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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 576, de 21/02/2023
cve: BOCG-14-D-576
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de febrero de 2023
Núm. 576
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004795 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre rechazo de la politización del Tribunal Constitucional y del asalto del Gobierno a todas las instituciones moderadoras de la Nación...
161/004804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de modificaciones legales que incluyan expresamente como actos de intolerancia las manifestaciones de discriminación, odio,
hostilidad y violencia antisemita.... (Página11)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al retraso en el proceso de ratificación para la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN... (Página13)
161/004800 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ayuda militar a Ucrania... (Página14)
161/004801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creciente inestabilidad política y social en Bolivia... (Página15)
Comisión de Interior
161/004758 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la persecución a opositores del régimen de Guinea Ecuatorial.
Pasa a tramitarse en la Comisión de Interior... (Página18)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre mejora de la seguridad vial en la N-640 en Caldas de Reis... (Página18)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un programa de cooperación territorial para reforzar las ayudas de las Comunidades Autónomas en el ámbito educativo (comedores
escolares, libros de texto, transporte escolar en el ámbito rural, etc.)... (Página19)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004815 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar el empleo privado... (Página20)
161/004824 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar y financiar los itinerarios individualizados de inclusión social derivados del Ingreso Mínimo Vital de forma transparente y
equitativa entre todas las Comunidades Autónomas... (Página21)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a mejorar la seguridad viaria.
Retirada ... (Página23)
161/004797 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la creación de un parque empresarial en el Ayuntamiento de Santiso... (Página24)
161/004817 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para la descarbonización del sector aéreo... (Página25)
161/004845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Pacto Industrial Verde Europeo... (Página26)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004810 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la mejora de la vida de las personas con discapacidad y sus familias en el entorno rural...
161/004811 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora del acceso de las personas con movilidad reducida a la obtención del permiso de conducir en igualdad de condiciones que el
resto de la ciudadanía... (Página29)
161/004823 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar y financiar los itinerarios individualizados de inclusión social derivados del Ingreso Mínimo Vital de forma transparente y
equitativa entre todas las Comunidades Autónomas... (Página31)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004816 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre protección de la Denominación de Origen Calificada Rioja... (Página33)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al establecimiento de una moratoria o pausa precautoria sobre la minería submarina...
161/004805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a realizar las acciones necesarias para la instalación del prometido Centro Ibérico de Energías Renovables en
Badajoz... (Página36)
161/004806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ampliación del barranco de 'La Casella' en Alzira (Valencia) para evitar las inundaciones de la ciudad de Alzira cuando se producen
episodios de fuertes lluvias... (Página37)
161/004812 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar el servicio de 'DNI Rural' para la obtención y renovación del Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte, como servicio
para combatir la despoblación... (Página39)
161/004813 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la puesta en marcha de una campaña mediática de concienciación sobre los beneficios de vivir en pequeñas ciudades o municipios rurales...
161/004814 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a dar solución a los problemas e inundaciones derivados de la rotura de los diques de los 'porreos' de la Ría de Villaviciosa (Asturias), al saneamiento
de los márgenes y a la contaminación de las aguas que desde hace más de once años impide el marisqueo y afecta también a los arenales de la zona... (Página42)
161/004820 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover los gases renovables en España... (Página43)
161/004825 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la producción de combustibles sostenibles de aviación para acelerar la descarbonización del transporte aéreo mientras se
salvaguarda su papel clave para el turismo y la economía española... (Página47)
161/004826 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo y promoción de la generación eléctrica renovable con biomasa forestal... (Página50)
161/004828 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el impacto medioambiental sobre el proyecto del Parque Solar Fotovoltaico 'MAGDA'... (Página53)
161/004829 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la homologación de la definición de las islas de calor y Planes de Adaptación al Cambio Climático en las ciudades... (Página54)
Comisión de Cultura y Deporte
161/004803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del Año Zóbel 2024 por parte del Ministerio de Cultura y Deporte... (Página56)
161/004819 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la transferencia a las Comunidades Autónomas de la gestión del Bono Cultural Joven... (Página57)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la precisión de los datos y la producción de estadística sobre defunciones en España... (Página58)
161/004808 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reincorporación de profesionales sanitarios jubilados y la contratación de extracomunitarios... (Página59)
161/004809 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora en la prevención y en el abordaje integral de la osteoporosis en el Sistema Nacional de Salud...
161/004827 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el desarrollo de una normativa estatal sobre la publicidad de medicamentos... (Página62)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a mejorar la seguridad viaria... (Página63)
Comisión de Política Territorial
161/004796 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación de la Ministra de Política Territorial por sus recientes afirmaciones en contra de un partido político democrático...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004818 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la transparencia y la publicidad en la contratación menor de la Administración Local... (Página67)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002109 Pregunta formulada por los Diputados Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia
(GVOX), Miralles Martín, Onofre (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre acciones para acortar el retraso en la entrega de los trenes estipulados en el contrato de 'Suministro de trenes de ancho métrico y
alpinos, sus piezas de parque y su mantenimiento parcial durante 15 años'... (Página69)
181/002120 Pregunta formulada por la Diputada Paloma Gázquez Collado (GP), sobre motivo por el que se ha retrasado nuevamente la puesta en funcionamiento del AVE a Asturias... (Página69)
181/002121 Pregunta formulada por la Diputada Paloma Gázquez Collado (GP), sobre previsiones acerca de si se van a resolver los errores del pliego para el suministro de 31 trenes en el año 2019 por un precio de 323,5 millones de euros, de
los cuales parte estaban destinados a Asturias, con una modificación o rescisión del contrato y haciendo una nueva adjudicación con la correspondiente indemnización a la adjudicataria... (Página70)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/002112 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas
extraordinarias previstas para extremar las precauciones y el sistema de trazabilidad que evite la llegada a España de la peste porcina africana... (Página70)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/002118 Pregunta formulada por el Diputado Tomás Guitarte Gimeno (GMx), sobre medidas de coordinación administrativa adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para compensar los bienes afectados y
restituir el espacio forestal, los pastos y cultivos en los incendios del verano de 2022 en diversas localidades de las provincias de Zaragoza y Teruel... (Página70)
181/002119 Pregunta formulada por el Diputado Tomás Guitarte Gimeno (GMx), sobre medidas de gestión del territorio, de silvicultura y de prevención de incendios, así como de coordinación con las Comunidades Autónomas que va a aplicar el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a raíz de la sucesión de incendios que quemaron una superficie de 281.228 hectáreas, casi todas ellas en la España vaciada... (Página71)
Comisión de Igualdad
181/002110 Pregunta formulada por las Diputadas Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre justificación de la decisión del Gobierno de ampliar los dispositivos de control telemático a las víctimas de violencia
sexual, en vez de derogar de manera inmediata la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual... (Página71)
Comisión de Política Territorial
181/002117 Pregunta formulada por el Diputado Tomás Guitarte Gimeno (GMx), sobre grado de ejecución que tienen las medidas derivadas de la declaración de zona catastrófica en los incendios ocurridos en el verano de 2002 en Graus (Huesca),
Valderrobres (Teruel) el 15 de junio, en Calamocha (Teruel) el 29 de junio, en Ateca (Zaragoza) el 18 de julio, y en Añón del Moncayo (Zaragoza) el 13 de agosto... (Página71)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/100937 Autor: González Vázquez, Marta Moraleja Gómez, Tristana María Martínez Ferro, María Valentina Olano Vela, Jaime Eduardo de García Díez, Joaquín María Vázquez Blanco, Ana Belén Delgado Arce, Celso Luis Gago Bugarín, Diego Bas
Corugeira, Javier Constenla Carbón, Juan Manuel
Orden de la Audiencia Provincial de Oviedo a los responsables de la cárcel de Monterroso (Lugo) de excarcelar a un preso de 29 años condenado por una agresión sexual que se cometió en Asturias, así como protocolo que se sigue para la
expulsión de territorio español en el caso de personas excarceladas cuya pena de libertad vigilada ha sido sustituida por la expulsión.
Corrección de error... (Página72)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Sánchez García, don Francisco José Contreras Peláez, doña María Teresa López Álvarez, don Carlos José Zambrano García-Raez y don Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley de rechazo de la politización del Tribunal Constitucional y del asalto del Gobierno a todas las
instituciones moderadoras de la Nación, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. La reciente renovación del tribunal constitucional.
El pasado 9 de enero tomaron posesión los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ('TC'), dos de ellos designados a propuesta del Gobierno y dos correspondientes al Consejo General del Poder Judicial ('CGPJ') 1.
En relación con los dos primeros, el 29 de noviembre de 2022 el Consejo de Ministros acordó proponer a don Juan Carlos Campo Moreno y doña Laura Diez Bueso 2 para proveer estas plazas, lo que fue operado en virtud de los Reales Decretos 1092
y 1093/2022, de 30 de diciembre.
En cuanto a los dos segundos, tras años sin acuerdo, el pasado 27 de diciembre el Pleno del CGPJ propuso por unanimidad la designación de doña María Luisa Segoviano Astaburuaga y de don César
1 A este respecto, de acuerdo con el artículo 159.3 CE,'los miembros del Tribunal Constitucional [...] se renovarán por terceras partes cada tres'. Ello implica que el Gobierno de España no podrá, en ningún caso, proponer a los dos
magistrados que le corresponden sin que lo haga simultáneamente el CGPJ. Sin embargo, como es notorio, a través de las enmiendas números 61 y 62 a la Proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la
adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso (hoy Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre), los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados que sustentan al Gobierno (Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común) pretendieron modificar este sistema en manifiesta vulneración de la Constitución. Frente a tal
atropello, se presentaron sendos recursos de amparo -uno de ellos cuales presentado por este Grupo Parlamentario- lo que dio lugar a que el Tribunal Constitucional acordase cautelarmente la suspensión de la tramitación, ya en el Senado, de las
enmiendas cuestionadas e incorporadas al texto de la proposición de ley aprobada por el Congreso. De esta forma, quedó paralizado el nombramiento de los dos magistrados del TC propuestos por el Gobierno y la iniciativa legislativa se publicó, una
vez aprobada por el Senado, sin haber incorporado esas enmiendas.
2 Orden PCM/1157/2022, de 29 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2022, por el que se propone el nombramiento de don Juan Carlos Campo Moreno y doña Laura Diez Bueso como Magistrados
del Tribunal Constitucional y se comunica dicha propuesta al citado Tribunal, a los efectos previstos en los artículos segundo, apartado Uno, letra g), y diez, apartado 1, letra i) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
Tolosa Tribiño como nuevos magistrados del TC 3, quienes fueron nombrados por los Reales Decretos 1094 y 1095/2022, de 30 de diciembre, respectivamente.
Dos días después, el TC verificó y declaró, por unanimidad, que los cuatro propuestos reunían los requisitos exigidos por la CE y por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional ('LOTC') 4.
Con estos nombramientos y con la composición del TC resultante, el Partido Socialista Obrero Español ('PSOE') y la izquierda radical culminan el asalto a la totalidad de las instituciones del Estado y el desmantelamiento de los
imprescindibles controles al poder del Ejecutivo. Esta labor de aniquilación de los contrapesos democráticos tiene dos fines claros:
- De manera inmediata, promover la impunidad de sus socios golpistas y facilitar que vuelvan a cometer un golpe separatista como el de octubre de 2017 en Cataluña, así como posibilitar nuevos referéndums y consultas y amparar la pretensión
separatista sintetizada en el lema 'ho tornarem afer'. La nueva magistrada Sra. Segoviano, Astaburuaga declaró recientemente que el 'derecho' de autodeterminación por Cataluña es 'un tema muy complejo, sumamente complejo [...] con muchas aristas
que hay que estudiar'.
- De forma mediata, eliminar cualesquiera cortapisas al proyecto disolvente de ingeniería social de la izquierda más radical, con motivo de la nueva mayoría llamada 'progresista', que parece ser, sin embargo, palingenesia del revolucionario
y criminal Frente popular de 1936. El recién nombrado presidente del TC, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ya ha anunciado que los próximos Plenos del TC estudiarán los recursos contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (tras 13 años), en enero; contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, en febrero; y contra la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ('Ley Celáa').
Segundo. Los nuevos magistrados del TC. Su politización y sectarismo.
Los artículos 159.2 de la Constitución Española ('CE') y 18 de la LOTC establecen los requisitos que debe reunir un jurista para ser magistrado del TC, entre los cuales se encuentran los 15 años de ejercicio profesional o actividad en su
función. Asimismo, y de mayor importancia, 'los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma' (artículo 22 LOTC) y serán 'independientes [...] en el
ejercicio de su mandato' (artículo 159.5 CE).
A este respecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, de 29 de julio, advirtió del riesgo que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial suponía para la independencia judicial, por cuanto 'se corre el riesgo de
frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de
fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica
obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial'.
Extrapolando esa consideración a la composición del TC, debe lamentarse la anomalía democrática que supone que la mayoría de los actuales magistrados del TC hayan sido designados por razones exclusivamente partidistas y de afinidad política
al PSOE y a otros partidos de izquierda o separatistas de modo principal. Esto es, sus nombramientos responden a su dependencia política en orden a servir como garantes de la aplicación del programa del actual Gobierno, incluso una vez haya
abandonado el poder, y no de la Constitución. Es más, su función es precisamente asegurar la continuidad de esas políticas gubernamentales aun cuando las normas en que se manifiestan sean incompatibles con la propia Constitución.
No puede desempeñar independiente e imparcialmente su función quien no es, de suyo, independiente ni imparcial. Y no es independiente o imparcial quien es políticamente dependiente o parcial.
3 https://www.poderjudicial.es/cgpi/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPTdesigna-a-Cesar-Tolosa-y-a-Maria-Luisa-Segoviano-nuevos-magistrados-del-Tribunal-Constitucional
4 https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_107/NOTA %20INFORMATIVA%20N%C2%BA%20107-2022.pdf
El Sr. Conde-Pumpido Tourón.
El recién designado presidente del TC es conocido por su amplia trayectoria pública siempre muy vinculada al PSOE (y a la asociación judicial Jueces para la Democracia, que fundó y de la que fue portavoz). Por tales vínculos ha desempeñado
relevantes cargos, como los de magistrado del TC, a propuesta del Senado y promovido por el PSOE, desde 2017, y el de Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2004 y hasta que cesó dicho Gobierno del PSOE.
Durante su mandato fueron muchos los asuntos en los que se evidenció la parcialidad del Fiscal General del Estado y su connivencia con el Gobierno del PSOE: el caso Gürtel y las filtraciones interesadas a medios afines al PSOE, las excarcelaciones
y desistimiento de acusación contra etarras (Arnaldo Otegi), en no pocas ocasiones sanguinarios asesinos (de Juana Chaos), las filtraciones del exjuez Baltasar Garzón, o los atentados del 11-M, entre la general instrumentalización de la Fiscalía
General del Estado al servicio de los propósitos del PSOE.
El Sr. Campo Moreno.
Sabido es que el Sr. Campo Moreno ha sido nombrado magistrado del TC a propuesta del Gobierno, del que formó parte como ministro de Justicia hasta julio de 2021. Anteriormente fue diputado por el PSOE de 2016 a 2020 cuando fue nombrado
ministro en sustitución de doña Dolores Delgado García, que fue, a su vez, nombrada Fiscal General del Estado. El Sr. Campo Moreno fue también secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía (2014-2015), gobernada por
el PSOE; secretario de Estado de Justicia (2009-2011), en un gobierno del PSOE; o vocal del Consejo General del Poder Judicial (2001-2008), a propuesta del PSOE.
Entre los asuntos más políticos en que ha intervenido y que determinan su inidoneidad cabe destacar las presiones del Gobierno al CGPJ a fin de detener el nombramiento de tres nuevos magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y
los presidentes de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta, además de afirmar en público que 'el CGPJ está en descomposición' 5, lo que mereció la reprobación de este Grupo Parlamentario, o su participación en los indultos de los nueve separatistas
condenados por su participación en el golpe de octubre de 2017. En una sesión de control al Gobierno, a preguntas del Grupo Parlamentario Republicano, afirmó que España se encontraba en una 'crisis constituyente'.
La Sra. Diez Bueso.
Nombrada a propuesta del Gobierno, cuenta con una trayectoria profesional y política vinculada al PSOE. Es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, y de 2018 a 2022 ha desempeñado dos Direcciones Generales en el
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en el actual Gobierno de PSOE-Podemos. Después, desde abril de 2022 formó parte del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad de Cataluña, nombrada por el
parlamento regional y fue vicepresidente de este organismo.
Con anterioridad, de 2004 a 2010 fue adjunta al Defensor del Pueblo catalán, después de haber sido asesora del gobierno regional catalán para la reforma del Estatuto de Cataluña (2002-2004), presididos por Jordi Pujol (CiU) y Pascual
Maragall (PSC).
La Sra. Diez Bueso ya ha sido recusada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) como ponente del recurso de inconstitucionalidad contra las normas catalanas con fuerza de ley que implican que al menos se imparta en lengua española el
25 % de la enseñanza en las aulas catalanas 6, estando esta alegación tan justificada que la propia magistrada ha optado por abstenerse.
Otros casos.
Anteriormente, el PSOE ya ha promovido y logrado el nombramiento de otros magistrados vinculados a este partido o a otros de izquierda o separatistas.
5 https://www.elindependiente.com/espana/2020/09/30/el-ministro-de-justicia-trata-deparalizar-los-nombramientos-en-el-cgpjhasta-el-ultimo-momento/
6 La AEB pide recusar a la magistrada del TC que elaborará la sentencia sobre el derecho al 25 % de clases en español en Cataluña. La Gaceta de la Iberosfera. Disponible en:
https://gaceta.es/espana/la-aeb-pide-recusar-a-la-magistrada-del-tc-que-elaborara-la-sentencia-sobre-el-derecho-al-25-de-clases-en-espanol-en-cataluna-20230118-1839/ [Última visita: 18/01/2023].
Es el caso de la vicepresidente del TC, doña Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada de carrera, aunque no del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los medios de la galaxia ideológica socialista destacan su
'marcado acento progresista' 7, que resumen en una frase suya: 'No bastan las leyes, es necesaria una perspectiva de género'.
Su designación como magistrada del TC lo fue a propuesta del Congreso de los Diputados, instada por la Asociación Jueces para la Democracia. Además, en 2001 fue propuesta por esta asociación como vocal del CGPJ, puesto que finalmente obtuvo
en 2008 y 2013.
Asimismo, debe recordarse que su nombramiento como vicepresidente se separa del uso según el cual la segunda autoridad del TC corresponde a un magistrado perteneciente al grupo minoritario ideológicamente identificado al grupo
ideológicamente identificado que es minoritario, dentro de la patología que supone que un órgano consagrado a guardar la supremacía jurídica de la Constitución esté dividido por líneas partidistas.
La misma connotada ideología izquierdista caracteriza al magistrado don Ramón Sáez Valcárcel, que absolvió a quienes en 2011 asediaron el parlamento regional de Cataluña, amparando dicha actuación en un 'acto de defensa de la Constitución',
pronunciamiento posteriormente revocado por el Tribunal Supremo; que rechazó el carácter terrorista de la organización juvenil de ETA Segi y que hoy sostiene que 'el modelo español de impunidad de los crímenes de la dictadura, prototipo de crímenes
de estado, se sustenta en una ley preconstitucional, en el fracaso de la política por la ausencia de medidas de justicia transicional y en las decisiones de los jueces que negaron el acceso de las víctimas a la tutela jurisdiccional. Un marco que
ha sido elaborado por la ideología jurídica del olvido y la negación de la historia' 8.
Es necesario censurar, también, la práctica consistente en que los magistrados del TC concedan entrevistas hablando sobre actualidad política, como han hecho recientemente la Sra. Segoviano Astaburuaga y la también magistrada, derrotada en
su candidatura a la Presidencia del TC, doña María Luisa Balaguer Callejón, asimismo de notorio perfil izquierdista.
Tercero. Necesidad de que el Tribunal Constitucional sea independiente.
La resolución sobre recursos o cuestiones de inconstitucionalidad como los mencionados más arriba en materia de aborto, eutanasia o educación, así como otras muchas, afectan a cuestiones políticas y morales relevantes y puede dar lugar a la
división entre los españoles. Destacan entre las leyes impugnadas la 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para
el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones o la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, que suprime el delito de sedición y rebaja las penas de la malversación y que adoleció de graves
irregularidades en su apresurada tramitación parlamentaria.
Al efecto de sostener que la independencia de un magistrado del TC no es algo formal sino material y mensurable, puede invocarse la STS 4985/1994, de 28 de junio (caso Eligió Hernández), en la que se lee:
'es evidente que la respuesta a dar por el Consejo [CGPJ] puede centrarse exclusivamente en los requisitos de legalidad exigibles al Fiscal General del Estado propuesto por el Gobierno, pero también es posible que se extienda a puras razones
de oportunidad, porque en ningún caso debe olvidarse que el Consejo General no participa, en absoluto, ni de la naturaleza ni de las funciones jurisdiccionales, sino que aparece definido en la Constitución como un 'órgano de gobierno', por lo que
dentro de sus limitadas y estrictas facultades, consideramos que constituye una consecuencia inherente a aquella definición constitucional que sea competente para valorar y expresar su criterio sobre las razones de oportunidad que -desde el punto de
vista de las funciones de gobierno que le atañen- entienda que son relevantes en el nombramiento que se somete a su consideración' (FJ 4.º).
Luego, 'mutatis mutandis', si el CGPJ puede examinar las razones de oportunidad para el nombramiento del FGE, también podrán examinarse las razones de oportunidad en la propuesta de nombramiento de Magistrados del TC que le incumbe al CGPJ y
al Gobierno.
7 https://elpais.com/espana/2021-10-23/inmaculada-montalban-una-magistrada-pionera-en-aplicar-la-perspectiva-de-genero.html
8 Publicación: Asociación de Historia Actual, Número 56 (Otoño 2021).
A 'fortiori', si tales razones de oportunidad no pueden desvincularse de un mandato como el del artículo 159.5 CE sobre la independencia de dichos magistrados o del artículo 18 LOTC sobre su imparcialidad; o, en otros términos, esa
independencia es un requisito de legalidad constitucional que limita el juicio de oportunidad del Gobierno en los referidos nombramientos.
Esa valoración la puede hacer el propio TC en su verificación de los propuestos ex artículos 2.1.g) y 10.1.i LOTC, así como la jurisdicción contencioso-administrativa. Ya recordaba la citada STS 4985/1994, en relación con el nombramiento
del FGE por el Gobierno, que:
'Otro mandato constitucional que no podemos dejar de tener presente es el del artículo noveno de la Norma Suprema, cuando nos dice que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y que la
Constitución garantiza el principio de legalidad. La unión de estos preceptos con el derecho fundamental reconocido en el artículo 24-1 nos lleva a apreciar la dificultad de principio denegar la tutela judicial, cuando alguna persona legitimada la
solicite, alegando una actuación ilegal del poder ejecutivo.
Reconocido, sin embargo, que nuestro sistema normativo admite la existencia objetiva de unos actos de dirección política del Gobierno en principio inmunes al control jurisdiccional de legalidad, aunque no a otros controles, como son los
derivados de la responsabilidad política o el tratamiento judicial de las indemnizaciones que puedan originar, esto no excluye que la vigencia de los artículos 9 y 24-1 de la Constitución nos obligue a asumir aquel control cuando el legislador haya
definido mediante conceptos judicialmente asequibles los límites o requisitos previos a los que deben sujetarse dichos actos de dirección política, en cuyo supuesto los Tribunales debemos aceptar el examen de las eventuales extralimitaciones o
incumplimiento de los requisitos previos en que el Gobierno hubiera podido incurrir al tomar la decisión' (FJ 1).
En el nombramiento de Magistrados del TC son elementos de legalidad constitucional la independencia y la imparcialidad de aquellos, límite reglado a la discrecionalidad en la decisión del Gobierno. En esta línea se ha insistido
recientemente en el voto particular del Sr. Fonseca-Herrero Raimundo a la STS Sala tercera 1294/2021, de 2 de noviembre, sobre el nombramiento de Da Dolores Delgado García como FGE 9.
Y no se diga que la imparcialidad queda asegurada en todos los casos denunciados de Magistrados políticamente dependientes porque la garantizan los expedientes de abstención y recusación ex artículo 80 LOTC, que remite a las causas
establecidas por la LOPJ (art. 219).
En efecto, los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad sobre leyes aprobadas a iniciativa del Gobierno o del Grupo Parlamentario Socialista y Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común pendientes o por promover son tantos, que lo
que es excepcional (abstención o recusación), es probable que se convierta en lo ordinario en el caso de los dos magistrados nombrados a propuesta del Gobierno. Tal inversión de magnitudes indica la anomalía de la que advierte esta iniciativa.
9 '2.(...) la parte demandante lo centra adecuadamente al plantear qué naturaleza tiene el acto de nombramiento, y comparto su parecer: estamos ante un acto de gobierno, lo que también sostiene la defensa de la codemandada. Esto es así
porque, en lo sustancial, no se ejerce una potestad administrativa, de ahí que el acto impugnado proceda del Gobierno como centro de decisión política diferenciado a estos afectos del Consejo de Ministros como órgano en el que se reúnen los
Ministros y, en fin, esa naturaleza queda confirmada por el trámite parlamentario al que me he referido.
3.Lo dicho no implica que ese acto esté exento de control. [...].
4.2.ºAsí son elementos objetivos -y reglados- del procedimiento que el Gobierno propone al candidato, que se debe oír al Consejo General del Poder Judicial y, ahora, que debe haber una comparecencia ante el Congreso de los Diputados; a lo
que se añade que sea nombrado por el Rey previo juramento o promesa ante él y toma de posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo. Y en lo subjetivo, que debe ser el propuesto un jurista, español y con más de quince años de ejercicio profesional.
3.ºLa exigencia de que sea 'jurista de reconocido prestigio' lleva a un juicio sobre las cualidades profesionales del candidato, lo que exige un juicio no de 'ajustamiento' o constatación de elementos reglados, sino valorativo, como así
prevé el artículo 29. Dos del EOMF. En todo caso, por descender al de autos, no creo que pueda cuestionarse tal requisito a quien es miembro de la Carrera Fiscal con años de experiencia en la misma.
4.ºEn cuanto al juicio de idoneidad, es aún más manifiesto que no se trata de un requisito reglado sino sustancialmente valorativo: es en ese punto en el que la naturaleza política del acto de nombramiento aflora con mayor intensidad, luego
el planteamiento de la demandante fuerza el entendimiento en Derecho de su exigencia para lograr el enjuiciamiento de tal acto y lo hace hasta unos extremos que exceden de lo que es el enjuiciamiento de los elementos reglados tal y como se viene
entendiendo por la jurisprudencia de esta Sala' ( FJ 2.º).
