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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 613, de 25/04/2023
cve: BOCG-14-D-613
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de abril de 2023
Núm. 613
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004971 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas para resolver la situación de los trabajadores del Servicio Exterior español (PLEX) ...
161/004972 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de la Cumbre Iberoamericana ... (Página4)
161/004973 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al traslado y deportaciones de niños ucranianos a la Federación Rusa y a la orden de arresto de Vladimir I. Putín y Maria Alekseyevna Lvova-Belova
... (Página6)
Comisión de Defensa
161/004968 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la ampliación de misiones de las Fuerzas Armadas y el incremento del presupuesto destinado al Ministerio de Defensa hasta un mínimo del 2 % del producto
interior bruto nacional ... (Página9)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004966 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas para exigir un etiquetado adecuado a los productos veganos de sustitución que vienen utilizando denominaciones
de pescado ... (Página11)
161/004967 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas en defensa del sector pesquero español ante la Comisión Europea ... (Página12)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004970 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación de medidas de utilidad real para modernizar, reordenar y potenciar la atención primaria y comunitaria en el Sistema
Nacional de Salud ... (Página13)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004974 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la adopción de medidas para reducir la morosidad comercial ... (Página15)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002182 Pregunta formulada por los Diputados Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura
Just, Juan Carlos (GVOX), sobre línea de actuación que va a llevar a cabo el nuevo Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda ... (Página17)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/002183 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), sobre
tiempos que maneja el Gobierno en cuanto a la aprobación de la futura Ley de Industria ... (Página17)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001846 Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GPlu), sobre retrasos en la emisión de facturas por las compañías eléctricas (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/083890).
Retirada... (Página17)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión... (Página18)
184/105674 Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín Delgado Arce, Celso Luis
Motivo por el que no se han formulado de forma pública por parte del Consejo de Administración de Correos las cuentas anuales del año 2022 ... (Página18)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para
resolver la situación de los trabajadores del servicio Exterior español (PLEX), para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 24 de mayo de 2022 y en la comisión de Asuntos Exteriores debatíamos una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular que abordaba la problemática existente en muchas de las oficinas en el exterior dependientes del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Fundamentalmente, se referían a la problemática que atravesaba la mayoría del personal contratado en esas dependencias.
Aquella iniciativa fue aprobada mayoritariamente y entre los puntos que contenía se instaba al Gobierno a dotar a los consulados de España de los medios materiales y humanos necesarios para poder atender adecuadamente a los españoles
residentes en el exterior, así como a los extranjeros que requieran algún trámite para desplazarse a España.
También se instaba al Gobierno a articular y coordinar entre todos los ministerios afectados las vías de diálogo ya iniciadas y necesarias con los colectivos de trabajadores del Servicio exterior español (PLEX) para analizar y resolver con
urgencia sus demandas laborales y profesionales adecuando sus condiciones laborales y salariales a la realidad del Estado en el que deben desempeñar sus labores.
Finalmente, y relacionado con este asunto, la iniciativa instaba al Gobierno a diseñar e implantar progresivamente en los consulados españoles un plan informático para digitalizar sus servicios y crear oficinas consulares online, facilitando
así la atención y la reducción de plazos en los trámites administrativos, lo que mejoraría nuestra imagen en el exterior.
Un año después, y según han hecho público el colectivo del personal de los tres consulados generales en Reino Unido, así como de la Embajada en Londres, la situación casi no ha cambiado.
Nos recordaban que hace 1 año llevaron a cabo una huelga para apoyar sus reivindicaciones y que solamente habían conseguido uno de los objetivos iniciales, como es una subida salarial del 8,75 % al tiempo que señalan qué dicha subida no
cubre la gran pérdida de poder adquisitivo producida durante los más de 14 años de congelación de sus salarios. Situación especialmente preocupante en el Reino Unido, donde tras la salida del país de la Unión Europea, la inflación se ha disparado,
alcanzando unos niveles no conocidos desde la Segunda Guerra Mundial.
El colectivo de estos trabajadores sigue reclamando el derecho a optar al sistema de la Seguridad Social española, como queda reflejado en el Acuerdo de retirada tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya que el Ministerio de
Asuntos Exteriores actualmente sigue sin ofrecer a estos trabajadores públicos ningún complemento al sistema existente en el país.
También recuerdan que siguen manteniéndose diferencias retributivas entre el personal laboral de una misma categoría administrativa que realiza las mismas funciones, dándose el caso de que trabajadores con mayor antigüedad perciben salarios
más bajos que aquellos de reciente contratación.
Otra de las cuestiones pendientes de resolución por parte del Gobierno es la relativa a la falta de personal en las oficinas de la administración en el exterior, dado que se sigue practicando una política de contratos temporales o de corta
duración que no se ajustan a las necesidades que vienen planteando estos centros de trabajo.
La falta de una planificación adecuada para hacer frente a situaciones que han agravado todavía más lo ya descrito, como por ejemplo la derogación del voto rogado o la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, están contribuyendo a
colapsar estas oficinas que ya llevaban saturadas bastante tiempo. También la falta de previsión en cuanto a formación y contratación de nuevo personal que tendría que haber sido prevista.
En definitiva, todas las carencias en materia de personal y Recursos Humanos, tras las huelgas de este personal en Reino Unido, y secundada en otros países ante la falta de soluciones, está dando una mala imagen del Servicio Exterior de
nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir lo aprobado en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el 24 de mayo de 2022, y en particular a coordinar con todos los ministerios afectados la adopción de las medidas
necesarias y de dialogo con los colectivos de trabajadores del Servicio Exterior español para dar respuesta con urgencia a sus demandas laborales y profesionales, adecuándolas a la realidad del Estado en el que deben desempeñar sus labores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2023.-Joaquín María García Díez, María Valentina Martínez Ferro y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
161/004972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición No de Ley relativa al impulso de la Cumbre Iberoamericana, para su debate en la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Durante sus 32 años de existencia, las Cumbres Iberoamericanas se han convertido en un foro privilegiado de concertación y diálogo político entre ambas regiones, siendo una de las dimensiones vertebradoras de la política exterior española.
