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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 579, de 24/02/2023
cve: BOCG-14-D-579
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de febrero de 2023
Núm. 579
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000003 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página3)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000013 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página3)
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la adopción de medidas dirigidas a mejorar y agilizar la rendición de cuentas en el sector público local ... (Página10)
162/001157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al incremento de la tasa de reposición de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el 140 % ...
162/001158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la adopción de medidas que busquen asegurar el compromiso y durabilidad de las vocaciones militares, así como el reclutamiento de personal para
nuestros Ejércitos ... (Página14)
162/001159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma urgente del sistema de financiación autonómica ... (Página15)
162/001160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la mejora de la transparencia y la publicidad en la contratación menor de la Administración Local ... (Página17)
162/001161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la puesta en servicio de todas las dependencias del Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) ...
162/001162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la intención de la Comunidad de Madrid de contravenir la Ley Orgánica 3/2020 ...
162/001163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de las comunidades de energías renovables ... (Página20)
162/001164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad urgente de acelerar y garantizar la implementación de un verdadero Plan global extraordinario de reconstrucción y
recuperación socioeconómica para la isla de La Palma y sus residentes ... (Página22)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PLENO
051/000003
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
FUENTES CURBELO, Juan Bernardo 14-02-2023
Alta:
DUQUE MORÁN, José Francisco 21-02-2023
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Las Palmas:
DUQUE MORÁN, José Francisco PSOE
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: DUQUE MORÁN, José Francisco
Circunscripción: Las Palmas
Número: 401
Fecha: 21-02-2023
Formación electoral: PSOE
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000013
Grupo Parlamentario Socialista
(010/000001)
Número de miembros al 21 de febrero de 2023: 120
Baja:
FUENTES CURBELO, Juan Bernardo 14-02-2023
Alta:
DUQUE MORÁN, José Francisco 21-02-2023
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de bienes y rentas presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN, Iván (GVOX) (núm. expte. 005/000075/0003) 1 ... (Página5)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la adopción de medidas dirigidas a mejorar y
agilizar la rendición de cuentas en el sector público local, para su posterior debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo (TRLRHL), regula, en su artículo 200 y siguientes, la obligación de las entidades locales de rendir cuentas al
Tribunal de Cuentas, así como de formar anualmente la Cuenta General que ponga de manifiesto la gestión económica, financiera, patrimonial y presupuestaria del correspondiente municipio.
El cumplimiento de esta obligación legal resulta, sin embargo, notoriamente insatisfactorio, bien porque existe un número muy significativo de entidades locales que no rinden cuentas, o bien porque las que sí lo hacen, lo hacen generalmente
fuera de plazo, en unos plazos que ya son de por sí demasiado extensos.
A continuación exponemos esta problemática en mayor detalle y sugerimos algunas mejoras, al hilo de las reiteradas sugerencias que viene realizando a este respecto el Tribunal de Cuentas desde hace más de veinte años, en particular, en su
reciente 'Moción N.º 1.451 relativa a las medidas para promover la rendición de las cuentas generales y la reducción de los plazos de rendición de cuentas en el sector público local', de 28 de octubre de 2021.
1. Ausencia de rendición de cuentas por un elevado número de entidades locales. A pesar de ser la rendición de cuentas una obligación legal, y a pesar de su enorme importancia para contar con instituciones transparentes y eficazmente
gestionadas en las que los ciudadanos puedan confiar, el sector público local presenta unos muy deficientes niveles de rendición de cuentas, que van además empeorando, como denuncia reiteradamente el Tribunal económico.
Tan es así, que en la Declaración suscrita por el presidente del Tribunal de Cuentas y los presidentes de la totalidad de los OCEX, en 2017, sobre medidas para estimular la rendición de cuentas de las entidades locales, se advierte de la
existencia de 'núcleos de opacidad que omiten de manera sistemática esta obligación [...] impidiendo, en consecuencia, que el conjunto de las Administraciones públicas, los vecinos y la ciudadanía en general puedan conocer cómo se gestionan los
recursos públicos, produciéndose un agravio hacia las entidades que atienden sus obligaciones, al no ser reprobados los incumplimientos'.
Efectivamente, el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas implica, en teoría, consecuencias legales importantes para las entidades locales incumplidoras, si bien las mismas pierden toda efectividad práctica en la medida en que no
se aplican de manera rigurosa.
Tres son las principales consecuencias del incumplimiento:
1. Posibilidad de retención de las entregas a cuenta, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, hasta que se considere cumplida la obligación de remisión (ex artículo 36.1 de
la Ley 2/2011, de Economía Sostenible). Sobre este particular, el Tribunal de Cuentas denuncia que esta medida coercitiva nunca ha llegado a aplicarse, a pesar de que el mismo comunica anualmente quiénes son las entidades locales incumplidoras.
Así, a solicitud de información sobre la inaplicación de esta medida, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local argumentó que esta retención se configura como una potestad discrecional en la normativa y no una obligación; que existen
grandes dificultades de gestión para llevarla a cabo; que incrementaría la litigiosidad contra la propia Secretaría General que generaría disfuncionalidades en dicho órgano; y que no sería práctica. Frente a dichas razones, no obstante, el
Tribunal fiscalizador opone que el Ministerio de Hacienda sí practica dichas retenciones siempre que el incumplimiento se refiere a la obligación de comunicar la liquidación del presupuesto municipal al citado Ministerio, contenida en el párrafo
previo del mismo artículo citado. Así resulta, por ejemplo, la práctica de retenciones a todas las entidades locales incumplidoras con dicha obligación en el ejercicio 2019 (un total de 63), frente a la ausencia total de retenciones a ninguna de
las 3.152 entidades incumplidoras con la obligación de rendición de cuentas en el mismo ejercicio. De todo ello resulta que la Administración General del Estado, pese a las reiteradas solicitudes del Tribunal, no aplica esta previsión normativa
alegando motivos que no opone con relación al presupuesto, siendo así que su puesta en práctica sí redundaría de manera notable en el incremento del cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas.
2. Imposición de multas coercitivas por parte del Tribunal de Cuentas, ex artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, con relación al artículo 30.5 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Sobre
este particular, es necesario destacar que el importe de las multas contempladas hoy en la normativa, que van de los 60,10 a los 901,52 euros, y que han permanecido sin cambios desde su aprobación hace más de treinta años, resulta notoriamente
insuficiente a efectos de tener carácter disuasorio al incumplimiento de estas obligaciones para con el Tribunal, por lo que este recomienda actualizar su cuantía hasta los 600 a 9.000 euros, a título orientativo. Con ello, se fortalecería la
efectividad de esta medida.