En méritos a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español:
- Expresa su rechazo a la politización del Tribunal Constitucional por el actual Gobierno de España, culminada con la designación como nuevos magistrados de don Juan Carlos Campo Moreno y doña Laura Diez Bueso.
- Insta al Gobierno a detener el asalto ideológico y partidista a todas las instituciones de la Nación, ejecutado sistemáticamente desde la llegada del Sr. Sánchez Pérez-Castejón a la Presidencia del Gobierno, y que se manifiesta en la
colonización de órganos constitucionales, de otros de relevancia constitucional y del sector público empresarial y fundacional, y a actuar para corregir tal comportamiento en orden a la concordia nacional y al respeto del orden jurídico configurado
en la norma fundamental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-José María Sánchez García, Francisco José Contreras Peláez, María Teresa López Álvarez, Carlos José Zambrano García-Raez e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de modificaciones legales que
incluyan expresamente como actos de intolerancia las manifestaciones de discriminación, odio, hostilidad y violencia antisemita, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La lucha contra el racismo y el antisemitismo es una de las prioridades de la UE. En septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó un Plan de Acción contra el racismo, que estableció una serie de medidas para los siguientes cinco años.
Este plan de acción exige una mejor aplicación de la legislación de la UE, una coordinación más estrecha, una actuación policial y una protección justa, una mayor sensibilización y la mejora de la recogida de datos. En octubre de 2021, la Comisión
presentó también una Estrategia de Lucha contra el Antisemitismo y Apoyo a la Vida Judía, que establece un conjunto de medidas enmarcadas en tres pilares: prevención de toda forma de antisemitismo, protección y apoyo a la vida judía, y fomento de
la investigación, la educación y la memoria del Holocausto.
El Consejo de la Unión Europea adoptó el 2 de marzo de 2022 sus Conclusiones relativas a la lucha contra el racismo y el antisemitismo, en las que lamenta el aumento alarmante de los incidentes racistas y antisemitas en los Estados miembros
de la UE e invita a éstos a que desarrollen planes de acción y estrategias antes de finales de 2022, aplicando el Plan de Acción de la UE Antirracismo de 2020 y la Estrategia de la UE de lucha contra el antisemitismo de 2021.
En dichas Conclusiones, se pide a los Estados miembros que garanticen que los coordinadores nacionales, los organismos públicos, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil cooperen estrechamente en el desarrollo de
medidas preventivas y en la evaluación de su eficacia. Además, se pide a los Estados miembros que estudien el desarrollo de una metodología común para cuantificar y calificar los incidentes raciales y antisemitas y compararlos a lo largo del tiempo
y entre los Estados miembros.
También se quiere hacer frente de forma formal y contundente a las situaciones de intolerancia y discriminación que, históricamente sufren las personas de confesión judía, sus comunidades y allegados así como al aumento alarmante de los
incidentes antisemitas en los estados de la Unión Europea o el recrudecimiento de los delitos de odio racistas y antisemitas y la incitación al odio, la negación y distorsión del Holocausto y los mitos conspirativos, acogiendo favorablemente tanto
las iniciativas, en este sentido,
presentadas por la Comisión Europea en su Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-2025 o la creación, por ésta, de una estructura permanente que reúne a los estados miembros, a representantes de las comunidades judías y a las partes
interesadas pertinentes en un grupo de trabajo sobre cómo aplicar la estrategia, así como la organización de un foro anual de la sociedad civil sobre antisemitismo.
La Unión Europea promueve una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad; por consiguiente, en la definición y ejecución de sus políticas y actividades, la Unión
lucha contra toda discriminación cualquiera que sea su motivación, tal como se especifica en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Los Estados miembros se han comprometido a garantizar los derechos y libertades consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales a todas las personas bajo su jurisdicción y a garantizar que los derechos humanos y las libertades fundamentales sean universales, indivisibles, interdependientes y estén relacionados entre si.
El Consejo de la Unión Europea, en sus Conclusiones antes mencionadas, ha lamentado el aumento alarmante de los incidentes racistas y antisemitas en los Estados miembros de la Unión Europea, así como el recrudecimiento de los delitos de odio
racistas y antisemitas y la incitación al odio, la negación y distorsión del Holocausto y los mitos conspirativos, tanto en línea como fuera de línea, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19 así como que el racismo y el antisemitismo
puedan conducir y hayan conducido a formas de extremismo violento y terrorismo.
Ya la Recomendación de política general n.º 9, del Consejo de Europa relativa a la prevención y lucha contra el antisemitismo, aprobada el 25 de junio de 2004 y revisada el 1 de julio de 2021, recordaba la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y hacía incidencia especial sobre el hecho de que el Tribunal sostuvo que cuestionar la existencia de crímenes contra la humanidad cometidos durante el régimen nacionalsocialista era una de las peores formas de difamación racial
y de incitación al odio contra los judíos, y que no podía permitirse que la negación de dichos crímenes contra la humanidad y la justificación de una política pronazi gozaran de la protección brindada por el artículo 10 de la Convención de Derechos
Humanos.
En dicha Recomendación, el Consejo se declara plenamente convencido de que la lucha contra el antisemitismo, al tiempo que requiere medidas que tengan en cuenta sus especificidades, es un componente integrante e intrínseco de la lucha contra
el racismo. Y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa recomienda que los gobiernos de los Estados miembros, entre otras acciones:
- concedan una gran prioridad a la lucha contra el antisemitismo, tomando todas las medidas necesarias para combatir todas sus manifestaciones, con independencia de su origen;
- aseguren que se conceda permanentemente la importancia que corresponde a las medidas adoptadas para luchar contra el antisemitismo entre las acciones encaminadas a combatir el racismo;
-- aseguren que la lucha contra el antisemitismo tenga lugar en todos los niveles administrativos (nacional, regional y local) y faciliten la participación de una amplia gama de agentes de diferentes sectores de la sociedad (político,
jurídico, económico, social, religioso y educativo) en estos esfuerzos;
- promulguen una legislación encaminada a combatir el antisemitismo, teniendo en cuenta las propuestas de la ECRI en su Recomendación n.º 7 de política general sobre la legislación nacional para combatir el racismo y la discriminación
racial.
En la reciente Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación se ha perdido una clara oportunidad, dado el objeto de la ley, para recoger las recomendaciones europeas contemplando expresamente el
antisemitismo y las acciones contra el mismo, a pesar de que dicha mención aparecía en borradores del anteproyecto, si bien se eliminó finalmente del proyecto que se registra en el Congreso de los Diputados.
No obstante, en el Plan normativo de 2022, se contempla la voluntad del Gobierno de aprobar una Ley orgánica contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. El año 2022 finalizó sin que el Gobierno haya
cumplido con las recomendaciones europeas. Teniendo en cuenta lo expuesto, entendemos que es urgente que en dicha ley se recojan expresamente, junto al racismo, aquellos aspectos de la lucha contra el antisemitismo señalados por la Unión Europea
para que sean incluidos en las legislaciones de los estados miembros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer legalmente, de forma expresa e inequívoca, que todos aquellos incidentes, hechos o manifestaciones de odio, discriminación, hostilidad y violencia antisemita son actos de
intolerancia que han de ser rechazados y combatidos, así como las correspondientes consecuencias jurídicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-María Jesús Moro Almaraz, Edurne Uriarte Bengoechea, Isabel María Borrego Cortés y José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al retraso en el proceso de
ratificación para la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Después de que el pasado 24 de febrero de 2022 el presidente de la Federación rusa, Vladimir Putin, iniciara la invasión injustificada e ilegítima en Ucrania violando su independencia e integridad territorial, los desafíos para la estructura
de seguridad europea de los países que forman parte de la OTAN y de otros países aliados como Suecia y Finlandia se han incrementado exponencialmente.
Ante las incesantes violaciones del derecho internacional por parte de Rusia, las sociedades sueca y finlandesa, así como también sus respectivos gobiernos, han percibido su adhesión a la Alianza Atlántica como la mejor forma de reforzar la
defensa colectiva europea y por ende, contribuir al mantenimiento de la paz, la democracia y la seguridad de sus Estados.
Actualmente, estos dos países son los socios más cercanos de la OTAN y además de su plena disposición al ingreso inmediato a la Alianza, cumplen todos los requisitos para convertirse en miembros de pleno derecho, pues son democracias, con
fronteras claras, buenas relaciones de vecindad y con unas fuerzas armadas en sintonía con los Aliados.
Ante la situación de una guerra en Europa y tras la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de este mismo año, Suecia y Finlandia finalmente llegaron a un acuerdo con Turquía en materia de deportaciones y extradiciones de militantes
kurdos perseguidos por el Estado turco. Dicho acuerdo despejó el único gran obstáculo para que ambos países nórdicos se unieran a la Alianza Atlántica, para la cual es necesario el consentimiento unánime de los 30 miembros.
Un proceso de ratificación que para estas fechas debería haberse completado, pero los constantes retrasos por parte de Turquía y Hungría están paralizando la ampliación de la Alianza Atlántica ya acordada.
Tanto Suecia como Finlandia están cumpliendo con todos los compromisos alcanzados en el Acuerdo tripartito con Turquía firmado durante la Cumbre de la OTAN en Madrid. Sin embargo, el gobierno turco liderado por Erdogan condiciona nuevamente
la ratificación de su país para el ingreso de los dos países nórdicos a que la totalidad de los compromisos adquiridos por éstos se hayan implementado antes de las elecciones turcas de junio de 2023.
Por otra parte, Hungría sigue su dilatado proceso parlamentario para dicha ratificación después de haber asegurado el Gobierno húngaro en octubre de 2022 que se daría el visto bueno al trámite para el ingreso de los dos nuevos socios, como
tarde, antes de mediados de diciembre de 2022.
Como ya ha recordado en varias ocasiones el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, tanto Suecia como Finlandia están cumpliendo con los compromisos acordados y por tanto, es la hora de darles la bienvenida como miembros de pleno
derecho de la OTAN ya que la incesante agresión de la Federación rusa en Ucrania y las amenazas de intervención militar por parte del autócrata ruso en las regiones del Báltico y del Ártico no admiten más dilaciones en un proceso de ratificación que
ya debería haberse completado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Exigir a Turquía y Hungría que completen de manera inmediata los trámites legislativos para proceder a la ratificación de Suecia y Finlandia como miembros de la OTAN.
2) Trabajar conjuntamente con los aliados transatlánticos para avanzar sin más contratiempos en el ingreso de Suecia y Finlandia como miembros de pleno derecho en la Alianza Atlántica.
3) Reiterar el compromiso con la OTAN como base de la defensa colectiva de los Estados aliados, poniendo en valor el diálogo y los esfuerzos diplomáticos como principales instrumentos de interlocución entre los socios.
4) Intensificar la Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en aquellos Estados miembros más próximos al conflicto, como Suecia y Finlandia, poniendo en marcha ejercicios militares comunes para una efectiva disuasión colectiva.
5) Apoyar a las tropas españolas que en el marco de la OTAN trabajan por la paz y la seguridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-María Valentina Martínez Ferro, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ayuda militar a Ucrania,
para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 24 de febrero de 2023, se va a cumplir año desde que la Federación de Rusia invadió, injustificada e ilegalmente, la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Desde el inicio de esta terrible invasión hemos sido testigos de
desoladoras, crueles e inhumanas acciones perpetradas por el Ejército ruso en contra de infraestructuras eléctricas, hospitales, guarderías y especialmente contra la población civil.
Sin duda es necesario un nuevo tribunal de Núremberg como el que se puso en marcha al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, es imprescindible que Putin sea derrotado y para ello hay que ayudar militarmente a Ucrania con todas
nuestras posibilidades y de forma coordinada con el resto de nuestros aliados.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenkski, ha solicitado, desde el primer momento que se inició la invasión, ayuda a diversos países, a la Unión Europea y a la OTAN. La mayoría de los países han mostrado un compromiso inquebrantable con
Ucrania, tienen claro que esta guerra sólo se ganará si sumamos esfuerzos entre aliados OTAN y miembros UE. Lamentablemente, las decisiones por parte del Gobierno de España en cuanto al envío de ayuda militar a Ucrania han sido volátiles, se ha
actuado con pasividad, ausentándose de las reuniones clave y esperando a que sean otros quienes tomen decisiones determinantes. De esta forma llegamos siempre tarde y siempre entre los que menos ayuda militar proporcionan.
Lo que hemos visto en estos últimos meses ha sido una sucesión de excusas e informaciones contradictorias, por parte del Gobierno de España, para dar el mínimo apoyo político y militar real a Ucrania. Además, no existe congruencia alguna
entre las declaraciones realizadas por parte de la ministra de Defensa, del ministro de Asuntos Exteriores e incluso, por parte del propio presidente del Gobierno, así, las contradicciones y desmentidos son permanentes.
El pasado verano, el Gobierno ucraniano pidió a España la aportación de los carros de combate Leopard 2A4, ante esta petición, la ministra de Defensa afirmó que se encontraban 'en un estado lamentable y no se podían utilizar'. Meses
después, en enero de 2023, la misma ministra de Defensa informó que España enviará los carros de combate Leopard que se acuerde con los aliados. Sin embargo, una semana antes, el ministro de Asuntos Exteriores declaró, en el Foro Económico Mundial
de Davos (Suiza), que no estaba sobre la mesa enviar carros de combate. Al mismo tiempo los ministros de Podemos se oponían.
Esta ilegal e injustificada invasión por parte de la Federación de Rusia al pueblo ucraniano nos ha dejado claro que no se puede dar por sentada la estabilidad, la democracia y los valores que representamos en conjunto Occidente, en especial
la Unión Europea. No debemos olvidar que el proyecto que hoy representa a 27 países nació de la necesidad de buscar paz y estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial. Los valores democráticos que nos han hecho avanzar como sociedad y vivir en
libertad están siendo amenazados por la Federación de Rusia y debemos actuar cuanto antes apoyando a Ucrania, porque Ucrania representa todos nuestros valores, es por ello por lo que, defender a Ucrania es defender el modelo democrático que nos ha
permitido vivir en paz, seguridad y estabilidad las últimas décadas.
No sería de extrañar que los aliados acordasen nuevos envíos de material. Ante la eventualidad de lo que los aliados puedan acordar, es imprescindible que el Ministerio de Defensa evalúe qué puede ser enviado y ponga a punto los mismos,
para evitar dilaciones como ha sucedido en el caso de los carros de combate que hasta dentro de meses no podrán estar en Ucrania.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Diseñar una estrategia de envíos de nuevo material militar a Ucrania, de acuerdo con los socios de la Organización del Atlántico Norte, Unión Europea y Grupo de Contacto para Ucrania, así como el apoyo técnico y logístico para su
funcionamiento en el menor plazo posible.
b) Rendir cuentas, a través de la ministra de Defensa y del ministro de Asuntos Exteriores, con una periodicidad trimestral, de la situación estado y evolución de la ayuda militar prestada por España a Ucrania y de las conversaciones
políticas que se llevan a cabo entre los aliados sobre la evolución del conflicto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-María Valentina Martínez Ferro, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández y Ricardo Tarno Blanco,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creciente inestabilidad
política y social en Bolivia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado mes de octubre de 2022 se iniciaron en Bolivia una serie de movilizaciones ciudadanas demandando al Gobierno nacional la elaboración de un nuevo Censo de Población y Vivienda para que éste fuera actualizado en 2023.
Posteriormente, los partidos políticos que conforman la oposición al Gobierno de Luis Arce presentaron un proyecto de ley en este sentido en el Parlamento boliviano. Sin embargo, las demandas fueron desatendidas y como respuesta, diferentes grupos
organizaron una serie de movilizaciones, paros y huelgas cívicas.
Las primeras actuaciones del Ejecutivo de Arce ante los paros cívicos han tenido un carácter indudablemente represivo, pues derivó en enfrentamientos entre la Policía boliviana y los manifestantes. Las cifras oficiales constatan al menos
cuatro muertos, más de 187 personas heridas y numerosos detenidos, tras el uso de gases lacrimógenos y disparos de goma por parte de los agentes siguiendo órdenes del Gobierno contra aquellos que han ejercido su derecho a huelga.
La importancia y el fondo del asunto sobre las protestas para la actualización del Censo de Población y Vivienda boliviano implica que de dicho censo no sólo depende la población con derecho a voto, sino también la población con derecho a
recibir ayudas sociales o prestaciones por parte del Estado.
Lejos de una mejoría de la convulsión política que vive el país estos últimos meses, las protestas han continuado y se han recrudecido por la reciente detención del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusado de
'terrorismo' por el caso 'Golpe de Estado I', que juzga la crisis política de 2019, en el que la expresidenta, Jeanine Añez fue sentenciada a 10 años de cárcel y que motivó la salida de Evo Morales de la presidencia del país, tras la pérdida del
apoyo de la Policía y el Ejército en medio de acusaciones de fraude en las últimas elecciones.
El expresidente de centroizquierda, Carlos Mesa, al igual que otros líderes opositores del Gobierno de Arce, han calificado la detención como un 'secuestro', ya que, una vez difundido el vídeo de su arresto, se ha podido observar al líder
opositor siendo detenido de forma violenta, esposado, en el suelo y apuntado directamente con armas de fuego por parte de las autoridades bolivianas.
Tras su detención, el día 3 de enero, Luis Fernando Camacho escribió una carta desde la prisión, dirigida al presidente Arce. En dicha carta se declara preso político y señala que su detención fue violenta e ilegal. Tanto el abogado como
familiares de Camacho han denunciado públicamente la delicada situación de salud que atraviesa el gobernador, declarando que se le ha negado el acceso a medicamentos y que está sufriendo torturas. Tales hechos han provocado que la ONU haya
expresado que 'se debe permitir que la gente exprese sus puntos de vista y protestar pacíficamente', pues ya el pasado 30 de diciembre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció pidiendo a los actores políticos y sociales a
actuar con mesura y abogar por el debido proceso para el gobernador.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también se ha pronunciado al respecto. Ha pedido al Gobierno de Arce que se abstenga del uso excesivo de la fuerza contra la oposición. También lo ha hecho la Defensoría del Pueblo de Bolivia,
que se ha pronunciado para instar a 'evitar actos de intolerancia que deriven en la confrontación y afecte la seguridad y la convivencia pacífica' de los bolivianos.
Este 2023 se cumple el 75.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por ello, es fundamental recordar la importancia de su artículo 20, el cual establece que 'Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión
pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico'.
Es por ello por lo que, en noviembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Gobierno de Bolivia a garantizar el derecho de manifestación en Santa Cruz y ahora, en enero de 2023 la CIDH ha solicitado al
Gobierno boliviano información sobre la detención del gobernador de Santa Cruz y dirigente opositor, Luis Fernando Camacho, pidiendo una respuesta oficial por escrito en un plazo de diez días.
Cabe recordar que, el pasado miércoles 11 de enero de 2023, el portavoz de la UE explicó que la diplomacia europea sigue de cerca el encarcelamiento de Camacho e instó a las autoridades bolivianas a 'evitar cualquier paso o acción que pueda
conducir a una escalada o violencia [...] por lo que se espera que se respete el Estado de Derecho y los procedimientos judiciales en curso o futuros'.
América Latina es una región hermana y una prioridad en la Acción Exterior de nuestro país, así lo ha manifestado en muchas ocasiones el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El Gobierno de España no puede permanecer inmóvil
ante el deterioro democrático que vive Bolivia ya que sigue los pasos de los regímenes más autoritarios de la región, como Cuba, Venezuela o Nicaragua. España es promotor y defensor de los Derechos Humanos, por ello, y ante la importancia que
representa la región en la política exterior española, el Ministerio de Asuntos Exteriores debe ser activo en esta materia y pronunciarse al respecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Condenar la arbitraria detención del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llevada a cabo por el Gobierno de Bolivia el pasado 28 de diciembre de 2022.
2) Condenar la represión de las autoridades bolivianas contra los ciudadanos que libre y cívicamente se han movilizado exigiendo la actualización del Censo de Población y Vivienda en 2023 y expresar la preocupación de España por la deriva
represiva y autoritaria del actual Gobierno de Bolivia.
3) Pronunciarse públicamente sobre los hechos ocurridos en Bolivia, relacionados con las manifestaciones que han tenido lugar desde el pasado mes de noviembre de 2022, condenando la represión policial hacia los manifestantes e instando a las
autoridades de Bolivia a que sea el diálogo y el consenso la única vía de resolución de conflictos.
4) Instar al Gobierno boliviano a respetar y cumplir con el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que garantiza el derecho de manifestación.
5) Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un seguimiento exhaustivo de los recientes acontecimientos políticos y sociales ocurridos en Bolivia para garantizar la protección de los Derechos Humanos a todos los ciudadanos.
6) Iniciar los contactos diplomáticos correspondientes para apelar, ante las autoridades judiciales competentes, la excarcelación del líder opositor, Luis Fernando Camacho, ante las escasas garantías judiciales que han precedido su arresto
preventivo, así como proveer al gobernador de la adecuada asistencia médica y legal.
7) Condenar toda forma de violencia y brutalidad policial con la que se reprimen las manifestaciones en las que los bolivianos muestran su indignación ante la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
8) Reiterar el compromiso de España con la defensa de la libertad de expresión, de pensamiento y de opinión de todas las personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-María Valentina Martínez Ferro, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Belén Hoyo Juliá, Juan José Matarí Sáez y José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/004758
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa a la persecución a opositores del régimen de Guinea Ecuatorial, sea debatida ante la Comisión de Interior en lugar de ante la Comisión de Asuntos Exteriores.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo a las Comisiones de Interior y de Asuntos Exteriores, al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 571, de 14 de febrero de 2023.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la mejora de la seguridad vial en la N-640 en Caldas de Reis, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La calle José Salgado (N-640) es uno de los principales accesos a Caldas, una calle urbana en la que se encuentran equipamientos educativos como el Alfonso VII y también la calle por la que tienen que acceder a diario los estudiantes del IES
Aquis Celenis, además de equipamientos deportivos como la Piscina Municipal Antía García Silva y el Pabellón Municipal de deportes.
Es una calle con una elevadísima densidad de tráfico que circula a velocidades muy poco adecuadas y que generan constantes situaciones de peligro, especialmente grave en el caso de los numerosísimos vehículos pesados (camiones de gran
tonelaje).
Además, en esta calle algunas de las aceras son demasiado estrechas, impidiendo que circulen por ellas personas con carritos de bebé o sillas de ruedas. Recordemos que, por el entorno en que se sitúa, es muy habitual que transiten por ese
tramo madres y padres con sillas de bebé acompañando a sus hermanos y hermanas mayores al centro escolar el acceso, el CPI Alfonso VI, o para acudir a las actividades a la Piscina Municipal.
Por todo ello, el BNG recogiendo las demandas planteadas por distintos colectivos, sobre todo de las asociaciones de padres y madres del alumnado, reclama la reforma integral de la calle José Salgado que debe incluir tanto la mejora de la
seguridad vial con la instalación de reductores físicos de la velocidad y medidas para el calmado del tráfico, así como la optimización de la iluminación pública y el ensanchamiento
de las aceras. En definitiva, es necesario acometer la urbanización y humanización de la zona, logrando con ello un espacio público de calidad y habitable para los vecinos, vecinas y todas las personas usuarias.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a acometer, a la mayor brevedad, una reforma integral de la calle José Salgado en Caldas de Reis -tramo urbano de la N-640- que incluya tanto la mejora de la seguridad vial con la
instalación de reductores físicos de la velocidad y medidas para el calmado del tráfico, así como la mejora de la iluminación pública y el ensanchamiento de las aceras, dando así cumplimiento a las a las reiteradas demandas de los vecinos,
colectivos y asociaciones del concello.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a un programa de cooperación
territorial para reforzar las ayudas de las Comunidades Autónomas en el ámbito educativo (comedores escolares, libros de texto, transporte escolar en el ámbito rural, etc.), para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
España hoy es más pobre que en el año 2018 y un país más endeudado que cuando llegó al Gobierno Pedro Sánchez. Un gobierno que, a pesar de sus cheques, no está protegiendo a los ciudadanos porque la desigualdad en España se ha disparado.
Son 13 millones de españoles los que viven en riesgo de pobreza y más de cuatro millones viven en situación de carencia material severa.
El Partido Popular ya ha denunciado que tampoco se está protegiendo a los ciudadanos cuando se observa de forma impasible lo que está ocurriendo con la pérdida de poder adquisitivo de las rentas medias y bajas y en la cesta de la compra más
alta de la UE, con un crecimiento de más del 15 % de los precios en los últimos meses. Las últimas medidas del tercer decreto denominado anticrisis vienen a demostrar que el Gobierno vuelve a estar desbordado. Sánchez ha llegado tarde a todas las
medidas. Los grandes anuncios de los planes anticrisis han sido una copia de las propuestas del PP; eso sí, una copia incompleta y tardía.
Lo mismo sucede en el ámbito educativo, ante el incremento de este curso escolar de más de 400 euros por alumno. Educo.org ya advirtió que del incremento de esa cantidad el comedor escolar supone más de la mitad del gasto (55 %) de las
familias, y el mayor coste de todas las partidas. Unas cifras que calificó como inasumibles para los hogares más vulnerables. En España hay 2,7 millones de niños que sufren pobreza, y solo 1 de cada 10 menores de edad tiene acceso a la beca
comedor. Por ello, incrementar las ayudas a las becas comedor es un objetivo inaplazable.
Por su parte, 'Save the Children' reclamó al Ministerio de Educación y Formación Profesional y a las administraciones educativas que estableciesen un umbral de renta común para acceder a las ayudas de comedor gratuita para cada niño en
situación de pobreza.
En el ámbito educativo el Gobierno ha incrementado entre otras partidas, de manera insuficiente y tardía, las ayudas a los libros de texto en 10 millones de euros o la cuantía complementaria de 100 euros por cuatro meses (septiembre a
diciembre) a los becarios mayores de 16 años de la convocatoria del curso 2022/2023.
Sin embargo, el Gobierno va a recaudar, entre más impuestos y más cotizaciones a la Seguridad Social, entorno a 50.000 millones de euros más que el año pasado y, lamentablemente, la mayoría de los colectivos vulnerables siguen sin ayuda o
con ayudas absolutamente testimoniales. El Gobierno sigue
negándose a rebajar el IRPF a las rentas más modestas y a las rentas medias con la inflación subyacente por encima de la media de la UE, con la mayor inflación subyacente, por encima de la media de la UE y con la mayor inflación de los
últimos dos años en el torno al 13 %.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, con el acuerdo de las Comunidades Autónomas, un programa cofinanciado de cooperación territorial para reforzar las ayudas en el ámbito educativo (comedores escolares, libros y
material escolar, transporte escolar en el ámbito rural, etc.), con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-Óscar Clavell López, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a fomentar el empleo privado,
para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El pasado 26 de enero de 2023 conocimos los datos de la encuesta de población activa que trimestralmente publica el INE. Los datos confirmaban los peores presagios, contradiciendo tajantemente el discurso triunfalista del Gobierno.