Las Cumbres han culminado un proceso histórico de acercamiento entre las dos regiones, fraguado desde finales del siglo XIX, que se caracterizó por estar cargado de encuentros y desencuentros, de recelos y de ignorancias mutuas.
Las diferentes Cumbres han permitido la creación progresiva de un escenario iberoamericano de políticas y horizontes comunes, en distintos ámbitos concluyendo en la adopción de posiciones compartidas en la agenda internacional. Todo ello ha
favorecido la integración y ha facilitado el entendimiento en un mundo cada vez más interdependiente, que demanda aproximaciones coordinadas a problemas globales.
La educación, la sanidad, la cultura, el empleo, la integración o la inmigración han estado presentes en las agendas de todas las Cumbres Iberoamericanas, que tampoco ha olvidado los temas políticos como son el desarme, el terrorismo, la
globalización o el fortalecimiento de las democracias.
Los 22 países participantes en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno celebrada el pasado 24 y 25 de marzo y bajo el lema 'Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible', adoptaron la Declaración de Santo
Domingo y, junto con la misma, los siguientes instrumentos con el fin de hacer frente a los principales retos que enfrenta la región en el presente:
- Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales.
- Carta Medioambiental Iberoamericana.
- Ruta Crítica para alcanzar una seguridad alimentaria y sostenible en Iberoamérica.
- Programa de Acción. Detalla los mandatos específicos emanados en la XXVIII Cumbre Iberoamericana en materia de cooperación.
- III Plan de Acción Cuatrienal de Cooperación Iberoamericana para el período 2023-2026.
- 16 Comunicados Especiales. Entre los mismos, procede destacar aquellos dos propuestos por España (Comunicado Especial sobre el papel de la Comunidad Iberoamericana en las relaciones de afinidad y complementariedad con la Unión Europea y
el Comunicado Especial sobre el impulso del bilingüismo español-portugués) o aquel relativo a la Arquitectura Financiera Internacional.
Fue la primera cumbre presencial tras la irrupción de la pandemia, consiguiendo alcanzar las metas que se había propuesto, con resultados y propuestas concretos para mejorar las vidas de la población de manera tangible.
La Cumbre fue un conjunto de esfuerzos comunes, fijados entre todos los países participantes, donde además no se excluyó a ningún país de Iberoamérica.
La XXVIII Cumbre además de llegar a acuerdos, ha continuado generando sinergias entre los distintos mandatarios y mandatarias, facilitando así alcanzar acuerdos y pronunciamientos, acordes a las disensiones y tensiones que existen entre los
participantes.
A pesar de las dificultades, esta cita iberoamericana ha supuesto la reactivación y consolidación de las Cumbres Iberoamericana y lo ha hecho con más vigor que otros foros existentes en esa región.
Los instrumentos acordados han supuesto un marco fijado entre todos los países y han servido de referencia para políticas públicas, como es el caso de la Carta de Principios y Derechos en entornos Digitales, aquí debemos señalar que
Iberoamérica en el pasado se centró en la digitalización, con la importancia que esto supuso durante la pandemia para mantener la educación y el comercio de la zona. Dando lugar así a nuevas referencias y herramientas para países de la zona, que
aún no tienen una legislación avanzada sobre este tema, pero contando ya con un punto de partida para estas áreas.
El tema medioambiental, es otro claro ejemplo, igual que lo es la relación entre lo medioambiental y la seguridad alimentaria, de ahí la importancia de la estrategia, porque aunque en un primer momento la seguridad alimentaria se incrementó
en la última década, los datos tras la pandemia muestran un retroceso de la misma, y eso a pesar de que Iberoamérica es un continente que es productor y exportador de alimentos, con lo que esto puede suponer para la zona en el actual contexto de
crisis alimentaria mundial.
Sin olvidar que la mayoría de la exportación de alimentos de la región, no se destina a la misma. De ahí la importancia de las nuevas medidas como es el recuperar la agricultura a pequeña escala, familiar, potenciando así la seguridad
alimentaria, o establecer mecanismos de financiación sencillos para los agricultores, o aumentar el intercambio de productos entre la región (superando así las cifras del 19 % actuales).
En la cuestión financiera hay que buscar soluciones a las limitaciones que tiene la región en relación con la financiación de sus propuestas y políticas de desarrollo, porque al no ser una región formada por lo que se define como países
menos desarrollados, encuentran mayor dificultad a la hora de buscar y encontrar financiación como países de desarrollo medio.
En este aspecto, España ha apoyado a la región y a sus demandas, abogando por unas herramientas de financiación específicas para estos países intermedios, dando así respuesta a sus especificidades y a sus necesidades. En realidad, se trata
de dar respuesta a estas zonas de vacío y que, hasta la fecha, se ha traducido en una mayor dificultad a la hora de encontrar financiación para estos países.
La XXVIII Cumbre Iberoamericana no ha consistido sólo en impulsar estas medidas, si no que ha supuesto el punto de salida donde ambas regiones trabajarán para ver reafirmados e implementados estos y otros acuerdos que se tratarán en la
próxima reunión Unión Europea con América Latina y el Caribe, bajo el prisma de la presidencia española de la Unión Europea.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Continuar impulsando el reconocimiento de la existencia de una comunidad Iberoamericana y de lo iberoamericano como una realidad y seña de identidad, que caracteriza a un conjunto de países, comunidad que tiene sus propios rasgos
definitorios, de naturaleza histórica, cultural, lingüística, social, económica, que tiene intereses y problemas comunes y que tiene su propio espacio en el mundo.
2. Seguir impulsando las Cumbres Iberoamericanas como foros de diálogo y reflexión, sin exclusiones de ningún tipo, en una atmósfera de cordialidad y comunicación, permitiendo el intercambio de puntos de vista con plena libertad.
3. Promover las Cumbres, como espacios de concertación que permite a los países miembros actuar al unísono y con una sola voz en las relaciones internacionales, adoptando posiciones comunes ante los distintos acontecimientos iberoamericanos
e internacionales. Asegurando un orden mundial en el que prevalezca la paz, la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales y el multilateralismo.
