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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 616, de 03/05/2023
cve: BOCG-14-D-616
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de mayo de 2023
Núm. 616
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página2)
Declaración de intereses económicos ... (Página8)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la consideración de la personalidad jurídica, a la sostenibilidad económica y a los servicios que debe prestar la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A., como instrumento para revertir la despoblación rural y ayudar a la cohesión social y territorial ... (Página11)
162/001193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la ampliación de permisos remunerados en el trabajo ... (Página13)
162/001194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de centros socio-sanitarios especializados para el tratamiento de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ...
162/001195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la renaturalización de las ciudades para incrementar la biodiversidad y la conectividad ecológica en los entornos urbanos ...
162/001196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a permitir a los jóvenes adelantar parte de su pensión para la adquisición de una vivienda ... (Página18)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
005 Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de bienes y rentas presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
RUIZ LÓPEZ, Jesús (GS) (núm. expte. 005/000404/0000)0 ... (Página3)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
007 Declaración de intereses económicos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de intereses económicos presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
RUIZ LÓPEZ, Jesús (GS) (núm. expte. 007/000376/0000) 1 ... (Página9)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la consideración de la personalidad jurídica, a la sostenibilidad económica y a los servicios que debe prestar la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como instrumento para revertir la despoblación rural y
ayudar a la cohesión social y territorial, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La presente iniciativa tiene por objeto proponer una serie de medidas que contribuyan a proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía, ante la situación de precariedad de unos servicios que son vitales en la sociedad actual y cuya
carencia están sufriendo el 23 % de la población y que afecta a un 85 % del territorio estatal. Por otra parte, esta proposición pretende también fortalecer la estructura pública de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., así como aumentar
las prestaciones que dicha entidad proporciona a la ciudadanía, de manera que se dé respuesta a las necesidades de ese 23 % de población al tiempo que se contribuye a la sostenibilidad económica de la sociedad estatal y al mantenimiento del empleo.
El Estado español en su conjunto y Galiza en particular, están sufriendo una pérdida de población en las zonas rurales alarmante. Así, de los 313 concellos galegos, 257 tienen menos de 10.000 habitantes y, si lo extrapolamos al resto del
Estado, el panorama no es mejor con 1374 unidades de población con cien vecinos o menos. Esta situación está provocando problemas graves a los vecinos y vecinas de esos pueblos de los que desaparecen los servicios esenciales para su día a día.
Problemas que se están agravando de manera considerable en los últimos años y ante los que se hace necesario implementar medidas que pongan remedio a este deterioro.
La pérdida de servicios en estas poblaciones cada día es mayor, en Galiza afecta de manera más preocupante a las provincias del interior, pero tampoco se escapan del mismo poblaciones de las provincias de la franja atlántica y, como ya hemos
indicado, afecta al 85 % del territorio del Estado. Aunque esta situación viene de lejos, han sido las diversas circunstancias vividas en los últimos años las que han hecho más patente que nunca la gravedad de la situación.
La distancia que tiene que recorrer la población para acceder a servicios, a día de hoy, esenciales no es de recibo en un supuesto estado de derecho que debe proteger a los segmentos de población más vulnerable y velar por la vertebración y
cohesión territorial. Hoy el 12 % de la población residente en lugares de menos de 10.000 habitantes tiene dificultades para acceder a servicios de alimentación, porcentaje que sube al 14 % en el caso de servicios bancarios y al 17 % en el caso de
los servicios
postales. En el caso de los servicios de correos es más llamativa, si cabe, la deficiencia, puesto que estamos hablando de servicios prestados por una entidad pública, evidenciando la necesidad de fortalecerla y corregir las debilidades
existentes.
El informe del Consejo Económico y Social estatal de 2018, así como el documento 'La estrategia España 2050', inciden en la necesidad de fortalecimiento de los servicios públicos. El propio Gobierno, en sede parlamentaria, también se ha
pronunciado en ese mismo sentido. Así mismo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 174 establece que debe prestarse especial atención a las regiones o territorios con desventajas demográficas y el artículo 176 de esta
misma norma recoge el objetivo de corregir los desequilibrios territoriales.
