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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 590, de 14/03/2023
cve: BOCG-14-D-590
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
14 de marzo de 2023
Núm. 590
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la tributación de las aportaciones a las mutualidades laborales... (Página4)
Comisión de Interior
161/004873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la declaración urgente de Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad... (Página5)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso del trazado del AVE Murcia-Almería... (Página7)
161/004883 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la N-523 entre Cáceres y Badajoz de forma urgente... (Página8)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004872 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la publicación y elaboración de datos sobre los recursos económicos destinados a la educación pública y a la educación privada concertada en todo el
territorio nacional... (Página10)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004875 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la elaboración y tramitación de la normativa para la reparación de los afectados por la talidomida...
161/004878 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a dignificar la situación laboral del colectivo de las aparadoras y garantizar unas cotizaciones reales y dignas... (Página13)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004888 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a asegurar la soberanía de los datos digitales generados en el curso de la actividad agraria... (Página14)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la regeneración medioambiental de la Ría de Betanzos... (Página16)
Comisión de Cultura y Deporte
161/004880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la calificación de las competiciones de Primera y Segunda División del Fútbol Sala nacional como competiciones de carácter
profesional... (Página17)
161/004882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del proyecto 'Prado Extendido Barcelona' por parte del Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con el resto de
administraciones, públicas y privadas... (Página19)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004887 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la nueva metodología de cálculo del Índice de Precios de Consumo (IPC)... (Página20)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a facilitar el acceso a medicamentos huérfanos en España... (Página23)
161/004876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de avances tangibles en el diagnóstico y el tratamiento integral de las enfermedades raras en el Sistema Nacional de
Salud... (Página24)
161/004885 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a desarrollar una Plan Estratégico Nacional para el abordaje de la enfermedad renal crónica en el Sistema Nacional de Salud...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/002132 Pregunta formulada por el Diputado Juan Antonio Callejas Cano (GP), sobre motivo por el que no se ha puesto aún en funcionamiento la Planta de Estabilización de Mercurio que la Empresa Pública MAYASA ha construido en Almadén tras
una inversión de, al menos, cuatro millones de euros... (Página27)
181/002133 Pregunta formulada por el Diputado Juan Antonio Callejas Cano (GP), sobre punto en el que están ubicadas las minas de sal donde se están transportando las 400 toneladas de mercurio líquido, provenientes de la Empresa Pública
MAYASA, según la adjudicación que tuvo lugar el 29/06/2022... (Página28)
181/002134 Pregunta formulada por el Diputado Juan Antonio Callejas Cano (GP), sobre cantidad de mercurio líquido que quedará en el depósito de la mina de 'Las Cuevas', en propiedad de MAYASA, tras el transporte de 400 toneladas a unas minas
de sal, según la adjudicación que tuvo lugar el 29/06/2022... (Página28)
Comisión de Interior
181/002131 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), López Álvarez, María Teresa (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
seguimiento que está realizando el Gobierno de la trama de corrupción conocida públicamente como 'Caso Mediador' e investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en la que se señala la posible implicación de hasta 16
Diputados más del Partido Socialista Obrero Español... (Página28)
Comisión de Igualdad
181/002128 Pregunta formulada por las Diputadas Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Trías Gil, Georgina (GVOX), sobre coste medio de un aborto en las prácticas abortivas que se realizan en España... (Página28)
181/002129 Pregunta formulada por las Diputadas Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Trías Gil, Georgina (GVOX), sobre principales medidas promovidas durante la XIV Legislatura para garantizar que las madres gestantes tengan alternativas reales
al aborto... (Página29)
181/002130 Pregunta formulada por las Diputadas Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Trías Gil, Georgina (GVOX), sobre dinero público destinado durante la XIV Legislatura a promover y facilitar los abortos, así como cantidad destinada a proteger
la maternidad... (Página29)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página29)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley la tributación de las aportaciones a las mutualidades laborales, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
En la Resolución de 01/07/2020 (N.º 00/02469/2020/00/00) dictada por el Tribunal económico-administrativo central para unificación de criterio (recurso 2469/2020), que resuelve sobre la aplicación de la Disposición transitoria 2.ª de la Ley
35/2006 del IRPF sobre la forma de integración de la pensión pública percibida de la Seguridad Social de un contribuyente que había cotizado a la mutualidad laboral de la Banca, se establece el siguiente criterio:
'Cuando se realizaron aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca con anterioridad a 1 de enero de 1967 no concurren las circunstancias contempladas en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, lo que determina
que deba excluirse como rendimiento del trabajo el 100 % de la parte de la pensión de jubilación percibida de la Seguridad Social correspondiente a las dichas aportaciones.'
El TEAC fundamenta su criterio en la naturaleza de las Mutualidades Laborales y en el hecho de que no es hasta el 1 de enero de 1967, cuando las aportaciones a la Mutualidad fueron deducibles en iguales condiciones que las aportaciones a la
Seguridad Social.
En la Consulta V1618-18 de la Dirección General de Tributos se establece un método para calcular la parte de la pensión correspondiente a las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre del 1966, operación que puede realizarse con
cuatro datos que figuran en el Informe de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social y, por lo tanto, que son perfectamente conocidos por la administración pública.
Cabría esperar, en consecuencia, una actuación de oficio por parte de las administraciones implicadas para evitar que sigan produciéndose retenciones o pagos a cuenta en las prestaciones abonadas por la Seguridad social a personas que se
encuentran en estos supuestos.
Del mismo modo cabría esperar una regularización de las contribuciones de estas personas durante los últimos 4 ejercicios con la consiguiente devolución de ingresos indebidos, evitando así, una
proliferación de consultas y reclamaciones particulares, así como la inevitable discriminación de las personas menos informadas o imposibilitadas, por razón de edad o de enfermedad, para realizar los trámites necesarios.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Establecer las medidas necesarias para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no integre en la base imponible de las prestaciones que abona a las personas beneficiarias la parte no sujeta a tributación según el criterio de la
resolución del TEAC de 1 de julio del 2020 sobre el tratamiento de las aportaciones a Mutualidades laborales anteriores a 1 de enero del 1967.
2. Dar las instrucciones precisas para que la Agencia Tributaria proceda de oficio a regularizar el IRPF de las personas que realizaron aportaciones a Mutualidades Laborales antes del 1 de enero del 1967, procediendo a la devolución de las
cantidades cobradas indebidamente durante los últimos 4 ejercicios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Interior
161/004873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, doña María Teresa López Álvarez, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel, don Ignacio Gil Lázaro, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Carlos José Zambrano García-Raez,
en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley para la declaración urgente de Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. El Campo de Gibraltar, foco de inseguridad.
La comarca del Campo de Gibraltar se ha convertido en un foco de inseguridad por dos motivos: el tráfico de drogas y la presión de la inmigración ilegal. Los habitantes del Campo de Gibraltar padecen una inseguridad extrema que hace
insoportable su vida diaria. El narcotráfico ha hecho del estrecho de Gibraltar su base de operaciones, siendo uno de los principales puntos de entrada de hachís proveniente de Marruecos hacia Europa. Los 14 kilómetros de separación entre ambos
continentes son asiduamente recorridos por 'narcolanchas' que, evitando los controles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ('FFCCSE'), introducen droga en nuestro país y en Europa.
El narcotráfico se ha convertido en una forma de vida para muchos habitantes del Campo de Gibraltar. Según apuntan los agentes de las FFCCSE allí destinados, esta es una práctica cada vez más generalizada en esta zona y el principal
problema para su erradicación es la sensación de impunidad que tienen los delincuentes.
A esta situación se añade la avalancha de inmigrantes ilegales que recibe esta comarca, una de las principales vías de acceso de la inmigración ilegal a España.
Segundo. Falta de medios y abandono de los agentes destinados en Campo de Gibraltar.
Los agentes de las FFCCSE destinados en el Campo de Gibraltar acusan la falta de medios materiales y humanos, la ausencia de incentivos o complementos de productividad y peligrosidad en sus salarios, la difícil inserción social en dicha
comarca en algunos casos, la inferioridad de condiciones con la que tienen que hacer frente a los narcotraficantes y la sensación de impunidad de los inmigrantes que acceden a España ilegalmente empleando una gran violencia.
En este sentido, los miembros de la Guardia Civil allí destinados afirman que 'las brutales agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los compañeros fallecidos de Policía Local, Guardia Civil y Aduanas a manos de los narcos
y la falta de incentivos a los policías en el Campo de Gibraltar hacen que cada vez más policías decidan abandonar las plantillas' 1. Respecto de los medios de los que disponen, explican que 'es insostenible porque no hay que olvidar que los narcos
tienen más medios', y ponen el ejemplo de los vehículos que usan, que 'van muy por delante que los nuestros'.
Los miembros de las FFCCSE sufren amenazas continuas y se ven obligados a esconder su profesión por su seguridad y la de sus familias: 'A un compañero le abordaron cuando salía de trabajar. Le enseñaron una foto de sus hijos, le dijeron el
nombre del colegio al que iban y le preguntaron '¿qué tal están tus hijos en tal colegio?' En el siguiente concurso general de méritos, se fue de Algeciras' 2. El último ejemplo de agresión tuvo lugar en la segunda semana del mes de enero de 2023,
cuando apareció el vehículo de un agente totalmente carbonizado en la puerta de su casa en La Línea de la Concepción.
Tercero. Necesidad de declarar Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad.
En este inhóspito contexto, el 40 % de la plantilla de las FFCCSE -300 agentes- ha solicitado el traslado en el último año.
Las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía reclaman la necesidad urgente de declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad ('ZES'). Los agentes manifiestan que solo esto 'podría
frenar el deterioro de la situación' 3. La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) manifestó lo siguiente:
'Solicitamos que de una vez por todas, se declaren Zonas de Especial Singularidad a aquellas que tanto por presión migratoria como por el narcotráfico y otros aspectos sociales, estén sufriendo un repunte exponencial en la comisión de
delitos de este tipo, para dotarlas con más personal y mejor material, así como un complemento retribuido de peligrosidad, de lo contrario, este tipo de acciones no dejarán de aumentar, por lo que instamos al Ministro del Interior y a la Directora
General, a que realicen y coordinen un plan de acción efectivo ante esta grave problemática.'
