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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 586, de 07/03/2023
cve: BOCG-14-D-586
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de marzo de 2023
Núm. 586
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004861 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la problemática de las empresas españolas con relaciones comerciales en Argelia ... (Página4)
161/004870 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre condena de la represión en Irán ... (Página5)
Comisión de Defensa
161/004865 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la ampliación de horarios de apertura de la Biblioteca Central Militar del Ejército de Tierra ... (Página7)
Comisión de Interior
161/004858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la proliferación de agresiones de carácter ultraderechista en la Comunitat Valenciana ... (Página10)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004868 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Euskal Herria Bildu y Republicano, relativa a la paralización de la privatización de torres aeroportuarias ... (Página12)
161/004869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, de reprobación de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ... (Página13)
161/004871 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para incentivar el acceso a la vivienda de los jóvenes ... (Página16)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección de los trabajadores autónomos ... (Página18)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004864 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la promoción e implantación de la red de recarga del vehículo de hidrógeno ... (Página20)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el sistema húmedo-seco en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular ...
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004859 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de medidas de control en el acceso de los menores a Internet ... (Página24)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004860 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a implementar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio ... (Página25)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004862 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la crisis alimentaria en el Cuerno de África ... (Página27)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a que en el territorio de la Unión Europea se cumpla el derecho del menor de edad que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones
personales y contacto directo con ambos padres de modo regular ... (Página28)
161/004867 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a garantizar la educación inclusiva ... (Página29)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público en los sectores del agua ... (Página31)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
181/002126 Pregunta formulada por las Diputadas Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre previsiones acerca de acoger las demandas de la sociedad civil en relación con la tramitación del Proyecto de Ley de
Familias ... (Página32)
181/002127 Pregunta formulada por las Diputadas Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre razones que aduce para crear un título específico de familia monoparental en el Proyecto de Ley de Familias en el que
se elimina el título de familia numerosa ... (Página32)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/002125 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre impacto en el
medio natural de las medidas de reducción de la contaminación, de gestión de purines o de prohibición de los coches de gasolina y diésel a partir del año 2035 aprobadas por la Unión Europea y por el Gobierno de España ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión... (Página33)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la problemática de las
empresas españolas con relaciones comerciales en Argelia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El repentino cambio de postura del Gobierno de España respecto al Sáhara Occidental ha resultado muy negativo también para las empresas españolas con intereses comerciales en Argelia.
Los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio reflejan que las exportaciones de España a Argelia han caído un 82 % en los seis meses después de que Argelia decidiera suspender de manera 'inmediata' el Tratado de
Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España. La suspensión de este Tratado de Amistad esta ligada con el cambio de posición sobre el Sahara Occidental ya que fue anunciada por el presidente de Argelia inmediatamente después de que el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificara en el Congreso de los Diputados, el 8 de junio de 2022, su cambio de postura unilateral ante la histórica posición española ante el conflicto del Sáhara Occidental.
Los datos reflejan que las cerca de 600 empresas con intereses comerciales en Argelia han perdido nada menos que 773 millones de euros entre junio y noviembre de 2022. En los últimos seis meses, que coinciden con el comienzo de la crisis,
España solo ha exportado bienes y servicios por valor de 165,1 millones de euros, frente a los 938 millones que se exportaron en el mismo periodo del año pasado.
Hasta mayo de 2022, las exportaciones españolas a Argelia crecían un 8,2 %, o lo que es lo mismo 64,1 millones más que en igual periodo del año 2021. Sin embargo, en junio comenzó una pronunciada caída que ha arrojado un negativo balance y
una caída acumulada del 82 %.
Estos datos reflejan la difícil situación que están atravesando las empresas españolas que comercian con Argelia sin que vean una solución posible en el horizonte cercano. A inicios de este 2023, una decena de empresarios con intereses en
el país se reunieron con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pero los resultados han sido nulos porque los contactos diplomáticos con Argelia son inexistentes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Habilitar líneas de apoyo financiero para todas aquellas empresas afectadas por la crisis con Argelia.
2. Impulsar una acción diplomática bilateral intensa y persistente para recomponer las relaciones plenas con Argelia en el marco de Tratado de Amistad firmado en 2002.
3. Informar a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de las acciones que está llevando a cabo para retomar las relaciones con Argelia y reactivar el Tratado de Amistad y Buena Vecindad con el país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2023.-María Valentina Martínez Ferro, Pablo Hispán Iglesias de Ussel y Eloy Suárez Lamata, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/004870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Francisco José Contreras Peláez, don Víctor González Coello de Portugal, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Agustín Rosety
Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley de condena de la represión en Irán, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La represión en Irán.
Una característica esencial del fundamentalismo islámico y de la aplicación de la sharía es la opresión contra las mujeres, que se manifiesta con nitidez en países como Irán.
La detención de la joven Masha Amini -de 22 años-, que murió el 16 de septiembre de 2022 en dependencias policiales de Teherán tras ser arrestada por no llevar correctamente ajustado el 'hijab' -el velo que todas las iraníes están legalmente
obligadas a vestir desde los 6 años-, desencadenó una oleada de protestas callejeras masivas, que el Gobierno ha reprimido con ferocidad. Así, por ejemplo, el 13 de octubre de 2022 las fuerzas de seguridad iraníes irrumpieron en una escuela de la
ciudad de Ardabil y forzaron a las alumnas a cantar una canción de adhesión al régimen teocrático; varias de ellas se negaron y fueron golpeadas severamente; la joven Asra Panahi, de 16 años, murió en el hospital. La misma suerte corrieron días
después Nika Shahkarami, de 17 años, y Sarina Esmailzadeh, de 16.
Durante los últimos meses las autoridades iraníes han respondido con una violencia extrema a las legítimas protestas que parte de la sociedad civil está realizando contra los excesos del régimen teocrático que dirige el país. Así, las
fuerzas de seguridad del régimen habrían asesinado a centenares de personas y arrestado a decenas de miles.
Lo que está ocurriendo en Irán es un movimiento popular contra un régimen teocrático y despótico, cuyo respeto por los derechos de la persona, y en especial de las mujeres, deja mucho que desear. La sociedad civil persiste en sus
reivindicaciones, pese a la implacable represión. Mientras tanto, el mundo mira hacia otro lado.
Segundo. Condena internacional.
Ante esta situación, el Gobierno de España emitió el 27 de septiembre un comunicado en el que exigía a las autoridades iraníes que respetaran y garantizaran 'plenamente el derecho de todos sus ciudadanos a expresarse y manifestarse' 1. En
diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Sr. Albares Bueno, señaló en Twitter que 'reiteramos nuestra enérgica condena ante una nueva ejecución en Irán en el contexto de las protestas. España se opone a la pena de
muerte en todos los
1 'Condena del Gobierno español sobre la represión en Irán', Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 27/09/22. Disponible [en línea]: https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Comunicados/Paginas/2022
COMUNICADOS/20220927 COMU060.aspx.
países y circunstancias'. Pero meses después, la situación ha evolucionado, el número de víctimas de la represión se ha multiplicado y España no ha endurecido su posición frente al gobierno de Teherán.
Por su parte, la Unión Europea ('UE') ha adoptado nuevas medidas restrictivas contra las violaciones de los derechos de la persona en Irán. Así, el 23 de enero de 2023 el Consejo decidió añadir 18 personas y 19 entidades a la lista de
personas sujetas a medidas restrictivas en el contexto del actual régimen de sanciones contra la violación de derechos de la persona en Irán.
Entre los últimos incluidos se encuentran representantes del Gobierno y del Parlamento iraní (Majles), importantes figuras políticas y mediáticas, así como miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad iraníes, incluido el Cuerpo de la
Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ('CGRI'). Las nuevas entidades señaladas son organismos gubernamentales y empresas privadas que brindan servicios de seguridad y realizan actividades que prohíben, limitan o sancionan el ejercicio de la
libertad de expresión en dicho país. Teniendo en cuenta estas nuevas incorporaciones, las medidas restrictivas adoptadas por la UE se aplican a un total de 164 personas y 31 entidades.
Estas medidas consisten en la congelación de activos de las personas y entes señalados, la prohibición a los mismos de viajar a la UE, y la prohibición de que se pongan fondos o recursos económicos a su disposición. También está en vigor la
prohibición de exportar a Irán equipos que puedan utilizarse para la represión interna y para monitorear las telecomunicaciones.
No obstante lo anterior, las resoluciones dictadas por la UE se han revelado insuficientes y obvian circunstancias de vital importancia que los países occidentales deben contribuir a atajar. Así, por ejemplo, la Resolución común del
Parlamento europeo, aprobada en el Pleno del 18 de enero de 2023, no hace alusión a la actividad que desarrolla el CGRI en Hispanoamérica, que es ubicua y creciente. El CGRI ha establecido bases operativas avanzadas para sus propios funcionarios, y
para Hizbulá y otros agentes subsidiarios iraníes en varios países, especialmente en Venezuela. También ha utilizado a los países hispanoamericanos como soporte para eludir las sanciones y financiar sus entidades subsidiarias, mediante la
participación en diversas actividades ilícitas en la zona de las tres fronteras, como el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el blanqueo de capitales. Al mismo tiempo, el CGRI ha participado en campañas propagandísticas generalizadas en
toda la región.
Los países occidentales deben revisar todas sus vinculaciones con el régimen de los ayatolás. Por ejemplo, no deja de resultar llamativo que, a pesar estos hechos, Irán siga ocupando un puesto en la Comisión de Naciones Unidas sobre el
Estatus de las Mujeres 2, que se autodefine como 'el principal órgano intergubernamental del mundo dedicado a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres' 3.
En este estado de cosas, la complicidad europea quedó plasmada -por enésima vez- en el pacto nuclear alcanzado con el régimen iraní en 2015. Este acuerdo, denominado 'Plan de Acción Integral Conjunto', tenía por objeto establecer unos
límites estrictos al programa nuclear iraní y orientarlo hacia fines comerciales y pacíficos 4. Ahora, el régimen iraní está enriqueciendo uranio al 60 %, acercándose cada vez más al porcentaje necesario para su uso militar. Además, las
autoridades iraníes han confirmado que ya cuentan con más de 200 kilos de uranio enriquecido por encima de los niveles fijados en el acuerdo de 2015. 5 No parece que este desarrollo de los acontecimientos confirme las declaraciones de la anterior
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, para quien el Acuerdo nuclear iraní fue 'un éxito' que hizo 'del mundo un lugar más seguro' 6. De adquirir capacidad militar nuclear, el régimen
iraní obtendría una poderosa invulnerabilidad internacional y, por tanto, impunidad en el plano nacional.
2 Membership of the Commission on the Status of Women at its sixty-seventh sesión (2023). Disponible [en línea]: https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-05/CSW67%20Mmbrshp%20CSW%2067th%20session%20alph%20and%20bv%20regions.pdf.
3 https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/commission-on-the-status-of-women.
4 GARRIDO REBOLLEDO, Vicente: 'La (des)iranización de la política exterior de Estados Unidos: el futuro del acuerdo nuclear con Irán bajo la presidencia de Trump', Anuario Español de Derecho Internacional, Vol. 34, 2018. Págs. 371-372.
Disponible [en línea]: https://revistas.unav.edu/index.php/anuario-esp-dcho-internacional/article/view/27424/22873.
5 'Irán defiende que su decisión de enriquecer uranio al 60 % en Fordo va en línea con las normas del OIEA', EuropaPress, 23.11.22. Disponible [en línea]:
https://www.europapress.es/internacional/noticia-iran-defiende-decision-enriquecer-uranio-60-fordo-va-linea-normas-oiea-20221123121930.html.