3. Prohibición de recibir subvenciones y ayudas públicas mientras no se hallen al corriente en la rendición de cuentas, en las comunidades autónomas que así lo hayan establecido. Es esta una de las medidas más eficaces para conseguir el
objetivo pretendido, y lo demuestra el hecho de que las entidades locales sitas en comunidades que tienen contemplada esta consecuencia son las que presentan mejores niveles de rendición de cuentas del país.
2. Plazos demasiado elevados para la rendición de la cuenta general. En un segundo plano, y una vez contempladas medidas que aseguren el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas, es importante potenciar que ello se realice en
un plazo no excesivamente largo ni alejado en el tiempo con respecto al ejercicio al que la cuenta se refiere. De lo contrario, la misma resultará ineficaz en la práctica. El artículo 223.2 del TRLRHL dispone que la cuenta general debe ser rendida
al Tribunal de Cuentas antes del 15 de octubre de cada año, lo que supone un plazo demasiado dilatado de casi diez meses desde el cierre del ejercicio, amén de que casi el 50 % de las entidades locales remiten sus cuentas fuera de plazo, lo que
resulta inaceptable.
Al respecto del plazo, cabe hacer además las siguientes consideraciones:
A) Plazo desactualizado. Este plazo se estableció por primera vez en la normativa hace más de treinta años, sin que se haya visto modificado desde entonces, a pesar de los enormes avances habidos durante este tiempo en la obtención,
tratamiento y remisión de información y datos por medios electrónicos, lo que posibilitaría la rendición de la cuenta general en un plazo mucho más breve -el Tribunal sugiere el 30 de junio-, si hubiera voluntad y convicción política para ello.
B) Disparidad de plazos entre los distintos territorios. El hecho de que las respectivas normativas autonómicas también regulen la obligación de que las entidades locales rindan las cuentas generales al correspondiente OCEX en aquellas
comunidades que dispongan del mismo ha derivado en que existan
plazos heterogéneos de cumplimiento en cada administración, en vez de un plazo unificado para todo el país, siendo así que el procedimiento se basa en el principio de rendición única y cumplimiento simultáneo, mediante un mismo acto.
En vista de todo cuanto se ha expuesto, resulta perentorio adoptar ya medidas que aseguren el cumplimiento por parte de las entidades locales de su obligación legal y moral de rendir cuentas a los órganos fiscalizadores de su gestión
económica y, en última instancia, a los ciudadanos. Además, resulta bochornoso el desprecio con que los diferentes gobiernos han venido tratando las recomendaciones certeras hechas por el Tribunal de Cuentas sobre este particular y tantos otros,
ignorando sistemáticamente y durante décadas las mismas que, por cierto, son en su inmensa mayoría ratificadas por la Comisión Mixta parlamentaria que trata de las relaciones con el citado Tribunal, y a quien también se ignora.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar la redacción contenida en el segundo párrafo, del apartado primero, del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, con el fin de que la práctica de la retención del importe de entregas a cuenta,
anticipos o liquidaciones definitivas a las entidades locales que incumplieran su obligación de rendición de la cuenta general al Tribunal de Cuentas, sea preceptiva y no potestativa.
2. Actualizar e incrementar los importes de las multas coercitivas previstos en el artículo 30.5 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, a cuantías que resulten realmente disuasorias al incumplimiento de su obligación de
rendición de cuentas por parte de las entidades locales.
3. Realizar las modificaciones legislativas que procedan, en conjunción con las comunidades autónomas, a fin de establecer como condición para que las entidades locales puedan ser beneficiarias de toda clase de subvenciones o ayudas
públicas, de cualquier nivel de la Administración, el estar al corriente en la rendición de sus cuentas generales.
4. Realizar la modificación del artículo 212, así como del apartado 2 del artículo 223 del TRLRHL, con el fin de reducir los plazos del procedimiento de rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general de las entidades locales,
actualmente situado en más de cuatro meses, estableciendo que la misma deberá ser remitida al Tribunal o al OCEX respectivo, no más tarde del 30 de junio del ejercicio siguiente a aquel al que la cuenta general se refiera.
5. Impulsar la homogeneización de los plazos de rendición de cuentas en todo el territorio, al Tribunal de Cuentas y a los OCEX que correspondan, estableciendo como fecha límite para su remisión el citado 30 de junio, de conformidad con las
recomendaciones conjuntas a este respecto realizadas por el Tribunal de Cuentas y por todos los OCEX existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para el incremento de la tasa de reposición de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado hasta el 140 %, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Existe en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una notoria falta de medios humanos con los que hacer frente a los numerosos retos a los que se enfrentan diariamente los agentes, tanto en el campo de la protección y la
seguridad ciudadanas, como en la lucha contra la droga, el control de la inmigración irregular o la violencia de género.
En los Presupuestos Generales del Estado previstos para 2023 se aprueba una tasa de reposición de estos efectivos del 125 %, claramente insuficiente ante el problema de falta de personal de que adolece un gran número de comisarías y
cuarteles de nuestro país. Es necesario, como ya intentó hacer este Grupo Parlamentario mediante enmienda a las citadas Cuentas Públicas, incrementar la tasa de reposición en el ámbito de las FCSE hasta, al menos, el 140 %.
La falta de efectivos hace que muchos acuartelamientos sean inoperativos por carencia de personal o que, directamente, deban cerrarse, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. Para evitar esta indeseada consecuencia, es
indispensable reponer los efectivos necesarios a través de ofertas extraordinarias de empleo público.
La ausencia de unidades que deben dar una respuesta inmediata a los problemas urgentes de los ciudadanos y el aumento del tiempo de respuesta de patrullas y unidades de recepción de denuncias es una realidad. Por ejemplo, hace apenas cinco
días, leíamos que la alarmante falta de Guardias Civiles en Cantabria está abriendo la puerta a la delincuencia, y se contaba la denuncia de una ciudadana que, víctima de un robo, hubo de realizar un periplo por cuatro cuarteles, puestos y
comandancias distintos de la zona para lograr interponer su denuncia, ante la ausencia de agentes que pudieran atenderla. Parecida situación se denunciaba recientemente en Galicia, donde las principales asociaciones estiman que faltan al menos
1.200 agentes y donde el tiempo de respuesta a demandas urgentes está empezando a superar en muchas ocasiones la hora u hora y media. Esta circunstancia se extiende en realidad por todo el país: Madrid, como comunidad autónoma con mayor falta de
efectivos, con casi 2.500 agentes; Andalucía, con 1.265 plazas extras necesarias; Castilla y León, donde se viene reclamando un incremento de cerca de 1.000 agentes dadas, además, las condiciones de diseminación de sus pueblos; o los recurrentes
casos de Cataluña y País Vasco, donde se une además la situación de amenazas con la que deben lidiar diariamente.
