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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 593, de 17/03/2023
cve: BOCG-14-D-593
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
17 de marzo de 2023
Núm. 593
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados... (Página2)
Declaración de intereses económicos... (Página8)
Resoluciones normativas del Congreso
414/000003 Acuerdo de 7 de marzo de 2023, adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se aprueban las Normas por las que se crea y regula la Medalla del Congreso de los Diputados... (Página11)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el impulso a la lucha contra los paraísos fiscales y medidas de armonización fiscal en el semestre de la Presidencia española de la Unión Europea...
162/001176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la mejora del servicio de transporte ferroviario Huesca-Zaragoza... (Página14)
162/001177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Plan de Contingencia para erradicar el grave problema de gestión y atención a los ciudadanos de parte de la
Administración de la Seguridad Social... (Página15)
162/001178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa del español en el ámbito educativo ante los ataques perpetrados por la Administración regional gallega... (Página17)
162/001179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la destitución inmediata de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género... (Página21)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
005 Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados.
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguiente declaración de bienes y rentas presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
CASERO ÁVILA, Alberto (GP) (núm. expte. 005/000270/0001) 2 ... (Página3)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
007 Declaración de intereses económicos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de intereses económicos presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
DUQUE MORÁN, José Francisco (GS) (núm. expte. 007/000373/0001) 1 ... (Página9)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
RESOLUCIONES NORMATIVAS DEL CONGRESO
414/000003
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 7 de marzo de 2023, ha aprobado las Normas por las que se crea y regula la Medalla del Congreso de los Diputados.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
NORMAS POR LAS QUE SE CREA Y REGULA LA MEDALLA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Durante la presente legislatura, la Mesa de la Cámara se ha planteado la conveniencia de que el Congreso de los Diputados cuente con una medalla o distinción que permita condecorar o rendir honor a personas e instituciones cuyos méritos
resulten excepcionales desde el punto de vista del Parlamento.
Hasta ahora, las distinciones o reconocimientos se han desarrollado, en primer lugar, en el ámbito de las relaciones institucionales e interparlamentarias, en el que es usual el intercambio de obsequios, regalos o medallas de carácter
protocolario. Estas distinciones no constituyen una condecoración en sentido estricto, pues no conllevan un juicio de valor sobre los méritos contraídos por las personas que las reciben, sino que se derivan de las normas que rigen las relaciones
protocolarias. En segundo lugar, el Congreso de los Diputados también concede distinciones a través de la figura de los Premios. En este sentido, la Mesa del Congreso concede los Premios Josefina Carabias de periodismo parlamentario y los Premios
Relato Parlamentario e Imagen del Parlamento.
En el ámbito propio de las condecoraciones, la Mesa del Congreso de los Diputados ha solicitado al Gobierno, en numerosas ocasiones, la concesión de alguna de ellas a los miembros de las Mesas de Legislaturas anteriores o a determinadas
personalidades. Asimismo, el Reglamento de la Orden del Mérito Constitucional establece que los expedientes de ingreso en dicha Orden podrán iniciarse a instancia, entre otras instituciones, del Congreso de los Diputados.
Con las presentes normas se pretende la creación de una Medalla que constituya, en sentido estricto, una condecoración propia del Congreso de los Diputados para aquellos casos en que se quiera hacer un reconocimiento explícito por parte de
la Cámara de los méritos contraídos por algunas personas físicas o jurídicas con la institución parlamentaria.
Artículo 1.
Se crea la condecoración denominada Medalla del Congreso de los Diputados para reconocer los méritos excepcionales contraídos por las personas vinculadas a la Cámara o que hubieran realizado actividades relevantes al servicio de la misma o
de los valores y principios del parlamentarismo.
Artículo 2.
La Medalla del Congreso de los Diputados podrá concederse a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de nacionalidad española o extranjera. En este último caso, se requerirá el informe del Representante de España en el Estado cuya
nacionalidad ostente la persona a condecorar. En todo caso, la concesión se ajustará a los usos del protocolo en las Relaciones Internacionales. También podrá concederse a título póstumo.
Artículo 3.
La Mesa del Congreso de los Diputados concederá en su primera sesión la Medalla a la Presidencia saliente.
Artículo 4.
La Medalla del Congreso de los Diputados tendrá carácter vitalicio.
Artículo 5.
1. La Medalla consistirá en un disco de esmalte de 30 mm de diámetro en cuyo anverso figurará el escudo histórico del Congreso de los Diputados y la inscripción 'Medalla. Congreso de los Diputados'. La Medalla penderá de una cinta al modo
de Encomienda, dividida en tres partes con los colores de la bandera de España. Dispondrá de un alfiler para poder llevarla prendida en una prenda de vestir.
2. En los casos en los que la Medalla se conceda a personas jurídicas, la misma se entregará en una metopa.
Artículo 6.
1. Con el objeto de prestigiar estas condecoraciones, de manera que su concesión constituya una ocasión extraordinaria que premie los méritos indicados en el artículo 1, la Mesa velará porque cada una de aquéllas esté debidamente
justificada.
2. El número de Medallas que podrá concederse no excederá de 50. Se excluyen de esta restricción las concedidas a título póstumo y las concedidas conforme a lo dispuesto en el artículo 3.
Artículo 7.