6 MOGHERINI, Federica: 'The Iran nuclear deal is a success - and the whole world is safer for it', The Guardian, 17.01.17. Disponible [en línea]: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/ian/17/iran-nuclear-deal. En GARRIDO
REBOLLEDO, Vicente: 'La (des)iranización...' op.cit. p. 388.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a lo siguiente:
1. Condenar la represión en la República Islámica de Irán.
2. Denunciar, en el seno de la Unión Europea, la exposición de velos en cualquier comunicación de las instituciones de la Unión, siendo el velo el principal símbolo de la opresión contra las mujeres y que no debe glorificarse ni
normalizarse.
3. Asimismo, exigir a la Unión Europea que deje de financiar campañas de comunicación cuyo fin sea promover el velo islámico, como las que ya se han puesto en marcha, y detener inmediatamente la difusión de estas.
4. Comprometerse con la defensa de los principios esenciales de la sociedad española, y contribuir a detener la expansión de costumbres contrarias a la dignidad fundamental de las personas en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2023.-Víctor González Coello de Portugal, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas, Francisco José Contreras Peláez y Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Defensa
161/004865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Manuel Mestre Barea, don Víctor González Coello de Portugal, don Alberto Asarta Cuevas y don Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en e artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la ampliación de horarios de apertura de la Biblioteca
Central Militar del Ejército de Tierra, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. La Biblioteca Central Militar.
La Biblioteca Central Militar (la 'Biblioteca' o la 'BCM') está especializada en todos los temas relativos a la ciencia e historia militar. Depende técnicamente de la Subsecretaría de Defensa, Subdirección General de Documentación y
Publicaciones y está encuadrada orgánicamente en el Instituto de Historia y Cultura Militar ('IHCM'), este último bajo la dependencia del Jefe del Estado Mayor del Ejército.
Así, la Biblioteca reúne los más completos repertorios de legislación militar, ordenanzas, escalafones, reglamentos e instrucciones; historias de campañas, historiales de regimientos; obras sobre armamento, sanidad militar, uniformes e
historias de las distintas armas y cuerpos. Cuenta además con importantes fondos históricos sobre arte, arquitectura, ingeniería, matemáticas o historia, entre otras muchas disciplinas.
Por su parte, la sala de lectura cuenta con una colección de referencia de libre acceso y dispone de una zona de revistas, veinte puestos de lectura para usuarios, cuatro puntos de conexión al catálogo automatizado e Internet y dos
reproductores de microfilm. La BCM cuenta igualmente con una pequeña sala de mediateca con dos puestos de audición y visionado.
La BCM pertenece a la Red de Bibliotecas de Defensa desde 2008 y sus fondos están incluidos dentro del Catálogo Colectivo de dicha Red 7.
7 https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/biblioteca-central-militar/portada.
Segundo. Falta de servicio adecuado.
Como cualquier otro organismo público, la BCM ha de deberse al servicio de los ciudadanos, de la forma más eficiente y adecuada posible, cumpliendo la normativa que resulte de aplicación. No obstante, tal no está siendo el caso de la BCM.
El servicio que ha de prestar la BCM debe regirse, entre otras normas, por la Orden DEF/92/2008, de 23 de enero, por la que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas de Defensa (artículo 3). Pues bien, el artículo 5 de la referida Orden
enumera los principios y fines que rigen en la Red de Bibliotecas de Defensa ('RBD'), cuales son:
'1. Los centros bibliotecarios de la RBD actuarán bajo los principios y valores siguientes:
a) Libertad de acceso a la información.
b) Igualdad de los usuarios en el acceso a materiales, instalaciones y servicios.
c) Pluralidad en la formación de las colecciones.
d) Respeto a la privacidad de las consultas e investigaciones, protegiendo los datos personales de los usuarios en los términos establecidos por las leyes.
2. La RBD tiene como fines específicos:
a) Promover y facilitar la conservación, el acceso y la difusión del patrimonio bibliográfico del Ministerio de Defensa.
b) Potenciar el uso de los centros bibliotecarios en el ámbito del Ministerio de Defensa.
c) Apoyar las necesidades de actualización profesional y formación continua del personal del Ministerio de Defensa.
d) Garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos bibliográficos y documentales mediante la cooperación y coordinación de actuaciones.
e) Facilitar el intercambio de experiencias y la comunicación entre los diferentes centros bibliotecarios del departamento.
f) Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
g) Fomentar el hábito lector como medio de transformar la información en conocimiento.
h) Apoyar e impulsar líneas de investigación sobre el patrimonio bibliográfico del Ministerio de Defensa.
i) Actuar en representación de los intereses comunes de las bibliotecas del Ministerio de Defensa, fomentando la participación en proyectos de cooperación, tanto nacionales como con bibliotecas de defensa de otros países y de organismos
internacionales, en coordinación, en este caso, con la Secretaría General de Política de Defensa.'
Por su parte, según se especifica en la propia página web de la BCM, el horario teórico de apertura de la misma es el siguiente:
No obstante, este horario no parece respetar los fines y principios referidos supra, pues no se adecúa a las necesidades objetivas de la mayoría de potenciales usuarios. Estos se ven imposibilitados para
hacer uso de los servicios que ofrece la BCM porque en tales horarios trabajan. Ello motiva que los usuarios empleen otras bibliotecas cercanas, como puede ser la de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Biblioteca Central: de
lunes a viernes, de 9 a 20:30 h. Sábados de 9 a 14:30 h.), cuyos horarios si permiten el acceso en horarios más amplios que el laboral.
En el mismo sentido, en el IHCM se imparten cursos (generalmente en horario de tarde) para cuyos estudios y desarrollo se requiere de la BCM. No obstante, pese a ser la Biblioteca un elemento de apoyo imprescindible para los asistentes a
los cursos y sus profesores, acudir a ella misma es imposible.
Resulta difícil encontrar justificación para esta situación, más, si cabe, siendo la BCM dependiente a nivel orgánico del IHCM.
Tercero. Falta de respuesta de la Administración a las quejas.
Este Grupo Parlamentario ha podido constatar la falta de resolución ante las quejas de los usuarios, que manifestaban por las vías administrativas correspondientes. Así, ante las reclamaciones por el horario de la BCM, las autoridades
correspondientes han alegado que se debe a falta de personal, a modificaciones en las actuales condiciones de trabajo de los empleados de la BCM o a la asignación de complemento de productividad. Todas estas circunstancias hacen, supuestamente,
imposible la ampliación de los horarios.
Frente a estas respuestas por parte de la Administración General del Estado, debe recordarse la Resolución de 28 de febrero de 2019 de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones referentes a la jornada y
horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes o vinculados. Esta norma estipula que:
'2.4 El calendario laboral habrá de respetar, en todo caso:
a) La duración de la jornada general, establecida en 37 horas y media semanales, sin que pueda menoscabarse el cómputo anual de la misma con ocasión de la jornada intensiva de verano, de la jornada establecida con motivo de festividades o
del disfrute de la bolsa de horas de libre disposición a la que alude el apartado 8.8 de esta Resolución.
[...] e) La acomodación del horario a las necesidades del servicio y a las funciones del centro.
3. Jornada general y horarios.
3.1 La duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales.
3.2 La distribución de la jornada semanal se realizará:
a) Jornada de mañana. El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9:00 a 14:30 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 7:00 y las 9:00
de lunes a viernes y entre las 14:30 y las 18:00 de lunes a jueves, así como entre las 14:30 y las 15:30 horas los viernes.
b) Jornada de mañana y tarde. El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a jueves, con una interrupción para la comida que no computará como trabajo efectivo y que será como mínimo de media
hora, y de 9:00 a 14:30 los viernes, sin perjuicio del horario aplicable al personal destinado en oficinas de apertura ininterrumpida al público que cuenta con regulación especial. El resto de la jornada, hasta completar las treinta y siete horas
y media o las cuarenta horas semanales, según el régimen de dedicación, se realizará en horario flexible entre las 7:00 y las 9:00 horas, de lunes a viernes, y entre las 17:00 y las 18:00 horas, de lunes a jueves, así como entre las 14:30 y las
15:30 horas los viernes.
c) Jornada de tarde. El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 15:00 a 20:30 horas, de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 13:00 y las
15:00 horas, así como entre las 20:30 y las 22:00 horas.'
Cuanto se ha expuesto muestra que los motivos alegados por la Administración pública -modificación de condiciones de trabajo, razones económicas o por falta de personal- no encuentran justificación en la
legislación vigente. Es necesario poner fin a esta situación, que perjudica a los usuarios y a los potenciales usuarios de la Biblioteca.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, en cumplimiento de la fines y principios comprendidos en la Orden DEF/92/2008, de 23 de enero, por la que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas de Defensa, adopte las medidas
necesarias para que la Biblioteca Central Militar del Ejército de Tierra preste servicios en horarios tanto de mañana como de tarde, facilitándose de esta manera el acceso a la sala de lectura y a la sala de mediateca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2023.-Manuel Mestre Barea, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Agustín Rosety Fernández de Castro y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/004858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero y María Carvalho Dantas, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la proliferación de agresiones de carácter ultraderechista en el País Valenciano para su debate en instancia en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado sábado 18 de febrero en el Centro Social Terra de Benimaclet en la Ciudad de Valencia se produjo un ataque de carácter claramente ultraderechista a los congregados en el centro en el que se desarrollaba un acto de homenaje al joven
asesinado por el fascismo Guillem Agulló. Por lo visto se arrojó una sustancia corrosiva sobre las personas concentradas produciendo heridas a algunas de ellas. Se da la casualidad de que alguna de las asociaciones convocantes, como por ejemplo
Cuidem Benimaclet, también fue víctima de una infiltración policial que ha sido noticia recientemente.
Este ataque no es el primero que se acontece en el homenaje a Agulló que se lleva a cabo anualmente en este barrio de Valencia. De hecho, el País Valenciano ostenta un ignominioso récord de todo el Estado en ofensivas fascistas a
organizaciones pacíficas valencianistas, de carácter social y/o político y a ciudadanos tanto militantes como no militantes.
Según el informe RAXEN, elaborado en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y migraciones, desde el año 2000, en el País Valenciano, se han documentado como mínimo, aproximadamente 215 casos de ataques e incidentes
vinculados al racismo, la xenofobia, al antisemitismo, a la homofobia y demás condiciones, personales, sociales y/o políticas.
Algunos de estos ataques más reseñables, entre muchos otros son:
El asesinato de un hombre marroquí en Sagunt y puñalada en el hígado a un hombre africano en Vinarós, agresiones a miembros de partidos políticos que han acabado hospitalizados, heridos por un ataque de un grupo de neonazis en la fiesta de
l'Albereda de València en 2006, ataques con artefactos explosivos a sedes de partidos políticos y asociaciones como son Esquerra Republicana del País Valencià, el Bloc Nacionalista Valencià, contra la casa de Joan Fuster, el ataque múltiple en
distintas ubicaciones de la Ciudad de València en una sola noche -la policía exigió en algunos casos a los jóvenes denunciantes que hablasen en castellano para poner la denuncia-, varias agresiones xenófobas, y una retención de diputados de Esquerra
Republicana en el Congreso por parte de un grupo de ultraderecha que atacaron
la sede del partido en la Ciudad de València, además de agresiones a transeúntes y manifestantes -algunas con resultado de heridas graves e ingresos hospitalarios-. Aparición de pintadas amenazantes en sedes de partidos y entidades, ataque
contra la 'Casa de la Diversitat', sede del colectivo LGTBI+, artefactos explosivos y cócteles molotov en las calles de València atribuidos a grupos ultraderechistas así como asedio a ciertos comercios y locales del barrio de Benimaclet por parte de
agrupaciones fascistas -el delegado del Gobierno en València afirmó, en cierta ocasión, que 'Si respetan la legalidad, forman parte de la riqueza democrática'-, y un larguísimo etcétera en el que se encuentran amenazas, insultos, seguimientos,
manifestaciones ilegales a lo largo y ancho de toda la geografía valenciana: Gandia, Benidorm, València, Castelló de la Plana, etc.
