Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 564, de 02/02/2023
cve: BOCG-14-D-564
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
2 de febrero de 2023
Núm. 564
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004704 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al respeto a la separación de poderes y al Tribunal Constitucional... (Página8)
161/004705 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la contratación de Coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al reconocimiento de la comisión de actos de genocidio contra la minoría yazidí por parte del Estado
Islámico de Iraq y Siria... (Página11)
161/004696 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a exigir al Gobierno de Bolivia el cese de la represión violenta de la sociedad civil del Departamento de Santa Cruz...
161/004718 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, contra la prohibición de usar coches de combustión en las ciudades europeas... (Página15)
161/004723 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la condena a los sucesos acaecidos en la República Federal de Brasil el 8 de enero de 2023, así como el apoyo y compromiso a las instituciones
brasileñas... (Página19)
Comisión de Defensa
161/004717 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a acelerar el proceso de sustitución de los Transportes Oruga Acorazados (TOA) por los Vehículos de Acompañamiento al Combate (VAC)...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004722 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre mantenimiento del sistema de mutualismo administrativo de los funcionarios al servicio de la Administración General del Estado por sus beneficios para los
españoles... (Página22)
Comisión de Interior
161/004688 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a realizar una auditoría externa del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema
VIOGEN)... (Página26)
161/004716 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la declaración, de manera prioritaria e inmediata, de Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad...
161/004721 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para el establecimiento inmediato de puntos de recarga a disposición de los vehículos eléctricos de la Guardia Civil... (Página29)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004684 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la recuperación de los trenes nocturnos... (Página30)
161/004699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre seguridad, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina cuando se cumplen veinte años de la catástrofe del Prestige en las costas de
Galicia... (Página31)
161/004702 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre impulso de medidas que aseguren la devolución a los legítimos propietarios de las cantidades abonadas en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante el
periodo de ocupación ilegal de su inmueble... (Página37)
161/004720 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la mejora de la seguridad vial en la N-541... (Página39)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004707 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre salud sexual en centros educativos públicos y sostenidos con fondos públicos...
161/004724 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la elaboración de un informe que cuantifique la pérdida de aprendizaje motivada por la pandemia COVID-19... (Página42)
161/004725 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención de la salud mental en los centros educativos... (Página43)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004697 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a poner en marcha un Plan especial para ERTES por costes energéticos, considerando a éstos como causa de fuerza mayor con la correspondiente exoneración
de los costes de la Seguridad Social... (Página44)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a mejorar la seguridad viaria... (Página47)
161/004709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre los Concursos de Transición Justa para la adjudicación de los nudos de evacuación de As Pontes y Meirama... (Página48)
161/004714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre las irregularidades detectadas en los precios en los diferentes periodos de rebajas... (Página49)
161/004715 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la articulación urgente de una estrategia global de reposicionamiento competitivo y de búsqueda de mejores niveles de rentabilidad para
la industria turística española en el contexto de las incertidumbres económicas y geopolíticas actuales... (Página50)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004687 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso del carácter espiritual, familiar y solidario de las fiestas navideñas... (Página54)
161/004692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la ampliación de los permisos por maternidad y las modificaciones de las coberturas de la Seguridad Social... (Página56)
161/004726 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la puesta en marcha de una Ley de Servicios Sociales... (Página58)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004701 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la revisión de las ayudas directas al sector pesquero y para la rebaja del IVA de los productos pesqueros al 0 %... (Página60)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación de las salinas del Cabo de Gata... (Página61)
161/004710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre los Concursos de Transición Justa para la adjudicación de los nudos de evacuación de As Pontes y Meirama... (Página62)
Comisión de Cultura y Deporte
161/004698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo e impulso a la Semana Santa de Cieza para que sea declarada de Interés Turístico Internacional...
161/004703 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la urgencia de realizar obras de reparación, rehabilitación y conservación de la Muralla de Ciudad Rodrigo (Salamanca)...
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004685 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la creación de un Fondo Extraordinario de Compensación a Ayuntamientos, entidades y organismos municipales dependientes de estos por el coste energético del
alumbrado e inmuebles competencia de las administraciones locales... (Página67)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a exigir el fin inmediato de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público... (Página68)
161/004700 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre impulso a la regulación del cannabis medicinal... (Página70)
Comisión de Igualdad
161/004695 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la derogación inmediata de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual o, subsidiariamente, a la limitación de
sus efectos negativos... (Página71)
161/004708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la destitución inmediata de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y la supresión del Ministerio de Igualdad...
161/004711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a asegurar el libre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional... (Página76)
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/004689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a realizar una auditoría externa del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema
VIOGEN)... (Página77)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004694 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la extensión de la bonificación extraordinaria en el precio de venta de los carburantes a las autoescuelas...
161/004719 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la mejora de la seguridad vial en la N-541... (Página80)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002076 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre tiempo durante el que los extremeños no podrán circular por la N-523 debido al socavón que hay en el kilómetro 45 de dicha vía...
181/002077 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre previsiones acerca de la reparación del socavón que hay en el kilómetro 45 de la N-523 que une Cáceres y Badajoz...
Comisión de Cultura y Deporte
181/002071 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si es lógico que la competición de fútbol 'Supercopa de España', en la que participan equipos españoles de fútbol y es
organizada por la RFEF, se dispute en Arabia Saudí... (Página83)
181/002072 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre número de modalidades y especialidades deportivas de práctica en diferentes Comunidades Autónomas que pueden ser susceptibles de reconocimiento
internacional... (Página83)
181/002073 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre medidas y actividades que configuran el Programa deportivo 'RETO DE'... (Página83)
181/002074 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si se está haciendo todo lo posible para erradicar la violencia, el racismo y la xenofobia en el deporte...
181/002075 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre plazo en el que el Gobierno tiene previsto aprobar el Reglamento que regule y desarrolle los derechos y deberes de las personas deportistas...
Comisión de Sanidad y Consumo
181/002083 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Velasco Morillo (GP), sobre razones por las que se ha incumplido el compromiso adquirido por la Ministra de Sanidad en agosto de 2022 de validar en segunda vuelta en Consejo de
Ministros el Proyecto de Ley de creación del Centro Estatal de Salud Pública antes de concluir el mismo año 2022... (Página84)
Comisión de Igualdad
181/002062 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre justificación del incremento de los asesinatos de mujeres cuando el presupuesto del Ministerio de Igualdad ha
experimentado un notable crecimiento durante la XIV Legislatura... (Página85)
181/002063 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre previsiones acerca de promover la derogación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, por haberse demostrado ineficaz a la hora de reducir la violencia que sufren las mujeres en nuestro país... (Página85)
181/002064 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre previsiones acerca de la publicación por el Ministerio de Igualdad de un informe analizando las deficiencias de las
normas en materia de la mal llamada 'violencia de género' aprobadas durante la XIV Legislatura... (Página85)
181/002065 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre consciencia que tiene la Ministra de Igualdad de que el único resultado de las normas aprobadas por parte de su
Ministerio en la XIV Legislatura ha sido aumentar el enfrentamiento entre los españoles... (Página86)
181/002066 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre justificación de la ineficacia de las normas y políticas públicas impulsadas desde el Ministerio de Igualdad en
materia de la mal llamada 'violencia de género' para acabar con las muertes violentas de mujeres... (Página86)
181/002067 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre motivos de los que los datos sobre mujeres asesinadas sigan aumentando, especialmente en diciembre de 2022...
181/002069 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre previsiones acerca de impulsar la derogación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de
la libertad sexual, a la vista del evidente perjuicio que está produciendo para la seguridad de los españoles y, en particular, de las víctimas de los delincuentes sexuales... (Página87)
181/002070 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre opinión de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género acerca de si una cuestión tan grave
como la excarcelación anticipada o la reducción de condenas a criminales sexuales es motivo de befa y carcajada... (Página87)
181/002078 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre opinión del Gobierno sobre la afirmación que hace la Proposición no de Ley registrada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, acerca de la existencia de un derecho a la educación sexual entre los menores de nuestro país... (Página87)
181/002079 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre previsiones acerca de si la Ministra de Igualdad dimitirá con motivo de las graves declaraciones en las que
normalizó la pederastia... (Página88)
181/002080 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre motivo por el que el Ministerio de Igualdad se empeña en seguir pervirtiendo a nuestros hijos, dificultando así un
correcto desarrollo de su personalidad y atentando contra su inocencia... (Página88)
181/002081 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre reafirmación de la Ministra de Igualdad en sus declaraciones del 21/12/2022, en las que animaba a la pederastia...
(Página88)
181/002082 Pregunta formulada por la Diputada doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), sobre opinión de la Ministra de Igualdad sobre las afirmaciones vertidas en una iniciativa parlamentaria del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común acerca de la necesidad de fomentar las relaciones sexuales entre los menores de edad... (Página89)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/098189 Autor: Cortés Gómez, Ismael
Conocimiento que tiene el Gobierno de la participación del Comisario García Castaño, en la trama que presuntamente extorsionó en España a excargos del Gobierno de Hugo Chávez para conseguir información contra Podemos, así como del uso de
fondos reservados del Ministerio del Interior para sufragar dicha operación... (Página89)
184/099426 Autor: Delgado Arce, Celso Luis Vázquez Blanco, Ana Belén Olano Vela, Jaime Eduardo de García Díez, Joaquín María
Grado de ejecución de la partida 2016 17 38 4758 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, referida al tramo de la A-76: Circunvalación de Monforte de Lemos. Enlace de Monforte Este-Babela, a 31/12/2022...
184/099427 Autor: Delgado Arce, Celso Luis Vázquez Blanco, Ana Belén Olano Vela, Jaime Eduardo de García Díez, Joaquín María
Situación de los proyectos de trazado y construcción de: Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: enlace de Monforte Este-Babela, así como previsiones acerca de impulsar el inicio de las obras... (Página91)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al respeto a la separación de poderes y al Tribunal
Constitucional, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El pasado mes de diciembre de 2022 se produjeron graves cuestionamientos de la separación de poderes y del Tribunal Constitucional por parte de miembros del Gobierno, tras la presentación realizada por el Partido Popular de un recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional contra resoluciones parlamentarias del Congreso de los Diputados, en particular, el acuerdo de la mesa de la Comisión de Justicia de 12 de diciembre de 2022 por el que se admitían a trámite, entre otras, las
enmiendas 61 y 62 planteadas a la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad
moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso y el acuerdo del presidente de la Comisión de Justicia de 13 de diciembre de 2022, por medio del cual se decide no convocar la mesa de la Comisión de Justicia al objeto de resolver la
reconsideración planteada el 12 de diciembre de 2022 por los diputados del grupo parlamentario Popular frente al citado acuerdo de admisión de enmiendas.
Mención especial merecen las enmiendas 61 y 62 de los grupos socialistas y de Unidas Podemos que, con su incorporación al trámite de enmiendas de la citada Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal, pretendían reformar las
leyes orgánicas reguladoras del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y respecto a las que se solicitó la suspensión cautelar de su tramitación parlamentaria, al amparo del artículo 56.6 LOTC, petición que fue estimada
por el Tribunal Constitucional.
Tales ataques de miembros del Gobierno contra la separación de poderes y el TC se recrudecieron cuando el Tribunal Constitucional admitió la petición del Grupo Popular para suspender cautelarmente la tramitación parlamentaria de ambas
enmiendas. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional en una declaración oficial en La Moncloa con las siguientes palabras: 'Se trata de un hecho grave, porque por primera vez se impide que los
representantes legítimos, democráticamente elegidos por los españoles con su voto, realicen su función de representación (...) Comprendo, en consecuencia, la indignación de muchos demócratas al sentirse vulnerados en un principio básico de la
soberanía popular y comprendo la preocupación de los ciudadanos que contemplan desconcertados este choque institucional tan grave y tan inédito'.
Además, Pedro Sánchez continuó con ese cuestionamiento del Tribunal Constitucional y la separación de poderes en sede parlamentaria, en la sesión de control al Gobierno del 21 de diciembre de 2022. En dicha sesión afirmó lo siguiente: 'Lo
que ha sucedido ha sido una interferencia de otro poder en el funcionamiento del Poder Legislativo. Por tanto, tendrán que ser los grupos parlamentarios los que decidan cuál es la solución a ese conflicto institucional que ha creado una mayoría
conservadora en el Tribunal Constitucional'.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, realizó afirmaciones en el mismo sentido, cuestionando al Tribunal Constitucional y la separación de poderes: 'Lo ocurrido es de una gravedad máxima (...) El Constitucional ha detenido la acción
legislativa de los representantes legítimos del pueblo español (...) algo que afecta a los fundamentos de la separación de poderes de nuestra democracia'. Varios ministros de Unidas Podemos llegaron a calificar la decisión del Tribunal
Constitucional de 'golpe judicial'. Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales, declaró que 'estamos asistiendo a un golpe judicial al poder legislativo', y publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: 'El ala derecha del TC impide una
votación democrática en la sede de la soberanía popular. La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. Toca demostrar que los y las demócratas somos más'.
Nunca antes en la historia de casi 50 años de nuestra democracia el Ejecutivo había atacado de esta manera al Tribunal Constitucional y había puesto en cuestión la separación de poderes. Nunca antes el Ejecutivo había cuestionado el papel
del Tribunal Constitucional como máximo garante de nuestra Constitución. Nunca antes el Ejecutivo había deslegitimado al Tribunal Constitucional apelando a la supuesta ideología de parte de sus miembros, un argumento que debilita enormemente al TC
para el futuro, pues deja abierta la posibilidad de deslegitimación constante del TC en virtud de los rasgos ideológicos de sus miembros.
Como bien expresó Manuel Aragón, catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, en un artículo publicado en prensa en diciembre de 2022, 'la destrucción de la imagen institucional del Tribunal
Constitucional significaría el derrumbe de nuestro Estado de derecho, del que ese tribunal es su máximo e imprescindible sostén. Si el Tribunal Constitucional se desvirtúa quedarían sin protección jurídica nuestras garantías constitucionales, con
lo cual nuestro Estado constitucional de derecho dejaría de serlo'.
Y nunca antes en nuestra historia democrática el poder ejecutivo había cuestionado de esta manera la separación de poderes y el necesario sometimiento del Ejecutivo al Estado de derecho, a los tribunales y al máximo garante de la
Constitución, al Tribunal Constitucional. 'Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por disposición de las cosas, el poder frene al poder', afirmó Montesquieu, en un principio de la democracia liberal que creíamos claramente instituido
y aceptado por todos los demócratas y que el Gobierno ha puesto en cuestión al atacar un recurso de amparo ante el TC y al cuestionar la aceptación por parte del TC de ese recurso de amparo.
Los ataques de miembros del Gobierno tanto a la presentación del recurso de amparo como a su aceptación por parte del TC parecen poner en duda la separación de poderes que sostiene todo sistema democrático y el sometimiento del propio
Ejecutivo a la ley y al cumplimiento de la Constitución.
Por todo ello
Proposición no de Ley
'El Congreso de Diputados insta al Gobierno a respetar el papel del Tribunal Constitucional como garante máximo de nuestra Constitución, a aceptar la separación de poderes como principio básico de la democracia, y a acatar el principio
democrático y el deber constitucional de sometimiento de todos los poderes a la Constitución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2023.-Ana María Beltrán Villalba, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Isabel María Borrego Cortés, Jaime Miguel Mateu Istúriz, María Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba,
Vicente Tirado Ochoa y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la contratación de
Coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
En la deriva autoritaria de este Gobierno y en su afán colonizador de todas las instituciones, eliminando su independencia, ahora le ha llegado el turno al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, un organismo autónomo dependiente
del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que, a pesar de estar presidida por una persona claramente partidista, hasta ahora había mantenido apariencia de neutralidad, preservando el prestigio de la histórica
institución.
El Presidente del Gobierno, quien dice que el suyo es el Gobierno de la gente, está demostrando a lo largo de su mandato que en realidad es el Gobierno de su gente.
Estos días hemos visto, como sin transparencia y con nocturnidad, el marido de la Vicepresidenta Primera ha sido designado como coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional,
formalizándose un contrato de alta dirección.
Se ha creado ad hoc un puesto nuevo, de alta dirección, coordinador de estrategia comercial, para el marido de la vicepresidenta, eso sí, bajo la forma de convocatoria pública en la que, curiosamente, Ignacio Manrique de Lara obtuvo por
unanimidad la máxima puntuación en todos y cada uno de los méritos establecidos en la convocatoria.
Según establece el artículo octavo de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, a la Presidenta, nombrada mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de Ministros en el que participó la señora Calviño, le
será de aplicación la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, es decir, y por tanto, en el ejercicio del alto cargo está sometida a las disposiciones de buen gobierno recogidas en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y especialmente a los siguientes principios: servir con objetividad a los intereses generales, actuar con la debida diligencia y sin incurrir en riesgo de conflictos de intereses, adoptar sus decisiones de forma
transparente y gestionar los recursos públicos con eficiencia y racionalización de gasto.
Evidentemente la Presidenta de Patrimonio Nacional no ha respetado los citados principios a la hora de contratar al coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración.
Por otra parte, hemos conocido también que el Consejo de Administración no fue informado en ningún caso de este asunto, lo que incrementa la más que probable irregularidad, y vulneraría el artículo octavo dos de la ley reguladora de la
institución que atribuye entre otras funciones a ese Consejo 'c) La Jefatura del personal, tanto funcionarios como contratados en régimen laboral'.