La evolución de la plantilla de la Guardia Civil ha sido prácticamente nula en la última década, si atendemos a los datos obrantes en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Política
Territorial, como refleja el siguiente cuadro:
Ejercicio;Efectivos
Guardia Civil
2022;75.900
2021;75.021
2020;74.670
2019;74.185
2018;73.725
2017;74.395
2016;75.544
2015;76.595
2014;77.878
2013;79.264
2012;79.873
2011;78.874
2010;75.599
Que el número de agentes de la Guardia Civil haya permanecido prácticamente idéntico cada año de la última década, teniendo en cuenta tanto el envejecimiento de las plantillas como la evolución de la delincuencia y las nuevas formas
delictivas, es un problema al que debe encontrarse una solución inmediata. Debe reconocerse la creación en los últimos años de nuevas unidades importantes para los ciudadanos, como las que se han puesto en marcha en materia de ciberdelincuencia y
delitos telemáticos, o la creación de los equipos Viogen, para la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres. El
problema radica en no haber incrementado el número de efectivos con el fin de destinar nuevos agentes a estas nuevas funciones, sino en haberlos sacado de las labores de protección ciudadana con este fin, dejando con ello más desprotegidas
las calles y debilitando la labor de ayuda inmediata a los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar la tasa de reposición de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el 140 %, con el fin de paliar, en parte, la alarmante falta de agentes que sufre un gran
número de comisarías y cuarteles de nuestro país que, en muchas ocasiones, deben incluso cerrarse, con el consiguiente perjuicio para la protección de los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la adopción de medidas que busquen asegurar el
compromiso y durabilidad de las vocaciones militares, así como el reclutamiento de personal para nuestros Ejércitos, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El Informe 'Entorno Operativo 2035' elaborado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional -CESEDEN- y publicado por primera vez en el año 2018 engloba el análisis de la situación de nuestras Fuerzas Armadas y la política de
nuestro país en materia de Defensa, lo que contribuye a orientar el proceso de planeamiento militar y la definición de las actuaciones a realizar en el medio plazo.
Este Informe, que es periódicamente revisado, es por tanto de una importancia vital en materia de Defensa para nuestro país, máxime en un entorno tan vulnerable al cambio como el actual. Así, según reza el propio Informe: 'Las Fuerzas
Armadas continuarán siendo uno de los principales instrumentos de los estados para intervenir en los conflictos, garantizando la defensa de sus países y la de sus aliados y contribuyendo a la estabilidad internacional. Sin embargo, el cambio que se
vislumbra en las características del entorno operativo que se avecina es de tal magnitud, que hace muy difícil aventurar la forma en que deberán operar los ejércitos en el futuro, así como las características de los mismos para adaptarse a él'. Por
ello, reflexionar sobre los posibles escenarios o contextos operativos de actuación de las Fuerzas Armadas y sobre los cambios que deberán afrontar estas para adaptarse con éxito a ese entorno, incierto y complejo, es el objeto principal de estudio
de dicho documento, tal y como en el mismo se reconoce.
En su última revisión, llevada a cabo recientemente, se alerta de las dificultades que pueden encontrar las Fuerzas Armadas en la próxima década para el reclutamiento y retención de nuevos militares. Así, el 'personal' se constituye como
uno de los principales puntos de preocupación para el éxito de nuestros Ejércitos en el futuro, considerándose este aspecto como prioritario, a pesar de los avances de la tecnología. Y ello es así por cuanto desde hace tiempo se viene padeciendo un
acusado desinterés de las nuevas generaciones por entrar a formar parte de las Fuerzas Armadas, atraídos más por las ventajas de la vida civil y las condiciones laborales que esta ofrece. A ello se une, además, el imparable declive demográfico, la
evolución sociológica de nuestro país, y unos gobernantes que, en los últimos tiempos, no han sabido fomentar en nuestra sociedad en general, y en nuestros jóvenes en particular, el interés y la admiración por nuestros Ejércitos y la motivación por
trabajar y pertenecer a los mismos.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias, particularmente en el ámbito de la mejora de las condiciones laborales y económicas de los miembros de
las Fuerzas Armadas, el fomento de la conciliación familiar de los militares y la mejora de su calidad de vida, así como el impulso de la vocación militar, con el fin de evitar los peligros puestos de manifiesto en la última actualización
del Informe 'Entorno Operativo 2035' que alertan de las previsibles futuras dificultades de la Defensa para reclutar y mantener personal en nuestros Ejércitos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la reforma urgente del sistema de financiación
autonómica, para su posterior debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El sistema de financiación autonómica actualmente en vigor se aprobó en el año 2009 por Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía. En dicha ley se recogía la obligación de revisión de dicho sistema cada cinco años, como consecuencia de tratarse de un asunto tan vulnerable a la coyuntura económica y tan sensible a la situación de cada territorio en un momento
determinado.
Así, la disposición adicional séptima de la citada Ley establece que, con carácter quinquenal, el Comité Técnico Permanente de Evaluación creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera valorará los distintos aspectos
estructurales del Sistema de Financiación, para informar sobre las posibles modificaciones que se puedan realizar al mismo, garantizando la autonomía y suficiencia de las comunidades y el equilibrio y sostenibilidad del sistema.
A pesar de esta previsión normativa, ninguna actualización se ha realizado desde que el sistema fuera aprobado, hace ya trece años. Por ello, no es exagerado decir que el actual sistema de financiación autonómico está obsoleto y ya no sirve
para el fin con el que fue aprobado, al menos, no es capaz de otorgar ya a todos los territorios las garantías de autonomía, suficiencia y equilibrio presupuestario necesarias. Es, además, un sistema complejo, arbitrario e injusto, que trata de
manera desigual a determinadas comunidades autónomas, produciendo notables diferencias entre los españoles.
Desde que fuera obligatoria su reforma, en el año 2014, se han sucedido gobiernos del Partido Popular, primero, y del PSOE, ahora, sin que ninguno de ellos haya querido abordar un asunto que, sin embargo, consideran prioritario cuando se
encuentran en la oposición. María Jesús Montero, actual Ministra de Hacienda y Función Pública y principal responsable de poner en marcha esta reforma opinaba, siendo Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía con un Gobierno central del
Partido Popular, que la falta de reforma demostraba 'que el Gobierno central no tiene determinación suficiente para construir un nuevo modelo que asegure una financiación adecuada del Estado de bienestar en España'; criticaba los 'cuatro años de
promesas incumplidas'; y aseguraba que la reforma del sistema tenía que ver con 'si los españoles vivan donde vivan tienen que tener las mismas oportunidades ante la educación, la salud o situaciones de vulnerabilidad social'. Es más, llegó a
cuantificar la infrafinanciación en Andalucía en 1.000 millones de euros anuales, lo que dejaba fuera 'a 220.000 andaluces', llegando a afirmar que la falta de interés del Partido Popular en iniciar esta reforma implicaba que no estaba 'interesado
en que las comunidades tuvieran suficientes recursos para financiar hospitales y colegios'.
