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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 618, de 05/05/2023
cve: BOCG-14-D-618
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
5 de mayo de 2023
Núm. 618
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004988 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la condena de las ofensas proferidas a los cristianos a través de las burlas a la Virgen del Rocío en un programa de la televisión pública regional de
Cataluña ... (Página4)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004982 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a condenar las injerencias externas que está sufriendo la República del Perú ... (Página6)
Comisión de Defensa
161/004985 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la equiparación salarial entre el personal de las Fuerzas Armadas y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ...
161/004997 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre plan de mantenimiento de carreteras y caminos titularidad del Ministerio de Defensa en Tarifa ... (Página12)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004977 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora de la capacidad de respuesta de salvamento marítimo en Santander ... (Página12)
161/004978 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el servicio de acompañamiento de menores en las rutas áreas entre las Illes Balears ... (Página14)
161/004987 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a convertir la vía férrea Ruta de la Plata en un corredor ferroviario de velocidad alta de tráfico mixto priorizando el tramo
Astorga-Plasencia ... (Página15)
161/005000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre las viviendas de la SAREB en la rúa Privada Moderna de Vigo ... (Página17)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004998 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la reserva de actividad ... (Página18)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004983 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de los cristianos perseguidos ... (Página24)
161/004996 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de centros socio-sanitarios especializados para el tratamiento de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004975 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para prevenir la extensión de la gripe aviar garantizando, en todo caso, el suministro en el mercado nacional de alimentos como la carne de gallina y
los huevos ... (Página28)
161/004989 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la integración cooperativa en España ... (Página29)
161/004990 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la situación de sequía y su impacto en la agricultura ... (Página30)
161/004992 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas de apoyo al sector agrario a causa de la sequía ... (Página32)
161/004993 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la promoción de la destilación de crisis como medida extraordinaria para la defensa del sector vitivinícola ... (Página33)
161/004994 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la actualización de los protocolos antiincendios al cambio climático y la integración de prácticas
agroganaderas contra incendios ... (Página36)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004915 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre promoción del uso de combustible sostenible ... (Página37)
161/004981 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la elaboración y puesta en marcha de un Plan Nacional del Lobo ... (Página39)
161/004999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la renaturalización de las ciudades para incrementar la biodiversidad y la conectividad ecológica en los entornos urbanos ...
Comisión de Cultura y Deporte
161/004984 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover las candidaturas pertinentes para que España sea la sede de la Copa del Mundo de piragüismo en la categoría de Sprint ...
161/004991 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el fomento de la literatura y lectura en lenguas oficiales distintas del castellano ... (Página45)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004995 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de centros socio-sanitarios especializados para el tratamiento de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ...
Comisión de Política Territorial
161/004979 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la consideración de la personalidad jurídica, a la sostenibilidad económica y a los servicios que debe prestar la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A., como instrumento para revertir la despoblación rural y ayudar a la cohesión social y territorial ... (Página47)
161/005001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la finalización de las obras de rehabilitación del Palacio de la Antigua Aduana de Barcelona, a fin de recuperarlo como sede de la Delegación del Gobierno
en Cataluña ... (Página49)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004980 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la consideración de la personalidad jurídica, a la sostenibilidad económica y a los servicios que debe prestar la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A., como instrumento para revertir la despoblación rural y ayudar a la cohesión social y territorial ... (Página52)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002185 Pregunta formulada por los Diputados Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia
(GVOX), Miralles Martín, Onofre (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre fecha en la que va el Gobierno a asumir algún tipo de responsabilidad ante la deficiente gestión de las líneas ferroviarias que conectan
Cáceres y Badajoz ... (Página54)
181/002187 Pregunta formulada por los Diputados José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Miralles Martín, Onofre (GVOX), Vega
Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre estado en el que se encuentra el desarrollo y ejecución del Plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la SAREB para alquiler asequible ... (Página54)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/002186 Pregunta formulada por los Diputados Rubén Darío Vega Arias (GVOX), Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal
Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas previstas para velar por el sector pesquero español tras conocerse que la obligación de desembarque compromete más la rentabilidad de la flota ... (Página55)
Secretaría General
292/000033 Convocatoria de 11 de abril de 2023 de doce becas para la formación práctica en Documentación, Biblioteconomía y Archivística.
Convocatoria ... (Página55)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don José María Sánchez García, don Francisco José Contreras Peláez, doña María Teresa López Álvarez, don Carlos José Zambrano García-Raez, don Ignacio Gil Lázaro y don Andrés Alberto Rodríguez Almeida,
en sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley de condena de
las ofensas proferidas a los cristianos a través de las burlas a la Virgen del Rocío en un programa de la televisión pública regional de Cataluña, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Las burlas hacia la Virgen del Rocío en un programa de TV3.
El pasado 4 de abril, en plena Semana Santa, la televisión regional de Cataluña TV3 emitió una nueva edición del programa Está pasando (Está passant) 1. En esta se produjeron unos hechos que, además de ser expresión de zafiedad, mal gusto y
odio a lo español, pudieran ser constitutivos de delito contra los sentimientos religiosos de millones de católicos españoles. En este sentido, el artículo 525 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ('Código Penal') señala
lo siguiente:
'1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus
dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.
2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna'.
Pues bien, durante la emisión, los presentadores, Toni Soler y Jair Domínguez 2, dieron entrada en el plato a una actriz que remedaba a la Virgen del Rocío, con el fin de mantener una 'entrevista improvisada'. El visionado de estas imágenes
no ofrece lugar a dudas: la intencionalidad de los presentadores y del programa era mofarse de la figura de la Virgen del Rocío y del dogma de la Virginidad de María.
1 https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/esta-passant/esta-passant-04042023/video/6213194/.
2 Jair Domínguez ha declarado que se ha metido 'cincuenta veces' con Mahoma. 'Pero en mi caso reconozco tener predilección por reírme de sectas controladas por pederastas', apostilló:
https://elpais.com/espana/catalunya/2023-04-13/las-burlas-de-las-virgenes-de-tv3-que-escaparon-de-la-polemica.html.
Así, durante todo el encuentro entre los locutores y la actriz así caracterizada se sucedieron numerosas muestras que evidenciaban falta de respeto, escarnio y afrenta a quienes, como los católicos, tienen devoción a la Virgen. Se trata de
una advocación muy importante en toda España, especialmente en Andalucía, y que cuenta con muchas hermandades constituidas no solo en esa región, sino también en Cataluña. Así, en 2022 se celebró la 49.ª Romería del Rocío de Cataluña, a la que
acudieron 24 hermandades de este territorio de España desde Barcelona, Tarrasa o Sardañola del Vallés.
De esta manera, el programa incluyó una 'actuación' del personaje de la Virgen del Rocío por una actriz, que portaba asimismo un muñeco que representaba al Niño Jesús, a su vez es la imagen infantil del mismo Jesucristo. Es decir, aparecían
las dos figuras visibles más importantes del Cristianismo.
El espacio televisivo, con la excusa de proporcionar un espectáculo humorístico, lo que hizo fue perpetrar una burla absolutamente insultante e hiriente contra esas figuras centrales de la religión cristiana y contra un dogma como es el de
la Virginidad de María. Se recurrió a los fáciles instrumentos de las alusiones sexuales de la forma más chabacana y soez, que no merece la pena reproducir. Es sabido que, por su conexión con el aspecto más íntimo y más vinculado a la dignidad de
la persona, la sexualidad es un instrumento habitual cuando se quiere hacer daño a una persona o a sus familiares.
Con ello, está claro que los presentadores y responsables del programa vertieron todo su odio y toda su capacidad de ofensa, amplificado a través del medio de comunicación en el que tienen presencia, financiado con dinero público, contra las
creencias religiosas cristianas y contra quienes las profesan, en este caso personalizado en la Virgen del Rocío.
Segundo. Los ataques a los católicos y el odio a lo español, una constante en los medios públicos regionales de Cataluña.
Las reacciones ante este ataque a los sentimientos religiosos de millones de personas no se hicieron esperar. Las redes sociales fueron fiel reflejo de indignación ante esta inopinada ofensa por parte de los presentadores y actriz de TV3 en
un momento de especial intensidad en el calendario cristiano, como es la Semana Santa.
Pero es que comportamientos como los descritos son constantes en los medios regionales catalanes de titularidad pública, financiados con el dinero de todos. TV3 y los demás medios de comunicación pertenecientes a la Corporación Catalana de
Medios Audiovisuales dependen de la Consejería de Presidencia del ejecutivo regional catalán y actúan como instrumentos de imposición del separatismo y de la 'normalización' lingüística.
En consecuencia, estas sátiras y burlas no pueden considerarse inocentes, sino que deben entenderse enmarcadas en la política de odio que practica el separatismo contra todo lo que no se ajuste a su relato de exclusión: la Corona, el
Ejército, la tauromaquia, la Guardia Civil y la Policía Nacional, la bandera o el himno nacional, o cualquier elemento que represente la idea de una España unida que el separatismos rechaza son vilipendiados machaconamente con los recursos de todos
los catalanes.
Los españoles en general, y muy especialmente los andaluces y extremeños arraigados en Cataluña contribuyeron a la prosperidad de España con su duro trabajo en esta región. Ahora son destinatarios del desprecio constante de unos
separatistas que fomentan por todos los medios el enfrentamiento entre territorios y pueblos de España, en este caso a través de ofensas a la Virgen.
Tercero. Conclusiones.
Como anticipamos, no nos encontramos ante un ataque aislado a los sentimientos religiosos de los cristianos en España que se deba exclusivamente al humor. Al contrario, las ofensas a los católicos son reiteradas desde hace años, y se
acompañan de mofas y profanaciones de lugares de culto. Esta situación contrasta vivamente con el trato que reciben quienes profesan otras religiones, como la musulmana, que encuentran un gran apoyo de los poderes públicos, como mensajes de
felicitación del Ramadán por el presidente del Gobierno y numerosos políticos españoles.
TV3 se identifica sin tapujos con el desprecio hacia todo lo español, que en este caso reviste la forma de odio a la Virgen del Rocío y sus devotos, a los cristianos, a los andaluces y a los catalanes que no se ajustan a su definición de
buen catalán. No hay posibilidad de escudarse, de ningún modo, en la libertad de expresión: el humor tiene sus límites y uno de ellos se encuentra en el respeto a las creencias más íntimas y a su manifestación en forma de tradiciones que
representan a una inmensa mayoría de españoles.
Se trata de una tradición, por cuanto España es una tierra mariana, que profesa especial devoción hacia la Virgen María; buena prueba de ello es que es difícil encontrar un municipio en España cuya fiesta grande no esté vinculada a la
Virgen, que no tenga una advocación de la Virgen como patrona, que no peregrine a un santuario mariano o que lleve a María en su denominación.
En definitiva, TV3 debe ser cerrada de forma inmediata, por cuanto su finalidad no es otra que borrar el carácter español de Cataluña, practicando ofensas y violencias constantes contra España. Los recursos que ahora se destinan a esta
deben ser dirigidos a garantizar la seguridad en las calles y los servicios públicos deteriorados por el separatismo. El Congreso de los Diputados, como expresión de la soberanía nacional, debe rechazar las constantes muestras inadmisibles de odio
a la religión cristiana y a lo español, perpetradas con dinero público.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía nacional:
1. Expresa su más incondicional repulsa por las manifestaciones que, con las falsas coartadas del arte o del humor, constituyen actos inadmisibles de ofensas a la religión cristiana, y que evidencian en sus responsables un odio enfermizo
contra esta confesión y contra el mismo fundamento de la civilización occidental.
2. Declara su respeto y su más alta consideración hacia el Cristianismo como pilar fundamental de la civilización europea y como elemento vertebral de la Historia de España.
3. Insta al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas que sean necesarias para asegurar que las Convicciones y los sentimientos de los fieles cristianos que viven en España sean objeto del más absoluto respeto, de tal forma que
las manifestaciones de fanatismo y odio anticristianos sean objeto de una exclusión implacable de la vida social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2023.-Francisco José Contreras Peláez, José María Sánchez García, Carlos José Zambrano García-Raez, María Teresa López Álvarez, Andrés Alberto Rodríguez Almeida e Ignacio Gil Lázaro,
Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Víctor González Coello de Portugal, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro, y don Emilio
Jesús del Valle Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a condenar las injerencias externas que está sufriendo la República del Perú, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. El contexto en Perú.
El 7 de diciembre de 2022, Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República del Perú, por sucesión constitucional y tras la vacancia presidencial de José Pedro Castillo Terrones por el Congreso de la República a
consecuencia del intento de 'autogolpe' de Estado y posterior destitución del Congreso.
La vacancia del señor Castillo Terrones traía causa de su destitución y detención por tratar de ejercer un 'autogolpe', en el que intentó disolver el Congreso de Perú y decretar un Gobierno de excepción. La
detención del señor Castillo Terrones provocó la movilización y protestas por parte de sindicatos, organizaciones civiles y sociales, organizaciones de pueblos indígenas y partidos de la extrema izquierda.
Ello motivó que el 14 de diciembre se declarara el estado de emergencia en todo el país durante 30 días, desplegándose al ejército para controlar a los agresivos activistas y alborotadores callejeros. La escalada de violencia por parte de
los éstos provocó que, en la ciudad de Ayacucho, se produjera la muerte de ocho personas, que se sumaron a las siete en la región de Apurimac.
Posteriormente, el día 16 de diciembre se declaró el toque de queda en quince provincias del país. Hasta el 17 de diciembre, al menos 20 personas habían muerto, la mayoría por disparos, a consecuencia de la actuación policial y militar; a
pesar del celo de las fuerzas del orden por evitar daños irreparables, estos terminaron por producirse.
El 9 de enero de 2023,17 manifestantes murieron y 70 resultaron heridos en el departamento de Puno, ciudad de Juliaca.
Las fuerzas gubernamentales tuvieron que abrir fuego como única respuesta ante la incontenible avalancha que amenazaba directamente las propias vidas de sus componentes. Así, más de 120 policías han resultado heridos -varios de gravedad-, y
uno de ellos murió calcinado dentro del coche patrulla, en Juliaca 3. Tras el incidente, el presidente del Consejo de Ministros en Perú, Luis Alberto Otárola Peñaranda, calificó a los manifestantes de 'hordas de delincuentes', declarando igualmente
que se adoptarían las medidas necesarias para contrarrestar la violenta agitación callejera. Igualmente señaló que la movilización fue un verdadero intento de 'golpe de Estado', 'financiado por el narcotráfico' o por 'intereses externos' 4.
Segundo. Las injerencias de los regímenes socialistas y comunistas guiados por el foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla.
Durante las últimas dos décadas, el mundo ha asistido impertérrito al auge de regímenes comunistas y filocomunistas en Hispanoamérica. Así, cuando han existido notables excepciones a estas sucesivas olas de colectivismo social y represión,
estos regímenes han reaccionado tratando de influir -directa e indirectamente- de forma violenta en el devenir político de sus países vecinos.
La vocación por exportar su modelo a la fuerza es una característica definitoria de los regímenes comunistas. Influenciados por la corriente trotskista, los gobiernos bolivarianos y afines que forman el Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla
tienen entre sus objetivos convertir al continente americano en territorio socialista.
Y dentro de estas injerencias se enmarcan las actuaciones que están llevando a cabo regímenes como los de Bolivia, Cuba, Colombia, México y Honduras en la República del Perú. Tal y como hemos señalado ut supra, los gobiernos de estos países
están aprovechando la difícil situación que atraviesa el país andino para introducir sus consignas propagandísticas y apoyar las tesis golpistas del expresidente Castillo.
En el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro afirmó lo siguiente: 'En el Perú [los policías] marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos' 5. Ante estas gravísimas acusaciones
infundadas, el Congreso peruano declaró persona non grata al mandatario colombiano.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ha tildado la actuación de Dina Boluarte de 'golpe de Estado' aduciendo que el único motivo por el que Castillo fue destituido es su origen indígena.
Asimismo, López Obrador calificó al gobierno peruano de 'espurio', al realizar un 'acto ilegal, antidemocrático, arbitrario' 6.
3 BRICEÑO, Franklin: 'Perú: Muere manifestante y sube a 60 fallecidos en protestas', Los Angeles Times, 10.02.23. Disponible [en línea]:
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2023-02-10/peru-protestas-en-el-sur-deian-23-heridos-incluido-un-nino.
4 CHAPARRO, Amanda: 'Peruvian President Dina Baluarte faces genocide inquirí amidst deadly pólice repression', Le Monde, 12.01.23.
5 CALDERÓN, Martín: 'Tantas veces Gustavo Petro: ¿Qué dijo sobre Pedro Castillo y el Perú desde el golpe de Estado?, El Comercio, 16.02.23. Disponible [en línea]:
https://elcomercio.pe/politica/actualidad/tantas-veces-gustavo-petro-que-dijo-del-peru-desde-el-golpe-de-estado-de-pedro-castillo-congreso-relaciones-exteriores-cancilleria-noticia/.
6 ESPINOZA ALEXANDER, Carlos: 'Las polémicas frases de AMLO que provocaron la crisis diplomática entre México y Perú', Infobae, 26.02.23. Disponible [en línea]:
https://www.infobae.com/peru/2023/02/25/amlo-y-las-frases-mas-polemicas-que-provocaro n-la-crisis-diplomatica-entre-peru-y-mexico/.
A mayor abundamiento, el presidente de México no ha entregado la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú, tal y como está previsto en su Acuerdo Marco fundacional. Así lo recoge el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Perú:
'El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico señala que la presidencia pro tempore (PPT) se ejerce por periodos anuales y rotaciones por orden alfabético. Ello ha ocurrido siempre con normalidad y, cuando ha habido flexibilidad en los
plazos, se ha dado por común acuerdo de los miembros y sin imposiciones a ninguno de ellos.
El traspaso de la PPT al Perú desde enero 2023 integró la agenda de las reuniones preparatorias de la cumbre que no se realizó en Ciudad de México en noviembre 2022, ni en Lima en diciembre de ese año'. 7
Asimismo, el Gobierno peruano añade lo siguiente en relación con el presidente López Obrador:
'El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se niega a cumplir con la obligación que vincula a su Estado de transferir la PPT al Perú, porque ha decidido apoyar el golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, transmitido en
vivo en su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, y subsecuentemente cuestiona el proceso constitucional que condujo a la toma de posesión de la presidenta de la república, señora Dina Boluarte.
Con ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador se aparta de los principios contenidos en el Acuerdo Marco referidos a la democracia y el Estado de derecho y ha politizado a la Alianza del Pacífico, con el único fin de debilitarla. El
traspaso de la PPT de la Alianza del Pacífico al Perú no es una concesión, es una obligación contenida en un tratado que vincula a los cuatro países que integran la Alianza.
El Gobierno del Perú reitera su rechazo a los actos de injerencia del Presidente de México en su proceso político interno, y su pleno compromiso con la democracia y los derechos humanos. Corresponde a los peruanos encontrar un derrotero de
solución a nuestros problemas sin interferencias ni injerencias externas, y lo venimos haciendo dentro del marco de nuestra Constitución Política.' 8
Sin embargo, la injerencia más peligrosa y poderosa que sufre Perú es la que ejerce el expresidente boliviano Evo Morales. Con la llegada al poder de Pedro Castillo se produciría una llegada constante de agentes del servicio de inteligencia
boliviano y también de miembros de la Dirección de Inteligencia ('DI') cubana. Así, el Ministerio del Interior peruano, junto a la Dirección Nacional de Inteligencia ('DINI') de ese mismo país, han comunicado que poseen pruebas que demostrarían la
implicación de estos países en los disturbios. En particular, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, afirmó que
'Existen indicios y pruebas de que así ha sido, y no solamente ha habido un trasiego de material de Bolivia a acá (al Perú), sino un trabajo sistemático y permanente de algunos expresidentes, no solamente para azuzar a la población sino de
hablar claramente de insurrección. El señor Evo Morales ha hablado de una insurrección en el país...no hay duda que detrás de la violencia desatada en las protestas en Puno, Arequipa y Cuzco son por azuzadores financiados por el narcotráfico y la
minería ilegal. Asimismo, advirtió que hay indicios y pruebas que ingresaron al Perú proyectiles desde Bolivia'. 9
Tercero. La abulia del Gobierno español.
Ante las injerencias externas que está sufriendo el gobierno de Dina Boluarte, el Gobierno se ha limitado, hasta la fecha, a publicar una escueta nota de prensa por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Asimismo, el pasado 21 de febrero de 2023, el ministro del citado departamento, José Manuel Albares Bueno, compareció en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Durante su
7 'La Alianza del Pacífico no se debe politizar', Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, Comunicado Oficial 003-23, 18.02.23. Disponible [en línea]:
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/702511-la-alianza-del-pacifico-no-se-debe-politizar.
8 Ibídem.
9 'Quiénes serían los supuestos azuzadores identificados por la DINI en las protestas en Perú para crear caos y violencia', Infobae, 19.01.23. Disponible [en línea]:
https://www.infobae.com/peru/2023/01/18/protestas-en-peru-y-los-azuzadores-que-estan-detras-de-las-manifestaciones-para-crear-caos-y-violencia/.
intervención, el ministro afirmó que 'en el momento en que empezó esta situación de ruptura y de conflicto civil, paramos cualquier exportación de material militar y policial a Perú' 10.
De esta forma, al negar la exportación de este material al gobierno peruano, el Ejecutivo español da pábulo a las acusaciones de los defensores del golpista Castillo. En este sentido, es preciso recordar que el Gobierno autorizó en el año
2021 la exportación de material de defensa a Cuba por valor de 746.478 euros, repartidos en cuatro licencias. A su vez, cabe destacar que el Gobierno español aprobó, durante el primer semestre de 2021, la exportación de material antidisturbios al
gobierno cubano, por valor de 350.000 euros. De este modo, Cuba se convirtió en el segundo mayor receptor de material antidisturbios durante el primer semestre de 2021.
Cuarto. Conclusiones.
España, por sus vínculos históricos y el legado compartido, no puede ponerse de perfil, o incluso respaldar las tesis que defienden los regímenes socialistas y comunistas, mientras el legítimo Gobierno de un país hermano sufre las
injerencias externas de regímenes enemigos de la soberanía de las naciones y de la dignidad humana. Así, nuestro país debe fortalecer sus alianzas con aquellos países de la Iberosfera que todavía resisten a la amenaza totalitaria.
Al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a lo siguiente:
1. Condenar las injerencias externas que está sufriendo el gobierno de la República del Perú, que constituyen un peligro cierto para la integridad de sus instituciones y para las libertades de sus ciudadanos.
2. Exigir a los gobiernos de Bolivia, Colombia, México y Honduras respeto a la soberanía y las instituciones de Perú.
3. Apoyar públicamente la independencia y soberanía de la República del Perú'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2023.-Víctor González Coello de Portugal, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.-Iván
Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX
Comisión de Defensa
161/004985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Manuel Mestre Barea, don Víctor González Coello de Portugal, don Alberto Asarta Cuevas y don Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz
sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la equiparación salarial entre el personal de
las Fuerzas Armadas y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Las peculiaridades de la milicia.