Además, los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, establecen también
la meta de corregir las de desigualdades, combatir la discriminación y lograr la cohesión social y territorial.
La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos debe ser un instrumento útil para dar respuesta a algunas de las necesidades sociales que se plantean en la actualidad, especialmente en las zonas rurales. Puesto que es una entidad que tiene
capilaridad en todo el territorio y, por tanto, dispone de capacidad para aportar esa mayor vertebración y cohesión social que se necesita. Si bien es cierto que se ha dado algún tímido paso para favorecer que la entidad pública pueda contribuir a
la prestación de servicios esenciales y al acercamiento y mejora de la eficiencia de la administración pública en su trato con la ciudadanía, sigue sin ser en absoluto suficiente, necesitándose que, de forma urgente, se avance más en este tipo de
políticas.
Por una parte, es imprescindible reforzar el estatus jurídico como sociedad pública, en línea con las propuestas de la Unión Europea de reforzar los servicios públicos, dando la vuelta a la tendencia favorecida hasta este momento. Esta
necesidad de fortalecer las estructuras públicas quedó demostrada durante la pandemia de la COVID19, análisis en el que coinciden las distintas instituciones políticas y de gobierno. Así, parece evidente que el primer paso sea dar seguridad
jurídica y fijar legalmente la naturaleza de la Sociedad. Correos presta un servicio público, declarado esencial durante la pandemia, es necesario asegurar y recoger de forma explícita la consideración como empresa pública de dicha sociedad
estatal.
En segundo lugar, es esencial dotar a la Sociedad Estatal de la financiación necesaria para convertirla en una herramienta útil y que permita dar solución a las deficiencias de servicios en muchos territorios, especialmente en el medio rural
y que tienen perfecto encaje en los fondos Europeos para corregir dichos desequilibrios y desigualdades. Son ya numerosos los países de nuestro entorno que están actuando en este sentido. Con la dotación de medios adecuada Correos puede ser un
instrumento que facilite servicios postales y de paquetería, pero también bancarios y de seguros (a través de una entidad pública) e incluso de telefonía u otros que de otra forma no serán garantizados al conjunto de la población.
Es en los servicios bancarios donde Correos debe recuperar el papel protagonista que en otro tiempo jugó y dar una respuesta completa a las necesidades de la población, más teniendo en cuenta que la banca privada, se ha desentendido de una
gran parte de la población, negando una atención presencial próxima y en horario suficiente en la mayoría de núcleos.
Además debe tenerse en cuenta la evolución del comercio online, para el cual es esencial la presencia de una entidad pública que contribuya a que el ciudadano pueda tener acceso a esos servicios a precios asequibles, en igualdad de
condiciones a los ciudadanos que viven en zonas urbanas, en las que se garantiza una mayor oferta y competitividad.
En tercer lugar hay que dotar a la entidad de los instrumentos necesarios para que pueda dar respuesta a las necesidades actuales. Actualizar el marco del Servicio Postal Universal (SPU) dando cobertura a esos servicios que a día de hoy no
forman parte del mismo.
Poniendo los medios para que Correos, como empresa pública, oferte esos servicios necesarios, de forma especial en el medio rural y zonas deprimidas económica y demográficamente, se garantizará que el conjunto de la población tenga una
adecuado a servicios básicos en su vida diaria, además de combatir despoblación.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Declarar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como empresa de interés social y utilidad pública.
2. Adoptar las decisiones necesarias para que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., pueda actuar como entidad financiera pública y de seguros.
3. Fijar una aportación económica por parte del Ministerio de Hacienda, que dé sostenibilidad económica a la entidad pública, para hacer frente a los retos de servicios que debe cumplir en la sociedad actual, teniendo en cuenta criterios de
servicio público.
4. Revisar los servicios contemplados en el SPU, dando cabida a las necesidades actuales (financieras, paquetería, comunicación,...).
5. Establecer la apertura en horario de tarde en todas las oficinas evitando de este modo las dificultades de acceso que manifiestan los informes.
6. Adoptar las medidas necesarias para la creación de un operador de telefonía público aprovechando la sinergia de la filial Correos Telecom.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2023.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
162/001193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Gabriel Rufián Romero y del Diputado Jordi Salvador i Duch al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la ampliación de permisos remunerados en el trabajo, para su debate en instancia en Pleno.