El ministro del Interior se comprometió a realizar un plan de acción en enero de 2022 en una reunión con la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) 4. No obstante, a la fecha de presentación de esta iniciativa no se ha adoptado tal
medida y los agentes siguen padeciendo la misma situación. La urgente declaración de Campo de Gibraltar como ZES es una cuestión de vital importancia para la seguridad de nuestros agentes y vecinos debido a las siguientes razones: (i) dotar de los
medios y efectivos suficientes para combatir el crimen del narcotráfico, así como el crimen provocado por la inmigración ilegal y otros factores; (ii) incentivar el Campo de Gibraltar como destino, con los correspondientes complementos y
condiciones laborales idóneas para el desempeño de sus funciones; (ii) acabar con la inseguridad, la institucionalización del narcotráfico, la sensación de impunidad de los inmigrantes ilegales y el efecto llamada; y (iv) consecuencia de todo lo
anterior, restaurar el orden, mantener la paz y garantizar la seguridad de todos los españoles y, especialmente, de aquellos que viven en Campo de Gibraltar.
1 Acoso a los policías y guardias civiles del Campo de Gibraltar: 'Los narcos nos enseñan fotos de nuestros hijos y nos persiguen'. El Mundo. 16 de enero de 2023. Disponible en:
https://www.elmundo.es/espana/2023/01/16/63a5f9f621efa0b2498b45d7.html [Última visita: 1 de febrero de 2023].
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Marlaska compromete la zona de especial singularidad para este año, anuncia la AUGC. Europa Sur. 14 de enero de 2022. Disponible en: https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/Marlaska-zona-especial-singularidad-AUGC_0_1647436942.html
[Última visita: 17 de enero de 2023].
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar urgentemente las medidas necesarias para declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad.
Asimismo, se insta al Gobierno a estudiar la declaración como Zona de Especial Singularidad de aquellas otras zonas de España en las que concurran circunstancias similares provocadas por la inmigración ilegal, el narcotráfico o la
delincuencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-María Teresa López Álvarez, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, Agustín Rosety Fernández de Castro y Carlos José Zambrano García-Raez,
Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del trazado del AVE
Murcia-Almería, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En 2017 el Ministro de Fomento Iñigo de la Serna, elaboró y presentó a la opinión pública un cronograma para la puesta en marcha y construcción del tramo del corredor del Mediterráneo entre Murcia y Madrid, así como las obras de mejora que
prolongarían el mismo hasta Granada. El trazado Murcia-Almería se licitaría, adjudicaría y construiría a la vez y no por tramos o subtramos como hasta el momento.
El mismo contemplaba la llegada del AVE a Murcia en 2020, y a Almería para 2023. Desde su presentación, el Ministro fue compareciendo públicamente, y todos los procesos fueron cumpliendo con lo previsto. De esa manera todo el trazado
quedaría licitado y adjudicado a finales de 2018.
En mayo de 2018, todos los proyectos estaban redactados, y la previsión era que serían adjudicados ese año y durante 2019 todo el corredor estaría en obras. Se acababa de aprobar el presupuesto para ese año y la proyección presupuestaria
permitía mantener los compromisos a pesar de que una moción de censura provocó el cambio de Gobierno en junio.
El Ministro Ábalos sostenía en 2019 que el AVE estaría en Almería en 2023, lo que permitió creer que el proyecto en marcha no iba a sufrir retrasos.
Sin embargo, la realidad era bien distinta. El nuevo Gobierno decidió rehacer la entrada del tren en Murcia y modificar el proyecto de su paso por Lorca a pesar de que el elaborado por el anterior Gobierno gozaba de gran apoyo social.
Esto sirvió de excusa para retrasar todo el cronograma previsto, y el Gobierno socialista incumplió todos los planes y presupuestos aprobados por el Parlamento, incluidos los que ese mismo Gobierno consiguió aprobar en lo que constituye uno
de los mayores fraudes presupuestarios conocidos y la paralización y ralentización de todas las obras.
En 2021, el Gobierno decidió anunciar que la llegada del AVE se retrasaría hasta 2026, sin dar explicación ni asumir responsabilidad política alguna. La ejecución presupuestaria en todo este tiempo apenas alcanza el 10 % del total de los
presupuestos aprobados por el Parlamento, y en la actualidad el soterramiento de Lorca con un plazo de ejecución de 32 meses ni siquiera ha sido licitado. Algo similar pasa con el soterramiento de Almería y la variante de 10 kilómetros en Totana.
En definitiva, la inversión del Gobierno socialista respecto de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Alta Velocidad (AVE) ha sufrido incumplimiento
tras incumplimiento. En la provincia de Almería, la inversión prevista para 2019 fue 145 millones de euros y la real quedó en 25. En el 2020, la inversión prevista era de 273 millones de euros y quedó en 28. En 2021, la inversión prevista
era de 587 millones de euros y quedó en 21. En 2022, la inversión prevista era de 251 millones de euros y ha quedado en 175 provisionalmente. El total de la suma entre la inversión prevista y la real asciende a una diferencia de 1.000 millones de
euros. En cuanto a la Región de Murcia, se vuelve a repetir el incumplimiento de promesas. La inversión prevista para 2019 fue 82 millones de euros y la real quedó en 13. En 2020, la inversión prevista fue de 82 millones de euros y la real quedó
en 12. En 2021, la inversión prevista fue de 36 millones de euros y la real quedó en 5. En 2022, la inversión prevista fue de 90 millones de euros y la real ha quedado en 90 provisionalmente.
Esto evidencia que, de seguir así, las obras difícilmente podrán concluirse para 2026, ante la negligente e incompetente gestión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Elaborar, y con carácter de urgencia, a través de la Intervención General del Estado, una auditoría económica, financiera y técnica para determinar la situación real del estado de ejecución de las obras del trazado del AVE Murcia-Almería
y las causas y responsabilidades de los graves retrasos que se están produciendo en el proyecto. Las conclusiones se remitirán a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el plazo de tres meses.
2.º Adoptar todas las medidas necesarias, incluida la inmediata declaración de urgencia, para acelerar la construcción del proyecto y que el mismo pueda estar en pleno funcionamiento para 2026, de acuerdo con el compromiso vigente del
Gobierno presidido por Pedro Sánchez.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2023.-Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina, Teodoro García Egea, Juan José Matarí Sáez y Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la N-523 entre Cáceres y
Badajoz de forma urgente, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Las dos capitales de provincia extremeñas, Cáceres y Badajoz, precisan estar unidas por una 'carretera digna', esto es, por una moderna Autovía que favorezca las relaciones entre ambas ciudades, impulse la competitividad de la economía,
estimule el comercio y el turismo y mejore la seguridad y la comodidad de los miles de usuarios que cada día precisan de esta infraestructura para sus desplazamientos, que verían reducido su tiempo de viaje en más de 40 minutos.
A pesar de que esta ha sido una reivindicación histórica de los extremeños, al ser esta una infraestructura estratégica para la región, Cáceres y Badajoz siguen siendo las dos únicas capitales de provincia de España que no están unidas por
Autovía.
Durante años el partido socialista se posicionó radicalmente en contra de la actuación; tanto es así que ni siquiera apoyó los estudios previos preceptivos en los que basar cualquier toma de decisión alegaba que no había tráfico suficiente,
que el impacto ambiental iba a ser muy grande o que incluso la comunicación podía realizarse por Mérida, aunque haya 41 kilómetros más y por ello siempre votó en contra de las numerosas propuestas en favor de la Autovía impulsadas tanto en la
Asamblea de
Extremadura, como en ambas Diputaciones y en muchos ayuntamientos de la región, principalmente en los de Cáceres y Badajoz.
A pocos meses de las elecciones autonómicas del año 2007 el partido socialista varió su posición argumentando que 'la autovía Cáceres-Badajoz ya si es necesaria porque se va a construir en la capital pacense la Plataforma Logística del
Suroeste Europeo'. El cambio fue escenificado en el acto de lo que llamaron 'Colocación de la Primera Piedra de la Autovía Autonómica EX-A4, Cáceres-Badajoz', en noviembre de 2006, en el que el Sr. Rodríguez Ibarra, como presidente de la Junta, y
el Sr. Fernández Vara, como candidato del PSOE, anunciaron que con la obra de duplicación de la carretera EX-100 entre Badajoz y Gévora se iniciaba la construcción de la Autovía. De hecho, en el programa electoral socialista de mayo de 2007, el
Sr. Fernández Vara se comprometió a terminarla y ponerla en funcionamiento en un plazo de 4 años, esto es, en 2011.
Tan solo dos meses después de su toma de posesión como presidente de la Junta de Extremadura, Vara modificó su promesa electoral, y así en septiembre de 2007, tras una reunión con el presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, anunció
que sería el Gobierno de la Nación el que asumiría la financiación de la infraestructura, aunque la Comunidad Autónoma debía adelantar el dinero, realizando los proyectos, las expropiaciones y la totalidad de las obras. Se tardaron dos años en
redactar un Protocolo de Intenciones, suscrito en julio de 2009, para dar forma a esa 'peregrina idea', que no tuvo ningún avance en aquella primera legislatura del Sr. Fernández Vara.
Y así, cuando el Partido Popular accedió al gobierno extremeño en julio de 2011, la realidad es que los proyectos de construcción de la Autovía se encontraban paralizados, pues se había dictado la suspensión total de los cuatro contratos de
redacción de estos, debido a los incumplimientos de lo estipulado en el Protocolo firmado con el Ministerio de Fomento.
Tras numerosas gestiones (levantamiento de las suspensiones de los contratos, nuevas informaciones públicas, estudio de las numerosas alegaciones recibidas, resolución de problemas medioambientales y abono a los proyectistas de los débitos
de la anterior legislatura), el gobierno de la Junta de Extremadura dejó listos tanto los proyectos de trazado como los proyectos de construcción de los cuatro tramos en los que se ha dividido la obra de la Autovía Cáceres-Badajoz: Tramo 1: A-66
(en Cáceres)-Río Ayuela; Tramo 2: Río Ayuela-Carretera BA-157; Tramo 3: Villar del Rey-Bótoa; y Tramo 4: Bótoa-Autovía A5 (en Badajoz).