En la misma línea, el artículo 67 del Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, que reitera que corresponde al Consejo de Administración
'b) La jefatura del personal tanto funcionario como contratado en régimen laboral, en los términos que establezcan las normas sobre competencias en materia de personal'.
Así como tampoco se ha respetado el Reglamento interno de Patrimonio Nacional a la hora de la elección del tipo de contratación elegida, contrato de alta dirección.
Es evidente la manifiesta irregularidad en la contratación del coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, y es imprescindible revertir tal actuación.
Y aunque en vísperas de Navidad el Sr. Manrique de Lara ha renunciado al contrato, no debemos dejar de aclarar lo que ha ocurrido y que estas situaciones de nepotismo no vuelvan a ocurrir adoptando medidas para evitarlo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar el procedimiento para aclarar la designación de don Ignacio Manrique de Lara Fernández como Coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, a la vista de las
irregularidades en la creación de un puesto inexistente hasta ahora, de su elección y contratación al margen del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y la vulneración de los principios de mérito y capacidad en relación con las
características del puesto de trabajo a desempeñar, así como por el evidente conflicto de intereses en su elección.
2. Establecer unas normas de contratación de personal en la Administración General del Estado para evitar cualquier tipo de nepotismo y hacer que los procedimientos de contratación sean más transparentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2023.-Ana María Beltrán Villalba, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Isabel María Borrego Cortés, Jaime Miguel Mateu Istúriz, María Jesús Moro Almaraz, Carmen Navarro Lacoba,
Vicente Tirado Ochoa y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
relativa al reconocimiento de la comisión de actos de genocidio contra la minoría yazidí por parte del Estado Islámico de Iraq y Siria, para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 3 de agosto de 2014 será recordado como un día negro dentro de la historia del pueblo yazidí. Fue ese el comienzo de lo que se conoce como la 'ofensiva de Sinyar' por parte del ISIS (Estado Islámico de Iraq y Siria, por sus siglas en
inglés) y que dejó, según cálculos de Naciones Unidas, al menos 5.000 personas yazidíes asesinadas y 7.000 secuestradas, que posteriormente fueron objeto de esclavitud sexual o utilizadas como menores soldado en los diferentes ataques perpetrados
por el ISIS. En estimaciones de REACH Initiative, al menos 200.000 personas tuvieron que huir de la región en el comienzo de la ofensiva, muchas de las cuales terminaron atrapadas en campamentos de refugio en el norte de Iraq y Siria, sur de
Turquía o incluso llegaron a las islas griegas y otras fronteras europeas.
La masacre de Sinyar, junto con la posterior persecución y crímenes cometidos hacia la minoría yazidí por parte del ISIS, han sido interpretados tanto por Naciones Unidas como por otras organizaciones internacionales de derechos humanos como
crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. A este último respecto, se deben resaltar las declaraciones del Asesor Especial del UNITAD (Equipo de Investigación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Rendición de Cuentas
por los Crímenes cometidos por el Daesh/ISIL en Iraq) en la presentación del Sexto Informe del equipo (mayo 2021), según las cuales se han encontrado 'claras y convincentes evidencias de que actos de genocidio fueron cometidos por el ISIS en contra
de la población yazidí como grupo religioso'. Además, en ese mismo informe se confirma la responsabilidad del ISIS en actos de exterminación, asesinato, violación, tortura, esclavitud, persecución y otros crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad perpetrados contra la población yazidí.
Tal como establece la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en su artículo II:
'Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.'
Tanto el Sexto Informe de UNITAD como otros informes ejecutados por organizaciones de derechos humanos coinciden en apuntar que, si bien fueron diversas las minorías étnicas y religiosas perseguidas por el ISIS durante los años de su
expansión y consolidación, la comisión de estos cinco supuestos a partir de las matanzas masivas y el establecimiento de redes de trata y esclavitud de menores y mujeres se dio específicamente en el caso del pueblo yazidí. Esta particularidad
reside en la conceptualización del ISIS del pueblo yazidí como pueblo 'adorador del demonio' (definido de esta manera por la revista Dabiq, gaceta oficial del autodenominado Califato), elemento que limitaba la posibilidad de conversión de las
personas adultas y que llevó al establecimiento de estrategias de eliminación tanto de los individuos yazidíes como de sus espacios culturales y religiosos.
La red de esclavas sexuales yazidíes establecida, al igual que la separación de los menores yazidíes de sus familias y su utilización como menores soldado en las acciones del ISIS -probada por organizaciones como Amnistía Internacional o
Save the Children-, reflejan sin equívoco esta voluntad de destrucción del pueblo yazidí como grupo religioso.
No solo Naciones Unidas ha reconocido este acto de genocidio contra la población yazidí; también la Comisión Europea, en su Resolución del 4 de febrero de 2016 sobre la masacre sistemática de minorías religiosas por el denominado
EIIL/Daesh, expresó su visión de que los actos cometidos contra la población yazidí por parte del ISIS constituían actos de genocidio, al igual que otros parlamentos de Estados miembros como Francia, Luxemburgo o Países Bajos. El último año también
se ha reactivado el reconocimiento de este genocidio en los parlamentos de Reino Unido y Alemania, donde se encuentra actualmente en proceso de debate.
A estos avances de reconocimiento en la arena política se unen los realizados en el ámbito jurídico. Si bien se deben reconocer las dificultades que los procesos internacionales de rendición de cuentas están teniendo, debido en primer lugar
a la no-estatalidad del ISIS y a la no ratificación del Estatuto de Roma por parte de Iraq y Siria, existen pasos positivos en la aplicación de los principios de jurisdicción universal que dan luz a estos procesos, como la condena en la Corte
Regional Suprema de Frankfurt (Alemania) a Taha Al J. por crímenes de genocidio y contra la humanidad en noviembre de 2021.
Tras ocho años de la comisión de los actos de genocidio, la minoría yazidí no sólo sigue en la búsqueda de justicia y reparación, sino que su situación de derechos humanos sigue siendo precaria y preocupante. Según datos de Nadia Initiative
y de la Organización Internacional de Migraciones, 200.000 personas aún siguen desplazadas en el norte de Iraq y 2.800 mujeres y menores siguen desaparecidas. A esto hay que unirle el goteo de personas yazidíes que siguen llegando a las fronteras
europeas y las mujeres y menores en situación de esclavitud que siguen siendo identificadas y liberadas en los campamentos de desplazamiento sirios como Al Hol.
A esta situación de desprotección hay que unirle la ofensiva turca de 2021 en el norte de Iraq (y que se ha extendido a las regiones kurdas del norte de Siria) contra militantes kurdos, que tal como han puesto de relieve varios medios de
comunicación especializados, también ha tenido como objetivo enclaves yazidíes como el de Sinjar. Actualmente hay hondas preocupaciones de que estos ataques puedan convertirse en una ofensiva terrestre en el norte de Siria (incluidos los campos de
personas desplazadas), causando graves impactos en los derechos de las personas yazidíes que aún se encuentran en esta área e imposibilitando además el legítimo derecho al retorno a sus poblaciones originarias.
Si bien estos desafíos al acceso a la rendición de cuentas, la protección y la garantía de una vida digna del pueblo yazidí necesitan de una aproximación amplia que incluya una respuesta internacional contundente, el reconocimiento político
de la comisión de actos de genocidio contra la población yazidí es
el primer paso hacia la verdad y la justicia, y un paso necesario para el despliegue de herramientas de rendición de cuentas y protección a nivel tanto estatal como internacional.
Considerando por tanto:
- Las obligaciones establecidas en el artículo I de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas respecto a prevención y sanción del genocidio de los estados firmantes del mismo;
- El espíritu de verdad, justicia y rendición de cuentas existente en la Resolución 2379 (2017) del Consejo de Seguridad de la ONU que estableció el Equipo de Investigaciones, encaminado a exigir cuentas al EIIL (Dáesh) por los posibles
actos constitutivos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por el mismo;
- Los indicios encontrados en el Informe final de UNITAD sobre la comisión de estos mismos actos por parte del ISIS;
- Los indicios encontrados en los informes realizados por organizaciones de derechos humanos independientes respecto a la comisión de estos crímenes contra la población yazidí y los fallos judiciales existentes en esta misma línea;
- El mantenimiento, a día de hoy, de la consideración de la población yazidí como un grupo con especial necesidad de protección por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en sus últimas Guías de
Elegibilidad y la inestabilidad política en torno a la región;
- La necesidad de reconocer políticamente la comisión de actos de genocidio como una herramienta para la verdad y justicia de los pueblos, al mismo tiempo que para la prevención de la futura comisión de estos actos;
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer oficialmente la comisión de actos de genocidio contra la minoría yazidí por parte del Estado Islámico de Iraq y Siria e impulsar, de igual manera, el reconocimiento internacional de
la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2022.-Lucía Muñoz Dalda y Gerardo Pisarello Prados, Diputados.-Antonio Gómez-Reino Varela y Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, don Víctor González Coello de Portugal, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto, Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
Proposición no de Ley para exigir al Gobierno de Bolivia el cese de la represión violenta de la sociedad civil del Departamento de Santa Cruz, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Introducción. La situación política en Bolivia ha experimentado una importante deriva totalitaria en los últimos años. El fraude electoral producido en 2019 provocó, junto con un ingente número de escándalos políticos, la renuncia del
presidente Evo Morales. Tras la referida dimisión, la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, doña Jeanine Áñez, miembro de la oposición, tomó posesión del cargo en un proceso
avalado por el Tribunal Constitucional Plurinacional 1 boliviano, con el compromiso de convocar elecciones generales.
Pese a la labor desarrollada en la presidencia de la Sra. Áñez en la protección del sistema democrático del país, esta fue detenida y condenada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración en un proceso judicial plagado de
irregularidades e instigado desde sector político favorable a Evo Morales, como este mismo reconoció en una entrevista 2.
Desde el comienzo del proceso de persecución a la oposición política, culminado en la detención y condena de la Sra. Áñez, las actuaciones totalitarias por parte del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia no han dejado de sucederse,
una vez instalado Luis Arce Catacora en la Presidencia del Estado Plurinacional.
Primero. Persecución a la sociedad civil en Santa Cruz.
La revisión del censo actual, prevista para el año 2022 -cuestión a la que se comprometió el presidente Arce-, fue postergada el año 2024, impidiendo así otorgar mayor representación al departamento de Santa Cruz, motor económico de Bolivia,
como consecuencia de la emigración constante que llega a la región procedente del resto del país. Con motivo del incumplimiento del citado compromiso, el pasado mes de noviembre se produjo un paro impulsado por el Comité Cívico de la región.
Ante estas posiciones antagónicas, el Ejecutivo boliviano movilizó a sus grupos afines -venidos de otras regiones del país- para tratar de doblegar la voluntad de la sociedad civil cruceña a través de la coacción y el uso de la fuerza.
Estos extremos se demuestran con los altercados violentos producidos entre las fuerzas favorables al Gobierno y los ciudadanos de Santa Cruz. A mayor abundamiento, existen pruebas gráficas de cómo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
armaron con explosivos a los simpatizantes del Gobierno.
El referido asedio al departamento de Santa Cruz, instigado y promovido por el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) es la prueba palmaria de la animadversión que siente el Ejecutivo de Luis Arce hacia cualquier tipo de oposición
política. Rasgo éste que es distintivo común de los movimientos comunistas totalitarios, incompatibles en sus gobiernos con cualquier atisbo democrático.
Segundo. Detención del Gobernador de Santa Cruz.
El pasado 28 de diciembre, en línea con las actuaciones que -al margen de la legalidad- viene perpetrando el Gobierno de Bolivia, se produjo la detención de don Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, mediante una
actuación policial del todo irregular, y en unas condiciones que atentan de forma flagrante contra los derechos de los nacionales del citado país, y contra el principio de separación de poderes. De hecho, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz denunció este hecho mediante un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, que reza del siguiente modo:
'Denunciamos ante el pueblo cruceño, ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que el gobernador de Santa Cruz ha sido secuestrado en un operativo policial absolutamente irregular y llevado con rumbo desconocido.
El operativo del secuestro del gobernador se realizó en calles aledañas a su domicilio, cuando él regresaba, luego de cumplir actividades de gestión.
En estos momentos se desconoce el paradero del Gobernador, por lo que responsabilizamos al gobierno del Presidente Luis Arce por la seguridad física y la vida del Gobernador de Santa Cruz'. 3
Lo anterior no hace sino corroborar el deterioro democrático en la actuación de las instituciones bolivianas, y la preocupante deriva totalitaria del Gobierno, que se está recrudeciendo en los últimos tiempos. A tal punto llega la agresión
contra el sistema democrático que el Gobierno no duda en utilizar la fuerza de manera ilegítima para reprimir a su propio pueblo o secuestrar a disidentes políticos. No en vano, Bolivia es el segundo país de la región que más erosión democrática ha
presentado en el
1 CHUQUIMIA, Marco Antonio: 'Declaración Constitucional 001/2020 reconoció mandato constitucional de Áñez en 2020', El Deber, 05.08.21.
2 'Morales revela que el camino del juicio ordinario contra Añez se decidió en una reunión política', Erbol, 12.06.22. Disponible [en línea]:
https://erbol.com.bo/nacional/morales-revela-que-el-camino-del-juicio-ordinario-contra-a%C3%B1ez-se-decidi%C3%B3-en-una-reuni%C3%B3n
3 Fuente: https://twitter.com/GobSantaCruz/status/1608178452905050112?cxt=HHwWgIC-zYnystEsAAAA
periodo 2015-2020, según un informe elaborado en 2021 por el International Institute for Democracy and Electoral Assistance 4.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía nacional, rechaza la violencia y la persecución política que sistemáticamente lleva a cabo el Gobierno de Bolivia contra sus adversarios políticos.
De la misma manera, el Congreso de los Diputados expresa su solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia y conmina al Gobierno de este país a cumplir con los deberes de protección de sus nacionales y respeto de las reglas democráticas,
abandonando la utilización de los mecanismos coactivos del Estado para cercenar injustificadamente los derechos de los bolivianos.
En particular, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a lo siguiente:
1. Asumir, en consonancia con el papel histórico de España y con los especiales vínculos que nos unen con las naciones hermanas de Hispanoamérica, la condición de vanguardia en la defensa de los derechos de todos los bolivianos en el
concierto internacional. En particular, el Presidente del Gobierno, a quien corresponde constitucionalmente la dirección de la política exterior, debe ejercer con toda decisión este liderazgo mundial de España en la protección de los derechos de la
oposición boliviana.
2. Denunciar con toda energía en la comunidad internacional los atropellos perpetrados por las autoridades bolivianas contra sus ciudadanos y contra el Estado de Derecho.
3. Urgir a la comunidad internacional a permanecer vigilante y a prestar especial atención a la protección del pueblo boliviano.
4. Exigir con firmeza al Gobierno de Bolivia que cumpla con la normativa internacional que ha suscrito y de la que es parte.
5. Condenar la constante vulneración de los derechos políticos de sus ciudadanos que lleva a cabo el Gobierno de Bolivia.
6. Trasladar al Gobierno de Bolivia su rechazo total y absoluto a las irregularidades acaecidas en los procedimientos judiciales incoados contra los líderes de la oposición por razón de persecución política.
7. Solicitar a las autoridades competentes la libertad de D. Luis Fernando Camacho, de Jeanine Áñez y de todos los demás presos políticos, exigiendo que cualquier medida de privación de libertad resulte de un procedimiento judicial dotado
de garantías con arreglo al ordenamiento jurídico boliviano y a los criterios fundamentales de cualquier Estado democrático y de Derecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2022.-Víctor González Coello de Portugal, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.-Iván
Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/004718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, en sus respectivas
condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley contra la prohibición de usar
coches de combustión en las ciudades europeas, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
4 'El Estado de la Democracia en las Américas 2021: Democracia en tiempos de crisis', International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2021.
Exposición de motivos
Primero. Introducción.
El pasado 10 de enero de 2023 el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, afirmó expresamente durante su participación en un acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid que nuestra democracia en Europa ha
decidido que para el 2035 no vamos a poder comprar coches de combustión en Europa.
Las palabras del comisario Breton muestran, una vez más, la desmesura e irrazonabilidad de las imposiciones ideológicas de los oligarcas europeos, quienes, sin consultar previamente a los ciudadanos, adoptan decisiones de gran perjuicio para
los europeos a los que teóricamente representan.
Muchas de las políticas decididas por las élites europeas están separadas por una enorme distancia con las necesidades y con las capacidades de las naciones pertenecientes a la Unión Europea. La razón de ello es que se adoptan conforme a
una agenda global cuyo contenido no ha sido aprobado ni refrendado por ningún sujeto soberano, incluido el español, sino por las referidas élites, atendiendo a intereses particulares o corporativos.
No en vano, en no pocos casos, de realizarse las debidas consultas populares, los europeos rechazarían de lleno estas políticas, que se materializan, por ejemplo, y a los efectos de la presente iniciativa, en decisiones como la de prohibir
la venta de automóviles de combustión en la Unión Europea a partir de 2035. Se trata de una política con un marcado carácter ideológico y carente de fundamento racional, inexplicable más allá de los intereses de unas oligarquías que han decidido
empobrecer a los habitantes de un continente, produciendo efectos desfavorables en la vida y en la economía de los europeos.