1. La Medalla del Congreso de los Diputados se concederá por la Mesa, previa la tramitación de un expediente en el que se recojan los méritos y circunstancias que concurren en la candidatura propuesta, así como, en su caso, los documentos e
informes que se consideren oportunos.
2. Los expedientes de concesión podrán iniciarse a instancia de la Presidencia o de la Mesa.
3. No serán tramitadas las peticiones realizadas directamente por los interesados.
Artículo 8.
1. La concesión de la Medalla podrá ser revocada si con posterioridad a la misma la persona condecorada es condenada por un hecho delictivo, en virtud de sentencia firme, o realiza actos o manifestaciones que le hagan indigno de su
titularidad.
2. A tal efecto, la Mesa podrá iniciar la tramitación del correspondiente expediente informativo que observará, en todo caso, igual procedimiento que el previsto para la concesión.
Artículo 9.
Una vez obtenida la conformidad de la persona interesada, la concesión de la Medalla del Congreso de los Diputados se publicará en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Artículo 10.
En la Secretaría General del Congreso de los Diputados se llevará un libro-registro de las Medallas concedidas.
Disposición adicional.
La Mesa concederá la Medalla del Congreso de los Diputados a los expresidentes de la Cámara.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en Pleno sobre el impulso a la lucha contra los
paraísos fiscales y medidas de armonización fiscal en el semestre de la Presidencia española de la Unión Europea.
Exposición de motivos
Según hemos conocido en los últimos días, la empresa Ferrovial pretende trasladar su sede a Países Bajos, mediante el procedimiento de fusión inversa, y así beneficiarse del régimen fiscal holandés, aunque mantenga su actividad en España.
Según el EU Tax Observatory, think tank bajo el paraguas de la Comisión Europea y liderado por el reconocido experto Gabriel Zucman, un país como España podría estar perdiendo hasta un 18 % de sus ingresos fiscales por las prácticas fiscales
agresivas resultado de la competencia desleal en el marco internacional. De hecho, estima que el marco regulatorio de Países Bajos podría suponer unas pérdidas fiscales para España de unos 1500 millones de euros al año.
La Unión Europea cuenta ya con una armonización fiscal para los impuestos indirectos como el IVA, pero no ha logrado avanzar lo suficiente en la armonización fiscal para los impuestos directos, entre ellos los impuestos de sociedades a pesar
de varias iniciativas ya en marcha. Lo que significa, de facto, que unos países son más ventajosos que otros para la elusión fiscal con el impacto negativo en el resto de los países europeos, afectando a su sostenibilidad fiscal y creando un marco
de competencia fiscal agresiva y desleal.
Durante el próximo semestre, España ostentará la Presidencia de la Unión Europea y es un momento clave para poder plantear un impulso a la armonización fiscal y la lucha contra los paraísos fiscales dentro y fuera de la UE. Coincidirá que
este periodo es el momento de negociar el BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation - BEFIT, por sus siglas en inglés), Directiva Europea de armonización de bases imponibles consolidadas en la tributación empresarial y que podría
suponer un avance para romper con estos principios de competencia desleal y complementaría la trasposición sobre la directiva del tipo mínimo europeo (15 %).
Por otro lado, el análisis de la Comisión Europea dentro del paquete del semestre europeo ya ha identificado desde hace al menos 5 años que algunos países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Hungría y Malta tienen prácticas fiscales
agresiva, pero la Comisión no ha establecido un régimen de sanciones ambicioso que permita evitar las fugas.
Recientemente ha sido nombrada Maria José Garde como presidenta del grupo del Código de Conducta de la UE. Este grupo monitoriza los diseños tributarios en la tributación empresarial para establecer si se promueven prácticas de competencia
desleal entre países. Este grupo es responsable también de la supervisión y definición de los criterios para la elaboración de la lista negra y gris de jurisdicciones no cooperativas, así consideradas por la UE. Sin embargo, el grupo del código de
conducta acordó dejar fuera del monitoreo a todos los Estados Miembro, como Países Bajos, a pesar la propia CE recoge en el semestre europeo la existencia de países con prácticas fiscales agresivas.
Por todo ello, Más País Verdes Equo presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a poner en marcha durante el semestre de la Presidencia Española de la Unión Europea un plan de armonización fiscal europeo y de lucha contra los paraísos fiscales que contemple los
siguientes aspectos:
1. Impulsar las revisiones de la fiscalidad de los países de la UE con prácticas más agresivas, como Irlanda, Malta, Holanda o Luxemburgo, y que la Comisión Europea establezca sanciones a los países que fomentan la fuga fiscal,
condicionando el acceso a fondos europeos como EUNG-Fondos Next Generation entre otros.
2. Avanzar en la armonización fiscal europea para los impuestos directos como ya ocurre con los indirectos, como el IVA, especialmente en lo que afecta al impuesto de sociedades, impulsando que las negociaciones en cuanto a las bases
imponibles consolidadas del impuesto de sociedades a nivel europeo (BEFIT) sea ambiciosa y justa para evitar fugas artificiales de beneficios y competencia desleal intra comunitaria.
3. En el camino hacia la armonización del impuesto de sociedades europeo, reforzar el diseño en la trasposición de la directiva sobre el tipo mínimo del 15 % europeo, eliminando exenciones agresivas que suponen pérdidas fiscales para España
y así para evitar que empresas como Ferrovial paguen el 0 % o un tipo efectivo en el IS ultra bajo, incluyendo que no puedan deducir pérdidas artificialmente por 'patent box' como se hace en Holanda.