Los miembros de las Fuerzas Armadas ('FAS') están sometidos a determinadas limitaciones en la regulación de sus derechos fundamentales teniendo en cuenta las peculiaridades derivadas de su
10 Diario de Sesiones n.° 849, p.34, de la Comisión de Asuntos Exteriores, sesión n.° 37, 21.02.23. Disponible [en línea]: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-849.PDF
estatuto, su condición militar y de las exigencias de la seguridad y la Defensa Nacional 11. Entre estas particularidades sobresale el riesgo personal -incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario-, la disponibilidad permanente
para el servicio (artículo 22 LODD) y la frecuente movilidad geográfica que requiere la Carrera Militar.
Estas especiales situaciones en las que se desarrolla la carrera militar son las que justifican la existencia de un reglamento de retribuciones propio para las Fuerzas Armadas. Dicho reglamento se encuentra recogido en el artículo 25 LODD
en los siguientes términos:
'El sistema retributivo de los militares, incluidas las retribuciones diferidas, y el régimen de indemnizaciones por razón del servicio son los de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado adaptados a las
características de las Fuerzas Armadas, a las peculiaridades de la carrera militar y a la singularidad de los cometidos y funciones que tienen asignados.
El Gobierno procederá a efectuar las citadas adaptaciones cuando sean necesarias. Por medio de las retribuciones complementarias se atenderán las características del ejercicio de la profesión militar, especialmente la responsabilidad, los
diferentes grados de disponibilidad, el horario, la preparación técnica y las singularidades de determinados cometidos.'
A tenor de lo dispuesto en este artículo, el Gobierno goza de la potestad para adaptar las remuneraciones de los miembros de las FAS a las de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
Segundo. La necesaria adecuación salarial.
Durante las últimas legislaturas han sido varios los ministros de Defensa que han propuesto la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas. No obstante, se mantiene una gran e injusta diferencia salarial entre el personal de los
distintos ámbitos de la Administración, en particular (por semejanza laboral) con el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el de las Fuerzas Armadas.
Varias iniciativas han sido aprobadas en el seno de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y que no han llegado a concretarse por el Gobierno. Entre estas se encuentra la Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas
para la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas, formulada por el Grupo Parlamentario VOX y aprobada en septiembre del año 2020. Sin embargo, y ante la abulia del Gobierno, nuestros militares continúan percibiendo un salario
paupérrimo.
Así, las diferencias salariales de los militares con el resto de los funcionarios públicos pertenecientes a la Administración General del Estado siempre han sido amplias y, por desgracia, están en aumento.
Esta desigualdad resulta especialmente ilógica con el personal perteneciente al Cuerpo de la Guardia Civil -instituto armado de carácter militar - , que desarrolla algunas funciones y cometidos equivalentes en muchas de sus tareas a los de
los miembros de las Fuerzas Armadas, a los que se les requieren los mismos requisitos de titulación que a estos. No obstante, se comprueba que aquellos perciben unas retribuciones que, antes de la subida por equiparación salarial (de policías y
guardias civiles con el resto de policías regionales), eran mayores que las del personal de las Fuerzas Armadas, y, por tanto, ahora van a ver aumentada su diferencia de forma ostensible.
A cuanto se ha expuesto, debe añadirse que por Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publicaba el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones
profesionales de la Guardia Civil, se calculaba una subida general de unos 720 euros entre los años 2018-2020 para los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en concepto de Componente Singular del Complemento Específico y Productividad, que se
sumarían a los actuales y a los que habría que añadir la subida prevista de IPC para el resto de personal de la Función Pública.
En el caso de las Fuerzas Armadas, el Gobierno promulgó el Real Decreto 177/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de
noviembre. Con esta norma, el Gobierno aumentó los salarios de los militares, pero de manera ínfima y totalmente insuficiente; sobre todo, si tenemos en cuenta el aumento de la inflación y, por tanto, del índice de Precios de Consumo ('IPC').
11 Así, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas ('LODD') establece, ex artículo 7, los principios de neutralidad política y sindical. Esto es, la imposibilidad de afiliación a un
partido político y la prohibición de ejercer el derecho de sindicación (contemplado para el conjunto de los españoles en el artículo 28 de la Constitución española).
Así, si atendemos a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística ('INE'), entre enero de 2005 y marzo de 2021 -fecha de promulgación del citado real decreto-, el IPC aumentó un 28,8 %. Si extendemos el marco temporal hasta
la actualidad, la subida del índice supone hasta el 45,6 % 12. En este estado de cosas, la insuficiencia de las actuaciones realizadas por el Ejecutivo tiene su prueba más evidente en el rechazo de su política de personal por parte de las tres
asociaciones principales con presencia en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas ('COPERFAS').
Tercero. Conclusiones.
La legislación vigente (en particular, la Ley 8/2006, de 24 abril, de Tropa y Marinería) tenía por objeto consolidar la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Así, se reguló una relación de servicios de larga duración para la tropa y
marinería que se prolongaba hasta los 45 años, con la que se trataba de mantener unas edades medias más bajas, al objeto de que los militares que cumpliesen esta edad se 'reincorporasen' al mercado laboral. Sin embargo, reducir anualmente el número
de integrantes de las Fuerzas Armadas no puede considerarse adecuado para el interés público.
La milicia no debe contemplarse como un trabajo más, o como un mero contrato por obra o servicio. Tampoco al militar hay que darle 'salidas' para justificar que se le obligue a abandonar las Fuerzas Armadas en un momento en el que puede y
desea continuar desempeñando su profesión. Al contrario, lo esencial es retener el talento de aquellos hombres y mujeres que tengan el lícito deseo de servir a su país en las Fuerzas Armadas, mantener su motivación y orientarles a aquellas tareas
más adecuadas a su edad, formación y experiencia. Y esto se consigue con mejores condiciones -sean retribuciones, formación, ascensos, especialización-, y aplicando políticas de carácter social que faciliten los continuos traslados familiares
-consecuencia de la movilidad geográfica inherente de los militares-, y solucionen los problemas que esta genera: escolarización, vivienda, etcétera.
Sin embargo, este no es el camino que está siguiendo el Gobierno. Desde el Ministerio encabezado por doña Margarita Robles Fernández se niega que la situación que viven nuestros militares sea mala, negativa, o sencillamente mejorable. Todo
ello, a pesar de las continuas y justas reclamaciones que se realizan desde las diferentes asociaciones militares; en especial, por aquellas que representan a las Escalas de Tropa y Marinería y Suboficiales.
No resulta coherente ni justo que el montante del sueldo neto de un soldado con menos de seis años de servicio puede ser a duras penas superior el del actual Salario Mínimo Interprofesional' 13. Estas bajas remuneraciones son una de las
razones principales por las que cada vez menos jóvenes quieren alistarse en las Fuerzas Armadas.
Con base en lo expuesto, resulta urgente tomar cuantas medidas sean necesarias para la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a, tras los informes y estudios preceptivos, llevar a cabo la necesaria equiparación salarial entre el personal de las Fuerzas Armadas y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2023.-Manuel Mestre Barea, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Agustín Rosety Fernández de Castro y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
12 Cálculo de variaciones del índice de Precios de Consumo (sistema IPC base 2021), Instituto Nacional de Estadística. Disponible [en línea]: https://www.ine.es/varipc/verVariaciones.do?idmesini=l&anyoini=2005&idmesfin=2&anyofi
n=2023&ntipo=l&enviar=Calcular.
13 'Las mismas palabras de siempre y sin expectativas de mejoras retributivas o profesionales para la tropa y marinería', Asociación de Tropa y Marinería Española, Nota de Prensa. 09.01.23. Disponible [en línea]:
https://www.atme.es/pascua-2023/.
161/004997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre plan de mantenimiento de
carreteras y caminos titularidad del Ministerio de Defensa en Tarifa, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El término municipal de Tarifa (Cádiz) cuenta con muchas carreteras y caminos de titularidad del Ministerio de Defensa que se encuentran en un mal estado de conservación y son vías de tránsito muchos vecinos de la zona rural.
En casos como Betis, Betijuelo, El Chaparral o Guadalmesí, los vecinos y vecinas obligatoriamente han de discurrir por estas vías para acceder a sus hogares, estando algunas de estas vías abandonadas, en un pésimo estado de conservación y
sin que se hayan acometido mejoras en décadas por lo que suponen un importante peligro para los conductores.
Además la vegetación en muchos de estos caminos y zonas aledañas no está controlada, no se han realizado tareas de desbroce y con la llegada de las altas temperaturas se eleva el riesgo de incendios en la zona.
Un buen ejemplo de esta situación es el incendio declarado el pasado 4 de abril en la Sierra del Bartolo en Tarifa que ha afectado a los núcleos rurales de Betis, Betijuelo y El Chaparral y que obligó al desalojo de los vecinos de la zona.
Gracias a la rápida actuación de los efectivos de INFOCA y Emergencias 112 de la Junta de Andalucía finalmente se pudo controlar sin lamentar pérdidas personales, pero la situación podría haberse descontrolado suponiendo un gravísimo riesgo para la
población y el medioambiente de la zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un Plan anual de mantenimiento y desbroce de las carreteras y caminos titularidad del Ministerio de Defensa en Tarifa y sus zonas aledañas (Cádiz).
2. Diseñar y ejecutar un Plan de reforma y asfaltado de las vías propiedad de Defensa en el municipio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2023.-José Ignacio Romaní Cantera, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y José Ortiz Galván, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejora de la capacidad de respuesta de salvamento marítimo
en Santander para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El lunes 3 de abril, con unas buenas condiciones meteorológicas y estando la mar como un plato, el barco pesquero de arrastre Vilaboa Uno, a seis millas de Santander y con diez tripulantes a bordo, emitió un aviso de emergencia por vía de
agua a las cuatro y diez de la madrugada, tal y como reconoce el
Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Santander. De una forma totalmente sorprendente, y sobre la que aún se está investigando, en unos pocos minutos el barco se hunde en las aguas del Mar Cantábrico.
Se activan los medios de rescate y se avisa a todos los barcos que se encuentran faenando por la zona para que acudan en ayuda de estos tripulantes. Treinta minutos después, el barco Siempre Nécora, con base en Colindres, es el primero en
llegar al lugar desde que se emitió la llamada de socorro. Consigue rescatar a seis marineros con vida y a uno, lamentablemente, fallecido. Se le intenta reanimar por todos los medios posibles, pero al final sólo se puede certificar su muerte.
Los tripulantes de la lancha de los prácticos del puerto consiguen salvar la vida de otro marinero y a las cinco y media el barco Ave Fénix recupera el cuerpo del segundo marinero fallecido. A día del registro de esta PNL sigue desaparecido
el otro tripulante del Vilaboa Uno. Todos los indicios señalan que los dos marineros fallecidos murieron por hipotermia dada la baja temperatura del agua.
Estos son los hechos probados y comprobados.
La pregunta que todo el mundo se hace en Cantabria es por qué teniendo en el aeropuerto de Santander una base de la sociedad de Salvamento y Seguridad en el Mar (SASEMAR), dependiente del Ministerio de Transporte, movilidad y agenda urbana,
con un helicóptero equipado con moderna tecnología, con una cámara térmica que permite encontrar personas en el mar en plena noche, capaz de volar a 300 km/h y tripulado por personas altamente cualificadas tardó 45 minutos en acudir al lugar del
naufragio cuando debería haber hecho ese trayecto de algo más de ocho millas en menos de 20 minutos.
Esta sociedad de Salvamento y Seguridad en el Mar tiene repartidos once helicópteros de rescate marítimo en las bases de Gijón, Coruña, Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Jerez, Almería, Valencia, Palma de
Mallorca, Reus y Santander. En todas estas bases, salvo en Santiago de Compostela y Santander, estos helicópteros cuentan con tripulaciones que hacen sus guardias de forma presencial. Es decir, durante las 24 horas de los 365 días del año estas
tripulaciones permanecen junto al helicóptero, lo que les permite tener un tiempo de respuesta frente a emergencias de menos de quince minutos.
En Santander, la tripulación del Helimer, que es como se conoce a este helicóptero, no se hacen guardias a presencia, lo que supone que cuando hay un incidente en el mar se debe localizar a la tripulación del helicóptero, que se tiene que
desplazar hasta la base, en el aeropuerto Severiano Ballesteros de Santander, recoger todo el equipo y poner el aparato en el aire, aumentando el tiempo de respuesta a cuarenta y cinco minutos.
En un caso como el del naufragio del pesquero Vilaboa -podríamos decir que como en todos los incidentes que ocurren en el mar- el tiempo de respuesta es vital, ya que, como antes se ha indicado, la muerte de los dos marineros rescatados
fueron por hipotermia, con lo que no es descartable que de haber llegado antes hasta ellos pudieran seguir con vida. En la mar llegar un minuto antes o un minuto después, es la diferencia entre salvar la vida de los marineros o no. Así de simple,
así de duro.
Por otro lado, hay que destacar que el Helimer que se encuentra en la base de Santander da servicio desde la costa de Cantabria hasta Francia, por lo que se hace aún más inexplicable la decisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana de no poner los mismos recursos que se destinan a las otras nueve bases repartidas por el territorio nacional a esta base tan importante y esencial.
Podríamos entender, aunque nos cuesta, que la base de Santiago de Compostela no tenga guardias presenciales ya que está muy cerca la base de La Coruña, que si tiene a la tripulación del helicóptero permanentemente en dicha base; pero dejar
sin esa cobertura, sin esas guardias presenciales para reducir el tiempo de respuesta de cuarenta y cinco a quince minutos dando servicio a Cantabria y al País Vasco, nos parece una temeridad y una irresponsabilidad que como hemos podido comprobar,
y no es la primera vez, cuesta vidas humanas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha, de manera inmediata, una investigación para conocer el operativo desplegado por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Santander y el tiempo de respuesta del helicóptero de Salvamento Marítimo tras recibirse
la llamada de socorro del pesquero Vilaboa Uno.
2. Destinar de manera urgente los medios materiales, humanos y económicos para que en la base de Santander en la que se encuentra el helicóptero de salvamento marítimo, Helimer 202, disponga de una tripulación que realice las guardias de
forma presencial en la propia base'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor, de la Diputada Inés Granollers Cunillera y de la Diputada Norma Pujol i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el servicio de acompañamiento de menores en las rutas aéreas entre las Illes Balears, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La doble insularidad que sufre la isla de Menorca es un obstáculo para la movilidad de los ciudadanos de esta tierra, que a menudo necesitan desplazarse en avión o en barco por motivos profesionales, de estudios o simplemente para acceder a
servicios que solo existen en la península o en Mallorca.
Recientemente, un grupo de familias menorquinas se han encontrado con un nuevo problema. El caso es que algunas familias tienen niños que tienen que desplazarse casi cada fin de semana porque sus padres y madres están separados, comparten
la patria potestad del menor y viven en islas diferentes del archipiélago; o bien porque viven en islas separadas por motivos laborales. Hasta hace no demasiado tiempo, estas familias estaban muy satisfechas con el servicio que ofrecía la compañía
Air Europa, puesto que ofrecía el servicio de acompañamiento de menores por un coste de cinco euros adicionales al precio de la tarifa, a los cuales se les tenía que aplicar el descuento del 75% para ser residentes en las Illes Balears.
Desgraciadamente, el pasado 26 de marzo esta compañía dejó de operar en la ruta aérea Menorca-Mallorca, hecho que ha supuesto dejar desamparadas a estas familias, dado que las dos únicas compañías restantes que operan esta ruta aérea no
ofrecen el servicio de acompañamiento de menores en las mismas condiciones.
Por un lado, Iberia Air Nostrum cobra el servicio de acompañamiento de menores a 55 euros por cada trayecto, al cual no se le aplica el descuento de residente y se tiene que sumar el precio del billete. Por otro lado, UepFly también ofrece
el servicio de acompañamiento de menores con un precio más asequible para las familias afectadas (10 euros por trayecto, una vez aplicada el descuento de residente), pero los horarios de esta compañía no se adaptan a las necesidades de las familias
afectadas, puesto que coinciden con el horario escolar.
El hecho de que la compañía Iberia Air Nostrum no aplique el descuento de residente al servicio de acompañamiento de menores supone una vulneración del Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, que en su artículo 2.4 establece que se tiene
que aplicar el descuento de residente 'en los precios que tendrán que pagar los pasajeros a las compañías aéreas o a sus agentes para su transporte y al de su equipaje en los servicios aéreos', incluyendo también los servicios auxiliares. En este
sentido, hay que recordar también que el descuento de residente está contemplado el artículo 9.1.b) del Régimen especial de las Illes Balears (Real decreto-ley 4/2019, de 23 de febrero del 2019), donde se determina que este descuento tiene que ser
del 75% de la tarifa.
Por si no fuera suficiente, desde la retirada de Air Europa se ha producido un encarecimiento de los precios en las tarifas de las dos compañías restantes, dentro de los márgenes permitidos por la declaración de obligación de servicio
público que rige esta ruta, seguramente provocado por la disminución de la competencia en esta ruta. Iberia Air Nostrum ha encarecido el precio del servicio de acompañamiento de menores de 45 a 55 euros por trayecto (y, por lo tanto, 110 euros por
ida y vuelta, a los cuales se tiene que sumar el importe de los billetes); mientras que UepFly ha incrementado los precios de las tarifas de sus vuelos, si bien es cierto que no han encarecido el coste del servicio de menores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Modificar, en el plazo de un mes, el Acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de noviembre del 2003, por el que se declaran obligaciones de servicio público (publicado por Resolución de la Subsecretaría de 28 de noviembre del 2003) para
que se establezca el deber de todas las compañías aéreas que operen en estas rutas de disponer y ofrecer de forma gratuita el servicio de acompañamiento para menores.
2. Adoptar, con carácter inmediato y mientras no se apruebe la modificación normativa mencionada en el punto anterior, todas las medidas necesarias para que todas las compañías aéreas que operen en la ruta aérea entre Menorca y Mallorca se
atiendan al deber de aplicar el 75 % del descuento de residente al servicio de acompañamiento de menores'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2023.-Inés Granollers Cunillera, Marta Rosique i Saltor y Norma Pujol i Farré, Diputadas.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para convertir la vía férrea Ruta de
la Plata en un corredor ferroviario de velocidad alta de tráfico mixto priorizando el tramo Astorga-Plasencia, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El conocido como Corredor Oeste-Ruta de la Plata se configuró históricamente como un importante eje vertebrador entre relevantes núcleos de la Península Ibérica, una arteria indispensable de conexión entre el norte y el sur de la misma que
gozó de comunicación ferroviaria desde el año 1896, cuando se inauguró la infraestructura. Sin embargo, dicha vía férrea fue puesta fuera de servicio para el tráfico de viajeros en 1985 y para el de mercancías una década después en el tramo
Astorga-Plasencia, con el elevado coste social y económico que para estas zonas ha supuesto.
El pasado 5 de diciembre, el Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea adoptó su Orientación general sobre la revisión del Reglamento de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T/TEN-T). Esta Red persigue contribuir a la
consecución de los objetivos de la Unión en materia de movilidad sostenible, al buen funcionamiento del mercado interior y a la cohesión económica, social y territorial de la UE. Está previsto que se desarrolle por etapas, para las cuales se han
establecido diferentes plazos de finalización: la red básica debe haberse completado para el año 2030, la red básica ampliada para 2040 y la red global para 2050.
Lamentablemente el Gobierno de España no consideró prioritario el corredor ferroviario Ruta de la Plata y, tras estar inicialmente descartado, finalmente aparecía contemplado en la red global de la RTE-T, retrasando así su posible vuelta a
la actividad hasta el 2050. De esta manera, en la sociedad civil (plataformas, asociaciones, instituciones, Cámaras de comercio, etc ...) han aflorado las voces que piden que se rectifique esa decisión para poder adelantar la llegada de fondos
europeos, empezando con el importante tramo entre Astorga y Plasencia, que supondría un verdadero impulso para el oeste del país y mejoraría sustancialmente la vertebración territorial.
Son muchos los motivos que aconsejan dicha rectificación en relación con la vía férrea Astorga- Plasencia. En primer lugar, no retrasar más tiempo la ejecución de un eje que permitiría la unión entre los dos brazos del Corredor Atlántico y
el tráfico de mercancías y pasajeros norte-sur de España sin tener que
pasar por Madrid, que actualmente es un cuello de botella para el tráfico ferroviario dada la concentración de convoyes que existe en la capital.
Por otro lado, facilitaría la conexión del oeste español con Europa, con los puertos del norte y del sur de España, Portugal y, desde allí, el enlace con África y América. También serviría de atracción para industrias todo tipo al
convertirse en un eje vertebrador multifuncional de transporte de pasajeros y mercancías, de energía, de conectividad digital y de nudos y plataformas logísticas, lo que ayudaría al desarrollo de un territorio muy afectado por la despoblación.
La inclusión de la conexión Astorga-Plasencia en una red diferente a la global permitiría la financiación con fondos europeos en un futuro más cercano, potenciando la mejora del resto de la Ruta de la Plata con el fin de convertirla en un
corredor de velocidad alta ferroviaria para tráfico mixto.
Es incomprensible la actuación del Ejecutivo central, pues ocasiona un considerable perjuicio no sólo a los territorios afectados, sino al interés del conjunto de la Nación, que exige la promoción y establecimiento de todas las herramientas
que cooperen con el crecimiento y la mejor conectividad de todos los puntos de la geografía española. Más aún cuando el transporte por ferrocarril se reconoce unánimemente como un sistema eficaz y sostenible.
Además de las incontestables garantías de sostenibilidad, medioambientales y de neutralidad climática del ferrocarril, no pueden obviarse otras derivadas de este en el plano de la cohesión social, económica y territorial, así como
importantes razones estratégicas que motivarían indudablemente su respaldo. Tampoco puede olvidarse que esta modalidad de comunicación es un mecanismo de gran utilidad para las sociedades de aquellas zonas con menor densidad de población y mayores
dificultades de comunicación, como es, sin duda, el caso que nos ocupa.
Pues bien, el pasado 13 de abril, en la votación de la propuesta de revisión del Reglamento de la RTE-T en la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, el Grupo Popular Europeo, gracias al impulso de la Delegación Española del
PP en Bruselas, logró que dicha red incluya y mejore tramos de infraestructuras que son esenciales para diferentes regiones de España, que en la propuesta inicial del Reglamento quedaban desconectadas.
En este sentido, cabe destacar la inclusión del tramo ferroviario de pasajeros y mercancías de Astorga-Zamora-Salamanca-Plasencia dentro de la red básica ampliada de la RTE-T gracias a una enmienda presentada por el PPE. Es decir, el
Partido Popular Europeo (PPE) ha conseguido adelantar, al menos, diez años la finalización de la ejecución de dicho tramo.
