Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 571, de 14/02/2023
cve: BOCG-14-D-571
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
14 de febrero de 2023
Núm. 571
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004758 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la persecución a opositores del régimen de Guinea Ecuatorial...
Comisión de Interior
161/004748 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la adecuación a la Ley de las cuantías correspondientes al sueldo base y pagas extraordinarias de la Guardia Civil...
161/004751 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el incremento de la tasa de reposición de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el 140 %...
161/004760 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre el cierre de las mezquitas que promueven el yihadismo... (Página13)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004749 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reparación de la carretera N-642 en A Mariña lucense y la mejora del tráfico afectado... (Página16)
161/004788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre impulso de los proyectos y obras de accesibilidad en las estaciones de ferrocarril de Osuna, Marchena y Arahal para cumplir con las normas
de accesibilidad vigentes... (Página17)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004752 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la implantación de pruebas de competencias básicas del español en todo el territorio nacional... (Página18)
161/004776 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la garantía de todos los españoles de educarse en lengua castellana como garantía de una educación equitativa y de calidad y que se
promuevan oportunidades de aprendizaje en esta lengua, en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4... (Página20)
161/004777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a una educación de calidad para los alumnos con trastorno del espectro del autismo (TEA)... (Página22)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004766 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reversión de la reforma de las cotizaciones de los trabajadores autónomos y el alivio de sus cargas burocráticas...
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implicación del Gobierno en la defensa de la planta de Santa Bárbara Sistemas de Sevilla... (Página25)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004750 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la prevención de las situaciones de discapacidad derivadas del diagnóstico tardío de las enfermedades minoritarias y el retraso en el acceso a los
tratamientos disponibles... (Página26)
161/004761 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a traspasar a la Generalitat de Cataluña la gestión del ingreso mínimo vital en Cataluña... (Página28)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004755 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el Plan de Acción para conservar los recursos pesqueros de la Unión Europea... (Página30)
161/004756 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la adopción de medidas de ayuda a la flota afectada por las cuotas de pesca para 2023... (Página31)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre inclusión del hidroducto entre Guitiriz y Zamora dentro del Proyecto de Interés Común de la Unión Europea...
161/004765 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano, Euskal Herria Bildu y Plural, relativa a la recuperación de la normativa para la autorización medioambiental para los proyectos de renovables...
161/004768 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del proyecto de saneamiento del río Barbaña y mejora de la EDAR de San Cibrao das Viñas, Ourense...
161/004770 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre los parques de eólica marina Volanteiro y Celta II... (Página36)
161/004771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la prohibición de la eólica marina en la costa de Galicia... (Página38)
161/004778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a elaborar una estrategia destinada a la recuperación de la costa norte de la provincia de Castellón...
161/004779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un régimen fiscal de las donaciones de productos en una economía circular... (Página41)
161/004781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre financiación del traslado de residuos generados en las Illes Balears... (Página42)
161/004782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ejecución del proyecto aprobado hace años de Rehabilitación Ambiental del río Limonetes en la zona regable de Talavera la Real (Badajoz)...
(Página43)
161/004783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre financiación de actuaciones en el ámbito de los servicios locales del agua mediante el 'Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia'
(FRER)... (Página44)
161/004784 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones para el control de avenidas en la cuenca del río Ebro... (Página47)
161/004785 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el traspaso de las competencias en Costas a la Comunidad Autónoma de Canarias... (Página48)
161/004786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre desarrollo de la estrategia litoral Valencia-Denia... (Página49)
161/004790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la puesta en marcha del Pasaporte Electrónico de Producto en el marco del Green Deal de la Comisión Europea y el fomento de
nuevos modelos de empleos de Economía Circular... (Página50)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004759 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al impulso de la medicina interna como especialidad clave para afrontar los retos del Sistema
Nacional de Salud... (Página52)
161/004762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa al cumplimiento del Reglamento (CE) 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos...
161/004769 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a incluir la atrofia muscular espinal (AME) en el cribado neonatal en condiciones de igualdad para todos los españoles...
161/004774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la prevención, el diagnóstico precoz, la investigación y el tratamiento temprano, humanizado y personalizado del cáncer en
el Sistema Nacional de Salud... (Página56)
161/004791 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la igualdad en el acceso a los tratamientos de cáncer en todo el territorio nacional... (Página57)
161/004792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al derecho al olvido de las personas con cáncer... (Página59)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/004757 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de un régimen de información institucionalizado y frecuente entre el Presidente del Gobierno y el líder de la
oposición... (Página60)
161/004772 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la recuperación de la calidad democrática... (Página62)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004767 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el uso de medios mecánicos en lugar de plaguicidas en la limpieza de las vías de servicio...
161/004787 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora del acceso de las personas con movilidad reducida a la obtención del permiso de conducir en igualdad de condiciones que el
resto de la ciudadanía... (Página65)
161/004789 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejora y actualización de la señalización y marcas viales en las carreteras estatales... (Página67)
Comisión de Política Territorial
161/004753 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la reversión del daño al español provocado por el separatismo y las leyes de 'normalización lingüística'... (Página68)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004764 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la eliminación de la cita previa obligatoria en la Administración General del Estado y la mejora de la atención presencial...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002101 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Miralles Martín, Onofre (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y Segura Just,
Juan Carlos (GVOX), sobre medidas que se están adoptando para asegurar el cumplimiento de la nueva normativa en materia de transporte por carretera de mercancías relativa a la carga y descarga y a la imposibilidad de trabajar a pérdidas...
181/002103 Pregunta formulada por el Diputado Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre previsiones y plazos que tiene el Gobierno para el arreglo del socavón producido el día 14 de diciembre de 2022 en la N-523 entre Cáceres y Badajoz...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/002104 Pregunta formulada por los Diputados Rubén Darío Vega Arias (GVOX), Zambrano García-Ráez, Carlos José (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal
Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas previstas para proteger la pesca de arrastre de la decisión de la Comisión Europea de expulsar todo tipo de artes de fondo móviles de las áreas marinas protegidas de la Unión Europea y defender al sector pesquero
español... (Página73)
181/002105 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas que se
van a adoptar para proteger a los olivareros españoles tras saber que Estados Unidos sigue manteniendo los aranceles a la aceituna negra española pese al fallo de la Organización Mundial del Comercio... (Página73)
181/002106 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas previstas
para salvaguardar la soberanía alimentaria de España... (Página73)
181/002107 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas previstas
para combatir la competencia desleal de la miel de terceros países y defender al sector de la miel española... (Página74)
181/002108 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre medidas previstas
para combatir el alza de los precios de los alimentos en los próximos meses... (Página74)
Comisión de Igualdad
181/002099 Pregunta formulada por las Diputadas Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre informes y/o estudios en los que fundamenta el Gobierno su afirmación de que la alienación parental es un planteamiento
o criterio sin aval científico... (Página74)
181/002100 Pregunta formulada por las Diputadas Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre medidas previstas para penalizar a aquellos progenitores que ejerzan sobre sus hijos alienación parental...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión
184/101353 Autor: Pérez Recuerda, Isabel Gema Cortés Carballo, Mario González Muñoz, Ángel Luis Vázquez Blanco, Ana Belén
Partida de 50.000 euros para Reformas para cuarteles de la Guardia Civil en Málaga, recogida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022... (Página76)
184/101386 Autor: Delgado Arce, Celso Luis Olano Vela, Jaime Eduardo de Garcés Sanagustín, Mario Paniagua Núñez, Miguel Ángel Bas Corugeira, Javier Lorite Lorite, Andrés
Dotación de Correos Cargo, de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.... (Página77)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a la persecución a opositores del régimen de Guinea Ecuatorial.
Exposición de motivos
Según denuncian las principales organizaciones de derechos humanos, Guinea Ecuatorial está viviendo un momento dramático con una oleada represiva en contra de la oposición. El Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera
República (MLGE3R) es una asociación legalmente constituida en España. Dicho movimiento aglutina a opositores al régimen de Teodoro Obiang que residen en España, algunos de ellos con un régimen de protección internacional y, muchos de ellos, con
nacionalidad española.
Cuatro de sus militantes, dos de ellos nacionales españoles (Feliciano Efa Mangue y Julio Obama Mefuman) y otros dos residentes de larga duración y bajo protección en nuestro país (Martín Obiang Ondo Mbasogo y Bienvenido Ndong Ondo), fueron
convencidos con engaños para que viajaran desde Madrid a Juba (Sudán del Sur), donde fueron secuestrados y desaparecieron el 15 de noviembre de 2019.
Las autoridades de Guinea Ecuatorial se negaron a confirmar en un primer momento a las autoridades españolas que estos ciudadanos se encontraban en su jurisdicción. Sin embargo, posteriormente, el 18 de marzo de 2020, fueron expuestos en la
televisión pública de Guinea Ecuatorial, frente a un tribunal militar, habiendo sido forzados a pedir perdón al dictador, Teodoro Obiang, y autoinculpándose de un supuesto golpe de Estado.
El Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional incoó las Diligencias Previas 554/2020 para investigar los hechos, tras una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal, la cual recogía a su vez los atestados y actuaciones
policiales tras las denuncias de desaparición interpuestas por los familiares en varias comisarías españolas. En dicha causa, además, el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) presentó querella criminal contra
varios de los presuntos autores ecuatoguineanos.
La unidad policial al cargo de la investigación judicial en el marco de las Diligencias Previas 554/2020 ha sido la Comisaría General de Información, unidad que ha informado al Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional
del resultado de sus investigaciones, con conclusiones que acreditan la existencia de un plan sistemático ejecutado por Guinea Ecuatorial para el secuestro, traslado subrepticio al país y posteriores torturas de opositores al régimen que residen en
el extranjero, plan ejecutado tanto en España como en otros países europeos.
Al margen de la rigurosa y exhaustiva investigación policial, a nivel internacional ya se había denunciado la existencia de una práctica sistemática de secuestro, traslados ilegales y torturas de opositores ecuatoguineanos que residen bajo
protección en otros países. Por citar algunos ejemplos, entre otros: (i) el informe de 7 de enero de 2010 del Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que alerta de los 'secuestros en el
extranjero con objeto de trasladar a algunas personas a Guinea Ecuatorial y mantenerlas detenidas en secreto y/o incomunicadas'; (ii) el informe de 18 de febrero de 2008 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que denuncia
'secuestros practicados por agentes gubernamentales en países vecinos contra determinadas personas de nacionalidad de Guinea Ecuatorial, quienes fueron trasladados y puestos en detención secreta en Malabo'.
Según informes e investigaciones de la Comisaría General de Información de España, Guinea Ecuatorial cuenta con una represión interna visible y ejecutada desde el Ministerio de Estado encargado de la Seguridad Nacional. Pero a la vez, ha
desplegado un Ministerio de la Presidencia encargado de la Seguridad Exterior, desde donde se ejecutaría el monitoreo a los opositores en el extranjero, con la finalidad de atentar contra ellos, a través de diversas fórmulas, principalmente mediante
engaños para facilitar su viaje a países africanos proclives para su secuestro, y ejecutar así el plan de captura y traslado para su encierro, tortura y eventual ejecución.
Conforme a las investigaciones realizadas se aprecia un organigrama de responsabilidad jerárquica de esta represión dentro de instituciones de Guinea Ecuatorial. La investigación de las policías de distintos países de Europa -España, Reino
Unido, Bélgica e Italia, al menos- dan por acreditada incluso las ubicaciones africanas desde las que se han enviado algunos de los correos con las invitaciones y billetes para los falsos desplazamientos, identificando algunos de esos concretos
intermediarios utilizados por Guinea Ecuatorial, y resaltando que algunos de ellos son considerados 'señores de la guerra' en terceros países africanos.
La investigación policial se ha articulado sobre una amplia cooperación entre distintas policías europeas en el marco de Órdenes Europeas de Investigación para recibir e intercambiar información sobre ataques a otros opositores en países
europeos, principalmente en relación a la trama sistemática de secuestros, encontrando más casos similares de este plan sistemático, como, por ejemplo, secuestros de opositores residentes en Bélgica e Italia que se habían desplazado mediante engaños
a países africanos y fueron secuestrados. Entre estos otros casos se encuentra, por ejemplo, el del ciudadano residente en España, Francisco Micha Obama, secuestrado en Togo junto al ciudadano italiano Fulgencio Obian Esono, caso que se investiga
en el país europeo con la cooperación de nuestra policía. O el caso de Cipriano Nguema Mba, ciudadano ecuatoguineano refugiado en Bélgica e igualmente secuestrado en Nigeria en 2013, y cuyo caso incluso fue llevado al Parlamento Europeo.
Las conclusiones de la investigación policial reflejan un grave riesgo para la seguridad de Europa como consecuencia de este plan sistemático contra los opositores en el extranjero. Además, en relación al último de los secuestros ejecutado,
el que afecta a los miembros del MLGE3R, la investigación policial concluye que existen pruebas contundentes de secuestro y torturas en el marco de un plan de crímenes de lesa humanidad ejecutado por Guinea Ecuatorial.
Junto al plan sistemático anterior, en el concreto caso de los cuatro militantes del MLGE3R (dos ciudadanos españoles y dos residentes en nuestro país), la unidad policial ha realizado una detallada investigación sobre la base de material
(audio, vídeo y texto) proveniente de las celdas subterráneas en la prisión de Oveng Asem en la que se encuentran estos militantes, así como otra información aportada por testigos protegidos, entre otros, uno de los vigilantes de seguridad de la
prisión huido del país con material incriminatorio directo.
En esa investigación la unidad policial señala que estos ciudadanos, dos de ellos de nacionalidad española, fueron secuestrados en Juba (Sudán del Sur) el 15 de noviembre de 2019 e introducidos a la fuerza en el avión Falcon presidencial de
color blanco con la matrícula de Guinea Ecuatorial para llevarlos hasta el aeropuerto de Mongomo. Allí fueron encerrados en celdas subterráneas en condiciones infrahumanas, y según la unidad policial de acuerdo con las contundentes evidencias
recabadas, fueron sometidos a torturas recurrentes para obligarles a dar las claves de sus teléfonos y obtener información sobre las actividades y demás militantes del MLEGE3R. Entre las torturas administradas, se encontraría la de colgarles atados
de pies y manos de un travesaño, verter sobre ellos agua hirviendo y darles descargas eléctricas.
Como resultado de la investigación policial, sobre la base del amplio material incriminatorio recopilado, se ha producido la imputación en el Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional de cuatro altos funcionarios de
Guinea Ecuatorial.
Desgraciadamente, el pasado 15 de enero de este 2023, se supo que uno de los ciudadanos españoles secuestrado y torturado, Julio Obama Mefuman, había muerto en Guinea Ecuatorial, lo cual ha conllevado la llamada a consultas del embajador
ecuatoguineano, con solicitud expresa de aclaración de las circunstancias de la muerte, así como una petición expresa de indulto para el otro ciudadano español.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Condenar las violaciones a los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, así como cualquier tipo de práctica contraria a las leyes internacionales llevada a cabo por sus agentes fuera del territorio guineano.
2. Seguir impulsando la cooperación policial a nivel de la Unión Europea para perseguir de la manera más eficaz la organización criminal ilegal que existe en distintos países europeos, de seguimiento y secuestro de opositores al régimen de
Guinea Ecuatorial.
3. Solicitar a las autoridades de Guinea Ecuatorial, como se viene haciendo hasta ahora, el esclarecimiento de lo ocurrido con el ciudadano español Julio Obama Mefuman.
4. Realizar las gestiones necesarias para la repatriación del cadáver de Julio Obama Mefuman y el resto de los trámites relacionados con su fallecimiento, de acuerdo con el deseo de sus familiares.
5. Solicitar a las autoridades de Guinea Ecuatorial, como se viene haciendo hasta ahora, el respeto del derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas detenidas. Asimismo, solicitar la puesta en libertad de Feliciano Efa
Mangue (del que el Estado español ya ha solicitado su indulto) y de las otras dos personas con residencia permanente en nuestro país detenidas por los mismos hechos (Martín Obiang Ondo Mbasogo y Bienvenido Ndong Ondo).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2023.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común.
Comisión de Interior
161/004748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la adecuación a la Ley de las cuantías correspondientes al sueldo
base y pagas extraordinarias de la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Retribuciones básicas de los agentes de la Guardia Civil.
La retribución básica de los agentes de la Guardia Civil está formada por el sueldo base más los trienios, según establece el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, por remisión
expresa a la misma contenida en el artículo 3 del Real Decreto 950/2005, de retribuciones de las FCSE. Esta retribución básica será, para este ejercicio, la recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 (artículos 19.Cinco.1 y 27), y
se corresponde con la siguiente tabla:
Sueldo base:
Grupo/Subgrupo A1: 15.459,72 euros anuales.
Grupo/Subgrupo A2: 13.367,76 euros anuales.
Grupo/Subgrupo C1: 10.036,56 euros anuales.
Trienios:
Grupo/Subgrupo A1: 595,08 euros anuales.
Grupo/Subgrupo A2: 485,28 euros anuales.
Grupo/Subgrupo C1: 367,32 euros anuales.
En cómputo mensual, la retribución básica de los miembros de la Guardia Civil, según categoría, es para 2023 la siguiente:
Grupo/Subgrupo A1: 1.337,90 euros/mes [(15.459,72 + 595,08)/12].
Grupo/Subgrupo A2: 1.154,42 euros/mes ((13.367,76 + 485,28)/12].
Grupo/Subgrupo C1: 866,99 euros/mes [(10.036,56 + 367,32)/12].
Por su parte, el Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, fija el salario mínimo interprofesional -SMI- en 1.000 euros mensuales para 2022, y para años sucesivos en tanto en cuanto no se apruebe un nuevo SMI.
La comparativa de ambos escenarios arroja la conclusión de que los Guardias Civiles pertenecientes al Grupo/Subgrupo C1 perciben una retribución básica inferior al SMI, por lo que sería necesario igualar su sueldo base al SMI y, en su caso,
incrementar equitativamente el del resto de grupos para mantener las correspondientes diferencias según categorías profesionales. Con el fin de que este aumento salarial no suponga una desviación inviable del presupuesto destinado a la retribución
de estos funcionarios, se propone efectuar correlativas disminuciones en el 'complemento de destino' de cada categoría profesional, por existir cuantía suficiente en el mismo.
Pagas extraordinarias.
Por otro lado, atendiendo a lo dispuesto en la ya citada Ley 30/1984 [artículo 23.Dos.c)], que resulta de aplicación a la Guardia Civil, las pagas extraordinarias serán dos al año por una cuantía mínima, cada una, de una mensualidad del
sueldo más trienios, computadas ambas variables en su integridad, de lo que resultarían las siguientes cantidades:
Grupo/Subgrupo A1: 1.337,90 euros cada paga extra [(15.459,72 + 595,08)/12].
Grupo/Subgrupo A2: 1.154,42 euros cada paga extra [(13.367,76 + 485,28)/12].
Grupo/Subgrupo C1: 866,99 euros cada paga extra [(10.036,56 + 367,32)/12)].
Sin embargo, la cuantía de las pagas extraordinarias que perciben los miembros de la Guardia Civil vienen establecidas en los artículos 26.Dos.B) y 19.Cinco.2) de la LPGE 2023, cuantificándose las mismas en un porcentaje sobre las cuantías
del sueldo y trienios, y no en su integridad, como obliga la ley. En particular, el importe de las pagas extraordinarias para 2023 es:
Grupo/Subgrupo A1: 825,61 euros cada una (795,00 + 30,61), esto es, un 61,70 % del total que les correspondería sobre 1.337,90 euros.
Grupo/Subgrupo A2: 841,93 euros cada una (812,45 + 29,48), esto es, un 72,93 % del total que les correspondería sobre 1,154,42 euros.
Grupo/Subgrupo C1: 749,33 euros cada una (722,91 + 26,42), esto es, un 86,42 % del total que les correspondería sobre 866,99 euros.
El establecimiento de porcentajes sobre la retribución básica de estos funcionarios, en la cuantificación de las pagas extraordinarias, contraviene lo dispuesto en la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función Pública, por lo que
debe ser corregido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar el sueldo base del empleo de Guardia Civil (Grupo/Subgrupo C1) en la cuantía necesaria hasta igualarla, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional aprobado para cada año. La cuantía de este incremento podría detraerse del
complemento de destino correspondiente a este Grupo/
Subgrupo, con el fin de que este aumento no suponga una alteración inviable del presupuesto destinado a la retribución de estos funcionarios.
2. Incrementar correlativamente el sueldo base del resto de Grupos/Subgrupos de la Guardia Civil, para mantener la proporción existente hoy entre las diferentes categorías profesionales, con las consiguientes disminuciones en el importe del
complemento de destino al modo mencionado en el punto anterior.
3. Establecer unas cuantías de pagas extraordinarias para los miembros de la Guardia Civil equivalentes a una mensualidad íntegra del sueldo base más trienios, y no solo un porcentaje sobre los mismos como ocurre en la actualidad, en
coherencia con lo dispuesto en la Ley 30/1984, de aplicación a los agentes de la Guardia Civil, según establece el Real Decreto 950/2005, de retribuciones de las FCSE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2023.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para el incremento de la tasa de reposición de efectivos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el 140 %, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Existe en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una notoria falta de medios humanos con los que hacer frente a los numerosos retos a los que se enfrentan diariamente los agentes, tanto en el campo de la protección y la
seguridad ciudadanas, como en la lucha contra la droga, el control de la inmigración irregular o la violencia de género.
En los Presupuestos Generales del Estado previstos para 2023 se aprueba una tasa de reposición de estos efectivos del 125 %, claramente insuficiente ante el problema de falta de personal de que adolecen un gran número de comisarías y
cuarteles de nuestro país. Es necesario, como ya intentó hacer este Grupo Parlamentario mediante enmienda a las citadas cuentas públicas, incrementar la tasa de reposición en el ámbito de las FCSE hasta, al menos, el 140 %.
La falta de efectivos hace que muchos acuartelamientos sean inoperativos por carencia de personal o que, directamente, deban cerrarse, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. Para evitar esta indeseada consecuencia, es
indispensable reponer los efectivos necesarios a través de ofertas extraordinarias de empleo público.
La ausencia de unidades que deben dar una respuesta inmediata a los problemas urgentes de los ciudadanos y el aumento del tiempo de respuesta de patrullas y unidades de recepción de denuncias es una realidad. Por ejemplo, hace apenas cinco
días, leíamos que la alarmante falta de Guardias Civiles en Cantabria está abriendo la puerta a la delincuencia, y se contaba la denuncia de una ciudadana que, víctima de un robo, hubo de realizar un periplo por cuatro cuarteles, puestos y
comandancias distintos de la zona para lograr interponer su denuncia, ante la ausencia de agentes que pudieran atenderla. Parecida situación se denunciaba recientemente en Galicia, donde las principales asociaciones estiman que faltan al menos
1.200 agentes y donde el tiempo de respuesta a demandas urgentes está empezando a superar en muchas ocasiones la hora u hora y media. Esta circunstancia se extiende en realidad por todo el país: Madrid, como comunidad autónoma con mayor falta de
efectivos, con casi 2.500 agentes; Andalucía, con 1.265 plazas extras necesarias; Castilla y León, donde se viene reclamando un incremento de cerca de 1.000 agentes, dadas, además, las condiciones de diseminación de sus pueblos; o los recurrentes
casos de Cataluña y País Vasco, donde se une además la situación de amenazas con la que deben lidiar diariamente.
La evolución de la plantilla de la Guardia Civil ha sido prácticamente nula en la última década, si atendemos a los datos obrantes en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Política
Territorial, como refleja el siguiente cuadro:
Ejercicio;Efectivos Guardia Civil
2022;75.900
2021;75.021
2020;74.670
2019;74.185
2018;73.725
2017;74.395
2016;75.544
2015;76.595
2014;77.878
2013;79.264
2012;79.873
2011;78.874
2010;75.599
Que el número de agentes de la Guardia Civil haya permanecido prácticamente idéntico cada año de la última década, teniendo en cuenta tanto el envejecimiento de las plantillas como la evolución de la delincuencia y las nuevas formas
delictivas, es un problema al que debe encontrarse una solución inmediata. Debe reconocerse la creación en los últimos años de nuevas unidades importantes para los ciudadanos, como las que se han puesto en marcha en materia de ciberdelincuencia y
delitos telemáticos, o la creación de los equipos Viogen, para la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres. El problema radica en no haber incrementado el número de efectivos con el fin de destinar nuevos agentes a estas nuevas
funciones, sino en haberlos sacado de las labores de protección ciudadana con este fin, dejando con ello más desprotegidas las calles y debilitando la labor de ayuda inmediata a los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar la tasa de reposición de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el 140 %, con el fin de paliar, en parte, la alarmante falta de agentes que sufre un gran
número de comisarías y cuarteles de nuestro país que, en muchas ocasiones, deben incluso cerrarse, con el consiguiente perjuicio para la protección de los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2023.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, doña María Teresa López Álvarez, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel, don Ignacio Gil Lázaro y doña Rocío de Meer Méndez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), en sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto, Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente Proposición no de Ley para el cierre de las mezquitas que promueven el yihadismo, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. El atentado yihadista en Algeciras.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Algeciras a un yihadista de nacionalidad marroquí, inmigrante ilegal en España, por haber cometido un ataque terrorista en el que asesinó a una persona e hirió a cuatro más, una de ellas
gravedad. Las víctimas fueron atacadas por el hecho de ser católicos, al grito de 'Alá es grande'.
El terrorista entró en varias iglesias de la localidad armado con un machete de grandes dimensiones, profiriendo alabanzas a Alá e insultando a la religión católica y a los fieles cristianos que en ellas se encontraban.
Así, en la capilla de la Parroquia de María Auxiliadora y San Isidro, tras increpar violentamente a una feligresa, destruyó con su machete las imágenes religiosas, cruces y velas que se encontró a su paso. Tras llegar al altar, asestó una
puñalada al párroco, don Antonio Rodríguez, que se encontraba terminando de oficiar Misa en esos momentos y que resultó herido de gravedad. Varias personas que trataron de detener el ataque fueron también heridas.
Posteriormente se dirigió a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Palma, en la que comenzó a atacar violentamente el altar. El sacristán del templo, don Diego Valencia, fue apuñalado y, gravemente herido por el terrorista, consiguió salir a la
Plaza Alta. Allí, el yihadista volvió a atacarle y logró finalmente asesinarlo. Tras ello, el terrorista se dirigió a la Capilla de Europa, también en la Plaza Alta, que encontró cerrada. Finalmente, fue detenido por la Policía Local.
Varios testigos afirman que, antes del ataque, al menos media decena de magrebíes proferían insultos a los fieles que acudían a la misa de la tarde en la capilla de San Isidro.
El yihadista detenido es un marroquí de 25 años que no portaba documentación en el momento de su detención y al que se acusa de un delito de asesinato y, al menos, otros tres de homicidio en grado de tentativa. Los hechos se están
investigando por terrorismo yihadista.
El terrorista se encontraría ilegalmente en Algeciras, al menos, desde el pasado mes de junio, y estaba siendo vigilado por la Policía Nacional desde cuatro días antes de la comisión de estos actos terroristas 1.
Segundo. Los atentados yihadistas, cada vez más frecuentes en Europa.