Segundo. 'Objetivo 55': Una política para élites.
El 14 de julio de 2021 se presentó el paquete de medidas 'Objetivo 55' (o 'Fit for 55'). Este contempla un conjunto de propuestas encaminadas a revisar y actualizar la legislación de la UE y poner en marcha nuevas iniciativas con el fin de
garantizar que las políticas de la UE se ajusten a los objetivos climáticos acordados por el Consejo y el Parlamento Europeo. 5
En concreto, 'Objetivo 55' propone [elevar] la ambición en materia de clima para 2030 comprometiéndose a reducir las emisiones en al menos un 55 % de aquí a 2030. Entre las medidas contempladas para lograr dicho compromiso destaca la
propuesta de la Comisión Europea de revisar las normas en materia de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas 6.
Por su parte, el Consejo de Medio Ambiente de 28 de junio de este año 7 acordó elevar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 de los coches y furgonetas nuevos para 2030 al 55 % en el caso de los coches y al 50 % en el de las
furgonetas. Del mismo modo, acordó introducir un objetivo de reducción del 100 % de las emisiones de CO2 para 2035 para los coches y furgonetas nuevos 8. En consecuencia, parece claro que no se producirá una flexibilización en los objetivos de
reducción de emisiones de CO2 en turismos y furgonetas para los años 2030 y 2035.
Tercero. Críticas por parte de naciones europeas y operadores del sector automovilístico.
Países como Italia, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía se mostraron partidarios de retrasar la fecha para alcanzar el objetivo del 100 % de reducción de emisiones de CO2 en turismos y furgonetas. 9 Del mismo modo, propusieron para el
año 2035 una reducción de un 90 % de las emisiones de CO2 en la
5 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ [fecha de consulta: 23 de junio de 2022].
6 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10906-2021-INIT/es/pdf [fecha de consulta: 29 de junio de 2022].
7 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10493-2022-INIT/es/pdf y https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/lemke-in-eu-sitzung-deutschland-fuer-verbrenner-aus-ab-2035-11483015
8 https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/29/fit-for-55-council-reaches-general-approaches-relating-to-emissions-reductions-and-removals-and-their-social-impacts/
9 https://video.consilium.europa.eu/event/en/25946
flota de coches nuevos y de un 80 % en la de furgonetas nuevas. 10 Todo ello, con la idea de evitar costes desproporcionados e innecesarios para la industria de la automoción y los consumidores. 11
Igualmente, la industria automovilística, ha criticado esta radical decisión relativa al parque móvil por su carácter prematuro e irreflexivo y por los efectos altamente perjudiciales que va a provocar. Sus reticencias se fundamentan en
motivos similares a los recogidos en el expositivo anterior:
- La Unión alemana de la industria automovilística (Verband der Automobilindustrie e. V.) ha mostrado su preocupación por la ausencia de una infraestructura de recarga y repostaje que sea capaz de garantizar la aceleración de la
implementación de sistemas de propulsión alternativos para antes de 2040. 12
- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ('ACEA') ha señalado que cualquier regulación a largo plazo que vaya más allá de esta década es prematura en esta etapa inicial, por lo que se reclama una revisión transparente a mitad de
camino para definir los objetivos posteriores a 2030 13. De hecho, desde ACEA se afirma que se necesita una ínversión de 280.000 millones de euros para reforzar la infraestructura de recarga privada y pública de Europal 14.
- La Asociación Española de Proveedores de Automoción ('Sernauto') calcula que, dentro del sector de componentes, 72.000 puestos de trabajo se verán directamente amenazados por esta medida 15.
Además de cuanto antecede, son muchos los ciudadanos que no tienen la capacidad económica suficiente para adquirir vehículos de cero emisiones, pues los precios, como se ha comprobado, son muy altos. Y, en todo caso, las exiguas
subvenciones no facilitarían el acceso a estos vehículos salvo para una minoría pudiente.
En cambio, durante el Consejo de Medio Ambiente antes citado, el Gobierno de España -fiel sirviente de los postulados de la Agenda 2030 y de sus élites promotoras- se mostró partidario de establecer el límite temporal de cumplimiento de los
objetivos de reducción de emisiones de CO2 en turismos y furgonetas en 2030 y 2035.
Sin embargo, esta postura resulta especialmente llamativa, habida cuenta de que las exigencias europeas -que, como se aprecia, cuentan con el respaldo entusiasta del Ejecutivo- entran en abierta contradicción con los propios objetivos
fijados por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética ('Ley 7/2021').
En concreto, el artículo 14.2 de la Ley 7/2021 establece como fecha límite para la prohibición de los motores de combustión en turismos y comerciales ligeros el año 2040, en los siguientes términos:
'En desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050 se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como
vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO2/km de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria. A tal
efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.'
10 https://www.tomshw.it/automotive/stop-alla-vendita-di-auto-benzina-e-diesel-in-ue-litalia-punta-a-posticipare-il-provvedimento/. Estas discrepancias ya fueron reconocidas en la Nota de la Presidencia para el debate de orientación del 17
de marzo de 2022 al señalar: En cuanto a los objetivos cuantificados, varias delegaciones manifestaron su apoyo a la propuesta de la Comisión para turismos y furgonetas en 2025, 2030 y 2035. Varias delegaciones defendieron el refuerzo o la
anticipación de determinados objetivos o incluso la introducción de metas intermedias; otras pidieron, por el contrario, una mayor progresividad, o incluso aplazar la decisión sobre el objetivo del 100 % de reducción de emisiones a partir de 2035,
para todos los vehículos ligeros o solo para las furgonetas. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6668-2022-INIT/es/pdf.
11 https://www.abc.es/motor/motoreco/abci-espana-no-secunda-peticion-cinco-paises-europeos-prorrogar-motor-combustion-202206281500_noticia.html
12 https://www.vda.de/dam/jcr:a2dba006-94ec-4d6e-8ceb-b221218a6963/V4_Positionspapier_FitFor55_2021-05-28_EN.pdf?mode=view
13 https://autoreport.es/fit-for-55-acea-critica-el-objetivo-de-cero-emisiones-para-2035-y-pide-una-revision-a-medio-camino/
14 https://autovista24.autovistagroup.com/news/what-does-the-eu-internal-combustion-engine-ban-mean-for-the-automotive-industry/
15 https://gaceta.es/economia/el-fin-de-los-coches-de-gasolina-y-diesel-destruira-500-000-empleos-en-europa-20220621-1146/
Cuarto. Decisiones de especial trascendencia diseñadas, promovidas y adoptadas a espaldas de los ciudadanos.
Como muestra de que las decisiones adoptadas al margen de la voluntad popular y sometidas a las imposiciones de las élites globalistas afectan gravemente a los europeos, nos encontramos con el establecimiento de las denominadas 'Zonas de
Bajas Emisiones' ('ZBE'). Se trata, según el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de áreas delimitadas dentro de las ciudades donde sólo pueden circular determinados tipos de vehículos, según el etiquetado medioambiental que les haya asignado la
Dirección General de Tráfico con base en un discutible criterio.
'3. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad
incluyendo, al menos:
a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023. (...).'
Esta medida, consecuencia del fanatismo climático, afecta a más de 149 municipios españoles. Sin embargo, estas medidas ideológicas no se promueven exclusivamente desde el Gobierno de la Nación y su ámbito ideológico, sino que existen
municipios, como Madrid, que llevan padeciéndolas muchos años contra la voluntad de sus vecinos 16.
Quinto. Necesidad de someter las decisiones políticas de especial trascendencia a referéndum consultivo.
Estas políticas elitistas contra el interés de los españoles y europeos, que nuestro Gobierno asume complacientemente, tienen un gran impacto en la vida diaria de millones de españoles -así como en el resto de las sociedades europeas-,
provocando enormes perjuicios y amenazando gravemente la prosperidad futura de las naciones de la Unión Europea.
Se trata, por tanto, de políticas de especial trascendencia que, por su enorme afectación a los intereses nacionales y a las personas y su gran perjuicio al bienestar de los españoles, deberían ser sometidas a referéndum consultivo, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Española.
Solo dando voz a los españoles en las cuestiones que realmente les afectan podrá garantizarse que nuestro país y nuestros compatriotas no sufren las consecuencias de la deriva de las instituciones europeas y del servilismo del Gobierno de
España que, en ambos casos, parecen hacer de la promoción de los intereses de oligarquías y de la puesta en marcha de políticas irracionales de decrecimiento económico y de ruina su único programa de gestión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a someter a referéndum consultivo, en los términos del artículo 92 de la Constitución, por su carácter de especial trascendencia para los españoles, el conjunto de políticas en materia
ambiental y energética dictadas a espaldas de los intereses nacionales, que incluyen las crecientes limitaciones en la utilización de coches de combustión particulares en las ciudades españolas.
Entretanto esta consulta no se produzca, el Congreso de los Diputados insta asimismo al Gobierno a utilizar todo mecanismo que esté a su alcance para paralizar cualquier iniciativa de la Unión Europea que pueda perjudicar a los españoles, a
su empleo y a su prosperidad, o que no tenga en cuenta las necesidades y capacidades de nuestra Nación.
16 El actual alcalde de Madrid, don José Luis Martínez-Almeida (PP) presentó como una de propuestas programáticas nucleares a las elecciones municipales de 2019 el cierre de la ZBE municipal, conocida como 'Madrid Central'. En los carteles
para aquella cita electoral podía leerse '#ConAlmeida Madrid Central se acaba el 26 de mayo'.?(https://gaceta.es/actualidad/almeida-el-alcalde-que-prometio-derogar-madrid-central-y-sujeta-la-pancarta-a-rita-20210821-1231/). El hoy regidor municipal
manifestó: 'Creemos que la medida conocida como Madrid Central ha perjudicado a los madrileños, al comercio y no ha mejorado la calidad del aire. Por eso, acabaremos con Madrid Central'. Sin embargo, no solo no se ha acabado, sino que se ha
modificado su denominación y el Sr. Martínez-Almeida presume hoy de su buen funcionamiento.
Por último, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la derogación inmediata de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, por los evidentes perjuicios que está produciendo a los españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2023.-Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Alberto Asarta Cuevas, Diputados.- José
María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la condena a los sucesos acaecidos en la República Federal de Brasil el
pasado 8 de enero de 2023, así como el apoyo y compromiso a las instituciones brasileñas, para su debate en Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El 8 de enero de 2023 la democracia brasileña se vio seriamente amenazada. Una semana después de la toma de posesión del nuevo presidente electo de la República Federal de Brasil, Lula da Silva (elegido democráticamente gracias a la
voluntad del pueblo brasileño el 30 de octubre de 2022), miles de manifestantes asaltaron la plaza de los Tres Poderes en la capital del Estado, Brasilia, lugar donde se ubican las sedes de los tres poderes del Estado: el Palacio del Planalto (sede
del poder ejecutivo); la Cámara de Diputados (sede del poder legislativo); así como el Supremo Tribunal Federal (sede del poder judicial).
Unos hechos que se producen, justo dos años después, del asalto que sufrió el Capitolio de los Estados Unidos, con sede en Washington, el 6 de enero de 2021. En aquella ocasión, miles de manifestantes asaltaron e irrumpieron en la Cámara de
Representantes para impedir que se certificara la victoria electoral del entonces nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en las elecciones presidenciales de 2020.
Lo sucedido en ambos países responde a una estrategia trazada por los movimientos populistas y de extrema derecha a nivel global, cada vez más presentes en las democracias de todo el mundo: poner en tela de juicio la legitimidad de las
instituciones del Estado cuando, democráticamente y a través de la celebración de unas elecciones libres, pierden el poder.
El mensaje es siempre el mismo: tras la derrota electoral, se niegan a aceptar y reconocer los resultados que surgen legítimamente de las urnas y propagan, a través de las redes sociales, determinadas teorías de la conspiración sobre un
supuesto fraude electoral para sembrar la sospecha sobre los sistemas democráticos. Todo ello sin pruebas.
Esta estrategia orquestada de negación de los resultados electorales supone, en el fondo, socavar el sistema democrático desde dentro, ya que parte de sus mensajes están destinados a fomentar crisis institucionales con otros poderes del
Estado, que son los que garantizan el sistema de checks and balances de cualquier sistema democrático. La sociedad civil y las instituciones democráticas de cualquier Estado democrático son vistas como una amenaza y un obstáculo para estos
movimientos populistas de extrema derecha, ya que su modelo de democracia autoritaria se basa en unos liderazgos autoritarios.
Así, las fuerzas políticas y parlamentarias deben ser conscientes del peligro que supone banalizar con algunos mensajes y expresiones reaccionarias que desde el movimiento populista de la extrema derecha están propagando a través de las
redes sociales y de sus medios afines. Ante estas amenazas que van acompañadas de actitudes violentas no cabe reaccionar con tibiezas ni con ambigüedades.
Propagar mensajes sobre una falsa ilegitimidad de los Gobiernos, promover 'golpismos', o el cuestionamiento de los procesos y recuentos electorales no hacen más que contribuir a generar desconfianza y a fomentar la deslegitimación de las
instituciones y a la erosión de nuestras democracias.
Todas estas campañas de deslegitimación, fake news y de desinformación no hacen más que aumentar la polarización política y social, y generan movimientos populistas que cuestionan las
instituciones democráticas que sustentan el Estado de Derecho, y ponen en peligro la convivencia de nuestras sociedades.
Por todo ello, sumándonos a la condena que, sin excepciones, ha hecho la Comunidad internacional al asalto que sufrieron las instituciones brasileñas el pasado 8 de enero, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Condena rotundamente los sucesos acaecidos en la ciudad de Brasilia el pasado domingo, 8 de enero, en la que miles de manifestantes intentaron promover un golpe contra la democracia en el Estado brasileño, asaltando las sedes de los tres
poderes del Estado: la Cámara de Diputados, del Supremo Tribunal Federal y del Palacio de Planalto.
2. Muestra su apoyo y compromiso con las instituciones democráticas de Brasil, así como al presidente de la República Federal, Lula da Silva, elegido democráticamente gracias a la voluntad del pueblo brasileño el 30 de octubre de 2022.
3. Reitera su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la legitimidad de las instituciones en cualquier sistema democrático e insta a todas las fuerzas parlamentarias a condenar sin ambages el asalto a las instituciones de
Brasil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2023.-Odón Elorza González, Diputado.-Isaura Leal Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/004717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Manuel Mestre Barea, don Víctor González Coello de Portugal, don Alberto Asarta Cuevas, y don Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para acelerar el proceso de sustitución de los
Transportes Orugas Acorazados (TOA) por los Vehículos de Acompañamiento al Combate (VAC), para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. La situación crítica del Ministerio de Defensa.
Atendiendo a los Presupuestos Generales del Estado ('PGE') para el año 2023, la Sección 14 'Ministerio de Defensa' totalizará 12.825 millones de euros. Esta cifra supone un aumento del 26,3 % en relación con el presupuesto del ejercicio
anterior (10.152 millones) 17. Asimismo, la partida que ha experimentado un mayor aumento ha sido la relativa al Programa 122B, 'Programas Especiales de Modernización', que pasa de 2.848 a 4.902 millones de euros, un 72,1 % de incremento.
Analizados los datos publicados, es posible afirmar que el programa 122B aglutina el 38,2 % del presupuesto del Ministerio de Defensa ('MINISDEF'). No obstante, si desgranamos los anexos de
17 Es importante destacar que estas partidas difieren de las 'Políticas PGE consolidados 2023 (I)'. Según estas, la partida del año 2022 fue de 9791 millones, y la de 2023 sumaría 12.317 millones. Si tomamos como referencia estos datos, el
aumento se cifraría en un 25,8 %.
inversiones reales y programación plurianual ('Inversiones plurianuales') podemos extraer las siguientes conclusiones:
- De los 21 programas originalmente incluidos en el 122B, 14 han sufrido modificaciones en relación con su año de finalización.
- Se han creado 15 programas nuevos 18 cuyo importe total asciende a 20.193 millones de euros.
Estas dos breves conclusiones son muestra de la dificultad existente para resolver los problemas que aquejan al Ministerio de Defensa y a nuestro Ejército con la cantidad de recursos que los PGE asignan a nuestras Fuerzas Armadas.
En este sentido, el último informe de la Intervención General de la Administración del Estado ('IGAE') señala que el departamento encabezado por doña Margarita Robles Fernández tiene compromisos de gastos plurianuales de más de 31.000
millones de euros 19. Por tanto, si se suman los citados compromisos -a fecha de octubre de 2022- con el coste total de los nuevos programas, el resultado es que el desfase entre ingresos y gastos del Ministerio de Defensa supera los 51.000
millones de euros. Esto significa que, de mantenerse el presupuesto destinado al programa 122B tal y como está actualmente, y sin asumir ni una sola nueva inversión, el Ministerio tardaría más de una década en pagar sus deudas.
En resumen, los datos reflejan el enorme apalancamiento que padece el Ministerio de Defensa. Esta es una de las razones principales por las que el actual presupuesto de Defensa es insuficiente.
Así, de los 4.902 millones de euros que posee el programa 122B, 1.363 millones se destinarán a las anualidades de los 15 programas nuevos en 2023.
Segundo. El caso paradigmático de la sustitución de los Transportes Orugas Acorazados ('TOA').