En este sentido, y en múltiples ocasiones, se ha podido observar como las fuerzas y cuerpos de Seguridad del estado destinados sobre el terreno han tenido comportamientos cuanto menos negligentes sino incluso conniventes para con los
agresores. Cabe destacar algunas actuaciones policiales difícilmente justificables en el trato a manifestaciones del día 9 de octubre, del País Valencià en los que, a menudo, se ha permitido que proliferasen concentraciones de grupos de carácter
ultraderechista e incluso que se llegaran a encontrar con los manifestantes pacíficos de la diada, provocándose así altercados fácilmente evitables. Asimismo, en alguna ocasión, se han visto y publicado imágenes de agentes de policía con actitudes
personales claramente reseñables e identificables con un cierto 'compadreo' con personas con signos, actitudes y conductas explícitamente provocadoras de índole ultraderechista.
Por todo lo expuesto el Grupo Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Investigar las agresiones fascistas que proliferan a lo largo y ancho del territorio del País Valenciano.
2. Instar a todos los estamentos públicos a actuar y luchar contra la impunidad de los agresores fascistas y las organizaciones que los amparan.
3. Investigar la presencia de grupos de ultraderecha en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como los vínculos de algunos agentes al culto a ideas ultraderechistas.
4. Ofrecer y dotar de suficiente protección policial a las sedes de asociaciones víctimas de las agresiones fascistas con la finalidad de prevenir y evitar futuras agresiones impunes.
5. Tomar las medidas de refuerzo necesarias para asegurar el cumplimiento estricto de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática que prohíbe explícitamente 'actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o
humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron
al régimen dictatorial'.
6. Realizar un estudio de análisis, seguimiento y control sobre cuáles son los grupos que impulsan la violencia fascista en el País Valenciano.
7. Impulsar, a través de la Fiscalía, la persecución activa de los delitos relacionados por razones ideológicas y la intolerancia en el País Valenciano.
8. Elaborar y presentar ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en el plazo de seis meses, un informe con las conclusiones de las investigaciones dispuestas en los puntos 1, 3 y 6 así como las propuestas que se lleven a
cabo para dar cumplimiento al resto de puntos de esta proposición no de ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-María Carvalho Dantas, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios Euskal Herria Bildu, Republicano y BNG (Néstor Regó Candamil), de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
paralización de la privatización de torres aeroportuarias para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El proyecto de orden ministerial del 9 de febrero de 2023 recoge el listado de aeropuertos gestionados por AENA para los que se plantea su sustitución por nuevos proveedores civiles de servicios de control de tránsito aéreo de aeródromo.
Los aeropuertos afectados serían los de Bilbao, Santiago-Rosalía de Castro, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife norte-Ciudad de La Laguna y dicha decisión tendría afección sobre la prestación de
servicios relacionados con la gestión del tráfico aéreo, sumando así estas torres a las 12 ya privatizadas.
Los aeropuertos que se propone liberalizar, en su servicio de control, son de alta complejidad operativa, abocando esta decisión a una situación de riesgo de deterioro de los servicios relacionados con la gestión del tráfico aéreo respecto
al servicio actual prestado a través del personal de ENAIRE, cuyas prestaciones actuales cuentan con estándares de calidad reconocidos reiteradamente por los distintos organismos estatales e internacionales.
Cualquier decisión liberalizadora debería basarse en razones de tipo económico, de calidad y seguridad.
Los anteriores procesos de liberalización del servicio nos demuestran que, aunque las empresas privadas adjudicatarias puedan gozar de todas las autorizaciones legales requeridas para prestar el servicio, no se producen mejoras en lo
relativo a la eficiencia económica que se pretende perseguir o en lo relativo a las condiciones de trabajo del personal controlador y la propia seguridad.
En este sentido tenemos constancia de denuncias sobre existencia de efectos negativos que deben contratarse y evaluar por parte del Gobierno.
Desde el punto de vista de la eficiencia económica, no está nada claro que se vaya a mejorar dado que el teórico ahorro irá a parar a beneficios de los inversores privados de Aena, que reparte entre sus accionistas el 80 % de los beneficios
anuales en concepto de dividendos y que no habrá repercusión en el abaratamiento de costes de las compañías aéreas y de los pasajes a los y las usuarias.
Por otro lado, otra de las incidencias negativas de un proceso de estas características se aprecia en la merma de las garantías referentes a las condiciones de trabajo del personal controlador, ya que las empresas que gestionan las torres
privatizadas someten a su personal a fuerte presión laboral, despidos incluidos, y con obligaciones administrativas simultáneas a sus tareas de control que no casan bien con la seguridad aérea, según han denunciado reiteradamente los sindicatos. A
todo esto hay que añadir que la política de despidos y rotación de personal llevada en este tipo de empresas conlleva antigüedades pequeñas y menor experiencia en los y las trabajadoras, cuestión esta clave en la calidad y la seguridad. Estas
situaciones han llevado a este personal a convocar una huelga.
Los informes anuales que publica Enaire, desde el año 2013 indican que el coste de Aena para el servicio de aeródromo por operación ha ido descendiendo desde los 98,6 euros hasta los 55,6 euros en el año 2019 (el coste del año 2022 está sin
publicar, y los costes de 2020 y 2021, a causa del descenso brutal del tráfico debido a la pandemia, no son datos que se puedan usar de manera comparativa en una situación de normalidad). Este coste por operación demuestra que no es un porcentaje
especialmente determinante en los costes que le suponen a las compañías aéreas las tasas y tarifas que les cobra Aena por cada operación. Una política de abaratamiento de costes conlleva precarizar unos servicios que son críticos desde el punto de
vista de la seguridad.
Si este proceso tiene continuidad con más privatizaciones se cuestionará la misma viabilidad de la empresa pública Enaire; viabilidad que afectará a la formación y la calidad del personal.
Desde el punto de vista de la seguridad hay otro elemento preocupante: Se van a separar las funciones de Control de Aproximación y las de Control de Torre en más aeropuertos, haciendo que surja otra cuestión: La realización de controles de
aproximación desde aeropuertos alejados puede conllevar aumento de riesgos y falta de elementos de proximidad ante situaciones críticas. En las nuevas torres a privatizar se afirma que son torres sin aproximación.
Sin embargo, como lo podemos ver en el caso del aeropuerto de Bilbao, aunque no aparezca así en el listado que publica la CNMC, desde dicha torre se presta el servicio de aproximación, aunque en teoría es una posición separada de la posición
de torre. Sin embargo, a nivel operativo, a nivel de gestión de los tráficos en tiempo real, se prestan ambos servicios de forma conjunta y con la misma plantilla de controladores que, rotativamente, prestan ambos servicios y que, además, comparten
espacio, cosa que facilita enormemente la coordinación de todo tipo de tráfico. Un cambio de gestión como el planteado en la torre de Bilbao (con particularidades muy específicas: punto de espera K1, vientos cruzados y cizalladura muy habituales
que llevan a generar cambios de configuración de aterrizaje/despegue repentino y frustradas de aterrizajes, con una orografía montañosa cercana que limita las maniobras de aproximación...) requiere de controladores muy cualificados y experimentados.
Debería de realizarse una nueva valoración de lo que supondrá la separación completa de los servicios de aproximación en los aeropuertos afectados.
El actual modelo de gestión de la aproximación y torre con el mismo personal habilitado para las dos funciones y trabajando de forma conjunta y coordinada en el mismo espacio es vital para optimizar tiempos y condiciones de seguridad. De no
ser así, la seguridad -que hoy en día está completamente garantizada- solo se podría garantizar en base de penalizaciones considerables en tiempos de espera para despegue y tiempos de aproximación por tener que aplicarse tiempos y distancias
estandarizadas.
Privatizar el servicio de control en aeropuertos de tan elevada complejidad supondrá una iniciativa sin precedentes cuya posible afectación a la seguridad aérea debiera considerarse detenidamente.
De llevarse adelante estas adjudicaciones estaríamos ante un cambio de modelo sin precedentes, sustituyendo toda la plantilla por nuevos controladores lo que puede dar lugar a situaciones de carencia de experiencia en escenarios operativos
concretos de cada aeropuerto.
No existen experiencias en Europa de liberalización en el servicio de control de aeropuertos de similar tamaño y complejidad.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar y retirar lo recogido en la orden ministerial de 9 de febrero de 2023 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se determina que las torres de control de los aeropuertos de Bilbao, Santiago-Rosalía de
Castro, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna pasen a ser gestionados por proveedores civiles de servicios de control de tránsito aéreo de aeródromo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2023.-Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano, Diputado.-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.-Inés Granollers i Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián
Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
161/004869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don
Juan Carlos Segura Just, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición
no de Ley de reprobación de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Deber de diligencia de los miembros del Gobierno.
1. La Constitución española (CE), en su artículo 98, establece la composición del Gobierno -presidente, vicepresidentes, en su caso, ministros y demás miembros que establezca la ley-, expresando que será el presidente quien dirija la acción
del mismo, coordinando las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión.
2. Así, en desarrollo del precepto constitucional, en primer lugar, se aprobó la Ley 10/1983, de 16 de agosto, de Organización de la Administración Central del Estado, cuyas disposiciones habían de entenderse complementadas con los
preceptos todavía vigentes entonces de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957.
3. En la actualidad es la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la que desarrolla el mandato dirigido al legislador para el desarrollo normativo del citado órgano constitucional en lo que se refiere a la determinación de sus
miembros y el estatuto e incompatibilidades y responsabilidades de estos. En concreto, el artículo 4 contempla las funciones que los ministros deben ejercer como miembros del Gobierno.
4. Y, por su parte, el artículo 3 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (Ley 3/2015) establece los principios bajo cuya observancia deben ejercer su cargo los
titulares de los diferentes departamentos ministeriales. Entre estos se encuentran la consecución del interés general, estableciendo que estos altos cargos servirán con objetividad a los intereses generales y la integridad, lo que implica ejercer
el cargo con la debida diligencia.
Segundo. Flagrante error del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
5. El 11 de febrero de 2019 fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación del contrato de 'suministro de trenes de ancho métrico y alpinos, sus piezas de parque y su mantenimiento parcial durante
15 años' (expediente: 2018-01669) 8.
6. Según el anuncio de licitación rectificado, de fecha 27 de febrero de 2019, el valor estimado del contrato ascendía a 329.276.328,07 euros, el plazo de ejecución sería de 220 meses y la licitación se dividiría en dos lotes, a saber 9:
a) Lote 1: Suministro de (31) vehículos autopropulsados de ancho métrico; suministro de piezas de parque, almacén inicial de repuestos y utillajes; y mantenimiento de primer nivel durante 15 años (12 trenes).
b) Lote 2: Suministro de 6 trenes alpinos de tracción eléctrica; suministro de las piezas de parque, almacén inicial de repuestos y utillajes; y mantenimiento de primer nivel durante 15 años de 6 trenes.
7. El 30 junio de 2020 se formalizó acuerdo de adjudicación con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).
8. A principios de 2021, CAF comunicó a Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, SA (Renfe), entidad adjudicadora, que las características técnicas especificadas por dicha empresa pública contaban con un error en el cálculo de los
gálibos, lo cual suponía que las dimensiones de los trenes nuevos no coincidían con las de los túneles del recorrido. Renfe, por su parte, señaló que el fallo estaba en los datos de los gálibos ferroviarios publicados en la declaración sobre la red
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) 10.