La islamización progresiva de Europa supone, entre otras muchas consecuencias perversas, que los ataques a iglesias y a fieles cristianos se hayan convertido en habituales. Las políticas multiculturalistas llevadas a cabo por los países
occidentales (y, especialmente, por Bélgica, Suecia o Francia) se basan en la contemporización con el islamismo incompatible con Occidente, en el fomento de la inmigración masiva y el reemplazo poblacional y en las cesiones a los líderes políticos y
espirituales islámicos para 'mantener la paz social'.
El resultado de estas no ha sido sino el incremento de la inseguridad en nuestros barrios y la pérdida de identidad de nuestras naciones.
Así, el primer hito de los crecientes ataques contra los cristianos en Europa fue el asesinato del Padre Jacques Hamel en la iglesia de San Esteban de Rouvray (Normandía) el 26 de julio de 2016. El sacerdote fue degollado por dos
terroristas de Estado Islámico mientras oficiaba la Santa Misa. Dos monjas y dos feligreses fueron capturados como rehenes; las religiosas fueron utilizadas como escudos humanos para
1 https://www.elmundo.es/espana/2023/01/26/63dlae31fdddffa5a38b4571.html
escapar y una de las fieles fue gravemente herida. Uno de los atacantes, fichado por la Gendarmería francesa, tendría que haber llevado una pulsera electrónica en el momento del atentado, pero el sistema de vigilancia falló.
En octubre de 2020, pocos días después de la decapitación por un yihadista checheno del profesor Samuel Paty a la salida de su escuela en París, otro terrorista asesinó a tres cristianos en la Basílica de Nuestra Señora, en Niza. El
yihadista, de origen tunecino, había entrado ilegalmente en Europa un mes antes por la isla de Lampedusa, desde la que se desplazó impunemente hasta Niza. En el atentado, intentó decapitar a una feligresa, pero al no conseguirlo la degolló, le
cortó el cuello al sacristán del templo y provocó graves heridas a otra mujer, que supusieron su muerte en las inmediaciones de la iglesia.
En los últimos días, los ataques islamistas se suceden sin freno en Europa, poniendo de manifiesto la presunta ingenuidad de nuestros gobernantes y medios de comunicación al tratarlos como supuestos 'casos aislados'. De esta manera:
También el 25 de enero por la mañana una joven fue apuñalada por un inmigrante ilegal de 25 años en el campus de París Cité.
Prácticamente a la misma hora, un terrorista armado hirió a siete personas y mató a dos de ellas en el tren regional entre Hamburgo y Kiel (Alemania).
Hace una semana, también en París, otro terrorista apuñaló al azar a numerosos pasajeros que aguardaban sus trenes en la Estación del Norte, dejando una decena de heridos.
También la semana pasada, una adolescente de 14 años fue asesinada en el municipio alemán de Illerkirchberg (Baden-Wurtemberg) por un inmigrante ilegal procedente de Eritrea que esperaba la concesión de asilo.
En España, los últimos atentados yihadistas fueron los ocurridos el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, reivindicados por Estado Islámico. El atropello masivo cometido en Las Ramblas de la capital catalana se saldó con 15 muertos
(entre ellos, dos niños) y 131 heridos, mientras que en Cambrils se registraron un muerto y seis heridos, tres de ellos Mozos de Escuadra.
Tercero. Las mezquitas islamistas, incompatibles con occidente.
A pesar de que los postulados del islamismo son radicalmente incompatibles con las democracias occidentales, muchos gobernantes han permitido e, incluso, fomentado el asentamiento de mezquitas islamistas, frecuentadas por la inmigración
ilegal masiva de musulmanes a nuestros países. Mezquitas en las que se adoctrina y se difunden ideas contrarias a la civilización occidental, que chocan frontalmente con nuestra convivencia, tradición y cultura. En muchas ocasiones, es en estas
mezquitas donde germina el odio y la planificación de atentados contra nuestros compatriotas y contra nuestras sociedades, a fin de inocular el terror y lograr con ello su objetivo de someter a las sociedades occidentales.
Esta situación ha devenido en una crisis de seguridad nacional que debe atajarse de inmediato.
Es cada vez más evidente en España la insoportable inseguridad que causa la existencia de estos 'centros de radicalización', así como los efectos de la creación de auténticos guetos donde rige la sharía y, a la postre, la destrucción de
nuestra cultura y valores.
El aumento de las mezquitas islamistas y lo que en ellas sucede es de sobra conocido por los sucesivos gobiernos. Así, ya por el año 2015, el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se planteó el cierre de las mezquitas
salafistas. En aquel momento, con un nivel 4 de alerta antiterrorista -el mismo que en la actualidad- el Ejecutivo no quería bajar la guardia en la vigilancia sobre estas mezquitas, en tanto que germinadoras de la radicalización. Así, 'las fuerzas
de seguridad vigilan que los centros de culto no vuelvan a ser nidos de yihadistas. Preocupan los que difunden los mensajes radicales. Según el ministro hay que neutralizar a los imanes que promuevan discursos tendentes a la radicalización y a la
comisión de atentados' 2.
No obstante, como es habitual en las cuestiones que afectan al islamismo, las declaraciones se quedaron en una mera manifestación de intenciones. Y ello pese a que, en 2015, 'el Ministerio del Interior consideraba que un centenar de los
1.300 templos musulmanes existentes entonces lanzaban este tipo de pláticas'.
Hoy en día no se conocen las cifras actualizadas, pero es razonable pensar que el número de mezquitas islamistas ha aumentado considerablemente.
2 https://www.telednco.es/informativos/nacional/mezquitas-espana-musulmanes-espana-amenaza-vihadista-espana-radicalizacion-musulmanes-mezquitas-salafistas_18_2018655107.html
También en 2015, tras el atentado que tuvo lugar el 26 de junio, el Gobierno tunecino tomó la decisión de 'cerrar 80 mezquitas de corte salafista por difundir el ''veneno'' yihadista, como lo ha catalogado el primer ministro de Túnez, Habib
Essid. No es una persecución indiscriminada, insiste, sino una acción ''preventiva'', pese a que sabe del riesgo de que, más allá de las ideas que se expandan, pacíficas o no, radicales o no, a veces controlar a un lobo solitario es ''casi
imposible''' 3.
Una medida que parece del todo acertada.
Por su parte, en Alemania, su vicecanciller, Sigmar Gabriel, allá por 2017, tras el atentado en el Mercado de Navidad de Berlín, también manifestó 'que las mezquitas salafistas y wahabíes en el país deberían ser cerradas y sus comunidades
disueltas'. Estas declaraciones se efectuaron tras el descubrimiento de los vínculos entre el atentado contra el mercado de Navidad en Berlín y un predicador salafista 4.
El vicecanciller exhortó asimismo a las autoridades alemanas a adoptar medidas 'contra las tendencias extremistas' e insistió en el hecho de que 'las mezquitas que propagan pensamientos salafistas y wahabíes' deberían ser 'sin tardar'
expulsadas de Alemania porque 'incitan a la violencia y no saben disfrutar de la libertad de religión'.
'Las mezquitas salafistas deben ser prohibidas, las comunidades disueltas y los predicadores expulsados. Y eso tan rápidamente como sea posible.'
Existen muchos ejemplos de países que han adoptado una política de tolerancia cero con el islamismo y las mezquitas islamistas.
España no debe ser una excepción. Los españoles y los inmigrantes legales que viven con nosotros con honradez y voluntad de integración no se merecen la situación que provoca el terrorismo islamista. Se debe atajar la peligrosa situación
que supone la existencia de mezquitas islamistas en nuestro territorio; se deben catalogar y se debe proceder al cierre inmediato de las mismas.
Es necesario impulsar la adopción de políticas que contribuyan al bien común y no a la destrucción de nuestras naciones y de sus principios esenciales. Hay que poner freno a la expansión del islamismo en nuestras sociedades.
Al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a lo siguiente:
1. Proceder al cierre inmediato de todas las mezquitas que promueven el yihadismo en territorio español, así como expulsar inmediatamente a cualquier guía espiritual, ministro de culto o responsable jurídico que desarrolle su actividad o
dirija tales mezquitas.
2. Promover los cambios legislativos necesarios para evitar la implantación en España de corrientes religiosas que amparen el terrorismo yihadista, así como prohibir la apertura de nuevos centros islamistas en los que se incite y se
promueva el terrorismo y el odio a nuestra cultura y valores.
3. En tanto no se logra el objetivo de eliminar por completo la expansión del islamismo en España, conformar un catálogo de todas las mezquitas islamistas que existan en nuestro territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2023.-María Teresa López Álvarez, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala y Francisco
Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
3 https://www.huffingtonpost.es/2015/06727/cierre-mezquitas-tunez_n_7677190.html
4 https://spanish.almanar.com.lb/747346
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reparación de la
carretera N-642 en A Mariña lucense y la mejora del tráfico afectado, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La carretera N-642, que nace en Porto de Abaixo (Ribadeo) y finaliza en la intersección de San Cibrao con la LU-862, es la principal vía de transporte para los ciudadanos de la comarca de A Mariña lucense. Sin embargo, dicha carretera fue
cortada al tráfico el pasado 21 de enero debido a la aparición de un importante socavón en el punto kilométrico 42,3 de la misma, de varios metros de profundidad.
El Gobierno central aseguró que, debido al temporal de intensas lluvias, se formó una enorme bolsa de agua que se filtró a la carretera, provocando grietas en el firme: 'la calzada está ejerciendo de presa y no está preparada para ello, de
modo que se está viendo dañada'.
En concreto, el tramo que se cerró es el que transcurre entre los kilómetros 41 y 47 de esta vía, a la altura de la playa de Areoura, en el municipio de Foz, coincidiendo con la zona donde la calzada se desvía para Burela o para la variante.
Todo lo cual está complicando considerablemente la circulación y las comunicaciones en A Mariña, ralentizando todos los trayectos, además de que las alternativas viarias propuestas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) no están habituadas a soportar un tráfico tan denso ni a la circulación de vehículos pesados.
De hecho, la alternativa por la LU-P-1502 tuvo que ser cerrada al poco tiempo por su peligrosidad, con taludes en el lateral sin protección. Posteriormente, se habilitó un carril de circulación en la propia N-642, donde se han producido
retenciones durante las horas punta.
A esta situación se sumó la suspensión de la circulación ferroviaria entre Burela y Ribadeo, en la línea de ancho métrico Ferrol-Gijón-Oviedo, por peligro de desprendimiento a causa del derrumbe de la carretera cortada, que discurre en
paralelo a la vía del tren, teniéndose que establecer un plan alternativo de transporte por carretera entre Ribadeo y Viveiro-Cerdido, según informó ADIF.
Es evidente el déficit de conservación en las carreteras nacionales, lo cual frena el progreso económico y social de esta tierra. En este sentido, la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) ha reivindicado para la provincia un plan en
materia de infraestructuras, después de los problemas derivados del derrumbe del viaducto de O Castro en la A-6, muy cerca de Pedrafita do Cebreiro, y del reciente socavón en la N-642.
No obstante, el Gobierno continúa sin fijar plazos para la reapertura total de dicha carretera nacional, por lo que existe un clamor en A Mariña por este corte indefinido de su principal vía de comunicación costera, que afecta no solo a sus
70.000 residentes habituales, sino también a muchas y relevantes empresas que operan en la zona, a los puertos de la comarca o al Hospital da Costa, lo que está suponiendo un considerable impacto socioeconómico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Informar detalladamente de las causas que han provocado la aparición de un gran socavón en la carretera N-642 en A Mariña lucense, así como de las actuaciones y plazos para su solución definitiva.
2. Adoptar todas las medidas necesarias para que se repare totalmente cuanto antes el tramo colapsado y pueda restablecerse el tráfico con normalidad.
3. Garantizar la seguridad a lo largo de la N-642 con el fin de que no se repita en otros puntos de la misma el problema causante del incidente.
4. Establecer alternativas por tren y por carretera razonables y seguras, teniendo en cuenta el volumen y características del tráfico desviado.
5. Agilizar la circulación en el carril abierto en el tramo del siniestro, especialmente en las horas del día con mayor afluencia de vehículos.
6. Elaborar un plan integral de conservación de las carreteras nacionales que atraviesan la provincia de Lugo e impulsar la ejecución de la autovía A-74'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2023.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Joaquín María García Díez, Mario Garcés Sanagustín y Andrés Lorite Lorite, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/004788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de los proyectos y
obras de accesibilidad en las estaciones de ferrocarril de Osuna, Marchena y Arahal para cumplir con las normas de accesibilidad vigentes, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad, hombres y mujeres, puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones'. Así de contundente reza el primer
párrafo del preámbulo de la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Las administraciones públicas y sus organismos dependientes han de dar ejemplo en el cumplimiento de las normas que permitan la accesibilidad universal. En este sentido, cuando hablamos de medios de transporte, de obligaciones de servicio
público (OSP), es aún más necesario que las infraestructuras estén adaptadas.
En la provincia de Sevilla, uno de los ejes ferroviarios con más uso es el que conecta la capital hispalense y Málaga. Los usuarios por diferentes actividades diarias (estudios, trabajo, ocio...) eligen el tren como medio de transporte por
su seguridad y sostenibilidad.
Sin embargo, ni en la estación de Osuna, ni en la de Marchena, ni en la de Arahal, todas en la provincia sevillana, se dispone de los medios necesarios para que puedan ser usadas por personas con movilidad reducida.
Conociendo que no es un problema exclusivo de la provincia de Sevilla, se propone el estudio, análisis y planificación de las obras necesarias en las estaciones de ferrocarril para que sean accesibles y puedan ser usadas por las personas con
movilidad reducida, teniendo en cuenta así a todos aquellos que viven en las localidades que aún no tienen estaciones adaptadas, a los que se les provoca un tremendo perjuicio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar de manera urgente un estudio, análisis y cronograma de los proyectos y obras necesarios para cumplir con las normas de accesibilidad en todas las estaciones de ferrocarril de su
competencia y, en concreto, en las estaciones de Osuna, Marchena y Arahal, permitiendo así el uso de las mismas por aquellas personas que cuentan con movilidad reducida y/o usan silla de ruedas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Ricardo Tarno Blanco y Andrés Lorite Lorite, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Georgina Trías Gil, don Joaquín Robles López, don José Ramírez del Río, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Mireia Borrás Pabón y doña María Teresa López Álvarez, en su condición de
Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la presente Proposición no de Ley para
la implantación de pruebas de competencias básicas del español en todo el territorio nacional, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Primero. El derecho constitucional a usar el español y el deber de utilizarlo en toda la nación.
El artículo 3 de la Constitución española ('CE') establece lo siguiente:
'1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección'.
Este precepto ha sido examinado por numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional ('TC'), que confirman que existe una obligación por parte de los poderes públicos de garantizar el deber de los españoles de conocer el español, así
como de promover su respeto y protección; deber que no es predicable del resto de lenguas de la nación.
Segundo. Las pruebas de competencias básicas en el sistema educativo español.
Con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los objetivos mínimos de la enseñanza, las sucesivas leyes educativas han subrayado, con mayor o menor ahínco, la necesidad de realizar pruebas de competencias básicas al finalizar las etapas
educativas obligatorias: Primaria y Secundaria.
Estas pruebas han de ser desarrolladas por las administraciones educativas territoriales, atendiendo a las especificidades de cada etapa educativa y haciendo énfasis en el establecimiento de un criterio homogéneo para que no exista
discriminación alguna dentro del territorio nacional.
En este sentido, la Educación Primaria, según el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, se organiza en distintas áreas, entre las que se encuentra la siguiente: 'd) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua
propia [sic] y Literatura'.
Como se indica en este mismo precepto, en aquellas regiones con lengua cooficial 'podrán establecerse exenciones de cursar o de ser evaluados de dicha área en las condiciones previstas en la normativa autonómica correspondiente', pero
'garantizando, en todo caso, el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas oficiales'. Este mandato se replica en el caso de la etapa de Secundaria en el artículo 24 ibidem.
Con la reciente aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Gobierno ha promulgado los decretos de desarrollo de esta norma 5, con los requisitos
mínimos para todas las etapas educativas. Estos cambios afectan indirectamente a las pruebas de competencias básicas, al introducir cambios en las exigencias mínimas de cada etapa educativa.
5 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
Tercero. La deslealtad de algunas administraciones territoriales y las implicaciones de sus normativas educativas.
Durante los últimos años la estrategia de inmersión lingüística 6 practicada desde la promulgación de la CE con el fin de 'normalizar' el uso de las lenguas regionales pareciera no tener por objeto principal la consolidación de las
respectivas lenguas en su correspondiente territorio sino la eliminación de facto del español y su extirpación en determinadas regiones.
Esta persecución del español afecta a la población inmigrante procedente de Hispanoamérica, que encuentra en esta inmersión obligatoria un impedimento más para su integración. Muchos eligen España como destino para vivir, por los lazos
históricos de unión que existen con sus países de origen, basados en buena medida en la lengua común.
La instrumentalización de la lengua cooficial en sentido perjudicial para los hispanohablantes en centros educativos tiene multitud de ejemplos en distintas regiones 7:
- En Cataluña se han producido numerosas campañas contra los niños que utilizan el español en los patios de sus colegios. Una de las situaciones más graves que se han vivido hasta la fecha tuvo lugar en un colegio de Sitges, donde un niño
de cinco años fue sancionado con una etiqueta roja por no hablar en la 'lengua vehicular', esto es, el catalán 8.
- En Galicia, la Consejería de Educación prohíbe a los profesores y a los centros educativos usar el español en sus comunicaciones 9. En la misma línea, órganos del gobierno de la Junta de Galicia ponen en marcha concursos literarios cuyas
bases excluyen los redactados en español 10.
- Por su parte, en la región valenciana, otra menor escribió una carta al por entonces ministro de Educación y hoy Defensor del Pueblo, don Ángel Gabilondo Pujol, en la que explicaba que le habían suspendido una asignatura en el colegio por
responder las preguntas en español y no en valenciano 11.
- Asimismo, en las provincias vascas se encuentra en tramitación un proyecto de ley de educación, que pretende eliminar los modelos lingüísticos que permitían escolarizarse en español, para que todos los alumnos estudien en vascuence 12.
- Islas Baleares también aprobó recientemente un proyecto de las mismas características que el citado de la región vasca, que tiene como fin 'garantizar el uso de la lengua catalana, propia de Baleares, como lengua de enseñanza y
aprendizaje, al menos, en la mitad del cómputo horario escolar con el objetivo de asegurar el proceso de normalización lingüística' 13.
El último despropósito de la Generalidad de Cataluña, según informan diversos medios de comunicación 14, ha consistido en incluir pruebas orales de catalán en los exámenes de competencias básicas de sexto de Primaria y cuarto de Secundaria.
Además, se prevé que a partir de 2024 la prueba de 'Lengua catalana' (y 'aranesa', en el Valle de Arán) sea obligatoria para todos los alumnos de ambos cursos, mientras que la de español e inglés solo será muestral, es decir, se realizará en un
número de centros seleccionados 15.
6 Entendida esta, según la describe el Instituto Cervantes, como 'programa de enseñanza de una segunda lengua en el que alguna de las materias del currículo escolar (o todas ellas) se estudia en una lengua que no es la L1 de los
estudiantes'. Al respecto, ver https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/inmersionlinguistica.html.
7 https://www.vozpopuli.com/espana/cataluna/colau-colegios-privados-castellano.html.
8 https://www.libertaddigital.com/sociedad/marcan-con-una-pegatina-roja-a-un-nino-de-5-anos-por-no-hablar-catalan-en-el-patio-1276414551/.
9 https://confilegal.com/20190306-un-profesor-denuncia-que-la-xunta-prohibe-a-los-docentes-escribir-en-espanol-las-comunicaciones-con-sus-companeros/.
10 https://www.cultura.gal/es/premios-para-promover-escritura-literaria-difusion-cultural.
11 https://esradio.libertaddigitalcom/sr-ministro-gabilondo-me-suspenden-por-utilizar-el-espanol-en-el-colegio-1276382274/1.html
12 https://www.eldiario.es/euskadi/nueva-ley-educativa-vasca-cambia-40-anos-despues-modelos-linguisticos-euskera-eje-central_1_9313867.html.
13 https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-stylecolorredconsell-de-govern-extraordinari-spanaprobado-el-proyecto-de-la-ley-de-educacioacuten-de-las-illes-balers-strong-nbsp0.
14 https://www.abc.es/sociedad/nueva-prueba-oral-lengua-cataluna-equipara-espanol-20221117185246-nt.html.
15 Paradójicamente, el artículo 2 del Decreto-ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión, de los proyectos lingüísticos de los centros educativos,
recurrido en inconstitucionabdad por este Grupo Parlamentario, indica que uno de los objetivos de la norma es la 'garantía de que el alumnado alcance el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria'.
Se trata de una nueva muestra del permanente desprecio por parte de determinadas autoridades educativas regionales hacia el proyecto nacional y hacia la igualdad de derechos de los españoles, cualquiera que sea la región en la que hayan
nacido, vivan o desarrollen su actividad. Se trata, ni más ni menos, que de utilizar las lenguas regionales no como muestra de la riqueza cultural de España, sino como un elemento que contribuya a la ruptura de la nación y al enfrentamiento entre
los españoles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la implantación de pruebas de competencias básicas de español, en las etapas educativas de carácter obligatorio (Educación Primaria y Secundaria) y en todo el territorio nacional,
con el objetivo de garantizar el deber de conocer, y el derecho a usar, la lengua de todos los españoles, amparado por el artículo 3 de la Constitución española'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2023.-Georgina Trías Gil, Joaquín Robles López, María de los Reyes Romero Vilches, José Ramírez del Río, María Teresa López Álvarez y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la garantía de todos los
españoles de educarse en lengua castellana como garantía de una educación equitativa y de calidad y que se promuevan oportunidades de aprendizaje en esta lengua, en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, para su debate en
Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El castellano, de acuerdo con los datos hechos públicos recientemente por el Instituto Cervantes en su Anuario del ejercicio 2022, es una lengua hablada por 595 millones de personas en todo el mundo. De hecho, es la lengua nativa de casi
500 millones de personas, siendo la segunda lengua materna, solo por detrás del chino mandarín. Pero, además, es un activo en alza a la vista de los datos arrojados por dicho informe, en el que se refleja que, a día de hoy, hay seis millones más de
personas que hablan nuestro idioma que el año pasado y 96 millones más que en 2012, lo que supone un aumento del 20 %.
Es este un baluarte de la educación como refleja el hecho de que, durante este ejercicio, hay casi 24 millones de personas que, en todo el mundo, están estudiando la lengua castellana o español. Muchos países de nuestro entorno, conocedores
de la gran importancia de la lengua de Cervantes, aumentan las herramientas que permitan a sus alumnos estudiar y conocer nuestro idioma, sabiendo que es y puede ser una palanca para la inclusión y el desarrollo profesional y personal de sus
ciudadanos. Por ejemplo, sabemos que, en 2022, en el Reino Unido, el castellano o español es la segunda lengua en su plan educativo, como ocurre también en 18 de los 27 países de la Unión Europea y en los Estados Unidos de América.
Además, en un mundo global como el que vivimos, podemos afirmar que el castellano es una valiosísima palanca de prosperidad y oportunidades de futuro, si atendemos, por ejemplo, al hecho de que es la segunda lengua en número de publicaciones
científicas desde hace más de un lustro o la tercera lengua más empleada en internet y en plataformas digitales de entretenimiento, ocupando también una posición privilegiada en producción literaria y cinematográfica.
Es por ello por lo que todos debemos ser conscientes de que conocer el español o castellano, no es solo una cuestión cultural o social de nuestro país, sino que es, ha sido, y será un elemento indiscutible de calidad educativa y de
inclusión, que multiplica las oportunidades de desarrollo personal de los ciudadanos y fomenta las capacidades profesionales tanto a nivel nacional como internacional.
En este sentido se articula uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, en el año 2015, se fijaron por las Naciones Unidas con la intención de que las 'sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos,
sin dejar a nadie atrás'. Uno de tales ODS, el número 4, relativo a la educación, pretende 'garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos', por entender que la
educación es un catalizador de 'la movilidad socioeconómica ascendente' e instrumento clave para salir de la pobreza. A mayor abundamiento, Naciones Unidas entiende que la educación 'contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de
género' así como también 'empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sostenible' y 'es también fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas, y contribuye a crear sociedades más pacíficas'.
La Constitución Española de 1978, marco normativo que garantiza los derechos fundamentales de todos los españoles, comienza su articulado proclamando en su artículo primero, la libertad como uno de los valores superiores de nuestro
ordenamiento, sobre el cual se constituye nuestro Estado social y democrático de derecho.
A continuación, el artículo tercero, ensalza el castellano como la lengua oficial del Estado, consagrando expresamente el deber de todos los españoles de conocerlo, así como el derecho a usar esta lengua. Ello en nada obstaculiza para que,
inmediatamente después, reconozca así mismo la oficialidad del resto de lenguas oficiales de las diferentes Comunidades Autónomas. Esta es, precisamente, una de las grandezas de nuestro país, un increíble patrimonio lingüístico y cultural, en el
que coexisten diferentes lenguas históricas de inmenso valor para todos, y que deben ser respetadas y defendidas desde todas esferas administrativas.
Es por ello por lo que todos, pero en primer lugar los poderes públicos, debemos promocionar, proteger, y potenciar este enorme haber con el que cuenta nuestra nación. Un derecho y un deber que nos obliga a todos y cada uno de los
españoles, por compromiso con nuestra historia y con el futuro de nuestra cultura. La propia doctrina jurisprudencial se ha manifestado recientemente, recordando a los poderes públicos la obligación de garantizar el derecho de los ciudadanos de
España a la educación en las diferentes lenguas oficiales que coexistan en un territorio, reafirmando así que este derecho es, además, garantía de la calidad de la educación y manifestación inequívoca de su vocación inclusiva, respaldando
abiertamente el carácter equitativo del derecho a educarse en las diversas lenguas cooficiales.
A ello se añade que los propios ODS conminan a promover las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, por lo que es indispensable que este derecho esté previsto en todos y cada una de las etapas vitales y formativas de los
ciudadanos. Una educación de calidad, inclusiva y en condiciones de igualdad para todos y en todo momento.
Este derecho constitucional que es, como se veía, un baluarte del que disponemos todos los españoles, en cualquier parte de nuestro país, no ha sido, sin embargo, objeto de defensa por diferentes sectores del ámbito público, lo que ha
generado, además, una situación de indefensión y de inseguridad para con ciudadanos españoles que únicamente reclamaban su derecho básico constitucional (y amparado por la labor de la justicia) a estudiar en castellano. Ello constituye, además, una
vulneración de otro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 16, que aspira a 'promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas', con la meta prioritaria de 'reducir significativamente todas las formas de violencia'. Han sido públicas
y, desgraciadamente, diversas, las manifestaciones y acciones violentas en diferentes partes de nuestra geografía contra personas o grupos de la sociedad civil, por el mero hecho de haber reclamado estos últimos su derecho a una educación de
calidad, equitativa e inclusiva como persigue la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Tales actuaciones violentas, además, son el exponente más evidente de conductas discriminatorias llevadas a cabo por personas u organizaciones, ciertamente no
mayoritarias, que persiguen la erradicación del derecho educativo que recoge el ODS número 4 y un manifiesto incumplimiento del objetivo decimosexto.