En junio de 2016, por el nuevo gobierno del Sr. Fernández Vara, fueron aprobados, de manera definitiva, tanto los expedientes de información pública como los proyectos de trazado de los cuatro tramos, por lo que, desde ese momento,
legalmente, se pueden licitar las obras.
Sin embargo, el Acuerdo de Infraestructuras Viarias e Hidráulicas de Extremadura 2017-2020, presentado por la Junta de Extremadura en la Asamblea, no incluyó para esos cuatro años, el impulso de ninguna actuación en relación con la Autovía
Cáceres - Badajoz. El ejecutivo extremeño alegó que Extremadura no tenía capacidad económica para desarrollar la actuación, por lo que su intención era ceder la carretera al Estado para que este realizara la infraestructura.
Y así, en abril de 2019, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó el cambio de titularidad de la carretera EX-100, Badajoz-Cáceres a favor del Ministerio de Transportes. Este hecho, según el presidente de la Junta,
'permitirá al Gobierno de España licitar la actuación e iniciar las obras antes de final del año 2020 que cumple la declaración de impacto ambiental'.
La realidad es que nada de esto se ha cumplido porque los exiguos importes consignados en los Presupuestos Generales del Estado (4,0 millones de euros en 2021 y 4,0 millones de euros en 2022) para el Tramo 1 de la autovía no se han
invertido, y la perspectiva de finalización de la infraestructura es a muy largo plazo, ya que las obras del primer tramo (licitado en julio de 2022) aún no han comenzado y no se prevé que finalicen antes de julio de 2027 (el plazo oficial de
ejecución es de 40 meses). Para el resto de los tramos no hay calendario oficial, pues los proyectos no cuentan ni siquiera con aprobación técnica por parte de la Dirección General de Carreteras.
Por otro lado, tenemos la lamentable situación en la que se encuentra la carretera convencional, ahora denominada N-523, Cáceres-Badajoz, cada vez más deteriorada y, por tanto, más peligrosa tras años sin prácticamente inversiones en su
mantenimiento.
Esta situación de abandono se evidenció tras el paso de la borrasca Efraín a mediados del pasado mes de diciembre, que provocó numerosos daños a lo largo de la vía e incluso el corte total de la carretera, por la ruina de una obra de
fábrica, lo que produjo un gran socavón en el kilómetro 45.
La carretera ha estado más de un mes cortada totalmente al tráfico, impidiendo la comunicación directa entre las ciudades de Cáceres y Badajoz y, aunque la circulación se ha reabierto recientemente, esta es tan solo posible para los
vehículos ligeros, con tráfico alternativo, regulado por semáforos, pues el vial provisional habilitado es muy estrecho, lo que provoca grandes colas de vehículos. Además, no hay fecha para la vuelta a la normalidad, pues lo único que saben decir
las autoridades competentes es que 'se tardarán meses en reparar el socavón'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. El inicio de las obras del tramo A-66 - Río Ayuela de la autovía A-58, Cáceres-Badajoz.
2. La inmediata aprobación técnica y dotación económica en los Presupuestos Generales del Estado del resto de tramos de la autovía para su urgente licitación.
3. La urgente reparación del socavón producido en el kilómetro 45 de la carretera N-523, Cáceres-Badajoz, para que todo tipo de vehículos puedan circular por la carretera.
4. La contratación de obras de refuerzo del firme, mejora del drenaje tanto transversal como longitudinal, reposición y mejora de la señalización, mejora del balizamiento y las defensas a lo largo de todo el trazado de la carretera N-523,
Cáceres-Badajoz, que permita la circulación con seguridad y comodidad a los miles de vehículos que la usan a diario hasta que se complete la autovía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2023.-Víctor Valentín Píriz Maya y María Teresa Angulo Romero, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Georgina Trías Gil, don Joaquín Robles López, don José Ramírez del Río, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Mireia Borrás Pabón y doña María Teresa López Álvarez, en su condición de
Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley para
la publicación y elaboración de datos sobre los recursos económicos destinados a la educación pública y a la educación privada concertada en todo el territorio nacional, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Los centros docentes del sistema educativo español se clasifican según su titularidad jurídica y de acuerdo con el origen y el carácter de los recursos que aseguran su sostenimiento. Así, existen los centros privados, de titularidad privada
y sostenidos con fondos privados; los centros públicos, de titularidad pública y sostenidos con fondos públicos; y los centros privados concertados, de titularidad privada y financiados mediante un sistema de concierto público.
En este último sentido, el artículo 116 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que 'los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta Ley y satisfagan necesidades de escolarización (...)
podrán acogerse al régimen de conciertos educativos en los términos legalmente establecidos. Los centros que accedan al régimen de concertación educativa deberán formalizar con la Administración educativa que proceda el correspondiente concierto',
que serán las Administraciones regionales. Estos conciertos han sido y son fundamentales en el sistema educativo español, por cuanto alivian la congestión de alumnos que sufren los centros docentes públicos y garantizan
el derecho constitucional que asiste a los padres para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos (artículo 27.3 de la norma fundamental).
De la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 5 se desprende que en el curso 2020-2021 las Administraciones Públicas aportaron el 57 % de los ingresos corrientes de los centros docentes privados concertados.
Según los datos que se muestran a continuación, estas aportaciones suponen una media de 2.632 euros por alumno:
Sin embargo, y a pesar de los datos expuestos anteriormente, no consta que las Administraciones Públicas con competencias en materia educativa hayan llevado a cabo ningún análisis ni estudio de
5 Encuesta de financiación y gasto de la Enseñanza Privada-Curso 2020-2021:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176760&menu=resultados&idp=1254735573113 (INE).
ámbito nacional que compare la inversión media por alumno que realiza la educación pública y la que hace la educación privada concertada, de tal manera que este aspecto, su desempeño y resultados en relación con la inversión efectuada, pueda
evaluarse con propiedad y objetividad. Así pues, es necesario llevar a cabo tal estudio para conocer si existe infrafinanciación en alguna de las modalidades educativas.
En definitiva, el sistema público de educación debe ser el verdadero ascensor social que garantice a los españoles la posibilidad de alcanzar un empleo digno y la prosperidad socioeconómica. España necesita un sistema educativo público
sólido y excelente, que coadyuve a que los más jóvenes puedan conseguir una formación adecuada, a que logren un nivel de vida correcto, y a que en consecuencia accedan a trabajos dignos que les permitan formar sus propias familias y participar con
fuerza en el progreso nacional.
En este sentido, se debe proteger y promocionar la educación privada concertada, pero también impulsar y garantizar la excelencia de la educación pública, y ambos propósitos deben basarse en datos solventes y exactos que posibiliten análisis
objetivos y racionales. Ambas son elementos esenciales en nuestro sistema educativo, que garantizan la materialización de un derecho constitucional fundamental para el desarrollo de España, como es la educación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la elaboración de un estudio de ámbito nacional que lleve a cabo la recopilación, análisis y publicación de datos sobre los recursos económicos destinados a la educación pública y a
la educación privada concertada. Como contenido mínimo, este estudio deberá:
1. Publicar los datos sobre la cantidad económica que destinan las diferentes administraciones públicas españolas por alumno a la educación pública y a la educación privada concertada, desagregado por regiones y, en su caso, municipios.
2. Impulsar, a través del Instituto Nacional de Estadística, la recopilación, análisis y publicación de las correspondientes estadísticas sobre los recursos destinados por parte de las administraciones territoriales correspondientes a la
educación pública y a la educación privada concertada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-Georgina Trías Gil, Joaquín Robles López, María de los Reyes Romero Vilches, José Ramírez del Río, María Teresa López Álvarez y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración y
tramitación de la normativa para la reparación de los afectados por la talidomida para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La talidomida es un fármaco desarrollado por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal GmbH y comercializado de 1957 a 1963 como sedante y calmante de las náuseas durante los primeros meses de embarazo, que provocó miles de casos de
malformaciones congénitas, con miles de nacimientos de bebés afectados de focomelia, anomalía congénita que se caracterizaba por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.
Durante los años 50 y 60, este fármaco también fue utilizado en el Estado español, provocando miles de víctimas de las enfermedades derivadas de su uso. Victimas que aun hoy siguen sir ser reparadas.
Existen desde 2018 partidas económicas destinadas a satisfacer las indemnizaciones derivadas de las peticiones de los y las afectadas por Talidomida, pero estas siguen siendo limitadas en su alcance y cuantía, ya que ni abarcan la totalidad
de las víctimas ni las indemnizaciones que estas reclaman.
Así mismo, y a diferencia de otros estados, no existe en el Estado Español ninguna normativa que reconozca y regule los derechos de reconocimiento y resarcimiento de las personas afectadas, ni siquiera existe un censo real y oficial sobre el
número de víctimas. Tampoco la empresa alemana Grünenthal GmbH, responsable del fármaco, tiene contraída ninguna obligación para el resarcimiento e indemnización de las afecciones producidas por su medicamento sobre numerosas personas.
Por ello, es urgente acabar lo antes posible con la discriminación que sufren estas víctimas elaborando y aprobando la normativa necesaria para el reconocimiento completo y el acceso al resarcimiento e indemnizaciones a las que deberían
tener derecho los afectados. El Gobierno español debe cumplir con la deuda pendiente y avanzar en la solución a esta situación que viven miles de personas décadas después de la crisis provocada por la Talidomida.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Culminar en un plazo máximo de tres meses, la elaboración y tramitación del proyecto de Real Decreto-Ley, que regule el procedimiento de concesión y reparto de las ayudas destinadas a las personas afectadas por la talidomida en España
durante el periodo 1950-1985.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/004878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dignificar
la situación laboral del colectivo de las aparadoras y garantizar unas cotizaciones reales y dignas para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Los últimos informes sobre precariedad laboral en el Estado Español elaborados por los sindicatos de clase señalan una triste realidad, y es la directa relación entre brecha salarial y sectores productivos más feminizados y con salarios más
bajos. Además, dentro de este sector de la economía feminizada, el grupo de trabajadoras sin cualificaciones oficiales está más afectado por la brecha salarial, donde esta aumenta de la media del 24 % al 30 % aproximadamente.
En la Comunidad Valenciana, como en el resto del Estado, son varios los sectores productivos fuertemente feminizados y con situaciones de precariedad alarmantes. En estos últimos tiempos se han puesto en pie de guerra contra esta situación
de extrema desigualdad: las aparadoras de la industria del calzado. Este colectivo, de forma autoorganizada, independiente y novedosa ha conseguido poner en alza sus reivindicaciones en la agenda política de la lucha contra la precariedad laboral.