Pero la infrafinanciación de algunas comunidades autónomas que la propia Ministra de Hacienda y Función Pública denunciaba cuando no ocupaba tal cargo en el Gobierno, no se extiende solo a Andalucía. Así, por ejemplo, la Comunidad
Valenciana, pese a gastar menos que el resto de comunidades autónomas, tiene un déficit y un endeudamiento mayores dado que recibe menos ingresos que ninguna otra. Tiene, además, una mayor dependencia del apoyo financiero del Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA), del Fondo de Pago a Proveedores (FPP) y del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FFCA), por la necesidad de acudir a ellos de manera recurrente; cosa que no habría sucedido si el modelo se hubiera revisado para
corregir sus insuficiencias cuando correspondía, en 2014. Por otro lado,
en dicho territorio el gasto público medio por alumno es entre un 20 % y un 50 % más bajo que en otras comunidades autónomas; el gasto sanitario por habitante es entre un 10 % y un 15 % inferior a la media; y el gasto en servicios sociales
un 60 % menos que las comunidades autónomas que cuentan con mayor disponibilidad de recursos.
Esta infrafinanciación no solo afecta a los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos, como sanidad, asistencia o educación, sino que resiente, además, las posibilidades de muchos territorios de invertir en actividades que impulsen
su desarrollo económico, los sectores productivos, la l+d+i, la internacionalización o las infraestructuras, entre otros.
La solución a estos problemas no pasa, sin embargo, por criminalizar a algunas comunidades discutiéndoles su autonomía financiera, sino exigir del Gobierno un compromiso inequívoco y urgente para reformar un sistema injusto y obsoleto desde
hace mucho tiempo, que garantice, por encima de cualquier otra consideración, la igualdad entre los españoles vivan donde vivan, y la ausencia de privilegios territoriales injustificados. Indispensable se hace mencionar, a este respecto, el Cupo
Vasco, de previsión constitucional no discutida, pero que debe ser igualmente reformado para hacerlo más equitativo con respecto al resto de comunidades autónomas y más transparente en su cálculo. Así, este Cupo debería reflejar el coste para el
Estado de las competencias no transferidas al País Vasco pero, sin embargo, su cálculo está enormemente sesgado a la baja y es arbitrario, insolidario y opaco, de forma que el gasto en servicios públicos fundamentales por habitante ajustado en las
comunidades forales termina superando en 30 puntos porcentuales el medio de las comunidades autónomas de régimen común.
En Ciudadanos llevamos tiempo pidiendo la reforma del sistema de financiación autonómico y proponiendo medidas, en línea con las principales recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos creado en 2017 para este fin y cuyas
conclusiones llevan años siendo obviadas e ignoradas, como la necesidad de simplificar el sistema haciéndolo más transparente y equitativo; realizar cambios en el cálculo de la población ajustada o necesidades de gasto; aumentar la responsabilidad
fiscal y la autonomía de las Comunidades; potenciar la cooperación entre territorios y la lealtad institucional; o reforzar el Consejo de Política Fiscal y Financiera adscribiéndole un equipo técnico y creando comisiones especializadas.
El nuevo sistema debe, a nuestro juicio, garantizar los siguientes principios:
A) Igualdad. Para asegurar un acceso efectivo a los servicios públicos esenciales por parte de todos los ciudadanos españoles con independencia del territorio en que residan.
B) Equidad. Para que no se produzcan diferencias arbitrarias en el reparto de recursos entre las comunidades autónomas ni entre los niveles de financiación de cada una de ellas.
C) Transparencia. Para que el mecanismo de reparto del sistema resulte claro y comprensible para los ciudadanos, con suficiencia de recursos que puedan cubrir adecuadamente las necesidades objetivas de gasto de cada territorio.
D) Corresponsabilidad fiscal. Para que se delimite expresamente el ámbito de los servicios comunes garantizados por la financiación del sistema y aquellos otros adicionales que deban ser financiados por las comunidades autónomas con cargo a
sus propios recursos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
A) Convocar de manera urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, con el objeto de tratar sobre una inminente reforma del sistema de financiación autonómico.
B) Presentar, en el plazo máximo de dos meses, un calendario detallado para llevar a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica, en el que se especifiquen las distintas fases de la misma, y que concluya con la presentación de una
propuesta de reforma de un nuevo sistema de financiación autonómico justo y equitativo entre todas las comunidades autónomas.
C) Garantizar una financiación justa que posibilite a todos los españoles tener unos servicios públicos fundamentales dignos, considerando para ello, tanto el Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación
Autonómica creado a iniciativa de la Conferencia de Presidentes en el año 2017 como las propuestas contenidas en otros posibles informes al respecto que hayan podido
elaborarse, como el segundo informe de la Comisión de Expertos nombrada por las Cortes Valencianas en diciembre de 2017.
D) Aprobar de manera urgente medidas transitorias de carácter temporal que compensen la adecuación de recursos a las comunidades autónomas que están infrafinanciadas, como el Fondo de nivelación, hasta que se apruebe el nuevo sistema de
financiación.
E) Reconocer los déficits de financiación acumulados que sufren distintas Comunidades Autónomas, admitiendo el mal funcionamiento del sistema de financiación, y considerando el establecimiento de mecanismos de compensación del mismo, con el
fin de que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la mejora de la transparencia y la publicidad en la contratación
menor de la Administración Local, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Según lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contratos menores aquellos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o servicios y, como excepción, a 50.000
euros cuando estén relacionados con la ciencia y la innovación. Igualmente, se contempla que en este tipo de contratos se exige la emisión de un informe justificativo de la necesidad del contrato y, especialmente, justificación de que no se está
alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los citados umbrales.
La especialidad de los contratos menores es que su adjudicación no se realiza a través del complejo y burocrático procedimiento de licitación, sino de una manera más ágil e inmediata que persigue satisfacer necesidades puntuales. Este
procedimiento más sencillo ha dado lugar a que la Administración, y por lo que ahora interesa, la Administración Local, haya venido haciendo en muchas ocasiones un uso abusivo de este tipo de contratos. Todo ello ha redundado en un deterioro de la
transparencia, la publicidad, la igualdad de oportunidades, y la concurrencia competitiva.
Con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación
pública, entre otros aspectos, existía una limitación anual que impedía a un mismo proveedor sobrepasar, a través del fraccionamiento de los contratos, el umbral económico que define la contratación menor, con el fin de evitar su adjudicación
mediante licitación. Pero esa garantía quedó derogada y no existe a día de hoy.