Es decir, la defensa del castellano no solo se vincula al ODS cuarto sobre el derecho a la educación, sino que es transversal afectando a diversos ámbitos, lo que exige, si cabe, una mayor necesidad de compromiso político. Defender el
castellano en todas las etapas educativas, y el derecho a conocerlo, es una actuación que pone de manifiesto el compromiso de todos con los retos y metas que, de manera global, han sido fijados por la Organización de las Naciones Unidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el derecho a la educación en castellano y en las demás lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial, bajo un principio de equilibrio, en todas las etapas
educativas, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, más concretamente, con el número cuarto, relativo a garantizar a todos una educación equitativa y de calidad y que se promuevan oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2023.-José Ángel Alonso Pérez, María Sandra Moneo Díez y Óscar Clavell López, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a una educación de calidad
para los alumnos con trastorno del espectro del autismo (TEA), para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La categoría específica de trastorno del espectro del autismo (en adelante, TEA) no se recoge como tal en los datos oficiales sobre indicadores de educación, que los engloba en el alumnado con 'trastorno generalizado del desarrollo' (TGD),
según denuncia la Confederación de Autismo de España que señala que la información disponible sobre la situación en España de los alumnos con TEA es limitada, lo que hace que su análisis e interpretación sea especialmente complejo. Asimismo, ello
dificulta su comparación con datos de investigaciones similares desarrolladas a nivel internacional.
Se calcula que en España el alumnado con trastorno generalizado del desarrollo (TGD) representa el 23,2 % del total del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, porcentaje que se ha visto incrementado en los últimos cinco
cursos, pasando de un 17 % a un 23 %.
Los datos reflejan situaciones de abandono y fracaso escolar del alumnado con TEA a partir de la Educación Secundaria Obligatoria o su emplazamiento en modalidades de educación especial, lo que puede estar relacionado con una falta de
respuesta educativa adaptada y adecuada del sistema educativo ordinario hacia los niños y adolescentes con TEA una vez que terminan la Educación Primaria.
Además un factor que podría influir en el abandono escolar son las altas tasas de acoso escolar de los alumnos con TEA. Sin embargo, tal y como se ha señalado con anterioridad, no se tienen datos estadísticos oficiales relacionados con el
abuso y acoso escolar, tanto del alumnado general, como del alumnado con discapacidad y por tipo de discapacidad (Grupo Social ONCE, 2019).
Asimismo la citada Confederación denuncia que se desconocen datos sobre la situación educativa de los alumnos con TEA al finalizar la educación no universitaria y existe una importante ausencia de información relativa a importantes áreas
como su progreso, el grado de adquisición de competencias educativas y aprendizajes para la transición a la vida adulta, así como su participación en la sociedad.
El sistema educativo debe garantizar los ajustes razonables necesarios y los apoyos requeridos para las diversas necesidades de todas las personas con TEA. Por ello, es necesario flexibilizar e innovar en las modalidades de escolarización
disponibles, con el objetivo de dar una respuesta de calidad y especializada a las necesidades existentes.
Sin embargo, en la actualidad, en muchos centros educativos de España la realización de ajustes razonables se supedita a la existencia y distribución de los recursos según criterios del centro y no se proporcionan para todo el entorno
educativo.
La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la hora de reconocer el Derecho a la Educación en su artículo 24, establece en el apartado 2 que los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad
puedan acceder a una educación de calidad, que se hagan los ajustes razonables en función de las necesidades individuales y que se presten los apoyos necesarios. En este sentido, la Confederación Autismo conviene con el Informe de la investigación
relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo, realizado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que indica que 'en repetidas ocasiones se interpretaba erróneamente, incluyendo en las estadísticas
oficiales, que la incorporación de alumnos con discapacidad a centros ordinarios, pero sin los ajustes razonables requeridos, constituía una educación inclusiva'. Por tanto, es necesario garantizar los ajustes razonables y por tanto los apoyos
requeridos a la persona con TEA, sea cual sea el sistema de escolarización seleccionado.
En esta línea, Autismo España y sus entidades miembros han manifestado su firme convicción sobre que la coexistencia de la escolarización especializada y ordinaria con intervención y apoyos suficientes de calidad para el alumnado con TEA, no
solo no son excluyentes, sino que son totalmente necesarios para maximizar el desarrollo personal y las oportunidades de todos los alumnos, así como para garantizar una atención individualizada basada en las necesidades del alumnado.
Sin embargo, el artículo 74 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la LOMLOE, supedita la escolarización del alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los
veintiún años, solo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.
De otro lado, en noviembre de 2015 se aprobó la Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo, con el objetivo fundamental de contemplar protocolos de atención en diversos ámbitos: sanidad, cultura, educación, empleo, etc., para
personas con Trastornos del Espectro del Autismo y contribuir a promover la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos de cada persona con TEA en todo el territorio español, una estrategia que es necesario actualizar
atendiendo además a las circunstancias de vulnerabilidad agravadas ante la crisis sanitaria, social y económica que ha supuesto para España la pandemia ocasionada por el COVID-19.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar la primera Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), de 2015 y el correspondiente Plan de Acción.
2. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el conocimiento sobre la situación y necesidades del alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA) en España en las distintas etapas educativas, con la finalidad de mejorar
el desarrollo e implementación de las medidas necesarias para la atención educativa de calidad, específica y especializada, que promueva y favorezca su desarrollo integral.
3. A tal efecto, se incluirá en los Indicadores del Ministerio de Educación y Formación Profesional los datos educativos relativos a los alumnos con trastorno del espectro del autismo (TEA).
4. Promover las condiciones para garantizar la libertad de elección de los padres, primeros responsables de la educación de sus hijos, del centro educativo que quieren para sus hijos y la igualdad de oportunidades de todos los alumnos
mediante el incremento de los recursos humanos y económicos que sean necesarios y eficientes en función de las necesidades de los alumnos con trastorno del espectro del autismo (TEA)'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2023.-Óscar Clavell López, María del Carmen González Guinda y María Sandra Moneo Díez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reversión de la reforma de las cotizaciones de los
trabajadores autónomos y el alivio de sus cargas burocráticas, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El 26 de julio de 2022 se aprobó el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad,
convalidado posteriormente el 25 de agosto en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los partidos que sustentan el Gobierno y el Partido Popular, entre otras formaciones.
Si bien se empleó el mecanismo excepcional del decreto-ley, pensado para situaciones de 'extraordinaria y urgente necesidad', no ha sido hasta este pasado mes de enero que la reforma ha entrado en vigor y los autónomos pueden empezar a notar
sus efectos.
El primer baño de realidad al que se han enfrentado los autónomos ha sido la complejidad de comprender el nuevo sistema de elección de bases de cotización y la excesiva burocracia de este. De hecho, hasta la 'Guía práctica de trabajo
autónomo' de la web de la Seguridad Social, lejos de ser práctica e intuitiva, resulta de muy difícil comprensión incluso para personas formadas en Derecho o con varios años de práctica profesional. Estos problemas de implementación del nuevo
sistema se suman a los problemas que ya presentaba su propio diseño.
Las cotizaciones de los trabajadores autónomos deben depender de sus beneficios reales. A pesar de ser ese el objetivo nominal de la reforma del RETA introducida por el Real Decreto-ley 13/2022, el resultado final fue una reforma
insuficiente e injusta. No hay ningún criterio de proporcionalidad ni justicia en hacer pagar a un autónomo con ganancias menores al SMI más de 200 en cotizaciones a la Seguridad Social. Podría darse el caso absurdo, incluso, de que un mes un
autónomo tenga que pagar más a la Seguridad Social de lo que ha ganado por su actividad.
Además, las tablas de cotizaciones siguen siendo profundamente regresivas. Si un autónomo tiene rendimientos de tan solo 600 va a tener que pagar en cotizaciones sociales el 33 % de lo que gana. Mientras tanto, un autónomo con ingresos
reales superiores a los 5.000 pagaría tan solo el 10 %. Por si fuera poco, la tarifa plana creada para ayudar a autónomos emprendedores en sus primeros pasos aumenta de 60 a 80 .
Finalmente, la reforma no tiene lo suficientemente en cuenta supuestos como aquellas personas que son autónomos solo como actividad económica secundaria, a la vez que trabajan por cuenta ajena, poniendo aún más trabas al emprendimiento y
dificultando la jubilación activa.
Se hace necesario, así, revertir estos nocivos cambios en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos aprobados por el Real Decreto-ley 13/2022 y sustituirlo por una reforma en profundidad del régimen de autónomos sea realmente equitativo,
en el que las cotizaciones dependan verdaderamente de las ganancias de los autónomos, que fomente el emprendimiento, que proteja a los autónomos más vulnerables y que se sustente en el principio fundamental de que a iguales obligaciones debe haber
iguales derechos, de manera que se produzca una progresiva asimilación de las cargas y acción protectora de los autónomos a las existentes con los trabajadores por cuenta ajena.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revertir la reforma sistema de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, aprobada por el Real Decreto-ley 13/2022.
2. Presentar una nueva propuesta de reforma que:
a) Fije las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos en función de sus beneficios reales.
b) Garantice que ningún autónomo con beneficios reales inferiores al SMI deba satisfacer cuotas a la Seguridad Social.
c) Avance en la progresiva asimilación, en cargas y acción protectora, del régimen de los trabajadores autónomos al de los trabajadores por cuenta ajena, de manera que a iguales obligaciones haya iguales derechos.
d) Reduzca la complejidad burocrática de los trámites con la Seguridad Social.
e) Dinamice la economía, impulse el crecimiento económico y fomente el emprendimiento, especialmente en los jóvenes'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la implicación del Gobierno en la
defensa de la planta de Santa Bárbara Sistemas de Sevilla, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Santa Bárbara Sistemas, perteneciente a la empresa estadounidense de equipos de defensa General Dynamics, cuenta en la provincia de Sevilla con una fábrica, sita en la localidad de Alcalá de Guadaira.
Se trata de una empresa con más de 500 años que cuenta con 223 empleados, con más de 9000 proveedores de Sevilla y Andalucía que trabajan con la factoría y que generan más de 500 empleos directos.
El 12 de julio de 2019, el Consejo de Ministros autoriza la celebración de un contrato de suministro de fabricación de vehículos de combate sobre ruedas 8×8. El objeto del contrato es el suministro de fabricación del primer tramo de
producción de 348 Vehículos de Combate sobre Ruedas 8×8 (VCR 8×8), en sus trece diferentes configuraciones, incluyendo los respectivos componentes del sistema de misión (armamento, nivel de protección, sensores, comunicaciones y sistemas de mando y
control) así como los productos del Apoyo Logístico (AL) derivados del correspondiente Análisis de Apoyo Logístico (AAL).
Tal y como consta en el precitado acuerdo 'actualmente, se considera a la empresa Santa Bárbara Sistemas, como contratista principal y Autoridad Técnica de Integración, junto a las empresas INDRA y SAPA, como subcontratistas de primer nivel,
como la única opción con capacidad industrial suficiente para atender el objeto del contrato. Además, tendrá un impacto relevante en las economías de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Trubia, (Asturias), Aranjuez (Madrid) y Andoain (Guipúzcoa),
poblaciones en las que tienen plantas de producción las empresas que participan en el proyecto. En total, se calcula que la producción del nuevo vehículo blindado generará unos 650 puestos de trabajo directos, y otros 1.000 indirectos'.
En agosto de 2020, la empresa TESS Defence, formada por Santa Bárbara, Indra, Sapa y Escribano, firmaba con el Ministerio de Defensa el contrato para el suministro de 348 vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8×8, su mantenimiento y la
comercialización internacional.
Santa Bárbara se encargaba así del suministro de la plataforma y la integración en el vehículo; Indra, del Sistema de Misión y de la arquitectura electrónica; Sapa Placencia, del grupo motopropulsor; y Escribano Mechanical & Engineering,
de los Sistemas de Armas. Los vehículos se entregarán en un plazo estimado de siete años y contarán con sistemas de alta tecnología desarrollada a nivel nacional. A lo largo de la duración prevista del contrato se generarían aproximadamente 8.750
puestos de trabajo entre
directos, indirectos e inducidos, según las estimaciones de Defensa, que sostenía que el efecto multiplicador y de innovación recaerá principalmente en Asturias, Madrid, País Vasco y Andalucía, donde están localizadas las fábricas de las
industrias participantes.
Sorpresivamente el pasado 28 de enero, se comunicaba el despido de veinte trabajadores, el 10 por ciento de la plantilla, de la fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Los despidos en Sevilla cuya histórica fábrica cuenta con 223
empleados, afectan a los departamentos de Calidad, Compras, Programas e Ingeniería de la factoría sevillana, y muchos de los afectados acumulaban varios años de antigüedad en la empresa.
Como se acredita, la empresa cuenta con carga de trabajo, con contratos en vigor y tal y como consta en el propio acuerdo del Consejo de Ministros, con un acreditado equilibrio en la distribución del trabajo, entre las fábricas ubicadas en
España.
Este anuncio se realiza un mes después del inicio de la fabricación de las primeras unidades del blindado VCR 8×8 Dragón para el Ejército de Tierra, el mayor contrato licitado por el Ministerio de Defensa por un importe cercano a los 2.000
millones. Este contrato contempla la fabricación de 349 unidades del VCR 8×8 Dragón durante un periodo de diez años.
Actualmente, Santa Bárbara Sistemas tiene dividido el ciclo productivo de los blindados entre las factorías de Trubia, donde se fabrican las barcazas o estructuras, y el centro de Alcalá de Guadaira (Sevilla), que realiza la integración de
los vehículos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a una implicación real con todas las medidas que sean necesarias para evitar la deslocalización de la factoría Santa Bárbara Sistemas, ubicada en Alcalá de Guadaira (Sevilla), teniendo en
cuenta las graves consecuencias socioeconómicas y de empleo que se generarían con dicha deslocalización'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Ricardo Tarno Blanco, María Soledad Cruz-Guzmán García y Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004750
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de los diputados del PDeCAT Ferran Bel i Accensi i Genis Boadella i Esteve, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley relativa a la prevención de las situaciones de discapacidad derivadas del diagnóstico tardío de las enfermedades minoritarias y el retraso en el
acceso a los tratamientos disponibles.
Exposición de motivos
Las enfermedades raras, o enfermedades poco frecuentes, son un conjunto de entre 5.000 y 7.000 patologías distintas que afectan a un reducido número de personas y para las que se cuenta con pocas alternativas terapéuticas. Se calcula que en
el Estado español el 5,9 % de la población padece una enfermedad rara. En su gran mayoría se trata, además, de enfermedades graves, crónicas, degenerativas y potencialmente discapacitantes y/o mortales que comprometen tanto la calidad de vida como
la autonomía personal.
Las enfermedades raras se caracterizan por un comienzo precoz en la vida (dos de cada tres aparecen antes de los dos años), dolores crónicos, o el desarrollo de déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos.
No obstante, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes con enfermedades raras es la demora en la obtención de un diagnóstico certero. Según la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), un paciente con
una enfermedad rara espera una media de cuatro años hasta obtener un diagnóstico y, en el 20 % de los casos transcurren diez o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado.
Durante ese proceso, hasta la obtención del diagnóstico, el desarrollo de la enfermedad produce daños irreversibles en la salud de las personas afectadas al no haber accedido a alguno de los tratamientos farmacológicos disponibles, de ahí la
importancia de tomar medidas para acelerar el proceso del diagnóstico de las enfermedades raras como puede ser el impulso del cribado neonatal. Igualmente, es fundamental establecer un procedimiento diferenciado de autorización, financiación y
fijación de precio de los medicamentos huérfanos que reduzca el tiempo de espera por parte de los pacientes hasta disponer de su tratamiento.
Hay que tener en cuenta que las personas afectadas por una enfermedad rara acaban sufriendo, en muchos casos, una discapacidad que les hace necesitar de ayuda para sus actividades diarias: vida doméstica (44 % de los casos), desplazamientos
(42 % de los casos) o movilidad (39 % de los casos). Un elevado porcentaje de estas situaciones de discapacidad habrían podido evitarse, o cuanto menos ralentizar su evolución, mediante el diagnóstico precoz.
En total, más del 70 % de las personas con estas patologías posee el certificado de discapacidad, de las cuales el 35 % aseguran no estar satisfechos con el grado de discapacidad reconocido. Debido a estas limitaciones físicas, las
enfermedades raras también van acompañadas de elevados costes económicos asociados a sus cuidados y necesidades sociosanitarias específicas.
El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, es el encargado de regular el procedimiento por el cual a una persona se le reconoce un determinado
grado de discapacidad. Dependiendo de dicho grado, esta persona podrá o no acceder a determinadas ayudas o prestaciones. El baremo establecido en este Real Decreto afecta negativamente a los derechos y a la igualdad de oportunidades que, como
ciudadanas y ciudadanos, tienen reconocidos todas las personas con enfermedades raras, ya que no se están adoptando las medidas necesarias para que estas personas disfruten, de sus derechos en condiciones de igualdad.
A todo lo expuesto anteriormente, debemos añadir determinadas deficiencias asistenciales que perjudican a estos pacientes. La falta de profesionales sanitarios especializados en estas patologías y el hecho de contar con pocos Centros,
Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) les obliga, en muchas ocasiones, a desplazarse fuera de su provincia e incluso de su Comunidad Autónoma hasta recibir un diagnóstico adecuado o para acceder al tratamiento,
provocando una grave situación de inequidad.
Por todo ello, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Potenciar, de forma consensuada con las Comunidades Autónomas, los programas poblacionales de cribado neonatal e incrementar de forma anual el número de patologías incluidas en la Cartera Común de Servicios del SNS con el objeto de
garantizar el diagnóstico precoz de las enfermedades raras.
2. De forma consensuada con las Comunidades Autónomas, adoptar las medidas necesarias para agilizar la autorización, financiación y fijación de precios de los medicamentos huérfanos indicados para enfermedades raras, elaborando un
procedimiento diferenciado para ellos.
3. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y siempre de forma consensuada con las Comunidades Autónomas y en el marco de sus competencias, impulsar medidas sociosanitarias que cubran las necesidades
específicas de los pacientes con enfermedades raras y las de sus familias. Estas medidas deben contemplar:
- Promoción de la formación de los profesionales sanitarios, especialmente en la Atención Primaria.
- Impulso de campañas de información para la ciudadanía sobre enfermedades raras para luchar contra el estigma social que en muchas ocasiones acompaña a este tipo de patologías.
- Promover la coordinación entre los departamentos de Sanidad y Derechos Sociales para garantizar una atención sociosanitaria integral de los pacientes con enfermedades raras.
4. Modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, concretamente los haremos para la evaluación del grado de discapacidad, y garantizar así el reconocimiento adecuado a las personas afectadas por una enfermedad rara, a fin de
compensar las particularidades, las dificultades y las necesidades diarias que genera el curso de estas enfermedades.
5. Garantizar la equidad en el acceso a la atención médica y a los tratamientos existentes de los pacientes con enfermedades raras, considerando en todo momento las situaciones de discapacidad que afectan a buena parte de esos pacientes.
Para ello, se adoptarán medidas como la telemedicina o la dispensación domiciliaria de fármacos hospitalarios, de forma consensuada con las Comunidades Autónomas y de acuerdo con su modelo de gestión, las particularidades específicas de sus
territorios y sus Leyes de Ordenación Farmacéutica.
6. Promover que el Fondo de Cohesión cubra los gastos originados por desplazamientos, tanto por motivos asistenclales como por acceso a los tratamientos, de las personas aquejadas de una enfermedad poco frecuente, prestando especial
atención a aquellas que residen en zonas rurales o que se vean afectados por una situación de discapacidad'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2023.-Genís Boadella Esteve y Ferran Bel Accensi, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004761
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de los diputados del PDeCAT, Ferran Bel i Accensi i Genis Boadella i Esteve, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley para traspasar a la Generalitat de Catalunya la gestión del ingreso mínimo vital en Catalunya.
Exposición de motivos
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus
necesidades básicas. Se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad
económica. Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarías. En este sentido, opera como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una
participación en la sociedad. Contendrá para ello en su diseño incentivos al empleo y a la Inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administraciones.
Por otro lado, el Estatut d'Autonomia de Catalunya otorga a la Generalltat de Catalunya competencias en el ámbito de las prestaciones económicas con finalidad asistencial.
Así, el apartado 3 del artículo 24 dispone que:
'3. Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se
establecen'.
Asimismo, el artículo 166 del Estatut d'Autonomia de Catalunya establece que:
'1. Corresponde a la Generalltat la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que en todo caso incluye:
a) La regulación y la ordenación de la actividad de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de previsión pública'.
En julio de 2017, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania. Esta prestación económica está destinada a personas y a unidades familiares que no disponen de los ingresos que les garanticen
los mínimos para una vida digna y tiene como objetivo velar por su inclusión social o laboral.
Posteriormente, en diciembre de 2021, se aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), prestación de ámbito estatal. Si bien persigue los mismos fines que la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), las personas o unidades familiares que pueden acceder
a estas ayudas no son exactamente las mismas. Con la entrada en vigor del IMV, la RGC pasó a complementarla.
Más allá de esta invasión competencial, la existencia de estas dos prestaciones económicas gestionadas por dos administraciones diferentes tiene varios inconvenientes.
En primer lugar, los usuarios tienen que hacer todos los trámites por separado en función de si se trata de la RGC o del IMV.
En segundo lugar, fruto de la implantación del IMV, ciudadanos que tienen derecho a percibir la RGC han tenido problemas para cobrarla correctamente, generándose graves perjuicios a un colectivo tan vulnerable económicamente. A modo de
ejemplo, en noviembre del año pasado, más de 1.100 familias cobraron de media 560 euros menos de lo que les correspondía de estas prestaciones por un error del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esto se debe a que esta
administración otorgó en un primer momento más prestación de la que les correspondía del IMV, lo que provocó un segundo cálculo erróneo de la Generalitat, que calculó la RGC en función de estas cifras erróneas de la AGE. Cuando el Ministerio se dio
cuenta del error, retiró las cantidades pagadas de más, pero la Generalitat ya no estuvo a tiempo de abonar lo que les correspondía por la RGC de ese mes.
En tercer lugar, no permite liberar recursos que se podrían destinar a familias con hijos o políticas de activación laboral, que una correcta cobertura de la ayuda permitiría.
El traspaso de la gestión de esta prestación no presenta ninguna dificultad técnica. Tres meses después de la entrada en vigor del IMV, se acordó la transferencia de esta competencia a Euskadi y a Navarra en los correspondientes órganos
mixtos de transferencias de estas comunidades autónomas.
Así, el 16 de marzo de 2022, la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco acordó el establecimiento del convenio para la asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco de la gestión del
IMV. De este modo, el Lanbide, el servicio vasco de empleo, es el organismo encargado, entre otras atribuciones, de tramitar, reconocer y pagar esta prestación. La administración del Estado únicamente conserva todo lo relativo a la tarjeta social
digital, la unidad de criterio normativo y la función interventora en el control financiero posterior. Este traspaso permite a los ciudadanos vascos que requieren de estos servicios sociales acudir a una sola ventanilla para hacer todos los
trámites relativos al IMV o a la Renta de Garantía de Ingresos.
En la misma línea, el 31 de marzo de 2022, la Junta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Foral de Navarra acordó la asunción por la Comunidad Foral de Navarra de la gestión del IMV con las mismas características que el
traspaso a Euskadi.
Desde el PDeCAT somos firmes defensores de que los servicios a los ciudadanos hay que prestarlos respetando el principio de subsidiariedad, esto es, desde las administraciones más cercanas a los ciudadanos, que son, en definitiva, las que
mejor conocen las necesidades y problemáticas de cada territorio y que más eficazmente pueden resolverlas. Así pues, consideramos que debe ser el Govern de Catalunya la institución que gestione la prestación económica no contributiva de la
Seguridad Social del ingreso mínimo vital, pues tiene plena capacidad para asumirla. El único impedimento es la voluntad política por parte del gobierno central para traspasar su gestión a la Generalitat de Catalunya.
Por todo ello, los Diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar, en un plazo máximo de tres meses, en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat de Catalunya, que la Comunidad Autónoma de Catalunya asuma,
con referencia a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en
relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2023.-Genís Boadella Esteve y Ferran Bel Accensi, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el Plan de Acción para Conservar los Recursos Pesqueros de la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El 'Plan de Acción para Conservar los Recursos Pesqueros y Proteger los Ecosistemas Marinos', contemplado dentro de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea para 2030, enmarcada a su vez en el Plan Verde Europeo, contempla, como
una de sus medidas clave, alcanzar una protección de la superficie marina europea en un 30 %, con un 10 % de máxima protección.
Sus pilares son, tal y como reconoció públicamente la propia Comisión Europea en el mes de marzo, 'la protección de los fondos marinos y la conciliación de las artes de fondo con los objetivos de sostenibilidad', siguiendo así el camino
marcado por la propia Estrategia de Biodiversidad 2030 que recoge que 'Cuándo sea necesario se introducirán medidas para limitar el uso de las artes de pesca más perjudiciales para la diversidad, incluso en el fondo marino'.
Por otra parte, en esta misma dirección, la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, la COP 15 de Montreal, alcanzó un acuerdo de Convenio sobre la Diversidad Biológica en el pasado mes de diciembre que, según la
propia Vicepresidenta Tercera del Gobierno del Estado español y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, 'permitirá alcanzar la protección y gestión efectiva para la conservación del 30 % de la superficie terrestre y marina para
2030'.
En un acto celebrado la semana pasada en Vigo, la directora general de Pesca y Asuntos Marítimos de la UE confirmó a los medios de comunicación que el Plan de Acción para la Pesca será dado a conocer en el mes de febrero y anticipó que su
puesta en marcha significará nuevos cierres de zonas al arrastre de fondo, con medidas que irán desde la prohibición en las Áreas Marinas Protegidas (AMP) comunitarias hasta una mayor limitación de su utilización en otras.
El objetivo de intentar lograr un equilibrio entre la conservación y la producción sostenible de alimentos que provienen del mar es necesario, y es loable, mas no puede conseguirse a través de prohibiciones rotundas y sin tener en cuenta
otros factores.
En este momento, la flota, fundamentalmente la del palangre y arrastre, ya está padeciendo las consecuencias de las 87 áreas de pesca cerradas desde el pasado mes de octubre en aguas de Portugal, España, Francia e Irlanda. Un cierre que se
mantendrá más allá del mes de diciembre inicialmente previsto pudiendo prolongarse hasta 2024, a la espera del informe del ICES y de la evaluación del impacto económico, que no se efectuará hasta contar con los nuevos informes científicos, y de la
previsible consulta a los Estados miembros.