Durante la presentación de las primeras unidades de Vehículos de Combate sobre Ruedas ('VCR') 8x8 Dragón, la secretaria de Estado de Defensa, doña Amparo Valcarce, 'ha dado a conocer que el Ministerio de Defensa tiene la intención de lanzar
a partir del próximo año el programa para el desarrollo del conocido como Vehículo de Acompañamiento al Combate (VAC) que sustituirá a los veteranos y obsoletos Transporte Oruga Acorazados (TOA) en servicio en el Ejército de Tierra desde hace cinco
décadas' 20.
Por su parte, el consorcio de empresas responsable del citado programa, Tess Defence, aprovechó este evento para mostrar su propuesta para sustituir a los TOA del Ejército de Tierra. Concretamente, el consorcio planteó un vehículo basado en
la barcaza de Santa Bárbara Sistemas (SBS) con una transmisión de Sapa.
Así las cosas, de acuerdo con lo previsto, el reemplazo del TOA M113 se iniciará en el año 2027 y no finalizará hasta el 2035. Sin embargo, ya ha comenzado la baja del servicio de las unidades TOA, con el objetivo de reducir a la mitad -de
1.250 a 600- las plataformas operativas 21.
Esto es, la flota de TOA se seguirá reduciendo, mientras que la introducción de los VAC no se espera hasta el 2027. Casos similares a este son el del avión de patrulla marítima P.3 Orión o la sustitución de los submarinos S-70.
Lo expuesto, que es la enésima prueba de la falta de planificación estratégica por parte del Ejecutivo presidido por don Pedro Sánchez Pérez-Castejón y de la falta de financiación crónica del Ministerio de Defensa, choca además con la
normativa en materia de prolongación excesiva de los procesos de obtención de recursos materiales. Así, el Gobierno como responsable de determinar la política de
18 Resulta oportuno señalar que dos de estos programas no son 'nuevos', pero no tenían fondos asignados en los PGE del ejercicio anterior. Éstos son: EUROMALE y TIGRE. Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Tomo Verde, Anexo de
inversiones reales y programación plurianual, Sección 14 Ministerio de Defensa, Servicio 03 Secretaría de Estado de Defensa, Programa 122B 'Programas Especiales de Modernización', p. 76. Disponible [en línea]:
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2023Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_23_A_V4.PDF
19 Extracto de las estadísticas mensuales de ejecución del presupuesto, p.14, noviembre de 2022, Intervención General de la Administración del Estado, 30.11.22. Disponible [en línea]:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadPublica/CPE/EjecucionPresupuestaria/Documents/EXTRACT O%2011-22.pdf
20 'Defensa lanzará a partir de 2023 el programa VAC para sustituir los veteranos TOA del Ejército', Infodefensa, 21.12.22. Disponible [en línea]:
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4115295/defensa-lanzara-partir-2023-programa-vac-sustituir-veteranos-toa-ejercito
21 Ibid.
defensa 22, es el único responsable de la situación tan crítica que ha sido expresada en los párrafos anteriores.
Tercero. Conclusiones.
El contexto mundial actual 'se caracteriza por el incremento permanente de la velocidad de cambio, en el que cada vez es más frecuente la aparición de hechos disruptivos especialmente de la mano de la tecnología o de actores no estatales
capaces de convertirse en riesgos y amenazas poliédricas, cambiantes, difíciles de evaluar y de predecir' 23. Por ello, la anticipación y la proactividad por parte de Gobiernos y otros actores públicos es aún más indispensable que antes para
afrontar los desafíos y amenazas que deparan los nuevos tiempos.
La revolución tecnológica que se está produciendo a escala global acelera exponencialmente la obsolescencia de los sistemas, por lo que un alargamiento excesivo de los procedimientos de obtención de recursos materiales puede producir efectos
muy perjudiciales para las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas.
La guerra de Ucrania ha mostrado la necesidad de contar con vehículos de acompañamiento al combate -los VAC-, al objeto de poder trasladar rápidamente elementos de infantería a través del teatro de operaciones, con independencia de la
tipología del terreno. De esta forma, y gracias a su velocidad, estos vehículos pueden eludir con mayor probabilidad de éxito el ataque de un UAV (Unmanned Aerial Vehicle), altamente utilizado por las fuerzas en liza del citado conflicto 24.
Así las cosas, resulta imprescindible que el Gobierno acelere el proceso de sustitución de los TOA por los VAC y se evite de esta forma que nuestras Fuerzas Armadas pierdan esta capacidad crítica.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a acelerar el proceso de sustitución de los Transportes Orugas Acorazados (TOA) al objeto de que no se produzca la baja de éstos sin haber sido sustituidos por completo por los
Vehículos de Acompañamiento al Combate (VAC).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2023.-Manuel Mestre Barea, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Agustín Rosety Fernández de Castro y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-José María Figaredo
Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Víctor González Coello de Portugal, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Rodrigo Jiménez Revuelta, don Juan Carlos Segura Just, don Rubén Silvano Manso Olivar, don
Pablo Juan Calvo Liste, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer y don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley de mantenimiento del sistema de mutualismo administrativo de los funcionarios al servicio de la Administración General del Estado
por sus beneficios para los españoles, para su discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
22 Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, art. 5.
23 https://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2019/panorama_de_tendencias_geopoliticas_2040.pdf
24 'El crucial rol de los drones en la guerra de Ucrania (y quienes lo suministran)', BBC, 28.07.22. Disponible [en línea]: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62279288
Exposición de motivos
Primero. Régimen jurídico.
El sistema español de mutualismo administrativo de los funcionarios públicos está compuesto, fundamentalmente, por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ('MUFACE'), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas ('ISFAS') y la
Mutualidad General Judicial ('MUGEJU'). Viene regulado actualmente por tres disposiciones:
I. el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado;
II. el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; y
III. el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia.
La definición que hacen estas disposiciones de las entidades reguladas en ellas (MUFACE, ISFAS y MUGEJU, respectivamente) es coincidente. Se trata, en los tres casos, de 'organismos públicos con personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, y se regirá por las previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, relativas a los organismos autónomos'.
Además, las tres ofrecen una cobertura y una cartera de prestaciones en esencia idéntica, que comprende asistencia sanitaria y social, subsidios por incapacidad temporal y permanente, ayudas por hijos discapacitados a cargo y un largo
etcétera de servicios y prestaciones de diversa índole.
Por último, la legislación aplicable otorga la potestad a los trabajadores de las distintas administraciones territoriales de elegir el mecanismo de cobertura. Así, los funcionarios podrán integrarse en el régimen de clases pasivas del
Estado, o bien, en la respectiva mutualidad. En este último caso, la asistencia sanitaria se prestará de dos formas: una, la prestación mediante servicios propios en concierto con otras entidades o establecimientos públicos o privados; la otra,
la prestación por concierto con instituciones de la Seguridad Social.
Segundo. Implantación del modelo mutualista.
En 2021 la población cubierta por el régimen de mutualismo administrativo ascendió a aproximadamente 1,7 millones de personas. Respecto de la distribución por mutualidades, MUFACE es la que cuenta con mayor número de beneficiarios (65 %),
seguida de ISFAS (31 %) y MUGEJU (4 %) 25. El volumen de primas alcanzado en el 2021 fue de 1.626 millones de euros 26.
La actividad asistencial que requiere el colectivo mutualista de España impacta directamente sobre más de 43.000 profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en el ámbito privado. Esto representa, aproximadamente, el 19 % de las
personas que trabajan en el sector sanitario privado. De ellos, más de 12.000 son médicos (23 % del total del sector privado) y más de 30.000 otros profesionales (18 % del mercado de otros profesionales) 27.
Pero es necesario destacar que muchos sanitarios desempeñan sus funciones en lugares donde el mercado sanitario privado tiene una estrecha vinculación con las mutualidades. Esto supone que la eventual desaparición de las mutualidades
llevaría consigo, además, una importante pérdida de puestos de trabajo.
Tercero. Modelo de eficiencia cualitativa y económica.
La sanidad en España es una integración de los elementos públicos y privados. Esta integración permite que el sistema de salud esté equilibrado y que se obtengan óptimos resultados. Las mutualidades son un verdadero ejemplo de gestión
eficiente: no generan déficit y benefician a todos.
25 https://www.fundacionidis.com/uploads/informes/informe_sanidad_privada_aportando_valor_2022.pdf, pág. 51.
26 Ibid., pág. 52.
27 https://www.fundacionidis.com/uploads/noticias/np-jornada-mutualidades-18.05.11.pdf
Las mutualidades de funcionarios son 'integrantes del Sistema Nacional de Salud en su calidad de entidades gestoras de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de los Funcionarios' 28. De esta manera, las mutualidades conciertan la
provisión de la asistencia sanitaria con entidades de seguro privadas y con el Instituto Nacional de Seguridad Social (el 'INSS'). Lo hacen mediante el abono a las entidades concertadas de una prima mensual por persona protegida y los mutualistas
deciden si prefieren ser atendidos por el Servicio Nacional de Salud o por una aseguradora concreta. El 84 % de los mutualistas escogen esta segunda opción.
Los funcionarios encuadrados en dichas mutualidades que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de las entidades de seguro deberán ser atendidos en los centros sanitarios concertados por estas entidades. En caso de recibir
asistencia en centros sanitarios públicos, el gasto correspondiente a la asistencia prestada será reclamado al tercero obligado, de acuerdo con la normativa vigente.
En el estudio 'Sanidad Privada, Aportando Valor. Análisis de situación 2022', la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) comparó el coste anual de la asistencia médica para un ciudadano acogido al régimen
general y otro perteneciente a una mutualidad. El coste per cápita para el primer caso es de 1.464 euros, mientras que la prima de MUFACE es de 917 (ambos datos relativos a 2020).
La eficiencia del sistema es evidente: lo que cuesta al Estado la cobertura sanitaria de los funcionarios acogidos al mutualismo administrativo permite repartir la asistencia entre el sistema público y el privado, a elección del interesado.
De esta forma, la sanidad pública no se encuentra con la necesidad de afrontar por completo el gasto que implicaría atender a todos los funcionarios.
Cuarto. Problemas del sistema y reivindicaciones.
El modelo de mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura sanitaria, social y asistencial de los funcionarios públicos del Estado, ha probado ser muy útil y efectivo. Por ello, tras casi 45 años de funcionamiento eficaz, no parece
razonable que siga siendo objeto de sospecha y que su estabilidad se vea comprometida, sometiéndolo a una permanente situación de tránsito. Esta es, con razón, la sensación que tiene una gran parte de sus integrantes.
Ya en 2011, el que fuera presidente de la Organización Médica Colegial ('OMC'), el doctor Rodríguez Sendín, solicitó que se diera estabilidad a este sistema, dejando de 'utilizarse como muletilla ideológica' y recalcó que 'hay que prestar la
suficiente atención en el sentido más amplio de la palabra, lo cual incluye la suficiencia presupuestaria, la suficiencia en la asignación de los recursos, y también en cuanto a la proporcionalidad de lo que se presta en relación a lo que hace el
resto del sistema'. 29
En efecto, las mutualidades para funcionarios públicos han recibido diversos ataques en los últimos tiempos. Primeramente, desde el Gobierno de España, mediante el Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la
era Post-Covid 19. El informe contiene una serie de acciones necesarias para 'mejorar la eficiencia económica en salud'. Entre ellas, se señala que hay que 'abordar,
28 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
29 http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-realidad-de-las-mutualidades-de-funcionarios
en el sentido que orienta la Ley 14/1986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación pública directa (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), así como la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de
salud', lo que ha sido interpretado como una manifestación de intenciones vertebrada en la eliminación del sistema de mutualidades.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ('CSIF') -como sindicato mayoritario- remitió en julio de 2020 una carta al entonces titular del Ministerio de Sanidad, don Salvador Illa Roca, solicitando una aclaración sobre sus planes y
requiriendo una garantía de su mantenimiento, sin recibir respuesta alguna.
Esta petición llegó tras el anuncio del Ministerio de Sanidad sobre la intención de abordar la financiación de las mutuas aseguradoras. Así, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo reflejaba el traspaso de las competencias relativas de estas mutuas a la Seguridad Social.
La principal modificación consistió en que la gestión de la Seguridad Social de las clases pasivas -antes residenciada en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda- se transfirió al INSS con
carácter definitivo y, transitoriamente, antes de que dicho instituto se haga cargo de estas nuevas competencias, a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Esta última abarcará ahora, junto con la gestión de las clases pasivas,
las pensiones o prestaciones residenciadas con anterioridad en otros organismos gestores, ex disposición adicional octava.
Además, no sólo se procedió a la transferencia de la gestión, sino que se empleó un mecanismo normativo de urgencia para regular una materia sin que existiera tan siquiera una 'estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones' en la que hacer descansar la gestión de esta competencia.
En cualquier caso, las medidas adoptadas son contrarias a las declaraciones de la actual ministra de Sanidad, doña Carolina Darias San Sebastián, quien a finales de febrero de 2020 afirmó en el Congreso de los Diputados que el Gobierno
apoyaba el modelo de las mutualidades. Ello da lugar a preguntarse qué declaraciones son más válidas y cuál es la verdadera intención del Gobierno para con estas entidades.
A esas dudas se añade el hecho de que Unidas-Podemos, desde que llegó al Gobierno, reclama la eliminación del mutualismo administrativo. La responsable del área de Sanidad de este partido, doña Amparo Botejara Sanz, aseguró a El Economista
que este sistema genera una gran desigualdad entre ciudadanos 30.
Quinto. Conclusión. Necesidad de asegurar el modelo de mutualidades.
De cuanto se ha expuesto se desprende que las mutualidades de funcionarios son un sistema eficiente, útil y beneficioso para el conjunto de los españoles. En este sentido, se trata de un fenómeno positivo: (i) para el conjunto de las
Administraciones, por el menor coste fijo que le supone; (ii) para los usuarios, pues pueden elegir qué entidad les prestará la atención sanitaria en función de sus intereses y necesidades; (iii) para el Sistema Nacional de Salud, por la reducción
de la demanda de los pacientes y el apoyo prestado por recursos privados cuando así lo requiere; y (iv) para la actividad económica general a través de la sanidad privada, por los puestos de trabajo cualificados y los flujos de capital vía
hospitales y clínicas que genera el sector.
En definitiva, como recapitulación a las ideas expuestas, se señala lo siguiente:
1. El mutualismo administrativo ayuda a reducir el tráfico de pacientes en el Sistema Nacional de Salud, fenómeno harto beneficioso para el mismo, toda vez, como queda comprobado por las recientes huelgas en Madrid y otras partes de España,
que la gran mayoría de los mutualistas optan por la sanidad privada.
2. El sistema de mutualidades ahorra al Estado gasto asistencial y médico, como queda evidenciado en la gráfica que compara el gasto por usuario del Sistema Nacional de Salud y por mutualista de MUFACE.
30 https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10728670/08/20/Sanidad-quiere-eliminar-Muface-y-se-enfrenta-a-los-empleados-publicos.html
3. Por último, el sistema de mutualidades genera puestos de trabajo y actividad económica, que se cifra en 43.000 ocupados entre médicos, enfermeros y demás personal sanitario y asistencial. Con ello, impacta favorablemente en la sociedad
española en términos económicos y sociales.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Garantizar la continuidad del sistema de mutualismo administrativo entre los funcionarios al servicio de la Administración General del Estado.
2. Impulsar el mantenimiento y mejora del fenómeno mutualista por medio de la colaboración público-privada en el ámbito de la prestación sanitaria y a través de las modalidades administrativas que resulten más convenientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2023.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Juan Calvo Liste,
Rodrigo Jiménez Revuelta, Inés María Cañizares Pacheco, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/004688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a
realizar una auditoría externa del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VIOGEN), para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La violencia de género contra las mujeres es un fenómeno mundial. La ONU calcula que, en todo el mundo, 736 millones de mujeres -casi una de cada tres- han sido objeto de violencia de pareja y de violencia sexual fuera de la pareja al menos
una vez en su vida. Las zonas más desarrolladas del mundo no son una excepción a esta tendencia. La violencia contra las mujeres también ha sido un problema clave en España, donde 1.126 mujeres fueron asesinadas por sus (ex)parejas entre 2003 y
2021.
El 32,4 % de las mujeres en España de 16 años ó más -aproximadamente 6,6 millones- han sufrido a lo largo de su vida violencia física, sexual y/o psicológica -emocional, de control, económica y de miedo- por parte de sus (ex)parejas
(Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2019). Ante la necesidad de proporcionar una protección adecuada a las mujeres que denuncian casos de violencia de género, muchos países han desarrollado programas especializados.
En algunos de estos países, entre los cuales se encuentra España, dichos programas incluyen una herramienta de evaluación de riesgos que proporciona una puntuación algorítmica que evalúa el riesgo de una actuación violenta por parte de sus
agresores al que se encuentran expuestas, herramienta que se emplea para tomar decisiones o recomendaciones sobre qué acciones policiales y legales deben promulgarse para protegerlas. En el caso concreto de España esta herramienta se denomina
VIOGEN, la herramienta de evaluación de riesgo de violencia de género utilizada por el Ministerio del Interior español.
El Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VIOGEN) es una aplicación web, integrada en la Red SARA española (Sistemas y Redes de Aplicaciones para Administradores). Está diseñada para coordinar las
actuaciones de los profesionales públicos españoles que se encargan del seguimiento, asistencia y protección de las mujeres denunciantes de violencia de género y de sus hijos. De este modo, VIOGEN pretende establecer una densa red de información
entre
las instituciones con competencias en el ámbito de la prevención de la violencia de género y dar respuestas rápidas, integrales, eficaces y de alto nivel para la protección de las mujeres víctimas y de los menores que dependen de ellas y, en
general, dar respuesta a la violencia de género en todo el país.
Tiene su origen legal en los mandatos del artículo 31 y 32 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El sistema fue creado por la Secretaría de Estado de Seguridad (SES)
del Ministerio del Interior y puesto en marcha en todo el país, excepto Cataluña y el País Vasco, en 2007. Hasta la fecha ha realizado más de 3 millones de evaluaciones de riesgo. En enero de 2022, había 673.912 casos en el sistema VIOGEN, de los
cuales 69.391 eran casos activos que requerían supervisión policial, lo que convierte al sistema español de evaluación de riesgos en el primero del mundo por volumen de casos. El 31 de agosto pasado eran 707.164 el total de casos.
El sistema VIOGEN está oficialmente diseñado para cumplir los siguientes objetivos:
- Aglutinar a todas las instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género;
- Integrar toda la información relevante;
- Realizar una predicción del riesgo;
- Vigilar y proteger a las víctimas de la violencia de género, realizando una labor preventiva, emitiendo avisos y alertas y adoptando otras medidas necesarias en función del nivel de riesgo.
El sistema busca integrar diferentes servicios públicos, como las fuerzas de seguridad (Guardia Civil y Policía Nacional), las policías locales adscritas, administraciones responsables en materia de justicia, sanidad, servicios sociales,
igualdad y los sistemas penitenciarios para facilitar el intercambio de información. Cuenta con más de 30.000 usuarios con diferentes niveles de permiso y acceso.
En el sistema VIOGEN, un caso contiene una única víctima femenina y un único agresor masculino. Esto significa que cuando una mujer es víctima de múltiples agresores, habrá un caso diferente para cada uno de sus agresores. Del mismo modo,
cuando un agresor masculino maltrata o maltrató a diferentes mujeres, se abrirán casos diferentes por cada uno. Por lo tanto, el número de casos supera a las personas. La evaluación del riesgo es resultado de un proceso de agregación de
información para evaluar la posibilidad de que pueda reproducirse un acto violento. Para ello se acumulan datos relativos a la esfera psicológica, social y cultural del agresor, pero también las características ambientales, los valores, las
creencias y las actitudes, la existencia de antecedentes de violencia, el consumo de ciertas sustancias o la capacidad de autocontrol, entre otros factores, diferenciando entre los factores de riesgo dinámicos y los estáticos.
Recientemente hemos conocido el caso de una víctima en Dos Hermanas (Sevilla), apuñalada por su pareja, de quien tenía una orden de alejamiento en vigor, pero que vivía en su coche instalado delante de la vivienda de la mujer y sus tres
hijos. Pero el hecho de que no hubiese sido detenido ni condenado anteriormente, había condicionado la evaluación de riesgo de VIOGEN, que consideraba el caso de 'riesgo bajo'. Con este caso son 159 las mujeres víctimas mortales por violencia de
género que estaban registradas en VIOGEN con denuncia previa, según datos proporcionados por el propio Ministerio del Interior. Este número debe ponernos en alerta sobre la necesidad de proceder a una revisión urgente y pormenorizada de todos y
cada uno de los factores que determinan la evaluación del riesgo de un agresor, con el objetivo de eliminar mediante la experiencia acumulada en estos años, los posibles sesgos que el procedimiento contenga aún y llegar a ser mucho más eficaces en
la prevención de la violencia de género. Pensamos que los sistemas de toma de decisiones altamente automatizados y financiados con fondos públicos, de enorme impacto social como VIOGEN (que, en algunos casos, toma decisiones de vida o muerte),
deberían contar por ley con auditorías independientes.
La mayor parte de los estudios sobre VIOGEN han sido realizados por los mismos investigadores que contribuyeron a su desarrollo y por personas que trabajan en el ministerio y las fuerzas policiales. Este hecho refuerza el argumento de la
necesidad de una supervisión independiente del sistema, una auditoría externa, para incorporar aspectos de posible mejora y asegurar de manera total la ausencia de sesgos en el proceso evaluador. Esa auditoría externa debería analizar el proceso
que vive una víctima de violencia de género al presentar una denuncia policial, desde el principio hasta el final, con el objetivo de cerrar la posible brecha entre la literatura existente sobre la validez técnica de VIOGEN y las experiencias de
aquellas mujeres cuya vida se ha visto afectada, o incluso determinada, por él.
Tanto los científicos como los responsables políticos se han esforzado por desarrollar soluciones rápidas, eficaces, precisas y prácticas para la prevención de la violencia. En un mundo hipotético con recursos infinitos, la mejor estrategia
sería proporcionar un alto nivel de protección y vigilancia a todas las mujeres que se sientan en riesgo de sufrir violencia de género. Lamentablemente, los recursos policiales son limitados y, por lo tanto, deben asignarse cuidadosamente a quienes
se prevé que corren un mayor riesgo. En este sentido, la evaluación de riesgos desempeña un papel crucial en la prevención de la violencia de género.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una auditoría externa del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VIOGEN), a la luz de la casuística de todos estos años, pero muy especialmente de los casos en los que la evaluación de
riesgo ha sido claramente ineficaz para el objetivo perseguido, la seguridad de la víctima y de sus hijos e hijas o personas a su cargo.
2. Mejorar y actualizar el Sistema VIOGEN a partir del diagnóstico de la auditoría externa, adaptándolo a las nuevas realidades de la violencia de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2022.-Ana Belén Vázquez Blanco, Marta González Vázquez e Isabel María Borrego Cortés, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/004716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la declaración, de manera prioritaria e inmediata, de Campo de
Gibraltar como Zona de Especial Singularidad, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La situación en la que se encuentra la zona de Campo de Gibraltar es angustiosa. A la falta de agentes allí destinados, se une la tesitura de tener que lidiar con una altísima presión migratoria y un enorme problema ya enquistado de tráfico
de drogas y crimen organizado; una lacra que provoca, además, el empobrecimiento de una zona que ya ostenta las tasas de abandono escolar y paro más altas de España.
Desde hace años venimos siendo testigos de hechos muy graves en los que se ven involucrados los agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y, en ocasiones, también la Policía Local de Campo de Gibraltar. Se suceden diariamente
persecuciones, embestidas, atropellos, amenazas e, incluso, el uso de armas de fuego por parte de los narcotraficantes. Tres agentes han fallecido en los últimos años, e innumerables han sido los heridos y los daños materiales. Esta situación
supone que los agentes cada vez sean más reticentes a ocupar dicho destino y, así, más del 40 % de la actual plantilla ha solicitado el traslado en el último año, y 72 plazas quedaron vacantes en 2022.
Toda esta situación necesita una reacción institucional no solo urgente, sino absolutamente prioritaria e inmediata. La inclusión de Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad -ZES- implicaría una mejora de la seguridad pública
en la zona, el aumento de la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y agentes de Vigilancia Aduanera, la mejora de los medios con los que cuentan los agentes, e incentivos económicos por la peligrosidad de sus funciones, plus
vacacionales, y preferencia en cuanto a la movilidad geográfica de los mismos, entre otras medidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir de manera prioritaria e inmediata la zona de Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad y, con ello, prever un aumento estructural y permanente de efectivos de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Vigilancia Aduanera en la zona, así como aumentar y mejorar los medios al alcance de los agentes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, mejorando también su condiciones laborales con el fin
de mitigar la sangría de vacantes y solicitudes de traslado que se producen en dicho destino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2023.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para el establecimiento inmediato de puntos de recarga a disposición de
los vehículos eléctricos de la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En el marco del plan del Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para la renovación del parque móvil de la Guardia Civil, el Gobierno ha adquirido, a la fecha, 380
vehículos eléctricos para su uso por parte de la Benemérita. Recientemente hemos conocido que, sin embargo, estos vehículos están parados y no pueden ser utilizados por los agentes dado que no se cuenta con puntos para su recarga y puesta en
funcionamiento. Según algunas informaciones, estos puntos de recarga no estarán habilitados hasta dentro de nueve meses.
Con relación a estos vehículos que, al parecer, están destinados a los agentes que realizan labores de seguridad ciudadana, han surgido también dudas, entre las principales asociaciones de Guardias Civiles, sobre la idoneidad de los mismos
para las tareas que desempeñan los agentes. En particular, los Guardias Civiles se preguntan si son eficaces en caso de tener que realizar persecuciones dada su limitada autonomía, si la velocidad máxima que alcanzan (140 kms/h) será suficiente, o
si el tiempo necesitado para su recarga (aproximadamente 60 minutos) no ralentizará los turnos de trabajo.
Si bien estos aspectos son esenciales y el Gobierno debería resolver las dudas que al respecto han surgido -aspectos por los que este Grupo ya ha preguntado en sede parlamentaria-, tratamos mediante la presente iniciativa de impulsar con
carácter inmediato la puesta en funcionamiento de estos vehículos, al menos, para aquellas labores en las que sí resulten eficaces, pues es de todo punto absurdo e ineficiente tener parada una flota completa de vehículos por falta de previsión y
organización.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar con carácter urgente el establecimiento de puntos de recarga suficientes repartidos por todo el territorio nacional, para los vehículos eléctricos recientemente asignados, o de futura
asignación, a la Guardia Civil, y cuya instalación estaba prevista para el ejercicio 2022, con el fin de que dichos vehículos puedan ser puestos en funcionamiento a la mayor brevedad posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2023.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la recuperación de los trenes nocturnos para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Antes de que irrumpiera la pandemia de la COVID-19 quedaban en funcionamiento cuatro trayectos nocturnos que unían, a través de los llamados tren-hotel, Barcelona y Madrid con Galiza, Portugal y Francia. Estas conexiones fueron suspendidas
tras la declaración del estado de alarma pero, aún ahora, cuando ya se han normalizado por completo los desplazamientos, estos trayectos todavía no se han recuperado.
Según distintas declaraciones realizadas por personas responsables del Ministerio de Transporte, no parece existir interés en que estos trayectos se restauren, pues consideran que la alta velocidad cubre la demanda y cuestionan que, por sus
tiempos de viaje, los trenes nocturnos sean una fórmula de viaje adecuada. Sin embargo, este razonamiento no tiene en consideración los horarios y los precios que podrían hacer de estas rutas una opción competitiva. Efectivamente, la agilidad o
duración del viaje puede ser un factor determinante para muchas personas, pero en otros muchos casos, la comodidad, el precio o la no interferencia con los horarios laborales sería lo importante. Así, con una política de precios adecuada, el
horario nocturno que permite viajar mientras se descansa, podría ser una alternativa de futuro. Es más, si analizamos experiencias en otros países de nuestro entorno, vemos que en distintos países europeos se está planteando la resurrección de los
trenes nocturnos como una alternativa de transporte viable y sostenible, siendo el Estado español el único que aboga por su desaparición definitiva.
Antes de la pandemia de la COVID-19, además de los internacionales, se contaba con dos trenes nocturnos que ofrecían conexiones entre Madrid y Barcelona con Galiza. En concreto el Tren-hotel Galiza conectaba Barcelona Sants y Vigo Guixar en
un viaje de 15 horas y 21 minutos que partía de Cataluña a las 20:20 horas para terminar su recorrido a las 11:41 horas, con paradas en Campo de Tarragona, Lérida-Pirineos, Zaragoza-Delicias, Tudela de Navarra, Castejón de Ebro, Logroño,
Burgos-Rosa de Lima, Palencia, León, Astorga, Ponferrada, O Barco de Valdeorras, A Rúa-Petín, San Clodio-Quiroga, Monforte de Lemos, Orense-Empalme, Guillarrei, O Porriño, Redondela de Galicia. Un segundo itinerario partía de Barcelona Sants a las
20:20 horas para llegar, pasando por Santiago de Compostela a la estación coruñesa de San Cristovo a las 11:14 horas del día siguiente, con una duración total del viaje de 14 horas y 54 minutos.
Asimismo el llamado Tren-hotel Atlántico conectaba Madrid Chamartín y Ferrol en una ruta con salida a las 22:14 horas y llegada a las 10:25 y una duración aproximada de 12 horas y 11 minutos tras atravesar media España y realizar paradas
en Ávila, Medina del Campo, Valladolid-Campo Grande, Venta de Baños, Palencia, León, Veguellina, Astorga, Bembibre, Ponferrada, O Barco de Valdeorras, A Rúa-Petín, San Clodio-Quiroga, Monforte de Lemos, Sarria, Lugo, Guitiriz, Curtis,
Betanzos-Infesta, A Coruña, Betanzos-Infesta, Betanzos-Cidade y Pontedeume.
Para las comarcas de Lemos (Estación de Monforte de Lemos) y de Quiroga (Estación San Clodio-Quiroga en el concello de Ribas de Sil) contar con estas conexiones ferroviarias resulta de vital importancia, sobre todo, en el caso de la conexión
con Barcelona, pues debido a las características de su población y la histórica y constante relación con Catalunya a través de los emigrantes y sus descendientes, se dan habituales desplazamientos y visitantes que ayudan a dinamizar la vida de estas
dos comarcas y su economía. Así, concretamente en las vilas de San Clodio y Monforte, la recuperación de estas rutas contribuiría al desarrollo de toda una actividad económica complementaria que permitirían el mantenimiento y creación de puestos de
trabajo.
Se trata de una demanda que cuenta con un gran apoyo social, de hecho, se han desarrollado ya distintas protestas y convocado concentraciones reivindicativas por parte de organizaciones y colectivos
de estas comarcas para reclamar la recuperación de todas las suprimidas con la 'excusa' de la pandemia y, en especial, la restitución de los trenes nocturnos.
Mantener un adecuado servicio ferroviario es fundamental para las zonas rurales que, como sucede en este caso, sufren graves problemas de despoblación. Además, debe destacarse que estas dos áreas aspiran a ser declaradas como Patrimonio de
la Humanidad (Ribeira Sacra) y que han sido ya catalogadas como Bien de Interés Cultural del Paisaje y Geoparque de la UNESCO, por lo que el turismo sostenible supone una gran oportunidad para el desarrollo económico del territorio y promover la
fijación de población, pero se necesita de unas adecuadas conexiones de transporte.
Es más, acaban de anunciar que se ubicará en Monforte de Lemos un Centro de Ciberseguridad de Renfe, al tiempo que solo se mantienen cuatro conexiones de tren con esta localidad con una mala programación y horarios inadecuados, un servicio
ferroviario que resulta evidente que no se corresponde con un transporte propio del siglo XXI.
La supresión definitiva del servicio de tren nocturno, concretamente la conexión con Barcelona de especial importancia para las comarcas de Lemos y Quiroga y que contaba con una gran demanda, supone un ejemplo más del mantenimiento de
políticas que suponen el desmantelamiento de los servicios ferroviarios y constituye un maltrato y una injusticia para con estos territorios y sus habitantes.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Recuperar los servicios de Tren Nocturno o Tren Hotel que fueron suspendidos tras la declaración del estado de alarma durante la pandemia por la COVID-19 y que aún no han sido repuestos como son el Tren-hotel Atlántico de conexión con
Madrid o el Tren-hotel Galiza de conexión con Catalunya.
2. Apostar por la mejora y reposición de servicios ferroviarios en zonas que, como sucede en el caso de las comarcas de Quiroga y Lemos, sufren las consecuencias de la despoblación y que necesitan de conexiones de transporte adecuadas para
el desarrollo de su economía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre seguridad, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina cuando se cumplen veinte años de la catástrofe del Prestige en las costas de Galiza para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
Exposición de motivos
El pasado mes de noviembre se cumplían veinte años del hundimiento del petrolero 'Prestige' frente a la costa gallega. A pesar de a los avances parciales producidos en materia de seguridad, salvamento marítimo y lucha contra la
contaminación marina, logrados, en su mayoría, como consecuencia directa de la masiva presión social ejercida después de la catástrofe, sigue siendo objeto de la máxima preocupación para la Plataforma Nunca Máis la existencia de riesgos objetivos
(intenso tráfico marítimo frente al litoral gallego, condiciones climáticas singulares, etc.), sumados a otros factores directamente relacionados con la voluntad y actuación de las diferentes administraciones, y singularmente, del Gobierno español,
titular en la actualidad de las competencias en materia de salvamento marítimo.
Precisamente en la esfera política provoca estupor la extrema gravedad de las declaraciones públicas, veinte años después de lo sucedido y con la constatación de los daños ocasionados, realizados por los distintos responsables políticos en
aquel momento, en las que no solo no hay autocrítica después de corroborar las terribles consecuencias de sus decisiones, sino que afirman sentirse satisfechos y dicen
que lo volverían a hacer. La irresponsabilidad política y la despreocupación son también un peligro inaceptable para Galiza y su seguridad marítima.
Veinte años después, la Plataforma Nunca Máis traslada una serie de elementos centrales, no resueltos, que precisan de respuesta y actuación por parte del Gobierno español.
1. Sobre el estado del pecio del 'Prestige', hundido hace veinte años.
El 19 de noviembre de 2002, hace ya 20 años, se hundía a unas 130 millas de la costa gallega y después de partir a la mitad, el buque petrolero 'Prestige'. La popa, a una profundidad de 3.545 metros, está separada de la proa, a 3.820 metros
de profundidad, por unas 2 millas de distancia. Las dos partes del pecio acumulaban 13.700 tns. de fuel, que seguían vertiendo desde esa profundidad.