Solamente en la ciudad de Elx, según estimaciones de la propia Generalitat, sobre un 40 % de la producción del calzado se realiza de manera irregular. Por otro lado, según la Universidad de Miguel Hernández, el 88 % del aparato del calzado
se realiza en la economía sumergida.
Detrás de los datos se encuentran mujeres trabajadoras en jornadas maratonianas de unas 10 horas diarias, con productos tóxicos, sin contrato, y con suerte por unos 600 al mes. Asimismo, la Universidad
de Alicante, añade datos estremecedores sobre su salud: el 67 % de las mujeres aparadoras sufren dolor de huesos, columna y articulaciones; y el 20 % sufre trastornos psicológicos como depresión y ansiedad.
Desde las Instituciones debe apostarse por el empoderamiento de las trabajadoras y trabajadores frente a la explotación y la precariedad laboral, poniendo a su disposición las herramientas para encontrar fórmulas que respeten la
corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
La competitividad de la economía del territorio valenciano tiene que ir de la mano de los derechos y la dignidad laboral de sus protagonistas: las personas trabajadoras. Debemos convertir los derechos laborales de nuestras trabajadoras y
trabajadores en un valor añadido a la marca turística de nuestro territorio, por eso presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se reconozca al colectivo de las aparadoras en la Seguridad Social todos los años trabajados, con el objetivo de garantizar unas cotizaciones reales y dignas.
2. Que se reconozcan las enfermedades laborales contraídas como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral y al medio en el que las aparadoras se han visto obligadas a trabajar.
3. Que se cumpla por parte de las empresas del Convenio de la Industria del calzado así como del contrato domiciliario.
4. Que se establezcan los mecanismos para finalizar con las jornadas laborales que superan el límite legal de duración y que generan una situación de explotación y precariedad para con el colectivo de las aparadoras.
5. Que se configure la trazabilidad de la cadena de producción de manera dentro de las empresas del calzado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-Joan Baldoví Roda, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Ricardo Chamorro Delmo, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Rubén Darío Vega Arias, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz
sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (G. P. VOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para asegurar la soberanía
de los datos digitales generados en el curso de la actividad agraria, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. La digitalización del sector agrario.
Al igual que está sucediendo en otros ámbitos como la automoción o los móviles, el impulso de las nuevas tecnologías (como los sensores, las nuevas máquinas y técnicas de desarrollo de algoritmos o herramientas digitales) y el empleo de la
inteligencia artificial están alterando el statu quo del sector agrícola, que está incorporando a su actividad el uso de herramientas digitales.
El mundo agrícola está experimentando una auténtica revolución tecnológica con la generalización de maquinaria agrícola y de procesos que incorporan la digitalización. De esta manera, hoy se puede conocer en tiempo real y de una forma
sencilla la producción cultivada y recogida de una explotación, la cantidad de agua, abono o fitosanitarios empleados, o la meteorología de la zona gracias a la información que
aportan las estaciones meteorológicas, dendrómetros, sensores hídricos de suelo o imágenes hiperespectrales 6. La compilación de la información mencionada es lo que se conoce como 'datos' 7.
La tecnología digital aplicada a la agricultura, o AgTech, abarca una amplia gama de nuevas herramientas que son aplicadas a los sistemas agropecuarios permitiendo aumentar la productividad, la eficiencia y la rentabilidad. 8
Por ejemplo, la aplicación de procedimientos de aprendizaje automático (machine learning) permite aumentar la autonomía de las propias máquinas, utilizar mejor los fitosanitarios y fertilizantes y reducir los márgenes de error para mejorar
los resultados 9. Pero también el creciente uso de la biotecnología sirve para analizar los datos provenientes del campo, la genética o el impacto de los fenómenos climáticos en los cultivos. 10
Sin embargo, si bien los avances tecnológicos inciden en la optimización de esfuerzos y recursos en este sector y han mejorado sobremanera las labores agrícolas, su utilización ha generado serios riesgos de seguridad tanto a los agricultores
a título individual como al conjunto del sector e, incluso, a los intereses nacionales.
Segundo. Riesgos en la cesión del uso de los datos agrarios.
La utilización de los datos cedidos plantea numerosos desafíos tanto para sus propios titulares como para el conjunto de la comunidad. Si bien son una ayuda a las explotaciones e indudablemente mejoran su productividad, también es cierto
que su cesión implica que se transmita una valiosa información.
Así, los datos digitales generados en el curso de la actividad se recopilan y, tras ser tratados y clasificados, sirven para la creación de perfiles precisos de cada productor, empresario, negocio o explotación, lo que puede tener
consecuencias indeseables.
No en vano, el almacenamiento de estos datos en los servidores de terceros países facilita la recopilación de una información sensible que, utilizada con otros fines, puede afectar seriamente a la economía, la libre competencia o la propia
seguridad nacional. Estos datos se tratan sin control fuera de España y al margen de los intereses de los agricultores españoles.
En el ámbito estricto de la actividad agraria, el incremento en el uso de drones 11 y de maquinaria agraria tradicional que utiliza métodos digitales (como cosechadoras o tractores semiautónomos), el empleo de la realidad virtual y la
generalización de la geolocalización 12, entre otras herramientas, permiten por ejemplo conocer detalladamente la situación geográfica y la orografía real de una zona concreta de España o de todo el territorio nacional, así como las cantidades
exactas y características concretas de la producción de una determinada explotación.
Por último, no puede perderse de vista que los cereales cotizan en Bolsa, en especial en la Chicago Mercantile Exchange, la mayor bolsa de futuros y opciones de Estados Unidos y la segunda del mundo 13. La implicación económica de los datos
digitales agrarios es indudable, y el peligro de que se recopilen para manipular las decisiones inversoras, y para introducir alteraciones imprevisibles en la evolución de la economía, es imposible de ignorar.
Se trata, en consecuencia, de datos que ofrecen una información muy precisa de características sustanciales de nuestro país y de uno de nuestros sectores productivos de mayor relevancia, como es el primario.
6 CASTILLO DÍAZ, Francisco José (2022). 'Cinco aplicaciones de la inteligencia artificial en agricultura'. Tierra. 21 de julio. Disponible en:
https://www.plataformatierra.es/innovacion/IA-inteligencia-artificial-aplicaciones/
7 'Los datos': son una representación simbólica, empleando números o letras, que recopilan información, cuantitativa o cualitativa, que sirvan para explicar un hecho.
8 BBVA (2022). '¿Qué es 'AgTech'?, la tecnología digital aplicada a la agricultura'. 5 de enero.
Disponible en: https://www.bbva.com/es/ar/que-es-agtech-la-tecnologia-digital-apficada-a-la-agricultura/
9 Asociación de fabricantes y distribuidores ('AECOC') 'John Deere y la Inteligencia Artificial en la agricultura'. Disponible en:
https://www.aecoc.es/innoyation-hub-noficias/john-deere-y-la-inteligencia-artificial-en-laagricultura/
10 BBVA (2022), op, cit.
11 AECOC, op, cit.
12 AECOC, op, cit.
13 LIZARRALDE, Cherna (2022). 'Aquí se decide el precio de los alimentos en el mundo: así funciona la Bolsa de Chicago'. 20 Minutos. 6 de junio. Disponible en:
https://www.20minutos.es/noticia/5009218/0/aqui-se-decide-el-precio-de-los-alimentos-en-el-mundo-que-es-y-como-funciona-la-bolsa-de-chicago/
Tercero. Conclusiones.
El impulso de nuevas tecnologías, de la digitalización y del empleo de la inteligencia artificial o el blockchain están cambiando la forma de trabajar en el campo español, y sirven como herramientas para gestionar mejor los cultivos y la
producción.
La soberanía de los datos digitales de los españoles debe ser protegida, con especial énfasis en aquellos casos en que la ausencia de tal protección puede tener consecuencias todavía más indeseables en campos muy distintos, como ocurre en
este caso, en el que la cesión aparentemente inofensiva de datos puede situar a los productores y a nuestro país en una situación indeseable.
Es necesario establecer mecanismos de control efectivos para evitar que grandes compañías y multinacionales del sector puedan utilizar los datos de nuestros agricultores como herramientas de especulación inversora y en contra del interés
nacional. Paralelamente, estas compañías deben pagar a los españoles por el uso y tratamiento de esos datos, tributando por la totalidad de sus beneficios generados en territorio español. Ello, siempre que los españoles otorguen el permiso para
utilizarlos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asegurar la soberanía de los datos digitales generados en el curso de la actividad agraria por productores, negocios y explotaciones de nuestro país y, en particular:
1. A promover las modificaciones legales que sean precisas para evitar que las grandes compañías y multinacionales del sector agrario puedan utilizar los datos de nuestros agricultores como herramientas de especulación inversora y en contra
del interés nacional ante el desarrollo de las nuevas tecnologías en este sector.
2. A fomentar que las referidas compañías agrícolas, así como las multinacionales del sector tecnológico, tributen en España por los datos digitales recopilados en nuestro país, con el fin de preservar la soberanía nacional y personal de
los datos de los españoles.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a utilizar el instrumento del artículo 92 de la Constitución Española para consultar a los españoles si quieren que sus datos sean almacenados y tratados sin control fuera de España o
si, por el contrario, quieren normas que les protejan en su decisión sobre qué hacer con sus datos personales, ya sea obtener beneficios económicos por la cesión de estos o simplemente no cederlos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2023.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la regeneración medioambiental de la Ría de Betanzos para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Ría de Betanzos lleva años esperando por su saneamiento integral. A pesar de que se incluye dentro de la Red Natura 2000 y que se encuentra en plena Reserva de la Biosfera das Mariñas y Terras
do Mandeo, los vertidos siguen produciéndose continuamente sin ninguna consecuencia y sin solución de futuro.
Desde distintas administraciones, incluía la Xunta de Galiza, se reconocen puntos de vertido a la ría en los distintos concellos como Miño, Betanzos o Bergondo, donde es sobradamente conocido el funcionamiento incorrecto de las depuradoras
existentes, que en muchos casos no se diferencia entre pluviales y fecales, así como la carencia de tanques de tormentas que provoca problemas en las redes de saneamiento en las épocas de lluvia. También debe destacarse el deficiente saneamiento de
otros concellos como el de Paderne, que carecen de sistema de depuración propio y donde se cuenta tan solo con decantadoras.