Ochenta y siete áreas que se vetaron a la pesca de fondo mediante una decisión que no contó con el apoyo unánime del Consejo ni con la aprobación del Parlamento europeo, que partía de unos informes científicos y técnicos insuficientes y
refutables, que se tomó sin diálogo y sin busca de alternativas con el sector y sin evaluación de su impacto socioeconómico. Razones todas ellas que llevaron a que el Gobierno español presentara un recurso a la misma -aunque mantuvo su negativa
hasta el final respecto de solicitar una moratoria que el sector le reclamaba y a día de hoy, al igual que la propia Xunta de Galiza, continúa sin articular medida alguna para compensar las pérdidas que se están produciendo- y que lo hiciera también
la Organización de Produtores Pesqueiros do Porto de Burela ante el Tribunal General de la UE en Luxemburgo.
El Plan de Acción para Conservar los Recursos Pesqueros y Proteger los Ecosistemas Marinos, aun sin conocerse al por menor, está ya a ser interpretado por el sector pesquero como un riesgo real sobre su actividad y, de nuevo, va a requerir
de actuaciones políticas que consigan evitar un daño mayor para una actividad económica fundamental para un país altamente dependiente de la pesca como es Galiza.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Mantener una posición de firmeza en la defensa de la pesca gallega de artes de fondo delante de la inminente presentación del Plan de Acción de la UE para Conservar los Recursos Pesqueros y Proteger los Ecosistemas Marinos.
2. Presentar observaciones y/o consideraciones a la norma durante su tramitación que traten de evitar la prohibición y/o limitación de las artes de fondo en las aguas comunitarias.
3. Exigir a la UE que cualquier medida que se adopte se base en estudios científicos rigurosos y actualizados sobre el estado de los recursos, atendiendo al impacto socioeconómico que podría causar y en diálogo con el sector.
4. Articular las medidas de compensación económicas necesarias para paliar las consecuencias que ya está teniendo el cierre de 87 áreas de pesca en el sector pesquero gallego de artes de fondo.
5. Programar y llevar a cabo un plan de actuaciones políticas, de acuerdo con el sector pesquero y la Xunta de Galiza, para impedir que la futura puesta en marcha del Plan de Acción de la UE para Conservar los Recursos Pesqueros y Proteger
los Ecosistemas Marinos afecte a la flota gallega de artes de fondo'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la adopción de medidas de ayuda a la flota afectada por las cuotas de pesca para 2023, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El acuerdo tomado por el Consejo de ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) sobre los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas para 2023 supondrá otro duro golpe para segmentos muy importantes de la flota gallega.
Un año más, además de un acuerdo insatisfactorio para Galiza, la flota de Galiza tuvo que aguantar las declaraciones triunfalistas del Ministro de Pesca que transmitió públicamente que su principal preocupación, antes y después del Consejo,
era la pesca en el Mediterráneo.
La pesca gallega quedó de nuevo en un segundo plano, a pesar de la drástica reducción en el jurel, que supondrá un verdadero problema para nuestra flota del cerco y, aunque en menor medida, también para la del arrastre y para el conjunto de
amplias zonas costeras del país situadas al norte de Fisterra.
Si nuestra flota cerquera, con alrededor de 150 embarcaciones y en muchos casos con más de un 60 % de dependencia de esa especie, y del arrastre no centra la preocupación del Ministerio de Pesca, mucho menos lo hacen las embarcaciones,
alrededor de 50, que se dedican a la pesca de la anguila en nuestro país.
En el caso del jurel, aunque no se producirá un cierre total, solo se dispondrán de 3.271 toneladas y únicamente para la pesca accidental. Es decir, solo se podrá pescar jurel mientras se capturan otras especies, permitiendo su desembarco
pero sin superar un porcentaje de capturas.
En el caso de la anguila, que afecta a la desembocadura de los ríos en distintas rías gallegas, principalmente en la de Vigo -donde supone una importante actividad para los naseiros de Pontesampaio, Arcade, Cesantes Redondela y Vilaboa-,
pasa de los tres meses de veda actuales a seis en el 2023. Una
restricción ilógica pues se trata de un recurso que se pesca en aguas interiores, con planes de gestión y que lleva años en equilibrio.
De hecho, Galiza sufre ya desde hay más de diez años una veda anual de tres meses que le fue impuesta por la mala gestión que otros países europeos hicieron de esta especie y que no se adapta a la realidad gallega de este sector. Los seis
meses a los que ahora aumenta se vuelven a imponer por las mismas razones y, por lo tanto, las pérdidas económicas seguirán creciendo.
Con este panorama resultan aún más incomprensibles las declaraciones del Ministro Planas sin tener en cuenta la alta dependencia de la pesca en Galiza, la afectación de medidas recientemente tomadas por la UE, como lo veto de la pesca de
fondo en 87 zonas del Atlántico, o las sucesivas normativas que están llevando al sector pesquero gallego la una situación límite, y con él, a la economía de extensas zonas costeras y al país en su conjunto.
Las graves consecuencias socioeconómicas que van a tener las decisiones adoptadas en el seno de la UE deben ser atendidas por las Administraciones, que deben poner en marcha medidas para paliarlas y no, como viene ocurriendo,
desentendiéndose de los problemas que ellas mismas crean.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Reclamar a la UE medidas económicas que palíen las consecuencias de la grave situación a la que se ve abocada la flota del cerco así como la flota afectada por la ampliación del paro biológico de la anguila en el 2023.
2. Realizar las negociaciones oportunas para conseguir un aumento de la cuota de jurel a través del intercambio con otros países que no la consuman habitualmente.
3. Elaborar y poner en marcha un plan de ayudas económicas para las flotas gallegas perjudicadas por las decisiones del Consejo de ministros de Pesca de la UE para 2023'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir el hidroducto entre
Guitiriz y Zamora dentro del Proyecto de Interés Común de la UE, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El 16 de diciembre del pasado año, el Gobierno anunciaba en rueda de prensa que había sido presentada la candidatura del proyecto conocido como 'H2Med' dentro de los Proyectos de Interés Común (PCI, por sus siglas en inglés), para recibir
financiación europea. El objetivo, según el Gobierno, es convertir a España en el primer hub de hidrógeno renovable del mundo, incorporando los primeros ejes de la red de tuberías nacionales que permitirían conectar algunos centros de producción de
hidrógeno verde con la demanda doméstica y las dos interconexiones internacionales con Francia y Portugal a la que se uniría, semanas después, Alemania.
Concretamente, el H2Med incluiría dos infraestructuras transfronterizas, una entre Celórico da Beira (Portugal) y Zamora, y otra, submarina, entre Barcelona y Marsella, (Francia) promovidas por los respectivos transportistas del sistema de
gas. Enagás por la parte española, REN por la parte portuguesa, y GRTgaz y Terega por la parte francesa.
España también ha presentado a la convocatoria de los PCI otros ejes de la que según el Gobierno será la red troncal del hidrógeno verde en nuestro país. Uno de los ejes discurrirá por el Cantábrico, el nordeste de la costa mediterránea, y
el otro por el oeste y el sur del país. Ambos ejes se considerarán un único candidato a los PCI.
Sin embargo, el Gobierno de España ha dejado fuera de la candidatura de los PCI presentados ante la UE al corredor gallego-castellano de hidrógeno verde. Cabe recordar que Galicia cuenta con un importante potencial de energías renovables
que pueden ser transformadas en hidrógeno verde. Sin ir más lejos, en la Comunidad gallega hay ya en marcha varios proyectos para la producción de hidrógeno renovable y derivados entre los que destaca la planta en As Pontes impulsada por Reganosa y
EDPR, (una de las de mayor capacidad del país) y la planta de Forestal del Atlántico en el municipio de Mugardos.
La puesta en marcha de estas importantes plantas de generación de hidrógeno verde en nuestro país requiere del apoyo institucional de todas las administraciones, tanto local, autonómica, como nacional. En este sentido, la Xunta de Galicia
ha puesto en marcha hace unos días la Alianza Industrial del Hidrógeno Verde que agrupa a más de 700 empresas, instituciones y agentes sociales con el fin de actuar en cinco ejes principales: diseñar la implementación de herramientas específicas e
instrumentos de apoyo al desarrollo del sector industrial del hidrógeno, identificar oportunidades, promover la formación especializada en las empresas, fomentar la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras para la industria en torno
al hidrógeno verde y promover la necesidad de establecer la infraestructura necesaria para la puesta en marcha del corredor atlántico del hidrógeno con el hidroducto Galicia-Norte de Portugal y la conexión de Galicia con la Meseta (Guitiriz-Zamora),
y con Europa.
Este último punto, referente a la inclusión del corredor atlántico del hidrógeno, consistiría la construcción de un hidroducto que conectaría la ciudad gallega de Guitiriz con la capital de Zamora. Se trata de una distancia aproximada de
318 kilómetros con una inversión estimada de 265 millones de euros.
Dicho corredor es la infraestructura necesaria para una correcta integración en la red de hidrógeno de la zona noroeste y será determinante para el impulso del hidrógeno verde en la comunidad gallega, facilitando, así mismo el impulso de la
industria asociada a este vector energético.
El 24 de enero del presente año, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico anunció en rueda de prensa que Galicia y el hidroducto Guitiriz-Zamora no se quedaría fuera de la propuesta española elevada a la UE para la obtención de
fondos europeos, pero la realidad, a fecha de presentación de esta Proposición No de Ley, es que no está incluida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Facilitar el acuerdo entre Reganosa y Enagás para la conformación de un proyecto común del corredor atlántico del hidrógeno verde.
2. Incluir el hidroducto entre Guitiriz y Zamora dentro de la propuesta del Gobierno español para el Proyecto de Interés Común de la UE.
3. Defender en el seno de la UE la necesidad de financiar con fondos europeos el hidroducto Guititiz-Zamora'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Diego Gago Bugarín, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz, Tristana María Moraleja Gómez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Marta González Vázquez, María Valentina Martínez
Ferro, Celso Luis Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco, Javier Bas Corugeira, Juan Manuel Constenla Carbón y Joaquín María García Díez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios Republicano, Euskal Herria Bildu, Plural (Mas País, Compromís y BNG) y CUP, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la recuperación de la normativa para la autorización medioambiental para los proyectos de renovables, para su debate en la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El 27 de diciembre el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros el Real decreto-Ley 20/2022. Un decreto orientado a poner en marcha medidas sociales y económicas frente a la crisis social y económica que la ciudadanía esta sufriendo, así
como la prórroga de las medidas de escudo social en vigor hasta la fecha.
Un real decreto-ley que, sin embargo, contenía dos artículos que todos los grupos que impulsamos esta iniciativa consideramos negativos y contrarios a los objetivos de transición ecológica y energética que deben guiar todas las actuaciones
de los gobiernos y administraciones, objetivos recogidos en la hoja de ruta que suponen la Ley de Transición ecológica y los pasos hacia la transición energética que, aunque aun totalmente insuficientes, dibujan el camino a recorrer. Los artículos
22 y 23 de este real decreto, así como los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 6/2022, van en contra de esta hoja de ruta.
Estos artículos permitirán que los grandes proyectos energéticos renovables no necesiten las evaluaciones y garantías que hasta ahora ofrecían los procedimientos de evaluación medioambientales y las autorizaciones en función de estos. Las
exigencias sobre el impacto ambiental, así como de sus derivas sociales y económicas, quedarán tan relajadas, serán tan laxas, que prácticamente las grandes corporaciones no tendrán que cumplir con los mínimos estándares medioambientales exigidos.
Además, la introducción de estos nuevos artículos impedirá que asociaciones, colectivos e incluso las administraciones locales, puedan presentar alegaciones a estos proyectos, negando así la posibilidad de que las zonas afectadas y sus
ciudadanos y ciudadanas, puedan tener herramientas para proteger sus entornos y modelos de vida.
Compartiendo la necesidad de impulsar, acelerar y ampliar la transición energética mediante una apuesta clara por las fuentes renovables, esta debe hacerse desde una perspectiva justa con la ciudadanía, respetuosa con el medio natural y
democrática, impidiendo que esta transición sea utilizada como herramienta de negocio por parte de las grandes empresas de espaldas a, una vez más, la ciudadanía y la comunidad.
No se debe permitir que la transparencia, la participación ciudadana, la destrucción del medio ambiente sean eliminadas en nombre de la aceleración de las energías renovables. Porque es posible acelerar la transición ecológica, las fuentes
renovables, sin tener que sacrificar todo ello.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a derogar los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, así como los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, para la recuperación de la
normativa y legislación en vigor previa en cuanto a los procedimientos y condiciones para la autorización, desarrollo e implantación de los grandes proyectos de renovables'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2023.-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Íñigo Errejón Galván y Juan Baldoví Roda, Portavoces
adjuntos del Grupo Parlamentario Plural.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso al proyecto de
saneamiento del río Barbaña y la mejora de la EDAR de San Cibrao das Viñas, Ourense, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El 'Proyecto de finalización del saneamiento del río Barbaña, mejora de la EDAR de San Cibrao das Viñas, fase II (Ourense)', de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, organismo autónomo dependiente del MITECO está cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.
El pasado 8 de noviembre de 2022 los diputados ourensanos Celso Delgado y Ana Vázquez formularon en el Congreso una concreta pregunta dirigida al Gobierno:
¿En qué fecha concluirá el MITECO la tramitación ambiental del 'Proyecto de finalización del saneamiento del río Barbaña, mejora de la EDAR de San Cibrao das Viñas? fase II (Ourense)' y cuándo licitará las obras la Confederación
Hidrográfica Miño-Sil?
La respuesta llegó el 11 de enero de 2023 y literalmente dice:
'En relación con la información interesada, se señala que el proyecto de finalización del saneamiento del río Barbaña, mejora de la EDAR de San Cibrao das Viñas-fase II (Ourense), se encuentra en fase de tramitación ambiental, trámite
preceptivo y vinculante, que está realizando el órgano ambiental competente, en este caso la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
La solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental tuvo entrada en la unidad indicada el 6 de junio de 2022, posteriormente se procedió a realizar el análisis formal y a requerir la subsanación de determinados
informes preceptivos concediendo para ello un plazo de tres meses. Una vez recibidos estos informes, se está realizando el análisis técnico para la formulación de la correspondiente declaración de impacto ambiental.
El procedimiento de licitación de las obras está supeditado hasta la resolución de la tramitación ambiental'.
Consideramos la citada respuesta como sumamente decepcionante y preocupante por varias razones:
Primeramente recordamos que el 18 de noviembre de 2021 publicó el BOE el Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA, por el que se sometía a información pública el 'Proyecto de finalización del saneamiento del río Barbaña,
mejora de la EDAR de San Cibrao das Viñas, fase II (Ourense)'.
En febrero de 2022, el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil afirmó en un medio de comunicación que este proyecto 'estuvo un tiempo empantanado por ciertas vicisitudes... pero que en los últimos tiempos está cogiendo
velocidad y las perspectivas son que a final de año se pueda licitar esta obra tan esperada'.
Lo cierto es que hasta junio de 2022, este proyecto inexplicablemente no tuvo entrada en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO y además este organismo tuvo que pedir la subsanación de informes preceptivos.
De lo anterior se desprende la existencia de reiterada lentitud y de falta de diligencia en la tramitación por parte de la CHMS y del MITECO.
Como nos respondió por escrito el Gobierno el 20 de octubre de 2021: 'Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020, siendo la fecha límite para certificar gasto a la Unión Europea el 31 de
diciembre de 2023, y el plazo para finalizar la actuación es el 31 de marzo de 2025'.
Consideramos que hay suficientes motivos para estar muy preocupados pues si no se cumplen estos plazos se perderán los 14.889.406,18 de euros previstos de financiación para este proyecto por la Unión Europea.
Estamos en febrero de 2023 y el MITECO sigue con la tramitación ambiental que impide, hasta que haya resolución favorable, impulsar el procedimiento de licitación.
Al margen de la financiación comunitaria del proyecto, es muy urgente realizar las obras necesarias en la EDAR existente para hacer que su funcionamiento sea más fiable y flexible, tratar con mayor capacidad las aguas residuales de una
población que ha ido aumentando notablemente y las de las actividades industriales sin generar ningún derrame. Igualmente, es necesario invertir en la sustitución de 3,3 kilómetros de colectores de aguas fecales, 16,5 kilómetros de colectores de
aguas pluviales y acondicionar 19 puntos de vertido, entre otras actuaciones.
No es posible que la única alternativa mientras las obras se ejecuten, la de continuar sancionado con elevadas multas al Concello de San Cibrao por el 'incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de vertido', cuando
desde el MITECO y la CHMS se demoran las soluciones técnicas para evitarlos.
En consecuencia, procede que el MITECO resuelva con urgencia la tramitación ambiental, para que las obras puedan ser licitadas de inmediato para que así las obras accedan a la imprescindible financiación de la Unión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, en relación al Proyecto de finalización del saneamiento del río Barbaña, mejora de la EDAR de San Cibrao das Viñas fase II (Ourense)', insta al Gobierno a agilizar su tramitación administrativa y ambiental, de
modo que se puedan licitar las obras en 2023 y así poder cumplir los plazos comprometidos y no se pierda la financiación con cargo a los fondos FEDER'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre los parques de eólica marina Volanteiro y Celta II, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El interés de las grandes compañías eléctricas por adquirir un mejor posicionamiento para la futura implantación de parques de eólica marina en las costas gallegas, así como la posibilidad de poder emplear fondos públicos para ello, está
acelerando la presentación de proyectos verdaderamente insólitos y que no tienen en cuenta ningún condicionante o característica de nuestras aguas. Ni la estrecha plataforma continental gallega, ni las actividades pesqueras, marisqueras y acuícolas
que se desarrollan en ellas, ni los ecosistemas existentes en las mismas, ni los posibles impactos ambientales, sociales y económicos que pueden derivar de esas instalaciones.
Ni a las propias empresas ni a las administraciones públicas parece importarles que la planificación de los espacios marinos aun no esté aprobada y se permite la presentación masiva de proyectos que está generando una gran preocupación e
incluso alarma entre la ciudadanía y los sectores productivos.
En esa 'competición' de empresas por la obtención de un recurso, el viento, que se pretende nos haga menos dependiente energéticamente y que además reporta grandes beneficios económicos a sus promotores, estarnos conociendo los pormenores de
proyectos que resultan verdaderamente preocupantes. Es el caso de los parques Volanteiro y Celta II.
El primero recoge la instalación de 34 aerogeneradores, con una potencia instalada de 510 MW, frente a costa sur de la provincia de Pontevedra, a menos de 28 km de la costa de A Guarda y en un área de 95 km cuadrados. Contempla una línea de
evacuación por el fondo marino de 45,4 km que se
adentra 10 km en las aguas del interior de la ría de Vigo, y otra línea de 22,76 km por tierra, hasta la subestación eléctrica de Pazos de Borbén.
La interacción con la actividad pesquera se recoge en el propio proyecto y la línea de evacuación del interior de la ría, al lado del parque de las Illas Cíes y zona de especial protección de aves, afectaría a la actividad marisquera y
acuícola. También reconocen que el funcionamiento de los aerogeneradores puede afectar a los cetáceos marinos y el campo electromagnético a las comunidades pelágicas, pero a pesar de ello propone la implantación del parque igualmente.
Además de estas, el proyecto también habla del grave impacto visual pero que es un dato minimizado llegando a establecer que, a pesar de todo ello, los eólicos pudrían ser 'un incentivo para el turismo' por los curiosos que acudirían a
verlos y, sorprendentemente, en las medidas preventivas a llevar a cabo en la fase previa y de ejecución del proyecto no menciona la pesca ni el marisqueo.
Los ayuntamientos afectados por las líneas de evacuación serían Vigo, que lo atraviesa de este a oeste, Redondela y Pazos de Borbén.
El segundo, con una información incompleta y dispersa, se ubicaría a 40 km de las Islas Cíes y la 25 de A Guarda, contaría también con 34 aerogeneradores y con una potencia de 510 MW. Ocuparía una superficie de 89,63 km cuadrados y una
línea de evacuación de 24,9 km. En la documentación recogen un 'impacto bajo' sobre la pesca y 'posibles impactos asociados a la alteración del fondo marino', principalmente en el trazado del cableado. También perjuicios sobre hábitats de interés
y para los cetáceos, pero sin darles importancia. Los ayuntamientos afectados por las líneas de evacuación serían A Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui y O Porriño.
El 'impacto bajo' que prevén sobre la actividad pesquera no concuerda con la que valora el sector, quien dice que afectaría gravemente a diferentes artes de pesca y a distintos segmentos de flota y que advierte de la presencia de merluza en
la zona propuesta.
Ambos proyectos, de diferentes empresas, están a escasa distancia llegando a solaparse en parte en un mismo espacio, que hace que debieran valorarse de forma conjunta para su impacto ambiental, e incluyen aerogeneradores de 261 metros de
altura total.
A este respeto, la Resolución por la que se formula declaración ambiental estratégica (DAE) de los POEM, publicada en el BOE de 16 de diciembre de 2022, reduce la zona NOR 1, donde se ubicarían El Volanteiro y el Celta II, por lo que sus
proyectos no se ajustan ni a la realidad ni al establecido en la DAE.
En los dos casos, ni las empresas ni el propio Gobierno del Estado están respetando la moratoria establecida en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 12/2021, por la que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, donde se establece una moratoria para estos proyectos y se indica que no se admitirán nuevas solicitudes de
reserva de zona, ni de autorización administrativa de instalaciones de generación eólicas marinas hasta la aprobación de un nuevo marco normativo para las instalaciones de generación de energía eléctrica en el mar territorial.
En definitiva, el Gobierno del Estado, incumpliendo su propia normativa, está permitiendo la presentación de proyectos de eólica marina que no tienen cabida en este momento, sin legislación que los sostenga y que resultan, desde el punto de
vista técnico, absolutamente perfectible y desde el punto de vista ambiental, social y económico altamente perjudiciales para las zonas en las que se pretende su ubicación.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Prohibir la instalación de parques o polígonos para la producción de energía eléctrica mediante eólica marina en la costa de Galiza y el Cantábrico-Noroeste, atendiendo al principio de precaución, debido a las características
diferenciadas de su plataforma continental, especialmente su corta extensión y la ubicación en la misma de los principales y más ricos caladeros de pesca que se verían gravemente afectados, así como el grave impacto en el conjunto de los ecosistemas
marinos.
2. Rechazar los proyectos de instalación de eólica marina en las costas gallegas presentados después de la aprobación del Real Decreto-ley 12/2021, publicado el 25 de junio, concretamente el PEM Volanteiro y el PEM Celta II, ubicados frente
costa sur de la provincia de Pontevedra'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la prohibición de la eólica marina en la costa de Galiza, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La sociedad gallega, en general y el sector pesquero, en particular, asiste asombrada a las constantes noticias referidas a los numerosos parques eólicos marinos que distintas empresas proyectan instalar en las costas de Galiza.
En estos momentos se conocen ya nueve, que sumarían una potencia total instalada de 5,8 GW, lo que representaría nada menos que el doble del aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2021 en la hoja de ruta para lo desarrollo de
la eólica marina de cara a 2030 en el conjunto del Estado español (entre 1 y 3 GW de potencia eólica marina flotante), una hoja de ruta que se decanta claramente por la industrialización del mar y que supone una clara amenaza para los ecosistemas
marinos y para la actividad pesquera.
Los nueve parques que se conocen por ahora y que pretenden instalarse en las costas gallegas, son toda una declaración de intenciones por parte del sector energético cuando ni siquiera están aprobados los Planes de Ordenación del Espacio
Marino (POEM) por parte del Gobierno del Estado. Planes que, de mantenerse el contenido del proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los POEM, que se sometió al trámite de información pública en el mes de junio de 2021, anulará completamente
las competencias de Galiza en materia de ordenación del sector pesquero o de protección del medio ambiente, entre otras, atribuyendo en exclusiva la competencia para autorización o denegación de parques eólicos marinos al Estado. Por lo tanto,
corresponderá al Estado decidir si se implanta o no en la costa gallega parques de eólica marina, cuando ya ha dado pruebas de mantener la especialización de Galiza en la producción de energía sin reparar en los altos costes ambientales,
patrimoniales y socioeconómicos.
Así, el proyecto de aprobación de los POEM daba preponderancia a la eólica marina para la que acotaba zonas de uso prioritario y zonas de alto potencial, contrastando no obstante con la incomprensible invisibilidad que otorgaba a la pesca,
sin tener en cuenta ni su alto potencial ni considerándola como uso prioritario.
Si bien es cierto que la categoría de uso prioritario para la eólica marina fue eliminada por la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación, del Ministerio para la Transición Ecológica, por la que se formula la declaración
ambiental estratégica (DAE) de los POEM, publicada en el BOE del pasado 16 de diciembre y paso imprescindible para la aprobación de los mismos, y que se reducen las zonas NOR1, 2, 3 y 5 que son parte de las correspondientes a Galiza dentro de la
Demarcación Marina Noratlántica, la posibilidad de instalación de eólica marina en la costa gallega sigue pareciendo una opción deseable para el Gobierno. Es más, se llega a expresar literalmente que 'se deberá priorizar la coexistencia del parque
eólico con la actividad pesquera en la zona, con especial consideración de las artes de pesca tradicionales y los caladeros gestionados de manera sostenible', cuando se sabe que esta coexistencia no es posible si se ubican los polígonos sin atender
a los caladeros.
En definitiva, las modificaciones que la declaración ambiental estratégica introduce a respeto del proyecto de Real Decreto de aprobación de los POEM, aun siendo positivas, son totalmente insuficientes. Por un lado, la eliminación del uso
prioritario para la eólica marina se hace, entre otras razones, 'para evitar el minimizar su afectación sobre la actividad pesquera y la biodiversidad' y 'para minimizar la interacción con artes de pesca de fondo: arrastre, palangre y enmalle'.
Sin embargo, sigue sin considerarse la actividad pesquera como de interés general, prioritario, cuestión que en nuestro Galiza
viene respaldada por múltiples e importantísimos datos ambientales, económicos y sociales y, por lo tanto, su consideración sobre otras actividades debe ser claramente preferente. En este sentido, entendemos que el Gobierno gallego habría
debido ser el primero en reclamarlo, precisamente por la relevancia de la actividad en Galiza, sin parangón en ninguna otra zona del Estado.
El propio sector pesquero se ha manifestado en contra de la eólica marina, así una de las reivindicaciones principales del 'Manifiesto de Burela', que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego el pasado 25 de marzo y que también
se aprobó en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, era la evaluación 'a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Español de Oceanografía (IEO) el impacto de la
instalación de polígonos de eólicos marinos sobre los recursos pesqueros y las zonas de trabajo de las diferentes artes y segmentos de la flota que operan en el caladero del Cantábrico Noroeste y sus efectos sobre la economía de las comunidades
pesqueras del Cantábrico'. Las 'actualizaciones y mejoras de la información' que provocaron la modificación introducida no tuvieron en cuenta el acuerdo del Parlamento gallego y del Congreso ya que ni el CSIC ni el IEO llevaron a cabo las
evaluaciones de impacto solicitadas.
Estudios que además evaluar el impacto sobre las actividades económicas deberían obtener datos sobre las consecuencias y afectaciones sobre el propio medio natural, así como las interacciones con el conjunto de los ecosistemas marinos y toda
su biodiversidad.