4. Seguir animando las Cumbres como espacio de cooperación multilateral, dirigidos no sólo al desarrollo humanos de los pueblos iberoamericanos, sino también para reforzar la solidaridad entre los países iberoamericanos, reafirmando el
sentido de lo iberoamericano.
5. Apoyar la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y dar cumplimiento a sus mandatos, implementando la cooperación sur-sur en la región iberoamericana.
6. Reafirmar nuestra voluntad por hacer de la igualdad y la equidad de género un eje transversal y vertebrador en el quehacer de la comunidad Iberoamericana, destacando la inclusión de la perspectiva de género en todos los acuerdos
alcanzados en los marcos de las Cumbres, así como la promoción de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de Iberoamérica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2023.-Sergio Gutiérrez Prieto, Olga Alonso Suárez, Gemma Araujo Morales y Arnau Ramírez Carner, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/004973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición No de Ley relativa al traslado y deportaciones de niños ucranianos a la Federación rusa y a
la orden de arresto de Vladimir I. Putin y María Alekseyevna Lvova-Belova, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Niños y niñas son a menudo las principales víctimas civiles de la guerra. En zonas de conflicto los niños y niñas están expuestos a distintos riesgos de violencia, con repercusiones dramáticas sobre sus vidas, ya sea de forma directa o
indirecta. La situación ha sido repetidamente denunciada en foros internacionales.
Algunos niños y niñas mueren en ataques a objetivos civiles o como víctimas colaterales de enfrentamientos que tienen lugar en sus comunidades. Muchos crecen con las secuelas provocadas por heridas y mutilaciones producidas en la guerra, y
arrastran situaciones de discapacidad el resto de sus vidas. Las guerras y los conflictos armados provocan también gran cantidad de menores huérfanos, orfandad que los expone a condiciones de vulnerabilidad durante etapas cruciales de su vida. La
devastación social que provocan los enfrentamientos bélicos acarrea a menudo situaciones de
empobrecimiento, que repercuten de manera especialmente intensa sobre el bienestar material de la infancia. Las operaciones de agentes no estatales y fuerzas armadas estatales también interfieren a menudo en los procesos educativos,
convirtiendo escuelas en instalaciones militares o forzando la suspensión de actividades educativas, perturbando sus itinerarios formativos. Los niños y niñas forman también parte de colectivos desplazados, a menudo separados de sus padres, madres
o tutores.
Todas estas situaciones se están produciendo en estos momentos en un país de Europa, invadido ilegítimamente por tropas de su vecino. En Ucrania se están viviendo episodios de violencia, abuso e indignidad que vulneran gravemente los
derechos de la infancia. Algunas de estas violaciones constituyen crímenes de guerra y podrían constituir incluso crímenes de genocidio.
El conflicto armado en Ucrania ha causado un desplazamiento humano no visto en Europa desde el final de la segunda Guerra Mundial. De acuerdo con los datos de la UNHCR, en torno a ocho millones de ucranianos han buscado refugio en Europa,
de los que el 90 % son mujeres y niños y niñas. A esto hay que sumar más de cinco millones de personas desplazadas dentro del país.
Una categoría especial de desplazados son los ciudadanos ucranianos trasladados, ya sea por propia voluntad o de manera forzada, a la Federación rusa. Muchos ucranianos que huyen de zonas de guerra en zonas ocupadas por tropas rusas se ven
obligados a pasar por la llamada 'filtración', un proceso durante el cual son fotografiados, interrogados, se les toman las huellas dactilares, se comprueba el contenido de sus teléfonos móviles o se revisan sus tatuajes en la piel con objeto de
determinar si han servido en el ejército ucraniano o tienen vinculación con grupos nacionalistas ucranianos. En caso de que no superen la filtración, son detenidos. Según las autoridades ucranianas, 1,6 millones de ucranianos han sido reubicados
forzosamente en territorio ruso, de los que 250.000 son niños y niñas (resulta imposible verificar estos datos de manera independiente).
Las autoridades rusas también han adoptado medidas encaminadas a promover el traslado de niños y niñas y favorecer su permanencia en la Federación rusa. En mayo de 2022, el Presidente Putin firmó un decreto que facilitaba la naturalización
como ciudadanos rusos de niños y niñas ucranianos afectados por situaciones excepcionales provocadas por la guerra, que incluían medidas que dificultan su repatriación y reunificación con familiares. En una entrevista en julio de 2022, Maña
Alekseyevna Lvova-Beloba, la comisionada presidencial de Derechos de la Infancia se refirió a la posibilidad de que, ahora que los niños y niñas se habían convertido en ciudadanos rusos, las tutelas temporales pudieran convertirse en permanentes.
En diversas declaraciones, ella y otros funcionarios se han referido a procesos de naturalización e integración de estos niños y niñas en la vida comunitaria rusa.
Las autoridades ucranianas cifran esas deportaciones de niños y niñas en más de 19.000 efectivos (cifras de 8 de abril), aunque es imposible verificar este número por instancias independientes. Son, sin embargo, también varias entidades
sociales, mediáticas y académicas las que han documentado el traslado forzoso de niños y niñas. Así lo hace, por el ejemplo, el informe 'Like a Prison Convoy' de Amnistía Internacional o diversos trabajos de la agencia Associated Press.
Un informe realizado por la Comisión internacional independiente de investigación sobre Ucrania establecida por la resolución 49/1 de 4 de marzo de 2002 por Naciones Unidas (A/HRC/52/62) ha estudiado 168 incidentes de traslado y deportación
de niños y niñas. Estos desplazamientos han afectado a menores que perdieron contacto con sus familiares durante las hostilidades, a menores que fueron separados de sus tutores en 'puntos de filtración' y a niños y niñas que se encontraban
internados en escuelas, instituciones de acogida u hospitales.
