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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 584, de 03/03/2023
cve: BOCG-14-D-584
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de marzo de 2023
Núm. 584
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados... (Página3)
Declaración de intereses económicos... (Página14)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la reducción urgente del tipo impositivo del IVA que grava los servicios deportivos.
Retirada... (Página17)
162/000667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la erradicación de la pobreza menstrual.
Retirada... (Página17)
162/001165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la conversión de El Pardo como Parque Nacional... (Página18)
162/001166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la producción de combustibles sostenibles de aviación para acelerar la descarbonización del transporte aéreo mientras se
salvaguarda su papel clave para el turismo y la economía española... (Página19)
162/001167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo y promoción de la generación eléctrica renovable con biomasa forestal... (Página22)
162/001168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a implementar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio... (Página24)
162/001169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana... (Página26)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000038 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 54/2022, planteada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con sede en
Zaragoza, en relación con el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introducido por la disposición final 2.ª de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y
organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia... (Página29)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
DUQUE MORÁN, José Francisco (GS) (núm. expte. 005/000401/0000) 0 ... (Página4)
TAIBO MONELOS, Diego (GS) (núm. expte. 005/000375/0002) 1 ... (Página9)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de intereses económicos presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
Página
DUQUE MORÁN, José Francisco (GS) (núm. expte. 007/000373/0000) 1 ... (Página15)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000412
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Plural.
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la reducción urgente del tipo impositivo del IVA que grava los servicios deportivos.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 166, de 23 de octubre de 2020.
162/000667
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Plural.
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la erradicación de la pobreza menstrual.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 272, de 14 de mayo de 2021.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno, para la conversión de El Pardo como
Parque Nacional.
Exposición de motivos
El Monte conocido como 'El Pardo', en la Comunidad de Madrid, está constituido por 16.000 hectáreas que actualmente son propiedad de Patrimonio Nacional, como antiguo monte de la Corona. Del total de sus hectáreas, solamente 900 son de
acceso público y cuentan con diversas urbanizaciones, entre ellas Mingorrubio, y varios complejos deportivos y de restauración. Las restantes 15.100 se encuentran cercadas y de acceso absolutamente restringido para la ciudadanía desde que Felipe II
lo concibiera como cazadero real, que sigue siendo su actual función.
Dicho lugar cuenta con un ecosistema de monte mediterráneo relativamente bien conservado, compuesto en su inmensa mayoría por encinas, y en el que se encuentra una gran densidad de conejos y de ungulados, tales como ciervos, gamos y
jabalíes. Ello, y su gran tranquilidad debida a lo restringido de su acceso, ha propiciado la presencia de una importante fauna de carnívoros y rapaces, a destacar entre otros, por su grado de amenaza, el águila imperial y el buitre negro.
El Monte fue protegido como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) en 1987, pero quedó fuera del actual Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares ya constituido en 1985 que le rodea por el norte, este y oeste. La finca
'hermana' del Soto de Viñuelas sí forma parte de dicho Parque Regional, pero El Pardo siempre se ha mantenido al margen de la Administración de Medio Ambiente por sus características particulares de pertenencia a Patrimonio Nacional y su peculiar
gestión. A este respecto, la respuesta gubernamental fue en 1997 la aprobación de un Plan de Protección Medioambiental para el Monte, dependiente por supuesto de Patrimonio Nacional; un plan que tendría que haber sido revisado cada cinco años sin
que se haya hecho nunca y en el que no han podido intervenir nunca ni la Administración autonómica ni la municipal.
Este último dato es importante, porque durante todos estos años hemos asistido a la absoluta opacidad de Patrimonio Natural en cuanto a la gestión del espacio. Esto genera una importante distorsión en los planes de conservación de la
naturaleza a nivel regional, puesto que el más elemental intercambio de información, como puede ser el seguimiento de ejemplares marcados de rapaces, resulta tremendamente difícil por las restricciones impuestas. Asimismo, existen evidentes signos
de sobrepastoreo, por el exceso de ungulados, y a pesar de la conservación del arbolado, el Monte no tiene ningún uso social o científico conocido, más allá de servir de finca de recreo a la Familia Real.
A partir de toda esta información, es evidente que nos encontramos con una situación anómala, un anacronismo de que exista semejante superficie forestal pública, ajena por completo a la Administración de la conservación de la naturaleza
madrileña, que sin embargo es la competente en garantizar el seguimiento y protección ecológica de cualquier finca, más allá de sus legítimos propietarios.
Por todo lo dicho, este lugar necesita, por un lado, la redacción de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales con vistas a su máxima protección bajo la legislación española. Al mismo tiempo, el que sea un monte público, propiedad de
Patrimonio Nacional, de gran extensión, aunque perfectamente
delimitado por una valla, permite que sea considerado un firme candidato a Parque Nacional, perfectamente protegido por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en cuyo patronato se integrarán tanto los tres niveles de la
administración ambiental: OAPN, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que, dada su extrema vecindad a la gran urbe de Madrid, sería crítico el plan de uso público. Por lo tanto, creemos que es imprescindible preservar la tranquilidad del monte, algo que estaría
garantizado con un régimen de visitas públicas reducido, como el que funciona actualmente en otros Parques Nacionales como Cabañeros o en Doñana, con autobuses todo-terreno. Dada la extensa red de carreteras y caminos existente en el Monte, es
perfectamente factible diseñar una ruta de visita que permita admirar los valores naturales del Monte sin perjudicar a la fauna. En este sentido, el Monte puede convertirse en un recurso educativo de primer orden para los escolares de Madrid.