La Ría de Betanzos no sólo es una importante área natural que debe ser regenerada y protegida, sino que cuenta con un alto potencial productivo sobre todo en acuicultura. En la actualidad existe actividad extractiva de marisqueo con cuatro
polígonos, explotados por la Cofradía de Miño, dos de ellos catalogados como zona B por la contaminación del agua, una zona C y una C estacional. Esta situación provoca una evidente pérdida de empleo en el sector del marisqueo que, de contar con
las condiciones óptimas, podría tener un mayor desarrollo.
La mala calidad del agua y el deber de enviar el marisco a la zona de reinstalación en la parte externa de la Ría de Ferrol, impide que crezca la actividad extractiva por las evidentes pérdidas que genera.
Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado no han previsto ninguna actuación para la mejora de la calidad de las aguas en la Ría de Betanzos ni ninguna acción concreta para la mejora del saneamiento en los distintos concellos bañados
por la Ría de Betanzos.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
Acometer las acciones precisas para la mejora de la calidad de las aguas en la Ría de Betanzos que necesita de forma urgente implementar medidas de depuración y saneamiento que permitan el uso de las playas y la recuperación de bancos
marisqueros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la calificación de las
competiciones de Primera y Segunda División de Fútbol Sala nacional como competiciones de carácter profesional para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) es una asociación privada, dotada de personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con patrimonio propio e independiente de sus asociados y sin ánimo de
lucro, constituida para promover y organizar la práctica del fútbol sala. La LNFS está integrada por todos los Clubes deportivos que participan en las competiciones oficiales de la especialidad deportiva de fútbol sala de Primera y Segunda
División.
Antes de la creación de la LNFS, los distintos equipos de fútbol sala disputaban torneos adscritos a dos federaciones de carácter nacional, una la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que reunía a sus clubes en la Asociación Española de
Clubes de Fútbol Sala (ACEFS) y la otra, la desaparecida Federación Española de Fútbol Sala, cuya agrupación de equipos era la Asociación de Fútbol Sala
(ASOFUSA). Tras la intermediación del Consejo Superior de Deportes, ambas partes llegaron a un acuerdo para la creación de un campeonato de Liga, que reuniría a los equipos de ambas partes.
La creación de la Liga Nacional de Fútbol Sala se aprobó el 28 de agosto de 1989 al amparo del Consejo Superior de Deportes y de la RFEF. Debido al fuerte impulso sociocultural que tuvo el fútbol sala en la década de los 80, el campeonato
contó con el respaldo del público y el apoyo de Televisión Española, que firmó un acuerdo para retransmitir algunos partidos del campeonato. Poco a poco comenzaron a llegar nuevos patrocinadores a los clubes pertenecientes a la Liga y también
comienzan a llegar las primeras estrellas internacionales.
A partir de 1994 la RFEF delega el control del campeonato a una recién creada Comisión Nacional de Fútbol Sala dependiente de la federación, comienzan a aplicarse reglas FIFA y nuevas normas para adecuar el fútbol sala a la televisión, como
la instalación de una pista azul en los encuentros televisados por La 2 TVE. Pero, paralelamente, tiene lugar un relevo generacional que trajo consigo la desaparición de muchos clubes.
En los inicios de la década del 2000, se produce un gran declive de las competiciones por las modificaciones de las normas, que se ve agudizada por la crisis financiera y una crisis institucional en la LNFS, con diferentes cambios en la
dirección. Es a partir de 2009, con la llegada a la presidencia de la LNFS del ex seleccionador Javier Lozano, cuando comenzó una nueva etapa de estabilidad institucional y económica que permanece a día de hoy.
En la actualidad, los Estatutos de la LNFS son el eje vertebrador de las competiciones, estableciendo expresamente sus fines:
A) Impulsar, desarrollar, organizar y fomentar todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol sala que contribuyan a su progreso y difusión.
B) Organizar y gestionar las competiciones deportivas de ámbito estatal de la especialidad de fútbol sala que le sean encomendados por la RFEF, en colaboración con ésta, así como participar en la organización de cualquier tipo de
campeonatos, certámenes y acontecimientos relacionados con la promoción y desarrollo del fútbol sala en el ámbito nacional e internacional.
C) Defender los intereses de los clubes que la integran en relación con el deporte, así como el desarrollo de su gestión profesional y sus estructuras, representando estos intereses ante cualquier persona, entidad y organismo.
D) Colaborar con el Consejo Superior de Deportes y otros organismos oficiales en la promoción del fútbol sala.
E) Desarrollar programas educativos de la actividad deportiva del fútbol sala.
F) Explotar comercialmente su actividad deportiva dentro de los límites que establece la ley del Deporte y los presentes Estatutos.
G) Desarrollar programas de asesoría y formación para los clubes.
H) Cualquier otro objetivo que le atribuya la legislación vigente.
En definitiva, la LNFS ostenta un interés legítimo y directo en que las competiciones que organiza sean calificadas como de carácter profesional. El fundamento jurídico se encuentra en el artículo 46.2 de la Ley del Deporte en el que se
determina que son competiciones oficiales de ámbito estatal aquellas que así se califiquen por la correspondiente Federación deportiva española, salvo las de carácter profesional, cuya calificación corresponderá al Consejo Superior de Deportes.
Cabe señalar que la relación laboral entre clubes y futbolistas se rige por contratos individuales y por el Convenio Colectivo del Fútbol Sala suscrito entre la Liga Nacional de Fútbol Sala y el Sindicato de jugadores Asociación de Jugadores
de Fútbol Sala (AJFS). El Convenio Colectivo regula de manera pormenorizada la relación laboral de los futbolistas, cuyo contrato se ajusta al Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral de los deportistas
profesionales.
Durante 2018 la LNFS firmó un contrato de venta de derechos audiovisuales con LaLigaTV, donde se obliga a que televisen cada jornada un partido nacional en abierto y varios en las televisiones autonómicas de los equipos locales. Esta
explotación audiovisual ha supuesto unos ingresos que fueron desde los 500.000 euros en la temporada 2018/19 hasta 1.300.000 euros en la temporada 2022/23, cuyos beneficios se reparten entre los clubes de Primera y Segunda División. Además, los
ingresos por patrocinadores y colaboradores de la LNFS en la temporada 2019/2020 han alcanzado la cifra de 450.000 euros.
La dimensión social del Fútbol Sala en los últimos años ha crecido exponencialmente, gracias sin duda a sus perfiles en las diferentes Redes Sociales, que suman un total de 850.000 seguidores, y su sitio web, que tiene una media de 15
millones de páginas vistas y más de 2 millones de usuarios únicos.
Por último, la Selección Española de Fútbol Sala es uno de los combinados nacionales más laureados. Entre su palmarés destacan siete títulos de Campeón de Europa y dos títulos de Campeón Mundial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la aprobación, en la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, de la calificación de las competiciones de Primera y Segunda División de Fútbol Sala nacional como competiciones de
carácter profesional, reconociendo a la Liga Nacional de Futbol Sala (LNFS) como Liga Profesional de acuerdo con la Ley del Deporte y sus disposiciones de desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2023.-Javier Merino Martínez, Marta González Vázquez, Óscar Gamazo Micó, Carlos Aragonés Mendiguchía, Eduardo Carazo Hermoso, Alberto Casero Ávila, María Soledad Cruz-Guzmán García, José
Alberto Herrero Bono y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso del proyecto
'Prado Extendido Barcelona' por parte del Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con el resto de administraciones, públicas y privadas, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Barcelona es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, poseedora de un enorme patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. El Consejo de ministros aprobó en noviembre del 2021 el reconocimiento de la capital catalana como capital
cultural y científica del estado español, junto con Madrid.
Por su parte, los responsables de la primera pinacoteca de España, el Museo del Prado, anunciaron recientemente el ambicioso proyecto Prado Extendido, que pretende aumentar el conocimiento de los fondos del Museo Nacional del Prado
depositados fuera de su sede, mediante una reordenación de esos fondos, acompañada de un conjunto actividades de difusión, trabajando de la mano con las instituciones depositarias. El plan se construye sobre las más de 3.448 obras actualmente
depositadas en 279 instituciones y busca aumentar su relevancia y significación autonómica y local.
'Prado extendido' nace con el objetivo de proyectar la colección del Museo en el contexto nacional apostando por una innovadora gestión de sus depósitos que fomenta la presencia, visibilidad y acceso de la colección en todo el territorio
español para favorecer su conocimiento y difusión. La 'marca' Prado es sin duda alguna, un atractivo cultural y turístico inmejorable.
Oviedo o Alicante ya forman parte activa de esta iniciativa, y otras ciudades como Ávila están desarrollando sus primeros trámites, y es ahora el momento de agilizar las acciones necesarias para que otras ubicaciones participen de manera
activa y en el menor tiempo posible del 'Prado Extendido', con especial interés en Barcelona.
Barcelona es una de las ciudades españolas con mayor número de obras del Prado en depósito. La Universidad de Barcelona custodia uno de los depósitos de pintura más antiguos, extensos y variados de la pinacoteca, integrado por cincuenta y
seis obras, la mayoría de las cuales llegaron entre 1877 y 1882 a la Universidad para engalanar el nuevo edificio proyectado por Elías Rogent.
Precisamente, coincidiendo con el 150.º aniversario del Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona, que se celebra durante este curso 2022-2023, se ha presentado un catálogo en el que han
colaborado una treintena de especialistas de las universidades y los centros de investigación más importantes del país, recopilando las obras de este fondo.
En febrero de 2020 se aprobó por unanimidad la propuesta del Partido Popular en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona para que el consistorio presentara en el plazo de seis meses un proyecto cultural y museístico que
dinamizase la montaña de Montjuïc. La creación de un gran polo cultural, que sea referente museístico, que signifique el encaje de la Montaña en la ciudad y a la vez sirva para ampliar la oferta cultural de Barcelona.