4. Proponer una agenda sobre la armonización de la tributación de la riqueza en los países de la Unión Europea y la competencia desleal en la tributación de las rentas de capital que generan ahora una merma de ingresos fiscales.
5. Promover reformas normativas que limiten la contratación pública y las ayudas o subvenciones a empresas que operan desde sedes en territorios de tributación agresiva o cuentan con estructuras corporativas en paraísos fiscales sin
justificación económica suficiente.
6. Revisar la lista de paraísos fiscales de la UE para incluir a los países de la UE más agresivos, como es el caso de los Países Bajos o Luxemburgo e Irlanda.
7. Revisar la lista de paraísos fiscales española para trasparentar los criterios de baja o nula tributación e incluir también a los territorios de la UE con prácticas más agresivas, como es el caso de los Países Bajos.
8. Reforzar el control, en la Directiva de Sociedades Fantasma (Shell directive) que se va a negociar durante la presidencia española de la UE, para que estas sociedades no puedan ser utilizadas como puente para la inversión en otros países
y se les exija la máxima transparencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/001176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en Pleno sobre la mejora del servicio de
transporte ferroviario Huesca-Zaragoza.
Exposición de motivos
La distancia entre las dos ciudades más pobladas de Aragón, Huesca y Zaragoza, es de 70 km. La proximidad entre ambas capitales de provincia, y la evolución de las mismas, ha supuesto un creciente flujo de relaciones y el establecimiento de
nuevas realidades sociales, económicas y laborales. En este sentido, según el mapa del tráfico de Aragón de 2019, más de 15.000 personas realizan diariamente el trayecto entre ambas ciudades por carretera, con objeto de desarrollar sus tareas
profesionales, cursar sus estudios universitarios y otras actividades.
Sin embargo, las limitaciones actuales de la red ferroviaria y la falta de frecuencias, hacen que los usuarios terminen eligiendo el vehículo privado para realizar estos desplazamientos en cerca del 90 % de los casos, a pesar de contar desde
hace casi veinte años de una línea completamente electrificada, aunque sin desdoblar entre las ciudades de Huesca y Tardienta.
Potenciar el corredor ferroviario entre Huesca y Zaragoza supondría un impulso para un eje que posee un alto potencial industrial y económico, con un área beneficiada que puede alcanzar el millón de habitantes y una ubicación estratégica
para todo el país, encontrándose a media distancia de las principales capitales españolas y el sur de Francia.
Además, este corredor es una pieza clave para resolver el desafío del equilibrio territorial en Aragón, ya que sus plataformas logísticas e industriales permiten generar desarrollo descentralizado. Esto se vería reforzado por una mejora en
su conectividad que también permitiría absorber la nueva afluencia de trabajadores.
A todo esto, hay que sumar la considerable reducción de emisiones que conllevaría aumentar las frecuencias para facilitar que la mayoría de viajeros pudieran elegir el tren frente al transporte por carretera.
Por todo ello, Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
En el marco de la 'Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y conectada para 2030', y siguiendo los objetivos de la futura ley de movilidad sostenible, abordar de forma urgente la mejora del servicio de transporte ferroviario
Huesca-Zaragoza, con las siguientes medidas:
- Realizar, en un plazo de 6 meses, un estudio de viabilidad técnica que aclare cuál es la mejor opción para la implantación de un sistema de trenes de cercanías entre Huesca y Zaragoza.
- Teniendo en cuenta las orientaciones del PE2030 del Gobierno de España o el Plan España Puede, hacer previsión de las inversiones precisas en las infraestructuras ferroviarias necesarias para dicha conexión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/001177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Plan de
Contingencia para erradicar el grave problema de gestión y atención a los ciudadanos de parte de la Administración de la Seguridad Social, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Una administración pública guiada por los principios de eficacia, simplicidad, claridad, proximidad a los ciudadanos, transparencia de la actuación administrativa, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las
actividades materiales de gestión no es sólo esencial en cualquier estado social y
democrático moderno, como lo es España, sino que, además, es un mandato expreso impuesto por la Constitución de 1978 y por nuestra legislación.
El cumplimiento de estos principios administrativos, que son siempre de extraordinaria relevancia, cobra más prioridad, si cabe, en la atención que la administración pública debe brindar a los ciudadanos en relación con la Seguridad Social,
columna vertebral de nuestro Estado Social. Es la seguridad social la vertiente administrativa a través de la que se provee lo mandatado en el artículo 41 de nuestra Carta Magna: garantizar 'la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante
situaciones de necesidad'.
La atención y la gestión que desempeña esta administración es la vía por la que los ciudadanos españoles ven realizados y reconocidos parte de sus derechos sociales más elementales, algunos tan esenciales y necesarios como puede ser el
reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación, viudedad o una incapacidad permanente, pero también otros de singular importancia como pueden ser la gestión de las altas y las bajas en el sistema.
Sin embargo, la eficacia o la agilidad no son principios que caractericen a la Administración de la Seguridad Social en los últimos tiempos. De un servicio de atención y gestión que ha sido históricamente altamente aclamado y valorado por
la ciudadanía, observamos hoy la realidad opuesta.