Sin embargo, la versión gubernamental inicial, desaconsejaba cualquier tipo de actuación sobre el pecio, básicamente porque:
a) Las bajas temperaturas del fondo marino provocarían la 'solidificación' del fuel del 'Prestige', por lo que no existía riesgo de fugas y que estas acabaran impactando en la costa gallega.
b) A esa profundidad no existía oxígeno, por lo que tampoco existía peligro de corrosión de la estructura (proa y popa) del buque.
Esta tesis fue refutada no por instituciones españolas, sino por la comunidad científica gallega, y por el organismo francés CEDRE (Centro de Documentación, de Investigación y de Experimentación sobre la Contaminación Accidental de las
Aguas), que advirtió que el fuel no se solidificaba a esas temperaturas (2,5 ºC), y que evidentemente sí existía oxígeno en esa profundidad y, en consecuencia, riesgo evidente de corrosión de la estructura del buque.
Así, finalmente, se puso en marcha una operación de inspección, extracción de fuel y sellado de las hendiduras en la proa y popa del 'Prestige' entre los años 2003 y 2004, a través de la empresa REPSOL. Después de los trabajos, cálculos
oficiales indican que aún quedan en el interior del pecio del 'Prestige' unas 1.100 tns (700 en la popa y otras 400 en la proa).
Pasados veinte años desde el hundimiento se desconoce el nivel de corrosión de la estructura del buque, así como el nivel de resistencia de los materiales utilizados para el sellado de las 15 hendiduras detectadas (11 en la popa y 4 en la
proa), distintos en cada caso, habiéndose utilizado tapones, estachas, sacas de arena, bolsas y resinas. Es necesario que se realice una inspección del pecio y del nivel de riesgo de nuevas fugas de fuel.
2. Sobre la falta de información y transparencia en los episodios de contaminación marina en el litoral gallego.
A pesar de poseer datos proporcionados a nivel global por el sistema satelitario GNOME, o más específicamente por el CSN (CleanSeaNet) de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que traslada al Estado español, de manera continuada,
imágenes de alta definición que permiten el control, identificación y seguimiento de buques sospechosos de efectuar prácticas ilegales de vertidos contaminantes frente al litoral gallego, lo cierto es que desde este Ministerio no se está informando
ni se hacen públicos datos sobre episodios contaminantes detectados y verificados, buques identificados o sobre la apertura de expedientes sancionadores por este motivo, así como de las correspondientes sanciones administrativas o penales cursadas y
ejecutadas.
Para una mayor eficacia de este sistema de vigilancia satelital, a raíz de la catástrofe del 'Prestige' y, una vez más, gracias a la presión social ejercida, presta su servicio desde el año 2007, con base en el aeropuerto de Santiago de
Compostela, un avión de patrulla marítima (modelo CN-235-300), que tiene, entre sus funciones la realización de misiones de escaneo del litoral gallego con verificación de vertidos y seguimiento e identificación de los buques presuntamente
infractores.
Es objeto de preocupación social y también para la Plataforma Nunca Máis, la persistencia y reiteración de episodios de contaminación marina a través de los denominados 'sentinazos', que periódicamente afectan la costa gallega. El impacto
productivo y ambiental de estas prácticas ilegales afecta gravemente a un ecosistema marino tan delicado, rico y diverso como el existente en Galiza.
Es más, la Directiva 2009/123/CE introduce un sistema de sanciones administrativas por contaminación procedente de buques, infracciones que pasarán a tener carácter penal si se produjeran dolosamente, con
imprudencia temeraria o descuido grave. Sin embargo, no existe ninguna información pública a respeto de la ejecución práctica de esta directiva comunitaria sobre el tráfico marítimo en nuestras costas.
Es necesaria una mayor transparencia en relación con un tema de tanta sensibilidad social y con tan gran impacto desde el punto de vista económico, productivo y ambiental. El Gobierno español debería 'desclasificar' y hacer pública esta
información en su ámbito competencial.
3. Sobre el control del Dispositivo de Separación del Tráfico Marítimo (DST) de Fisterra.
Este es un asunto de capital importancia para la seguridad marítima de la costa de Galiza, frente a la que discurre esa 'autopista del mar' por la que pasan numerosos buques que no cumplen la normativa de la UE porque no tocan ningún puerto
comunitario y, además, en muchos casos, enarbolando una bandera de conveniencia. Por eso la disuasión mediante vigilancia, inspección y sanciones es fundamental para disminuir el riesgo.
Hoy tenemos, gracias a la movilización social encabezada por la Plataforma Nunca Máis, mejores medios marítimos y aéreos que hace 20 años, sin embargo, la cuestión esencial es cómo se usan para efectivizar esa disuasión e impedir nuevas
prácticas contaminantes ilegales.
De nada sirve la Directiva 2009/16/CE, que permite realizar inspecciones en aguas jurisdiccionales -que no sean puertos-, o la 20009/123/CE, que otorga cobertura legal para sancionar administrativa o penalmente buques infractores, si no se
dotan con los recursos técnicos y humanos precisos para su verificación práctica.
Del 22 de junio hasta finales de octubre de 2021 estuvo operativo en el DST de Fisterra un 'dron' contratado por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA). Se desconoce, sin embargo, el resultado de su trabajo, ni las previsiones de
activación de esta o de otras aeronaves no tripuladas sobre la costa gallega.
Recientemente Salvamento Marítimo informó de la próxima activación del 'Proyecto iSAR', consistente en el desarrollo de uno o varios sistemas para plataformas aéreas y navales conformado por la integración de sensores inteligentes que
detecten e identifiquen en ambientes diurnos o nocturnos la presencia de náufragos, objetos peligrosos para la navegación y contaminación en el agua o en el aire. Vinculado a este proyecto están los helicópteros no tripulados 'Camcopter S-100', con
sistemas para compartir la información obtenida y distribuirla e integrarla también en buques, aviones y helicópteros de salvamento marítimo. Es evidente que la implementación en Galiza de un sistema de estas características mejoraría notablemente
la capacidad de control e intervención del DST de Fisterra.
Una de las demandas más fundamentadas hace 20 años, teniendo en cuenta la siniestralidad marítima que registra una zona concreta del litoral gallego, como es A Costa da Morte, consistía en la instalación de una base de helicópteros de
salvamento en esa comarca. Se trataba de reducir los tiempos de respuesta para acudir a cualquier alerta activada. Así, el Gobierno español adquirió los terrenos, licitó y finalmente ejecutó las obras de esta infraestructura en Lires (Cee). Sin
embargo, se demostró que el emplazamiento escogido por el Gobierno central no era apto para operar los helicópteros, básicamente por razones climáticas derivadas de la localización elegida. A día de hoy no existe nuevo emplazamiento y las obras
realizadas no cumplen absolutamente ninguna función.
4. Sobre la determinación de lugares o puertos de refugio y acogida de buques.
En noviembre de 2002 el Gobierno español denegó el acceso del 'Prestige' a un lugar o puerto de refugio. Según numerosos expertos, esta controvertida decisión provocó la multiplicación y mayor extensión del daño ocasionado del punto de
vista ambiental y productivo, así como sobre los recursos pesqueros y marisqueros.
Para hacer frente a la problemática de falta de lugares de refugio, evidenciada de manera notoria durante la catástrofe del 'Prestige' y a consecuencia de ella, la Organización Marítima Internacional dictó la Resolución A.949, con fecha de 5
de diciembre de 2003, sobre Directrices Relativas a los lugares de refugio para los buques necesitados de asistencia.
Según la OMI, por lugar de refugio se debe entender el 'lugar en el que un buque necesitado de asistencia pueda adoptar las medidas que le permitan estabilizar su situación y reducir los riesgos para la navegación, así como proteger la vida
humana y el medio ambiente'.
Indica la OMI además que, 'cuando un buque sufre un accidente, la mejor manera de prevenir el daño o contaminación debido a su deterioro progresivo, es aligerar su carga y combustible, y reparar el daño sufrido por el buque. Esta operación
se realiza de manera más apropiada en un lugar de refugio'.
En aplicación parcial de las Resoluciones A.949 y A.950 de la OMI, el Gobierno español dictó el Real Decreto 2010/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. En este
Decreto se contempla la existencia de 'lugares de refugio', así como de los 'planos de acogida' específicos para buques que lo precisaran.
Sin embargo, no se conoce en la actualidad, ni se hizo público por parte del Gobierno español, ninguna información o inventario de espacios geográficos abrigados o instalaciones portuarias debidamente dotadas que den cumplimiento a la
mencionada Resolución de la OMI sobre lugares de refugio para buques necesitados de asistencia, ni tampoco sobre los denominados 'planos de acogida' en cada caso. Y pasaron ya más de 18 años desde la promulgación y publicación de esta normativa.
5. Sobre el control y eliminación de las 'banderas de conveniencia'.
Tiene toda la lógica la existencia de una correspondencia directa entre el propietario de un buque (casa armadora) y la bandera que enarbola, segundo dispone la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El propio 'Prestige' navegaba bajo pabellón de las Bahamas. Los registros de banderas de conveniencia dificultan responsabilizar a los armadores de sus actos, lo que también les permite pagar menos impuestos, estar sometidos a una menor
regulación y contratar mano de obra barata y poco cualificada.
Los inmensos beneficios económicos son obtenidos reduciendo derechos laborales y seguridad en el mar. La estadística demuestra la existencia de más siniestros marítimos en los buques con bandera de conveniencia. De hecho, la sentencia del
caso 'Prestige' califica a la dotación del petrolero, literalmente, como tripulación 'de escasa formación'.
En la actualidad trabajan en el transporte mercante global cerca de 1,9 millones de marineros, de los que la mayoría proceden, en orden descendente, de Filipinas, Federación Rusa, Indonesia, China e India, representando aproximadamente el 44
% del total mundial de marineros y oficiales. La cualificación de las personas que trabajan en el mar está directamente relacionada con los costes económicos y con el incumplimiento de la CONVEMAR por falta de voluntad política de los Estados.
Para hacerse una idea del interés económico de las banderas de conveniencia, en el año 1970 los buques de libre matrícula tenían 70 millones de TPM (toneladas de peso muerto que indican la capacidad de carga) y representaban el 21,6 % del
total de TPM de la flota mundial. La presencia global de las banderas de conveniencia fue creciendo de manera progresiva hasta llegar al 2001, en que los países de libre matrícula acumulaban 402 millones de TPM.
En 2021 estos países alcanzan 912,79 millones de TPM, representando el 42,8 % de TPM de la flota mundial, dado el gigantesco crecimiento de la globalización económica.
A pesar de la dificultad de abordar este problema de carácter internacional, es indispensable una voluntad activa por parte del Gobierno español en el ámbito de la Organización Marítima Internacional para incrementar la seguridad del
transporte marítimo y la igualdad en la competencia entre las empresas armadoras.
Como triste demostración, cabe recordar que los propios buques de salvamento marítimo del Estado español y del Servicio de Guardacostas de la Galiza, están matriculados en puertos de segundo registro (Canarias) por motivaciones también de
carácter económico, fiscal y laboral. No parece el mejor ejemplo para una administración pública y, mucho menos, para quien tiene como misión velar por la seguridad marítima.
6. Sobre la necesidad de criterios de solvencia técnica y operativa en los comités de gestión de catástrofes marítimas.
Delante de catástrofes como la del 'Prestige', o de otras de carácter similar, se han creado diferentes 'Comités de expertos' o 'gabinetes de crisis' con criterios discrecionales y dispares por parte del Gobierno español, adecuándose más a
pautas de actuación políticas y gubernamentales que a criterios de solvencia técnica y operativa.
De hecho, en la Directiva 2009/17/CE (art. 20) se establece que 'Los Estados miembros designarán una o varias autoridades competentes que posean la experiencia necesaria y la competencia para poder tomar, en el momento de las operaciones,
decisiones independientes por su propia iniciativa respeto de la acogida de buques necesitados de asistencia'.
También el Considerando 16 de la Directiva indica que es preciso que exista una autoridad a la que un buque necesitado de asistencia pueda recurrir, que tenga competencia y experiencia para tomar la decisión, y que sería oportuno que esta
autoridad tuviera carácter permanente para evitar que sea un cargo político que dependa del correspondiente gobierno del momento.
Existen en otros estados modelos de organización de la gestión de catástrofes acorde con esos criterios, con la figura de la Jefatura de Siniestros Marítimos, que adopta decisiones en base a los conocimientos técnicos, no por presiones
políticas. Sin embargo, en el Estado español pervive la ley franquista que establece que es el Director General de la Marina Mercante -cargo nombrado por confianza política- el que toma las decisiones.
Episodios como el del 'Prestige', y muchos otros, ejemplifican la perversión de este modelo que debería ser revisado.
7. Sobre las carencias en materia de oceanografía operacional.
Cuando Galiza sufrió la llegada masiva del chapapote a sus costas a lo largo del 2002 y 2003, se comprobó que el Estado español no había hecho un estudio previo de oceanografía operacional para poder predecir el comportamiento de las manchas
de fuelóleo y adaptar más eficazmente sus medios de protección y prevención a las dinámicas de las manchas.
Posteriormente, gracias una vez más a la movilización social tras el hundimiento del Prestige, el Gobierno español, al amparo del 'Plan Nacional de I+D' contra vertidos marinos accidentales, financió el Proyecto ESEOO -Establecimiento de un
sistema español de oceanografía operacional- entre 2004 y 2007. El proyecto tenía como objetivo contar con una descripción cuantitativa del estado presente y del comportamiento futuro del medio físico marino a la hora de enfrentar una nueva
situación de derrames petrolíferos. Fue un proyecto que surgió ante la manifiesta incapacidad de predecir la evolución de la marea negra del 'Prestige' por no disponer de un servicio que evaluara la evolución de los vertidos en las corrientes
oceánicas.
En un Estado como el español, con casi 8.000 km de costa y con aproximadamente el 50 % de la población residiendo en el litoral, sorprende esta insuficiencia en materia oceanográfica, completamente alarmante en el caso de Galiza, tanto por
su extensa costa -1.659 km de perímetro costero- cómo por la densidad de población de los 92 ayuntamientos de su litoral, 59 % del total.
La contribución al PIB gallego del sector del mar triplica la media de los estados de la UE. La contribución al empleo de la pesca, marisqueo, acuicultura, procesado de productos y otras actividades complementarias sigue situando a Galiza
como la más altamente dependiente del mar de toda la Unión Europea.
No existen datos públicos en la actualidad que permitan garantizar el correcto funcionamiento de este proyecto ESEOO. Al margen de las grandes mareas negras, siguen produciéndose numerosos episodios de contaminación marina, de menor
dimensión (los denominados 'sentinazos'), que afectan también a la costa de Galiza y a sus recursos ambientales y productivos, de los que dan cuenta las numerosas aves muertas petroleadas, mamíferos marinos, o impactos reconocibles sobre el litoral,
que distintos grupos ecologistas (ADEGA, CEMMA, SENO/BirdLife, etc.) documentan.
8. Sobre la distribución de competencias entre el Estado español y Galiza en materia de Salvamento marítimo y Lucha contra la contaminación marina.
La estratégica situación de Galiza para el tráfico marítimo de mercancías entre Europa, América y África, convierte a las costas gallegas en punto de paso obligado de un denso tráfico internacional. Según datos oficiales, cada año (cómo
media) atraviesan el Dispositivo de Separación del Tráfico Marítimo de Fisterra, aproximadamente 45.000 buques, de los que unos 14.000 transportan mercancías peligrosas. A todo ello hay que sumar la intensa actividad que se desarrolla en todo el
litoral gallego, con miles de embarcaciones pesqueras faenando en sus caladeros tradicionales y sometidas a unas condiciones meteorológicas adversas propias de la costa de Galiza.
Por todo ello en la costa galega se produce un elevado número de episodios de emergencias, averías, remolques, naufragios y siniestros que, con demasiada frecuencia, tienen costes también en vidas humanas. Se puede afirmar que Galicia
padece la tasa más alta de siniestralidad marítima europea (excluyendo el drama de inmigrantes y refugiados en el Mediterráneo), siendo uno de los lugares donde se han producido mayores y más graves impactos ambientales y productivos por
contaminación.
Toda esta experiencia ha puesto en evidencia, la inadecuación del actual modelo centralizado de salvamento marítimo vigente en el Estado español en relación con las peculiaridades que presenta el litoral gallego. Es necesario organizar para
y desde Galiza, un dispositivo propio, más eficaz, profesional y operativo, y con capacidad para insertarse en los planes y protocolos de emergencia. Hace falta, por tanto, que Galiza adquiera capacidad política de decisión en torno a una materia
que es vital para su futuro. Galiza debe tener derecho a elaborar y ejecutar una política propia en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina y a poder crear su propio dispositivo de titularidad pública, sin perjuicio de
la coordinación necesaria en este ámbito con los Gobiernos del Estado español y de la República de Portugal. En definitiva, Galiza debe asumir las competencias en esta materia para poder diseñar una política adaptada a la realidad peculiar de sus
costas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Adoptar las medidas precisas que permitan realizar, a la mayor brevedad posible, una inspección en la proa y popa del pecio del 'Prestige' con el fin de analizar el nivel de corrosión de su estructura y el grado de fiabilidad, a día de
hoy, de la operación de sellado de las grietas emprendido en el año 2004. Y que, eventualmente, en caso de detectarse indicios de corrosión, defectos en el sellado o riesgo de contaminación marina, se desarrollen los trabajos precisos en el pecio
para impedir cualquier nuevo episodio contaminante.