Ejemplos como la isla de los museos de Berlín son un claro ejemplo del revulsivo cultural que podría suponer para la ciudad, del cual podría formar parte decisiva la iniciativa 'Prado Extendido'
Que Montjuïc es un espacio inigualable para la cultura, lo demuestra que el MNAC, la Fundació Miró, el Museo Arqueológico, Caixa Forum, la Fundación Mies van de Rohe, la Fundación Fran Daurel, el Museo Olímpico y del Deporte Juan Antonio
Samaranch, el Museo del Instituto Botánico, y el Museo Etnológico y de Culturas del Mundo tengan su sede en esta localización.
Por todas estas razones, impulsar de manera especial el Prado Extendido en Barcelona debería ser una prioridad para el Ministerio de Cultura y Deporte.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar una programación de trabajo para la puesta en marcha del proyecto Prado Extendido Barcelona, a la mayor brevedad posible.
2. Definir su equipo de trabajo, en el que deberán colaborar las administraciones públicas y las instituciones privadas, para analizar los mejores espacios donde albergar Prado Extendido.
3. Incorporar esta iniciativa dentro del proyecto Barcelona Capital Cultural y Científica.
4. Difundir los avances y acciones relativas a esta iniciativa a través de la página web del Ministerio de Cultura y Deporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2023.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Marta González Vázquez, José Ángel Alonso Pérez, Óscar Gamazo Micó, Alberto Casero Ávila, Llanos de Luna Tobarra y Javier
Merino Martínez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digial
161/004887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Víctor González Coello de Portugal, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don Rubén Silvano Manso Olivar y don Rodrigo
Jiménez Revuelta, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz sustituto, Portavoz adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la nueva metodología de cálculo del Índice de Precios de Consumo (IPC), para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Primero. El índice de precios al consumo como indicador relativo a la situación económica.
1. El Índice de Precios de Consumo ('IPC') es una variable fundamental que determina la capacidad adquisitiva de las familias y las decisiones de inversión de las empresas.
2. Tal es la importancia de este indicador que el artículo 127.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que 'el objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales, denominado en lo sucesivo 'SEBC', será mantener
la estabilidad de precios'. Para ello, se fija como objetivo mantener 'una tasa de inflación del 2 % a medio plazo'.
3. Tras varios años de tipos de interés en el nivel del 0 %, el Banco Central Europeo (BCE) comenzó una política monetaria restrictiva para hacer frente a la alta inflación en la Eurozona (aumento interanual del 8,5 % en febrero del año
2023 14), situando el tipo de interés de las operaciones principales de financiación en el 3 % y con perspectiva de seguir incrementándolos 15.
4. El incremento de tipos de interés tiene un impacto directo en las familias a través del aumento del importe de la cuota de los préstamos hipotecarios. Por ejemplo, para una hipoteca de 180.000 a 25 años a un tipo variable de Euribor
+1 % y revisión anual, su cuota de pago pasaría de 651,42 /mes a 1.002,26 /mes 16, con el actual nivel de tipos de interés.
5. Asimismo, la subida de tipos de interés afecta también a las empresas, verdaderas creadoras de empleo y de riqueza en nuestro país, que ven cómo sus proyectos de inversión experimentan un endurecimiento en las condiciones de
financiación. Esta dificultad se suma a otras específicas del mercado español, como la elevada presión fiscal y la inseguridad jurídica.
6. En consecuencia, medir adecuadamente la evolución de precios es determinante a la hora de poner en marcha políticas monetarias y medidas de apoyo a familias y empresas.
Segundo. El actual sistema de cálculo del IPC en España.
7. El responsable de calcular el IPC es el Instituto Nacional de Estadística ('INE'), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa.
8. En concreto, tal y como establece el Real Decreto 803/2022, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Estadísticas Económicas (perteneciente al
INE) es la responsable de las estadísticas de precios, tanto de consumo como de los distintos sectores económicos.
9. La metodología para su estimación ha experimentado cambios, en especial en lo referido al período base y a la cesta de productos.
10. Pues bien, en enero de 2022 el INE publicó una revisión metodológica que se centraba en el cambio del año base (de 2016 a 2021), afectando a la actualización de la cesta de la compra, a la estructura de las ponderaciones y a otros
asuntos relativos al tratamiento de rebajas y ofertas, así como la implantación de web scraping y extensión de scanner data 17.
11. Apenas un año más tarde, en enero de 2023, el INE volvió a anunciar cambios en la metodología. Las principales novedades han sido:
a) La inclusión del mercado libre de la electricidad y el gas por la propia evolución del mercado eléctrico. Hasta ahora solo se incluían las tarifas del mercado regulado.
b) En lo que atañe a la estructura de ponderaciones, se establece la contabilidad nacional como base para establecerlas en sustitución de la Encuesta de Presupuestos Familiares, tal como dictamina el Reglamento 2020/1148 en su artículo 3 18.
c) La implantación de una recogida de datos informatizada.
12. Se observa que en un período temporal muy corto se han producido dos importantes modificaciones en el cálculo del IPC que tiene incidencia en el conocimiento por la opinión pública de los fuertes aumentos que han experimentado los
precios de los bienes y servicios, con las repercusiones ya indicadas sobre la economía.
14 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PRC_HICP_MANR_custom_3761882/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=4ad27e6f-358a-4a3d-82a0-587d69a833eb
15 https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/DecisionesPoliticaMonetaria/23/2023-02-02MonetarypolicystatementES.pdf
16 https://app.bde.es/asb_www/es/cuota.html#/principalCuota
17 https://www.ine.es/metodologia/t25/principales_caracteristicas_base_2021.pdf
18 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81231#:~:text=Reglamento%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20%28UE%29%202020%2F1148%20de%20la%20Comisi%C3%B3n, y%20a1%20%C3%ADndice%20de%20precios%20de%20la%20vivienda
13. Debe recordarse, además, que en junio de 2022 el Gobierno presionó hasta la dimisión al anterior presidente del INE, D. Juan Manuel Rodríguez Póo, en medio de una creciente incomodidad del Ejecutivo por los datos de inflación y
económicos que publicaba este organismo y que, por su objetividad, retrataban el relato triunfalista del Ministerio con competencias económicas y de la ministra, doña Nadia Calviño 19.
Tercero. Controversia sobre la última modificación del cálculo del IPC.
14. En conclusión, por todo lo expuesto, se ha generado la controversia en torno a la imagen fiel de la evolución de las variaciones del IPC y sus componentes por las siguientes razones:
a) El grupo ECOICOP 20 que mayor variación interanual experimentó en diciembre del año 2022, alimentos y bebidas no alcohólicas, un +15,7 %, ha sido el que más ha restado a la nueva ponderación del IPC, concretamente un -3 %. Otros
subgrupos que han tenido un incremento superior a la media del IPC, han tenido una variación en la ponderación menor.
b) Asimismo, la utilidad del IPC se centra no en el número índice en sí, sino en la variación de este con respecto a periodos precedentes. Por lo tanto, cambios en la metodología desvirtúan el análisis comparativo temporal, limitando la
utilidad de la información obtenida si no se puede realizar de forma homogénea. Además, se produce una pérdida de coherencia de los datos de la serie histórica al coexistir varias metodologías.
15. Es necesario, por lo expuesto, garantizar la independencia del INE, por la importancia de los datos que analiza y publica, así como evitar que el Gobierno termine también de colonizar un organismo tan importante para la credibilidad de
la economía de España y para la puesta en marcha de medidas y políticas esenciales para la prosperidad de los españoles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Garantizar la independencia del Instituto Nacional de Estadística (INE), la excelencia en su gestión y el rigor técnico en el análisis y publicación de las estadísticas, por su relevancia para la economía nacional, evitando que, como ha
ocurrido con la práctica totalidad del sector público estatal, sirva también a los propósitos ideológicos y propagandísticos del Ejecutivo.
2. En relación con la nueva metodología empleada por el INE, a:
a) Presentar los datos de la serie histórica de IPC actualizados con la nueva metodología que se apruebe incluyendo al menos los 36 meses anteriores, de tal forma que se presente una serie homogénea de datos obtenidos con la misma
metodología.
b) Presentar los datos del IPC con la nueva metodología y con la precedente durante un plazo de 12 meses, esto es desde enero del año 2023 a enero del año 2024, a modo de transición, hasta adoptar definitivamente la nueva metodología.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2023.-Rodrigo Jiménez Revuelta, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón, José María
Figaredo Álvarez-Sala e Inés María Cañizares Pacheco, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
19 https://www.eldebate.com/economia/20220627/cuerpo-estadisticos-denuncia-gobierno-cuestione-cifras-ine.html
20 European Classification of Individual Consumption by Purpose.
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4213/anexo ecoicop.pdf
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar el acceso a medicamentos huérfanos en España, para
su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
De acuerdo con la propia definición que aporta el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, un medicamento huérfano es 'aquel destinado a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras'. Es decir, son fármacos
clave para que los pacientes de estas patologías poco comunes puedan vivir con mejor calidad de vida, recuperando su autonomía o, al menos, permitiendo que su enfermedad no se siga desarrollando y afectando a su día a día de forma significativa.
Según las cifras facilitadas por Farmaindustria, en torno a tres millones de españoles padecen enfermedades consideradas como raras, y sólo un 5 % de esas patologías tienen algún tratamiento potencial. Debido, precisamente, a su escasa
incidencia en la población, son enfermedades que también requieren un enfoque mucho más personalizado y específico. Por tanto, las soluciones que podrían tener a su alcance no se benefician de las economías de escala que sí facilitan el desarrollo
y comercialización de medicamentos o tratamientos para enfermedades más comunes.
La Unión Europea reconoció en el año 2000 esta necesidad y se adoptó el Reglamento 141/2000 sobre medicamentos huérfanos, que establece los criterios para declarar determinados medicamentos como huérfanos, y que fija también incentivos para
su investigación, desarrollo y comercialización. Por ejemplo, se determina también que para que un producto pueda ser calificado como medicamento huérfano, debe probarse que se destina al diagnóstico, prevención o tratamiento de una afección que
ponga en peligro la vida o conlleve una incapacidad crónica y que afecte a menos de cinco personas por cada 10.000 en la Unión Europea; que se demuestre que, sin incentivos, la comercialización de ese medicamento no generaría suficientes ingresos
para justificar la inversión necesaria; y que no existe ningún método satisfactorio alternativo o, si existe, que el tratamiento propuesto aportaría un valor añadido considerable.