Exposición de motivos
Demasiadas veces se abordan asuntos relativos a la conciliación con la vida laboral centrando el debate en medidas que implican directa o indirectamente una reducción del salario. Así ocurre con las excedencias, la posibilidad de solicitar
una reducción de jornada y los permisos no retribuidos. Si bien es cierto que algunas de estas medidas son necesarias, aunque sea transitoriamente, no es menos cierto que suponen un riesgo de agrandar el sesgo de clase. Ello por cuanto, las
personas con salarios más bajos a menudo no tendrán la posibilidad material de acogerse a ellas, produciéndose así un incremento de la desigualdad dentro de las rentas del trabajo, que se acumulará al inherente desequilibrio entre las rentas del
trabajo y las rentas del capital.
Además de las referenciadas medidas que suponen una reducción del salario, el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores estipula una lista de circunstancias por las cuales una persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse con
mantenimiento de su remuneración. Esta lista cerrada comprende, supuestamente, aquellas circunstancias el ejercicio de las cuales, por su relevancia personal, comunitaria o cultural, se quiere proteger de forma expresa sin dejarlo a discreción de
la negociación colectiva. Esto incluye situaciones como la muerte de un pariente cercano, el matrimonio o el derecho a ejercer el sufragio activo. Sin embargo, pese a haber experimentado mejoras como las provenientes del Real Decreto-ley 6/2019,
lo cierto es que el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores mantiene la misma estructura básica que tenía en el original Estatuto del año 1995 y a día de hoy, constituye un listado claramente insuficiente y con ausencias injustificables.
Algunas de las circunstancias que quedan excluidas del referenciado precepto legal relativo a los permisos remunerados se ven protegidas por la vía de la negociación colectiva. A modo de ejemplo, no son pocos los convenios colectivos de
sector o de empresa que protegen situaciones como la asistencia médica especializada o el acompañamiento de un menor a cargo a un facultativo sanitario. Sin embargo,
estas protecciones quedan lejos de alcanzar la universalidad, puesto que la mayoría de trabajadores continúa sin tener un convenio colectivo aplicable que lo contemple. Además, existe una tendencia perniciosa según la cual justamente las
empresas y sectores que más priorizan a sus empleados tienden a ser aquellas que contemplan peores protecciones sociales por convenio, quedando así especialmente desamparadas las personas que más protección necesitan debido a su injusta situación
social.
Por otro lado, existen circunstancias vitales como el duelo gestacional en las que resulta humanamente imprescindible contar con la posibilidad de ausentarse del puesto de trabajo para atender ese momento vital tan complicado y que, sin
embargo, quedan al arbitrio de la decisión del empresario porque no se encuentran protegidas ni por ley ni por casi ninguna norma de negociación colectiva. Del mismo modo, hay situaciones como la muerte de un hijo, que encuentran un amparo tan
limitado en la ley (únicamente dos días de permiso) que acaban dejando en una situación de desprotección similar a la expuesta.
Existe la urgencia de ampliar derechos sociales y laborales para que la vida gane terreno a la explotación. Tenemos la imperiosa necesidad de constituir nuevos derechos subjetivos a favor de las personas trabajadoras. Se deben garantizar
espacios de atención y cuidado esenciales para todo ser humano por encima de la condición de persona asalariada. Los derechos esenciales deben ser estipulados por ley, no por convenio colectivo. Porque esta es la única forma de universalizarlos y
porque, de esta forma, se dota de mayor fuerza negociadora a los representantes de los trabajadores para continuar avanzando en otros aspectos de la negociación colectiva. Además, estas nuevas conquistas sociales tienen que alcanzar también a los
trabajadores por cuenta propia, cuya protección es tan exigua o más que la de los trabajadores por cuenta ajen.