9. Como consecuencia del mencionado error se abrió una comisión entre Adif, Renfe, CAF y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ('AESF') para analizar el caso y buscar alternativas, optándose
8 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEADQT7qGKAgaCpwKqqXyljhU4ug0B7Hfz_HBA4QTMFDmmxK_gaRYW-eicHg66xKJuEvYcCJTAhyAgGxVFtD1OPMiunnb6dz261Ct6PXre4jeDz9_ppP5/
9 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f62e3e0a-6504-4b49-b550-9f212f6d65ae/DOC_CN2019-165175.pdf?MOD=AJPERES
10
https://www.elconfidencial.com/espana/2023-02-03/revilla-cantabria-trenes-renfe-tuneles-no-entran_3569659/;https://www.lavanguardia.com/economia/20230203/8730589/renfe-disena-trenes-cantabria-asturias-caben-tuneles.html;https://www.rtve.es/no
ticias/20230 203/indignacion-cantabria-asturias-nuevos-trenes-medidas-tuneles/2420906.shtml
finalmente por el denominado 'método comparativo', método no contemplado en la normativa nacional y que implica que la construcción de los trenes se demore en torno a dos años 11.
10. En este sentido, cabe destacar que desde que CAF comunicó el error, a principios de 2021, hasta el día 2 de febrero de 2023, fecha en el que la prensa se hizo eco del asunto 12, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) deliberadamente ocultó a los españoles tales hechos.
11. Ante la polémica suscitada, el día 4 de febrero de 2023 la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, doña Raquel Sánchez Jiménez, se vio obligada a anunciar 13:
a) Que se producirían 'ceses inminentes' en Renfe y Adif por el error.
b) Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana constituiría un grupo de trabajo al que se invitaría a participar a los gobiernos de las dos regiones más afectadas -Asturias y Cantabria- para hacer un seguimiento de todo el
proceso y acortar los tiempos de demora.
c) Que se había encargado una auditoría interna en Renfe y Adif.
d) Que se tomarían 'todas las acciones' para acortar el retraso en la entrega y se esperaba que el diseño de los trenes estuviera listo para el verano y que se pudiera iniciar su fabricación 'de manera inmediata'.
12. El día 6 de febrero de 2023, y sin esperar el resultado de las auditorías internas anunciadas por la ministra, Adif comunicó el cese del responsable de Inspección y Tecnología de Vía, mientras que Renfe comunicó el cese del que era
gerente de Área de Gestión de Material de Renfe cuando se gestó el referido contrato de suministro de trenes de ancho métrico y alpinos 14.
13. El día 18 de febrero de 2023 se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) una Orden Ministerial en la que se detallaba el 'método comparativo' que se utilizaría para rediseñar y fabricar los trenes objeto del contrato de
suministro de trenes de ancho métrico y alpinos, la Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero, por la que se aprueban la instrucción ferroviaria para el proyecto y construcción del subsistema de infraestructura (IFI) y la instrucción ferroviaria para el
proyecto y construcción del subsistema de energía (IFE) y se modifican la Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción ferroviaria de gálibos y la Orden FOM/2015/2016, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el
Catálogo Oficial de Señales de Circulación Ferroviaria en la Red Ferroviaria de Interés General 15.
14. Finalmente, el día 22 de febrero de 2023, se publicaron en el 'BOE' las siguientes destituciones 16:
a) Doña Isabel Pardo de Vera Posada como secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
b) Don Francisco David Lucas Parrón como secretario general de Agenda Urbana y Vivienda.
c) Don Isaías Táboas Suárez como presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora.
Tercero. Consecuencias de la depuración de responsabilidades realizada por el Gobierno: Bloqueo del MITMA.
15. Tras los referidos ceses, entre los que destaca el de la secretaria de Estado, ella misma anteriormente presidente de Adif, se han producido consecuencias inmediatas. En este sentido, desde el sector aéreo y de la construcción ya se ha
señalado que se teme la paralización de asuntos críticos del mecanismo de revisión de precios en la obra pública que expira el día 31 de marzo, la segunda fase de
11
https://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-renfe-acuerda-caf-solucion-trenes-cantabria-retrasara-tres-anos-operativa-20230203114218.html;https://www.elcomercio.es/asturias/gobierno-pide-perdon-encargo-trenes-feve-tuneles-20
230204000819 -ntvo.html
12 https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/trenes-prometio-renfe-retrasan-tres-anos-error-20230202065425-nt.html
13
https://www.elmundo.es/economia/2023/02/04/63de4e5521efa0e0138b4599.html;https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/sanchez-anuncia-ceses-inminentes-error-fabricacion-trenes-cantabria-asturias_1_9924515.html;https://www.lavanguardia.c
om/economia/ 20230205/8733687/transportes-ultima-destituciones-renfe-adif-error-medidas-trenes-cantabria.html;https://www.expansion.com/empresas/transporte/2023/02/04/63de5a94e5fdea3e388b4602.html
14 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/06/companias/1675705578_541430.html y https://www.elindependiente.com/economia/2023/02/06/renfe-y-adif-cesan-a-dos-cargos-por-el-caso-de-los-trenes-que-no-caben-en-los-tuneles/
15 https://boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-A-2023-4324.pdf
16 https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/
liberalización de las torres de control o el inminente debate en el seno de la Unión Europea sobre la 'fiscalidad verde' para el transporte aéreo 17. En la misma situación se encuentran determinadas iniciativas legislativas del Gobierno.
16. Por otro lado, ha despertado una gran preocupación en la sociedad el nombramiento de don Raúl Blanco Díaz como presidente de Renfe 18. Cabe recordar que el Sr. Blanco fue destituido como secretario general de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa tras el fracaso de la primera convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico (PERTE-VEC) 19, consecuencia de su negligente gestión.
17. En conclusión, no solo se ha producido un importante despilfarro de dinero público, sino también un retraso en la fabricación y entrega de los trenes, con la consiguiente privación a los españoles de Asturias y Cantabria de su derecho a
las infraestructuras de transporte necesarias para paliar las desigualdades territoriales y acabar con la división entre ciudadanos de primera y de segunda.
18. No obstante, la ministra del ramo ha ocultado dolosamente toda esta información a los españoles, y en absoluto ha reconocido, ni mucho menos asumido, su responsabilidad como máxima dirigente de este Ministerio. Al contrario, ha optado
por destituir a cargos intermedios que probablemente no adoptaban la decisión final (que correspondía a la Sra. Sánchez Jiménez como ministra) y, lo que es peor, los ha sustituido por otros de dudosa competencia profesional, con demostrada hoja de
fracasos multimillonarios en perjuicio de todos los españoles.
19. Todo lo expuesto denota una falta de responsabilidad y diligencia por parte de la ministra, que debe ser inmediatamente reprobada y destituida.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Acuerda la reprobación de la Sra. ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por sus acciones en perjuicio del interés general, su flagrante incompetencia y su indiferencia ante las consecuencias de las actuaciones llevadas a
cabo recientemente en el seno del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que perjudican el interés general y acreditan la mala gestión de los recursos de todos los españoles por ese Ministerio.
2. Insta al Sr. presidente del Gobierno a que destituya de forma inmediata a la Sra. ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, doña Raquel Sánchez Jiménez.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2023.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Darío Vega Arias, Patricia de las Heras Fernández, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Calonje y
Onofre Miralles Martín, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Medidas para incentivar el
acceso a la Vivienda de los Jóvenes, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
17 https://cincodias.elpais.com/companias/2023-02-22/los-sectores-constructor-y-aereo-temen-el-atasco-de-asuntos-criticos-con-la-salida-de-pardo-de-vera.html
18 https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/
19 https://www.boe.es/diario_ boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22714
Exposición de motivos
En España el porcentaje de jóvenes que viven fuera de su hogar de origen pasa del 18,7 % de finales de 2019 al 17 % en 2020, y ya al 16 % en 2022, según el último informe del Consejo la Juventud de España. Esta es la cifra más baja desde
1988, es decir, el peor dato de las últimas tres décadas.
En Europa la edad media de emancipación es de 26,5 años. En España de 29,8 años.
Un joven español no se puede permitir pagar los 1373 euros/mes que cuesta de media un arrendamiento en España en enero de 2023. Eso si tuvieran un empleo, porque según la última encuesta de la EPA, la cifra de paro juvenil se ha situado en
España en el 30 %.
La Unión Europea tiene una tasa de paro de 18,3 %, estamos a la cola de Europa.
Pese a esta ligera tendencia de bajada de algunos de los indicadores es claro que, además del empleo, el principal problema es la escasez de oferta, que provoca que los precios siguen estando a niveles que chocan con la capacidad de acceso a
la demanda media, y sobre todo de los jóvenes.
Además, el escenario económico actual ha incrementado la tasa de esfuerzo para acceder a una vivienda de alquiler, especialmente en las áreas urbanas, y el mercado laboral impide acceder a una vivienda en propiedad por la falta de ahorros y
las condiciones de los créditos hipotecarios.
La única salida de muchos jóvenes es recibir, por parte de sus familiares o seres queridos, alguna vivienda que les permita poder emanciparse y desarrollar su propio proyecto vital. Aún teniendo esa vía, en muchas CC.AA., tendrán que
enfrentarse al pago del injusto impuesto de sucesiones y donaciones, obligándoles a afrontar el pago de cantidades desorbitadas que, en muchos casos, no tienen ahorradas.
Ahora mismo, el poder adquisitivo de la mayoría de los jóvenes les impide acceder a una vivienda. No hay confianza de las entidades bancarias y no hay apoyos ni incentivos del Gobierno ni a la compra-venta ni al alquiler, salvo las ayudas a
la compra en municipios de menos de 5.000 habitantes, diseñadas en el Plan de Vivienda 2018-2021 por el gobierno del Partido Popular, siendo uno de sus programas principales el de ayuda a la Vivienda Joven, por el que se otorgaba una ayuda de 10.800
euros a todos aquellos jóvenes entre 25 y 35 años que cumplieran los requisitos fijados para ello. Ayuda de todas formas muy limitada y que ha retomado el Gobierno actual.
Las cifras de ventas en nuestro país apenas han experimentado, en lo que se refiere a vivienda nueva, una subida, a razón de 5,4 % en variación interanual, dándose la circunstancia de que el cliente potencial no son jóvenes; el mercado es
de clase media alta y de extranjeros en su segunda residencia.
Por otro lado, desde el Gobierno se quiere potenciar el mercado del alquiler, pero a través de medidas inciertas, de dudosa eficacia que lejos de propiciar el aumento de la oferta, ya vaticinan los expertos que provocarán distorsiones en el
mercado.
Independientemente de que se potencie el mercado de alquiler y se marque como estrategia ante una tendencia creciente marcada por las condiciones sociales y económicas actuales y dar respuesta a los miles de jóvenes demandantes de vivienda,
entendemos que también existen sectores que prefieren optar por la compra como forma alternativa a la consecución de un hogar.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que es especialmente importante desarrollar una política de vivienda orientada a los jóvenes, que son quienes tienen mayores dificultades de acceso a la primera vivienda.
Estas medidas han de ser el resultado de la colaboración trasversal entre las políticas estatales tanto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, las políticas autonómicas y las entidades
bancarias de financiación.
Es fundamental, además, crear un conjunto de medidas que desarrollen los siguientes objetivos:
- Crear un entorno de colaboración público-privada.
- Estimular la demanda.
- Fomentar ayudas e incentivos para cubrir las cantidades iniciales a la compra de primera vivienda.
- Flexibilizar las condiciones urbanísticas para la producción de vivienda joven.
- Optimizar la oferta para la demanda joven.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Establecer un marco jurídico que agilice los procedimientos administrativos para desarrollos urbanísticos cuya finalidad sea la obtención de suelo finalista para desarrollar vivienda asequible para jóvenes.