No hay semana en la que la deficiente gestión de los servicios de atención al ciudadano por parte de la Seguridad Social no sea objeto de titulares en todos los medios de comunicación, consecuencia de la imposibilidad de los ciudadanos de
ser atendidos como merecen. Conseguir una cita es toda una gesta, la atención presencial y telefónica se ha convertido en una carrera de obstáculos... pero no sólo esto. La demora en la resolución de los expedientes es algo que se ha convertido
en habitual, y el cobro de las prestaciones reconocidas se ve igualmente retardado. Son habituales las declaraciones de ciudadanos que tardan varios meses en comenzar a recibir el pago de, por ejemplo, la prestación por nacimiento de hijo. ¿Cómo
pueden vivir las familias durante ese tiempo?
Esta realidad y sus consecuencias nada tienen que ver con la profesionalidad del servicio que prestan los empleados públicos que desempeñan sus servicios en esta administración. Estos han visto en los últimos años -y muy singularmente tras
la pandemia del COVID-19- como su carga de trabajo se ha multiplicado, las condiciones profesionales en las que trabajan empeoran considerablemente y cómo el Ministerio no es capaz de solucionar estos problemas. Los sindicatos, de hecho, han
llegado a culpar directamente al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la nefasta gestión del organismo.
Pero no son sólo los ciudadanos quienes claman contra esta situación de desatención y abandono, sino que los propios funcionarios y los agentes sociales lo manifiestan constantemente, habiendo sido varias las huelgas convocadas por este
motivo. Los funcionarios son los primeros que observan y padecen como sus funciones se ven obstaculizadas por la incapacidad del ejecutivo de proveerles de las herramientas necesarias para ello.
Pero es imposible solucionar un problema cuando este se niega y se mira hacia otro lado. El Ministro del ramo, interpelado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, el mes de febrero de 2023, calificó esta
situación como 'anécdotas sacadas de periódicos de aquí y allá' y una 'visión exagerada'.
Nada puede solucionarse cuando, ante las necesidades de los ciudadanos y de los empleados públicos, el Ministro considera que son simples 'anécdotas' o exageraciones. ¿De verdad cree esto el gobierno?
Muy al contrario, en vez de negar la realidad, debería el Ministerio estar dedicando todos sus esfuerzos en buscar las herramientas necesarias para concluir esta desafortunada situación. Pero fórmulas efectivas, no parches. No sirve con
que desde las altas esferas del Ministerio se exija a los empleados públicos que el tiempo de atención al ciudadano se reduzca de quince a diez minutos como se publicó recientemente.
La digitalización del funcionamiento interno de la propia administración ha de ser una palanca de mejora. Una digitalización que aproveche los beneficios que de ella se deriven, sin olvidarse nunca de los que encuentran mayores barreras
para acceder a esta nueva realidad, como pueden ser los mayores. Este es, de hecho, uno de los retos marcados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presta singular atención al desarrollo de los servicios digitales en el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Una digitalización que, por ejemplo, implemente y mejore más la descentralización de los expedientes en todo el territorio nacional para que, mientras dura esta situación de colapso, se pueda agilizar la gestión administrativa.
También deben articularse mecanismos que permitan favorecer la rápida incorporación de talento humano a estas labores, disponiendo y empleando todos los medios y posibilidades permitidos en nuestra normativa y que sean necesarios para que el
absoluto colapso que se observa en la atención de la seguridad social concluya de una vez por todas.
Debe, en definitiva, articularse inmediatamente por el ejecutivo un Plan de Contingencia amplio y general, que cumpla con lo que exige la recomendación octava del Pacto de Toledo: 'La legitimidad del sistema de Seguridad Social también está
relacionada con una gestión eficaz y eficiente que responda, adecuadamente, con agilidad y de forma comprensible a las demandas de los ciudadanos'. A esto nos comprometimos la mayoría de los grupos políticos, y esto es lo que ha de cumplir el
gobierno.
Este mismo objetivo era el perseguido por este grupo parlamentario a través de la iniciativa planteada en el mes de febrero de este año, antes referida, y a la que tanto el gobierno como los grupos parlamentarios que lo apoyan votaron en
contra. No se comprende, salvo que no se compartan ni conozcan las necesidades reales de los ciudadanos, cómo el ejecutivo mira hacia otro lado negando la realidad de un problema tan elemental que nos conmina a todos. Sólo sumando esfuerzos,
podremos solucionar un problema de esta magnitud.
Y es, precisamente, con esta voluntad de poner en el foco y solucionar las necesidades de los españoles con la que se promueve esta iniciativa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al Gobierno a aprobar, en plazo de un mes, un Plan de Contingencia para erradicar el colapso en los servicios de atención de la Administración de la Seguridad Social, de manera que:
- Se incorpore -a la mayor brevedad posible- el personal necesario para tal fin, implementando las herramientas digitales que favorezcan su consecución.
- Corrija y elimine las trabas de naturaleza administrativa y burocrática que impiden acometer las modificaciones oportunas para incorporar en el ámbito del servicio de atención y gestión de la Seguridad Social las exigencias que, para los
servicios de atención al cliente por parte de las empresas de naturaleza privada, delimita la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, actualmente en tramitación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Georgina Trías Gil, don Joaquín Robles López, don José Ramírez del Río, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Mireia Borrás Pabón y doña María Teresa López Álvarez, en su condición de
Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición No de Ley de
defensa del español en el ámbito educativo ante los ataques perpetrados por la administración regional gallega, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El derecho y el deber de usar el español en todo el territorio nacional.