2. Trasladar a través de la Dirección General de Marina Mercante y de Salvamento Marítimo, información sobre los episodios contaminantes detectados y verificados frente al litoral gallego (aguas comprendidas entre las 200 millas de Zona
Económica Exclusiva, bajo jurisdicción española) desde el año 2015 hasta el 2022 (incluido), indicando su intensidad, localización y sustancia(s) contaminantes detectadas en cada caso; los buques identificados en cada caso referenciado; los
expedientes sancionadores abiertos en cada caso por este motivo; las sanciones administrativas o penitenciarias cursadas y ejecutadas en cada uno de los casos referenciados; así como los medios operativos utilizados en cada caso para detectar e
identificar los episodios de contaminación marina.
3. Proceder a revisar los medios empleados para efectivizar en la práctica el control sobre el tráfico marítimo que transita por el Dispositivo de Separación del Tráfico (DST) de Fisterra, procediendo a su mejora. En concreto,
implementando en Galiza el proyecto iSAR, con la correspondiente dotación de helicópteros no tripulados vinculados a ese sistema e instalando una base de helicópteros (tripulados) de salvamento marítimo en la Costa da Morte en un emplazamiento que
permita la plena operatividad, diurna y nocturna, de las aeronaves, y que permita el avituallamiento de combustible en esa misma infraestructura.
4. Hacer públicos los lugares refugio existentes en el litoral gallego, así como los correspondientes Planes de Acogida para buques necesitados de asistencia.
5. Impulsar en el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI) una normativa que prohíba o dificulte el recurso a las 'banderas de conveniencia'. Y más específicamente, defender, en el ámbito de la UE, la eliminación de los
segundos registros en los estados miembros y la obligatoriedad de que las empresas armadoras de la UE tengan que llevar la bandera del pabellón de su respectivo estado miembro, así como corregir, en el caso concreto de las embarcaciones de
Salvamento Marítimo, su matriculación en el segundo registro de Canarias.
6. Consensuar y elaborar una nueva normativa legal que articule los 'comités de gestión de catástrofes' con criterios de independencia, solvencia técnica y operativa, eliminando pautas discrecionales y progubernamentales en su composición.
En definitiva, aplicando en la práctica el dispuesto en el artículo 20 de la Directiva 2009/17/CE.
7. Mantener operativo un sistema de oceanografía operacional enfocado a la detección, predicción de la evolución y control de los vertidos de una manera ágil y transparente en coordinación con los medios operativos de Salvamento Marítimo y
de la Xunta de Galiza, así como analizar en tiempo real las
condiciones oceanográficas que pueden afectar al tráfico marítimo, suministrando datos que podrían ayudar a estimar la posible evolución de los vertidos.
8. Transferir Galiza las competencias en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina, de acuerdo con el dispuesto en los artículos 150.2 de la Constitución española, y 36 del Estatuto de Autonomía de Galiza, y en
concreto las funciones de prestación de servicios de busca, rescate y salvamento marítimo, control y ayuda de tráfico marítimo, prevención y lucha contra la contaminación en medio marino, así como, la elaboración de un 'Plan Galego de Servizos
Especiais de Salvamento da Vida Humana no Mar y Loita contra a Contaminación Mariña', que deberá coordinarse con el Plan Estatal de Salvamento, con otros Estados con aguas limítrofes y con la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Rubén Darío Vega Arias, don Onofre Miralles Martín y don Juan Carlos Segura Just, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley de impulso de medidas que aseguren la devolución a los legítimos propietarios de las cantidades abonadas en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante al período de ocupación ilegal de su inmueble, para su discusión en la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Ocupación ilegal en España.
1. La ocupación ilegal de inmuebles es un fenómeno delictivo creciente en España en los últimos años. Así, en uno de los pocos estudios existentes hasta la fecha, de 2017, se afirmaba que cerca de unas 262.500 personas ocupaban inmuebles
de manera ilegal, esto es, sin un título habilitante. Se trataba de entre 85.000 y 90.000 viviendas en España 31.
2. Entre la información más reciente se encuentran las cifras facilitadas por el Gobierno que muestran que los hechos relacionados con la ocupación ilegal de inmuebles y conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han pasado
de 3.849 casos en el año 2011 a 17.274 en 2021, es decir, un aumento del 450 % en diez años. Asimismo, se evidencia que los incrementos más abruptos de esta conducta delictiva se producen con la entrada del actual Gobierno en el año 2018 (pasan de
10.619 hechos en 2017 a 12.214 en 2018) y con las medidas de amparo a la ocupación ilegal adoptadas durante la pandemia (de 14.792 casos en 2020 a 17.274 en 2021) 32.
3. Del mismo modo, en 2022, también según los datos facilitados por el Gobierno, acontecen una media aproximada de 50 casos por día. Concretamente, entre enero y junio, el número de ocupaciones ilegales de inmuebles ha ascendido a 8.857
casos 33.
4. En este sentido, es tal la alarma social que genera el fenómeno delictivo de la ocupación que, en su intervención del día 5 de abril en el Pleno del Senado, la propia ministra de Justicia, doña Pilar Llop Cuenca, reconoció que el
Gobierno 'es consciente de que la okupación preocupa a nuestra sociedad, y mucho' 34.
5. Pese a todo lo expuesto, han sido pocas las modificaciones legislativas encaminadas a proteger efectivamente el derecho a la propiedad privada y a poner fin a esta situación de desamparo a los
31 INSTITUT CERDÁ (2017): La ocupación ilegal: realidad social, urbana y económica... un problema que necesita solución y https://www.icerda.org/es/mas-de-87-familias-ocupan-ilegalmente-viviendas-en/ [fecha de consulta: 9 de diciembre
de 2022].
32 Respuesta del Gobierno con número de registro 210835.
33 Respuesta del Gobierno con número de registro 235816.
34 https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_P_14_85.PDF#page=40
propietarios. Así, en los últimos tiempos solo se han adoptado dos medidas con pocos resultados en la práctica.
6. En primer lugar, en el año 2010, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal da una nueva redacción al artículo 245.1 del Código Penal para establecer penas
de prisión en los casos de ocupación ilegal con violencia o intimidación, cuando hasta ese momento tenían solo pena de multa.
7. En segundo lugar, ocho años más tarde, se dicta la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, comúnmente denominada 'Ley de
desahucio exprés' al objeto de agilizar el proceso por el que el propietario de una vivienda en España pudiera recuperar la misma en el caso de que hubiera sido ocupada ilegalmente.
8. Al contrario, lejos de procurar políticas que impidan la proliferación masiva de casos, en España se están fomentando estas conductas delictivas. En este sentido, el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para
hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes ('RDL 37/2020') otorga amparo legal a las ocupaciones ilegales al prorrogar la suspensión de los juicios de desahucio
arrendaticio recogida en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y ampliarla a otro tipo de procedimientos. A mayor
abundamiento, la disposición adicional cuarta del RDL 37/2022 garantiza los suministros de agua y energía a estos ocupas. Esto ha sido valorado por los expertos como una medida que provocará un 'efecto llamada' 35.
9. Asimismo, se publica el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica ('RDL 1/2021'), en cuya disposición adicional primera se vuelven a
ampliar los supuestos de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional. En concreto, la ampliación realizada por esta disposición va dirigida a un colectivo
concreto: personas que se hallen inmersas en un procedimiento penal o que habiten una vivienda como consecuencia de delito.
Segundo. Consecuencias de la ocupación y medidas que deben adoptarse.
10. La consecuencia de todo lo anterior no es solo que los legítimos propietarios de los inmuebles se vean privados del uso y disfrute de sus inmuebles, sino que además sufren perjuicios como los siguientes:
1.º Que siguen estando obligados a mantener su propiedad en perfecto estado, respondiendo ex artículo 1.902 del Código Civil de los daños que se puedan producir en otras viviendas por este hecho 36.
2.º Que continúan obligados a hacerse cargo, entre otros gastos, del abono del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
3.º Que tienen que abonar entre 3.500 y 30.000 euros para adecuar la vivienda a su 'estado original' previo a su ocupación ilegal, así cómo asumir una pérdida de su valor que oscila entre el 40 % y el 60 % 37.
11. Es evidente lo injusta que es esta situación para los propietarios, por lo que se hace patente la necesidad de que la Administración General del Estado, en colaboración con otras Administraciones territoriales, articule medidas tanto
para evitar esta conducta ilícita como para rebajar la presión económica sobre aquellos propietarios víctimas de ocupación ilegal.
12. En este sentido, no cabe olvidar que la ocupación ilegal constituye una situación de privación ilegítima de la propiedad privada, que ataca derechos constitucionales y que se ha permitido, e incluso promovido, por el actual Gobierno,
que olvida el esfuerzo que supone para muchos propietarios y otros
35 TORRES LÓPEZ, A.: RDL 37/2020, de 22 de diciembre: Bastante más que una simple prórroga en la suspensión de los juicios de desahucio. Editorial jurídica Sepín, 12 de enero de 2021.
36 Señala al respecto la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 66/2018, de 28 de febrero de 2018: El recurrente debe mantener las cosas de su propiedad en perfecto estado, y es responsable de los daños que puedan ocasionarse
a terceros por incumplimiento de ese deber de mantenimiento y conservación. Es inconcebible que el recurrente se excuse en la existencia de 'okupas', y no ponga en marcha medidas de protección y aseguramiento de sus propios bienes (...).
37 SIMÓN MORENO, H. (2021): 'La ocupación de viviendas sin título habilitante y los derechos fundamentales y humanos en conflicto', en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n.º 786, págs. 2161-2212.
obligados al pago del IBI tanto la adquisición como el mantenimiento de estos inmuebles, así como faltando a la consideración que para muchos españoles tiene la vivienda como forma de ahorro.
13. Así, en la lucha contra la ocupación ilegal se pueden impulsar numerosas medidas por parte del Gobierno de España. No en vano, este Grupo Parlamentario ha propuesto distintas iniciativas durante la presente legislatura, entre otras,
las siguientes:
i. Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para modificar el artículo 245 a fin de agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores
herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales, de 16 de julio de 2020 (n.º de registro 45885).
ii. Proposición de Ley relativa a la modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de los recogidos en el
artículo 795, y para modificar el artículo 553 en relación con esos mismos delitos, de 16 de julio de 2020 (n.º de registro 45886).
iii. Proposición de Ley Orgánica dirigida a combatir el fenómeno de la ocupación, de 15 de junio de 2022 (n.º de registro 221774). falta la de para evitar que se empadronen ocupas que se defiende mañana.
iv. Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el fin de modificar el padrón municipal en los casos de ocupación y de inmigración ilegal, de 17 de octubre de 2022 (n.º
de registro 238957).
v. Proposición no de Ley dirigida a mejorar el sector inmobiliario español, de 22 de marzo de 2021 (n.º de registro 102128).
vi. Proposición no de Ley dirigida a combatir el fenómeno de la ocupación, de 23 de julio de 2021 (n.º de registro 144434).
vii. Proposición no de Ley dirigida a combatir el fenómeno de la inquiocupación, de 17 de febrero de 2022 (n.º de registro 92498).
viii. Proposición no de Ley dirigida a impulsar la creación de un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, de 18 de noviembre de 2022 (n.º de registro 44395).
14. Y en cuanto a las medidas de alivio económico, esta iniciativa propone instar al Gobierno a promover cuantas acciones sean necesarias para que las administraciones públicas correspondientes devuelvan las cantidades abonadas en concepto
de Impuesto sobre Bienes Inmuebles por el propietario víctima de ocupación ilegal durante el periodo en que haya sido privado ilegalmente de la posesión de su bien inmueble.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar cuantas medidas sean necesarias para asegurar la devolución a las víctimas de ocupación ilegal de las cantidades abonadas en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles
correspondientes al periodo de tal ocupación ilegal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2023.-Patricia Rueda Perelló, Cristina Alicia Esteban Calonje, Onofre Miralles Martín, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias, Diputados.-José
María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la mejora de la seguridad vial en la N-541 para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El BNG lleva años reclamando a través de numerosas iniciativas en los Concello, el Parlamento de Galiza y el Congreso la mejora del firme, peraltes y de las medidas de seguridad vial en la N-541 en todo su trazado, pero de forma especial en
los concellos de Cerdedo-Cotobade y Forcarei.
Lamentablemente, los graves accidentes producidos en el mes de diciembre de 2022 y enero de 2023, con numerosas víctimas mortales, confirman la urgencia de estas actuaciones para evitar, en lo posible, nuevos incidentes. Así, por ejemplo,
el punto en que se produjo el trágico accidente de autobús es conocido por su peligrosidad por todos los vecinos y vecinas, que denuncian del mal diseño de la conexión, la confusión que genera en el tráfico, la acumulación de agua en la calzada y la
deficiente señalización viaria.
Pero este no es el único lugar en el que urge una intervención por parte de la Administración titular de la vía. Es necesario acometer la mejora de los peraltes de las curvas, humanizar y urbanizar las travesías de Dorna en Santa María de
Sacos, Barbeitos y a Longa en San Xurxo, así como en Viascón y Tenorio.
Es necesario además actuar ante la falta de seguridad para las y los viandantes, por no existir lugares adecuados para circular a pie en la mayor parte de la vía, especialmente en los núcleos de población. Así como corregir la carencia de
señalización e iluminación adecuada que incrementan los peligros del tránsito, especialmente en los accesos a las zonas habitadas.
Es imprescindible realizar mejoras en este tramo para garantizar la seguridad vial, entre las que se encuentra la construcción de una rotonda en Ventoxo, previendo carriles de cruce e incorporación en las intersecciones.
Así mismo, es imprescindible realizar acciones para la seguridad viaria en la entrada este de Cerdedo y mejorar los accesos a los lugares del Cádavo y Cutián de San Xurxo. También construir un paso peatonal inferior entre el Centro de Salud
y la Farmacia en Tenorio, y, actuaciones en el lugar de Calvelo, Tenorio, para la mejora de la seguridad, incluyendo dos rotondas, una a la altura de la gasolinera y otra a la altura de Celso Míguez, así como la creación de un paso superior peatonal
que permita el tránsito seguro entre un lado y otro de la carretera. Además de abordar la construcción de una vía de incorporación en el PK84 en dirección Ourense y de un vial peatonal paralelo a la carretera entre Calvelo y Tenorio.
Es especialmente importante realizar una revisión de la evacuación de aguas de la plataforma de rodadura en toda la vía, pues hay lugares en los cuales se acumulan cantidades importantes que circulan por el firme, llegando incluso a nacer
fuentes de agua en pleno firme.
Por último, es necesario atender a la introducción, en la travesía de Cerdedo de medidas para el calmado del tráfico, pues se trata de un lugar en el que los vehículos transitan a alta velocidad, poniendo en riesgo a los vecinos que se
desplazan habitualmente a pie para acceder a los servicios próximos, como la farmacia, pequeños negocios, hostelería... cruzando habitualmente la N-541 de uno a otro lado.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Corregir las graves deficiencias de la N-541 y realizar las actuaciones precisas para incrementar la seguridad vial, acometiendo la mejora del firme y de la señalización, la corrección de peraltes, así como la canalización adecuada del
agua en todo su trazado pero, especialmente, en los concellos de Cerdedo-Cotobade y Forcarei.
2. Actuar para corregir las deficiencias denunciadas por vecinos y vecinas del tramo especialmente peligroso en el que se produjo el trágico accidente de autobús, como son el mal diseño de la conexión, la confusión que genera en el tráfico,
la acumulación de agua en la calzada y la deficiente señalización viaria.
3. Acometer la mejora de los peraltes de las curvas y urbanizar las travesías de Dorna en Santa María de Sacos, Barbeitos y A Longa en San Xurxo, así como en Viascón y Tenorio.
4. Mejorar la seguridad de las y los viandantes, habilitando zonas adecuadas para el tránsito a pie, especialmente en los núcleos de población, así como la mejora de la señalización e iluminación.
5. Acometer la construcción de una rotonda en Ventoxo, previendo carriles de cruce e incorporación en las intersecciones.
6. Incrementar la seguridad vial en la entrada este de Cerdedo y mejorar los accesos a los lugares del Cádavo y Cutián de San Xurxo.
7. Construir un paso peatonal inferior entre el Centro de Salud y la Farmacia en Tenorio.
8. Acometer actuaciones en el lugar de Calvelo, Tenorio, para la mejora de la seguridad, incluyendo dos rotondas, una a la altura de la gasolinera y otra a la altura de Celso Míguez, así como la creación de un paso superior peatonal que
permita el tránsito seguro entre un lado y otro de la carretera.
9. Abordar la construcción de una vía de incorporación en el PK84 en dirección Ourense y de un vial peatonal paralelo a la carretera entre Calvelo y Tenorio.
10. Realizar una revisión de la evacuación de aguas de la plataforma de rodadura en toda la vía para evitar su acumulación poniendo en serio riesgo la circulación.