- Implementar una política fiscal sobre la vivienda que beneficie el acceso a la misma de jóvenes entre 18 y 35 años, tanto en régimen de compra como en alquiler.
- Poner a disposición de la creación de oferta de vivienda en alquiler en colaboración público-privada todo el suelo disponible tanto público como privado, dando preferencia para nuevos usos de vivienda aquellos que vayan dirigidos a la
construcción de vivienda para jóvenes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2023.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan José Aizcorbe Torra, doña Rocío de Meer Méndez, doña María Teresa López Álvarez, doña María de la Cabeza Ruiz Solás y doña Carla Toscano de Balbín, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la protección de los trabajadores autónomos, para su
discusión en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. Defensa de la actividad del trabajador por cuenta propia o autónomo.
En España, el grupo de trabajadores por cuenta propia o autónomos está formado, a 30 de diciembre de 2022, por 3.324.048 trabajadores. Esta cifra supone 1.204 menos autónomos que un año antes y constituye el peor dato desde el año 2012 20.
Los trabajadores autónomos constituyen uno de los grupos profesionales más importantes de nuestro país en cuanto a generación de valor y contribución a la economía nacional. No obstante, sufren un elevado grado de incertidumbre, así como
dificultades para el correcto desarrollo de su actividad, para la satisfacción de sus clientes y para el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Durante décadas, las políticas públicas puestas en marcha por gobiernos de distinto signo han perseguido el incremento de la presión fiscal sobre los autónomos, aumentando su vulnerabilidad y precarización y limitando sus condiciones y
capacidades para competir en el mercado.
Al contrario, es necesario favorecer la actividad de los autónomos, y diseñar un sistema económico y fiscal propicio para la actividad económica, en el que el talento aflore y se genere riqueza y empleo de calidad.
Segundo. Promoción de incentivos fiscales y supresión de las trabas administrativas.
En este escenario tan poco favorable a la iniciativa privada en España, el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la
protección por cese de actividad (el 'Real Decreto-ley 13/2022') no contribuye a mejorar la situación.
20 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/EST10/EST305/EST306
La citada norma entró en vigor el día 1 de enero de 2023, pese a que la implantación de las modificaciones que contiene se producirá de forma gradual. El nuevo sistema desplegará un conjunto de modificaciones del todo insuficientes, que
ahonda en las carencias del sistema y que renuncia a llevar a cabo mejoras auténticamente necesarias. Así, con el objetivo de aumentar la recaudación de la Hacienda Pública, los trabajadores por cuenta propia experimentarán un incremento en la
presión fiscal hasta ahora sufrida.
En la situación vigente hasta ahora, los tipos de cotización de los autónomos tenían una importancia menor, ante la posibilidad de que fuese el trabajador quien eligiese libremente la base de cotización que considerase oportuna. Frente a
ello, la nueva normativa supone el fin de esa capacidad de decidir, obligando al trabajador por cuenta propia a realizar una estimación de los ingresos que obtendrá en un futuro. Todo ello, en un contexto económico marcado por la incertidumbre, la
volatilidad y la voracidad recaudatoria.
En definitiva, la modificación del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) que lleva a cabo el Real Decreto-ley 13/2022 se erige como un nuevo paso del Gobierno de España hacia el saqueo fiscal de los trabajadores españoles.
Se trata de un conjunto de medidas que desincentivarán, todavía más, la iniciativa privada y el emprendimiento empresarial, los principales pilares del crecimiento de cualquier economía. De esta manera, el Real Decreto-ley 13/2022 cercena la
capacidad de decisión que hasta ahora amparaba al trabajador por cuenta propia y a sus familias.
Muy relacionado con ello, es preciso plantear una reflexión sobre el papel de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para con este sector. Se requiere una mayor flexibilización de las condiciones fiscales a los autónomos, tanto
en sus cantidades como cualidades. De lo contrario, la economía sumergida se podría presentar como una salida posible para quienes, presos de la desesperación debido a la incertidumbre y la imposibilidad de afrontar los costes, no puedan afrontar
los pagos que legalmente les correspondan. Es más, así lo sostiene el Instituto de Estudios Económicos (en el informe La competitividad fiscal de las comunidades autónomas: condición necesaria para el desarrollo económico 21), que afirma que cada
año la economía sumergida supone una pérdida de hasta catorce mil millones de euros para el Producto Interior Bruto nacional.
Otra cuestión relevante en el sector de los autónomos es la morosidad. Esta constituye un escollo insalvable para la economía, que se incrementa en periodos de crisis y que involucra especialmente a las pequeñas y medianas empresas. De
esta manera, el porcentaje de trabajadores por cuenta propia con facturas pendientes de cobro ha ido elevándose en los últimos meses. Según datos de asociaciones del sector 22 sobre la situación de los autónomos en diciembre de 2022, la morosidad
tanto pública como privada ha sido y es uno de los principales problemas: el pasado año, hasta el 39,7 % de los autónomos sufrió morosidad, el 7,4 % de ellos por parte solo de entidades públicas, el 9,8 % tanto públicas como privadas y el 22,5 %
por parte de otras empresas privadas.
La falta de capacidad para hacer frente a los pagos provoca que muchas pequeñas empresas y autónomos experimenten graves trabas para crecer. El impacto que esto genera a su vez en otras entidades y trabajadores por cuenta propia
imposibilita que estos contraten a nuevos empleados o que, incluso, tengan que declararse insolventes.
En el plano macroeconómico, el fenómeno adquiere tintes dramáticos, en tanto en cuanto el 95 % del tejido empresarial español está compuesto por pequeñas y medianas empresas.
Tercero. Conclusión.
La mejora de la situación económica y social actual pasa por el favorecimiento de la actividad de los trabajadores autónomos, de forma que puedan alcanzar su potencial y mejorar su crecimiento. Para ello, resulta necesario reformar tanto el
marco regulatorio del trabajador autónomo como la actitud y orientación de la Administración hacia este sector.
Hoy asistimos en España al hostigamiento fiscal y burocrático de un grupo de trabajadores y creadores de riqueza mermado por las desfavorables circunstancias recientes: las medidas restrictivas de la actividad económica puestas en marcha
por las autoridades sanitarias frente al COVID-19 y la posterior escalada inflacionista en la que estamos inmersos. A ello debemos sumar las denunciadas décadas de presión
21 https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/IEE-Opinion-La-competitividad-fiscal-de-las-comunidades-autonomas_OK.pdf
22 https://ata.es/wp-content/upIoads/2022/t2/np-barometro-XVI-diciembre-2022-ok.docx.pdf
fiscal que han perjudicado la prosperidad de un sector imprescindible para el crecimiento económico nacional. Todo ello, además, para financiar un gasto público ineficiente y excesivo.
Frente a todo lo anterior, es imprescindible que todos los trabajos sean tomados por esenciales y que todos los trabajadores españoles sean defendidos, ya que el trabajo contribuye a obtener el sustento para las familias y la prosperidad de
la Nación.
Debemos proteger a los trabajadores de España y favorecer un marco para la creación de empleo, la movilidad social y el desarrollo personal y profesional. En último término, quien se beneficie en mayor medida de este cambio de paradigma
será la economía española, que verá reforzado su crecimiento, desarrollo y competitividad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas que sean necesarias para la protección de los trabajadores autónomos y, en particular, a impulsar las siguientes:
1. Una profunda revisión del marco fiscal, en particular de las retenciones por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aplicadas a los trabajadores autónomos, al objeto de favorecer la competitividad del sector.
2. El establecimiento de nuevos mecanismos de cotización a la Seguridad Social mediante tarifas planas y tarifas graduales, en función de los ingresos obtenidos.
3. Un nuevo sistema de cotización para la situación de pluriactividad, que se mantenga durante el tiempo que se prolongue dicha situación.
4. El establecimiento de un tipo reducido de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los autónomos en régimen de estimación directa que favorezca su competitividad.
5. La actualización de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y del Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para hacerlos coherentes, sistematizados y adaptados a un entorno económico actual con
sectores nuevos en la economía.
6. La simplificación administrativa en la justificación de gastos ante la Administración, así como revisión de las exigencias del actual sistema de gestión de aduanas para la cumplimentación del DUA al objetivo de flexibilizar los
requisitos.
7. El establecimiento de un plazo de 30 días para que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria efectúe las devoluciones que procedan a favor de los contribuyentes, especialmente del IVA.
8. Un incremento del límite del importe de deudas tributarias para las que se pueda solicitar aplazamiento de pago sin que sea necesario aportar garantías por parte del deudor, con el fin de apoyar especialmente a pymes y autónomos dadas
las previsibles dificultades que habrán de arrostrar durante el año 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás, María Teresa López Álvarez y Carla Toscano de Balbín, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Promoción e
implantación de la red de recarga del vehículo de hidrógeno para su debate en instancia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
En el año 2020 el gobierno español aprobó la Hoja de Ruta del Hidrógeno que prevé para el año 2030, entre otras cosas, la instalación de entre 100 y 150 hidrogeneras de acceso público, un parque de entre 5.000 y 7.000 vehículos pesados y
ligeros de pila de hidrógeno, y una flota de entre 150 y 200 autobuses con esta tecnología.
En el Estado español, además, los Valles del hidrógeno son los ecosistemas dedicados al desarrollo de la tecnología del hidrógeno con el apoyo privado y de las administraciones públicas. En Catalunya, los proyectos de la Vall de l'Hidrogen,
situada en el Camp de Tarragona, buscan estimular la producción del hidrógeno verde para la movilidad sostenible, la economía circular, o el desarrollo de infraestructuras para el almacenamiento y la distribución del hidrógeno.
Además del impacto que estas iniciativas tendrán en conseguir un nuevo modelo de movilidad sostenible, también serán decisivas para la descarbonización de la industria, incluyendo sectores estratégicos (autonomía tecnológica y estratégica)
como, por ejemplo, el sector químico. En este sentido, el pasado 8 de febrero de 2023 se anunció que Tarragona acogerá el Centre Catalá per la Descarbonització de la Indústria (Centro Catalán para la Descarbonización de la Industria), con un papel
clave del hidrógeno verde y un protagonismo compartido entre las grandes empresas del sector químico, agrupadas bajo la asociación AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona), y las principales universidades, centros públicos de investigación
y centros tecnológicos. Se trata, pues, de una iniciativa fundamental para contribuir a la descarbonización de la industria y la movilidad, con liderazgo privado y colaboración público-privada.
Es necesario también destacar los proyectos de la ciudad de Barcelona y de la isla de Mallorca. En la capital catalana se sitúa la única hidrogenera de producción in situ de Catalunya y de España, utilizada para el repostaje de ocho
autobuses de la flota de Transports Metropolitans de Barcelona. En Mallorca también se ha instalado la primera planta de producción industrial de hidrógeno verde del Estado, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la isla mediante el
suministro de combustible renovable para el transporte.
El hidrógeno verde, de esa forma, destaca como una gran oportunidad para avanzar en la descarbonización de la industria y de la movilidad. Se trata de una alternativa ideal a los combustibles fósiles, y es una realidad cada vez más
desarrollada en toda Europa.
Pero no todo son buenas noticias. La Asociación Española del Hidrógeno ha reclamado, repetidas veces, también en sede parlamentaria, la necesidad de desarrollar una red de infraestructuras de recarga, y así poder generar una mínima demanda
de vehículo con pila de hidrógeno, ya que, a día de hoy, es prácticamente inexistente. Además, también han denunciado la falta de incentivos y ayudas específicas para el desarrollo de la red de recarga, igualmente que las trabas administrativas que
frenan nuevas inversiones para la instalación de estaciones de repostaje abiertas al público.