En segundo lugar, el Monte del Pardo debe funcionar como un laboratorio natural de primer orden para la investigación, tanto de universidades como centros de investigación, mediante el correspondiente plan de investigación supervisado por el
OAPN, como existe en el resto de la Red de Parques Nacionales. Asimismo, podría formar parte de algunos de los proyectos de conservación más importantes de nuestro país, como es el plan de recuperación del lince ibérico.
En todo caso, el Monte de El Pardo debe pasar a ser un recurso natural público de primer orden, con objetivos claros de conservación e investigación de sus valores naturales y una gestión transparente de cara a la ciudadanía, que debería
poderlo visitar con las limitaciones que estipulen sus órganos de gestión.
Por todo ello, proponemos para su debate la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar en el plazo de tres meses la redacción de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales con vistas a su máxima protección bajo la legislación española del Monte de El Pardo.
2. Iniciar la candidatura del Monte de El Pardo para convertirse en Parque Nacional, perfectamente protegido por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en cuyo patronato se integrarán tanto los tres niveles de la
administración ambiental: Organismo Autónomo Parques Nacionales, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.
3. Dada su cercanía a la ciudad de Madrid, el plan de uso público debe garantizar la tranquilidad del monte, mediante un régimen público de visitas reducido que no perjudique el ecosistema, concentrando sus objetivos en la investigación, la
conservación y la educación ambiental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/001166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la producción de
combustibles sostenibles de aviación para acelerar la descarbonización del transporte aéreo mientras se salvaguarda su papel clave para el turismo y la economía españoles para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La aviación es para España un sector estratégico que hace posible la llegada del 85 % de los turistas que visitan nuestro país, 69 millones en 2019. El turismo, a su vez, representa uno de los sectores claves en la economía española. En
2019, el sector turístico alcanzó una aportación de 12,4 % al PIB de España, empleando a más de 2,6 millones de personas en nuestro país.
Tanto la aviación como el turismo se enfrentan todavía a las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. El sector turístico cayó un 42,8 % en nuestro país, retrocediendo esta industria clave a los niveles
del año 2003.
A pesar del contexto de incertidumbre actual la aviación, como otros muchos sectores de la economía, deberá asumir su cuota en la hoja de ruta de la transición energética. Deberá contribuir al objetivo de la UE de neutralizar las emisiones
de carbono para el año 2050. En el caso de la aviación este reto conlleva, sin embargo y a diferencia de otros medios de transporte, ciertas complicaciones al no existir, hoy por hoy, suficientes fuentes de energía alternativas al combustible fósil
susceptibles de uso para propulsar un avión. A pesar de ello la industria en su conjunto se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de CO2 en 2050.
Por otro lado, el Consejo europeo de ministros de energía del pasado 21 de diciembre ha adoptado la Decisión sobre la notificación de los requisitos de compensación del CORSIA (Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación
Internacional). El CORSIA es un plan mundial para compensar las emisiones de CO2 de la aviación internacional adoptado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en 2018, con objeto de estabilizar las emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes de la aviación internacional en sus niveles de 2019-2020 anteriores a la COVID, en el que los Estados miembros de la UE se comprometieron a participar desde la fase piloto, que se inició en enero de 2021.
La Decisión adoptada el 21 de diciembre pasado permite que los Estados miembros cumplan su primera obligación anual de notificar a los operadores establecidos en la Unión sus requisitos de compensación del CORSIA, en consonancia con los
compromisos internacionales que han asumido en la OACI, hasta que los colegisladores adopten nuevas normas en el marco de la revisión del RCDE para la aviación y estas se transpongan a la legislación de los Estados miembros.
Otras de las obligaciones del CORSIA se aplican en la legislación de la UE mediante la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) para la aviación, que es objeto de otra propuesta de la Comisión. Recientemente el Consejo
y el Parlamento han llegado a un acuerdo político provisional sobre ese expediente.
El CORSIA se complementa un conjunto más amplio de medidas, que comprende la mejora de la tecnología de las aeronaves, mejoras operativas y combustibles sostenibles para aviación.
Las obligaciones del CORSIA ya se están aplicando:
- los requisitos de seguimiento, notificación y verificación relativos a las emisiones de CO2 procedentes de los vuelos internacionales se aplican desde el 1 de enero de 2019. Estas obligaciones se han incorporado al Derecho de la Unión
mediante el derecho derivado.
- los requisitos de compensación del CORSIA se aplican desde el 1 de enero de 2021.
La participación de los Estados en la fase piloto (2021-2023) y la primera fase (2024-2026) del CORSIA es voluntaria.
En junio de 2020, el Consejo adoptó una Decisión que sellaba la participación de la UE en el CORSIA desde el inicio de la fase voluntaria, que comenzó el 1 de enero de 2021.