El artículo 3 de la Constitución Española ('CE') señala que la lengua oficial de nuestro país es el español:
'1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.'
Este precepto regula asimismo la presencia de otras lenguas distintas del español en algunas regiones, así como el respeto y la especial protección de estas como parte de la riqueza cultural e histórica de la Nación española.
El mandato constitucional expuesto ha de interpretarse, en lo relativo a este 'especial respeto y protección' de las lenguas regionales, junto con otros preceptos que consagran la igualdad entre los españoles, la remoción de todos los
obstáculos que impidan la plenitud de la libertad y la igualdad de estos o la lealtad institucional, concretada en la proscripción de los 'privilegios económicos o sociales' entre los españoles de distintas regiones (artículos 14, 9.2 y 138.2
ibidem).
A pesar de la claridad de estos principios, esta protección no se ha llevado a cabo mediante políticas públicas que en ningún caso derivasen en situaciones de discriminación lingüística; al contrario, su puesta en marcha se ha pervertido en
España a través de iniciativas en distintos niveles (político-legislativo, económico o social) que han servido en la práctica como herramienta para fomentar la división y el enfrentamiento entre españoles a través de la lengua 1. Un ejemplo
históricamente conocido es el relativo a las llamadas estrategias de 'inmersión lingüística' 2 y de las leyes de 'normalización lingüística', que tienen por objetivo la aniquilación del español en los territorios con lengua regional.
En relación con esto, el Tribunal Constitucional ('TC') se ha pronunciado en diversas sentencias (SSTC 31/ 2010 3 u 11/ 2018 4, entre otras), afirmando que el español no puede ser postergado, arrinconado y mucho menos eliminado del uso
normal de las administraciones españolas. El supremo intérprete de la Constitución ha sido claro al manifestar que 'sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento y, con él, la presunción de que todos
los españoles lo conocen' (SSTC 82/1986 5 y 84/1986 6) y que 'no existe un deber constitucional de conocimiento de una lengua cooficial' (STC 84/1986).
Pese a la claridad y uniformidad de las resoluciones mencionadas, son varias las administraciones territoriales que han aprobado en las últimas décadas normas que limitan, restringen o -en la práctica- imposibilitan la aplicación de esta
realidad constitucional en algunas zonas de España. Las lenguas se han convertido en muchos casos en una herramienta ideológica al servicio de movimientos que las utilizan para sus intereses meramente políticos, profundamente divisivos de la
sociedad española.
Existen numerosos ejemplos de este tipo de acciones por parte de las autoridades regionales, siendo la administración catalana el principal modelo, al que posteriormente han pretendido emular otras como Galicia, Islas Baleares, País Vasco o
Comunidad Valenciana. Recientemente, hemos conocido el último ataque a la lengua española perpetrado desde la administración regional de Galicia con la campaña denominada '21 Días con el gallego y +'.
1 'El español en el actual Estado de las Autonomías'; Fundación Disenso (https://fundaciondisenso.org/2021/11/30/el-espanol-en-el-actual-estado-de-las-autonomias/).
2 Entendida esta, según la describe el Instituto Cervantes, como 'programa de enseñanza de una segunda lengua en el que alguna de las materias del currículo escolar (o todas ellas) se estudia en una lengua que no es la L1 de los
estudiantes'. Al respecto, ver https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/inmersionlinguistica.htm.
3 https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/16/pdfs/B0E-A-2010-11409.pdf.
4 https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/B0E-A-2018-3301.pdf.
5 https://www.boe.es/boe/dias/1986/07/04/pdfs/T00020-00028.pdf.
6 https://www.boe.es/boe/dias/1986/07/04/pdfs/ TO0032-00034.pdf.
Segundo. Campañas de adoctrinamiento lingüístico impulsadas desde la administración regional gallega.
La campaña '21 Días con el gallego y +' la promueve la administración regional gallega en los últimos años, bajo el mandato del Partido Popular (que gobierna en la región con mayoría absoluta) y fue impulsada por primera vez en el año 2013 a
través de una experiencia en el instituto de Puebla del Caramiñal, de la mano de la profesora doña Pilar Ponte 7. La iniciativa ha ido progresando hasta ser asumida en 2019 por la Secretaría General de Política Lingüística, dependiente de la
Consejería de Cultura, Educación, FP y Universidades.
La edición de este año 2023 se ha desarrollado en 12 centros gallegos entre el 24 de enero y el 13 de febrero, contando con una participación de 4.564 personas entre alumnos, profesores y personal de administración y servicios, ahondando de
manera alarmante en el adoctrinamiento político en las aulas.
De acuerdo con lo expresado en la página web de la campaña (la cual se encuentra exclusivamente en gallego y no es posible visualizar en español), '21 días Con el Gallego (...) tiene como finalidad promover el uso del gallego oral entre la
gente, dentro y fuera de los centros de enseñanza, en el marco del Plan de dinamización de la lengua gallega en la juventud' 8. No en vano, esta iniciativa lingüística nace 'para que el alumnado hable más el gallego y perfeccione su uso dentro y
fuera de las aulas'. Con este objetivo, se propone que los alumnos matriculados en las etapas educativas de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, se comprometan con
sus docentes a hablar exclusivamente en gallego las 24 horas del día durante los 21 días que tiene el programa, dentro y fuera del centro de enseñanza.