Los datos evidencian un frenazo en la economía y el fracaso de las políticas laborales del Gobierno. El último trimestre del año cerró con 43.800 personas más en paro, 81.900 empleos destruidos, 34.700 autónomos menos (el último año se han
perdido 111.200 trabajadores por cuenta propia), el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se ha incrementado en 70.100 superando el millón (1.047.500), tenemos una tasa de paro juvenil cercana al 30 % (29,3 %), y casi la mitad de
los parados son de larga duración (42,42 %), lo que supone que hay 1.282.800 parados en esta situación.
El discurso del Gobierno no encaja con la realidad de los datos. Es cierto que, 2022 cerró con 278.900 ocupados más y 79.900 parados menos en términos anuales, pero el Gobierno no advierte de la evidente ralentización en la creación de
empleo y omite que el año anterior -2021- cerró con 616.000 parados menos y 840.600 ocupados más, la diferencia es clara. Además, el incremento de ocupación no se debe a la creación de más y mejor empleo, sino a la partición de la jornada de
trabajo. El empleo a tiempo completo descendió en 241.500 personas (4T2022), y aumentó en 159.900 personas el empleo a tiempo parcial. La realidad es que hoy una jornada de trabajo se divide entre dos o más personas con lo que aumenta
estadísticamente el número de ocupados, pero no las horas de ocupación. Los datos de la EPA ratifican que en 2022, se trabajaron -teniendo en cuenta todos los ocupados- 9.764 horas efectivas semanales menos que en 2019, antes de la pandemia (EPA 4T
20022 vs 4T 2019).
Las poco efectivas políticas laborales del Gobierno se observan también en la modalidad del empleo creado. El cuarto trimestre del 2022 se han creado 20.000 puestos de trabajo en el sector público, pero se han destruido 101.900 en el sector
privado. Desde el cuarto trimestre de 2019 (antes de la pandemia) el empleo se ha incrementado en 249.300 personas en el sector privado y en 272.900 en el público. Que tengamos un Gobierno que sólo esté capacitado para crear empleo público no es
cuestión baladí. El empleo público es de gran relevancia en nuestro país, no renegamos de su importancia y del papel fundamental que ejerce, sin embargo, esta circunstancia no debería de ir reñida con igual reconocimiento hacia el empleo privado.
No podemos olvidar que el sector privado tiene un rol fundamental, imprescindible e irreemplazable: genera riqueza, genera empleo, potencia el crecimiento económico, atrae inversión etc. El apoyo al sector privado debería de estar también
entre las prioridades del Gobierno, si bien, en los últimos tiempos, las dificultades que ha venido padeciendo el sector; la pandemia y sus efectos económicos, el incremento de impuestos, la subida de la luz, la gasolina, la elevada inflación, el
incremento de las cotizaciones sociales, la falta de liquidez, entre otros factores, ha derivado en que cada vez desaparezcan más empresas. Tenemos 79.000 empresas menos desde junio de 2018 -la mayoría pymes que no pueden hacer frente a la subida
de costes y según la EPA el último año se han perdido 111.200 autónomos.
El estancamiento en la creación de empleo privado es una realidad a la que hay que hacer frente. La cada vez más rígida política laboral impuesta por el Gobierno así como las medidas improvisadas y confusas a las que ya nos vamos
acostumbrando, están deteriorando gravemente el mercado de trabajo. Políticas que generan incertidumbre e inseguridad jurídica, desincentivan la contratación, ahuyentan inversiones y destruyen puestos de trabajo.
Desde el Partido Popular apostamos por el empleo. Por el empleo público necesario para una sostenibilidad eficiente y efectiva del Estado y también por el empleo privado que crea riqueza, puestos de trabajo y crecimiento económico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, en el seno del diálogo social y en consenso con las organizaciones implicadas, las medidas oportunas para -sin renegar de la importancia y papel fundamental que ejerce el empleo
público- fomentar el empleo privado:
- Reconocer el rol fundamental, imprescindible e irreemplazable del sector privado como generador de empleo, riqueza y potenciador del crecimiento económico.
- Valorar las causas por las que el año 2022 ha cerrado con 111.200 autónomos menos, como puede ser, entre otras, que los gastos de producción sean mayores que los ingresos, y aprobar medidas eficaces que realmente ayuden a los trabajadores
por cuenta propia a afrontar la situación.
- Renunciar a la rigidez laboral destructora de empleos y retomar a la flexiseguridad, llegando a un equilibrio donde confluyan:
? la flexibilidad para las empresas y trabajadores para poder adaptarse a los cambios del mercado y,
? la seguridad para el trabajador, apostando por el empleo estable, la posibilidad de progresar en sus carreras profesionales, formación y posibilidad de recualificación y recibir apoyo de los sistemas de seguridad social durante los
periodos de inactividad.
- Estudiar medidas eficaces de fomento a la contratación, priorizando la contratación de los colectivos más vulnerables como son: los parados de larga duración, mayores de 45 años o jóvenes, entre otros colectivos.
Aprobar cualesquiera otras medidas orientadas a fomentar el empleo estable y de calidad en el sector privado y potenciar la contratación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2023.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Mario Garcés Sanagustín y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar y financiar los
itinerarios individualizados de inclusión social derivados del Ingreso Mínimo Vital de forma transparente y equitativa entre todas las Comunidades Autónomas, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Real Decreto 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, hoy Ley 19/2021, de 20 de diciembre, crea la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital, dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión
social de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Como recoge la Exposición de motivos de la norma, esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida
social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo o social de los individuos.
La prestación no se concibe pues como un fin en sí misma, sino como la herramienta para facilitar la transición de estas personas desde la exclusión social hacia la plena inclusión en la sociedad, especialmente a través del empleo y la
formación.
Para ello, el Partido Popular -que apoyó la puesta en marcha de esta prestación- ha entendido siempre como fundamental el desarrollo y puesta en marcha de Estrategias de Inclusión, a través de itinerarios de inclusión sociolaboral
individualizados y personalizados, pues son muy diferentes las causas o circunstancias que pueden llevar a una persona a encontrarse en situación de riesgo, vulnerabilidad o exclusión. Así lo hemos ido poniendo de manifiesto a través de distintas
iniciativas parlamentarias.
Por ello, más allá de la obligación establecida para los beneficiarios del ingreso mínimo vital en el artículo 36.1.i) de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, de participar en las estrategias de inclusión que establezca el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entendemos dichos itinerarios como la mejor oportunidad para todas aquellas personas de abandonar la situación de exclusión en la que viven y conseguir su plena inclusión en la sociedad, objetivo y fin
principal de la prestación del ingreso mínimo vital.
Sin embargo, transcurridos ya más de dos años desde la aprobación y puesta en marcha de la prestación del ingreso mínimo vital, esto no es así. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, existen unos 1,2 millones de beneficiarios del ingreso mínimo vital en España, personas a las que, a pesar de estar así contemplado en la Ley, no se les ofrece de manera simultánea a la concesión de la prestación, la posibilidad de
participar en un itinerario de inclusión, adaptado a sus circunstancias y necesidades.
En su lugar, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha optado por la puesta en marcha de proyectos piloto para el desarrollo de itinerarios de inclusión social, a desarrollar por Comunidades Autónomas, Entidades Locales y
entidades del Tercer Sector de Acción social, como medida contemplada en el Componente C23.17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 'Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al
IMV', con un presupuesto de 298 millones de euros para el periodo 2021-2023.
Para la ejecución de los referidos fondos europeos destinados a políticas de inclusión, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha optado por la fórmula de concesión de subvención directa, recogidas en los Reales Decretos
938/2021, de 26 de octubre y 378/2022, de 17 de mayo, por importes respectivos de 109.787.404 euros y 102.306.066 euros.
La justificación para recurrir al procedimiento de subvención directa (artículos 1.2 de dichos Reales Decretos) es atender al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias que afectan a las personas en situación o
riesgo de pobreza o exclusión social, agravadas en las actuales circunstancias derivadas de la pandemia provocada por la COVID-19, y dado que concurren razones de interés público, económico y social que determinan la improcedencia de su convocatoria
pública.
Pero, atendiendo al reparto de los fondos efectuados por el Gobierno, éste parece entender que las circunstancias derivadas de la COVID-19 o aquellas que afectan a las personas en riesgo de exclusión o en situación de pobreza, no han
afectado a toda España.
Y ello es así por cuanto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha hecho un reparto de los fondos europeos provenientes del PTRR que excluye a un importante número de ciudadanos españoles, beneficiarios del ingreso mínimo
vital o en situación de vulnerabilidad o exclusión, estableciendo una clara discriminación y llevándolo a cabo, además, con opacidad y falta de transparencia.
En ninguno de los dos Reales Decretos se publican los proyectos que se financian, únicamente las entidades financiadas y los fondos que reciben. Además, tanto la fórmula de reparto utilizada -subvención directa- como el resultado de la
distribución de los fondos, contrastan con el proceder habitual para transferir fondos a las Comunidades Autónomas para programas dirigidos a colectivos vulnerables, que se efectúa a través de Conferencia Sectorial, donde se fijan de manera
consensuada y transparentes los criterios de reparto.
Al no hacerlo así, el resultado ha sido una distribución desigual de los fondos europeos destinados a políticas de inclusión para personas vulnerables, en el que llama la atención la diferencia existente entre las cantidades recibidas o,
incluso, que haya Comunidades Autónomas que no hayan recibido nada, a pesar de que en las mismas vivan personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, siendo por tanto, perjudicadas directamente, al quedar excluidas de poder participar en
itinerarios e inclusión que les den la oportunidad de transitar hacia la plena inclusión social y laboral.
Todo ello se une al fracaso del propio ingreso mínimo vital, 461.788 prestaciones concedidas hasta mayo de 2022, lo que suponen la mitad de lo previsto por el Gobierno más de dos años después de la puesta en funcionamiento del mismo.
Como hemos indicado en anteriores párrafos, se ha superado el millón de beneficiarios (1.176.187) pero queda muy lejos de los 2.300.000 que prometieron, lo que implica únicamente un 51 %.
Es más, únicamente el 13,35 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia de esta prestación, y solo una de cada cuatro solicitudes del ingreso mínimo vital son aprobadas (24,30 %).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar y ofrecer a los perceptores del ingreso mínimo vital de cualquier Comunidad Autónoma, itinerarios individualizados de inclusión social, evitando cualquier tipo de discriminación entre los ciudadanos en función de su lugar de
residencia.
2. Publicar los criterios de reparto y distribución entre Comunidades Autónomas y Entidades Locales de los fondos europeos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia asignados a través del sistema de subvención directa
contemplados en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre y Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, así como los proyectos dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social que se han financiado.
3. Realizar, con criterios transparentes, equitativos, y siempre previamente consensuados en el seno de la Conferencia Sectorial correspondiente, cualquier distribución entre Comunidades Autónomas de los referidos fondos europeos o
cualesquiera otros fondos públicos que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tenga previsto efectuar para políticas dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2023.-María Teresa Angulo Romero, Alicia García Rodríguez, Margarita Prohens Rigo y Marta González Vázquez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004706
Mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2023 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Republicano la Proposición no de Ley relativa a mejorar la seguridad viaria, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 564, de
2 de febrero de 2023.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2023.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/004797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la creación de un parque empresarial en el Concello de Santiso, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El Concello de Santiso, de la comarca Terra de Melide en la provincia de A Coruña, se sitúa en la zona central de Galiza, limitando con Lugo y Pontevedra. Ubicación que le confiere una posición estratégica inigualable, que ahora se verá
mejorada cuando entre en funcionamiento de forma completa la autovía Santiago-Lugo. Con esta nueva vía de comunicación se incrementará la potencialidad del concello para la implantación de actividades industriales y empresariales.
En el Plan General de Ordenación Municipal, PGOM, aprobado definitivamente en noviembre de 2014, se reserva para suelo industrial terreno suficiente para permitir el desarrollo de nuevas actividades empresariales en la comarca. Este sector
de suelo urbanizable industrial se ubica en las cercanías del enlace entre la futura autovía Santiago-Lugo y la carretera DP-4603, una ubicación inmejorable para dotar a un futuro parque empresarial de buenas comunicaciones. Esta zona tendría
buenas condiciones de accesibilidad y conectividad con el sistema general viario y podría dar servicio a iniciativas empresariales e industriales de toda la comarca.
La zona reservada a suelo industrial está conformada por 46 parcelas con una superficie media de 5.600 m2, con condiciones de pendiente favorables, escasas capacidades productivas y una superficie total de 258.831 m2 constituyendo, por lo
tanto, un polígono industrial de tamaño medio, cuyo desarrollo podría generar riqueza y dinamismo económico para el Concello de Santiso y el conjunto de la comarca.
Para lograr que este proyecto sea una realidad el Concello de Santiso reclama la implicación del Gobierno del Estado, bien directamente a través de los distintos Ministerios con competencias en esta materia, especialmente el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, a través de ayudas y convenios de colaboración para lograr la urbanización del polígono y la construcción. O bien a través del instrumento creado para este fin como es la empresa Suelo Empresarial del Atlántico, S.L.
SME una sociedad participada en un 83,44 % por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de Sepes, constituida como un instrumento de iniciativa pública para la creación de Parques Empresariales en Galiza y con ello impulsar
el desarrollo económico y social, generar riqueza y generar empleo.
En definitiva, existen los mecanismos adecuados y las condiciones idóneas para apostar por un necesario proyecto de promoción de suelo industrial en la que es imprescindible la implicación de la Administración General del Estado.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a realizar las gestiones precisas para la promoción de la actividad industrial en Santiso creando un nuevo parque empresarial en los terrenos destinados a suelo urbanizable
industrial que cuenta con una situación inmejorable, próxima a la futura autovía Lugo-Santiago, así como por las necesidades existentes en la comarca de incrementar el suelo empresarial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Diputado.- Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para la descarbonización
del sector aéreo, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La industria de la aviación tiene un carácter transversal y estratégico para el desarrollo económico de España. Su actividad incide tanto en sectores tractores de la economía como el turismo, facilitando la entrada de viajeros, como
favoreciendo la interacción social y la interconexión cultural entre los distintos países.
Desde hace décadas, la industria aeronáutica está realizando un importante esfuerzo inversor en I+D+i para introducir mejoras en los aviones, utilizar materiales más eficientes, más ligeros, y desarrollar motores que reduzcan el consumo de
combustible (y por tanto las emisiones de CO2) y sean más silenciosos para que el impacto sobre el entorno sea lo más reducido posible.
La descarbonización, al igual que para el conjunto de la industria, supone uno de los grandes desafíos para la aviación. El sector está comprometido con el objetivo de lograr las emisiones netas cero para 2050 y emisiones netas de CO2 en
vuelos europeos de un 55 % para el 2030.
Este compromiso está plasmado en la hoja de ruta para la descarbonización, (LTAG OACI) y contempla tres líneas de actuación. En primer lugar, desarrollando mejoras tecnológicas en aviones y motores, incluyendo la propulsión híbrida,
eléctrica y la utilización de hidrógeno. En segundo lugar, mediante la utilización de combustibles sostenibles de aviación (SAF) y en tercer lugar a través de la optimización de la gestión del tráfico aéreo.
La industria de la aviación es consciente de que el avión propulsado por hidrógeno es el gran objetivo a conseguir para lograr emisiones cero en CO2. Además de intensificar el desarrollo de aviones comerciales impulsados por hidrógeno, es
imprescindible movilizar un importante volumen de inversión para crear todas las infraestructuras para su distribución, ya que las actuales para combustibles fósiles no son compatibles.
Mientras la colaboración público-privada avanza en este tipo de desarrollos, el SAF es la medida más efectiva para lograr una reducción significativa de las emisiones de CO2 a corto y medio plazo, hasta en un 80 % si se compara con los
combustibles fósiles actuales.
España cuenta con un potencial destacado para la fabricación de SAF, tanto de origen de biomasa, como sintético. Para este segundo, se requiere la captura de CO2 y la utilización de energías renovables.
El sector cuenta con aviones preparados y certificados para volar con un 50 % de SAF, habiéndose testado en 2022 la utilización de un 100 % de SAF en vuelos de prueba en distintos aviones y helicópteros.
Para avanzar en su utilización, es imprescindible que se lleven a cabo inversiones en plantas para la producción de SAF, afectadas por la regulación 'ReFuel EU Aviation', perteneciente al paquete regulatorio 'Fit for 55', que plantea
objetivos mínimos de suministro de SAF a lo largo de distintos años, entre el 2025 y el 2050.
Esta regulación es la que garantizará la seguridad jurídica que necesitan los productores de SAF para acometer sus inversiones con garantías de éxito. Los porcentajes propuestos establecen un 2 % en 2025 y pueden llegar al 80 % en el 2050,
si bien sería necesario incrementados, incluso más rápidamente, puesto que solamente mediante la escalación en la producción se podrán conseguir precios más competitivos del SAF y se garantizará su viabilidad.
Para las aerolíneas, el coste del combustible es un elemento clave para su rentabilidad y el alto precio del SAF, que en sus primeros años podría ser superior entre tres y cinco veces en comparación con el queroseno, desincentiva su uso.
Por todo lo expuesto, a fin de promover y fomentar la producción y consumo del SAF como medida necesaria para lograr los objetivos de descarbonización del sector aéreo, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la Aprobación de la Regulación ReFuel, empezando por un 2 % el porcentaje mínimo de uso del SAF en 2025, e incrementar hasta un 10 % en 2030 (en lugar de la propuesta del 5 %) y llegar hasta un 20 % en 2035, alcanzando el 65-70
% en 2050.
2. Apoyar el consumo del SAF, incluyendo las inversiones en plantas de producción de SAF/H2 como subvencionables a través del Plan de Recuperación y Resiliencia, y estableciendo ayudas específicas a los consumidores de SAF.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2023.-Guillermo Mariscal Anaya, Tristana María Moraleja Gómez y José Alberto Herrero Bono, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/004845
La Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre el Pacto Industrial Verde Europeo.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Pacto Industrial Verde
Europeo para su debate en Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La reciente Comunicación de la Comisión Europea sobre el Pacto Verde Industrial Europeo, enmarcada en la era de las Emisiones Cero, puso encima de la mesa algunos datos cruciales para el futuro de la industria europea y, por ende, española.
Por ejemplo:
- De aquí al año 2050, 2 de cada 3 empleos que se creen estarán relacionados con la innovación, el desarrollo y la producción de las tecnologías verdes en un entorno de máxima descarbonizacion, circularidad y cero emisiones.
- De aquí al 2030, según la Agencia Internacional de la Energía, el mercado de producción en masa de las tecnologías de energía limpia será de 600.000 millones de euros y los empleos en la industria limpia doblarán los existentes en el año
2022.
La Unión Europea se encuentra en una carrera, tanto con Estados Unidos como con China, por la innovación y el pleno desarrollo del potencial de la industria relacionada con las nuevas tecnologías y las energías anticontaminantes. Más aún,
el Mercado Único de la Unión Europea, que ha permitido capear la crisis tras la pandemia y la guerra de Ucrania provocada por Rusia, se encuentra ante una agresiva política de subsidios que ponen en peligro la localización en territorio europeo de
las inversiones necesarias.
La Comisión Europea, ha realizado una comunicación proponiendo un Pacto Verde Industrial en el marco del Pacto Verde Europeo, con el objetivo de establecer un marco de apoyo para un masivo desarrollo tecnológico de producción e instalación
de procesos industriales de cero emisiones y energías limpias.
Ese pacto se basa en un entorno regulatorio simplificado y creíble, una financiación suficiente y pone el acento en la formación de nuevas capacidades y la creación de cadenas de aprovisionamiento resilientes.
También se basa en una legislación específica para materias primas críticas, que favorezca el reciclaje y la extracción en suelo europeo de aquellas materias necesarias para el sostenimiento de las nuevas tecnologías.
Para enfrentarse a una competencia extracomunitaria fuertemente subvencionada, por ejemplo, en materia de baterías eléctricas, se potenciará la regulación sobre ecodiseño y producción sostenible.
En cuanto al desarrollo de energías limpias, nada se puede hacer en territorio comunitario sin la finalización de unas redes energéticas transeuropeas que precisan contar con una financiación específica y un Marco regulatorio propio de
obligado cumplimiento.
Aparte de este nuevo Marco regulatorio, es necesario hacer un esfuerzo financiero para que las inversiones imprescindibles en el desarrollo de las tecnologías limpias industriales, no se deslocalicen hacia otras zonas económicas, con
particular mención hacia el Inflation Reduction Act (IRA) de Estados Unidos.
Resulta crucial además, que en el caso de España se ejecuten urgentemente los fondos comprometidos en los PERTEs industriales, cuyo bajo índice de ejecución empieza a ser preocupante tanto para los agentes económicos y sociales españoles
como para las autoridades comunitarias.
También, la olvidada financiación plurianual a siete años de la Unión Europea, cuyos niveles de compromiso y ejecución en España son prácticamente inexistentes, serán objeto de una reprogramación orientada hacia estos nuevos objetivos
limpios en la revisión del Marco financiero plurianual de la Unión Europea, a realizar a finales del 2023.
Por otro lado, no será posible cubrir la totalidad de la amplia oferta de nuevos empleos de alta cualificación, sin avanzar en las políticas nacionales y europeas de formación y educación. Hay que resaltar que en el año 2025 será necesario
cubrir 800.000 nuevos empleos, mediante la atracción de talento procedente de otras zonas económicas.
La Agenda Europea de Capacidades, firmada por más de 1.000 agentes económicos y sociales hasta ahora, tiene como objetivo formar 6 millones de trabajadores cualificados para cubrir estos nuevos empleos de aquí al 2030. De hecho, el año 2023
ha sido declarado año europeo de las capacidades.
Por último, este pacto verde industrial europeo no podrá realizarse sin la cooperación global y el fomento del libre comercio en aquellos productos necesarios para la industria limpia. Aparte de una llamada a un papel más activo de la OMC,
se propone reforzar la red de acuerdos de libre comercio como enfoque multilateral que asegure la cadena de aprovisionamiento en materias primas estratégicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar una respuesta concreta a la Comunicación de la Comisión Europea sobre el Pacto Verde Industrial Europeo. En particular, los ministerios implicados -singularmente, el de Industria- deberán actuar en favor del máximo
aprovechamiento de los recursos financieros comunitarios y una mejora del Marco regulatorio y la simplificación administrativa.
2. Aclarar, dentro de este máximo aprovechamiento de los recursos financieros comunitarios, cómo el ministerio de Industria va a seguir las recomendaciones de la Guía sobre Planes de Recuperación y Resiliencia recientemente publicados por
la Comisión Europea y en particular, respecto al bajísimo nivel de ejecución de los PERTEs industriales.
3. Informar sobre cómo está aplicando España el Marco regulatorio para baterías eléctricas y qué previsiones tiene el gobierno sobre la futura capacidad instalada en gigavatios derivada de los grandes proyectos anunciados en España.
4. Definir la posición de España ante la regulación comunitaria sobre materias primas críticas (Critical Material Act) y, en particular, sobre los planes para obtener dichas materias primas a través del reciclaje y también del
aprovechamiento de nuestros recursos mineros al igual que hacen países tan concienciados medioambientalmente como Suecia.
5. Comprometerse de manera clara con el cumplimiento de las necesidades de formación expresadas en la Agenda Europea de Capacidades y con la realización de una evaluación sobre el impacto en nuestro mercado de trabajo de la creación de un
importante volumen de empleos relacionados con la economía verde.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2023.-Guillermo Mariscal Anaya, Tristana María Moraleja Gómez, Percival Manglano Albacar, Jesús Postigo Quintana, Mario Cortés Carballo, José Alberto Herrero Bono y Belén Hoyo Juliá,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la mejora de la vida las
personas con discapacidad y sus familias en el entorno rural, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Los últimos datos publicados el pasado 16 de septiembre de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2020) del Instituto Nacional de Estadística (INE) presentan una primera aproximación demográfica de
las personas con discapacidad en el Medio Rural en España.
En esta Encuesta realizada en colaboración con el Observatorio Estatal de la Discapacidad, se presentan los datos demográficos de la población con discapacidad residente en el Medio Rural, (entendiéndose por rurales, aquellos municipios
menores de 10.000 habitantes), de manera comparada con los datos de las poblaciones urbanas (denominadas como Zonas Urbanas, y que contemplan municipios de más de 50.000 habitantes) y las poblaciones intermedias (denominadas como Zonas Intermedias y
que contemplan municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes).
Un total de 951.862 personas residentes en el Medio Rural tienen algún tipo de discapacidad, esto supone el 22 % del total de las personas con discapacidad, de las cuales el 55 % son mujeres.
Por otra parte, se observa un mayor envejecimiento en la zona rural que en la urbana. Así, mientras que en el Medio Rural el 37 % de las personas con discapacidad tiene más de 80 años, en las zonas urbanas este porcentaje es del 32 %.
Estos datos llevan a la conclusión de que la población con discapacidad que reside en el medio rural tiene un perfil sensiblemente más envejecido y feminizado que la que reside en entornos urbanos.
En relación con el tipo de discapacidad, las personas con discapacidad residentes en el ámbito rural, en términos relativos, presentan mayor dificultad en las actividades relacionadas con la movilidad (54 %), la vida doméstica (49 %) y el
autocuidado (33 %).
Teniendo en cuenta la importancia de mantener la población en los pueblos, y tal y como se reconoce en la actual Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, que advierte que 'las personas con discapacidad se siguen enfrentando a
mayores desafíos en las zonas rurales [...], y que estas dificultades se relacionan y se retroalimentación con los fenómenos de despoblación, precariedad laboral, escasez de servicios y aislamiento', deben por tanto impulsarse y mejorarse las
acciones que al efecto se realizan por las distintas Administraciones Públicas en sus respectivas competencias, máxime cuando la referida Estrategia reconoce la ruralidad como un factor multiplicador de las barreras que afrontan.
Por tanto, asumiendo el Objetivo 6 del Eje 3 de dicha Estrategia que es se basa en mejorar la respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad que viven en zonas rurales, incluidas las zonas de transición justa, para el acceso y
disfrute de sus derechos y los servicios básicos de salud, servicios sociales, comunicación y transporte.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar un Estudio específico sobre las demandas, necesidades sociales, apoyos y recursos para mejorar el bienestar de las familias con personas con discapacidad que residen en un entorno rural.