Por otra parte, durante las hostilidades, un volumen considerable de niños y niñas de territorios que ocupó la Federación rusa en Kharkiv, Jerson y Zaporizhzhia fueron trasladados con permiso parental a campos de ocio en Crimea o en la
Federación rusa. Cuando estas zonas pasaron de nuevo a control ucraniano, las autoridades rusas han exigido a sus padres y tutores que lleven a cabo largos viajes para recoger a sus hijos e hijas. Las situaciones de falta de seguridad y dificultad
práctica que entrañan estos viajes en zonas de guerra han contribuido a prolongar innecesariamente la separación, cuando no a interrumpirla de manera indefinida. Algunos testimonios, recogidos en medios de prensa occidentales, señalan que estas
complicaciones se agravan por la acción deliberada de autoridades y funcionarios rusos para dificultar su localización (cambiando sus nombre y apellidos), convencer a los niños y niñas de que sus padres los han abandonado o promover su
'rusificación'.
La Comisión Internacional independiente de investigación sobre Ucrania concluye que, a la luz de la evidencia examinada, las acciones adoptadas por la Federación rusa violan artículos y protocolos de la Convención de Ginebra, lo que equivale
a un crimen de guerra.
Es necesario recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño declara en su artículo 9 que 'Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión
judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño'. En su artículo 11 emplaza a los estados miembros a adoptar 'medidas para
luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero'.
También es necesario apuntar que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio declara en su Artículo II, punto E, que constituye genocidio el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo perpetrado con la
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
El 17 de marzo la Corte Penal Internacional ordenó la detención de Vladimir I. Putin y María Alekseyevna Lvova-Belova por sospechas fundadas de haber cometido el crimen de deportación ilegal y traslado ilegal de población desde territorios
de Ucrania a la Federación rusa 'en perjuicio de niños y niñas ucranianos'.
Estos episodios constituyen hechos muy graves, que alarman justificadamente a la opinión pública nacional e internacional, y ante los cuáles el Congreso y el Gobierno deben manifestarse inequívocamente y reclamar la respuesta contundente de
la comunidad internacional.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Condenar todas las acciones del Estado ruso que violan o ponen en riesgo el bienestar y los Derechos de la Infancia en Ucrania.
2. Considerar ilegal cualquier iniciativa del Estado ruso que haya comportado el traslado y naturalización de niños y niñas ucranianos en Rusia, y considere invalida cualquier iniciativa ulterior derivada de esas acciones encaminada a
promover la integración de estos niños y niñas en la comunidad rusa y dificultar su repatriación y reencuentro con sus familias.
3. Instar al gobierno ruso a proporcionar información clara y transparente sobre los niños y niñas que han sido trasladados dentro de regiones de Ucrania o deportados a la Federación Rusa; a que garanticen el acceso de organizaciones como
a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a UNICEF a los niños y niñas desplazados; a que faciliten el contacto inmediato de los niños y niñas y sus familias y propicien su reencuentro; y a que cese con carácter inmediato su
política de deportaciones.
4. Apoyar los esfuerzos de los organismos internacionales para seguir investigando estos hechos, para establecer su magnitud y determinar con la máxima precisión la naturaleza de los crímenes cometidos y las responsabilidades incurrida por
autoridades y funcionarios rusos, con especial atención a los delitos que puedan comportar crímenes de guerra y delitos de genocidio.
5. Apoyar el trabajo de intermediación de organizaciones no gubernamentales que puedan contribuir a la localización de estos niños y niñas, colaborar a facilitar el reencuentro con sus familias y promover su reintegración en una vida
normalizada en sus comunidades de origen.
6. Apoyar las acciones internacionales encaminadas a hacer efectivas las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin y María Alekseyevna Lvova-Belova.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2023.-Sergio Gutiérrez Prieto, Olga Alonso Suárez, Pau Marí Klose, Gemma Araujo Morales y Arnau Ramírez Carner, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero e Isaura Leal Fernández, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/004968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Manuel Mestre Barea, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Víctor González Coello de Portugal, don Alberto Asarta Cuevas, y don Luis Gestoso De Miguel, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la
ampliación de misiones de las Fuerzas Armadas y el incremento del presupuesto destinado al Ministerio de Defensa hasta un mínimo del 2 % del Producto Interior Bruto nacional, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. El rearme global: una tendencia constante.
El orden internacional bipolar se caracterizaba por la división del mundo en, al menos, dos bloques claramente diferenciados 1. Por un lado, el bloque comunista, dirigido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ('URSS') y
encuadrado dentro del Pacto de Varsovia. Por otro, el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos de América ('EEUU') y organizado, principalmente, dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ('OTAN') 2.
Como fruto de esta integración en la OTAN, la inversión en Defensa de los países europeos decreció de forma continuada. Este proceso de reducción de recursos tendría su apogeo con la derrota de la URSS y el fin de la Guerra Fría. Así, el
advenimiento de un sistema internacional unipolar venía a ratificar la decisión de los gobiernos europeos sobre la irracionalidad de gastar en Defensa.
Durante las últimas décadas asistimos a un proceso de rearme global, que en Europa Occidental se ha acelerado a raíz de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Así, si nos atenemos a los datos facilitados por el Stockholm
International Peace Research Institute ('SIPRI'), el gasto militar global alcanzó durante 2021, por primera vez en la historia, los dos trillones de dólares 3. En términos porcentuales, esta cifra supone un aumento del 0,7 % en relación con el
ejercicio anterior (2020) y un 12 % más que en el año 2012.
No obstante, y más allá de la tendencia global de aumento, este aumento se produce a diferentes velocidades, dependiendo del país y de la región. En el caso de Estados Unidos -que cuenta con el mayor presupuesto de Defensa-, gastó 801.000
millones de dólares en 2021. Esto supuso un aumento nominal del 2,9 % en comparación con el año 2020. No obstante, en términos reales y debido al efecto de la inflación, se produjo una reducción del 1,4 %.
Por su parte, la República Popular de China gastó 293.000 millones de dólares en 2021, lo que supone un incremento del 4,7 % en comparación con el año anterior y de un 72 % respecto de 2012. De hecho, Pekín acarrea una escalada continua en
su presupuesto de Defensa que ya dura 27 años.