Es relevante destacar que desde la página web de la campaña se felicita a los niños que hablan en gallego de forma cotidiana: '¡genial! Eres de las personas que guardan el tesoro centenario de nuestra lengua', señala el texto de
presentación de la campaña; mientras que, por otra parte, se anima a los alumnos que hablan en español a cambiar de lengua: 'es muy fácil cambiar esa situación y sumarte a la gente que habla en gallego', afirma la página web oficial. A ambos
perfiles se les pregunta si en su familia hablan gallego.
Por ello, la asociación Hablamos Español ha denunciado 9 que el objetivo de la campaña 'es que los jóvenes que tienen como lengua materna el español, adquieran el hábito de utilizar el gallego en cualquier situación de su vida cotidiana,
consiguiendo así lo que se denomina como 'neofalantes', es decir, personas que renuncian a la lengua de su familia por el gallego'. Hablamos Español explica también cómo se desarrolla en la práctica esta campaña: 'la Consejería de Educación del
gobierno gallego despliega todo su aparato para dar apoyo a este programa enviando cartas a los padres, divulgando el programa en sus redes, estableciendo colaboraciones con la radio y la televisión gallegas'. Asimismo, 'felicitan a los que hablan
gallego y les proponen que convenzan a sus compañeros. A los que hablan español se les cuestiona intentando que reflexionen y averigüen cuál es la causa, su familia o que no son capaces. Les preguntan si creen que lo lograrán antes del día 21 y si
continuarán haciéndolo siempre, después'.
La grave injerencia de la Administración en la privacidad de las familias que implica todo lo expuesto es un ejemplo claro de instrumentalización de la educación y de los niños y adolescentes con fines de adoctrinamiento político. Se invade
el ámbito privado y familiar, se señala a los alumnos que hablan español, por cuanto se les culpa de no 'guardar un tesoro centenario', se les presiona para que actúen en un determinado sentido con todo el aparato de la Administración pública y con
los recursos de todos.
Tercero. El uso del gallego en la administración y en el acceso a la función pública.
Los ataques al español por parte de las administraciones regionales no se limitan al ámbito estrictamente educativo, sino que tienen proyección en todas las acciones y estrategias del sector público. Hemos de referirnos, en consecuencia, a
la incidencia de las políticas de 'normalización lingüística' en el acceso a la función pública.
7 https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/76576/programa-dinamizacion-linguistica-21-dias-con-gallego-arranca-quinta-edicion?langId=es_ES#:~:text=En%20esta%20nueva%20edici%C3%B3n%2C%20que, en%20los%20cinco%20a%C3%B1os%20de.
8 https://blogs.xunta.gal/21diascogalegoemais/presentacion/.
9 https://www.outono.net/elentir/2023/01/26/nueva-campana-del-gobierno-gallego-para-que-los-ninos-no-hablen-en-espanol-durante-21-dias/.
Las distintas administraciones de los territorios españoles con lengua regional, también la Junta de Galicia, han desarrollado numerosas prácticas de control y evaluación de materias lingüísticas en los procesos selectivos para el acceso a
la función pública regional. De esta manera, la implantación progresiva y constante de exigencias lingüísticas ha hecho que lo que comenzó como mérito (el conocimiento de la lengua regional) se haya convertido en imposición (por cuanto se impide a
ciudadanos españoles acceder a la función pública en una Administración española -regional o local- por el hecho de no conocer la lengua regional). Ello busca culminar con el desplazamiento del español como lengua vehicular y consagrar el uso del
gallego de forma excluyente. Ejemplo reciente de ello es la resolución publicada en el DOG 66, de 25 de marzo de 2020 10, en la que se establecen los requisitos de concurrencia a las oposiciones de ámbito regional gallego, concretadas en la
exigencia del nivel Celga 4. Esto es, se prima la lengua sobre el mérito y la capacidad exigidos por el artículo 103.2 de la Constitución.
Una vez ya se es funcionario de otra Administración de cualquier ámbito territorial, imposiciones como las descritas dificultan considerablemente la movilidad de los trabajadores públicos de unas administraciones a otras, por cuanto solo
quienes acrediten el dominio de la concreta lengua regional podrán acceder a la función pública en numerosas regiones de España.
Igualmente, las imposiciones lingüísticas cercenan el derecho de todos a relacionarse con la Administración en español. La lengua común ha sido relegada a un segundo plano en beneficio de la lengua regional. Así ocurrió en Galicia, por
ejemplo, con la vacunación contra la COVID-19, cuando la Consejería de Sanidad entregaba a quienes acudían a vacunarse tres páginas con información y recomendaciones solo en gallego, alegando los sanitarios que la Junta no las elaboraba en español.
La persecución y arrinconamiento de quienes usan el español en sus relaciones habituales, tanto en el ámbito social y familiar como con la administración, es constante.
Cuarto. Conclusiones.
Como se ha observado anteriormente, la iniciativa '21 Días con el gallego y +', impulsada por la Junta de Galicia, constituye un ejemplo más de los constantes ataques al español perpetrados desde las administraciones regionales en las
últimas décadas. En esta ocasión, incluso, se presiona y se adoctrina a menores en favor de un determinado propósito político. Esto mismo ocurre en las oposiciones convocadas por la administración territorial gallega, en las que se prioriza el uso
del gallego, en detrimento del idioma común de todos los españoles y de quienes, siendo nacionales, no conocen la lengua regional.