Es más, la producción in situ del hidrógeno es una cuestión exclusiva de la industria química, excluyendo la posibilidad de instalar hidrogeneras en suelo no-industrial o en estaciones de servicio multi-combustible. Un hecho que frena
enormemente la implementación de una red de recarga de acceso público en el territorio español.
Las administraciones públicas deben facilitar el desarrollo y las inversiones en combustibles alternativos, y concretamente por el hidrógeno renovable, por la creación de riqueza y conocimiento que supone, además de su importancia en la
descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Además de combustibles limpios y descarbonizados, el objetivo debería ser la masticación del uso de materiales como el hidrógeno como substitutivo de materias primas en procesos industriales
críticos para la autonomía estratégica, la competitividad de nuestras empresas y que, a fecha de hoy, son altamente contaminantes.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Fomentar el desarrollo de la red de recarga del vehículo eléctrico y de hidrógeno en el Estado Español, así como fomentar la demanda del mercado del vehículo con esta tecnología.
2. Destinar a las Comunidades Autónomas, antes de seis meses, los recursos y las herramientas para la gestión de ayudas al desarrollo de redes de recarga del vehículo eléctrico y de hidrógeno.
3. Desarrollar, antes de seis meses, una legislación específica para el diseño e instalación de hidrogeneras e hidrolineras. Permitiendo así su instalación también en suelo comercial y en estaciones de servicio multi-combustible.
4. Agilizar y simplificar, para cumplir con los objetivos de la Hoja de Ruta del Hidrógeno, las trabas administrativas que frenen el desarrollo del vehículo de hidrógeno y su red de recarga.
5. Destinar los recursos económicos necesarios al apoyo de los valles del hidrógeno y a la estimulación de la producción de hidrógeno verde. Estos recursos deberían destinarse a fomentar el mercado del hidrógeno tanto en el ámbito de la
movilidad, como en las cadenas de valor industriales, contribuyendo de forma decisiva a compartir el riesgo tecnológico y estratégico con las empresas, incentivando la necesaria descarbonización de la actividad económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2023.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el sistema húmedo-seco en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece, entre las excepciones en el sistema de separación en origen, el supuesto de que 'la recogida conjunta de determinados tipos de residuos no
afecte a su aptitud para que sean objeto de preparación para la reutilización, de reciclaje o de otras operaciones de valorización, y produzca, tras las dichas operaciones, un resultado de una calidad comparable y cantidad equivalente a la alcanzada
mediante la recogida separada'.
También señala el supuesto de que 'la recogida separada no proporcione el mejor resultado ambiental si se tiene en consideración el impacto ambiental global de la gestión de los flujos de residuos de que se trate', el de que 'la recogida
separada no sea técnicamente viable teniendo en consideración las buenas prácticas en la recogida de residuos' y el de que la recogida separada implique 'unos costes económicos desproporcionados teniendo en cuenta el coste de los impactos adversos
sobre el medio ambiente'. Varios de estos supuestos son aplicables en el modelo húmedo-seco desarrollado en las plantas de Lousame y A Coruña, que obtiene unos resultados equiparables o mejores, ya que su conversión supondría unos costes económicos
desproporcionados, y ya que en el global se necesitaría hacer mayores recorridos de los camiones de recogida -sobre todo en zonas rurales- que aumentarían la emisión de CO2.
Renunciar al modelo húmedo-seco significa añadir aún más complicaciones al proceso de tratamiento de los residuos en los centros de reciclaje de Servia y Nostián, a pesar de que no hay razones ambientales que lo justifiquen y los datos
indican que con el modelo húmedo-seco se recicla mucho más.
La nota interpretativa complementaria sobre si el modelo de recogida húmedo-seco cumple con las nuevas obligaciones de recogida separada a los efectos de la normativa comunitaria y estatal sobre residuos, emitida a comienzos del presente año
y que no tiene carácter vinculante, arroja unos datos que son severamente censurados por el personal de estas al emplear una metodología errónea. No se puede calcular el éxito de un modelo que recoge los envases ligeros de forma separa sin tener en
cuenta en el contaje aquellos envases que van a otro contenedor y no se recuperan a través del trabajo manual. Tampoco se puede calcular el éxito del modelo húmedo-seco sin tener en cuenta que junto a los envases
ligeros se introduce en el contenedor mucho más peso que no se elimina en el cálculo de la tasa de recuperación. Y mucho menos se puede establecer una comparación entre los dos modelos bajo estos parámetros.
Además, de forma interesada, se emplean los datos del año 2020, ejercicio en el que la actividad en planta se vio interrumpida por la influencia de la pandemia de COVID-19, lo que sólo se puede entender como un intento de desacreditar el
modelo analizado, ya que ni siquiera se menciona la posible influencia de ausencia del trabajo manual en un modelo que se caracteriza por la importancia del mismo en la separación.
Por otro lado, existen numerosos informes, como el realizado por el observatorio especializado en residuos rethinking.ong, que reconocen el modelo húmedo-seco como 'el sistema de recogida selectiva más ventajoso para alcanzar los objetivos
de reciclaje'.
Este modelo, basado en la diferenciación de cuatro fracciones (papel-cartón, vidrio, orgánico e inorgánico), presenta como principales ventajas que 'disminuye los flujos de recogida selectiva', lo que 'minimiza las fracciones a separar';
que 'la separación en origen de la fracción orgánica facilita la recuperación posterior del resto de materiales'; que 'simplifica el mensaje a transmitir', lo que 'facilita la participación ciudadana en la gestión de residuos', así como que 'los
resultados obtenidos en la recogida selectiva de materiales son muy satisfactorios'.
Los datos de 2019, últimos disponibles con una actividad normal en las plantas de reciclaje, señalan una tasa de recuperación de envases ligeros en Lousame de 57,7 %, y en A Coruña de 48,9 %, mientras que la del modelo de la Sociedad Gallega
de Medio Ambiente (Sogama), que emplea el colector amarillo, queda en un porcentaje de 27 %. Unos datos que demuestran la mayor eficacia de modelo húmedo-seco frente a la implantación del contenedor amarillo en lo referente a la recuperación de
envases ligeros.
De analizar los datos de las diferentes fracciones de residuos a nivel gallego, los datos también son favorables para los modelos de Lousame y A Coruña, frente a los de Sogama. En lo referente a papel y cartón, en 2019 la recuperación de
Nostián fue de 24,8 % y en Lousame de 22,3 %, por el 18,2 % de Sogama. Con respecto al resultado en biorresiduos, Lousame alcanzo 68,3 % y A Coruña 47,8 %, frente a 0,9 % de Sogama. En el caso del vidrio, la comparativa es favorable a la planta de
Lousame, con 65,5 %, frente a 58,5 % de Sogama y 55,4 % en A Coruña. Por último, los datos totales demuestran una vez más la mayor eficiencia del modelo húmedo-seco en el caso gallego, con una recuperación de 38,5 % en la planta de Lousame, de 30 %
en la de A Coruña, y de tan solo 10,6 % en el caso de Sogama.
Por lo tanto, está más que justificado que se incluyan los modelos de A Coruña y de Lousame en las excepciones planteadas en la normativa estatal de residuos. Queda certificado que, a pesar del margen de mejora en estas plantas, tienen la
capacidad de obtener unos resultados iguales o mejores a los del modelo de recogida separada de los envases ligeros. A ello se une el hecho de que, en términos de eficiencia económica, los cambios necesarios a realizar en la gestión de las plantas,
la necesidad de instaurar un mayor número de contenedores y la necesidad de emplear más camiones para realizar la recogida, supondrían un mayor gasto para los municipios. En este sentido, es necesario tener también en cuenta las mayores emisiones
de CO2 que resultarían de la necesidad de emplear más camiones de recogida.
Por otra parte, las plantas de modelo húmedo-seco gallegas han cumplido y cumplen totalmente con los criterios de calidad de los envases recuperados según las ETMRs (especificaciones técnicas dos materiales recuperados) exigidas por Ecoembes
para su posterior reciclaje. Por lo que no cabe poner en duda la capacidad de estas plantas para llevar a cabo esta materia con la mayor eficiencia, pues la separación y los métodos llevados a cabo en planta aseguran su calidad a la hora de ser
reutilizados.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
Reconocer las plantas de modelo húmedo-seco, y específicamente las de A Coruña y Lousame, como susceptibles de inclusión en las excepciones contempladas en la normativa estatal de residuos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de medidas de
control en el acceso de los menores a Internet para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Internet es un espacio en el que navegan libremente niños, adolescentes y adultos, sin las restricciones que existen en el mundo físico. Al mismo tiempo que los recursos en línea ofrecen un potencial enorme para la formación, la relación y
el entretenimiento, la falta de controles también representa un gran riesgo para los menores de 18 años, incluyendo situaciones de abuso, coerción, o explotación sexual y adicción a los juegos de apuestas. Hay una conciencia creciente sobre la
importancia de la supervisión parental para reducir estos riesgos, pero también se puede y se debe hacer más desde el punto de vista técnico para restringir el acceso de los niños y adolescentes a contenidos y servicios que no les son permitidos.
La Unión Europea ha aprobado a lo largo de 2022 dos Reglamentos sobre mercados y servicios digitales (DMA y DSA por sus siglas en inglés) que buscan erradicar o limitar los abusos que se producen en el ámbito digital en términos de poder de
mercado o de privacidad de los datos y seguridad de los usuarios. Además, actualmente se encuentra en tramitación en el Parlamento Europeo otro Reglamento para prevenir el abuso sexual de menores (CSAM, por sus siglas en inglés) que pretende acotar
y poner fin a este problema creciente en las sociedades europeas. No obstante, los riesgos asociados a los menores en Internet son muy amplios y merecen una aproximación específica.
Los niños y adolescentes hacen un uso creciente de la conectividad móvil. Las potencialidades de Internet para el desarrollo humano y el crecimiento social son evidentes. Sin embargo, se trata de un espacio en el que navegan libremente
niños, adolescentes y adultos sin las restricciones que existen en el mundo físico y que puede dar lugar a conductas, situaciones y contenidos que deben ser, cuando menos, observados por los poderes públicos.
El acceso de menores a contenido inapropiado en Internet es una preocupación creciente para las familias y la sociedad en general por las consecuencias que acarrea, que van desde daños psicológicos y emocionales hasta el desarrollo de
comportamientos peligrosos, socialmente inapropiados o dañinos para su salud física.
En España, según un informe del año 2019 de Save the Children, más del 20 % de las personas encuestadas fueron víctimas del Online grooming o ciberembaucamiento siendo menores de edad. Es decir, 1 de cada 5 personas fueron contactadas por
una persona adulta a través de internet con la intención de involucrarle en una actividad de naturaleza sexual. Asimismo, casi 50.000 jóvenes habrían sido víctimas de sexting -eI intercambio de mensajes o imágenes propias con contenido sexual- sin
consentimiento en su infancia y 43.262 menores de edad sufrieron sextorsión, siendo víctimas de chantaje con la amenaza de publicar contenido de carácter sexual que le involucra.
Otro riesgo importante es el relacionado con los juegos de apuestas que no son permitidos para los menores de edad, pero a los que acceden igualmente. El 17 % de los adolescentes jugadores españoles están apostando más de 30 euros por mes,
gasto que se acrecienta cuando observamos a los adolescentes de la segunda etapa de ESO (15-16 años).
El modelo de Internet actual ha generado inmensas compañías tecnológicas a nivel global cuyas decisiones empresariales y no sometidas a ningún control democrático afectan a miles de millones de personas diariamente. Sus aplicaciones a modo
de apps, son mega-tiendas que pueden tecnológicamente y deben moralmente cumplir un rol fundamental para la disminución del acceso de los menores de edad al contenido restringido para adultos, reduciendo así los riesgos explicados anteriormente.