- Con base en el citado Estudio, una vez elaborado su diagnóstico y propuestas de actuación, establecer un cronograma de desarrollo y planificación con las Administraciones competentes en la materia, que lleve financiación adecuada y
suficiente para su puesta en funcionamiento.
- Promover servicios de proximidad centrados en las personas, vinculados con los servicios de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contemple intervenciones de carácter ambulatorio en zonas con grandes
limitaciones de infraestructuras.
- Impulsar medidas específicas destinadas a las mujeres con discapacidad, especialmente en las regulaciones y en las políticas orientadas al desarrollo rural.
- Priorizar el impulso al despliegue de servicios de respiro en el marco del servicio y prestaciones del SAAD, a fin de ofrecer apoyo y velar por el bienestar de familiares cuidadores en entornos rurales.
- Desarrollar, a la mayor brevedad posible y en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, el Objetivo 6 del Eje 3 de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 que se basa en mejorar la respuesta a las
necesidades de las personas con discapacidad que viven en zonas rurales, incluidas las zonas de transición justa, para el acceso y disfrute de sus derechos y los servicios básicos de salud, servicios sociales, comunicación y transporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-María del Carmen González Guinda, Alicia García Rodríguez, Margarita Prohens Rigo y Marta González Vázquez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora del acceso de las
personas con movilidad reducida a la obtención del permiso de conducir en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, para su debate en la Comisión Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La integración de las personas con discapacidad en la sociedad exige garantizar su derecho a la movilidad como elemento fundamental en aspectos como la incorporación al mercado de trabajo, el desarrollo de las relaciones personales y
familiares o simplemente la consecución de una vida plena y activa. Con los apoyos tecnológicos adecuados las personas con discapacidad acceden a la conducción de vehículos lo que contribuye a su autonomía e independencia para desplazarse.
Según el estudio Personas con discapacidad en el acceso al permiso de conducir, realizado por la Fundación CNAE y la Fundación para la Seguridad Vial con la colaboración de la Fundación ONCE, las personas con discapacidad que nunca han
intentado obtener el carnet de conducir argumentan que se debe en gran parte a su discapacidad (60,3 %), también al miedo o dificultades (24,1 %), a motivos económicos (20,7 %) y falta o carencia de autoescuelas (13,8 %) o porque no lo necesitan o
no les gusta (8 %).
Más de un 8 % de las personas que obtuvieron el permiso de conducir tras su discapacidad se vieron obligadas a poner a disposición de la autoescuela un vehículo adaptado a sus necesidades algo que no sucede con las personas que utilizan un
vehículo ordinario.
Las personas con discapacidad que no pueden aportan su vehículo adaptado a las escuelas particulares de conductores se ven obligadas a desplazarse a otras provincias cuyas autoescuelas sí cuentan con estos vehículos. Existe, por tanto, un
agravio económico que tienen que afrontar las personas con discapacidad y sus familias al añadir el gasto del desplazamiento a otras ciudades, en ocasiones incluso de otra comunidad autónoma, para realizar la formación vial preparatoria para la
superación de las pruebas para la obtención del permiso de conducir.
Pues bien, esta discriminación que sufren las personas con movilidad reducida ha tratado de ser mitigada de forma tardía e inapropiada por la Dirección General de Tráfico.
Así, el 13 de enero de 2022 el responsable de tráfico del Gobierno firmó la Instrucción COND 2022/01 relativa a la 'Cesión de vehículos adaptados para la formación y pruebas de aptitudes y comportamientos de aspirantes con discapacidad
motora'.
Una instrucción que establece un protocolo para permitir la utilización de vehículos adaptados cedidos gratuitamente por determinadas entidades o asociaciones tanto durante el proceso de formación del aspirante como durante la realización de
las pruebas en las Jefaturas Provinciales de Tráfico ya sea en procesos de obtención o en otros procesos como renovaciones extraordinarias de permisos de conducción donde se entienda necesaria la realización de una prueba.
Que el Gobierno confíe exclusivamente en la generosidad y el altruismo de terceras personas, entidades o asociaciones al acceder a la cesión de vehículos para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al permiso de conducir
obviando que la Jefatura Central de Tráfico tiene aprobado, en el Presupuesto de Gastos del Organismo para el ejercicio 2022, un crédito inicial de 974,8 millones de euros, resulta cuanto menos inaudito.
El Gobierno, a través de la Jefatura Central de Tráfico, ha de ceder un número de vehículos adaptados con el fin de que las personas con movilidad reducida puedan obtener el carné de conducir en igualdad de oportunidades que el resto de la
ciudadanía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adquirir, a través de la Jefatura Central de Tráfico, organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior, un número suficiente de vehículos adaptados para su posterior cesión gratuita tanto a las escuelas particulares de
conductores, para la formación del aspirante con movilidad reducida, como a las Jefaturas Provinciales y Locales para la realización del examen práctico, ya sea para la obtención del permiso de conducir o para la renovación extraordinaria del
permiso.
2. Impulsar ayudas económicas para las adaptaciones de los vehículos adquiridos en propiedad por personas con movilidad reducida de nacionalidad española, con residencia legal en España, y que tengan mayor dificultad económica atendiendo a
las variables de renta familiar, patrimonio y/o unidad familiar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-Óscar Gamazo Micó, María del Carmen González Guinda y Jaime Miguel Mateu Istúriz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/004823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar y financiar los
itinerarios individualizados de inclusión social derivados del Ingreso Mínimo Vital de forma transparente y equitativa entre todas las Comunidades Autónomas para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad.
Exposición de motivos
El Real Decreto 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, hoy Ley 19/2021, de 20 de diciembre, crea la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital, dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión
social de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Como recoge la Exposición de motivos de la norma, esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida
social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo o social de los individuos.
La prestación no se concibe pues como un fin en sí misma, sino como la herramienta para facilitar la transición de estas personas desde la exclusión social hacia la plena inclusión en la sociedad, especialmente a través del empleo y la
formación.
Para ello, el Partido Popular -que apoyó la puesta en marcha de esta prestación- ha entendido siempre como fundamental el desarrollo y puesta en marcha de Estrategias de Inclusión, a través de itinerarios de inclusión sociolaboral
individualizados y personalizados, pues son muy diferentes las causas o circunstancias que pueden llevar a una persona a encontrarse en situación de riesgo, vulnerabilidad o exclusión. Así lo hemos ido poniendo de manifiesto a través de distintas
iniciativas parlamentarias.
Por ello, más allá de la obligación establecida para los beneficiarios del ingreso mínimo vital en el artículo 36.1.i) de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, de participar en las estrategias de inclusión que establezca el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entendemos dichos itinerarios como la mejor oportunidad para todas aquellas personas de abandonar la situación de exclusión en la que viven y conseguir su plena inclusión en la sociedad, objetivo y fin
principal de la prestación del ingreso mínimo vital.
Sin embargo, transcurridos ya más de dos años desde la aprobación y puesta en marcha de la prestación del ingreso mínimo vital, esto no es así. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, existen unos 1,2 millones de beneficiarios del ingreso mínimo vital en España, personas a las que, a pesar de estar así contemplado en la Ley, no se les ofrece de manera simultánea a la concesión de la prestación, la posibilidad de
participar en un itinerario de inclusión, adaptado a sus circunstancias y necesidades.
En su lugar, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha optado por la puesta en marcha de proyectos piloto para el desarrollo de itinerarios de inclusión social, a desarrollar por Comunidades Autónomas, Entidades Locales y
entidades del Tercer Sector de Acción social, como medida contemplada en el Componente C23.17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 'Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al
IMV', con un presupuesto de 298 millones de euros para el periodo 2021-2023.
Para la ejecución de los referidos fondos europeos destinados a políticas de inclusión, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha optado por la fórmula de concesión de subvención directa, recogidas en los Reales Decretos
938/2021, de 26 de octubre y 378/2022, de 17 de mayo, por importes respectivos de 109.787.404 euros y 102.306.066 euros.
La justificación para recurrir al procedimiento de subvención directa (artículos 1.2 de dichos Reales Decretos) es atender al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias que afectan a las personas en situación o
riesgo de pobreza o exclusión social, agravadas en las actuales circunstancias derivadas de la pandemia provocada por la COVID-19, y dado que concurren razones de interés público, económico y social que determinan la improcedencia de su convocatoria
pública.
Pero, atendiendo al reparto de los fondos efectuados por el Gobierno, éste parece entender que las circunstancias derivadas de la COVID-19 o aquellas que afectan a las personas en riesgo de exclusión o en situación de pobreza, no han
afectado a toda España.
Y ello es así por cuanto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha hecho un reparto de los fondos europeos provenientes del PTRR que excluye a un importante número de ciudadanos españoles, beneficiarios del ingreso mínimo
vital o en situación de vulnerabilidad o exclusión, estableciendo una clara discriminación y llevándolo a cabo, además, con opacidad y falta de transparencia.
En ninguno de los dos Reales Decretos se publican los proyectos que se financian, únicamente las entidades financiadas y los fondos que reciben. Además, tanto la fórmula de reparto utilizada -subvención directa- como el resultado de la
distribución de los fondos, contrastan con el proceder habitual para transferir fondos a las Comunidades Autónomas para programas dirigidos a colectivos vulnerables, que se efectúa a través de Conferencia Sectorial, donde se fijan de manera
consensuada y transparentes los criterios de reparto.
Al no hacerlo así, el resultado ha sido una distribución desigual de los fondos europeos destinados a políticas de inclusión para personas vulnerables, en el que llama la atención la diferencia existente entre las cantidades recibidas o,
incluso, que haya Comunidades Autónomas que no hayan recibido nada, a pesar de que en las mismas vivan personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, siendo por tanto, perjudicadas directamente, al quedar excluidas de poder participar en
itinerarios e inclusión que les den la oportunidad de transitar hacia la plena inclusión social y laboral.
Todo ello se une al fracaso del propio ingreso mínimo vital, 461.788 prestaciones concedidas hasta mayo de 2022, lo que suponen la mitad de lo previsto por el Gobierno más de dos años después de la puesta en funcionamiento del mismo.
Como hemos indicado en anteriores párrafos, se ha superado el millón de beneficiarios (1.176.187) pero queda muy lejos de los 2.300.000 que prometieron, lo que implica únicamente un 51 %.
Es más, únicamente el 13,35 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia de esta prestación, y solo una de cada cuatro solicitudes del ingreso mínimo vital son aprobadas (24,30 %).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar y ofrecer a los perceptores del ingreso mínimo vital de cualquier Comunidad Autónoma, itinerarios individualizados de inclusión social, evitando cualquier tipo de discriminación entre los ciudadanos en función de su lugar de
residencia.
2. Publicar los criterios de reparto y distribución entre Comunidades Autónomas y Entidades Locales de los fondos europeos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia asignados a través del sistema de subvención directa
contemplados en el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre y Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, así como los proyectos dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social que se han financiado.
3. Realizar, con criterios transparentes, equitativos, y siempre previamente consensuados en el seno de la Conferencia Sectorial correspondiente, cualquier distribución entre Comunidades Autónomas de los referidos fondos europeos o
cualesquiera otros fondos públicos que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tenga previsto efectuar para políticas dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2023.-María Teresa Angulo Romero, Alicia García Rodríguez, Margarita Prohens Rigo y Marta González Vázquez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección de la Denominación
de Origen Calificada Rioja, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En enero de 2020, el Gobierno Vasco inició formalmente la solicitud para el reconocimiento de la 'Denominación de Origen Protegido' (DOP) de 'Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava', para dar nombre a la producción vitivinícola de una región
geográfica definida de la provincia de Álava. Dicha región se solapa con la ya existente Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, incluso los promotores son integrantes de esta última.
La propuesta, al ser considerada una DOP que afectaría a una única Comunidad Autónoma y en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (STC 112/1995), es tramitada por el Gobierno Vasco, que tiene consideración de Autoridad
Nacional competente.
En marzo de 2021, tras emitir una decisión favorable a la solicitud y desestimar todas las alegaciones de oposición, se trasladó el expediente al Gobierno de España, instando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al traslado de
la solicitud de protección e inscripción en el registro comunitario de la Comisión Europea. El Ministerio cumplió con el trámite administrativo y la Comisión Europea confirmó la recepción de la propuesta el 13 de mayo de 2022, sin que este acto
tenga una repercusión jurídica inmediata.
La Comisión Europea debe comprobar que la solicitud cumple con la información requerida y que no contiene ningún error. El examen de la solicitud por parte de la Comisión no debería exceder, inicialmente, un período de 6 meses a partir de
la fecha de recepción de la solicitud. No obstante, la judicialización de este asunto con el recurso presentado por la 'DOCa Rioja', puede derivar en un retraso de la decisión por parte de la Comisión Europea hasta que exista una sentencia firme.
Por otra parte, según declaraciones de un responsable de las instancias europeas, el registro no sería posible si no contara con el visto bueno del país miembro, es decir, del Gobierno de España. Sin embargo, el Gobierno, con el Sr.
Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a la cabeza, ha tenido mucha cautela en no pronunciarse contundentemente sobre este asunto durante todo el procedimiento, más allá de declarar que 'no se sitúa en la dirección adecuada'.
Una alternativa que establece la normativa europea, dentro del procedimiento de registro de una DOP, pero que seguramente no contemplaba esta causa de retrasos, es la protección de carácter voluntario que pueden solicitar las agrupaciones de
productores o transformadores afectados, denominada Protección Nacional Transitoria. Así, el Gobierno Vasco concedió, en octubre de 2022, este estatus de Protección Nacional Transitoria a la DOP de 'Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava' actualmente
en trámite.
En este sentido, debemos mencionar que, según se recoge en el procedimiento de registro, y más concretamente en el Artículo 9 del 'Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios', en relación con la protección nacional: 'Tal protección nacional cesará a partir de la fecha en que se tome una decisión de registro en virtud del presente Reglamento o en que se
retire la solicitud', es decir, que tiene carácter provisional. Por otra parte, la misma norma aclara que 'las medidas que adopte un Estado miembro en aplicación del párrafo primero -la declaración de Protección Nacional Transitoria- únicamente
producirán efectos a escala nacional y no tendrán incidencia alguna en el comercio interior de la Unión ni en el comercio internacional'.
El pasado 21 de enero de 2023, según la nota de prensa emitida por los promotores de 'Viñedos de Álava', se constituía la entidad para la gestión y representación de la DOP, con la intención de la puesta en funcionamiento en la cosecha de
2023.
Hasta el momento, sólo cinco bodegas han impulsado la creación de la nueva DOP. Resulta extraño que estas bodegas y la asociación que las representan forman parte del Consejo Regulador de la DOCa
Rioja de la que pretenden desvincularse. En este sentido cabe recordar que la legislación ya ha establecido figuras para diferenciar o singularizar regiones dentro de una DOP o IGP. Sin embargo, sigue existiendo una obcecación por la
escisión.
En este contexto, el Consejo Regulador de la 'DOCa Rioja' ha promovido una modificación del pliego de condiciones de la DOCa y sus Estatutos para garantizar la exclusividad de producción de los viñedos inscritos en la Denominación y que en
caso de que un operador cause baja en dicho registro, por no haber destinado su uva a la elaboración de vino amparado por la 'DOCa Rioja', aquél no podrá volver a inscribirse en el registro de 'Rioja' hasta que no transcurra una campaña vitícola
completa desde su solicitud. Esta solicitud ya obra en manos de la Dirección General de la Industria Alimentaria, según consta en Resolución de 11 de noviembre de 2022.
Lo que es evidente es que esta situación no beneficia a la imagen general de las figuras de protección. Que esta confrontación va a tener repercusiones económicas y sociales y que independientemente de aspectos competenciales, el Gobierno
debe de implicarse en la decisión y ser garante de la protección de las DOP que son de su competencia. Las reglas de funcionamiento y declaración se desvirtúan y deberá de ser la Comisión Europea, en determinadas circunstancias con la asistencia de
los Estados miembros, quien dictamine el registro definitivo, pero esta decisión puede tardar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar y aprobar la decisión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Califica Rioja para garantizar la exclusividad de la producción de viñedos inscritos y no permitir a aquellas bodegas que se inscriban en otras
Denominaciones de Origen puedan volver a la misma hasta transcurrido un plazo de un año.
2. Instar a la Comisión Europea a que agilice los trámites, proporcionando el apoyo y la información que fuera oportuna, para adoptar la decisión final del expediente de registro de la nueva DOP.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2023.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa al establecimiento de una moratoria o pausa precautoria sobre la minería submarina.
Exposición de motivos
La minería submarina se ha convertido en una de las principales amenazas a la integridad de los fondos marinos, un ambiente muy poco conocido y estudiado. Se trata de una actividad con enormes impactos potenciales, desde los efectos tóxicos
de las plumas de sedimentos y metales pesados a lo largo de la cadena trófica hasta la liberación de gases de efecto invernadero secuestrados en los fondos oceánicos, pasando por la destrucción irreversible de la biodiversidad marina.
La flota pesquera española sería una de las más expuestas a la afección de los recursos pesqueros, ya que los efectos de la minería submarina podrían afectar al 15 % de sus capturas de túnidos en el Océano Pacífico 10, donde la explotación
submarina podría comenzar de forma inminente tras la activación
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X21001755
por parte de Nauru de la llamada 'regla de los dos años' en la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos.
La destrucción o extinción de especies, provocadas por la minería submarina, podría impedir además el descubrimiento de nuevas medicinas asociadas a formas de vida de las profundidades oceánicas. Sin ir más lejos, el test de la COVID-19 se
desarrolló utilizando una enzima aislada de un microbio hallado en respiraderos hidrotermales de aguas profundas, un hábitat muy escaso y ahora bajo la amenaza de la minería de aguas profundas.
Numerosos organismos y entidades han alertado sobre los impactos conocidos o probables de la minería submarina, al igual que la comunidad científica 11 y algunas de las mayores empresas del sector de la tecnología y la automoción, que han
suscrito una llamada conjunta 12 para una moratoria sobre la minería de aguas profundas comprometiéndose a no obtener ningún recurso minero del lecho marino. El Banco Europeo de Inversiones ha clasificado la minería submarina como actividad
excluida al considerarla como 'inaceptable en términos ambientales y climáticos' 13.
El Parlamento Europeo ha hecho un llamamiento en su Resolución de 9 de junio de 2021 sobre la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030 'Devolver la naturaleza a nuestras vidas' [2020/2273(INI)] 14 pidiendo (párrafo 184) a los
Estados miembros '[...]que promuevan una moratoria, también en la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos, sobre la minería de los fondos marinos hasta que se hayan estudiado e investigado suficientemente los efectos de la minería de los
fondos marinos en el medio ambiente marino, la biodiversidad y las actividades humanas en el mar y se pueda gestionar la minería de los fondos marinos para garantizar que no se pierda biodiversidad marina ni se degraden los ecosistemas marinos'.
Este llamamiento ha sido reiterado en la Resolución del Parlamento Europeo de 6 de octubre de 2022 sobre el impulso para los océanos: 'Reforzar la gobernanza de los océanos y la biodiversidad' [2022/2836(RSP)] 15, pidiendo '[...] a la Comisión y a
los Estados miembros para que respalden una moratoria internacional de la explotación minera de los fondos marinos'.
Por su parte, el 10 de septiembre de 2021 el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza adoptó, con los votos a favor de 577 organizaciones de la sociedad civil y 81 gobiernos y agencias gubernamentales de todo
el mundo, incluyendo el español, la moción 069 'Protección de los ecosistemas y la biodiversidad de aguas profundas mediante una moratoria sobre la explotación minera de los fondos marinos' 16 exhortando '[...]a todos los Estados Miembros, de manera
individual o a través de los foros internacionales pertinentes, a que: apoyen y apliquen una moratoria sobre la explotación minera de los fondos marinos, la formalización de nuevos contratos de explotación y de exploración, y la adopción de un
reglamento de explotación minera de los fondos marinos, incluyendo el reglamento sobre la 'explotación' de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos'.
La propia Comisión Europea ha ido un paso más allá en su Comunicación Conjunta sobre la Agenda de la UE sobre la Gobernanza de los Océanos [JOIN(2022)28] 17, afirmando que '[...]la UE seguirá abogando por la prohibición de la explotación
minera de los fondos marinos hasta que se subsanen debidamente estas lagunas científicas, se demuestre que la explotación minera no tiene efectos nocivos y se establezcan las disposiciones necesarias en la normativa de explotación para la protección
eficaz del medio marino'.
Esta postura ha sido respaldada a nivel internacional por países como Francia, Chile, Nueva Zelanda, Costa Rica, Ecuador o Panamá, y también por España, que ha reivindicado en la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos, una 'pausa
precautoria' en línea con las demandas de los países que integran la Alianza Global de Países por una Moratoria de la Minería Submarina, de la que ya forman parte Palao, Fiyi y Samoa.
Por todo ello se presenta la siguiente
11 https://www.seabedminingsciencestatement.org/
12 https://www.noseabedmining.org/
13 https://www.eib.org/en/publications/eib-eligibility-excluded-activities-and-excluded-sectors-list
14 European Parliament resolution of 9 June 2021 on the EU Biodiversity Strategy for 2030 (2020/2273(INI))
15 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0356_ES.html
16 https://www.iucncongress2020.org/es/motion/069
17 https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/setting-course-sustainable-blue-planet-joint-communication-eus-international-ocean-governance-agenda_en
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover y defender ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) una moratoria o pausa precautoria para la minería submarina hasta que se hayan estudiado e investigado suficientemente sus efectos en el medio ambiente
marino, la biodiversidad y las actividades humanas en el mar y se pueda gestionar la minería de los fondos marinos para garantizar que no se pierda biodiversidad marina ni se degraden los ecosistemas marinos.
2. Posicionarse ante la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos en contra de la aprobación de un reglamento para la minería submarina en 2023 y en contra de la aprobación de licencias de explotación bajo la 'regla de los dos años',
que podría implicar el inicio inmediato de la actividad, dadas las incertezas científicas existentes.
3. Apoyar el proceso de reforma de la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos, de forma coherente con el consenso científico sobre papel que juegan los fondos marinos, los riesgos asociados con la minería submarina y los principios
de buena gobernanza, incluyendo los de transparencia, rendición de cuentas y participación; y para que mientras no se produzca esta reforma posibilite la participación de las organizaciones ambientales y pesqueras en las delegaciones de España.
4. Adoptar una prohibición de la minería submarina en las aguas bajo su jurisdicción nacional.
5. Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2023.-Juan Antonio López de Uralde, Diputado.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de instar al Gobierno a realizar las
acciones necesarias para la instalación del prometido Centro Ibérico de Energías Renovables en Badajoz, para su debate en Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En noviembre de 2005 y en enero de 2008 los gobiernos portugués y español, acordaron en las cumbres hispanoportuguesas de Évora y Braga la creación de dos institutos tecnológicos ibéricos transfronterizos de alto nivel, un instituto de
nanotecnología en Braga y un centro similar sobre energías renovables en Badajoz, mostrando la importancia que la I+D+i tuvo en aquellos encuentros bilaterales.
El instituto portugués, conocido como Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) se inauguró en el año 2009, el 17 de julio de ese año. El campus tiene 47.000 m2 con cuatro centros originalmente con una plantilla de más de 200 investigadores y
una inversión de 106 millones de euros que fue financiada por los Gobiernos español y portugués y el Fondo FEDER que aportó 30 millones de euros a través de un programa Interreg POCTEP.
Mientras en Portugal se inauguraba el INL, en Badajoz el conocido como CIERE ( Centro Ibérico de Energías Renovables) quedó aparcado, nunca nada se supo de él, ni de su financiación ni de sus funcionalidades, aunque en 2009 se decidió que a
través de una fundación se impulsaría el crecimiento del centro en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, tras el impulso que se le intentó dar en la Cumbre Hispanoportuguesa de Zamora de ese mismo año, e incluso se creó una comisión que
nombró a un investigador portugués para dirigir el proyecto que según se anunció daría empleo directo a 200 personas y trabajaría en líneas como la energía termosolar, la fotovoltaica, los biocombustibles y la
eficiencia energética. La Junta de Extremadura pese a anunciar a bombo y platillo el proyecto en esos años no impulsó tampoco el mismo.
En 2016 el Grupo Socialista registró una iniciativa para impulsar la creación de esta infraestructura en Badajoz, y los diputados extremeños del Partido Socialista firmaron la misma en una apuesta decidida, decían, por la instalación de este
proyecto en Badajoz.
Desde 2018 nada se ha sabido del CIERE, desapareció del debate y lo que era una prioridad para Extremadura dejó de seria para algunos hasta que en 2020 se anunció la creación en Cáceres del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento
Energético (CIIAE) con Fondos de Recuperación y Resiliencia y pese a que el formato, el contenido y la temática era similar al que se había prometido 12 años antes en Badajoz se insistía en que era diferente.
En la XXIII Cumbre Hispano Portuguesa celebrada este año ambos países han firmado un acuerdo para constituir como organismo internacional el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), situado en Cáceres
(Extremadura).
La creación del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético es una apuesta conjunta entre el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, la Junta de Extremadura y el Gobierno de Portugal.
El CIIAE cuenta con una inversión inicial para la construcción de 74 millones de euros, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 58 millones, gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, y la Junta de Extremadura 16 millones de euros.
La eliminación de facto del CIERE en Badajoz, su supresión de los acuerdos en las cumbres hispanoportuguesas supone una absoluta decepción a la ciudad de Badajoz y a los acuerdos tornados en varias cumbres hispanoportuguesas sin dar
explicaciones a los pacenses, y sin ofrecer alternativas de ningún tipo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a retomar el proyecto de Construcción del CIERE en Badajoz de forma inmediata dotando a las infraestructuras de las partidas presupuestarias necesarias y poniendo en marcha de forma
inmediata todos los instrumentos necesarios para canalizar esta prometida infraestructura para Badajoz hace 14 años manteniendo y promoviendo indiscutiblemente también la de Cáceres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-Víctor Píriz Maya, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ampliación del barranco de
'La Casella' en Alzira (Valencia) para evitar las inundaciones de la ciudad de Alzira cuando se producen episodios de fuertes lluvias, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En marzo de 1999, organizadas por el ayuntamiento de Alzira, las Mancomunidades de las comarcas de la Ribera del Xúquer y la Confederación Hidrográfica del Júcar, tuvieron lugar en la Casa de la Cultura de Alzira las Jornadas Técnicas
'Estrategias de actuación en la zona inundable de la Ribera del Júcar'. El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, (CEDEX) aportó el documento, de septiembre de 1998, 'Síntesis de las avenidas del río Júcar en la llanura de
inundación. Análisis de la situación actual y líneas' entre otras actuaciones contemplaba, página 99, 'la construcción de canalizaciones de la red secundaria...barranco de 'La Casella', 3,1 km'.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) presentó en octubre de 1999 el documento 'Plan global frente a inundaciones en la Ribera del Júcar: Líneas de actuación', enumerando las actuaciones previstas, entre ellas el acondicionamiento
del río Júcar en el tramo Carcaixent-A7, a cargo de la CHJ y 'actuaciones en los barrancos 'Barxeta y Casella' a iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la
Generalitat Valenciana (COPUT)' y 'Mejora de la red de drenaje el entorno urbano de Alzira, de iniciativa local y colabora COPUT'. En el documento se podía encontrar un cronograma de las actuaciones a realizar fundamentalmente por la propia
Confederación Hidrográfica del Júcar, con el siguiente texto 'Acondicionamiento del río Júcar en el tramo Carcaixent-A7 y confluencia de los barrancos 'Barxeta y Casella [...] estudios de viabilidad entre 1999 y 2001 y proyecto y ejecución de la
obra entre 2001 y 2003'. Desde entonces la canalización del barranco de 'la Casella' ha estado incluida en todas las planificaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar; como por ejemplo en 2006, con una fecha de finalización prevista para
las obras en 2013. En marzo del 2010 se reedita íntegramente el documento de 2006, 'Actuaciones frente a inundaciones en la Ribera del Júcar' que continúa manteniendo entre sus propósitos 'Adecuación del barranco de Barxeta i La Casella'. Esta
vez, eso sí, sin fechas concretas de actuación.