Para ir dando cumplimiento a los referidos compromisos y contribuir al objetivo de emisiones cero, de todas las medidas al alcance del sector, el uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF por sus siglas en inglés) es con diferencia la
solución más prometedora y la que contribuirá en mayor medida (hasta en un 65 %) en la descarbonización, con hasta un 80 % de reducción de emisiones en el ciclo de vida completo. Los SAF cumplen con las especificaciones técnicas necesarias para su
uso seguro y pueden ser mezclados con el combustible fósil tradicional. Además, su uso no requiere de modificaciones en las aeronaves o en los motores, ni tampoco de cambios en la infraestructura aeroportuaria. Son una solución por tanto
sostenible y disponible ya actualmente, aunque no en las cantidades necesarias para atender a la demanda, ni a un precio competitivo al combustible tradicional. Por lo tanto, es imperativo incrementar su producción a gran escala para que se
alcancen las cantidades suficientes de oferta de SAF que abaraten su coste en el mercado acercándose al precio del combustible tradicional.
Principales obstáculos para la producción de combustibles sostenibles para la aviación:
1. Precio: Hoy en día el SAF es significantemente más caro que el combustible tradicional que ya de por sí representa entre el 25 % y el 35 % de los costes operativos de una compañía aérea. La diferencia de precio supone un obstáculo
prácticamente insalvable para generalizar su uso. Incorporar un sobrecoste de este calibre podría traducirse en un encarecimiento del precio de los billetes y dificultar el acceso a este medio de trasporte a algunos sectores de la sociedad. Es
clave, por tanto, buscar políticas que incentiven la producción y contribuyan a rebajar su coste para que este no llegue al consumidor final.
2. Niveles de producción. El reglamento ReFueIEU de la UE dentro del paquete 'Fit for 55' prescribe un incremento gradual de porcentajes de SAF hasta el año 2050 (cuando, como mínimo, un 63 % de los combustibles de aviación deberán ser
sostenibles). Este mandato, sin embargo, no ha venido acompañado de suficientes medidas que favorezcan un marco óptimo para la producción de SAF en las cantidades que demandará el sector. Existe por tanto una urgencia en España de asegurar una
producción gradual suficiente que permita cumplir con los objetivos marcados por la UE, pero también reducir la necesidad de dependencia de este tipo de combustible en mercados fuera de nuestro país. Con las inversiones apropiadas, España, por su
situación geográfica, climatología, volumen de tráfico e infraestructura de distribución, podría beneficiarse de un sistema de producción a gran escala, llegando a ser autosuficientes e incluso exportar el remanente de SAF a otros países donde la
oferta interna no pueda cubrir las necesidades de SAF de su industria de aviación. A modo de ejemplo, Estados Unidos, consciente de esta necesidad, pero también del coste de oportunidad, actualmente es líder en producción de SAF en parte gracias a
las políticas de incentivos a la producción y puesta a disposición en el mercado de este tipo de combustibles sostenibles. Gracias a estos incentivos, se espera que su producción alcance los 11 millones de metros cúbicos de SAF en 2030.
3. Certificación y homologación: Existe un número reducido de rutas homologadas y de materias primas aceptadas para la producción de SAF, lo que limita el potencial de producción del mismo y por tanto la posibilidad de abaratarlo. Aprobar
una nueva ruta es tedioso (tarda hasta 8 años) y muy costoso. De nuevo, Estados Unidos consciente del carácter estratégico de esta tecnología, ha tomado el liderazgo con varias rutas homologadas o en proceso de homologación, así como en la
posibilidad de usar una variedad de materias primas para su producción y por tanto con una perspectiva de oferta y competencia en el mercado que contribuirán a reducir el coste del producto. España, en el contexto de la UE debe apostar por una
estrategia similar, impulsando e incentivando estos proyectos de certificación y homologación de rutas y materias primas para la producción de SAF.
Para que la aviación cumpla con el compromiso adquirido de cero emisiones de CO2 netas, se exigirá una capacidad de producción anual de 449 millones de metros cúbicos de SAF. Con la inversión actual, se podrá aumentar la producción anual de
los 125 millones de litros actuales a 5 millones de m3 en 2025. Con incentivos gubernamentales efectivos, la producción podría alcanzar los 30 millones de m3 en 2030, lo que sería un punto de inflexión para la producción y utilización de SAF.
Favorecer un marco adecuado para la producción a gran escala de SAF es por tanto de vital importancia para España no solo desde el punto de vista del turismo, sector vertebrador de nuestra economía, sino también por la oportunidad que se nos
brinda de diversificar nuestras líneas de producción hacia combustibles sostenibles, la contribución para la independencia energética de España, la posibilidad de cubrir las necesidades de SAF no solo de la industria nacional de aviación, sino
también más allá de nuestras fronteras y, por último, por el efecto catalizador que supondrá todo ello en términos de creación de empleo y de riqueza.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados instan al Gobierno a:
1. Implementar una política de incentivos aplicable a la producción y el consumo de SAF que favorezca las economías de escala necesarias para el desarrollo de un mercado de SAF en nuestro país.
