de octubre.
El texto definitivo de la transposición ha resultado ser enormemente complejo, de difícil manejo para la ciudadanía, para las administraciones públicas (especialmente para las pequeñas corporaciones locales) y para los operadores económicos,
y necesita sin duda de la puesta en marcha de una serie de herramientas normativas (legislativas, reglamentarias o de otro rango), para que pueda funcionar con los menores obstáculos posibles y permita la aplicación de todas las herramientas que
pueden convertir la contratación pública en una herramienta de transformación social y generadora de un nuevo modelo económico.
En primer lugar, y este es quizá el elemento más importante por cuanto al retraso que acumula, urge la aprobación de un reglamento de desarrollo que permita la aplicación de las numerosas disposiciones de la normativa que a él se refieren.
El reglamento actual (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) tiene más de 18 años y se aprobó en base a una legislación de contratos que hace demasiado tiempo que ya no está en vigor. No solo eso, sino que desde su aprobación han pasado hasta
tres normas diferentes de contratos del sector público y otros tantos textos refundidos sin que dicho Reglamento haya sido puesto al día. Ello genera actualmente que muchas de las disposiciones incluidas en la norma no puedan aplicarse o estén
vacías de contenido a la espera de la aprobación de dicho texto. De hecho, la propia Ley 9/2017 establece en su disposición final octava la posibilidad de que el Gobierno dicte aquellas normas de desarrollo necesarias para la aplicación de la ley,
pero sin fijar un plazo concreto. Sin embargo, la acreditación de la solvencia de los licitadores o sus posibles exenciones (arts. 87 y 92), la relación de componentes básicos de costes a incluir en las fórmulas tipo para el cálculo en las
variaciones de precios (art. 103), la determinación de las ofertas anormalmente bajas (art. 149), la regulación de prácticas colusorias (art. 150), la caracterización del procedimiento de asociación para la innovación (art. 177) o las sanciones
correspondiente al incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución (art. 202.3) son algunas de las muchas cuestiones que la propia Ley 9/2017 deja al albur de una posterior regulación reglamentaria y que, por tanto, dificulta la puesta en
marcha de muchos de sus preceptos.
Por otra parte, y como una de las novedades más importantes que recogía la ley desde su artículo 1.3, la aplicación transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales, se precisa también de guías o documentos para que los
distintos poderes adjudicadores puedan aprovechar al máximo su potencial. Con fechas de 12 de enero y 2 de marzo de 2018, mediante el Real Decreto 6/2018 y el Real Decreto 94/2018, respectivamente, se crearon sendas Comisiones Interministeriales
para la incorporación de criterios ecológicos y sociales en la contratación pública, los cuales elaboraron el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la
Seguridad Social y un Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable, ambos aprobados en 2019. Sin embargo, estos planes no solventan la falta de garantías jurídicas y técnicas con los se encuentran los poderes
adjudicadores y las funcionarias y funcionarios de las distintas administraciones al aplicar los artículos 145 y 202 de la Ley 9/2017 y así aprovechar el verdadero potencial transformador que ofrece esta ley.
Asimismo, el artículo 329 establece como una de las funciones principales del Comité de Cooperación la elaboración de una propuesta de Estrategia estatal de contratación, que será aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de Contratación. El artículo 334 de la Ley 9/2017 regula dicha Estrategia, que tendrá una duración de 4 años, un contenido determinado, unos objetivos marcados y que debía ser remitida a la Comisión Europea, debería haberse aprobado a
los 9 meses de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado. A día de hoy no se tiene constancia alguna de dicha Estrategia y ni siquiera del procedimiento de elaboración de la misma.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar realizando todos los trámites que permitan la aprobación, a la mayor brevedad posible, de los desarrollos reglamentarios precisos para la adecuada aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público que afecta a un
número muy elevado de operadores económicos y entidades del sector público, de forma que se garantice plenamente la calidad, que sea conforme con el ordenamiento jurídico, y que puedan valorarse todos los intereses afectados. Se prestará especial
atención a aquellos aspectos
del Reglamento vigente que se apartan de la Ley o suscitan dudas en su aplicación, así como de aquellos aspectos novedosos de la Ley que así lo requieren.
2. Continuar desarrollando medidas y actuaciones de apoyo a las Entidades Locales, que se ven perjudicadas por la complejidad y cantidad de nuevas obligaciones que se imponen a los poderes adjudicadores. Reforzar, especialmente, las
medidas de formación en el manejo de las herramientas de licitación electrónica puestas a disposición de todos los órganos de contratación del sector público que alojan su perfil de contratante en la Plataforma de Contratación Pública del Estado.
3. Promover el diseño y aprobación a la mayor brevedad de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, teniendo en cuenta a los distintos actores que se verán afectados por la misma (Entidades Locales, Comunidades Autónomas, sociedad
civil, organizaciones empresariales y sindicales, tercer sector,...), para establecer medidas que permitan cumplir objetivos como la prevención de la corrupción y la correcta aplicación de la normativa de contratación, la mejora de la eficiencia
económica en la contratación en el Sector Público, el impulso de la contratación electrónica, impulsar la participación de las PYME y utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galica en Común.
Comisión de Interior
161/000850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para habilitar nuevos pasos
fronterizos con Portugal y Francia para facilitar la movilidad de los trabajadores y residentes fronterizos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El restablecimiento de los controles en las fronteras españolas con Francia y Portugal entró en vigor el pasado 17 de marzo en el marco de las medidas de contención del COVID-19 y con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos y contener el coronavirus. Desde entonces solo se permite el acceso a territorio nacional a ciudadanos españoles; personas residentes en España; trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten, documentalmente, causas de fuerza
mayor o situación de necesidad. La restricción no se aplica al transporte de mercancías. La medida tampoco afecta al personal extranjero acreditado como miembro de misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en
España, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de funciones oficiales.
Dicha prohibición se enmarca en el artículo 28 del Código de Fronteras Schengen que permite restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores de la UE en situaciones como la actual. Y está en concordancia con la decisión
adoptada por los miembros del Consejo Europeo, el 17 de marzo, para aplicar una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen.
El cierre de fronteras terrestres con Portugal y Francia decretado por el Gobierno ha dejado un escaso número de pasos fronterizos habilitados para cruzar. Sirva como ejemplo la frontera con Portugal, donde a lo largo de 1.214 km solamente
han quedado habilitados 9 pasos fronterizos. Este cierre está ocasionando pérdidas a los industriales y comerciantes de un lado y otro de la frontera y ocasionando graves problemas a los trabajadores transfronterizos que en ocasiones tienen que
recorrer más de 150 kilómetros para cruzar por otro paso habilitado. Trabajadores que deben cruzar diariamente la frontera para acudir a sus puestos de trabajo llevan semanas reclamando medidas que permitan facilitar su movilidad. El propio
Presidente de la Xunta de Galicia, al igual que otros Presidentes autonómicos,
trasladaron en videoconferencia al Presidente del Gobierno la necesidad de conseguir pasos fronterizos más permeables.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Habilitar nuevos pasos fronterizos con Portugal y Francia para facilitar la movilidad de los trabajadores.
2. Que el Gobierno de España, conjuntamente con el de Portugal y Francia, pongan fecha para la reapertura de las fronteras, siempre atendiendo a criterios de salud pública pero sin olvidar las necesidades de tránsito de los trabajadores y
de los residentes de los ayuntamientos fronterizos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2020.-Antonio González Terol, Marta González Vázquez, Carlos Rojas García, Ana Belén Vázquez Blanco y María Valentina Martínez Ferro, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la Seguridad en la
España Rural, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Algo más del 60 % de los municipios repartidos por las 52 provincias españolas han perdido población en los últimos 20 años. El medio rural en España abarca el 90 % del territorio y en el reside tan solo el 20 % de la población española.
Esta situación, sin lugar a dudas, repercute en cuestiones tan importantes para los ciudadanos como la accesibilidad a los servicios públicos y su financiación, lo que unido a otras variables demográficas, más acentuadas en estas zonas, como
el mayor envejecimiento de la población y la dispersión ocasiona un problema de inseguridad.
Varios sindicatos agrarios ya vienen advirtiendo del aumento de robos en zonas rurales coincidiendo con las limitaciones de los movimientos derivados del estado de alarma y exigen más presencia policial para evitar que los agricultores y
ganaderos pierdan maquinaria, cultivos o animales teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentran.
Así mismo, asistimos hoy en España y en el mundo, a un momento histórico de transformación provocado por el COVID-19, con constantes cambios sociales y tecnológicos que abren la puerta a un mundo muy distinto al que conocemos. Unos cambios
que también suponen para algunas zonas de España una enorme oportunidad.
Últimamente ya asistíamos a un claro auge del turismo, lo que no solo repercute en las zonas costeras sino también en los municipios, en los que, en los últimos años, se ha desplegado una amplísima oferta de turismo rural. Este año como
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 muchos españoles buscarán zonas tranquilas y seguras para pasar sus vacaciones como son los pueblos, lo que provocará un mayor auge del turismo rural.
Las nuevas tecnologías y una cultura del trabajo más flexible y menos presencialista son a su vez un excelente aliado para que muchos españoles puedan seguir residiendo en sus ciudades o pueblos e incluso, si lo desean, puedan volver a
ellos, como hemos podido ver desde que se decretó el estado de alarma.
Con la mirada puesta en este horizonte, nuestro objetivo ha de ser ayudar al medio rural a potenciar su dinamismo, crear nuevas oportunidades y difundir las posibilidades que ofrece, asegurando la seguridad necesaria y en igualdad que los
entornos urbanos.
Junto a las grandes ciudades, tenemos que trabajar para que las oportunidades lleguen también a aquellos lugares más apartados, a esos municipios más pequeños donde viven y quieren seguir viviendo muchos españoles, estamos convencidos de que
uno de los pilares básicos en los que deben sustentarse las medidas para frenar la despoblación pasa por tener unos niveles de seguridad óptimos que garanticen la libertad de los ciudadanos así como el establecimiento de infraestructuras y
desarrollo empresarial.
Es necesario poner de manifiesto el valor que aporta la Guardia Civil a las zonas rurales y la necesidad de mantener un despliegue territorial adecuado que sea sensible a todas las demandas y que garantice la igualdad de oportunidades y
derechos en cualquier parte del territorio.
Las Administraciones Locales están demandando más seguridad para sus pueblos y máxime cuando no cuentan con Policía Local propia, lo que hace que en estos momentos no puedan hacer cumplir a sus vecinos o turistas con las normas decretadas
del estado de alarma y las siguientes fases de desescalada.
Además nos encontramos con que existen en el catálogo de la Guardia Civil 3.599 plazas, de las que solo están ocupadas 1.816 existiendo unas 1.000 vacantes dotadas presupuestariamente y sin anunciar, consecuentemente sin cubrir y que
vendrían en estos momentos a paliar el déficit de plantillas que existe en los Cuarteles de la Guardia Civil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar con los Ayuntamientos de la España Rural, en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y cumplimiento de las órdenes de seguridad y salud pública dictadas como consecuencia de la crisis del COVID-19.
2. Reforzar de manera urgente los Puestos de la Guardia Civil en todas aquellas zonas que carecen de Policía Local.
3. Refuerzo de efectivos en los Cuarteles de la Guardia Civil de la España Rural de cara a los próximos meses de verano.
4. Elaborar un plan de incentivo profesional y económico para que los agentes quieran marcharse a los puestos de baja demanda del medio rural.
5. Recalificar todos los puestos ordinarios A en puestos ordinarios B, incrementando la seguridad en zonas aisladas sin la necesidad de abrir nuevos cuarteles.
6. Utilizar urgentemente las vacantes del personal en reserva sin destino, para dotar de más agentes a la España Rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-Carlos Rojas García, Ana Belén Vázquez Blanco, Milagros Marcos Ortega, Celso Luis Delgado Arce y Carmen Navarro Lacoba, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la dotación de un protocolo
de desescalada a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La excepcional situación que vivimos en nuestro país, hace necesario atender la realidad que viven los trabajadores penitenciarios en los establecimientos penitenciarios dependientes del Ministerio de Interior.
Ante la Orden Ministerial INT/407/2020 de 12 de Abril, de flexibilización de medidas provocadas por el COVID-19, esta Orden además de una gran imprudencia denota un claro desconocimiento de la realidad
penitenciaria. Esta orden se publica sin ningún protocolo específico para los Centros Penitenciarios sin haberlo previamente comunicado y negociado con los representantes de los trabajadores penitenciarios.
El Gobierno ha informado de la vuelta de forma escalonada de los funcionarios y trabajadores de la Administración General del Estado a sus respectivos puestos de trabajo, en la que se incluyen al personal de los centros penitenciarios.
Los trabajadores penitenciarios como servicio público esencial e insustituible establecido por el Gobierno, el número elevado de positivos confirmados, las particularidades y el medio donde se trabaja, y que el COVID-19 continua infectando,
entendemos que la vuelta progresiva a la normalidad en los centros penitenciarios ha de hacerse a parte de paulatina y gradualmente también con todas las garantías y medidas sanitarias para evitar el contagio de todos los trabajadores e internos y
de sus familias.
Por parte de todos los trabajadores penitenciarios se ha realizado una grandísima labor para mantener la seguridad y el orden en los centros penitenciarios, correspondiendo a la administración dotar de los medios necesarios para que no haya
más contagios en los centros penitenciarios. Los trabajadores se encuentran todavía a día de hoy sin material suficiente de protección, sirva de ejemplo que usan mascarillas quirúrgicas con validez solo para 4 horas en turnos de 38 horas.
Actualmente a los trabajadores penitenciarios, en la gran mayoría de centros, no se les han realizado los test, ni se conoce el porcentaje de trabajadores que pueden ser asintomáticos o estar infectados, cuestión fundamental para que los
trabajadores penitenciarios vuelvan a sus puestos de trabajo sabiendo si son portadores, si son negativos o si ya han pasado el COVID-19, debiéndose realizar a todos los trabajadores penitenciarios, previamente a su incorporación, un PCR
independientemente del puesto de trabajo que se ocupe, para realizar un cribado de los trabajadores penitenciarios y evitar el contagio y propagación del COVID-19 en el ámbito penitenciario.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no ha informado a los representantes de los trabajadores, ni a los delegados de prevención de las medidas que se van a tomar para la incorporación progresiva de los trabajadores
penitenciarios, ni de los medios de prevención y salud que van a dotar a los trabajadores para que la realización del trabajo se realice con todas las garantías para la salud de los trabajadores, pero tampoco se han establecido para la vuelta a la
normalidad de la población reclusa y como va a afectar a los trabajadores penitenciarios.
Se observa como en cada Centro Penitenciario se actúa y se toman medidas diferentes causando un gran desconcierto e inseguridad entre los trabajadores que durante este tiempo mantuvieron con escasos medios el virus a raya y que tras la
desescalada se encuentran más indefensos.
Siendo conscientes, dada la excepcional situación que se vive en la nación, de que en un espacio breve de tiempo no podrán acometer los cambios necesarios, ni dotar de medios adecuados a la institución, si creemos necesario la declaración de
condición de Agente de la Autoridad, pues necesitan más que nunca de esta especial protección en el ejercicio de sus funciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un Protocolo específico para la desescalada en los Centros Penitenciarios, previo acuerdo con los representantes de los trabajadores.
2. Realizar test PCR y Test Serológicos a todos los trabajadores penitenciarios.
3. Colocar mamparas y termómetros para la Protección a los trabajadores.
4. Flexibilidad horaria de los trabajadores mientras se produce la desescalada.
5. Dotar de mascarillas FFP2, guantes de nitrito, pantallas, batas y geles hidroalcohólicos en todos los puestos de trabajo.
6. Desinfección diaria de todos los puestos de trabajo y dependencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2020.-Pablo Montesinos Aguayo, Isabel Borrego Cortés, Carlos Rojas García, Ana Belén Vázquez Blanco y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia de las Heras Fernández y D.ª Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para mitigar el impacto económico ocasionado por la crisis del COVID-19 en el sector de servicios de asistencia en tierra (también
conocido como ground handling), para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Debido a la expansión global de la COVID-19, España atraviesa la peor crisis económica en mucho tiempo, y así lo confirman los últimos datos de empleo publicados el pasado jueves 2 de abril de 2020 por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. A 31 de marzo se perdieron nada menos que 833.979 afiliados a la Seguridad Social, siendo 18.445.436 el número de personas afiliadas. A su vez, la lista de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal aumentó en
302.265 respecto al mes anterior (sin contar los primeros inscritos por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, ERTE), alcanzando así el paro los 3.548.312, con una subida mensual del 9,3%. Es sin duda la cifra más negativa desde que
existen registros, el peor dato histórico superando incluso el de 2009, y ello sin contar con los afectados por ERTE, ya que el paro registrado no recoge este dato. Es lo que el Gobierno denomina un 'impacto extraordinario' en el empleo producido
por la crisis sanitaria del COVID-19.
Además, resulta menester mencionar que el día 2 de abril, en declaraciones realizadas a 'las mañanas de RNE', ante la pregunta de si España alcanzaría los 5 millones de parados, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el señor
Ábalos Meco respondió 'estamos conteniendo los despidos'. Pues bien, esa medida de 'contención' está recogida en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19, y consiste en la prohibición a las empresas de despedir como causa objetiva por la crisis sanitaria, económica y social generada por el COVID-19, y ello a pesar de haberlas obligado a dejar de producir.
Es decir, la cifra del paro no ha dejado de crecer por su propia naturaleza, sino que el Gobierno la contiene con medidas propias de regímenes totalitarios vetando a las empresas la posibilidad de acogerse a las causas del despido objetivo,
y obligándolas no solo a seguir abonando los impuestos inherentes al ejercicio de las actividades respectivas, sino a soportar el coste de la medida del Gobierno para evitar el incremento de la cifra del paro.
Segundo. Dicho cuanto antecede, cabe recordar que nuestra Carta Magna establece en su sección 2.ª del capítulo segundo del título primero, bajo la rúbrica 'de los derechos y deberes de los ciudadanos', concretamente en el artículo 38 3, el
derecho a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, con la adición de una obligación para los poderes públicos, cual es la de garantizar y proteger su ejercicio, así como la defensa de la productividad de acuerdo con las
exigencias de la economía general.
Ahora bien, resulta que la prohibición de acogerse al despido objetivo como consecuencia de la crisis económica producida por el COVID-19 podría ser inconstitucional, pues vulnera de plano tanto el derecho a la libertad de empresa en el
marco de la economía de mercado, como la obligación de los poderes públicos de garantizar y proteger su ejercicio y productividad según las exigencias de la economía general -por establecer prohibiciones donde debería establecer garantías-.
Tercero. Uno de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19 ha sido el sector de asistencia en tierra en aeropuertos (también conocido como ground handling, en inglés). Los operadores de tierra se encargan del manejo y
procesamiento de aeronaves, limpieza, coordinación de la comunicación con las autoridades y servicios de control aéreo, entre otros servicios indispensables para mantener la operatividad de una aeronave. La industria del ground handling presta
servicios esenciales para aerolíneas y aeropuertos, cuya actividad es esencial para el correcto funcionamiento de la operación aeroportuaria.
3 'Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la
planificación.'
Estas empresas, que en situaciones de normalidad no muestran problemas de solvencia generando miles de empleos, ante este periodo de paralización -la actividad que están manteniendo los aeropuertos es prácticamente nula- han sufrido un
desplome medio de la actividad del 90 %. Ello supone que se enfrenten a riesgos de liquidez, pues al abonarse sus ingresos por servicio o tonelaje, y estando los aviones en tierra, esos ingresos desaparecen. La consecuencia directa de la
desaparición de ingresos y liquidez es el cierre de las empresas y, con ello, el descenso de afiliados a la seguridad social y el aumento del paro, que a pesar de resumirse en cifras supone el sustento de miles de familias y su medio de vida.
En España ha habido fuertes quejas de los operadores de tierra debido a la falta de ayudas y a la gestión por parte del Gobierno, en concreto por parte de las empresas Swissport, Menzies y WFS. Estas tres empresas que operan en 23 de los
aeropuertos de España y que dan empleo a aproximadamente a 2.700 trabajadores, se han visto obligadas a acogerse a los ERTES que han afectado al 80% de sus empleados, es decir, a casi 2.200 personas. Se pone de manifiesto que las medidas económicas
llevadas a cabo por el Gobierno son insuficientes, tanto las recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, como en las posteriores medidas
económicas tomadas. Asimismo, han denunciado el trato desigual recibido frente a las tiendas de los aeropuertos, a las que se les ha perdonado el pago de las rentas mientras dure el parón de la actividad.
Es por ello que, en estricto cumplimiento del mandato constitucional establecido en el referido artículo 38 de la CE, y ante la inminente quiebra de cientos de empresas y las nefastas consecuencias que ello acarrea, es legal exigencia que se
adopten determinadas medidas para conseguir paliar el duro golpe que la crisis ha producido en la industria del ground handling, ayudando a afrontar la recuperación económica global en la que el sector aéreo será clave, y que sin la intervención de
los poderes públicos mediante la adopción de esas medidas, la recuperación resultaría poco probable. En definitiva, si las empresas del sector ground handling, no reciben ayudas adecuadas, la operación aeroportuaria no podrá continuar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las siguientes medidas para mitigar el impacto económico ocasionado por la crisis del COVID-19 en el sector de servicios de asistencia en tierra (también conocido como ground
handling):
1. Ampliación del plazo de los ERTEs no solo durante el estado de alarma, sino atendiendo a razones de producción, estacionalidad y caída en la facturación y actividad, para que las empresas puedan ir recuperándose paulatinamente, e ir
reincorporando a los trabajadores según sus posibilidades económicas.
2. Subsidiariamente a la anterior, que se establezca una medida transitoria con una cierta continuidad desde el levantamiento del estado de alarma y mientras dure el periodo de recuperación de las empresas del sector.
3. Que mientras dure la figura de los ERTEs el Estado cubra el 100 % de las cuotas a la Seguridad Social de los empleados en lugar del 75 %, como prevé el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo.
4. Que se establezca una moratoria para el abono de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores en activo sin el recargo actualmente establecido.
5. El establecimiento de una moratoria en el Impuesto de Sociedades, y otros tributos que se puedan considerar.
6. Que se tenga en cuenta en cualquier negociación con el sector del transporte aéreo a las empresas del sector 'ground handling', al no estar estas empresas representadas por las asociaciones de compañías aéreas, cuya actividad es esencial
para el correcto funcionamiento de la operación aeroportuaria.
7. Promover ayudas económicas para el sector de servicios de asistencia en tierra (también conocido como ground handling), ya sea a través de la apertura de nuevas líneas de crédito del ICO o cualquier otra medida que tengan en cuenta la
singularidad del sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-Patricia de las Heras Fernández y Patricia Rueda Perelló, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dª. Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia De Las Heras Fernández y D.ª Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del grupo parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley relativa a la adopción de acuerdos de conectividad aérea entre España y otros países a fin de hacer frente a la crisis
provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), para su discusión en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Uno de los sectores más afectados por la pandemia del virus SARSCoV-2 (COVID-19) es, sin duda, el transporte aéreo. Según datos de ENAIRE, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana que gestiona la navegación aérea en España, en abril se han gestionado 9.627 vuelos que suponen 173.715 vuelos menos que en el mismo periodo de 2019, lo que implica una caída del 94,7 % en los vuelos. En concreto, en abril los vuelos
internacionales han descendido un 95,9 %, los nacionales un 91 % y los sobrevuelos, sin origen ni destino en los aeropuertos españoles un 95,1 %, con respecto al mes de abril de 2019. En cuanto a los datos acumulados del primer cuatrimestre del
año, ENAIRE ha gestionado un total de 382.483 vuelos, lo que supone un descenso de 236.189 vuelos con respecto al mismo periodo de 2019, descendiendo así el tráfico aéreo un 38,2 %. Concretamente, en el primer cuatrimestre, los vuelos
internacionales han descendido un 40,2 %, los nacionales un 35,4 % y los sobrevuelos un 35,9 % con respecto al primer cuatrimestre de 2019.
Segundo. Los datos que proporciona AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) confirman la crisis del sector, ya que en abril los aeropuertos de la red de AENA han sufrido un descenso del 99.1 % de los pasajeros en relación con el mes
de abril de 2019. En cuanto a los vuelos comerciales, los internacionales descendieron un 99,7 % y los nacionales un 99 % y las operaciones gestionadas por la red de aeropuertos AENA se redujeron un 93,5 % con respecto al mismo periodo de 2019.
Tercero. Según datos del INE la aportación del turismo en 2018 a la economía española se eleva hasta los 147.946 millones de euros, suponiendo un porcentaje del 12,3 % del PIB y en cuanto a su aportación al empleo, el turismo genera 2,62
millones de puestos de trabajo suponiendo el 12,7 %del empleo total en España. El transporte aéreo está estrechamente ligado con este sector clave para España, no obstante, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), que
publica el INE, de los 83,7 millones de turistas extranjeros que recibió España en 2019, 68,7 millones eligió la vía aérea como forma de entrada en nuestro país, es decir, el 82 % del total de turistas extranjeros.
Cuarto. El martes 12 de mayo se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) la Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a
España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 2.1 de dicha Orden, dice con respecto al periodo de cuarentena que 'las personas procedentes del extranjero deberán guardar cuarentena los 14 días siguientes a
su llegada'. Esta regulación por parte del Gobierno, que entrará en vigor el 15 de mayo, dificulta el tránsito de viajeros y la reactivación económica de España, puesto que existen otras medidas (pruebas PCR y serológicas, escáneres de
temperatura...) menos dañinas para el turismo y el transporte aéreo, que también reducen los riesgos de contagio y propagación del virus.
Las previsiones para el sector aéreo no son demasiado halagüeñas, tal y como lo indican diferentes estudios como el informe de abril de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que indica que de mantenerse la actual situación
durante tres meses más estarían en peligro en España más de 900.000 puestos de trabajo directos e indirectos y una pérdida de 114 millones de pasajeros y aproximadamente 15.500 millones de dólares.
Quinto. El 13 de mayo de 2020 la Comisión Europea se ha pronunciado al respecto de los viajes entre países europeos, estableciendo una serie de recomendaciones en cuanto a las restricciones de los movimientos mediante tres fases a nivel
europeo. En principio, el paso de una fase a otra depende de cada país, aunque se apela a la coordinación entre Gobiernos y a la reapertura paulatina de fronteras, teniendo en cuenta la situación epidemiológica específica de cada Estado miembro,
que a su vez puede variar de una zona y una región a otra.
Antes de que la Unión Europea comunicara estas orientaciones estratégicas, el primer ministro británico, Boris Johnson, manifestó la intención del Reino Unido de establecer una cuarentena para los ciudadanos que ingresen al país por vía
aérea. Pese a este anuncio, Reino Unido ha alcanzado un acuerdo con Francia para que los pasajeros franceses no tengan que realizar esa cuarentena. Hay que señalar la importancia del Reino Unido en el turismo español, puesto que es el principal
país emisor de turistas a España. De acuerdo con la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras, en 2019 hubo 18 millones de turistas británicos que visitaron nuestro país, lo que supone alrededor de un 21,6 % del total de turistas extranjeros.
Después de Reino Unido, se encuentran Alemania y Francia como principales mercados para España, con un 13,35 %y un 13,33 %, respectivamente, del total de turistas extranjeros, aportando cada uno más de 11 millones de turistas.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas, estableciendo la salud de los ciudadanos como prioridad, para favorecer la conectividad y reactivar el flujo de transporte aéreo de España con otros países:
- Establecer un protocolo de actuación conjunta con el Reino Unido, principal emisor de turistas extranjeros, para evitar que los turistas británicos que lleguen a España por vía aérea tengan que guardar los 14 días de cuarentena establecida
en la Orden SND/ 403/ 2020.
- Llegar a un entendimiento en el seno de la Unión Europea para establecer acuerdos entre países miembros para evitar las cuarentenas de los pasajeros que cruzan las fronteras por vía aérea, con especial atención e interés en llegar a
acuerdos con Alemania y Francia.
- Estudiar el traslado de estos acuerdos a otros países que no se encuentran recogidos en los puntos anteriores, siempre siguiendo las recomendaciones sanitarias y minimizando en todo caso el riesgo de expansión del virus.
- Estudiar e implantar un protocolo sanitario alternativo a la cuarentena para los viajeros extranjeros que lleguen a España por vía aérea desde aquellos países con los que se han establecido los acuerdos mencionados, aplicando medidas tales
como pruebas PCR, serológicas, control de temperatura en origen y destino y cualquier otra que se considere necesaria y oportuna para reducir todo lo posible el riesgo de propagación del virus.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2020.-Patricia de las Heras Fernández y Patricia Rueda Perelló, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la apertura progresiva y coordinada de las
fronteras y la reactivación del transporte de turistas comunitarios, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Muchas de las zonas de nuestro país más dependientes del turismo también son aquellas menos afectadas por la crisis de la COVID-19. Según los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia realizado por el Instituto de Salud Carlos
III, entre nuestras provincias costeras, Huelva, Cádiz, Almería, Murcia y Tarragona, en el Mediterráneo y A Coruña, Asturias y las Islas Canarias en el Atlántico la incidencia del virus no ha superado el 2 % de la población. Mientras que, en
Pontevedra, Girona, Castellón, Valencia, Alicante, Granada y las Islas Baleares, el porcentaje de población afectada no alcanza el 3 %. Esto unido a la positiva evolución de la provincia de Málaga y Cantabria, hace que prácticamente la totalidad de
nuestra costa Mediterránea y Atlántica se encuentre en condiciones ventajosas para poder reactivar la actividad turística.
Sin embargo, para que la actividad turística vuelva a nuestro país, primero tienen que volver los turistas, y para ello, necesitamos abrir nuestras fronteras y facilitar la llegada de turistas europeos.
Varios organismos ya se han pronunciado sobre este asunto y han emitido recomendaciones sobre el levantamiento de las restricciones a viajar junto con guías y protocolos para hacerlo de una forma segura y coordinada.