Este tipo de controles en la distribución de productos y servicios para los menores son normales en otros sectores de la economía. El consumo de alcohol es un buen ejemplo. Los productores de alcohol no son responsables de controlar el
acceso a sus productos. Esta es una responsabilidad exclusiva de los comercios que los venden, como los supermercados, hoteles, bares o restaurantes. No obstante, en la
industria digital todavía no se aplica la misma lógica por más que son solamente dos actores los que controlan la distribución de aplicaciones.
Sería razonable que las compañías tecnológicas dominantes estandarizaran las restricciones de edad para asegurar la consistencia de los criterios de acceso y restricciones definidas por las aplicaciones, algo que no ocurre en la actualidad,
teniendo en cuenta que tienen la capacidad técnica suficiente y probada para prevenir o, al menos, dificultar más y mejor el acceso de los menores a aplicaciones restringidas para adultos. Sin embargo, la extrema facilidad entre los menores para
sortear este tipo de controles hace dudar de que se estén utilizando los recursos necesarios y convenientes para ello, lo que redunda en un beneficio extraordinario e ilegítimo para estas compañías.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Crear una Oficina de Supervisión de las herramientas de control del acceso de los menores a contenidos en la red, lesivos para su integridad, por parte de plataformas digitales.
2. Promover mecanismos de colaboración con las grandes empresas tecnológicas para posibilitar el control del acceso de los menores a Internet, utilizando algoritmos y procedimientos que permitan verificar los requisitos exigibles para la
autenticación fiable y la protección de datos.
3. Promocionar el conocimiento y uso de las herramientas de control proporcionadas por las empresas tecnológicas entre padres, madres, profesores y educadores con el objeto de conseguir la debida protección a los menores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-Juan Luis Pedreño Molina y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para implementar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio para
su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La situación de agravamiento de los problemas de salud mental ha ganado relevancia pública a raíz de la pandemia de COVID-19 y de los efectos que el confinamiento de marzo de 2020 tuvo sobre las personas. Por fin se han podido derribar
barreras y tabúes que impedían que se abordara de forma integral un problema tan importante en nuestro país.
La Encuesta de Salud Mental del CIS de 2021 arrojaba datos preocupantes, en los que un 39 % de españoles declararon haber acudido a tratamiento por trastorno depresivo antes de la pandemia, y un 33 % por trastorno ansioso. Esos porcentajes
eran del 35 % y del 43,7 % respectivamente desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Más del 50 % de la mitad de la población ha sentido en algún momento miedo a la muerte o a los contagios durante este tiempo, un 41,9 % ha tenido
problemas de sueño y un 51,9 % ha reconocido sentirse cansado o con pocas energías. Además, un 6,4 % de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, el mayor porcentaje (un 43,7 %) por ansiedad y un 35,5 %
por depresión.
Más del doble de las personas que han acudido a estos servicios de salud mental son mujeres. La menor prevalencia en hombres adultos puede deberse a la estigmatización de los problemas de salud mental, derivando en falta de voluntad de
admitir el problema. Desgraciadamente, los datos también dicen
que son los hombres adultos los que más tienden a quitarse su propia vida. Cada día hay una media de 11 suicidios en nuestro país. Uno cada dos horas y media. Es ahora la principal causa de muerte no natural desde que en 2008 superó a los
accidentes de tráfico -a los que ahora doblan-.
Para las personas jóvenes, este año de pandemia ha resultado también increíblemente difícil. Las personas de 18 a 34 años son las que han frecuentado más los servicios de salud mental, han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de
tristeza y han sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a esta situación. En el apartado sobre la infancia, la encuesta del CIS sobre los efectos psicológicos de la pandemia muestra que el 52,2 % de los padres que han
convivido con sus hijos menores ha percibido cambios en su forma de ser. El 72,7 % de ellos asegura que estos han mostrado 'cambios de humor' y un 30,4 % 'cambios en el sueño'. El suicidio es ya la principal causa de muerte no natural entre
jóvenes de 15 a 29 años, algo que no había ocurrido desde que se registran datos y que los especialistas relacionan con el estallido de la pandemia de la COVID-19.
Este impacto se ha cebado también especialmente con la infancia, pese a que los menores representan en torno al 1 % de las infecciones por COVID-19 que se han registrado en nuestro país. Los profesionales sanitarios ya han advertido de que
las urgencias psiquiátricas infantiles se han duplicado en los últimos 12 meses, principalmente provocadas por trastornos de conducta alimentaria cada vez más severos, casos de ansiedad, depresión, autolesiones y tentativas de suicidio, y también de
trastornos obsesivo-compulsivos, conocidos como TOC. Además, las tentativas de suicidio y autolesión en población infantil y juvenil han aumentado un 250 % a causa de la pandemia, según ha alertado este jueves el Colegio Oficial de la Psicología de
Madrid.
Esto motivó que el Grupo Parlamentario Ciudadanos hiciera de la salud mental y la prevención del suicidio una prioridad política ya en los trabajos realizados en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que publicó
sus conclusiones en julio de 2020. Ya en ese ámbito solicitamos la creación de un teléfono de atención a las personas con pensamientos suicidas y la puesta en marcha de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Gracias al trabajo realizado por
nuestro grupo, pero también a la generosidad del resto de fuerzas políticas, esas propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos fueron aprobadas.
Lamentablemente, su aprobación en sede parlamentaria no significa para el Gobierno su puesta en marcha. Mientras que sí se ha conseguido implementar el 024 como teléfono de atención a las personas con pensamientos suicidas, el Plan Nacional
para la Prevención del Suicidio no es aún una realidad. Todo ello pese a que familias afectadas, facultativos, sociedades científicas, psicólogos clínicos, y la sociedad española en su conjunto demandan más medidas para poder poner fin a esta
epidemia silenciosa.
Por ello hemos seguido intentándolo en la tramitación de los diferentes proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, 2022 y 2023, presentando enmiendas para dotar con más recursos a la salud mental y para destinar
partidas específicas a la puesta en marcha de ese Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Por desgracia, ni el Gobierno ni sus socios parlamentarios han considerado la prevención del suicidio un ámbito lo suficientemente relevante como para
considerar la aprobación de dichas enmiendas.
Es más, la Ministra de Sanidad va a dejar su puesto para ser candidata en las elecciones municipales de mayo de 2023, como ya hizo su predecesor para presentarse a las elecciones al Parlamento de Cataluña de febrero de 2021. De nuevo, un
ministro que dejará su puesto en el Paseo del Prado sin haber hecho realidad un Plan de Prevención del Suicidio en nuestro país, donde la cifra de suicidios anual alcanzó en 2022 un nuevo récord: 4.003 vidas perdidas.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a hacer realidad, a la mayor brevedad posible, las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en lo relativo a la aprobación urgente de un Plan Nacional de Prevención
del Suicidio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la diputada María del Carmen Pita Cárdenes al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa a la crisis alimentaria en el cuerno de África.
Exposición de motivos
Las consecuencias de la guerra en Ucrania han generado una crisis global. Sin embargo, sus efectos no son los mismos para todos y mucho menos, la capacidad de los gobiernos para hacer frente a esta. En África, especialmente el Sahel, ha
sido es una de las regiones más golpeadas al arrastrar los efectos de una crisis tras otra; la pandemia a causa del COVID-19, las sequías en el Cuerno de África con más de cuarenta años, con temporadas de lluvias fallidas, fuentes de agua agotadas,
cosechas arruinadas, ganado muriendo y, recientemente, las secuelas de un conflicto que encarece alimentos como el trigo, fundamentales para hacer frente al hambre en esta región.
'En algunas partes del Sahel, la producción de granos ha caído en aproximadamente un tercio en comparación con el año anterior. Los suministros de alimentos de las familias se están agotando. La sequía, las inundaciones, los conflictos y
el impacto económico de la COVID-19 han desplazado a millones de personas de sus tierras y las han empujado al borde del abismo'. Assalama Dawalack Sidi, directora regional de Oxfam para África Occidental y Central.
El informe anual 'una crisis alimentaria mundial sin precedentes' de 2022, anunciaba que un total de 181 millones de personas están en riesgo de vulnerabilidad extrema en todo el mundo y, entre ellas, 49 millones están al borde de la
hambruna. Cifras realmente alarmantes y que deberían ser suficientes para tomar medidas radicales si esperamos cumplir a 2030 con los ODS. Esta crisis global, con población afectada a lo largo del planeta por la subida de los precios de los
carburantes y con ello, el aumento en los precios de los alimentos es aún más dramática, una vez más, en el Sahel occidental y en el Cuerno de África. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los
precios de los alimentos en todo el mundo podrían aumentar en otro 20 %. Una predicción inquietante para unos países donde el hambre está lejos de ser erradicada. Además, la FAO también advierte que puede haber una disminución significativa de la
disponibilidad de trigo en seis países de África occidental, que importan al menos el 30 % y, en algunos casos, más del 50 % de su trigo proviene de Rusia o Ucrania.
Desde marzo de 2022 saltaron las primeras alarmas por una inminente crisis alimentaria en África del Oeste y el Sahel a raíz de los datos arrojados por el análisis del Cadre Harmonisé (CH). En el cual se indica que, en el Sahel occidental,
más de 27 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria, y se cataloga como la peor crisis en diez años. Si esto no se remedia, se estima que más de 11 millones de personas podrían sumarse, llegando a afectar a más de 38
millones de personas. Entre 2015 y 2022, el número de personas que necesitan ayuda alimentaria de emergencia casi se cuadruplicó, pasando de 7 a 27 millones. Los países más afectados son Nigeria, Níger, Burkina Faso, Chad y Malí.
Adicionalmente, uno de los informes de Oxfam y Save of the Children, 'Dangerous delay 2: the cost of inaction' publicado el 18 de mayo de 2022, advierten los riesgos de no actuar de manera inmediata en esta región y la preocupación que,
ante la crisis del conflicto en Ucrania, la mayoría de los ya escasos fondos destinados a la ayuda humanitaria se destinen a responder en prioridad a la crisis en Europa, como ya se ha detectado, anunciándose el recorte de ayuda por parte de algunos
países.
Save of the Children alerta que, alrededor de 6,3 millones de niñas y niños menores de 5 años sufrirán desnutrición aguda, de estos, 1,4 millones de niñas y niños con desnutrición aguda severa. Así mismo, la situación de vulnerabilidad para
las mujeres es neurálgica, especialmente para aquellas que están en etapa gestacional o lactantes.
Debido a los conflictos y los desplazamientos forzados, las mujeres tienen un rol muy importante en la seguridad alimentaria, en la medida que ocupan el 40 % de la mano de obra agrícola en Burkina, Malí o Senegal.
Es lamentable que, pese a todos los sistemas de información y la tecnología que el mundo dispone, las acciones para remediar esta situación alertada una y otra vez por las diferentes organizaciones internacionales parecen no tener eco. Las
ayudas tardan en llegar o directamente no llegan. 'Actualmente, la financiación de los planes de respuesta humanitaria de las Naciones Unidas en ambas regiones está por debajo del 20 %, en todos los países salvo uno, Sur Sudán, donde alcanza el 25
%1. Esta viene siendo la tendencia desde hace años, y no ha sido distinto en 2022 a pesar de la gravedad de la situación'.
Por tanto, es de vital importancia que se tomen en serio los distintos informes realizados por las organizaciones internacionales para atender una crisis alimentaria que podría traer más muertes, más sufrimiento y más migraciones forzosas,
que las ocasionadas por la propia guerra. Adicionalmente, es nuestra obligación solicitar el cumplimiento de los acuerdos efectuados por el Gobierno, uno de ellos, en la conferencia de alto nivel sobre la crisis alimentaria y nutricional en las
regiones del Sahel y Cuenca del Lago Chad, Organizada por el Club del Sahel y África del Oeste (CSAO/OECD), la Unión Europea (UE) y la Global Food Crisis Network (GN), donde España comprometió más de 6.4 millones de euros para la respuesta a esta
crisis.