El cambio de paradigma que supondría la implementación de nuevos permisos remunerados garantizados por ley no puede quedar a expensas de la situación económica de la empresa. Sin embargo, a la vista del tejido empresarial eminentemente
constituido por trabajadores autónomos y pequeña empresa que impera en el Estado español, resulta oportuno desarrollar mecanismos de compensación para la empresa en previsión de aquellas situaciones excepcionales donde una persona trabajadora se vea
obligada a ausentarse reiteradamente de su puesto de trabajo por una situación personal que así lo exija. De esta forma se podría establecer un equilibrio entre la garantía de un derecho subjetivo y la no imposición de una obligación
desmesuradamente gravosa a las pequeñas empresas que pueda afectar a su viabilidad.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Plantear las modificaciones normativas oportunas para garantizar por ley la existencia de un nuevo permiso retribuido para los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena por el tiempo indispensable para el acompañamiento de un
hijo o menor a cargo para su asistencia sanitaria, la atención primaria, de urgencias o especializada, la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos de recuperación y rehabilitación incluyendo en todo caso atención psicológica, psiquiátrica,
oftalmológica, odontológica, dermatológica, fisioterapéutica, osteopática y todas las especialidades requeridas para la mejora de la salud, de naturaleza pública o privada.
2. Plantear las modificaciones normativas oportunas para garantizar por ley la existencia de un nuevo permiso retribuido para los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena por el tiempo indispensable para la asistencia sanitaria, la
atención especializada, la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos de recuperación y rehabilitación incluyendo en todo caso atención psicológica, psiquiátrica, oftalmológica, odontológica, dermatológica, fisioterapéutica, osteopática y
todas las especialidades requeridas para la mejora de la salud, de naturaleza pública o privada.
3. Plantear las modificaciones normativas oportunas para garantizar por ley la existencia de un nuevo permiso retribuido de cinco días hábiles para los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena por pérdida gestacional entre la sexta
semana y el día 179 de gestación. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará, como mínimo, dos días más o cuantos resultara imprescindible para trasladarse al lugar de residencia
del progenitor gestante.
4. Plantear las modificaciones normativas oportunas para garantizar por ley la existencia de un permiso retribuido de diez días hábiles para los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena por el fallecimiento de una hija o hijo.
Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará, como mínimo, dos días más o cuantos resultara imprescindible para trasladarse a los lugares de defunción o exequias.
5. Desarrollar en el marco del diálogo social un mecanismo de compensación a las pequeñas empresas por el cual las empresas de menos de 50 trabajadores y las entidades de economía social puedan reclamar a la Administración General del
Estado una compensación equivalente a las cantidades salariales abonadas sin prestación efectiva de servicios por aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, sin computar a este efecto los permisos para
desarrollar funciones sindicales o de representación del personal, cuando excedan de 15 días anuales por cada trabajador.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2023.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
162/001194
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre la creación de centros socio-sanitarios especializados para el tratamiento de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 4 ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no
de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de centros socio-sanitarios especializados para
el tratamiento de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La realidad para muchas familias cuando uno de sus miembros es diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) cambia radicalmente de la noche a la mañana, debiendo destinar tiempo, cuidados y recursos a atender a las personas a
quienes se ha diagnosticado esta enfermedad neurodegenerativa. Esta enfermedad deriva en una debilidad muscular que avanza hasta la parálisis, reduciendo la autonomía motora, comunicación verbal o actos vitales como la deglución o la simple
respiración. Pese a mantener la cognición, las personas afectadas por ELA quedan atrapadas en un cuerpo que no responde, por lo que precisarán de ayuda para las actividades del día a día, hasta una dependencia total que suele acabar, generalmente,
en un fallecimiento por asfixia. En la actualidad no existe tratamiento ni cura para esta enfermedad.
El tiempo para las personas afectadas por ELA y sus familiares es algo de lo que no pueden disponer. Entre el tiempo pasado entre la solicitud de valoración del grado de dependencia y la resolución que reconozca dicho grado, y la adaptación
a la que deben someterse sus familiares y cuidadores para combinar su vida profesional a los cuidados diarios, resulta especialmente delicada la atención temprana y las ayudas socio-sanitarias a las que puedan dirigirse las personas diagnosticadas
con ELA y sus familias, a las que se diagnostican unos rangos temporales de supervivencia entre los tres y los cinco años.