A pesar de a la reducción de parte de las zonas (la NOR 4 está excluida) ubicadas en Galiza, la propia Federación Gallega de Cofradías reconoció públicamente que la nueva delimitación aún sigue poniendo en riesgo más de cien caladeros de
pesca.
Además, se vuelven a obviar las características de nuestra plataforma continental, especialmente corta (entre 20-30 km), que añadiría problemas para la 'coexistencia' entre la actividad pesquera y la implantación de parques eólicos marinos.
Así mismo, en el pasado mes de diciembre representantes del sector pesquero de todo el Estado, representantes de distintos gobiernos autonómicos -entre ellos el gallego a través del director general de Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnológica- y del Estado a través de la subdirectora de Investigación Científica y Reservas Mariñas del MAPA, se reunieron en Santiago para debatir la problemática generada por los proyectos de la eólica marina. En ese encuentro coincidieron en la
necesidad de conocer el impacto socioeconómico de la eólica marina 'antes de proceder a adoptar decisiones sobre la implantación de estas industrias nos nuestros mares', un aspecto fundamental que no está aún desarrollado y que contribuiría, sobre
todo en el caso de Galiza, la aportar datos reales de los efectos de la implantación de la eólica marina en nuestro país.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
- Declarar la prohibición de instalación de parques para la producción de energía eléctrica mediante eólica marina en la costa de Galiza y el Cantábrico-Noroeste, atendiendo al principio de precaución y a las características diferenciadas de
su plataforma continental, especialmente su corta extensión y la ubicación en la misma de los principales y más ricos caladeros de pesca de la zona que se verían gravemente afectados, así como por el grave impacto en el conjunto de los ecosistemas
marinos.
- Dar una redacción definitiva al real decreto de por el que se aprueben los POEM que respete las competencias propias de Galiza como la de ordenación pesquera y la protección del medio ambiente, entre otras.
- Considerar siempre la actividad pesquera cómo prioritaria de cara a la aprobación definitiva de los POEM.
- Evaluar, a través del CSIC y del IEO, el impacto de la instalación de polígonos de eólicos marinos sobre los recursos pesqueros y las zonas de trabajo de las diferentes artes y segmentos de la flota que operan en el caladero del Cantábrico
Noroeste y sus efectos sobre la economía de las comunidades pesqueras del Cantábrico, así como sobre los ecosistemas marinos.
- Evaluar el impacto socioeconómico de la implantación de la eólica marina en Galiza'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para elaborar una estrategia destinada
a la recuperación de la costa norte de la provincia de Castellón, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
El litoral Norte de la provincia de Castellón, concretamente el tramo de costa comprendido entre la desembocadura del Río Ebro y el Puerto de Castellón, sufre, como prácticamente la totalidad del litoral mediterráneo español, una profunda
regresión en la costa, profundamente agravada desde que se han hecho más visibles los efectos del cambio climático.
La estrategia global de adaptación de la Costa Española al cambio climático formulada en 2015 por el Ministerio, que entonces era el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ya contemplaba ese fenómeno de regresión costera de forma
global en todo el litoral español.
En extensión de esa estrategia se diseñaron y aprobaron diversas estrategias localizadas para distintos tramos, aquellos en los que se estimaba mayor gravedad del fenómeno. En aquel momento, la zona descrita anteriormente del Norte de la
provincia de Castellón no manifestaba ese nivel de extrema gravedad y no se elaboró una estrategia localizada.
Desde entonces y hasta la fecha, los temporales, especialmente los englobados en categoría de DANA, han sido especialmente agresivos en esa zona, destrozando infraestructuras naturales y artificiales (turísticas, de comunicación, etc.) y
demostrando la necesidad de acometer también en ese ámbito, una estrategia global de defensa del territorio costero.
Las actuaciones aisladas y carentes de visión global ya se han demostrado insuficientes, no consiguiendo frenar los problemas en ningún tramo y, en algunas ocasiones, generando mayores problemas por falta de la perspectiva necesaria en esa
parte del litoral castellonense en su conjunto.
La inacción del Gobierno de España desde 2018 en ese sentido ha determinado que algunos Ayuntamientos estén, por su cuenta, encargando estudios técnicos limitados a sus términos municipales y que, al margen de demostrar la preocupación que
genera el fenómeno de la regresión en esas administraciones, suponen esfuerzos económicos totalmente impropios que únicamente se entienden desde la inacción de la Administración General del Estado que es la que tiene la competencia exclusiva en la
cuestión.
El mecanismo europeo de lucha contra los efectos del COVID-19, en sus diversos planes, destina una ingente cantidad de recursos públicos a la lucha contra el cambio climático y sus efectos. Ello debe suponer un impulso decidido a la lucha
por la protección del litoral. No puede pasar esta ocasión sin aprovecharse para proteger nuestras costas durante las próximas décadas.
En el tramo costero comprendido entre el puerto de Castellón y la desembocadura del río Ebro es necesario establecer una línea de actuación que, bajo una perspectiva global, planifique las infraestructuras y mecanismos necesarios para evitar
el fenómeno de la regresión costera y los efectos cada vez más sensibles de los temporales. Y, una vez aprobada la estrategia en esos términos, programar la financiación y la ejecución de las obras que sean necesarias para ello.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar una estrategia de protección de la costa norte de Castellón en el tramo comprendido entre el puerto de Castellón y la desembocadura del río Ebro.
2. Planificar y ejecutar, en el menor plazo posible, cuantas actuaciones se determinen como necesarias en esa estrategia, de forma que se frene la regresión costera y se minimicen los efectos de los temporales. Dotando el presupuesto
necesario'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2023.-Óscar Clavell López, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un Régimen Fiscal de las
donaciones de productos en una Economía Circular, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Una de las palancas fundamentales de la transición ecológica que nuestro país necesita es pasar de una economía lineal a una circular. Durante la reciente tramitación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados se consiguió, gracias al
Grupo Parlamentario Popular, que cambiase su denominación para ampliar el objeto de la ley y adaptarla para una Economía Circular, consiguiendo de esta forma abrir la posibilidad de dotarnos como país de un marco normativo donde se incorporen
distintas medidas encaminadas a alargar la vida útil de muchos productos o mejorar el aprovechamiento de alimentos, cambiando el paradigma actual de linealidad a uno circular.
Los beneficios pueden ser innumerables, tanto económicos como sociales, humanitarios, energéticos o medio ambientales, planteando de una forma sencilla soluciones a problemas como, entre otros, la donación de los productos a organizaciones
sociales.
La reducción del desperdicio y de la pérdida de alimentos está incluida entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ya que el Objetivo 12.3 pretende 'en el año 2030, reducirá la mitad el desperdicio de alimentos por
habitante correspondiente a los niveles de la venta al por menor y el consumidor y reducir la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro'.
El desperdicio alimentario también se afronta en la Estrategia Europea de Economía Circular y en el nuevo Plan de acción de Economía circular de la UE (2020). En este sentido, la Comisión Europea ya publicó en 2017 una comunicación sobre
'Orientaciones de la UE sobre la donación de alimentos' para aclarar las disposiciones pertinentes de la legislación de la UE y ayudar a eliminar los obstáculos que se oponen a la redistribución de alimentos dentro del actual marco normativo de la
UE.
De esta manera, para una adecuada implantación y éxito, una iniciativa que facilite la donación debe de cambiar algo fundamental; que no salga más caro donar que destruir. Para conseguirlo destacamos, por una parte, que es necesario
reducir los riesgos asociados a la responsabilidad civil de las empresas donantes por los alimentos donados generando seguridad jurídica y, de esta manera, facilitar la iniciativa tanto pública como privada, mejorando la eficiencia del suministro y
consumo de alimentos y reduciendo los niveles de despilfarro de los mismos. Por otro, se precisa un cambio en el modelo fiscal actual, y es que actualmente, según establece la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
las donaciones de producto tributan por IVA y puesto que no se recupera posteriormente, se convierte en un coste directo para las empresas que realizan la donación. Como resultado, este punto desincentiva la donación y causa que, en numerosas
ocasiones, no sea económicamente viable donar bienes en España, especialmente para decenas de miles de pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido ofrece la posibilidad de que los Estados Miembros realicen las modificaciones oportunas para
eliminar la tributación por IVA de estas operaciones, una solución y modificación tributaria, que la propia Unión Europea ya prevé en base a la importancia que puede tener la donación en una Economía Circular. Así, Estados miembros, como Bélgica,
Croacia, Dinamarca, Italia, Alemania, Grecia, Países Bajos, Polonia y Portugal han introducido disposiciones específicas en su propia legislación fiscal nacional para abordar la cuestión del IVA en relación con la donación de alimentos.
Son fundamentales los beneficios que puede tener la donación frente a la destrucción. Desde un punto de vista de la sostenibilidad, 'cerrar el círculo' conlleva enormes beneficios en todas sus vertientes: ambiental, social y económica,
pero también desde un punto de vista de solidaridad y en un sentido humanitario.
En un sentido económico, la donación reduce la huella de carbono, evita la emisión de gases de efecto invernadero en dos sentidos, las emisiones evitadas por la destrucción y las evitadas en la construcción de un nuevo producto. Supone
además un ahorro energético muy importante en un escenario de crisis de precios de energía y redunda en un extraordinario beneficio de eficiencia energética.
Al objeto de incentivar de una forma definitiva la donación frente a la destrucción, o lo que es lo mismo, la economía circular frente a la no circular, no solo basta un mero propósito, sino que es imprescindible acometer medidas fiscales
que fomenten el fin perseguido.
En el marco fiscal dispuesto por la Directiva del Consejo 2006/112/CE se especifica que las donaciones de alimentos son imponibles si la donación es efectuada por un sujeto pasivo y si el IVA sobre la adquisición de los bienes es total o
parcialmente deducible. De acuerdo con la misma; 'la base imponible estará constituida por el precio de compra de los bienes o de bienes similares o, a falta de precio de compra, por el precio de coste, evaluados los precios en el momento en que
se las operaciones se realicen' (artículo 74). En ese sentido, la Comisión Europea recomienda establecer un valor muy bajo o próximo a cero para los alimentos que estén cerca de su fecha 'de duración mínima' o que no puedan venderse por su
apariencia exterior.
En definitiva, se pretende suprimir el impuesto a las donaciones de productos dirigidos a organizaciones benéficas. La arquitectura jurídica de todas las pretensiones, puede soportarse sobre la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en la que se establece la tipología de organizaciones beneficiarías y en la que se vela por una adecuada transparencia y rendición de cuentas en torno a las iniciativas de
donación, así como la modificación de la Ley sobre el Impuesto del Valor Añadido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir, en un período máximo de seis meses, las modificaciones normativas necesarias para proporcionar seguridad jurídica a las empresas donantes y un régimen fiscal en las donaciones de
productos y alimentos, en el que el tipo de IVA aplicado a las entregas de bienes realizadas en concepto de donación a entidades sin fines lucrativos sea cero, de conformidad con el Plan de Acción Español de Economía Circular'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-José Ángel Alonso Pérez, Juan Diego Requena Ruiz y César Sánchez Pérez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la financiación del traslado de
residuos generados en las Islas Baleares, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Real Decreto ley 4/2019 del Régimen Especial de las Islas Baleares establece en el su artículo 12 que el Gobierno del Estado establecerá las medidas para financiar el transporte marítimo entre islas de los residuos generados en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, atendiendo a razones de economía de escala o gestión ambiental correcta de los residuos.
También establece que con el fin de cumplir el anteriormente mencionado se establecerá reglamentariamente un mecanismo de compensación en función del tonelaje de residuos transportados, correspondiendo a la comisión mixta prevista en el
mismo Real Decreto Ley un seguimiento y evaluación.
En 2020 el Gobierno de las Islas Baleares anunció alegaciones al anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, a fin de exigir en el Gobierno central que asumiera los costes del transporte de residuos de la isla de Formentera. El
anteproyecto continuaba manteniendo la obligación del Estado de pagar el transporte de residuos entre islas cuando no se pudieran tratar en esta, eso sí, se condicionaba a la disponibilidad presupuestaria.
A pesar de que la ley estatal de residuos vigente entonces ya contemplaba como obligación la del Gobierno central de hacerse cargo de los costes, bien es verdad que los ha acabado asumiendo el ejecutivo autonómico a pesar de no disponer de
la competencia. A lo largo de los últimos años el Gobierno de las Islas Baleares ha asumido las ayudas al Consell de Formentera que ascienden a importes alrededor de ocho millones de euros.
Iniciada la tramitación parlamentaria de la ley de residuos y suelos contaminados en el Senado se consiguió introducir una enmienda, pactada entre los Senadores Autonómicos Sr. Vicenç Vidal Matas (Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal) y el Sr. José Vicente Mari Bosó (Grupo Parlamentario Popular), que garantizaba la financiación del transporte por mar a la península o bien a otra isla de Baleares, que a día de hoy afectaría al transporte de residuos entre Formentera e
Ibiza. Esta enmienda contó con el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, entre otros. No obstante, una vez enviada la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para
una Economía Circular al Congreso para su aprobación definitiva, de manera incomprensible, la enmienda aprobada en la Cámara Alta fue rechazada con los votos en contra del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Unidas Podemos.
La aprobación de la ley en estas condiciones constituye, sin duda, una oportunidad perdida para costear el traslado de los residuos entre islas y de estas con la Península y, también, obliga al Gobierno de las Islas Baleares a asumir la
carga de financiar una competencia que no le corresponde.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Financiar el coste adicional que implica la valorización de los residuos generados en las Islas Baleares que no hayan podido valorizarse in situ y que sean transportados por mar a la península o en una isla diferente. Esta financiación
estará condicionada a la existencia de programas de prevención y planes de gestión de residuos vigentes, adoptados con arreglo lo establecido en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que demuestre que se están
adoptando las medidas necesarias para minimizar la cantidad objeto de transporte.
2. Habilitar anualmente las partidas presupuestarias suficientes para garantizar la financiación del coste adicional, ambientales y de economía, que supone el traslado de residuos de escala en los territorios extrapeninsulares'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Miguel Ángel Jerez Juan y Margarita Prohens Rigo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ejecución del proyecto
aprobado hace años de Rehabilitación Ambiental del río Limonetes en la zona regable de Talavera la Real (Badajoz), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Las inundaciones de Badajoz, y municipios cercanos de Valverde de Leganés y Talavera la Real en la noche de 6 de noviembre de 1997, dieron lugar a 21 muertes y cientos de heridos de daños personales, y cuantioso daños materiales.
Dado el peligro que existía de más pérdidas de vidas humanas y materiales, ante nuevas inundaciones que pudieran producirse, se elaboró y redactó un proyecto de rehabilitación ambiental del río Limonetes, en la zona regable de Talavera la
Real (Badajoz), por importe de 11.699.350,38 euros, incluidos gastos
generales, impuesto y beneficio industrial, más 2.767.495,03 que se estimaba para expropiaciones, en total 14.466.845,40 euros, que publicó, por aquel entonces, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a efectos de
información pública, en el BOE de 1 de octubre 2011.
Las citadas medidas para evitar inundaciones se impulsaron en el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) aprobado por Real Decreto 18/2016, según los plazos establecidos en la Directiva 2007/60 CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007.
Según la disposición adicional segunda de citado real decreto, previamente a la realización de las actuaciones había que hacer un análisis o estudio de la viabilidad técnica, económica y ambiental.
Por esa razón, la Dirección General de Aguas formalizó el 28 de mayo de 2018, la contratación del 'Servicio para la elaboración de estudio coste-beneficio, viabilidad, y priorización de las obras estructurales incluidos en el plan de Gestión
del Riesgo de Inundación y en los Planes Hidrológicos de Cuenta' que contaba con un plazo de ejecución de veinticuatro meses.
En julio de 2020 se publicó el Informe de Seguimiento del Plan de Gestión Del Riesgo de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica Del Guadiana para el año 2019, en la que consta la Tramitación y ejecución del proyecto de
Rehabilitación ambiental del río Limonetes en la zona regable de Talavera la Real (Badajoz), todavía como en tramitación dentro del anexo 'Listado detallado de Actuaciones'.
Durante estos más de veinte años transcurridos cada vez que se produce un aumento de lluvias y desborde del Río Limonetes, la intranquilidad y el miedo se apodera de los vecinos de Talavera la Real, como ha sucedido en últimas riadas y más
en la memoria las cuantiosas lluvias de finales de enero y principios de este mes de febrero 2021 o las de diciembre de 2022.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a evitar el riesgo, para las vidas humanas, que se produce cada vez que hay lluvias copiosas en la zona y se acuerde de forma urgente la ejecución del aprobado hace años Proyecto de
Rehabilitación Ambiental del río Limonetes en la zona regable de Talavera la Real (Badajoz) por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana o del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la financiación de actuaciones
en el ámbito de los servicios locales del agua mediante el 'Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia' (FRER), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 28 de enero de 2021, el Congreso convalidó el Real Decreto 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (RD-L 36/2020).
Uno de los mecanismos de financiación que establece el RD-L 36/2020 es el 'fondo de restauración ecológica y resiliencia' (FRER). El FRER es un fondo estatal carente de personalidad jurídica y adscrito al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
El agua y el dominio público hidráulico es uno de los ámbitos -de hecho, es el primero que cita la norma- para los que el FRER está expresamente destinado.
Actualmente, en una estrategia de desarrollo sostenible basada en la economía circular, la referencia al agua debe entenderse como aplicable al ciclo integral del agua urbana y actuaciones como el diseño y reforzamiento de sistemas
resilientes (que permitan hacer frente a los retos que plantea el cambio climático), herramientas inteligentes de gestión de los recursos hídricos, mecanismos de lucha frente a los fenómenos extremos (sequías, inundaciones, etcétera).
Es preciso tener en cuenta que este tipo de proyectos -piénsese, por ejemplo, en las actuaciones de defensa frente a inundaciones- que requieren de la cooperación entre organismos estatales como las confederaciones con los entes locales y
los operadores del agua urbana. Pues si la inundabilidad es competencia estatal, la planificación urbanística lo es municipal y autonómica, y la operación del servicio del agua es tema que involucra directamente al operador del servicio.
Por otra parte, además de la referencia expresa al agua y al dominio público, el ámbito de aplicación del FRER incluye otros ámbitos que están directamente relacionados con los servicios públicos locales del agua (cambio climático, fomento
del uso de tecnologías limpias, protección del patrimonio natural y de la biodiversidad, climatología, etcétera).
Los beneficios de la utilización del FRER para financiar proyectos en el ámbito de los servicios públicos locales del agua genera ventajas que van más allá del ámbito puramente municipal.
La implementación de sistemas locales como los que aquí se han descrito (sistemas resilientes, mecanismos inteligentes de control y gestión de los recursos hídricos, herramientas para la lucha frente a fenómenos extremos, etcétera) repercute
con carácter general a todo el sistema y una mejora global de la cuenca hidrográfica, con un mejor conocimiento de los recursos disponibles y de sus características, una gestión inteligente y previsora.
Se prevé que el FRER pueda poner en práctica medidas que se financien con cargo a instrumentos europeos que contemplan expresamente la inversión en actividades relacionadas con los servicios locales del agua como los indicados en el apartado
anterior:
a) A los instrumentos europeos de recuperación y resiliencia. Según se indica en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 'España Puede', aprobado por el Gobierno en octubre de 2020, entre las distintas políticas palanca, que
deben servir como base para la recuperación y transición ecológica en nuestro país, figuran determinadas medidas que inciden directamente en actividades propias de los servicios locales de agua urbana como los descritos a continuación:
- La gestión del agua y sus infraestructuras.
- La gestión integral del agua, la lucha contra el cambio climático promoviendo el manejo y el desarrollo coordinado del agua, suelo y los recursos relacionados. El fomento de soluciones basadas en la naturaleza para la depuración,
saneamiento y reutilización, la optimización de la infraestructura hídrica y la restauración de ríos y recuperación de acuíferos.
- El apoyo a la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el agua.
- La agenda urbana y el desarrollo de infraestructuras urbanas resilientes que mejoren la calidad de vida de las personas al tiempo que preparan las ciudades para los retos que plantea el cambio climático.
El RD-L 36/2020 dispone que el FRER también podrá financiarse con cargo a 'otros fondos europeos' distintos de los instrumentos de recuperación y resiliencia. En relación con esta previsión, es necesario recordar que varios fondos europeos
contienen medidas en ámbitos que inciden de lleno en el ámbito del agua urbana, entre otros:
- En el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, dentro de las políticas incluidas en la rúbrica 'Mercado interior, innovación y digital' (en concreto la facilidad llamada INVEST EU) incluye programas relacionados con la transición climático
y, en concreto, con infraestructura sostenibles, estando el agua entre ellas.
- El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) incluye financiación específica a programas relativos a provisión de agua de consumo humano; gestión del agua y conservación de recursos hídricos; y recogida tratamiento de aguas
residuales.
- El programa LIFE recoge proyectos en áreas de aumento de la resiliencia frente a la escasez de aguas y sequías.
Una de las finalidades declaradas del FRER es la de 'actuar como instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión territorial' (disposición final sexta del RD-L 36/2020). Tal y como han
puesto de manifiesto los expertos, el desarrollo de los servicios básicos y en especial el saneamiento y abastecimiento es un factor clave, sin el cual no es posible hablar de cohesión territorial.
Hace ya años, la Dirección General de Política Territorial de la Unión Europea señaló en su 'Informe intermedio sobre la cohesión territorial' que una sociedad urbana moderna no puede funcionar (sin un adecuado uso del agua) que la
existencia de este tipo de recursos en condiciones aceptables de calidad, cantidad y accesibilidad es imprescindible como elemento de cohesión territorial.
En este mismo sentido se han producido diversas manifestaciones de interés presentadas ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como consecuencia de la consulta pública lanzada por ese Ministerio 'para
identificar proyectos tractores para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación'.
El Consejo de la Unión Europea, en su 'Recomendación de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de España', en
su parte expositiva señala:
(24) Con objeto de fomentarla recuperación económica, será importante anticiparlos proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas
pertinentes. Las perspectivas de recuperación de la economía española dependerán de su capacidad para aumentar la productividad e impulsar la innovación, especialmente mediante la transición digital y ecológica [...].
(25) Algunas zonas de España se encuentran entre las más expuestas al cambio climático en Europa. Existen tensiones en relación con los recursos hídricos, y la infraestructura de gestión de los recursos hídrícos y de los residuos es
desigual en el país. Las inversiones medioambientales, incluidas las destinadas a la conservación de los bosques, puede ayudar a hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, tales como las olas de calor, las sequías, las inundaciones y
los incendios forestales, a mejorarla calidad del aire, así como la gestión de los recursos hídricos y de los residuos, y a desarrollar el potencial de la economía circular.
Con estas consideraciones en mente, el Consejo recomienda: '... Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica.
Centrar la Inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la Investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la estructura energética, la gestión de los
recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible'.
En relación con este punto, sería bueno que el futuro desarrollo reglamentario del FRER contemplase expresamente la financiación privada del mismo. El propio artículo 78.3 dispone que el FRER 'podrá dotarse igualmente con otras fuentes de
financiación que puedan establecerse reglamentariamente'. De esta forma se facilitaría la colaboración público-privada en general, y particularmente en el sector del agua urbana.
El FRER es una vía idónea desde el punto de vista presupuestario, para que la Administración General del Estado pueda impulsar proyectos de inversión nuevos, sin que afecten a la gestión presupuestaria de los proyectos en curso.
Se evita el riesgo de que la inyección de nuevos recursos en el presupuesto de la DGA deba destinarse a los pagos de proyectos pendientes, cuya financiación haya sido reprogramada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar en el desarrollo reglamentario del FRER la consideración del ciclo integral del agua urbana y las actuaciones correspondientes, en la medida en que resultan fundamentales para el
diseño y reforzamiento de sistemas resilientes (que permitan hacer frente a los retos que plantea el cambio climático), herramientas inteligentes de gestión de los recursos hídricos y mecanismos de lucha frente a los fenómenos extremos de sequías o
inundaciones'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Guillermo Mariscal Anaya, César Sánchez Pérez, Diego Gago Bugarín, Carmen Navarro Lacoba, Juan Diego Requena Ruiz, José Ángel Alonso Pérez, Tomás Cabezón Casas, Paloma Gázquez
Collado, Alberto Herrero Bono y Elena Castillo López, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre las actuaciones para el control
de avenidas en la cuenca del río Ebro, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El alarmante incremento de los caudales de la cuenca del río Ebro que se produce por el deshielo, tiene como efecto la anegación de miles de hectáreas de cultivo y también afecta a numerosas explotaciones ganaderas en diversas partes del
territorio que abarca la Cuenca.
Esto agrava la ya precaria situación del sector primario debido a los efectos del alza de los precios de la luz, gasóleos, materias primas e inflación. Agricultores, ganaderos que ven como no solamente sufren perjuicios económicos, sino que
en muchos casos tienen la necesidad de ser evacuación de distintos municipios de la ribera del Ebro.
Hace mucho tiempo se lleva reclamando actuaciones desde varios frentes para poder resolver el problema y que cada vez las avenidas del río tengan menos afecciones sobre los habitantes de la ribera y sus bienes.
Es obvio que la finalización de los embalses ayudaría a laminar las avenidas del rio Ebro, y esa finalización el problema que tiene es que ya sufre demasiados retrasos inexplicables en muchos casos.
Por otra parte, la limpia del cauce del Ebro ayudaría de forma importante a paliar el problema de las avenidas. En las últimas avenidas del río Ebro, en los años 2013, 2015, 2018 y 2021, se ha constatado la sobreelevación de la lámina de
agua en relación con los niveles alcanzados en episodios de avenida precedentes y de caída similar, que ha provocado un incremento de los daños y del riesgo para los bienes y las personas que habitan los municipios ribereños.
La causa principal es la acumulación de sedimentos en el tramo medio del río Ebro que está provocando acreciones de lecho, aumentando el número y superficie de islas, así como la cantidad de vegetación en el cauce.
Sin embargo, en los municipios ribereños situados aguas abajo de la ciudad de Zaragoza, las actuaciones llevadas a cabo por las administraciones competentes, se han limitado a las labores de emergencia y apenas han alcanzado para la
reparación de los daños producidos por unas inundaciones cada vez más frecuentes y perjudiciales para el medio de vida de nuestros pueblos, habiendo llegado el nivel de riesgo a situaciones de peligro para los cascos urbanos y las personas.
En este estado de cosas, las diferentes administraciones deben poner todos sus esfuerzos en compensar a los afectados por la crecida del río, en reparar las infraestructuras que hayan sido dañadas, en finalizar las infraestructuras
hidráulicas planificadas y realizar una limpieza del cauce del río Ebro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Finalizar las infraestructuras hidráulicas planificadas en la cuenca del Ebro, especialmente los embalses que sirven entre otras cosas para laminar las avenidas de los ríos, ríos que nutren al rio Ebro, entre otros.
2. Efectuar la limpieza de la acumulación de simientes y vegetación en el tramo medio del río Ebro y aquellos otros que se considere oportunos, puesto que está provocando un incremento de los daños y del riesgo para los bienes y las
personas que habitan en los municipios ribereños. Así como que elimine y retire sedimentos y vegetación del cauce, el dragado en zonas puntuales, y el mantenimiento de la sección de desagüe ya que son medidas eficaces para reducir los riesgos de
inundación existentes y los niveles que alcanzan las aguas en los episodios de avenidas.