Según el informe de recomendaciones publicado el pasado 13 de abril por la Comisión Europea, en una primera fase, los controles de los viajes y los controles fronterizos deberán levantarse progresivamente en toda la UE si la evolución
epidemiológica en Europa mantiene su tendencia positiva actual, en particular cuando se alcance un nivel suficientemente bajo de transmisión de forma coordinada. Si no es posible hacerlo inmediatamente, deberán levantarse los controles fronterizos
y las restricciones de los viajes en las regiones, zonas y Estados miembros con una evolución positiva y una situación epidemiológica suficientemente similar de forma coordinada y consensuada. En el mismo documento, la Comisión Europea establece
que, para aportar mayor certidumbre y transparencia, los países miembros deberán comunicar al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) datos epidemiológicos para elaborar un mapa actualizado sobre la situación de la
COVID-19 en la UE.
Si evaluamos la situación epidemiológica en la que se encuentran muchas de nuestras provincias y Comunidades Autónomas, encontramos que, por ejemplo, Las Islas Canarias presenta datos similares a los de Portugal (uno de los ejemplos a seguir
en el continente europeo) en cuando a la letalidad, el número de infectados por millón de habitantes y la evolución de nuevos casos en los últimos días o, los datos ofrecidos por las Islas Baleares son mejores que los de Alemania, Países Bajos o
Dinamarca. Si evaluamos el número de muertos por cada 100.000 habitantes, Canarias se sitúa al mismo nivel que Noruega, Alemania se podría comparar con Murcia, Baleares con Suiza, o la Comunidad Valencia con Irlanda del Norte. Todos ellos ejemplos
europeos del buen hacer y la gestión eficiente de la pandemia.
Con esta información, la estrategia del Gobierno de España de mantener cerrados al turismo europeo los grandes focos de turismo internacional de nuestro país, es ciertamente discutible y se hace, aún menos entendible, la aplicación de
medidas que, si bien es cierto que hubieran sido útiles para prevenir la llegada del virus a nuestro país, como la cuarentena para los viajeros llegados de extranjeros, se convierte en un nuevo palo en la rueda de la recuperación económica.
Resulta incomprensible que el Gobierno haya decretado la prohibición de movimiento dentro del territorio nacional, pero el propio Gobierno no está aprovechando la principal ventaja que le da esa decisión. Asimismo, otras medidas
implementadas de manera unilateral, como la obligación de cuarentena para aquellos viajeros que llegan a España, no es más que una muestra más de la descoordinación que impera en la toma de decisiones del Gobierno, con la consecuente reciprocidad
que Francia ha establecido para los viajeros españoles.
Las recomendaciones no solo se han emitido en el ámbito fronterizo, sino también en lo relacionado con los transportes y los movimientos de personas y en los establecimientos turísticos y comerciales, incluyendo protocolos exhaustivos para
la reactivación del transporte de pasajeros, hoteles, restaurantes y otros establecimientos.
En lo relativo al transporte, el documento publicado por las autoridades europeas establece que se deben identificar opciones de movilidad seguras que permitan el movimiento de personas evitando de esta manera prohibiciones generalizadas de
los servicios de transporte.
La Comisión Europea basa su estrategia de reactivación del transporte en la proporcionalidad, prevención y monitorizadón. Utilizando estos tres principios se recomiendan ciertas acciones para proteger la seguridad de trabajadores y
pasajeros como la limitación de aforos en los transportes que sea posible, el mantenimiento de la distancia social, medidas reforzadas de protección cuando la distancia recomendada no sea posible, limpieza frecuente de los vehículos, el uso de a pps
de rastreo, digitalización de los procesos relacionados con el viaje, lavado de manos o refuerzo de los sistemas de ventilación. Estas recomendaciones son de fácil implementación, pero requieren planificación y recursos, dos factores que, hasta
ahora no han sido mencionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o por las autoridades aeroportuarias.
En esta línea, la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) ha producido una serie de documentos y recomendaciones para poder reiniciar el transporte aéreo internacional de pasajeros a través de lo que se denominan corredores de
salud pública o corredores sanitarios. Estos corredores sanitarios están basados en cinco principios:
- Están alineados con las recomendaciones respecto a la COVID-19 emitidos por la Organización Mundial de la Salud.
- Están basados en un enfoque de riesgo aplicado específica mente al entorno operacional de la aviación.
- Toma en consideración principios de gestión de la seguridad.
- Emplea guías elaboradas en colaboración con los agentes del sector de la aviación y autoridades sanitarias.
- Permite monitorear los avances científicos y adaptar las condiciones, acorde a los cambios producidos.
Entre las instituciones u organismos que han conformado el grupo de trabajo dentro de la OACI denominado CAPSCA (Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation) se encuentran la Agencia
Europea de Seguridad Aérea (EASA), IATA, ACI, US Centers for Disease Control and Prevention, entre otros, además de gobiernos y empresas del sector. Este grupo de trabajo ha elaborado diferentes protocolos exhaustivos para cada uno de los agentes e
infraestructuras implicadas en el proceso del viaje:
- Tripulación.
- Vehículos.
- Infraestructuras de Transporte.
- Pasajeros.
- Mercancías.
Sin lugar a duda, los recursos son múltiples y las recomendaciones son claras. Sin embargo, el Gobierno no parece estar interesado en reabrir una de las industrias más importantes de nuestro país sino en imponer trabas a la elaboración
consensuada, coordinada, eficaz y ágil de soluciones para la apertura temprana de nuestras fronteras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
- La apertura, coordinada con las instituciones de la Unión Europea y el resto de los Estados miembros, de las conexiones aéreas de las provincias que se encuentren, al menos, en Fase II con otros países y regiones que presenten datos
epidemiológicos similares, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea.
- La eliminación de la restricción de movimiento entre provincias en territorio nacional con el mismo estatus epidemiológico, evitando, de esta forma que aquellas provincias con mejores datos queden aisladas por no contar con aeropuertos
internacionales para la llegada de turistas.
- Reapertura de los aeropuertos internacionales en las áreas donde se haya reestablecido la libertad de movimiento con otros países y regiones europeas para facilitar la llegada de turistas.
- Garantizar la seguridad de turistas, trabajadores del transporte y del sector turístico implantando los protocolos elaborados por la Comisión Europea y otros organismos internacionales sectoriales.
- Establecer los sistemas de seguridad en los destinos turísticos contenidos en los protocolos elaborados por la Comisión Europea para la seguridad en los establecimientos, lugares de ocio y espacios públicos.
- Avance hacia la apertura coordinada de fronteras, en línea con la desescalada iniciada ya por las provincias españolas, en base a la situación epidemiológica y económica tal y como ha recomendado la Comisión Europea, siguiendo los
criterios de prudencia y proporcionalidad.
- Refuerzo de las conductas de prevención como el mantenimiento de la distancia de seguridad, el lavado de manos frecuente, el uso de mascarillas en lugares públicos o la limpieza exhaustiva, entre otros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre el refuerzo de la protección del derecho a la vivienda de las personas más
vulnerables en la salida de la crisis provocada por la COVID-19, para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Motivación
El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho 'a disfrutar de una vivienda digna y adecuada', y mandata a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho.
Por tanto, la vivienda, para nuestra Constitución, no es un bien de mercado más, sino un derecho social que debe ser garantizado por los poderes públicos. El Estado social y democrático de Derecho debe actuar, según señala la propia
Constitución, para crear las condiciones necesarias que conduzcan a la preservación del derecho a la vivienda, no solo porque es un derecho subjetivo recogido en el artículo 47 de la Constitución, sino también porque es presupuesto imprescindible
para la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE), el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) o el derecho a elegir libremente residencia (art. 19 CE).
La crisis económica y social que se desató en España tras el estallido de las burbujas financiera e inmobiliaria supuso un deterioro extraordinario del ejercicio el derecho a la vivienda para millones de ciudadanos, hasta el punto de que
muchos de ellos fueron desahuciados de su vivienda habitual. Una crisis económica y social de la magnitud de la del COVID-19 está afectando necesariamente también al normal ejercicio del derecho a la vivienda por parte de las personas más
vulnerables.
De las crisis se puede salir todos juntos, promoviendo políticas desde el Estado para no dejar a nadie atrás, o se puede salir aumentando la desigualdad y la precariedad. Esta segunda fue la opción por la que se decantó, en los 2012 y 2013,
el Gobierno del Partido Popular. También en materia de vivienda. Frente a la dramática situación a la que se enfrentaban miles de familias en nuestro país, el Gobierno de entonces, en su Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, no dedicaba ayuda
directa alguna a las personas en riesgo de desahucio, a las personas sin hogar, a las personas que hubieran incurrido en situación de vulnerabilidad por causa de la crisis ni a colectivos especialmente vulnerables como las víctimas de violencia de
género.
La actuación del Gobierno de coalición ante la crisis del COVID-19 está siendo diametralmente opuesta.
Ha aprobado, por un lado, en el RDL 8/2020, un aplazamiento del préstamo hipotecario de las personas vulnerables con una vivienda en propiedad, y, por otro, en el RDL 11/2020, un paquete de medidas que, en forma de créditos y ayudas, tienen
el objetivo de garantizar, durante el período que dure la crisis del COVID-19, el derecho a la vivienda de los inquilinos que se encuentren en una especial situación de vulnerabilidad, sin que ello suponga perjuicio para los pequeños arrendadores.
Ha suspendido los desahucios y lanzamientos durante un período máximo de 6 meses y ha establecido una prórroga extraordinaria de 6 meses para los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, de tal forma que los que estuviesen a punto de
finalizar deberán prorrogarse automáticamente.
En caso de que la vivienda pertenezca a grandes tenedores (ser titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1500m2) o empresas o entidades públicas de vivienda, el Gobierno ha
establecido que el arrendador deberá optar entre una quita del 50 % del alquiler mientras dure el estado de alarma y un máximo de 4 meses posteriores, o una moratoria, durante ese período, a devolver en el plazo de al menos 3 años mediante el
fraccionamiento de las cuotas.
En el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor de viviendas (85 % de los inmuebles), el Gobierno ha dispuesto que el arrendatario pueda también solicitar la moratoria de la deuda arrendaticia, pero en este supuesto, y para proteger
la situación económica de los pequeños propietarios arrendadores, dicha moratoria no es automática. Si ambas partes no llegan a un acuerdo, el Estado avala por completo a los inquilinos para acceder a créditos con un plan de amortización de hasta
10 años, sin gastos, ni intereses. Con este dinero, los inquilinos pueden continuar con el pago de la renta de arrendamiento durante un importe máximo de 6 mensualidades. El inquilino también puede solicitar este crédito para
pagar la renta del alquiler a grandes tenedores. Se ha presupuestado 1.200 millones de euros para hacer efectivos estos avales. Se calcula que hasta medio 450.000 familias podrá acogerse a los mismos.
Adicionalmente, el Gobierno ha incorporado al Plan Estatal de Vivienda 20182021 un nuevo programa de ayudas al alquiler de las personas que han entrado en situación de vulnerabilidad a causa de la crisis del COVID-19. La cuantía de estas
ayudas es de hasta 900 euros al mes y puede cubrir la totalidad de la renta arrendaticia o, en su caso, el principal e intereses del préstamo que se haya suscrito y con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.
Junto a ello, el Gobierno ha implementado, también dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 un nuevo programa de ayudas para las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de vivienda habitual, personas sin hogar y
otros colectivos vulnerables, con el objetivo de dar solución habitacional inmediata a estas personas. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas tanto estas personas como las empresas públicas de vivienda y a las entidades sin ánimo de lucro que den
una solución habitacional inmediata a las mismas.
Para financiar todos los programas de ayudas vinculados al Plan Estatal de Vivienda el Gobierno ha transferido de forma automática a las CC.AA. 446 millones de euros para el año 2020.
En resumen, en materia de protección del derecho constitucional a la vivienda de las personas más vulnerables, el actual Gobierno de coalición progresista está dando una respuesta a la crisis del COVID-19 muy diferente a la que dio por el
Gobierno del Partido Popular a la última crisis económica y social. Está construyendo un escudo social en materia de vivienda que está permitiendo a miles de familias poder seguir disfrutando de este derecho, sin verse abandonadas a su suerte, como
ocurrió en un reciente pasado. Nunca antes, por parte de un Gobierno de España, se había hecho un esfuerzo similar en materia de protección del derecho a la vivienda de las personas más vulnerables.
El Gobierno debe seguir profundizando en estas políticas, y asegurar en los próximos meses que los ciudadanos van a estar protegidos frente a las consecuencias sociales de la pandemia, también en lo que se refiere al disfrute a la vivienda,
lo que, por otra parte, es fundamental no solo para poder estar en disposición de llevar una vida digna, sino también para combatir con eficacia el virus hasta conseguir su absoluta erradicación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, reforzar las políticas de vivienda pública para proteger el derecho a la vivienda de las
personas en situación de mayor vulnerabilidad provocada por la crisis de la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-Eva Bravo Barco, Diputada.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D. Antonio Salva Verd, D.ª Mireia Borrás Pabón, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas y D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de un
Plan Piloto de corredor seguro internacional con Baleares, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La actividad turística es el elemento económico estratégico de las Islas Baleares, reconocido por los poderes públicos de la Comunidad Autónoma en virtud del art. 24 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de
febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Sin embargo, la situación generada a consecuencia de la COVID-19 ha puesto en jaque la economía Balear, ya que se ha producido una afección directa sobre la actividad
estratégica y primordial del archipiélago: el Turismo.
El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana don José Luis Ábalos, en la rueda de prensa informativa del día 22 de abril y a respuesta de una pregunta muy concreta de la televisión pública alemana sobre si los ciudadanos germanos
podrán visitar nuestras playas este verano, se mostró abierto a abrir una especie de corredor que permita la llegada de la segunda nacionalidad, por detrás de la británica, que más visita nuestro país.
'Hay muchos alemanes con residencia o con vivienda en España y queremos que la disfruten. Y además ha constituido siempre un origen para el turismo y nosotros tenemos territorios que básicamente viven del turismo. Así es que tenemos ahí un
interés que además creo que hay que mantenerlo en las relaciones hispano-alemanas, que es esta circulación de personas de alemanes a los que les gusta España, y a España le gusta recibir ciudadanos alemanes.'
'Tenemos que ver si podemos abrir algunas vías de compromiso y de responsabilidad entre ambos países que nos garantice la seguridad sanitaria para que sea una realidad lo antes posible', señaló el titular de Transportes, mostrándose así a
favor de intentar establecer un corredor seguro con Alemania.
Sin embargo, y a pesar de que dichas declaraciones fueron realizadas hace ya 22 días, lo cierto es que a día de hoy todavía no se ha establecido ningún corredor seguro con Alemania, lo que genera consecuencias negativas en un doble sentido:
por un lado, para los alemanes con segunda residencia en España, que no pueden disfrutarla y, por otro, para el sector económico en aquellas Comunidades elegidas por esta nacionalidad para ir de vacaciones.
Así lo corroboró el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 25 de abril, respecto a la reclamación efectuada por parte de ciudadanos alemanes de poder venir a Mallorca a su segunda residencia:
'Habrá que ver si hay soluciones conjuntas para poder impulsar algo el turismo del contínente pero con prudencia y cautela.'
Así mismo, el jefe del Ejecutivo aseguró que 'el libre movimiento de las personas es un derecho esencial, que ahora está restringido para salvar vidas', pero recordó, no obstante, que 'el Gobierno trabaja para sostener el turismo con medidas
que palíen los graves efectos que está teniendo en este sector'.
Por su parte, el comisionado de Turismo del Gobierno alemán, Thomas Bareiss, en una entrevista publicada el 5 de mayo por el diario 'Der Tagesspiel', con un mensaje ' ¿Vacaciones en Mallorca?', no descarta que los alemanes puedan pasar sus
vacaciones en Baleares.
España es el país favorito de los alemanes para disfrutar de sus vacaciones, por lo que mientras no se establezca ese corredor seguro que garantice las conexiones entre ambos países, España está perdiendo una parte esencial de la economía
del sector turístico. Además, se da la circunstancia de que solo en Baleares se recibieron 4.535.353 turistas en 2019, según datos de la propia página de la Comunidad Autónoma, de un total de 13.680.895, es decir, una tercera parte del total del
turismo internacional en Baleares está configurado por alemanes, siendo la nacionalidad en cabeza, seguida por Reino Unido, con una considerable ventaja sobre los 3.745.418 de esta última. Fuente de la estadística:
(https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/043d7774-cd6c-4363-929a703aaa0cb9e0/ed5d4d88-cb17-46bd-b7b0-29fbaa5dba19/ es/1208002 n101.px).
Es decir, más de un 60 % del turismo Balear, y por ende, de su economía (ya que el turismo resulta la actividad por naturaleza de esta Comunidad), se sostiene a través del turismo alemán y británico. Sin embargo, teniendo el Gobierno en sus
manos la posibilidad de establecer un corredor seguro con estos países y paliar así el declive de la economía y el sostenimiento del mercado tanto en aspecto empresarial como laboral (Pymes y creación de empleo), lo cierto es que desde el Ministerio
de Transportes aún no se ha dispuesto medida alguna al respecto.
Lejos de ello, el 12 de mayo se publicó en el BOE la Orden SND/403/ 2020, de 11 de mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, estableciendo un plazo de cuarentena de 14 días desde su llegada. Este hecho sin duda, evita de facto los viajes que
pudieran realizar los turistas, ya que si de media un viaje supone una estancia de 7 días, lejos de poder superar esa cuarentena, ni siquiera el plazo de su posible viaje alcanzaría el mínimo exigido para la cuarentena. Se trata de una
circunstancia que bloquea el turismo, de manera que la permisividad en la circulación se convierte en ficticia con esa condición, cuando realmente pueden aplicarse otro tipo de medidas sanitarias menos dañinas para el turismo que también reducen los
riesgos de contagio y propagación del virus (PCR, serológicas, escáneres de temperatura...).
Hay que tener en cuenta además, que España ha sido el epicentro del virus. Es decir, serán los terceros países los que establezcan restricciones a España, pues es más probable que alguien se contagie en nuestro país al tener este la mayor
tasa de contagios y mortalidad.
Sin embargo, Baleares, a pesar de ser la Comunidad Autónoma más afectada económicamente por su íntegra dependencia del turismo, es una de las regiones más seguras y donde menos contagios se han producido. Ambas circunstancias nos llevan al
establecimiento de un plan piloto de corredor seguro entre Baleares y Reino Unido, Alemania y el resto de la Unión Europea.
A todo lo anterior hay que añadir que, en fecha 13 de mayo de 2020 la Comisión Europea se reunió para decidir cómo reanudar con seguridad los viajes y relanzar el turismo en Europa en 2020 y años posteriores. De dicha reunión resulta un
paquete de orientaciones y recomendaciones dirigidas a los países miembro a fin de retirar gradualmente las restricciones aplicables a los viajes y permitir que empresas vinculadas al turismo puedan abrir respetando las precauciones sanitarias, con
la finalidad de que Europa siga siendo el principal destino para los visitantes.
Todo ello lo hace bajo el contexto del ecosistema turístico de Europa, destacando que los viajes, el transporte, el alojamiento, la alimentación, el ocio y la cultura constituye el 10 % del PIB de la UE, siendo fuente clave de empleo e
ingresos en muchas regiones -como resulta ser España-. Señala además, que este ha sido precisamente el ámbito más afectado por las fuertes restricciones a la circulación y los desplazamientos impuestos tras el brote del coronavirus, de tal manera
que la OMT (Organización Mundial del Turismo) prevé una reducción de hasta un 80 % en llegadas internacionales, suponiendo unas pérdidas de hasta 1,1 billones de euros. Cabe resaltar el siguiente dato: 'En Europa, el verano es una temporada
crucial para el turismo: durante una temporada estival media (junio a agosto) los residentes en la UE hacen 385 millones de viajes turísticos y gastan 190.000 millones de euros'. Fuente Comisión Europea --Comunicado de Prensa-.
Para la eliminación de las restricciones, la propia Comisión Europea propone 3 criterios para restaurar la libertad de circulación:
1. Que sea entre zonas o Estados con situación epidemiológica similar.
2. La capacidad de aplicar medidas de contención en los pasos fronterizos.
3. Priorizando ámbitos clave de la actividad turística.
Si bien España a nivel global todavía no se asemeja a ningún país en sentido epidemiológico, lo cierto es que Baleares sí lo hace, lo que responde a los criterios seguidos por el Gobierno de España a la hora de establecer la desescalada por
provincias o regiones, pues no todas tienen el mismo nivel de contagios.
También Baleares cumpliría con la capacidad del segundo criterio de la Comisión Europea, pues precisamente el Puerto de Palma de Mallorca está considerado por la OMS conforme al Reglamento Sanitario Internacional como 'punto de entrada con
capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional (ESPII) -situación actualmente declarada-', pudiéndose por ello efectuar las inspecciones previstas en el artículo 23 del citado reglamento.
Por último, el tercero de los criterios es incuestionable, pues la actividad turística en Baleares no solo resulta ser ámbito clave, sino esencial para el mantenimiento de su economía al depender íntegramente de dicha actividad.
Todo ello, hace que el corredor seguro entre España y Alemania; España y Reino Unido; así como España y el resto de la UE no sea una opción, sino una obligación. Baleares podría ser pionera en el establecimiento de corredores seguros con
estos países, y constituirse así como Plan Piloto durante la temporada de 2020, para posteriormente extenderse al resto de España.
Debemos ser conscientes de la situación que se aproxima. Es indispensable apostar por soluciones y trabajar desde nuevas perspectivas para contrarrestar los efectos, reactivando uno de los sectores productivos más importantes de nuestro
país.
Como bien indica su propio nombre, 'corredor seguro', se pretende establecer una conexión con las medidas y garantías sanitarias que permitan la comunicación de manera segura y sin riesgos entre
ámbitos con similares situaciones epidemiológicas. Solo se requiere que el Gobierno deje a un lado las palabras, y se ponga a trabajar en medidas útiles, lo que siempre hace tarde y mal.
España puede y debe liderar a nivel mundial el destino turístico sanitario seguro, y con esta propuesta del GPVOX es posible. La protección de la industria turística exige tomar medidas suplementarias que garanticen la seguridad del viajero
y del destino turístico. Para ello, la OMT y los principales representantes turísticos como Exceltur y Cehat (Confederación Española Hoteles y Alojamientos Turísticos) abogan por la instauración de un pasaporte sanitario, lo que pasa por alcanzar
acuerdos con touroperadores, aerolíneas y los principales países emisores. Una combinación de test en origen y chequeo complementario en destino puede ser ideal para dar seguridad a todos los actores del sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las siguientes medidas:
1. Establecimiento de un Plan Piloto de corredor seguro entre Baleares y Reino Unido, y Baleares y el resto de la Unión Europea (especialmente Alemania), en aplicación y cumplimiento de los criterios establecidos por Transporte y Turismo de
la Comisión Europea, eliminando el periodo de cuarentena de los turistas a su llegada, y en su lugar, estableciéndose medidas sanitarias menos nocivas para el sector turístico.
2. Que para el establecimiento de tales corredores se adopten las medidas necesarias a fin de verificar que efectivamente sean seguros, de entre las cuales podemos citar las recomendadas por la Comisión Europea:
- Limitar el contacto de los pasajeros con los trabajadores del transporte.
- Limitar el contacto entre los propios pasajeros.
- Reducir la densidad de pasajeros en la medida de lo posible.
- Establecer protocolos sanitarios para hoteles y otro tipo de alojamientos como pruebas epidemiológicas.
- Incorporar y facilitar el acceso a mecanismos tecnológicos y soluciones específicas basadas en inteligencia artificial, innovación de datos, identidades digitales, facturación electrónica, protección de datos personales y verificación
facial biométrica.
3. Además de las anteriores, debe implantarse el Certificado COVID-Free o Sin-COVID:
a) Para todos los visitantes de la UE se exigirá un certificado médico que verifique que al visitante se le ha realizado un test de PCR de exudado nasofaríngeo el día anterior al viaje, y ha resultado negativo (en sustrato Hi+ Card o
similar).
i. A su llegada a España, se realizará:
1. Un cribado de temperatura 4.
2. Un test de olfato.
3. Si la temperatura es mayor de 37,2 o el paciente no pasa el test de olfato, el visitante será analizado mediante PCR, a sus expensas.
ii. Si la PCR es positiva, se emitirá una orden de retorno al país de origen.
iii. Una vez instalado, a cada visitante se le realizará toma de temperatura diaria, y cada siete días PCR en exudado nasofaríngeo, también a sus expensas.
b) Para los visitantes de Corea del Sur, Taiwán, Hong-Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, o Israel, el protocolo será el mismo que para visitantes de la UE
i. Para todos los otros visitantes se realizará una PCR de exudado nasofaríngeo a su llegada a España, a sus expensas, y solo se permitirá su entrada a España si el resultado es negativo.
ii. Si la PCR es positiva, se emitirá una orden de retorno al país de origen.
4 La temperatura se tomará bien con termómetro sin contacto o con termografía. El test de olfato se hará con torundas con agua, butanol, o feniletanol.
iii. Una vez instalado, a cada visitante se le realizará toma de temperatura diaria, y cada siete días PCR en exudado nasofaríngeo, también a sus expensas.
4. Establecimiento de un Plan de comunicación y promoción.
- Campaña de comunicación en origen para dar a conocer el servicio a los potenciales clientes, promocionar el destino y crear un ambiente de confianza y seguridad.
- Campaña de comunicación en destino para generar un ambiente de seguridad en la población receptora y concienciar a empresarios turísticos. - Gobierno local y ayuntamientos para concienciar a establecimientos turísticos sobre la
importancia de la certificación sanitaria 'COVID19-Free'.
5. Extensión progresiva a otros destinos según índice epidemiológico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2020.-Patricia de las Heras Fernández, Antonio Salvà Verd, Mireia Borsás Pabón, Patricia Rueda Perelló, Juan Luis Steegmann Olmedillas y Andrés Alberto Rodríguez Almeida,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para instar al Gobierno sobre la creación de un Plan Estatal para la Educación Digital y reducción de la brecha digital y de aprendizaje, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El confinamiento por COVID-19 y el cierre de escuelas ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de nuestro sistema educativo. Se trata de una situación excepcional y mundial que afecta a más de 1.370 millones de alumnos según la UNESCO.
En España, el cierre de escuelas y el confinamiento de millones de alumnos y alumnas en sus hogares nos exige una respuesta compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas para mantener en funcionamiento el servicio público educativo en
igualdad de oportunidades para todo nuestro alumnado.
El sistema educativo estatal y autonómico tiene la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, así como la equidad y la calidad educativa y hacer así efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna
desarrolle el máximo de sus potencialidades.
La brecha digital puede ser definida en términos de la desigualdad de posibilidades que existen para acceder a la información, al conocimiento y la educación mediante el uso de las TIC, siendo en consecuencia estas personas marginadas de las
posibilidades de comunicación, formación, impulso económico, etc., que la red permite (Cabero, 2004).
La brecha digital de acceso entre la infancia y adolescencia vulnerable es una realidad, el 14 % de los hogares con menores no tienen ordenador o portátil, esa cifra se eleva hasta alcanzar el 30 % en hogares de familias pobres. El 5,3 % de
hogares con menores no cuentan con internet, elevándose al 13,6 % en los hogares con menos recursos (fuente: ECV-2018). La brecha digital, se convierte en brecha social, limitando el aprendizaje de nuestro alumnado y generando que la tecnología
sea un elemento de exclusión y no de inclusión social.
Por otro lado, además de la brecha digital de acceso, está también la brecha de aprendizaje, la cual provoca pérdida cognitiva y retraso que se acumula: la evidencia experta muestra que los períodos prolongados de 'desconexión escolar',
como pueden ser las vacaciones de verano, generan una pérdida
de conocimientos y aprendizajes que agrava la brecha cognitiva entre alumnado favorecido y alumnado socialmente desfavorecido (Berliner, 2009; Alexander et al., 2007).
Pero esa brecha digital de aprendizaje en el hogar es debida en muchos casos a las desigualdades culturales existentes de apoyos y recursos familiares. De nada sirve que consigamos que toda la población esté conectada si no la capacitamos
para la utilización e interacción con las TICs pues estas son ya herramientas básicas de intercambio de información y de formación en el siglo actual.
La alfabetización digital se convierte así en elemento imprescindible para reducir la brecha digital, social y de aprendizaje como un 'sofisticado repertorio de competencias que impregnan el lugar de trabajo, la comunidad y la vida social,
entre las que se incluyen las habilidades necesarias para manejar la información y la capacidad de evaluar la relevancia y la fiabilidad de los que se busca en internet' (MECD y la OCDE, 2003, 80).
Por otro lado, la brecha digital y de aprendizaje se acrecienta para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de forma que a la segregación que sufren las personas por sus condiciones personales, se incorpora la
discriminación introducida por la tecnología, por tanto estamos en la obligación de darles una respuesta lo más personalizada posible, respondiendo a sus necesidades y dotándoles de todos los medios necesarios para que puedan aprender en igualdad de
condiciones que el resto del alumnado, garantizando así la equidad y la calidad del sistema educativo español.
En este sentido, es necesario dedicar una atención especial al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, así como a los niños, niñas y adolescentes en riesgo social y a los que se encuentran en centros de protección de
menores, además de aquellos que cumplen medidas impuestas conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Para la adecuada elaboración e implementación del Plan es necesario contar también con las Administraciones autonómicas y forales competentes en materia de servicios sociales. La colaboración entre las autoridades sanitarias y las de
Servicios Sociales, son imprescindibles para que las medidas contempladas en esta PNL lleguen de forma efectiva al alumnado más afectado por situación y/o riesgo de exclusión social.
Asimismo, la situación que estamos enfrentando exige pensar y prever para el futuro; diseñar protocolos para que en situaciones futuras, nuestro sistema esté preparado para abordar una pandemia o cualquier otra circunstancia que exija el
cierre físico de los centros educativos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A) Aprobar un Plan Estatal para la Educación Digital y reducción de la brecha digital y de aprendizaje en colaboración con las Comunidades autónomas que ayude a superar las desigualdades existentes garantizando la equidad y calidad de
nuestro sistema educativo, asegurando la continuidad educativa a distancia de nuestro alumnado para que siga aprendiendo en las mejores condiciones posibles.