En el último Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, se pone de manifiesto que el número de contratos menores celebrados por los Ayuntamientos
fiscalizados representa un altísimo porcentaje respecto del total de sus contrataciones, oscilando entre el 77.82 % de Zaragoza, y el 96,80 % de Valencia, por ejemplo. Asimismo, reconoce que en todos los ayuntamientos fiscalizados 'se han detectado
contratos menores a través de los cuales se ha adjudicado (...) la realización de prestaciones de naturaleza similar que podrían responder a un fin único, y cuya adjudicación, por otra parte, ha recaído, en ocasiones, en el mismo contratista'. A
juicio del tribunal los motivos son principalmente dos: (a) una defectuosa planificación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas y, (b) en otras ocasiones, el eludir los requisitos de publicidad y los relativos al
procedimiento de adjudicación legalmente aplicables.
La figura del contrato menor pretende resolver problemas puntuales de la administración pública que exigen una rápida intervención y una tramitación ágil, si bien su uso debe considerarse riguroso, limitado
y no habitual. En ningún caso, además, puede perseguir evitar explicar a los ciudadanos el motivo de la necesidad del contrato y de su asignación a un adjudicatario en concreto, imponiendo opacidad en la gestión de los recursos públicos.
La presente iniciativa pretende evitar la utilización incorrecta y fraudulenta de la contratación menor que deriva en desigualdad de acceso a las condiciones de las licitaciones, saliendo perjudicadas las pequeñas y medianas empresas, en
aras de perseguir una gestión pública más transparente y justa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar a todos los ayuntamientos o, al menos, a todos aquellos con población superior a 75.000 habitantes, a llevar a cabo una adecuada planificación y programación de su gestión contractual que evite el fraccionamiento de los contratos
menores, restringiendo la utilización de esta figura en favor de procedimientos ordinarios de preparación y adjudicación de contratos públicos, siguiendo las reiteradas recomendaciones al respecto emitidas por el Tribunal de Cuentas.
2. Exhortar a todos los ayuntamientos con población superior a 75.000 habitantes a establecer en su normativa interna la obligatoriedad de promover la concurrencia en la adjudicación de los contratos menores, cualquiera que sea su importe,
bien mediante la publicación de anuncios de licitación, bien solicitando directamente ofertas a un mínimo de tres empresas, salvo casos excepcionales, todo ello con el fin de reducir los riesgos que la contratación menor representa para los
principios de publicidad y concurrencia.
3. Compeler a los ayuntamientos a publicar la información relativa a los contratos menores adjudicados, en un plazo máximo de quince días desde la finalización de cada trimestre, y ampliar dicha información a, al menos, el departamento
gestor, el número de expediente, el objeto y tipo de contrato, el número de licitadores participantes, el importe adjudicado, la fecha de aprobación, el servicio prestado y la empresa prestataria.
4. Estudiar la posibilidad de modificar el apartado 4 del artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el fin de que la publicación de la información relativa a los contratos menores deba realizarse
mensualmente, al menos, en los ayuntamientos con población superior a 75.000 habitantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/001161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la puesta en servicio de todas las dependencias del Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine, Langreo, Asturias), dependiente del Imserso, continúa su periplo de incidencias desde que a mediados de 2011 fuese 'inaugurado' por la entonces Ministra
de Sanidad, Política Social e Igualdad, señora Pajín Iraola, pocas semanas antes de la celebración de elecciones generales de aquel año.
Más de diez años después, el Credine no ha entrado en servicio para lo que fue concebido inicialmente: atención residencial (sesenta plazas) e investigación.
En respuesta escrita del Gobierno a preguntas de este Diputado sobre el Credine se informó el pasado 15 de septiembre de 2022 que 'tras finalizar su utilización por el Servicio de Salud del Principado
de Asturias para atender pacientes COVID-19 en las fases más agudas de la pandemia, ha estado colaborando con otros centros de la red del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en el marco de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia'.
'En estos momentos -añadía la respuesta- está iniciando su actividad normalizada (más allá de la actuación que desarrolló durante los años 2020 y 2021 con la pandemia), de acuerdo con los objetivos del centro, el marco estratégico de los
centros del Imserso y las políticas de desinstitucionalización que forman parte de la Estrategia Europea de Cuidados y de los compromisos del Estado español respecto al componente 22 de los fondos Next Generation.'
Asimismo, el Gobierno afirmaba en su respuesta que el Credine 'no es ni puede ser, habida cuenta los ámbitos competenciales, un centro meramente asistencial, una residencia especializada ni un centro para ingresos de índole sanitaria. La
misión del centro está vinculada a los problemas que sufren las personas con daño neurológico en su vida cotidiana y al pilotaje de experimentación para la autonomía personal y la evitación de la institucionalizacion, y no es asistencial. Como
Centro de Referencia Estatal, su actuación debe ligarse a la generación y gestión del conocimiento en las áreas de la autonomía personal y las situaciones de dependencia, en este caso para personas con afectaciones neurológicas'.
Sorprende -y mucho- que una década después de iniciado el proyecto del Credine, concebido con 'zona residencial, con tres volúmenes de 20 habitaciones individuales equipadas con baño adaptado destinadas respectivamente a lesionados
medulares, personas con daños cerebrales y discapacidades neurológicas', el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 haya decidido que el Credine no sea 'un centro meramente asistencial, una residencia especializada ni un centro para ingresos
de índole sanitaria'.
Por todo ello, don Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, presenta para su debate y votación en el Pleno del Congreso de los Diputados la siguiente
Proposición no de Ley
'El Pleno del Congreso insta al Gobierno a la inmediata puesta en servicio de todas las instalaciones y dependencias del Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine, Langreo, Asturias), dando
cumplimiento a los compromisos adquiridos para el tratamiento de lesiones y enfermedades medulares y, singularmente, de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), así como la investigación sobre las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2023.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/001162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la intención de la Comunidad de Madrid de
contravenir la Ley Orgánica 3/2020, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
Los respectivos gobiernos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están llevando a cabo maniobras jurídicas para la cesión de suelo público, de forma totalmente gratuita, a empresas privadas con el fin de construir centros educativos
concertados. Las ubicaciones se encuentran en Valdebebas, Vallecas y Vicálvaro, con un valor total del suelo público de 29 millones de euros. Esta cesión, además, implica la explotación de los centros por parte de dichas empresas privadas durante
40 años, extensibles a 75. El negocio para estas es redondo: reciben el suelo regalado, el coste de las plazas concertadas es sufragado por la Administración y pueden ofrecer etapas educativas privadas. De hecho, ya hay varias
empresas interesadas, como Educare, que ya gestiona ocho centros de la región, o algunas relacionadas con el Opus Dei y el Camino Neocatecumenal. A casi todas estas empresas les une la promoción de la religión católica.