La inexistencia de centros sanitarios especializados en esta enfermedad es un hecho que debe corregirse y debemos poner las bases para que cada municipio tenga en un radio de alcance razonable un centro socio-sanitario al que personas con
ELA y sus familiares puedan acudir. Actualmente, en España no se dispone de este tipo de centros, dejando a quienes padecen esta enfermedad y a sus familiares y cuidadores a la suerte de su tiempo, difícil conciliación y delicada situación
económica. A dicha situación se suma la velocidad con la que avanza la enfermedad y los numerosos problemas burocráticos que retrasan el reconocimiento del derecho a las prestaciones y ayudas previstas hacen que los procedimientos de reconocimiento
de discapacidad y dependencia resulten un calvario en el que ni los propios afectados ni sus familiares se sientan acompañados.
Cada año se realizan aproximadamente 900 nuevos diagnósticos de esta enfermedad, y cada día se detectan 3 nuevos casos de ELA, siendo la patología neurodegenerativa más frecuente en España según su incidencia, por detrás del Alzheimer y el
Parkinson.
Dada la necesidad de proporcionar una asistencia digna, especializada y de calidad a las personas con ELA, y que la sociedad nos interpela a mejorar la atención socio-sanitaria a nuestros ciudadanos.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, constatando la necesidad de dar una asistencia socio-sanitaria específica y de calidad a las personas diagnosticadas con ELA, así como que de que sean atendidas de manera preferente por servicios
multidisciplinares que cuenten con los recursos técnicos y humanos especializados para el tratamiento adecuado de las necesidades provocadas por su enfermedad, para garantizar un trato digno y una atención adecuada a todas las personas que la
padecen y a sus familias y cuidadores, insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, un programa de construcción de centros socio-sanitarios especializados en el tratamiento de la ELA de titularidad pública en España.
2. Elaborar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una propuesta para la construcción de cuantos centros socio-sanitarios especializados en el tratamiento de la ELA de titularidad pública sean necesarios para que los ciudadanos de
España dispongan de un centro de este tipo a un máximo de 30 minutos de su municipio.
3. Promover y facilitar, dentro del ámbito de sus competencias, que estos centros entren en funcionamiento en 2025.
4. Dar cuentas de forma periódica en sede parlamentaria sobre el desarrollo de estos trabajos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2023.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso de la renaturalización de las ciudades para incrementar la
biodiversidad y la conectividad ecológica en los entornos urbanos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En 2021 se aprobó la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. Su objetivo es garantizar la conservación de la biodiversidad y asegurar la funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios,
su conectividad, la restauración del territorio español, y la integración de la diversidad biológica en la planificación territorial. Esta Estrategia Nacional es el documento de planificación estratégica que regula la implantación y el desarrollo
de la Infraestructura Verde en España.
Asimismo, la Estrategia de Biodiversidad de la UE a 2030 establece como uno de sus objetivos prioritarios la renaturalización de las ciudades europeas mediante la promoción de la infraestructura verde y de soluciones basadas en la naturaleza
y su plena integración en la planificación urbanística. La Infraestructura Verde se contempla como una red ecológicamente coherente y estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales. Su diseño y
gestión se enfocan a la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de los servicios que nos proveen.
Una de las líneas de actuación más importantes que contiene la citada Estrategia es la de 'fortalecer y mejorar la conectividad, así como prevenir su pérdida, en el medio urbano'. Esta línea incluye un conjunto de orientaciones que se
dirigen a las administraciones locales con la finalidad de mejorar la conectividad y la conservación de la biodiversidad. Entre dichas orientaciones, destaca la de llevar a cabo actuaciones de naturalización de las áreas urbanas.
Por otra parte, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 también se hace eco de la importancia de esta cuestión. De hecho, una de sus líneas dé acción se centra en la integración de la adaptación al cambio climático en
la planificación territorial y urbana. Para ello, señala la importancia de incorporar a la planificación el concepto de infraestructuras verdes urbanas y azules, como soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, que resuelven problemas
urbanos como la mejora de la biodiversidad, la gestión de zonas inundables, la reducción de islas de calor, la lucha contra el cambio climático o la mejora de la calidad del aire. En la misma línea, el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad a 2030 aprobado en diciembre de 2022 insta a la adopción de medidas destinadas a fomentar los espacios verdes urbanos y conectarlos con el ámbito periurbano, reducir el empleo de herbicidas químicos, mejorar los
hábitats de flora y fauna silvestres y de los polinizadores en las áreas urbanas y periurbanas, así como aplicar metodologías y programas de seguimiento de la biodiversidad y geodiversidad urbana.