En el caso europeo, destacan los aumentos que se han producido en Reino Unido y Francia. En el caso británico, su gasto en Defensa totalizó 68.400 millones de dólares en 2021, lo que supone un incremento del 3 % durante el último ejercicio,
situándose holgadamente por encima del 2 % del Producto Interior Bruto marcado por la OTAN como un mínimo. Con este sustancial aumento, Reino Unido se ha convertido en el 4.º mayor presupuesto de Defensa del mundo 4. Francia a su vez, ha
incrementado los recursos destinados a la Defensa en un 1,5 % en el año 2021. No obstante, si lo comparamos con el año 2012, en la última década el gasto militar del país galo ha aumentado en un 13 %. Su crecimiento sostenido en el tiempo le ha
convertido en el 6o mayor presupuesto 5, con un total de 56.600 millones de dólares.
1 Debe tenerse en cuenta la existencia de un tercer bloque, conocido como 'no alineados'.
2 Son reseñables, a su vez, otras iniciativas de cooperación en materia de Defensa, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ('TIAR'), firmado en Río de Janeiro en 1947.
3 'Trends in World Military Expenditure, 2021', Stockholm International Peace Research Institute, April 2022, p. 1. Disponible [en línea]:
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-04/fs 2204 milex 2021 0.pdf
4 Ibídem p. 4.
5 Ibídem p. 2.
Segundo. La emergencia de un nuevo contexto estratégico: nuevas riesgos y amenazas.
La emergencia de EE. UU. como única superpotencia, el conocido como 'momento unipolar' 6 supuso un cambio en el contexto estratégico global, que se vio alterado por los atentados del 11 de septiembre de 2001.
A la vista de estos acontecimientos -la sustitución de la amenaza de conflicto interestatal por amenazas asimétricas-, el resto de los países pertenecientes a la OTAN tuvieron que actualizar sus doctrinas para adaptarlas a este nuevo
enfoque. Esta reforma de los asuntos militares tuvo su inspiración en el nuevo marco estratégico, caracterizado por la necesidad de adecuarse rápidamente a nuevos retos y circunstancias inesperadas.
Esta capacidad de adaptación es decisiva en un mundo definido por la incertidumbre y la sorpresa. En este contexto los Estados se enfrentan a un enemigo amorfo, que se esconde entre la masa, y que se camufla entre población civil. Por
ello, ante la 'invisibilidad' del enemigo, nuestros países deben asumir riesgos y probar nuevos métodos para poder detectar y derrotar a sus adversarios antes incluso de que hayan emergido o se conviertan en amenazas reales 7. Es aquí donde la
disuasión de un Estado se convierte en el factor decisivo 8.
En este estado de cosas, la continua emergencia de conflictos, tales como los acaecidos en Libia, Siria y Ucrania, el hackeo de instituciones públicas o los desplazamientos masivos de inmigrantes ilegales, han puesto de relieve la necesidad
de volver a actualizar la doctrina de nuestras Fuerzas Armadas al objeto de que puedan acometer, con garantía de éxito, los nuevos retos y amenazas.
Entre estas nuevas amenazas destaca la instrumentalización, por parte de ciertos Estados, de los flujos de inmigración ilegal con el fin de desestabilizar políticamente al receptor de dicha inmigración. Esto ha sido recogido por sucesivas
Estrategias de Seguridad Nacional (2017 y 2021), que incluyen 'los flujos migratorios irregulares' como un riesgo y amenaza para la Seguridad Nacional. Dichas estrategias, consideradas por la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional
como 'el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional', dan muestra de la relevancia que adquiere la citada amenaza.
Esta amenaza se ve acrecentada por una serie de erráticas decisiones políticas, junto con la permisividad de este Gobierno ante la actuación de las mafias de tráfico de personas y su política de puertas abiertas frente a la inmigración
ilegal.
Muestra de ello son la llegada masiva de pateras a nuestras costas, así como los constantes asaltos e invasiones a las Ciudades de Ceuta y Melilla sin que el Gobierno haga nada.
En el caso de España, nuestro país está sufriendo las consecuencias de no mantener una capacidad disuasoria en óptimas condiciones así como de una falta crónica de financiación en el Ministerio de Defensa.
Tercero. La necesidad de un aumento sustancial del presupuesto de defensa.
Los recursos presupuestarios asignados al Ministerio de Defensa son insuficientes y no resuelven los grandes problemas que aquejan al Departamento. Su resultado es que el desfase entre ingresos y gastos de este Ministerio supera los 51.000
millones de euros.
En el contexto actual, se hace imprescindible dotar a nuestras Fuerzas Armadas de los recursos necesarios para poder cumplir con sus misiones de 'garantizar la soberanía e independencia de España' y 'defender su integridad territorial'
(artículo 8 de la Constitución Española), lo cual incluye hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas. Para ello es necesario actualizar su doctrina y ampliar el espectro de misiones en las que participan con una dotación de medios adecuada a las
tareas encomendadas.
El éxito de nuestras Fuerzas Armadas, del que depende nuestra soberanía, no será posible con los ínfimos aumentos que propone el Gobierno, cuya única meta es alcanzar el 2 % del PIB en el año 2029. Esto, además de contravenir lo
comprometido ante nuestros aliados de la OTAN en la Cumbre de Cardiff (2014), refleja la indolencia de los sucesivos Gobiernos en lo que a la Defensa Nacional se refiere.
6 KRAUTHAMMER, Charles: 'The Unipolar Moment', Foreign Affairs, vol. 70, 1990-1991, pp. 23-33.
7 RUMSFELD, Donald H: 'Transforming the Military', Foreign Ajfairs, vol. 81, May/June 2002, pp. 20-32.
8 JORDAN, Javier: 'La disuasión en la zona gris: una exploración teórica', Revista Española de Ciencia Política, n.º 59, 2022. p. 69. Disponible [en línea]:
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/76889/90962-Texto%20del%20art%c3%adculo.pdf?sequence=l&isAllowed=y
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a lo siguiente:
1. Dotar a las Fuerzas Armadas de todos los medios económicos, materiales y personales necesarios para asumir nuevas misiones, tales como la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra la inmigración ilegal y la
defensa de nuestras fronteras frente a este fenómeno.