2. Impulsar dentro del seno de la UE que los usuarios, compañías aéreas, puedan beneficiarse de derechos de emisión gratuitos de CO2 en el contexto del esquema de comercio de emisiones europeo (EU ETS) en proporción al uso que hagan de SAF.
3. Impulsar en el seno de la UE la aprobación y la estandarización de rutas de producción de SAF y del uso de materias primas.
4. Potenciar proyectos de I+D+i para explorar nuevas fuentes de producción de SAF, con especial foco en la producción de combustibles sintéticos.
5. Favorecer convenios público-privados para fomentar la inversión en la producción y suministro de SAF.
6. Mejorar la colaboración con la administración pública local y regional para favorecer el acceso a los residuos de los municipios como fuente alternativa a la producción de SAF.
7. Incentivar la creación, adaptación y viabilidad de plantas para producción de SAF otorgándoles la categoría de proyectos estratégicos.
8. Impulsar a nivel de la UE el reconocimiento de los mecanismos existentes a nivel país de contabilidad de uso de SAF, para maximizar la eficiencia económica y ambiental de la distribución y el repostaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-Diego Gago Bugarín, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, José Alberto Herrero Bono, Percival Manglano Albacar, Paloma Gázquez Collado, José
Ángel Alonso Pérez y Tomás Cabezón Casa, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo y promoción de la
generación eléctrica renovable con biomasa forestal, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Para la gestión forestal se debe tener presente que en el monte están representadas todas las etapas de la vida del rodal forestal, desde la más vieja que es la que se debería cortar para dejar espacio a la más joven que es la que
verdaderamente absorbe el CO2, es decir un monte permanentemente activo, en el que cortas y plantas, conviviendo árboles más viejos y más jóvenes. Es decir, en la gestión de las masas forestales se debe tener claro que, los bosques que están en
fase de total madurez, envejecidos, no funcionan como sumideros porque su capacidad de crecimiento está prácticamente agotada y no hay absorción de CO2.
Esas grandes zonas de masas forestales con árboles envejecidos, que suelen corresponder a zonas protegidas, por ejemplo en parques naturales también son susceptibles de ser gestionadas, especialmente para conseguir su regeneración porque el
hecho de que estén tan estancadas puede llegar a que un incendio arrase absolutamente todo. Pueda y debe haber gestión forestal para garantizar la perdurabilidad.
En el caso de la mayoría de nuestros bosques, la acumulación árboles y ramajes caídos por los temporales de invierno no se recoge ni aprovecha y acaba recargando el bosque de combustible que agrava el riesgo de incendio y su potencial
destructivo. Solo por esa razón ambiental ya sería necesaria su retirada ordenada y planificada, mediante criterios científicos, mediante una adecuada gestión forestal.
Pero es que además, toda esa biomasa acumulada que puede convertirse en fuente de energía renovable tiene un valor económico, se está desaprovechando. Cada hectárea de bosque gestionada puede generar aproximadamente 100 toneladas de biomasa
forestal.
El mantenimiento de las grandes masas boscosas ayuda no solo a la protección del ecosistema, también es determinante para la dinámica atmosférica para luchar contra despoblación y favorecer recursos, empleo y fijar población en la zona
rural. Estamos ante una oportunidad de avanzar en el ámbito de la economía circular y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, la propia Estrategia Forestal Española 2050 (EFE 2050) reconoce que en la actualidad la contribución del sector
forestal a la economía nacional equivale al 0,6 % del PIB, muy por debajo de la media europea (en países como Finlandia, llega hasta el 15 % del PIB) y muy lejos del potencial de los bosques españoles.
Con la gestión forestal sostenible se trata no solo de revertir los efectos del cambio climático sino también de los efectos de la despoblación. La lucha contra la despoblación y el reto demográfico debe tener un plan estratégico ambicioso,
con proyectos concretos, presupuestos y plazos, unido el sector primario y la industria agroalimentaria, con un turismo sostenible y acceso a todas las tecnologías; y junto a todo ello una gestión forestal sostenible.
En ese sentido, el aprovechamiento energético sostenible de la biomasa forestal debe ocupar un espacio destacado. La energía renovable a partir de biomasa es un sector con gran potencial en nuestro país, dada su abundancia de recursos en
España. Además, es gestionable, sin depender de factores climatológicos como el viento o el sol por lo que contribuye a garantizar el suministro de energía y a aportar estabilidad al sistema eléctrico, al tiempo que favorece la independencia
energética. De todas las tecnologías renovables, la biomasa es la que tiene mayor efecto de creación de empleo: 25 puestos de
trabajo directos, indirectos e inducidos por megavatio instalado, por lo que contribuye al desarrollo rural, a la vertebración del territorio y a la fijación de población en los entornos rurales.