Concretamente, dicho Plan deberá incluir:
1. El impulso de un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación que analice la situación actual en relación con la brecha digital y de aprendizaje que existe en los centros educativos en las diferentes Comunidades
autónomas.
2. Diseño y puesta en marcha de programas de radio y de una TV educativa con canales en abierto que ofrezcan una formación adecuada a las distintas etapas educativas para áreas del país sin Internet o sin televisión por cable, dando
cobertura así al alumnado sín ordenador ni conexión.
3. Propuestas de acuerdos con las empresas de telecomunicaciones, así como entidades educativas para eliminar o reducir al máximo el coste de acceso a los recursos educativos online que potencien la utilización de plataformas, la escuela
virtual a distancia, como vías para que el alumnado pueda avanzar a su propio ritmo de aprendizaje.
4. Trabajar en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que desarrolle programas que ofrezcan soluciones que permitan el acceso a Internet al 100 % de la población.
5. Coordinar y colaborar con las Comunidades Autónomas incluidas las Consejerías competentes en Servicios Sociales y las Corporaciones Locales, actuaciones dirigidas a establecer las condiciones necesarias para fomentar la educación digital
y reducir la brecha digital y de aprendizaje para:
a) Adoptar las medidas necesarias para que el alumnado que lo necesite acceda a ayudas específicas que le permitan obtener un dispositivo personal con conexión a la red que pueda utilizar en su hogar para su proceso de aprendizaje.
b) Poner en marcha un plan especial de formación para los docentes en capacitación TIC sobre metodologías de enseñanza activas a través de herramientas de aprendizaje a distancia.
c) Poner en marcha acciones de formación dirigidas a las familias y otros agentes de la comunidad educativa con el objetivo de formarles en competencia digital y ser más eficaces en el uso de las TIC, y así servir de apoyo en el aprendizaje
de sus hijos e hijas.
d) Capacitar digitalmente y potenciar la acción de todos los servicios educativos de apoyo (orientación, educación especial, psicopedagogos, logopedas, otros técnicos...) en colaboración con las administraciones educativas de las Comunidades
autónomas.
e) Crear materiales educativos abiertos tanto digitales como audiovisuales. A su vez desarrollar itinerarios didácticos para la educación a distancia.
B) Elaborar un protocolo o guía de actuaciones educativas en colaboración con las Comunidades autónomas ante cualquier posible suspensión de la actividad presencial y por motivos de excepcionalidad, alarma o emergencia en el estado español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-María Luz Martínez Seijo y Maribel García López, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado don Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dignificar las
pensiones de aquellos jubilados anticipados con largas carreras de cotización para su debate en instancia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El artículo 41 de la Constitución española configura un sistema de Seguridad Social de naturaleza pública, de cuantía suficiente en cuanto a su nivel de protección, de carácter universal.
Diversas normas pertenecientes al sector laboral y de seguridad social del ordenamiento jurídico establecen sistemas de jubilación graduales y flexibles, posibilitándose la anticipación de la misma con el correspondiente quebranto económico
que afecta a los jubilados anticipados, contraviniéndose la naturaleza contributiva de esta prestación, el derecho constitucional a una pensión suficiente al cumplirse la edad legal de jubilación y vulnerándose la progresividad, que debe ser objeto
de especial consideración para los jubilados a partir de los 65 años, en una interpretación concurrente del citado artículo 41 de la norma fundamental y el artículo 50 de la misma.
Debe considerarse que no todas las jubilaciones anticipadas son de carácter voluntario. Por el contrario, el mayor porcentaje de las mismas se corresponde con la ejecución de planes de reconversión industrial que afectan a sectores maduros
de nuestra economía y que se fundamentan en la aplicación de coeficientes reductores a los jubilados anticipados, coeficientes que deben ser objeto de remoción en el momento de alcanzar los mismos la edad de 65 años. Razones de equidad y el
cumplimiento de los
requerimientos constitucionales indicados aconsejan modificar normas como la Ley General de Seguridad Social, que produce un notable quebranto económico en la pensión de jubilación que corresponde a partir de los 65 años a los jubilados
anticipados.
En ningún caso la Seguridad Social debe obtener beneficio por el hecho de acceder a la jubilación anticipada, como sucede en la actualidad. Además, en las carreras de larga cotización, a partir de los 35 años cotizados deben reducirse los
coeficientes reductores, hasta su desaparición cuando el afectado haya cotizado 40 o más años.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones necesarias en la Ley de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, con el fin de que:
- A todos aquellos jubilados anticipados, bien voluntarios o forzosos, cotizantes por el Régimen General, como trabajadores por cuenta ajena, así como por el de autónomos, con cuarenta o más años cotizados, que en el momento de promulgarse
las correspondientes modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social tengan ya cumplidos los 65 años de edad o más, se les deje de aplicar los referidos coeficientes reductores, y se les calcule la pensión conforme a su base contributiva y
los años cotizados.
- A todos aquellos trabajadores que hayan accedido a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, de conformidad con lo indicado en el artículo 207.1.d), que hayan
percibido ayudas públicas como consecuencia de ello y tengan ya cumplidos los 65 años de edad o más, también se les deje de aplicar los referidos coeficientes reductores, y se les calcule la pensión conforme a su base contributiva y los años
cotizados.
- Lo previsto en la presente Proposición no se vea afectado por las cláusulas relativas a la jubilación forzosa aprobadas por convenio colectivo, y sea de aplicación en los mismos términos a los supuestos de jubilación anticipada por causas
no imputables al trabajador, previstos en el artículo 207.
- Lo previsto en el apartado anterior también sea de aplicación a aquellos trabajadores que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación
laboral, según alguna de las causas previstas en el artículo 207.1.d), y, como consecuencia de ello, hayan percibido ayudas públicas, no aplicándose en dichos supuestos los coeficientes reductores, y se les calcule la pensión conforme a su base
contributiva y los años cotizados.
- En la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en los casos en los que se hubiera accedido a la jubilación anticipada, se aplicará una penalización inferior a la que existe
actualmente de los coeficientes reductores establecidos en el artículo 208 de la citada Ley, con 35 años cotizados una reducción progresiva de los mencionados coeficientes hasta su desaparición total con una cotización de 40 años.
2. Eliminar la limitación temporal del 1 de enero de 2019 para el acceso a la jubilación anticipada, referida en el apartado 2 del artículo 8 del RDL 5/2013, al menos, para los trabajadores despedidos en contra de su voluntad por
Expedientes de Regulación de Empleo o acuerdos colectivos aprobados antes del 1 de abril de 2013. De tal manera, se mantendrán las modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones contenidas en la Ley 27/2011
para estos trabajadores, aunque se jubilasen a partir del 1 de enero de 2019, teniendo en cuenta exclusivamente su carrera de cotización y el tiempo de adelanto de la jubilación respecto de la edad legal ordinaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Juan José Aizcorbe Torra en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición No de Ley relativa a la adopción de medidas para paliar las consecuencias negativas sobre las empleadas del hogar, para su debate ante la Comisión de
Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. Ante la emergencia nacional de la COVID-19, muchos sectores se han visto afectados. Entre los colectivos más perjudicados, están los que no tienen derecho a paro y han perdido su trabajo o han sufrido una reducción drástica a
causa de las medidas de confinamiento decretadas, como es el caso de los trabajadores empleados del hogar. En España, según los datos de afiliados a la Seguridad Social, el 95 % de los trabajadores integrados en el Sistema Especial para Empleados
de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social son mujeres, lo cual comprende 376.000 mujeres, frente a 17.000 hombres. Por edad, más de la mitad (266.274) tienen entre 25 y 54 años y, además, el 42 % del total son de origen extranjero, en su
mayor parte provenientes de países no comunitarios. No obstante, según la última encuesta de población activa (EPA), al cierre de 2019 había 580.500 personas que aseguraban que estaban ocupadas en actividades del hogar como personal doméstico, pero
tan solo el 68 % están dadas de alta en la Seguridad Social.
Segundo. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, no contempla ninguna medida en relación con los trabajadores
integrados en este Sistema especial del Régimen General de la Seguridad Social, lo cual colocaba en una situación de grave vulnerabilidad a todos aquellos trabajadores que, como consecuencia del Estado de alarma y de las medidas derivadas del mismo,
se habían quedado sin trabajo.
Sin embargo, posteriormente, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, previó medidas económicas en favor de este
colectivo. Concretamente los artículos 30 y siguientes recogen un subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.
Asimismo, la disposición transitoria tercera, referida al 'carácter retroactivo y tramitación del subsidio extraordinario por falta de actividad de las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados del Hogar y del subsidio de
desempleo excepcional por fin de contrato temporal', establece en su apartado segundo que:
'El Servicio Público de Empleo Estatal establecerá en el plazo de un mes, a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el procedimiento para la tramitación de solicitudes, que determinará los formularios, sistema de
tramitación (presencial o telemático) y los plazos para su presentación.'
Tercero. Habiendo transcurrido el plazo prescrito en la disposición transitoria tercera, el pasado lunes 4 de mayo se publicó en el BOE la Resolución, de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, que tiene por objeto
desarrollar el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social regulado en el
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Esta Resolución recoge, entre otras cuestiones, el ámbito subjetivo de aplicación, las normas para solicitar el subsidio, la documentación que debe acompañarse, la determinación de la cuantía y, en definitiva, las compatibilidades e
incompatibilidades de su percepción.
Sin embargo, la práctica ha puesto de manifiesto que los trámites para solicitar el subsidio son complejos y que los requisitos para poder tener derecho a percibir la ayuda económica son tales que, en la práctica, solo trabajadores en una
grave situación de vulnerabilidad económica pueden percibir este subsidio.
Por otro lado, y sin ánimo de ser exhaustivos, este subsidio es incompatible con ser beneficiario de una incapacidad temporal, o de haber disfrutado del permiso retribuido recuperable o incompatible con la realización de actividades por
cuenta propia o ajena cuya suma de ingresos superen los 950,00.
En cuanto al procedimiento, la Resolución detalla cómo solicitar el subsidio extraordinario para empleados del hogar, que desde el punto de vista práctico se remite al SEPE, cuya web se encuentra colapsada debido al acceso masivo para
consultar los trámites del procedimiento.
El citado procedimiento no es sencillo, sino más bien lo contrario, por lo que no sería extraño que, ante esta tesitura, muchos de los empleados de hogar deban recurrir a un especialista en Derecho Laboral o a una gestoría para que realicen
todo los trámites, con el consecuente coste económico. A mayor abundamiento, también existen otros problemas prácticos, como puede ser el hecho de que, atendidas las circunstancias actuales, los trámites deban realizarse telemáticamente, para lo
que se requiere un certificado digital o el DNI electrónico.
Cuarto. Finalmente, también hay que denunciar que el cobro del subsidio no se va a realizar hasta el 10 de junio, lo que supone que un empleado del hogar puede estar sin ingresos durante cerca de tres meses, en el mejor de los casos. Por
si no fuera suficiente, la cláusula novena de la Resolución dispone que 'La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses'. Esto significa que la resolución de las solicitudes podría alargarse hasta el mes de agosto, sin
que el trabajador cobre durante todo este tiempo.
En definitiva, es evidente que deben articularse mecanismos para reducir los plazos de resolución de las solicitudes, con el fin de que los trabajadores empleados del hogar puedan cobrar cuanto antes el subsidio extraordinario. Asimismo,
también es preciso simplificar los trámites para realizar la solicitud y, por último, disminuir los requisitos que deben cumplirse para poder tener derecho al mencionado subsidio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Reducir los requisitos que deben cumplir los trabajadores empleados del hogar con el fin de ampliar el número de trabajadores que puedan percibir el subsidio.
2. Efectuar el pago del subsidio extraordinario a todos aquellos trabajadores que hayan cumplimentado los trámites pertinentes, sin perjuicio del control que realice a posteriori la Inspección de trabajo con el objeto de verificar el
cumplimiento de los requisitos materiales.
3. Subsidiariamente, reducir el plazo de tres meses de que dispone la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal para resolver todas las solicitudes. En este sentido, debería preverse expresamente el silencio administrativo
positivo para los casos en los que haya transcurrido el plazo máximo sin que se haya dictado resolución expresa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2020.-Juan José Aizcorbe Torra, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de prórroga de
los ERTEs en el sector turístico de Canarias, ante la crisis económica y social provocada por la COVID-19, para su debate en Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Canarias se ha visto afectada de manera singular por la crisis sanitaria del COVID19 y sus repercusiones sobre la actividad económica y el empleo. A su dependencia del sector turístico, seriamente impactado por esta crisis debido a las
limitaciones en la movilidad, se suma el hecho de que ya antes de esta crisis el porcentaje de la población canaria en riesgo de pobreza y/o exclusión se situaba en un 36,4 %, cifra que ante la incertidumbre actual amenaza con incrementarse de
manera notable.
La importancia del sector turístico para la economía de Canarias se pone de manifiesto al constatar que dicho sector aporta el 35 % de su Producto Interior Bruto, que alcanzó los 16.099 millones de euros durante 2018. Además, en términos de
empleo, la aportación del turismo en las Islas Canarias
generó 343.899 puestos de trabajo en 2018, lo que representa el 40,4 % del total del empleo de toda la Comunidad en ese mismo año, según los resultados del Estudio IMPACTUR.
Esta no es la primera crisis que sufre el archipiélago canario, cabe recordar la sufrida el pasado año originada por la quiebra de Thomas Cook, que supuso según los distintos agentes sociales un varapalo en términos de ocupación y de empleo
tanto directo como indirecto.
En aquella crisis, es de destacar la rápida actuación del Gobierno a través de la aprobación de un paquete de medidas aprobadas por valor de 800 millones de euros, dentro del plan para mitigar la quiebra de Thomas Cook, sumado a la partida
específica del Estado para Canarias de 15 millones de euros y de un fondo público que articulado a través de convenio que incluía una serie de acciones dirigidas a mejorar la conectividad aérea con las Islas y a intensificar la promoción turística
del destino Islas Canarias.
La colaboración de las distintas instituciones: Gobierno del Estado, Comunidad Autónoma, Cabildos y Ayuntamientos fue fundamental para que las Islas se recuperaran en apenas mes y medio del golpe de la quiebra del turoperador, que amenazaba
el 6 % del PIB regional.
Sin embargo, la crisis que se está viviendo como consecuencia de la pandemia desencadenada por el COVID-19, y que ha tenido como consecuencia la declaración del estado de alarma, precisamente por estar ocasionado por una situación sanitaria
de imprevisible evolución, viene acompañada de una gran incertidumbre sobre la continuidad o reactivación de la actividad productiva, con una gran repercusión en la demanda de servicios.
La sacudida que ha supuesto para el sector turístico esta pandemia, hay que destacar, a nivel mundial, por su incidencia en la libre circulación de las personas y en la apertura de un espacio aéreo también a nivel internacional, abre un
escenario de gran inseguridad para Canarias, que no permite ningún atisbo de optimismo hasta que no haya un tratamiento eficaz o vacuna que permita recuperar la confianza en el movimiento. En consecuencia, no se prevé en el corto plazo la
posibilidad de recuperar la conectividad y actividad turística normalizada.
En Canarias, hay que recordarlo, cerca de 200.000 personas trabajadoras se han visto afectados por ERTEs. Y, según los datos de la Dirección General de Trabajo, el 45,4 % de los ERTEs por fuerza mayor registrados está vinculado de manera
directa al sector turístico, con 12.359 expedientes presentados que afectan a un total de 113.795 trabajadores, el 57 % del total de afectados.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, dado el impacto que la pandemia del COVID-19 ha supuesto para toda la actividad productiva y el empleo y, en particular, para el sector turístico debido a la limitación de la movilidad
de las personas y el tráfico aéreo, prorrogue más allá del estado de alarma y hasta que se normalice, al menos, la conectividad área, la posibilidad de las empresas que engloba dicho sector, incluidas las de comercio y hostelería vinculadas, de
acogerse a un ERTE, así como que extienda los ERTEs ya registrados hasta dicho momento, como fórmula para garantizar que dicho instrumento cumple con su finalidad de alivio económico para las empresas y de ayuda a la reactivación económica y el
mantenimiento del empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-Esther Peña Camarero, Luc André Diouf Dioh, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Héctor Gómez Hernández, Ariagona González Pérez y María Tamara Raya Rodríguez, Diputados.-Guillermo Antonio
Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para la reactivación del
Turismo Español frente al impacto del COVID-19, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El turismo español es sin duda el sector más afectado por las consecuencias de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, el cierre total de la actividad durante prácticamente 3 meses de empresas de alojamiento, hostelería,
agencias, comercio, ocio etc., supone un histórico mazazo al tejido productivo del sector económico y laboral más importante de España.
Las medidas que el Gobierno del país más competitivo del mundo en turismo ha adoptado para apoyar a este sector no parecen indicar que desde el ejecutivo estén muy preocupados por cómo se desarrollará esta actividad en los próximos meses que
serán fundamentales para la pervivencia del sector.
En 2019 visitaron España cerca de 84 millones de turistas internacionales, es evidente que estaremos muy lejos de alcanzar esa cifra en 2020, pero es necesario impulsar y articular herramientas que amortigüen la caída provocada por la crisis
del coronavirus.
Si el turismo español no logra comenzar a recuperar la actividad este verano, se calcula desde diversos ámbitos que se podrían perder 124.000 millones de euros, el 81,4 % de todo el negocio de 2020 y miles de puestos de trabajo.
El Gobierno de España, al contrario de lo que están haciendo los países de nuestro entorno y competidores nuestros, ha tomado unas medidas que no harán más que espantar al turismo, como imponer una cuarentena de dos semanas a todo aquel que
pise suelo español. Si a esto le añadimos las continuas rectificaciones, improvisaciones o palabras de desprecio al turismo de miembros del ejecutivo, nos encontramos en un panorama nada alentador para los que dependen directa o indirectamente de
este sector.
Francia, Italia, Portugal o Alemania están impulsando medidas de calada para que su sector turístico salga lo más fortalecido posible de la crisis del coronavirus, medidas excepcionales, como lo es la coyuntura, que contrasta con la posición
del gobierno español sobre las grandes empresas nacionales de un sector a la que una parte del ejecutivo abiertamente y sin rubor le desprecia.
Las consecuencias de estas posturas diferentes según el país previsiblemente se traducirán en que el tejido turístico empresarial español y nuestros destinos quedarán debilitados, en un entorno agresivo y en clara desventaja competitiva, en
el que además la falta de ayudas específicas para el turismo en España previsiblemente debilitará un empleo con más garantías.
Los representantes empresariales turísticos así como los destinos han sido ignorados permanentemente a la hora de tomar decisiones que le afectaban, al contrario del resto de grandes países del mundo, pese a que en ellos el turismo tiene un
peso menor en la economía que el que tiene España.
La decisión de obligar a una cuarentena obligatoria para todo aquel que entre en España puede conducir a un verano 'catastrófico' para España, tal y como han calificado los agentes del sector, ya que la planificación de vuelos y hoteles de
los grandes mercados europeos (Reino Unido y Alemania son nuestros principales emisores, con un 40 % de los turistas extranjeros) se está realizando ahora, con varios meses de antelación, y el mensaje de esta cuarentena puede acabar por disuadir a
los grandes operadores turísticos ingleses y alemanes que podrían apostar por ir a lo 'seguro', si Chipre, Grecia, Malta o Italia están mandando mensajes de confianza y seguridad para atraer viajeros alemanes y España decreta una cuarentena, se
puede producir una fuga de viajeros a esos destinos.
Los mensajes que en materia turística viene lanzando el Gobierno de España en las últimas semanas suponen una clara desventaja competitiva frente a otros países, más si cabe si se toman decisiones y aprueban medidas 24 horas de que desde la
Comisión Europea se lance una respuesta conjunta para la recuperación del sector más importante de nuestra economía.
La misma aboga por el establecimiento de corredores seguros entre países con situaciones epidemiológicas similares, dentro de un plan de tres fases para reactivar el turismo, muy castigado por la pandemia de la COVID-19.
El plan presentado la pasada semana en Bruselas, establece que ese proceso debe hacerse de forma coordinada, concertada y no discriminatoria, y atendiendo a criterios de proporcionalidad y no discriminación, para salvar al menos parte de la
temporada de verano en la UE, donde la industria del turismo representa en torno al 10 % del PIB.
El apoyo gubernamental al turismo es fundamental y desde el Gobierno se debe apostar por una estrategia ambiciosa y acorde a lo que ESPAÑA representa en el mundo como destino turístico, deben articularse medidas que contribuyan a recuperar
el rumbo mientras se mantienen las recomendaciones sanitarias y se apuesta por destinos y entornos seguros y saludables.
Es necesario reactivar los viajes de forma segura, mediante la homologación de los protocolos que garanticen la higiene de instalaciones y, sobre todo, la salud y la confianza de los turistas para volver a viajar. Es de vital importancia
unificar esfuerzos entre el sector público y privado, para tomar acciones conjuntas que beneficien a esta industria, que en España da empleo a más de 3 millones de personas y representa más del 15 % del PIB nacional.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.° Establecer corredores seguros turísticos entre países con situaciones epidemiológicas similares trabajando conjuntamente con la UE, prestando especial atención a los mercados turísticos especialmente importantes para España.
2.° Eliminar el periodo de cuarentena impuesto a todas las personas que lleguen del extranjero a España mediante la Orden SND/403/2020 de 11 de mayo.
3.° Facilitar a todos los operadores los instrumentos que sean necesarios para garantizar el libre movimiento entre países dentro de los parámetros de seguridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2020.-Teodoro García Egea, Agustín Almodóbar Barceló, Isabel María Borrego Cortés, Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados,
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para impulsar incentivos en la adquisición de
tecnología tendente a facilitar el trabajo a distancia lo que ayudará a empresas y a autónomos y reactivará el consumo, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. El pasado 27 de marzo, el Grupo Parlamentario VOX presentó una Proposición no de Ley ante esta Cámara en la que se pretendía instar al Gobierno a estudiar e implementar el teletrabajo como herramienta social de inclusión y
conciliación familiar, entre otras ventajas.
Recientemente, el Gobierno ha anunciado su intención de prolongar el teletrabajo hasta el próximo mes de julio, llegando la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a exponer en el Congreso de los Diputados el pasado día 21 de
abril las ventajas del teletrabajo, concluyendo que 'no es una solución de emergencia. Ha venido para quedarse'.
Asimismo, anunció la intención del Gobierno de proceder a la regulación de esta modalidad de trabajo, contenida hasta ahora en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, y pidió a los grupos parlamentarios que se unieran en la
regulación.
Hay que tener en cuenta que el teletrabajo ha tenido dos modalidades: la permanente y la ocasional, dependiendo la primera del tipo de contrato laboral, y la segunda de algún suceso que aconsejara de forma muy puntual y no continua prestar
servicios a distancia. En cualquiera de los casos, la voluntariedad del mismo es un elemento necesario. Sin embargo, en las actuales circunstancias del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha surgido una tercera
forma de teletrabajo: la causada por una epidemia o pandemia, provocando la necesidad de trabajar sin contacto con otras personas para evitar contagios, lo que viene impuesto y no depende de una negociación empresa-trabajador.
Segundo. Desde que se decretara el estado de alarma se puede decir que el teletrabajo está funcionando relativamente sin problemas, teniendo en cuenta lo precipitado de la medida en la que no se
dio margen a las empresas a preparar una estrategia o una infraestructura que diera soporte a ese teletrabajo. Sin embargo, una vez más, los españoles han dado muestras de su capacidad de adaptación.
Durante el año 2019, solo un 4,3% de los trabajadores se conectaba a distancia para el desempeño de su trabajo, según Eurostat; estando en la línea de países como el Reino Unido pero muy lejos de Finlandia o los Países Bajos, que rozaban el
15% de los trabajadores. Una encuesta de Adecco para el último trimestre de ese año, indicaba un aumento en el número de trabajadores españoles que prestaban sus servicios a distancia.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística de la EPA de 2019 revelan que el 90,7% de los ocupados no trabajó ningún día en su domicilio particular. Solamente el 4,8% de los españoles trabajó en casa más de la mitad de los días,
mientras que el 3,5% lo hizo ocasionalmente.
La otra cara de la moneda es que, según un estudio de Randstad, solo el 22% de la población activa puede realizar su trabajo a distancia, unos cuatro millones y medio de trabajadores. En líneas generales, estos niveles se deben al tipo de
empleo como principal factor. Si bien, el teletrabajo es bien acogido por los trabajadores (en torno al 70% lo preferiría según el estudio de esa compañía; y de entre estos la inmensa mayoría de los menores de 45 años), solo un poco más de la
mitad considera que en su empresa se dan las circunstancias técnicas y materiales para poder trabajar desde casa.
Tercero. Con el teletrabajo en las empresas se produce un aumento de la pro-ductividad y un ahorro en cuanto a la necesidad de un espacio físico donde desarrollar la actividad. Los trabajadores valoran la posibilidad de conciliación
familiar, ahorro de tiempo en los desplazamientos y mayor autonomía en la gestión del trabajo. Mientras que hay otros aspectos como: falta de límites claros entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal del trabajador, lo que influye
negativamente en una sana conciliación, y la prevención de riesgos laborales que es de difícil regulación.
A pesar de las ventajas, los inconvenientes están ganando peso debido a un factor que no se mostraba en su totalidad y que, por las circunstancias apremiantes con que el estado de alarma obligó al teletrabajo, se ha agravado de forma
considerable. Este factor no es otro que el relativo a las herramientas de trabajo; esto es, los medios técnicos y materiales con los que el trabajador está realizando su trabajo a distancia.
Es cierto que la pandemia ha conseguido, en cuanto a digitalización, más que la propia normativa, sin embargo, ha sido sin un plan y sin una evaluación más que la que proporcionan los hechos.
Dejando a un lado el estrés y que muchos trabajadores se han visto afectados por el virus de forma directa o a través de sus allegados, la situación del teletrabajo se ha desarrollado en la unidad familiar, con los hijos y mayores en casa,
compartiendo equipos y todo sin una capacitación previa, sin protocolos, sin un soporte adecuado y con unas comunicaciones en muchos casos deficientes, especialmente en el mundo rural.
Muchas personas están prestando sus servicios desde sus domicilios con sus propios ordenadores particulares, sus teléfonos móviles, empleando sus líneas telefónicas y conexiones a internet, lo que se traduce en un aumento del gasto para el
trabajador. Aunque hay casos en los que la empresa sí ha dotado de ordenadores y herramientas, pero en numerosas ocasiones las conexiones son sufragadas por el propio trabajador.
El propio Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, prevé que el empresario debe facilitar las medidas y medios oportunos para hacer posible el
trabajo a distancia, 'al objeto de que las relaciones de trabajo se presten con normalidad'. Así lo señala expresamente su artículo 5, bajo la rúbrica 'carácter preferente del trabajo a distancia', según el cual:
'Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en la presente norma tienen como objetivos prioritarios garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación de
excepcionalidad sanitaria.
En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y
razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.
Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la
evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.'
Como regla general, por tanto, la empresa es quien tiene que hacerse cargo de todos los gastos que conlleve el teletrabajo de cada empleado, tanto técnicos, como línea de teléfono o Wifi, como ergonómicos (mobiliario de oficina).
Antes de la declaración del estado de alarma, esta modalidad de trabajo se realizaba mediante contratos entre la empresa y el trabajador donde se recogían estas cuestiones y, en otros casos, derivaban de la negociación colectiva. No
obstante, y como antes se señalaba, la premura con que se adoptó el actual Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, hizo que estas cuestiones quedaran en el aire ante lo deficiente y ambigua redacción de esta norma.
Además, en el contexto actual en el que el teletrabajo básicamente se impone para garantizar la protección de la salud del trabajador, debe aclararse que los costes derivados de la obligación de adoptar las medidas necesarias en materia de
prevención de riesgos laborales no deberían recaer en modo alguno sobre los trabajadores tal y como expresamente prevé el artículo 14.5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cuarto. Por otro lado, es cierto que en su disposición adicional octava se crea el Plan ACELERA, mediante el cual se establece una colaboración público privada muy beneficiosa para las PYMES. Sin embargo, la dotación de 200 millones se
queda corta en cuanto a que las necesidades son muchas.
Por ello, se hace necesario ampliar la dotación de las líneas ICO en función de las necesidades que presenten las empresas, atendiendo a sus demandas. Y, asimismo, es fundamental dar la necesaria publicidad para que los empresarios tengan
conocimiento de este plan.
Para el caso de agotarse la dotación anunciada en el Real Decreto-ley 8/2020, sería necesaria la creación de un Plan ACELERA II, con mayor dotación e incorporando las necesidades de los empresarios a la vista del funcionamiento del primer
plan. En ese sentido hacer un estudio de las necesidades planteadas para buscar soluciones ajustadas, entre las que se debería implementar en primer lugar la simplificación de los trámites para facilitar su accesibilidad.
Por eso, mientras se ajusta la economía a la nueva situación, se hace imprescindible que la Administración colabore para facilitar el teletrabajo. Es una oportunidad para impulsar la transformación y renovación tecnológica de nuestras
empresas, la competitividad y el desarrollo de nuevos métodos de trabajo y de negocio tan necesario para nuestro tejido empresarial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar incentivos en la adquisición de tecnología tendente a facilitar el trabajo a distancia, lo que ayudará a empresas y a autónomos y reactivará el consumo, para lo que se proponen las
siguientes medidas:
1. Impulso del Plan ACELERA y, una vez agotado el mismo, creación de un Plan ACELERA II, con financiación ICO para la renovación tecnológica de empresas con la finalidad de mejorar el teletrabajo.
2. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la modificación de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de aplicar un tipo reducido del IVA a los servicios y equipos y material informático y herramientas orientadas al teletrabajo.
3. Estudio de un sistema que permita que los gastos en conexiones móviles que asume el trabajador sea abonado por la empresa para la que presta servicios.
4. Creación de incentivos para empresas que desarrollen sistemas que faciliten el teletrabajo, tales como programas de seguridad en línea, registro de jornada, telecomunicaciones y videoconferencias, procedimientos para asegurar la salud
laboral y cuantos otros sean necesarios para facilitar el teletrabajo e impulsar la competitividad y el desarrollo tecnológico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, María de la Cabeza Ruiz Solás, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la apertura progresiva y coordinada de las
fronteras y la reactivación del transporte de turistas comunitarios, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Muchas de las zonas de nuestro país más dependientes del turismo también son aquellas menos afectadas por la crisis de la COVID-19. Según los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia realizado por el Instituto de Salud Carlos
III, entre nuestras provincias costeras, Huelva, Cádiz, Almería, Murcia y Tarragona, en el Mediterráneo y A Coruña, Asturias y las Islas Canarias en el Atlántico la incidencia del virus no ha superado el 2% de la población. Mientras que, en
Pontevedra, Girona, Castellón, Valencia, Alicante, Granada y las Islas Baleares, el porcentaje de población afectada no alcanza el 3%. Esto unido a la positiva evolución de la provincia de Málaga y Cantabria, hace que prácticamente la totalidad de
nuestra costa Mediterránea y Atlántica se encuentre en condiciones ventajosas para poder reactivar la actividad turística.
Sin embargo, para que la actividad turística vuelva a nuestro país, primero tienen que volver los turistas, y para ello, necesitamos abrir nuestras fronteras y facilitar la llegada de turistas europeos.
Varios organismos ya se han pronunciado sobre este asunto y han emitido recomendaciones sobre el levantamiento de las restricciones a viajar junto con guías y protocolos para hacerlo de una forma segura y coordinada.
Según el informe de recomendaciones publicado el pasado 13 de abril por la Comisión Europea, en una primera fase, los controles de los viajes y los controles fronterizos deberán levantarse progresivamente en toda la UE si la evolución
epidemiológica en Europa mantiene su tendencia positiva actual, en particular cuando se alcance un nivel suficientemente bajo de transmisión de forma coordinada. Si no es posible hacerlo inmediatamente, deberán levantarse los controles fronterizos
y las restricciones de los viajes en las regiones, zonas y Estados miembros con una evolución positiva y una situación epidemiológica suficientemente similar de forma coordinada y consensuada. En el mismo documento, la Comisión Europea establece
que, para aportar mayor certidumbre y transparencia, los países miembros deberán comunicar al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) datos epidemiológicos para elaborar un mapa actualizado sobre la situación de la
COVID-19 en la UE.
Si evaluamos la situación epidemiológica en la que se encuentran muchas de nuestras provincias y Comunidades Autónomas, encontramos que, por ejemplo, Las Islas Canarias presenta datos similares a los de Portugal (uno de los ejemplos a seguir
en el continente europeo) en cuando a la letalidad, el número de infectados por millón de habitantes y la evolución de nuevos casos en los últimos días o, los datos ofrecidos por las Islas Baleares son mejores que los de Alemania, Países Bajos o
Dinamarca.
Si evaluamos el número de muertos por cada 100.000 habitantes, Canarias se sitúa al mismo nivel que Noruega, Alemania se podría comparar con Murcia, Baleares con Suiza, o la Comunidad Valencia con Irlanda del Norte. Todos ellos ejemplos
europeos del buen hacer y la gestión eficiente de la pandemia.
Con esta información, la estrategia del Gobierno de España de mantener cerrados al turismo europeo los grandes focos de turismo internacional de nuestro país, es ciertamente discutible y se hace, aún menos entendible, la aplicación de
medidas que, si bien es cierto que hubieran sido útiles para prevenir la llegada del virus a nuestro país, como la cuarentena para los viajeros llegados de extranjeros, se convierte en un nuevo palo en la rueda de la recuperación económica.
Resulta incomprensible que el Gobierno haya decretado la prohibición de movimiento dentro del territorio nacional, pero el propio Gobierno no está aprovechando la principal ventaja que le da esa decisión. Asimismo, otras medidas
implementadas de manera unilateral, como la obligación de cuarentena para aquellos viajeros que llegan a España, no es más que una muestra más de la descoordinación que impera en la toma de decisiones del Gobierno, con la consecuente reciprocidad
que Francia ha establecido para los viajeros españoles.
Las recomendaciones no solo se han emitido en el ámbito fronterizo, sino también en lo relacionado con los transportes y los movimientos de personas y en los establecimientos turísticos y comerciales,
incluyendo protocolos exhaustivos para la reactivación del transporte de pasajeros, hoteles, restaurantes y otros establecimientos.
En lo relativo al transporte, el documento publicado por las autoridades europeas establece que se deben identificar opciones de movilidad seguras que permitan el movimiento de personas evitando de esta manera prohibiciones generalizadas de
los servicios de transporte.
La Comisión Europea basa su estrategia de reactivación del transporte en la proporcionalidad, prevención y monitorización. Utilizando estos tres principios se recomiendan ciertas acciones para proteger la seguridad de trabajadores y
pasajeros como la limitación de aforos en los transportes que sea posible, el mantenimiento de la distancia social, medidas reforzadas de protección cuando la distancia recomendada no sea posible, limpieza frecuente de los vehículos, el uso de apps
de rastreo, digitalización de los procesos relacionados con el viaje, lavado de manos o refuerzo de los sistemas de ventilación. Estas recomendaciones son de fácil implementación, pero requieren planificación y recursos, dos factores que, hasta
ahora no han sido mencionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o por las autoridades aeroportuarias.
En esta línea, la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) ha producido una serie de documentos y recomendaciones para poder reiniciar el transporte aéreo internacional de pasajeros a través de lo que se denominan corredores de
salud pública o corredores sanitarios. Estos corredores sanitarios están basados en cinco principios:
- Están alineados con las recomendaciones respecto a la COVID-19 emitidos por la Organización Mundial de la Salud.
- Están basados en un enfoque de riesgo aplicado específicamente al entorno operacional de la aviación.
- Toma en consideración principios de gestión de la seguridad.
- Emplea guías elaboradas en colaboración con los agentes del sector de la aviación y autoridades sanitarias.
- Permite monitorear los avances científicos y adaptar las condiciones, acorde a los cambios producidos.
Entre las instituciones u organismos que han conformado el grupo de trabajo dentro de la OACI denominado CAPSCA (Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation) se encuentran la Agencia
Europea de Seguridad Aérea (EASA), IATA, ACI, US Centers for Disease Control and Prevention, entre otros, además de gobiernos y empresas del sector. Este grupo de trabajo ha elaborado diferentes protocolos exhaustivos para cada uno de los agentes e
infraestructuras implicadas en el proceso del viaje:
- Tripulación.
- Vehículos.
- Infraestructuras de Transporte.
- Pasajeros.
- Mercancías.
Sin lugar a duda, los recursos son múltiples y las recomendaciones son claras. Sin embargo, el Gobierno no parece estar interesado en reabrir una de las industrias más importantes de nuestro país sino en imponer trabas a la elaboración
consensuada, coordinada, eficaz y ágil de soluciones para la apertura temprana de nuestras fronteras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
- La apertura, coordinada con las instituciones de la Unión Europea y el resto de los Estados miembros, de las conexiones aéreas de las provincias que se encuentren, al menos, en Fase II con otros países y regiones que presenten datos
epidemiológicos similares, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea.
- La eliminación de la restricción de movimiento entre provincias en territorio nacional con el mismo estatus epidemiológico, evitando, de esta forma que aquellas provincias con mejores datos queden aisladas por no contar con aeropuertos
internacionales para la llegada de turistas.
- Reapertura de los aeropuertos internacionales en las áreas donde se haya reestablecido la libertad de movimiento con otros países y regiones europeas para facilitar la llegada de turistas.
- Garantizar la seguridad de turistas, trabajadores del transporte y del sector turístico implantando los protocolos elaborados por la Comisión Europea y otros organismos internacionales sectoriales.
- Establecer los sistemas de seguridad en los destinos turísticos contenidos en los protocolos elaborados por la Comisión Europea para la seguridad en los establecimientos, lugares de ocio y espacios públicos.
- Avance hacia la apertura coordinada de fronteras, en línea con la desescalada iniciada ya por las provincias españolas, en base a la situación epidemiológica y económica tal y como ha recomendado la Comisión Europea, siguiendo los
criterios de prudencia y proporcionalidad.
- Refuerzo de las conductas de prevención como el mantenimiento de la distancia de seguridad, el lavado de manos frecuente, el uso de mascarillas en lugares públicos o la limpieza exhaustiva, entre otros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. Rubén Silvano Manso Olivar, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley
relativa a la adopción de medidas necesarias para dar cobertura los empresarios feriantes, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. A lo largo del periodo de vigencia del 'estado de alarma' en que nos encontramos, han sido varias las ocasiones en que el Gobierno de la Nación ha decretado diversas medidas económicas para hacer frente al COVID-19. Salvo las
medidas generales, no se ha dictado ninguna que proteja al sector de los empresarios feriantes que, por las especiales características de su actividad, se han visto especialmente afectados.
La declaración de dicho estado excepcional coincidió con el inicio de la temporada de festejos y ferias populares, quedando las mismas suspendidas. Concretamente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 10, referido a las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales establecimientos y actividades
recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales, señala expresamente en su apartado 5 que 'se suspende asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares'.
Segundo. Estas celebraciones públicas suponen una parte importante del turismo, concretamente del turismo de interior. A su vez, estas fiestas son uno de los vehículos más importantes de expansión y protección de la cultura popular, donde
las atracciones que ofrecen los feriantes son parte indispensable de estos acontecimientos. Las ferias constituyen un bien de interés cultural que debemos preservar. Esto requerirá salvar el sector empresarial de feriantes que se enfrenta a un año
completo sin ingresos.
El panorama que se presenta no es nada alentador dado que se han suprimido ferias, verbenas, etc., ya confirmadas, hasta el mes de julio. Algunos ayuntamientos posponen sus decisiones para otras que se celebrarán a lo largo del mes de
agosto. Aún es pronto para tomarlas sobre aquellas que se celebrarán a
partir de estas últimas fechas, pero todo parece indicar que este sector será uno de los últimos que abrirá sus puertas al público por motivos obvios, por lo que se confirma que este será un difícil año para los empresarios feriantes,
quienes no saben a qué atenerse, ya que desde el Gobierno nadie les ofrece soluciones ni responden a las comunicaciones que han remitido al Ejecutivo.
Los servicios que se prestan en estas ferias abarcan desde la restauración hasta el entretenimiento, con pequeños ingenios mecánicos o el circo. Los prestadores de estos servicios, los feriantes, constituyen una población industriosa y muy
esforzada que durante los meses que dura esta actividad, adopta un estilo de vida nómada que resulta muy sacrificado y costoso, en el que emplea muchas horas a lo largo del día y que le provee de su modo de vida para el resto del año, cuando no lo
tienen que complementar con otra profesión durante los meses de inactividad ferial.
Tercero. Por otro lado, lo peculiar de su trabajo hace que queden regulados de una forma un tanto dispersa, en la mayoría de las ocasiones a nivel local. Además, no solo por los ayuntamientos que los contratan sino por quienes proporcionan
las preceptivas autorizaciones para que puedan ejercer su actividad. Por eso han sido también muchas las iniciativas ciudadanas y de asociaciones que se han puesto en marcha para solicitar de las distintas administraciones del Estado medidas de
todo tipo que mejoren su situación, y han dirigido al Gobierno una serie de propuestas de las que se han excluido algunas propias de la administración local.
Algunos Ayuntamientos han puesto en marcha diversas campañas y propuestas para ayudar al sector de los empresarios feriantes. Diferentes medidas que ponen de manifiesto la dificultad y burocracia en materia de territorialidad, lo que genera
trabas e incertidumbre en cuanto al marco regulatorio.
Por último, debemos considerar que este sector de la población aglutina a familias que contribuyen a la economía local y al presupuesto municipal a través de sus impuestos, y que tienen presencia en todo el ámbito nacional.
Cuarto. El colectivo de feriantes supone un número de entre cincuenta y setenta mil empresarios, según diversas fuentes. El sector de feriantes en Andalucía, por ejemplo, emplea a entre 15.000 y 20.000 familias y comienza a primeros de
abril en Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz, para concluir a finales de octubre en San Pedro de Alcántara, en la provincia de Málaga. Estos pequeños empresarios ofrecen mucho empleo durante los meses que dura su actividad. Algunos de
ellos en los servicios de restauración llegan a contratar hasta cincuenta camareros diarios.
Su trabajo es muy particular y en la mayoría de los casos se trata de negocios familiares donde todos participan y que la mayoría de las veces pasan de padres a hijos, por lo que los números de personas implicadas en este trabajo puede
quedar distorsionado.
Este sector, además, sufre la temporalidad, por lo que únicamente tienen ingresos durante la temporada de festejos, mientras que los gastos se producen a lo largo del año. Justo cuando se salía de ese periodo de inactividad se ha producido
la suspensión de actividades lúdicas sine die, ya que nadie asegura cuándo se reanudarán, ni mucho menos en qué condiciones.
Quinto. La falta de ingresos por la inactividad se suma a las deudas contraídas para afrontar la nueva temporada que ha quedado en suspenso o perdida, mantenimiento de maquinarias, seguros de todo tipo, alquiler de naves para sus vehículos,
material y maquinaria, certificados técnicos, etc.
La gran mayoría son trabajadores autónomos, de los cuales algunos se han acogido a las medidas del estado de alarma que, una vez levantado, los llevará a no tener ingreso alguno, ya que no hay previsión de que se reanude la temporada de
ferias y festejos.
Sin embargo, para otros muchos la situación es peor, por cuanto que al tratarse de una actividad con fuerte estacionalidad, una vez acabada la temporada causan baja en el RETA desde el mes de octubre hasta marzo o abril, viéndose muchos
atrapados en el estado de alarma sin estar activos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, no pudiendo acogerse a las ayudas establecidas en las medidas derivadas del estado de alarma, viéndose imposibilitados a poder trabajar y obtener
ingresos.
También hay que tener en cuenta las inversiones que han realizado para el inicio de una temporada que se ha visto truncada por el virus de Wuhan y la falta de previsión del Gobierno, que deja al margen de consideración a todo este sector.
Las principales reivindicaciones que hace el sector son coincidentes en gran medida con las que plantean otros sectores. Así, entre otras medidas, solicitan la exoneración de impuestos como el de circulación para los vehículos destinados a
su actividad o el IBI para los locales donde guardan sus atracciones, enseres y vehículos; un aplazamiento del IBI de sus viviendas durante un año; o la rebaja de los recibos de agua, electricidad y gas. Pero lo que necesitan principalmente es
saber si van a poder
trabajar en algún momento de esta temporada, para lo que solicitan un compromiso para negociar futuras ferias que todavía se puedan realizar, y un apoyo para que su actividad se pueda desarrollar de forma segura y con unas condiciones
económicas razonables.
Por ese motivo, el Grupo Parlamentario VOX insta al Gobierno a que trabaje en la implementación de una serie de medidas para apoyar a los empresarios feriantes que han visto gravemente afectada su actividad como consecuencia de la crisis
económica y sanitaria generada por la COVID-19.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar las condiciones por las que se pueda reanudar la temporada de ferias y festejos populares y, entretanto, a adoptar las medidas necesarias para dar cobertura a los empresarios
feriantes y atender sus reivindicaciones, y concretamente las siguientes:
1. Promover, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, mecanismos que posibiliten la devolución íntegra de las tasas anticipadas de las ferias suspendidas por causa de la emergencia sanitaria del COVID y que ya
han sido abonadas total o parcialmente.
2. Eliminación de la obligación para el sector de practicar retenciones a cuentas del IRPF y de realizar pagos a cuenta del Impuesto de sociedades durante el ejercicio 2020.
3. Incluir todos los negocios del sector de las ferias de atracciones dentro de una misma agrupación, en concreto la 98, del Impuesto de Actividades Económicas (IAE): Parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el
espectáculo. Organización de congresos. Parques o recintos feriales.
4. Aplicación del denominado 'IVA cultural' a las actividades feriales que no gocen ya de un tipo reducido por IVA, y la devolución, por consiguiente, de la calificación cultural al sector.
5. Reconocimiento de la prestación extraordinaria para trabajadores por cuenta propia a todos los feriantes que estuvieran dados de alta a 31 de agosto de 2019, con independencia de que se hayan mantenido de alta en el RETA o hayan
suspendido temporalmente su situación en dicho régimen con posterioridad, como ocurre con frecuencia en los meses de inactividad, salvo que les corresponda otra prestación en otro régimen, con el objetivo de paliar los efectos negativos sobre sus
negocios de la pandemia del COVID-19.
6. Establecimiento de reducciones en las contribuciones empresariales a la Seguridad Social durante los ejercicios 2020 y 2021 por los trabajadores que pudieran llegar a contratar.
7. Devolución trimestral de los importes pagados por el Impuesto de Venta a Minoristas de Determinados Hidrocarburos por el consumo de combustible para la realización de la actividad ferial.
8. Promover, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los representantes del sector de los feriantes, la creación de una mesa de trabajo, a fin de articular un plan específico de desescalada que tenga en cuenta las peculiaridades del
citado sector.
9. Bonificación durante los ejercicios de 2020-2021 de los certificados de Inspección Técnica de Vehículos para los utilizados en la actividad ferial.
10. Habilitar los mecanismos necesarios que permitan a los ayuntamientos aplicar la máxima bonificación que permita el Ley Reguladora de las Haciendas Locales de los Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica de los vehículos utilizados
en la actividad ferial durante los ejercicios 2020 y 2021.
11. Habilitar los mecanismos necesarios que permitan a los ayuntamientos aplicar la máxima bonificación que permita la Ley de Haciendas Locales del Impuesto de Bienes Inmuebles de los inmuebles utilizados para el aparcamiento de los
vehículos y almacenamiento de las instalaciones utilizadas en la actividad ferial durante los ejercicios 2020 y 2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Silvano Manso Olivar, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás y José María Figaredo Álvarez-Sala,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El turismo está siendo uno de los sectores más afectados por las consecuencias de la crisis sanitaria derivada de la expansión del virus COVID-19. Según un informe publicado por la Organización Mundial del Turismo a comienzos de abril, el
96 % de los destinos del mundo han introducido restricciones a los viajes en respuesta a la pandemia. Alrededor de 90 destinos han cerrado total o parcialmente sus fronteras a los turistas, mientras que otros 40 se encuentran cerrados a ciertos
turistas, dependiendo del país de origen. Igualmente, el proceso de desescalada relativo a las medidas de restricción a la movilidad y las previsiones de aperturas de establecimientos y de uso de espacios públicos, tanto a nivel nacional como
internacional, proyectan un escenario caracterizado por un descenso importante de la demanda en el sector del turismo. Este hecho puede tener un impacto muy negativo en el sector turístico, sobre todo si las previsiones actuales se materializan
durante la temporada de verano.
El sector del turismo representa alrededor del 12,3 % del PIB y el 12,7 % del empleo nacional. Más allá de la paralización de la actividad en el sector como consecuencia de las medidas de contención de la COVID-19, la crisis impactará a lo
largo de este año en el sector turístico principalmente a través de dos vías.
Por un lado, la principal fuente de ingresos del sector depende de la llegada de turistas extranjeros. Con las medidas dirigidas a la restricción de la movilidad internacional que se están estableciendo en diferentes países, parece poco
previsible alcanzar una cifra elevada de llegadas de turistas extranjeros en la temporada de verano, más si cabe cuando el alojamiento principal del turismo internacional se concentra en el sector hotelero, que por sus características puede suponer
un foco de elevado riesgo de contagio. Según datos ofrecidos por el INE, entre junio y septiembre de 2019 el número de turistas no residentes en España alcanzó una cifra de 37.752.292 de personas, y el gasto que efectuaron fue de 43.146.714.165
euros.
Por otro lado, respecto al turismo realizado por residentes, la caída abrupta de la renta como consecuencia del impacto de la crisis en el empleo y la consecuente merma de la capacidad de consumo, unido a los reajustes que las empresas
pueden realizar en materia de calendario laboral a lo largo del año como resultado de las medidas que se están aplicando actualmente, pueden ocasionar un escenario de fuerte caída de la demanda de turistas residentes, especialmente en la temporada
de verano.
En un escenario en el que no se contempla una desescalada del turismo antes de finales de año, según estimaciones realizadas por EXCELTUR el PIB turístico en España podría descender a fines del 2020 en hasta-124.150 millones de euros de
actividad, lo que supondría una caída del 81,4 % sobre el total de la actividad turística tanto directa como indirecta con respecto a 2019. Esto tendría un enorme impacto negativo sobre el tejido productivo del sector, compuesto mayoritariamente
por pequeñas y medianas empresas y autónomos, así como sobre el empleo, afectando especialmente a la región costera del Mediterráneo y a las islas, cuya actividad económica es altamente dependiente del turismo.
Como medida de apoyo, contemplada en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del covid-19, desde el Gobierno se amplió la línea de financiación Thomas Cook para
atender al conjunto de empresas establecidas en España incluidas en determinados sectores económicos vinculados al turismo. Por un lado, dicha línea de financiación se extendió a todas las empresas y trabajadores autónomos establecidos en España y
encuadrados en los sectores económicos definidos en la disposición adicional primera, vinculados al sector turístico y actividades conexas. Asimismo, la línea de financiación se amplió de los 100 millones de euros iniciales hasta los 200 millones
de euros, que con una garantía por parte del Estado del 50 % de los créditos dispuestos de la línea ICO, permite dar cobertura a una línea de financiación ampliada de hasta 400 millones de euros.
En el nuevo escenario diagnosticado a partir del cual se proyecta una revisión negativa de las expectativas para el sector turístico a lo largo de este año, la cuantía que supone la línea de financiación de hasta 400 millones de euros
previsiblemente resulte insuficiente. Asimismo, el importe máximo al que
puede acceder cada cliente al año, cifrado en 500.000 euros, también resulta limitado. Además, las actividades económicas cuyas empresas se pueden beneficiar de este apoyo financiero, que viene regulado en la disposición adicional primera,
excluye algunas actividades relacionadas con el turismo que también se verán afectadas negativamente.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ampliar con efecto inmediato la línea de financiación Thomas Cook, ya sea incrementando exclusivamente la cuantía que actualmente se cifra en 200 millones de euros o complementando un incremento de la cuantía con una ampliación de la
garantía del 50 % al 80 % para pymes y autónomos, que por sus características pueden atravesar una situación de mayor vulnerabilidad en esta coyuntura. De esta manera, con el aumento de las garantías por parte del ICO se extendería la cobertura y
por tanto se ampliaría la línea de financiación a la que podrían optar las empresas del sector.
2. Establecer mecanismos de condicionalidad en la concesión de garantías por parte del ICO en esta línea de financiación que vayan dirigidas a fijar como contrapartida por parte de las entidades solicitantes el mantenimiento de los niveles
de empleo y la salvaguarda de la calidad del mismo. Este sector está caracterizado por la generación de unos niveles de empleo muy fluctuantes y de unas elevadas condiciones de precariedad contractual, por lo que esta política pública debe marcarse
como uno de sus objetivos la protección del empleo y, por tanto, de las rentas del colectivo de trabajadores y trabajadoras. En este sentido, se deberá diseñar y fijar unos criterios de condicionalidad en las ayudas relacionados con la protección
del empleo.
3. Ampliar la cobertura de actividades que se pueden acoger a esta línea de financiación a sectores vinculados al turismo o actividades conexas que se pueden ver gravemente afectados por la crisis y que no se contemplan en la disposición
adicional primera del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo. En concreto, a las actividades encuadradas en el Código CNAE 9104. Asimismo, pese a que la actividad referenciada en el Código CNAE '5530.- Campings y aparcamientos para caravanas' en
principio no se incluyó como potencial beneficiaria de la línea de financiación, posteriormente se publicó en el BOE una corrección de errores, con fecha 25 de marzo, en la que finalmente se añadió. Su inclusión como actividad potencialmente
beneficiaria de la línea de financiación se debe actualizar en la tabla que publicita el ICO en su portal web.
4. Habilitar mediante tramos u otros mecanismos distintas vías de acceso a la línea de financiación que discriminen o reserven cuantías específicas a empresas en función de su tipología, diferenciando entre pymes y autónomos, por un lado, y
grandes empresas, por otro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2020.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para una nueva formulación del
modelo de Residencias de mayores, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Exposición de motivos
En los últimos años, el envejecimiento de la población española, junto a los cambios culturales y de forma de vida de las familias, generó que el sector de las residencias de mayores viviera una fuerte expansión.
En estos momentos, la crisis del COVID ha provocado que salgan a la luz las enormes carencias del modelo residencial en nuestro Estado. Este virus ha impactado gravemente sobre las residencias de mayores. La tasa de mortalidad ha sido
escandalosa: han fallecido 14.000 personas ancianas en residencias, lo que supone el 67 % de fallecidas del total por el virus. El virus también ha tenido efectos sobre el personal que trabaja en estos centros, que lo constituyen en un 90 %
mujeres precarizadas.
En definitiva, el coronavirus ha desnudado las vergüenzas de los centros residenciales para personas mayores y ha dejado al descubierto el insostenible modelo de cuidado de personas mayores imperante en España.
Si miramos a nuestro alrededor, a los países de nuestro entorno, España se caracteriza por un bajo gasto público en este tipo de servicios. Según los datos del OCDE, España destina un 0,7 % del PIB al gasto en servicios sociales de atención
a la dependencia, muy lejos de los niveles de otros países europeos como Francia (1,34 %), Alemania (1,28 %), Bélgica (2 %), Suecia (2,66 %). En el mismo sentido, el nivel de cobertura, es decir, las plazas por cada 1.000 personas mayores de 65
años, y el volumen de población que se dedica a estos servicios nos sitúa a la baja en relación con los estados europeos.
A este déficits de carácter estructural, se añade en los últimos años un proceso de privatización del sector. Son muchas las residencias financiadas con dinero público pero gestionadas por entidades privadas, donde ha ido creciendo el peso
de las grandes empresas en detrimento de las entidades del tercer sector. Son estos inversores, que en su mayoría son extranjeros, quienes han visto en España un gran nicho de negocio, comprando o construyendo residencias.
El desarrollo más reciente del sistema de residencias se inserta en una corriente hegemónica, la llamada 'colaboración público-privada', que se ha usado para poner recursos públicos al servicio de entidades privadas que acumulan beneficios
prestando estos servicios. Si nos fijamos en los datos, en 2019, en España hay 372.985 plazas en residencias; 271.696 se encuentran en centros privados (lo que supone el 72,8 %) y 101.289 en públicos (27,1 %). El número de plazas concertadas
asciende a 87.000 y algo más de 35.000 son gestionadas en concesión. Esto significa que hay, aproximadamente, 112.000 plazas que financian las administraciones públicas para que el servicio lo presten otros actores.
La privatización y mercantilización de los cuidados han ido convirtiendo progresivamente el modelo de residencias de cuidados de mayores en una suerte de factorías de atención no personalizadas, orientadas por la lógica mercantil y
gestionadas por fondos de inversión no especializados. Esto ha hecho que trabajadoras y personas expertas señalen que las muertes en las residencias son solo la punta del iceberg de un sistema de cuidados que prioriza lo económico sobre los
derechos de las personas en la última etapa de sus vidas.
En todo caso, antes de que llegara la emergencia sanitaria, ya se habían producido denuncias respecto al modelo de residencias implantado en España. Entre las principales críticas, se encuentra la desigualdad entre regiones, la falta
crónica de personal -tanto en las públicas como en las privadas-, la precariedad laboral -fruto del escaso valor que se le da al trabajo de cuidados- y la escasez de recursos. La crisis del coronavirus no ha hecho más que poner sobre la mesa todos
estos problemas, que se han agravado con la emergencia sanitaria, poniendo al límite los recursos humanos y materiales con que cuentan estos centros.
Así mismo, la falta de transparencia y la mala gestión de la información ha supuesto un añadido al desconcierto de las familias de las personas residentes. La protección del buen nombre de las empresas no puede estar por encima de la
protección de la salud pública y de los derechos de los usuarios. A esta opacidad en la provisión de servicios en las residencias se une la opacidad en el procedimiento del sistema de concesión utilizado.
Por todo ello, el control público, la transparencia, la rendición de cuentas de la gestión, y las inspecciones son indispensables si se quiere instaurar un modelo de cuidados de calidad, centrado en la persona y confiable.
Esta lógica neoliberal de prioridad de acumulación de ganancias sobre un modelo que garantice el cuidado centrado en la persona y en sus necesidades, entra en conflicto, entre otros, con el derecho a la protección de la salud, recogido en el
artículo 43 de nuestra norma normarum. En este precepto se establece que 'compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios'.
En definitiva, se ha constatado durante esta crisis la necesidad urgente de repensar el modelo de residencias de mayores; sus carencias no solo tienen que ver solo con las privatizaciones o con la falta de recursos económicos y humanos sino
con la inadecuación del modelo en general. A día de hoy, estos centros se encuentran muy lejos de parecerse al hogar, a un lugar donde vivir como en casa. Por lo tanto, es el propio modelo el que tiene que ser revisado en profundidad.
Por último, merece la pena advertir de que los efectos del coronavirus han provocado que se lleve a cabo una re-medicalización de los centros de cuidados. Sin dejar a un lado la mejor coordinación socio-sanitaria y el derecho a la salud, no
se puede caer en el error de desvirtuar el fin principal de estos centros, que es proporcionar cuidados adecuados que respeten y potencien la autonomía de las personas.
Aunque la actual emergencia sanitaria exija esta medicalización, las residencias no pueden derivar en un modelo sanitario-institucional donde las personas pierden el control de sus vidas y no son el centro del cuidado. Los servicios
existentes son los que deben adaptarse a las personas, sus gustos, sus preferencias y sus proyectos y no al revés. El nuevo modelo debe caminar hada la garantía de la seguridad, la salud, la autonomía y la calidad de vida de las personas
residentes, cuidando a su vez de que los centros no se conviertan en una especie de hospitales, sino que se mantengan fieles al lema 'vivir como en casa'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un sistema de residencias público, universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración, mediante diferentes fórmulas, con el Tercer sector o con la comunidad.
El sistema de cuidados de personas mayores debe ser en un modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP), que respete y fomente la autonomía y la dignidad de las personas y que articule unos servicios que se adapten a las necesidades de las
personas, y no al revés. Los entornos residenciales deben caminar hacia modelos hogar.
2. Procurar una eficiente coordinación y asignación conjunta en las prestaciones entre Salud y Servicios Sociales, aplicando un modelo de cuidados que respete la autonomía, dignidad y preferencias de cada persona, evitando así modelos que
lo institucionalicen.
3. Asegurar la transparencia en la gestión de los servicios residenciales y reforzar los mecanismos de inspección y control necesarios. Para ello, y atendiendo al compromiso derivado del Acuerdo de Gobierno, será necesario la elaboración
de un Programa de Acreditación de Calidad de Residencias de Mayores, en colaboración con las CCAA.
4. Revalorizar y dignificar el trabajo de cuidados, garantizando un salario adecuado y suficiente a las trabajadoras de las residencias en un marco laboral que asegure que el desempeño de su trabajo se desarrolle en condiciones seguras y
con todos los medios de protección necesarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Santiago Abascal Conde, D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Reyes Romero Vilches y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Presidente, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección y fomento de la toponimia tradicional castellana, para su discusión en la
Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. El artículo 3.1 de la Constitución Española dispone que:
'1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.'
La finalidad de este precepto es evidente: las distintas lenguas de España forman parte de su patrimonio cultural e inmaterial. Son lenguas españolas tanto como el castellano y, por ello, deben ser convenientemente protegidas por el Estado
como una de las innumerables riquezas de nuestra Nación.
Segundo. El transcurso de nuestra democracia ha supuesto que los distintos Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Popular (PP) hayan cedido en incontables ámbitos al marco y a las aspiraciones de los
nacionalismos separatistas. En diversas regiones españolas, el Estado ha renunciado a estar presente y a proponer las bases de un futuro común en unidad y diversidad. Antes al contrario, se ha dejado que los conceptos de convivencia y de
diversidad se interpreten en esas zonas como negación de España y como odio a nuestra Nación.
Centrándonos en el ámbito estrictamente lingüístico, pese a los términos claros del referido precepto constitucional, las llamadas 'políticas', 'modelos' o 'sistemas' lingüísticos de ciertas Comunidades Autónomas han generado problemas, lo
que el referido artículo 3 quiso evitar tratando de asegurar la convivencia de una lengua común, el castellano, con posibles lenguas propias en ciertas regiones 5.
Lo anterior tiene como consecuencia que ese rico patrimonio, que debería ser motivo de orgullo para todos, se ha utilizado como arma arrojadiza, como campo de batalla y como instrumento para construir determinados discursos con fines
políticos. Se pervierte, así, la función del lenguaje como herramienta comunicativa, que es su funcionalidad prioritaria, y los distintos idiomas españoles se utilizan por los separatistas para excluir, para enfrentar, para señalar.
Tercero. Durante muchos siglos, el uso cotidiano y literario de la lengua española consagró una riquísima toponimia que no se circunscribe a la geografía de los actuales límites nacionales. Al contrario, los cinco continentes guardan
vestigios de la enorme influencia española en la historia: aún hoy pueden encontrarse nombres de países, islas, ríos, ciudades, montañas o lagos que tienen origen hispánico. Tal riqueza constituye un patrimonio cultural reconocido y admirado en el
mundo entero.
A pesar de lo anterior, y de forma paradójica, el uso de los topónimos en castellano de algunos municipios y provincias españoles ha sido reemplazado por el topónimo en la lengua cooficial correspondiente. La lengua de todos está siendo
excluida en favor de un discurso identitario y los poderes públicos del Estado no hacen nada por evitarlo.
Este intento de aniquilación de la lengua de todos ha cristalizado en distintas leyes estatales y autonómicas que retuercen la interpretación del artículo 3.3 de la Constitución Española. Así:
- Ley gallega 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística.
Artículo 10.1: 'Los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega'.
- Ley 2/1992, de 28 de febrero, por la que pasan a denominarse oficialmente Girona y Lleida las provincias de Gerona y Lérida, aprobada durante la presidencia de don Felipe González Márquez.
- Ley balear 3/1986, de 19 de abril, de Normalización Lingüística.
Artículo 14.1: 'Los topónimos de las islas Baleares tienen como única forma oficial la catalana'.
- Ley 13/1997, de 25 de abril, por la que pasa a denominarse oficialmente liles Balears la provincia de Baleares, aprobada en la primera legislatura de mandato de don José María Aznar López.
5 En la jurisprudencia constitucional hay llamadas a la'racionalidad y proporcionalidad' en la exigencia del bilingüismo (STC 82/1986), desde la afirmación de que el régimen de cooficialidad lingüística presupone 'no solo la coexistencia
sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales' y del 'derecho de todos a no ser discriminados por el uso de una de lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma' (STC 337/1994).
- Ley catalana 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística.
Artículo 18.1: 'Los topónimos de Cataluña tienen como única forma oficial la catalana, de acuerdo con la normativa lingüística del Institut d'Estudis Catalans, excepto los del Valle de Aran, que tienen la aranesa'.
- Ley 2/1998, 3 de marzo, sobre el cambio de denominación de las provincias de La Coruña y Orense, también en la primera legislatura del Partido Popular.
- Ley catalana 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Aran.
- Ley 19/2011, de 5 de julio, por la que pasan a denominarse oficialmente 'Araba/Álava', 'Gipuzkoa' y 'Bizkaia' las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente 'Álava', 'Guipúzcoa' y 'Vizcaya', en los últimos meses de mandato de don
José Luis Rodríguez Zapatero.
Otras normas, con mejor criterio, han establecido el bilingüismo como forma de designar los distintos lugares de su geografía. Así, la Ley vasca 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera (artículo 10.1), la
Ley Foral navarra 18/1986, de 15 de diciembre, del vascuence o la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano (aunque el bable no tiene el carácter de cooficial).
Cuarto. De lo anterior se observa que numerosas normas con rango legal, además de otras muchas con inferior jerarquía, han permitido y fomentado que se proscriba el uso del castellano y establecido que la única denominación oficial sea la
de la lengua vernácula. Ello se ha hecho de forma desconectada de la realidad, que en muchos casos implica que el uso popular continúe siendo el del topónimo castellano tradicional. Así, como consecuencia de estas leyes se han borrado del
ordenamiento jurídico, como si nunca hubieran existido, topónimos castellanos de amplio uso aún hoy como Lérida, Gerona, Orense o Fuenterrabía.
Con este arrinconamiento del castellano se soslaya el 'equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales' (STC 31/2010) y se obvia el mandato constitucional de proteger la 'riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de
España'. Se busca con ello favorecer a un idioma por criterios exclusivamente políticos y falsamente identitarios, con el objetivo de imponer su uso en detrimento del castellano, única lengua respecto de la cual la Constitución impone a todos los
españoles el deber de conocimiento.
Así las cosas, existe un riesgo evidente de que las nuevas generaciones de españoles no lleguen siquiera a conocer los topónimos tradicionales en castellano, que en muchas ocasiones proceden del latín. El idioma materno de 400 millones de
hablantes en el mundo es excluido en su propio país.
Quinto. El Grupo Parlamentario VOX considera que es necesario que el Gobierno de la Nación adopte un conjunto coherente de medidas para garantizar de una vez por todas el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución Española, asegurando
el fin del arrinconamiento que sufren el castellano y los castellano-hablantes en no pocas regiones de España.
En este sentido, se entiende conveniente regular el uso de la toponimia tradicional castellana en todo el territorio nacional, a fin de que sea oficial en toda España y de que comparta dicha oficialidad con la de las otras lenguas españolas
allá donde estas existan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. A garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución Española en materia de toponimia y denominaciones oficiales y, en consecuencia, el derecho de todos los españoles a no ser discriminados por usar el castellano, lengua
oficial del Estado.
2. A regular mediante ley el uso de la toponimia tradicional castellana en todo el territorio nacional, a fin de que sea oficial en toda España y de que comparta este carácter con la de las restantes lenguas españolas propias de la
correspondiente región.
3. En consecuencia, a restaurar la doble denominación, en castellano y en la lengua vernácula respectiva, de aquellas entidades territoriales que hayan sido desprovistas de ella, promoviendo a tal efecto la derogación de las normas que
hayan materializado la exclusión del castellano.
4. Asimismo, a fomentar el uso de la toponimia tradicional castellana en todo el territorio nacional, en tanto 'instrumento para la concreción de la denominación geográfica de los territorios', como es calificada por la Ley 10/2015, de 26
de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
5. A adoptar las medidas necesarias en materia de régimen local para que, manteniéndose en los municipios la competencia para 'el cambio de nombre de este', se conserve la toponimia tradicional castellana junto con la correspondiente a la
lengua cooficial.
6. A garantizar que las normas reguladoras del Registro de Entidades Locales, del Registro Central de Cartografía y del Sistema Cartográfico Nacional exigen para la válida inscripción, registro e incorporación de una determinada
denominación, al menos, su versión en castellano, como lengua oficial del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-María de los Reyes Romero Vilches y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al desarrollo e
implementación del Protocolo de actuación frente al acoso sexual en el ámbito de la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
La Constitución española reconoce como derechos fundamentales la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1), la igualdad y la no discriminación por razón de
sexo en sentido amplio (art. 14), el derecho a la vida y la dignidad física y moral, así como a no ser sometidos a tratos degradantes (art. 15), el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1). El
artículo 35.1 de la Constitución incorpora a su vez el derecho a la no discriminación por razón de sexo en el ámbito de las relaciones de trabajo.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, da un gran paso prohibiendo expresamente el acoso sexual y el acoso por razón del sexo, así como definiendo estas conductas (arts. 7, 8, 48, 62).
Establece específicamente en su artículo 62 y Disposición Final Sexta, el compromiso de las administraciones públicas de negociar con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación para la prevención del acoso
sexual y del acoso por razón de sexo.
Por otra parte, el artículo 95.2 de La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, aplicable a las empleadas y empleados públicos que trabajen en la Administración General del Estado (AGE), tipifica como falta muy
grave toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral.
Como complemento de este conjunto de iniciativas normativas, dirigidas todas ellas a promover un mayor y mejor cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores -en este caso, de las trabajadoras y trabajadores públicos- y, haciéndose
eco del compromiso recogido en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del Diálogo Social 2010-2012, se firmó el 27 de julio de 2011 en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el acuerdo
sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito de la AGE y de los Organismos Públicos vinculados a ella.
De esta manera, mediante Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, se aprobó el mencionado acuerdo, en el que se establece que toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto.
La Administración, todo su personal, incluyendo a sus representantes, deben procurar un entorno laboral libre de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. En concreto, sus órganos y personal directivo deben proveer de todos los medios a su
alcance para prevenir, evitar, y en su caso detectar y eliminar cualquier situación de acosos o acoso por razón de sexo, así como sancionar cualquier conducta que lleve
a tales situaciones, garantizando en todo caso que la asistencia y protección de las víctimas se realiza siguiendo los principios de sigilo, respeto profesionalidad, objetividad e imparcialidad y celeridad.
En el propio acuerdo y en la Resolución de la Secretaría de Estado se establecía que el contenido se aplicaría a través de un Real Decreto de aplicación obligatoria en la AGE y organismos vinculados y dependientes de ella, que desde entonces
está pendiente de aprobación y publicación.
Dicha obligación se recoge igualmente en la Medida 46 del II Plan de Igualdad de la AGE, acordado por el Consejo de Ministros el 20 de noviembre de 2015.
Habiendo transcurrido más de siete años desde la firma de este Acuerdo, y más de diez de la aprobación de la ley de igualdad, no es posible retrasar más la aplicación efectiva de este Protocolo, máxime en estos momentos en los que las
políticas de lucha frente a toda expresión de violencia machista deberían ser toda una prioridad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar y publicar el Real Decreto que recoja el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de la Administración General, relativo al Protocolo de actuación frente al acoso sexual y
al acoso por razón de sexo en el Ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella, continuando con lo negociado en 2011 a este respecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Ricardo Chamorro Delmo en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley de medidas de protección contra la avispa asiática (Vespa Velutina) y contra la avispa asesina (Vespa Mandarinia), para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y
Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Desde hace varios años España viene sufriendo la invasión de un insecto asiático que pone en riesgo tanto el ecosistema terrestre como la salud de todos los españoles. Los primeros avistamientos de la avispa asiática (Vespa
Velutina) en España se remontan al año 2010, pese a que ya se tenía noticia de su presencia en Francia en 2005 y, desde entonces, no ha recibido ni la atención, ni los recursos, ni los medios necesarios por parte de las administraciones y de los
poderes públicos.
Segundo. Las investigaciones científicas han revelado que se trata de una avispa originaria de Asia (del norte de la India y de China), de gran resistencia y potencial invasor, que podría haber llegado a nuestro país a través de cargamentos
del comercio internacional. Además, la falta en nuestro ecosistema de un predador de esta avispa complica su erradicación natural.
Tercero. Según se tiene constancia, es una especie que ha conseguido arraigar en los territorios del norte peninsular debido a la vegetación y a la humedad de estas zonas, pero también en otras zonas del pirineo español. Es más, pese a los
primeros indicios, se han detectado importantes enjambres de esta avispa, perfectamente adaptados, en núcleos urbanos y zonas costeras del Mediterráneo.
Cuarto. El peligro que supone esta avispa reside en su mayor envergadura frente a las avispas españolas. Las avispas reina asiáticas pueden llegar a medir hasta 3,5 cm de largo y las avispas obreras 2,5 cm, por tanto, dos centímetros más
que los ejemplares de avispa común (Vespuía Vulgaris),
de avispón (Vespa Crabró) y de abeja europea (Apis Mellifera). Por este motivo, la cantidad de veneno que son capaces de inyectar es claramente superior al de los himenópteros autóctonos.
Quinto. Tampoco podemos dejar de lado el peligro que suponen sus nidos. El nido de la avispa asiática puede medir entre 70 y 90 cm. de altura y 40 y 70 cm. de diámetro, por lo que alcanza varios kilos de peso. Además, la avispa asiática
suele colocar sus nidos en lugares elevados a más de diez metros del suelo, e incluso a más de veinte metros, lo que hace de ellos un potencial peligro para cualquiera. Por ello, es importante detectar los nidos primarios que son los primeros que
se construyen y que, por su menor tamaño, son más fáciles de controlar y eliminar.
Sexto. Además, aunque la avispa asiática se alimenta de insectos pequeños del campo, es común que esta avispa también se alimente de abejas, cuya carne utiliza para alimentar a sus larvas que, unido a que es una especie muy agresiva con
otros especímenes, pone en peligro la producción apícola nacional. Según se tiene constancia, solo en Galicia la producción de miel ha caído un 40 %.
Séptimo. Si observamos los datos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) estimó en 2014 que esta avispa era responsable de la destrucción, al menos, del 30 % de las colmenas. Hoy, las cifras de destrucción de
colmenas por culpa de la avispa asiática se cifran entre un 50 % y un 60 %. Una verdadera crisis para el sector apícola español.
Octavo. Las avispas asiáticas son también un problema de salud pública. Como se ha explicado, su mayor tamaño genera que la cantidad de veneno que inyectan sea mayor y, por tanto, mayor es la probabilidad de muerte, sobre todo en personas
de edad superior.
Según informa la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), el número de muertes por picaduras de la avispa asiática ha aumentado en los últimos años, en especial en aquellas regiones donde, además de ser
mayoritariamente rurales, están envejecidas.
Noveno. Por estos motivos, el MAGRAMA aprobó en 2014 una Estrategia para el control, gestión y posible erradicación del Avispón asiático o Avispa negra (Vespa velutina ssp. nigrithorax) en España con el objetivo de prevenir, controlar y
erradicar esta especie invasora. Además, ese mismo año, se procedió a su inclusión en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras por ser un verdadero problema para el ecosistema, por ser una depredadora no autóctona de insectos; para la economía,
por afectar a la apicultura y a la horticultura; y para la salud, por ser un peligro para las personas.
Décimo. Sin embargo, años después de la aprobación de esta Estrategia y de su inclusión en el Catálogo, la situación no ha mejorado. El área de hábitat de esta especie ha avanzado, y ya está presente en más lugares de la geografía
española, y los daños por esta avispa también aumentan cada año. Los objetivos, por tanto, de esa Estrategia no se han cumplido.
Undécimo. Por si no fuese poco con la avispa asiática, en estos primeros meses del 2020 se ha identificado en algunos países occidentales la presencia de una nueva especie de avispa asiática (Vespa Mandarinia) que por su tamaño (5 cm) es el
mayor avispón del mundo, y que por su comportamiento agresivo se ha denominado como avispa asesina.
Duodécimo. Originaria de Japón, la presencia de esta avispa ya es alarmante en algunos países, como Estados Unidos, que han adoptado medidas urgentes y específicas para combatir la seria amenaza que supone. Es más, en Japón mueren en torno
a cincuenta personas todos los años por su picadora que, según la Universidad Estatal de Washington, es letal incluso para los que no son alérgicos.
Decimotercero. De esta manera, la avispa asiática supone un grave problema para la economía de numerosas zonas y un gran peligro para la salud de los ciudadanos. Una especie himenóptera que ha logrado asentarse e invadir gran parte del
ecosistema español y que requiere que todos los poderes públicos tomen las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida de todos los españoles, máxime cuando España podría recibir la venida de otra especie más grande, más letal y más
peligrosa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Adoptar un Plan Nacional de lucha contra la avispa asiática (Vespa Velutina) y contra la avispa asesina (Vespa Mandarinia).
2. Elaborar y coordinar planes de control y erradicación de estos himenópteros con las Comunidades Autónomas.
3. Impulsar programas de prevención de esta especie mediante la erradicación de los nidos primarios, que se suelen formar durante los meses de febrero y marzo, porque facilita la lucha contra esta especie.
4. Establecer ayudas de financiación a los apicultores españoles afectados por la presencia de avispas asiáticas (Vespa Velutina).
5. Adoptar medidas de prevención frente a la llegada de la avispa asesina (Vespa Mandarinia).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa al desarrollo de un Plan de impulso a la reindustrialización verde y la reorientación del modelo productivo.
Exposición de motivos
La crisis sanitaria de la COVID-19 y las excepcionales y necesarias medidas adoptadas para hacerle frente, han situado a la economía española ante su súper-dependencia del ladrillo y el turismo.
Sin embargo, esta trágica situación abre una ventana de oportunidad para avanzar en la descarbonización de la economía y reorientar nuestro tejido productivo e industrial hacia el empleo verde. Son empleos que mejoran nuestro entorno
social, mejorando, a la vez, nuestro entorno natural (ahorrando energía y materias primas, utilizando energías limpias, reduciendo los desechos y la contaminación y protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas).
A nivel global, según el Banco Mundial, una transición general hacia economías con baja emisión de carbono y resilientes al cambio climático podría generar 26 billones de dólares en beneficios económicos globales hasta 2030. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) afirma que las acciones para limitar la temperatura del planeta a 2 °C facilitarán la creación de 24 millones de nuevos empleos en todo el mundo para el año 2030, lo que equivale a la creación de cuatro empleos por
cada uno perdido en los sectores del carbón y del petróleo.
La transición energética a un sistema eléctrico libre de emisiones brinda una nueva oportunidad de relanzar la competitividad de la industria española, realizándola sobre fundamentos económicos y tecnológicos sólidos. La industria nacional
de bienes de equipos eléctricos, al igual que las de las energías renovables, se sitúan entre las mejores del mundo, compitiendo en mercados internacionales, demostrando capacidad de innovación, desarrollo de productos punteros y alta
competitividad.
Uno de los sectores con mayor potencial para la creación de empleo en este ámbito es la rehabilitación energética de vivienda y edificios. Conlleva, entre otros objetivos, la mejora de la eficiencia energética de los mismos. La reducción
de la demanda energética mediante la incorporación de aislamiento y otras medidas pasivas, la sustitución de equipos (medidas activas) por otros más eficientes de menor consumo o la incorporación de fuentes de energía renovable para satisfacer la
demanda, son algunas de las actuaciones principales de una rehabilitación energética. En su conjunto, emprender una rehabilitación, tiene una serie de ventajas económicas, sociales y ambientales tanto para el propietario o conjunto de propietarios
que emprenda la renovación, como a nivel global. Entre otras, el gran potencial para la generación de empleo, directo e indirecto, fundamentalmente en el sector de las energías renovables.
La Agencia internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) publicó el pasado 2 de abril el informe sobre la Perspectiva Global de Energías Renovables, en el que corrobora que, además de un futuro energético
ambientalmente sostenible, la apuesta por las renovables promete nuevos modelos de desarrollo socioeconómico.
Los cambios en la orientación de la inversión contemplados en esta perspectiva aumentarían los empleos en el sector de las renovables hasta los 42 millones a escala mundial de aquí a 2050, cuatro veces más que en la actualidad. Los empleos
en el sector de la energía en general alcanzarían ¡os 100 millones en 2050, unos 40 millones más que en la actualidad. La transición generaría 7 millones de empleos nuevos en todos los sectores de la economía en comparación con los planes actuales.
Habría beneficios para la salud y el medio ambiente, así como grandes mejoras del bienestar humano, en todas las regiones del mundo.
España es un país privilegiado en recursos, tecnología, conocimientos técnicos e industria renovable. En 2008, la energía renovable daba trabajo a 143.000 personas, entre empleo directo e indirecto; ahora, la cifra apenas llega a los
81.294 empleos en términos globales en 2018 (teniendo en cuenta los datos aportados por el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España para el año 2018, de APPA Renovables).
Sin embargo, impulsar las medidas necesarias para llevar a cabo una verdadera transición energética, con un horizonte 100 % renovable, (sin carbón ni nucleares) y según cálculos desarrollados por Greenpeace, supondría un ahorro medio de un
34 % en la factura energética de los hogares, generaría más de tres millones de empleos ligados a la construcción de nuevas centrales energéticas y un crecimiento anual de dos puntos en el PIB.
Impulsar sectores como las energías renovables, la industria verde, el reciclaje, la economía de los cuidados o la gestión y cuidado de nuestros espacios protegidos, puede servir para generar millones de empleos, y alejarnos de la actual
super-dependencia del turismo o del ladrillo.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Elevar los objetivos de penetración de renovables (Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, 45 % y de un 60 % en el año 2040, llegando al 100 % en el año 2050) y
la potencia instalada (al menos 5.000 MW de instalaciones renovables cada año) para impulsar la transición ecológica y, a la vez la generación de empleo asociado.
2. Desarrollar un Pian Nacional de Rehabilitación de Viviendas, que establezca, el objetivo marcado por el PNIEC de llegar en el año 2030 a rehabilitar 300.000 viviendas al año con una distribución territorial acordada con las Comunidades
Autónomas a través del órgano de cooperación por el que se realice la gestión del Plan, siguiendo criterios sociales, asegurando el retorno social y sin encarecer los precios de los alquileres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2020.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Comun, .
161/000885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Comun, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa a la transformación verde de la economía para salir de la crisis.
Exposición de motivos
La emergencia sanitaria, de manera comprensible, ocupa ahora la agenda y el esfuerzo político y comunicativo, y ha aplazado algunos otros compromisos legislativos, como por ejemplo, la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, que, dentro del paquete de medidas aprobado en la declaración de emergencia climática, estaba comprometida para los cien primeros días de legislatura.
Sin duda, en estos momentos la prioridad es afrontar la emergencia sanitaria, detener la expansión del virus y luchar por salvar todas las vidas posibles. Pero después de la emergencia será necesario replantearse la prevención y lucha
contra futuras pandemias. Para eso es fundamental entender los procesos que pueden originar esta y otras epidemias globales que nos han afectado en los últimos años, asumiendo el vínculo entre la salud de las personas, los animales y los
ecosistemas.
Nos encontramos ante una crisis de salud pública que en realidad está directamente vinculada a una crisis de la salud del planeta y de pérdida de biodiversidad.
La salida de la crisis del coronavirus debe servir de impulso a un nuevo modelo en el que se promuevan políticas verdes que generen empleo en un escenario donde la sostenibilidad sea un objetivo prioritario.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Condicionar la distribución de fondos de estímulo y rescate desde la Administración General del Estado hacia el sector privado, para aquellos sectores económicos que estén en disposición de reorientar su producción, a criterios que
fomenten una transición ecológica justa.
2. Impulsar una reforma fiscal verde, que favorezca la inversión en actuaciones que contribuyan a alcanzar los objetivos medioambientales marcados por los diferentes planes, estrategias y programas estatales y autonómicos, en materia de
gestión forestal, mitigación y adaptación al cambio climático, economía circular, biodiversidad, calidad ambiental, energías renovables, uso de madera estructural para construcción, y cualquier otro que se considere alineado con los compromisos
medioambientales adquiridos por España.
3. Establecer un indicativo público de sostenibilidad para inversores sobre la base de los ya establecidos en las diferentes estrategias, planes y programas sectoriales aprobados.
4. Aumentar la inversión pública, e impulsar la necesaria implicación económica por parte del sector privado, en la lucha contra la emergencia climática y en favor de la biodiversidad, atendiendo a criterios ecológicos, económicos y de
salud pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2020.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Comun,.
Comisión de Cultura y Deporte
161/000871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la desescalada de las
Instalaciones Deportivas Privadas de España, para su debate en la Comisión de Cultura y Deportes.
Exposición de motivos
Los últimos años han producido una transformación de los hábitos de la población, y, en la actualidad, son ya 26 millones de españoles los que practican de forma periódica deporte y ejercicio físico. El deporte español es un fenómeno social
que, además, se ha convertido en un gran incentivo económico en todos los ámbitos.
El Anuario de Estadísticas Deportivas de 2019, publicado por el Ministerio de Cultura y Deporte, estableció que en 2018 eran 214.000 los empleos vinculados al deporte; 34.529 empresas tenían como actividad principal el deporte, la gestión
de instalaciones deportivas como gimnasios, o las propias de los clubes deportivos, empresas dedicadas al comercio al por menor de artículos deportivos o a la fabricación de los citados artículos.
Especial interés genera el dato del gasto de los hogares vinculado al deporte: en 2017 fue de 5.686,5 M, siendo el gasto medio por hogar de 307,2 euros y el gasto medio por persona de 123,4 euros.
Pero el deporte también es salud. Según la Encuesta Nacional de Salud en España de 2017, la inactividad física contribuye de manera sustancial a la carga global de enfermedad, muerte y discapacidad. La actividad física practicada con
regularidad reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión, siendo un factor determinante en el control del peso. La obesidad afecta en
España a más del 17 % de la población adulta y a uno de cada diez menores.
Tras el estallido de la crisis sanitaria de la COVID-19 y la entrada en vigor del estado de alarma, el único ejercicio físico que los ciudadanos han podido realizar ha sido dentro de sus domicilios y mediante las plataformas virtuales o
máquinas de gimnasio propias. Este confinamiento ha generado la necesidad de hacer deporte y ejercicio físico para mantener una buena salud física y psíquica que muchas personas no han podido llevar a cabo.
Pero la crisis sanitaria del COVID-19 ha supuesto también el cierre temporal de instalaciones deportivas de toda España; el riesgo que corren la mayoría de estas empresas es que el cierre temporal se convierta en un cierre definitivo ante
las dificultades de la reapertura, la falta de clientes o las exigencias de interpretación de los protocolos sanitarios aprobados por el Gobierno de España.
Antes del 14 de marzo, nuestro país contaba con más de 4.000 instalaciones deportivas privadas y 5,5 millones de usuarios acudían periódicamente a hacer ejercicio en esas instalaciones, suponiendo todo ello más de 2.000 M de facturación
anuales, además de miles de puestos de trabajo.
En definitiva, en torno al deporte y al ejercicio físico, se había generado una industria mediante la cual fomentar decididamente el acceso a la actividad física y luchar contra el sedentarismo y la obesidad, pero en estos momentos esa
industria, con todos sus beneficios, directos e indirectos, corre un alto riesgo de desaparición.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Diseñar un protocolo sanitario especial de 'reapertura de instalaciones deportivas privadas (gimnasios privados)', concretando los recursos necesarios de protección personal ante los posibles contagios por COVID-19, tanto materiales como
personales.
2. Diseñar y poner en marcha una campaña de información institucional en la que se promuevan los hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte, dirigida a la sociedad en general y, en especial, a la población infantil, población con
enfermedades crónicas o afectados por el sedentarismo. La campaña ensalzará la importancia de hacer ejercicio físico y deporte dirigido por licenciados y graduados en Educación Física que desarrollan su profesión por cuenta propia o en las
instalaciones deportivas privadas de España (gimnasios privados).
3. Crear incentivos para la digitalización, la adaptación a la nueva economía y la mejora de la competitividad en las instalaciones deportivas privadas de España.
4. Facilitar la reapertura o reapertura de las instalaciones adaptando a sus singulares circunstancias la normativa laboral y fiscal vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2020.-Javier Merino Martínez, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Marta González Vázquez, Óscar Gamazo Micó, José Alberto Herrero Bono, Miguel Ángel Castellón Rubio, Diego Movellán Lombilla y
Elena Castillo López, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la reconstrucción del deporte
amateur mediante la creación de un 'bono-deporte' dirigido a la reincorporación de la población española a la práctica del deporte tras la crisis epidémica de la COVID-19, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La crisis epidémica del coronavirus ha provocado una parálisis del deporte en España. Esto afecta a la realidad deportiva de nuestro país, dibujando nuevos retos y perspectivas en este sector, que han de plasmarse en el programa y la hoja
de ruta legislativa del gobierno de España.
Uno de los pilares fundamentales es el deporte entre el conjunto de la ciudadanía, el de la mayoría social. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS - 2010), en España practican deporte en torno al 40 % de la población, es
decir, alrededor de 19 millones de personas. Con lo cual, en este mes de confinamiento, millones de personas se han visto obligadas a cambiar sus pautas de práctica deportiva. Una parte de esos deportistas se han adaptado a la nueva situación, es
decir, que el ciclista habitual ahora hace rodillo en casa, que quien acude frecuentemente al gimnasio ahora utiliza una app de aerobic frente al televisor y que quien antes salía a correr al parque ahora utiliza una cinta que ha comprado por
Internet en casa. Pero, por otra parte, los expertos también apuntan que determinados grupos sociales -sobre todo, rentas bajas, personas mayores, mujeres y personas discapacitadas-, se habrán encontrado limitados para realizar deporte durante este
periodo; algo que no hace más que agrandar la brecha deportiva. Siendo tan relevante la actividad deportiva para la mejora de la salud y el bienestar físico, psíquico y social, la limitación a su acceso no hace más que perpetuar la desigualdad
social entre los mismos grupos poblacionales.
En lo que concierne a las rentas bajas, su previsible afección se evidencia en el hecho de que, como muestra la Encuesta de Hábitos Deportivos en España (CIS), mientras que entre las clases medias y altas en torno al 26 % disponen en casa de
aparatos de ejercitación (bicicleta estática, remos estáticos, etc.) y musculación (pesas, máquinas de discos..), entre las clases obreras apenas dispone de estos aparatos un 17 %; una diferencia de casi 10 puntos que puede plasmarse en una
previsible desigualdad en la práctica deportiva en esta coyuntura, más aún si pensamos que entre las clases obreras en torno al 65 % de las personas no realizan deporte, mientras que entre las clases medias y medias altas lo realizan alrededor del
50 %; por lo tanto, ese margen de desigualdad en la práctica deportiva entre grupos sociales puede haberse ampliado.
Con respecto a la población mayor (más de 65 años) su afección provocada por el COVID-19 seguramente sea muy importante, dado que es una población que, según el CIS, prácticamente no realiza deporte en casa (apenas lo hace un 13 % del
total), sino en instalaciones públicas a través de programas deportivos para personas mayores (en torno al 53 %) y en lugares abiertos como parques y jardines (un 40 %). Al haberse cerrado al público dichas instalaciones y los espacios verdes, esta
población, que ya de por sí realiza menos deporte que cualquier otro grupo de edad (apenas lo hacen 2 de cada 10 personas con más de 65 años), pues se habrá encontrado prácticamente impedida para la práctica deportiva. Y ello habrá repercutido
negativamente en su estado de salud y bienestar.
En las mujeres, la incidencia del COVID-19 en sus hábitos de práctica deportiva puede haber producido un gran impacto. Existen casi 20 puntos de diferencia de práctica deportiva entre hombres y mujeres (50-30). En segundo lugar, porque la
mayoría de los deportes que practican las mujeres (natación, gimnasia, aeróbic, pilates, mantenimiento, etc.) tienen lugar en centros deportivos o gimnasios, que en este tiempo han estado cerrados. Y, además, porque aún hoy la mujer se encuentra
constreñida por el triple rol femenino (reproductivo, doméstico y laboral), situación que cabe presumir que durante el confinamiento se habrá acusado, al tener en casa durante todo el tiempo a hijos en edad escolar o personas mayores dependientes y
ser líderes en cuidados.
En la población con discapacidad existen en torno a 2 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. De ese número, según el CSD, apenas 17.614 personas practican deporte, representando apenas un 0,5 % del total de la población
con discapacidad. Para realizar deporte, esta
población requiere como ninguna otra de instalaciones y equipamientos especializados libres de barreras arquitectónicas.
Siendo el pilar social esencial del sistema deportivo español la población que practica deporte urge situar en las prioridades políticas del gobierno a esos casi 19 millones de personas que lo practican, a través de medidas de impulso para
ello. Con las medidas que en esa iniciativa proponemos, perseguimos, en primer lugar, ofrecer a la población española la posibilidad de recuperarse a nivel físico, psíquico y social, a través del deporte, sobre todo a las que más dificultades han
podido encontrar para practicarlo. En segundo lugar, contribuir a la refinanciación de los ingresos de los servicios municipales deportivos, o bien de los gimnasios y centros deportivos privados, de tal forma que se garantizaría así la recuperación
de empleo y la reactivación de la actividad económica en el sector. En tercer lugar, favoreciendo la mejora de la salud, la calidad de vida y el bienestar entre la población, reduciríamos los costes sanitarios por la atención de la población debido
a enfermedades generadas por el sedentarismo y la inactividad.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un 'bono-deporte' de estímulo para que la población española se reincorpore a la actividad deportiva, estableciendo criterios de renta y priorizando perfiles sociodemográficos y
médicos, conforme a criterios técnicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.
161/000888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para el impulso de un Pacto de Estado por la Cultura, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Una sociedad avanzada es aquella en la que el talento, la creación y la cultura son objeto de reconocimiento y estímulo por su valor. En la cultura tenemos una gran oportunidad de impulso económico y de creación de empleo, pasando este a
ser un sector determinante para el cambio de modelo de crecimiento que tenga en el talento, el conocimiento y la creatividad sus principales cimientos de crecimiento.
Aprovechar ese enorme potencial exige poner el acento más importante en el papel de los artistas, creadores y trabajadores de la cultura, aportándoles unas condiciones justas, ajustadas a su realidad y con garantías eficaces para el
desarrollo de su actividad. La protección, el cuidado y el fomento de la condición de artista y creador nos ha guiado en nuestros trabajos desde el Grupo Parlamentario Socialista, reivindicando reformas y mejoras en los marcos normativos que en
España se aplican a los profesionales del mundo de la cultura y las artes.
En nuestra labor política las artes, en su concepción más amplia y completa, son parte integrante de la vida, por lo que consideramos que en la labor de nuestros gobiernos es necesario y conveniente contribuir a crear y mantener un clima
propicio de libertad de expresión artística, así como dotar de las suficientes y necesarias condiciones materiales que faciliten la manifestación de este talento creador.
En el Partido Socialista estamos convencidos en la necesidad de promover un gran pacto de país por la Cultura, que haga de la misma una prioridad política, que proteja e impulse su actividad, que apoye la creación, que contribuya al
desarrollo de las industrias culturales y de la creatividad, y que permita al sector aumentar su influencia en la sociedad, afianzando un modelo sostenible para su crecimiento.
Recientemente, el ministro de Cultura y Deporte celebró una reunión sectorial con los consejeros de Cultura de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la voluntad de
impulsar un gran acuerdo con el sector para el diseño y desarrollo de medidas que permitan recuperar la cultura durante la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 y avanzar en propuestas de futuro.
El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista están dispuestos a liderar este gran Pacto de país por la cultura, pero, en este contexto de crisis total, es necesario que lo hagamos entre todos, comprometiéndonos en mantener un diálogo
abierto con las demás formaciones políticas, con representantes del sector de la cultura, con los gobiernos territoriales, todo ello en un espíritu de lealtad y colaboración.
Mientras eso se logra y con el fin de minimizar los graves perjuicios que ha provocado la crisis de la COVID-19, con graves secuelas en un sector en su mayoría formado por pequeñas y medianas empresas, como también entre los profesionales
que se acogen al régimen especial de artistas, que representa casi un dos por ciento de las altas del conjunto de los trabajadores del país, el Gobierno ha aprobado un paquete de medidas destinadas a apoyar al sector cultural.
Estas medidas suponen una inversión directa de 76,4 millones de euros, y van acompañadas de otras medidas de carácter fiscal como los incentivos al mecenazgo o la mejora del régimen de incentivos a la producción audiovisual en el impuesto de
sociedades. Respecto a la protección de los trabajadores de la industria cultural, que por la intermitencia característica de sus contratos no habían quedado amparados por los mecanismos de cobertura establecidos hasta la fecha, se ha habilitado un
acceso extraordinario a la prestación por desempleo.
Se ha tenido en cuenta las especificidades de las diferentes especialidades artísticas. Por ejemplo, en el sector de la Danza, incluido en las artes escénicas para el que se destinan 38,2 millones de euros (danza, teatro, circo y música),
que se convocarán en ayudas extraordinarias con carácter excepcional que tienen en cuenta esta nueva situación. Gestionadas por el Ministerio de Cultura a través del INAEM, estas ayudas persiguen apoyar el mantenimiento de las estructuras de las
artes escénicas y musicales, así como las actividades escénicas y musicales y los proyectos culturales.
De este modo, el Gobierno cumple el compromiso de no dejar a nadie atrás, reforzando al sector cultural para hacer frente al proceso de desescalada que se acaba de iniciar, atendiendo a su especificidad propia y reafirmando a la cultura como
pilar del estado social y democrático de derecho y de sus valores a preservar.
El artículo 9.2 de la Constitución asegura que corresponde a los poderes públicos 'facilitar la participación de los ciudadanos en la vida cultural'. En este marco, es necesario el reconocimiento, tanto de las distintas Administraciones
como por todos los partidos políticos de la cultura como política de Estado y del sector de las industrias culturales y creativas, incluidos sus profesionales, como un sector de importancia estratégica.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a impulsar un Pacto de Estado por la Cultura, que proteja e impulse la actividad cultural, contribuya al desarrollo de las industrias culturales y de la creatividad, permita al sector aumentar su influencia en
la sociedad, afiance un modelo sostenible de crecimiento y apoye a los creadores y artistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2020.-Marc Lamuà Estañol, Juan Luis Soto Burillo, Javier Antón Cacho, Julio Del Valle de Iscar, Mariana de Gracia Canales Duque, Maribel García López, Miguel Ángel González Caballero,
Fuensanta Lima Cid, José Losada Fernández, Vicent Manuel Sarrià Morell, Yolanda Seva Ruiz, José Carlos Durán Peralta y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/000845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la agilización de la concesión de líneas ICO por la COVID-19, para su debate en
la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Una de las múltiples medidas económicas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis derivada de la COVID-19 ha sido la concesión de una línea de avales por cuenta del Estado para autónomos, pymes y empresas con un total de hasta
100.000 millones de euros en este año, tal como se aprobó en el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo. Una línea planteada para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la pandemia. Así, tal como se especifica en
su artículo 29.1 'el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico, entidades de pagos a
empresas y autónomos para atender necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, pago de nóminas y a proveedores, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
También se podrán destinar los avales a la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima (CERSA) así como a pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado
Alternativo de Renta Fija (MARF).'
En los acuerdos del Consejo de Ministros del 24 de marzo, 10 de abril y 5 de mayo, respectivamente, se ha establecido la activación de cada uno de los hasta ahora tres tramos para esta línea de crédito. El primero, por importe de 20.000
millones de euros, reservó la mitad a pymes y autónomos. El segundo, de otros 20.000 millones, se destinó íntegramente a estas empresas. Y el tercero, de 24.500 millones, reservaba otros 10.000 millones para pymes y autónomos. El resto quedaba
reservado en 10.000 millones para empresas no pymes y 4.000 millones en avales para garantizar la emisión de pagarés a empresas no financieras en el MARF, además de 500 millones para reforzar los avales concedidos por CERSA, con lo que se reforzaba
la capacidad de las sociedades de garantía recíproca de las Comunidades Autónomas. De este modo, la distribución de esas tres líneas activadas hasta la fecha ha sido mayoritariamente para pymes y autónomos: 40.000 millones, mientras que el resto
es para empresas no pymes.
La cantidad de financiación garantizada con líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que han recibido las empresas supera ya los 47.700 millones de euros. Tan solo el primer mes se aprobaron 300.000 operaciones para
garantizar la liquidez de autónomos, pymes y demás empresas. El 98 % de dichas operaciones avaladas fueron para autónomos, microempresas (con menos de diez personas empleadas) y pymes. Por su parte, estos avales han permitido que las empresas
hayan recibido en el primer mes de funcionamiento de la línea un 70 % más de financiación de lo que estas recibieron en febrero.
Estos datos evidencian, por tanto, cómo la prioridad del Gobierno en la concesión de avales públicos han sido los autónomos y empresas de menor tamaño, pues son quienes más fragilidad presentan para afrontar problemas de liquidez ocasionados
por la COVID-19 y que, por tanto, pudieran derivar con mayor facilidad en problemas de insolvencia. Se ha tratado por tanto de dar una cobertura para garantizar que empresas económicamente viables no se vean ahora ahogadas ante la situación
temporal sobrevenida por la COVID-19, facilitando su acceso a financiación gracias al respaldo de avales públicos. Y al mismo tiempo evitar que estos avales por cuenta del Estado se pudieran convertir en un instrumento para refinanciar o
reestructurar préstamos dudosos previos al estado de alarma ni traspasar riesgos previos por parte de entidades financieras. Se trata, en definitiva, de ayudar al tejido empresarial de nuestro país, especialmente pymes y autónomos, pero no para
sanear los balances de las entidades financieras con dinero público.
La elevada demanda de estos préstamos garantizados, que han alcanzado ya el tercer tramo de avales y se aprobar nuevos tramos en la medida en que sea necesario, habría podido generar según algunas informaciones un atasco en el ICO. Sin
embargo, esto no ha podido ser posible, como ha desmentido el propio Gobierno, dado que la inmensa mayoría de las solicitudes pasan primero por los
bancos, cuyos comités de riesgos se encargan de evaluar, y una vez hacen llegar la información al ICO, este la valida en el mismo día. Las únicas operaciones que realiza directamente el organismo público son aquellas cuya cuantía supera los
50 millones de euros, pero estas son muy escasas.
Así pues, el posible 'atasco' en las solicitudes se ubicaría si acaso en las entidades financieras, que han de combinar la delicada tarea de evaluación de riesgos con la urgencia de la situación para muchos autónomos y pymes con tensiones
sobrevenidas de tesorería. Pero por eso mismo estos créditos cuentan con el respaldo de estos avales públicos, cuya cobertura alcanza hasta un 80 % de la financiación. Es importante por tanto una gestión diligente de estas solicitudes al tiempo
que han de evitarse posibles prácticas abusivas o irregulares. Tal fue el caso de las acusaciones por presuntas ventas cruzadas de productos (tales como, por ejemplo, seguros de vida) antes de aprobarse el primer tramo de avales. Unas ventas
cruzadas expresamente prohibidas con estos avales y a las que se les puso coto inmediatamente por parte del ICO, incorporándolo a los acuerdos firmados por las entidades financieras y a los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros.
Las entidades financieras tienen ahora una oportunidad para mejorar su imagen pública, notablemente deteriorada tras la crisis bancada de 2008 y que derivó en un rescate a costa del erario. Unas ayudas cuyo saldo neto asciende a -42.561
millones de euros según estimaciones del Banco de España. Ahora tienen la posibilidad de devolver siquiera parte de esas ayudas colaborando en evitar que muchas empresas se vean abocadas al cierre ante la falta de acceso a liquidez. Y, por ello,
agilizar en lo posible la tramitación de estas ayudas, velando porque los créditos cumplan con las condiciones exigidas y, en efecto, sean para financiar salarios, alquileres, suministros, proveedores y otras necesidades de liquidez, según recoge el
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener los contactos con las entidades financieras, a través del ICO, para que agilicen en lo posible la tramitación de las solicitudes de crédito en la línea ICO-COVID, manteniendo las condiciones de dicha línea de avales y evitando
cualquier posible mala práctica.
2. Instar al Banco de España a que supervise la adecuada gestión de estos créditos.
3. Aprobar nuevos tramos en la línea de avales conforme sea necesario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2020.-Pedro Casares Hontañón, Diputado.- José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás y D.ª Inés María Cañizares Pacheco, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley relativa a la redacción de un Plan Nacional de Apoyo al Sector de Equipos y Componentes de Automoción, para su discusión en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Primero. Las políticas de reconversión industrial en España tuvieron su punto álgido en la primera mitad de los años 80 que tuvo como consecuencia una importante reducción de la capacidad productiva especialmente en sectores como el naval y
la industria siderúrgica entre otros. La entrada en la Unión europea supuso el momento culminante del desmantelamiento industrial.
El peso relativo del sector industrial en la economía nacional ha disminuido progresivamente desde 1997, donde suponía un 20% del PIB nacional, hasta un actual 14%.
Participación del sector industrial en el PIB nacional
Por el contrario, y siguiendo la tendencia a la terciarización de las economías desarrolladas, el sector servicios ha incrementado su peso en la economía española pasando del 60% en 1995 al 67% en 2020.
Segundo. Dentro del sector industrial el sector de fabricantes de vehículos ha tenido un peso creciente en el conjunto de la industria manufacturera después de situarse en mínimos en el año 2012. Actualmente, representa el 8,88% del Valor
Añadido Bruto (VAB) del sector industrial manufacturero.
Evolución de la participación del sector de fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques en el VAB del sector industrial manufacturero
Tercero. La pandemia originada por la COVID-19 ha obligado a la adopción de medidas tales como el confinamiento, con reducción de la demanda de ciertos productos, parada de sectores industriales, con reducción de la producción, y cierre de
fronteras, lo que ha reducido las exportaciones.
El Índice de Producción Industrial (IPI) ha alcanzado valores mínimos en el mes de marzo de 2020, mínimo de este mes en los últimos 7 años.
Evolución del IPI general
Asimismo, tras la recuperación de la crisis 2008-2012, respecto al consumo de los hogares (muy dañado en la recesión económica), los últimos datos evidencian una bajada. En el primer trimestre del 2020 los hogares españoles han gastado
167.000 MM, frente a los 178.000 MM del primer trimestre del 2019.
Gasto final en hogares (MM )
Cuarto. Esta situación ha afectado especialmente a sectores como el de fabricantes de automoción, consecuencia de la brutal caída de la demanda interna y de los mercados exteriores, junto con el cierre de las actividades no esenciales.
Evolución de la producción de turismos, todoterrenos, furgonetas y camiones en España (miles de unidades)
Tras la caída del año 2012 la producción se recuperó hasta estabilizarse en torno a los 2,8 M M de vehículos. No obstante, la crisis del COVID-19 ha supuesto la suspensión en la actividad de varias plantas y, por lo tanto, una menor
producción. Concretamente, en el primer trimestre del 2020 se han producido en España 640.000 turismos, todoterrenos, furgonetas y camiones frente a los 755.500 del primer trimestre del 2019 (-15%). Si nos centramos en marzo del 2020, la caída se
agrava aún más llegando a un -45 % respecto al mismo mes del año 2019, lo cual teniendo en cuenta que la mitad de marzo fue operativo, nos hace presagiar una producción en abril en mínimos históricos.
Sin embargo, la industria española de automoción volverá a recuperar gradualmente los niveles de producción previa a la crisis COVID-19 gracias a la apertura del mercado interior y de los internacionales.
Quinto. El sector de equipos y componentes de automoción constituye uno de los motores económicos de España, siendo asimismo clave en el correcto funcionamiento del sector de fabricantes de vehículos.
Principales magnitudes del sector de equipos y componentes de automoción
;2013;2014;2015;2016;2017;2018
Facturación (MM);28.020;29.723;32.964;33.239;36.239;37.170
Empleo;190.940;196.580;204.170;211.800;224.720;230.100
Exportaciones (MM);16.988;17.602;18.897;19.510;20.015;21.415
Fuente: SERNAUTO
Si nos centramos en el sector de automoción, concretamente en la exportación/ importación, nos encontramos con una balanza comercial negativa en relación con las piezas y componentes de automoción.
Comercio exterior de piezas y componentes de automoción (MM)
Elemento;2019;
;EXPORT;IMPORT
78433 FRENOS Y SERVOFRENOS Y SUS PAR;840,79;623,30
78434 CAJAS DE ENGRANAJES;529,81;1.847,85
78435 EJES DE TRANSMISION CON DIFERE;308,89;545,18
78436 EJES, EXCEPTO LOS DE TRANSMISI;;
78439 OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESOR;6.586,10;9.693,24
7842 CARROCERIA(INCL.CABINA)P ARA VE;218,54;49,61
7841 CHASIS EQUIPADOS CON MOTORES,P;117,33;116,35
TOTAL;8.601,46;12.875,53
Fuente: DATACOMEX
Si analizamos la procedencia de las importaciones de estos equipos y componentes de automoción, podemos observar que un elevado porcentaje (88%) proceden de la Unión Europea, debido fundamentalmente a la necesidad de satisfacer a la
industria de automoción según el criterio 'Just In Time' (JIT), y a la experiencia y calidad de la industria de componentes europea capaz de cumplir con los elevados estándares de calidad de la industria.
Procedencia de las importaciones de diversas piezas o componentes de automoción (chasis equipados con motores, carrocería, frenos y servofrenos, cajas de engranajes, ejes de transmisión, otras partes piezas y accesorios. 2019)
La industria española de componentes de automoción está reconocida como una de las importantes del mundo por calidad, innovación, compromiso y garantía. Prueba de esta elevada cualificación la encontramos en su notable carácter exportador
(57% de la facturación se destina a exportación).
Sexto. Esta industria tiene la capacitación necesaria para poder asumir, en las plantas existentes o de nueva creación, gran parte de los equipos y componentes importados.
Ello supondría la creación de empleo, justificado por las nuevas necesidades de la industria para atender el incremento de producción, así como una mayor recaudación del Estado en forma de diferentes impuestos (Impuesto de Sociedades, IRPF).
Si atendemos a las cifras proporcionadas por el sector, haciendo una extrapolación de datos, estableciendo un escenario conservador de incorporar a la producción nacional un 50% de lo que actualmente importamos, se generarían 37.000 empleos
y un retorno fiscal de 800 MM.
;2018;Escenario
Facturación (MM);37.170;6.000
Empleo;230.100;37.143
Aportación Fiscal (MM);5.000;807
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la creación de un Grupo de Trabajo en el que se incluya, como expertos de reconocido prestigio en la materia a tratar, a representantes de la Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (ANFAC), a representantes de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) y a representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el objeto de elaborar un 'Plan Nacional de Apoyo al Sector de
Equipos y Componentes de Automoción' cuyo objetivo principal será 'maximizar la producción de piezas y componentes en España para que, manteniendo los niveles de exportación, se reduzcan los niveles de dependencia del suministro exterior, creando
riqueza y empleo en España'. Este Plan incluirá:
- Análisis D.A.F.O (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) del sector de automoción en España, el cual comprenda tanto a constructores como a proveedores de piezas.
- Establecer proyecciones anuales con horizonte temporal a 5 años estableciendo las piezas y componentes necesarios para satisfacer la demanda de los constructores de vehículos.
- Mapa del sector de equipos y componentes de automoción y de fabricantes de vehículos, indicando situación de los proveedores/ clientes, piezas producidas, cantidad y clientes.
- Establecer condiciones técnico-económicas para el suministro de los componentes analizando los motivos del elevado volumen actual de importación de estos elementos.
- Identificación de principales proveedores extranjeros y sus ventajas competitivas respecto a la industria nacional.
- Identificar la capacidad de la industria nacional para poder fabricarlas piezas y componentes demandados.
- Establecer por parte de las AAPP el conjunto de medidas que facilite la fabricación en territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre regulación de los créditos revolving y evitar la existencia de deudas que
perpetúen el crédito al consumo, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La protección a los clientes de productos financieros y la transparencia en la prestación de este tipo de servicios son dos principios que se deben preservar a través de una adecuada regulación del sector.
Ése es el objetivo de muchas de las directivas comunitarias que durante los últimos años se han ido aprobando, así como las normativas que el Gobierno de España ha ido implementando, tanto para transponer a nuestro ordenamiento jurídico la
legislación europea como para mejorar la normativa nacional en función de las propias circunstancias del país.
A este respecto, si bien se ha avanzado mucho en la materia, quedan todavía ámbitos en los que es necesario avanzar en la clarificación de la regulación que deben cumplir ciertos productos financieros para garantizar que se comercializan de
manera responsable y con pleno respeto a los derechos de los consumidores.
Este es el caso de los llamados créditos revolving. Unos créditos generalmente instrumentados con tarjetas por las entidades bancarias para la adquisición de bienes de consumo y obtención de una liquidez inmediata. Estos suelen ser
créditos de pequeña cuantía, con devoluciones mensuales de importe reducido, pero con unos tipos de interés muy elevados que se retroalimentan a lo largo del tiempo. De esta manera se puede dar lugar a que pequeños créditos deriven en deudas
perpetuas y desproporcionadas para sus titulares con respecto a lo que fue el crédito inicial.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo del 4 de marzo de 2020 (STS 600/2020), por la que desestimaba el recurso de casación interpuesto por Wizink Bank S.A. contra la sentencia 402/2019, de 9 de julio, considera que los contratos de
tarjetas revolving que aplican 'tipos de interés notablemente superiores al precio normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso' son usurarios, tal como expresa el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura
y, en consecuencia, deben ser anulados. De este modo urge tomar medidas para actuar en este ámbito y regular convenientemente estos productos financieros, de manera que se ofrezca mayor seguridad jurídica en estos productos, así como una adecuada
protección para los clientes bancarios que evite en adelante posibles prácticas abusivas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que apruebe una norma para evitar la existencia de deudas perpetuas en el crédito al consumo, favoreciendo así el acceso de los clientes a información sobre los llamados créditos revolving y
mejorando la forma en la que las entidades evalúan la solvencia de sus clientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2020.-Pedro Casares Hontañón, Valentín García Gómez, María Ángeles Marra Domínguez, Antonio Hurtado Zurera, Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaraz, Manuel Gabriel González Ramos,
José Luis Ramos Rodríguez, María Tamara Raya Rodríguez, Germán Renau Martínez, José Antonio Rodríguez Salas y Diego Taibo Monelos, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elección de plaza MIR
desde la transparencia, en igualdad de condiciones y con seguridad ante la pandemia de COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Una de las principales razones por las que los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud se encuentran entre las profesiones mejor valoradas de España y son solicitados por los países de todo el mundo es, sin duda alguna, el
modelo de formación MIR.
Los elevados niveles de calidad en la capacitación y el desempeño que los profesionales sanitarios ofrecen a partir de la formación especializada -tanto si atendemos a la labor clínica, como si nos fijamos en el trabajo que desarrollan en el
ámbito docente y en el investigador-, son las principales razones por las que el sistema sanitario español es considerado como un referente internacional.
Más allá de prácticas aisladas y de lo establecido en normas como la Ley de 25 de noviembre de 1944, sobre la Escuela Nacional de Sanidad (base tercera); la Ley de 20 de julio de 1955 sobre 'Enseñanza, título y ejercicio de las
Especialidades Médicas', y la Ley 37/1962, de 21 de julio, sobre los hospitales como centros de formación y especialización (párrafo segundo del artículo primero), la formación sanitaria especializada dio sus primeros pasos en firme en nuestro país
a mediados de la década de 1960.
Fue entonces cuando, a partir del modelo formativo sustentado en la filosofía de 'aprender trabajando' aplicada en la sanidad estadounidense desde finales del siglo XIX, comenzó a implementarse la formación especializada en centros
asistenciales como el extinto Hospital General de Asturias y la -entonces- Clínica Puerta de Hierro de Madrid.
La expansión del sistema al conjunto del país se produjo en la década de los 70' (con normas como el Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio, por el que se regula la obtención de títulos en especialidades médicas, y el Real Decreto 3303/1978,
de 29 de diciembre, de regulación de la medicina de familia y comunitaria como especialidad de la profesión médica) y terminó de consolidarse como única vía legal de especialización en los 80' (esencialmente con el Real Decreto 127/1984, de 11 de
enero, por el que se regula la formación médica especializada y la obtención del título de médico especialista).
En los años 90 fueron impulsados distintos avances en la formación especializada mediante iniciativas como la Orden de 22 de junio de 1995 por la que se regulan las Comisiones de Docencia y 105 sistemas de evaluación de la formación de
Médicos y de Farmacéuticos Especialistas, aunque el avance realmente decisivo para actualizar el modelo tuvo lugar en los 2000, concretamente con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
La referida Ley 44/2003 aborda la formación especializada en Ciencias de la Salud en su capítulo tercero (artículos 15 a 32), definiéndola como 'una formación reglada y de carácter oficial' que 'tiene como objeto dotar a los profesionales de
los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma'.
Tres años después, el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud; el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que
se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, y el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la
reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y
se crean y modifican determinados títulos de especialista, desarrollaron la citada Ley 44/2003 y formalizaron las transformaciones y las actualizaciones más recientes de la formación sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud,
consolidándola como uno de los principales argumentos -si no el mayor- para certificar que los profesionales sanitarios son el principal activo de nuestro modelo asistencial.
En consecuencia, referirse a la trayectoria descrita por el modelo de formación sanitaria especializada en nuestro país en las últimas décadas, es aludir a una historia de éxito, con cierto margen de mejora en ámbitos como el desarrollo de
ciertas especialidades y los sistemas de evaluación, pero un modelo que muchos países han intentado reproducir a nuestra imagen y semejanza.
No obstante, y al igual que ha ocurrido en muchos otros ámbitos, la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) ha alterado la gestión de la convocatoria de este año.
En primer término, tras la celebración del examen el pasado 25 de enero y coincidiendo con el inicio de la pandemia, se paralizó la elección de las plazas y la posterior incorporación de los aspirantes.
Posteriormente, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden SND/411/2020, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden SCB/925/2019, de 30 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de
pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la
Biología y la Física, el Gobierno planteo que, por primera vez la elección sería telemática para garantizar la seguridad ante el COVID-19.
Esta decisión por parte del Gobierno ha provocado manifestaciones virtuales por parte de los opositores en las que, se han mostrado especialmente críticos con el Gobierno -con el Ministerio de Sanidad y su Dirección General de Ordenación
Profesional- por 'la falta de transparencia en la tramitación de expedientes académicos, el desconocimiento de los plazos para la elección de las plazas, falta de equidad en la baremación de los méritos e incertidumbre en la garantía de la elección
de la propia plaza mediante la vía telemática'.