2. Promover, en los Presupuestos Generales del Estado del año 2024, el aumento del presupuesto destinado al Ministerio de Defensa hasta la cantidad que sea necesaria y, como mínimo, alcanzar el 2 % del Producto Interior Bruto nacional, de
acuerdo con los compromisos adquiridos por nuestro país con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2023.-Manuel Mestre Barea, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Agustín Rosety Fernández de Castro, Luis Gestoso de Miguel y Víctor Manuel Sánchez del Real,
Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para
exigir un etiquetado adecuado a los productos veganos de sustitución que vienen utilizando denominaciones de pescado, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En los últimos años estamos asistiendo a la aparición de modificaciones en las costumbres alimentarias, con campañas de información y etiquetados que viene introduciendo en ocasiones confusión y desconocimiento en los ciudadanos.
Uno de los últimos episodios se esta dando con el etiquetado de algunas conservas de los denominados productos veganos de sustitución y su correspondiente etiquetado. Un ejemplo relevante se produce con el denominado 'atún vegano' y otros
productos vegetales que se comercializan bajo la denominación de 'pescado' o especies de pescado.
Esta práctica esta regulada a nivel comunitaria en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, pero que debe hacerse cumplir de manera correcta a nivel nacional, cuestión
que ahora no se produce.
Recientemente en el seno del Parlamento Europeo y en el debate sobre la reforma de la PPC y su futuro, diputados del Grupo Popular afirmaban que 'el nombre comercial del pescado o de especies de pescado debe de estar reservado en el mercado
interior a los productos de la pescado la acuicultura de origen animal'.
La información alimentaria no debe inducir a error en cuanto a las características del alimento y en cuanto a su naturaleza, identidad, propiedades y composición, requisito que también se exigen a los productos de origen vegetal.
El Reglamento comunitario permite a los Estados miembros, por ser las autoridades más indicadas, actuar en situaciones como la que es objeto de esta iniciativa, el etiquetado inadecuado sobre las conservas de origen vegetal que induce a
error sobre la verdadera naturaleza y composición del producto.
A nuestro juicio la comercialización de conservas de origen vegetal bajo la denominación de atún vegano es un ejemplo de comercialización de productos puramente vegetales bajo la utilización comercial de 'pescado', conduciendo al consumidor
a confusión.
También hemos conocido ejemplos de comercialización como 'pescado 100 % vegetariano' con nombres comerciales como 'MERVZA' (con V en lugar de U) o 'PE'XE' con apostrofe en lugar de 'I' de peixe, pez en gallego.
Este fenómeno esta generando preocupación en el sector pesquero por sus perjuicios para sus intereses comerciales y socioeconómicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias en el desarrollo del Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, para evitar la información confusa en el etiquetado de productos de origen
vegetal bajo denominación de pescado.
2. Instar a la Comisión Europea para que en la próxima revisión del Reglamento de la OCM se incluya una propuesta legislativa para reservar cualquier definición comercial, designación y descripción de venta de 'pescado' a los productos
pesqueros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2023.-Joaquín María García Díez, Jaime Eduardo de Olano Vela y Belén Hoyo Juliá, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas en
defensa del sector pesquero español ante la Comisión Europea, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Desde hace meses el sector pesquero español y en especial aquel que viene faenando desde hace décadas en aguas del Atlántico, viene sufriendo las consecuencias de las últimas decisiones adoptadas por la Comisión Europea a propuesta del
Comisario de Océanos y Medio Ambiente, Sr. Sinquevicius.
Recientemente hemos conocido las comunicaciones de la Comisión, como el Plan de Acción para la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos, la evaluación de la Política Pesquera Común, la organización,
de los productos pesqueros y la acuicultura y finalmente, la estrategia para la transición energética del sector pesquero europeo.
Después de la prohibición a la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico Nororiental, que ya está generando importantes pérdidas en nuestra flota, se han sumado otras decisiones salidas del último Consejo de ministros de Pesca de la Unión
Europea del mes de marzo.
La valoración del sector pesquero y de muchos grupos políticos, especialmente en Galicia, ha sido de 'ataque a la flota pesquera de Galicia' y 'un golpe de gracia a la pesca de arrastre'.
Han sido muchas las voces, especialmente las del Gobierno gallego, las que han recriminado que no se fuese más exhaustivo en los análisis y metodología empleada debido a sus impactos en nuestra flota.
Estos ejemplos, sumados al veto a la pesca de fondo, representan modelos de decisiones arbitrarias e injustificadas.
La Comisión Europea viene instando a los Estados miembros a prohibir la pesca de arrastre en al menos el 20 % de las aguas marinas de cada país para tratar de garantizar la eliminación paulatina de este método de pesca en todas las zonas
marinas protegidas en el horizonte de 2030. Además de no permitir esta pesca en las áreas de nueva creación.
Con arreglo a estas propuestas de la Comisión recogidas en el Plan de Acción, los Estados miembros deberán adoptar medidas y presentar recomendaciones para eliminar progresivamente la pesca de arrastre en todas las zonas protegidas
existentes. Además de preparar y publicar sus hojas de ruta, en las que se contemplen las medidas que tienen previsto adoptar para aplicar dicho el plan de acción.
En concreto, insta a los Estados miembros a que en su planificación incluyan al menos detalles sobre la identificación de las zonas en la que debe prohibirse la pesca de arrastre, así como detalles sobre las flotas afectadas por estas
medidas en esas zonas.
Desde el sector pesquero español se han recibido con mucha preocupación estos anuncios y han manifestado que hay que intentar hacer compatible la protección del medio ambiente con la actividad pesquera, necesaria para suministrar alimentos y
no intentar convertir los mares en santuarios marinos.
También se ha trasladado desde el sector pesquero la necesidad de contar con un plan de adaptación de la flota que contenga ayudas a nuevas construcciones que nos permitan contar con barcos más potentes y eficientes. En definitiva, más
productivos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Instar al Gobierno a elaborar y presentar a la Comisión Europea un plan de adaptación de las medidas anunciadas dentro del plan de acción propuesto por la Comisión Europea en aras a minimizar y eliminar el impacto negativo que éste
tiene en el ámbito socioeconómico.
2. Valorar el establecimiento de ayudas a las nuevas construcciones, que permitan contar con buques pesqueros más eficientes.