El Gobierno ha apoyado decididamente estas actuaciones. La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha movilizado 195 millones de euros en ayudas para proyectos destinados a la
renaturalización de ciudades, incluyendo la restauración de los ecosistemas fluviales en entornos urbanos. Su financiación corre a cargo de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Gracias a
estas ayudas, han arrancado ya 55 proyectos correspondientes a las convocatorias de 2021. De ellos, 18 corresponden a la convocatoria de renaturalización de ciudades y 37 a la de restauración de ecosistemas fluviales y mitigación del riesgo de
inundación.
La convocatoria correspondiente a 2022 cuenta con un presupuesto de 62 millones de euros. La financiación que recibirán los proyectos seleccionados será de hasta un 95 %, con ayudas que van desde 2 a 4 millones de euros. A esta
convocatoria se han presentado 64 solicitudes, con propuestas de ciudades pertenecientes a 16 comunidades autónomas y una ciudad autónoma. Las comunidades que han presentado un mayor número de propuestas son Andalucía, con 10 proyectos; Cataluña,
con 11; la Comunidad de Madrid, con 9; y la Comunidad Valenciana, con 8.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las administraciones públicas y, en especial, con las administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, a seguir impulsando la renaturalización de las ciudades
españolas, incrementando la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica en el medio urbano y periurbano, en desarrollo de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2023.-Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, Helena Caballero Gutiérrez, Antidio Fagúndez Campo, Sandra Guaita Esteruelas, María Montserrat García Chavarría, María
Inmaculada Oria López, Daniel Senderos Oraá, Mariana de Gracia Canales Duque, Omar Anguita Pérez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Vicente Viondi y Javier Antón Cacho, Diputados.-Esther Padilla Ruiz e Isaura Leal Fernández, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
162/001196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para permitir a los jóvenes adelantar parte su pensión para la
adquisición de una vivienda, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Tener un hogar parece imposible para los jóvenes. Formar un hogar no es solamente la materialización del derecho a una vivienda, sino la mayor garantía, junto al empleo, que tienen los españoles para prosperar, formar una familia y seguir
creciendo económicamente. El acceso a la vivienda es una pata fundamental de las democracias liberales, construidas sobre la idea de que el trabajo de hoy llevará a la posibilidad de independencia y autonomía. Una independencia que pasa, en muchos
casos, por la propiedad de una vivienda, un lugar que pertenezca a uno y que siga presente cuando llegue la jubilación, los ingresos disminuyan y la esfera privada tenga, si cabe, aún más importancia.
La crisis del acceso a la vivienda no es solo sino una de las manifestaciones más sangrantes que reflejan un problema general mayor: el pacto intergeneracional se ha roto. Las últimas reformas de las pensiones han dado la puntilla a unos
jóvenes cuya situación relativa no deja de agravarse. Desde la crisis de 2008, los jóvenes han incrementado su renta solo un 13 %, frente al 35 % de los mayores de 65. En ese mismo periodo de tiempo, el IPC incrementó un 22,4 %. Lo cierto es que
el de los más mayores es el único colectivo en el que ha caído la tasa de riesgo de pobreza desde la crisis financiera. Sin embargo, lejos de reequilibrar el balance de cargas y beneficios del Estado de bienestar, los últimos años hemos sido
testigos de incrementos extraordinarios del esfuerzo que deben hacer los jóvenes en sus contribuciones a la Seguridad Social, lastrando su renta disponible y la creación de empleo, sin que esta contribución venga acompañada de una correlativa
generación de derechos tal y como debería ocurrir en un sistema contributivo.