En la EFE 2050 el Gobierno reconoce que el aprovechamiento de la biomasa forestal con fines energéticos, está muy por debajo de su capacidad de producción y es necesario avanzar hacia el objetivo establecido en el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC) de una potencia instalada de energía eléctrica a partir de biomasa (agrícola y forestal) de 1.408 MW para 2030, casi el doble que en la actualidad. Y es que España es el segundo país de la UE con mayor proporción de
superficie forestal: el 55 % de su extensión. En cambio, ocupa uno de los últimos puestos, el 22 de los 27 Estados miembro, en la obtención de energía a partir de biomasa. Según los expertos, el aprovechamiento de la biomasa para su uso
energético podría aumentar en 12 millones de m3 anuales, lo que equivaldría al ahorro anual de 25 millones de barriles de petróleo, evitando la emisión de casi 10 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) y contribuyendo de esa
forma a mitigar el cambio climático. Mas aún si tenemos en cuenta que nuestra biomasa forestal aumenta cada año en 46 millones de m3, de los que solo valorizamos un 40 %: una cifra muy inferior a la media europea, que se sitúa en el 61 %.
Por todo lo anterior, nuestro país debe fomentar una adecuada gestión forestal que permita el aprovechamiento energético de nuestro potencial de biomasa de una manera sostenible.
Sin embargo, el futuro del sector de la biomasa está en riesgo si la normativa que lo regula no incorpora la escalada de precios de los combustibles y la alta demanda de biomasa. Actualmente, se están publicando las órdenes de parámetros
retributivos para este sector, que solo contemplan un aumento de un 1 % de los costes de biomasa y otros costes de explotación en 2022, cuando la realidad es que en el último año los costes de la biomasa han subido cerca de un 40 %. El precio del
gasóleo, -que supone más de un 30 % de los costes asociados sector y que incide en los costes del transporte, de los transportistas y de la maquinaria-, ha experimentado un incremento sin precedentes. También la subida de los costes logísticos de
la recogida de la biomasa por efecto de la inflación y el incremento de los costes de los combustibles, a lo que se añade la creciente demanda de biomasa agroforestal: de madera, para calefacción doméstica e industrial, y también de otras biomasas,
para reemplazar combustibles fósiles en la industria. Una demanda que crece impulsada también desde fuera de nuestras fronteras, principalmente de los países nórdicos y centroeuropeos.
En esa situación, las instalaciones tendrán que parar, al no ver garantizada su rentabilidad razonable, con el decrecimiento de la demanda de biomasa y su descenso de valor, además de la pérdida del recurso para mejorar nuestro sistema
energético; se puede observar cómo desde hace 2 años está disminuyendo la energía eléctrica generada a partir de biomasa de acuerdo a la información de Red Eléctrica, que en diciembre pasado anota un descenso en el periodo que ha superado el 30 %:
Además de que en las órdenes de parámetros retributivos publicadas no se han actualizado los costes, en la propuesta de orden de parámetros para el semiperiodo regulatorio que comienza en 2023, que se ha publicado a finales de 2022, tampoco
se han reconocido y la nueva metodología de cálculo que tendría que haberse publicado antes de final de año, no se ha publicado aún. Nos encontramos así en una situación de incoherencia en la que, por un lado, las plantas de energía renovable con
biomasa (que 'teóricamente' tienen una rentabilidad razonable garantizada por el Estado) tienen que parar.
Por ello, la situación del sector y su cadena de valor con alto impacto potencial en el mundo rural y en la gestión sostenible de biomasa forestal y agrícola es realmente comprometida y se está desaprovechando.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Analizar el potencial de aprovechamiento de biomasa forestal para la generación de energía eléctrica de manera conjunta con las necesidades del sector eléctrico y gasista, considerando recursos y necesidades en cada CCAA para una
localización eficiente en términos económicos, ambientales y sociales, en el marco de una gestión forestal integral sostenible.
2. Modificar las medidas medioambientales para que la biomasa sea incorporada a los objetivos de descarbonización, con el desarrollo de una regulación específica que asegure un acceso competitivo al recurso.
3. Apoyar y garantizar la retribución razonable y su actualización en plazo, para las instalaciones renovables de generación con biomasa, que considere el coste real de la biomasa y del resto de gastos operativos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-Guillermo Mariscal Anaya, Paloma Gázquez Collado, Juan Diego Requena Ruiz, Diego Gago Bugarín, César Sánchez Pérez, José Alberto Herrero Bono, Percival Manglano Albacar, José
Ángel Alonso Pérez y Tomás Cabezón Casas, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para implementar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio para
su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La situación de agravamiento de los problemas de salud mental ha ganado relevancia pública a raíz de la pandemia de COVID-19 y de los efectos que el confinamiento de marzo de 2020 tuvo sobre las personas. Por fin se han podido derribar
barreras y tabúes que impedían que se abordara de forma integral un problema tan importante en nuestro país.
La Encuesta de Salud Mental del CIS de 2021 arrojaba datos preocupantes, en los que un 39 % de españoles declararon haber acudido a tratamiento por trastorno depresivo antes de la pandemia, y un 33 % por trastorno ansioso. Esos porcentajes
eran del 35 % y del 43,7 % respectivamente desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Más del 50 % de la mitad de la población ha sentido en algún momento miedo a la muerte o a los contagios durante este tiempo, un 41,9 % ha tenido
problemas de sueño y un 51,9 % ha reconocido sentirse cansado o con pocas energías. Además, un 6,4 % de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, el mayor porcentaje (un 43,7 %) por ansiedad y un 35,5 %
por depresión.