Sin embargo, ahora corresponde a los gobiernos de cada país de la UE conseguir que se mantengan estas inclusiones y mejoras en el proceso de negociación que se producirá entre el Parlamento y el Consejo Europeo. Aquí el papel del Ejecutivo
de España será aún más crucial al liderar estas negociaciones durante la Presidencia española del Consejo, que empieza el próximo 1 de julio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asumir de forma prioritaria y defender, preferentemente durante la Presidencia Española del Consejo Europeo, que se haga efectiva la inclusión del tramo ferroviario Astorga-Plasencia en la red básica ampliada de la Red Transeuropea de
Transporte (RTE-T) dentro del Corredor Atlántico, con el objetivo de convertir la vía férrea denominada Ruta de la Plata en un corredor ferroviario de velocidad alta para tráfico mixto de viajeros y mercancías.
2. Iniciar, a la mayor brevedad posible, todos los trámites necesarios para llevar a cabo un estudio de viabilidad de dicho trazado'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2023.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, María Jesús Moro Almaraz, Mario Garcés Sanagustín, Andrés Lorite Lorite, María Dolores Marcos Moyano, Víctor Valentín Píriz Maya, María
Teresa Angulo Romero, María del Carmen González Guinda, Elvira Velasco Morillo, Paloma Gázquez Collado, María Soledad Cruz-Guzmán García y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
161/005000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las viviendas de la SAREB en la Rúa Privada Moderna de Vigo para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La Xerencia Municipal de Urbanismo (XMU) del Ayuntamiento de Vigo ha resuelto varios expedientes administrativos, desde el año 2017, en relación a los inmuebles sitos en la calle Privada Moderna números 2, 3 y 7 y calle San Roque 107, en las
que se ordenaba a la SAREB, cómo propietaria de los mismos, a la realización de obras de conservación y otras, expresamente calificadas de medidas urgentes de seguridad, destinadas a evitar la entrada directa de agua en los inmuebles y la posible
caída de elementos en su interior o en la vía pública.
Los inmuebles citados, que representan 46 viviendas, tienen en la actualidad solo seis de ellas ocupadas con inquilinos/as de renta antigua. Las restantes viviendas quedan con sus accesos tapiados a medida que se van vaciando y las únicas
actuaciones realizadas por la SAREB fueron de desmantelamiento, percibiéndose claramente de nuevo su intención de provocar de forma deliberada que la situación se agrave hasta que permita que se declaren en situación de ruina.
Si bien, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 dictó, atendiendo el recurso formulado por la SAREB, auto de suspensión cautelar de las resoluciones de la XMU, de la misma quedan expresamente excluidas las medidas urgentes de
seguridad que se recogían en el informe emitido por el arquitecto técnico municipal, con fecha de 15/01/2018. Decisión ratificada con un auto de 14/06/2022.
El pasado 7 de febrero de 2023, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1, emitía sentencia favorable a las inquilinas e inquilinos de Privada Moderna en la que se rechazaba el recurso formulado por la SAREB en contra de las
resoluciones de la XMU del Ayuntamiento de Vigo.
Contra esta sentencia la SAREB formuló recurso de apelación ante el TSXG, lo que está provocando en la práctica que se prolongue la situación de acoso inmobiliario de los últimos cinco años a la espera de una resolución judicial firme.
La SAREB, como titular de los inmuebles, no ha ejecutado a día de hoy las referidas medidas urgentes de seguridad. Esta circunstancia motivó sucesivas interpelaciones y proposiciones formuladas del BNG, tanto en el Consello da Xerencia
Municipal de Urbanismo (XMU) en sus sesiones del 07/06/2022, 07/12/2022 y 24/01/2023, como en el propio Pleno de la Corporación, en su sesión común del 28/12/2022. También se registraron iniciativas en el Parlamento galego y en el propio Congreso
en junio de 2022.
La negativa de la SAREB, además de incumplir de manera flagrante y deliberada las resoluciones de la XMU a pesar de la imposición de dos multas coercitivas por un importe total de 3.000 euros, constituye objetivamente una práctica de acoso
inmobiliario, con el que la sociedad propietaria pretende forzar el desalojo de las personas arrendatarias actualmente residentes en los inmuebles, y que tienen suscritos contratos de alquiler de renta antigua, después de no haber logrado la
declaración de ruina de los edificios por resoluciones firmes de la propia XMU.
Delante de este manifiesto y reiterado incumplimiento de las resoluciones y acuerdos dictados por la XMU por parte de la SAREB, con una dilación de más de 4 años, tomando por referencia el mencionado auto del Juzgado Contencioso
Administrativo número 1 de Vigo, atendiendo además a que las leves acciones coercitivas ejercidas por la XMU no lograron la ejecución de las mismas, cabe destacar que es también responsable de la situación actual la inacción por parte de la XMU pues
coadyuva en la desprotección de las personas arrendatarias afectadas, en su mayor parte personas mayores y de escasos recursos, exponiéndolas a riesgos manifiestos en sus viviendas. Además, la no adopción de medidas efectivas por parte de la XMU
supone una inaceptable omisión en sus funciones y un acto contrario a sus propias resoluciones, consintiendo o incluso facilitando el incumplimiento de las mismas por parte de la SAREB.
Las 'negociaciones' de los últimos meses por parte de la SAREB con las personas inquilinas afectadas se ha limitado por el momento a ofrecer la posibilidad de traslado (definitivo) a otros inmuebles en diferentes puntos de la ciudad. No
obstante, el vecindario de la Privada Moderna defiende su derecho a permanecer en las viviendas en las que llevan toda la vida, en su barrio y entorno en lo que cuentan con
red social de apoyo, sobre todo teniendo en cuenta que lo único que compromete la habitabilidad de sus viviendas es la negativa de la SAREB (consentida por el Ayuntamiento de Vigo) a realizar las reformas necesarias en los elementos comunes,
especialmente en la cubierta del edificio.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Asegurar que se pone fin al acoso inmobiliario que ejerce la SAREB contra los y las inquilinas de viviendas de su titularidad en la calle Privada Moderna de la ciudad de Vigo.
2. Garantizar que la SAREB acomete las obras de reforma necesarias para la seguridad y habitabilidad de los inmuebles, especialmente en los espacios y elementos comunes de las viviendas, iniciando de forma inmediata las declaradas urgentes.
3. Dar las órdenes e instrucciones precisas desde el Gobierno para que la SAREB desista del recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que permiten retrasar las obras de mantenimiento y prolongar la situación de
acoso a las y los inquilinos.
4. Promover un cambio en la política de la SAREB y acometer, a la mayor brevedad posible, la reforma de las 40 viviendas de Privada Moderna a día de hoy vacías para proceder, a continuación, a su puesta a disposición en régimen de alquiler
social.
5. Transferir todos los inmuebles de la SAREB sitos en Galiza al Instituto Galego de Vivenda e Solo para que sean incorporados al parque público de vivienda y destinarlos a alquiler social desde la Xunta de Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2023.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, relativa a la reserva de actividad.
Exposición de motivos
Mediante la reserva de actividad las personas que ostentan ciertas titulaciones, especialmente en los campos de la arquitectura y las ingenierías, tienen asignadas en exclusiva determinadas labores profesionales, lo que implica en distintos
mercados una fragmentación de las actividades que no se corresponde con lo regulado en otros países de la Unión Europea (UE).
La especificación de los títulos que tienen acceso a profesión regulada, y por lo tanto, a las reserva de actividad, está recogida en el Decreto 148/1969, de 13 de febrero, por el que se regulan las denominaciones de los graduados en
Escuelas Técnicas y las especialidades a cursar en las Escuelas de Arquitectura e Ingeniería Técnica. 14 Todas las ramas o especialidades de ingeniería creadas con anterioridad al citado Decreto tienen acceso a profesión regulada, y ninguna de las
ramas o especialidades creadas con posterioridad tienen acceso a profesión regulada. Este desajuste está vinculado a la inactividad de los sucesivos gobiernos en relación con el mandato de las disposiciones finales primera y tercera de la Ley
12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros técnicos. 15
14 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-221.
15 https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-8176-consolidado.pdf .
El anexo I del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad, 16 califica a todas las titulaciones oficiales
exclusivamente por disponer de conocimientos comunes, independientemente de si dan o no acceso a profesión regulada.
La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo relativa a las competencias de las profesiones tituladas (profesiones reguladas), incluyendo entre otras muchas la Sentencia de 24 de mayo de 2011 (RJ20115037), afirma que la regla general
sigue siendo la de rechazo de esa exclusividad, pues, como se recoge en la citada sentencia, la jurisprudencia ha declarado con reiteración que frente al principio de exclusividad debe prevalecer el de libertad con idoneidad: '[...], ya que, al
existir una base de enseñanzas comunes entre algunas ramas de enseñanzas técnicas, éstas dotan a sus titulados superiores de un fondo igual de conocimientos técnicos que, con independencia de las distintas especialidades, permiten el desempeño de
puestos de trabajo en los que no sean necesarios unos determinados conocimientos sino una capacidad técnica común y genérica que no resulta de la situación específica obtenida sino del conjunto de los estudios que se hubieran seguido'.
Sin embargo, actualmente existen títulos sin acceso a profesión regulada, y por lo tanto, sin Orden Ministerial que establezca los criterios de verificación, como los de Ingeniero de Organización Industrial o el de Ingeniero en Automática y
Electrónica Industrial.
Las actividades industriales pueden dar lugar a incidentes que afectan a la seguridad de las personas y el medioambiente, y por lo tanto es importante asegurar que las personas encargadas de la dirección de obra o el control técnico de este
tipo de proyectos tengan la formación técnica adecuada para llevarlas a cabo de forma segura. Por otro lado, el Ministerio de Industria no ha satisfecho distintas consultas sobre la relación de conocimientos mínimos que son necesarios para realizar
actividades de un reglamento concreto (baja tensión, equipos a presión). En primer lugar, porque tales competencias no están definidas; en segundo, porque una definición precisa de tales competencias dejaría fuera el acceso y ejercicio a varias
profesiones reguladas vigentes que carecen de tales competencias.
La realidad de las titulaciones de ingeniería en España, de todas sin excepción, tanto de grado como de máster, es que no imparten formación específica en materia reglamentaria, sino una formación general en su mayor parte común a todas.
Dado que el título universitario concreto es el único criterio 'habilitante', se producen situaciones anómalas que no parecen ser favorables a la seguridad, como, por ejemplo, que un recién graduado tenga acceso pleno a todas las actividades
industriales mientras que un profesional experimentado en un determinado ámbito y con acreditaciones por organismos independientes queda excluido.
Ingenieros de automática o de organización industrial que no tienen acceso a profesión regulada comparten conocimientos con los ingenieros industriales que sí tienen acceso a profesión regulada. Igualmente, titulaciones tales como Ingeniero
de Organización Industrial, Materiales, en Geodesia y Cartografía, Ingeniero Químico, etc., que surgieron en 1992 fruto de la reforma de la Ley de Universidades de 1983 tienen treinta años de vida. En treinta años de existencia, con unos planes de
estudios y unos requisitos de acceso bien definidos, no se puede esgrimir el desconocimiento de las competencias profesionales de tales títulos.
Lo que subyace en este marco reservista es el tradicional corporativismo de reparto de mercados, donde determinados colectivos, con la noble excusa de la seguridad que es difícilmente soslayable, monopolizan el mercado de servicios en
ingeniería, ejerciendo influencia sobre las administraciones en materia de reglamentación. En 2015, el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales se vio paralizado por presuntas presiones colegiales. Por lo tanto, no se ha
desarrollado en cuarenta y cuatro años de democracia un debate parlamentario serio al respecto y menos aún se ha pedido opinión a los afectados, que actualmente suponen el 50% de los graduados en ingeniería al año. Esta restricción no sigue el
principio que establece la jurisprudencia de libertad con idoneidad frente al modelo de exclusividad y monopolio. Del mismo modo, estas restricciones pueden limitar el acceso de los ciudadanos a servicios profesionales de calidad. Si hay
limitaciones en el número de personas que pueden practicar una profesión, o si hay barreras de entrada que dificultan que nuevas personas ingresen a la profesión, entonces habrá menos profesionales disponibles para atender las necesidades de la
sociedad.
Estas restricciones también pueden limitar la innovación y la creatividad en el ámbito profesional. Si las regulaciones y las normas establecidas son demasiado estrictas o rígidas, entonces los profesionales pueden tener dificultades para
encontrar nuevas formas de abordar los problemas y desafíos sociales.
16 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15781.
Esto puede llevar a la estandarización de las prácticas profesionales y a la falta de progreso en la solución de los problemas sociales. Los actuales retos sociales necesitan de la visión de todas las ramas y especialidades de la
ingeniería.
Las restricciones pueden crear desigualdades en el acceso a los servicios profesionales. Si las regulaciones favorecen a ciertos grupos de profesionales o restringen la entrada de otros grupos, entonces es probable que algunos sectores de
la sociedad tengan un acceso limitado a los servicios profesionales necesarios para mejorar su calidad de vida. Y al mismo tiempo, ciudadanos debidamente cualificados sean discriminados profesionales por la misma sociedad que ha invertido en su
formación.
Por último, las restricciones pueden aumentar los costos de los servicios profesionales, lo que puede afectar negativamente a las personas que tienen menos recursos económicos. Si las regulaciones requieren que los profesionales cumplan con
ciertos requisitos costosos o tengan que pagar tarifas elevadas para obtener licencias o certificaciones, entonces estos costos pueden ser transferidos a los consumidores, lo que puede limitar su capacidad para pagar los servicios necesarios.
Como muestra, a continuación, y a modo de ejemplo, se representa un comparativo entre dos titulaciones cuyos planes de estudios tienen los mismos cursos y asignaturas:
INGENIERO INDUSTRIAL (1964-1998)
ESPECIALIDAD ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL;1.º ciclo + 2.º ciclo
INGENIERA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
1.º Curso;1.º Curso (1.º ciclo)
Algebra lineal.;Algebra lineal.
Cálculo infinitesimal.;Cálculo infinitesimal.
Física.;Física.
Dibujo técnico y geometría descriptiva.;Química.
Análisis de formas arquitectónicas.;Dibujo y sistemas de representación.
;Mecánica.
2.º Curso;2.º Curso (1.º ciclo)
Ampliación de matemáticas.;Ampliación de matemáticas.
Ampliación de física.;Dibujo industrial.
Mecánica.;Ciencia de los materiales.
Dibujo técnico II.;Inglés fase A.
Química Orgánica.;Resistencia de los materiales.
Geometría descriptiva.;Electricidad Industrial.
Topografía.;Mecánica de fluidos.
;Termodinámica.
3.º Curso;3.º Curso (1.º ciclo)
Estadística teórica y aplicada.;Oficina técnica.
Elasticidad y resistencia de los materiales.;Economía.
Termodinámica y fisicoquímica.;Organización Industrial.
Mecánica de fluidos.;Seguridad e higiene.
Electrotecnia general.;Ingles fase B.
Tecnología química.;Topografía y construcción.
Cinemática y dinámica de máquinas.;Tecnología mecánica y metrología.
;Cálculo de estructuras.
;Instalaciones industriales.
;Métodos específicos y soldaduras.
;Proyecto fin de carrera.
INGENIERO INDUSTRIAL (1964-1998)
ESPECIALIDAD ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL;1.º ciclo + 2.º ciclo
INGENIERA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
4.º Curso (Especialidad Organización Industrial);4.º Curso (2.º ciclo - 1.º Ing. Organización Industrial)
Teoría e instituciones económicas.;Automatización de procesos industriales.
Organización de la producción.;Dirección comercial.
Investigación operativa I.;Diseño, plan. y gestión de sist. produc. y logist.
Teoría económica de la empresa.;Métodos cuantitativos I.
Electrónica general.;Organización del trabajo y factor humano.
Tecnología mecánica.;Complejos industriales.
Motores térmicos.;Dirección financiera.
Maquinas hidráulicas y de fluidos.;Estadística industrial.
Calor y frío industrial.;Métodos cuantitativos II.
;Gestión de la calidad.
;Infraestructuras de las comunicaciones.
;Métodos de fabricación.
;Prevención de accidentes.
;Técnicas CAD/CAM/CAE.
;Aprovechamiento y ahorro energético.
5.º Curso (Especialidad Organización Industrial);5.º Curso (2.º ciclo - 2.º Ing. Organización Industrial)
Administración de empresas.;Proyectos.
Investigación operativa II.;Competitividad e innovación en la empresa.
Integración de la información.;Estrategia y política de la empresa.
Calculo numérico.;Tecnología eléctrica.
Psicosociología y derecho.;Tecnología energética.
Mercados.;Política industrial y tecnológica.
Proyectos.;Tecnología del medio ambiente.
Construcción y arquitectura industrial.;Tecnología mecánica.
Regulación automática.;Programación científica.
;Máquinas eléctricas.
Proyecto fin de carrera.;Proyecto fin de carrera.
El Ingeniero Industrial, especialidad Organización Industrial, tiene acceso a profesión regulada y la Ingeniera de Organización Industrial no la tiene, y por lo tanto, no será considerada persona técnica titulada competente. Como puede
comprobarse en esta comparativa, no existe justificación de necesidad y proporcionalidad para la restricción de miles de mujeres ingenieras de nuestro país. Igualmente, si revisamos los planes de estudios actuales de Grado en Ingeniería de
Organización podemos observar el mismo patrón. 17
Con el nuevo anteproyecto de Ley de Industria se establecería vía ley una nueva restricción, no avalada por legislación de las propias profesiones (la mayoría no tiene norma con rango de Ley que las establezca ex artículo 36 de la CE) y
expulsa de la prestación de servicios profesionales a miles de ingenieros que disponen de titulación oficial de ingeniería obtenida en España, sin justificar la no
17 https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Planes%20d e%20Estudio/Planes%20Antiguos/05IR_GradoIngenieriaOrganizacion_2023_24.pdf.
discriminación, la proporcionalidad de la medida y sin someter la norma al test de proporcionalidad establecido por la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar
nuevas regulaciones de profesiones. Para ello, en una de las últimas páginas, en su anexo (pero con plena validez jurídica con rango normativo de Ley) utilizan una definición de persona técnica titulada competente que es excluyente y que la
problemática anterior (ni siquiera la Ley de Industria de 1992 incurre en tal restricción):
28. Persona técnica titulada competente: Se trata, únicamente y de manera exclusiva, de aquella persona técnica titulada universitaria que cumpla alguna de las dos condiciones siguientes:
a) Estar en posesión de titulación académica de máster o grado en ingeniería o habilitación profesional como ingeniero o ingeniero técnico con atribuciones legalmente establecidas que incluyan las competencias profesionales necesarias en los
distintos ámbitos de la seguridad industrial.
b) Estar en posesión de titulación académica de máster o grado en ingeniería cuyo plan de estudios -de acuerdo con las Órdenes Ministeriales por las que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos- garantice la
adquisición de las competencias profesionales para los distintos ámbitos de la seguridad industrial, tanto si dicho título otorga habilitación profesional como si no la otorga. 18
La expresión 'tanto si dicho título otorga habilitación profesional como si no la otorga' no soluciona nada, ya que sólo a los títulos con habilitación profesional se les creó Órdenes Ministeriales por la que se establecen los requisitos
para la verificación de títulos, y por lo tanto solo estos títulos, los del apartado a) cumplen el apartado b). La realidad es que se impone una restricción sin someterse a los test de proporcionalidad a los que obliga la Directiva 2018/958.
Especialmente preocupante de la propuesta del Anteproyecto de Ley de Industria es que no se ha tenido en cuenta la necesaria perspectiva de género y va a provocar que Ingenieras Químicas, Ingenieras de Organización Industrial, Ingenieras de
Automáticas y Electrónica Industrial, Ingenieras de la Energía, Ingenieras Mecatrónica y Robótica, Ingenieras en Tecnologías Industriales, y otras, que presentan la mayor tasa de mujeres ingenieras egresadas y a las que debemos incluir a las
Arquitectas, no puedan desarrollarse como profesionales, utilizando las capacidad técnica suficiente que han adquirido con su esfuerzo y tesón en la universidad. Se trata de mujeres a las que se le relega, una vez más, a realizar los trabajos de
menor cualificación o a trabajar a cambio de una baja remuneración a las órdenes de los titulados con acceso a profesión regulada, mayoritariamente hombres. Por lo tanto, el Anteproyecto de Ley de Industria establece una nueva restricción
profesional, hasta ahora inexistente, que imposibilitará definitivamente que las mujeres tituladas en estas titulaciones de ingeniería, y otras, puedan ejercer su profesión como ingenieras.
La definición del punto 28 del anexo es contraria a la meta de igualdad de género y empoderamiento de la mujer comprendida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en concreto en su meta 5.1 19, si
establece una restricción a favor de las titulaciones con mayor presencia de hombres, y por lo tanto, reforzando la presencia del hombre en la sociedad. También es contraria a la meta 5.5 por menoscabar la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Esta Ley debería velar por la meta 5.ª y emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, y no que las discrimine.
Estamos ante la definición de una restricción que no cumpliría satisfactoriamente la meta 8.3 20 de los ODS, quebrantando el compromiso de promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización de empresas.
Se trata de una definición que da asimismo la espalda a la meta 9.2 21, al impedir una industrialización inclusiva y sostenible. La restricción disminuye significativamente la contribución de las personas cualificadas en el sector
industrial al empleo y al producto interior bruto. Nótese que el 50 % de los egresados en ingeniería no están habilitados para el ejercicio de una profesión regulada, pues solo las titulaciones que fueron creadas en el periodo predemocrático.
18 file:///C:/Users/huascar.sologuren/Downloads/Texto%20del%20Anteproyecto%20de%20Ley%2 0(1).pdf.
19 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/.
20 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/.
21 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/.
Igualmente, este proyecto de Ley de Industria hace caso omiso a la meta 10.3 22, impide la igualdad de oportunidades aumentando la desigualdad de los resultados, creando una ley discriminatoria; no adopta a todos los niveles decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades, como determina la meta 16.7 23.
En definitiva, solo los títulos con menor presencia de mujeres, cuyas regulaciones se realizaron con anterioridad a 1969, sin perspectiva de género, son los que podrán ejercer la figura de persona técnica titulada competente. Destaquemos
que estas mujeres ingenieras discriminadas, cuyos títulos fueron creados en el periodo democrático, han recibido una formación universitaria perfectamente equiparable a la de los titulados durante el periodo predemocrático.
En conclusión:
En España existen dos grandes grupos de títulos universitarios de ingeniería:
- Los títulos que aparecen en el Decreto 148/1969, que otorgan habilitación para el ejercicio de profesión regulada, cuyas regulaciones fueron diseñadas cuando no existía igualdad entre hombres y mujeres, ni las normas se establecían con
bajo perspectiva de género.
- Los títulos que se han creado con posterioridad, inicialmente desde 1992, bien entrada la democracia y que no habilitan para el ejercicio profesional de profesiones reguladas.
El punto a) de la definición del punto 28 del anexo hace referencia directa al grupo de los títulos que habilitan para el ejercicio de profesión regulada. El punto b) vuelve a hacer referencia, esta vez indirecta, a los mimos títulos ya que
las Órdenes Ministeriales por las que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos se crearon específicamente solo para los títulos que habilitan para el ejercicio profesional de profesiones reguladas.