3. Realizar con carácter de urgencia la reparación de los diques y protecciones de los distintos municipios afectados de la ribera del Ebro.
4. A otorgar a los afectados y con celeridad las ayudas necesarias, para paliar los graves daños producidos por la actual avenida del rio Ebro'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Eloy Suárez Lamata y Pedro Navarro López, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el traspaso de las competencias
en Costas a la Comunidad Autónoma de Canarias, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
Recientemente se ha anunciado por parte del Gobierno Central y del Gobierno de Canarias, que nuestra Comunidad Autónoma asumirá la gestión de costas tras más de dos años de negociación, y según declaraciones del Presidente del Gobierno
Canario, la Administración canaria será la encargada de efectuar todas las autorizaciones en el dominio público y en el litoral canario que sean de interés general. El Estado, con base en este acuerdo, transferirá material e infraestructuras a las
islas y una dotación presupuestaria para el desarrollo del Servicio.
En contestación a preguntas parlamentarias de la Diputada que suscribe, el Gobierno ha afirmado lo siguiente:
'... es en el seno de la correspondiente negociación, iniciada de mutuo acuerdo, donde ambas Administraciones concretan conjuntamente las funciones que asume la Comunidad Autónoma y las que se reserva el Estado, así como los medios
materiales y personales necesarios para el desarrollo de aquellas funciones y la valoración del coste efectivo asociado a las funciones y servicios que se traspasan'.
Y en pregunta posterior sobre los criterios que utilizaba el Gobierno Central para la asignación de medios necesarios, el Gobierno ha contestado lo siguiente, el pasado 18 de julio:
'... se informa que los aspectos concretos del traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado (AGE) a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral son, en la actualidad, objeto
de análisis entre ambas Administraciones a partir de la propuesta formulada por el Estado. Cabe señalar que, en todo caso y una vez consensuados los contenidos del traspaso, el acuerdo se adoptará por la Comisión Mixta de Transferencias, órgano de
composición bilateral, y finalmente aprobado por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto y publicado en el Boletín Oficial del Estado'.
Lo que parecía dar a entender que la negociación no había terminado.
En contestación a preguntas parlamentarias formuladas por los diputados canarios de nuestro Grupo Parlamentario, sobre la gestión de las concesiones del DPMT y la financiación de obras del litoral en las costas de Canarias, la respuesta del
Gobierno (con posterioridad a la publicación en el BOE del Real Decreto 713/2022 de traspaso de competencias a Canarias en materia de gestión y ordenación del litoral) es bastante escueta refiriéndose a lo establecido en el artículo 64 de la vigente
Ley de Costas, y con respecto a la financiación de las obras necesarias lo siguiente:
'Las obras que siguen siendo necesarias para la protección del litoral de las Costas Canarias se financiarán con cargo a los presupuestos de las administraciones competentes para abordarlas y sin perjuicio de las posibles colaboraciones
privadas que, en su caso, puedan concurrir'.
Como ejemplos podemos citar el litoral de Garachico, Las Eras, San Marcos, en Tenerife, la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, lugares que se ven afectados año a año por fenómenos costeros que afectan gravemente a las
edificaciones y viario del litoral y no ha existido compromiso fehaciente de la Administración del estado competente en Costas para resolver este problema, ni soluciones técnicas para atajar este fenómeno.
Así como también gran número de actuaciones pendientes de adecuación de nuestro litoral (principal activo de nuestra principal industria turística).
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que no se debería cerrar la negociación con el traspaso de competencias de Costas a Canarias, sin un compromiso de financiación sobre las obras necesarias para la protección del litoral que
ha sido una de las asignaturas pendientes de las relaciones Canarias-Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer dentro de las negociaciones con la Comunidad Autónoma de Canarias para el traspaso de sus competencias en Costas, el compromiso de desarrollo de proyecto y financiación de las
obras necesarias para la protección del Litoral, estableciéndose las garantías presupuestarias en el conjunto del acuerdo global que se firme al efecto'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Ana María Zurita Expósito, Guillermo Mariscal Anaya, Sebastián Jesús Ledesma Martín y María Auxiliadora Pérez Díaz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley desarrollo estrategia litoral
Valencia-Denia, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
En octubre de 2015 el Ministerio que entonces era el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó y presentó las Estrategias para la protección de la costa y contra la erosión del litoral de Castellón y Valencia. En relación con
Valencia, dicha estrategia programaba distintos proyectos y obras en el tramo de costa comprendido entre el puerto de Valencia y el puerto de Denia.
El hoy Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sucesor del de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en esta materia, ha mantenido en vigor la citada estrategia. De hecho, continúa publicada en la página web del
Ministerio. Desde aquella fecha hasta la actualidad los pasos dados en el seguimiento de la estrategia, en cuanto a nuevas licitaciones y obras, han sido nulos desde junio de 2018.
Los temporales que han venido acaeciendo en la zona, como la borrasca Gloria o el temporal Filomena, han puesto de manifiesto una vez más, y de manera estridente, la urgente necesidad de acometer toda la estrategia prevista, acelerando al
máximo los plazos de tramitación de los proyectos y dotando el presupuesto necesario para acometer, sino todas, la mayor parte posible de las obras previstas.
Del mismo modo, la inacción en la aplicación de la estrategia ha provocado que la misma se haya visto en cierto modo superada por las circunstancias y en algunos puntos, como en el frente litoral del municipio de Tavernes de la Valldigna y
El Perelló ya parece insuficiente, dado que la regresión se ha acentuado hasta tal punto que ha eliminado de hecho toda la playa en algunos puntos.
La continuación de la inacción generará la necesidad, como en este momento, de reparar los destrozos que cada vez con mayor gravedad, generan los temporales de costa en infraestructuras y bienes de vital importancia económica y turística en
ese territorio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar urgentes todos los proyectos y licitaciones previstos en la estrategia para la protección de la costa y contra la erosión del litoral entre el puerto de Valencia y el puerto de Denia aprobada en 2015.
2. Actualizar la estrategia en aquellos tramos en los que pueda resultar ineficaz, especialmente en los frentes litorales de Sagunto, Canet d'en Berenguer, El Perelló, Tavernes de la Valldigna, Cullera (Marenyet) donde la situación de
regresión se ha agravado hasta extremos insostenibles.
3. Dotar de presupuesto suficiente para acometer las obras previstas en esa estrategia y en las actualizaciones que se hicieran.
4. Llevar a cabo con la mayor celeridad las obras correspondientes'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Vicente Betoret Coll, Macarena Montesinos de Miguel, Agustín Almodóbar Barceló, César Sánchez Pérez, Luis Santamaría Ruiz, Óscar Clavell López y Óscar Gamazo Micó,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la puesta en marcha del
Pasaporte Electrónico de Producto en el marco del Green Deal de la Comisión Europea y el fomento de nuevos modelos de empleos de Economía Circular, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La sociedad española y por extensión la europea se encuentra ante el gran reto de transitar desde un modelo totalmente lineal de producción y consumo -a todas luces insostenible por su gran impacto/coste medioambiental, económico y social-
hacia uno mucho más circular en el que la prevención y la reutilización sean la norma y no la excepción, tal y como señala la Comisión Europea en el Green Deal Europeo que fija los objetivos de neutralidad climática para 2050. Debemos tratar de
mantener los recursos y energía empleados en la producción de productos el mayor tiempo posible en las cadenas de valor y para ello es clave conseguir una completa trazabilidad del recurso a lo largo de todo su ciclo de vida.
Con el objeto de ejemplificar en un sector concreto, mostraremos las cifras de generación de los denominados Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Según datos del Programa de Naciones Unidades para el Medio Ambiente, cada
año se generan en el mundo 53,6 millones de toneladas RAEE, y de ellas solo en España se generan un millón de toneladas/año de este tipo de residuos. Además, el crecimiento de la reutilización y reciclaje avanza a un escaso ritmo del 0,4 M de
toneladas/año, mientras el crecimiento de RAEE presenta un crecimiento anual de 2 M de toneladas/año; lo que nos indica la necesidad de introducir medidas estructurales en el sistema de producción y consumo que hagan más sostenible el modelo.
El marco de actuación general de residuos incide en esta misma conclusión. Según datos de Eurostat, en 2016 (último dato disponible) en España se generaron 129 millones de toneladas de residuos, de los que solo el 37,09 % fueron reciclados
y/o reutilizados, lo que implica que más del 60 % de los recursos utilizados no tienen una segunda vida.
Para conseguir transformar estructuralmente el sistema hay que dotarlo de:
- Completa trazabilidad del producto desde su fabricación hasta su gestión una vez devenga en residuo.
- Más información del producto, sus componentes y su ciclo de vida, identificando los aspectos relativos a su sostenibilidad medioambiental y circularidad.
- Incorporar a todos los agentes que intervienen en la cadena de valor de los productos, empezando por los responsables de su fabricación y puesta en el mercado, pasando por su distribución, consumo, operadores de reparación y reutilización,
así como los gestores de los residuos que intervienen al final de su ciclo de vida.
- Transparencia e interoperabilidad de la información, con el fin de empoderar a los consumidores para puedan elegir/adquirir productos más sostenibles y facilitar a las administraciones competentes su función regulatoria, de control,
inspección y sancionadora.
Ya en el artículo 2.1.3 del Green Deal de la Comisión Europea se plantea la posibilidad de desarrollar un 'pasaporte electrónico de producto que podría facilitar información sobre su origen, composición, posibilidades de reparación y
desmontaje, y la gestión al final de su ciclo de vida'.
Sin embargo, para que este pasaporte sea interoperable por todos los agentes que intervienen en la cadena de valor de un producto y se convierta así en un elemento transversal y requisito clave para el impulso de modelos de producción y
consumo más circulares, debemos dotarlo de la máxima transparencia y accesibilidad.
De esta forma conseguiremos evitar el denominado como 'green washing' o blanqueamiento medioambiental de procesos y/o modelos de negocio asociados a la recuperación, reparación y reutilización de productos o componentes que terminan sus
procesos fuera de nuestras fronteras en países con legislaciones medioambientales mucho más laxas, e incurriendo así en competencia desleal en el mercado nacional y comunitario.
Desde las administraciones públicas, debemos apostar por la innovación en el diseño sostenible y el impulso de nuevas economías que favorezcan el fomento de nuevos empleos de Economía Circular. Precisamente para desarrollar la economía
circular, y que el uso de residuos y recursos se reduzca al mínimo, y cuando un producto llegue al final de su vida útil, los materiales que contiene se vuelvan a utilizar. En este ámbito, todavía queda mucho por hacer, los materiales reciclados
actualmente todavía representan solo una pequeña proporción de los materiales de producción en la UE.
Los científicos argumentan que las iniciativas de investigación e industria deberían fomentar soluciones eficientes en el uso de materias primas críticas en varios sectores y que no solo se considere el reciclaje, sino también la
reutilización, la extensión de la vida útil del producto y los nuevos modelos comerciales.
El aumento de la vida útil de los productos y la utilización de materias primas secundarias solucionarán en un porcentaje cada vez mayor de la demanda de materias primas y, en clave nacional, nos permitirán ser menos dependientes de países
terceros.
Entre todos los residuos generados a nivel mundial destacan las más de 53 millones de toneladas solo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales solo un 20 % se está gestionando de manera adecuada. El potencial del
reciclaje en este sector es enorme y aún más sus beneficios: un aparato eléctrico o electrónico no recogido tarda cientos, miles de años, en descomponerse y muchos de ellos tienen elementos contaminantes por su propia naturaleza.
Más del 50 % de algunos metales, como el hierro, el zinc o el platino, se recicla y con ello se consigue cubrir más del 25 % del consumo de la UE. Sin embargo, en el caso de otros -sobre todo los requeridos en tecnologías de energía
renovable o aplicaciones de alta tecnología, como las tierras raras, el galio o el indio- la contribución de la producción secundaria es únicamente marginal. La realización de un mayor número de investigaciones sobre la reprocesamiento de los
residuos ayudará a evitar que materiales valiosos terminen en los vertederos. Grandes cantidades de recursos salen de Europa en forma de residuos y chatarra, que se podrían reciclar aquí para convertirlos en materias primas secundarias.
A día de hoy, carecemos de información completa sobre la cantidad de materias primas que contienen los productos, tanto en los residuos de la extracción como en los depositados en vertederos que, de hecho, podrían estar disponibles para su
recuperación o reciclaje.
Debemos por tanto potenciar la innovación en los diseños para la recuperación de producto, es decir, diseñar los productos de forma que se facilite una recuperación eficiente de los materiales al final de cada ciclo de vida, campo conocido
como Ecodiseño, de esta manera también mejoraremos la información,
transparencia y trazabilidad de los materiales utilizados. Aquí, además se abre una ventana de oportunidad para impulsar nuevos empleos de Economía Circular.
Por otro lado, hay continuar investigando en procesos más eficientes para la recuperación de los materiales para el reciclado. Por ejemplo, la biohidrometalurgia que consiste en la utilización de los procesos metabólicos de algunos
microorganismos para llevar a cabo la disolución de metales a través de una serie de reacciones de biooxidación y biolixiviación. Este proceso permite la obtención de materias primas fundamentales en el reciclaje de móviles, televisiones,
ordenadores y otros aparatos electrónicos
Además, desarrollando la circularidad de nuestra economía y fomentando la actuación en los estadios iniciales de la jerarquía del residuo como la prevención favorecemos una mayor resiliencia de nuestro sistema productivo ante un contexto
internacional inestable que está afectando a las cadenas de suministro de materias primas con el consiguiente aumento generalizado de los precios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la puesta en marcha del Pasaporte Electrónico de Producto en el marco del Green Deal de la Comisión Europea.
2. Situar el foco legislativo en el impulso de nuevos modelos de empleos de Economía Circular que actúen en los estadios iniciales del producto Ecodiseño, y de la jerarquía del residuo, como la prevención, de menor coste medioambiental y
mayor interés económico que el reciclaje.
3. Introducción de la tecnología Blockchain en la gestión del ciclo de vida de los productos y así favorecer el acceso abierto a una información inmutable y 100 % transparente para todos los agentes de la cadena de valor.
4. Establecer un sistema común y estandarizado de procesamiento y reporte de la información de cada producto a los denominados 'Centros de Preparación para la Reutilización' señalados como agente clave en el Primer Plan de Acción Circular
2021-2023, que materializa las actuaciones para desarrollarla Estrategia Española de Economía Circular España 2030.
5. Comenzar su implementación en sectores clave señalados por la Unión Europea como la electrónica, dado sus datos de producción, consumo y valorización actuales, así como su impacto y previsiones de crecimiento en una sociedad plenamente
digitalizada'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-César Sánchez Pérez, Diego Gago Bugarín, Tristana María Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Consumo, relativa al impulso de la medicina interna como especialidad clave para afrontar los retos del Sistema Nacional de Salud.
Exposición de motivos
El reto demográfico tiene consecuencias también para la viabilidad del sistema público de salud. El envejecimiento de la población está ligado a un cambio en los perfiles de los pacientes hospitalarios, con tendencia hacia los perfiles con
multimorbilidad, que requieren una atención integral para el abordaje de sus problemas. Durante los últimos años se ha incrementado el numero de pacientes crónicos y
pluripatológicos que precisan atención en hospitales en busca de ayuda profesional. Según datos del Ministerio de Sanidad, en la actualidad existen 88.315 profesionales que trabajan en atención hospitalaria, los cuales no son ajenos a estos
cambios.
El abordaje de estas nuevas necesidades derivadas del tipo de paciente requiere de especialistas que posean una compresión amplia del paciente, de la interrelación entre las diferentes patologías coexistentes y las posibles alternativas
terapéuticas prescritas o potenciales. En este sentido, la atención hospitalaria se ha visto tensionada por los efectos derivados de la despoblación, el aumento de las listas de espera (derivados de la crisis de la COVID-19), pero sobre todo por la
confluencia de patologías en un mismo paciente, como pueden ser la diabetes mellitus, la hipertensión o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Este cambio de paradigma ha dado lugar a un reto, donde los profesionales necesariamente deben tener un carácter transversal para ser capaces de atender a este tipo de pacientes pluripatológicos. En este sentido, la medicina interna es la
herramienta con la que cuenta nuestro sistema de salud para hacer frente a estos retos, especialmente en el ámbito hospitalario.
La medicina interna es una especialidad polivalente cuyo objetivo último es la atención integral del paciente, ya sea con fines preventivos, curativos o paliativos. El internista está preparado para asumir el compromiso de atender al
paciente. Ese compromiso es su valor añadido, y lo que permite su capacidad de adaptación profesional y disposición a coordinarse con otros profesionales para proporcionar al enfermo la asistencia médica más eficiente, tanto en el entorno de
hospitalización como ambulante.
Con la llegada de la pandemia, contemplamos cómo muchos hospitales del sistema sanitario público se transformaban de facto en una sola estructura de atención a la COVID, conducidos por un profesional de medicina interna. En medicina interna
se ha atendido a una gran mayoría de los pacientes de COVID no críticos hospitalizados, llegando a cubrir el 80 % de estos pacientes.
Sin embargo, la falta de cobertura de plazas en diferentes especialidades, acrecentada en los últimos años, ha puesto a la medicina interna en un lugar central a la hora de garantizar la correcta asistencia a los pacientes, debido a su
versátil naturaleza: aparte de tener su propia actividad y pacientes, puede dar apoyo y soporte a otros servicios con los que comparte conocimientos, ya sea en situaciones especiales de alta demanda asistencial, como pueda haber sido durante la
pandemia, como para contribuir a agilizar procesos que podrían retrasarse si dependieran únicamente de una especialidad concreta. Además, en hospitales pequeños, la hospitalización por patologías médicas está fundamentalmente a cargo de la medicina
interna. Por otro lado, en los hospitales de mayor complejidad, la medicina interna tiene el papel de consultora en caso de patologías complejas de difícil diagnóstico, y el de coordinador de equipos multidisciplinares.
Sin embargo, esta especialidad se está viendo gravemente afectada por el estancamiento del relevo generacional dentro del Sistema Nacional de Salud, dado que una gran proporción de las plazas no están siendo cubiertas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar la visibilidad de la medicina interna, promoviendo la mejora del conocimiento que los estudiantes del grado en Medicina y la población en general poseen de esta especialidad.
2. Integrar a los especialistas de medicina interna en el desarrollo de estrategias, guías y acciones que se desarrollen desde el Ministerio de Sanidad dado su carácter transversal y conocimiento amplio del paciente pluripatológico y
complejo.
3. Reforzar el trabajo conjunto con las comunidades autónomas para aumentar el número de plazas de formación de especialistas de medicina interna.
4. Promocionar y facilitar la coordinación con la atención primaria para cohesionar el Sistema Nacional de Salud.
5. Trabajar conjuntamente con la Sociedad Española de Medicina Interna en la creación de nuevas áreas de capacitación específica que puedan mejorar el conocimiento de los especialistas en medicina interna y otros a la hora de ofrecer
asistencia a los pacientes'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2023.-Rosa María Medel Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004762
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de los Diputados del PDeCAT, Concep Cañadell Salvia y Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Consumo, una Proposición no de Ley relativa al cumplimiento del Reglamento (CE) 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos.
Exposición de motivos
A pesar de los grandes avances que se han producido en el ámbito de las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos en las últimas décadas, todavía existen muchas necesidades no cubiertas.
Ante esta situación, desde la Unión Europea se han venido promoviendo políticas públicas dirigidas a ampliar el conocimiento científico e impulsar la investigación en enfermedades raras y sus tratamientos, que culminaron con la aprobación
del Reglamento 141/2000, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos.
No obstante, pese a la aprobación de este Reglamento, de obligado cumplimiento para todos los Estados Miembros, la incentivación y la protección de los medicamentos huérfanos en el Estado español todavía no ha alcanzado los niveles de las
principales potencias europeas.
Esto se debe, en buena parte, a que no se han desarrollado las normas necesarias para encajar en la legislación nacional lo estipulado en el Reglamento o a que las que se han desarrollado no están siendo cumplidas por las autoridades
competentes.
La inclusión de las presentaciones de medicamentos huérfanos en los conjuntos de referencia es prueba de ello. Pese a que la Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de
Salud y Farmacia, en el apartado primero de su anexo acuerda 'declarar a los medicamentos huérfanos, [...] exonerados de la incorporación al sistema de precios de referencia establecido en el Real Decreto 177/2014 [...], cuando en la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud no exista una alternativa terapéutica, o, en el caso de que exista, el medicamento huérfano aporte un beneficio clínico relevante [...]' lo cierto es que no se está cumpliendo con lo estipulado en esta
resolución.
Adicionalmente la Audiencia Nacional sentenció a principios de este año que los medicamentos que hayan sido designados como huérfanos no deben ser incluidos en ningún conjunto de las órdenes de precios de referencia porque afectaría
negativamente de cara a conseguir el objetivo perseguido por el Reglamento (CE) 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999 sobre medicamentos huérfanos en relación a los incentivos para fomentar la investigación, el
desarrollo y la comercialización de los medicamentos declarados huérfanos, por lo que no existe justificación para que esta irregularidad no haya sido subsanada por las administraciones competentes.
Por otra parte, y siempre de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 141/2000, la medida más eficaz para incentivar el desarrollo y comercialización de medicamentos huérfanos es disponer de una exclusividad comercial de diez años 'durante
los que los Estados miembros se abstendrán de aceptar cualquier otra solicitud previa a la comercialización, conceder una autorización previa a la comercialización o atender una nueva solicitud de extensión de una autorización previa a la
comercialización existente con respecto a un medicamento similar para la misma indicación terapéutica'.
No obstante, esa exclusividad comercial puede verse perjudicada por la extrapolación de indicaciones de medicamentos huérfanos para un biosimilar, por lo que es necesario garantizar el cumplimiento de lo
estipulado en el artículo 8 del Reglamento 141/2000 y, especialmente, de las excepciones que prevé para conceder autorización previa a comercialización de un medicamento similar para la misma indicación terapéutica que su medicamento de
referencia.
Por todo ello, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir con lo estipulado en el Reglamento (CE) n.º 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1999 sobre medicamentos huérfanos en lo referente a:
a) Su exclusión del Sistema de Precios de Referencia, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020, por el que se establece el régimen económico de los medicamentos huérfanos, al amparo de la
previsión del artículo 3.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
b) La protección de la exclusividad comercial de diez años de la indicación terapéutica para la que se haya obtenido la declaración de medicamento huérfano, por la que los Estados Miembros no podrán otorgar autorización comercial a
medicamentos con la misma indicación, a excepción de los casos concretos que establece el apartado del 3 del artículo 8 del Reglamento (CE) 141/2000.
2. Realizar las modificaciones normativas necesarias para garantizar la protección de los medicamentos huérfanos y los incentivos para su investigación'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Concep Cañadell Salvia y Ferran Bel Accensi, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir la atrofia muscular espinal (AME) en el cribado
neonatal en condiciones de igualdad para todos los españoles, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La atrofia muscular espinal (AME) es un grupo de enfermedades genéticas que daña y acaba con las neuronas motoras, que son las células nerviosas de la médula espinal y la parte inferior del cerebro que controlan el movimiento de los brazos,
piernas, cara, pecho, garganta y lengua. A medida que estas neuronas se debilitan y mueren, los músculos comienzan a debilitarse y atrofiarse, lo que hace que el daño muscular vaya aumentando con el tiempo y pueda afectar al habla, a caminar, a la
deglución y a la respiración. Existen además varios tipos de AME, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de cuándo comiencen los síntomas, siendo el más grave y común de ellos el de la enfermedad de Werdnig-Hoffmann o AME de inicio infantil,
por presentar síntomas ya en la infancia antes de los seis meses de edad.
Es por ello que las labores de cribado y detección temprana de esta patología en niños es esencial para poder impedir que la enfermedad progrese y que afecte de forma más grave a la autonomía y la calidad de vida de los pacientes. Pese a
ello, el Gobierno de España no ha tomado las medidas necesarias para que este cribado sea accesible de forma equitativa a cualquier persona residente en territorio nacional, sin importar la comunidad autónoma en la que resida.
Actualmente, comunidades como Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Galicia sí han introducido este cribado en su cartera de servicios, al considerar que sus beneficios en materia sanitaria son claramente superiores a sus costes. De
hecho, la experiencia en estas regiones ha hecho que otras
como Andalucía, Cataluña o la Comunidad de Madrid hayan decidido poner en marcha proyectos piloto para introducir este cribado en sus respectivas carteras.
Pese a ello, el Gobierno de España sigue rezagado y ha decidido no actuar en un aspecto en el que es tan necesario que ejerciera sus competencias de coordinación de las bases generales de la política sanitaria de nuestro país, especialmente
cuando se trata de prevenir complicaciones de salud en niños. El Ministerio de Sanidad sigue evaluando ese coste-efectividad de introducir el cribado en la cartera de servicios comunes, pese a que ya hay evidencias claras de su idoneidad.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir, con la mayor celeridad posible, el cribado de la atrofia muscular espinal (AME) en el cribado neonatal en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la prevención,
el diagnóstico precoz, la investigación y el tratamiento temprano, humanizado y personalizado del cáncer en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
A pesar de los importantes avances logrados en las últimas décadas, el cáncer continúa siendo una de las principales amenazas para la Salud Pública de la sociedad española. No podemos olvidar, que hoy día, se producen diariamente más de 300
fallecimientos y unos 760 nuevos diagnósticos, cifras alarmantes que, sin embargo, son desconocidas por una inmensa mayoría de españoles.
Se trata, por tanto, de una amenaza que hemos de afrontar con todos los instrumentos a nuestra disposición pues, lejos de ir reduciéndose, se estima que continúe aumentando en los próximos años y décadas.
Así se desprende de los datos que ofrece la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), que hicieron pública, el pasado 30 de enero, la actualización de 2023 del informe 'Las cifras del
cáncer en España'. Según esta actualización, en 2023 se prevé que se diagnostiquen alrededor de 280.000 nuevos casos de cáncer en España, cifra que se estima que aumente hasta los 341.000 nuevos casos en 2040.
Los tumores son la segunda causa de muerte en nuestro país. Solo en 2022, fallecieron por esta causa 113.662 personas en España, un 25,2 % del total. Esta cifra supone, además, un aumento del 0,8 % con respecto al año anterior, y sitúa al
cáncer como principal causa de muerte, únicamente por detrás de las enfermedades propias del sistema circulatorio (119.196 muertes, el 26,4 %). Entre las defunciones por cáncer, las más frecuentes son las causadas por tumores en pulmón, colon,
páncreas, mama y próstata, si bien afectan de forma diferenciada a mujeres y hombres, y en función de cada tipo de tumor.
En cuanto a los elementos de riesgo, se afirma que 'el tabaco, el alcohol y la obesidad continúan siendo algunos de los factores más importantes y evitables', si bien 'la mortalidad por cáncer en España ha experimentado un fuerte descenso en
las últimas décadas'.