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid desoyen así las demandas de sus propios vecinos y vecinas, que llevan años reclamando más centros públicos en sus barrios, y que ven cómo impera la falta de inversión en infraestructuras públicas. En
Valdebebas, por ejemplo, solo cuentan con dos centros educativos públicos que se encuentran ya saturados, y uno de ellos ni siquiera está finalizado. Las familias han reclamado en numerosas ocasiones la construcción de un nuevo centro de secundaria
público. La respuesta de la Comunidad de Madrid es clara: construir uno concertado.
La manera de burlar la ley que han tenido las dos administraciones es preocupante. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), establece, en la disposición
adicional decimoquinta, que 'los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos'. De este modo, la cesión de suelo de
manera gratuita solo podrá hacerse si el centro educativo es público, y no para régimen de concierto ni privado. Así, el Ayuntamiento de Madrid ha firmado un convenio por el que cede los terrenos a la Comunidad de Madrid, que es la que promueve la
construcción de los centros. La Comunidad de Madrid, a su vez, pretende ampararse en la Ley Maestra de Libertad Educativa, aprobada a principios de este año en la Asamblea de Madrid, que le confiere, en su artículo 7, la potestad de convocar
concursos públicos para la construcción y gestión de centros privados sostenidos con fondos públicos sobre suelo público dotacional. Se trata de una maniobra para ignorar la disposición de la Ley Orgánica al amparo de otra norma de rango
autonómico, produciendo un resultado contrario a la ley establecida.
En conclusión, se trata de una confrontación jurídica hecha ex profeso para no cumplir la legislación básica establecida en la LOMLOE y que va mucho más allá del marco competencial y de responsabilidad pública. En definitiva, se escapa por
completo del sentido ético y político que aúna todo el territorio en la defensa de la educación pública y de calidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Explorar los procedimientos administrativos adecuados para abordar la posible vulneración por parte del Ayuntamiento de Madrid, mediante los instrumentos creados por la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2. Impulsar las modificaciones normativas necesarias para evitar que las administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas o diputaciones puedan ceder suelo público para la creación de centros educativos concertados o privados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2023.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
162/001163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso de las comunidades de energías renovables, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En el ordenamiento jurídico español, las comunidades de energías renovables se definen en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos
para la reactivación económica, mediante la modificación de varios artículos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, como 'entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente
controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o
autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras'.
Este sistema presenta importantes ventajas. En primer lugar, destaca su incidencia en la democratización del sistema energético, ya que, a través de estas comunidades, la ciudadanía puede participar en él. A ello hay que añadir que sus
integrantes producen y consumen su propia energía que, además, es una energía limpia, y que implica un ahorro para el consumidor final. Destaca también su contribución en la lucha contra el cambio climático y en la mitigación de la pobreza
energética, así como su impacto social positivo en la comunidad.
El Gobierno de España ha apostado decididamente por impulsar las comunidades energéticas. Para ello, puso en marcha un paquete de ayudas, dotado con 100 millones e integrado en la componente 7 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, bajo el nombre 'Despliegue e integración de energías renovables'.
Este paquete de ayudas se articula a través de tres programas: CE Aprende, CE Planifica y CE Implementa, para incentivar a las comunidades energéticas en la fase de creación, desarrollo e implementación.
El programa Implementa tiene como objetivo impulsar la innovación social y la participación ciudadana en energías renovables, eficiencia energética o movilidad eléctrica.
Su primera convocatoria contó con un presupuesto de 10 millones de euros y se dirigió a proyectos de pequeño tamaño cuya inversión no superara el millón de euros. Se seleccionaron 45 proyectos, con más de 230 actuaciones en 14 comunidades
autónomas, involucrando a 2.600 actores y sumando una inversión total de 14,7 millones.
La segunda convocatoria de Implementa se dirigió a proyectos de tamaño mediano o grande cuya inversión superara el millón de euros. Se ha resuelto con un total de 29 proyectos beneficiarios, que contemplan más de 470 actuaciones, que
movilizarán una inversión de 67 millones de euros, a partir de un presupuesto de 30 millones.
En cuanto a su distribución territorial, destaca la capilaridad de la convocatoria, ya que se contabilizan actuaciones en 12 comunidades autónomas. La mayor parte de los proyectos beneficiados se sitúa en País Vasco, Cataluña y Comunitat
Valenciana.
Además, en diciembre de 2022 se abrió el plazo para la solicitud de las convocatorias CE IMPLEMENTA 3 y 4 que, con 10 y 30 millones, respectivamente, seguirán subvencionando proyectos pequeños, medianos y grandes de comunidades energéticas,
ante el éxito registrado en las primeras dos convocatorias. Ambas líneas permanecerán abiertas hasta el 13 de febrero.
Destaca también la convocatoria de apoyo a proyectos singulares de Oficinas de Transformación Comunitaria (OTCs) para la promoción y dinamización de comunidades energéticas (Programa CE OFICINAS). Cuenta con 20 millones de presupuesto y su
objetivo es facilitar la puesta en marcha de oficinas de nueva creación o la adecuación de las ya existentes con el objetivo de difundir, acompañar y asesorar en la creación de comunidades energéticas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, a continuar impulsando las comunidades de energías renovables mediante medidas de apoyo que incentiven tanto su
creación como su desarrollo e implementación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2023.-Germán Renau Martínez, Eva Patricia Bueno Campanario, Helena Caballero Gutiérrez, Antidio Fagúndez Campo, Sandra Guaita Esteruelas, María Montserrat García Chavarría, María
Inmaculada Oria López, Daniel Senderos Oraá, Mariana de Gracia Canales Duque, Omar Anguita Pérez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Vicente Viondi y Javier Antón Cacho, Diputados.-Esther Padilla Ruiz e Isaura Leal Fernández, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
162/001164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad urgente de
acelerar y garantizar la implementación de un verdadero Plan global extraordinario de reconstrucción y recuperación socioeconómica para la isla de La Palma y sus residentes, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Tras el comienzo de la crisis vulcanológica ocurrida en La Palma el 19 de septiembre de 2021, se inició por parte de las Administraciones Públicas competentes un proceso de reconstrucción de la isla, donde la magnitud de esta catástrofe
inédita hasta ahora desencadenaba la destrucción de una parte no menor del parque de viviendas palmeras, infraestructuras e instalaciones públicas enormemente dañadas, explotaciones agrícolas, ganaderas, establecimientos industriales, comerciales,
turísticos afectados, etc., junto a la desaparición del propio suelo donde se situaba la vida de muchos residentes palmeros.