Posteriormente, en 2015, caducado el Plan Hidrológico del Júcar se inicia el proceso de planificación 2015-2021. En la web de la Confederación, en la pestaña actuaciones en proyecto, encontramos otras obras donde reaparece, dotado con un
presupuesto de 981 millones de euros, el 'Proyecto de acondicionamiento del río Júcar entre Carcaixent y la AP-7' y en dicho proyecto una mención destacada a dicho acondicionamiento del barranco de 'la Casella'.
Por otro lado, el Patricova de la Generalitat Valenciana contempla, en su publicación del año 2003 y en su actualización más reciente de 2015, la 'Canalización del 'barranco de Barxeta' en su tramo final, desde Carcaixent hasta la
desembocadura en el río Júcar, incluyendo la canalización del barranco de 'La Casella' a su paso por Alzira.'
El ayuntamiento de Alzira, desde 1999, tal y como preveía en el 'Plan global frente a inundaciones en la Ribera del Júcar: Líneas de actuación', ejecutó el 'canal interceptor' de 'Les Basses', conduciendo los caudales de los barrancos
'Fosc, Grácia Maria, del Respirall' y del 'camí de l'Arena' hacia el barranco de 'La Casella', que siendo incapaz de evacuar caudales de periodo de retorno inferior a cinco años, pues lo obstaculiza el estrechamiento de la sección del Puente de
Xátiva que solo permite el paso de 70m3/seg, siendo necesarios unos 480 m3/seg, los caudales retenidos se desbordan provocando inundaciones, y al cerrar las compuertas para impedir que penetren en la ciudad por los colectores, impiden el vertido de
estos y del 'Canal interceptor', que una vez agotada su capacidad acaba desbordando y inundando la ciudad.
El 'Estudio de alternativas para la reducción del riesgo de inundaciones de la Ribera del Júcar' encargado por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), como el 'Estudio de inundabilidad de los barrancos de 'La Casella' y 'I'Estret'
elaborado por la cátedra de hidráulica de la Universidad Politécnica de Valéncia, coinciden en el diagnóstico y en la solución propuesta consistente en:
1. Ampliación del barranco de 'La Casella' desde 'la tancà de Sant Antoni' (39.13674458227746, -0.4275529638970383) hasta el Júcar (39.148665956335336, -0.4445202889589078).
2. Remodelación del enlace de la CV-41 con la CV-50 a nivel de la cota 21m, para disponer del espacio del actual malecón de protección.
3. Regeneración de los terrenos del frustrado centro comercial, (39.14274404978552, -0.4367187787816639) que ya actúan como a tanque de tormentas, adecuándolos como parque urbano.
Las soluciones han estado estimadas por TYPSA, redactora del 'Estudio de alternativas para la reducción del riesgo de inundaciones de la Ribera del Júcar' del MITECO en veintiséis millones de euros.
En definitiva, se trata de un tema considerado de alto interés público, que disfruta de un consenso técnico, político y social amplio, y que depende de los recursos de la Confederación Hidrográfica del Júcar tengan asignados para su
ejecución en los presupuestos generales del estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar previsiones presupuestarias para priorizar la ampliación del barranco de 'La Casella', para que los caudales recogidos en las cuencas del 'Estret', del 'Vilella' y del 'Casella', no alcancen los niveles actuales permitiendo que
la llegada de un agua a los colectores y al 'canal interceptor' eviten las inundaciones en el casco urbano.
2. Incluir y asignar, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, la partida finalista de veintiséis millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado para la ejecución de las soluciones consistentes en:
A) Ampliación del barranco de 'La Casella' desde 'la tancá de Sant Antoni' hasta el Júcar.
B) Remodelación del enlace de la CV-41 con la CV-50 a nivel de la cota 21m, para disponer del espacio del actual malecón de protección, garantizando siempre el acceso a la CV-41 desde la CV-50, manteniendo en la nueva remodelación el acceso
al polígono industrial 'Materna'.
C) Regeneración de los terrenos del frustrado centro comercial, que ya actúan como a tanque de tormentas, adecuándolos como parque urbano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-César Sánchez Pérez, Vicente Betoret Coll, Belén Hoyo Juliá, Luis Santamaría Ruiz y Óscar Gamazo Micó, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/004812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el servicio del 'DNI
Rural' para la obtención y renovación del Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte, como servicio para combatir la despoblación, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Uno de los trámites que todos los españoles debemos realizar cada cierto tiempo es la obtención y renovación de nuestro Documento Nacional de Identidad (DNI) o del Pasaporte. Ambos documentos sirven para acreditar nuestra identidad en
numerosos procesos con la administración y con particulares y empresas, y son indispensables para poder desarrollar con normalidad nuestra vida.
En la actualidad, para la obtención o renovación de los citados documentos en numerosos puntos del territorio nacional, sobre todo en aquellos con menor densidad de población, deben realizarse por parte de los ciudadanos traslados
considerables a otras localidades, debido a la escasez de oficinas donde llevar a cabo tales gestiones. Un ejemplo lo encontramos en la provincia de Jaén, donde los ciudadanos deben acudir a las Oficinas de Jaén, Linares, Andújar o Úbeda que son
los municipios donde existe Comisaría de Policía y donde se pueden realizar estos trámites. No obstante, este es un problema general, que afecta de manera directa a muchas localidades españolas.
Atendiendo a la medida 7.7 del 'Plan de Recuperación 130 Medidas frente al Reto Demográfico', relativa al refuerzo de los servicios públicos e impulso de la descentralización, tiene como objetivo la mejora de los servicios en la España
vaciada, disminuyendo la necesidad de los desplazamientos para obtener el DNI, pasaporte y TIE; así como para actualizar los certificados electrónicos del DNI, facilitando el acceso a los servicios electrónicos a los ciudadanos de las zonas
rurales.
Este objetivo, que como indicábamos es de interés en muchos rincones de nuestro país, se convierte en necesario para distintas áreas geográficas de la provincia de Jaén, ya sea por la distancia a las oficinas de referencia, o por el tiempo
de desplazamiento, lo que hace que la prestación de este servicio sea de mala calidad e implique para la consecución del objetivo desplazamientos, que tanto en tiempo como en distancia están muy por encima de la media.
Existe un servicio de 'DNI rural' mediante el cual las actuales Oficinas desplazan un equipo móvil a otras localidades para facilitar la obtención o renovación del DNI, pero son muchas las quejas de vecinos de los municipios que manifiestan
que son muy escasas esas visitas, con un cupo muy reducido de personas a las que atender y, en consecuencia, no deja otra opción al final que tener que desplazarse a otros municipios, dificultando este trámite. En el caso concreto de la provincia
de Jaén, estos deben realizar a una de las Oficinas de las Comisarías de Jaén, Linares, Úbeda o Andújar.
Si de verdad las administraciones queremos realizar una apuesta por el mundo rural, no es entendible que servicios necesarios como la obtención y renovación del Documento Nacional de Identidad o el Pasaporte sean prestados sin la cercanía o
frecuencia que es necesaria.
Es imprescindible, si queremos alcanzar los retos y metas marcadas para evitar la despoblación de las zonas rurales, reforzar con mayor dotación de personal y material los actuales Equipos Móviles. Además, debe realizarse un análisis
pormenorizado de aquellas áreas en las que esta misión sea especialmente necesaria, por sus particulares condiciones orográficas, sociales o de población. Por ejemplo, en la provincia de Jaén, se ha de incrementar la frecuencia en la prestación del
servicio de 'DNI Rural' en los municipios de Alcalá la Real, Cazorla y La Puerta de Segura, así como en sus respectivas zonas de influencia.
La actual prestación que realizan las Unidades Móviles debe incrementarse tanto en material como en personal y conseguir que exista un incremento de los recursos disponibles para el servicio de 'DNI rural' y por ende que esta fórmula para
obtención y renovación del DNI y Pasaporte sea más asiduo en cuanto a las visitas a los municipios y zonas que así lo demanden. En definitiva, con esta iniciativa estaremos posibilitando un incremento de servicios para hacer más fácil la vida en el
mundo rural y acercar la administración al vecino.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de manera coordinada entre los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Ministerio del Interior, se incremente la dotación de personal así como la frecuencia de los
desplazamientos de los equipos móviles destinados al 'DNI Rural' a las zonas rurales del territorio nacional y, especialmente, en la provincia de Jaén.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-Juan Diego Requena Ruiz, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004813
A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Don Tomás Guitarte Gimeno, Diputado de la Agrupación de Electores Teruel Existe, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la puesta en marcha de una campaña mediática de concienciación sobre los beneficios de vivir en pequeñas ciudades o municipios rurales.
Exposición de motivos
Aunque la sociedad rural ha experimentado cambios sustanciales en los últimos cincuenta años, esta transformación no ha mantenido en paralelo un cambio en la percepción social de la realidad rural y de las áreas despobladas. Por diferentes
razones prima una visión negativa sobre lo rural, precisamente cuando su función ambiental, de producción de alimentos de calidad, de creatividad y de espacio de ocio se incrementa continuamente. En la visión que reciben los ciudadanos sobre el
medio rural, en parte por las deficiencias en la comunicación desde el propio medio rural, por la existencia de diferentes situaciones de conflictividad y también por la fortaleza de los modelos marcadamente urbanos, lo negativo pesa mucho
más mientras que no emergen la importancia de los valores positivos. Y esa visión negativa está alcanzando a la percepción social de las pequeñas ciudades afectadas por la despoblación.
Los estereotipos sociales y culturales que influyen en el imaginario colectivo moldean los comportamientos de los ciudadanos. Así, nuestras decisiones se ven influidas por distintas modas, estados de opinión o prejuicios con respecto a
multitud de temas. Por mucho énfasis que pongan algunas políticas públicas en incentivar ciertos comportamientos positivos para la población, es complicado cambiarlos sin afectar a las tendencias sociales y culturales.
Las campañas de comunicación para trasladar valores sociales frente a problemas derivados de la percepción social y de la baja autoestima, por parte de los gobiernos han probado ser efectivas en la eliminación de estereotipos que afectaban
negativamente a la convivencia social, el respeto a ciertos colectivos, los problemas de salud pública o las normas de circulación, entre muchos otros.
Parte del imaginario colectivo español tiene, en general, una imagen negativa y despectiva del medio rural, e incluso de la vida en las pequeñas ciudades de provincias. Décadas de productos culturales cargados de estereotipos falsos han
provocado en muchos una imagen del medio rural como un lugar poco atractivo para vivir. Así, se tiene una imagen del progreso como sinónimo de la vida en una gran urbe, y del fracaso como sinónimo de la vida en un pequeño municipio.
Sin embargo, estos estereotipos están muy alejados de la realidad. Numerosos estudios han mostrado que un medio rural dotado de servicios adecuados, con buena conectividad de banda ancha y accesibilidad física, y una comunidad local
dinámica y con vida propia, ofrece a sus habitantes una mayor calidad de vida, mejores condiciones de conciliación, precios más bajos para la compra de vivienda, alimentos más sanos y de mayor calidad, mayor facilidad para emprender ciertos
proyectos empresariales, menor contaminación del aire, o mayor contacto con la naturaleza, entre otros beneficios.
A pesar de todos los beneficios mencionados, el imaginario colectivo sobre el medio rural sigue siendo negativo. Por el contrario, el desarrollo rural y su carácter multifuncional necesitan del reconocimiento social, de los valores que
ofrece y de las ventajas que puede representar la residencia en las áreas rurales y para ello es necesario informar y difundir los valores entre la ciudadanía. Este fenómeno pesa de manera negativa en las acciones para la repoblación de la España
vaciada, dado que personas que habrían decidido permanecer o migrar para vivir en los pueblos, se ven frenados por la visión negativa e incluso por estos prejuicios negativos. De este modo, el factor cultural supone un freno importante al
equilibrio territorial en nuestro país.
Muchas políticas públicas encaminadas a una mayor inversión en infraestructuras o prestación de servicios en las zonas rurales necesitan ser acompañadas por campañas de comunicación social que rompan los estereotipos negativos del medio
rural y destaquen los aspectos positivos de la vida en los pueblos. Una serie de campañas de este tipo podría reducir el influjo de décadas de relato negativo hacia nuestro mundo rural. En otros países europeos, vivir en un pueblo es visto como un
proyecto atractivo e interesante para los jóvenes, y esto redunda en la reducción de las tasas de despoblación.
El Gobierno de España tiene la capacidad para poner los medios, como lo ha hecho con otros temas, para iniciar una campaña de comunicación social que tendría mucho beneficios sobre el territorio rural. No sólo animaría a las personas a no
abandonar los pueblos o a migrar desde una gran ciudad a un pueblo, sino que reforzaría el sentimiento de orgullo rural de los habitantes actuales. Esto beneficiaría también a las instituciones democráticas de nuestro país, en tanto que los
ciudadanos dejarían de sentirse 'abandonados' por los dirigentes políticos y sentirían que realmente cuentan y son parte del proyecto común que es España.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha una campaña de comunicación social a través de diferentes medios y canales para trasladar una visión positiva de las áreas despobladas y del medio rural, subrayar la
importancia de la cohesión territorial y enfatizar los beneficios que conlleva vivir en pequeñas ciudades o municipios rurales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-Tomás Guitarte Gimeno, Diputado.-Albert Botrán Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004814
A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo del reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la siguiente
Proposición no de Ley para dar solución a los problemas e inundaciones derivados de la rotura de los diques de los 'porreos' de la Ría de Villaviciosa (Asturias), al saneamiento de los márgenes y a la contaminación de las aguas que desde hace más de
once años impide el marisqueo y afecta también a los arenales de la zona.
Exposición de motivos
La Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa (Villaviciosa, Asturias), un extraordinario enclave medioambiental, tiene importantes problemas a los que con el paso del tiempo no se da solución alguna por parte de las administraciones.
A la preocupante contaminación de sus aguas por vertidos urbanos e industriales que ha llevado a la prohibición del marisqueo desde noviembre de 2011, se suman otros graves inconvenientes que afectan a la ría y que, siendo de conocimiento público,
no se les acaba de encontrar solución. Es el caso de las inundaciones que sufren los denominados 'porreos' que son terrenos ganados al mar y separados del mismo por un dique para evitar su inundación. A partir de mediados del siglo XIX se les dio
un uso agroganadero, pero en los últimos años el paulatino deterioro de los diques ha originado destrozos con repercusión en la Reserva Natural y en la actividad agrícola, así como en la propia conservación medioambiental del enclave. Es el caso de
los diques de El Cierrón y el de Muslera (también conocido como porreu de La Marquesa o de Cavanilles).
La 'Asociación Cubera, Amigos del Paisaje de Villaviciosa' trasladó en marzo de 2017 al Defensor del Pueblo la situación derivada de la sucesiva rotura de los diques. En enero de 2018 el Defensor del Pueblo, tras dirigirse a varios
organismos públicos, tomó la siguiente
Decisión:
Esta institución ha resuelto formular a esa Demarcación de Costas y a las Consejerías de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, la siguiente:
Sugerencia: Estudiar fórmulas de colaboración y adoptar medidas conjuntamente para reparar y mantener en un adecuado estado de conservación los diques de la Ría de Villaviciosa, con el fin de proteger los valores naturales que motivaron su
declaración como espacio protegido y su integración en la Red Natura 2000.
Se agradece de antemano su colaboración y se solicita, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica que, a la mayor brevedad posible, comunique si acepta o no la Sugerencia, indicando en este último supuesto las razones en que funde
su negativa.
El tiempo va pasando y no se encuentra el procedimiento y los medios que permitan acometer la reparación de los diques y la conservación de los porreos de la Ría de Villaviciosa. Conocida la resolución del Defensor del Pueblo, el propio
Ayuntamiento, mediante un acuerdo plenario, se dirigió al entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente reclamando su intervención sin que se obtuviera respuesta.
Tras la moción de censura del mes de mayo de 2018, el nuevo Gobierno encomendó al entonces denominado Ministerio para la Transición Ecológica las competencias en el ámbito de la Administración General del Estado para la propuesta y ejecución
de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, y energía para la transición a un modelo productivo y social más ecológico. Asimismo, corresponden
al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico 'la elaboración de la legislación estatal en materia de aguas y costas, medio ambiente, meteorología y climatología; la gestión directa del dominio público hidráulico, del dominio
público marítimo-terrestre; la representación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; así como la
coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las comunidades
autónomas y de las restantes Administraciones públicas, propiciando su participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados'.
Por otro lado, los mariscadores que desde hace más de once años no pueden desarrollar su actividad recibieron en septiembre de 2018 el amparo de la Justicia que atribuyó a la incapacidad de la red municipal de saneamiento ante el crecimiento
urbano de Villaviciosa y 'la falta de control' de las obras de urbanización autorizadas para la construcción de nuevas viviendas. Se da la circunstancia de que se ocultaron y eludieron -en su momento- responsabilidades que competían al municipio en
cuanto al saneamiento del casco urbano y que han incidido en la contaminación que sufre la Ría de Villaviciosa.
Por lo expuesto, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso formula ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico insta al Gobierno a:
1. Tomar conocimiento de la situación derivada de la rotura de los diques de la Ría de Villaviciosa (Asturias) y colaborar con el Principado de Asturias para acometer con urgencia la reparación de los mismos al objeto de preservar los
''porreos'' y evitar la degradación medioambiental del enclave que está catalogado como Reserva Natural Parcial así como Lugar de importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) dentro de la Red Natura 2000 y también
es un sitio adscrito a la Convención Ramsar en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.
2. Avanzar sin dilación en la tramitación administrativa para incorporar la margen izquierda de la ría al saneamiento de Villaviciosa, consignar las partidas correspondientes en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y desarrollar las
correspondientes obras de saneamiento ya declaradas de interés general en las cuentas públicas y que cuenta, además, con la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Colaborar con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y con el Ayuntamiento de Villaviciosa en la búsqueda de soluciones a los graves problemas de contaminación microbiológica de las aguas que, desde noviembre de 2011, mantiene
cerrada al marisqueo la Ría de Villaviciosa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2023.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover los gases renovables en
España, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El alza de los precios energéticos en España desde hace más de año y medio, agravada con la emergencia energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, ha venido a demostrar que la dependencia del gas natural para cubrir nuestras
necesidades energéticas genera ineficiencias que debieron ser corregidas con las reformas regulatorias adecuadas.
El estrechamiento del 'hueco térmico' con la creciente penetración competitiva de las energías renovable fluyentes en el mercado ya venía ofreciendo desde hace años señales de que el mercado mayorista diario ofrecería periodos de alta
volatilidad en los que las tecnologías térmicas basadas en gas y carbón provocarían 'picos' de precio para un adecuado retorno de su inversión con menos horas de funcionamiento anual. Esta 'distorsión' se agravó y adelantó en España con el cierre
de la práctica totalidad de las centrales térmicas de carbón durante 2020, -en una situación de depresión de precios del mercado mayorista diario por efecto de la contracción de la demanda como consecuencia de la
pandemia de COVID-, quedando en la práctica desde entonces casi un monopolio del ciclo combinado de gas para ofrecer el respaldo térmico gestionable para las renovables con generación discontinúa. La primera señal de aviso no atendida se
produjo con el temporal Filomena en enero de 2021, que fue despachada por la Vicepresidenta 3.ª y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico como una 'situación coyuntural y de unos pocos eurillos'.
Es necesario recuperar la neutralidad tecnológica en la política energética de nuestro país, para aprovechar todo el potencial disponible. De la misma manera que electrificar dependiendo en exceso de la tecnología de Ciclo combinado genera
ineficiencias, descarbonizar no es sólo electrificar. Incluso en los escenarios más optimistas no resulta posible descarbonizar más de un 60 % de la economía recurriendo a la electrificación porque hay muchos procesos productivos que por sus
características de consumo térmico muy elevado no son viables con electrificación y porque muchos de los productos imprescindibles para la descarbonización necesitan de los hidrocarburos como materia prima. Todas las formas de energía deben tener
cabida, atendiendo a las eficiencias que cada una aporta desde la perspectiva económica, ambiental y social para cada uso específico.
Una de las ventajas competitivas a las que no se le ha prestado suficiente atención gubernamental es la que guarda relación con los gases renovables en España. La revisión del paquete de gas e hidrógeno, REPowerEU y la revisión del PNIEC
debieron suponer un reconocimiento del potencial de los gases renovables para contribuir a la descarbonización, fortalecer nuestra autonomía energética y la seguridad de suministro a precios asequibles y generar economía circular y eficiencia en el
aprovechamiento de nuestros recursos autóctonos. Los gases renovables admiten usos en transporte y movilidad, en industria, en uso terciario y doméstico, en generación eléctrica y almacenamiento energético.
Por un lado, el biogás (biometano) puede ser un problema si no se gestiona adecuadamente como residuo, generando altas emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en sectores no energéticos. Pero puede ser también una solución
si se gestiona adecuadamente ya que permite el aprovechamientos y valorización de los residuos más contaminantes, descarboniza el consumo de gas si se inyecta en red y la gestión de su aprovechamiento tiene especial impacto en la España más
despoblada.
La Hoja de Ruta del Biogás no se aprobó hasta marzo de este año 2022, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que destina su medida 1.8 al Fomento de los gases renovables.
Dicha medida establece que se fomentará, mediante la aprobación de planes específicos, la penetración del gas renovable, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno renovable y otros. Está incluida en el Hito 114 'Finalización de las medidas
definidas en la Hoja de Ruta del Biogás' de la Reforma C7.R4 'Marco para la innovación y desarrollo tecnológico de las energías renovables' del Componente 7 'Despliegue e integración de energías renovables' del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en la Política Palanca 3 'Transición energética justa e inclusiva' correspondiente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Agrupa 45 medidas en cinco áreas estratégicas y se establece un objetivo país para
2030 de producción de biogás de 10,41 TWh anuales, lo que supone multiplicar por 3,8 veces la producción del año 2020.
Pero España dispone de un potencial de generación con biometano suficiente para atender al 43 % de la demanda nacional actual de gas; diez veces más que lo previsto en la Hoja de Ruta del Biogás.
Un reciente estudio de SEDIGAS llega a estimar el potencial en 163 TWh/año, en línea con el de otros estudios realizados a nivel europeo para evaluar el potencial disponible y claramente superior al calculado por el IDAE (20-34 TWh/año).
Incluso considerando la parte excluida del potencial estimado por el IDAE, -95,27 TWh/año, el 58,5 % del potencial, correspondiente a cultivos intermedios, biomasa forestal residual y el biogás de vertedero- el potencial disponible alcanza unos
67,59 TWh/año, notablemente superior a las estimaciones más optimistas del IDAE (20-34TWh/año).
Según el estudio, el aprovechamiento total de los 163 TVVh de potencial identificado para la producción de biometano, hubiese supuesto un ahorro en la factura de gas del consumidor de más de 4.000 M y podría conseguirse mediante un total de
2.326 plantas potenciales en toda la geografía española, con una inversión de más de 40.000 M y la creación de 62.000 empleos.
Países como Dinamarca se están posicionando como líderes de biometano en Europa, ya que actualmente ya cubre el 25 % de su demanda de gas (3 Bcm) con biometano (2021) y aspira a satisfacer el 75 % de su demanda en 2030 y el 100 % en 2034.
Según los datos de la European Biogas Association, en Europa hay más de 18.000 plantas de biogás y Alemania superó ya hace tiempo las 10.000 plantas, aunque el caso alemán no es exportable, ya que se basaba en gran parte en maíz que compite
con la industria alimentaria. En el caso del biometano, Francia
es la gran referencia. Si aquí hubiese mejores incentivos, tenemos un gran potencial, particularmente del biometano procedente del sector porcino, -como en Dinamarca-, en el somos el tercer productor mundial.
Hasta 2021, Francia ha sido uno de los Estados miembros que más ha crecido en este sector. En concreto, un 11 %, en el último año, llegando a rozar las mil ktep (976,6). Además, es el único país que ha crecido en producción de energía
primaria con biogás entre los cinco principales países: Alemania, Reino Unido, Italia y República Checa. Del quinto al décimo puesto todos suben (Dinamarca, Países Bajos, Polonia y Bélgica) menos España, que se mantiene en el noveno puesto con
260,3 ktep.
Italia ya ha puesto en marcha un plan para incentivar la producción de biometano sostenible que se inyectará en red nacional de gas para su uso en los sectores del, transporte y calefacción, dotado con 1.700 M , para cubrir hasta el 40 % de
los costes de inversión subvencionable, así como tarifas incentivadas con un presupuesto de 2.800 M durante la fase de explotación durante 15 años, que cubrirá las diferencias entre las tarifas incentivadas y la evolución de los precios del gas.
Sin embargo, en España, con apenas 50 instalaciones, se ha perdido mucho tiempo hasta que se ha dictado el Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables. Este Real Decreto establece en su artículo 19 los principios básicos del Sistema de Garantías de
Origen de Gases renovables, estableciendo como Entidad responsable al Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico y al Gestor Técnico del Sistema transitoriamente, quien debía realizar al Ministerio una Propuesta de procedimiento de
Gestión con fecha límite 18 agosto de 2022.
No ha sido hasta la Orden TED/1026/2022, de 28 de octubre, cuando se ha aprobado el procedimiento de gestión del sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables, que ahora debe poner en marcha el Comité de Sujetos
compuesto por la Entidad responsable, la CNMC, representantes de productores, transportistas, distribuidores y comercializadores, entre otros, así como el Registro de instalaciones, para la puesta en funcionamiento de manera efectiva del sistema de
garantías de origen a partir del segundo trimestre de 2023.