La mayoría de los organismos coinciden en que urge (desde 1992) una simplificación y racionalización del sistema de reservas de actividad en nuestro país. La situación existente no responde a los criterios de imperioso interés general y
proporcionalidad que exige la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ni a las más elementales razones de eficiencia.
Como consecuencia, se reduce el número de competidores y se compartimentan los mercados de ingeniería y arquitectura sin que en la gran mayoría de ocasiones se obtenga una mayor seguridad a cambio y sí un aumento de precios. En definitiva,
en muchas ocasiones las reservas de actividad o bien no responden directamente a un interés público, o bien no son proporcionales para la consecución de lo que se invoca, al existir medios muchos menos restrictivos para obtener idéntico resultado
(por ejemplo, a través de Organismos de Control y Entidades Colaboradoras en Inspección y Control).
La conclusión resulta sencilla si comparamos nuestro sistema con los de otros países de nuestro entorno donde no existe tal grado de reserva: la estabilidad de los edificios e infraestructuras no resulta peor en otros países que en el
nuestro, que sin embargo no tienen ese grado de reservas. Si la seguridad o el interés público no están amenazados en esos países, queda probado que muchas de las reservas de actividad vigentes en España son innecesarias y por tanto ineficientes y
perjudiciales para el interés público.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el punto 28 del anexo al Anteproyecto del Ley de Industria, desde un paradigma que no discrimine entre títulos de ingeniería y arquitectura que comparten conocimientos y que tenga
en cuenta la perspectiva de género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de tal forma que quede redactado en los siguientes términos:
'Persona técnica titulada competente: Se trata de aquella persona técnica titulada universitaria que disponga de un título universitario oficial inscrito en el Registro Universitario de Centros y Títulos, o que haya sido homologado, y que
cumpla alguna de las dos condiciones siguientes:
a) Para los títulos expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del
22 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/.
23 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/.
procedimiento de aseguramiento de su calidad, estar adscrito en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.
b) Para los títulos expedidos con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su
calidad, estar adscrito a uno de los siguientes ámbitos de conocimiento:
- Arquitectura, construcción, edificación y urbanismo, e ingeniería civil.
- Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación.
- Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación.
- Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural''.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2023.-Ezequiel García Nieto, José Luis Bueno Pinto, Pedro Antonio Honrubia Hurtado y Martina Velarde Gómez, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, don Juan Carlos Segura Just, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de los cristianos perseguidos, para
su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. El cristianismo como pilar de la identidad de España.
La civilización occidental no puede ser entendida sin los tres pilares sobre los que se constituyó; tradición cristiana, filosofía griega y Derecho romano 24.
Más allá de la configuración constitucional del Estado, es innegable que España es un país de cultura cristiana y, consecuentemente, sus instituciones jurídicas básicas están inspiradas por la tradición cristiana, al igual que las del
conjunto de Occidente 25. Muchos de los símbolos o expresiones seculares que existen en Occidente, y de modo particular en nuestro país, provienen de costumbres y tradiciones religiosas que gozan de gran arraigo popular y configuran el ethos del
pueblo. Forman parte de nuestra identidad y cultura y como tales deben ser protegidas por parte de los poderes públicos, tanto a nivel nacional como internacional.
Atendiendo a la distribución porcentual de la sociedad española según sus creencias religiosas, se pone de manifiesto que un 57 % de los españoles se declara cristiano, frente un 15,3% que se dice ateo o un 2,3 % que se confiesa creyente de
otra religión 26.
24 Cfr., entre otros, DAWSON, C., Los orígenes de Europa, Rialp, Madrid, 1991. En este mismo sentido, BENEDICTO XVI, en Discurso al Parlamento Federal, Berlín, 22 de septiembre de 2011, p. 6, asevera: 'La cultura de Europa nació del
encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma; del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma'.
25 El denominador común de Padres de Europa era el espíritu de servicio, unido a la pasión política, y a la conciencia de que 'en el origen de la civilización europea se encuentra el cristianismo' (A. de Gasperi, Discurso a la Conferencia
Parlamentaria Europea [21 de abril de 1954], en Alcide de Gasperi e la política internazionale, Cinque Lune, Roma 1990, vol. III, 437-440), sin el cual los principios occidentales de la dignidad, libertad y justicia resultan incomprensibles.
26 https://es.statista.com/estadisticas/551220/distribudon-de-la-poblacion-espanola-por-creencias-religiosas/.
Segundo. Persecución de cristianos en el mundo.
A nivel mundial, el cristianismo es la religión que cuenta con un mayor número de fieles. Alrededor de 2.400 millones de personas afirman profesarla, frente a las 1.900 que se identifican con el islam o las 1.200 millones que lo hacen con
el hinduismo 27.
Recientemente se ha conocido que más de 360 millones de cristianos en todo el mundo, de 76 países diferentes, fueron perseguidos entre octubre de 2021 y septiembre de 2022. Es decir, uno de cada siete cristianos fue señalado y perseguido
por el mero hecho de serlo. Concretamente, 5.621 fueron asesinados, 4.542 detenidos y 2.110 iglesias fueron atacadas o destruidas 28.
En los últimos meses hemos presenciado cómo el gobierno despótico filocomunista de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, ha declarado abiertamente la guerra al cristianismo, promoviendo el odio contra todo aquel que se adhiera a dicha
religión y la profese públicamente. Prueba de ello es que el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, ha sido condenado a veintiseis años de cárcel por el régimen, acusado de 'traición a la patria, menoscabo de la integridad nacional y por propagar
noticias falsas' 29.
Por otro lado, durante las recientes celebraciones de Semana Santa, fiesta principal de la cultura y religión cristiana, la policía controlada por el Sr. Ortega se encargó de prohibir que los cristianos de todo el país organizaran
procesiones y celebraran públicamente la fiesta que conmemora la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret 30.
Nicaragua no es el único país donde públicamente se fomenta el odio al cristianismo. El pasado 5 de junio de 2022 unos hombres armados irrumpieron en la iglesia católica de San Francisco Javier de Owo, en el estado de Ondo (Nigeria), y
abrieron fuego contra los fieles allí reunidos. Según publicaron fuentes locales, al menos cuarenta personas fueron asesinadas y decenas de fieles fueron heridos, muchos de ellos de extrema gravedad.
En Sri Lanka, más de doscientas noventa personas fueron asesinadas y otras quinientas heridas, a causa de una matanza que tuvo lugar el domingo de Resurrección del año 2019 en diferentes iglesias y hoteles del país 31.
En cuanto a China, los cristianos han seguido enfrentándose a diversas formas de persecución por parte del Partido Comunista. A título de ejemplo, a finales del año 2020 fueron 'instaladas más de 200 cámaras de reconocimiento facial en
iglesias y templos en un condado de la provincia de Jiangxi', 50 de ellas en las iglesias de las Tres Autonomías registradas ante el Estado 32.
En Estados Unidos, desde el año 2020, se han registrado alrededor de trescientos ataques a iglesias católicas. Ciertas fuentes afirman que, desde que se tuvo conocimiento del borrador de la sentencia Roe vs. Wade, los atentados contra
templos católicos aumentaron exponencialmente 33.
Debe ponerse de manifiesto que la violencia y el odio contra las iglesias cristianas en Europa tampoco deja de incrementar. El pasado 10 de febrero, la Iglesia de la Elevación de la Cruz, una comunidad en la región alemana de Westerwald,
resultó gravemente dañada por un incendio que había sido provocado. También, se sucedieron múltiples ataques a iglesias situadas en París, entre los que destaca el doble ataque a la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima 34.
En España, han sido derribadas o han sufrido algún tipo de acto de vandalismo las cruces de El Puerto de Santa María 35, la situada en el parque Ribalta en Castellón 36 o la que conmemoraba a las 96 víctimas del asalto al 'Cabo Quilates' en
la dársena de Portu, Baracaldo 37. Por otro lado, la iglesia parroquial de San Francisco de Asís, situada en Castellón de la Plana, sufrió recientemente 'una grave
27 https://www.todoliteratura.es/noticia/56705/pensamiento/las-5-rellgiones-con-mas-seguidores-del-mundo-en-2022.html.
28 https://www.puertasabiertas.org/es-ES/persecucion/lmp/.
29 https://elpais.com/internacional/2023-02-10/el-regimen-de-ortega-condena-a-mas-de-26-anos-de-carcel-al-obispo-rolando-alvarez.html.
30 https://elpais.com/internacional/2023-04-04/la-policia-de-daniel-ortega-persigue-a-los-nazarenos-en-Ias-calles-de-nicaragua.html
31 https://elpais.com/internacional/2019/04/21/actualidad/1555825711 527587.html.
32 https://iglesiaquesufre.org/wp-content/uploads/2021/ll/ACN-informe-sobre-Iibertad-religiosa-acrt.pdf.
33 https://catholicvote.org/trackRr-church-attacks/.
34 https://www.eldebate.com/religion/iglesia/20230222/organismo-control-europeo-muestra-crecimiento-violencia-contra-iglesias-cristianas-continente 95510.html.
35 https://www.hispanidad.com/sociedad/dos-nuevos-episodios-cristianofobia-en-espana-profanaciones-cruz-cadiz-sagrada-forma-castellon 12040031 102.html.
36 https://www.larazon.es/espana/20230104/cidkhcsjp5fczjykn6zy7wq3uu .html.
37 https://www.elindependiente.com/espana/2022/03/23/las-juventudes-de-la-izquierda-abertzale-difunden-por-redes-el-derribo-de-una-cruz-franquista/.
profanación del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. En el robo fue sustraído el viril con el Santísimo, depositado en el Sagrario' 38.
Por último, nuestro país padeció recientemente uno de los últimos atentados yihadistas ocurridos en Europa; el asesinato de un sacristán en Algeciras a manos de un hombre de origen magrebí, el cual entró ilegalmente en España, al grito de
'Alá' 39.
Tercero. Respeto y protección del cristianismo y de la práctica religiosa.
El Grupo Parlamentario VOX ha defendido en todo momento la importancia de defender nuestras tradiciones y cultura y los fundamentos de nuestra civilización occidental, que son eminentemente cristianas.
El cristianismo es parte esencial de la identidad de Occidente, así como la religión con mayor número de fieles en todo el mundo, debiendo por tanto los Estados garantizar la debida protección para que sus fieles puedan profesarla en
libertad, así como respetar en todo momento sus tradiciones y costumbres.
La persecución que padecen los cristianos en diversos países del mundo no cuenta con la cobertura mediática ni la reacción política que debería. Es más, en muchos casos, la violencia y persecución que sufren muchos cristianos es
relativizada por los medios de comunicación y poderes públicos cuando es objeto de mofa. Es por ello por lo que es responsabilidad de nuestra Nación, especialmente de los poderes públicos, condenar esta realidad silenciada que se cobra la vida de
miles de personas al año, así como mostrar un mensaje claro de apoyo a aquellos que sufren los estragos de la criminalización y persecución del cristianismo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como sede de la soberanía nacional y representante del pueblo español, condena la persecución que sufren los cristianos en muchas parte del mundo e insta al Gobierno a:
1. Condenar con la máxima contundencia la violencia y persecución ejercida contra los cristianos de todo el mundo, así como promover en el ámbito internacional las medidas necesarias para garantizar el respeto a los cristianos y la libre
profesión y práctica pública de su fe.
2. Promover el arraigo a la tierra y a nuestros usos, costumbres y tradiciones, respetando en todo momento el cristianismo como parte esencial de la identidad de España y Occidente así como el debido reconocimiento a la aportación hecha a
la humanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2023.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Juan Carlos Segura Just, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004996
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre la creación de centros socio-sanitarios especializados para el tratamiento de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
38 https://www.hispanidad.com/sociedad/dos-nuevos-episodios-cristianofobia-en-espana-profanaciones-cruz-cadiz-sagrada-forma-castellon 12040031 102.html.
39 https://www.eldebate.com/espana/2023Qt 25/detenido-hombre-algeriras-apunalar-cura-matar-sacrIstan-grito-ala-cadiz 88764.html.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 4 ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no
de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de centros socio-sanitarios especializados para
el tratamiento de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La realidad para muchas familias cuando uno de sus miembros es diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) cambia radicalmente de la noche a la mañana, debiendo destinar tiempo, cuidados y recursos a atender a las personas a
quienes se ha diagnosticado esta enfermedad neurodegenerativa. Esta enfermedad deriva en una debilidad muscular que avanza hasta la parálisis, reduciendo la autonomía motora, comunicación verbal o actos vitales como la deglución o la simple
respiración. Pese a mantener la cognición, las personas afectadas por ELA quedan atrapadas en un cuerpo que no responde, por lo que precisarán de ayuda para las actividades del día a día, hasta una dependencia total que suele acabar, generalmente,
en un fallecimiento por asfixia. En la actualidad no existe tratamiento ni cura para esta enfermedad.
El tiempo para las personas afectadas por ELA y sus familiares es algo de lo que no pueden disponer. Entre el tiempo pasado entre la solicitud de valoración del grado de dependencia y la resolución que reconozca dicho grado, y la adaptación
a la que deben someterse sus familiares y cuidadores para combinar su vida profesional a los cuidados diarios, resulta especialmente delicada la atención temprana y las ayudas socio-sanitarias a las que puedan dirigirse las personas diagnosticadas
con ELA y sus familias, a las que se diagnostican unos rangos temporales de supervivencia entre los tres y los cinco años.
La inexistencia de centros sanitarios especializados en esta enfermedad es un hecho que debe corregirse y debemos poner las bases para que cada municipio tenga en un radio de alcance razonable un centro socio-sanitario al que personas con
ELA y sus familiares puedan acudir. Actualmente, en España no se dispone de este tipo de centros, dejando a quienes padecen esta enfermedad y a sus familiares y cuidadores a la suerte de su tiempo, difícil conciliación y delicada situación
económica. A dicha situación se suma la velocidad con la que avanza la enfermedad y los numerosos problemas burocráticos que retrasan el reconocimiento del derecho a las prestaciones y ayudas previstas hacen que los procedimientos de reconocimiento
de discapacidad y dependencia resulten un calvario en el que ni los propios afectados ni sus familiares se sientan acompañados.
Cada año se realizan aproximadamente 900 nuevos diagnósticos de esta enfermedad, y cada día se detectan tres nuevos casos de ELA, siendo la patología neurodegenerativa más frecuente en España según su incidencia, por detrás del Alzheimer y
el Parkinson.
Dada la necesidad de proporcionar una asistencia digna, especializada y de calidad a las personas con ELA, y que la sociedad nos interpela a mejorar la atención socio-sanitaria a nuestros ciudadanos
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, constatando la necesidad de dar una asistencia socio-sanitaria específica y de calidad a las personas diagnosticadas con ELA, así como que de que sean atendidas de manera preferente por servicios
multidisciplinares que cuenten con los recursos técnicos y humanos especializados para el tratamiento adecuado de las necesidades provocadas por su enfermedad, para garantizar un trato digno y una atención adecuada a todas las personas que la
padecen y a sus familias y cuidadores, insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, un programa de construcción de centros socio-sanitarios especializados en el tratamiento de la ELA de titularidad pública en España.
2. Elaborar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una propuesta para la construcción de cuantos centros socio-sanitarios especializados en el tratamiento de la ELA de titularidad pública sean necesarios para que los ciudadanos de
España dispongan de un centro de este tipo a un máximo de treinta minutos de su municipio.
3. Promover y facilitar, dentro del ámbito de sus competencias, que estos centros entren en funcionamiento en 2025.
4. Dar cuentas de forma periódica en sede parlamentaria sobre el desarrollo de estos trabajos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2023.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo del reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, la siguiente Proposición
no de Ley sobre medidas para prevenir la extensión de la gripe aviar garantizando, en todo caso, el suministro en el mercado nacional de alimentos como la carne de gallina y los huevos.
Exposición de motivos
La gripe aviar prosigue su extensión en el mundo generando una mayor alarma epidemiológica que exige la máxima atención para prevenir el contagio y mantener en alerta en España a los servicios veterinarios territoriales responsables de
sanidad animal, a los sectores agroganaderos y particularmente el de la industria de carne avícola, caza y medio natural, así a como todas aquellas instituciones y organismos públicos con competencias y obligaciones en el control de la bioseguridad.
Recientemente se detectaron en nuestro país varios casos de gripe aviar en ave silvestre que eleva a 25 en lo que va de año (151 en el pasado 2022) los casos de alta patogenicidad, pero la preocupación sobre el contagio de la influenza va en
aumento y más aún, si cabe, en las explotaciones industriales de gallinas a la vista de los sacrificios masivos que ya se han tenido que realizar en la Unión Europea.
En relación con la alimentación, la exigencia de los controles, la ralentización del proceso de puesta de huevos y el constante aumento del precio de las materias primas, suministros, empaquetado y transporte, originó en algunas Comunidades
Autónomas el desabastecimiento durante los meses de marzo y abril. Dado que continúa el riesgo de gripe aviar y también el encarecimiento de los costes de producción, no es descartable que se reitere el desabastecimiento, pero no solo por las
dificultades de la producción, ya que, además, ha aparecido un nuevo factor que desequilibra nuestra propia cadena
alimentaria como es la exportación de huevos para atender la gran demanda que se está produciendo en los países europeos donde se ha sufrido el mayor impacto de la enfermedad.
Por lo expuesto, el diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso formula ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar continuidad a las medidas adoptadas para evaluar la situación epidemiológica de la gripe aviar en sus diferentes variantes y categorías, así como mantener el refuerzo de las medidas de sanidad animal, prevención y controles de
bioseguridad tanto en el medio natural como en los sectores y explotaciones susceptibles de sufrir el contagio de la enfermedad.
2. Habilitar medidas de apoyo a las explotaciones y granjas de aves domésticas para que, dado el incremento del riesgo de contagio de la enfermedad, puedan afrontar las necesidades presentes y futuras de prevención y, en su caso, detección
de la gripe aviar, sin que ello repercuta en el precio final al consumidor.
3. Establecer acuerdos con los productores para que la cadena alimentaria no sufra en España interrupciones o racionamientos en el abastecimiento de carne de gallina y de huevos, garantizando siempre el suministro en el mercado nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2023.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la integración cooperativa en España, para su debate y votación en Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Las cooperativas agroalimentarias son sociedades de agricultores y ganaderos, que se unen para obtener beneficios, alcanzando un poder de negociación y una competitividad que les sería muy difícil conseguir de forma individual.
España es el segundo país de Europa en número de cooperativas agroalimentarias. El primer lugar de Europa lo ocupa Italia.
Cooperativas Agro-alimentarias de España es la Organización que representa a más de 3.600 cooperativas agrarias, con una facturación que supera los 34.000 millones de euros, que está formada por más de un millón de socias y socios, y que
genera más de 119.000 empleos directos.
El cooperativismo agroalimentario supone el 65% de la producción total agraria y el 28% de las ventas netas de la industria alimentaria española.
Las comunidades autónomas donde hay más cooperativas agrarias son: Andalucía, Castilla La Mancha y Castilla y León. Hay seis comunidades autónomas donde están asentadas el 74% de las cooperativas agrarias.
Se puede decir, sin ninguna duda, que las cooperativas agrarias contribuyen extraordinariamente a combatir la despoblación de nuestro país.
El principal reto que afronta el cooperativismo agroalimentario en España es la sostenibilidad en su triple magnitud: ambiental, económica y social. Ninguna actividad económica puede ser sostenible si no es rentable. En este caso
asegurando precios justos para los cooperativistas y remunerando su trabajo.
Podemos decir, sin equivocarnos, que para conseguir esta sostenibilidad tiene que aumentar el tamaño de las cooperativas de este país. Por tal motivo, los poderes públicos deben de poner en marcha políticas que vayan a conseguir que las
cooperativas tengan una dimensión adecuada para que puedan
competir, con otros agentes económicos, en las mismas condiciones en un mundo cada vez más competitivo.
Sabemos que el Gobierno viene aplicando políticas que impulsan la integración de las cooperativas en España, con el propósito de que obtengan mayor dimensión y rentabilidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúen aplicando políticas que promuevan la integración cooperativa, apoyando inversiones para mejorar su competitividad y su sostenibilidad ambiental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2023.-Juan Francisco Serrano Martínez, Ariagona González Pérez, Lázaro Azorín Salar, Javier Cerqueiro González, María Luisa Faneca López, José Luis Aceves Galindo, Indalecio Gutiérrez
Salinas, Montse Mínguez García, Mariano Sánchez Escobar, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Senderos Oraá, Mariana de Gracia Canales Duque y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Esther Padilla Ruiz e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/004990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación de sequía y su impacto
en la agricultura, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la reserva hídrica española está al 50,7 % de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.400 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, que disminuye en
la última semana 282 hectómetros cúbicos (el 0,5 % de la capacidad total actual de los embalses). Sin embargo, el reparto de este recurso tan fundamental para la agricultura es notablemente desigual. Mientras que la vertiente cantábrica tiene sus
embalses por encima del 70% de capacidad, las cuencas internas de Cataluña o la vertiente atlántica de Andalucía están todas por debajo del 30%. España padece una situación de estrés hídrico severo, siendo el tercer país con el índice medio más
alto de la UE (0,32), solo por detrás de Malta y Bélgica.
Esto ha provocado que los agricultores den por perdidas las cosechas de secano en el centro y sur de España, y teman por las siembras de verano, según datos de ASAJA. Tras el segundo marzo más seco del siglo, el inicio de abril ha sido aún
peor -apenas tres litros por metro cuadrado en todo el país- y no hay visos de mejora en el resto del mes ni en mayo, según datos de la Aemet. La sequía afecta ya al 60% del campo español y ha producido pérdidas irreversibles en más de 3,5 millones
de hectáreas de secano, según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). En cuanto al regadío, que será el primer sector afectado por las más que probables restricciones, se limitarán las siembras de verano, como el maíz,
el girasol, el arroz o el algodón. También sufrirá la ganadería extensiva, con la reducción de pastos para ovejas, y ASAJA ya advierte que se están sacrificando animales por la imposibilidad de mantenerlos.
La primera vía para combatir este problema, que no hará más que empeorar de año en año, es que, en cumplimiento con la última sentencia del Tribunal Supremo, y tal y como Ciudadanos lleva años reclamando, el Gobierno de España implante la
doble tarifa eléctrica para regadíos. Una medida que ya se ha publicado en el BOE hasta en tres normativas distintas (Real Decreto-ley de medidas contra la sequía, Ley de Cadena Alimentaria y Ley de la PAC) y aún está pendiente de desarrollo
normativo. De la misma forma que el Gobierno incumple sistemáticamente su compromiso político y obligación legal de haber acometido ya una reforma de la tarifa PVPC, Moncloa sigue sin desarrollar esta vital iniciativa.
La segunda es el desarrollo de la infraestructura hídrica nacional. Desde Ciudadanos hemos reclamado en múltiples ocasiones la necesidad de estudiar nuevos aprovechamientos hídricos, que combinen el almacenamiento de agua y de energía,
respetando siempre la prioridad del abastecimiento humano y agrícola mediante una estricta observancia de la Ley de Aguas. Según datos de ASAJA, mientras países como Portugal o Marruecos han desarrollado su capacidad de embalse en los últimos años,
en España las inversiones han sido mínimas. Desde la anterior gran sequía, la de 1992-1995, la capacidad de embalse de nuestro país se mantiene prácticamente inalterada.