Sin embargo, España se caracteriza por una desigualdad inaceptable en el acceso a estos medicamentos reconocidos en toda la Unión Europea. De acuerdo con el informe anual de indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa, conocido
como WAIT Indicator, el acceso a medicamentos huérfanos en nuestro país está muy por detrás de nuestros socios europeos. Mientras que en Alemania los pacientes tienen acceso al 90 % de los medicamentos huérfanos autorizados y en Francia o Italia la
cifra es del 70 %, en España sólo están disponibles en torno al 44 % de los medicamentos huérfanos autorizados, cifra que desciende al 40 % si solo contamos los medicamentos huérfanos no oncológicos. Es más, según WAIT Indicator, el tiempo medio
para la disponibilidad de los medicamentos huérfanos en España, desde la fecha no ya de autorización europea sino de autorización de la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), es de 572 días y, en el caso de los no
oncológicos, la espera asciende a los 613 días. Todo ello pese a que la legislación marca que ese plazo no puede superar los seis meses (unos 182 días).
Para añadir a esta situación, el 48 % de los medicamentos huérfanos se financian con restricciones a la población de pacientes para los que están disponibles respecto de las condiciones autorizadas. Es decir, las autoridades españolas
deciden restringir la financiación de un medicamento huérfano a determinados pacientes, pese a que la autorización europea reconoce que dichos pacientes también deben tener acceso a ese medicamento huérfano para tratar su enfermedad. De hecho,
existen casos en los que se ha retirado la financiación de un medicamento por considerar que el paciente no mejoraba, pese a que el medicamento tenía como objetivo únicamente que el cuadro clínico no empeorara y, así, que permitiera al paciente
llevar su vida de la forma más autónoma y libre posible.
En definitiva, nuestro país tiene unas condiciones intrínsecas que hacen más difícil para los pacientes y para los facultativos el acceso a medicamentos huérfanos y, por tanto, más difícil también alcanzar una asistencia óptima a quienes
sufren enfermedades raras y a sus familias. Además, este marco normativo y
burocrático tan hostil hace que muchas empresas decidan no someterse al esfuerzo que supone comercializar estos medicamentos en España, ya que otros mercados ponen menos barreras a la entrada de sus productos. Todo ello, sin embargo,
perjudica no sólo a la competitividad de nuestra economía y al futuro de nuestro sector industrial farmacéutico, sino especialmente a la calidad de vida y la salud de los pacientes que padecen enfermedades raras.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Agilizar los plazos, de la mano de las Comunidades Autónomas y las empresas del sector farmacéutico, para reducir los tiempos de espera entre la autorización europea a un medicamento huérfano y su disponibilidad en España.
2. Acelerar los procesos de toma de decisiones sobre la financiación de medicamentos huérfanos en España, evitando las restricciones de financiación a pacientes no contempladas en su autorización europea.
3. Introducir nuevos criterios de valor añadido, como la gravedad de la patología en cuestión o la mejora de la calidad de vida, a la hora de decidir sobre financiación de un medicamento huérfano, evitando valoraciones únicamente en base a
criterios de coste-efectividad.
4. Facilitar el seguimiento y evaluación del marco normativo de acceso a medicamentos huérfanos en España, contando con las sociedades científicas, pacientes y empresas del sector farmacéutico, para eliminar trabas burocráticas innecesarias
y evitar retrasos y desigualdades en el acceso a estos tratamientos en nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances
tangibles en el diagnóstico y el tratamiento integral de las enfermedades raras en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Hoy, 28 de febrero, se celebra como cada año desde 2008 -el 29 en años bisiestos- el Día Mundial de las Enfermedades Raras (ER). También conocidas como 'poco frecuentes', estas patologías tienen una prevalencia muy reducida en la población,
afectando concretamente a menos de cinco personas por cada 10.000.
De acuerdo con los datos ofrecidos desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Europea de Enfermedades Raras y desde la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), hay identificadas más de 6.000 ER que tienen un
origen genético en el 70-80 % de los casos, que suelen comenzar a manifestarse en la infancia y que afectan en todo el mundo a 300 millones de personas (4,7 % de la población total), de las que 30 millones se encuentran en Europa (6,7 % de la
población europea) y 3 millones están en España (6,3 % de la población nacional).
A pesar de medidas desarrolladas en los últimos años en nuestro país como la 'Estrategia en ER del Sistema Nacional de Salud' (SNS), el modelo de 'Centros, Servicios y Unidades de Referencia' o la creación del 'Registro Estatal de ER', son
todavía numerosas las necesidades de los pacientes y sus familias y cuidadores que están pendientes de cubrir.
Un ejemplo representativo de ello es el acceso a un diagnóstico temprano y adecuado, pues, de acuerdo con la mencionada Feder, el tiempo que transcurre de media hasta su obtención es de 4 años, aunque en un 20 % de los casos esa demora
alcanza e incluso supera la década.
Feder también explica que los costes derivados de las ER acaparan el 20 % de los ingresos anuales de las familias afectadas por elementos como los tratamientos, la ortopedia, las adaptaciones de la vivienda, el transporte...; que el 43 % de
los enfermos dice haberse sentido discriminado socialmente en alguna ocasión por su enfermedad, y que el 35,4 % de los pacientes se manifiesta disconforme con el grado de discapacidad que le ha sido reconocido.
Además, entre otros datos divulgados desde Feder, la proporción de afectados insatisfechos con la asistencia sanitaria que reciben alcanza el 46,82 % y únicamente el 15 % los enfermos son tratados con los conocidos como 'medicamentos
huérfanos', que son, según el Ministerio de Sanidad, fármacos 'destinados a tratar enfermedades que, por su rareza no resultan atractivos a los patrocinadores, quienes se muestran reacios a desarrollarlos bajo las condiciones de mercado habituales,
ya que el pequeño tamaño del mercado al que van dirigidos no permitiría recuperar el capital invertido en la investigación y en el desarrollo del producto'.
En este sentido, las cifras ofrecidas en 2022 desde la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y desde la 'Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas' indican que el tiempo medio
registrado en España en 2021 para acceder a un 'medicamento huérfano' aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos aumentó en 184 días respecto a 2018, situándose en 696 días, 'lo que supone casi dos años de retraso'.
También atendiendo a las cifras publicadas por la industria farmacéutica innovadora, sólo el 44 % de los 'medicamentos huérfanos' autorizados en Europa en los últimos cuatro años están disponibles en España, lo que se traduce en 'el
porcentaje más bajo de los países de referencia' dado que 'Alemania registra el 95 %, Italia el 75 % y Francia el 72 %'.
Además, 'el 54 % de los medicamentos para 'enfermedades raras' incluidos en la prestación farmacéutica del SNS tienen algún tipo de restricción terapéutica' y nuestro país 'no dispone de un procedimiento específico de financiación pública y
fijación de precio para estos fármacos'.
Por todo lo anterior, desde la necesidad de maximizar los resultados de los recursos comprometidos en el 'Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la Salud de Vanguardia', y en el contexto de la presidencia
española del Consejo de Europa entre los próximos 1 de julio y 31 de diciembre, el grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar desde el consenso pleno y real con las Comunidades Autónomas y la coordinación efectiva con las asociaciones de pacientes, los profesionales sanitarios, la industria farmacéutica y
las empresas de tecnología sanitaria, para posibilitar en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) avances tangibles en el acceso ágil y equitativo de todos los pacientes con enfermedades raras a un diagnóstico temprano y preciso, así como a un
tratamiento personalizado, humanizado, integral y multidisciplinar.
Para ello, y con el fin de mejorar la calidad de vida de los propios pacientes, sus familias y sus cuidadores, el Gobierno destinará cuantos recursos humanos, estructurales, tecnológicos y económicos sean necesarios, y actualizará la
'Estrategia en Enfermedades Raras del SNS', priorizando las inversiones en I+D+i; reforzando y actualizando los cribados neonatales y la cartera de prestaciones y servicios; desarrollando el funcionamiento de los 'Centros, Servicios y Unidades de
Referencia' y su coordinación con las 'Redes Europeas de Referencia'; mejorando la gestión y el análisis de la información del 'Registro Estatal de Enfermedades Raras'; favoreciendo las sinergias con los servicios sociales, e impulsando acciones
pertinentes con las que acelerar la disponibilidad de innovaciones diagnósticas y terapéuticas para todos los enfermos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-Elvira Velasco Morillo, Ana María Pastor Julián, Juan Antonio Callejas Cano, Rosa María Romero Sánchez, María Teresa Angulo Romero, Carmen Riolobos Regadera, Elena Castillo López,
José Ignacio Echániz Salgado, Gabriel Elorriaga Pisarik, José Ortiz Galván y Carmen Navarro Lacoba, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a desarrollar un Plan
Estratégico Nacional para el abordaje de la Enfermedad Renal Crónica en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
A la Enfermedad Renal Crónica (ERC) se la conoce como la 'epidemia silenciosa' y hay causas más que justificadas para denominarla así. Sus tasas de prevalencia e incidencia han crecido de manera notable en las últimas décadas, y ese
crecimiento está acompañado de una elevada mortalidad. En España el número de personas que mueren a causa de esta patología ha crecido un 30 % en los últimos diez años. Se estima que en nuestro país puede haber unas 4.750.000 personas con algún
grado de ERC. De hecho, la ERC es la segunda enfermedad cuya mortalidad y discapacidad más aumentó entre los años 2006 y 2016, tras el Alzheimer. A ello hay que añadir que, según uno de los últimos informes de la OMS, de los 55 millones de muertes
que se produjeron en 2019 en el mundo, más de la mitad (el 55 %) se debieron a 10 patologías, entre las cuales se situaba por primera vez la enfermedad renal.
Y todo ello a pesar de los inmensos logros que en países con sistemas sanitarios avanzados como el nuestro se han realizado en el tratamiento de esta enfermedad. Avances que se han traducido en una mejora de la calidad de vida para los
pacientes, pero que no ocultan la necesidad de abordar medidas y estrategias de prevención y detección temprana que permitan frenar esta epidemia.