Además, los gases renovables permiten aprovechar para la transición energética un activo nacional importante como son las infraestructuras gasísticas españolas, que se cuentan entre las más modernas y capaces de la UE. Las infraestructuras
gasistas han demostrado una alta capacidad de adaptación en su desarrollo en los últimos 30 años y están preparadas para un impulso cualitativo adicional hacia 2050, ya que está bien mantenida, suficientemente mallada y gran parte de las
instalaciones están ya preparadas para admitir hidrógeno. Ya en la actualidad es posible regulatoriamente inyectar de forma segura en el sistema gasista hasta un 5 % de hidrógeno, aunque en Portugal admiten hasta un 20 %. En el gas ciudad, más del
40 % es hidrógeno. Con las adaptaciones necesarias, todo el sistema gasista podría servir para conectar áreas de gran potencial renovable con grandes centros de consumo, gestionar la intermitencia de las renovables, almacenando gas renovable e
hidrógeno como energía de respaldo y facilitando el comercio nacional y el transfronterizo de gases renovables, con el sistema de garantías de origen.
Pero son necesarios mecanismos de apoyo para cumplir con las obligaciones REDII y REDIII, obtener objetivos en la gestión de residuos y disminuir la dependencia energética. El biometano puede ser rentable, pero necesita seguridad jurídica y
certidumbre regulatoria para dar una señal de precio adecuada al promotor.
El comentado Informe de Sedigás identifica distintas barreras regulatorias, administrativas y económicos, tales como la falta de un marco legal y normativo y de regulación de las aplicaciones del biometano no relacionadas con aplicaciones
estrictamente eléctricas; la falta de ambición en los objetivos de la Hoja de Ruta del Biogás en relación con el potencial disponible; el retraso en la puesta en marcha del sistema de garantías de origen; la falta de claridad para la conexión de
las infraestructuras del sistema gasista con las plantas de producción de gases renovables; la complejidad y falta de recursos suficientes para la tramitación más ágil de permisos; la proliferación de impuestos vinculados a la generación de
biometano; la dispersión de los residuos, que encarece la logística para su inyección a la red gasista...
En cuanto al hidrógeno, también el hidrógeno renovable está siendo impulsado desde la UE y contamos con un potencial de producción importante, aunque aún lejos de ser competitivo, que se contempla en la 'Hoja de Ruta del Hidrógeno: una
apuesta por el hidrógeno renovable'. Los Gobiernos de España, Francia y Portugal han enterrado el proyecto MidCat el pasado 20 de octubre, al que se
oponía Macron, y a cambio han pactado promover una alternativa subterránea marina entre Barcelona y Marsella (BARMAR).
El nuevo proyecto, ampliado y rebautizado bajo el nombre de H2MED, es una interconexión, -que se presenta como catalizadora de un 'corredor de energía verde' entre Portugal, España, Francia, a la que también se ha unido Alemania-, para
constituir la red troncal del suministro de hidrógeno renovable a la mayor parte de Europa. Si bien, hay opiniones técnicas que estiman que no habrá un mercado suficiente de hidrogeno verde en las fechas previstas para poner en marcha la operación
del H2MED, previsto para entrar en funcionamiento en 2030, con el objetivo de que sea capaz de transportar desde España 2 millones de toneladas de Hidrógeno verde al año, lo que representará el 10 % del total consumido por la UE, por lo que dudan
incluso de que sea un proyecto que vaya a ser una realidad. Por ello, es necesario un impulso adicional al desarrollo del hidrógeno verde en España.
El GPP ha venido desarrollando distintas iniciativas de apoyo al desarrollo del mercado del hidrógeno en España. La más significativa, la Proposición de Ley de Hidrógeno, registrada el 30 de junio 2021 y rechazada su toma en consideración
en julio de 2022. La PL del GPP se desarrollaba a lo largo de un Título I de Disposiciones generales; un Título II relativo a la Ordenación del suministro de hidrógeno, que incluye en distintos capítulos la regulación para un sistema del
hidrógeno, un mercado organizado, los gestores técnicos, y la actividad de producción, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; un Título III, de Fomento e impulso al suministro de hidrógeno, enfocado en el incentivo a la
producción y a la utilización en la industria y el transporte; un Título IV, de Cualificaciones en el uso del hidrógeno; y un Título V de Procedimientos administrativos, relativo a autorizaciones, permisos, concesiones y régimen de inspección y
sanciones.
En definitiva, es urgente profundizar en el estudio de las vectores que permitan aprovechar todo el potencial de España en la producción y gestión de gases renovables y en la revisión del PNIEC, así como aterrizar las medidas de la Hoja de
Ruta del Biogás y de la Estrategia del Hidrógeno verde, para impulsar políticas activas de apoyo, eliminar barreras normativas y facilitar el desarrollo del mercado. En biometano, sobre cultivos de rotación con potencial energético, económico y
ambiental; sobre indicadores de desempeño (KPI) en relación con el capital natural y social; sobre el potencial del biometano en cada CCAA, identificando barreras y oportunidades, y el número y dimensión de plantas y su posible localización para
aprovechar todo el potencial de la manera más eficiente. En hidrógeno, estudiando el diseño del punto de inyección de H2 en la infraestructura gasista y la afectación de los aparatos de uso final; recomendaciones de reglas generales de mercado
para el blending de hidrógeno; el impacto del H2 en redes de distribución de función dúctil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Analizar el potencial de producción de biogás-biometano y de hidrógeno en España de manera conjunta con las necesidades del sector eléctrico y gasista, considerando recursos y necesidades en cada CCAA para una localización
eficiente en términos económicos, ambientales y sociales.
Segundo. Crear un grupo de Trabajo público-privado para la promoción y desarrollo del mercado de gases renovables en España, que concrete la aplicación de las medidas contempladas en la Hoja de Ruta del Biogás y la 'Hoja de Ruta del
Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable', defina un marco legal con mecanismos de apoyo e incentivos e impulse la eliminación de las barreras normativas identificadas.
Tercero. Establecer cuotas más ambiciosas de penetración del Biogás-Biometano y de hidrógeno renovable, en línea con los objetivos del REPowerEU. Vinculantes para 2030 y proyectados a 2050, con objetivos vinculantes para las
administraciones públicas.
Cuarto. Crear un Registro nacional de proyectos de hidrógeno y de biometano, que desarrollará funciones de coordinación, seguimiento y homogeneización de criterios básicos.
Quinto. Definir condiciones especiales para aquellos proyectos que puedan considerarse de interés estratégico para la transición energética, fomentando la encomienda de gestión en materia de medioambiente y energía.
Sexto. Aumentar las dotaciones y acelerar las transferencias para los proyectos de biogás-biometano e hidrógeno que puedan presentarse al PERTE de las energías renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento (PERTE ERHA).
Séptimo. Acelerar la puesta en marcha de un sistema de garantías de origen para los gases renovables y de emisión de certificados verdes, incluyendo información sobre su sostenibilidad y negociando ante las instancias comunitarias la no
exigencia de simultaneidad en la producción de hidrógeno y la generación renovable a fin de facilitar la producción de hidrógeno verde en condiciones más competitivas.
Octavo. Concretar la simplificación administrativa demandada por la UE para la tramitación de permisos para plantas de biogás-biometano e hidrógeno verde, tales como ventanilla única para el Estado y las CCAA, reducción plazos y silencio
administrativo positivo, definición del supuesto de modificación sustancias e incremento de los recursos económicos, personales y tecnológicos empleados en los expedientes.
Noveno. Establecer incentivos fiscales para el desarrollo de plantas de producción de hidrógeno y de plantas de producción de biometano, así como de sus instalaciones de conexión.
Décimo. Modificar las medidas medioambientales para que el biometano sea incorporado a los objetivos de descarbonización.
Decimoprimero. Presentar un proyecto de Ley de Hidrógeno que permita actualizar la regulación para permitir la incorporación del H2 tanto en mezcla (blending) como en la red gasista, así como el desarrollo de la normativa para 'valles de
hidrógeno' al margen del sistema gasista, con criterios de eficiencia económica y solvencia técnica.
Decimosegundo. Intensificar el apoyo y los incentivos económicos a los proyectos de generación de hidrógeno renovable y de biogás-biometano, a través de los fondos Next Generation, y aprovechar las oportunidades del potencial existente en
España de generación de hidrógeno renovable y biometano, con el fin de maximizar la infraestructura existente y descarbonizar las redes de gas y asegurar la viabilidad de la puesta en marcha de la futura red troncal de hidrógeno verde H2MED.
Decimotercero. Proceder al desarrollo normativo del Reglamento UE 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos
fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) 1069/2009 y (CE) 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) 2003/2003.
Decimocuarto. Fomentar proyectos piloto con fondos UE, tanto en mezcla (blending) en el sistema gasista como en desarrollo de 'valles de hidrógeno', que contribuyan al abaratamiento de los costes de producción, permitan iniciar despliegue
de infraestructuras de transporte y distribución de hidrógeno y negociar acuerdos con países vecinos para exportar.
Decimoquinto. Incentivar la valorización energética de los residuos, con el desarrollo de una regulación específica que asegure un acceso competitivo al mismo.
Decimosexto. Articular la colaboración público-privada para el desarrollo de la cadena de valor de la movilidad propulsada por hidrógeno verde (transporte pesado, ferroviario, marítimo y aeronáutico) así como para usos industriales,
facilitando la concesión de los permisos necesarios y los 'sand box' regulatorios que resulten útiles a tal fin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2023.-Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz, Diego Gago Bugarín, César Sánchez Pérez, José Alberto Herrero Bono, José Ángel Alonso Pérez, Tomás Cabezón Casas, Paloma Gázquez
Collado y Percival Manglano Albacar, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la producción de
combustibles sostenibles de aviación para acelerar la descarbonización
del transporte aéreo mientras se salvaguarda su papel clave para el turismo y la economía españoles, para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La aviación es para España un sector estratégico que hace posible la llegada del 85 % de los turistas que visitan nuestro país, 69 millones en 2019. El turismo, a su vez, representa uno de los sectores claves en la economía española. En
2019, el sector turístico alcanzó una aportación de 12,4 % al PIB de España, empleando a más de 2,6 millones de personas en nuestro país.
Tanto la aviación como el turismo se enfrentan todavía a las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. El sector turístico cayó un 42,8 % en nuestro país, retrocediendo esta industria clave a los niveles
del año 2003.
A pesar del contexto de incertidumbre actual la aviación, como otros muchos sectores de la economía, deberá asumir su cuota en la hoja de ruta de la transición energética. Deberá contribuir al objetivo de la UE de neutralizar las emisiones
de carbono para el año 2050. En el caso de la aviación este reto conlleva, sin embargo y a diferencia de otros medios de transporte, ciertas complicaciones al no existir, hoy por hoy, suficientes fuentes de energía alternativas al combustible fósil
susceptibles de uso para propulsar un avión. A pesar de ello la industria en su conjunto se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de CO2 en 2050.
Por otro lado, el Consejo europeo de ministros de energía del pasado 21 de diciembre ha adoptado la Decisión sobre la notificación de los requisitos de compensación del CORSIA (Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación
Internacional). El CORSIA es un plan mundial para compensar las emisiones de CO2 de la aviación internacional adoptado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en 2018, con objeto de estabilizar las emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes de la aviación internacional en sus niveles de 2019-2020 anteriores a la COVID, en el que los Estados miembros de la UE se comprometieron a participar desde la fase piloto, que se inició en enero de 2021.
La Decisión adoptada el 21 diciembre pasado permite que los Estados miembros cumplan su primera obligación anual de notificar a los operadores establecidos en la Unión sus requisitos de compensación del CORSIA, en consonancia con los
compromisos internacionales que han asumido en la OACI, hasta que los colegisladores adopten nuevas normas en el marco de la revisión del RCDE para la aviación y estas se transpongan a la legislación de los Estados miembros.
Otras de las obligaciones del CORSIA se aplican en la legislación de la UE mediante la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) para la aviación, que es objeto de otra propuesta de la Comisión. Recientemente el Consejo
y el Parlamento han llegado a un acuerdo político provisional sobre ese expediente.
El CORSIA se complementa un conjunto más amplio de medidas, que comprende la mejora de la tecnología de las aeronaves, mejoras operativas y combustibles sostenibles para aviación.
Las obligaciones del CORSIA ya se están aplicando:
- Los requisitos de seguimiento, notificación y verificación relativos a las emisiones de CO2 procedentes de los vuelos internacionales se aplican desde el 1 de enero de 2019. Estas obligaciones se han incorporado al Derecho de la Unión
mediante el derecho derivado.
- Los requisitos de compensación del CORSIA se aplican desde el 1 de enero de 2021.
La participación de los Estados en la fase piloto (2021-2023) y la primera fase (2024-2026) del CORSIA es voluntaria.
En junio de 2020, el Consejo adoptó una Decisión que sellaba la participación de la UE en el CORSIA desde el inicio de la fase voluntaria, que comenzó el 1 de enero de 2021.
Para ir dando cumplimiento a los referidos compromisos y contribuir al objetivo de emisiones cero, de todas las medidas al alcance del sector, el uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF por sus siglas en inglés) es con diferencia la
solución más prometedora y la que contribuirá en mayor medida (hasta en un 65 %) en la descarbonización, con hasta un 80 % de reducción de emisiones en el ciclo de vida completo. Los SAF cumplen con las especificaciones técnicas necesarias para su
uso seguro y pueden ser mezclados con el combustible fósil tradicional. Además, su uso no requiere de modificaciones en las aeronaves o en los motores, ni tampoco de cambios en la infraestructura aeroportuaria. Son una
solución por tanto sostenible y disponible ya actualmente, aunque no en las cantidades necesarias para atender a la demanda, ni a un precio competitivo al combustible tradicional. Por lo tanto, es imperativo incrementar su producción a gran
escala para que se alcancen las cantidades suficientes de oferta de SAF que abaraten su coste en el mercado acercándose al precio del combustible tradicional.
Principales obstáculos para la producción de combustibles sostenibles para la aviación:
1. Precio: Hoy en día el SAF es significantemente más caro que el combustible tradicional que ya de por sí representa entre el 25 % y el 35 % de los costes operativos de una compañía aérea. La diferencia de precio supone un obstáculo
prácticamente insalvable para generalizar su uso. Incorporar un sobrecoste de este calibre podría traducirse en un encarecimiento del precio de los billetes y dificultar el acceso a este medio de trasporte a algunos sectores de la sociedad. Es
clave, por tanto, buscar políticas que incentiven la producción y contribuyan a rebajar su coste para que éste no llegue al consumidor final.
2. Niveles de producción. El reglamento ReFuelEU de la UE dentro del paquete 'Fit for 55' prescribe un incremento gradual de porcentajes de SAF hasta el año 2050 (cuando, como mínimo, un 63 % de los combustibles de aviación deberán ser
sostenibles). Este mandato, sin embargo, no ha venido acompañado de suficientes medidas que favorezcan un marco óptimo para la producción de SAF en las cantidades que demandará el sector. Existe por tanto una urgencia en España de asegurar una
producción gradual suficiente que permita cumplir con los objetivos marcados por la UE, pero también reducir la necesidad de dependencia de este tipo de combustible en mercados fuera de nuestro país. Con las inversiones apropiadas, España, por su
situación geográfica, climatología, volumen de tráfico e infraestructura de distribución, podría beneficiarse de un sistema de producción a gran escala, llegando a ser autosuficientes e incluso exportar el remanente de SAF a otros países donde la
oferta interna no pueda cubrir las necesidades de SAF de su industria de aviación. A modo de ejemplo, Estados Unidos, consciente de esta necesidad, pero también del coste de oportunidad, actualmente es líder en producción de SAF en parte gracias a
las políticas de incentivos a la producción y puesta a disposición en el mercado de este tipo de combustibles sostenibles. Gracias a estos incentivos, se espera que su producción alcance los 11 millones de metros cúbicos de SAF en 2030.
3. Certificación y homologación: Existe un número reducido de rutas homologadas y de materias primas aceptadas para la producción de SAF, lo que limita el potencial de producción del mismo y por tanto la posibilidad de abaratarlo. Aprobar
una nueva ruta es tedioso (tarda hasta 8 años) y muy costoso. De nuevo, Estados Unidos consciente del carácter estratégico de esta tecnología, ha tomado el liderazgo con varias rutas homologadas o en proceso de homologación, así como en la
posibilidad de usar una variedad de materias primas para su producción y por tanto con una perspectiva de oferta y competencia en el mercado que contribuirán a reducir el coste del producto. España, en el contexto de la UE debe apostar por una
estrategia similar, impulsando e incentivando estos proyectos de certificación y homologación de rutas y materias primas para la producción de SAF.
Para que la aviación cumpla con el compromiso adquirido de cero emisiones de CO2 netas, se exigirá una capacidad de producción anual de 449 millones de metros cúbicos de SAF. Con la inversión actual, se podrá aumentar la producción anual de
los 125 millones de litros actuales a 5 millones de m3 en 2025. Con incentivos gubernamentales efectivos, la producción podría alcanzar los 30 millones de m3 en 2030, lo que sería un punto de inflexión para la producción y utilización de SAF.
Favorecer un marco adecuado para la producción a gran escala de SAF es por tanto de vital importancia para España no solo desde el punto de vista del turismo, sector vertebrador de nuestra economía, sino también por la oportunidad que se nos
brinda de diversificar nuestras líneas de producción hacia combustibles sostenibles, la contribución para la independencia energética de España, la posibilidad de cubrir las necesidades de SAF no solo de la industria nacional de aviación, sino
también más allá de nuestras fronteras y, por último, por el efecto catalizador que supondrá todo ello en términos de creación de empleo y de riqueza.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar una política de incentivos aplicable a la producción y el consumo de SAF que favorezca las economías de escala necesarias para el desarrollo de un mercado de SAF en nuestro país.
2. Impulsar dentro del seno de la UE que los usuarios, compañías aéreas, puedan beneficiarse de derechos de emisión gratuitos de CO2 en el contexto del esquema de comercio de emisiones europeo (EU ETS) en proporción al uso que hagan de SAF.
3. Impulsar en el seno de la UE la aprobación y la estandarización de rutas de producción de SAF y del uso de materias primas.
4. Potenciar proyectos de I+D+i para explorar nuevas fuentes de producción de SAF, con especial foco en la producción de combustibles sintéticos.
5. Favorecer convenios público-privados para fomentar la inversión en la producción y suministro de SAF.
6. Mejorar la colaboración con la administración pública local y regional para favorecer el acceso a los residuos de los municipios como fuente alternativa a la producción de SAF.
7. Incentivar la creación, adaptación y viabilidad de plantas para producción de SAF otorgándoles la categoría de proyectos estratégicos.
8. Impulsar a nivel de la UE el reconocimiento de los mecanismos existentes a nivel país de contabilidad de uso de SAF, para maximizar la eficiencia económica y ambiental de la distribución y el repostaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2023.-Guillermo Mariscal Anaya, Diego Gago Bugarín, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, José Alberto Herrero Bono, Percival Manglano Albacar, Paloma Gázquez Collado, José
Ángel Alonso Pérez, Tomás Cabezón Casas y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo y promoción de la
generación eléctrica renovable con biomasa forestal, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Para la Gestión forestal se debe tener presente que en el monte están representadas todas las etapas de la vida del rodal forestal, desde la más vieja que es la que se debería cortar para dejar espacio a la más joven que es la que
verdaderamente absorbe el CO2, es decir un monte permanentemente activo, en el que cortas y plantas, conviviendo árboles más viejos y más jóvenes. Es decir, en la gestión de las masas forestales se debe tener claro que, los bosques que están en
fase de total madurez, envejecidos, no funcionan como sumideros porque su capacidad de crecimiento está prácticamente agotada y no hay absorción de CO2.
Esas grandes zonas de masas forestales con árboles envejecidos, que suelen corresponder a zonas protegidas, por ejemplo en parques naturales también son susceptibles de ser gestionadas, especialmente para conseguir su regeneración porque el
hecho de que estén tan estancadas puede llegar a que un incendio arrase absolutamente todo. Pueda y debe haber gestión forestal para garantizar la perdurabilidad.
En el caso de la mayoría de nuestros bosques, la acumulación árboles y ramajes caídos por los temporales de invierno no se recoge ni aprovecha y acaba recargando el bosque de combustible que agrava el riesgo de incendio y su potencial
destructivo. Sólo por esa razón ambiental ya sería necesaria su retirada ordenada y planificada, mediante criterios científicos, mediante una adecuada gestión forestal.
Pero es que además, toda esa biomasa acumulada que puede convertirse en fuente de energía renovable tiene un valor económico, se está desaprovechando. Cada hectárea de bosque gestionada puede generar aproximadamente 100 toneladas de biomasa
forestal.
El mantenimiento de las grandes masas boscosas ayuda no solo a la protección del ecosistema, también es determinante para la dinámica atmosférica para luchar contra despoblación y favorecer recursos, empleo y fijar población en la zona
rural. Estamos ante una oportunidad de avanzar en el ámbito de la economía circular y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, la propia Estrategia Forestal Española 2050 (EFE 2050) reconoce que en la actualidad la contribución del sector
forestal a la economía nacional equivale al 0,6 % del PIB, muy por debajo de la media europea (en países como Finlandia, llega hasta el 15 % del PIB) y muy lejos del potencial de los bosques españoles.
Con la gestión forestal sostenible se trata no solo de revertir los efectos del cambio climático sino también de los efectos de la despoblación. La lucha contra la despoblación y el reto demográfico debe tener un plan estratégico ambicioso,
con proyectos concretos, presupuestos y plazos, unido el sector primario y la industria agroalimentaria, con un turismo sostenible y acceso a todas las tecnologías; y junto a todo ello una gestión forestal sostenible.
En ese sentido, el aprovechamiento energético sostenible de la biomasa forestal debe ocupar un espacio destacado. La energía renovable a partir de biomasa es un sector con gran potencial en nuestro país, dada su abundancia de recursos en
España. Además, es gestionable, sin depender de factores climatológicos como el viento o el sol por lo que contribuye a garantizar el suministro de energía y a aportar estabilidad al sistema eléctrico, al tiempo que favorece la independencia
energética. De todas las tecnologías renovables, la biomasa es la que tiene mayor efecto de creación de empleo: 25 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos por megavatio instalado, por lo que contribuye al desarrollo rural, a la
vertebración del territorio y a la fijación de población en los entornos rurales.
En la EFE 2050 el Gobierno reconoce que el aprovechamiento de la biomasa forestal con fines energéticos, está muy por debajo de su capacidad de producción y es necesario avanzar hacia el objetivo establecido en el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC) de una potencia instalada de energía eléctrica a partir de biomasa (agrícola y forestal) de 1.408 MW para 2030, casi el doble que en la actualidad. Y es que España es el segundo país de la UE con mayor proporción de
superficie forestal: el 55 % de su extensión. En cambio, ocupa uno de los últimos puestos, el 22 de los 27 Estados miembro, en la obtención de energía a partir de biomasa. Según los expertos, el aprovechamiento de la biomasa para su uso
energético podría aumentar en 12 millones de m3 anuales, lo que equivaldría al ahorro anual de 25 millones de barriles de petróleo, evitando la emisión de casi 10 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEO y contribuyendo de esa forma
a mitigar el cambio climático. Mas aún si tenemos en cuenta que nuestra biomasa forestal aumenta cada año en 46 millones de m3, de los que solo valorizamos un 40 %: una cifra muy inferior a la media europea, que se sitúa en el 61 %.
Por todo lo anterior, nuestro país debe fomentar una adecuada gestión forestal que permita el aprovechamiento energético de nuestro potencial de biomasa de una manera sostenible.
Sin embargo, el futuro del sector de la biomasa está en riesgo si la normativa que lo regula no incorpora la escalada de precios de los combustibles y la alta demanda de biomasa. Actualmente, se están publicando las órdenes de parámetros
retributivos para este sector, que sólo contemplan un aumento de un 1 % de los costes de biomasa y otros costes de explotación en 2022, cuando la realidad es que en el último año los costes de la biomasa han subido cerca de un 40 %. El precio del
gasóleo, -que supone más de un 30 % de los costes asociados sector y que incide en los costes del transporte, de los transportistas y de la maquinaria-, ha experimentado un incremento sin precedentes. También la subida de los costes logísticos de
la recogida de la biomasa por efecto de la inflación y el incremento de los costes de los combustibles, a lo que se añade la creciente demanda de biomasa agroforestal: de madera, para calefacción doméstica e industrial, y también de otras biomasas,
para reemplazar combustibles fósiles en la industria. Una demanda que crece impulsada también desde fuera de nuestras fronteras, principalmente de los países nórdicos y centroeuropeos.
En esa situación, las instalaciones tendrán que parar, al no ver garantizada su rentabilidad razonable, con el decrecimiento de la demanda de biomasa y su descenso de valor, además de la pérdida del recurso para mejorar nuestro sistema
energético; se puede observar cómo desde hace 2 años está disminuyendo la energía eléctrica generada a partir de biomasa de acuerdo a la información de Red Eléctrica, que en diciembre pasado anota un descenso en el periodo que ha superado el 30 %:
Además de que en las órdenes de parámetros retributivos publicadas no se han actualizado los costes, en la propuesta de orden de parámetros para el semiperiodo regulatorio que comienza en 2023, que se ha publicado a finales de 2022, tampoco
se han reconocido y la nueva metodología de cálculo que tendría que haberse publicado antes de final de año, no se ha publicado aún. Nos encontramos así en una situación de incoherencia en la que, por un lado, las plantas de energía renovable con
biomasa (que 'teóricamente' tienen una rentabilidad razonable garantizada por el Estado) tienen que parar.
Por ello, la situación del sector y su cadena de valor con alto impacto potencial en el mundo rural y en la gestión sostenible de biomasa forestal y agrícola es realmente comprometida y se está desaprovechando.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Analizar el potencial de aprovechamiento de biomasa forestal para la generación de energía eléctrica de manera conjunta con las necesidades del sector eléctrico y gasista, considerando recursos y necesidades en cada CCAA para una
localización eficiente en términos económicos, ambientales y sociales, en el marco de una gestión forestal integral sostenible.
2. Modificar las medidas medioambientales para que la biomasa sea incorporada a los objetivos de descarbonización, con el desarrollo de una regulación específica que asegure un acceso competitivo al recurso.