Además, se ha evidenciado cómo la defensa del uso del español en las aulas, ante la hostilidad de los poderes públicos en muchas regiones de España, es una tarea complicada para alumnos, profesores y familias. A pesar de los claros mandatos
constitucionales, la lengua común sufre desde hace tiempo ataques muy graves, especialmente en aquellos territorios donde el separatismo influye u ostenta el poder. Sin embargo, como hemos podido comprobar, las mismas estrategias de arrinconamiento
del español, manipulación de menores y de población en general, y uso de fondos públicos para propósitos netamente políticos y contra la Nación también se producen en administraciones regionales dirigidas por partidos que dicen defender la unidad de
España y la igualdad entre todos los españoles. Y se producen, además, con la aquiescencia de los distintos y sucesivos gobiernos nacionales aglutinados en los pactos y consensos de los grandes partidos con el separatismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Instar a la Junta de Galicia a cesar en su empeño de arrinconamiento del español en las aulas de la región y, en particular, a poner fin a la campaña ''21 Días con el gallego y +''.
2. Promover las medidas oportunas para garantizar la libertad del uso del español en la región de Galicia, así como en el resto de España.
3. Requerir a la Junta de Galicia a dar efectivo cumplimento al mandato constitucional, materializando así el deber y el derecho de conocer y utilizar el español en todas las regiones de España en general, y en Galicia en particular.
10 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200403/AnuncioG2017-250320-0001_es.html.
4. Impulsar todas las medidas necesarias en el ámbito educativo a fin de garantizar el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en español, así como para garantizar el derecho de todos los españoles a relacionarse en español con
todas las administraciones públicas en, cualquier región de España.
5. Promover las modificaciones legales que sean necesarias para remover los obstáculos que impidan el acceso de todos los españoles en igualdad de condiciones al ejercicio de la función pública en cualquier Administración territorial de
España, en particular a través de la eliminación de la exigencia de conocimiento del gallego para el acceso a los procesos selectivos a cargo de la Junta de Galicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-Georgina Trías Gil, Joaquín Robles López, María de los Reyes Romero Vilches, José Ramírez del Río, María Teresa López Álvarez y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/001179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Carla Toscano de Balbín, doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Rocío de Meer Méndez y doña María de la Cabeza Ruiz solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputadas del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Proposición no de Ley para la destitución inmediata de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia
de Género, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Sentido de esta Proposición no de Ley.
La presente proposición no de ley tiene por objeto instar al Gobierno a la destitución inmediata de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Martínez, alias 'Pam', así
como solicitar al presidente del Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, el cese de la ministra de Igualdad, Irene María Montero Gil, y la supresión del Ministerio de Igualdad.
El motivo más reciente de las peticiones anteriores es el vídeo emitido en el perfil personal de la red social de Twitter de la secretaria de Estado, y grabado por ella misma, en el que ampara y jalea gritos proferidos por asistentes a la
concentración feminista del 8 de marzo, presumiblemente menores de edad, con el siguiente tenor: 'Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar'. La expresión de la secretaria de Estado no deja duda sobre la intención
de esa grabación.
Lo anterior constituye una muestra evidente de odio hacia el máximo representante de un partido democrático con casi 4 millones de votos, presidente de la tercera fuerza política de ámbito nacional y tercer grupo parlamentario del Congreso
de los Diputados. Esta conducta sería ya grave viniendo de un español sin cargo público alguno; pero concurre una especial gravedad cuando se trata de la número dos de un Ministerio del Reino de España.
Desgraciadamente, este es un ejemplo más del lamentable activismo, grosero y vulgar, de la secretaria de Estado, que es impropio de su rango institucional y de su condición de representante de todos los españoles; no por habitual, conductas
como estas deben dejar de ser censuradas.
Debe recordarse que, cuando apenas eran una centena los violadores que habían visto rebajada su pena, la Sra. Rodríguez Martínez hizo mofa y carcajada de los efectos nefastos de su ley y del sufrimiento de las víctimas: '¿ Qué está pasando
con los violadores a la calle? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. (...) De los creadores de 'las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas' llega 'los violadores a la calle'. (...) Cientos,
miles, oleadas, hordas'.
Podemos convenir, sin temor a equivocarnos, que las políticas de este Gobierno, en especial aquellas lideradas por el Ministerio de Igualdad, solo buscan dividir a los españoles. Se está infligiendo a la sociedad, y muy especialmente a las
mujeres y a los menores, a quienes las mandatarias de este Ministerio dicen proteger, un inmenso daño de difícil cuantificación y de imposible reparación, porque sus
efectos de desprotección, negligencia y fanatismo son imborrables. Es evidente que, desde los cargos que ostentan, las dirigentes de este Ministerio están muy lejos de servir a los mejores intereses de España y de los españoles; al
contrario, son el mejor testimonio de la instrumentalización de los recursos públicos para, viviendo a costa de dichos recursos tan necesarios para la población, generar odio y enfrentamiento entre los españoles.
El activismo zafio, la chabacanería, la falta de respeto institucional y el ataque personal a representantes públicos deben ser eliminados para siempre de la vida política española. Y ello pasa, necesariamente, por la destitución inmediata
de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y, en último término, por el cese de la ministra de Igualdad, Irene María Montero Gil, y la supresión del Ministerio de Igualdad.
Segundo. Conclusión.