Una tragedia que en su conjunto se ha saldado con más de 7.000 evacuados, 4.000 viviendas desaparecidas, más de 350 hectáreas de cultivos plataneros arrasadas junto a la destrucción de una gran cantidad de hectáreas de aguacate y otros
cultivos, o también la reducción en un -25 % de las camas turísticas del destino palmero, aspecto preocupante para un destino con un nivel de infraestructuras turísticas de muy inferior desarrollo comparado con el tamaño de otros destinos insulares;
sin olvidar tampoco la desaparición de la zona industrial del Valle de Aridane. Lo cierto es que todavía a día de hoy, diecisiete meses más tarde, alrededor de 130 personas continúan evacuadas en alojamientos turísticos ante la imposibilidad de
retornar a sus anteriores condiciones de vida.
En este escenario y cuando ha transcurrido cerca de un año y medio desde el arranque de la reconstrucción de la isla, resulta procedente detenerse al objeto de hacer balance en este punto, y poner de manifiesto -más allá de los reiterados
desplazamientos improductivos a la isla palmera por parte de distintos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez-, la falta de determinación, valentía y eficacia a la hora de afrontar un proceso, no cabe la menor duda que complejo, pero que por ello
requería desde el principio el diseño y la planificación de una hoja de ruta a la altura de las circunstancias, acompañada de medidas excepcionales para una situación verdaderamente excepcional.
En efecto, a lo largo de este tiempo la multiplicación de retrasos e ineficiencias, la aplicación de medidas inconexas y aisladas o cuando no, directamente los reiterados incumplimientos de los compromisos asumidos tanto por parte del
Gobierno de España como por el de la Comunidad Autónoma de Canarias -ambos del mismo signo político-, resultan más que evidentes e incuestionables. En contraposición al conformismo del Ejecutivo socialista, desde el Grupo Parlamentario Popular se
ha venido instando al Gobierno de España a través de la presentación de sucesivas Proposiciones no de Ley -la primera de ellas el mismo 22 de septiembre de 2021 y la segunda de fecha 25 de octubre de ese mismo año-, a que tomase las riendas de la
situación, liderando el proceso de reconstrucción y desplegando de inmediato toda la artillería de medidas y recursos que resultase necesaria, a fin de paliar los efectos de la tragedia que se estaba produciendo en la llamada Isla Bonita con un
volcán que permaneció en periodo activo durante prácticamente tres meses.
Sin embargo, así las cosas, en medio de este proceso de reconstrucción el Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, se ha asentado en una dinámica consolidada de parches sin altura de miras, continuas improvisaciones y de dirección errática en
detrimento de una reactivación más pronta de la isla palmera y de vuelta a una relativa normalidad y lo menos traumática posible para los residentes de las zonas más afectadas, como son los municipios de la comarca oeste de Los Llanos de Aridane, El
Paso y Tazacorte. Por esta razón, precisamente con ocasión de la tramitación parlamentaria de los dos últimos Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado, el Grupo Popular en el Congreso volvía en vano a emplazar al Gobierno mediante
numerosas enmiendas cualitativas de diversa índole a que apresurase y corrigiese el rumbo, proporcionando respuestas certeras, ágiles y acertadas a la población y a los sectores productivos palmeros.
A este mismo respecto, y como muestra inconfundible del muy escaso nivel de compromiso y sensibilidad real del Gobierno socialista hacia la recuperación de La Palma, convendría traer a colación la
concesión -en el marco de la negociación presupuestaria para 2023- de una partida muy poco representativa de 100 millones de euros -planteada en forma de enmienda parlamentaria transaccionada con los representantes nacionalistas canarios
como moneda de cambio para amarrar apoyos parlamentarios-, sin tener en cuenta las proporciones de esta tragedia y la disposición de unos presupuestos totalmente expansivos para este año.
De otro lado, habría que subrayar que a corto plazo la completa recuperación socioeconómica de la isla dependería fundamentalmente de que el mercado turístico -que hasta ahora representaba la segunda fuente de riqueza de la economía
palmera-, liderase la actividad económica, absorbiendo la pérdida temporal de peso del sector platanero. Para ello, la mejora de la capacidad aérea, la restitución de la capacidad alojativa y el restablecimiento de la actividad turística pasarían
en su conjunto por ser ingredientes necesarios a la hora de recuperar las tasas de ocupación previas a la erupción.
Por todo ello, con la finalidad de acelerar y garantizar de una vez por todas el diseño y la ejecución de un auténtico Plan global de carácter extraordinario por parte del Gobierno de España, que posibilite la más pronta y completa
reconstrucción y reactivación socioeconómica de la isla de La Palma, contribuyendo por consiguiente a normalizar cuanto antes la vida de todos los residentes palmeros y evitando por todos los medios un éxodo de la población autóctona motivado por la
falta de oportunidades (teniendo presente además que la población palmera solo ha aumentado un 2 % en los últimos 25 años, al pasar de 81.000 a 83.000 residentes), el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:
1. Impulsar por parte del Gobierno de España -dadas la circunstancias aún concurrentes de extraordinaria y urgente necesidad-, la adopción de todas aquellas medidas y modificaciones pertinentes en materia de contratación pública, con el
propósito de flexibilizar y facilitar que todas las actuaciones derivadas de la erupción volcánica acaecida en la isla de La Palma puedan ser contratadas y ejecutadas con arreglo al régimen de la tramitación de emergencia prevista en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, vigente, en aras de mejorar la eficiencia en los procesos -salvando la parálisis arrastrada en actuaciones motivada por el exceso de trámite burocrático- y como resultado, agilizar al máximo la
definitiva reconstrucción y recuperación socioeconómica de la isla palmera.
2. Aprobación de un Plan plurianual de Reposición de Infraestructuras -centrado en la red viaria insular y de Vivienda y determinado en función de las necesidades objetivas-, en perfecta colaboración y coordinación con las Administraciones
territoriales canarias-, compuesto por un conjunto de medidas de acción para paliar y reconstruir los daños ocasionados por la erupción volcánica, diseñando una estrategia estructural para la reconstrucción, y que sirva como palanca de reactivación
útil para intensificar la generación de actividad económica y empleo a corto y medio plazo en la isla palmera; dicho Plan plurianual iría acompañado de una ficha financiera de hasta 1.000 millones de euros.
3. Acelerar al máximo -poniendo en valor la condición ultraperiférica del archipiélago canario coincidiendo con la próxima Presidencia Española de la UE, simultáneamente a la Presidencia canaria de la Conferencia RUP-, la reconstrucción y
recuperación del sector primario palmero tras la pérdida de un 40 % de la producción total del cultivo platanero (de la cual dependían directa e indirectamente alrededor del 50 % de los casi 85.000 residentes de la isla palmera), mediante ayudas a
la renovación de equipamiento más eficiente, modernización de regadíos, planificación de cultivos, reducción de la fiscalidad en las explotaciones, etc.; en paralelo, materializar la consecución de recursos y ayudas extraordinarias para los
ganaderos, considerando el incremento en los costes de las producciones ganaderas que lastra la rentabilidad de las explotaciones.