3. Apoyar y garantizar la retribución razonable y su actualización en plazo, para las instalaciones renovables de generación con biomasa, que considere el coste real de la biomasa y del resto de gastos operativos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2023.-Guillermo Mariscal Anaya, Paloma Gázquez Collado, Juan Diego Requena Ruiz, Diego Gago Bugarín, César Sánchez Pérez, José Alberto Herrero Bono, Percival Manglano Albacar, José
Ángel Alonso Pérez y Tomás Cabezón Casas, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el
impacto medioambiental sobre el proyecto del Parque Solar Fotovoltaico 'MAGDA' para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 7 de febrero de 2023, el Boletín Oficial del Estado publicaba la Resolución de 23 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y Avaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y reto demográfico, por la que se
formulaba la Declaración del Impacto Ambiental del proyecto 'Parque solar fotovoltaico 2MAGDA' de 150 MWp, y su infraestructura de evacuación en la provincia de Castelló'.
Un proyecto de estas características no afecta solamente a los términos municipales donde se propone la planta y las líneas de evacuación; que en estos casos corresponderían a las poblaciones de: les Coves de Vinromà Vilanova d'Alcolea, la
Torre d'En Domenech, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Vall d'Alba Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora, sinó que su afectación trascendería también por el impacto que supondría en el conjunto de las
comarcas de Castelló.
La generación de energía eléctrica es, sin ninguna duda, uno de los grandes retos que deben abordarse, tanto des de la perspectiva de viabilidad industrial y sostenibilidad medioambiental, así como la defensa del territorio, el desarrollo
económico y el bienestar de los vecinos directamente afectados. La apuesta por una transición energética profunda que acabe con la dependencia de los combustibles fósiles es un camino obligado y compartido, pero debe ir acompañado de una
planificación territorial sostenible y equilibrada sin concentrar las externalidades negativas del proceso en los entornos rurales y sobre sus habitantes.
El proyecto 'Magda' ha generado un rechazo generalizado y manifiesto por los municipios antes mencionados, y también por el conjunto de la sociedad del territorio. Se alega una incompatibilidad del mismo con la preservación del medio
ambiente, el desarrollo económico y la voluntad de los propietarios implicados.
Este proyecto afecta de manera importante al cultivo de los almendros (muchos de ellos en explotaciones agroecológicas certificadas), a la flora y la a fauna, a la industria existente, a las renovables de menor tamaño planificadas en el
territorio y a su ordenación, a los paisajes protegidos y al patrimonio cultural; por su proximidad (Barranco de la Valltorta, patrimonio de la humanidad) y por su etnología.
El proyecto no es viable, puesto que no existen los condicionantes técnicos, medioambientales ni sociales que se le requiere a consecuencia de la longitud excesiva de la línea de evacuación, con importantes pérdidas energéticas, el
fraccionamiento que la DIA reconoce al hablar de dos plantas distantes geográficamente, las afecciones territoriales y medioambientales y la ineficiencia energética por pérdidas de tensión. Por todo esto, es importante que se tengan en cuenta
dichos valores en los informes de las diferentes administraciones competentes en el momento de dar o no autorización de un parque de estas características. Es por ello que los órganos competentes de la administración valenciana han evacuado
diversos informes negativos sobre la viabilidad e idoneidad del proyecto. La apuesta por las energías renovables tiene que ir acompañada de la viabilidad del proyecto y un desarrollo sostenible y ordenado, cosa que, a día de hoy, no se cumple.
Huelga decir que las zonas afectadas se concentran en territorios con riesgo de despoblación, donde los actores, tanto institucionales como particulares, no disponen de recursos para hacer efectivas sus demandas. La sensibilidad de las
administraciones tiene que ser, por ende, crucial y efectiva, para garantizar que la forma, estilo y futuro de estas poblaciones no se vea condicionado.
Por todo lo anteriormente expuesto, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
I. Paralizar e inadmitir el proyecto 'Magda', planteado en las comarcas de Castelló, al no tener en cuenta los elementos indicados en cuanto a la viabilidad de esta: por la pérdida de energía planificada, la longitud de la línea de
evacuación, la excesiva distancia entre las plantas planificadas, las afecciones territoriales y medioambientales y la ineficacia energética por pérdidas de tensión evidentes en el planteamiento.
II. Tener en consideración las alegaciones e informes contrarios que el Consell de la Generalitat Valenciana ha remitido sobre el proyecto.
III. Impulsar el diálogo con los municipios afectados y agentes implicados, para abordar las condiciones de los posibles parques solares a instalar en la Comunidad Valenciana y los trazados de las líneas eléctricas de evacuación a los que
dan lugar. Estableciendo una planificación ordenada y sostenible del territorio que evite la concentración de megaproyectos cómo MAGDA en el entorno rural, favoreciendo la implantación de plantas de energías renovables en entornos urbanos y
periurbanos próximos a donde se concentra la demanda de consumo eléctrico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2023.-Joan Baldoví Roda, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, sobre la homologación de la definición de las islas de calor y Planes de Adaptación al Cambio Climático en las ciudades.
Exposición de motivos
Las islas de calor urbanas se definen como 'fenómeno por el cual las zonas urbanas tienden a tener una mayor temperatura que las zonas rurales de los alrededores, como resultado de las progresivas modificaciones de la superficie que incluyen
la sustitución de la vegetación por edificios y calles.'
Según los diferentes estudios publicados, esto se debe a la absorción de radiación solar por parte de las superficies construidas y pavimentadas, que se calientan y que, junto con otros factores antropogénicos como el tráfico o el consumo
energético, generan diferencias de temperaturas que pueden alcanzar hasta 6.º entre las distintas zonas de una misma ciudad.
Esto fue lo que demostró el proyecto modifica (Modelo predictivo-edificios-Isla de Calor urbana), desarrollado por el grupo de investigación ABIO, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, conjuntamente con la Escuela Técnica Superior
de Edificación, ambos centros de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
En dicho estudio, y en otros muchos, se ha certificado que estas diferencias afectan de forma notable al comportamiento energético y térmico de los edificios que se encuentran dentro de las islas de calor y que afectan de lleno a las
personas que viven o trabajan en ellos. Cinco grados en una noche tórrida de verano pueden ser la diferencia entre conciliar el sueño o no. Así lo recogía un estudio publicado recientemente en la revista The Lancet, donde se señalaba que las
muertes relacionadas con el calor en los mayores de 65 años aumentaron un 68 % en el periodo comprendido entre 2017 y 2021, en comparación con el 2000-2004. Una conclusión que coincide con la línea seguida por los especialistas del Instituto de
Salud Global de Barcelona, que han demostrado que durante 2015 hubo 6.700 muertes en Europa por altas temperaturas, lo que significó un 4,3 % de la mortalidad total durante los meses de verano y el 1,8 % de la mortalidad durante todo el año.
Además, ese estudio concluye que un tercio de estas muertes (2.644) podrían haberse evitado aumentando la cubierta arbórea hasta un 30 %, reduciendo así las temperaturas.
En un escenario en el que la emergencia climática avanza con mayor rapidez y virulencia de la esperada, es especialmente importante tener esta información detallada y actualizada.
Buena muestra de ello es que este 2022 hemos tenido el verano más caluroso de la historia de Europa desde que existen registros, que en España se ha traducido en más de 100 noches tropicales, en las que la temperatura es mayor de 20 °.
Disminuir estas diferencias térmicas pasa por dos ejes fundamentales: la mitigación del cambio climático y por tanto la contención del aumento de temperaturas; y por otro lado la adaptación de las ciudades a las consecuencias que ya está
produciendo la emergencia climática.
En materia de mitigación una de las principales actuaciones a poner en marcha, junto a la reducción del tráfico rodado, es la reducción de los consumos energéticos en los edificios, algo para lo que son imprescindibles las reformas de
rehabilitación energética. En materia de adaptación a nivel de edificio son también necesarias las reformas de rehabilitación, puesto que con mejores materiales el calor no se concentraría tanto en los edificios construidos, pero también se
reducirían las fugas de calor y frío procedentes de las climatizaciones.
A nivel ciudad, y para luchar directamente contra el aumento de las temperaturas dentro de los barrios con peores condiciones climáticas, se han demostrado de gran utilidad las acciones de naturalización, puesto que vegetación y
concentraciones de agua son algunos de los factores más eficientes en este apartado.
Para poner números a esta realidad cabe señalar que el 40 % de la energía final del país se consume en las ciudades y que estas son responsables de un 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Si tenemos en cuenta,
además, que el 70 % de la población española vive en ciudades, es fácil concluir que estas deben ser un núcleo de acción en la adaptación y la mitigación del cambio climático.
No obstante, dada la escasez de recursos materiales y económicos, es vital que las políticas públicas y los recursos asociados a ellas vayan enfocadas a las zonas más afectadas en primera instancia, para hacerlas más eficientes y efectivas.
Para ello son imprescindibles iniciativas como el proyecto MODIFICA, anteriormente señalado, gracias al que se elaboró un modelo de predicción de la temperatura dentro de las ciudades y que permitió localizar, de este modo, las islas de calor
urbanas.
Por todo ello, proponemos para su debate la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, a desarrollar el indicador referente a las 'Islas de Calor Urbanas', homologando los
indicadores y parámetros para poder identificarlas correctamente en todo el territorio nacional.
- Crear, para dicha homologación, un comité de trabajo interministerial junto al Ministerio de Ciencia e Innovación que incorpore a organismos como la AEMET, el CSIC y el Instituto de salud pública Carlos III, para desarrollar una
metodología de identificación de las islas de calor urbanas y un estudio sobre los modelos de predicción de altas temperaturas urbanas.
- Desarrollar, en colaboración con las administraciones locales y autonómicas, un programa para que las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con un mapa de identificación de islas de calor urbanas, con previsión de sus
comportamientos a lo largo de los años.
- Modificar el artículo 17 de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, para incluir que los municipios con alta incidencia en islas de calor adopten antes de 2024 sus propios Planes de Adaptación al Cambio Climático con
Soluciones Basadas en la Naturaleza, que incluyan al menos:
? Planes de actuación e inversión a diez años.
? Recuperación de las riberas de los ríos, entornos naturales y espacios públicos.
? Plan de reformas para la eficiencia energética de edificios anteriores a 1990.
? Planes de especial protección para los entornos naturales y zonas verdes ya existentes.
? Recuperación y renaturalización del espacio público con soluciones basadas en la naturaleza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2023.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del Año
Zóbel 2024 por parte del Ministerio de Cultura y Deporte, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Fernando Zóbel resulta fundamental para entender el arte español de la segunda mitad del siglo XX. Nacido en Filipinas en 1924, licenciado en Filosofía y Letras, magna cum laude por la Universidad de Harvard con un estudio sobre Federico
García Lorca, descubrió su pasión por la pintura en 1942, tras una lesión de columna que le dejo inmovilizado durante algún tiempo.
Su primera exposición tuvo lugar en Boston en 1951, y a continuación, expuso en Manila en 1952. En el año 1955 vuelve a España y conecta con los artistas en vanguardia de la época. No obstante, sigue viviendo en Filipinas, donde la
Universidad de Santo Tomás de Manila le concede un doctorado honoris causa. También imparte clases de arte en la Universidad Ateneo de Manila. A partir de la década de 1960 comienza una evolución como pintor abstracto, desarrollando un estilo
característico, en el que sin duda la caligrafía china representa uno de los influjos más evidentes.
Sus obras forman parte de las colecciones de importantes museos de todo el mundo. Participó en más de 150 exposiciones colectivas y más de 40 individuales. Los cuadros de Zóbel son de apariencia simple y espontánea, aunque están creados a
partir de un estudio minucioso y una planificación perfecta.
Su obra artística se extiende a la poesía, la literatura y la fotografía, siendo su figura imprescindible en la explosión del arte abstracto en nuestro país. Además de su aportación al patrimonio cultural español, supuso un verdadero empuje
y revulsivo para este movimiento la creación en 1966 del Museo de Arte Abstracto Español en las Casas Colgadas, el lugar más emblemático de Cuenca, colaborando en el diseño de este museo los pintores de la época: Gerardo Rueda, Gustavo Torner,
Manuel Millares, Antonio Lorenzo, Eusebio Sempere, Antonio Saura, Martin Chirino, Bonifacio Alfonso, Luis Feito, etc., el denominado Grupo de Cuenca. En 1980 donó todo su fondo al Museo de Arte Abstracto Español y a la Fundación Juan March, la cual
sigue manteniéndolo y administrándolo hasta el día de hoy.
Zóbel no destaca únicamente por su aportación a la abstracción pictórica, sino por su obra de mecenazgo y su interés por otros artistas, ejemplo de impulso artístico en nuestro país.
Su muerte se produjo en Roma el 2 de junio de 1984. Sus restos mortales se encuentran en el cementerio de San Isidro, en Cuenca, sobre la hoz del Júcar que tantas veces pintó. La figura de Fernando Zóbel está presente en la ciudad de
Cuenca, en su estación, en el Instituto de Educación Secundaria que lleva su nombre y en su avenida.
El centenario de su nacimiento es una importante fecha para recordar su legado tanto artístico como en el ámbito del mecenazgo, que debiera celebrarse con el título de 'Año Zóbel' con diferentes actividades culturales y artísticas, con
participación de las diferentes administraciones públicas y entidades privada, y coordinado por el Ministerio de Cultura y Deporte.
El Museo del Prado ya ha comenzado este tributo con una interesante exposición, pero no puede quedar esta importante efeméride limitada a una única exposición en vísperas de su centenario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una agenda de actividades para la conmemoración del Año Zóbel por el centenario de su nacimiento, que incluya entre otras actuaciones:
1. Reconocer la figura internacional de Fernando Zóbel y la importancia de su trabajo en el ámbito del arte abstracto en España, a través de un cronograma de actividades culturales a desarrollar por las diferentes administraciones públicas:
conferencias, exposiciones y talleres coordinados por el Ministerio de Cultura y Deporte.
2. Declarar la efeméride como acontecimiento de excepcional interés público, sometido a beneficios fiscales.
3. Promover la organización en la ciudad de Cuenca de una gran exposición retrospectiva de la figura de Fernando Zóbel.
4. Impulsar la difusión a través de Televisión Española de la celebración del Centenario, con un documental sobre su figura dentro del programa 'Informe Semanal' en torno a la fecha del Centenario, así como información de las diferentes
actividades a desarrollar en los Informativos de la 1 de TVE y en espacios educativos.
5. Colaborar con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el desarrollo de material didáctico y divulgativo sobre la figura de Fernando Zóbel.
6. Promover un concurso de arte abstracto Año Zóbel, cuya entrega de premios tenga lugar en Cuenca como conmemoración del centenario del nacimiento del artista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Marta González Vázquez, José Ángel Alonso Pérez, Óscar Gamazo Micó, Beatriz Jiménez Linuesa y Alberto Casero Ávila,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
transferencia a las Comunidades Autónomas de la gestión del Bono Cultural Joven, para su debate en instancia en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El Bono Cultural Joven se estableció a través del Real Decreto 210/2022 como una política de la Administración General del Estado para el fomento de la cultura entre los jóvenes que cumplían 18 años. El Gobierno decidió llevar a cabo esta
política pese a que la cultura es una competencia esencialmente transferida a las Comunidades Autónomas. En Catalunya, según el artículo 127 del Estatut de Autonomía de Catalunya, en el País Valencià, según el artículo 49 de su Estatut, y en las
Illes Balears i Pitiüses según el artículo 30 del suyo, establecen que el fomento de la cultura es una competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana y del Govern de les Illes Balears.
Además, la realidad se ha impuesto y ha demostrado la incapacidad del Estado para realizar políticas eficientes que beneficien realmente a la ciudadanía, ya que el propio Gobierno calculaba un universo de 488.794 jóvenes potenciales
beneficiarios de esta política, pero según datos del propio Ministerio de Cultura y Deporte únicamente el 57 % de los jóvenes de todo el Estado con derecho a percibirlo solicitaron dicho bono. Esta media estatal es aún peor si nos fijamos en los
Països Catalans, donde solo lo solicitaron menos de la mitad de los jóvenes con derecho. Especialmente preocupante es el caso de les Illes Balears i Pitiüses donde no llega ni a que 4 de cada 10 jóvenes lo solicitaran.
Después de este fracaso en la gestión por parte del Gobierno, el Tribunal Supremo ha vuelto a colaborar en poner en evidencia de nuevo al propio Estado. Con el fallo del 7 de febrero en el que anulaba la exclusión de las corridas de toros
del Bono Cultural Joven se han evidenciado las incongruencias del Estado de considerar cultura a la tortura animal que representa la tauromaquia.
Ante toda esta situación, se abren oportunidades para transformar esta política, que conceptualmente es positiva, en una política realmente útil al servicio de la ciudadanía. Esta oportunidad se basa en cumplir con el principio de
subsidiariedad, entendiendo que es desde la Administración Pública más cercana a la ciudadanía la manera que mejor se puede gestionar y ejecutar cualquier política pública. Respetando siempre la realidad territorial, social y cultural de cada
territorio, más en un Estado como el español con realidades nacionales y culturales muy diferentes.
En el caso de la tauromaquia es claramente ejemplificador ya que, por ejemplo, Catalunya dispone de una avanzada legislación, realidad y mayoría social a favor de los derechos de los animales con la
prohibición de las corridas de toros como principal hito conseguido ya en 2010. Por tanto, se da la situación que para cumplir con la voluntad de exclusión de las corridas de toros para beneficiarse del Bono Cultural Joven es imprescindible
el traspaso de la gestión de dicho Bono Cultural a las Comunidades Autónomas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Traspasar la gestión del Bono Cultural Joven a las Comunidades Autónomas con el objetivo de garantizar una gestión del Bono Cultural Joven adecuada a la realidad territorial, social y cultural.
2. Ampliar el presupuesto previsto del Bono Cultural Joven para 2024 en la cantidad no ejecutada de esta partida del año 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2023.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la precisión de los datos y
la producción de estadística sobre defunciones en España, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos publicó el 16 de noviembre de 2022 en su sitio web unos datos ofrecidos desde la Oficina Europea Estadística (Eurostat) según los cuales la Unión Europea registró el pasado mes de
septiembre un exceso de mortalidad del 9 % frente a la media de dicho mes registrada entre los años 2016 y 2019, es decir antes de la irrupción de la pandemia de COVID-19.
Este incremento porcentual representa en términos absolutos un aumento de 30.000 fallecimientos con respecto a la media referida en el párrafo anterior, aunque supone también un descenso al cotejarlo con la comparativa 2021/2016-2019, que
con 44.000 muertes conllevó una subida del 44 %.
De acuerdo con la información de Eurostat publicada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, 'todos los Estados miembro -salvo Eslovaquia, donde los decesos cayeron un 2 %- registraron aumentos de mortalidad en septiembre de
2022 frente a los meses previos a la COVID-19'.
En este sentido, en España, teniendo en cuenta cifras provenientes del Ministerio de Sanidad y del Sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el exceso de mortalidad
registrado en el primer semestre de este año en comparación con 2021 asciende a 27.060 personas, de las que 10.410 son atribuidas al virus SARS-CoV-2 y 4.800 a las altas temperaturas. Sanidad y el ISCIII -de acuerdo con un artículo publicado en
prensa escrita el pasado 10 de noviembre- desconocen las causas reales de los 11.850 fallecimientos restantes.
Lejos de ser una excepción, esta situación de desinformación se ha producido en nuestro país a lo largo de toda la pandemia debido a cuestiones como las disonancias que se han producido entre el número de fallecidos publicado por el
Ministerio de Sanidad, por el ISCIII y por otros registros y organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La falta de consonancia entre cifras -también acontecida en el ámbito de las personas contagiadas por la pandemia- ha sido una de las principales razones por las que desde el ámbito sanitario se considera necesaria una auditoría exhaustiva e
independiente de la gestión realizada durante la COVID-19, siendo un ejemplo representativo de ello la solicitud realizada por expertos españoles en salud pública y epidemiología en la revista The Lancet en dos ocasiones desde agosto de 2020.
Sin embargo, y a pesar del compromiso adquirido en octubre de 2020 desde el Ministerio de Sanidad en tal sentido, la evaluación no ha sido llevada a la práctica aún, por lo que no se han podido discriminar las razones por las que la
información relativa a los fallecidos presenta estas disparidades, ni se han
puesto sobre la mesa soluciones diligentes para evitar que las imprecisiones vuelvan a producirse en futuras crisis de salud pública.
En este contexto, desde la Sociedad Española de Epidemiología y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria se consideró en junio de 2020, en el marco de la pandemia de COVID-19, que 'la elaboración de la estadística de
defunciones es compleja', que conocer 'con precisión el número y la evolución de las defunciones es esencial para valorar la magnitud el problema y su evolución', y que 'aunque la estadística oficial de defunciones en España aplica las reglas de
Organización Mundial de la Salud', procede impulsar mejoras en 'la producción de las estadísticas de las defunciones y de los sistemas de información sanitaria' desde 'un acuerdo institucional [INE, Organización Médica Colegial, Ministerio de
Sanidad y consejerías de Sanidad (de las Comunidades Autónomas)] que alinee recursos y garantías'.
Por todo lo anterior, y en el marco de lo dispuesto en la 'Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno', el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar todas las medidas que resulten necesarias, desde el acuerdo con las Comunidades Autónomas y la coordinación efectiva con los representantes de los profesionales sanitarios, para
incrementar la precisión y la fiabilidad en la obtención de la información relativa a las defunciones en España, así como en su tratamiento y en la elaboración de análisis y estadísticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-Ana María Pastor Julián y Elvira Velasco Morillo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reincorporación de
profesionales sanitarios jubilados y la contratación de extracomunitarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Los recursos humanos representan, junto con otras materias como las listas de espera quirúrgicas y las demoras en el acceso a las innovaciones terapéuticas, el ámbito con mayores problemas del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la
actualidad.
Más allá de cuestiones pendientes de mejora relativas a la estabilidad laboral, a las retribuciones, al reconocimiento de la categoría de profesión de riesgo en el marco de la pandemia de COVID-19, al desarrollo efectivo de especialidades
médicas como las relativas a las Urgencias y Emergencias o a la Genética Clínica, a la escasez de profesores médicos en las facultades[... ]entre otros muchos ejemplos, la problemática más destacada en términos de ordenación profesional en el SNS,
que afecta a todas las comunidades autónomas, es el déficit de médicos especialistas en ámbitos como el de la Medicina de Familia y Comunitaria.
Se trata de una realidad evidenciada y agudizada por la referida COVID-19 ante la cual, como se denuncia desde los consejos de colegios profesionales, las sociedades científicas, las asociaciones de estudiantes y residentes o los sindicatos
no están tomando las medidas pertinentes para procurar soluciones tangibles y efectivas tanto en el corto como en el medio y el largo plazo.
A pesar de las propuestas contempladas en el dictamen relativo a Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que el pleno del Congreso de los Diputados aprobó en julio de 2020, o en el manifiesto
impulsado desde Galicia y País Vasco el pasado mes de julio
-secundado por otras Comunidades Autónomas, como Castilla y León, Andalucía y Cataluña-, o incluso en una propuesta de resolución también validada en el Congreso de los Diputados en el Debate del Estado de la Nación celebrado igualmente el
pasado julio, la situación no sólo continua sin solución, sino que se está viendo agravada hasta el punto de derivar en la convocatoria de protestas y huelgas por todo el país.
En este contexto sin progresos ni avances reales, los consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de Galicia, de Castilla y León, de Andalucía, de la Región de Murcia y de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mantuvieron el pasado 14 de
noviembre de 2022 una reunión en la que consideraron necesario:
- la convocatoria urgente de una sesión plenaria del Consejo Interterritorial con la que poner en marcha los cambios necesarios para modificar las unidades de acreditación docente;
- realizar la convocatoria urgente de más plazas de médicos especialistas, de acuerdo con las necesidades de cobertura de las plazas que necesita el SNS a corto y medio plazo;
- el desarrollo de herramientas con las que fomentar la permanencia en el empleo, asentada en concursos de méritos para fidelizar a los médicos de familia en sus puestos;
- el impulso de normativa que permita la creación de contratos puente de hasta tres años para los MIR que terminen su residencia, como paso previo a la obtención de una plaza fija en su especialidad;
- la plena activación del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios,
- el planteamiento de fórmulas que permitan conjugar la conciliación de la vida familiar y profesional de los especialistas con la puesta en marcha de incentivos para cubrir el turno de tarde,
- la incentivación de los profesionales jubilados, para que los que lo deseen puedan permanecer, al menos parcialmente, en activo, y
- la agilización de la convalidación de títulos de médicos especialistas extracomunitarios.
En lo que se refiere a los profesionales jubilados, es una cuestión ya contemplada en el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la
Seguridad Social y económico, concretamente en el artículo 5, sobre la 'Compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de las y los profesionales sanitarios, realizado al amparo del Real Decreto 926/2020, de
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2'.
Por su parte, en el supuesto del acceso al ejercicio de los medicos extracomunitarios, en el SNS, el artículo 3 del Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 regula la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea.
No obstante, las acciones planteadas tanto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 3/2021 como en el artículo 3 del Real Decreto-ley 30/2021, son coyunturales y limitadas en el tiempo, y ante las insuficiencias ya comentadas, parece razonable
y convergente con las quejas y las solicitudes planteadas por los profesionales sanitarios extender la validez de dichas acciones para afrontar las necesidades presentes o atenuarlas en la medida de lo posible, mientras se buscan y se llevan a la
práctica las medidas con las que resolver la situación de forma estructural.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar medidas con las que extender en el tiempo la posibilidad de que profesionales sanitarios jubilados se reincorporen al servicio activo en el Sistema Nacional de Salud de forma
compatible con su pensión de jubilación, así como para posibilitar la contratación de profesionales sanitarios extracomunitarios, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para
el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.
Dichas medidas serán diseñadas e implementadas desde el acuerdo con las Comunidades Autónomas y desde la plena coordinación con los representantes de los profesionales sanitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-Elvira Velasco Morillo, Carmen Navarro Lacoba y Ana María Pastor Julián, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora en la prevención
y en el abordaje integral de la Osteoporosis en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud considera la Osteoporosis como una 'enfermedad caracterizada por la baja masa ósea y el deterioro microestructural del tejido óseo, que lleva a una mayor fragilidad ósea y al consiguiente aumento del
riesgo de fractura'.
De acuerdo con los datos ofrecidos por la Plataforma para la prevención de fracturas por Osteoporosis se destaca el carácter crónico, debilitante y progresivo de la patología, así como su elevada morbi-mortalidad y su considerable impacto
negativo en la salud y en la calidad de vida de los pacientes (dolor, reducción de la autonomía personal, discapacidad a largo plazo...)-, afectando a 2.945.000 personas en España, es decir, al 5,4 % de la población (similar al 5,6 % de media
registrado en la Unión Europea), de los que el 79,2 % son mujeres y el 20,8 por ciento restante, hombres.