Tal y como se plantea desde SEOM y Redecan, las mejoras en la supervivencia de los pacientes con tumores se deben fundamentalmente 'a las actividades preventivas, las campañas de diagnóstico precoz y los avances terapéuticos', a lo que
añaden en el caso de los hombres 'la disminución de la prevalencia del tabaquismo'.
Todo ello ha contribuido a que las cifras de supervivencia al cáncer en España sean similares a las de los países de nuestro entorno, concretamente y 'a cinco años del diagnóstico de los pacientes diagnosticados entre 2008-2013', son 'de
55,3 % en los hombres y de 61,7 % en las mujeres'. Se trata de una proporción que 'se ha duplicado en los últimos 40 años' y que 'probablemente aumente, aunque lentamente, en los próximos'.
Por otra parte, las voces de expertos y pacientes reclaman, desde numerosos ámbitos, continuar adaptando nuestro Sistema Nacional de Salud a la realidad de los pacientes oncológicos, reduciendo la fragmentación y atomización que todavía
existe y que deriva, en ocasiones, en retrasos diagnósticos o en que se sientan desatendidos por el sistema. Así lo señalan iniciativas de referencia como All.Can Spain, conformada por algunas de las instituciones líderes de nuestro país en la
lucha contra el cáncer, que señala cómo la mejora de la experiencia del paciente oncológico ha de ser una de las líneas prioritarias a abordar en los próximos años, mejora que necesita, además, de la implantación generalizada de indicadores de
evaluación de resultados en salud que permitan medir el impacto real de las distintas medidas adoptadas.
Por todo ello, desde los parámetros de trabajo establecidos tanto por el 'Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer' como por la 'Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud', y con motivo de la conmemoración el 4 de febrero del 'Día
Mundial del Cáncer', el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar cuantas acciones integrales, transversales y multidisciplinares sean necesarias para mejorar la prevención del cáncer, así como para progresar en términos de diagnóstico precoz;
de abordaje temprano y humanizado; de I+D+i, y de tratamiento personalizado y de precisión. Para ello, es necesario garantizar un acceso ágil, equitativo, y cohesionado de los pacientes al Sistema Nacional de Salud, reduciendo la fragmentación que
todavía existe, y poner a su disposición cuantas innovaciones terapéuticas y tecnológicas estén disponibles que aseguren una atención de la máxima calidad.
El Gobierno destinará cuantos recursos humanos, materiales y económicos sean necesarios para desarrollar de forma tangible dichas acciones. Para ser efectivas, deberán contar con el consenso real y continuado de las Comunidades Autónomas, y
definirse en coordinación plena con las asociaciones de pacientes, los representantes de los profesionales sanitarios, la industria farmacéutica y las empresas de biotecnología y tecnología sanitaria'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2023.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la igualdad en el acceso a los tratamientos de
cáncer en todo el territorio nacional, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El cáncer es una de las enfermedades con más incidencia en nuestro país. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en España se diagnosticaron el pasado año 2022 unos 280.100 casos, lo que supone un incremento respecto
a los años anteriores. De hecho, se espera que para 2040 la incidencia alcance los 341.000 casos. Según las mismas fuentes, los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2022 fueron los de colon y recto (43.370 nuevos casos), mama
(34.750), pulmón (30.948), próstata (30.884) y vejiga urinaria (22.295). A mucha distancia, los siguientes cánceres más frecuentes serán los linfomas no hodgkinianos (9.514), el cáncer de
páncreas (9.252), el de riñón (8.078), y los cánceres de cavidad oral y faringe (7.779), estómago (6.913), cuerpo uterino (6.773) e hígado (6.604). Además, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad en nuestro
país, produciéndose en torno a 300 fallecimientos diarios.
Pese a ello, los pacientes de cáncer siguen enfrentándose a importantes retos en su vida diaria, tanto para hacer frente a la enfermedad como para continuar con su vida de forma libre y autónoma. Es por ello, por ejemplo, que desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos presentamos una proposición de ley para asegurar un marco normativo más flexible y adaptado a las necesidades laborales y sociales de las personas que son diagnosticadas con cáncer, de forma que puedan compaginar su vida con
sus tratamientos sin ser discriminadas por ello. Lamentablemente, esta proposición de ley sigue bloqueada de forma efectiva por la Mesa del Congreso, que sigue ampliando sine die los plazos para la presentación de enmiendas al articulado.
Todo ello pese a que la vida de los pacientes con cáncer se vuelve mucho más complicada desde el mismo momento de la sospecha médica de que uno puede sufrir esta enfermedad. En nuestro país, la descentralización de las competencias en
materia sanitaria ha dado como resultado la fragmentación del espacio sanitario y ha levantado barreras infranqueables entre comunidades autónomas a la hora de atender las necesidades médicas de los pacientes con cáncer. Así lo ha denunciado, de
hecho, el primer informe del Comité Científico de All.Can Spain, titulado 'La experiencia del paciente con cáncer: optimización del circuito y mejora de la atención y coordinación hasta el diagnóstico. Ocho recomendaciones para un cambio real'.
En este informe se denuncia la situación inaceptable que sufren los pacientes de cáncer y sus familias a la hora de acceder a diagnósticos y tratamientos para su enfermedad, existiendo enormes desigualdades entre comunidades autónomas. Esto
hace, por tanto, que una persona tenga mejores opciones de hacer frente a su cáncer dependiendo del código postal que tenga su residencia, algo que atenta contra todo principio de igualdad de la ciudadanía que se recoge en nuestra Constitución
española. En palabras del Dr. Rafael López, presidente de la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO), 'el sistema sanitario no siempre está concebido para que la atención que recibe el paciente sea de la máxima calidad,
sino que, en muchas ocasiones, responde a necesidades del propio sistema', en relación con los obstáculos y barreras que se han generado a raíz de la descentralización de las competencias en sanidad. Esta fragmentación, a su juicio, produce
retrasos en el abordaje del cáncer y hace que los pacientes se sientan confusos, desorientados y desesperanzados a la hora de afrontar el reto que tienen por delante.
Los representantes de pacientes que también forman parte de All.Can Spain han reconocido esta situación, lamentando que esa fragmentación provoca en muchas ocasiones que no se tenga información adecuada sobre diagnósticos y tratamientos, que
el acceso a los mismos sea diferente dependiendo de la comunidad autónoma, o que no se cuente con recursos de apoyo psicosocial a pacientes y sus familias. Por ejemplo, existe evidencia científica de que estos obstáculos y barreras pueden provocar
mayores retrasos en los diagnósticos y, por ende, mayor mortalidad en pacientes con cáncer. Todo ello pese a que los pacientes deben ser el centro de nuestras políticas sanitarias, y de que garantizar su salud y su bienestar debe ser la más
absoluta prioridad de todas las autoridades sanitarias de nuestro país, sin importar el nivel administrativo o el color político que tengan.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acabar con las desigualdades territoriales existentes actualmente en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, trabajando con las Comunidades Autónomas en una mayor coordinación de procesos y protocolos.
2. Trabajar con los profesionales sanitarios de la Atención Primaria en materia de información y formación, de forma que tengan más y mejores herramientas para la identificación de posibles casos de cáncer y su derivación inmediata a
especialistas oncológicos.
3. Promover la implantación generalizada en todo el territorio nacional de vías clínicas protocolizadas para el abordaje especializado de los distintos tipos de cáncer, con atención personalizada que tenga en cuenta la situación específica
del paciente y su contexto socioeconómico y familiar.
4. Poner en valor el papel del personal de enfermería en los procesos y protocolos de abordaje del cáncer, desde la sospecha hasta el tratamiento, como figura de gestión de casos y punto de referencia para pacientes, familiares y
facultativos.
5. Asegurar un flujo de información sencilla, accesible, honesta y veraz para los pacientes y sus familias, ampliando la disponibilidad de apoyo psicosocial en todo el territorio nacional.
6. Establecer, de la mano de las Comunidades Autónomas y los gestores hospitalarios, equipos multidisciplinares para el tratamiento de casos, asegurando así la mejor atención hospitalaria posible y un tratamiento más preciso del paciente y
de su tipología de cáncer'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al derecho al olvido de las personas con cáncer, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El cáncer es una de las enfermedades con mayor relevancia a nivel mundial. La OMS señala que es la principal causa de muerte en el mundo, y se calcula que a lo largo del año 2018 se diagnosticaron más de 18 millones de cánceres.
En España, el cáncer continúa siendo una de las enfermedades con mayor relevancia en salud pública, ya que es una de las principales causas de morbimortalidad. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, el número de cánceres
diagnosticados en el año 2022 alcanzará los 280.100.
Sin bien es cierto, las mejoras en la investigación, en el diagnóstico precoz y en los tratamientos disponibles, están permitiendo mejorar la supervivencia de las personas que padecen cáncer en prácticamente todos los tumores.
Estas mejoras unidas al aumento de la longevidad de la población han incrementado el número de supervivientes de cáncer en las últimas décadas en Europa y España. Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, hay un aumento de la
supervivencia desde el año 2016 en nuestro país, 3,3 puntos en hombres y 2,6 en mujeres.
El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer puesto en marcha en el año 2021, constituye un compromiso político de primer orden en la lucha contra el cáncer. Tiene entre sus objetivos hacer frente a todas las etapas de la enfermedad, incluida
la atención al largo superviviente.
En nuestro país, se ha actualizado en el año 2021 la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS) para adecuarla al Plan Europeo, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención sanitaria y social que reciben las personas
enfermas de cáncer y sus familias. Y entre otras cuestiones, incorpora la evaluación de las necesidades de los pacientes que han sobrevivido al cáncer.
En este contexto, se ha de tener en cuenta La Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2022, sobre el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer: hacia una estrategia global y coordinada [2020/2267(lNl)]. Este documento
considera que el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer debe responder 'a las legítimas expectativas de más de 12 millones de supervivientes de cáncer y sus familias'. Por ello, entre otras medidas, pide la adopción de una directiva contra la
discriminación, así como la aplicación justa e igualitaria de las Directivas sobre servicios financieros, como la Directiva sobre créditos al consumo, sin discriminación alguna contra los pacientes y los supervivientes de cáncer.
Asimismo, en su considerando 125 dice 'las aseguradoras y los bancos no deben tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por el cáncer; pide que las legislaciones nacionales garanticen que los supervivientes de cáncer no
sean discriminados en comparación con otros consumidores; toma nota de la intención de la Comisión de colaborar con las empresas para elaborar un código de conducta que garantice que la evolución de los tratamientos contra el cáncer y su mayor
eficacia se reflejen en las
prácticas comerciales de los proveedores de servicios financieros; [...] pide que, a más tardar en 2025, todos los Estados miembros garanticen el derecho al olvido a todos los pacientes europeos diez años después del final de su tratamiento
y a más tardar cinco años después del final del tratamiento para los pacientes cuyo diagnóstico se haya realizado antes de los dieciocho años'.
En nuestro país no hay una legislación específica en lo que se refiere al 'derecho al olvido' de los pacientes que han padecido cáncer.
Si bien es cierto, la Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, eliminó del ordenamiento jurídico aquellos aspectos que promueven la discriminación hacia las personas con VIH/SIDA u otras condiciones de salud, en determinados negocios jurídicos, prestaciones o servicios. Para ello, fue modificada
la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, de manera que no se puede discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de salud, en el acceso a la contratación, o la imposición de condiciones más onerosas.
Asimismo, se estableció el compromiso de determinar la aplicación de los principios de la ley a enfermedades, a las que se pueda considerar que se aplican los mismos efectos, discriminatorios, como puede ocurrir en el caso de las personas
han padecido cáncer.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar la normativa necesaria para determinar la aplicación de los principios recogidos en la Ley 4/2018, de 11 de junio, para otras patologías o grupos de patologías, como el cáncer, a
las que pueda considerarse los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Ana Prieto Nieto, Sonia Guerra López y Marisol Sánchez Jódar, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/004757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de un
régimen de información institucionalizado y frecuente entre el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición, para su debate en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas
institucionales y legales.
Exposición de motivos
En su primera intervención como líder de la oposición en 2018, al presentar su candidatura a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez afirmaba que formaría 'un Gobierno que hará del diálogo con todas y cada una de las fuerzas
parlamentarias, con todos y cada uno de los Gobiernos autonómicos, su forma de hacer política...; un Gobierno con una hoja de ruta clara que consensuaremos con los grupos parlamentarios mayoritarios en esta Cámara'.
Afirmación que reiteraba solemnemente en su debate de investidura en 2020. Sin embargo, transcurrido casi un quinquenio con este Gobierno, ha quedado claro que esa intención era una declaración hueca y que iba dirigida únicamente hacia sus
socios de investidura, partidos con escasa representación parlamentaria pero que le han permitido apuntalarse para mantener el poder.
En estos casi cinco años y singularmente en esta legislatura a punto de terminar, España se ha enfrentado y se enfrenta a serios problemas. A los problemas económicos, sociales e institucionales que padecemos, hay que sumar las amenazas a
la seguridad, a la democracia y a la libertad que sufre gran parte del mundo y a las que España no es, no puede ser, ajena.
Una situación que reclama altura de miras a sus gobernantes, un ejercicio de unidad, la búsqueda de consensos, recuperar la lealtad institucional que ha presidido durante más de cuarenta años las normales relaciones entre el Ejecutivo y la
alternativa política. Algo comúnmente aceptado y respetado por los gobiernos de distintos signo, hasta la llegada del sanchismo.
Es responsabilidad de quien dirige la acción de gobierno mantener una comunicación fluida con el partido que lidera la oposición, llevar la iniciativa de esa relación con normalidad y lealtad institucional y buscar acuerdos de Estado en
materia de seguridad y política exterior fundamentalmente, como han hecho todos los gobiernos que le han precedido, hasta la llegada de Sánchez.
En apenas dos años el presidente Rajoy contactó hasta ocho veces con el entonces líder de la oposición, el socialista Pérez Rubalcaba, para informarle de asuntos como la reforma de las pensiones, la abdicación del Rey Juan Carlos, la
renovación de las instituciones, la política europea, la situación económica o la cuestión de Cataluña.
También cuando el actual presidente Sánchez era líder de la oposición, el presidente Rajoy contactó siete veces en menos de un año con él para tenerle informado de la evolución del desafío independentista de Cataluña o del atentado
terrorista en las Ramblas; como también informó a los entonces líderes de Ciudadanos y de Unidos Podemos.
Sin embargo, desde que el Sr. Sánchez es Presidente, se reunió dos veces en dos años con el entonces líder de la oposición. Y en este último año, con el actual jefe de la oposición, apenas en una ocasión, lo que evidencia el desprecio de
este Presidente del Gobierno por las buenas prácticas democráticas y por los millones de españoles que no le han votado y a quienes representa la oposición.
En estos meses en los que no ha existido interlocución alguna, ni canal de información con el principal partido de la oposición, han tenido lugar en nuestro país importantes acontecimientos, como la etapa final de una pandemia que durante
años condicionó nuestras vidas; la definición y el destino de los fondos europeos de recuperación; el cambio de postura histórico en nuestras relaciones con el Magreb y especialmente con Marruecos y con Argelia; una guerra terrible en territorio
europeo que aun sigue activa; un proceso inflacionario sin precedentes en las últimas décadas que está gravando las rentas bajas y medias y dificultando la cesta de la compra; las facturas de los suministros energéticos; el precio de los
combustibles; la modificación del Código Penal para eliminar los delitos que protegen la integridad territorial del Estado, la sedición y también la rebaja del delito de malversación; la promulgación de una ley que ha producido la rebaja en las
penas a más de 350 agresores sexuales y subiendo, o un reciente ataque yihadista que ha costado la vida a un compatriota.
Y es solo una muestra de las muchas cuestiones que provocan desasosiego a los españoles en menos de un año. Y en este tiempo, el líder de la oposición apenas recibió una llamada del Presidente del Gobierno en relación con el Consejo General
del Poder Judicial y su confirmación de que iba a modificar el Código Penal sin consenso y sin negociación con el partido mayoritario de la oposición. Cuestiones que, por otra parte, indican cuáles son los intereses y las preocupaciones del
Presidente y que constatan su alejamiento de los problemas reales que acucian a los españoles. Su único objetivo es concluir su estrategia de asalto a las instituciones y satisfacer las demandas de quienes quieren romper España.
España no merece mantener por más tiempo esta situación, quien dirige el Gobierno debe mantener reuniones y compartir información, en tiempo real, con el líder de la oposición en cada asunto que afecte a los intereses generales de España, de
todas aquellas cuestiones que deban abordarse prescindiendo del partidismo, de todas aquellas cuestiones que requieren el más amplio consenso y coordinación y de todo aquello que nunca en nuestra historia reciente se había tratado con la opacidad y
el sectarismo con los que se conduce este gobierno sanchista.
Y por ello, ante las reticencias a volver a los cauces normales de relación Gobierno-oposición, es por lo que instamos al Gobierno a establecer un canal y una norma para regular la relación entre el presidente del gobierno y el jefe de la
oposición como una obligación institucional comprendida dentro de las obligaciones como presidente del Gobierno y también de las responsabilidades como líder de la oposición. Un compromiso que debe trascender sobre las personas que ejercen los
liderazgos políticos y sobre las siglas de los partidos que estén en una u otra posición. Un ejercicio de responsabilidad que supone poner
los intereses generales y el bienestar de los españoles por encima de los intereses partidistas de quienes les representan.
La política de incomunicación y de vetar cualquier propuesta de interlocución entre el Gobierno y quien lidera la alternativa, salvo muy puntuales contactos de segundo nivel, será una de las señas de identidad de este Gobierno, un hito más
en su constante erosión de las instituciones y por ende del deterioro de la calidad democrática, actitud que se pretende revertir mediante esta iniciativa, poniendo el interés general como objetivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un régimen de información institucionalizado y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición o las personas en las que ambos acuerden delegar.
2. En todo caso, el presidente del Gobierno le informará cuando corresponda y como mínimo una vez durante cada periodo de sesiones, sobre los siguientes asuntos:
a) Tras la celebración de cumbres internacionales.
b) Sobre decisiones sustanciales en política exterior y defensa.
c) Al menos una vez durante cada periodo de sesiones sobre el 'Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo', conocido como Pacto Antiyihadista.
d) Al menos una vez durante cada periodo de sesiones sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2023.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Jesús Postigo Quintana, Pedro Navarro López, Carlos Aragonés Mendiguchía, Macarena Montesinos de Miguel, María Auxiliadora Pérez Díaz, Eloy Suárez
Lamata y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación de la calidad
democrática, para su debate en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
El deterioro de la calidad democrática de nuestro país desde la moción de censura injusta a un buen gobierno, sostenida en una gran mentira, es un hecho constatable. Sánchez aseguraba que venía a regenerar nuestra democracia, todo lo
contrario, los hechos evidencian su estilo de gobernar: acabar con la separación de poderes, con la independencia judicial, asaltar e intervenir políticamente todas las instituciones y mantenerse en el Gobierno apoyándose en quien haga falta, a
costa del interés general. Un proyecto personalista, el sanchismo, que explica el estado actual de nuestra Nación.
La respuesta a su forma de regenerar nuestra democracia se la dio el índice de calidad democrática del prestigioso The Economist, hemos retrocedido hasta el puesto 24, pasando por ser considerada una democracia 'plena' a una 'defectuosa' en
2021.
¿Cuántos puestos descenderemos cuando se conozca el índice de calidad democrática de 2022?
Dos estados de alarma declarados inconstitucionales, abuso sin precedentes del decreto ley, sentencias incumplidas en Cataluña, gravísimos insultos que se lanzan desde la coalición de gobierno contra los jueces, gobierna con el apoyo de
Bildu con quienes reescriben la historia de España y borran la transición española, el mayor caso de corrupción de la democracia protagonizado por el PSOE en el
que se desviaron 679.432.179,09 euros para alimentar su red clientelar, el escándalo del caso Acuamed con la presunta financiación del PSPV/PSOE, las imperdonables bromas que hacen desde el Gobierno sobre violadores excarcelados por no
asumir el error de una ley perniciosa para las víctimas y que se niegan a rectificar, etcétera.
La calidad democrática de un país también se daña cuando de los doce miembros del Tribunal Constitucional: el presidente elegido fue Fiscal General del Estado bajo el Gobierno socialista anterior, uno de los magistrados ha sido ministro de
Justicia con el Presidente Sánchez y artífice de los indultos a los presos del procés, otra magistrada ha sida alto cargo con el Gobierno de Sánchez hasta hace unos meses y la vicepresidenta, por primera vez en la Historia, es de la misma corriente
que el presidente.
La calidad democrática de un país se daña cuando se aprueba una reforma legislativa impulsada por el Gobierno que rebaja las condenas y excarcela a agresores sexuales, y un Gobierno empecinado en no asumir el error y corregirlo, salvo que el
objetivo de la reforma sea el que conocemos.
La calidad democrática de un país se daña cuando se deroga el delito de sedición con una argumentación falsa y mentirosa alegando que se debe alinear con los criterios europeos. Simplemente no es verdad, es un argumenta falaz para esconder
una reforma hecha a la medida de los condenados.
La calidad democrática de un país se daña reformando el delito de malversación rebajando las penas a corruptos y a malversadores porque no solamente es un retroceso en la lucha contra la corrupción sino que contraviene la Directiva de 2017
de la UE y las recomendaciones contra la corrupción del Consejo de Europa.
La calidad democrática de un país se daña con las reformas penales sin consenso, sin escuchar a los actores relevantes, sin contar con los informes y sin las consultas necesarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar la independencia de las instituciones, la separación de poderes y los principios constitucionales que garantizan el Estado de Derecho'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Macarena Montesinos de Miguel, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Jaime Eduardo de Olano Vela, Jesús Postigo Quintana, Pedro Navarro López, Carlos Aragonés Mendiguchía,
María Auxiliadora Pérez Díaz, Eloy Suárez Lamata, Edurne Uriarte Bengoechea y Pilar Marcos Domínguez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
sobre el uso de medios mecánicos en lugar de plaguicidas en la limpieza de las vías de servicio, para su debate y aprobación en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El objetivo de la normativa europea y española de uso sostenible de plaguicidas es que sean utilizados solamente cuando no son viables los medios mecánicos u otros medios alternativos. A su vez, la administración debe velar porque se cumpla
este orden de prelación en el uso de las alternativas al empleo de plaguicidas, más aún en el caso de que se trate de ámbitos de su propia competencia.
Un elevado número de administraciones ya han implementado medidas de no aplicación de plaguicidas en las labores de mantenimiento y limpieza de vegetación en viales de su responsabilidad. Entre otras, las Diputaciones Provinciales de A
Coruña, Barcelona, Bizkaia, Burgos, Girona, Guadalajara, Huesca, Jaén,
León, Lugo, Málaga, Palencia, Pontevedra o Salamanca; los cabildos insulares de Lanzarote y Menorca; y las comunidades autónomas de Asturies, Cantabria y La Rioja.
Las actuaciones de las citadas administraciones públicas evidencian que el mantenimiento y limpieza de la vegetación de los viales mediante medios mecánicos u alternativos a los plaguicidas es técnicamente posible y económicamente
sostenible.
Por tanto, es posible generalizar la prohibición en el uso de plaguicidas en todos los viales del Estado español.
El artículo 1 del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, determina que el objeto de esta norma es:
'a) Establecer el marco de acción para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el
fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos.
b) La aplicación y el desarrollo reglamentario de ciertos preceptos relativos a la comercialización, la utilización y el uso racional y sostenible de los productos fitosanitarios, establecidos por la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de
sanidad vegetal'.
Este marco de acción se dota para su aplicación de varios instrumentos. Entre ellos, y de forma destacada, cabe mencionar la gestión integrada de plagas, la cual es definida en la letra f) del artículo 3 del Real Decreto 1311/2012 como:
'El examen cuidadoso de todos los métodos de protección vegetal disponibles y posterior integración de medidas adecuadas para evitar el desarrollo de poblaciones de organismos nocivos y mantener el uso de productos fitosanitarios y otras
formas de intervención en niveles que estén económica y ecológicamente justificados y que reduzcan o minimicen los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. La gestión integrada de plagas pone énfasis en conseguir el desarrollo de cultivos
sanos con la mínima alteración posible de los agroecosistemas y en la promoción de los mecanismos naturales de control de plaga'.
Al respecto de las vías de servicio, estas son definidas en la letra e) del apartado primero, del artículo 46 del Real Decreto 1311/2012 como 'áreas no urbanas, comprendidos los ferrocarriles y demás redes viarias, las de conducción de aguas
de riego o de avenamiento, de tendidos eléctricos, cortafuegos u otras, de dominio público o privado, cuya característica es consistir en espacios lineales o redes de espacios lineales, particularmente para mantener controlada la vegetación
espontánea'.
Sobre el uso no agrícola de productos fitosanitarios en vías de servicio, el citado Real Decreto establece una serie de requisitos para su aplicación, entre estos:
- Que la aplicación de los mismos solo podrá realizarse por usuarios profesionales previo asesoramiento sobre la gestión integrada de plagas (artículo 49.1).
- Que dicho asesoramiento deberá quedar reflejado en el 'documento de asesoramiento firmado por el asesor' (artículo 49.3).
- Que los tratamientos en las redes de servicios, por la posibilidad de que las escorrentías puedan confluir de forma abundante en ciertos puntos, con el consiguiente riesgo de contaminación de las aguas superficiales o subterráneas
próximas, solamente se podrán realizar con productos fitosanitarios autorizados para estos usos, en aquellos casos o tramos en que no sea viable la utilización de medios mecánicos u otros alternativos, y siempre en épocas en que sea menos probable
que se produzcan lluvias; el documento de asesoramiento deberá incluir una evaluación del impacto ambiental del tratamiento que se pretenda realizar, atendiendo a las condiciones específicas de cada uno de los tramos afectados (artículo 50.4).
Al respecto del uso de plaguicidas en vías de servicio, cabe referirse a la Directiva 128/2009/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un
uso sostenible de los plaguicidas. En su artículo 11.2.d), relativo a medidas específicas para proteger el medio acuático y el agua potable, determina que en cuanto al uso de plaguicidas debe acometerse 'la reducción, en la medida de lo posible, o
la eliminación de las aplicaciones en, o a lo largo de, carreteras, líneas de ferrocarril [...]'.
El artículo 12 de la Directiva determina un mayor grado de protección y, por ende, de reducción del uso y riesgo de productos fitosanitarios en las zonas específicas definidas por la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), la
Directiva de conservación de aves silvestres (Directiva 2009/147/CE) y la Directiva de conservación de hábitats naturales, de la fauna y flora silvestres (Directiva 92/43/CEE).
Esta mayor protección, que también se aplica a las vías de servicio de estas zonas específicas, se concreta de manera más ambiciosa en la Directiva europea que en el Real Decreto 1311/2012, dado que indica que se deberá velar por que se
prohíba o minimice el uso de plaguicidas y, en todo caso, deberán adoptarse medidas de gestión de riesgo y concederse prioridad al uso de productos fitosanitarios de bajo riesgo y a las medidas de control biológico.
La reciente propuesta de la Comisión Europea de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2115 (COM(2022)/305) continúa la senda
de la Directiva 128/2009 e incide en la reducción del uso y el riesgo de los plaguicidas químicos, en particular los que contienen sustancias activas más peligrosas; en el aumento de la aplicación y el cumplimiento de la gestión integrada de plagas
(GIP); y en el incremento del uso de alternativas menos peligrosas y no químicas a los plaguicidas químicos para el control de plagas.