4. Establecimiento de mecanismos de compensación diferenciados para afrontar los costes al transporte de mercancías con origen y destino La Palma, contemplando la puesta en marcha de un plan de exenciones fiscales y tributarias a la
exportación para contrarrestar las desventajas competitivas derivadas de la doble y triple insularidad que padece la isla.
5. Articulación urgente y efectiva de medidas de apoyo y recapitalización dirigidas al tejido empresarial local y al colectivo de los trabajadores autónomos palmeros damnificados mediante ayudas directas, incentivos fiscales y otras medidas
extraordinarias:
a) Mantenimiento de las ayudas de compensación al sector empresarial para afrontar pérdidas económicas derivadas de la emergencia volcánica;
b) prolongación de los ERTEs, en tanto en cuanto no se pueda desarrollar la actividad mediante la exoneración del 100 % de las cuotas de Seguridad Social por todos los conceptos;
c) medidas coyunturales de compensación por causa de los sobrecostes impositivos para las empresas palmeras, favoreciendo su reactivación y reequilibrio financiero;
d) exención expresa de tributación de todas aquellas ayudas o subvenciones recibidas por los afectados por el volcán;
e) reducción específica del rendimiento neto de la actividad para las empresas en estimación objetiva que abarque todo el periodo que dure la reconstrucción;
f) concreción de la aplicación de los índices reductores del rendimiento neto por inicio de nuevas actividades en estimación objetiva a las empresas afectadas que hayan reabierto su negocio;
g) bonificaciones sobre el IRPF e Impuesto sobre Sociedades.
6. Liquidar urgentemente el cumplimiento de la línea de incentivos extraordinarios de conectividad aérea correspondientes al año 2022 que a día de hoy continúa sin materializarse, así como garantizar la misma línea de incentivos durante el
año 2023 con la finalidad de reparar la significativa cancelación de conexiones sufrida durante este invierno por parte de las aerolíneas y mejorar la conectividad global de esta isla, tratándose de un territorio ultraperiférico (RUP) con absoluta
dependencia del transporte aéreo.
7. Garantizar el reembolso o exención por parte de AENA a las aerolíneas del 100 % del importe de la tarifa de utilización de infraestructura en todos los vuelos con origen en el aeropuerto de La Palma y destinos domésticos e
internacionales durante como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2023 con el propósito de disminuir los costes operativos de las compañías aéreas en un contexto de encarecimiento del gasto en combustible, incentivando la captación o creación de
nuevas rutas hacia la isla palmera.
8. Materializar una línea de concesión de ayudas directas de tipo inclusivo, sencillo, flexible y ágil destinadas específicamente a las aproximadamente 5.000 unidades alojativas -concentradas especialmente en zonas como Puerto Naos, uno de
los grandes pulmones turísticos de la Isla Bonita-, que después de más de un año continúan sin poder ejercer su actividad empresarial a consecuencia de la erupción.
9. Mejorar la dotación del importe de la inversión asignada a la campaña de los bonos turísticos que ha sido reducida para el año 2023.
10. Agilizar al máximo el nivel de ejecución de inversiones de mejora comprometidas para el Parador de Turismo de La Palma.
11. Aprobación y desarrollo de un Plan RENOVE de soporte a los establecimientos hosteleros palmeros, centrado en ayudas de reposición y modernización de su equipamiento, maquinaria e instalaciones.
12. Diseño, planificación y despliegue de una ambiciosa campaña singularizada en materia promocional y de marketing en el exterior por parte de Turespaña, centrada exclusivamente en el reposicionamiento competitivo del destino turístico
inteligente ''La Palma'' ante nuestros mercados emisores fidelizados, así como otros mercados potenciales de alto valor.
13. Apuesta estratégica por la revitalización y el fortalecimiento del sector agroalimentario palmero, fomentando el consumo de los productos de proximidad o ''kilómetro cero'', e incentivando los binomios agricultura-turismo y
comercio-turismo mediante la mejora de la visibilidad de las excelencias gastronómicas y enológicas palmeras.
14. Contribuir a la diversificación económica del modelo productivo tradicional palmero, favoreciendo la planificación y desarrollo de una zona industrial en la isla, en sustitución de la desaparecida del Valle de Aridane.
15. Instrumentar el Plan Extraordinario de Empleo con carácter plurianual de cara a mejorar su eficacia y utilidad.
16. Eliminación de la cláusula de mantenimiento del nivel de empleo en determinados supuestos (imposibilidad de reapertura, jubilación y enfermedad grave o fallecimiento del empresario), teniendo en cuenta la existencia de un número
significativo de empresas y fincas en esta isla gestionadas por personas de edad próximas a la jubilación que han perdido su negocio.
17. Promover en la fase actual medidas enfocadas a la atracción y retención de talento humano con la finalidad de fijar población y evitar éxodos masivos, tales como un plan de alquiler dirigido a jóvenes, desarrollo de un programa de
líneas de ayudas vía incentivos, exenciones, bonificaciones extraordinarias y planes de financiación suficientemente atractivos, enfocados al fomento de la emprendeduría con
atención especial sobre los colectivos de mujeres y población juvenil, así como orientadas a actividades de tipo agrario, agroalimentario, o también de economía azul.
18. Aprobación de medidas para el refuerzo de los órganos jurisdiccionales de la isla de La Palma; establecimiento de una dotación financiera para el desarrollo de acciones formativas dirigidas a los colegiados del Colegio de Abogados de
Santa Cruz de La Palma.
19. Garantizar en todo caso la reposición de infraestructuras educativas destruidas por la actividad volcánica.
20. Contribuir a aumentar la seguridad y calidad del suministro eléctrico de la isla a través de un anillo energético insular.
21. Garantizar la reconstrucción en materia hidráulica de las infraestructuras asociadas a los servicios de abastecimiento de agua potable a la población palmera, que fue destruida por la erupción volcánica; así como el cierre del anillo
hidráulico insular por el sur de la isla, de carácter esencial para agricultores y ganaderos locales para reconstruir la red de riego.
22. Incrementar el pago hasta el 75 % del porcentaje de los gastos de la tarea de la reconstrucción por parte del Ministerio de Política Territorial, en lugar del 50 % actual.
23. Promover la adopción de cualesquiera otras medidas y actuaciones necesarias encaminadas a relanzar y perseguir la más pronta y definitiva reconstrucción y recuperación socioeconómica de la isla, siempre dentro de un marco de máxima
colaboración y cooperación interadministrativa entre la Administración General del Estado, el Gobierno autonómico canario y el Cabildo de La Palma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2023.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.