Según la citada plataforma, y considerando también las cifras ofrecidas el pasado mes de febrero desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la osteoporosis supone 'una importante carga' para los sistemas sanitarios,
generando en nuestro país sólo en 2019 costes asistenciales por valor de 4.300 millones de euros (2.190 millones ligados a la discapacidad, 1.810 millones por fracturas incidentales y 303 millones en gasto farmacéutico, lo que representa un 33 % más
que en 2010 y el 3,8 % del gasto sanitario total actual).
De igual modo, el 80 % de las personas que han sufrido una fractura en condiciones de fragilidad (289.000 fracturas de estas características en España en 2019) 'carece de diagnóstico, no son identificadas correctamente y, en consecuencia, no
reciben el diagnóstico ni el manejo posterior que debieran'. Así, de las 1.827.000 mujeres consideradas aptas para el tratamiento de la osteoporosis, 1.171.000 siguen sin tratar, provocando una 'brecha de tratamiento' que afecta al 64 % de las
afectadas.
Esta realidad tenderá a complicarse en los próximos años considerando que hasta 2034, según los datos de la mencionada SEGG y debido a factores demográficos, se prevé que la cantidad de fracturas en España aumente alrededor del 29,6 %.
Desde la Plataforma para la prevención de fracturas por Osteoporosis, conformada por entidades como la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, el Foro Español de Pacientes y,
entre otras, la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis, se destacan los buenos resultados obtenidos en el Sistema Nacional de Salud con iniciativas como las Unidades de Coordinación de Fracturas existentes y activas en nuestro país
(76 en total) o el Registro Nacional de Fracturas de Cadera -en el que participan 80 hospitales de toda España- tanto para mejorar el abordaje de los pacientes en términos de calidad asistencial, como desde el prisma del coste-efectividad.
No obstante, también se consideran necesarios avances teniendo presente que falta concienciación sobre la gravedad que puede significar la osteoporosis, que es necesario mejorar las evaluaciones de los pacientes mayores después de una
fractura y, entre otras cuestiones, que procede impulsar la prevención de fracturas secundarias.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y la coordinación efectiva con los representantes de los profesionales sanitarios y de los pacientes, cuantas medidas sean
necesarias para posibilitar avances reales y tangibles en la prevención y en el abordaje integral, personalizado y humanizado de la osteoporosis en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), propiciando para ello:
- La actualización continuada de las Guías de práctica clínica en el SNS relacionadas con la enfermedad.
- El desarrollo efectivo y la adhesión global a los registros de fracturas, procurando el uso seguro y adecuado de los datos.
- Una coordinación asistencial plena entre la atención primaria y la atención hospitalaria para el seguimiento y el tratamiento de los afectados.
- Una mayor formación y capacitación de los profesionales sanitarios sobre la enfermedad, especialmente en atención primaria como nivel asistencial protagonista en las etapas del proceso asistencial.
- El diseño y la materialización de campañas de concienciación y sensibilización social para incrementar la información y la formación de los ciudadanos, especialmente de edades avanzadas, tanto sobre la patología como sobre cuestiones
relacionadas como la prevención de caídas.
- La creación y el desarrollo cohesionados en todo el SNS de unidades de coordinación de fracturas y de ortogeriatría.
- El fomento de la I+D+i desde la generación de sinergias público-privadas entre universidades, centros asistenciales, sociedades científicas, empresas de tecnología sanitaria [...] para agilizar la consecución de progresos en el abordaje de
las fracturas por fragilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2023.-Elvira Velasco Morillo y Ana María Pastor Julián, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de una normativa estatal sobre la publicidad de medicamentos,
para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La publicidad de los medicamentos se transforma al mismo tiempo que crece y cambia el mercado. Está sometida a una regulación específica que está justificada por la repercusión que tiene sobre la salud y seguridad de la población.
La transmisión de la información sobre medicamentos debe ser objetiva y veraz, conforme a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, permitiendo a la población tomar decisiones informadas, de acuerdo con el valor terapéutico
del medicamento.
El control de la publicidad de medicamentos de uso humano se encuentra regulado, tanto en el texto refundido de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2015, de 25 de julio (RDL 1/2015), como en la legislación específica.
El RDL 1/2015 establece las garantías de información que se han de proporcionar a los profesionales sanitarios y al público, incluyendo las garantías en la publicidad. Esta norma se desarrolla a través del Real Decreto 1416/1994, de 25 de
junio, por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano, atendiendo a los fines y peculiaridades de la publicidad de los medicamentos conforme a los intereses de salud pública anteriormente señalados, tanto para el público en
general, como para las
personas facultadas para prescribirlos y dispensarlos. Además, condiciona la publicidad a su autorización previa y establece que deberá ajustarse a las informaciones que figuren en la ficha técnica, y favorecer la utilización racional de
los medicamentos.
En el año 2013 se produjo una modificación del RDL 1/2015, por la que la publicidad de medicamentos no sujetos a prescripción médica ya no requiere de autorización administrativa previa. Esto motivó que el Ministerio de Sanidad en el año
2019, publicase la Guía para la publicidad de medicamentos de uso humano dirigida al público, con el objetivo de establecer unos mecanismos por los cuales se evalúe la publicidad.
Por tanto, desde que fue publicado el Real Decreto 1416/1994 se han producido importantes novedades normativas en el plano de la legislación estatal, pero también de la normativa comunitaria europea que hacen necesaria su actualización, como
la Directiva 2001/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano y la Directiva 2006/114/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.
Asimismo, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la irrupción de las redes sociales y la aparición de nuevos canales de comunicación, plantean nuevos retos en lo que se refiere a la promoción de medicamentos de
uso humano y de los productos sanitarios. Sin embargo, estas cuestiones no han sido resueltas todavía en la normativa en vigor, al igual que no quedan bien definidas las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
De esta manera, se hace necesario el desarrollo de una nueva normativa estatal sobre publicidad de medicamentos, que incluya la regulación también de los productos sanitarios, y que tenga en cuenta los cambios que acarrean los nuevos medios
digitales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una regulación integral de la publicidad de los medicamentos de uso humano y los productos sanitarios, que actualice la normativa vigente y se adapte a la predominancia de los
medios digitales y audiovisuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2023.-Ana Prieto Nieto, Carmen Andrés Añón, Julio Navalpotro Gómez, José Luis Aceves Galindo, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces, Rafael José Vélez, José
Ramón Ortega Domínguez, Elvira Ramón Utrabo, Marisol Sánchez Jodár, Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la
seguridad viaria ,para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se basa en el control técnico al que deben someterse los vehículos cada cierto tiempo para comprobar que siguen cumpliendo las normas de seguridad y emisiones establecidas. La inspección periódica es
pues el principal instrumento para garantizar que los vehículos se encuentran en buenas condiciones para circular.
Según un informe realizado por el Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles (ISVA) de la Universidad Carlos III de Madrid, gracias a la Inspección Técnica de Vehículos, en 2021 se evitaron al
menos 15.641 siniestros, 13.110 heridos y 148 muertes. Sin contar las víctimas desde un punto de vista medioambiental, en el que la ITV evitó 575 víctimas prematuras por exposición a partículas (PM).
La realización de la ITV es obligatoria para todos los vehículos, variando su regularidad dependiendo de las condiciones del automóvil. Pero pese a esta obligatoriedad encontramos un elevado número de absentismo a la hora de realizar esta
inspección. En 2021, según este mismo estudio, 1 de cada 4 turismos, 1 de cada 2 vehículos de transporte de mercancías ligero (VTML) y 6 de cada 10 ciclomotores y motocicletas que tenían la obligación de realizar la inspección técnica de su
vehículo no la realizó.
Esta infracción en la no realización de la ITV no es un simple desistimiento de un trámite administrativo, sino que es un hecho que provoca más accidentes y de mayor gravedad, con las derivadas consecuencias en el número de heridos y muertes
en carretera. Ya que, según datos de la DGT, se ha demostrado que se ha incrementado de forma sustancial el número de vehículos implicados en estos siniestros con la ITV no vigente. Esta situación, además, lejos de reducirse, vemos que aumenta año
tras año.
Hay que ser consciente que esta omisión del mandato por realizar la ITV del vehículo también puede tener sesgo de renta, ya que son los vehículos más antiguos los que deben pasar con más regularidad la inspección técnica, con el consecuente
gasto que eso conlleva. Así como también en caso de vehículos necesarios para el trabajo, como los de última milla (VTML), el miedo a la paralización del vehículo con la consecuente pérdida económica que eso supondría puede ser alguno de los
motivos que lleven a parte de los conductores a no tomar las suficientes precauciones de seguridad en sus automóviles.
Por todo ello, el Grupo Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Iniciar una campaña informativa, en colaboración con las Comunidades Autónomas, sobre la obligación y necesidad de realizar la Inspección Técnica de Vehículos, las nefastas consecuencias para la seguridad vial que provoca el absentismo
en la ITV, así como de las sanciones que puede acarrear.
2. Instar a las instituciones europeas a actualizar las directivas con las normas mínimas para la inspección técnica de vehículos acorde con los cambios en los automóviles, la tecnología y la conducta de los conductores.
3. Replantear futuras ayudas para la renovación del parque automovilístico que tengan en cuenta criterios como la edad del vehículo que se va a sustituir, vehículo laboral y así como la renta del titular del automóvil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Política Territorial
161/004796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Onofre Miralles Martín, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don Juan Carlos Segura Just y don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
Proposición no de Ley de reprobación de la ministra de Política Territorial por sus recientes afirmaciones en contra de un partido político democrático, para su discusión en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Primero. El principio de lealtad institucional.
El principio de lealtad institucional consagrado en el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, se constituye como principio rector de la Administración Pública que, en cumplimiento del
artículo 103 de la Constitución Española ('CE'), debe servir 'con objetividad los intereses generales' y actuar bajo los 'principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho'. La coexistencia de las Administraciones General del Estado y las administraciones regionales, cuya actuación se superpone en un complejo entramado de relaciones sobre un mismo ámbito subjetivo y geográfico, pone de manifiesto la enorme
relevancia de que tanto el Gobierno de España como las administraciones regionales actúen siempre guiados por el principio de lealtad institucional.
No obstante, con demasiada frecuencia este principio rector se ve mancillado por el propio Gobierno de España, que actúa con manifiesta deslealtad, instrumentalizando las instituciones para ponerlas, no al servicio de los intereses generales
de los españoles sino de sus intereses partidistas e ideológicos.
Prueba de ello ha sido la reacción desproporcionada y sobreactuada del Gobierno de la Nación ante las medidas pro vida, pro familia y pro natalidad recientemente anunciadas por el Ejecutivo de Castilla y León. Una actitud que dista mucho de
la indiferencia y de la inacción del Gobierno frente a otras regiones, donde los intereses y los derechos de los españoles se encuentran bajo constante amenaza, cuando no se ven directamente vulnerados.
Segundo. La doble vara de medir del Gobierno a la hora de exigir el cumplimiento de la ley.
El Gobierno de España, en un acto de hipocresía sin parangón, acusa al Gobierno de la Junta de Castilla y León de incumplir la legalidad vigente y, en especial, de vulnerar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y su normativa de desarrollo como consecuencia de las medidas anunciadas el día 12 de enero de 2023, en relación con el ámbito sanitario y asistencial para el fomento de la natalidad y el
apoyo integral a las familias 18.
Ante estas medidas, el Gobierno de España, con una arbitrariedad manifiesta, no ha dudado en aplicar las herramientas e instrumentos jurídicos previstos en la legislación para garantizar el orden público, so pretexto de un supuesto ataque
por parte de la Junta de Castilla y León a los derechos de las mujeres.
En un primer requerimiento, de fecha 15 de enero de 2023, el Gobierno, merced del artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, requirió a la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León para que se abstuviera de aprobar o de aplicar medida alguna que vulnerara la normativa reguladora de la Interrupción Voluntaria del Embarazo ('IVE').
Más tarde, el día 17 de enero de 2023, y como paso previo a plantear un conflicto de constitucionalidad, el Gobierno, ex artículo 62 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, d el Tribunal Constitucional, aprobó un Acuerdo por el que se
requirió de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta, en relación con cualquier actuación que vulnere o menoscabe la LO 2/2010 19.
La rotundidad y desproporción con que ha reaccionado el Gobierno de España frente al Gobierno de la Junta de Castilla y León contrasta gravemente con la tibieza generalizada demostrada por el Gobierno ante otras regiones de España donde el
orden constitucional, la legalidad vigente, los intereses generales de los españoles y los derechos de los ciudadanos son quebrantados con asiduidad.
En Cataluña, por ejemplo, las leyes se incumplen a diario, con la complicidad e inacción del Gobierno de España. Entre dichos incumplimientos, sobresalen los constantes actos de deshonra a los símbolos nacionales, en especial a la Bandera
Nacional prevista en el artículo 4 CE y al español, que el artículo 3 CE consagra como lengua oficial del Estado.
En efecto, los constantes actos de ultraje a la Bandera Nacional realizados por las autoridades catalanas, al impedir que la enseña nacional ondee en los edificios públicos, supone la evidente vulneración de la La Ley 39/1981, de 28 de
octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas.
18 https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1285234326079/Comunicacion
19 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230117.aspx#requerir
Además, la continua deslealtad de la Generalidad de Cataluña a España y a los españoles se expresa de forma paradigmática en la persecución y desprestigio del español hasta lograr su marginación o erradicación en los distintos espacios
públicos y, en especial, en el ámbito educativo. En este sentido, y pese a que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 5201/2020, de 16 de diciembre de 2020, que fue ratificada por el Tribunal Supremo, estableció que la
Generalidad de Cataluña debía garantizar que al menos un 25 % de horas lectivas se impartan en español, las autoridades catalanas no han cesado en el incumplimiento de esta obligación. Peor aún; en un uso torticero del legislativo catalán, han
aprobado la Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que no tiene sino el objeto de sortear la obligación de impartir un mínimo del 25 % de horas lectivas en español, lo que
sin duda supone la vulneración del artículo 3 CE y un atentado contra la libertad lingüística de las familias catalanas.
No existe, en fin, ápice de duda acerca de la clamorosa deslealtad con la que se conduce el Gobierno de la Generalidad, vulnerando el derecho de los españoles a estudiar en la lengua oficial e incumpliendo su deber de garantizar el uso y el
conocimiento del español en su territorio, todo ello ante la complacencia no solo de la Alta Inspección Educativa, sino del propio Gobierno del Nación, que, en lugar de defender la lengua que nos es común y aplicar los instrumentos jurídicos
pertinentes para garantizar el cumplimiento de la ley en la región catalana, opta por un silencio cómplice y culpable.
Desgraciadamente, la persecución del español se produce impunemente también en otras regiones. En Islas Baleares la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Islas Baleares, ignorando la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada,
blinda el conocido como 'decreto de mínimos', que garantiza un mínimo del 50 % de horas lectivas en catalán y la autonomía de los centros para decidir cómo impartir el resto de las horas, al tiempo que excluye al español como lengua vehicular.
Pero en Baleares puede denunciarse, también, la notoria inacción del Gobierno de la Nación ante la incapacidad del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de proteger debidamente a los menores que residían en los centros tutelados por el
Ejecutivo Balear. Lo mismo que ante la negligente gestión de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que obvió el deber jurídico de proteger a los menores tutelados ante los gravísimos casos de abusos denunciados. No ha reaccionado el
Gobierno de España ante el escándalo de la prostitución y el abuso de menores tutelados destapado en los centros de acogida de Mallorca, como tampoco lo ha hecho frente a los casos de la región valenciana. A pesar de que la gravedad de estos hechos
así lo sugieren, y a pesar de que los expertos denuncian que 'hay prostitución de menores tuteladas en toda España' 20, este Gobierno renuncia a la defensa de sus ciudadanos, aun de los más vulnerables.
Tercero. Conclusión.
Todos los antecedentes referidos en la presente iniciativa son ejemplos que ponen de manifiesto el trato tan desigual que el Gobierno de la Nación dispensa a las distintas regiones de la geografía nacional. Es más, cabe denunciar cómo las
sentencias y leyes nacionales se incumplen a diario en las distintas regiones de la geografía nacional con la complicidad del Gobierno de España, cómo en otras se cometen gravísimos delitos, de forma aparentemente estructural y organizada, y el
Gobierno de la Nación elude cualquier reacción. En cambio, en Castilla y León, el simple anuncio de una medida, cuya redacción definitiva aún se desconoce, merece, en cambio, una respuesta preventiva, discrecional y desmesurada, por parte del
Gobierno de España, con vistas a recurrir al Tribunal Constitucional.
En vista de ello, no es exagerado denunciar el uso ideológico y partidista que el Gobierno hace de las instituciones y de los instrumentos jurídicos que se hallan a su disposición para garantizar el orden constitucional y legal vigente en el
territorio de nuestra Nación.
Por último, es pertinente reprochar, a la luz de lo expuesto, las declaraciones de la Ministra de Política Territorial, D.ª. Isabel Rodríguez García, a cuenta de las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León, que resultan
absolutamente inadmisibles, irrespetuosas con cuatro millones de españoles y profundamente antidemocráticas. En ellas, la ministra contrapone el cumplimiento de la legalidad con VOX, como si de una dicotomía se tratara 21: 'o se cumple la ley, o
se cumple con Vox'. Lo dice, además, la portavoz de un Gobierno que ha declarado dos estados de alarma declarados inconstitucionales a iniciativa de 52 diputados del Grupo Parlamentario VOX.
20 https://elpais.com/sociedad/2020/02/25/actualidad/1582626784_357382.html
21 https://twitter.com/isabelrguez/status/1615084852444889113?t=InmtomVQAz9wVdoSMGq7LQ&s=08
Es conocido por todos que no es precisamente en la región de Castilla y León donde se incumple manifiestamente la ley y se amenazan los derechos de sus ciudadanos. Son los dirigentes socialistas o separatistas de otras regiones, como
Cataluña, Islas Baleares o Valencia, los que, gracias a la inacción del Gobierno, muestran una constante deslealtad al conjunto de la Nación, donde se incumple sistemáticamente la legalidad vigente y se vulneran los derechos de los ciudadanos. La
ministra portavoz, con estas manifestaciones públicas, pone de manifiesto una vez más, el grave error que supone hacer un uso ideológico de las instituciones al ponerlas al servicio del partido mayoritario del Gobierno.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español:
- Insta al Gobierno a detener su asalto ideológico y partidista a todas las instituciones de la Nación, ejecutado sistemáticamente desde la llegada del Sr. Sánchez Pérez-Castejón a la Presidencia del Gobierno, y que se manifiesta en la
instrumentalización de las instituciones al servicio de sus intereses.
- Acuerda la reprobación de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, doña Isabel Rodríguez García, por sus recientes afirmaciones en contra de un partido político que, como VOX, defiende la democracia y la Constitución,
por la manipulación de las instituciones que la ministra justifica, por su indiferencia ante las constantes muestras de deslealtad a la Nación de los dirigentes de varias regiones de España y por coadyuvar al trato injusto y perverso que
recientemente se ha procurado a la región de Castilla y León.
- Insta, igualmente, al Sr. presidente del Gobierno a que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, destituya de forma inmediata a la Sra. Rodríguez García como ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno por los
motivos expuestos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Inés María Cañizares Pacheco, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Juan Carlos Segura Just y Onofre Miralles Martín,
Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la mejora de la transparencia y la publicidad en la contratación
menor de la Administración Local, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Según lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contratos menores aquellos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o servicios y, como excepción, a 50.000
euros cuando estén relacionados con la ciencia y la innovación. Igualmente, se contempla que en este tipo de contratos se exige la emisión de un informe justificativo de la necesidad del contrato y, especialmente, justificación de que no se está
alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los citados umbrales.
La especialidad de los contratos menores es que su adjudicación no se realiza a través del complejo y burocrático procedimiento de licitación, sino de una manera más ágil e inmediata que persigue satisfacer necesidades puntuales. Este
procedimiento más sencillo ha dado lugar a que la Administración, y por lo
que ahora interesa, la Administración Local, haya venido haciendo en muchas ocasiones un uso abusivo de este tipo de contratos. Todo ello ha redundado en un deterioro de la transparencia, la publicidad, la igualdad de oportunidades, y la
concurrencia competitiva.
Con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación
pública, entre otros aspectos, existía una limitación anual que impedía a un mismo proveedor sobrepasar, a través del fraccionamiento de los contratos, el umbral económico que define la contratación menor, con el fin de evitar su adjudicación
mediante licitación. Pero esa garantía quedó derogada y no existe a día de hoy.
En el último Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, se pone de manifiesto que el número de contratos menores celebrados por los Ayuntamientos
fiscalizados representa un altísimo porcentaje respecto del total de sus contrataciones, oscilando entre el 77.82 % de Zaragoza, y el 96,80 % de Valencia, por ejemplo. Asimismo, reconoce que en todos los ayuntamientos fiscalizados 'se han detectado
contratos menores a través de los cuales se ha adjudicado [...] la realización de prestaciones de naturaleza similar que podrían responder a un fin único, y cuya adjudicación, por otra parte, ha recaído, en ocasiones, en el mismo contratista'. A
juicio del tribunal los motivos son principalmente dos: (a) una defectuosa planificación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas y, (b) en otras ocasiones, el eludir los requisitos de publicidad y los relativos al
procedimiento de adjudicación legalmente aplicables.
La figura del contrato menor pretende resolver problemas puntuales de la administración pública que exigen una rápida intervención y una tramitación ágil, si bien su uso debe considerarse riguroso, limitado y no habitual. En ningún caso,
además, puede perseguir evitar explicar a los ciudadanos el motivo de la necesidad del contrato y de su asignación a un adjudicatario en concreto, imponiendo opacidad en la gestión de los recursos públicos.
La presente iniciativa pretende evitar la utilización incorrecta y fraudulenta de la contratación menor que deriva en desigualdad de acceso a las condiciones de las licitaciones, saliendo perjudicadas las pequeñas y medianas empresas, en
aras de perseguir una gestión pública más transparente y justa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar a todos los ayuntamientos o, al menos, a todos aquellos con población superior a 75.000 habitantes, a llevar a cabo una adecuada planificación y programación de su gestión contractual que evite el fraccionamiento de los contratos
menores, restringiendo la utilización de esta figura en favor de procedimientos ordinarios de preparación y adjudicación de contratos públicos, siguiendo las reiteradas recomendaciones al respecto emitidas por el Tribunal de Cuentas.
2. Exhortar a todos los ayuntamientos con población superior a 75.000 habitantes, a establecer en su normativa interna la obligatoriedad de promover la concurrencia en la adjudicación de los contratos menores, cualquiera que sea su importe,
bien mediante la publicación de anuncios de licitación, bien solicitando directamente ofertas a un mínimo de tres empresas, salvo casos excepcionales, todo ello con el fin de reducir los riesgos que la contratación menor representa para los
principios de publicidad y concurrencia.
3. Compeler a los ayuntamientos a publicar la información relativa a los contratos menores adjudicados, en un plazo máximo de quince días desde la finalización de cada trimestre, y ampliar dicha información a, al menos, el departamento
gestor, el número de expediente, el objeto y tipo de contrato, el número de licitadores participantes, el importe adjudicado, la fecha de aprobación, el servicio prestado y la empresa prestataria.
4. Estudiar la posibilidad de modificar el apartado 4 del artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el fin de que la publicación de la información relativa a los contratos menores deba realizarse
mensualmente, al menos, en los ayuntamientos con población superior a 75.000 habitantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega
Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué acciones se están adoptando para acortar el retraso en la entrega de los trenes estipulados en el contrato de 'Suministro de trenes de ancho métrico y alpinos, sus piezas de parque y su mantenimiento parcial durante 15 años'
(Expediente: 2018-01669)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2023.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Darío Vega Arias, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Calonje, Emilio
Jesús del Valle Rodríguez y Onofre Miralles Martín, Diputados.
181/002120
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Paloma Gázquez Collado.
Texto:
¿Por qué se ha retrasado nuevamente la puesta en funcionamiento del AVE a Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2023.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
181/002121
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Paloma Gázquez Collado.
Texto:
¿Se van a resolver los errores del pliego para el suministro de 31 trenes en 2019 por un precio de 323,5 millones de , de los cuales parte estaban destinados a Asturias, con una modificación del contrato o rescindiendo el contrato y
haciendo una nueva adjudicación con la correspondiente indemnización a la adjudicataria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2023.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/002112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno promover medidas extraordinarias para extremar las precauciones y el sistema de trazabilidad que evite la llegada a España de la peste porcina africana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2023.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
Comisión de Transición Económica y Reto Demográfico
181/002118
Grupo Parlamentario Mixto (Agrupación de Electores Teruel Existe)
Diputado don Tomás Guitarte Gimeno.
Texto:
¿Qué medidas de coordinación administrativa ha adoptado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para compensar los bienes afectados y restituir el espacio forestal, los pastos y cultivos en los incendios del verano de 2022
en Nonaspe (1.110 ha.), provincia de Zaragoza, Castejón de Tornos y Burbáguena (1.350 ha.), provincia de Teruel, Moros, Villalengua, Villarroya de la Sierra, Bubierca, Alhama de Aragón, Castejón de las Armas, Contamina, Embid de Ariza, Cetina,
Terrer y Ateca (10.347 ha.) en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-Tomás Guitarte Gimeno, Diputado.
181/002119
Grupo parlamentario Mixto (Agrupación de Electores Teruel Existe)
Diputado don Tomás Guitarte Gimeno.
Texto:
¿Qué medidas de gestión del territorio, de silvicultura y de prevención de incendios así como de coordinación con las comunidades autónomas va a aplicar el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográco a raíz de la sucesión de
incendios que, en sólo 100 días entre el 1 de junio y el 9 de septiembre de 2022, quemaron una supercie de 281.228 hectáreas, casi todas ellas en la España vaciada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-Tomás Guitarte Gimeno, Diputado.
Comisión de Igualdad
181/002110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Excma. Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Cómo justifica el Gobierno de España su decisión de ampliar los dispositivos de control telemático a las víctimas de violencia sexual, en vez de derogar de manera inmediata la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral
de la libertad sexual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
Comisión de Política Territorial
181/002117
Grupo parlamentario Mixto (Agrupación de Electores Teruel Existe)
Diputado don Tomás Guitarte Gimeno.
Texto:
¿Qué grado de ejecución tienen las medidas derivadas de la declaración de zona catastrófica en los incendios ocurridos en el verano de 2002 en Graus (Huesca), Valderrobres (Teruel) el 15 de junio, en Calamocha (Teruel) el 29 de junio, en
Ateca (Zaragoza) el 18 de julio, y en Añón del Moncayo (Zaragoza) el 13 de agosto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-Tomás Guitarte Gimeno, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/100937
Advertido error en los autores de la iniciativa publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 566, de 6 de febrero de 2023, página 64, se subsana a continuación:
Donde dice: 'Sancho Íñiguez, Herminio Rufino', debe decir: 'Vázquez Blanco, Ana Belén'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2023.