El sistema de pensiones, la Seguridad Social, como mecanismo de ahorro forzoso o 'salario diferido' hasta ahora funcionaba porque en los primeros años y madurez de la carrera profesional se solía tener unos ingresos que permitían una
cantidad de ahorro significativo, ahorro que en parte se quedaba el trabajador en el presente (lo que le permitía comprar una vivienda) y en parte se 'difería al futuro' en forma de pensión para la jubilación. Hoy, nuestros jóvenes ya no pueden
ahorrar para sí y todo se dedica al sustento de un sistema de pensiones del que, encima, están seguros de que no podrán beneficiarse cuando se jubilen.
Sin perjuicio de que es necesario abordar de forma urgente un debate de fondo sobre el propio sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad, incluso si nos mantenemos dentro del sistema vigente, es imprescindible reequilibrar el pacto
intergeneracional y dar a los jóvenes herramientas tanto para permitir el desarrollo de su proyecto de vida ahora, como para darles la tranquilidad que también merecen -y que ahora nadie les ofrece- de que tendrán una jubilación tranquila y con
suficiencia económica.
Por estos motivos creemos que es el momento de proponer soluciones valientes y factibles, que den respuesta rápida a los problemas que afectan a la juventud. El reto de la vivienda, a largo plazo, solo puede solucionarse con políticas
ambiciosas de oferta, de promoción tanto pública como privada, ahí donde la gente quiere y necesita vivir. A corto plazo, sin embargo, el diagnóstico compartido en materia de acceso a la vivienda es que el alto coste del alquiler impide a los
jóvenes ahorrar. Como no pueden ahorrar, a pesar de ser solventes y tener empleos estables, les resulta imposible tener la entrada para comprar una vivienda (cuya cuota de la hipoteca es en muchas ocasiones menos costosa). En consecuencia, se ven
sumidos en un círculo vicioso en el acceso a la vivienda por la imposibilidad de ahorrar ese capital inicial. Es necesario romper esta barrera de entrada -barrera, a su vez, de salida del mercado de alquiler, lo que infla artificialmente su coste-
para permitir a esos miles de jóvenes económicamente solventes adquirir la vivienda que desean.
Para ello, proponemos implantar un mecanismo que permita a los jóvenes el 'adelanto' del 10 % de la cuantía equivalente a 20 años de pensión contributiva para la adquisición de una primera vivienda, a cambio de una reducción del 10 % en la
pensión que finalmente reciban cuando se jubilen. Con ello, se resolvería un grave problema de acceso a la vivienda en los jóvenes, que se debe fundamentalmente a una restricción de liquidez inicial.
Se trata de una propuesta que no solo es coherente con un sistema de Seguridad Social contributivo, sino que refuerza este carácter. Ahora mismo, las cotizaciones a las que debe hacer frente un veinteañero, que encima han aumentado de forma
desproporcionada con las últimas reformas de las pensiones, no les generan ningún derecho en el momento de calcular la pensión de jubilación. Se obliga a los más jóvenes a cargar con el peso del sistema sin su correspondiente derecho futuro. Deja
de ser el 'salario diferido' que debería para ser pura imposición. Esa situación mina la credibilidad entre la juventud de la Seguridad Social, credibilidad que es imprescindible para su sostenimiento. Con esta propuesta, garantizaríamos el
carácter contributivo de todas las cotizaciones, sean realizadas con la edad que sea. Así, las cotizaciones en la madurez laboral serían generadoras de derechos y servirían para el cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación, como hasta
ahora, mientras que las cotizaciones en la juventud, que ahora no generan derechos, servirían para el cálculo de este 'adelanto' para la adquisición de la vivienda. Una consecuencia positiva adicional del nuevo carácter generador de derechos es que
crea incentivos para una mayor cotización entre los jóvenes que ahora es inexistente.
En los términos plateados, el mecanismo además no perjudicaría las cuentas de la Seguridad Social. En términos netos, no supone ni un aumento de gasto ni disminución de ingresos, puesto que el dinero que se adelanta hoy es dinero que la
Seguridad Social se ahorraría mañana. De ponerse en marcha ya, al adelantar parte del desembolso, podría servir incluso para 'aplanar' el pico de gasto que la Seguridad Social tendrá en unos treinta años, aliviando ligeramente su estrés financiero.