Más del doble de las personas que han acudido a estos servicios de salud mental son mujeres. La menor prevalencia en hombres adultos puede deberse a la estigmatización de los problemas de salud mental, derivando en falta de voluntad de
admitir el problema. Desgraciadamente, los datos también dicen
que son los hombres adultos los que más tienden a quitarse su propia vida. Cada día hay una media de 11 suicidios en nuestro país. Uno cada dos horas y media. Es ahora la principal causa de muerte no natural desde que en 2008 superó a los
accidentes de tráfico -a los que ahora doblan-.
Para las personas jóvenes, este año de pandemia ha resultado también increíblemente difícil. Las personas de 18 a 34 años son las que han frecuentado más los servicios de salud mental, han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de
tristeza y han sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a esta situación. En el apartado sobre la infancia, la encuesta del CIS sobre los efectos psicológicos de la pandemia muestra que el 52,2 % de los padres que han
convivido con sus hijos menores ha percibido cambios en su forma de ser. El 72,7 % de ellos asegura que estos han mostrado 'cambios de humor' y un 30,4 % 'cambios en el sueño'. El suicidio es ya la principal causa de muerte no natural entre
jóvenes de 15 a 29 años, algo que no había ocurrido desde que se registran datos y que los especialistas relacionan con el estallido de la pandemia de la COVID-19.
Este impacto se ha cebado también especialmente con la infancia, pese a que los menores representan en torno al 1 % de las infecciones por COVID-19 que se han registrado en nuestro país. Los profesionales sanitarios ya han advertido de que
las urgencias psiquiátricas infantiles se han duplicado en los últimos 12 meses, principalmente provocadas por trastornos de conducta alimentaria cada vez más severos, casos de ansiedad, depresión, autolesiones y tentativas de suicidio, y también de
trastornos obsesivo-compulsivos, conocidos como TOC. Además, las tentativas de suicidio y autolesión en población infantil y juvenil han aumentado un 250 % a causa de la pandemia, según ha alertado este jueves el Colegio Oficial de la Psicología de
Madrid.
Esto motivó que el Grupo Parlamentario Ciudadanos hiciera de la salud mental y la prevención del suicidio una prioridad política ya en los trabajos realizados en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que publicó
sus conclusiones en julio de 2020. Ya en ese ámbito solicitamos la creación de un teléfono de atención a las personas con pensamientos suicidas y la puesta en marcha de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Gracias al trabajo realizado por
nuestro grupo, pero también a la generosidad del resto de fuerzas políticas, esas propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos fueron aprobadas.
Lamentablemente, su aprobación en sede parlamentaria no significa para el Gobierno su puesta en marcha. Mientras que sí se ha conseguido implementar el 024 como teléfono de atención a las personas con pensamientos suicidas, el Plan Nacional
para la Prevención del Suicidio no es aún una realidad. Todo ello pese a que familias afectadas, facultativos, sociedades científicas, psicólogos clínicos, y la sociedad española en su conjunto demandan más medidas para poder poner fin a esta
epidemia silenciosa.
Por ello hemos seguido intentándolo en la tramitación de los diferentes proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, 2022 y 2023, presentando enmiendas para dotar con más recursos a la salud mental y para destinar
partidas específicas a la puesta en marcha de ese Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Por desgracia, ni el Gobierno ni sus socios parlamentarios han considerado la prevención del suicidio un ámbito lo suficientemente relevante como para
considerar la aprobación de dichas enmiendas.
Es más, la Ministra de Sanidad va a dejar su puesto para ser candidata en las elecciones municipales de mayo de 2023, como ya hizo su predecesor para presentarse a las elecciones al Parlamento de Cataluña de febrero de 2021. De nuevo, un
ministro que dejará su puesto en el Paseo del Prado sin haber hecho realidad un Plan de Prevención del Suicidio en nuestro país, donde la cifra de suicidios anual alcanzó en 2022 un nuevo récord: 4.003 vidas perdidas.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a hacer realidad, a la mayor brevedad posible, las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en lo relativo a la aprobación urgente de un Plan Nacional de Prevención
del Suicidio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don
Juan Carlos Segura Just, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición
no de Ley de reprobación de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Deber de diligencia de los miembros del Gobierno.
1. La Constitución española ('CE'), en su artículo 98, establece la composición del Gobierno -presidente, vicepresidentes, en su caso, ministros y demás miembros que establezca la ley-, expresando que será el presidente quien dirija la
acción del mismo, coordinando las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión.
2. Así, en desarrollo del precepto constitucional, en primer lugar, se aprobó la Ley 10/1983, de 16 de agosto, de Organización de la Administración Central del Estado, cuyas disposiciones habían de entenderse complementadas con los
preceptos todavía vigentes entonces de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957.
3. En la actualidad es la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno la que desarrolla el mandato dirigido al legislador para el desarrollo normativo del citado órgano constitucional en lo que se refiere a la determinación de sus
miembros y el estatuto e incompatibilidades y responsabilidades de estos. En concreto, el artículo 4 contempla las funciones que los ministros deben ejercer como miembros del Gobierno.