Sin embargo, y a pesar de que los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas españolas han incluido decenas de anuncios de construcción de nuevas presas y embalses en la última década, el Ministerio para la Transición Ecológica eliminó
de esos programas 85 embalses en 2021. Las confederaciones hidrográficas, especialmente Ebro, Guadalquivir y Duero, tienen previstos en sus planes de cuenca al menos 17 nuevos pantanos en el horizonte del año 2033. Todos son competencia del
Estado, que debería invertir alrededor de 800 millones para levantarlos todos. Además, los cambios en las reglas de trasvase impulsados desde el Ministerio de Transición Ecológica, con reducciones arbitrarias, no se podrán compensar con la
desalación y la reutilización. El agua desalada requiere de más energía y es más cara que la que llega del trasvase. Recoger el agua que cae de forma escasa o desmesurada, y evitar que se pierda, es un objetivo primordial para afrontar un futuro
con garantías para el abastecimiento humano, el riego, la producción de energía o los usos industriales. Sin embargo, la ministra Teresa Ribera ya declaró el año pasado en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados que no era
partidaria de incrementar las obras hidráulicas a no ser que fuera necesario.
Recuperar la inversión en infraestructuras de regulación del agua, tan reclamada por expertos y agricultores, permitiría crear 71.000 empleos directos y otros 28.000 indirectos. Proporcionaría a nuestro país una mayor capacidad para
acumular el agua, suavizando el impacto de sequías e inundaciones, y aumentando las posibilidades de abastecimiento de agua, aprovechamiento hidroeléctrico, y almacenamiento de energía, lo cual a su vez ayudaría a disminuir los costes de múltiples
sectores y a progresar en la descarbonización de la energía. En este sentido, el grupo parlamentario Ciudadanos ya ha propuesto, tanto mediante proposiciones no de ley como enmiendas a proyectos de ley, recuperar estas infraestructuras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha, a la mayor brevedad posible, un Plan Nacional de Aprovechamiento Hídrico que lleve a cabo un análisis general de las nuevas instalaciones que se podrían construir para combinar el almacenamiento de agua con el
almacenamiento de energía (centrales de bombeo) y su generación (centrales hidroeléctricas), así como un mapeo actualizado de la situación y aprovechamiento de los acuíferos nacionales.
2. Impulsar la aplicación de la solidaridad interterritorial como principio rector de la gestión hidrológica en España.
3. Impulsar, desde la presidencia española del Consejo de la UE, la posibilidad de que se utilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para paliar los daños provocados por la sequía.
4. Activar un plan de racionalización del regadío y del uso de aguas depuradas para reabastecer acuíferos.
5. Aprobar urgentemente un plan de apoyo fiscal a la agricultura por la situación de sequía que incluya, entre otros, la devolución de los cánones de riego de la campaña 2022, rebajar la cuota del IBI rústico a las fincas afectadas por la
sequía, incrementar al máximo posible el porcentaje del anticipo de la PAC, y establecer nuevas líneas de créditos ICO bonificados para agricultores y ganaderos.
6. Estudiar, a través de ENESA y en el marco de las actuaciones a desarrollar para la revisión y perfeccionamiento de las líneas de seguro dentro del Cuadragésimo Cuarto Plan de Seguros Agrarios Combinados, la incorporación al Plan de una
nueva línea de seguro para la cobertura de sequía hidrológica en las superficies de regadío para indemnizar las pérdidas producidas por pérdidas de rendimiento atribuibles a minoraciones de las dotaciones de riego no achacable al asegurado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo al
sector agrario a causa de la sequía para su debate en instancia en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Catalunya está viviendo una de las peores sequías que se recuerdan. A nivel pluviométrico estamos sufriendo los peores registros desde 1905 y las reservas globales de las cuencas internas están al 27%, un volumen que no se registra desde
2008. En definitiva, llevamos treinta meses muy secos con una falta de lluvias que está provocando el descenso de las reservas.
Este déficit de lluvia está generando una situación de sequía hidrológica, con embalses vacíos y acuíferos al límite, estado que se agrava por la situación de emergencia climática. Todo esto hace que ya no lo podamos contemplar como una
situación coyuntural, sino como una situación estructural de la cual no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a salir.
Esta situación de déficit hídrico sitúa al sector agrario muy al límite, no solo al de secano, sino también al de regadío, ya que las producciones están en entredicho, empezando por el sector de los cereales y continuando, si la situación no
se remedia, con el sector de la fruta dulce, el viñedo, los olivares y la fruta seca, sectores que, por unas u otras razones, son muy importantes en Catalunya, sin olvidarnos del sector de la flor y planta ornamental.
El año 2022, en una situación similar, aunque no tan grave como la que tenemos ahora mismo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario a causa de la
sequía, centrado en las demarcaciones del Guadalquivir y del Guadiana, y entendemos que la situación que hoy en día sufre Catalunya requiere una respuesta más ambiciosa por parte del Ministerio,
Para hacer frente a esta situación, y ayudar al sector a hacer frente a los gastos que tendrá que asumir con el objetivo de asegurar su continuidad, es clave inyectarle liquidez, ya sea estableciendo ayudas directas, complementarias a las de
la PAC y que vayan directamente a ayudar a pagar los sobrecostes generados por la sequía, o con un mixto de ayudas y financiación a interés cero, medidas que pueden ser complementadas con las previstas en el Real Decreto Ley 4/2022.
Pensamos, por ejemplo, en el sector ganadero extensivo, que sin pastos va a tener que comprar forraje para los animales, lo que le supondrá un incremento de los costes al que su economía no está adaptada, por lo que les será necesario algún
tipo de apoyo económico extra para que puedan hacer frente a esta eventualidad.
La preocupación ante la situación a la que tenemos que hacer frente es máxima, ya que está en riesgo la continuidad de muchas de nuestras empresas agrarias, especialmente las familiares que están enraizadas en el territorio y que son las que
lo cuidan desde hace muchísimo tiempo. Son empresas que no se deslocalizan y que continúan produciendo alimentos y gestionando un territorio que también los necesita. No podemos permitir que dichas empresas cesen en su actividad, ya que perderemos
su objetivo principal, como es la producción de alimentos, pero también, y no menos importante, la gestión del territorio.
Otro aspecto clave para afrontar esta sequía con mejores garantías es la modernización de los regadíos. Esta modernización es fundamental no solo para garantizar el futuro de las explotaciones agrícolas, sino también para hacer una buena
gestión de los recursos hídricos.
En el contexto de sequía que está viviendo actualmente Catalunya esta necesidad de modernización se ve acentuada. En este sentido, destaca la necesidad de la modernización de los Canales de Urgell, una obra necesaria porque abarca una
superficie muy importante (70.000 ha) con una dotación de 9.000 m3/ha, y que con la modernización mejorará la capacidad de adaptación al cambio climático que nos está provocando una disminución de las disponibilidades de agua tanto para el riego
como para garantizar los caudales ambientales.
Si en la situación actual estos regadíos hubieran dispuesto de las infraestructuras modernizadas, nos habría permitido una mejor adaptación a las actuales condiciones climáticas, que todo hace indicar que no son un hecho puntual.
Desde el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya hace tiempo que se está trabajando, en colaboración con la Comunidad de General de Regantes, el proyecto de la modernización de los Canales de
Urgell. Un proyecto con un presupuesto estimado en 1.200 millones de euros, gran parte de los cuales deberán ser aportados por la administración pública, ya que no es posible que los regantes hagan frente a estas inversiones, y menos después de
este año tan catastrófico por la falta de agua.
Considerando que este regadío es de interés general y que el ámbito en el que se desarrolla está dentro de la cuenca del Ebro, tratándose esta de una cuenca intercomunitaria, entendemos que la Administración General del Estado tendría que
participar en la financiación de esta obra de modernización que al mismo tiempo beneficiará a la totalidad de la cuenca.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Promulgar urgentemente un nuevo paquete de medidas fiscales y sociales complementarias a las previstas en el Real Decreto Ley 4/2022, de 15 de marzo, para ayudar directamente al sector agrario y ganadero a hacer frente a las pérdidas que
previsiblemente tendrá que asumir a causa de la sequía.
2. Mejorar las líneas de seguros agrarios de las explotaciones agrícolas y ganaderas con el objetivo de mejorar las coberturas del seguro actual, la actualización de rendimientos y el incremento del apoyo económico para hacer asumible el
coste de las primas del seguro a cargo del asegurado.
3. Participar en la financiación de la modernización de los regadíos, concretamente en la de los Canales de Urgell que impulsa la Generalitat de Catalunya'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2023.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Ricardo Chamorro Delmo, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Rubén Darío Vega Arias, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz
sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (G. P. VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la promoción de la
destilación de crisis como medida extraordinaria para la defensa del sector vitivinícola, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El sector del vino en España.
El sector vitivinícola es uno de los más importantes para la economía española, así como de los más relevantes en el ámbito de la cultura social y gastronómica de nuestro país. Por un lado, la facturación de las bodegas españolas asciende a
5.381 millones de euros al año y la actividad de la cadena de valor vitivinícola supone el 2,2% del Valor Añadido Bruto en España 40. Por otro lado, este sector está unido a la imagen reputacional de nuestro país y su producción es un motor de
desarrollo de muchos pueblos y zonas rurales. El vino es, además, un producto enraizado en la idiosincrasia e Historia española y es un componente fundamental de la dieta mediterránea.
De acuerdo con la Federación Española del Vino ('FEV') 41, España es el primer país en términos de superficie cultivada de viña, con más de 941.086 hectáreas (casi el 13% del total mundial). También es el
40 El sector del vino en cifras (fev.es): https://www.fev.es/sector-cifras/.
41 Principal organización privada de bodegas y la única con carácter nacional. Creada en 1978 para representar y defender los intereses de las bodegas españolas y potenciar el comercio del vino y los productos elaborados a partir de la uva.
Vid supra.
tercer productor mundial, con una cifra de 40,5 millones de hectolitros en 2022 según los datos del Sistema de Información del Mercado Vitivinícola (Infovi) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, es el primer
exportador mundial en volumen, con más de 23 millones de hectolitros. El sector del vino genera y mantiene 427.700 empleos en España (un 2,4% del total nacional), es una pieza clave en la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales y es un
sector puntero en I+D+i, con una inversión media anual de entre 170 y 180 millones de euros.
Segundo. Actuales amenazas y situación del sector del vino español.
El sector vitivinícola en España acumula en los últimos años amenazas de gran importancia (la crisis debido a las restricciones por COVID-19, la guerra de Ucrania, el aumento de los costes de producción y energía, la escasez de vidrio y
otras materias primas, y la modificación y caída del consumo de vino) que han generado gran inestabilidad económica y productiva.
Así mismo, las políticas europeas respecto del vino, guiadas en los últimos años por el Plan contra el Cáncer de la Comisión Europea (Europe's Beating Cáncer Plan), tampoco han supuesto un entorno estable, de impulso y recuperación para
nuestros vinicultores 42. En este sentido, el Parlamento Europeo prevé valorar a lo largo del 2023 si finalmente se incorpora en las etiquetas del vino, cerveza y cava que 'el alcohol provoca cáncer'. Este aspecto establece una serie de medidas
para una mejor salud que, no obstante, equipara el consumo de vino (por contener alcohol) con el tabaquismo.
A pesar de ello, cabe recordar que, en España contamos con un sector del vino responsable y sostenible, que promueve el consumo moderado y los beneficios para la salud derivados de la dieta mediterránea (reconocido en noviembre de 2010 como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO).
La aplicación de estas medidas supondría la retirada de subvenciones que recibe actualmente el sector vitivinícola europeo, y en concreto el español (cerca de 230 millones de euros destinados a España) como consecuencia de la consideración
del vino como un alimento 43. Tales iniciativas son desproporcionadas y carecen de la necesaria base científica que pueda justificarlas 44.
En definitiva, todos estos acontecimientos acumulados han supuesto grandes impactos e inestabilidad para el sector del vino español, al no poder realizar una previsión correcta de la demanda. Con motivo de ello, las bodegas que no puedan
dar salida a su vino y colapsen la capacidad de sus depósitos presentan dos riesgos: (i) no poder asumir la entrada de uva de una nueva campaña porque el almacenamiento disponible no lo permite; y (ii) la bajada extrema del precio del vino, a
causa de un desbalance generalizado con la demanda 45.
Por otro lado, una parte importante de las bodegas tienen forma jurídica de cooperativa, por lo que los cooperativistas corren un serio riesgo de ver mermada su renta si no se actúa con rapidez para que el problema económico y estructural de
la demanda no se consolide de igual modo en un problema social en el sector. Todo ello hace imprescindible la aplicación de medidas de ayudas al sector.
Tercero. Posibles medidas nacionales de apoyo al sector vitivinícola.
En 2008, con motivo de la reforma de la Organización Común del Mercado del sector vitivinícola, las ayudas y medidas a este sector se establecen principalmente a través de los Programas Nacionales de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) 46.
En este sentido, hasta la fecha se han desarrollado tres Programas de Apoyo: 2009-2013; 2014-2018; y el vigente, que abarca de 2019 a 2023, cuya normativa básica
42 A propósito de ello, Irlanda notificó a la OMC su proyecto de reglamento sobre el etiquetado de bebidas alcohólicas que supone una norma que afecta al comercio del vino y se muestra incompatible con la legislación comercial de la Unión
Europea. Irlanda notifica a la OMC su proyecto de reglamento sobre el etiquetado de bebidas alcohólicas sin cambios a pesar de la fuerte oposición de los Estados miembros de la UE (fev.es): https://www.fev.es/fev /2023 /
irlanda-notifica-a-la-omc-su-provecto-de-reglamento-sobre-el-etiquetado-de-bebidas-alcoholicas-sin-cambios-a-pesar-de-la-fuerte-oposicion-de-los-estados-miembros-de-la-ue 3000 324 3322 0 1 in.html.
43 La UE volverá a estudiar en 2023 si incluir en las etiquetas del vino que el consumo de alcohol provoca cáncer (foodretail.es) https://www.foodretail.es/trendrinks/UE-volvera-estudiar-incluir-etiquetas O 1670532941.html.
44 CARTA-VINO-FIRMADA.pdf (voxespana.es) https://www.voxespana.es/wp-content/uploads/2021/02/CARTA-VINO-FIRMADA.pdf.
45 A su vez, la campaña de 2022 de producción, que comercializa este año, fue bastante abundante, sobre todo por los más de 3.000 millones de kilos de uva blanca cosechados que desequilibran aún más la adaptación a la situación. El vino
español busca su sitio: cómo pasar del granel a la calidad | Negocios | EL PAÍS (elpais.com) https://elpais.com/economía/negocios /2023-03-11/el-vino-espanol-busca-su-sitio-como-pasar-del-granel-a-la-calidad.html.
46 PASVE 2019-2023 .docx (mapa.gob.es) https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/pasve2019-23convocatoria2021 tcm30-562195.pdf.
aplicable se encuentra recogida en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.
Entre las medidas elegibles de los Programas de Apoyo Nacionales se encuentran 'la promoción, la reestructuración y reconversión de viñedos, la destilación de subproductos, las inversiones, la innovación, la cosecha en verde, los seguros de
cosecha y los fondos mutuales' 47.
Ante la preocupante situación actual, deben ponerse en marcha distintas medidas extraordinarias que ayuden a paliar la situación. Una de ellas es la llamada destilación de crisis del vino que, junto con la vendimia en verde y las ayudas al
almacenamiento, se propone desde el sector vitivinícola frente a un desbalance entre producción y comercialización 48.
La destilación de crisis del vino permite al sector retirar una cantidad de producto determinada con el objetivo de equilibrar las capacidades de almacenamiento, estándares de calidad y la relación entre la oferta y la demanda comercial.
Esta medida permite destilar parte del mosto de vino fermentado, convirtiéndolo en alcohol etílico y adaptando su comercialización para usos sanitario, industriales o energéticos. Ello permite liberar los depósitos para la próxima cosecha y
estabilizar y reactivar la producción y comercialización del vino 49.
No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación considera que la producción y reservas vitivinícolas actuales pueden considerarse 'normales' respecto del balance nacional, aunque reconocen que hay regiones de España donde
existen unas elevadas existencias que generan una presión sobre la producción. Esto presupone que no se permitirá realizar una destilación de crisis de vino a nivel nacional, dentro del marco económico del PASVE 50.
Sin embargo, VOX defiende la necesidad de la puesta en marcha de nuevos fondos adicionales que ayuden al sector del vino y contemplen, en los términos expuestos y en un marco nacional, la destilación de crisis de cara a la actual campaña.
Ello no empece dejar constancia de que se trata de una respuesta de carácter extraordinario, orientada a la creación un suelo de ingresos para el sector, y operativa para salvaguardar nuestro sector vitivinícola ante la actual situación del mercado
del vino, que exige un equilibrio de oferta y demanda como consecuencia, entre otros factores, del incremento de los costes y el descenso del consumo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente
1. Impulsar la adopción de las medidas necesarias para la puesta en marcha de ayudas a una destilación de crisis para la campaña 2022/2023, de forma que se aporte certidumbre estructural, económica, comercial y social al sector del vino
español, mediante la comercialización de alcohol etílico obtenido por destilación de vino.
2. Promover todos los trámites necesarios para que estas ayudas se efectúen:
- con cargo a fondos nacionales adicionales al Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2019-2023,
- teniendo en cuenta la cantidad volumétrica acordada con el sector y por un precio favorable
- respetando que los precios sean conformes a lo previsto en la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en relación con la
garantía de la cobertura de los costes de producción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2023.-Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
47 https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/organizaciones-comunes-de-mercado-y-regimenes-de-avuda / ocm-viti vinícola / programa-apovo.aspx.
48 Cooperativas Agroalimentarias solicita una destilación de crisis para el vino tinto (cooperativasextremadura.es) https://www.cooperativasextremadura.es/noticias/comunicacion
/1537-cooperativas-agro-alimentarias-solicita-nna-destilacion-de-crisls-para-el-vino-tinto.html.
49 Destilación de crisis del vino: qué es y qué consecuencias tiene (vinosdecastillalamancha.es) https://vinosdecastillalamancha.es /
que-es-la-destilacion-de-crisis-del-vino-vitivinicola-y-que-consecuenciastiene/i:~:text=La%20destilaci%C3%B3n%20de%20crisis%20del%20vino%20permite%20a.se%20puede% 20utilizar % 20para % 20f ines % 20industr jales % 20o % 20ener g % C3 % A9ticos.
50 El MAPA descarta una destilación de crisis de vino a nivel nacional. Quixote Concentrates https://quixoteconcen trates.es/el-mapa-descarta-una-destilacion-de-crisis-de-vino-a-nivel-nacional/.
161/004994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa a la actualización de los protocolos antincendios al cambio climático y la integración de prácticas agroganaderas contra incendios.
Exposición de motivos
Es una evidencia científica que los procesos meteorológicos desencadenados por el cambio climático se están agudizando de manera drástica e incuestionable.
El aumento de las temperaturas atmosféricas y las del mar, el deshielo generalizado o la paulatina subida del nivel del mar alrededor del mundo nos revelan con toda su crudeza las alteraciones que está sufriendo nuestro clima global.
También se ha producido un claro aumento de la frecuencia e intensidad de diversos fenómenos climáticos extremos y vinculados al calentamiento global, como olas de calor, sequías y precipitaciones intensas que se vienen agravando en
virulencia desde la década de los años setenta del siglo pasado.
El cambio climático trae asociado un incremento del peligro meteorológico, así como de las situaciones atmosféricas extremas. Estos cambios relacionados con el clima, sumados a la situación de nuestros territorios rurales, ya sea por los
procesos de despoblación o las variables socioeconómicas concretas, contribuyen a aumentar la peligrosidad y los daños para el territorio y sus poblaciones.
En el caso concreto de España, que es una de las regiones europeas con mayores impactos potenciales por incrementos del estrés térmico y por la escasez de agua, los procesos climáticos descritos han ocasionado ya un impacto calculado en
25.000 millones de euros, en valor actualizado, de los cuales cerca de la mitad están vinculados a sequías.
La ola de calor extraordinario que ha atravesado España desde la primavera pasada ha dejado un rastro de más de 250.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego en 2022 en el país. Las temperaturas extremas, desencadenadas y multiplicadas
por el cambio climático, crean las condiciones ideales para proyectar, alimentar y extender los incendios forestales.
Los planes de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales tienen como finalidad general la de hacer frente de forma ágil y coordinada a las distintas situaciones de emergencia originadas por los incendios forestales que, de
forma directa o indirecta, afecten a la población y a las masas forestales.
Los protocolos de actuación ante los incendios forestales deben actualizarse a las nuevas realidades extremas derivadas del cambio climático y a los nuevos ciclos anuales. Es claro el ejemplo del incendio de la Sierra de la Culebra en
Castilla y León, comunidad autónoma cuyo protocolo lleva sin actualizarse desde 1999 y presenta un texto obsoleto sin ninguna mención de la crisis climática ni de los efectos ni comportamientos negativos para la generación y propagación de los
incendios forestales. Un dramático caso de apatía institucional con consecuencias devastadoras hacia el medio ambiente, las poblaciones locales y el futuro de los territorios.
Es necesario redefinir las etapas de 'riesgo alto', lo que implica el despliegue del 100% de los efectivos y medios disponibles y aumentar estos medios, tanto con más profesionales, como con medios técnicos y ecológicos, en consecuencia con
las nuevas situaciones medioambientales y los marcos temporales que marca la realidad climática.
De igual modo, se hace imprescindible incorporar una escala y una visión holística e interdisciplinar en la lucha contra los incendios de esta etapa climática, incorporando las prácticas agroganaderas antincendios en el conjunto del ciclo
anual de trabajos de preservación y custodia del territorio.
Es fundamental la mejora de las condiciones de trabajo y la estabilidad de las plantillas de las brigadas antincendios en toda España, quienes se juegan la vida en el frente de lucha contra el fuego deben merecen nuestra protección máxima en
cuanto a sus condiciones de trabajo y vida.
En la prevención de incendios es fundamental un territorio vivo, el mantenimiento de los caminos para tareas agrícolas, los depósitos de agua construidos y mantenidos por los agricultores, el cuidado de las parcelas agrícolas y ganaderas, la
planificación de espacios de discontinuidad del combustible, la
plantación de especies de baja inflamabilidad y que inhiben el crecimiento de otras especies o de especies con un elevado contenido de humedad que retrasan el avance del fuego -los llamados 'cortafuegos verdes'-; y también se trata de
tareas a desarrollar en los protocolos antincendios en colaboración con agricultores y ganaderos en nuestros territorios. Cabe referirnos con especial atención a la relevancia de salvaguardar, extender y desarrollar las potencialidades de la
ganadería extensiva; sobre todo los rebaños de cabras y ovejas, que desarrollan un papel fundamental para el control del exceso de biomasa, el desbroce de caminos y vías pecuarias y el mantenimiento las áreas de cortafuegos.