Estos dos déficits, el del diagnóstico temprano y la ausencia de cultura de prevención, son comunes a otras enfermedades, pero, en el caso de las patologías renales, y muy especialmente en el caso de la ERC, cobran una dimensión
especialmente relevante, tanto por su creciente prevalencia e incidencia, como por su impacto global sobre la salud y la calidad de vida de las personas. Dicho de otra forma, mientras que en otras patologías la prevalencia y la incidencia ya tienen
una curva descendente, la de las enfermedades renales sigue una ascendente: los nuevos casos cada vez aumentan más, y ese crecimiento va asociado de forma paradójica a un gran desconocimiento por parte de la opinión pública.
Quizás porque se ha pensado que el deterioro renal es inevitable, quizás porque se ha difundido la idea equivocada de que es indisociable del envejecimiento y que no hay forma de prevenirlo, no existe en nuestra sociedad una cultura de la
prevención de las enfermedades renales. Antes bien, con sus estilos de vida o sus hábitos de alimentación, y con su propio desconocimiento de estas patologías, hay muchas personas que se exponen al desarrollo de una enfermedad que ni se imaginan
hasta qué punto les va a deteriorar o dificultar llevar una vida normal.
Por ello, avanzar en la prevención y el diagnóstico precoz es, o debe ser, el primer objetivo prioritario en el abordaje de esta patología.
El segundo tiene que ser mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas y en tratamiento, de modo que puedan llevar una vida lo más normal posible. En esta dirección es fundamental avanzar en el fomento de los tratamientos
domiciliarios de la enfermedad renal, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis domiciliaria, para lograr que el porcentaje de aplicación y uso de este tipo de técnicas crezca, y se consolide como una opción con grandes beneficios para la
sostenibilidad del sistema sanitario y sobre todo para el paciente, pues estos tratamientos domiciliarios tienen importantes ventajas para su calidad de vida y su propia seguridad: mayor autonomía, mejor conciliación laboral, menos desplazamientos
al hospital... Ante este segundo objetivo también se interpone nuevamente una barrera de desconocimiento y falta de sensibilización. Para propiciar el avance de este tipo de tratamientos domiciliarios, es preciso promover un gran cambio cultural
por parte de los pacientes y de los profesionales y sobre todo una mejor y más empática comunicación con el paciente y su entorno.
Finalmente, es necesario promover igualmente un tercer cambio cultural relacionado con los trasplantes. Aunque España es líder mundial en trasplantes de riñón, hay un importante desequilibrio entre el número de pacientes en lista de espera
y la oferta de órganos para el trasplante. Cada vez tenemos menos potenciales donantes fallecidos debido al avance en el abordaje de las enfermedades cerebrovasculares y otros aspectos como la reducción de los accidentes de tráfico. Para compensar
este desequilibrio es imprescindible el fomento de la donación de vivo, un procedimiento sobre el que es necesario realizar una importante labor de pedagogía y acercamiento a la población y que, sin embargo,
representa la mejor opción para el paciente con Enfermedad Renal Crónica avanzada, pues sus resultados son mejores que los del donante fallecido en términos de supervivencia del trasplante y reducción de complicaciones. Además, ofrece todas
las ventajas en cuanto a seguridad, planificación y comodidad, tanto para el donante como para el receptor.
Para avanzar en estos objetivos, España necesita impulsar una estrategia nacional común sobre la Enfermedad Renal Crónica y comprometer a las comunidades autónomas en su desarrollo e implementación. Existe un documento marco sobre la ERC en
nuestro país, aprobado por el Consejo Interterritorial en marzo de 2015, que precisa ser actualizado y adaptado a los retos anteriormente señalados, además de ofrecer indicadores de cumplimiento, no solo en lo que se refiere al acceso y la calidad
de los tratamientos, sino particularmente en materia de prevención y en todos los desafíos relacionados con el cambio cultural que han sido apuntados.
Por todo lo anterior, el grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer, en colaboración con las comunidades autónomas y con la participación de las sociedades científicas y asociaciones de pacientes, un Plan Estratégico Nacional para el abordaje de la
Enfermedad Renal Crónica (ERC), a efectos de su aprobación por el Consejo Interterritorial de Salud. Asimismo, le insta a velar por la aplicación efectiva y homogénea en todo el territorio nacional de las medidas en él consensuadas, estableciendo
indicadores de cumplimiento que permitan verificar los avances y hechos reales en relación con los objetivos propuestos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2023.-Elvira Velasco Morillo, Ana María Pastor Julián, Juan Antonio Callejas Cano, Rosa María Romero Sánchez, María Teresa Angulo Romero, Carmen Riolobos Regadera, Elena Castillo López,
José Ignacio Echániz Salgado, Gabriel Elorriaga Pisarik, José Ortiz Galván y Carmen Navarro Lacoba, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/002132
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Juan Antonio Callejas Cano.
Texto:
¿Cuál es el motivo por el que no se ha puesto aún en funcionamiento la Planta de Estabilización de Mercurio que la Empresa Pública MAYASA ha construido en Almadén tras una inversión de, al menos, cuatro millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2023.-Juan Antonio Callejas Cano, Diputado.
181/002133
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Juan Antonio Callejas Cano.
Texto:
¿En qué punto exacto están ubicadas las minas de sal donde se están transportando las 400 toneladas de mercurio líquido, provenientes de la Empresa Pública MAYASA, según la adjudicación que tuvo lugar el 29 de junio de 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2023.-Juan Antonio Callejas Cano, Diputado.
181/002134
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Juan Antonio Callejas Cano.
Texto:
¿Quedará alguna cantidad de mercurio líquido en el depósito de la mina de 'Las Cuevas', en propiedad de MAYASA, tras el transporte de 400 toneladas a unas minas de sal, según la adjudicación que tuvo lugar el 29 de junio de 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2023.-Juan Antonio Callejas Cano, Diputado.
Comisión de Interior
181/002131
A la Mesa de la Comisión de Interior
Diputados don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoz Adjunto y doña María Teresa López Álvarez, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados
del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Habida cuenta de la trama de corrupción conocida públicamente como 'Caso Mediador' e investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en la que se señala la posible implicación de hasta 16 diputados más del
Partido Socialista Obrero Español, qué seguimiento está realizando el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, María Teresa López Álvarez, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
Comisión de Igualdad
181/002128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Georgina Trías Gil, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Cuál es el coste medio de un aborto en cada una de las distintas prácticas abortivas que se realizan en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Georgina Trías Gil, Diputadas.
181/002129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Georgina Trías Gil, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Excma. Ministra de igualdad.
Texto:
¿Podría especificar el Gobierno de España cuáles han sido las principales medidas promovidas durante la presente Legislatura para garantizar que las madres gestantes tengan alternativas reales al aborto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Georgina Trías Gil, Diputadas.
181/002130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Georgina Trías Gil, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Podría especificar el Gobierno de España cuánto dinero público se ha destinado durante la presente Legislatura a promover y facilitar los abortos en nuestro país, y qué cantidad ha sido destinada a proteger la maternidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Georgina Trías Gil, Diputadas.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las
preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Educación y Formación Profesional
Núm. expte.: 184/100913.
Núm. registro: 253286.
Autor iniciativa: Lorite Lorite, Andrés (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de acometer la modificación de la normativa reguladora de becas y ayudas al estudio en los términos del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba de fecha 28 de abril de 2022, así como curso
académico en el que será de aplicación dicha modificación.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 566, de 6 de febrero de 2023.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002147.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Núm. expte.: 184/095873.
Núm. registro: 241263.
Autor iniciativa: Angulo Romero, María Teresa (GP) González Vázquez, Marta (GP) Prohens Rigo, Margarita (GP) De Luna Tobarra, Llanos (GP).
Objeto iniciativa: Número de expedientes de ingreso mínimo vital rechazados por incumplir criterios relacionados con la definición de Unidad de Convivencia desde su puesta en marcha.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 532, de 21 de noviembre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002141.
Núm. expte.: 184/095874.
Núm. registro: 241264.
Autor iniciativa: Angulo Romero, María Teresa (GP) González Vázquez, Marta (GP) Prohens Rigo, Margarita (GP) De Luna Tobarra, Llanos (GP).
Objeto iniciativa: Número de expedientes de ingreso mínimo vital rechazados por incumplir los criterios de patrimonio desde su puesta en marcha hasta la fecha actual.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 532, de 21 de noviembre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002142.
Núm. expte.: 184/095875.
Núm. registro: 241265.
Autor iniciativa: Angulo Romero, María Teresa (GP) González Vázquez, Marta (GP) Prohens Rigo, Margarita (GP) De Luna Tobarra, Llanos (GP).
Objeto iniciativa: Número de expedientes de ingreso mínimo vital rechazados por incumplir los criterios de renta desde su puesta en marcha.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 532, de 21 de noviembre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002143.
Núm. expte.: 184/095877.
Núm. registro: 241267.
Autor iniciativa: Angulo Romero, María Teresa (GP) González Vázquez, Marta (GP) Prohens Rigo, Margarita (GP) De Luna Tobarra, Llanos (GP).
Objeto iniciativa: Coste de la actividad 'Autobús del IMV' puesta en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como programa y partida presupuestaria contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para
los años 2022 y 2023 que financiará dicha actividad.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 532, de 21 de noviembre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002144.
Núm. expte.: 184/095878.
Núm. registro: 241268.
Autor iniciativa: Angulo Romero, María Teresa (GP) González Vázquez, Marta (GP) Prohens Rigo, Margarita (GP) De Luna Tobarra, Llanos (GP).
Objeto iniciativa: Coste de la campaña publicitaria 'Es lo Mínimo' puesta en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como programa y partida presupuestaria contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para los años 2022 y 2023 que financiará dicha actividad.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 532, de 21 de noviembre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002145.
Núm. expte.: 184/097160.
Núm. registro: 243795.
Autor iniciativa: Angulo Romero, María Teresa (GP) González Vázquez, Marta (GP) Prohens Rigo, Margarita (GP) De Luna Tobarra, Llanos (GP).
Objeto iniciativa: Número de personas que han suscrito y/o están recibiendo un itinerario individualizado de inserción sociolaboral asociado a la prestación de la Seguridad Social, el ingreso mínimo vital.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 536, de 28 de noviembre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002146.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/101181.
Núm. registro: 253687.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu)
Objeto iniciativa: Medidas que adoptará el Gobierno ante la reducción de cuotas para el jurel y la anguila.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 570, de 13 de febrero de 2023.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002150.