4. Y, por su parte, el artículo 3 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado ('Ley 3/2015') establece los principios bajo cuya observancia deben ejercer su cargo los
titulares de los diferentes departamentos ministeriales. Entre estos se encuentran la consecución del interés general, estableciendo que estos altos cargos servirán con objetividad a los intereses generales y la integridad, lo que implica ejercer
el cargo con la debida diligencia.
Segundo. Flagrante error del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
5. El 11 de febrero de 2019 fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el Anuncio de Licitación del contrato de 'suministro de trenes de ancho métrico y alpinos, sus piezas de parque y su mantenimiento parcial durante
15 años' (Expediente: 2018-01669) 1.
6. Según el Anuncio de Licitación rectificado, de fecha 27 de febrero de 2019, el valor estimado del contrato ascendía a 329.276.328,07 euros, el plazo de ejecución sería de 220 meses y la licitación se dividiría en dos lotes, a saber 2:
a) Lote 1: Suministro de (31) vehículos autopropulsados de ancho métrico; suministro de piezas de parque, almacén inicial de repuestos y utillajes; y mantenimiento de primer nivel durante 15 años (12 trenes).
b) Lote 2: Suministro de 6 trenes alpinos de tracción eléctrica; suministro de las piezas de parque, almacén inicial de repuestos y utillajes; y mantenimiento de primer nivel durante 15 años de 6 trenes.
7. El 30 junio de 2020 se formalizó acuerdo de adjudicación con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles ('CAF').
8. A principios de 2021, CAF comunicó a Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. ('Renfe'), entidad adjudicadora, que las características técnicas especificadas por dicha empresa pública contaban con un error en el cálculo de los
gálibos, lo cual suponía que las dimensiones de los trenes nuevos no
1 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEADOT7qGKAgaCpwKqqXyljhU4ug0B7Hfz_HBA4QTMFDmmxK_gaRYW-eicHg66xKJuEvYcCJTAhyAgGxVFtD1OPMiunnb6dz261Ct6PXre4jeDz9_ppP5/
2 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f62e3e0a-6504-4b49-b550-9f212f6d65ae/DOC_CN2019-165175.pdf?MOD=AJPERES
coincidían con las de los túneles del recorrido. Renfe, por su parte, señaló que el fallo estaba en los datos de los gálibos ferroviarios publicados en la declaración sobre la red del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ('Adif')
3.
9. Como consecuencia del mencionado error se abrió una comisión entre Adif, Renfe, CAF y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ('AESF') para analizar el caso y buscar alternativas, optándose finalmente por el denominado 'método
comparativo', método no contemplado en la normativa nacional y que implica que la construcción de los trenes se demore en torno a dos años 4.
10. En este sentido, cabe destacar que desde que CAF comunicó el error, a principios de 2021, hasta el día 2 de febrero de 2023, fecha en el que la prensa se hizo eco del asunto 5, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
('MITMA') deliberadamente ocultó a los españoles tales hechos.
11. Ante la polémica suscitada, el día 4 de febrero de 2023 la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, doña Raquel Sánchez Jiménez, se vio obligada a anunciar 6:
a. Que se producirían 'ceses inminentes' en Renfe y Adif por el error.
b. Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana constituiría un grupo de trabajo al que se invitaría a participar a los gobiernos de las dos regiones más afectadas -Asturias y Cantabria- para hacer un seguimiento de todo el
proceso y acortar los tiempos de demora.
c. Que se había encargado una auditoría interna en Renfe y Adif.
d. Que se tomarían 'todas las acciones' para acortar el retraso en la entrega y se esperaba que el diseño de los trenes estuviera listo para el verano y que se pudiera iniciar su fabricación 'de manera inmediata'.
12. El día 6 de febrero de 2023, y sin esperar el resultado de las auditorías internas anunciadas por la ministra, Adif comunicó el cese del responsable de Inspección y Tecnología de Vía, mientras que Renfe comunicó el cese del que era
gerente de Área de Gestión de Material de Renfe cuando se gestó el referido contrato de suministro de trenes de ancho métrico y alpinos 7.
13. El día 18 de febrero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado ('BOE') una Orden Ministerial en la que se detallaba el 'método comparativo' que se utilizaría para rediseñar y fabricar los trenes objeto del contrato de
suministro de trenes de ancho métrico y alpinos, la Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero, por la que se aprueban la instrucción ferroviaria para el proyecto y construcción del subsistema de infraestructura (IFI) y la instrucción ferroviaria para el
proyecto y construcción del subsistema de energía (IFE) y se modifican la Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción ferroviaria de gálibos y la Orden FOM/2015/2016, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el
Catálogo Oficial de Señales de Circulación Ferroviaria en la Red Ferroviaria de Interés General 8.
14. Finalmente, el día 22 de febrero de 2023, se publicaron en el BOE las siguientes destituciones 9:
a. Dña. Isabel Pardo de Vera Posada como secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
b. D. Francisco David Lucas Parrón como secretario general de Agenda Urbana y Vivienda.
c. D. Isaías Táboas Suárez como presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora.