Así mismo, en septiembre del año pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien copresidió la Cumbre de Seguridad Alimentaria, en el marco de la Asamblea General de la ONU, cuyo objetivo era buscar soluciones a la actual crisis de
alimentos desde el diálogo y la cooperación multilateral, durante su intervención, anunció que, España se comprometería a donar 151,5 millones de euros y a aportar otros 85 millones de euros en créditos del Fondo para la Promoción del Desarrollo
(FONPRODE) de la AECID, lo que supone un total de 236,5 millones de euros para distintos proyectos en el ámbito de la seguridad alimentaria en los próximos tres años.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'- Instar al Gobierno a movilizar de manera urgente los fondos anunciados por el presidente Pedro Sánchez, para dar respuesta a la crisis alimentaria, priorizando la respuesta humanitaria en el Sahel Occidental y el Cuerno de África, lo que
permitiría evitar la muerte de miles de niños y niñas a causa del hambre y sus consecuencias.
- Instar al Gobierno a priorizar el tratamiento de la malnutrición aguda y la provisión de servicios de nutrición, especialmente para los grupos más vulnerables, para así prevenir que los niños y niñas mueran a causa de enfermedades
evitables.
- Instar al Gobierno a asegurar la financiación para reforzar los sistemas de protección social de estos países, así como para apoyar los medios de vida y la resiliencia de las familias para hacer frente a futuras crisis.
- Instar al Gobierno a aumentar su compromiso con la ayuda humanitaria destinando el 10 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la Acción Humanitaria tal y como recoge la nueva Ley de Cooperación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2023.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de los Diputados del PDeCAT Sergi Miguel i Valentí y Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, una Proposición no de Ley para que en el territorio de la Unión Europea se cumpla el derecho del menor de edad que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto
directo con ambos padres de modo regular.
Exposición de motivos
La Convención sobre los derechos del niño (CDN) es el principal instrumento internacional para reconocer y proteger sus derechos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Esta convención es
uno de los tratados más ratificados del mundo, con 196 estados, entre los que se encuentran todos los estados miembros de la Unión Europea. La CDN obliga a los estados a obrar en favor de los mejores intereses del niño. En virtud de ello se
comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos reconocidos en esta convención.
Entre estos derechos, tal y como queda recogido en su artículo 9, se encuentra el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello
es contrario al interés superior del niño.
Este derecho se refuerza con el artículo 18, donde estable que: 'los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el
desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.'
A la vez, el derecho de mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular se refuerza con el artículo 12 que dispone que: 'Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un
juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño'.
Hay otros tratados internacionales en donde también se vela por los derechos de los menores. Así, el propio Tratado de la Unión Europea, en su artículo 3, dispone que la Unión fomentará la protección de los derechos del niño.
A pesar de estos tratados, hay casos en los que el artículo 9 de la CDN no se cumple por parte de algunos estados miembros de la Unión Europea. Entre las situaciones en donde hay un mayor riesgo de no cumplirlo es cuando los progenitores
son de estados miembros distintos y los menores viven con uno de los dos. En esta situación se ha producido para un mismo caso de custodia de menores sentencias judiciales dispares. En una de ellas no se ha respetado el artículo 9 de la CDN por
motivos transfóbicos, a pesar de que los menores han manifestado su voluntad de mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores.
El estado español, como miembro de la Unión Europea, tendría que llevar a cabo todas las acciones necesarias para que en todo el territorio de la Unión se cumpla la Convención sobre los derechos del niño, entre los que se encuentra el
derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular.
Por todo ello, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar todas las acciones necesarias para que en todo el territorio de la Unión Europea se cumpla la Convención sobre los derechos del niño, entre los que se encuentra el derecho del niño que
esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-Sergi Miquel i Valentí y Ferran Bel Accensi, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, relativa a garantizar la educación inclusiva.
Exposición de motivos
El derecho a la educación está reconocido a través del artículo 27 de la Constitución Española, así como por el derecho internacional a través de varios instrumentos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño. Los principios básicos que el derecho a la educación son los de universalidad y no discriminación en el disfrute del derecho a la educación, y,
como tal, a toda la infancia, incluida la infancia con discapacidad.
La educación inclusiva ha sido reconocida como la modalidad más adecuada para que los Estados garanticen la universalidad y la no discriminación en el derecho a la educación de todas las niñas y niños. En la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad se señala que, para que estas personas puedan ejercer ese derecho, han de existir sistemas educativos inclusivos.
La UNESCO define la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades del alumnado a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la
exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad
del sistema regular, educar a todos los niño/as.
El reconocimiento de la inclusión como la clave para lograr la educación se ha fortalecido en los últimos treinta años y se ha consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer instrumento
jurídicamente vinculante en contener una referencia sobre el concepto de educación inclusiva de calidad. La Meta del Desarrollo Sostenible número 4 también afirma calidad inclusiva y educación equitativa. La educación inclusiva es capital para
lograr educación de alta calidad para todo el alumnado, incluidos aquellos con discapacidad, así como para el desarrollo de sociedades inclusivas y justas.
Como se indica en su prefacio, la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales está inspirada por el reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a conseguir 'escuelas para todos y todas' esto
es, instituciones que incluyan a todo el mundo, celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual'. Según la Declaración de Salamanca, los sistemas educativos inclusivos son aquellos en los que las
escuelas utilizan una pedagogía centrada en el niño/a, capaz de educar con éxito a todas las personas comprendidos los que tienen necesidades de apoyo más grandes o complejas. En la Declaración se preconiza también un cambio de perspectiva social.
Como señaló el antiguo Relator Especial de la Comisión de Desarrollo Social encargado de vigilar la aplicación de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, todos los niños/as y jóvenes del mundo,
cada uno con sus puntos débiles y fuertes, sus esperanzas y expectativas, tienen derecho a la educación. Por tanto, el sistema de enseñanza de un país debe adaptarse para responder a las necesidades de todos los niños/as.
Sin embargo, el Comité de la ONU para las Personas con Discapacidad ya ha advertido varias veces a España del incumplimiento del derecho a la educación inclusiva y le ha conminado a adoptar medidas para garantizar los apoyos y recursos
necesarios que hagan posible la escolarización en la educación ordinaria. A ello está obligado nuestro país, además, por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ratificó en 2008, incorporando de esa
manera al cuerpo legislativo nacional la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y el rechazo a la exclusión del sistema general escolar por causa de lo que ahora se denomina como una discapacidad intelectual o del desarrollo.
En la práctica siguen siendo muy numerosos los casos de incumplimiento del derecho a la educación inclusiva por falta de recursos en los centros, algo que ocurre con una mayor o menor incidencia en cualquier ciudad o comunidad, según las
organizaciones del sector. Cerca de 750.000 alumnos recibieron apoyo en centros escolares en el curso 2019-20, de acuerdo con la última estadística del Ministerio de Educación, 40.619 más que el ejercicio anterior. De ellos, 223.805 tenían
necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad o trastorno grave, de los cuales, 185.854 (el 83 %) estaban escolarizados en centros educativos ordinarios y el resto, en los de educación especial, destinados únicamente a alumnado con
discapacidad. Los otros 506.218 alumnos con apoyo fueron atendidos por
otras necesidades específicas, fundamentalmente por trastornos de aprendizaje (37 %), desventaja socioeducativa (25,7) y trastorno del desarrollo del lenguaje (14,7) y altas capacidades intelectuales (7,7). Actualmente el 17,2 % del total
del alumnado con necesidades educativas especiales está matriculado en centros de educación especial. El 45 % es gestionado por entidades de Plena Inclusión.
La aprobación de la Ley de Educación, la LOMLOE, que tiene entre sus prioridades la promoción de una educación inclusiva, supuso un gran avance, sin embargo, las estadísticas más recientes sobre enseñanza muestran que existe una brecha entre
el nivel educativo de la población con y sin discapacidad de la misma edad, siendo especialmente llamativo un porcentaje de analfabetismo significativamente más alto que en la población general, así como un nivel de estudios inferior. Otro elemento
clave para la inclusión se centra en el capacitismo que domina los criterios de evaluación y por tanto la obtención de los títulos. La transformación integral de los criterios de obtención de titulaciones es otro de los elementos que requiere
atención fundamental para facilitar la inclusión en la enseñanza de las personas con discapacidad que más dificultades y barreras encuentran en ella.
La disposición adicional cuarta de la LOMLOE dispone que las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno/a y que el Gobierno
central, en colaboración con las administraciones autonómicas competentes, llevará a cabo un plan que en el mencionado plazo de diez años deberá hacer cumplir la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el cuarto
objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en relación a la educación inclusiva.
Por todo ello, el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el acceso a la escolarización inclusiva y en igualdad de condiciones, con los apoyos necesarios y en las mismas aulas que el resto de los niños y niñas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2023.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004863
A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Función Pública
José María Mazón Ramos, diputado del Partido Regionalista de Cantabria, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público en los sectores del agua, para su debate en esta Comisión:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Presentar una iniciativa legislativa con la finalidad de modificar el RDL 3/2020 y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el siguiente sentido:
1. Modificar el artículo 5.2.a) del RDL 3/2020, que queda redactado de la siguiente forma:
'5.2.a) ¿Entidad contratante?: Las Administraciones públicas, las empresas públicas, así como otras entidades distintas de las anteriores que tengan derechos especiales o exclusivos según se establece en el artículo 6.'
2. Suprimir el artículo 5.3 del RDL 3/2020.
3. Suprimir el párrafo actualmente vigente del preámbulo IV (página 10 del BOE) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: 'Así, todos los contratos que celebren las entidades que tengan la consideración de Administraciones
públicas, independientemente del sector al que se refieran, se regirán
por la presente Ley. Por su parte, los contratos que celebren las entidades que no gocen de la consideración de Administraciones Públicas se regirán por la Ley de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales cuando operen en estos ámbitos y los contratos superen los umbrales establecidos en la citada Ley de procedimientos de contratación en dichos sectores. Si por el contrario, las entidades que no gocen de la
consideración de Administraciones Públicas celebran contratos que no superen los mencionados umbrales, aunque la actividad se refiera a los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se les aplicará la presente Ley'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2023.-José María Mazón Ramos, Diputado.-El Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
181/002126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Rocío de Meer Méndez y doña María de los Reyes Romero Vilches, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno acoger las demandas de la sociedad civil en relación con la tramitación del Proyecto de Ley de Familias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Rocío de Meer Méndez y doña María de los Reyes Romero Vilches, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Texto:
¿Si el Proyecto de Ley de Familias elimina el título de familia numerosa con el fin de subsumirlo en un título de 'familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza', qué razones aduce para crear un título específico de familia
monoparental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/002125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Tienen algún impacto importante en el medio natural teniendo en cuenta que China aumenta sus emisiones con proyectos como la construcción de macro explotaciones de más de un millón de cerdos, las medidas de reducción de la contaminación, de
gestión de purines o de prohibición de los coches de gasolina y diésel a partir de 2035 aprobadas por la Unión Europea y por el Gobierno de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las preguntas
al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Núm. expte.: 184/100665.
Núm. registro: 252743.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Procesos de regularización de las embarcaciones de la flota pesquera gallega.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 566, de 6 de febrero de 2023.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002136.
Comisión de Defensa
Núm. expte.: 184/101019.
Núm. registro: 253416.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Integración del Centro Juan Sebastián Elcano, dependiente de la Junta Superior de Acción Social de la Armada, en la red pública educativa.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 566, de 6 de febrero de 2023.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002135.