Las cabras adultas se alimentan con entre 1,5 y 2,5 kilogramos diarios de hierba seca (entre 350 y 1500 gramos de hojas y brotes de matorrales), mientras que las ovejas adultas en pastoreo pueden consumir de 2 a 3 kg de materia seca diaria
(matorral y especies leñosas). Además, debemos de poner en valor que la presencia del ganado extensivo en el monte tiene multitud de beneficios ambientales asociados, favorece la biodiversidad, contribuye a la dispersión de semillas, mejora la
estructura del suelo y reduce la erosión, así como la desertización. Todo ello, sin olvidar su contribución a un desarrollo rural sostenible y a la fijación de población en el medio rural.
El pastoreo de ovejas y cabras es una de las mejores formas de prevenir incendios, y es la más sostenible. Gobierno y comunidades autónomas no pueden reducir la gestión de incendios a una estrategias reactivas, circunscrita a los meses de
verano y a extinguir los incendios que ya se están produciendo. Es necesario virar hacia un sistema preventivo que abarque todo el ciclo anual, implicando a todos los segmentos de la sociedad rural. Y, para ello necesitamos un apoyo estratégico a
la ganadería extensiva y al pastoreo. Como recientemente ha expresado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 'las denominadas ovejas-bomberas son un cuerpo de élite rural con 15 millones de efectivos'.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Liderar de manera urgente la actualización, sin menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas y sobre los criterios recogidos en el RDL 15/2022, de los 'protocolos antiincendios' en el conjunto de los territorios del Estado,
incluyendo como eje primordial las medidas paliativas y mitigadoras sobre las consecuencias del cambio climático y los nuevos ciclos medioambientales derivados de este.
2. Salvaguardar, fomentar y fortalecer la ganadería en extensivo, así como promover su papel en la gestión medioambiental y los manejos de custodia del territorio, especialmente en lo que respecta a los beneficios que aportan los rebaños
ovinos y caprinos en la prevención de los incendios, implementando un 'eco régimen' específico para el sector ganadero en extensivo integrado en el Plan Estratégico español de la nueva Política Agraria Común.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2023.-Isabel Franco Carmona y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demogáfico
161/004915
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano.
Proposición no de Ley sobre promoción del uso de combustible sostenible.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre promoción del
uso de combustible sostenible para su debate en instancia en la Comisión de Transición ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La descarbonización del transporte forma parte de los objetivos prioritarios de la Unión Europea en su propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55% en 2030 y así alcanzar la neutralidad climática en
2050. Incrementar el uso de combustibles sostenibles de aviación será necesario para reducir estas emisiones. En particular, se espera que, para el año 2050, al menos un 63% del combustible de aviación utilizado en los vuelos con origen europeo
sea sostenible.
En la actualidad las instituciones europeas están negociando distintas iniciativas normativas para la reducción de emisiones en el transporte aéreo, que tendrán sin duda impacto en el sector. De este modo, dentro del paquete 'Fit for 55' de
la Comisión Europea, se incluyó la propuesta 'ReFuelEU Aviation', con la que se espera establecer la obligatoriedad de utilizar proporciones mínimas de combustible sostenible, también denominado SAF, crecientes en el tiempo y su disponibilidad en
los aeropuertos de la Unión Europea.
Con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se promueve igualmente la incorporación de combustibles alternativos en el transporte, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles
renovables de origen no biológico, con los criterios de sostenibilidad que se definan a nivel europeo.
En paralelo, el sector ya está realizando esfuerzos para anticiparse a la aprobación de estas iniciativas y avanzar en consecuencia de forma progresiva en el cumplimiento de estos objetivos de reducción de emisiones.
Los combustibles sostenibles de aviación constituyen hoy una tecnología avanzada y una alternativa real e inmediata al queroseno tradicional para la descarbonización del transporte. A diferencia del queroseno convencional, de origen fósil y
extractivo, el combustible sostenible de aviación se fabrica a partir de materia orgánica renovable (serrín, restos agrícolas o forestales, aceites reciclados, residuos urbanos, plásticos...) mediante procesos de economía circular. La composición
química y el comportamiento son indistinguibles del queroseno tradicional, por lo que los aviones pueden cargar uno u otro de forma indistinta, o mezclas de ambos.
Actualmente ya se están fabricando y distribuyendo combustibles más sostenibles que el queroseno para la aviación en el Estado español, que tiene además potencial para ser un importante centro de procesamiento y producción de SAF a nivel
europeo. Se han puesto en marcha distintos proyectos y alianzas por los productores de combustibles, empresas gestoras de la logística asociada y el sector de la aviación, que abarcan toda la cadena de valor, desde la producción de SAF hasta la
distribución, puesta a bordo y consumo.
Desde el punto de vista del usuario, existen en la actualidad programas pioneros que permiten optar por el uso de combustible sostenible, a través de los cuales se incorporan en algunos de los aeropuertos
del Estado español la cantidad de combustible sostenible que el cliente solicita con antelación a través de una aplicación. Asimismo, algunas aerolíneas ofrecen a sus pasajeros una calculadora de huella de carbono que les permite conocer
las emisiones derivadas de sus vuelos y el importe necesario para neutralizarla mediante la inversión de dicha cantidad en diversos proyectos medioambientales de las compañías. Así, algunas aerolíneas que operan en aeropuertos españoles aplican un
sistema de compensación de huella de carbono similar.
Como órgano de máxima representación de la ciudadanía, los diputados y diputadas deben ser conscientes de esta realidad y ejemplarizar, en el ejercicio de sus funciones, el compromiso de la sociedad con la transición energética y la lucha
contra el cambio climático, así como con la necesidad de diversificar las fuentes de suministro y reducir la dependencia energética. También las Administraciones Públicas debieran internalizar en sus procedimientos (contratación pública,
subvenciones y ayudas, adquisición de bienes y equipos...) la necesidad de alinearse con la transición y eficiencia energéticas y optar por aquellas alternativas más sostenibles.
Por consiguiente, resulta oportuno fomentar en el seno del Congreso de los Diputados el uso voluntario de combustible sostenible de aviación en los vuelos que realicen los diputados y diputadas y personal de la Cámara cuando sea posible,
empleando para ello aplicaciones o programas corporativos que estén a disposición de la ciudadanía, empresas e instituciones para disminuir el impacto de sus trayectos y los combustibles empleados. Impulsar el cambio del paradigma energético
significa no sólo promover iniciativas que lo favorezcan, sino también participar activamente de él y hacerlo realidad progresivamente con actos y compromiso, apoyando al conjunto de la sociedad en sus esfuerzos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su compromiso con el impulso de medidas que favorezcan el uso de combustibles sostenibles en los desplazamientos oficiales que exijan sus actividades, con objeto de avanzar en la descarbonización del transporte de un modo que
pueda servir de ejemplo a otras Administraciones e instituciones públicas.
2. Insta al Gobierno español para que, igualmente, en los viajes oficiales que deban realizar sus miembros y el personal adscrito a sus Departamentos, se realicen, siempre que sea posible, en transportes que utilicen combustible sostenible,
con el mismo objeto ejemplificador de progresar en la descarbonización.
3. Para el cumplimiento de este objetivo, se identificarán y emplearán los programas disponibles vigentes para fomentar el uso de combustibles sostenibles en los correspondientes transportes, y serán tomados en consideración en las
contrataciones y pliegos de condiciones de futuros concursos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2023.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Ricardo Chamorro Delmo, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, don Francisco José Contreras Peláez, don Pedro Jesús Requejo Novoa, doña Magdalena Nevado del Campo, don Emilio del Valle
Rodríguez, don Pablo Juan Calvo Liste, don Víctor González Coello de Portugal, don Rodrigo Jiménez Revuelta, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (G. P. VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración y puesta en marcha de un Plan Nacional
del Lobo, para su discusión en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. El lobo ibérico en España.
El lobo ibérico está presente en la Península Ibérica desde hace muchos siglos. Esta especie llegó a habitar la práctica totalidad de nuestro territorio nacional; sin embargo, en la década de 1970 su población se redujo drásticamente,
llegando incluso a correr serio riesgo su pervivencia.
En la actualidad, la especie se encuentra en expansión y se calcula que viven entre 3.000 y 3.500 ejemplares en nuestro país, de los cuales más de un 90% lo hacen al norte del Duero 51. Así, el lobo se localiza fundamentalmente en Asturias,
Galicia, Cantabria y el norte de Castilla y León. Sin perjuicio de lo anterior, en los últimos años su presencia está creciendo también en la vertiente sur del Sistema Central, en Madrid, en Castilla-La Mancha y en Cáceres.
Como se puede observar, existe un problema de sobrepoblación de lobos en las regiones del noroeste de la península. Esta situación, como se expondrá, provoca graves problemas para los habitantes de dichos territorios y para los que viven
del sector rural.
Segundo. La regulación del lobo en España.
La Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, crea el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, que incluye especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular, así como
aquellas que figuren como protegidas en Directivas y convenios internacionales ratificados por España.
En este sentido, la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres ('Directiva Hábitats'), cataloga al lobo como 'Especie de Interés Comunitario'.
La Directiva Hábitats distingue el nivel de protección del lobo ibérico que habita en la Península Ibérica basándose en el río Duero. Así, distingue entre los lobos localizados al sur del Duero (para los que prevé una protección estricta) y los
localizados al norte del Duero (cuya recogida en la naturaleza y explotación pueden ser objeto de gestión).
En este estado de cosas, en el año 2019 se incluyeron en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial a los lobos que habitaban en España al sur del río Duero. Los demás -es decir, el 95%- no estaban incluidos en ese listado y
no les sería de aplicación el citado Régimen de Protección Especial. Pero el estatus legal del lobo en España se unificó con la aprobación de la Orden Ministerial TED /980/2021 publicada el 22 de septiembre de 2021. Dicha orden hizo extensivo a
todas las poblaciones de lobos de España el mismo nivel de protección con el que sólo contaban las manadas radicadas al sur del Duero.
Esta Orden Ministerial se aprobó tras la reunión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad celebrada el 4 de febrero de 2021. La propuesta de inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial fue
promovida por un grupo autodenominado 'ecologista' y fue aprobada gracias al voto a favor del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Cabe destacar que la propuesta contó con la oposición del Ministerio de Agricultura y de las cuatro
Administraciones regionales que albergan a la inmensa mayoría de los lobos en España (Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León). Los argumentos que alegaron los discrepantes de la medida fueron, en síntesis, que la propuesta no se
correspondía 'con la situación real y la evolución de las poblaciones de lobos, así como por generar un grave problema en la gestión de la ganadería extensiva, muy amenazada por el fuerte incremento de ejemplares de esta especie animal'.
Tercero. Las fallidas estrategias para la gestión del lobo.
Con anterioridad a la aprobación de la regulación mencionada la normativa existente permitía la conservación de la especie, a la vez que combatía el perjuicio que esta generaba a las explotaciones ganaderas, controlando su población mediante
cuotas de caza. La actividad cinegética no suponía la extinción del lobo, sino que, al contrario, fomentaba un crecimiento controlado de su población, posibilitando la coexistencia entre el lobo y el ser humano.
Sin embargo, en el 2005, debido a la aplicación de medidas desproporcionadamente proteccionistas, comenzaron a generarse conflictos en las zonas habitadas por el lobo. En dicho año se aprobó la primera
51 https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/esperanzador-futuro-lobo-iberico16309.
'Estrategia para la conservación y gestión del lobo en España' con el objetivo de 'establecer las directrices para conservar, gestionar y restaurar poblaciones viables de lobos como una parte integral de los ecosistemas españoles, velando
por el mantenimiento de sus poblaciones y asegurando la coexistencia con los usos humanos'. Pero los objetivos perseguidos por esta estrategia no se alcanzaron y, tras su revisión en 2021, se publicó la 'Estrategia para la Conservación y Gestión
del Lobo (Canis lupus) y su Convivencia con las Actividades del Medio Rural', centrada en la coexistencia entre la especie y la ganadería, con la aplicación de medidas preventivas para intentar evitar daños y otras paliativas.
Lo cierto es que tanto estas estrategias, como toda la normativa que se ha ido aplicando durante estos años, no han generado ningún beneficio para la conservación y la convivencia del lobo con el ser humano.
Cuarto. El lobo y la sociedad.
El lobo es un cánido cuya convivencia con el ser humano no suele ser pacífica. Si bien es cierto que el lobo ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas, no es menos cierto que causa perjuicios a las personas que habitan cerca de él,
en especial a los ganaderos.
El sector ganadero, que vertebra la España rural y cumple un papel social y económico muy importante en nuestro país, se encuentra desprotegido ante los constantes ataques que sufren sus rebaños por parte de los lobos. Los ganaderos
intentan defenderse de los ataques de este depredador mediante la instalación de vallados, el aumento de la presencia de perros mastines cuidando de sus reses y la recogida del ganado durante las noches. Sin embargo, todas estas medidas suponen un
coste muy elevado para los ganaderos que, debido al asedio constante del lobo, ven cómo se reduce aún más el estrecho margen de rentabilidad que ofrece hoy en día la ganadería extensiva.
Las medidas de protección frente al lobo al alcance de los ganaderos son, en muchos casos, ineficaces, y las cabañas sufren bajas constantemente. Las indemnizaciones que conceden las Administraciones Públicas ('AAPP') a los ganaderos por
estas bajas son muy complicadas de obtener, ya que tienen unos requisitos muy exigentes. Asimismo, las compensaciones son irrisorias y la burocracia existente en torno a ellas eterniza los procedimientos.
En cuanto a los habitantes de las zonas asediadas por el lobo, estos también padecen su excesiva e incontrolada presencia. Si bien el lobo es un animal señero que mora alejado de los núcleos poblacionales, cada vez son más frecuentes sus
avistamientos en las inmediaciones de los pueblos e, incluso, sus ataques a animales y a mascotas, tal y como denunció recientemente un vecino de Las Campas, un pueblo localizado en el occidente asturiano 52.
Quinto. Conclusión.
Las políticas aplicadas por este y los anteriores Gobiernos de España en relación con la gestión y conservación del lobo no han sido capaces de atajar los grandes problemas que la sobreprotección de esta especie genera para el medio rural y
sus habitantes.
Por ello, resulta hoy más importante que nunca la elaboración y puesta en marcha de un Plan Nacional del Lobo que, por un lado, favorezca la conservación de la especie a través de su control cinegético, de tal manera que se rebaje el nivel
de conflicto en las zonas en las que el lobo habita y se evite que nadie controle la población por su cuenta, utilizando medios o artes prohibidos y no selectivos, que son más dañinos para el lobo y para otras especies; y que, por otro y sobre
todo, proteja a los ganaderos y habitantes del medio rural de sus ataques.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actuar de manera urgente para la defensa de la España rural y la ganadería frente al ataque del lobo, y en particular a acometer las siguientes acciones:
1. Impulsar la elaboración de un Plan Nacional del Lobo que comprenda:
52 C.B (2023). ''Los mayores tienen miedo de pasear a causa de los lobos', afirman en Las Campas'; El Comercio. 21 de febrero. Disponible en:
https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/mayores-miedo-pasear-causa-lobos-campas-castropol-20230221000857-ntvo.html#:~;text=EFE-.%C2%ABLos%20mayores%20tienen%20miedo%20de%20pasear%20a%20causa%20de.lobos%C2%BB%2C%20afirman%20en%20Las%20Cam
pas&text=Hav %20una%20manada%20de%201obos.que%201es% 2011eves%20en % 20coche%C2%BB.
- un adecuado control cinegético que garantice, mediante el diseño de mecanismo de control, la conservación de la especie y el necesario equilibrio entre el hombre y el lobo;
- la elaboración de un censo nacional actualizado, con detalle de las zonas en las que puede haber población de lobo y de aquellas otras que deben quedar excluidas;
- el desarrollo de una guía que comprenda las fórmulas de prevención frente a los ataques del lobo; y
- el establecimiento de un sistema de compensaciones por pérdida de res que se ajuste a los perjuicios reales que supone para los ganaderos.
2. Impulsar la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial en todo el territorio nacional.
3. Promover ante las instituciones europeas la modificación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres para permitir el control del
lobo en todo el territorio nacional'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2023.-Ángel López Maraver, Ricardo Chamorro Delmo, Luis Gestoso de Miguel, Francisco José Contreras Peláez, Pedro Jesús Requejo Novoa, María Magdalena Nevado del Campo, Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, Pablo Juan Calvo Liste, Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Georgina Trías Gil, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso de la renaturalización de las ciudades para incrementar la
biodiversidad y la conectividad ecológica en los entornos urbanos, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En 2021 se aprobó la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. Su objetivo es garantizar la conservación de la biodiversidad y asegurar la funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios,
su conectividad, la restauración del territorio español, y la integración de la diversidad biológica en la planificación territorial. Esta Estrategia Nacional es el documento de planificación estratégica que regula la implantación y el desarrollo
de la Infraestructura Verde en España.
Asimismo, la Estrategia de Biodiversidad de la UE a 2030 establece como uno de sus objetivos prioritarios la renaturalización de las ciudades europeas mediante la promoción de la infraestructura verde y de soluciones basadas en la naturaleza
y su plena integración en la planificación urbanística. La Infraestructura Verde se contempla como una red ecológicamente coherente y estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales. Su diseño y
gestión se enfocan a la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de los servicios que nos proveen.
Una de las líneas de actuación más importantes que contiene la citada Estrategia es la de 'fortalecer y mejorar la conectividad, así como prevenir su pérdida, en el medio urbano'. Esta línea incluye un conjunto de orientaciones que se
dirigen a las administraciones locales con la finalidad de mejorar la conectividad y la conservación de la biodiversidad. Entre dichas orientaciones, destaca la de llevar a cabo actuaciones de naturalización de las áreas urbanas.
Por otra parte, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 también se hace eco de la importancia de esta cuestión. De hecho, una de sus líneas de acción se centra en la integración de la adaptación al cambio climático en
la planificación territorial y urbana. Para ello, señala la importancia de incorporar a la planificación el concepto de infraestructuras verdes urbanas y azules, como soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, que resuelven problemas
urbanos como la mejora de la biodiversidad, la gestión de zonas inundables, la reducción de islas de calor, la lucha contra el cambio climático o la mejora de la calidad del aire. En la misma línea, el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad a 2030 aprobado en diciembre de 2022 insta a la adopción de medidas destinadas a fomentar los espacios verdes urbanos y conectarlos con el ámbito periurbano, reducir el empleo de herbicidas químicos, mejorar los
hábitats de flora y fauna silvestres y de los polinizadores en las áreas urbanas y periurbanas, así como aplicar metodologías y programas de seguimiento de la biodiversidad y geodiversidad urbana.
El Gobierno ha apoyado decididamente estas actuaciones. La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha movilizado 195 millones de euros en ayudas para proyectos destinados a la
renaturalización de ciudades, incluyendo la restauración de los ecosistemas fluviales en entornos urbanos. Su financiación corre a cargo de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Gracias a
estas ayudas, han arrancado ya 55 proyectos correspondientes a las convocatorias de 2021. De ellos, 18 corresponden a la convocatoria de renaturalización de ciudades y 37 a la de restauración de ecosistemas fluviales y mitigación del riesgo de
inundación.
La convocatoria correspondiente a 2022 cuenta con un presupuesto de 62 millones de euros. La financiación que recibirán los proyectos seleccionados será de hasta un 95 %, con ayudas que van desde 2 a 4 millones de euros. A esta
convocatoria se han presentado 64 solicitudes, con propuestas de ciudades pertenecientes a 16 comunidades autónomas y una ciudad autónoma. Las comunidades que han presentado un mayor número de propuestas son Andalucía, con 10 proyectos; Cataluña,
con 11; la Comunidad de Madrid, con 9; y la Comunidad Valenciana, con 8.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las administraciones públicas y, en especial, con las administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, a seguir impulsando la renaturalización de las ciudades
españolas, incrementando la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica en el medio urbano y periurbano, en desarrollo de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2023.-Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, Helena Caballero Gutiérrez, Antidio Fagúndez Campo, Sandra Guaita Esteruelas, María Montserrat García Chavarría, María
Inmaculada Oria López, Daniel Senderos Oraá, Mariana de Gracia Canales Duque, Omar Anguita Pérez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Vicente Viondi y Javier Antón Cacho, Diputados.-Esther Padilla Ruiz e Isaura Leal Fernández, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, don José Ramírez del Río, don Pedro Jesús Requejo Novoa, doña Mireia Borrás Pabón y don Francisco José Contreras Peláez, en su condición de Portavoz sustituto y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover las
candidaturas pertinentes para que España sea la sede de la Copa del Mundo de piragüismo en la categoría de Sprint, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Primero. El piragüismo y su vinculación con España.
La relación entre el piragüismo y España se remonta al descubrimiento de América en el año 1492, cuando los españoles introdujeron en nuestra cultura el uso de esta versátil embarcación, utilizada por los indígenas. El propio Cristóbal
Colón introdujo la palabra 'piragua' en el vocabulario europeo a través de las cartas que remitía a los Reyes Católicos durante la conquista de América.
El piragüismo comenzó a practicarse como deporte organizado en 1913 en el Club Náutico de San Sebastián, primero de España dedicado a esta disciplina. A partir de esa fecha, la práctica comenzó a desarrollarse en España hasta que se fundó
la Federación Española de Piragüismo, que es la encargada de organizar y regular las competiciones de piragüismo en nuestro país. Esta entidad también organizó grandes competiciones internacionales durante las décadas de los 80 y de los 90, como la
Copa de Europa de Slalom (1980), Campeonatos del Mundo (1988) o Juegos Olímpicos (La Seu de Urgell, 1992) 53.
Deportistas españoles han destacado históricamente en muchas de estas categorías, cosechando numerosos éxitos y han hecho del piragüismo uno de los deportes en los que España ha ganado más relevancia internacional. Desde que en el año 1936
este fuera considerado deporte olímpico, el equipo español ha obtenido 20 medallas olímpicas en este ámbito (5 de oro, 10 de plata y 5 de bronce). Entre otros deportistas destacados se encuentran David Cal, Herminio Menéndez, Luis Gregorio Ramos,
José Ramón López, José María Esteban, Saúl Craviotto, Cristian Toro o Teresa Portela.
El equipo español cuenta con 217 medallas en los campeonatos del mundo de las distintas categorías existentes en el piragüismo (56 oros, 81 platas y 80 bronces). Además, se han organizado un total de 10 campeonatos del mundo en España,
siendo las de Eslalon y Maratón las dos categorías con mayor número de pruebas disputadas en nuestro país.
Segundo. Importancia económica y deportiva de la organización de un evento internacional.
Durante el presente año, la Federación Internacional de Piragüismo debe escoger las sedes donde se celebrarán los campeonatos del mundo de 2027. Se trata de una gran oportunidad para demostrar nuestra capacidad organizativa de un evento a
gran escala. Además, alentaría aún más la práctica del piragüismo en nuestro país que, tal y como se ha demostrado, es un deporte importante en nuestra historia y en el que los deportistas españoles destacan sobremanera a nivel internacional.