3. Prever líneas de ayudas y flexibilización del aprovechamiento de la capacidad y potencia de embarcaciones que no puedan hacer viable su continuidad operativa en las presentes circunstancias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2023.-Joaquín María García Díez, Jaime Eduardo de Olano Vela y Belén Hoyo Juliá, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de medidas de
utilidad real para modernizar, reordenar y potenciar la Atención Primaria y Comunitaria en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Organización de Naciones Unidas coordinó en septiembre de 1978 la 'Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud', en la que fue aprobada la 'Declaración de Alma-Ata'. Dicha declaración, además de definir la salud como el
'estado completo de bienestar físico, mental y social', concreta el concepto de la propia atención primaria en los siguientes términos: 'Asistencia sanitaria basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente
aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar'.
De igual forma, la citada declaración establece que la atención primaria 'representa el primer nivel de contacto con los individuos, la familia y la comunidad' con el sistema sanitario, y comprende, entre otras actuaciones, 'la educación
sobre los principales problemas de salud y los métodos de prevención', la 'inmunización contra las principales enfermedades infecciosas' y 'el tratamiento apropiado de las enfermedades'.
Considerando estos planteamientos, así como lo dispuesto en los artículos 43, 50, 51, 148 y 149 de la Constitución de 1978 y en normas como el 'Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud', la 'Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad', establece en su artículo 18 como 'actuación sanitaria del sistema de salud' la atención primaria 'integral', que supone 'además de las acciones curativas y rehabilitadoras, las que tiendan a la promoción de la salud
y a la prevención de la enfermedad del individuo y de la comunidad'.
Como desarrollo y actualización de la 'Ley General de Sanidad', la 'Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud' (SNS), regula en su Artículo 12 la 'prestación de la atención primaria' como el 'nivel
básico e inicial de atención' en el que se 'garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos'.
La 'Ley de Cohesión y Calidad' precisa que la atención primaria 'comprenderá actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la
rehabilitación física y el trabajo social', y que, desde el apoyo en la atención hospitalaria -artículo 13-, es el ámbito asistencial en el que debe ponerse en práctica la 'asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta
como en el domicilio del enfermo'; la 'indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos'; las 'actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención
comunitaria'; las 'actividades de información y vigilancia en la protección de la salud'; la 'rehabilitación básica'; las 'atenciones y servicios específicos relativos a las mujeres, que específicamente incluirán la detección y tratamiento de las
situaciones de violencia de género, la infancia, la adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos'; la 'atención paliativa a enfermos terminales'; la 'atención a la salud mental, en coordinación con los
servicios de atención especializada', y la 'atención a la salud bucodental'.
A partir de la 'Ley de Cohesión y Calidad', se han impulsado distintas medidas con las que favorecer la consolidación y el desarrollo competencial y funcional de la atención primaria en el SNS. Ejemplos de ello son el 'Proyecto AP-21:
estrategias para la atención primaria del Siglo XXI' del año 2006, el 'Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria' de 2019 o el 'Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023'.
Hasta la fecha, los avances prácticos y reales de las tres iniciativas referidas han sido inexistentes o cuanto menos insuficientes para dar respuestas a las necesidades tangibles en el SNS a tenor de las críticas y las solicitudes
planteadas desde los consejos generales de colegios profesionales, desde las sociedades científicas -principalmente del primer nivel asistencial-, desde los sindicatos, desde los representantes de los estudiantes de profesiones sanitarias, desde las
asociaciones de pacientes... en los últimos años y en mayor medida a partir de la pandemia de COVID-19.
Saturación de los servicios, insuficiencia presupuestaria, dotación inadecuada de recursos humanos, excesos de burocracia, carencias en cantidad y actualización de equipamiento tecnológico, problemas en la coordinación con la asistencia
hospitalaria y los servicios sociales, inequidades en el acceso... son algunas de las insuficiencias denunciadas incluso en los informes que elabora el Defensor del Pueblo; deficiencias vigentes a pesar de los recursos recibidos desde la Unión
Europea en el marco del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' y de las medidas incluidas en el dictamen sobre 'Sanidad y Salud Pública' de la 'Comisión para la Reconstrucción Social y Económica' que el Congreso de los Diputados aprobó
en julio de 2020; anomalías que requieren la aplicación urgente de actuaciones diligentes con las que posibilitar que la atención primaria se adapte conceptual, estratégica y funcionalmente, y sea cada vez más resolutiva y excelente, frente a las
necesidades de una sociedad como la española, que cada vez está más envejecida y afectada por fenómenos sociales, demográficos y epidemiológicos como la cronicidad, la pluripatología o la polimedicación.
Es por todo lo anterior, y en el contexto de la conmemoración del Día de la Atención Primaria, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar con diligencia, desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y desde la plena coordinación con los representantes de los profesionales sanitarios y las asociaciones de
pacientes para modernizar, reordenar y potenciar la Atención Primaria y Comunitaria en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Para ello, partiendo de la inversión real y tangible de cuantos medios humanos, económicos y materiales sean necesarios, y mostrando una especial consideración hacia las zonas rurales y en riesgo de despoblación, se implementarán cuantas
medidas resulten pertinentes con el objetivo de:
- Incrementar la capacidad resolutiva de la Atención primaria y Comunitaria desde la digitalización y una dotación tecnológica adecuadas, así como desde la coordinación efectiva con la atención hospitalaria, la salud pública y los servicios
sociales.
- Desburocratizar la asistencia, agilizar consultas y crear unidades y equipos de apoyo multidisciplinares.
- Adecuar la oferta de servicios y prestaciones diagnósticas y asistenciales -incluida atención domiciliaria, telemedicina...- a las necesidades, las demandas y las expectativas reales de la población, especialmente de los pacientes crónicos
y pluripatológicos.
- Garantizar la accesibilidad de los pacientes en todo el SNS y en condiciones de calidad, cohesión y equidad a servicios y prestaciones de promoción de la salud y prevención, diagnóstico temprano y seguimiento y control de las enfermedades.