De hecho, el mecanismo de adelanto de la pensión, con el diseño que aquí se propone, típicamente supondría un ahorro a la Seguridad Social, en virtud de las distintas bases de cotización que se usarían como referencia para calcular el
'adelanto' y para calcular en un futuro la pensión. Para una carrera profesional estándar los salarios durante la juventud son menores que en la madurez laboral. Puesto que el 'adelanto' es calculado en función de cinco años de bases de cotización
cuando estas son relativamente más bajas, la cuantía del 10 % estimado será, de media, inferior a la del 10 % de la pensión que se dejará de pagar en el momento de la jubilación, que se habrá calculado empleando las bases de cotización de los
últimos 25 (o 29) años, típicamente mayores. En consecuencia, lejos de ser un aumento de gasto para la Seguridad Social, el mecanismo voluntario de 'adelanto' de la pensión probablemente le supondría un ahorro en términos agregados considerable y
que, aunque no fuera grande, en cualquier caso, asegura la viabilidad económica de la propuesta.
Finalmente, el joven que voluntariamente solicite este adelanto mejoraría tanto su situación presente como su futuro una vez se jubile. Lo cierto es que, de seguir la dinámica actual de imposibilidad de acceso a la vivienda, las
generaciones jóvenes a todos sus problemas presentes deberán añadir una vulnerabilidad adicional: a diferencia de sus mayores, cuando se jubilen no habrán podido lograr un hogar en propiedad. Por lo tanto, aun manteniendo la tasa de sustitución,
su pensión valdrá menos porque deberán enfrentarse a un enorme gasto adicional (el alquiles de la vivienda) al que ahora los pensionistas por lo general no deben hacer frente. Con este adelanto, quien de forma voluntaria lo solicite es cierto que
recibirá una pensión un 10 % inferior a la inicialmente prevista, pero logrará a cambio reducir dramáticamente los gastos previstos en su tercera edad, lo que aseguraría su suficiencia económica de manera mucho más efectiva, dando así mejor
cumplimiento al mandato constitucional del artículo 50.
Lo más importante es que este mecanismo de 'adelanto', en un contexto en el que más del 60 % de los jóvenes están convencidos de que no recibirán pensión, por un lado, les da la tranquilidad de que, pase lo que pase con sus pensiones
futuras, cuando se jubilen tendrán un hogar garantizado y, por otro lado, al haber adelantado ya parte la cuantía, refuerza la credibilidad del compromiso de la Seguridad Social de que sí recibirán esa pensión en los términos prometidos. No
implementar este mecanismo, de hecho, podría entenderse como reconocimiento de que la promesa de la Seguridad Social plasmada hoy en la ley no pretende ser cumplida. Todo ello, habiendo permitido además a miles de jóvenes la construcción hoy del
hogar que desean y el desarrollo pleno de sus proyectos de vida.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implantar un mecanismo que permita a los jóvenes el 'adelanto' del 10 % de la cuantía equivalente a 20 años de pensión contributiva para la adquisición de una primera vivienda, con las
siguientes características:
- Al joven que lo solicite se le realizará un único pago equivalente al 10 % de la cuantía de la pensión, a cambio de aceptar una reducción, en el momento de su jubilación, de un 10 % de la cuantía de la pensión que le corresponda entonces.
- La cuantía de la pensión de referencia que pretenda 'adelantar' se calcularía obteniendo el cociente que resulte de dividir por 60 las bases de cotización del joven durante los 70 meses inmediatamente anteriores al mes previo a la
solicitud, multiplicado por las catorce pagas anuales y los años de esperanza de vida tras la edad de jubilación estimados por el INE.
- Para solicitar el 'adelanto de la pensión' para la adquisición de la primera vivienda el joven deberá cumplir los siguientes requisitos: ser menor de 35 años, tener cubierto un mínimo de cotización de cinco años, de los cuales 18 meses
deberán ser inmediatamente anteriores a la solicitud, y no enajenar la vivienda en los cinco años siguientes a su adquisición.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2023.-Inés Arrimadas García y Edmundo Bal Francés, Portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos.