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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 595, de 22/03/2023
cve: BOCG-14-D-595
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de marzo de 2023
Núm. 595
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PERSONAL
299/000004 Personal eventual para la atención de los señores Presidentes de Comisión.
Cese... (Página5)
Control de la acción del Gobierno
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004892 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las deportaciones forzosas de menores ucranianos a la Federación de Rusia... (Página5)
161/004893 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Tribunal especial ad hoc para el crimen de agresión contra Ucrania... (Página7)
Comisión de Justicia
161/004900 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el establecimiento de un Plan Nacional de protección de la salud mental en el ámbito de la abogacía... (Página8)
Comisión de Interior
161/004896 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al refuerzo de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid...
161/004897 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil en Benicàssim y aumentar el catálogo de efectivos...
161/004909 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la elaboración de un protocolo de actuación en las comisarías de Policía Nacional en caso de
denuncia de desaparición de una persona en frontera... (Página12)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004891 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa del español en el ámbito educativo ante los ataques perpetrados por la administración regional gallega... (Página15)
161/004902 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar los puestos de trabajo de profesores interinos de Formación Profesional que quedan excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto
800/2022... (Página19)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004908 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las competencias para la gestión de incapacidad temporal en atención primaria y hospital... (Página21)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la derogación de los planes de ordenación del espacio marítimo (eólica marina) y en defensa del sector pesquero... (Página22)
161/004895 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el acceso integral a las ayudas para fertilizantes en agricultura... (Página23)
161/004901 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la adaptación del seguro agrario combinado a las necesidades y características de los cultivos y a los desafíos del cambio climático...
161/004903 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar la integración y convivencia de los usos agrícolas y renovables del suelo... (Página26)
161/004905 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el desarrollo reglamentario de la gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas... (Página28)
161/004906 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el funcionamiento del Observatorio de la Cadena Alimentaria y las actuaciones del control de precios alimentarios...
161/004910 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo y puesta en marcha del SIEX, Sistema de Información de Explotaciones Agrarias... (Página30)
161/004912 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de apoyo al sector agroalimentario español durante la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea (UE)...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004898 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el uso de agua regenerada... (Página32)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004907 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora de las condiciones de accesibilidad de los cajeros automáticos... (Página34)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004890 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un nuevo abordaje del sarcoma dentro del marco de la Estrategia en Cáncer del SNS... (Página35)
161/004911 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de avances reales en la prevención y en la reducción de las agresiones a profesionales sanitarios en el Sistema Nacional
de Salud... (Página36)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004899 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al doctorado industrial... (Página38)
Comisión de Igualdad
161/004894 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de las condiciones de las cuidadoras... (Página40)
161/004904 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la destitución inmediata de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género... (Página41)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002148 Pregunta formulada por el Diputado Andrés Lorite Lorite (GP), sobre intenciones que tiene el Gobierno en cuanto a la construcción del tramo Norte de la variante Oeste de Córdoba... (Página44)
181/002149 Pregunta formulada por la Diputada Ana María Zurita Expósito (GP), sobre información acerca de los detalles del convenio firmado con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, las características de la actuación, la naturaleza
de la financiación y los avances realizados en cuanto a los hitos necesarios para culminar la actuación... (Página44)
181/002151 Pregunta formulada por los Diputados Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura
Just, Juan Carlos (GVOX), sobre razones que justifican el trato discriminatorio de Burgos por parte del Gobierno en el marco del desarrollo del Corredor Atlántico... (Página44)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
181/002137 Pregunta formulada por la Diputada Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), sobre medidas previstas para garantizar una correcta identificación de aquellos menores en riesgo de suicidio, para la posterior puesta en marcha de medidas
preventivas... (Página45)
181/002138 Pregunta formulada por la Diputada Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), sobre garantías para que los recursos destinados a la prevención del suicidio se centren en los grupos de mayor riesgo... (Página45)
181/002139 Pregunta formulada por la Diputada Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), sobre medidas y políticas públicas previstas con el objetivo de diseñar nuevas campañas de comunicación institucional para dar a conocer la realidad del suicidio
entre los jóvenes... (Página45)
181/002140 Pregunta formulada por la Diputada Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), sobre medidas adoptadas durante la XIV Legislatura para abordar las desigualdades sociales y económicas que pueden contribuir al riesgo de suicidio entre los
menores... (Página46)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión... (Página46)
184/103676 Autor: Angulo Romero, María Teresa González Vázquez, Marta Prohens Rigo, Margarita De Luna Tobarra, Llanos
Número de perceptores del ingreso mínimo vital que están percibiendo el incentivo al empleo aprobado en el Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre... (Página46)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PERSONAL
299/000004
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de marzo de 2023, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese de D.ª Teresa
Jaén Morón, con efectos de 15 de febrero de 2023, como Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, como consecuencia de la Resolución
del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se declara su incapacidad permanente, en el grado de total para la profesión habitual.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las deportaciones forzosas
de menores ucranianos a la Federación de Rusia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde el inicio de la agresión rusa contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania, el pasado 24 de febrero de 2022, numerosas investigaciones e informes publicados por parte de observadores independientes en el conflicto como
Amnistía Internacional o la agencia periodística Associated Press, han denunciado el traslado forzoso de población civil ucraniana, especialmente de niños, deportados desde
las zonas ocupadas a territorio ruso. El pasado mes de octubre de 2022, el viceprimer ministro ruso, Marat Khusnullin, trató de explicar los traslados forzosos de menores ucranianos como 'adopciones humanitarias', admitiendo públicamente
que 'varios miles' de estos menores están siendo trasladados a regiones de Rusia y que ahora 'descansan en instituciones de acogida o campos para niños'.
Amnistía Internacional reportó, en su último informe, que Rusia ha acelerado el proceso para otorgar la ciudadanía a aquellos niños ucranianos que puedan ser adoptados por familias rusas, lo que supone una violación flagrante del derecho
internacional, al no existir consentimiento por parte de los padres. En este sentido, es evidente que la deportación y el traslado forzoso de civiles, menores o no, en territorio ocupado están prohibidos por el derecho internacional humanitario y
pueden constituir crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Por su parte, la agencia Associated Press (AP), informa que, uno de los aspectos más crueles de esta política de traslados forzosos es la utilización de miles de niños, cuyos padres han sido asesinados por los bombardeos del Ejército ruso y
que se habían refugiado en orfanatos de las zonas en conflicto o que, simplemente habían perdido el contacto con sus progenitores a causa de la guerra y como consecuencia, han sido trasladados a Rusia. Una vez se encuentran en territorio ruso, AP
desvela que son entregados en adopción a familias rusas que llegan a cobrar hasta mil dólares por cada niño, mientras que a los menores más pequeños 'se les intenta hacer creer que son rusos'. Esta es la trágica realidad que puede esconder una
campaña más amplia de limpieza étnica para una posible posterior repoblación con ciudadanos rusos.
Esta deplorable táctica por parte de Rusia debe investigarse como crimen de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional ha decidido abrir una investigación a petición de Amnistía Internacional para exponer y enjuiciar a los responsables de
estas atrocidades. Los hechos descritos llevados a cabo por el Ejército ruso en Ucrania constatan claras violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, incluyendo la Convención de Ginebra y la Convención de la ONU sobre los
Derechos del Niño.
De hecho, el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entiende por genocidio 'el traslado por la fuerza de niños de un grupo perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un
grupo nacional, étnico, racial o religioso'. Y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 7 de septiembre, dijo disponer de acusaciones creíbles de que Rusia está procediendo a traslados forzosos de niños ucranianos no acompañados a su
territorio poniéndolos a disposición de familias rusas para su adopción.
Es imprescindible que el Gobierno de España responda ante estos hechos que, además de resultar inaceptables e inhumanos, van en contra de todos los valores que inspiran nuestra Política Exterior, tales como la dignidad humana, la libertad,
el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Proposición no de Ley
'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar enérgicamente las deportaciones forzosas que la Federación de Rusia ha llevado a cabo deliberadamente de menores ucranianos a territorio ruso y que se han perpetrado desde el pasado 24 de febrero de 2022.
2. Exigir a la Federación de Rusia el cese de estas acciones, así como el respeto y cumplimiento de la Convención de Ginebra y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.
3. Denunciar en todos los foros internacionales, de los que España es miembro, especialmente en Naciones Unidas, las deportaciones forzosas de menores ucranianos a territorio ruso, por parte de la Federación de Rusia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-María Valentina Martínez Ferro y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Tribunal
especial ad hoc para el crimen de agresión contra Ucrania, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde el pasado 24 de febrero de 2022, la Federación de Rusia inició una injustificada agresión militar contra la integridad territorial de Ucrania. Sin embargo, dicha integridad territorial se ha visto comprometida por la Federación de
Rusia desde 2014, año en que se anexionó, ilegalmente, la península de Crimea, una flagrante violación de los principios por los que se rige el derecho internacional.
La invasión de Rusia contra Ucrania está resultando en la mayor agresión bélica a un Estado en territorio europeo desde 1945. A casi un año, fuentes militares ucranianas cifran en alrededor de 40.000 los asesinatos de civiles ucranianos.
Además, los ciudadanos ucranianos están viviendo, diariamente, una situación de constante terror en todo el país, debido a los ataques a todo tipo de infraestructuras civiles.
Ante la magnitud y gravedad del conflicto, es imperativo que los Estados de derecho democráticos que conforman la comunidad internacional sumemos esfuerzos para proporcionar una respuesta legal apropiada, con el fin de evitar la impunidad de
los perpetradores rusos. Por su parte, la Federación de Rusia nunca ha aceptado someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y ésta ha iniciado una investigación sobre la situación en Ucrania por presunto genocidio, crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra.
Para luchar contra la impunidad de los hechos descritos, se ha propuesto, a iniciativa de distintos parlamentos nacionales europeos, la creación de un Tribunal Especial ad hoc para el Crimen de Agresión contra Ucrania, así como también la
creación de un Mecanismo internacional de compensación para hacer frente a las reparaciones y reconstrucción del país.
En cuanto a la primera propuesta, el principal mandato del Tribunal será complementar el trabajo de la Corte Penal Internacional, sobre la base de un tratado multilateral entre Estados, con un respaldo suficiente de la ONU que le otorgue la
jurisdicción necesaria para investigar y enjuiciar a altos dirigentes políticos y militares de la Federación de Rusia por el crimen de agresión contra Ucrania.
El pasado 2 de febrero de 2023, el primer ministro ucraniano apuntó a que la destrucción material que la guerra ha causado, hasta la fecha, puede estimarse entre 550.000 y 690.000 millones de euros. La destrucción masiva continúa a diario
con ciudades destrozadas, medio ambiente y ecosistema dañados y la economía paralizada. En este sentido, es necesario crear un Mecanismo internacional de compensación nuevo e innovador para recaudar, evaluar y, en última instancia, proporcionar la
compensación adecuada por todas reclamaciones legítimas contra la Federación de Rusia por pérdidas directas derivadas de la agresión contra el país. Tanto el Mecanismo internacional de compensación como el Tribunal Especial ad hoc, se deben basar
en un acuerdo internacional multilateral que pueda prever una Comisión regulatoria dedicada a considerar las reclamaciones de indemnización correspondientes.
Cabe destacar que los Parlamentos de Lituania, Ucrania, Estonia, Países Bajos, República Checa, Francia y Letonia, ya han adoptado resoluciones en apoyo a la creación de un tribunal internacional especial ad hoc; esta misma propuesta ha
sido respaldada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y por la Eurocámara, a través de la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2023, sobre la creación de un tribunal para el crimen de agresión contra Ucrania.
En concordancia, la Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado también importantes resoluciones. En una de ellas, reconoce que la agresión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania contraviene el artículo 2, apartado 4 de su
Carta, y que, por tanto, debe rendir cuentas por todas las violaciones del derecho internacional que haya llevado a cabo en Ucrania o contra Ucrania, incluida la agresión en curso. Recientemente, el 14 de noviembre, adoptó la resolución 'Promoción
de vías de recurso y reparaciones por la agresión contra Ucrania', mediante la cual se exige a la Federación de Rusia responder y compensar económicamente a Ucrania por los daños ocasionados desde la agresión militar iniciada el 24 de febrero del
2022.
Por todo ello, Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la creación de un tribunal internacional especial para enjuiciar el crimen de agresión contra Ucrania perpetrado por los dirigentes políticos y militares de la Federación de Rusia y sus aliados.
2. Trabajar, en estrecha colaboración con Ucrania para buscar y generar apoyo en el marco de Naciones Unidas y en otros foros internacionales de los cuales España forma parte, para crear un tribunal especial para el crimen de agresión
contra Ucrania.
3. Impulsar la creación de un mecanismo internacional de compensación, mediante el cual la Federación de Rusia responda económicamente por los daños ocasionados a Ucrania como consecuencia de la agresión iniciada el 24 de febrero de 2022.
4. Trabajar sobre la posibilidad jurídica de utilizar los activos soberanos del Estado ruso, de los oligarcas rusos y otras personas sancionadas por la agresión rusa, como reparación de las violaciones del Derecho Internacional cometidas
por Rusia en Ucrania.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-María Valentina Martínez Ferro y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/004900
A la Mesa de la Comisión de Justicia
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de un Plan Nacional de protección de la
salud mental en el ámbito de la abogacía para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es, en términos generales, un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y
de contribuir a su comunidad; en ese sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.
De acuerdo con especialistas, el bienestar emocional afecta la forma en que sentimos, pensamos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar el manejo del estrés, de relacionarnos con los demás y en la toma de
decisiones, siendo importante su cuidado en todas las etapas de la vida; y especialmente durante la vida laboral de la persona.
En este sentido, profesiones como la de abogado, llevan aparejado un mayor nivel de estrés a causa de su del ejercicio de su trabajo a contrarreloj con unos plazos legales muy poco flexibles que permitan la conciliación o el descanso
adecuado, al mismo tiempo la propia incertidumbre de la relación con el tribunal correspondiente. Suspender un juicio es complicado con lo cual eso contribuye a mayores niveles de estrés. En España, para los profesionales de la Justicia es más
sencillo si se ponen enfermos en víspera de un juicio, buscar un compañero que te sustituya y conozca el asunto porque desde un punto de vista práctico que lograr la suspensión de la vista.
A esta situación de continuo estrés causado por la celeridad de los plazos en los procedimientos y la falta de flexibilidad de estos, se une el estigma de estos profesionales, muchos creen que no es conveniente poner de manifiesto sus
preocupaciones en cuanto a su estado de salud mental por si esto supusiese consecuencias no deseadas. Pocos profesionales se atreven a hablar en público de la situación que atraviesa, aunque en privado reconocen sufrir o haber sufrido depresión,
ansiedad, fatiga ... El miedo
a los estigmas, a ser percibidos como poco profesionales, débiles o incapaces de defender los intereses de los justiciables, o incluso perder clientes en el caso de los autónomos, les obliga a guardar silencio. La International Bar
Association señaló en el Informe 'Bienestar mental en la profesión jurídica', un estudio global publicado en 2021, que el 41 % de los encuestados no discutiría de sus preocupaciones por salud mental con su empleador por temor a que pudiese tener un
impacto negativo en su carrera profesional. Y uno de cada tres, creía que su trabajo afectaba negativamente a su bienestar emocional.
En este sentido, desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se han pronunciado en múltiples ocasiones a favor de una modificación de las leyes procesales, que trascienda de los acuerdos entre los colegios de abogados y los
tribunales de justicia, para conseguir en casos justificados de enfermedad que se puedan suspender además de las vistas los procedimientos. De esta forma, los plazos no seguirían corriendo, por lo que podrían interrumpir la presentación de escritos
mientras están convalecientes para reponerse sin sentimientos de culpa, y garantizando ante todo la protección de su salud mental.
Ante esta problemática que sufren los profesionales de la Justicia, es necesario que se adopten por parte de los poderes públicos soluciones reales que garanticen y faciliten el ejercicio profesional, se debe colocar en el centro de las
prioridades la estabilidad emocional de los abogados, y en particular de quienes se desempeñan por cuenta propia o trabajan en pequeños y medianos despachos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un estudio actualizado en el marco de la abogacía que permita conocer las cifras reales de los profesionales que se ven afectados por cualquier trastorno de la salud mental o que se encuentre en riesgo de padecerlo.
2. Con los resultados del anterior estudio, la elaboración de un Plan Nacional de Salud Mental en el ámbito de la Abogacía, que contenga entre otros los siguientes aspectos:
- Establecer propuestas de conciliación entre la vida personal y familiar y la vida laboral, promoviendo la desconexión digital y una mayor flexibilidad en horarios presenciales y el respeto a los periodos de vacaciones.
- Medidas de dignificación y humanización de la abogacía, promoviendo recomendaciones contra el acoso laboral y profesional.
- Realizar campañas de sensibilización para tratar de conseguir un cambio de mentalidad en el que los abogados puedan expresar sus preocupaciones por su bienestar y su salud mental.
- Promover la formación a los abogados en materia de bienestar, salud mental e inteligencia emocional y la implementación de recursos para la resolución de problemas en estos ámbitos.
- Promover entre las facultades de Derecho la importancia del bienestar emocional en el ejercicio de las profesiones jurídicas.
- Implantar medidas para alcanzar la igualdad entre los abogados, especialmente en lo relacionado con la brecha salarial que padecen las profesionales del sector y que supone un problema más añadido a la situación de bienestar emocional.
3. Mejorar en todo el territorio nacional y en colaboración con las Comunidades Autónomas, la red de prevención y atención a los profesionales del ámbito de la abogacía con problemas de salud mental.
4. Extender estas medidas a los profesionales incardinados dentro de la Administración de Justicia, que por razón de su actividad puedan verse afectados por los mismos problemas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Interior
161/004896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, por la que se insta al Gobierno al
refuerzo de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La seguridad de los ciudadanos es uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho que cualquier Gobierno tiene la obligación de garantizar.
Es un hecho evidente que la presencia policial incide positivamente en la evolución de los índices de seguridad ciudadana.
Partiendo de dicha consideración, resulta necesario, como mínimo, el mantenimiento de las ratios policiales existentes entre número de policías y habitantes, a los efectos de garantizar la seguridad y, en definitiva, la calidad de vida de
los ciudadanos. Dicho mantenimiento ha de ser asegurado por todas las Administraciones Públicas que, en función del reparto competencial establecido, tengan asignados efectivos policiales.
En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, los efectivos estatales policiales operantes en su territorio se circunscriben a la Policía Nacional y Guardia Civil, dependientes del Ministerio del Interior a través de la Delegación del
Gobierno en Madrid.
La Comunidad de Madrid no tiene competencias directas en materia de seguridad, por cuanto en esta materia solo tiene atribuida la competencia de la coordinación de las policías locales de la región, conforme establece su Estatuto de
Autonomía.
Al mismo tiempo, los índices de comisión de delitos en la Comunidad de Madrid están evolucionando de manera muy preocupante en las últimas fechas. Así lo demuestran las estadísticas oficiales del propio ministerio del Interior en su
'Balance de Criminalidad'.
Así, por ejemplo, los homicidios y asesinatos aumentaron un 50 % en el primer semestre de 2022 con respecto a 2021 y los ocurridos en grado de tentativa aumentaron un 63 %. Los hurtos aumentaron un 35 % y los robos con violencia en
domicilios aumentaron un 21 %. Los delitos de agresión sexual con penetración aumentaron un 11,4 % y el resto de los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 18 %.
El total de infracciones penales aumentó un 24,6 % hasta las más de 200.000 en el primer semestre de 2022 con respecto a 2021.
Este repunte de la delincuencia en la Comunidad de Madrid exige una respuesta rápida y contundente por parte del ministerio del Interior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asegurar la cobertura de las plazas vacantes existentes en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estatales destinados en la Comunidad de Madrid.
2. Aumentar el número de nuevos agentes Guardias Civiles y Policías Nacionales destinados en la Comunidad de Madrid.
3. Acometer las actuaciones necesarias para mejorar los distintos cuarteles de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, incluyendo los de: Hoyo de Manzanares, Torrelodones, Galapagar, Torrelaguna, Rivas Vaciamadrid, Loeches, Humanes,
Carabaña, Valdarecete, Griñón, Navalcarnero, Villamanta, Aranjuez, Ciempozuelos, Chinchón, Valdetorres, Valdemaqueda y Navalagamella.
4. Acometer las actuaciones necesarias para mejorar las distintas comisarías de la Policía Nacional en la Comunidad de Madrid, incluyendo las de Moratalaz, Vicálvaro y Arganzuela en la ciudad de Madrid, así como las de Fuenlabrada, Pinto,
Rivas Vaciamadrid y Parla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2023.-Isabel María Borrego Cortés, Ana Belén Vázquez Blanco, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Beatriz Álvarez Fanjul, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Jaime Miguel Mateu de
Istúriz, Luis Santamaría Ruiz, Ana María Pastor Julián, María Elvira Rodríguez Herrer, Edurne Uriarte Bengoechea, Ana María Beltrán Villalba, Antonio González Terol, Carlos Aragonés Mendiguchía, Pilar Marcos Domínguez, Gabriel Elorriaga Pisarik y
Percival Manglano Albacar, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar las instalaciones del
Cuartel de la Guardia Civil en Benicàssim y aumentar el catálogo de efectivos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Benicàssim, situado en la costa de la provincia de Castellón, en la comarca de la Plana Alta, cuenta con una población residente de 19.507 habitantes (INE 2022), aunque se alcanza más de 60.000 en el periodo estival, ya que su economía se
basa en el turismo. Desde el año 2000 su población se ha duplicado, lo que hace necesario el aumento del catálogo de la Guardia Civil en dicho territorio de manera permanente, así como aumentar los refuerzos durante todos los meses de verano.
La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad pública que, desde su creación mediante real decreto de 28 de marzo de 1844, ha venido prestando servicio de protección a la ciudadanía, asegurando el cumplimiento de las leyes y defendiendo el
libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía, además de prestar auxilio allí dónde su presencia es requerida.
A lo largo de los más de 175 años de historia del cuerpo, su encomienda ha ido más allá desempeñando su labor tanto en España como en misiones internacionales, siendo uno de los Cuerpos de Seguridad que más y mejor se ha ganado el respeto y
el cariño de la ciudadanía.
Hoy por hoy la Guardia Civil tiene presencia en prácticamente toda España y la labor que desempeñan con innegable profesionalidad en entornos rurales dónde no existe presencia de otros cuerpos de seguridad es encomiable, trasladando a los
vecinos tranquilidad y seguridad.
La concepción del Puesto Principal responde a la necesidad de dar una respuesta unificada y adecuada a la conflictividad actual o potencial de las localidades con predominio urbano, industrial o turístico situadas en la demarcación del
Cuerpo de la Guardia Civil, o bien en zonas de entidad y problemática homogénea que lo requieran por sus características demográficas, socioeconómicas, de seguridad ciudadana, o similares, pudiendo contar con diferentes instalaciones para atención
al ciudadano o logísticas.
El caso de Benicàssim no es una excepción, contamos con un Puesto Principal en la que 34 efectivos prestan servicio tanto en la localidad, como en poblaciones vecinas, ejerciendo una labor con dedicación incuestionable y manteniendo una
excelente relación con el Ayuntamiento y sus funcionarios, estando en perfecta sintonía y coordinación en labores de vigilancia, control y seguridad con nuestra policía Local. En este sentido, tanto los 34 efectivos destinados en el puesto de
Benicàsim, como sus familias se encuentran total y plenamente en la vida cotidiana de nuestro municipio como un vecino más. Las instalaciones que acogen este puesto principal de Benicàssim, así como la Casa Cuartel se han quedado obsoletas y
deficitarias tanto para el servicio, cómo para las necesidades que requieren el personal al servicio, cómo sus familias, motivo este por el que se viene pidiendo de forma reiterada que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado, la partida
presupuestaria que sea necesaria para redactar el proyecto de remodelación y ampliación de las actuales instalaciones.
A pesar de que el órgano competente para acometer estas actuaciones es el Ministerio de Interior el cual viene haciendo caso omiso de esta petición, fue la Diputación de Castellón quien, ante la dejadez y falta de solución del Gobierno
Central en 2018, asumió la reivindicación y realizó una serie de inversiones en los cuarteles de la Provincia, pero a todas luces sigue siendo insuficiente.
Por todo lo cual, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se proceda a la firma de un Convenio entre el Ayuntamiento de Benicàssim, que cede la parcela colindante que es de su propiedad, y el Ministerio del Interior para ampliar las actuales instalaciones del Cuartel de la Guardia Civil.
2. Que el Ministerio del interior realice la ejecución de dicha reforma con cargo a sus presupuestos, una vez que el Ayuntamiento procede a la cesión del terreno.
3. Que se incluya la partida necesaria para ello en los Presupuestos Generales de 2024, dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado.
4. Que se aumente el catálogo de la Guardia Civil y se dote de más efectivos el Puesto Principal, para poder dar un mayor y mejor servicio durante todo el año.
5. Que se refuerce de manera permanente durante los meses de verano el Puesto de la Guardia Civil de Benicàssim por el aumento de la población flotante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2023.-Óscar Clavell López y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la elaboración de un
protocolo de actuación en las comisarías de Policía Nacional en caso de denuncia de desaparición de una persona en frontera, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Cada año miles de personas desaparecen en el mundo en su trayecto migratorio. El Mar Mediterráneo se ha convertido en uno de los puntos marítimos de cruce más mortíferos del mundo. Así lo declaró la directora de la Oficina de ACNUR en
Europa, Pascale Moreau, en la presentación en 2018 del estudio Travesías Peligrosas, que analizaba las llegadas de migrantes y personas refugiadas en las fronteras europeas, en el año 2018.
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM), viene documentando desde el año 2014 casos de personas migrantes que han fallecido durante el proceso migratorio internacional 1, a través del proyecto Migrantes Desaparecidos. Señala
que los datos deben considerarse como una estimación mínima del verdadero número de vidas perdidas en los procesos migratorios. En la mayoría de los casos, las ubicaciones son aproximadas.
A febrero de 2023, tienen contabilizadas 53768 personas como desaparecidas desde 2014. De estas personas, 7496 han desaparecido en las Américas, 12363 en el continente africano, 979 en Europa, 1338 en Asia Occidental, 5507 en el resto de
Asia y 26085 en el Mediterráneo. Según los datos del informe, no se han recuperado por tanto los restos de 22991 de personas que han perdido la vida en trayectos migratorios.
1 https://missingmigrants.iom.int/es/datos
En el marco del proyecto se hace un análisis por países. En el informe sobre el estado español 'Familias de personas migrantes desaparecidas: su búsqueda de respuestas, el impacto de la pérdida y recomendaciones para mejorar las respuestas
institucionales a sus necesidades' 2 publicado en junio de 2021, estiman que desde que se documentó el primer naufragio de migrantes el 1 de noviembre de 1988, en el que 18 personas murieron ahogadas tratando de llegar a español, y hasta la
publicación del informe más de 9.100 personas perdieron la vida en su trayecto a este país por las distintas rutas marítimas. Esta cifra es solo una estimación basada en los datos disponibles. Se desconoce el número real, ya que muchas muertes y
desapariciones nunca se registran, especialmente cuando ocurren en zonas remotas o en alta mar.
A este respecto, la campaña 'Vidas sin rastro. Por los derechos de las personas muertas y desaparecidas en la Frontera Sur y los de sus familias', de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 3, recoge en el documento 'Medidas para un
trato digno' que el volumen real de la tragedia en las fronteras marítimas desde 1988 es imposible de calcular, señalando que la propia OIM considera que solo se documenta la muerte o desaparición de un tercio de las personas que efectivamente las
sufren. Desde esta entidad ven imprescindible que el Gobierno español adopte los protocolos necesarios para localizar a las personas desaparecidas, identificar los cadáveres recuperados y atender de forma digna a sus familiares.
Esta asociación documenta estas tragedias en sus informes 'Derechos Humanos en la Frontera Sur' 4, que publica desde el año 2003, aunque recopila los datos desde 1997. Son los datos que ha utilizado para su informe la OIM, desde 1997 hasta
2013, utilizando a partir de 2014 datos propios.
Por su parte, la organización Ca-minando Fronteras, en su informe publicado en diciembre de 2022 'Víctimas de la necro frontera: 2018-2022. Por la memoria y la justicia' 5, recoge que entre 2018 y 2022, 11522 personas fallecieron
intentando llegar al estado español por las diferentes rutas. Entre las prácticas recurrentes que provocaron víctimas mortales, esta organización ha identificado, entre otras, la demora en la activación de los medios de búsqueda, la mala
coordinación entre los países que deben activar los servicios de rescate, la falta del enfoque de derecho a la vida o la negación de auxilio de embarcaciones civiles que se encuentran en el mar y son testigos de una situación de riesgo. Esta
negación de auxilio está fuertemente atravesada por la criminalización de la solidaridad que atraviesa la frontera.
Pese a la situación de desprotección que deben enfrentar las familias y comunidades de las víctimas, estas se movilizan de forma activa para la búsqueda de información sobre las personas desaparecidas. Ca-minando Fronteras, en su informe
'Construyendo memoria migrante' 6, documenta diversos casos de familias a las que se les ha impedido ejercer su derecho a la denuncia y casos en los que se ha interpuesto, pero posteriormente las familias no han sido informadas sobre los procesos de
búsqueda, ni han tenido un acompañamiento integral por parte de las administraciones públicas, cayendo sus denuncias en saco roto.
Asimismo, advierte de la presencia de actores criminales que extorsionan a familias y allegados, beneficiándose de la situación de incertidumbre y las dificultades que encuentran estas personas para tener acceso a información oficial.
En este sentido, Ca-minando Fronteras publicó en 2021 su 'Guía para Familias Víctimas de la frontera' 7. Este documento recopila todas las recomendaciones e informaciones útiles que esta organización ha adquirido a través de su experiencia
y proporciona una base que debería ser mejorada y completada por las Administraciones Públicas, mediante la publicación de documentos oficiales que orienten a las familias en sus búsquedas.
La OIM también ofrece una serie de recomendaciones sobre las formas prácticas y orientadas a la acción en las que el marco legal, administrativo e institucional podría adaptarse para garantizar que todas las familias de personas migrantes
desaparecidas en rutas migratorias a España tengan un acceso efectivo a la justicia y a la información, independientemente de su situación migratoria.
Entre las recomendaciones que realizan está investigar todos los casos de desaparición o muerte de personas migrantes y dar prioridad a estas investigaciones, así como garantizar la aplicación de la
2 https://publications.iom.int/books/familias-de-personas-migrantes-desaparecidas-espana-su-busqueda-de-respuestas-el-impacto-de
3 https://www.apdha.org/vidas-sin-rastro/
4 https://www.apdha.org/media/2003_El_Estrecho_la_muerte_de_perfil.pdf
5 https://caminandofronteras.org/wp-content/uploads/2023/01/Informe-Victimas-de-la-necrofontera-2018-2022.-Por-la-memoria-y-la-justicia-ES.pdf
6 https://caminandofronteras.org/wp-content/uploads/2021/06/Construyendo-Memoria-Migrante.pdf
7 https://caminandofronteras.org/wp-content/uploads/2021/06/Guia-para-Familias-de-Victimas-de-la-frontera.pdf
legislación española a los casos de personas desaparecidas o fallecidas en naufragios de embarcaciones irregulares en las rutas migratorias hacia las costas españolas, particularmente cuando no pueda determinarse la nacionalidad de la
persona desaparecida, con el objetivo de evitar la desprotección de las familias.
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2018 (73/195) 8, recoge en su unidad de propósito, en el punto 13, el deber de salvar vidas y evitar que
los migrantes sufran daño. En este sentido, el octavo objetivo del pacto es 'Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos' El compromiso adquirido para cumplir con este objetivo, siempre según
el texto del Pacto, es 'cooperar en el plano internacional para salvar vidas y evitar que los migrantes resulten muertos o heridos, realizando operaciones individuales o conjuntas de búsqueda y salvamento y estandarizando la recopilación, el
intercambio de información pertinente, para asumir la responsabilidad colectiva de preservar la vida de todos los migrantes de conformidad con el derecho internacional. Nos comprometemos además a identificar a las personas muertas o desaparecidas y
a facilitar la comunicación con las familias afectadas'.
En el estado español, desde el año 2009 se han articulado diversos mecanismos en relación con la búsqueda de personas, entrando en funcionamiento en 2010 la base de datos sobre Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin
Identificar (PDyRH). Coincidiendo con el 'Día de las personas desaparecidas sin causa aparente', que había sido declarado por el Congreso de los Diputados el 9 de marzo, se publica en 2017 el primer informe estadístico sobre personas desaparecidas,
publicándose anualmente en torno a esa fecha los datos del año anterior.
Por Instrucción 2/2018, de 5 de febrero, de la Secretaría de Estado de Seguridad, se crea el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), como el órgano de gestión centralizada para la coordinación efectiva y permanente del Sistema de personas
desaparecidas empleado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y define las misiones y funciones encomendadas.
El Centro es además el responsable de analizar y valorar las propuestas de los familiares de las personas desaparecidas, y cualquier otra cuestión que pueda resultar de interés con respecto al sistema PDyRH y mejorar los protocolos de
actuación en el ámbito de las desapariciones.
En 2019, a través de la instrucción 3/2019, de 4 de marzo, de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre actuación policial ante la desaparición de personas, se aprueba, entre otros instrumentos para favorecer la actuación policial, el
'Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de personas desaparecidas' 9. Contiene alguna previsión en caso de desapariciones 'más allá de nuestras fronteras', concepto en el que incluyen las desapariciones en costa,
disponiendo que en estos casos 'se establecerán contactos don el Ministerio de Asuntos Exteriores, INTERPOL y Oficina SIRENE, así como las Consejerías y Agregadurías de Interior del país correspondiente, siempre que se considere necesaria dicha
comunicación para alcanzar el éxito de la investigación policial iniciada'.
Estas medidas se han demostrado insuficientes para dar respuesta a las desapariciones y muertes en frontera, dada la magnitud y la complejidad que conllevan, que precisan de una intervención específica y multidisciplinar, que ponga en el
centro a las personas y los derechos humanos, siguiendo las recomendaciones de organismos y mecanismos internacionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mejorar los mecanismos de coordinación y registro en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), facilitando, en lo relativo a desapariciones en frontera, que los Institutos de Medicina Legal tengan capacidad de introducir datos ante
mortem y post mortem en las bases del CNDES.
2. Garantizar la toma de muestra voluntaria de ADN a los familiares que interponen una denuncia de desaparición en frontera, cuando se hace la denuncia en comisaría y juzgado dentro del Estado español, velando por la inclusión de este
procedimiento en un protocolo de aplicación estatal y por su realización a
8 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/452/03/PDF/N1845203.pdf?OpenElement
9 Protocolo-de-Actuación-FFCCSS-ante-desapariciones.pdf (gsdglobla.com).
cargo del cuerpo de seguridad que tome la denuncia. Que el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de las misiones diplomáticas facilite la toma de muestras de ADN a los familiares de personas desaparecidas que no puedan desplazarse desde
el país de origen.
3. Garantizar el cumplimiento efectivo del derecho de toda persona a denunciar cualquier desaparición con independencia de la existencia o no de un vínculo de parentesco entre la persona denunciante y la persona desaparecida, de tal forma
que, en los casos en que una misma persona posea informaciones relativas a múltiples personas desaparecidas, ésta pueda poner en conocimiento de las autoridades la desaparición de todas.
4. Tomar medidas proactivas para conocer el número de personas desaparecidas cuando se producen llegadas de embarcaciones.
5. Garantizar que el cumplimiento efectivo del derecho enunciado en el párrafo anterior sea aplicable en cualquier comisaría de Policía del Estado español, con independencia de la cercanía o lejanía geográfica de dicha comisaría respecto
del lugar de desaparición, garantizando que se pueda realizar en un idioma comprensible.
6. Elaborar circulares a las distintas fuerzas de seguridad del Estado indicando los derechos de las personas muertas y desaparecidas en frontera, así como aquellos que les asisten a sus familiares. Entendiendo que las muertas y
desaparecidas en frontera tienen los mismos derechos que el resto de víctimas, y no deben ser estigmatizadas por las políticas de control migratorio.
7. Proporcionar formación a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el objetivo de incorporar protocolos de acción que integren un enfoque psicosocial sobre el impacto psicológico de estas desapariciones y que
eviten la revictimización, el cuestionamiento o la criminalización de las familias y allegados que las denuncian.
8. Identificar buenas prácticas efectuadas por las fuerzas de seguridad y promoverlas en otras zonas del Estado.
9. En caso de recuperar cuerpos de personas fallecidas, favorecer canales de comunicación entre los organismos de policía judicial de cada región y organizaciones especializadas que permitan la transferencia de informaciones sobre las
personas fallecidas con el fin de identificar los cuerpos.
10. Orientar la política migratoria hacia las personas y los derechos fundamentales, estableciendo vías legales y seguras de entrada en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2023.-Ismael Cortés Gómez y Joan Mena Arca, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Georgina Trías Gil, don Joaquín Robles López, don José Ramírez del Río, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Mireia Borrás Pabón y doña María Teresa López Álvarez, en su condición de
Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley de
defensa del español en el ámbito educativo ante los ataques perpetrados por la administración regional gallega, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Primero. El derecho y el deber de usar el español en todo el territorio nacional.
El artículo 3 de la Constitución Española ('CE') señala que la lengua oficial de nuestro país es el español:
'1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.'
Este precepto regula asimismo la presencia de otras lenguas distintas del español en algunas regiones, así como el respeto y la especial protección de estas como parte de la riqueza cultural e histórica de la Nación española.
El mandato constitucional expuesto ha de interpretarse, en lo relativo a este 'especial respeto y protección' de las lenguas regionales, junto con otros preceptos que consagran la igualdad entre los españoles, la remoción de todos los
obstáculos que impidan la plenitud de la libertad y la igualdad de estos o la lealtad institucional, concretada en la proscripción de los 'privilegios económicos o sociales' entre los españoles de distintas regiones (artículos 14, 9.2 y 138.2
ibidem).
A pesar de la claridad de estos principios, esta protección no se ha llevado a cabo mediante políticas públicas que en ningún caso derivasen en situaciones de discriminación lingüística; al contrario, su puesta en marcha se ha pervertido en
España a través de iniciativas en distintos niveles (político-legislativo, económico o social) que han servido en la práctica como herramienta para fomentar la división y el enfrentamiento entre españoles a través de la lengua 10. Un ejemplo
históricamente conocido es el relativo a las llamadas estrategias de 'inmersión lingüística' 11 y de las leyes de 'normalización lingüística', que tienen por objetivo la aniquilación del español en los territorios con lengua regional.
En relación con esto, el Tribunal Constitucional ('TC') se ha pronunciado en diversas sentencias (SSTC 31/2010 12 u 11/2018 13, entre otras), afirmando que el español no puede ser postergado, arrinconado y mucho menos eliminado del uso
normal de las administraciones españolas. El supremo intérprete de la Constitución ha sido claro al manifestar que 'sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento y, con él, la presunción de que todos
los españoles lo conocen' (SSTC 82/1986 14 y 84/1986 15) y que 'no existe un deber constitucional de conocimiento de una lengua cooficial' (STC 84/1986).
Pese a la claridad y uniformidad de las resoluciones mencionadas, son varias las administraciones territoriales que han aprobado en las últimas décadas normas que limitan, restringen o -en la práctica- imposibilitan la aplicación de esta
realidad constitucional en algunas zonas de España. Las lenguas se han convertido en muchos casos en una herramienta ideológica al servicio de movimientos que las utilizan para sus intereses meramente políticos, profundamente divisivos de la
sociedad española.
Existen numerosos ejemplos de este tipo de acciones por parte de las autoridades regionales, siendo la administración catalana el principal modelo, al que posteriormente han pretendido emular otras como Galicia, Islas Baleares, País Vasco o
Comunidad Valenciana. Recientemente, hemos conocido el último ataque a la lengua española perpetrado desde la administración regional de Galicia con la campaña denominada '21 Días con el gallego y +'.
10 'El español en el actual Estado de las Autonomías'; Fundación Disenso (https://fundaciondisenso.org/2021/11/30/el-espanol-en-el-actual-estado-de-las-autonomias/).
11 Entendida esta, según la describe el Instituto Cervantes, como 'programa de enseñanza de una segunda lengua en el que alguna de las materias del currículo escolar (o todas ellas) se estudia en una lengua que no es la L1 de los
estudiantes'. Al respecto, ver https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/inmersionlinguistica.htm
12 https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/16/pdfs/BOE-A-2010-11409.pdf
13 https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3301.pdf
14 https://www.boe.es/boe/dias/1986/07/04/pdfs/T00020-00028.pdf
15 https://www.boe.es/boe/dias/1986/07/04/pdfs/T00032-00034.pdf
Segundo. Campañas de adoctrinamiento lingüístico impulsadas desde la Administración Regional Gallega.
La campaña '21 días con el gallego y +' la promueve la administración regional gallega en los últimos años, bajo el mandato del Partido Popular (que gobierna en la región con mayoría absoluta) y fue impulsada por primera vez en el año 2013 a
través de una experiencia en el instituto de Puebla del Caramiñal, de la mano de la profesora doña Pilar Ponte 16. La iniciativa ha ido progresando hasta ser asumida en 2019 por la Secretaría General de Política Lingüística, dependiente de la
Consejería de Cultura, Educación, FP y Universidades.
La edición de este año 2023 se ha desarrollado en 12 centros gallegos entre el 24 de enero y el 13 de febrero, contando con una participación de 4.564 personas entre alumnos, profesores y personal de administración y servicios, ahondando de
manera alarmante en el adoctrinamiento político en las aulas.
De acuerdo con lo expresado en la página web de la campaña (la cual se encuentra exclusivamente en gallego y no es posible visualizar en español), '21 días con el gallego (...) tiene como finalidad promover el uso del gallego oral entre la
gente, dentro y fuera de los centros de enseñanza, en el marco del Plan de dinamización de la lengua gallega en la juventud' 17. No en vano, esta iniciativa lingüística nace para que el alumnado hable más el gallego y perfeccione su uso dentro y
fuera de las aulas'. Con este objetivo, se propone que los alumnos matriculados en las etapas educativas de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, se comprometan con
sus docentes a hablar exclusivamente en gallego las 24 horas del día durante los 21 días que tiene el programa, dentro y fuera del centro de enseñanza.
Es relevante destacar que desde la página web de la campaña se felicita a los niños que hablan en gallego de forma cotidiana: '¡genial! Eres de las personas que guardan el tesoro centenario de nuestra lengua', señala el texto de
presentación de la campaña; mientras que, por otra parte, se anima a los alumnos que hablan en español a cambiar de lengua: 'es muy fácil cambiar esa situación y sumarte a la gente que habla en gallego', afirma la página web oficial. A ambos
perfiles se les pregunta si en su familia hablan gallego.
Por ello, la asociación Hablamos Español ha denunciado 18 que el objetivo de la campaña 'es que los jóvenes que tienen como lengua materna el español, adquieran el hábito de utilizar el gallego en cualquier situación de su vida cotidiana,
consiguiendo así lo que se denomina como 'neofalantes', es decir, personas que renuncian a la lengua de su familia por el gallego'. Hablamos Español explica también cómo se desarrolla en la práctica esta campaña: 'la Consejería de Educación del
gobierno gallego despliega todo su aparato para dar apoyo a este programa enviando cartas a los padres, divulgando el programa en sus redes, estableciendo colaboraciones con la radio y la televisión gallegas'. Asimismo, 'felicitan a los que hablan
gallego y les proponen que convenzan a sus compañeros. A los que hablan español se les cuestiona intentando que reflexionen y averigüen cuál es la causa, su familia o que no son capaces. Les preguntan si creen que lo lograrán antes del día 21 y si
continuarán haciéndolo siempre, después'.
La grave injerencia de la Administración en la privacidad de las familias que implica todo lo expuesto es un ejemplo claro de instrumentalización de la educación y de los niños y adolescentes con fines de adoctrinamiento político. Se invade
el ámbito privado y familiar, se señala a los alumnos que hablan español, por cuanto se les culpa de no 'guardar un tesoro centenario', se les presiona para que actúen en un determinado sentido con todo el aparato de la Administración pública y con
los recursos de todos.
Tercero. El uso del gallego en la Administración y en el acceso a la Función Pública.
Los ataques al español por parte de las administraciones regionales no se limitan al ámbito estrictamente educativo, sino que tienen proyección en todas las acciones y estrategias del sector público. Hemos de referirnos, en consecuencia, a
la incidencia de las políticas de 'normalización lingüística' en el acceso a la función pública.
16 https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/76576/programa-dinamizacion-linguistica-21-dias-con-gallego-arranca-quinta-edicion?langld=es_ES#:~:text=En%20esta%20nueva%20edici%C3%B3n%2C%20que,en%20los%20cinco%20a%C3%B1os%20de
17 https://blogs.xunta.gal/21diascogalegoemais/presentacion/
18 https://www.outono.net/elentir/2023/01/26/nueva-campana-del-gobierno-gallego-para-que-los-ninos-no-hablen-en-espanol-durante-21-dias/
Las distintas administraciones de los territorios españoles con lengua regional, también la Junta de Galicia, han desarrollado numerosas prácticas de control y evaluación de materias lingüísticas en los procesos selectivos para el acceso a
la función pública regional. De esta manera, la implantación progresiva y constante de exigencias lingüísticas ha hecho que lo que comenzó como mérito (el conocimiento de la lengua regional) se haya convertido en imposición (por cuanto se impide a
ciudadanos españoles acceder a la función pública en una Administración española -regional o local- por el hecho de no conocer la lengua regional). Ello busca culminar con el desplazamiento del español como lengua vehicular y consagrar el uso del
gallego de forma excluyente. Ejemplo reciente de ello es la resolución publicada en el DOG 66, de 25 de marzo de 2020 19, en la que se establecen los requisitos de concurrencia a las oposiciones de ámbito regional gallego, concretadas en la
exigencia del nivel Celga 4. Esto es, se prima la lengua sobre el mérito y la capacidad exigidos por el artículo 103.2 de la Constitución.
Una vez ya se es funcionario de otra Administración de cualquier ámbito territorial, imposiciones como las descritas dificultan considerablemente la movilidad de los trabajadores públicos de unas administraciones a otras, por cuanto solo
quienes acrediten el dominio de la concreta lengua regional podrán acceder a la función pública en numerosas regiones de España.
Igualmente, las imposiciones lingüísticas cercenan el derecho de todos a relacionarse con la Administración en español. La lengua común ha sido relegada a un segundo plano en beneficio de la lengua regional. Así ocurrió en Galicia, por
ejemplo, con la vacunación contra la COVID-19, cuando la Consejería de Sanidad entregaba a quienes acudían a vacunarse tres páginas con información y recomendaciones solo en gallego, alegando los sanitarios que la Junta no las elaboraba en español.
La persecución y arrinconamiento de quienes usan el español en sus relaciones habituales, tanto en el ámbito social y familiar como con la administración, es constante.
Cuarto. Conclusiones.
Como se ha observado anteriormente, la iniciativa '21 días con el gallego y +' impulsada por la Junta de Galicia, constituye un ejemplo más de los constantes ataques al español perpetrados desde las administraciones regionales en las últimas
décadas. En esta ocasión, incluso, se presiona y se adoctrina a menores en favor de un determinado propósito político. Esto mismo ocurre en las oposiciones convocadas por la administración territorial gallega, en las que se prioriza el uso del
gallego, en detrimento del idioma común de todos los españoles y de quienes, siendo nacionales, no conocen la lengua regional.
Además, se ha evidenciado cómo la defensa del uso del español en las aulas, ante la hostilidad de los poderes públicos en muchas regiones de España, es una tarea complicada para alumnos, profesores y familias. A pesar de los claros mandatos
constitucionales, la lengua común sufre desde hace tiempo ataques muy graves, especialmente en aquellos territorios donde el separatismo influye u ostenta el poder. Sin embargo, como hemos podido comprobar, las mismas estrategias de arrinconamiento
del español, manipulación de menores y de población en general, y uso de fondos públicos para propósitos netamente políticos y contra la Nación también se producen en administraciones regionales dirigidas por partidos que dicen defender la unidad de
España y la igualdad entre todos los españoles. Y se producen, además, con la aquiescencia de los distintos y sucesivos gobiernos nacionales aglutinados en los pactos y consensos de los grandes partidos con el separatismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Instar a la Junta de Galicia a cesar en su empeño de arrinconamiento del español en las aulas de la región y, en particular, a poner fin a la campaña '21 días con el gallego y +'.
2. Promover las medidas oportunas para garantizar la libertad del uso del español en la región de Galicia, así como en el resto de España.
3. Requerir a la Junta de Galicia a dar efectivo cumplimento al mandato constitucional, materializando así el deber y el derecho de conocer y utilizar el español en todas las regiones de España en general, y en Galicia en particular.
19 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200403/AnuncioG2017-250320-0001_es.html
4. Impulsar todas las medidas necesarias en el ámbito educativo a fin de garantizar el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en español, así como para garantizar el derecho de todos los españoles a relacionarse en español con
todas las administraciones públicas en cualquier región de España.
5. Promover las modificaciones legales que sean necesarias para remover los obstáculos que impidan el acceso de todos los españoles en igualdad de condiciones al ejercicio de la función pública en cualquier Administración territorial de
España, en particular a través de la eliminación de la exigencia de conocimiento del gallego para el acceso a los procesos selectivos a cargo de la Junta de Galicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-Georgina Trías Gil, Joaquín Robles López, María de los Reyes Romero Vilches, José Ramírez del Río, María Teresa López Álvarez y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Georgina Trías Gil, don Joaquín Robles López, don José Ramírez del Río, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Mireia Borrás Pabón y doña María Teresa López Álvarez, en su condición de
Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a garantizar los puestos de trabajo de profesores interinos de Formación Profesional que quedan excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto 800/2022, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Primero. El número de alumnos matriculados en Formación Profesional ('FP') está aumentando progresivamente. Los últimos datos, relativos al curso 2021-2022, muestran que esta cifra ascendió un 4,1 % respecto al año anterior, llegando a los
1.013.912 matriculados 20. Correlativamente, el papel que desempeñan los docentes de FP también está ganando importancia dentro del Sistema Educativo Español.
A inicio del presente curso académico fue aprobado el Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias. Esta norma encuentra su amparo en la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,
por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ('LOMLOE'). El procedimiento establecido en esta norma reglamentaria va a afectar a todo el cuerpo docente de FP, compuesto por funcionarios de carrera y funcionarios
interinos.
Segundo. Para entender las consecuencias de la aplicación del Real Decreto 800/2022 es preciso aclarar que antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
('LOFP') existían dos cuerpos de docentes en Formación Profesional: el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. El primer grupo estaba formado por profesores que, atendiendo a su
cualificación profesional y a las necesidades del sistema educativo, podían impartir clases en la etapa de Formación Profesional sin necesidad de ser licenciados (título asimilable al grado universitario), siendo suficiente que contasen con
formación técnica.
20 https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2021/09/20210908-iniciocursoescolar.html
A partir de la entrada en vigor de la mencionada ley orgánica, los grupos de docentes en formación profesional han quedado agrupados en tres cuerpos diferenciados:
1. El Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
2. El Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. Se trata de aquellos docentes que imparten alguna de las diez especialidades técnicas, incluidas en la disposición adicional quinta.2 LOFP.
3. El Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Tras la aprobación del Real Decreto 800/2022, el Gobierno ha establecido las pautas para integrar el Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de FP en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. El procedimiento, cuya concreción y
desarrollo debe llevarse a cabo por cada administración territorial, da lugar a las siguientes situaciones:
- Aquellos docentes de Formación Profesional con plaza fija que acrediten estar en posesión de un grado universitario, o titulación equivalente, accederán automáticamente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Al), manteniendo las
atribuciones docentes en aquellas especialidades de las que fuesen titulares en el Cuerpo de origen.
- Aquellos docentes de Formación Profesional con plaza fija que no tengan titulación de grado o equivalente permanecerán en el Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional (A2).
- Aquellos docentes de Formación Profesional cuya especialidad sea alguna de las incluidas en los llamados 'sectores singulares' pasarán a formar parte del Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional
(A2), quedando eximidos de cumplir el requisito de poseer un grado universitario o título equivalente para ejercer su tarea docente. Será suficiente que cuenten con titulaciones de técnico superior o técnico especialista.
Así, la disposición adicional única.2 del Real Decreto 800/2022 (Titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia para el ingreso en determinados cuerpos) establece que:
'Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, para las especialidades que se detallan en el anexo VI al presente Reglamento, podrán ser admitidos quienes, aun careciendo de la
titulación exigida con carácter general, estén en posesión de alguna titulación de Técnico Superior de la familia profesional o familias profesionales para cuyas titulaciones tenga atribución docente la especialidad por la que se concursa, Los
títulos declarados equivalentes a Técnico.'
Tras la lectura de este artículo, vemos que no se motiva por qué se incluyen estas 10 especialidades y no las 19 restantes, cuando todas son eminentemente prácticas, y hasta ahora valía para la docencia en todas ellas tener la titulación de
Técnico Superior.
Tercero. El problema se plantea con aquellos profesores interinos de alguna de las 19 especialidades que quedan fuera de los llamados 'sectores singulares' y que accedieron a su plaza como docentes de formación profesional sin necesidad de
contar con un grado universitario o equivalente. Estos no podrán continuar ejerciendo su labor docente a causa de la extinción del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional y de la imposibilidad de presentarse a los procesos de
estabilización del personal interino por no poseer la titulación que la nueva norma requiere.
En definitiva, se trata de una norma que ignora el perjuicio causado a quienes han dedicado su carrera profesional al servicio del bien común a través de la docencia y que ahora, en la etapa final de su trayectoria, se ven apartados del
servicio público de manera injusta y recibiendo un trato desigual. A la injusticia objetiva incuestionable de la situación de abandono y desprotección en que quedan, agravada por la situación de crisis actual, se añade el quebrantamiento de los
principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito en relación con los compañeros del cuerpo que, estando en su misma situación, al pertenecer al grupo de las denominadas especialidades 'singulares', podrán seguir desempeñando en las mismas
condiciones su labor como profesores especialistas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a lo siguiente:
1. Introducir las modificaciones necesarias en el Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, al objeto de incluir las 19 especialidades no contempladas en el punto 2 del anexo II Disposición adicional única: Titulaciones declaradas
equivalentes a efectos de docencia para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.
2. Arbitrar los mecanismos necesarios para que los Profesores Técnicos de Formación Profesional que no posean la titulación de grado que ahora exige la normativa y que han sido excluidos del grupo de las especialidades denominadas
'singulares' puedan ejercer la docencia, como lo hacen hasta ahora, y no se les excluya de las bolsas de interinos de las que formen parte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-Georgina Trías Gil, Joaquín Robles López, María de los Reyes Romero Vilches, José Ramírez del Río, María Teresa López Álvarez y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las competencias para la gestión de incapacidad temporal en Atención Primaria
y hospital para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
En la actualidad, en la gestión de la Incapacidad temporal (lT), por enfermedad común o accidente no laboral, las competencias se asignan al facultativo de los Servicios Públicos de Salud. Por tanto, la emisión del parte de Incapacidad
temporal cuando la patología que presenta un paciente le impide desarrollar las actividades que supone su trabajo, el seguimiento de dichas patologías en relación con la imposibilidad total o parcial para trabajar y el alta médica cuando esté
recuperado y pueda incorporarse a su trabajo aunque continúe con algún tratamiento o esté pendiente de alguna prueba diagnóstica o intervención, estos trámites clínicos y administrativos son realizadas solo por los/as médicos/as de atención
primaria.
La necesidad de indicar reposo por sus patologías puede surgir por ingreso en hospital o por atención urgente, pero siempre tiene que acudir a consulta de atención primaria, el paciente o familiar (si está ingresado) para solicitar la IT.
A su vez, estos profesionales de atención primaria a veces requieren del informe preceptivo del correspondiente especialista, para conocer si la persona está en condiciones para incorporarse a su puesto de trabajo.
Esta competencia asignada en la práctica solo al médico de familia tiene efectos negativos sobre el funcionamiento del sistema sanitario de atención primaria.
Esta gestión de la IT podría mejorarse si los especialistas hospitalarios pudieran emitir los partes de baja médica a los pacientes que la necesiten durante su ingreso, y continuar con posterioridad, al alta en las consultas de atención
primaria.
En control y seguimiento de este proceso se facilitaría y mejoraría si cada especialidad hospitalaria en sus consultas indicara siempre una valoración de las limitaciones que tiene el paciente para su actividad laboral, el tiempo previsible
de reposo o indicar que puede incorporarse a su puesto de trabajo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover una reforma normativa que permita mejorar, agilizar y armonizar entre comunidades autónomas, los trámites para la gestión de bajas médicas por Incapacidad Temporal (lT), ya sea por enfermedad común o accidente no laboral.
- Estudiar que en la gestión de IT se impliquen otros especialistas médicos de los Servicios Públicos de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-Antonio Hurtado Zurera y Esther Peña Camarero, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004889
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo del reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, la siguiente Proposición
no de Ley sobre la derogación de los planes de ordenación del espacio marítimo (eólica marina) y en defensa del sector pesquero.
Exposición de motivos
En el Boletín Oficial del Estado de fecha 4 de marzo de 2023 se publicó el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas.
La publicación de estos planes ha despertado una gran inquietud e indignación en las comunidades pesqueras toda vez que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha desentendido totalmente de los compromisos
adquiridos ante los pescadores para que la implantación de infraestructuras eólicas marinas no tenga efectos indeseados en la tradicional explotación de los recursos marinos. Solo en Asturias están adscritos del orden de 1.500 trabajadores al
Régimen del Mar, sin contar con los que su actividad genera en la cadena comercial, por lo que los impedimentos hacia la pesca agudizarían una ya de por sí precaria situación laboral.
En el Congreso de los Diputados, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó el 7 de junio de 2022 una Proposición no de Ley en la que se respaldó el denominado Manifiesto de Burela con el que los representantes de colectivos
pesqueros y de las flotas que faenan en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco reflejaron con detalle la preocupación de cofradías, armadores y diversas organizaciones por la gran amenaza que hacia su modus vivendi supone la instalación de
infraestructuras eólicas marinas.
Tampoco esta iniciativa parlamentaria fue tenida en consideración por el Gobierno ya que los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas, aprobados el 28 de febrero en el Consejo de Ministros, no
atienden las preocupaciones expuestas por los representantes públicos que, de hecho, aprobaron la referida Proposición no de Ley por 35 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. El texto aprobado fue el siguiente:
'La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proteger al sector pesquero de la amenaza que supondría la ubicación de instalaciones eólicas marinas en caladeros y espacios dedicados a la actividad pesquera.
2. Atender el contenido del 'Manifiesto de Burela en defensa del sector pesquero del Cantábrico Noroeste' y dar audiencia a una representación de sus organizaciones, cofradías y entidades firmantes al
objeto de conocer de primera mano el objeto de su alarma ante la implantación de instalaciones y complejos eólicos marinos.
3. Evitar el severo perjuicio al sector pesquero y a la preservación de los ecosistemas marinos que supondría la implantación desordenada de este tipo de instalaciones eólicas y, en consecuencia, garantizar su compatibilidad con las
actividades pesqueras.
4. Evaluar a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Español de Oceanografía (IEO) el impacto de la instalación de complejos eólicos marinos sobre los recursos pesqueros y sus efectos sobre la
economía de las comunidades pesqueras del Cantábrico.'
(Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie D. Núm. 476, 22 de junio de 2022).
Asimismo, diferentes parlamentos autonómicos también expresaron su apoyo al contenido del 'Manifiesto de Burela' y respaldaron con posiciones políticas unánimes a los pescadores. Con la publicación de los planes de ordenación del espacio
marítimo también se refleja el desinterés del Gobierno en atender las preocupaciones de los representantes autonómicos y, a tenor de las recientes declaraciones de algunos Presidentes, tampoco la de varios ejecutivos autonómicos.
Por lo expuesto, el diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso formula ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dejar sin efecto el contenido de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los Planes de ordenación del espacio marítimo y revocar el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero.
2. Dar audiencia desde el máximo nivel ministerial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico así como del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los representantes de la Plataforma en Defensa de la Pesca
y de los Ecosistemas Marinos, así como a los de las federaciones y cofradías de pescadores afectados, para que puedan exponer sus discrepancias con la eólica marina y con el contenido del Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, publicado en el
Boletín Oficial del Estado el 4 de marzo de 2022.
3. Atender las iniciativas y resoluciones adoptadas en las Cortes Generales y en distintos parlamentos autonómicos en favor de los pescadores y de su oposición a los planes de la eólica marina tal y como finalmente han sido aprobados por el
Consejo de Ministros.
4. Elaborar los estudios científicos y de impacto socioeconómico que permitan determinar y precisar las consecuencias sobre los ecosistemas marinos y sobre la pesca la instalación de parques eólicos marinos, impidiendo, en todo caso, su
instalación hasta que no sean realizados y evaluados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2023.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso integral a las ayudas
para fertilizantes en agricultura, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Desde hace meses se habla de la reducción de la producción de fertilizantes y se ha producido un incremento de precios de estos, que se ha trasladado a los costes de producción de las explotaciones y, posteriormente, a los precios de los
productos, contribuyendo a aumentar la inflación. En abril de 2022, la Comisión emitió un informe en el que se aseguraba que no habría desabastecimiento de oleaginosas,
cereales o fertilizantes, al menos hasta el verano de 2023. No obstante, pese a las previsiones de garantía de abastecimiento, la Comunicación de la comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y
al Comité de las Regiones sobre salvaguardar la seguridad alimentaria y reforzar la resistencia de los sistemas alimentarios, de marzo de 2022, alertaba sobre los precios de piensos, fertilizantes y las subidas del precio de alimentos y proponía la
adopción de medidas extraordinarias, mientras que el gobierno español se inhibida en adoptar medidas para apoyar al sector.
En respuesta parlamentaria, a una pregunta realizada en septiembre de 2022, el gobierno proponía intensificar la innovación en la que ya estaba trabajando la industria y racionalizar el uso, además de sustituirlo por fertilizante orgánico,
en previsión de que se volviera a estabilizar la situación de costes. Así mismo, hacia especial referencia a la futura aprobación del Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, pero ni mención
a posibles ayudas.
Sin embargo, en noviembre de 2022, el ministro Planas sí que reclamaba en Bruselas medidas para asegurar la disponibilidad de fertilizantes a precios asequibles, en momentos en que se estaba planificando las siembras, y dar certidumbre a los
agricultores con medidas concretas para evitar que redujeran la producción y preservar la seguridad alimentaria. En más, en aquel momento ya se hizo referencia a incrementos del 149 % al precio de los fertilizantes, entre septiembre de 2021 y
septiembre de 2022.
Nuevamente, el ministerio no asumía ninguna responsabilidad y a regañadientes incluía la minoración del rendimiento neto en el 15 por ciento del precio de adquisición de los fertilizantes, en la orden de módulos para 2023 aprobada a final de
mes.
Hablando de seguridad, hay que recordar que, desde diciembre de 2021, antes de iniciarse la guerra de Ucrania, la Disposición adicional primera de la Ley 16/2021 por la que se modificaba la Ley de la Cadena alimentaria ya incluía la
previsión y obligación de bonificar hasta el 35 % el gasóleo y 15 % plásticos y fertilizantes.
Sin embargo, llegados a final de año, las optimistas previsiones del gobierno no se volvían a cumplir y el fuerte incremento de la inflación obligó a afrontar el apoyo a los fertilizantes con ayudas en el Real Decreto Ley de medidas de
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, que se aprobaba de forma prácticamente simultánea a la normativa de
fertilización que suponen más limitaciones en la gestión del uso de fertilizantes.
El diseño de las ayudas aprobadas es sustancialmente mejorable. En primer lugar, en un mercado que supone en torno a 2.000 millones anuales de gasto, en años previos, que supone las ayudas aprobadas.
En segundo, saber cuántos agricultores no van a poder acceder a las ayudas. Por un lado, el sistema de acceso deja fuera de la percepción de ayudas a los fertilizantes a todo el sector hortofrutícola español al vincular los pagos
exclusivamente a perceptores de PAC, por otro, según el último Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de 900.000 explotaciones agrarias, y menos de 650.000 perceptores de ayudas PAC, por tanto, del orden de unas
250.000 no pueden ni optar a estas ayudas. Si comparamos los datos del FEGA, de superficies declaradas en la PAC, y los de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, arroja que hay
casi 440.000 hectáreas de tierras arables y 1.190.000 hectáreas de cultivos permanentes que quedarían fuera de las ayudas excepcionales contempladas en Real Decreto-Ley 20/2022.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Revisar los criterios de reparto para que las ayudas para la adquisición de fertilizantes establecidos en el Real Decreto-Ley 20/2022, no excluyan a ningún tipo de explotación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2023.-Milagros Marcos Ortega, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004901
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plural.
Proposición no de Ley sobre la adaptación del seguro agrario combinado a las necesidades y características de los cultivos y a los desafíos del cambio climático.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma presentada mediante escrito número de registro 262697 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
adaptación del seguro agrario combinado a las necesidades y características de los cultivos y a los desafíos del cambio climático, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La situación actual del sector citrícola en la Comunitat Valenciana es delicada, especialmente en cuanto a los riesgos climáticos y adversos a los que se enfrenta La siniestralidad en los cultivos de cítricos, especialmente en relación con
el pedrisco, es una preocupación constante para los agricultores, ya que puede afectar gravemente a su rentabilidad, y en algunos casos, poner en peligro la viabilidad de sus explotaciones. Por esta razón, el seguro agrario es una herramienta
fundamental para garantizar la estabilidad y, sobre todo, la seguridad económica del sector.
Sin embargo, y así lo hacen saber las diferentes organizaciones agrarias del territorio, las modificaciones presentadas para el seguro del Plan 2023 empeoran las condiciones de la línea del seguro de cítricos, y no suponen una alternativa
real a la Extensión de Garantías recogida en los condicionados del seguro aprobados por la Dirección General de Seguros (DGS) desde el año 2001, y que ahora se ha suprimido. Así, por ejemplo, el plan 2023 mengua las garantías ofrecidas a los
agricultores y priva de cobertura a algunos productores en específico, como sucede con la situación de viento con los limones.
Las organizaciones agrarias en la Comunitat Valencia y en el resto de España denuncian públicamente que una situación similar a la descrita para el seguro de cítricos se reproduce en otras líneas de aseguramiento y han sido reiteradas las
críticas del sector en las modificaciones ya introducidas o propuestas para los seguros para frutales, almendro, cereza, pastos y otras producciones.
Estas limitaciones en la flexibilización y en las coberturas del seguro son un obstáculo al que se tendrá que enfrentar el sector agrícola, porque desincentiva la contratación y este es el mayor riesgo que corre el sistema Entendemos que,
aunque aumenten las siniestralidades, se debe mantener un equilibrio entre los intereses de las aseguradoras y las garantías de los productores citrícolas y del resto de producciones
para que el Seguro Agrario cumpla su objetivo principal que es el de proteger rentas ante situaciones adversas. Por todo lo anteriormente explicado, realizo la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los diputados insta al Gobierno a:
1. Que se promueva la adaptación del seguro agrario combinado a las necesidades y características de los cultivos y a los desafíos del cambio climático, ampliando las coberturas y garantías y manteniendo la Extensión de Garantías.
2. Que se impulse el papel de ENESA como órgano de coordinación y enlace por parte de la Administración para las actividades vinculadas a los seguros agrarios, realizando estudios para ir ampliando las coberturas de riesgos y no
disminuyendo las garantías de los diferentes seguros, en línea con su misión de actuar como garante de la estabilidad del sector asegurador agrario y de la protección de los agricultores.
3. Que se tenga en cuenta la opinión de las administraciones autonómicas, organizaciones agrarias y cooperativas en la elaboración de los planes de seguro agrario, garantizando la participación activa y el diálogo constructivo en los grupos
de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004903
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la integración y convivencia de
los usos agrícolas y renovables del suelo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Nuestro país necesita un enorme despliegue de renovables, debido a la descarbonización de la economía, el aumento de demanda fruto de la electrificación de otros sectores, o la expansión de nuevas soluciones como el hidrógeno verde. Sin
embargo, por muy importante y urgente que sea este despliegue, que lo es, no se puede hacer en contra de la población, y mucho menos de aquella que conforma el sector agrícola de nuestro país. Estos choques se están empezando a producir en
múltiples municipios y regiones de España, especialmente en zonas castigadas por la despoblación, pero también cerca de grandes núcleos como Jerez de la Frontera. Dicha polémica trae causa de la expansión de cada vez más proyectos renovables
(eólicos y fotovoltaicos, principalmente), a costa en muchos casos de otros usos del suelo (agrícola, principalmente). Si bien muchos propietarios de terrenos han optado por un uso con un mayor margen de beneficio, el impacto que este cambio de uso
tiene sobre el empleo agrícola y el paisaje rural provoca, en muchos casos, la preocupación de los vecinos.
Los proyectos renovables son fuentes de innovación, empleo e inversión, además de garantizarnos más sostenibilidad, menos dependencia y menores precios de la electricidad. Para que generen la mínima desafección ciudadana, el Gobierno debe
emplearse a fondo en la clasificación de zonas en las que dichos proyectos maximizarán la eficiencia y minimizarán el impacto. Para que esta agilización dé los frutos que debe (un despliegue masivo de renovables en nuestro país), la vigilancia
sobre el impacto de estos proyectos y la forma de maximizar su eficiencia debe ser la máxima posible. De esta forma, aseguramos que los ciudadanos disfruten al máximo de los efectos positivos de este despliegue (más sostenibilidad, menos
dependencia y menores precios de la electricidad, empleo, inversión e innovación en España), sufriendo los menores efectos adversos que sea posible. Sólo así podemos combatir el discurso tóxico y populista de la colonización energética.
Para ello, nuestro grupo parlamentario lleva haciendo múltiples propuestas desde que comenzara la crisis de precios de la energía, hace ya casi dos años. Ya que el Gobierno tuvo a bien asumir algunas de
estas propuestas, como es el caso de la declaración de urgencia de los proyectos renovables contenida en el Real Decreto-ley 20/2022, convendría que sopesaran también las siguientes medidas, destinadas a hacer un uso más eficiente del suelo
para el despliegue de las energías renovables, priorizando la integración sobre la competición con agricultura y ganadería:
1. Impulsar la integración de usos agrícolas y renovables, en vez de la sustitución:
Según un estudio publicado por Nature, con que solo un 1 % de los terrenos cultivables se combinaran con la producción de electricidad solar, sería posible compensar la demanda mundial de energía. Apoyar la penetración de la agrovoltaica,
como se conoce a la integración de la energía fotovoltaica en el sector agrícola y ganadero, ha sido una demanda defendida en múltiples ocasiones por Ciudadanos, obteniendo la ignorancia o el veto directo del Gobierno. Sin embargo, esta práctica
puede aumentar la eficiencia de ambos usos y armonizarlos mejor, allí donde las condiciones climáticas lo permiten (gran parte del territorio español):
- Protege los cultivos contra las altas temperaturas y las condiciones climáticas extremas.
- Reduce la evaporación de agua y aumenta la humedad del suelo, consiguiendo ahorros de agua de hasta el 29 %.
- Protege el ecosistema, ayudando a conservar la biodiversidad y reduciendo el uso de herbicidas. También se pueden combinar con pastos y la cría de animales en el mismo terreno.
- Aumenta el rendimiento en la producción la electricidad, ya que el rendimiento de los paneles fotovoltaicos depende de la temperatura y, gracias al efecto refrigerante de la evaporación del agua, el rendimiento de los paneles aumenta hasta
en un 10 %.
2. Facilitar la digitalización e interacción ciudadana con la integración de la energía renovable: la herramienta 'Zonificación ambiental para energías renovables: Eólica y Fotovoltaica', es de una gran utilidad a la hora de identificar
posibles emplazamientos para proyectos renovables, ya que clasifica el territorio atendiendo a criterios de idoneidad energética o medioambiental. Recientemente se incluyó también el indicador relativo a planes de recuperación y conservación de
especies amenazadas, actualizado con los elementos proporcionados por el Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como los espacios de la Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos,
Reservas de la Biosfera, humedales incluidos en la Lista RAMSAR y parte terrestre de las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo. Para una gran cantidad de interesados o potenciales interesados en las posibilidades
renovables de un terreno, sería de gran utilidad incluir en dicha herramienta una lista de las restricciones que pueden afrontar los proyectos de este tipo según su afectación a un espacio protegido.
Todas estas medidas ayudarían a reducir la presión sobre los terrenos, desbancando de paso al discurso populista de las colonias energéticas. Ya que el Gobierno no lo enfrenta directamente, entendemos que por motivos de apoyos políticos, al
menos podría quitarle su razón de ser aumentando su apuesta por una optimización de nuestro despliegue renovable. El propio Secretario de Estado de Medio Ambiente afirmó en prensa que la frase 'eólica sí, pero no así' quiere decir en realidad
'eólica sí, pero no aquí', en respuesta a socios del Gobierno que han denunciado una supuesta colonización energética de algunas regiones españolas.
Afortunadamente, nuestro grupo no tiene esa concepción tan estrecha y egoísta de los recursos que utilizamos todos, igual que no lo tiene la inmensa mayoría de la población. Esperamos sinceramente que tampoco lo tenga el Gobierno, que deje
de legitimar pasivamente este tipo de discursos, y que tenga en cuenta nuestras propuestas para optimizar el despliegue de la energía renovable en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, allí donde sea más eficiente, la integración de usos agrícolas y renovables del suelo, en vez de la competición entre los mismos, a través de líneas de financiación específicas.
2. Aclarar qué se entiende exactamente por 'afección al patrimonio cultural' e 'incidencia socio-económica sobre el territorio' en los resúmenes ejecutivos para proyectos renovables indicados en
el artículo 22.2 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de
vulnerabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo
reglamentario de la gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas para su debate en instancia en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La pesca es un sector económico que tiene una gran importancia económica y social en el Estado. Concretamente en Catalunya, la pesca y acuicultura y el correspondiente proceso de distribución representa, con datos de 2019, un valor de
negocio de más de 5.300 millones de euros y la ocupación de más de 17.300 personas. Además, desde las instituciones competentes, en este caso la Generalitat de Catalunya, se están llevando estrategias de fomento, investigación e innovación de la
llamada economía azul.
Para el sector pesquero, pues, la gestión de las posibilidades de pesca es un tema relevante que hay que tener en cuenta y ha sido un asunto que, durante la tramitación de la recién aprobada Ley de pesca, ha conllevado un amplio debate con
el sector. La nueva Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, en su artículo 42.5 de, establece que 'por real decreto se determinarán los casos justificados en que no se considerará que no se utilizan las posibilidades de pesca'.
En definitiva, una vez aprobada esta nueva ley, entendemos que la obligación de la Administración General del Estado es desarrollarla reglamentariamente con la máxima celeridad posible y la máxima participación del sector y entidades que han
trabajado durante la tramitación de la ley, así como de las Comunidades Autónomas como administraciones competentes en la materia.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Desarrollar, en un plazo no superior a 6 meses, el real decreto previsto en el artículo 42.5 de la Ley de Pesca sobre la gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas.
2. Garantizar la participación del sector y de las Comunidades Autónomas afectadas durante el proceso de redacción de dicho real decreto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2023.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el funcionamiento del
Observatorio de la Cadena Alimentaria y las actuaciones del control de precios alimentarios, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Observatorio de la Cadena Alimentaria fue creado por la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria se crea, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, con las funciones de seguimiento, asesoramiento, consulta, información y estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria y de los precios de los alimentos.
Entre otras competencias, relacionadas con el funcionamiento de la cadena alimentaria y las relacionadas con los precios de los alimentos, el Observatorio de la Cadena Alimentaria subsumía las funciones del Observatorio de Precios de los
Alimentos creado en 2000. Este órgano está formado, además de por diversos ministerios, por Comunidades Autónomas, todos los agentes de la cadena y los representantes de los consumidores, que debería haber estado al tanto y haciendo propuestas ante
la constante escalada de precios de los alimentos y que, sin embargo, ha estado desaparecido:
En este sentido, el Título IV de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, establece las funciones, composición y funcionamiento del Observatorio de la Cadena Alimentaria, entre las que podemos destacar las siguientes:
- Elaborar propuestas de actuación de las Administraciones competentes, así como recomendaciones a los diversos agentes económicos intervinientes, empresas e instituciones públicas o privadas tendentes a mantener la necesaria estabilidad en
un marco de desarrollo abierto a la competencia y equilibrio en los precios de los alimentos, compatible todo ello con el derecho comunitario.
- Analizar la estructura básica de los precios y los factores causantes de su evolución, en los alimentos de mayor importancia relativa en la producción y el consumo, en los distintos escalones de su formación.
- Analizar y estudiar de forma continuada la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como los factores causantes de su evolución, en los productos de mayor importancia estratégica para el sector agroalimentario
español.
Además, el Observatorio tiene la obligación legal de elaborar anualmente 'un informe de evaluación de los avances registrados y los resultados logrados en la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y de la eficacia de las
actuaciones desarrolladas, que será remitido a las Cortes Generales'.
El órgano colegiado constituido especialmente para analizar, estudiar y elaborar propuestas de actuación de control de precios no se habría convocado desde julio de 2021. Es decir, 20 meses sin reunirse cuando, según lo establecido en el
Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena, 'el Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria se reunirá con carácter
ordinario, al menos, dos veces a lo largo del año...'
Algunos análisis económicos establecen el inicio de la escalada de la inflación en el inicio de 2021, como consecuencia del aumento de la demanda y el consumo tras los meses de pandemia. Quizás el dato más evidente es el incremento del +5,6
% del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mes de noviembre de 2021.
Si nos centramos en el incremento del IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento ha sido progresivo desde 2020, pero ha sido mucho más acusado desde octubre de 2021, acumulando desde finales de 2020 una subida del +21,9 %.
Con esta situación de descontrol, la ausencia de iniciativa por parte de los responsables en alimentación ha provocado que una parte del Gobierno, sin competencias en materia agroalimentaria, haya realizado planteamientos que ponen en riesgo
el equilibrio de la cadena alimentaria, incluso a calificar como 'especuladores del capitalismo' a los miembros del Observatorio.
Aunque el secretario general de Agricultura y Alimentación, D. Fernando Miranda, destacaba durante la novena reunión de Observatorio de la Cadena Alimentaria, celebrada al inicio de legislatura, el mandato del ministro Luis Planas de abrir
nuevas mesas de diálogo con todos los agentes de la cadena alimentaria, la realidad es que al gobierno parece estorbarle las críticas o las propuestas de otros y reconocer la mala situación que atraviesa el sector.
No es hasta el 20 de febrero de 2023 cuando el Gobierno convoca de forma extraordinaria el Observatorio de la cadena alimentaria. En esta ocasión la reunión fue presidida por el propio ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Luis Planas, y de ella solo se tiene constancia de la información transmitida por el gobierno en su nota de prensa y no de las propuestas realizadas por sus componentes.
Por otra parte, es especialmente reseñable que, aunque la Ley obliga a que toda la información, informes o datos referidos al Observatorio serán públicos, salvo que esté expresamente prohibido por la Ley. El último informe anual publicado
en la web del ministerio es el referido a 2020 y tampoco hay constancia del informe anual a las Cortes Generales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aumentar la transparencia del Observatorio de Cadena Alimentaria, publicando y manteniendo actualizada la información, informes o datos que son legalmente exigidos.
- Hacer públicas las propuestas planteadas por el conjunto de los integrantes del Observatorio, como órgano consultivo y asesor.
- Aplicar con celeridad, una vez consensuadas, las medidas más eficaces propuestas en el seno del Observatorio para reducir el precio de la cesta de la compra sin perjudicar a quienes producen, trasforman y venden.
- Aplicar medidas que reduzcan realmente los costes que asumen los agentes de la cadena, especialmente de los productores, sin esperar a que se estabilice la inflación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2023.-Tomás Cabezón Casas, Juan Manuel Constenla Carbón, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Milagros Marcos Ortega, Juan José Matarí Sáez, Javier
Merino Martínez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo y puesta en marcha del SIEX, Sistema de Información de
Explotaciones Agrarias, para su debate y votación en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En diciembre de 2022, el Gobierno estableció y reguló el sistema de Información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX). Podemos afirmar que ha sido un proyecto ambicioso y complejo, que ha requerido la
colaboración y el esfuerzo de diferentes actores y organizaciones, tanto públicas como privadas.
El SIEX lo formará la información incluida en los cuadernos y libros de los registros que las comunidades autonómicas tienen de las explotaciones agrarias. Estos datos se copiarán en la base de datos que tendrá el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
La finalidad que se persigue con la creación de este sistema es acometer la digitalización del sector agrícola, reduciendo los trámites, automatizando la solicitud única de la PAC y consiguiendo una gestión eficaz de la misma.
Otro de los propósitos de este sistema es que la información obtenida con el SIEX pueda servir de base para conducir la política agraria general y sectorial.
También es de destacar que el SIEX se convertirá en un instrumento de la agricultura de precisión para facilitar la sostenibilidad económica, siendo al mismo tiempo, más respetuosa con el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.
Este nuevo sistema contribuirá a la evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de la PAC 2023/2027, lo que puede contribuir a una mayor eficiencia y sostenibilidad del sector agroalimentario en España.
Todo esto nos indica que España destaca en la innovación, modernización y digitalización de la PAC.
Es importante señalar que este sistema posibilitará a los agricultores y ganaderos conseguir toda la información que las administraciones tienen de sus explotaciones agrarias para emplearlo en la mejora de su gestión.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar y poner en marcha el SIEX, Sistema de Información de Explotaciones Agrarias, de modo que facilite la gestión para agricultores y ganaderos, permitiendo reutilizar en su gestión
empresarial toda la información disponible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-Juan Francisco Serrano Martínez y Ariagona González Pérez, Diputados.-Esther Padilla Ruiz e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de apoyo al sector agroalimentario español, durante la presidencia de
España del Consejo de la Unión Europea (UE), para su debate y votación en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
España asumirá, por quinta vez, la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre de 2023, desde el 1.º de julio hasta el 31 de diciembre.
La Presidencia del Consejo se reparte entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE), mediante un sistema de rotación igual y orden determinado, por turnos de seis meses.
El Consejo de la UE es uno de los órganos esenciales de decisión en la UE y es responsable de coordinar la actuación de los Estados miembros en ámbitos específicos, como política de empleo, medidas económicas y presupuestaria.
Asimismo, se ocupa, también, de negociar y adoptar la legislación de la UE, en la mayoría de los casos junto con el Parlamento Europeo, y de celebrar acuerdos internacionales, entre otras funciones.
Durante los seis meses de presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se celebrarán 7 consejos de ministros de Agricultura y Pesca, dos de ellos de carácter informal que tendrán lugar en Vigo, en julio, sobre asuntos pesqueros, y
en Córdoba, en septiembre, dedicado a temas agrarios.
El primero, centrado en la eficiencia energética de la flota pesquera, versará sobre la modernización de los buques y su necesaria descarbonización, y el de agricultura tendrá como ejes el cambio climático y la aplicación de las nuevas
tecnologías en el sector primario.
Además, está ya programado un calendario con más de 21 reuniones y eventos relacionados con la presidencia, que se iniciarán próximamente en Jerez de la Frontera, con la celebración del Congreso Mundial de la Viña y el Vino.
El avance en la sostenibilidad de las actividades agraria y pesquera centrará una de las prioridades de España en la presidencia de la UE.
Entre los asuntos legislativos que afrontará la UE durante el semestre de presidencia española figuran:
La revisión normativa sobre bienestar animal y material reproductivo vegetal y forestal; los nuevos reglamentos sobre la información al consumidor en el etiquetado de productos, sobre uso sostenible de fitosanitarios y el de Indicaciones
Geográficas y regímenes de calidad, así como la directiva de Residuos.
En materia pesquera, será necesario negociar los TACs y cuotas para 2024, un nuevo reglamento de contingentes arancelarios, y reglamentos de transposición de normas de las ORPs. Además, se negociarán diversos acuerdos entre los que se
encuentra el acuerdo con Marruecos.
Avanzar en la sostenibilidad de las actividades agraria y pesquera y de los sistemas alimentarios será la cuestión de fondo de los asuntos que marcarán la agenda de prioridades de España durante la presidencia de la Unión Europea.
Los seis meses de la presidencia de España serán los últimos en los que se puedan cerrar dosieres legislativos antes de las elecciones europeas del próximo año.
Cabe poner de relieve que la presidencia española tiene entre sus objetivos:
Dar un impulso al debate sobre las nuevas técnicas genómicas en la producción vegetal, que será el tema monográfico del consejo informal que se celebrará en septiembre en Córdoba.
El reglamento de información alimentaria al consumidor, con cuestiones como el etiquetado nutricional frontal, será otro asunto de la agenda del Consejo UE durante la presidencia española.
Además, entre los temas no legislativos, la presidencia española solicitará a la Comisión Europea que realice un balance de la aplicación de los planes estratégicos nacionales de la nueva Política Agraria Común (PAC) tras su primer año de
vigencia.
Por otro lado, en materia de pesca, durante la presidencia española UE se orientarán los debates hacia la descarbonización del sector, y sobre el papel de la pesca como garante de la seguridad alimentaria europea.
Podemos señalar, en definitiva, que se prestará especial atención al mundo agrícola y pesquero en defensa de los intereses y prioridades del sector agroalimentario y pesquero español, en un contexto de cambios y desafíos importantes para
este sector en Europa y en todo el mundo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a defender los intereses y prioridades del sector agroalimentario y pesquero español en las propuestas legislativas que se debatirán en los próximos meses y, en especial, durante la
presidencia española del Consejo de la Unión Europea, con cuestiones de gran interés como la normativa de información a los consumidores (etiquetado de origen, etiquetado frontal nutricional, o marcado de fechas), vegetales producidos con nuevas
técnicas genómicas, el reglamento de uso sostenible de fitosanitarios, en ámbito pesquero TAC y cuotas para el año 2024, reglamento de contingentes arancelarios o acuerdos bilaterales de pesca, y, también en indicaciones geográficas protegidas,
atendiendo en todo caso a la necesaria protección ambiental en estos ámbitos, y siempre en el respeto al Pacto Verde Europeo y a los objetivos de la Estrategia para la Sostenibilidad de Sustancias Químicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-Juan Francisco Serrano Martínez y Ariagona González Pérez, Diputados.-Esther Padilla Ruiz e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve y del Diputado Xavier Eritja Ciuró al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el uso de agua regenerada para su debate en instancia en la Comisión de Transición ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La industria cárnica por su propia actividad es un consumidor intensivo de agua y, en particular, las empresas dedicadas al sacrificio de animales y a la producción de carne. En concreto, existen determinadas actividades de dichas empresas
como la limpieza y la desinfección de los vehículos de transporte de animales o la limpieza de las cuadras de estabulación y sus accesos, previas al sacrificio, que actualmente son limpiadas e higienizadas con agua potable.
Actualmente, diferentes planteamientos como son la iniciativa 'Green Deal' impulsada por la Unión Europea, así como los acuerdos derivados de la cumbre mundial 'Cop-27' señalan también a la industria cárnica en relación con la necesidad de
optimizar la gestión y minimización del consumo de agua potable, cuestión que incide directamente sobre este colectivo empresarial.
Para dar cumplimiento a estos requisitos medioambientales, una de las estrategias pasa ineludiblemente por la utilización de agua regenerada únicamente en aquellos usos que no supongan un riesgo para la salud pública ni una contaminación
cruzada en el consumo de los alimentos. Así, se podría admitir el uso de diferentes calidades de agua regenerada para la limpieza en las diferentes zonas de la actividad industrial cárnica como por ejemplo: la zona de tránsito de animales vivos
(camiones de transporte de ganado en vivo y zona de descarga de los animales, zonas de estabulación y accesos al sacrificio) ya que es la zona más sanitariamente compatible con el uso de agua regenerada y requiere de un nivel de calidad del agua muy
diferente a la limpieza de otras zonas que están en contacto de los alimentos o las zonas de proceso productivo cárnico; los camiones de animales vivos ya que éstos se limpian y desinfectan todos y cada vez que han descargado los animales; la zona
de establos, ya que se limpia y desinfecta como mínimo una vez se termina la actividad; y finalmente, las zonas de mucho tránsito de ganado que se limpian de dos a tres veces al día. En la actualidad toda el agua usada en estas zonas es la de
consumo humano, como toda la utilizada en la industria alimentaria cárnica.
La actividad desarrollada en los espacios de la industria cárnica con animales vivos se asimila más a una explotación ganadera que a una industria alimentaria. De hecho, en ambas actividades encontramos camiones para el transporte de
animales en vivo y diferentes establos. Aunque en esta actividad ganadera el uso de agua de limpieza no es tan intensiva, los camiones acceden limpios y desinfectados y los establos suelen limpiarse en momentos puntuales cuando se provece a un
cambio de ubicación de los animales.
El sector cárnico está contribuyendo en la circularidad del ciclo del agua y sigue apostando por la sostenibilidad ambiental del agua. El uso de agua regenerada es un ámbito de crecimiento de estos aspectos en el sector, y el uso de agua
regenerada para la zona de animales en vivo, es el uso más compatible del sector. La disposición de una legislación clara que potencie este uso más compatible ha de provocar que se introduzca esta agua regenerada en estas industrias.
El agua regenerada está regulada en el uso en la industria alimentaria, según el anexo I.A.3, calidad 3.1.c) del RD 1620/2007, para uso en proceso y limpieza. Esta regulación integra cualquier uso durante el proceso de fabricación de un
producto alimentario y cualquier tipo de limpieza de equipos e instalaciones en contacto con los alimentos que se realice en una industria alimentaria.
Es en este punto donde el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (DOUE n. 177, de 5 de junio de 2020), supone una notable
oportunidad para la utilización de las aguas regeneradas en determinadas actividades y aliviar en este sentido el estrés hídrico.
En concreto, dicha disposición europea, en su Anexo I Sección I establece:
'Sin perjuicio de otras normas de Derecho de la Unión Europea aplicables en los ámbitos del medio ambiente y de la salud, los Estados Miembros podrán utilizar agua regenerada para usos adicionales tales como la reutilización del agua en la
industria.'
Hoy en día, el Gobierno español no ha procedido al desarrollo normativo que le faculta el citado Reglamento Europeo para ampliar el uso de agua regenerada a otros usos de los ya regulados en el Reglamento (UE) 2020/741, cuestión que de
producirse supondría un avance en el cumplimiento de los compromisos medioambientales establecidos por los acuerdos del 'Cop-27' o por los requisitos establecidos en el 'Green Deal' de la Unión Europea.
Por razonamiento análogo al anterior, y teniendo en cuenta que el Real Decreto 1620/2007 no clarifica suficientemente el tema, sería deseable que el citado desarrollo normativo aclarase que está permitido el uso de agua regenerada en la
limpieza de las zonas de las explotaciones ganaderas donde se ubican los animales, con una calidad mínima que debería concretarse normativamente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el plazo de seis meses, a:
- Impulsar el desarrollo normativo necesario para definir el uso de agua regenerada en la limpieza de la industria cárnica, específicamente en las zonas de animales vivos que no están en contacto con alimentos ni con las zonas del proceso
productivo cárnico.
- Impulsar el desarrollo normativo necesario para definir el uso de agua regenerada en la limpieza de las zonas de las explotaciones ganaderas donde se ubican los animales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-Joan Capdevila i Esteve y Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora de las condiciones de accesibilidad de los cajeros automáticos, para
su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Las dificultades de accesibilidad y la complejidad de los cajeros automáticos son en la actualidad un problema social que impide a la ciudadanía acceder a servicios bancarios que como consecuencia de la desaparición de sucursales ha dejado
de ser de trato personalizado.
Sacar dinero en un cajero automático se hace muy complicado para personas con discapacidad física o sensorial. Estas dificultades obedecen a condiciones físicas de los cajeros automáticos como son las barreras arquitectónicas de falta de
espacio, altura no adaptada a personas en silla de ruedas, letras pequeñas y pantallas poco iluminadas, entre otras.
Por otra parte, los actuales cajeros automáticos han dejado de ser los originarios que prestaban servicios básicos de retirada de dinero, con instrucciones simples y sencillas. En la actualidad los cajeros se han convertido en terminales de
autoservicio que ofrecen un amplio catálogo de operaciones y una enorme complejidad en las instrucciones para su uso. Este nuevo modelo de cajero automático impide a muchas personas con dificultades de aprendizaje poder hacer uso de los mismos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reclamar a las entidades bancarias, en colaboración con el Banco de España, a eliminar las barreras arquitectónicas relacionadas con el acceso a los cajeros automáticos, así como a mejorar la accesibilidad física a los mismos para toda
la ciudadanía.
2. Solicitar a las entidades bancarias la simplificación del uso de los cajeros, a través de instrucciones y operaciones básicas y sencillas, evitar situaciones de exclusión financiera derivadas de la complejidad de los servicios prestados
a través de los cajeros automáticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2023.-Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaraz, Valentín García Gómez, Antonio Hurtado Zurera, María Ángeles Marra Domínguez, José Luis Ramos Rodríguez, María Tamara Raya
Rodríguez, Diego Taibo Monelos, Pedro Casares Hontañón, Begoña Nasarre Oliva, José Antonio Rodríguez Sala y José Carlos Durán Peralta, Diputados.-José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un nuevo abordaje del sarcoma dentro del marco de la Estrategia en Cáncer del
SNS, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Los sarcomas son una variedad poco común de cáncer que aparece en los huesos o en tejidos, como los músculos o los nervios. No superan el uno por ciento de todos los cánceres y se diagnostican cada año, sólo en cuatro o cinco personas de
cada cien mil, siendo la localización en extremidades o pared de tronco en el 70 % de los casos.
Concretamente, la incidencia de sarcomas de parte blandas es de 4-5 casos nuevos por 100.000 habitantes, teniendo estos una incidencia aproximadamente superior 3-4 veces a los óseos.
Aunque pueden aparecer en cualquier edad, muchos de los afectados son adolescentes, adultos jóvenes o niños y niñas.
Existen más de 150 variedades de sarcomas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Algunas de ellas son muy semejantes entre sí, pero otras poseen características únicas que influyen en su tratamiento.
Todos los sarcomas tienen peculiaridades de diagnóstico y tratamiento que los hacen muy diferentes de los cánceres más comunes.
Es cierto que el tratamiento debe iniciarse cuanto antes en esta clase de enfermedades, ya que un diagnóstico temprano es crucial para el pronóstico de la enfermedad.
El abordaje más recomendable de estos pacientes, según todos los análisis derivados de distintos estudios y siguiendo las recomendaciones de las guías de práctica clínica en sarcoma europeas y nacionales, es su derivación a hospitales con
equipos multidisciplinares experimentados en su diagnóstico y tratamiento.
Existen estudios observacionales realizados en diferentes países que establecen los beneficios clínicos para los pacientes de ser tratados en centros de referencia, tanto a nivel cuantitativo, como por los beneficios de disponer un equipo
experto multidisciplinar, en términos de menor morbilidad y mejor supervivencia.
Actualmente, el Ministerio de Sanidad ha acreditado siete centros de referencia en sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en adultos, y cuatro en sarcomas en la infancia.
La recientemente actualizada Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS), establece entre sus prioridades de actuación, 'La evidencia, junto con el interés de los pacientes afectos de tumores raros, orienta a la necesidad de
ordenar los flujos de pacientes en determinados tratamientos de cáncer raros o bien en procesos de elevada complejidad para que sean tratados en centros de referencia designados por las autoridades sanitarias. A partir de analizar los resultados
clínicos y con criterios de volumen de casos, el establecimiento de redes asistenciales entre los centros de referencia y el resto de
hospitales de su entorno geográfico indudablemente contribuirá a mejorar el proceso asistencial entre los hospitales y a realizar todos los tratamientos que no sean complejos en los hospitales cercanos a la residencia del paciente'.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con las CCAA, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, y en el marco de la Estrategia en Cáncer del SNS:
1. Evaluar el funcionamiento de los protocolos de derivación y seguimiento a centros de referencia de los pacientes diagnosticados de sarcoma en el SNS.
2. Estudiar el establecimiento de criterios comunes en el seno del Consejo Interterritorial del SNS sobre los protocolos de actuación y derivación clínica para pacientes adultos con sarcoma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2023.-Carmen Andrés Añón, Ana Prieto Nieto, Julio Navalpotro Gómez, José Luis Aceves Galindo, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces, Rafael José Vélez, José
Ramón Ortega Domínguez, Elvira Ramón Utrabo, Marisol Sánchez Jódar, Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances
reales en la prevención y en la reducción de las agresiones a profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Policía Nacional hizo público el pasado 1 de marzo de 2023 el balance de las agresiones contra profesionales sanitarios cometidas en toda España durante 2022.
De acuerdo con los datos incluidos en dicho balance, el año pasado se realizaron 8.812 actuaciones policiales relacionadas con agresiones a sanitarios, de las que 6.188 se produjeron durante asistencias sanitarias realizadas en domicilios
-las 2.624 intervenciones restantes derivaron de la atención prestada en centros asistenciales- y 60 dieron lugar a detenciones.
Sólo las denuncias registradas en 2022 por la Policía Nacional -su balance no contempla las interpuestas ante la Guardia Civil y las policías autonómicas y locales- ascendieron a un total de 241 -por las 225 de 2021, es decir, un 7 % más-,
correspondiendo el 42 % de ellas a agresiones físicas. Entre los colectivos de profesionales denunciantes, la Policía Nacional destaca a los médicos -responsables del 68 % de las denuncias-, seguidos de enfermería -con el 24 %- y de técnicos
sanitarios -con un 8 %-.
En el mismo sentido y el mismo 1 de marzo, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos concretaron vía 'Twitter' (@CGCOM_Esp) las cifras ofrecidas por la Policía Nacional, precisando que 'las agresiones a profesionales de la
salud han subido respecto al año pasado un 7 %', aunque en mayor medida en el caso específico de los médicos, en el que 'han aumentado un 10 %', pasando 'del 58 % al 68 %'.
Además, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos destacaron que 'el 17 % de los agresores son reincidentes', que 'han aumentado las amenazas verbales mientras han disminuido las lesiones físicas', que 'las mujeres padecen el
63 % de las agresiones', que 'el 62 % de los agresores son hombres', y que 'además de agresiones, en los centros sanitarios se dan otros delitos como hurtos, robos con fuerza y robos con violencia'.
Son cifras y valoraciones convergentes con las que se hicieron públicas el pasado 7 de febrero desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España -se presentó un informe correspondiente al año 2021 en el que están
registradas un total de 1.629 agresiones a enfermeras- y con las contempladas por el referido Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en el marco de actividad de su 'Observatorio Nacional de Agresiones'.
Las cifras más recientes de dicho observatorio, correspondientes a 2022, fueron presentadas el pasado 9 de marzo y cuantifican en 843 las acciones violentas comunicadas a los colegios de médicos, es decir, 231 más que en 2021, un 38 % más.
Este dato representa 'el récord histórico' desde la puesta en marcha del referido observatorio en 2010 y sitúa en 6.492 el total de agresiones registradas en los últimos doce años.
Del total de esas acciones violentas, el 84 % fueron insultos y amenazas, el 61 % a mujeres y el 43 % en atención primaria. Además, el 64,3 % estuvieron relacionadas con el tiempo de espera asumido por los pacientes para ser atendidos y el
48 % fueron realizadas por pacientes programados.
Aunque los representantes de los profesionales sanitarios ponen en valor iniciativas como la 'Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud',
que fue aprobada en julio de 2017 desde el Ministerio del Interior en colaboración con el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que supuso avances destacados como el establecimiento de un protocolo de actuación y la
creación de la figura del interlocutor policial, los mismos profesionales, a tenor de la evaluación experimentada por las agresiones a los profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud en los últimos años, consideran necesario desarrollar
nuevas medidas que favorezcan la prevención y posibiliten un mejor abordaje de estas situaciones.
Por ejemplo, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España solicitan a partir del referido informe más medios en términos de seguridad y mejores vías para facilitar la denuncia de las agresiones, al tiempo que
consideran prioritaria una mayor información y sensibilización de la sociedad y más formación y capacitación de los profesionales.
Estas medidas son también solicitadas desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que ha planteado adicionalmente otras acciones como la 'consideración jurídica para el delito de las agresiones en los ámbitos concertado y
privado'; la 'unificación de los criterios empleados en las sentencias judiciales y que los procedimientos judiciales sean rápidos, expeditivos y ejemplarizantes', y la 'creación de un 'Plan Nacional contra las Agresiones a Sanitarios' en el que
participen todos los implicados: Ministerios de Sanidad, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado, Federación Española de Municipios y Provincias, Comunidades Autónomas,
Consejos Generales de las profesiones sanitarias y plataformas de asociaciones de pacientes'.
Además, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos se considera necesario que se potencien 'los acuerdos y la comunicación con las Administraciones sanitarias, las Fiscalías y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para el
abordaje integral de las agresiones'. En este caso, el citado 1 de marzo se propuso desde la Policía Nacional que en 2023 sea posible efectuar denuncias 'in situ' de las agresiones -como ya puede hacerse en los centros comerciales- en los que no se
hayan producido lesiones -delitos leves-, en el momento en el que el presunto autor es detenido en el lugar de los hechos por haber sido sorprendido en delito flagrante, de forma que en ese mismo momento se proceda a la denuncia y el presunto
agresor abandone el centro sanitario incluso con la cita para el juicio rápido.
Por todo lo anterior, y en el contexto de la conmemoración el 12 de marzo de 2023 del 'Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios', que se celebra a partir de la iniciativa aprobada por la Confederación de Órdenes
Médicas Europeas en Lisboa en noviembre de 2019, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar y mejorar la legislación vigente, así como a poner en marcha un 'Plan Nacional contra las Agresiones a Sanitarios', para procurar avances reales y tangibles en la prevención y en la
reducción al máximo de las agresiones a los profesionales sanitarios en todo el Sistema Nacional de Salud.
Desde el trabajo conjunto de los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia y Educación, el Gobierno realizará esa revisión normativa y diseñará y pondrá en marcha el referido plan nacional para incrementar
la seguridad de los profesionales sanitarios en el desempeño de sus funciones asistenciales antes de que concluya la presente legislatura, actuando siempre desde el consenso real con las administraciones autonómicas, provinciales y locales,
y contando en todo momento con las propuestas y aportaciones que realicen los representantes de los profesionales sanitarios y de los pacientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2023.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, relativa al doctorado industrial.
Exposición de motivos
El Doctorado Industrial consiste en la realización de una tesis en el seno de una empresa (tanto del sector privado como del público) o en una Administración Pública. Dicha tesis se puede adscribir a cualquier área del conocimiento,
desarrollando un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental. Se pretende con esta figura fomentar proyectos de investigación aplicados, alineados con las necesidades y capacidades de la empresa o entidad que los acoge, en
entornos que combinan la investigación académica con la experiencia práctica.
El Doctorado Industrial juega un papel importante tanto en la interacción, la transferencia y el intercambio de conocimientos entre el mundo académico y la sociedad, como en la articulación del sistema de innovación. El potencial de este
tipo de instrumento es particularmente relevante en España, dado que los vínculos entre el ámbito científico y los sectores productivos, las administraciones y las entidades sociales son mejorables si los comparamos con otros países de la Unión
Europea.
Se generan, por lo tanto, beneficios para todos los participantes:
El doctorando o la doctoranda tiene la oportunidad de dotarse de una formación práctica desarrollando proyectos comprometidos con la investigación y la innovación, donde trabajan con investigadores e investigadoras en un entorno científico y
con el personal de la empresa durante el desarrollo del proyecto, además de participar en la transferencia tecnológica solucionando problemas reales de la sociedad.
Las universidades, por su parte, fomentan los mecanismos de transferencia de conocimiento con los entornos empresariales o de la administración pública afianzando relaciones sólidas con las organizaciones de los diferentes sectores
industriales o de la administración, además de desarrollar, atraer y retener talento, poniendo a disposición de la sociedad las infraestructuras y el conocimiento adquirido.
Por último, las organizaciones y empresas consiguen atraer a personas con conocimientos y competencias de alto valor añadido dándoles la posibilidad de incrementar el liderazgo futuro en investigación e innovación, accediendo a los grupos y
centros de investigación de las universidades y a sus equipos e infraestructuras; mejorando así su competitividad, al abordar proyectos estratégicos e innovadores, potenciando colaboraciones europeas e internacionales teniendo tienen acceso a
beneficios fiscales I+D+i.
El desarrollo de este instrumento en España es aún incipiente: la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cuenta desde 2014 con un programa de dimensión moderada (4 millones de euros en la convocatoria 2021-2023) para la formación de
investigadores en empresas, que se complementa con programas propios en la Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid, País Vasco o Navarra, algunos de ellos con presupuestos superiores a la convocatoria de la AEI.
En los países de nuestro entorno europeo nos encontramos con figuras similares al Doctorado Industrial, pero con un desarrollo más profundo. En Francia, por ejemplo, las 'Conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE)' ha
cumplido 40 años de historia y financian anualmente a unos 1500 estudiantes, con el objetivo de incrementar esta cifra a 2150 en el año 2027. En Dinamarca el 'Industrial researcher programme' financia doctorados, así como postdoctorados
industriales.
En cuanto al desarrollo legislativo en nuestro país el Doctorado Industrial se expresa en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, más concretamente en el artículo 15 bis que
estipula que la mención industrial en el título de doctor:
1. Se otorgará la mención 'Doctorado Industrial' siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) La existencia de un contrato laboral o mercantil con el doctorando. El contrato se podrá celebrar por una empresa del sector privado o del sector público, así como por una Administración Pública.
b) El doctorando deberá participar en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa o Administración Pública en la que se preste el servicio, que no podrá ser una Universidad. El
proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental en el que participe el doctorando tiene que tener relación directa con la tesis que realiza. Esta relación directa se acreditará mediante una memoria que tendrá que ser visada por la
Universidad.
2. En el caso de que el proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental se ejecute en colaboración entre la Universidad y la empresa o Administración Pública en la que preste servicio el doctorando, se suscribirá un
convenio de colaboración marco con entre las partes. En este convenio se indicarán las obligaciones de la Universidad y las obligaciones de la empresa o Administración Pública, así como el procedimiento de selección de los doctorandos.
El doctorando tendrá un tutor de tesis designado por la Universidad y un responsable designado por la empresa o Administración Pública, que podrá ser, en su caso, Director de la tesis de acuerdo con la normativa propia de Doctorado.
En lo que respecta a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, se prevé el desarrollo de este instrumento y se establece en el artículo 9 que el contrato que se lleve a cabo bajo un doctorado con mención industrial con una universidad
requerirá en todo caso de un convenio con la universidad, y podrá desarrollarse mediante el contrato predoctoral previsto en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, bien por entidades públicas,
bien por empresas o entidades privadas cuando sean beneficiarias de ayudas o subvenciones públicas que tengan como objeto la contratación de personal predoctoral para esta modalidad de doctorado.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar los doctorados industriales promovidos desde las universidades públicas, fomentando programas de ayudas en colaboración con los gobiernos autonómicos, que promuevan la adopción de
esta modalidad de doctorado; extiendan su aplicación no solamente a empresas sino también a entidades sociales y administraciones; amplíen su ámbito de aplicación también a proyectos de investigación postdoctorales, y prioricen su desarrollo en
ámbitos socialmente estratégicos que redunden en el beneficio de las comunidades y sociedades y que estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Igualdad
161/004894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de las condiciones de las cuidadoras para su
debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En España hay un total de 1.415.578 de personas dependientes, de las cuales más de 195.000 personas permanecen en las listas de espera de ayudas a la dependencia, según los datos del primer semestre de 2022 publicados por el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 España ha registrado un nuevo máximo de envejecimiento, del 133,5 % o, lo que es lo mismo, ya se contabilizan 133 personas mayores de 64
años por cada 100 menores de 16. A medida que el número de dependientes crece, también lo hace la cantidad de familias que buscan profesionales para hacerse cargo de sus cuidados.
Si bien es cierto que la situación ideal para muchas familias es recurrir a los servicios de un cuidador profesional, sus elevados costes en comparación con la prestación recibida hacen que, en España, un 80 % de los cuidadores sean no
profesionales y, de esa cifra, casi un 90 % son cuidadoras mujeres. Es decir, más de 5 millones de mujeres han reducido su jornada o han renunciado a su puesto de trabajo para cuidar a un familiar dependiente, lo que incrementa directamente la
brecha laboral de género.
De acuerdo con algunas encuestas realizadas por el IMSERSO, un 90 % de las mujeres que se dedican al cuidado no profesional de familiares dependientes lo hacen por obligación moral. Es decir, el hecho de que el cuidado recaiga en las
mujeres se debe sobre todo a una decisión personal que se ve influenciada por razones culturales poderosamente enraizadas. Además, varios estudios explican la presencia mayoritaria de mujeres con discapacidad y posible dependencia porque, en
comparación con los hombres, ellas cuentan con una esperanza de vida más elevada De esta forma, se produce la feminización del cuidado en su doble vertiente: persona cuidadora y persona cuidada, se convierte en una dinámica de 'círculo cerrado'
cuyo peso recae sobre las mujeres y tiene consecuencias sobre sus vidas.
Respecto a las condiciones que tienen las cuidadoras informales cuando deciden dedicarse al cuidado de un familiar dependiente son cuanto menos precarias. Una vez que se ha reconocido el grado de dependencia al familiar -cuyo tiempo medio
para la tramitación del expediente ronda los 426 días- se podrá optar por una ayuda para la residencia, para ayuda a domicilio o para contratar un cuidador no profesional. Habiendo diferencias en la cuantía en las diferentes Comunidades Autónomas,
la media nacional de la prestación sería la siguiente:
- Entre 150 y 430 euros mensuales para cuidadores no profesionales.
- Entre 465 y 580 euros mensuales para el pago de residencias.
- Entre 450 y 570 euros mensuales para el servicio de ayuda a domicilio.
Analizando la cuantía para los cuidadores no profesionales, habitualmente desempeñados por mujeres (en un 90 %), la cuantía máxima que pueden percibir por un trabajo de dedicación plena para la atención de un familiar dependiente son 430.
Las mujeres están reduciendo su jornada o, en muchos casos, renunciando a su puesto de trabajo, por una cuantía que dista mucho del salario mínimo interprofesional. Esta prestación repercute directamente con la pensión que recibirán una vez que se
jubilen.
Ante una situación de envejecimiento de la población, de aumento constante de personas dependientes, es necesario garantizar unas condiciones mínimas económicas y laborales para aquellas personas que deciden dedicarse al cuidado de
familiares dependientes. En primer lugar, es necesario asegurar que aquellas personas que decidan dedicarse a esta labor lo decidan libremente sin que sientan la presión moral de hacerlo. En segundo lugar, aquellas personas que así lo decidan, hay
que garantizarles una prestación económica que, cuanto menos, esté equiparada con el salario mínimo interprofesional. Por último, con el objetivo de reducir la brecha laboral de género, incrementada por aquellas mujeres que deciden reducir su
jornada o renunciar a su puesto de trabajo para el cuidado de familiares dependientes, resulta prioritario aumentar las ayudas para la contratación de cuidadores profesionales.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados reconoce la labor que realizan las mujeres que ejercen los cuidados de sus familiares dependientes e insta al Gobierno a:
- Elevar las cuantías mínimas de las ayudas estatales para que, con la nueva regulación laboral, las familias puedan contratar los servicios de profesionales del cuidado para la atención de sus familiares dependientes.
- En el caso de cuidadoras profesionales, acordar con las Comunidades Autónomas la revisión del sistema de servicios sociales para evitar empujar a millones de familias españolas a tener que asumir de forma no profesional los cuidados de sus
dependientes.
- En el caso de cuidadores no profesionales, aumentar las prestaciones a los familiares con dependientes a cargo, que en su mayoría son mujeres, para garantizar que la cuantía cubre sus necesidades mínimas.
- Impulsar la formación continua de los familiares cuidadores y el reconocimiento de dicha formación en el mercado laboral para mejorar sus perspectivas de encontrar un empleo de forma profesional el sector de los cuidados en el futuro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Carla Toscano de Balbín, doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Rocío de Meer Méndez y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputadas del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Proposición no de Ley para la destitución inmediata de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia
de Género, para su discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. Sentido de esta Proposición no de Ley.
La presente proposición no de ley tiene por objeto instar al Gobierno a la destitución inmediata de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Martínez, alias 'Pam', así
como solicitar al presidente del Gobierno; en el ejercicio de sus competencias, el cese de la ministra de Igualdad, Irene María Montero Gil, y la supresión del Ministerio de Igualdad.
El motivo más reciente de las peticiones anteriores es el vídeo emitido en el perfil personal de la red social de Twitter de la secretaria de Estado, y grabado por ella misma, en el que ampara y jalea gritos proferidos por asistentes a la
concentración feminista del 8 de marzo, presumiblemente menores de edad, con el siguiente tenor: 'Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar'. La expresión de la secretaria de Estado no deja duda sobre la intención
de esa grabación.
Lo anterior constituye una muestra evidente de odio hacia el máximo representante de un partido democrático con casi 4 millones de votos, presidente de la tercera fuerza política de ámbito nacional y tercer grupo parlamentario del Congreso
de los Diputados. Esta conducta sería ya grave viniendo de un español sin cargo público alguno; pero concurre una especial gravedad cuando se trata de la número dos de un Ministerio del Reino de España.
Desgraciadamente, este es un ejemplo más del lamentable activismo, grosero y vulgar, de la secretaria de Estado, que es impropio de su rango institucional y de su condición de representante de todos los españoles; no por habitual, conductas
como estas deben dejar de ser censuradas.
Debe recordarse que, cuando apenas eran una centena los violadores que habían visto rebajada su pena, la Sra. Rodríguez Martínez hizo mofa y carcajada de los efectos nefastos de su ley y del sufrimiento de las víctimas: '¿Qué está pasando
con los violadores a la calle? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. (...) De los creadores de 'las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas' llega 'los violadores a la calle'. (...) Cientos,
miles, oleadas, hordas'.
Podemos convenir, sin temor a equivocarnos, que las políticas de este Gobierno, en especial aquellas lideradas por el Ministerio de Igualdad, solo buscan dividir a los españoles. Se está infligiendo a la sociedad, y muy especialmente a las
mujeres y a los menores, a quienes las mandatarias de este Ministerio dicen proteger, un inmenso daño de difícil cuantificación y de imposible reparación, porque sus efectos de desprotección, negligencia y fanatismo son imborrables. Es evidente
que, desde los cargos que ostentan, las dirigentes de este Ministerio están muy lejos de servir a los mejores intereses de España y de los españoles; al contrario, son el mejor testimonio de la instrumentalización de los recursos públicos para,
viviendo a costa de dichos recursos tan necesarios para la población, generar odio y enfrentamiento entre los españoles.
El activismo zafio, la chabacanería, la falta de respeto institucional y el ataque personal a representantes públicos deben ser eliminados para siempre de la vida política española. Y ello pasa, necesariamente, por la destitución inmediata
de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y, en último término, por el cese de la ministra de Igualdad, Irene María Montero Gil, y la supresión del Ministerio de Igualdad.
Segundo. Conclusión.
La práctica totalidad de las actuaciones del Ministerio de Igualdad merecen la más enérgica repulsa por lo ya expuesto: la vileza de sus principios inspiradores se manifiesta en todas sus acciones. No obstante, en esta ocasión pretendemos
resaltar el hecho de que unas pretendidas políticas de igualdad son utilizadas para efectuar un linchamiento mediático y social, así como un señalamiento y arrinconamiento de quienes disienten de la ideología 'oficial'.
Es evidente que el feminismo, y las manifestaciones que se celebran con ocasión del '8M', son utilizadas y puestas al servicio de una posición netamente política que pretende imponerse de manera exclusiva y excluyente y que, disfrazada de
reivindicación, no es sino la que se promueve como ideología oficial del Estado. Tal es el interés político de estas manifestaciones 'feministas' para el actual Gobierno que en el año 2020 paralizó de forma criminal la adopción de cualquier medida
contra el coronavirus con tal de celebrar estas concentraciones; y ello, a pesar de que ya conocía la magnitud y velocidad de contagio del COVID-19. Tampoco pueden olvidarse los cánticos vertidos en una manifestación de mujeres que tuvo lugar en
las puertas del Congreso durante el mes de febrero de 2020, en la que se corearon cánticos como 'una copa menstrual en la boca de Abascal' o 'Madrid será la tumba de Abascal'.
Todo lo anterior se produce bajo la responsabilidad de la ministra, Sra. Montero Gil, que constituye el mejor ejemplo de los propósitos disolventes de la sociedad que tiene el Ministerio de Igualdad; no en vano, este departamento es la
perfecta síntesis del programa ideológico de la izquierda radical en materia de sociedad y familia. Y todo ello, además, con ingentes cantidades de dinero público. Concretamente, el Ministerio de Igualdad supone para los españoles erario un gasto
que no cesa de aumentar: 459.332.060 euros en 2021 21 525.105.640 euros en 2022 22; 573.123.610 euros en 2023 23. A estas cuantías hay que sumar las que los demás Ministerios (e incluso, al presente, los fondos europeos) destinan a la referida
cuestión.
En una situación socioeconómica caracterizada por la crisis, con una inflación disparada y un número creciente de familias que no pueden afrontar los gastos básicos de la compra o la calefacción, resultan a todas luces prescindibles los
miles de millones de euros que se han destinado hasta ahora a la implantación social del concepto de 'violencia de género' y a la financiación de actividades basadas en la lucha contra ella.
En definitiva, las políticas de odio y división del Gobierno y del Ministerio de Igualdad no encuentran límite. Incluso, además de a VOX, atacan a representantes de otras fuerzas políticas que, imbuidos de miedo y deseosos de ser aceptados
en un falso consenso, acuden a estas algaradas solo para ser expulsados de la manifestación del 8M entre insultos y empujones. Es imposible ocultar que a este
21 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2021Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_2_1_E_G30.PDF
22 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_2_2_E_G30.PDF
23 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2023Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_23_A_G30.PDF
Gobierno no le importan ni la igualdad ni las mujeres, ya que la legislación que ha impulsado supone más de setecientas rebajas de condenas y más de setenta excarcelaciones, con el peligro que supone para las mujeres poner a criminales en la
calle.
Por lo que respecta a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Sra. Rodríguez Martínez, los motivos expuestos son merecedores de su inmediata destitución, con el fin de que deje de hacer activismo zafio
utilizando recursos de todos los españoles. Asimismo, la futilidad, voluntad de división y perversos fines de quienes encabezan el Ministerio de Igualdad son también merecedores de la reprobación de la ministra de Igualdad, Sra. Montero Gil, así
como de la supresión de este departamento ministerial, innecesario en sus funciones, injusto e ideológico en su actividad y oneroso en su estructura.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
- Insta al Gobierno a destituir de manera inmediata a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Sra. Rodríguez Martínez, alias 'Pam', por los gritos de odio coreados en la manifestación del 8 de marzo, con el
tenor 'Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar', así como por sus reiteradas faltas de respeto al cargo que ostenta.
- Insta al Gobierno a retirar de manera inmediata la campaña 'Ahora que ya nos veis, hablemos', por su contenido inapropiado y por lo que supone de invasión de los poderes públicos en la intimidad de las personas a través de la sexualidad,
pretendiendo imponer, también en el ámbito moral, un propósito político como ideología de Estado.
- Acuerda la reprobación de la ministra de Igualdad, Sra. Montero Gil, por sus numerosas acciones en perjuicio del bien común, su constante apología de la actividad sexual por y entre menores, sus ataques intolerables a la separación de
poderes y al Estado de Derecho y su indiferencia hacia las consecuencias perversas para la protección de las mujeres que supone la legislación que ha impulsado el Ministerio de Igualdad, que favorece a los criminales.
- Insta al Sr. presidente del Gobierno a que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, destituya también de forma inmediata a la Sra. Montero Gil como ministra de Igualdad por los motivos expuestos.
- Insta, igualmente, al Sr. presidente del Gobierno a que, de conformidad con el artículo 2.2 j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, suprima el Ministerio de Igualdad, departamento ministerial dañino, innecesario en sus
funciones, injusto, ideológico y oneroso en su estructura, destinando la totalidad de su presupuesto a paliar la emergencia social que sufren los españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-Carla Toscano de Balbín, Lourdes Méndez Monasterio, Rocío de Meer Méndez y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputadas.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002148
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Andrés Lorite Lorite.
Texto:
¿Qué intenciones tiene el Gobierno de España en cuanto a la construcción del tramo Norte de la variante Oeste de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2023.-Andrés Lorite Lorite, Diputado.
181/002149
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Ana María Zurita Expósito.
Texto:
¿Podrían informar los detalles del convenio firmado con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, las características de la actuación, la naturaleza de la financiación (si es con cargo a los fondos Next Generation, como se ha anunciado)
y los avances realizados en cuanto a los hitos necesarios para culminar la actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2023.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.
181/002151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Rubén Silvano Manso Olivar, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de Las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura
Just, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué razones justifican el trato discriminatorio de Burgos por parte del Gobierno en el marco del desarrollo del Corredor Atlántico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2023.-Patricia Rueda Perelló, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Calonje, Rubén Silvano Manso Olivar, Rubén Darío Vega Arias y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
181/002137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Texto:
¿Qué medidas promoverá el Gobierno de España en lo que resta de Legislatura con el objetivo de garantizar una correcta identificación, en todo el territorio nacional, de aquellos menores en riesgo de suicidio, para la posterior puesta en
marcha de medidas preventivas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2023.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
181/002138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Texto:
¿Cómo puede garantizar el Gobierno de España que los recursos destinados a la prevención del suicidio se centren en los grupos de mayor riesgo, en lugar de dedicarse a medidas genéricas que no redundan en ningún tipo de beneficio para los
menores de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2023.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
181/002139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Texto:
¿Qué medidas y políticas públicas promoverá el Gobierno de España en lo que resta de Legislatura con el objetivo de diseñar nuevas campañas de comunicación institucional para dar a conocer la realidad del suicidio entre los jóvenes de
nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2023.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
181/002140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Excma. Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Texto:
¿Podría detallar el Gobierno de España qué medidas se han adoptado durante la presente Legislatura con el objetivo de abordar las desigualdades sociales y económicas que pueden contribuir al riesgo de suicidio entre los menores de nuestro
país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2023.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Interior, la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/098738.
Núm, registro: 248233.
Autor iniciativa: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX) López Álvarez, María Teresa (GVOX) Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX) Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) Gil Lázaro, Ignacio (GVOX).
Objeto iniciativa: Entrega de autorizaciones de viaje dentro del territorio nacional para menores de 14 años con un encabezamiento que dice lo contrario.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 552, de 27 de diciembre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002152.
184/103676
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Angulo Romero, María Teresa (GP). González Vázquez, Marta (GP). Prohens Rigo, Margarita (GP). De Luna Tobarra, Llanos (GP).
Número de perceptores del ingreso mínimo vital que están percibiendo el incentivo al empleo aprobado en el Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 261789, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa Angulo Romero, Diputada por Badajoz, doña Marta González Vázquez, Diputada por La Coruña, doña Margarita Prohens Rigo, Diputada por Baleares, doña Llanos de Luna Tobarra, Diputada por Barcelona, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre regula la compatibilidad del Ingreso mínimo vital con ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia, estableciendo un incentivo al empleo para las
personas perceptoras de dicha prestación no contributiva de la Seguridad Social.
- ¿Cuántos perceptores del ingreso mínimo vital están percibiendo hasta la fecha el incentivo al empleo aprobado en el real decreto arriba mencionado? Se ruega desglose por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-María Teresa Angulo Romero, Marta González Vázquez, Margarita Prohens Rigo y Llanos de Luna Tobarra, Diputadas.