De igual forma, los opositores solicitan al Ejecutivo 'una elección justa, con total garantía, en igualdad de condiciones y segura con un sistema presencial -o una alternativa que posibilite la confirmación en tiempo real- que se adapte a la
situación' generada por la pandemia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplicar cuanto antes las medidas que resulten necesarias y oportunas para hacer posible, desde la transparencia, la igualdad de condiciones y la seguridad frente a la pandemia de COVID-19, la
elección presencial, o mediante un sistema que posibilite la confirmación certificada en tiempo real, de las plazas de formación sanitaria especializada de la convocatoria 2019/2020 para las titulaciones universitarias de grado, licenciatura y
diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2020.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, José Ignacio Echániz Salgado, Elvira Velasco Morillo, Eduardo Carazo Hermoso y Diego Gago Bugarín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al retorno de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a la estructura del Ministerio de Sanidad, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
En junio del año 1999, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, el Congreso de los Diputados aprobó una serie de resoluciones entre las que se encontraba una relativa a la constitución de la Agencia Española
para la Seguridad Alimentaria.
La resolución en cuestión instó entonces al Gobierno a crear la agencia 'con participación de las Comunidades Autónomas' y con el objetivo de 'articular los mecanismos de cooperación de todas las Administraciones públicas responsables del
control sanitario e higiene de los alimentos, asegurando sistemas homogéneos de inspección y control, así como mantener actualizados los conocimientos técnicos y científicos en materia de higiene y control alimentario y de nutrición', de 'mantener
las relaciones técnicas y científicas que fueren pertinentes de acuerdo con el sistema competencial con los organismos similares de la Unión Europea y sus Estados miembros, de 'promover la actualización de la normativa básica sanitaria en materia de
alimentos', y de impulsar 'en general, cuantas otras faciliten la salud y seguridad alimentaria de los ciudadanos'.
En diciembre del año 2000, el Gobierno de España llevó al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, cuya tramitación parlamentaria se extendió has junio de 2001 y fue
culminada con la Ley 11/2001, de 5 de julio.
La Ley 11/2001 toma como referentes normativos los artículos 43, 51 y 149.1.16.a de la Constitución de 1978, el artículo 39.4 de la Ley 26/1984, de 19 de junio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 18.10 de
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y crea la agencia como un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad que debe 'promover la seguridad alimentaria como aspecto fundamental de la salud pública' y 'ofrecer garantías e
información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español, desde el ámbito de actuación de las competencias de la Administración General del Estado y con la cooperación de las demás Administraciones públicas y
sectores interesados'.
Más allá del trabajo desarrollado diariamente en su sede de Madrid y en sus dos laboratorios -el Centro Nacional de Alimentación, con sede en Majadahonda, en la Comunidad de Madrid, y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, ubicado en Vigo-,
la creación y puesta en marcha de la 'Estrategia para la Nutrición, la Actividad Física y la Prevención de la Obesidad'; la aprobación del 'Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria' el desarrollo e implementación del 'Código de
Corregulación de la Publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud'; la suscripción en coordinación con más de 500 empresas del 'Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y
bebidas y otras medidas 2017-2020' ... son algunos ejemplos representativos de las iniciativas muchas impulsadas en la agencia en sus años de existencia.
Precisamente en el transcurso de esos años, la agencia ha visto incorporada la nutrición y el consumo tanto a su denominación como a sus funciones, pero siempre desde su adscripción original al Ministerio de Sanidad. No obstante, esta
situación cambió con la entrada en vigor del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
El referido Real Decreto 495/2020 dispone en su artículo 2.5 que 'se adscribe orgánicamente al Ministerio de Consumo, a través de la Secretaría General de Consumo y Juego, el organismo autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, cuya presidencia corresponderá a la persona titular de la Secretaría General de Consumo y Juego, dependiendo funcionalmente del Ministerio de Consumo, del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación'.
Por ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplicar las medidas oportunas para que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, teniendo presente la relevancia de sus funciones relativas a la planificación, la coordinación
y el desarrollo de estrategias y actuaciones que fomenten la información, la educación y la promoción de la salud en el ámbito de la nutrición, y en particular, en la prevención de la obesidad, sea reincorporada cuanto antes a la estructura orgánica
del Ministerio de Sanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2020.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, José Ignacio Echániz Salgado y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/000852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D.ª Georgina Trías Gil, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Ignacio Garriga Vaz de Concicao, D. Andrés Alberto Rodríguez-Almeida, D.ª
Patricia Rueda Perelló y D. Antonio Salvá Vero, en sus condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la realización de tests diagnósticos masivos a la población-Estrategia P.D.A., para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. La enfermedad por el Coronavirus de Wuhan, llamado SARS-Cov-2 para ocultar su origen, se ha bautizado con el nombre de COVID-19 (Coronavirus Disease of 2019). La COVID-19 es la mayor amenaza que ha tenido España desde la Guerra
Civil: no sólo está amenazada nuestra salud, sino nuestra economía, y lo que es peor, nuestra libertad.
Es absolutamente necesario que hagamos frente a esta situación de forma decidida, porque lo que para otras naciones es un problema grave, para España, significa la ruina y la ruptura de nuestra forma de vivir.
La ruina, por el impacto que ya está sufriendo nuestra economía, que se verá agravado por la importancia del turismo en nuestro caso. Si la epidemia dura mucho, España perderá la fortaleza turística que con tanto esfuerzo ha construido
durante 60 años, y que constituye la joya de nuestra economía. Se producirán pérdidas de miles de millones de euros y millones de puestos de empleo. El turismo, sector esencial, padece graves daños estructurales y precisa de soluciones y
propuestas. España, como pionera que ha sido en este sector, debe recuperar la confianza de los turistas nacionales e internacionales y evitar perder nuestra posición de liderazgo.
La ruptura social, porque nuestra forma de vivir está basada en las relaciones cercanas, y la COVID-19 amenaza con destruirlas, lo que supondrá un impacto enorme en nuestra psicología colectiva e individual, y nuestra autoestima como Nación.
El prestigio de España como nación segura para sus visitantes ha sido menoscabado de forma importante. Dado el enorme impacto del turismo en nuestra economía, resulta de interés prioritario el que nuestro objetivo como nación sea hacer de España un
país libre de COVID-19, y hacer que los turistas se sientan protegidos en nuestra nación.
Segundo. Lo que precisamos hacer parece imposible, pero no lo es. Es verdad que el reto es enorme, porque necesitamos hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, y consiste en lo siguiente:
1. Tests masivos: PCR a todos los trabajadores sanitarios (TS), de una manera escalonada e inteligente.
2. Aislamiento efectivo de casos, sin prorrogar el estado de alarma.
3. Seguimiento de casos y contactos.
4. Reforzar nuestro sistema de salud.
5. Investigar en nuevas pruebas virológicas.
Hay dos formas de controlar esta epidemia:
1. El aislamiento inteligente. En este modelo los tests se usan para los sintomáticos, los TS, y los contactos, estén o no sintomáticos. El aislamiento sólo se hace para los PCR positivos. Los contactos PCR negativos se testean
repetidamente durante el período de incubación, o si lo prefieren, quedan en aislamiento.
2. El tests masivo y universal. Incluye el anterior y el testeo obligatorio en empresas, y por el SNS.
El Gobierno de España hasta ahora sólo ha basado su estrategia en la cuarentena. Sus protocolos de actuación sólo han incluido a los sintomáticos graves, y no se ha dictado la obligatoriedad de hacer PCR a los TS que han sido contactos con
casos confirmados. Dado que se estima que un 20-40% de los casos son asintomáticos, pero contagiosos, esto explica el que España tenga la mayor tasa de infectados del mundo, y que la sobrecarga del sistema haya hecho que seamos el segundo país con
más fallecidos por habitante, y eso aceptando las cifras oficiales e irreales del Gobierno.
Todo ello, ante la informada falta de kits de diagnóstico y reactivos y la falta de laboratorios para su efectiva realización a la población de forma masiva por parte del Gobierno español, que debe ser remediado cuanto antes.
España está en condiciones de poder proveer este número de tests, si el Gobierno de la Nación utiliza los recursos del SNS, los de 326 laboratorios científicos de Universidades y Centros de Investigación y hace uso del servicio de los
laboratorios de empresas privadas.
En este sentido, desde la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) y empresas del sector ofrecieron hace meses una respuesta conjunta y coordinada a las dificultades manifestadas por el Gobierno en la crisis de la Covid-19, para la
adquisición de material de tests de detección masivos a la población. Este conjunto de entidades proponía impulsar el diagnóstico de la Covid-19 y poner en valor las capacidades de producción del sector en nuestro país, que alcanza los 745.500
tests PCR semanales, y que podría doblarse con una planificación mensual, siempre que existiese el compromiso de compra por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Huelga decir que desde la publicación de la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
se dispone la obligación y la disponibilidad para los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico privados para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico existentes. En este sentido, debe autorizarse
a dichos laboratorios privados para que realicen los tests que sean encargados por cualquier institución o facultativo, ya sean en el ámbito público como privado, modificando las 'directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por la
autoridad sanitaria competente' que, aún cuando no han sido publicadas (en la ya reiterada falta de transparencia que el estado de alarma ha puesto de manifiesto), se han traducido en indicaciones vía email a todos los facultativos médicos de
atención primaria/especializada -desde las Gerencias y Consejerías de Sanidad correspondientes- 'recomendando' la inadmisión de llamadas telefónicas de pacientes que solicitaran la prescripción facultativa de las citadas pruebas diagnósticas, e
indicando a estos mismos pacientes, caso de que la consulta llegara al médico prescriptor, que no estaban autorizados a su prescripción (aún en el caso de pacientes recientemente hospitalizados por COVID19 a los que no se realizó tests PCR de
confirmación de superación de la enfermedad ni tests serológicos de confirmación de existencia de anticuerpos).
Tercero. Por otra parte, la protección de la industria turística exige tomar medidas suplementarias que garanticen la seguridad del viajero y del destino turístico. Para ello, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y los principales
representantes turísticos como Exceltur y Cehat (Confederación Española Hoteles y Alojamientos Turísticos) abogan por la instauración de un pasaporte sanitario, lo que pasa por alcanzar acuerdos con turoperadores, aerolíneas y los principales países
emisores. Una combinación de test en origen y chequeo complementario en destino puede ser ideal para dar seguridad a todos los actores del sector.
En virtud de todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas y actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de las siguientes actuaciones:
Primero. Base del programa.
La base del programa de reapertura de España tiene que centrarse en el aislamiento inteligente, y tener como reserva el programa de pruebas masivo, por si la pandemia se recrudece.
Segundo. Hacer de los tests por PCR la base del programa.
Para hacer un programa de reapertura hay que garantizar que se hagan en España, al menos, tests al 2%-6% de la población diariamente, lo que significa tests de 700.000 PCRs al día con fecha 15 de junio. Y a finales de julio, 2 millones al
día.
Aunque es muy probable que ese número no sea suficiente, puede serlo contando con dos factores: que el calor protege las mucosas respiratorias, y que es posible que el calor o la insolación disminuyan la viabilidad del virus.
Hay que evitar a toda costa ciclos de clausura y reapertura que lo único que harán es provocar temor, inseguridad económica e inseguridad jurídica.
Tercero. Requisitos generales-Estrategia P.D.A.
No se propone una estrategia complementaria de la cuarentena masiva, sino una estrategia que la haga innecesaria.
La estrategia tiene que basarse en las siglas PDA: Probar, detectar, aislar
1. Hay que hacer pruebas virológicas, detectar a los casos y contactos y aislarlos.
2. Se utilizarán todos los recursos técnicos de laboratorios, bien utilizando los propios del SNS, bien acudiendo al mercado de laboratorios privados, y siempre tratando de primar los laboratorios españoles, europeos, estadounidenses,
surcoreanos, taiwaneses, de Hong-Kong, o israelíes, o donde esté acreditada su excelencia.
3. Los tests serológicos son complementarios, ya que todavía no sabemos su fiabilidad y utilidad.
4. No se puede implementar un certificado de inmunidad sin que haya un acceso equitativo al PCR.
5. El Gobierno debe incentivar a las empresa privada estimulando su competitividad, y dando ventajas a aquellas empresas que desarrollen soluciones de testeo más fiables, rápidas y económicas.
6. Las principales novedades de esta estrategia son tres:
a) Que propone hacer pruebas diagnosticas a todos los profesionales esenciales.
b) Que propone hacer tests a los contactos estrechos de los casos confirmados.
c) Que propone una estrategia de certificado digital para turistas y realización de tests durante su estancia.
7. El coste estimado de esta estrategia es de 3.000-20.000 millones de euros al año, durante dos años.
Cuarto. Aspectos específicos de la estrategia de diagnóstico, vigilancia y control.
Del documento llamado: 'Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de Covid-19. Indicadores de seguimiento', de fecha 6 de mayo de 2019, se modificarán los aspectos siguientes:
1. Definición de caso sospechoso
a) Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con:
i. Fiebre
ii. Tos
iii. Sensación de falta de aire.
iv. Otros síntomas: como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 , siempre que se den con
alguno de los síntoma i, ii, iii.
2. Comportamiento ante un caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 :
a) A todos se le realizará una PCR en las primeras 24 horas.
b) Algoritmo.
i. Si la PCR es positiva, el caso será confirmado
ii. Si la PCR es negativa pero hay altas, se sospecha clínica realizará nueva PCR. Si sigue negativa, pero hay alta sospecha clínica, se hará determinación de IgM anti SARS-Cov2 por ELISA.
3. Notificación.
a) La información individualizada se enviará los 7 días de la semana al Ministerio de Sanidad a través de la herramienta de vigilancia SiViEs que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología.
4. Manejo de los casos de COVID-19.
a) Todos los casos sospechosos:
i. PCR en exudado nasofaríngeo y serología por ELISA.
ii. Aislamiento a la espera del resultado de la PCR.
iii. Se iniciará la búsqueda de sus contactos.
b) Sospechosos confirmados.
i. Ámbito de atención primaria.
1. En los casos que no requieran ingreso hospitalario, y sean manejados en el ámbito de atención primaria, se indicará aislamiento domiciliario.
2. El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 14 días desde el momento en el que se confirmó la infección pos SARS-Cov2 (Punto 2 b, i, ii), y si estaban sintomáticos, el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días desde la
resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 14 días desde el inicio de los síntomas.
ii. Ámbito hospitalario.
1. Durante su ingreso, se harán tests de PCR y serología por ELISA a sus familiares.
2. Tienen que tener una PCR negativa al alta.
i. Si la PCR sigue siendo + y se precisan camas en el hospital, y es preciso dar el alta.
1. Alojamiento en hoteles, en plantas aisladas, preferiblemente accesibles sin usar el ascensor y con un sistema de aire acondicionado con renovación continua, y sistemas de desinfección de aire adecuados (filtros HEPA, ULPA, iónica,
catalítica o UV).
iii. Residencias para mayores y otros centros socio-sanitarios.
1. En los casos confirmados que sean residentes en centros para mayores o en otros centros socio-sanitarios que no requieran ingreso hospitalario y sean tratados en la residencia, se indicará aislamiento en los centros donde residan. El
aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 14 días desde el inicio de los síntomas y hasta que la PCR sea negativa.
2. Si no puede garantizarse el aislamiento efectivo de los casos leves se indicará el aislamiento en hoteles, en plantas aisladas, preferiblemente accesibles sin usar el ascensor y con un sistema de aire acondicionado con renovación
continua, y sistemas de desinfección de aire adecuados (filtros HEPA, ULPA, iónica, catalítica o UV).
3. Ante un caso confirmado de COVID-19 en una residencia para mayores u otro tipo de centro socio-sanitario, se considerará que existe un brote en la institución. Se indicará la realización de PCR y serología a todos los residentes y
trabajadores, con seguimiento, y aislamiento eventual.
iv. Centros penitenciarios y otras instituciones cerradas.
1. Ídem a residencias, salvo que aquí no se contempla el caso de que no se pueda hacer el aislamiento.
v. Personal sanitario y socio-sanitario 6
1. Se hará PCR y serología por ELISA a todo el personal sanitario y socio-sanitario, comenzando por aquellos trabajadores con más exposición a los enfermos (médicos, enfermeras y auxiliares de clínica, celadores de riesgo, farmacéuticos,
técnicos de laboratorio ... ) y continuando por celadores, personal administrativo y otros.
2. El personal sanitario y socio-sanitario que resulten casos confirmados y no requieran ingreso hospitalario serán manejados de la misma forma que la población general en cuanto al aislamiento. Para la reincorporación a su puesto de
trabajo será necesario que la PCR sea negativa, además de la resolución de síntomas al menos 3 días antes del alta.
a) En caso de que sea negativa, el profesional se reincorporará al trabajo haciendo uso de mascarilla quirúrgica hasta pasados 14 días desde la fecha de inicio dé síntomas.
b) En caso de que la PCR siga siendo positiva el trabajador no podrá reincorporarse a su puesto de trabajo y se le dará una nueva cita para repetir la PCR.
3. El personal sanitario y socio-sanitario que resulten casos confirmados y requieran ingreso hospitalario serán manejados de la misma forma que la población general en cuanto al aislamiento. Para la reincorporación a su puesto de trabajo
será necesario que la PCR sea negativa, además de la resolución de síntomas al menos 3 días antes del alta.
a) Durante su ingreso, se harán tests de PCR y serología por ELISA a sus familiares.
b) Deben tener una PCR negativa al alta.
i. Si la PCR sigue siendo + y se precisan camas en el hospital, y es preciso dar el alta: Se hará alojamiento en hoteles, en plantas aisladas, preferiblemente accesibles sin usar el ascensor y con un sistema de aire acondicionado con
renovación continua, y sistemas de desinfección de aire adecuados (filtros HEPA, ULPA, iónica, catalítica o UV).
c) En caso de que la PCR siga siendo positiva el trabajador no podrá reincorporarse a su puesto de trabajo y se le dará una nueva cita para repetir la PCR.
vi. Las profesiones esenciales deben ser tratadas como los sanitarios. Esto incluye las fuerzas armadas con funciones sanitarias (UME) y las fuerzas de seguridad con posibilidad de contacto con casos que puedan ser sospechosos. Las fases
de cribado se harán teniendo en cuenta dicha exposición.
vii. El personal de las Administraciones Públicas que tengan contacto con el público debe ser tratado como los sanitarios, en una fase posterior a la que se haya completado el cribado a los sanitarios y a las profesionales esenciales.
viii. En cuanto al resto de trabajadores, se debe permitir que la empresa contratante realice tests de diagnóstico, pagados por la empresa. Este permiso será revocado sólo en el caso de que el SNS no pueda realizar tests suficientes para
los profesionales sanitarios o esenciales, casos sospechosos o contactos estrechos, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:
1. porque los recursos técnicos propios del SNS sean insuficientes
2. porque los laboratorios privados no provean de tests suficientes para cubrir la demanda del sector público.
6 Debe incluir a farmacéuticos de oficinas de farmacia.
c) Estudio y manejo de contactos.
i. El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en los contactos estrechos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático.
ii. Se clasifica como contacto estrecho:
1. Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio-sanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.
2. Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
3. Cualquier persona que haya estado corriendo, andando o montando en un vehículo abierto (bicicleta, patinete) junto a un caso, a una distancia menor de 4 metros, durante más de 15 minutos.
4. Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.
iii. En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos.
iv. El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que se demuestra la positividad en el test de PCR.
v. A cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto estrecho de un caso confirmado se le informará debidamente y se le realizará PCR y serología. En el caso de que la PCR y serología descarten la infección, se procederá
a una vigilancia de síntomas y signos de enfermedad y se repetirá la prueba de PCR cada 7 días, dos veces más.
Quinto. Aspectos específicos sobre el turismo.
1. Certificado COVID-Free o Sin-Covid.
a) Para todos los visitantes de la UE se exigirá un certificado médico que verifique que al visitante se le ha realizado un test de PCR de exudado nasofaríngeo el día anterior al viaje, y ha resultado negativo (en sustrato Hi+ Card o
similar).
i. A su llegada a España, se realizará:
1. Un cribado de temperatura2
2. Un test de olfato
3. Si la temperatura es mayor de 37,2 o el paciente no pasa el test de olfato, el visitante será analizado mediante PCR, a sus expensas.
ii. Si la PCR es positiva, se emitirá una orden de retorno al país de origen
iii. Una vez instalado, a cada visitante se le realizará toma de temperatura diaria, y cada siete días PCR en exudado nasofaríngeo, también a sus expensas.
b) Para los visitantes de Corea del Sur, Taiwán, Hong-Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, o Israel, el protocolo será el mismo que para visitantes de la UE
i. Para todos los otros visitantes se realizará una PCR de exudado nasofaríngeo a su llegada e España, a sus expensas, y sólo se permitirá su entrada a España si el resultado es negativo.
ii. Si la PCR es positiva, se emitirá una orden de retorno al país de origen
iii. Una vez instalado, a cada visitante se le realizará toma de temperatura diaria, y cada siete días PCR en exudado nasofaríngeo, también a sus expensas
Sexto. Apéndice: Interpretación de los test.
1. No infectado, pero contagiable
a) PCR negativa, IgM-, IgG-
2 La temperatura se tomará bien con termómetro sin contacto o con termografía.
El test de olfato se hará con torundas con agua butanol, o feniletanol.
2. Infectado y contagioso
a. PCR positivo e inmunoglobulinas negativo: periodo más contagioso.
b. PCR positivo, IgM positivo y IgG negativo: estadio temprano de la infección.
c. PCR positivo, IgM positivo y IgG positivo: fase activa de la infección.
d. PCR positivo, IgM negativo e IgG positivo: fase final de la infección.
3. Probablemente infectado y contagioso: Requiere PCR de confirmación a. PCR negativo, IgM e IgG positivos: enfermedad en evolución.
4. Probablemente inmunizado.
a. PCR negativo, IgM negativa, IgG positivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Georgina Trías Gil, Mireia Borrás Pabón, Ignacio Garriga Vaz de Concicao, Andrés Alberto Rodríguez-Almeida, Patricia Rueda Perelló, Antonio Salvá
Verd, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000864
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre la Cooperación Global para una Vacuna de COVID-19 Accesible.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 4 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Cooperación Global para una Vacuna de COVID-19
Accesible, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 se ha extendido ya por todos los rincones del mundo. Pese a que España es, desafortunadamente, uno de los países más afectados por la enfermedad, es especialmente preocupante la incidencia que la pandemia puede tener
en países con sistemas sanitarios menos preparados para este reto, así como en territorios en los que el acceso a agua y saneamiento es más escaso. El hecho de que pueda haber países o poblaciones más vulnerables corre el riesgo de acrecentar
las desigualdades tanto entre países desarrollados y en desarrollo como dentro de los propios países entre personas con una situación socioeconómica más cómoda y personas expuestas a una mayor vulnerabilidad.
Estos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha organizado la 73.ª sesión de su Asamblea General, por primera vez de forma telemática debido a la pandemia. En ella, Estados Unidos ha anunciado que podría congelar permanentemente su
contribución económica -algo que ya aprobó de forma temporal el mes pasado- y que podría replantearse su pertenencia a la organización al considerar que su gestión había sido demasiado permisiva con China. Lo cierto es que la Asamblea General
aprobó, con el respaldo de una amplia mayoría de Estados miembros, la realización de una investigación independiente y externa sobre el origen de la pandemia en la provincia china de Hubei, algo a lo que China se oponía frontalmente.
Esta resolución fue propuesta por Australia, en cooperación con los Estados miembros de la Unión Europea, que también incluyeron una referencia a la necesidad de que la futura vacuna contra la COVID-19 sea considerada como un 'bien público
de salud para prevenir, contener y limitar la transmisión' de la enfermedad, asegurando que esta vacuna sea 'segura, de calidad, eficaz, efectiva y accesible'. En este sentido, además, se promueve la cooperación entre el sector privado y la
investigación con financiación pública en todos los ámbitos para contener la COVID-19, especialmente en 'vacunas, diagnósticos y tratamientos'. A 8 de abril de 2020 ya había 115 candidatas a vacuna en desarrollo, de las cuales 78 estaban en
situación de proyecto activo y, de ellas, 73 en etapa exploratoria o preclínica.
Actualmente, tanto las farmacéuticas Pfizer y Janssen como la Universidad de Oxford y el Imperial College de Londres han pasado ya a etapas más avanzadas del desarrollo de sus prototipos, con algunas de ellas incluso pasando a considerar las
pruebas en seres humanos. La Universidad de Oxford, por ejemplo, ha enviado ya sus prototipos a los voluntarios que van a ser objeto de las pruebas y, junto a la Imperial College de Londres, ha recibido ya el equivalente a 53 millones de euros por
parte del gobierno británico para el desarrollo de una vacuna, con otros 95 millones de euros comprometidos para los pasos futuros de finalización de este proceso. A su vez, la farmacéutica AstraZeneca ha llegado a un acuerdo con la Universidad de
Oxford para comercializar su vacuna de forma lo más rápida posible. En el marco de este acuerdo, la empresa se ha comprometido a comercializar 30 millones de vacunas para septiembre de 2020, llegando incluso a los 100 millones de dosis para final
de este año.
Por su parte, el 4 de mayo de 2020 la Comisión Europea organizó un esfuerzo de captación de fondos a nivel global, la Coronavirus Global Response, para poder garantizar que esa futura vacuna sea accesible para todos, especialmente a las
personas más vulnerables. La Comisión Europea aportó una cifra inicial de 1.400 millones de euros para este cometido, y consiguió recaudar hasta 7.400 millones de euros para realizar más tests, para mejorar los tratamientos, y para desarrollar esa
vacuna. Este esfuerzo global precede a la cumbre de Vacunas Globales que GAVI, la Alianza para Vacunas, organizará el 4 de junio para movilizar más recursos para el desarrollo de vacunas accesibles para todos.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
1. Detallar la participación de centros de investigación y profesionales científicos españoles en los esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra la COVID-19, así como la financiación pública que ha aportado a dichos
esfuerzos.
2. Defender en las Naciones Unidas, de forma coordinada con las instituciones de la Unión Europea y el resto de Estados miembros, la necesidad de que se respete el carácter de bien público global de la futura vacuna para la COVID-19 de
forma que sea accesible para todos, especialmente los sectores más vulnerables de la población.
3. Apoyar los esfuerzos que el sector privado español está realizando a nivel global para desarrollar vacunas y tratamientos para la COVID-19, estudiando la viabilidad de los diferentes proyectos que se encuentran actualmente en desarrollo
y otorgando el apoyo financiero necesario a aquéllos más prometedores.
4. Desarrollar y presentar a las Cortes Generales un plan de acción para garantizar la adquisición de la futura vacuna para la COVID-19 y su distribución entre la población española para su inmunización, siempre con especial atención a
sectores de la población que son especialmente vulnerables.
5. Elevar, en el seno de las Naciones Unidas, la necesidad de diseñar una estrategia global frente a los movimientos anti-vacunas, que ponen en peligro la salud pública a nivel internacional, mediante campañas de información y
sensibilización sobre la necesidad de inmunizar a la población frente a enfermedades contagiosas como la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-Guillermo Díaz Gómez y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000714
La Mesa de la Cámara, en su reunión de 19 de mayo de 2020, ha aceptado la declaración de voluntad del Grupo Parlamentario VOX de retirar, mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2020, la Proposición no de Ley relativa a elaborar una nueva
Estrategia de Internacionalización de las Universidades Españolas para el horizonte 2030, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', Serie D, núm. 83, de 12 de mayo de 2020.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/000866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Manifestar el agradecimiento y reconocimiento a todos los trabajadores y
trabajadoras y funcionariado del sector Científico, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Con objeto de proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad provocada por el coronavirus COVID-19 y reforzar el sistema de salud pública, el Gobierno decretó, el pasado 14 de marzo, el estado de
alarma en España. Con motivo de esta declaración, entre otras medidas, se ha reducido la movilidad, salvo para aquellas personas que atienden al cumplimiento de los objetivos de la declaración y aseguran el funcionamiento de servicios públicos
esenciales.
La declaración del estado de alarma está resultando esencial para contener la propagación de la enfermedad y mitigar los efectos de la epidemia.
Para que esto sea posible, los trabajadores y trabajadoras y el funcionariado del sector científico han trabajo y continúan trabajando en la búsqueda de una vacuna efectiva contra el virus del COVID-19, así como otras formas de prevenir,
retardar y curar a los ciudadanos y ciudadanas que se hayan infectado. Su trabajo es una labor esencial y normalmente en la sombra, no cesando en ningún momento su actividad, sino más bien todo lo contrario, incrementándose por considerarse
actividades esenciales para garantizar nuestra salud, seguridad y bienestar.
Todo derecho individual, supone un deber para otros. Los trabajadores y trabajadoras y el funcionariado del sector de la ciencia contribuyen, con el cumplimiento de su deber, con sus descubrimientos y labor científica, a garantizar el
derecho a la salud y bienestar de otros trabajadores y trabajadoras de sectores básicos, colaborando desde la sombra a garantizar nuestra salud y seguridad.
Es en momentos como la actual crisis sanitaria, en los que se descubre nuestra humanidad vulnerable ante agentes invisibles que todo lo infectan, cuando emerge la grandeza del ser humano, los valores
inmunes al contagio que se manifiestan en ciudadanos y ciudadanas que, con compromiso en el cumplimiento de su deber, garantizan con ello el bienestar de la sociedad que habitan. Principios a veces eclipsados por un individualismo y un
materialismo imperante, emergen en momentos difíciles para demostrarnos que sin ellos nuestra vida en sociedad no sería posible o, al menos, sería más difícil.