La práctica totalidad de las actuaciones del Ministerio de Igualdad merecen la más enérgica repulsa por lo ya expuesto: la vileza de sus principios inspiradores se manifiesta en todas sus acciones. No obstante, en esta ocasión pretendemos
resaltar el hecho de que unas pretendidas políticas de igualdad son utilizadas para efectuar un linchamiento mediático y social, así como un señalamiento y arrinconamiento de quienes disienten de la ideología 'oficial'.
Es evidente que el feminismo, y las manifestaciones que se celebran con ocasión del '8M', son utilizadas y puestas al servicio de una posición netamente política que pretende imponerse de manera exclusiva y excluyente y que, disfrazada de
reivindicación, no es sino la que se promueve como ideología oficial del Estado. Tal es el interés político de estas manifestaciones 'feministas' para el actual Gobierno que en el año 2020 paralizó de forma criminal la adopción de cualquier medida
contra el coronavirus con tal de celebrar estas concentraciones; y ello, a pesar de que ya conocía la magnitud y velocidad de contagio del COVID-19. Tampoco pueden olvidarse los cánticos vertidos en una manifestación de mujeres que tuvo lugar en
las puertas del Congreso durante el mes de febrero de 2020, en la que se corearon cánticos como 'una copa menstrual en la boca de Abascal' o 'Madrid será la tumba de Abascal'.
Todo lo anterior se produce bajo la responsabilidad de la ministra, Sra. Montero Gil, que constituye el mejor ejemplo de los propósitos disolventes de la sociedad que tiene el Ministerio de Igualdad; no en vano, este departamento es la
perfecta síntesis del programa ideológico de la izquierda radical en materia de sociedad y familia. Y todo ello, además, con ingentes cantidades de dinero público. Concretamente, el Ministerio de Igualdad supone para los españoles erario un gasto
que no cesa de aumentar: 459.332.060 euros en 2021 11; 525.105.640 euros en 2022 12; 573.123.610 euros en 2023 13. A estas cuantías hay que sumar las que los demás Ministerios (e incluso, al presente, los fondos europeos) destinan a la referida
cuestión.
En una situación socioeconómica caracterizada por la crisis, con una inflación disparada y un número creciente de familias que no pueden afrontar los gastos básicos de la compra o la calefacción, resultan a todas luces prescindibles los
miles de millones de euros que se han destinado hasta ahora a la implantación social del concepto de 'violencia de género' y a la financiación de actividades basadas en la lucha contra ella.
En definitiva, las políticas de odio y división del Gobierno y del Ministerio de Igualdad no encuentran límite. Incluso, además de a VOX, atacan a representantes de otras fuerzas políticas que, imbuidos de miedo y deseosos de ser aceptados
en un falso consenso, acuden a estas algaradas solo para ser expulsados de la manifestación del 8M entre insultos y empujones. Es imposible ocultar que a este Gobierno no le importan ni la igualdad ni las mujeres, ya que la legislación que ha
impulsado supone más de setecientas rebajas de condenas y más de setenta excarcelaciones, con el peligro que supone para las mujeres poner a criminales en la calle.
Por lo que respecta a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Sra. Rodríguez Martínez, los motivos expuestos son merecedores de su inmediata destitución, con el fin de que deje de hacer activismo zafio
utilizando recursos de todos los españoles. Asimismo, la futilidad, voluntad de división y perversos fines de quienes encabezan el Ministerio de Igualdad son también merecedores de la reprobación de la ministra de Igualdad, Sra. Montero Gil, así
como de la supresión de
11 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2021Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_21_E_G30.PDF.
12 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_22_E_G30.PDF.
13 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2023Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc /L_23_A_G30.PDF.
este departamento ministerial, innecesario en sus funciones, injusto e ideológico en su actividad y oneroso en su estructura.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
- Insta al Gobierno a destituir de manera inmediata a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Sra. Rodríguez Martínez, alias 'Pam', por los gritos de odio coreados en la manifestación del 8 de marzo, con el
tenor 'Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar', así como por sus reiteradas faltas de respeto al cargo que ostenta.
- Insta al Gobierno a retirar de manera inmediata la campaña 'Ahora que ya nos veis, hablemos', por su contenido inapropiado y por lo que supone de invasión de los poderes públicos en la intimidad de las personas a través de la sexualidad,
pretendiendo imponer, también en el ámbito moral, un propósito político como ideología de Estado.
- Acuerda la reprobación de la ministra de Igualdad, Sra. Montero Gil, por sus numerosas acciones en perjuicio del bien común, su constante apología de la actividad sexual por y entre menores, sus ataques intolerables a la separación de
poderes y al Estado de Derecho y su indiferencia hacia las consecuencias perversas para la protección de las mujeres que supone la legislación que ha impulsado el Ministerio de Igualdad, que favorece a los criminales.
- Insta al Sr. presidente del Gobierno a que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, destituya también de forma inmediata a la Sra. Montero Gil como ministra de Igualdad por los motivos expuestos.
- Insta, igualmente, al Sr. presidente del Gobierno a que, de conformidad con el artículo 2.2 j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, suprima el Ministerio de Igualdad, departamento ministerial dañino, innecesario en sus
funciones, injusto, ideológico y oneroso en su estructura, destinando la totalidad de su presupuesto a paliar la emergencia social que sufren los españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-Carla Toscano de Balbín, Lourdes Méndez Monasterio, Rocío de Meer Méndez y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputadas.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.