3 https://www.elconfidencial.com/espana/2023-02-03/revilla-cantabria-trenes-renfe-tuneles-no-entran_3569659/
https://www.lavanguardia.com/economia/20230203/8730589/renfe-disena-trenes-cantabria-asturias-caben-tuneles.html
https//www.rtve.es/noticias /20230203/indignacion-cantabria-asturias-nuevos-trenes-medidas-tuneles/2420906.shtml
4 https://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-renfe-acuerda-caf-solucion-trenes-cantabria-retrasara-tres-anos-operativa-20230203114218.html
https://www.elcomercio.es/asturias/gobierno-pide-perdon-encargo-trenes-feve-tuneles-20230204000819-ntvo.html
5 https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/trenes-prometio-renfe-retrasan-tres-anos-error-20230202065425-nt.html
6 https://www.elmundo.es/economia/2023/02/04/63de4e5521efa0e0138b4599.html
https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/sanchez-anuncia-ceses-inminentes-error-fabricacion-trenes-cantabria-asturias_1_9924515.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20230205/8733687/transportes-ultima-destituciones-renfe-adif-error-medidas-trenes-cantabria.html
https://www.expansion.com/empresas/transporte/2023/02/04/63de5a94e5fdea3e388b4602.html
7 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/06/companias/1675705578 541430.html y https://www.elindependiente.com/economia/2023/02/06/renfe-y-adif-cesan-a-dos-cargos-por-el-caso-de-los-trenes-que-no-caben-en-los-tuneles/
8 https://boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-A-2023-4324.pdf
9 https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/
Tercero. Consecuencias de la depuración de responsabilidades realizada por el Gobierno: bloqueo del MITMA.
15. Tras los referidos ceses, entre los que destaca el de la secretaria de Estado, ella misma anteriormente presidente de Adif, se han producido consecuencias inmediatas. En este sentido, desde el sector aéreo y de la construcción ya se ha
señalado que se teme la paralización de asuntos críticos del mecanismo de revisión de precios en la obra pública que expira el día 31 de marzo, la segunda fase de liberalización de las torres de control o el inminente debate en el seno de la Unión
Europea sobre la 'fiscalidad verde' para el transporte aéreo 10. En la misma situación se encuentran determinadas iniciativas legislativas del Gobierno.
16. Por otro lado, ha despertado una gran preocupación en la sociedad el nombramiento de don Raúl Blanco Díaz como presidente de Renfe 11. Cabe recordar que el Sr. Blanco fue destituido como secretario general de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa tras el fracaso de la primera convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico ('PERTE-VEC') 12, consecuencia de su negligente gestión.
17. En conclusión, no solo se ha producido un importante despilfarro de dinero público, sino también un retraso en la fabricación y entrega de los trenes, con la consiguiente privación a los españoles de Asturias y Cantabria de su derecho a
las infraestructuras de transporte necesarias para paliar las desigualdades territoriales y acabar con la división entre ciudadanos de primera y de segunda.
18. No obstante, la ministra del ramo ha ocultado dolosamente toda esta información a los españoles, y en absoluto ha reconocido, ni mucho menos asumido, su responsabilidad como máxima dirigente de este Ministerio. Al contrario, ha optado
por destituir a cargos intermedios que probablemente no adoptaban la decisión final (que correspondía a la Sra. Sánchez Jiménez como ministra) y, lo que es peor, los ha sustituido por otros de dudosa competencia profesional, con demostrada hoja de
fracasos multimillonarios en perjuicio de todos los españoles.
19. Todo lo expuesto denota una falta de responsabilidad y diligencia por parte de la ministra, que debe ser inmediatamente reprobada y destituida.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Acuerda la reprobación de la Sra. ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por sus acciones en perjuicio del interés general, su flagrante incompetencia y su indiferencia ante las consecuencias de las actuaciones llevadas a
cabo recientemente en el seno del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que perjudican el interés general y acreditan la mala gestión de los recursos de todos los españoles por ese Ministerio.
2. Insta al Sr. presidente del Gobierno a que destituya de forma inmediata a la Sra. ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Dña. Raquel Sánchez Jiménez.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2023.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Darío Vega Arias, Patricia de las Heras Fernández, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Calonje y
Onofre Miralles Martín, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
10 https://cincodias.elpais.com/companias/2023-02-22/los-sectores-constructor-y-aereo-temen-el-atasco-de-asuntos-criticos-con-la-salida-de-pardo-de-vera.html
11 https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/
12 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22714
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000038
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 54/2022, planteada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con sede en Zaragoza, en
relación con el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introducido por la disposición final 2.ª de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer
Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 54-2022, planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en relación con el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, redactado por la disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para 20 hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la administración de justicia, por
posible vulneración de los artículos 106 y 117, apartados 3 y 4, de la Constitución. Han comparecido y formulado alegaciones el Gobierno de la Nación, representado por el abogado del Estado, el Gobierno de Aragón, representado por la letrada de la
Comunidad Autónoma de Aragón, y la fiscal general del Estado.
Ha sido ponente el magistrado don César Tolosa Tribiño.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
Declarar la pérdida sobrevenida de objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad núm. 54-2022.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 9 de febrero de 2023.