En España contamos con múltiples localizaciones que, por sus características geográficas, podrían albergar los campeonatos del mundo de piragüismo. Además, la experiencia de España a la hora de organizar mundiales de piragüismo en sus
distintas categorías hace de nuestro país un candidato excelente para albergar esta próxima cita mundialista. La celebración del campeonato mundial atraería multitud de turistas deportivos, promovería una mayor visibilidad de este deporte y
alentaría numerosas mejoras en las instalaciones deportivas en las que se practica, que quedarían para el disfrute de generaciones venideras. En este sentido, según se ha podido conocer, la Real Federación Española de Piragüismo viene reclamando
una modernización de las instalaciones e infraestructuras, que se encuentran obsoletas y descuidadas.
En definitiva, la organización de un campeonato mundial de piragüismo en España generaría un impacto muy positivo a nivel económico y social, que debe impulsarse por el Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las acciones pertinentes para que España albergue la sede de la Copa del Mundo de Piragüismo en la categoría de Sprint.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2023.-Francisco José Contreras Peláez, Pedro Jesús Requejo Novoa, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, José Ramírez del Río y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
53 https://rfep.es/publicacion/historico/ WWW-RFEP/www/rfep/historia.htm
161/004991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor, de la Diputada Montserrat Bassa i Coll y del Diputado Joan Margall Sastre al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento de la literatura y lectura en lenguas oficiales distintas del castellano para su debate en instancia en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Catalunya es, sin lugar a duda, un país con un potente sector editorial. Según datos de la Federación de Gremios de Editores, cada hora se editan 4 libros en Catalunya, casi un centenar cada día. A nivel económico esto se traduce en una
facturación, en 2021, de más de 1.300 millones de euros, el 52 % de la facturación total del Estado.
Pese a esta fuerza innegable del sector, esto no se ve traducido en un mayor número de libros publicados o editados en catalán. De estos 4 libros a la hora que se editan en Catalunya, únicamente uno es en catalán. El porcentaje de
ediciones y publicaciones en catalán es incluso inferior al de hace 20 años, cuando los libros editados en catalán superaban el 30 %. Esta situación es todavía peor para el occitano, lengua de la cual no disponemos ni de datos.
Actualmente el Estado no dispone de ninguna política pública para el fomento de la producción, publicación o edición de libros en lenguas oficiales diferentes al castellano. Relacionado con la literatura en lenguas distintas al castellano,
únicamente existe una subvención anual, del Ministerio de Cultura y Deporte, para traducción entre lenguas del Estado y que, por tanto, incluye la subvención del castellano. Además, esta subvención existente tiene unas cuantías claramente
insuficientes para tener cualquier tipo de incidencia pública. Por ejemplo, la cuantía total de la convocatoria del año 2022 es de poco más de 95.000 .
Ante toda esta situación, es evidente la necesaria actuación de las Administraciones Públicas para revertir la actual deriva de reducción del uso y consumo de las lenguas oficiales diferentes al castellano. La Generalitat de Catalunya ya
está haciendo ese trabajo, llevando a cabo múltiples políticas y medidas para el fomento y la protección del catalán, también para apoyar al conjunto del sector cultural, incluidas las personas creadoras y al conjunto del sector editorial catalán,
que publica y edita en occitano y/o en catalán.
Para el sector audiovisual ya hace años que se asumió la necesidad y oportunidad de crear un fondo de fomento a la cinematografía y al audiovisual en lenguas oficiales distintas del castellano, de acuerdo con el principio de
corresponsabilidad de la Administración General del Estado. Así lo establece la vigente Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine y el nuevo proyecto de Ley del Cine y la cultura audiovisual que está actualmente en fase de enmiendas en el Congreso
de los Diputados.
Por todo ello presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Crear un fondo de ayudas y créditos específicos para el fomento de la edición, publicación y lectura en lenguas oficiales distintas al castellano.
2. Que este fondo sea transferido en su integridad a los organismos competentes de las Comunidades Autónomas con lengua propia diferente al castellano.
3. Que la aportación que haga el Estado, a través de los Presupuesto Generales, sea anualmente equivalente a la suma de aportaciones que dicha Comunidad haya destinado en el ejercicio anterior para la producción, edición y publicación
literaria en lenguas oficiales distintas al castellano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2023.-Marta Rosique i Saltor, Joan Margall Sastre y Montserrat Bassa Coll, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004995
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre la creación de centros socio-sanitarios especializados para el tratamiento de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 4 ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no
de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al
Grupo Parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de centros socio-sanitarios especializados para
el tratamiento de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La realidad para muchas familias cuando uno de sus miembros es diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) cambia radicalmente de la noche a la mañana, debiendo destinar tiempo, cuidados y recursos a atender a las personas a
quienes se ha diagnosticado esta enfermedad neurodegenerativa. Esta enfermedad deriva en una debilidad muscular que avanza hasta la parálisis, reduciendo la autonomía motora, comunicación verbal o actos vitales como la deglución o la simple
respiración. Pese a mantener la cognición, las personas afectadas por ELA quedan atrapadas en un cuerpo que no responde, por lo que precisarán de ayuda para las actividades del día a día, hasta una dependencia total que suele acabar, generalmente,
en un fallecimiento por asfixia. En la actualidad no existe tratamiento ni cura para esta enfermedad.
El tiempo para las personas afectadas por ELA y sus familiares es algo de lo que no pueden disponer. Entre el tiempo pasado entre la solicitud de valoración del grado de dependencia y la resolución que reconozca dicho grado, y la adaptación
a la que deben someterse sus familiares y cuidadores para combinar su vida profesional a los cuidados diarios, resulta especialmente delicada la atención temprana y las ayudas sociosanitarias a las que puedan dirigirse las personas diagnosticadas
con ELA y sus familias, a las que se diagnostican unos rangos temporales de supervivencia entre los tres y los cinco años.
La inexistencia de centros sanitarios especializados en esta enfermedad es un hecho que debe corregirse y debemos poner las bases para que cada municipio tenga en un radio de alcance razonable
un centro sociosanitario al que personas con ELA y sus familiares puedan acudir. Actualmente, en España no se dispone de este tipo de centros, dejando a quienes padecen esta enfermedad y a sus familiares y cuidadores a la suerte de su
tiempo, difícil conciliación y delicada situación económica. A dicha situación se suma la velocidad con la que avanza la enfermedad y los numerosos problemas burocráticos que retrasan el reconocimiento del derecho a las prestaciones y ayudas
previstas hacen que los procedimientos de reconocimiento de discapacidad y dependencia resulten un calvario en el que ni los propios afectados ni sus familiares se sientan acompañados.
Cada año se realizan aproximadamente 900 nuevos diagnósticos de esta enfermedad, y cada día se detectan 3 nuevos casos de ELA, siendo la patología neurodegenerativa más frecuente en España según su incidencia, por detrás del Alzheimer y el
Parkinson.
Dada la necesidad de proporcionar una asistencia digna, especializada y de calidad a las personas con ELA, y que la sociedad nos interpela a mejorar la atención sociosanitaria a nuestros ciudadanos.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, constatando la necesidad de dar una asistencia sociosanitaria específica y de calidad a las personas diagnosticadas con ELA, así como que de que sean atendidas de manera preferente por servicios
multidisciplinares que cuenten con los recursos técnicos y humanos especializados para el tratamiento adecuado de las necesidades provocadas por su enfermedad, para garantizar un trato digno y una atención adecuada a todas las personas que la
padecen y a sus familias y cuidadores, insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, un programa de construcción de centros sociosanitarios especializados en el tratamiento de la ELA de titularidad pública en España.
2. Elaborar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una propuesta para la construcción de cuantos centros sociosanitarios especializados en el tratamiento de la ELA de titularidad pública sean necesarios para que los ciudadanos de
España dispongan de un centro de este tipo a un máximo de 30 minutos de su municipio.
3. Promover y facilitar, dentro del ámbito de sus competencias, que estos centros entren en funcionamiento en 2025.
4. Dar cuentas de forma periódica en sede parlamentaria sobre el desarrollo de estos trabajos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2023.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Política Territorial
161/004979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la consideración de la personalidad jurídica, a la sostenibilidad económica y a los servicios que debe prestar la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como instrumento para revertir la despoblación rural y
ayudar a la cohesión social y territorial, para su debate en Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La presente iniciativa tiene por objeto proponer una serie de medidas que contribuyan a proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía, ante la situación de precariedad de unos servicios que son vitales en la sociedad actual y cuya
carencia están sufriendo el 23 % de la población y que afecta a un 85 % del
territorio estatal. Por otra parte, esta proposición pretende también fortalecer la estructura pública de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., así como aumentar las prestaciones que dicha entidad proporciona a la ciudadanía, de
manera que se dé respuesta a las necesidades de ese 23 % de población al tiempo que se contribuye a la sostenibilidad económica de la sociedad estatal y al mantenimiento del empleo.
El Estado español en su conjunto y Galiza en particular, están sufriendo una pérdida de población en las zonas rurales alarmante. Así, de los 313 concellos galegos, 257 tienen menos de 10.000 habitantes y, si lo extrapolamos al resto del
Estado, el panorama no es mejor con 1.374 unidades de población con cien vecinos o menos. Esta situación está provocando problemas graves a los vecinos y vecinas de esos pueblos de los que desaparecen los servicios esenciales para su día a día.
Problemas que se están agravando de manera considerable en los últimos años y ante los que se hace necesario implementar medidas que pongan remedio a este deterioro.
La pérdida de servicios en estas poblaciones cada día es mayor, en Galiza afecta de manera más preocupante a las provincias del interior, pero tampoco se escapan del mismo poblaciones de las provincias de la franja atlántica y, como ya hemos
indicado, afecta al 85 % del territorio del Estado. Aunque esta situación viene de lejos, han sido las diversas circunstancias vividas en los últimos años las que han hecho más patente que nunca la gravedad de la situación.
La distancia que tiene que recorrer la población para acceder a servicios, a día de hoy, esenciales no es de recibo en un supuesto estado de derecho que debe proteger a los segmentos de población más vulnerable y velar por la vertebración y
cohesión territorial. Hoy el 12 % de la población residente en lugares de menos de 10.000 habitantes tiene dificultades para acceder a servicios de alimentación, porcentaje que sube al 14 % en el caso de servicios bancarios y al 17 % en el caso de
los servicios postales. En el caso de los servicios de correos es más llamativa, si cabe, la deficiencia, puesto que estamos hablando de servicios prestados por una entidad pública, evidenciando la necesidad de fortalecerla y corregir las
debilidades existentes.
El informe del Consejo Económico y Social estatal de 2018, así como el documento 'La estrategia España 2050', inciden en la necesidad de fortalecimiento de los servicios públicos. El propio Gobierno, en sede parlamentaria, también se ha
pronunciado en ese mismo sentido. Así mismo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 174 establece que debe prestarse especial atención a las regiones o territorios con desventajas demográficas y el artículo 176 de esta
misma norma recoge el objetivo de corregir los desequilibrios territoriales.
Además, los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, establecen también
la meta de corregir las de desigualdades, combatir la discriminación y lograr la cohesión social y territorial.
La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos debe ser un instrumento útil para dar respuesta a algunas de las necesidades sociales que se plantean en la actualidad, especialmente en las zonas rurales. Puesto que es una entidad que tiene
capilaridad en todo el territorio y, por tanto, dispone de capacidad para aportar esa mayor vertebración y cohesión social que se necesita. Si bien es cierto que se ha dado algún tímido paso para favorecer que la entidad pública pueda contribuir a
la prestación de servicios esenciales y al acercamiento y mejora de la eficiencia de la administración pública en su trato con la ciudadanía, sigue sin ser en absoluto suficiente, necesitándose que, de forma urgente, se avance más en este tipo de
políticas.
Por una parte, es imprescindible reforzar el estatus jurídico como sociedad pública, en línea con las propuestas de la Unión Europea de reforzar los servicios públicos, dando la vuelta a la tendencia favorecida hasta este momento. Esta
necesidad de fortalecer las estructuras públicas quedó demostrada durante la pandemia de la COVID-19, análisis en el que coinciden las distintas instituciones políticas y de gobierno. Así, parece evidente que el primer paso sea dar seguridad
jurídica y fijar legalmente la naturaleza de la Sociedad. Correos presta un servicio público, declarado esencial durante la pandemia, es necesario asegurar y recoger de forma explícita la consideración como empresa pública de dicha sociedad
estatal.
En segundo lugar, es esencial dotar a la Sociedad Estatal de la financiación necesaria para convertirla en una herramienta útil y que permita dar solución a las deficiencias de servicios en muchos territorios,
especialmente en el medio rural y que tienen perfecto encaje en los fondos Europeos para corregir dichos desequilibrios y desigualdades. Son ya numerosos los países de nuestro entorno que están actuando en este sentido. Con la dotación de
medios adecuada Correos puede ser un instrumento que facilite servicios postales y de paquetería, pero también bancarios y de seguros (a través de una entidad pública) e incluso de telefonía u otros que de otra forma no serán garantizados al
conjunto de la población.
Es en los servicios bancarios donde Correos debe recuperar el papel protagonista que en otro tiempo jugó y dar una respuesta completa a las necesidades de la población, más teniendo en cuenta que la banca privada, se ha desentendido de una
gran parte de la población, negando una atención presencial próxima y en horario suficiente en la mayoría de núcleos.
Además debe tenerse en cuenta la evolución del comercio online, para el cual es esencial la presencia de una entidad pública que contribuya a que el ciudadano pueda tener acceso a esos servicios a precios asequibles, en igualdad de
condiciones a los ciudadanos que viven en zonas urbanas, en las que se garantiza una mayor oferta y competitividad.
En tercer lugar hay que dotar a la entidad de los instrumentos necesarios para que pueda dar respuesta a las necesidades actuales. Actualizar el marco del Servicio Postal Universal (SPU) dando cobertura a esos servicios que a día de hoy no
forman parte del mismo.
Poniendo los medios para que Correos, como empresa pública, oferte esos servicios necesarios, de forma especial en el medio rural y zonas deprimidas económica y demográficamente, se garantizará que el conjunto de la población tenga una
adecuado a servicios básicos en su vida diaria, además de combatir despoblación.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Declarar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como empresa de interés social y utilidad pública.
2. Adoptar las decisiones necesarias para que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., pueda actuar como entidad financiera pública y de seguros.
3. Fijar una aportación económica por parte del Ministerio de Hacienda, que dé sostenibilidad económica a la entidad pública, para hacer frente a los retos de servicios que debe cumplir en la sociedad actual, teniendo en cuenta criterios de
servicio público.
4. Revisar los servicios contemplados en el SPU, dando cabida a las necesidades actuales (financieras, paquetería, comunicación,...)
5. Establecer la apertura en horario de tarde en todas las oficinas evitando de este modo las dificultades de acceso que manifiestan los informes.
6. Adoptar las medidas necesarias para la creación de un operador de telefonía público aprovechando la sinergia de la filial Correos Telecom.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2023.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Miriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/005001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Onofre Miralles Martín, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don Juan Carlos Segura Just y don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la finalización de las obras de rehabilitación del Palacio de la Antigua Aduana de Barcelona, a fin de recuperarlo como sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña, para su discusión en la Comisión de Política
Territorial.
Exposición de motivos
Primero. El Palacio de la Antigua Aduana de Barcelona.
El Palacio de la Antigua Aduana es un edificio histórico, de estilo neoclásico y gran valor artístico, que ocupa la manzana situada entre las calles Marqués de Argentera, de la Aduana y del General Castaños, y la Plaza del Palacio de la
ciudad de Barcelona. El inmueble fue construido entre 1790 y 1792 por el ingeniero militar, y por entonces ministro de Hacienda de Carlos IV, Juan Miguel de Roncali y Destefanis.
Concebido en sus orígenes para albergar las dependencias de la aduana de Barcelona -de ahí su nombre-, a lo largo del tiempo ha desempeñado, sin embargo, distintas funciones. Así, un siglo más tarde, en 1902, se convirtió en sede de la
Gobernación Civil, organismo que más tiempo ha ocupado este emblemático edificio. Durante la Segunda República, pasó a formar parte del patrimonio de la Generalidad de Cataluña, siendo ocupado por el Departamento de Gobernación. Una vez terminada
la Guerra Civil española, el edificio volvió al patrimonio del Estado para ser nuevamente sede de la Gobernación Civil. Ese fue su uso hasta que en 1978 el cambio de la estructura administrativa del Estado determinó que se convirtiese en sede de la
Delegación del Gobierno en Cataluña y así se ha mantenido desde entonces, al menos oficialmente.
En 2008, siendo delegado del Gobierno Joan Rangel Tarrés, se iniciaron en el inmueble unas obras de restauración a consecuencia de las cuales se detectaron fallos en la estructura del edificio. Ello obligó a desalojar el inmueble y
trasladar a los servidores públicos que trabajaban en este palacio para la Delegación del Gobierno en Cataluña al Palacio Montaner, sito en la calle Mallorca del Ensanche de Barcelona, sede de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona. Aunque el
traslado se concibió de forma provisional, el abandono al que se ha sometido al Palacio de la Antigua Aduana ha convertido dicha transitoriedad en una suerte de permanencia. Así, desde hace más de quince años, los empleados públicos de la
Delegación del Gobierno en Cataluña han tenido que desempeñar sus funciones, en deficientes condiciones de trabajo, desde el Palacio Montaner.
En varias ocasiones, el Gobierno de España ha tratado de emprender las reformas del Palacio de la Antigua Aduana y recuperar su uso, siempre sin éxito. Aunque en 2012 se llevó a cabo una rehabilitación integral del edificio, según consta en
el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña 54, éste permaneció vacío. En 2015 se anunció a bombo y platillo un plan de rehabilitación del edificio con el fin de recuperarlo como sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. El plan
incluía también su remodelación, de cara a hacer viable su apertura al público y la recepción de visitas 55. Sin embargo, los trabajos no llegaron a buen puerto. El proyecto no empezó hasta 2017, cinco años después. Y solo un año más tarde, en
2018, se retiraron los andamiajes, no por haber finalizado las obras, sino porque el Ayuntamiento de Barcelona vio necesario hacer un 'replanteamiento' del proyecto para 'proteger mejor' el conjunto arquitectónico 56. Según fuentes del consistorio,
se requirió al Gobierno un estudio histórico más completo del edificio en su conjunto.
En el ínterin de este proceso, por si fuera poco, con la complejidad que entrañaban las reformas, en 2019 cayó un falso techo a consecuencia de unas fuertes precipitaciones. A fecha de hoy, el exterior de la fachada muestra un estado que
amenaza ruina: las paredes están desconchadas, las columnas en un pésimo estado y, en general, el Palacio de la Antigua Aduana presenta un estado lamentable y cochambroso impropio de la que es representación del Gobierno de España en Cataluña. Se
trata, asimismo, de un edificio declarado Bien Cultural de Interés Local (BCIL), que destaca no solo por sus exteriores, sino también por las pinturas de sus interiores. El académico Pere Pau Montaña fue el encargado de decorar los murales de
varias salas y salones con distintos motivos, entre ellos el encumbramiento de la figura de Carlos III, fallecido poco antes de la construcción del palacio.
En definitiva, el Gobierno lleva retrasando irresponsablemente, desde hace más de quince años, la rehabilitación del Palacio de la Antigua Aduana de Barcelona, un edificio histórico de gran valor artístico y cultural, así como su reapertura
y recuperación del uso que le es propio. Siguen sin existir visos, hoy en día, de que el edificio vuelva a ser pronto la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. De esta manera, el Gobierno perpetúa, además, a los empleados públicos al
servicio de la Delegación del Gobierno en Cataluña en una inconveniente e injustificada situación de provisionalidad.
54 https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/40444
55 https://elpais.com/ccaa/2015/03/01/catalunya/1425246750_072045.html
56 https://www.eldiario.es/catalunya/obras-fallidas-palacio-aduana-barcelona-sede-olvidada-gobierno-catalunya_1_8106040.html
Urge, por todo ello, tomar cuantas medidas sean necesarias para lograr que cuanto antes este palacio recupere el estado de rehabilitación y conservación que merece y regrese a sus funciones permanentes como sede oficial.
Segundo. La necesidad de recuperar el Palacio de la Antigua Aduana como sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña.
Además de las consideraciones anteriores, todas ellas de por sí suficientes, existe, sin embargo, un argumento adicional, también decisivo, que avala la necesidad de recuperar, cuanto antes, el Palacio de la Antigua Aduana de Barcelona como
sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña, devolviéndole su presencia y visibilidad, pues ostenta también un enorme valor simbólico.
Y es que una de las históricas aspiraciones del separatismo catalán ha sido avanzar, en una hoja de ruta clara y decidida, hacia el objetivo de lograr que el Estado esté cada vez menos presente en suelo catalán.
La presencialidad física de las instituciones del Estado en Cataluña es necesaria por diversos motivos. En primer lugar, porque materializa ante los ojos de los españoles sitos en Cataluña las actuaciones y los trabajos que la
Administración General del Estado realiza en dicha región. En segundo lugar, porque contraataca el relato de las instituciones y organizaciones separatistas de que la actividad del Estado en tierras catalanas es inexistente, superfluo o contrario a
los intereses de los catalanes. Y, en tercer lugar, porque sirve de soporte y acicate para aquellos españoles residentes en Cataluña que se sienten abandonados y que sufren en sus más diversas formas los ataques del separatismo catalán en su lucha
ilegítima, pero constante, por alcanzar la separación del resto de España.
De esta manera, toda acción en pro de una mayor presencia del Estado en Cataluña no es en vano, sino, al contrario, es necesario reforzarla y llevarla a buen término a fin de obtener por resultado una máxima que cualquier Gobierno de la
Nación debería defender: hacerse presente, operativo, visible y accesible en todo el territorio nacional.
Por todo ello, en estos momentos se hace más necesario y oportuno que nunca finalizar, en el plazo de tiempo más breve posible, las obras de rehabilitación del Palacio de la Antigua Aduana de Barcelona y recuperar este edificio como sede de
la Delegación del Gobierno en Cataluña. Además de por todas las poderosas razones expuestas con anterioridad, por su elevado valor simbólico, pues expresa una respuesta decidida y de compromiso por parte del Gobierno de la Nación tras los terribles
acontecimientos vividos en los últimos años, especialmente en 2017, a causa del procès, con la celebración de un referéndum ilegal que los separatistas catalanes quieren repetir, según han anunciado públicamente, a comienzos del próximo año.