A todo lo anterior, hay que añadir que dado el objetivo del Real Decreto 1311/2012 -coincidente con el de la Directiva 128/2009 que transpone al régimen jurídico español- y de acuerdo a lo establecido por estas dos normas jurídicas, así como
las medidas de protección más ambiciosas contenidas en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento de uso sostenible de plaguicidas, se resume que los productos fitosanitarios solo deben ser utilizados cuando no sea viable el empleo de medios
mecánicos y tampoco el uso de otros medios alternativos. De igual modo, compete a las administraciones públicas velar para que esto se cumpla de manera general por todos los usuarios y de manera más agravada en las aplicaciones de estos productos
en sus respectivos ámbitos de competencia, como es el caso de las vías de servicio.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a prohibir el uso de productos fitosanitarios en todas las vías de servicio, salvo en caso de plagas cuarentenarias o de grave riesgo para la salud de los operarios'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora del acceso de las
personas con movilidad reducida a la obtención del permiso de conducir en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La integración de las personas con discapacidad en la sociedad exige garantizar su derecho a la movilidad como elemento fundamental en aspectos como la incorporación al mercado de trabajo, el desarrollo de las relaciones personales y
familiares o simplemente la consecución de una vida plena y activa. Con los apoyos tecnológicos adecuados las personas con discapacidad acceden a la conducción de vehículos lo que contribuye a su autonomía e independencia para desplazarse.
Según el estudio Personas con discapacidad en el acceso al permiso de conducir, realizado por la Fundación CNAE y la Fundación para la Seguridad Vial con la colaboración de la Fundación ONCE,
las personas con discapacidad que nunca han intentado obtener el carnet de conducir argumentan que se debe en gran parte a su discapacidad (60,3 %), también al miedo o dificultades (24,1 %), a motivos económicos (20,7 %) y falta o carencia
de autoescuelas (13,8 %) o porque no lo necesitan o no les gusta (8 %).
Más de un 8 % de las personas que obtuvieron el permiso de conducir tras su discapacidad se vieron obligadas a poner a disposición de la autoescuela un vehículo adaptado a sus necesidades algo que no sucede con las personas que utilizan un
vehículo ordinario.
Las personas con discapacidad que no pueden aportan su vehículo adaptado a las escuelas particulares de conductores se ven obligadas a desplazarse a otras provincias cuyas autoescuelas sí cuentan con estos vehículos. Existe, por tanto, un
agravio económico que tienen que afrontar las personas con discapacidad y sus familias al añadir el gasto del desplazamiento a otras ciudades, en ocasiones incluso de otra comunidad autónoma, para realizar la formación vial preparatoria para la
superación de las pruebas para la obtención del permiso de conducir.
Pues bien, esta discriminación que sufren las personas con movilidad reducida ha tratado de ser mitigada de forma tardía e inapropiada por la Dirección General de Tráfico.
Así, el 13 de enero de 2022 el responsable de tráfico del Gobierno firmó la Instrucción COND 2022/01 relativa a la 'Cesión de vehículos adaptados para la formación y pruebas de aptitudes y comportamientos de aspirantes con discapacidad
motora'.
Una instrucción que establece un protocolo para permitir la utilización de vehículos adaptados cedidos gratuitamente por determinadas entidades o asociaciones tanto durante el proceso de formación del aspirante como durante la realización de
las pruebas en las Jefaturas Provinciales de Tráfico ya sea en procesos de obtención o en otros procesos como renovaciones extraordinarias de permisos de conducción donde se entienda necesaria la realización de una prueba.
Que el Gobierno confíe exclusivamente en la generosidad y el altruismo de terceras personas, entidades o asociaciones al acceder a la cesión de vehículos para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al permiso de conducir
obviando que la Jefatura Central de Tráfico tiene aprobado, en el Presupuesto de Gastos del Organismo para el ejercicio 2022, un crédito inicial de 974,8 millones de euros, resulta cuanto menos inaudito.
El Gobierno, a través de la Jefatura Central de Tráfico, ha de ceder un número de vehículos adaptados con el fin de que las personas con movilidad reducida puedan obtener el carné de conducir en igualdad de oportunidades que el resto de la
ciudadanía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adquirir, a través de la Jefatura Central de Tráfico, organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior, un número suficiente de vehículos adaptados para su posterior cesión gratuita tanto a las escuelas particulares de
conductores, para la formación del aspirante con movilidad reducida, como a las Jefaturas Provinciales y Locales para la realización del examen práctico, ya sea para la obtención del permiso de conducir o para la renovación extraordinaria del
permiso.
2. Impulsar ayudas económicas para las adaptaciones de los vehículos adquiridos en propiedad por personas con movilidad reducida de nacionalidad española, con residencia legal en España, y que tengan mayor dificultad económica atendiendo a
las variables de renta familiar, patrimonio y/o unidad familiar'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Óscar Gamazo Micó, María del Carmen González Guinda y Jaime Miguel Mateu Istúriz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/004789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de mejora y actualización de la
señalización y marcas viales en las carreteras estatales, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
En España existe una amplia y avanzada red de vías de circulación de diversa titularidad, una gran parte de ellas en régimen de explotación directa por sus titulares.
Según el MITMA, la red de carreteras de España a 31 de diciembre del 2019 ascendía a más de 165.000 km de los cuales 26.477 km corresponden a la Red de Carreteras del Estado, por las que circula más del 52 % del tráfico total.
Esta amplia dotación de infraestructura, independientemente de su titularidad, se puede clasificar en autovías y autopistas y carreteras convencionales. Es en este último tipo de vías donde se acumulan el 75 % de los siniestros con víctimas
y fallecidos.
Estos datos nos confirman la necesidad de mejorar el esfuerzo inversor en materia de conservación de carreteras así como la señalización de las mismas, a fin de garantizar la eficiencia y la seguridad de la circulación puesto que en el
desarrollo de la acción de conducir, el usuario del vehículo debe disponer de la información precisa y clara que le permita la correcta asunción de sus decisiones.
Por ello el estado físico de la señalización se convierte en factor clave para lograr un uso más seguro de las carreteras.
Cabe recordar que la misión de las señales es la de advertir, reglamentar o informar a los usuarios de la vía con la antelación necesaria de determinadas circunstancias de la misma o de la circulación.
Con una correcta señalización se logra aumentar la seguridad, la eficacia y la comodidad en la conducción, por lo que conviene cerciorarse del estado, de la actualización y de la posibilidad de incluir nuevas señales que garanticen la
mitigación de los accidentes y las principales causas por los que se producen en la actualidad.
Así mismo, también es importante la correcta ubicación de las mismas, haciendo hincapié en los puntos en donde se concentra un mayor porcentaje de accidentes, con el fin de que los usuarios de las vías puedan reconocerlas fácilmente y
adecuar su conducción a tiempo, eliminando también para ello cualquier obstáculo que dificulte su visibilidad, singularmente en los tramos urbanos.
Respecto a la señalización horizontal, las marcas viales tienen como objetivo regular la circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía.
Se hace necesario valorar el adecuado uso de materiales que impidan cualquier pérdida de adherencia, su nitidez a ojos del conductor y el óptimo funcionamiento de los sistemas de seguridad activa de los vehículos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a desarrollar cuantas acciones sean necesarias para mejorar y actualizar la señalización viaria de la red de carreteras del Estado teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Garantizar la reposición de las señales para mantener su buena visibilidad y en consonancia con su fecha de caducidad, especialmente de los materiales retrorreflectantes.
2. La realización de un estudio para la inclusión de nuevas señales en el Catálogo Oficial de Señales de Circulación acordes a los incipientes patrones de accidentalidad recogidos en la nueva Ley de Tráfico y en el Reglamento General de
Circulación referentes a la manipulación de aparatos electrónicos durante la conducción.
3. Aumentar el número de señales iluminadas o provistas de material reflectante y de inscripciones de 'peligro', que adviertan con antelación suficiente de aquellos puntos de alta concentración de
accidentes, y que contribuyan también a prevenir situaciones sobrevenidas de riesgo potencial debidas a la meteorología, la aproximación de intersecciones, incorporaciones a la vía o pasos de peatones.
4. Adecuar en mayor medida las dimensiones de las señales de obras recogidas en el Catálogo Oficial de Señales de la Circulación, a la señalización ordinaria correspondiente de la vía en la que efectúa dicha actuación.
5. Aumentar la colaboración con otras administraciones, especialmente con las entidades locales, titulares de vías de circulación para controlar que el material urbano, jardineras, contenedores y otros mobiliarios públicos que dificulten la
visibilidad de las señales, marcas viales, vehículos de movilidad personal y usuarios vulnerables de la vía.
6. Adecuar y garantizar el perfecto estado de las marcas viales para asegurar un correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad activa como las alertas por cambio involuntario de carril'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Diego Gago Bugarín, Andrés Lorite Lorite, Elena Castillo López, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Juan José Matarí Sáez, Óscar Gamazo Micó, Tristana María Moraleja Gómez, Carlos Rojas
García y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial
161/004753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Onofre Miralles Martín, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don Juan Carlos Segura Just y don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la reversión
del daño al español provocado por el separatismo y las leyes de 'normalización lingüística', para su discusión en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Primero. El español: Lengua común del Estado.
El artículo 3 de la Constitución española dispone lo siguiente:
'1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección'.
El mandato constitucional es claro al posicionar el español en un primer plano, como lengua oficial en todo el territorio nacional, así como su coexistencia con otras lenguas regionales allí donde existan.
No en vano, el apartado 1 proclama que todos los españoles tienen el deber de conocer el español y el derecho a usarlo, en tanto 'idioma común a todos los españoles' (STC 84/1986), 'lengua oficial común del Estado español en su conjunto'
(STC 82/1986), o 'lengua oficial de ámbito general' (STC 56/1990), 'que lo distingue de las otras lenguas españolas que con él son cooficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, pero respecto a las cuales no se prescribe constitucionalmente
tal obligación. Ello quiere decir que solo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, y con él, la presunción de que todos los españoles lo conocen' (FJ 3) 16.
16 No puede exigirse, por tanto, un deber de conocimiento 'individualizado y exigible' de una lengua regional, pues será de 'naturaleza distinta del que tiene por objeto al castellano (...) pues no es un deber generalizado para todos los
ciudadanos de Cataluña' (STC 31/2010, FJ 14).
A pesar de lo anterior, distintas regiones de España, con supuesto amparo en este precepto constitucional, han reconocido a través de sus normas estatutarias modalidades lingüísticas 'propias' (Vascongadas, Galicia, Comunidad Valenciana,
Cataluña o Baleares), desarrolladas luego a través de las leyes de 'normalización lingüística'.
Tanto ellas han adoptado el término 'lenguas propias', en un intento de hacer parecer el español un idioma ajeno y extraño a su realidad de pertenencia a España, 'invasor'. Las lenguas regionales han sido objeto de utilización por partidos
separatistas regionales, e incluso por partidos de ámbito nacional que gobiernan o han gobernado en distintas regiones, con el ánimo de exacerbar las diferencias entre los españoles que viven en las distintas regiones de España, fracturando la
cohesión y vertebración nacional y discriminando a quienes no las conocen.
Con el pretexto de una presunta 'cooficialidad', se han introducido disposiciones autonómicas, incluso de rango estatutario, que precisamente tienen un efecto contrario: se prima a estas lenguas en menoscabo del español, única lengua
oficial del Estado y que todos los españoles tienen el derecho de utilizar y la obligación de conocer. Se violenta así la natural coexistencia pacífica entre la lengua oficial y las distintas lenguas regionales que se dio en España hasta el
desarrollo y auge de los fenómenos primero regionalistas, después autonomistas, luego nacionalistas y, hoy, separatistas.
Segundo. La imposición de las lenguas regionales a los empleados públicos.
Uno de los ámbitos más sangrantes es el de los empleados públicos. Así, el artículo 56.2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (el 'TREBEP')
establece que 'las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas
oficiales'.
De esta forma, el TREBEP permite exigir a los empleados públicos el conocimiento de la lengua regional, dando entrada a una traba en el acceso al empleo público en condiciones de igualdad para todos los españoles.
Se incurre en un grave riesgo de devaluación de los servicios públicos en las regiones con lengua cooficial: por un lado, porque se priman los conocimientos de lengua sobre los saberes técnicos necesarios para la buena praxis profesional;
por otro, porque es inconcebible que empleados públicos competentes tengan vetado su acceso a determinadas regiones de España solo por el mero hecho de no conocer la lengua cooficial. Todo esto constituye una prueba más del intento de excluir y
arrinconar el español en muchas regiones de España, incluso en perjuicio de los españoles.
Lo anterior fue particularmente evidente durante la crisis del COVID-19, cuando la falta de personal sanitario en muchos de nuestros territorios hizo patente la necesidad de contratar a profesionales capacitados, con independencia de su
conocimiento de las lenguas regionales.
Sirva de ejemplo paradigmático la actuación del gobierno de Islas Baleares, que había impedido a miles de médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios acceder a una plaza en esa región por no poder acreditar su conocimiento de la
lengua catalana.
Tercero. El desprecio del español en la educación.
Otro de los campos paradigmáticos en que ha tenido una perniciosa influencia la legislación estatutaria y de 'normalización' es la educación, de vital importancia en el desarrollo de la Nación. Con base en estas, se ha perseguido,
estigmatizado y expulsado el español de las aulas, además de haberse vulnerado contumazmente el derecho fundamental de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos, así cómo su escolarización en español.
Muestra de ello es el reciente incumplimiento por parte de la Generalidad de Cataluña del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (el 'TSJC') de 4 de mayo de 2022 (recurso 168/2015), que acordó incoar incidente de ejecución
forzosa de la Sentencia del TSJC 5201/2020, de 16 de diciembre, que obligaba al Gobierno catalán a que, al menos, un 25 % de las clases se impartan en español en todos los centros educativos de la región. La respuesta ante esta decisión del TSJC ha
sido el Decreto-ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos y la Ley regional 8/2022, de 9 de junio,
sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que dan cobertura legal a su negativa a instaurar una cuota mínima de asignaturas en español en los colegios
catalanes, y ampara también a la dirección de los centros educativos que, siguiendo sus directrices, se niegue a hacerlo.
Cuarto. Conclusión.
El arrinconamiento del español, del que los expuestos son solo mínimos ejemplos, soslaya dolosamente el mandato constitucional de proteger la 'riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España'. Al contrario, lo que se ha hecho es
favorecer a unas lenguas regionales por criterios exclusivamente políticos y falsamente identitarios, con el objetivo de imponer su uso en detrimento del español, única lengua respecto de la cual la Constitución impone a todos los españoles el deber
de conocimiento.
No en vano, en la actualidad el español es una lengua de indudable crecimiento: se trata de la tercera más hablada en el mundo (después del chino y el inglés) y la segunda en términos de extensión (solo tras el inglés); el número de
hablantes de español supera los 600 millones y, de ellos, casi 500 millones son nativos. En definitiva, los hispanohablantes suponen más del 8 % de la población mundial.
Asimismo, el español también es la lengua de hermanamiento por encima de los océanos y la distancia geográfica con nuestra comunidad histórica, especialmente con la Iberosfera. Es la lengua de la Hispanidad, que nos hermana con pueblos con
quienes tenemos estrechos lazos de unión. Estas comunidades, hoy más que nunca, encuentran su casa en España, en muchos casos para huir de la opresión y la miseria de los regímenes comunistas y filocomunistas que asuelan la América hispana.
Sin embargo, el español se encuentra cada vez más amenazado en España. Se impone revertir las tendencias descritas, y restituir al español la plenitud de la posición oficial como lengua común que le corresponde.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el deber de conocer y el derecho a usar el español como lengua oficial en todo el territorio de nuestra Nación y, en particular:
- A promocionarla como vínculo que fortalezca la unidad entre los españoles.
- A garantizar el mejor funcionamiento de los servicios públicos, primando únicamente el mérito y la capacidad para el acceso a la función pública, y no la ideología ni únicamente el conocimiento de lenguas españolas.
- A evitar que la diversidad de nuestras lenguas regionales sirva como elemento de división y fractura entre los españoles'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2023.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Inés María Cañizares Pacheco, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Juan Carlos Segura Just y Onofre Miralles Martín,
Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la eliminación de la cita previa obligatoria en la Administración General del Estado y la mejora de la atención presencial, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
En los últimos meses se han multiplicado las denuncias por parte de ciudadanos y ciudadanas por la dificultad de acceso a los servicios públicos que, tras el fin de las medidas de restricción de contactos y movimientos con motivo de la
pandemia de la COVID-19, siguen aún aplicando limitaciones a la atención presencial, exigiendo cita previa telemática, semejando que las mismas tienen vocación de permanencia a pesar de que causan graves desigualdades.
Así por ejemplo, en la mayoría de las oficinas del Registro Civil solo es posible solicitar cita de forma telemática, sin que admitan en ningún caso la posibilidad de solicitarla de forma presencial o por teléfono, ya no digamos presentarse
para hacer la gestión precisa directamente. A la obligatoriedad de solicitar cita presencial, que para muchas personas resulta imposible por falta de formación o de medios haciéndolas depender de otras personas para realizar sus trámites, se suma
en la mayoría de casos las dificultades que el propio sistema genera, pues muchas de las aplicaciones no funcionan adecuadamente o no permiten solicitar cita más allá del corto plazo, por lo que las y los usuarios deben estar pendientes de su
ordenador para lograr una cita en cuanto esta esté disponible.
Otra de las administraciones que más quejas acumula en relación con la atención al ciudadano es la de la Seguridad Social, donde directamente el personal de seguridad impide la entrada a quien llega a las dependencias sin cita previa, de
forma que se niega la posibilidad de solicitar información directamente sobre un asunto o solicitar cita presencialmente de ser esta necesaria.
Otro ejemplo de como las nuevas tecnologías ponen trabas es la obligatoriedad de facilitar un correo electrónico para poder tramitar una cita que exige ahora la Dirección General de Tráfico. La necesidad de tener email supone una causa de
exclusión para mucha gente que por su dificultad de acceso o falta de formación o conocimientos digitales no dispone de este medio de comunicación.
Estas situaciones se producen también en otros órganos administrativos dependientes de la Administración General del Estado como oficinas de extranjería, registros o, incluso, ante la propia Guardia Civil para poder denunciar la comisión de
delitos, que siguen obligando a la solicitud de una cita previa que debe solicitarse telemáticamente.
Todas estas deficiencias en la atención a la ciudadanía se han materializado en numerosas quejas, algunas de ellas tramitadas ante el Defensor del Pueblo que ha dirigido recomendaciones para que se corrija y mejore el servicio de atención
presencial evitando discriminaciones.
Resulta imprescindible que la Administración revierta esta situación, que se reponga la atención presencial sin necesidad de cita previa y que se garantice que se mantiene en el tiempo con personal y horario suficiente para dar cobertura a
las personas que requieren información o la realización de trámites administrativos. No basta con eliminar las posibles restricciones o limitaciones derivadas de las medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 para impedir contagios, es
necesario reponer y reforzar los servicios con el personal suficiente para atender de forma presencial a las y los ciudadanos. La presencialidad no puede ser una forma en extinción destinada a desaparecer, es imprescindible asegurarla para
garantizar realmente el servicio público a la ciudadanía.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Reponer o recuperar en todos los organismos y entidades dependientes de la Administración General del Estado la atención presencial directa sin necesidad de cita previa, así como la articulación de medios de solicitud de cita
alternativos a los telemáticos, incluyendo la solicitud presencial.
2. Reforzar los servicios de atención a la ciudadanía dotándolos de los medios y personal suficiente, así como de un horario adecuado para cumplir con su función de servicio público'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Cuáles son las medidas que se están adoptando por parte del Ministerio para asegurar el cumplimiento, en relación con la nueva normativa aprobada en materia de transporte por carretera de mercancías relativa a la carga y descarga y a la
imposibilidad de trabajar a pérdidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2023.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, Cristina Alicia Esteban Calonje, Onofre Miralles Martín, Rubén Darío Vega Arias y Juan Carlos Segura Just, Diputados.
181/002103
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Victor Píriz Maya.
Texto:
¿Qué previsiones y plazos tiene el Gobierno para el arreglo del socavón producido el pasado 14 de diciembre, en la N-523 entre Cáceres y Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2023.-Víctor Píriz Maya, Diputado.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/002104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Rubén Darío Vega Arias, don Carlos José Zambrano García-Raez, don Ricardo Chamorro Delmo, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno para proteger la pesca de arrastre de la decisión de la Comisión Europea de expulsar todo tipo de artes de fondo móviles de las áreas marinas protegidas de la Unión Europea y defender al
sector pesquero español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2023.-Rubén Darío Vega Arias, Carlos José Zambrano García-Raez, Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
181/002105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio de Agricultura, Pesa y Alimentación para proteger a los olivareros españoles tras saber que Estados Unidos sigue manteniendo los aranceles a la aceituna negra española pese al fallo de la Organización
Mundial del Comercio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2023.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
181/002106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno para salvaguardar la soberanía alimentaria de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2023.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
181/002107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno para combatir la competencia desleal de la miel de terceros países y defender al sector de la miel española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2023.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
181/002108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno para combatir el alza de los precios de los alimentos en los próximos meses, que perjudica a las familias españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2023.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
Comisión de Igualdad
181/002099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio.
Dirigida a la Ministra de Igualdad.
Texto:
¿En qué informes y/o estudios fundamenta el Gobierno de España su afirmación de que la alienación parental es un planteamiento o criterio sin aval científico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio.
Dirigida a la Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Promoverá el Gobierno de España las medidas oportunas para penalizar a aquellos progenitores que ejerzan sobre sus hijos alienación parental, para evitar así las consecuencias negativas que esta tiene sobre los menores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/097833.
Núm. registro: 245682.
Autor iniciativa: Martínez Ferro, María Valentina (GP) Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP) Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).
Objeto iniciativa: Centros en los que están distribuidos los refugiados ucranianos, así como plan previsto por el Gobierno para dichos refugiados y presupuesto para este concepto.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 541, de 5 de diciembre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002111.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/092649.
Núm. registro: 229975.
Autor iniciativa: Requena Ruiz, Juan Diego (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP).
Objeto iniciativa: Balance de aplicación de las medidas del Real Decreto-ley 14/2022.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 497, de 14 de septiembre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002113.
Núm. expte.: 184/094481.
Núm. registro: 233964.
Autor iniciativa: Requena Ruiz, Juan Diego (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP).
Objeto iniciativa: Opinión del Gobierno acerca de si los consumidores eléctricos en mercado libre se benefician de la excepción ibérica, así como de que aumentar con un cargo en la factura del entorno del 80 % del coste de la energía es un
beneficio para empresas, hogares e industrias.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 513, de 10 de octubre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002114.
Núm. expte.: 184/094482.
Núm. registro: 233965.
Autor iniciativa: Requena Ruiz, Juan Diego (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP).
Objeto iniciativa: Medidas para el fomento de energía a largo plazo.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 513, de 10 de octubre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002115.
Núm. expte.: 184/094483.
Núm. registro: 233966.
Autor iniciativa: Requena Ruiz, Juan Diego (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP).
Objeto iniciativa: Opinión del Gobierno acerca de si los contratos de electricidad con cobertura a plazo están sujetos o indexados al mercado mayorista, así como de si los contratos de electricidad en el mercado libre están acoplados al
precio mayorista del gas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 513, de 10 de octubre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002116.
184/101353
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP). Cortés Carballo, Mario (GP). González Muñoz, Ángel Luis (GP). Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Partida de 50.000 euros para Reformas para cuarteles de la Guardia Civil en Málaga, recogida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de remisión de un informe sobre el estado de los cuarteles de la Guardia Civil de Málaga a que se refiere el último guion, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del
Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la Administración y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo número de expediente 186/006231).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Gema Pérez Recuerda, don Mario Cortés Carballo y don Ángel Luis González Muñoz, Diputados por Málaga, y doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 recogen una partida de 50.000 para Reformas para Cuarteles Guardia Civil en Málaga.
- ¿Qué actuaciones se han acometido con el dinero contemplado en los PGE22 en la partida destinada a 'Reforma para Cuarteles de la Guardia Civil en Málaga'? Desglosar por actuación y cuantía.
- ¿Qué porcentaje se ha ejecutado de la citada partida de los PGE22? Desglosar por actuación y porcentaje ejecutado.
- ¿Consideran que los Cuarteles de la Guardia Civil de Málaga se encuentran en unas condiciones dignas?
- [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2023.-Isabel Gema Pérez Recuerda, Mario Cortés Carballo, Ángel Luis González Muñoz y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
184/101386
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Delgado Arce, Celso Luis (GP). Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP). Garcés Sanagustín, Mario (GP). Paniagua Núñez, Miguel Ángel (GP). Bas Corugeira, Javier (GP). Lorite Lorite, Andrés (GP).
Dotación de Correos Cargo, de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 254437, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, don Jaime Eduardo de Olano Vela, don Mario Garcés Sanagustín, don Miguel Ángel Paniagua Núñez, don Andrés Lorite Lorite y don Javier Bas Corugeira, Diputados por Ourense, Lugo, Huesca, Palencia, Córdoba y
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Mucho se ha escrito desde el departamento de propaganda de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos sobre 'Correos Cargo' desde el día de su anuncio, el 5 de enero de 2022. Muy poco de la inversión, los costes y los ingresos de esta
actividad en un principio 'diseñada' para la creación de un eje China-Madrid-Latinoamérica con ampliaciones a Europa y África que ha quedado, como todos los proyectos que acomete el presidente de Correos, en una fantasía inviable y costosa.
A partir de aquel momento, se han ido sucediendo las declaraciones, tanto en prensa como públicas de Serrano y su departamento de comunicación: desde que el anuncio en el mes de enero pretendía favorecer las cotizaciones en bolsa de Ávoris
(ni la matriz ni sus filiales cotizaban en ese momento en bolsa, Vozpopuli), hasta la ampliación a 4 aeronaves en 2024 por sus buenos resultados en su ruta Madrid-Hong Kong (El Español, 17 de mayo de 2022).
Ahora, un año después de su anuncio, el presidente de Correos afirma en relación a 'Correos Cargo', en una reunión de oficinas celebrada el pasado 17 de enero que 'El avión es incipiente, se trata de un proyecto piloto, estamos analizando
los resultados'.
¿Cuántas aeronaves dispone en la actualidad Correos Cargo?
¿Sigue contemplando la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos la ampliación de las aeronaves y, en caso afirmativo, cuántas están previstas; en qué periodo de tiempo y bajo qué fórmula?
¿Se va a licitar la ampliación de las aeronaves o se va a adjudicar directamente de nuevo a Iberojet?
¿Significa esa ampliación el principio de la puesta en marcha del eje China-Madrid-Latinoamérica que sirvió como argumento para la creación de esa línea de negocio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2023.-Celso Luis Delgado Arce, Jaime Eduardo de Olano Vela, Mario Garcés Sanagustín, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Javier Bas Corugeira y Andrés Lorite Lorite, Diputados.