Por eso es obligado manifestar nuestro agradecimiento, en nombre de la ciudadanía que representamos, para que estas acciones se hagan visibles y sirvan de modelo para una sociedad mejor que, entre todos, tratamos de construir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, en nombre del Pueblo Español, manifiesta su reconocimiento y agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras y funcionariado del sector de la ciencia, que con su esfuerzo y sacrificio personal, en una
situación de especial riesgo y dificultad, han garantizado y siguen garantizando la lucha en primera línea desde sus laboratorios o centros de investigación, contra el virus COVID-19, para que el resto de la ciudadanía podamos regresar a la
normalidad de nuestras vidas, y para que aquellos ciudadanos y ciudadanas que continúan trabajando lo hagan con la esperanza y tranquilidad de que nuestros científicos y científicas luchan incansablemente contra el Coronavirus.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2020.-Javier Alfonso Cendón, Helena Caballero Gutiérrez, Roberto García Morís, Sandra Guaita Esteruelas, Miguel Ángel González Caballero y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José
Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la cuantificación y adopción de medidas para superar la brecha digital de los y
las universitarios/as en situación de vulnerabilidad económica, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La situación creada en el ámbito de la Educación Superior en todo el país por la crisis del COVID-19 ha obligado al Sistema Universitario Español a emprender una serie de medidas para finalizar el curso y adaptar la docencia presencial al
formato online.
Esto ha puesto de manifiesto que hay una parte importante de estudiantes que, por diversas causas, pero sobre todo por cuestiones de índole social, no pueden seguir el curso de forma no presencial, produciendo notables desventajas.
El Gobierno se ha marcado una premisa básica, algo propio de un gobierno progresista, que nadie se quede atrás en esta crisis.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio para cuantificar el número de estudiantes universitarios que se han visto afectados por la brecha digital durante esta crisis, haciendo especial hincapié en aquellos/as que disfrutaban de una beca o cualquier otra
ayuda para el estudio.
2. Desarrollar un paquete de medidas para ayudar a los y las estudiantes desconectados/as, especialmente para aquellos/as que disfrutaban de una beca o cualquier otra ayuda para el estudio o que,
por motivo del parón económico producido por el COVID-19, se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, evitando así dejar a nadie atrás en esta pandemia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2020.-Roberto García Morís, Sandra Guaita Esteruelas, Javier Alfonso Cendón, Juan Francisco Serrano Martínez, Miguel Ángel González Caballero y Helena Caballero Gutiérrez, Diputados.-José
Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de
Derechos Sociales y Discapacidad, para una nueva formulación de la Cooperación Internacional al Desarrollo adaptada a las necesidades derivadas de la pandemia del Covid-19.
Exposición de motivos
La crisis sanitaria, social y económica que estamos atravesando nos está obligando a repensar el funcionamiento de nuestras sociedades, especialmente en aquello que tiene que ver con nuestros sistemas de protección social y nuestros sistemas
de salud pública. Dicha reflexión está ya condicionando al conjunto de las políticas sociales y económicas a impulsar, en los próximos meses y años, como respuesta a la crisis sanitaria y económica que está causando la pandemia. El ámbito de la
Cooperación Internacional al Desarrollo, tanto por las especificidades propias de su marco de actuación como por las problemáticas inmediatas a las que deberá hacer frente, no es una excepción.
El carácter global de la pandemia del COVID-19 requiere articular una respuesta más allá de nuestras fronteras, coordinada a nivel internacional. El impacto en los países empobrecidos puede ser catastrófico. Aunque son sociedades más
jóvenes, la fragilidad de sus sistemas de salud unida a otros serios problemas sanitarios que enfrenta su población vaticinan un riesgo de colapso elevado de los servicios de atención que sufrirán, en mayor medida, las personas y colectivos en mayor
riesgo. El sobreendeudamiento de sus Estados y las debilidades estructurales de sus instituciones limitarán severamente la capacidad de gestión de una crisis de esta magnitud.
La expansión del virus a nivel mundial, la facilidad con la que ha demostrado extenderse desde unos países a otros desde su aparición, convierte lo que ocurra en cualquier país del mundo en una situación que afecta directamente al resto de
países. Ningún país podrá sentirse seguro y a salvo de la pandemia mientras existan focos de contagio en otros países del mundo. Así, como política humanitaria pero también como política de salud pública, reorientar nuestro sistema de Cooperación
Internacional al Desarrollo se ha convertido en una necesidad, para poder abordar, sin necesidad de derivar recursos previos a ámbitos diferentes de los que estaban planificados, las nuevas situaciones de atención que puedan aparecer por los efectos
del COVID-19 en los países más empobrecidos del mundo, y, por tanto, más necesitados de una acción urgente de apoyo para que puedan afrontar de manera segura las consecuencias de la pandemia.
Estos países son países que, por lo general, podrían tener graves problemas a la hora de hacer frente a la aparición de la epidemia de COVID-19 en sus sociedades, y con ello, por un lado, verse sometidos a auténticas tragedias humanitarias a
nivel interno, y, por otro, dificultar la lucha a nivel global contra la pandemia, en tanto podrían constituirse como focos activos de la misma, que dificulten su reversión y control a nivel global.
En primer lugar, por contar con sistemas sanitarios precarios que podrían verse desbordados con mayor facilidad que nuestros propios sistemas sanitarios, y todo ello sabiendo, como estamos sabiendo
por la experiencia propia, que nuestros propios sistemas están teniendo graves problemas para no entrar en situación de colapso.
En segundo lugar, porque suelen ser sociedades con altos niveles de personas trabajando en el sector informal, y que, por tanto, dependen de la obtención de ingresos diarios para poder sobrevivir. Esto podría generar situaciones en las
cuales, entre otras consecuencias, las necesarias medidas de distanciamiento social, que son imprescindibles para poner freno a la expansión del virus, se vieran en dificultades.
En tercer lugar, porque son países cuyos sistemas de protección social, en la mayoría de casos, siguen estando escasamente desarrollados. Una potencial 'hibernación de la economía' o cualquier otra medida similar que se pudiera aplicar para
hacer frente a la expansión del virus, y que implicase un parón en el acceso de sus habitantes a fuentes de recursos e ingresos que les permitan hacer frente a la cobertura de las necesidades básicas, sumada a su ya previamente precaria situación
económica y sanitaria, podría suponer, si no logran encontrar soluciones, un verdadero drama humanitario de consecuencias inmediatas, en tanto sus capacidades para construir un equivalente a nuestro 'escudo social' son limitadas, cuando no
directamente inexistentes.
En cuarto lugar, por ser países con sistemas económicos que además de empobrecidos son en muchas ocasiones altamente dependientes del sistema económico global. Los efectos que la pandemia ya está teniendo a nivel económico en el
funcionamiento de las diferentes economías del mundo (interrupción de la demanda internacional de la cual dependen, bajada en el precio de las materias primas, recesión global, etc.), pueden abocar a sus sistemas económicos a situaciones de recesión
y/o alta disminución de su capacidad de generar ingresos, lo que a su vez dificulta su, como venimos diciendo, ya de por sí limitada capacidad de respuesta ante cualquier tipo de problemática sanitaria y/o socioeconómica derivada de la irrupción del
COVID-19 en sus respectivos países.
Frente a todo ello el sistema español de CID debe tener la capacidad de adaptarse a la nueva coyuntura y entender que, más allá de las medidas que se deban aprobar e implementar para hacer frente a la situación en España, la solución a esta
pandemia no se puede contemplar como una solución 'en un solo país', sino que es necesaria una actuación global que permita poner freno a la pandemia, así como a sus consecuencias sanitarias y económicas, en el conjunto de los países del mundo, y en
especial que es fundamental atender la necesidad de fortalecer la capacidad de respuestas de los países que, por sus características económicas y de desarrollo, podrían sufrir mayores dificultades a la hora de establecer medidas eficaces para hacer
frente a la misma.
El impacto desproporcionado que la pandemia del COVID-19 va a tener sobre las personas y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, tanto en España como en el resto del planeta nos exige una acción global decidida y urgente. La
pandemia pone de relieve desigualdades estructurales de distinta naturaleza (económicas, sociales, de género etc), dentro y entre países, así como los desequilibrios ambientales que están en la base de su gestación. En definitiva, esta crisis
global pone en evidencia la necesidad de un cambio de modelo productivo y de sociedad, y la Agenda 2030 no sólo nos propone una hoja de ruta validad para ello, sino que representa sin duda el único escenario para hacer frente a los impactos a medio
y largo plazo de la pandemia y proteger a las personas más vulnerables y al Planeta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Realización de un estudio pormenorizado -de gestión directa por la Administración Pública- para valorar la afectación de la pandemia de la COVID-19, en relación a una nueva visión estratégica del modelo estatal de la CID.
Segundo. Garantizar el compromiso de España respecto a una contribución de forma significativa al llamamiento realizado por las Naciones Unidas (2,5 billones de dólares) para hacer frente al impacto de la pandemia sobre los países
empobrecidos. Así como hacia el avance del 0,7% de inversión en Cooperación Internacional al Desarrollo como meta ambiciosa y comprometida.
Tercero. Promover y/o apoyar la creación de un Plan Internacional de apoyo al fortalecimiento de los sistemas sanitarios de los países más empobrecidos del mundo, que permita a tales países poder acceder a los recursos necesarios para la
financiación y desarrollo de sus sistemas sanitarios públicos y comunitarios, lo que les permita a su vez contratar al personal sanitario que les sea necesario, así como
tener acceso a los materiales médicos, farmacéuticos, de diagnóstico y de protección individual que requieran.
Cuarto. Impulsar activamente mecanismos internacionales que permitan a los países que así lo necesiten desatender, durante los años 2020 y 2021, sus obligaciones de deuda bilateral, multilateral y privada. Condicionando la aplicación de
esta medida a la implementación de planes que garanticen el uso de esos recursos para la financiación de las diferentes formas de lucha, a nivel de atención sanitaria y de protección social, contra la pandemia del COVID-19 y sus potenciales
consecuencias socioeconómicas.
Quinto. Priorizar coyunturalmente, desde las diferentes instituciones dedicadas a la Cooperación Internacional al Desarrollo, el impulso, apoyo y financiación de los proyectos de cooperación centrados en la atención de las personas y
colectivos sociales en situación de mayor vulnerabilidad ante los efectos de la pandemia y sus consecuencias (mujeres, niñas y niños, enfermos y personas dependientes, personas mayores, refugiados y refugiadas, desplazados y desplazadas, migrantes,
colectivos cultural, étnica o racialmente vulnerables, sectores sociales en condiciones de exclusión social, etc.), garantizando el mantenimiento y desarrollo de los ya existentes y anteponiendo el impulso de nuevos proyectos urgentes de atención a
estas personas y sectores sociales frente a otro tipo de proyectos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.
161/000884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia las Diputadas Marta Rosique i Saltor y Maria Carvalho Dantas y del Diputado Joan Josep Nuet i Pujals, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la acogida de refugiados y el reconocimiento de derecho de asilo, para su debate en instancia en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El derecho internacional de los derechos humanos exige que se cubran las necesidades de salud de las personas solicitantes de asilo y migrantes y, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, cualquier restricción por razones de salud
pública o emergencia nacional deberá ser legítima, necesaria y proporcionada, así como no discriminatoria.
Para responder al reto global que supone la pandemia del Covid-19, debemos coordinarnos entre los distintos pueblos y sobre todo no dejar a ninguna parte de la sociedad desatendida. La salud de cada individuo está enlazada con la salud de
cada miembro desatendido. Por ello, si queremos prevenir que se expanda el virus, deberemos asegurar un acceso igualitario al tratamiento. Cada vez es más evidente que no hay crisis separadas -sanitaria, ambiental, social y de valores- sino una
compleja crisis. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a las personas excluidas y, simultáneamente, cuidar la naturaleza y garantizar los derechos humanos en cualquier
lugar del mundo, como en el caso de Grecia.
Pese a la llegada de este reto global, que exige una respuesta colectiva que no entiende de fronteras, ni tan siquiera un continente como el europeo, unido por instituciones supraestatales, ha sido capaz de responder de forma coordinada,
como ya se ha hecho evidente con la mayor crisis de migración y refugio desde la II Guerra Mundial. Según el informe 'Levantando muros. Políticas del miedo y securitización en la Unión Europea' del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, levantar muros
es hoy en día una clara apuesta política que va en aumento, no solo en los Estados Unidos. Hay más de 70 muros en el mundo. Los estados miembros de la Unión Europea y el Espacio Schengen han alzado casi 1.000 kilómetros de muros con el objetivo de
frenar la migración de personas desplazadas por la fuerza a Europa, por lo que la denominación de 'Europa fortaleza' no es una metáfora literaria sino una realidad muy concreta.
Este desigual acceso a tratamiento se hace especialmente evidente en los campos de refugiados griegos. El número de refugiados en Grecia ha aumentado durante los últimos meses a partir de las olas de migración provenientes de Turquía. La
gestión inadecuada de la Unión Europea desde hace años,
especialmente con el Acuerdo UE-Turquía en 2016, ha provocado que a fecha del 22 de marzo, en los campos de Lesbos, Chios, Samos, Kos y Leros hubiese 37.000 personas cuando estas instalaciones tienen una capacidad de únicamente 6.095
personas. Además, la política de contención de las autoridades griegas ha bloqueado las transferencias al continente, lo que ha provocado que situación en los campos de las islas sea más acentuada.
Las personas refugiadas que se encuentran en estos campos tienen un acceso limitado a agua, baños y duchas, tienen que hacer colas durante varias horas para acceder a la comida y viven en tiendas precarias o en contenedores sin calefacción.
En tal sentido, las autoridades griegas no han dado respuesta a la falta de agua potable, a la sanidad, a los productos higiénicos o al cuidado sanitario en los campos y alrededor de éstos. Asimismo, con la llegada de la pandemia del coronavirus,
el número de personal médico y de enfermería es insuficiente. Además, todas aquellas personas que hayan llegado desde el julio pasado no pueden tener acceso a la sanidad pública.
El Comisionado de Asuntos Internos de la Unión Europea anunció el 2 de abril que parte de la asistencia financiera de 350 millones de euros para Grecia cubrirían alojamiento temporal para los migrantes y solicitantes de asilo en las islas.
Grecia entonces desarrolló un plan de decongestión en los campos de las islas que consistiera en un triaje, dando prioridad a los mayores de 60 años, a los que tengan condiciones médicas específicas y a sus familiares inmediatos. Esto debía servir
para no poner en riesgo a muchas personas, pero el 16 de abril el Ministerio de Migraciones publicó que solo se habían transferido a 2.380 personas. También se impulsó una campaña de acogida dentro de la UE para los menores no acompañados que se
encuentran en los campos griegos, recolocando hasta 1.600 personas, en la que participaron Estados como Luxemburgo, Alemania y Suiza.
Posteriormente, tres incendios han hecho estragos en el campo para personas refugiadas de Vathy, en la isla griega de Samos, al destruir numerosas tiendas y contenedores y dejar sin hogar a unas 200 personas. Dos de ellos desatados el
domingo 26 de abril y el tercero el lunes 27 de abril, han destruido gran parte del campo, que alberga a casi 7.000 solicitantes de asilo a pesar de que sólo tiene capacidad para 648. Las autoridades griegas señalan que los incendios se debieron a
enfrentamientos entre residentes del campo. Sólo una semana antes había tenido lugar otro incendio en el campo de Vial, en Quíos, igualmente atestado.
El tiempo, en un momento de emergencia humanitaria como la actual, es esencial. Garantizar la salud y la seguridad de las personas solicitantes de asilo, de la población local y de las personas trabajadoras de ayuda humanitaria en las islas
permitirá garantizar la salud a nivel global. Como país que también tiene la misma situación de puerta de entrada, como Grecia e Italia, el Gobierno español debe corresponsabilizarse junto al resto de Europa.
Por todo ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Instar a las autoridades griegas a que, con la ayuda de la Unión Europea, promueva una descongestión rápida de los campos de refugiados en Grecia trasladando las personas que se encuentren en las islas (con prioridad de los menores no
acompañados y personas más vulnerables) a un apropiado alojamiento en el territorio continental. En tal sentido se debe asegurar que los campos disponen de suficiente personal médico y servicios, garantizando el acceso al sistema público de sanidad
a los refugiados y migrantes sin discriminación, incluyendo tests y tratamiento para el Covid-19, y que existe un adecuado suministro de productos higiénicos oportunos, agua corriente continua, desinfección y una recolección y eliminación continua
de los residuos.
2. Cumplir el acceso al derecho humano universal a solicitar y obtener asilo, como se garantiza por la Carta Europea de Derechos Fundamentales, el cual debe ser restaurado y confirmado de inmediato. Esto incluye aceptar solicitudes de
asilo y considerarlas en procedimientos justos de asilo, no castigar a las personas que cruzan fronteras para presentar una solicitud de asilo y respetar plenamente el principio de no devolución, que actualmente está siendo eludido por retrocesos
ilegales.
3. Ofrecerse a Grecia, de manera unilateral, para acoger personas solicitantes de asilo de Grecia, asegurando alojamiento, asistencia social y accesibilidad al sistema público de salud.
4. Trabajar y liderar en la Unión Europea y junto a sus Estados miembros una propuesta de concesión de ayudas económicas a Grecia para aliviar el hacinamiento.
5. Trabajar y liderar ante la Comisión Europea y al Consejo Europeo la creación de un sistema permanente para que los Estados miembros compartan responsabilidad recibiendo solicitantes de asilo, procesen las solicitudes de asilo y agilicen
la reunificación familiar para aliviar la carga a Grecia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2020.-Marta Rosique i Saltor, María Carvalho Dantas y Joan Josep Nuet Pujals, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para
paliar la crisis del sector de las autoescuelas, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Las autoescuelas, especialmente en Catalunya, hace siete años que adolecen una falta de personal administrativo y examinador al que la DGT no ha dado respuesta. Se han producido dos huelgas de examinadores, una de ellas de 6 meses, de las
más largas del Estado. La falta de personal en Cataluña ha devenido crónica.
El pasado 2019 la DGT decretó un plan de choque para las autoescuelas catalanas, dotándolas de examinadores y de horas extras para que los examinadores pudieran así trabajar y paliar los efectos de las huelgas y de la falta de personal.
Pese a ello la situación derivada de la crisis sanitaria del COVID19 ha vuelto a poner al sector en una posición de debilidad extrema e insuficiencia de recursos para atender la demanda.
A día de hoy en las 4 prefecturas es absolutamente insuficiente el número de personal efectivo. No hay el personal administrativo ni examinador suficientes para cubrir la demanda así como para mantener el correcto funcionamiento de las
prefecturas provinciales.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Tomar las medidas necesarias para dotar de personal administrativo y examinadores suficientes.
2. Instaurar la formación presencial de concienciación viaria de 8 horas que DGT había propuesto.
3. Reanudar los cursos de reeducación y sensibilización vial de manera inmediata para que los conductores infractores puedan recuperar puntos y permiso de conducción.
4. Ofrecer un plan de incentivos para favorecer el retorno de alumnos en las autoescuelas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2020.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la modificación de las medidas especiales dictadas por el Gobierno para la inspección técnica de vehículos en aras a no retrotraer la fecha de revisión a los plazos originales de vencimiento para ningún vehículo cuya inspección
caducara durante el estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La inspección técnica periódica es el principal instrumento para garantizar que los vehículos en circulación cumplen con las condiciones técnicas necesarias para poder circular sin riesgos por la red viaria.
El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, señala que los vehículos deben someterse a inspección antes de la fecha de fin de validez consignada en su tarjeta ITV o certificado de
inspección técnica periódica.
Ese plazo quedó en suspenso en aplicación de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La aprobación por parte del gobierno del Real Decreto 463/2020 conllevó el cierre al público las estaciones de inspección técnica de vehículos.
El artículo 4.2.d) del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad tendrá la condición
de autoridad competente delegada, tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias de los demás Ministros designados como autoridad competente delegada a los efectos de este
real decreto.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito
de actuación como autoridad delegada, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas
previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
El 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó un Plan de desescalada, articulado en cuatro fases, gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de
las medidas adoptadas.
El gobierno de coalición dentro de su Plan de desescalada posibilitó la reapertura al público de las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV), mediante la utilización de cita previa; en sendas órdenes dictadas por el Ministro de
Sanidad: la SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan de desescalada; y la Orden SND/414/2020, de
16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del mismo Plan.
El 15 de mayo, el Ministro de Sanidad, ha dictado una orden con la que se establecen las medidas especiales para la inspección técnica de vehículos. La orden SND/413/2020 establece en su artículo 2 referido a la 'cumplimentación de las
tarjetas ITV y certificados de inspección técnica' que una vez superada la inspección técnica de un vehículo que debió someterse a inspección durante la vigencia del estado de alarma, la referencia para establecer su fecha de próxima inspección será
'la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no computará, en ningún caso, la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas'.
Con esta orden ministerial el Gobierno ha impuesto la prórroga máxima para las revisiones de la ITV pendientes de efectuarse durante el estado de alarma mediante un disparatado régimen de ampliación de plazos para pasar la ITV en la que se
computan como base del plazo para la siguiente revisión la fecha en que había caducado la actual y no el día en que finalmente se realice el examen técnico del vehículo.
Esta decisión del poder ejecutivo es injusta al no existir ninguna razón técnica que acorte el período de validez de la ITV prorrogada; perjudicial para los ciudadanos, entre los que se encuentran numerosos profesionales autónomos de
diferentes sectores a volver a acudir a las estaciones de ITV y pagar una nueva revisión en menos tiempo del necesario; y vulnera la normativa nacional y europea.
Ante la aberrante decisión del gobierno de coalición, numerosas entidades han reclamado al Gobierno que reconsidere este orden sobre la prórroga de ITVs, entre ellas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Unión de Autónomos
(UATAE), la Agrupación de Profesionales de Auxilio en Carretera,
la Federación Española del Taxi (FEDETAXI) o la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España (FENADISMER). Alguna de ellas como FEDETAXI ha llegado a denunciar al Gobierno de España ante la Comisión Europea al considerar que
la medida del Ministerio de Sanidad resulta absolutamente injustificable al no haber ningún motivo sanitario o de seguridad que obligue a incumplir el actual Real Decreto que regula las ITV y la Directiva Europea que transpone.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fijar un plazo de prórroga de la vigencia de las inspecciones técnicas de todos los vehículos profesionales que caduquen durante el periodo del estado de alarma ampliándolas hasta siete meses adicionales.
2. Suprimir el artículo segundo de la orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos en aras a no retrotraer la fecha de revisión a los plazos originales de vencimiento
de las inspecciones técnicas para ningún vehículo cuya inspección caducara durante el estado de alarma.
3. Impulsar las acciones necesarias para incrementar la capacidad y los horarios de apertura al público de las estaciones de ITV con el fin de evitar la saturación de las mismas y poder ponerse al día con todos los usuarios que han sufrido
su cierre como consecuencia del estado de alarma decretado por el gobierno el 14 de marzo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2020.-Óscar Gamazo Micó, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Tristana Moraleja Gómez y Sandra Moneo Díez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/000844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la plurianualidad de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género, para su debate en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Exposición de motivos
La realidad de la violencia de género en situación de confinamiento derivada de la COVID-19 ha requerido la adaptación de los recursos existentes para la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
De la misma manera, se hace necesario un esfuerzo adicional para responder a las necesidades nuevas derivadas de esta especial situación. El Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia
a las víctimas de violencia de género, da respuesta a estas necesidades arbitrando medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios de asistencia y protección integral a las víctimas de violencia de género.
A su vez, el ROL dispone medidas urgentes para favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de Género por parte de las comunidades autónomas y de las entidades locales. En este sentido, prevé la excepción de
la aplicación de la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para los fondos destinados a la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el objetivo de asegurar la
implementación y prestación continuada durante los cinco años de vigencia del Pacto de Estado de los servicios de asistencia y
protección de las víctimas de violencia de género. El citado decreto habilita también la financiación de los servicios puestos en marcha por las comunidades autónomas para hacer frente a las necesidades en materia de violencia de género
derivadas de la declaración del estado de alarma.
Comunidades autónomas y ayuntamientos pueden, gracias al RDL de medidas urgentes, hacer frente a las necesidades especiales de las víctimas de violencia de género utilizando remanentes de ejercicios anteriores, sin que estos detraigan de las
cantidades de las que disponen en el año en curso.
La ejecución y la justificación de los fondos de 2020 del Pacto de Estado sobre Violencia de Género a partir de los criterios de reparto acordados en la Conferencia Sectorial de Igualdad puede verse seriamente dificultada por las
circunstancias derivadas de la situación sanitaria, que genera muchas incertidumbres y dificulta la realización de algunas actividades incluidas en la planificación de las administraciones con financiación de los fondos del Pacto. Por otra parte,
la propia implementación del Pacto de Estado durante los primeros ejercicios ha puesto de relieve la necesidad de poder hacer frente a proyectos más consolidados y asentados en los territorios. La cobertura de esa necesidad se vería facilitada si
se pudiera contar con la posibilidad de ejecutar proyectos plurianuales y si los fondos del pacto pudiesen atender a necesidades relacionadas con el capítulo de inversiones. Este extremo podría llevarse a cabo sin vulnerar, en ningún caso, el
espíritu que alimenta el Pacto de Estado, y que no es otro que el de mejorar e incrementar la asistencia, protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia de género
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de aceptar, en el marco de la financiación establecida en el Pacto de Estado sobre violencia de género, la presentación de proyectos de comunidades autónomas y
ayuntamientos que afecten a más de una anualidad y también aquellos que estén relacionados con el capítulo de inversiones en los casos en los que esté debidamente justificado y que redunden en una clara mejora de la atención y protección de las
víctimas de violencia de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2020.-Lídia Guinart Moreno, Diputada.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socalista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, la siguiente pregunta oral al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por la Comisión que se indica, dando
traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Diputada doña Patricia Rueda Perelló, Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a Ministro de Consumo, don Alberto Carlos Garzón Espinosa
Texto:
Tras afirmar que el turismo es un 'sector de bajo valor añadido, estacional y precario', ¿va a rectificar sus declaraciones y mostrar más respeto hacia una actividad esencial en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/013864
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la pregunta de los Srs. Diputados para la que se solicita respuesta por escrito, que figura a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Auxiliadora Pérez Díaz y don Guillermo Mariscal Anaya, Diputados por la provincia de Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
En los últimos días hemos tenido conocimiento que la Dirección Provincial del INSS de Las Palmas en el borrador del Plan de reincorporación de la plantilla de empleados públicos de la Seguridad Social a sus puestos de trabajo de forma
presencial tiene previsto provocar el cierre al público de las oficinas que esa entidad tiene en el municipio de Arucas, e incluso la que se encuentra en la sede de la propia Dirección Provincial de Las Palmas.
El CAISS (Centro de Atención e Información de la Seguridad Social) de Arucas viene prestando un servicio no sólo a los habitantes de ese municipio, sino también a los habitantes de los municipios de Moya, Teror y Firgas, entre otros. Todos
ellos municipios con una población de edad avanzada a los que se obligaría a desplazarse a la capital de la isla.
- ¿Confirma el Gobierno el cierre del CAISS del municipio de Arucas?
- En su caso, ¿cuáles son los motivos técnicos para ello?
- ¿Tiene previsto la Dirección Provincial del INSS localizar otras instalaciones en el mismo municipio para seguir prestando esa atención asistencial presencial?
- En caso contrario, ¿Considera el Instituto Nacional de la Seguridad Social que obligando a la numerosa población de edad avanzada, y por tanto, sensible y de riesgo, que reside en dichos municipios, a realizar los trámites, entre otros los
de la jubilación, a las oficinas centralizadas de la capital de la isla, no les expone a un riesgo de salud mayor dado que tendrán que realizar desplazamientos más largos a otras oficinas de la capital de la isla bastantes más alejadas de sus
domicilios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2020.-María Auxiliadora Pérez Díaz y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.
CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
179/001129
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(179) Pregunta a la Corporación RTVE con respuesta escrita.
Autor: Mena Arca, Joan (GCUP-EC-GC).
Reformulación de su pregunta sobre forma en que RTVE piensa proteger la independencia de los trabajadores del Ente Público ante el ataque de la ultraderecha española, así como si ésta está vulnerando el derecho constitucional a la
información veraz de los españoles ante sus presiones políticas a los profesionales de RTVE.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la
Resolución de la Presidencia de la Cámara de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este
acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Mena Arca, Diputado adscrito al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en la disposición final quinta del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas
a la Administradora Única Provisional de RTVE, para su respuesta por escrito.
La crisis del Coronavirus está demostrando la importancia de los medios de comunicación para garantizar el derecho a la información de los y las españolas y, especialmente, la de los medios de comunicación públicos.
Las libertades referidas al derecho a la información veraz y otros derivados están recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española y se constituyen como valores objetivos y esenciales del Estado democrático. La jurisprudencia del
Tribunal Constitucional a este respecto ha determinado que el derecho a una información veraz no se circunscribe únicamente al derecho propio de su titular, sino que es una pieza esencial en la configuración del estado democrático, garantizando la
formación de una opinión pública libre y plural. A este respecto, el derecho a la información tiene que ver con la obligación de dar a conocer a la opinión pública información veraz, libre, efectiva, objetiva y plural.
En los últimos días, y a raíz de la información derivada de la crisis sanitaria del COVID-19 que ha sacudido a todo el planeta, algunas formaciones políticas están llevando a cabo una estrategia de descrédito a la radio y televisión pública
española. Estos ataques premeditados por parte de la ultra derecha persiguen debilitar la credibilidad de RTVE e influir claramente en la independencia de los y las trabajadoras del ente público que los poderes públicos tienen la obligación de
preservar respecto a los
partidos políticos. Ciertamente, este ataque al derecho a la información de los españoles no se circunscribe únicamente a los medios de comunicación públicos, sino que esta misma formación política ha atacado, por ejemplo, a profesionales
de algunos medios de comunicación privados, como Atresmedia.
Además de utilizar la tribuna del Congreso de los diputados para fomentar los bulos y las fake news de esta organización de ultra derecha, una diputada de este mismo grupo parlamentario también ha utilizado los espacios que la democracia
garantiza a todas las formaciones políticas a través de la televisión pública para atacar a RTVE, poner en cuestión la independencia de los y las trabajadoras del ente público, que es la pieza fundamental de la credibilidad del periodismo, y
vulnerar el derecho constitucional a la información de los y las españolas.
¿Cómo piensa proteger RTVE la independencia de los y las trabajadoras del ente público ante el ataque premeditado de la ultraderecha española a este principio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2020.-Joan Mena Arca, Diputado.