Tales hechos deberían espolear al Gobierno a recuperar este palacio como sede oficial de su representante en Cataluña. Ahora más que nunca es imperioso contar con mayor presencia del Estado en Cataluña. Ante los ataques constantes del
separatismo catalán a las instituciones nacionales, el Estado debe responder firmemente haciéndose más accesible y presente a los españoles en Cataluña. Un primer paso, de gran valor simbólico, es regresar a la sede histórica de la representación
gubernamental española en Cataluña.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la finalización, en el plazo de tiempo más breve posible, de las obras de rehabilitación del Palacio de la Antigua Aduana de Barcelona, y recuperar su uso como sede oficial de la
Delegación del Gobierno en Cataluña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2023.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Onofre Miralles Martín, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Inés María Cañizares Pacheco, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Juan Carlos Segura Just y Andrés
Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la consideración de la personalidad jurídica, a la sostenibilidad económica y a los servicios que debe prestar la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como instrumento para revertir la despoblación rural y
ayudar a la cohesión social y territorial, para su debate en Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La presente iniciativa tiene por objeto proponer una serie de medidas que contribuyan a proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía, ante la situación de precariedad de unos servicios que son vitales en la sociedad actual y cuya
carencia están sufriendo el 23 % de la población y que afecta a un 85 % del territorio estatal. Por otra parte, esta proposición pretende también fortalecer la estructura pública de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., así como aumentar
las prestaciones que dicha entidad proporciona a la ciudadanía, de manera que se dé respuesta a las necesidades de ese 23 % de población al tiempo que se contribuye a la sostenibilidad económica de la sociedad estatal y al mantenimiento del empleo.
El Estado español en su conjunto y Galiza en particular, están sufriendo una pérdida de población en las zonas rurales alarmante. Así, de los 313 concellos galegos, 257 tienen menos de 10.000 habitantes y, si lo extrapolamos al resto del
Estado, el panorama no es mejor con 1.374 unidades de población con cien vecinos o menos. Esta situación está provocando problemas graves a los vecinos y vecinas de esos pueblos de los que desaparecen los servicios esenciales para su día a día.
Problemas que se están agravando de manera considerable en los últimos años y ante los que se hace necesario implementar medidas que pongan remedio a este deterioro.
La pérdida de servicios en estas poblaciones cada día es mayor, en Galiza afecta de manera más preocupante a las provincias del interior, pero tampoco se escapan del mismo poblaciones de las provincias de la franja atlántica y, como ya hemos
indicado, afecta al 85 % del territorio del Estado. Aunque esta situación viene de lejos, han sido las diversas circunstancias vividas en los últimos años las que han hecho más patente que nunca la gravedad de la situación.
La distancia que tiene que recorrer la población para acceder a servicios, a día de hoy, esenciales no es de recibo en un supuesto estado de derecho que debe proteger a los segmentos de población más vulnerable y velar por la vertebración y
cohesión territorial. Hoy el 12 % de la población residente en lugares de menos de 10.000 habitantes tiene dificultades para acceder a servicios de alimentación, porcentaje que sube al 14 % en el caso de servicios bancarios y al 17 % en el caso de
los servicios postales. En el caso de los servicios de correos es más llamativa, si cabe, la deficiencia, puesto que estamos hablando de servicios prestados por una entidad pública, evidenciando la necesidad de fortalecerla y corregir las
debilidades existentes.
El informe del Consejo Económico y Social estatal de 2018, así como el documento 'La estrategia España 2050', inciden en la necesidad de fortalecimiento de los servicios públicos. El propio Gobierno, en sede parlamentaria, también se ha
pronunciado en ese mismo sentido. Así mismo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 174 establece que debe prestarse especial atención a las regiones o territorios con desventajas demográficas y el artículo 176 de esta
misma norma recoge el objetivo de corregir los desequilibrios territoriales.
Además, los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, establecen también
la meta de corregir las de desigualdades, combatir la discriminación y lograr la cohesión social y territorial.
La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos debe ser un instrumento útil para dar respuesta a algunas de las necesidades sociales que se plantean en la actualidad, especialmente en las zonas rurales. Puesto que es una entidad que tiene
capilaridad en todo el territorio y, por tanto, dispone de capacidad para aportar esa mayor vertebración y cohesión social que se necesita. Si bien es cierto que se ha dado algún tímido paso para favorecer que la entidad pública pueda contribuir a
la prestación de servicios esenciales y al acercamiento y mejora de la eficiencia de la administración pública en su trato con la ciudadanía, sigue sin ser en absoluto suficiente, necesitándose que, de forma urgente, se avance más en este tipo de
políticas.
Por una parte, es imprescindible reforzar el estatus jurídico como sociedad pública, en línea con las propuestas de la Unión Europea de reforzar los servicios públicos, dando la vuelta a la tendencia favorecida hasta este momento. Esta
necesidad de fortalecer las estructuras públicas quedó demostrada durante la pandemia de la COVID-19, análisis en el que coinciden las distintas instituciones políticas y de gobierno. Así, parece evidente que el primer paso sea dar seguridad
jurídica y fijar legalmente la naturaleza de la Sociedad. Correos presta un servicio público, declarado esencial durante la pandemia, es necesario asegurar y recoger de forma explícita la consideración como empresa pública de dicha sociedad
estatal.
En segundo lugar, es esencial dotar a la Sociedad Estatal de la financiación necesaria para convertirla en una herramienta útil y que permita dar solución a las deficiencias de servicios en muchos territorios, especialmente en el medio rural
y que tienen perfecto encaje en los fondos Europeos para corregir dichos desequilibrios y desigualdades. Son ya numerosos los países de nuestro entorno que están actuando en este sentido. Con la dotación de medios adecuada Correos puede ser un
instrumento que facilite servicios postales y de paquetería, pero también bancarios y de seguros (a través de una entidad pública) e incluso de telefonía u otros que de otra forma no serán garantizados al conjunto de la población.
Es en los servicios bancarios donde Correos debe recuperar el papel protagonista que en otro tiempo jugó y dar una respuesta completa a las necesidades de la población, más teniendo en cuenta que la banca privada, se ha desentendido de una
gran parte de la población, negando una atención presencial próxima y en horario suficiente en la mayoría de núcleos.
Además debe tenerse en cuenta la evolución del comercio online, para el cual es esencial la presencia de una entidad pública que contribuya a que el ciudadano pueda tener acceso a esos servicios a precios asequibles, en igualdad de
condiciones a los ciudadanos que viven en zonas urbanas, en las que se garantiza una mayor oferta y competitividad.
En tercer lugar hay que dotar a la entidad de los instrumentos necesarios para que pueda dar respuesta a las necesidades actuales. Actualizar el marco del Servicio Postal Universal (SPU) dando cobertura a esos servicios que a día de hoy no
forman parte del mismo.
Poniendo los medios para que Correos, como empresa pública, oferte esos servicios necesarios, de forma especial en el medio rural y zonas deprimidas económica y demográficamente, se garantizará que el conjunto de la población tenga una
adecuado a servicios básicos en su vida diaria, además de combatir despoblación.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Declarar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como empresa de interés social y utilidad pública.
2. Adoptar las decisiones necesarias para que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., pueda actuar como entidad financiera pública y de seguros.
3. Fijar una aportación económica por parte del Ministerio de Hacienda, que dé sostenibilidad económica a la entidad pública, para hacer frente a los retos de servicios que debe cumplir en la sociedad actual, teniendo en cuenta criterios de
servicio público.
4. Revisar los servicios contemplados en el SPU, dando cabida a las necesidades actuales (financieras, paquetería, comunicación,...).
5. Establecer la apertura en horario de tarde en todas las oficinas evitando de este modo las dificultades de acceso que manifiestan los informes.
6. Adoptar las medidas necesarias para la creación de un operador de telefonía público aprovechando la sinergia de la filial Correos Telecom.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2023.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Víctor Sánchez del Real, doña Magdalena Nevado del Campo, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don
Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Cuándo va el gobierno a asumir algún tipo de responsabilidad ante la deficiente gestión de las líneas ferroviarias que conectan Cáceres y Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2023.-Víctor Manuel Sánchez del Real, Magdalena Nevado del Campo, Patricia Rueda Perelló, Rubén Darío Vega Arias, Onofre Miralles Martín, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos
Segura Just y Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputados.
181/002187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just,
Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿En qué estado se encuentra el desarrollo y ejecución del Plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la SAREB para alquiler asequible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2023.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Darío Vega Arias, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Calonje y Onofre
Miralles Martín, Diputados.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/002186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Rubén Darío Vega Arias, don Carlos José Zambrano García-Raez, don Ricardo Chamorro Delmo, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas tiene previsto impulsar el gobierno para velar por el sector pesquero español tras conocerse que la obligación de desembarque compromete más la rentabilidad de la flota?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2023.-Rubén Darío Vega Arias, Carlos José Zambrano García-Raez, Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
SECRETARÍA GENERAL
292/000033
ACUERDO DE 11 DE ABRIL DE 2023, DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR EL QUE SE CONVOCAN BECAS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA EN DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVÍSTICA
En el ámbito de sus actividades, destinadas a difundir el mejor conocimiento de las instituciones parlamentarias, el Congreso de los Diputados, por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 11 de abril de 2023, convoca el presente concurso con el
fin de adjudicar doce becas individuales para la realización de estudios y trabajos de carácter documental, bibliográfico y archivístico relacionados con el Parlamento de acuerdo con las bases que figuran a continuación:
Primera. Objeto y condiciones.
1. El Congreso de los Diputados convoca doce becas individuales para la formación práctica en actividades documentales, bibliográficas y archivísticas de la Cámara. El desarrollo de las becas estará dirigido por la Dirección de
Documentación, Biblioteca y Archivo, por la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y por el Departamento de Publicaciones Oficiales. Los estudios y trabajos realizados quedarán en propiedad del Congreso de los Diputados.
2. De dichas becas se reservará una de ellas para su concesión entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la base cuarta
y acrediten, dentro del plazo a que se refiere el apartado 2 de la base quinta, el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. En el supuesto de que dicha beca no quedara
cubierta, acrecerá al turno libre.
Los aspirantes que deseen acogerse al turno de reserva previsto en el párrafo anterior deberán consignarlo así en la correspondiente instancia.
3. Las becas serán indivisibles e incompatibles con cualquier otra beca concedida para el mismo período y con cualquier actividad laboral. También serán incompatibles con la percepción de prestaciones por desempleo.
4. La concesión y disfrute de la beca no supone vinculación laboral o funcionarial entre el becario y el Congreso de los Diputados. No es aplicable a estas becas el Estatuto del personal investigador en formación.
Segunda. Duración y cuantía.
1. Cada una de las doce becas tendrá una duración de doce meses, que podrá prorrogarse por un periodo máximo de seis meses, cuando la conclusión de los estudios y trabajos que se estén realizando así lo aconsejen.
La prórroga será acordada por la Presidenta del Congreso de los Diputados, a propuesta del Secretario General de la Cámara, previo informe favorable del Jefe de Departamento correspondiente.
El inicio de las becas se comunicará a los beneficiarios simultáneamente a la notificación de la concesión.
2. La cuantía total de la beca será de doce mil novecientos euros (12.900 ) brutos por año, que se percibirán finalizado cada mes a razón de una cuantía bruta de mil setenta y cinco (1.075 ) y que estarán sujetos a las retenciones que
proceda.
3. Asimismo, los beneficiarios de la beca contarán con la cobertura otorgada por la Seguridad Social, según la normativa vigente en cada momento, y dentro de los requisitos y condiciones propios de este tipo de becas.
Tercera. Jurado.
1. Las becas se concederán por la Mesa del Congreso de los Diputados, a propuesta de un Jurado integrado por la Presidenta de la Cámara o Vicepresidente en quien delegue, que lo presidirá; un Secretario de la Mesa, el Secretario General o,
por delegación, el Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios, la Directora de Documentación, Biblioteca y Archivo y un funcionario del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, que actuará como Secretario a estos efectos y para el
llamamiento de suplentes durante el periodo de duración de estas becas.
2. De las deliberaciones y acuerdos del Jurado se levantará acta, firmada por el Secretario con el visto bueno de la Presidenta. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos.
Cuarta. Requisitos de los solicitantes.
1. Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de alguno de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
b) Los solicitantes que no tengan la nacionalidad española deberán poseer un perfecto dominio, hablado y escrito, de la lengua oficial española.
c) Estar en posesión de una de las titulaciones siguientes:
- Título universitario de Nivel 3 (Máster) o superior, en cualquiera de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas o Humanidades, de conformidad con los niveles establecidos en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) (artículo 7 y Anexo, modificados por Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, y artículo 4 modificado por Real Decreto 22/2015, de 23 de enero).
- Título universitario de Nivel 2 (Grado) en cualquiera de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas o Humanidades, y una carga mínima de 60 créditos ECTS en uno o varios títulos propios universitarios
incluidos dentro de las enseñanzas de formación permanente que requieren titulación universitaria previa, regulados en el apartado sexto del artículo 37 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre.
Al menos una de las titulaciones anteriormente mencionadas tiene que haber sido obtenida en el curso académico 2015-2016 o posterior, en universidades españolas o extranjeras, en este último caso, siempre y cuando las titulaciones hayan sido
homologadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por resolución definitiva.
El título o la carga de créditos anteriormente mencionada ha de estar directamente relacionado con materias archivísticas, bibliotecarias o documentales.
d) Tener un expediente académico con una nota media mínima de 7 en los estudios de Grado o de Licenciatura por los que se accede a la beca.
e) No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca del Congreso de los Diputados en la fecha del Acuerdo de la Mesa por el que se convocan las becas.
f) No haber renunciado a una beca para la formación práctica en Documentación, Biblioteconomía y Archivística del Congreso de los Diputados siendo titular de la misma y en cualquier momento de su disfrute.
Al respecto será necesario cumplimentar Declaración jurada.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la base primera, las personas solicitantes deberán reunir las condiciones psicofísicas requeridas para la realización efectiva de las prácticas, y no haber sido separadas, mediante expediente
disciplinario, del servicio del Estado o de cualquier entidad territorial.
Quinta. Presentación de las solicitudes.
1. La solicitud y la relación de méritos a valorar se presentarán por vía electrónica, a través de la página web del Congreso de los Diputados.
2. El plazo para la presentación de instancias será de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 'Boletín Oficial del Estado'.
3. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se elaborará una relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en la página web del Congreso de los Diputados
(http://www.congreso.es).
Si la solicitud no reuniera los datos o documentos exigidos, el interesado dispondrá de cinco días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para subsanar la
falta o acompañar los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición.
Sexta. Requisitos de las solicitudes.
1. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Copia de la Certificación Académica Personal de las titulaciones de acceso a la beca (Grado y Máster o/y Licenciatura), con validez oficial, expedidas por la Secretaría del centro universitario donde hayan sido cursadas.
En dicha Certificación Académica Personal deberá constar, expresamente:
- El año académico en el que se han finalizado los estudios que dan acceso a la beca
- Las materias que constituyen el programa completo de la titulación correspondiente y haber aprobado todas las asignaturas del respectivo plan de estudios.
- Las calificaciones de los créditos o asignaturas superadas, sus fechas de obtención.
- La calificación de la media final, de forma numérica.
- Los hitos o logros académicos conseguidos.
En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en el extranjero, además de los requisitos anteriores, la certificación informará de las calificaciones máxima y mínima necesarias para aprobar dentro del sistema de evaluación
correspondiente. Cuando la certificación esté extendida en idioma distinto al español, al francés o al inglés, deberá acompañarse de la correspondiente traducción jurada (en español o en inglés).
b) Copia del Título o Títulos universitarios oficiales de acceso a la beca o certificación de haber pagado los derechos de los mismos.
c) Copia del Documento Nacional de identidad en vigor. Los solicitantes no españoles presentarán copia del documento acreditativo de su identidad expedido por la autoridad competente de su país que acredite su nacionalidad.
d) Relación de méritos, a cuyo efecto será imprescindible cumplimentar el modelo que figura en el registro electrónico de la presente convocatoria, en español y en debida forma.
e) Acreditación documental fehaciente de los méritos alegados en el punto anterior. En el caso de poseer formación académica adicional, esta deberá acreditarse con la Certificación Académica Personal correspondiente, expedida por la
Secretaría del centro universitario donde hayan sido cursadas las titulaciones que se relacionen. Los documentos presentados deberán incorporarse digitalizados en el apartado correspondiente de la solicitud.
No se valorarán los méritos que no estén debidamente acreditados.
El Jurado podrá requerir a los candidatos, en cualquier momento del procedimiento, la aportación de los documentos originales para su cotejo.
Séptima. Selección y concesión de las becas.
1. El Jurado hará la selección entre los candidatos admitidos conforme a los criterios especificados en el anexo de la presente convocatoria. En todo caso, para superar la fase de selección, será necesario obtener, al menos, ocho puntos,
una vez que hayan sido aplicados los criterios antes señalados.
2. El Jurado podrá acordar que los aspirantes realicen la prueba presencial que considere pertinente para comprobar que sus conocimientos en archivística, biblioteconomía y documentación y en otros méritos alegados les sitúa en condiciones
de adquirir una formación práctica sólida. En este caso, el lugar, fecha y hora de dicha prueba sería comunicado a cada uno de los candidatos oportunamente.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, el Jurado podrá adoptar las medidas necesarias para adaptar la realización de las pruebas por parte de las personas discapacitadas que así lo hubieran hecho constar en su instancia,
siempre que no se altere el contenido y la finalidad de las mismas y se respete el principio de igualdad de oportunidades.
4. La concesión de las becas se propondrá por el Jurado por mayoría de votos y se otorgarán por la Mesa de la Cámara. El Jurado propondrá, asimismo, veinticinco suplentes, que siguiendo el orden de puntuación obtenida, sustituirán a los
titulares en el caso de que alguno de estos renunciara a la beca que le hubiera sido adjudicada.
El Jurado puede proponer que el concurso se declare total o parcialmente desierto cuando los solicitantes no reúnan las condiciones que aquel estime idóneas para su adjudicación.
5. La Mesa del Congreso de los Diputados adjudicará las becas a sus titulares y aprobará, asimismo, la relación de los veinticinco candidatos suplentes, notificándose a los beneficiarios de las mismas.
Octava. Presentación de la documentación por los adjudicatarios de las becas.
Los adjudicatarios de las becas deberán presentar, en el plazo que en la notificación de resolución se indique, la certificación original del expediente académico personal.
Novena. Obligaciones del becario.
1. El becario, por el solo hecho de solicitar esta beca, se compromete a aceptar las bases de esta convocatoria y las demás normas que resulten de aplicación como consecuencia de la misma, así como a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Aceptar la beca concedida en el modo y plazo que en la notificación de resolución se le indique. De no ser así, se entenderá que el becario renuncia a la misma y se concederá al candidato que figure en primer lugar en la relación de
suplentes del Acuerdo de concesión.
b) Cumplir las normas de asistencia y realizar la actividad formativa en el horario y departamento que se le asignen y con sujeción a las indicaciones de sus responsables. Las prácticas tendrán una duración de treinta horas semanales, en
horario de mañana o tarde.
c) Observar la mayor discreción y confidencialidad en todo lo que se refiere a los asuntos, hechos o informaciones de los que hubieran tenido conocimiento durante el periodo de la beca. No deberán comunicar, bajo ninguna forma, documentos o
informaciones que no hubieran sido hechos públicos a personas que no estuvieran cualificadas para tener conocimientos de los mismos, a reserva del acuerdo previo de la Institución. Seguirán sometidos a esta obligación después de finalizar su
periodo de prácticas.
d) No haber adquirido ni adquirir durante el periodo de la beca ningún compromiso u obligación que impida el cumplimiento íntegro y continuado de aquella, salvo renuncia expresa a la misma.
2. El Congreso de los Diputados se reserva el derecho de suspender la beca en el supuesto de que el becario no realizara los trabajos para su formación práctica en condiciones satisfactorias.
3. El incumplimiento por el becario de sus obligaciones podrá dar lugar a la privación de la beca por el tiempo que quedare pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades que resultaren exigibles.
Décima. Renuncia a la beca concedida.
En el caso de renuncia a la beca concedida, el adjudicatario deberá presentar el correspondiente escrito de renuncia, dirigido al Secretario General del Congreso de los Diputados, quien adjudicará la beca por el periodo de disfrute restante
al candidato suplente, según el orden de puntuación obtenido en el proceso de selección.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2023.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña.
ANEXO
Baremo de aplicación para la valoración de méritos de las becas de formación práctica en Documentación, Biblioteconomía y Archivística
1. Expediente académico correspondiente al título o títulos universitarios de acceso a la beca. (Máximo diez puntos).
2. Formación académica adicional de alguno de los cuatro niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), en las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas o Humanidades, distintos, en su caso, de los exigidos
para optar a la beca. (Máximo seis puntos).
2.1 Nivel (1) Técnico Superior: Técnico Superior de Formación Profesional (1 punto).
2.2 Nivel (2) Grado: Graduado (180 créditos ECTS) (3 puntos)/(240 créditos ECTS) (4 puntos)/(300 o más créditos ECTS) (5 puntos).
2.3 Nivel (3) Máster:
- Máster universitario (60 o 120 créditos ECTS) (1 o 2 puntos).
- Graduado de al menos 300 créditos ECTS que comprenda al menos 60 créditos ECTS de Nivel de Máster, que haya obtenido este nivel de cualificación mediante resolución del Consejo de Universidades (5 puntos).
- Licenciatura (300 créditos ECTS) (5 puntos).
Segundo ciclo de una Licenciatura cursado en uno o dos cursos académicos (138 créditos ECTS) (2 puntos).
Diplomatura (no se valora si se cursa como acceso al 2.º ciclo de la Licenciatura o Grado) (3 puntos).
2.4 Nivel (4) Doctor:
- Doctor (4 puntos).
- Certificado periodo de docencia (20 créditos ECTS) (0,75 puntos), con el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) (12 créditos ETCS) (1 punto).
3. Formación universitaria permanente. Títulos propios de universidades y centros asimilados o títulos acreditados o con reconocimiento universitario en disciplinas relacionadas con las ramas de
Ciencias Sociales y Jurídicas o Humanidades. (Máximo seis puntos) (La puntuación dependerá del número de créditos/horas lectivas y de la relación con las disciplinas objeto de la beca).
3.1 Experto.
3.2 Especialista.
3.3 Máster propio.
3.4 Otras titulaciones.
4. Formación continua en Biblioteconomía, Archivística, Información y Documentación, realizada en los siete años anteriores a la presente convocatoria (año 2016 inclusive). (Máximo tres puntos). (La puntuación dependerá del número de
horas lectivas).
5. Idiomas oficiales de la Unión Europea (alemán, francés, inglés, italiano, portugués). Sólo se valorarán los certificados de centros oficiales que acrediten el nivel alcanzado dentro del Marco Común de Referencia para las Lenguas.
(Máximo tres puntos).
5.1 Nivel elemental (A1 y A2) (0,75 puntos).
5.2 Nivel intermedio (B1 y B2) (1,5 puntos).
5.3 Nivel superior (C1 y C2) (3 puntos).
6. Otros méritos relacionados con el objeto de la beca. (Máximo dos puntos).
6.1 Publicaciones, presentación de ponencias o comunicaciones (0,25-1 puntos).
6.2 Nivel alcanzado en idiomas oficiales de Estados y en lenguas muertas (0,05-0,50 puntos).
6.3 Exámenes aprobados de oposiciones relacionadas con el objeto de la beca (0,25-0,75 puntos).
6.4 Beca para la formación práctica en Documentación, Biblioteconomía y Archivística en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en la Junta Electoral Central (1 punto).