- Adaptar la dotación de recursos humanos en la Atención primaria y Comunitaria a las necesidades reales en el SNS, ampliando el número de plazas universitarias con refuerzo del profesorado, reformulando los roles profesionales, realizando
una convocatoria extraordinaria de plazas MIR de Medicina de Familia y Comunitaria y de Pediatría, y mejorando las condiciones de los tutores de los residentes.
- Garantizar escenarios óptimos para el ejercicio profesional en términos de capacitación, condiciones laborales, conciliación con la vida personal... para fidelizar a los especialistas cuando hayan concluido su formación.
- Potenciar la gestión clínica de los recursos desde el diseño y la aplicación de indicadores que favorezcan la dotación y la evaluación adecuadas, así como el desarrollo de proyectos de investigación colaborativos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2023.-Elvira Velasco Morillo, Ana María Pastor Julián, Juan Antonio Callejas Cano, Rosa María Romero Sánchez, María Teresa Angulo Romero, Carmen Riolobos Regadera, Elena Castillo López,
José Ignacio Echániz Salgado, Gabriel Elorriaga Pisarik y José Ortiz Galván, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Hacienda y Función Pública, sobre la adopción de medidas para reducir la morosidad comercial.
Exposición de motivos
El pasado mes de marzo, la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (en adelante, PMCM) publicó el último estudio sobre morosidad en España, que recoge información obtenida a partir de la realización de más de medio millar de encuestas
a empresas. Los datos de dicho informe muestran la grave problemática existente en nuestro país con respecto al cumplimiento de los plazos de pago entre empresas; un fenómeno que afecta principalmente a pymes y autónomos, ya que las grandes
empresas ostentan una posición de poder frente al proveedor, especialmente si es pyme. Un ejemplo de ello lo encontramos en los 100 días de plazo medio de pago de las empresas adjudicatarias de los contratos públicos a los subcontratistas; una
cifra muy superior al límite de 60 días establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Durante la presente legislatura, dentro del marco de reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han aprobado modificaciones normativas con el objetivo de incentivar el efectivo cumplimiento de los plazos
de pago entre empresas. La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, recoge una buena parte de dichas medidas, destacando aquellas que establecen nuevos criterios de acceso a las subvenciones públicas, así como las
que refuerzan la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas.
Cabe recordar que la contratación pública tiene un peso muy relevante en la actividad económica de nuestro país. Según las estadísticas del último informe 'Government at a Glance' de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), el nivel de gasto en contratación pública de 2021 alcanzó el 11,49 % del producto interior bruto (PIB) y el 22,71 % del total del gasto público de España; porcentajes que previsiblemente aumentarán con la ejecución de los fondos
europeos Next Generation EU. Se trata, por tanto, de una herramienta útil para fomentar nuevas actividades económicas, así como modelar el comportamiento de las empresas y garantizar el cumplimiento de las leyes.
Sin embargo, tal y como denuncia la PMCM, la efectividad de las medidas aprobadas hasta el momento es escasa o nula, por lo que se requiere que el ejecutivo desarrolle los mecanismos oportunos para garantizar el cumplimiento de la norma.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar el despliegue de las herramientas oportunas que permitan a las Administraciones Públicas, entidades gestoras de subvenciones y órganos de contratación garantizar el cumplimiento de las medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales comprendidas en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Subvenciones.
2. Agilizar los trabajos relativos a la creación y regulación del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, en el marco del Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa, cumpliendo así con el mandato recogido en la Ley 18/2022, de 28
de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2023.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Rubén Silvano Manso Olivar, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura
Just, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda.
Texto:
¿Cuál va a ser la línea de actuación que va a llevar a cabo como nuevo Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda, el Sr. Carnicero? 9
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2023.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Calonje, Rubén Silvano Manso Olivar y Rubén Darío Vega Arias, Diputados.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/002183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Texto:
¿Qué tiempos maneja el Gobierno en cuanto a la aprobación de la futura Ley de Industria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2023.-Patricia Rueda Perelló, María de la Cabeza Ruiz Solás, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001846
Por escrito de fecha 27 de marzo de 2023, se ha retirado la pregunta formulada por el Diputado don Néstor Rego Candamil sobre retrasos en la emisión de facturas por las compañías eléctricas (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/083890), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 464, de 31 de mayo de 2022.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
9 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-28022023-1421
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/103769.
Núm. registro: 261841.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Situación del saneamiento del núcleo de Parteme, parroquia de O Nocedo, en el Ayuntamiento de Quiroga cuyas aguas residuales se vierten al río Lor y al Sil.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 594, de 21 de marzo de 2023.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002184.
184/105674
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP) Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Motivo por el que no se han formulado de forma pública por parte del Consejo de Administración de Correos las cuentas anuales del año 2022.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia de las cuentas anuales de la empresa pública Correos, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la
Administración Pública correspondiente (nuevo número de expediente 186/006495).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor V. Píriz Maya y don Celso Delgado Arce, Diputados por Badajoz y Orense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Al respecto de la empresa pública Correos:
La Ley de Sociedades de Capital establece la obligación a las empresas de formular las cuentas anuales en el plazo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social. Además, las empresas están obligadas a depositar las cuentas
anuales en el Registro Mercantil. En virtud del artículo 253 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores son los que están obligados a formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del
resultado, así como las cuentas y el informe de gestión consolidados.
Estando ya a 11 de abril, ¿Por qué no se han formulado ya de forma pública por parte del Consejo de Administración de Correos las cuentas anuales de 2022? ¿Tiene algo que ver con el retraso la celebración de elecciones autonómicas y
municipales el próximo 28 de mayo y la posibilidad de que esas cuentas anuales arrojen unas cifras especialmente malas para la empresa?
Si se han firmado en tiempo y forma, ¿Están firmadas por todos los administradores? ¿Hay algún administrador que no las haya firmado? [...]
Si no se han firmado en tiempo y forma, ¿qué persona o personas no la han firmado? ¿por qué no se cumple con la ley que se exige por parte del Gobierno a todas las empresas cumplir?
En cualquier caso, ¿Cuándo se reunirá la Junta General para la aprobación de las cuentas formuladas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2023.-Víctor Valentín Píriz Maya y Celso Luis Delgado Arce, Diputados.