11. Prever la introducción en la travesía de Cerdedo de medidas para el calmado del tráfico que faciliten el tránsito y cruce seguro de la N-541.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre salud sexual en centros
educativos públicos y sostenidos con fondos públicos, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
En 2017 un informe realizado por Save the Children ('Ojos que no quieren ver') ubicaba como primera recomendación para combatir los abusos sexuales a niños y niñas en España la garantía de que la infancia accediera a la educación sexual en
la enseñanza reglada y desde etapas tempranas. En este punto, el texto señalaba que debe estar adaptada a la edad del niño o niña y orientada a educar en relaciones, tanto afectivas como sexuales, seguras y libres de violencia. Tres años más
tarde, la misma ONG insistía en '(Des)información sexual: pornografía y adolescencia'. En primer lugar, el texto recuerda la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, y su artículo 29, que establece entre los fines de la
educación el 'preparar a la infancia para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos'. La educación sexual es una parte de esta formación integral. El informe insiste: 'La
educación sexual se fundamenta en el derecho a la protección frente a la violencia (artículo 19), mediante la educación en prevención. Por otro lado, forma parte de la actuación obligatoria del Estado adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a la infancia y adolescencia de la violencia'. Al fin y al cabo, la educación sexual es una de las herramientas para prevenir violencias presentes y futuras, y que en cualquier etapa
de la vida podamos detectar y reaccionar ante situaciones de riesgo.
No solo lo dice Save the Children. La Unesco, en su documento Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, de 2018, defiende la importancia de la Educación integral en sexualidad (EIS), en la que no solo hay
contenidos sobre reproducción, comportamientos sexuales y riesgos y prevención de una salud precaria, sino que la EIS 'ofrece la oportunidad de presentar la sexualidad de una manera que también incluya sus aspectos positivos, tales como el amor y
las relaciones que se basan en el respeto mutuo y la igualdad'. Prosigue: 'La falta de una educación en sexualidad y relaciones que sean de alta calidad, adecuadas a cada edad y etapa del desarrollo puede hacer que los niños y jóvenes sean
vulnerables a comportamientos sexuales dañinos y a la explotación sexual. Excluir temas complejos de la EIS deja a los jóvenes vulnerables y limita su capacidad de decidir sobre sus propias prácticas y relaciones sexuales'.
España ha dado un paso más en la dirección de la mayoría de países europeos, donde la educación sexual es obligatoria, tales como Suecia, Noruega, Finlandia, Francia o Bélgica. Por ello, en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) ya se ve reflejado lo que organismos internacionales, pedagogos y expertos en la materia llevan mucho defendiendo. La modificación que introduce en el primer artículo de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, marca el inicio: entre sus principios ya recoge 'el desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía
activa'. En consecuencia, se desarrolla en los respectivos reales decretos que establecen las ordenaciones y las enseñanzas mínimas en todas las etapas obligatorias. En los principios pedagógicos se establece la promoción en todas las áreas de la
salud sexual, siempre acorde con el nivel madurativo del alumnado. No es que la LOMLOE no tenga precedentes en el marco legal español en este sentido, porque la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, ya establece entre los objetivos de actuación de los poderes públicos, en el artículo 5, la 'información y la educación sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo'. El Ministerio de Igualdad ha
dado un paso más en este sentido, al mejorar la Ley Orgánica 2/2010 enfatizando y protegiendo el derecho de los niños y niñas a una educación sexual; así como ampliar y defender los derechos a través de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
En definitiva, se trata de una recomendación flagrante por parte de la comunidad de expertos sobre salud sexual, por parte de la comunidad pedagógica y de entidades de defensa de los derechos de los niños y niñas. España avanza en el
desarrollo legislativo de este derecho de la infancia. Es imprescindible que se aplique desde todos los centros educativos de titularidad pública y sostenidos con fondos públicos, no solo porque está enmarcado en las diferentes leyes anteriormente
mencionadas, sino por sentido común, dotando a los niños, niñas y adolescentes de las herramientas necesarias para identificar las violencias sexuales y, a su vez, para fomentar las relaciones afectivas y sexuales sanas, consentidas y con respeto
hacia los y las demás.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la educación sexual en todas las etapas educativas obligatorias y en todos los centros educativos públicos y sostenidos con fondos públicos, en los términos establecidos y
desarrollados en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; así como en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, y en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2023.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un informe que cuantifique la
pérdida de aprendizaje motivada por la pandemia COVID-19 para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 supuso una profunda transformación de nuestras vidas y de nuestra economía. Debido a la incapacidad de nuestros sistemas de alerta temprana de detectar a tiempo el
riesgo de la emergencia sanitaria, de un día para otro nuestras dinámicas cotidianas cambiaron radicalmente, encontrándonos confinados en nuestros hogares por un período indeterminado. La factura que esto ha pasado en términos de
destrucción de empleo, de decrecimiento económico, de vidas humanas y de salud mental ha sido extensamente analizado en los últimos dos años, arrojando datos escalofriantes en muchos casos.
Esto afectó también a los escolares y a toda la comunidad educativa, que tuvo que adaptarse de la noche a la mañana a un modelo de enseñanza a distancia sin las competencias adecuadas, sin la preparación debida, sin las infraestructuras
necesarias y sin la posibilidad de llevar a cabo dinámicas esenciales en la educación como la socialización o el acompañamiento escolar. Esto ha hecho que, en muchos casos, se lamente el impacto que esto ha podido tener sobre el desarrollo
cognitivo de los escolares, llegando incluso a intentar cuantificar cómo esta situación iba a afectar a las perspectivas de desarrollo profesional futuro de nuestros estudiantes.
Las simulaciones que estimaban que el cierre de las escuelas iba a provocar una pérdida significativa en el aprendizaje del alumnado se está corroborando gracias a los informes que están publicando varios países como México o Brasil, entre
otros. Estos informes han revelado pérdidas sustanciales especialmente en las áreas de matemáticas y lectura. En Estados Unidos por su parte, se hicieron públicos el pasado 1 de septiembre los resultados de una prueba nacional para medir ese
impacto de la pandemia en los escolares. De acuerdo con estos resultados, el desempeño educativo de los escolares de nueve años -equivalente a cuarto de primaria en nuestro sistema- había caído a niveles de hace 20 años en matemáticas y comprensión
lectora.
Además, una vez más, esta pérdida de aprendizaje afecta especialmente al alumnado más vulnerable, aquellos que provienen de entornos con un nivel socioeconómico bajo. Este alumnado encontró mayores dificultades a la hora de acceder al
aprendizaje ante la falta de acceso a las tecnologías y la carencia de electricidad, conectividad y dispositivos, así como a la discriminación y las normas de género.
Ante esta situación es necesario que se impulse desde el Gobierno una evaluación rigurosa para cuantificar cuál ha sido la pérdida de aprendizaje en España y, de esta forma, plantear las correspondientes medidas desde el Gobierno y las
autonomías para que el impacto de la pandemia en el aprendizaje del alumnado, a largo plazo, sea el menor posible.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación a elaborar un informe, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que cuantifique y analice la pérdida de aprendizaje en el alumnado motivada por la pandemia COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la atención de la salud mental en los centros
educativos para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La pandemia COVID-19 ha provocado un aumento de hasta el 47 % en los trastornos de salud mental de los menores. Uno de cada cinco menores de entre 10 a 19 años (el 20,8 %) sufre algún tipo de problema de salud mental diagnosticado, según
datos de Unicef. Lo que sitúa a España como el país europeo con mayor prevalencia diagnosticada de problemas de salud mental en menores. Según la OMS, el 50 % de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, y el 75 % antes de los 18
años.
Entre los factores de riesgo que pueden afectar a la salud mental, se encuentran los abusos sexuales y el maltrato. Según la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR), más de un tercio de las personas con problemas de
salud mental ha sufrido algún tipo de abuso durante su infancia. La asociación indica que la depresión, la ansiedad, los trastornos graves de la personalidad o el doble de riesgo de intentos de suicidio, son algunas de las consecuencias del
maltrato infantil en la edad adulta. Por otro lado, según Save the Children, entre un 10 % y un 20 % de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. El abuso sexual tiene un impacto directo en la salud mental
de la persona agredida y, si no se trata correctamente, puede llegar a provocar un trastorno mental grave.
La relación entre la salud mental y los centros educativos es inexcusable. El sistema educativo se enfrenta a desafíos de gran relevancia en el cumplimiento de los objetivos que le son marcados por el ordenamiento jurídico y las
responsabilidades que tiene contraídas. Con pocas dudas al respecto, uno de ellos tiene que ver con la atención al desarrollo emocional del alumnado. Es importante que la educación emocional siente las bases desde el principio, desde la infancia,
y que sea una piedra angular de los centros educativos.
Resulta imprescindible incorporar a los proyectos educativos planes integrales que incorporen la educación emocional dotando a la comunidad educativa de las herramientas necesarias para detectar y prevenir el sufrimiento psicológico de los
menores. Entre estas herramientas no cabe duda de que la formación al profesorado debe asumir un papel esencial.
Por estas razones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar a los centros educativos públicos y concertados del personal necesario para realizar un correcto acompañamiento emocional con el alumnado de manera continuada.
2. Elaborar, en colaboración con la comunidad educativa y los profesionales de salud mental, un dossier de tutorías para trabajar de forma transversal a lo largo del curso académico la salud mental, con el refuerzo de la labor de los
orientadores escolares.
3. Proveer de las formaciones necesarias al equipo psicopedagógico del centro para estar actualizado ante las nuevas dificultades que hacen frente el alumnado, especialmente en la etapa de la adolescencia y en relación con el ciberacoso.
4. Establecer mejores protocolos de detección temprana de posibles problemas de salud mental y de derivaciones al sistema sanitario, mediante la figura del profesional de la enfermería escolar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para poner en
marcha un Plan especial para ERTES por costes energéticos, considerando a estos como causa de fuerza mayor con la correspondiente exoneración de los costes de la Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones.
Exposición de motivos
Tal y como establece la exposición de motivos del RDL 32/2021 de 28 de diciembre, la experiencia a raíz de la crisis sanitaria y económica derivada de la COVID-19, ha mostrado la importancia y la eficacia
del recurso a los expedientes de regulación temporal de empleo, como mecanismo de flexibilidad interna de las empresas para el ajuste temporal de su actividad, de cara a evitar la destrucción de empleo característica de crisis anteriores y
para ello ha reforzado las medidas de flexibilidad laboral con un doble objetivo: proteger el empleo ante las crisis económicas y las dificultades del mercado y acompañar los procesos de cambio estructural para evitar un impacto macroeconómico
negativo del que resulte la pérdida del capital humano, del crecimiento potencial y del bienestar del conjunto de la sociedad.
Como consecuencia del impacto que el coste energético tiene para su actividad y de su cadena de suministro, nos llevan a concluir que no estamos ante un supuesto de los previstos en el recién creado Mecanismo RED, ya que no se trata de un
cambio permanente en nuestro sector que genere necesidades de recualificación del personal ni en los procesos de trabajo. Si bien tiene graves consecuencias económicas que podrían llevar a pensar que nos encontramos ante una de las causas previstas
en el artículo 47.2 al desprenderse una situación económica negativa, entendemos que esta situación temporal tiene su origen su amparo en la fuerza mayor, considerada como un hecho externo al círculo de la empresa, independiente de la voluntad del
empresario, y con graves consecuencias en orden a la prestación de la actividad, existiendo una 'desconexión entre el evento dañoso y el área de actuación de la empresa', como ya estableciera el Tribunal Supremo en sentencias de 12.7.1990 o 28.9.90.
Nos encontramos ente un subsector de la actividad textil, el de acabados, altamente dependiente del gas, y en consecuencia directamente afectado por la subida de precios; situación que, si bien puede considerarse previsible, no en cuanto al
alcance que ha tenido, de forma anómala, con un incremento en más de un 800 % en este último año. Cabe considerar que el subsector de acabados se encuentra en el centro de la cadena de valor del textil. Estos insostenibles aumentos de precios de
las energía y en especial el gas, ponen en grave riesgo la viabilidad y la continuidad de la actividad de muchas empresas. La pérdida de una parte de la producción, en el intermedio de la cadena de valor, afectará gravemente a todo el sector
textil.
La legislación laboral actual no recoge una definición de lo que debe entenderse por imposibilidad objetiva sobrevenida a efectos de considerar que nos encontramos ante un supuesto de fuerza mayor, si bien podemos acudir a la interpretación
doctrinal de la misma a efectos de justificar la adopción de medidas de reducción o suspensión temporal de los contratos de trabajo. La Sala IV del Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de julio de 2015, ha definido la fuerza mayor como: 'Aquellos
hechos que, aun siendo previsibles, sean sin embargo inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado', se trata por lo tanto de 'un suceso que está fuera
del círculo de actuación de la empresa, que no ha pedido preverse, o incluso en ese caso, que fuera inevitable'.
En una situación como la creada por el incremento de los precios del gas, los medios de la empresa estarían disponibles para la prestación de la actividad y los trabajadores quedarían a disposición para poder tener ocupación efectiva, pero
la realidad es que, a mayor producción, con este desorbitado incremento de costes, se producen mayores pérdidas económicas para las empresas dependientes del suministro intensivo del gas. Costes que no pueden ser repercutidos al cliente final, de
forma que, si bien aparentemente nos encontraríamos ante una situación económica negativa, el origen de la misma es provocada por unos hechos imprevisibles, inevitables y que quedan fuera del ámbito de actuación de la empresa, elementos estos
determinantes de la fuerza mayor.
Cada situación debe ser individualizada, pero lo cierto es que, aunque las empresas actúen con la mayor diligencia empresarial, se ven afectadas por una situación generada por un tercero ajeno a su esfera de actividad con un impacto directo
en el proceso productivo. Como antecedente directo encontramos la Sentencia del 3 de mayo de 1988, Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, que en un supuesto similar al actual consideró que nos encontrábamos ante un supuesto de
fuerza mayor y no de causas económicas, 'cuando tal decisión trasciende al contrato celebrado para insertarse en el marco de las relaciones comerciales entre el Estado español y Argelia a consecuencia del contencioso del gas natural la causa
determinante de la regulación de empleo, aunque se manifieste en la suspensión de un contrato de suministro, constituye en su origen un suceso externo al círculo de la actividad comercial de la empresa interesada y desde luego independiente de la
voluntad de ésta'.
Cuando la causa determinante para la necesidad de suspender o reducir los contratos de trabajo tiene su origen en un incremento del 800 % en los costes energéticos, se trata de un suceso externo al círculo de la actividad comercial de las
empresas afectadas, y por lo tanto se solicita que, se adopten medidas laborales específicas para considerar que las reducciones de jornada o la suspensión de los contratos de
trabajo que tengan su origen en el incremento de los costes energéticos, sean consideradas producto de una situación de fuerza mayor, prevista en el artículo 47 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, con la
aplicación de exoneraciones en el pago de las cotización a la Seguridad Social mientras dure el periodo de suspensión/reducción, que sin embargo serán consideradas como efectivamente cotizadas por la persona trabajadora.
Esta decisión estaría alineada con los objetivos del Plan Más Seguridad Energética (+SE) aprobado en Consejo de ministros el 11.10.2022, entre otros, el incremento de la protección de la población frente a la crisis de precios provocada por
la guerra en Ucrania, así como las previsiones del RDL 6/2022 de 29 de marzo. Este RDL reconoce en su exposición de motivos que ha existido un incremento desorbitado del precio de la electricidad y el gas, agravado por la invasión rusa a Ucrania,
con un impacto evidente en el tejido empresarial con la pérdida de competitividad para la industria, y establece una limitación a la consideración como causa objetiva para extinguir el contrato de trabajo en aquellas empresas beneficiarias de las
ayudas directas previstas en el mismo (art. 44).
Considerar esta situación como concurrente de fuerza mayor a efectos de reducción de jornada o suspensión de los contratos de trabajo, con la consiguiente exoneración de cuotas, sin duda facilitaría el cumplimiento de los objetivos de
flexibilidad interna previstos en la normativa laboral alegada.
De otro lado, según lo aprobado por el Gobierno en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La
Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, quedaría excluida la actividad realizada por el subsector de acabados del sector textil para la compensación de los costes adicionales debido al aumento excepcional de los costes del gas natural.
De tal manera que la industria textil valenciana, en concreto la procedente de las comarcas de l'Alcoià, el Comptat i la Vall d'Albaida, especializadas en el subsector de acabados del sector textil, se verían excluidas de las ayudas directas
aprobadas para los ámbitos económicos más afectados por los altos costes del gas. Dichas ayudas tienen como objetivo frenar la pérdida de empleos, evitar su cierre y garantizar su viabilidad. Teniendo en cuenta todo ello, llama poderosamente la
atención que el Gobierno no haya tenido en cuenta al subsector de los acabados, ya que afecta a cerca de 4.500 puestos de trabajo, cuenta con una cifra de negocios de más de 600 millones de euros y representa al 5,6 % de empresas y al 15 % de la
cifra de negocio de sector textil industrial.
Por todo ello, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Congreso a:
1. Adoptar las medidas laborales específicas para considerar que las reducciones de jornada o la suspensión de los contratos de trabajo que tengan su origen en el incremento de los costes energéticos, sean consideradas producto de una
situación de fuerza mayor, prevista en el artículo 47 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, con la aplicación de exoneraciones en el pago de las cotización a la Seguridad Social mientras dure el periodo de
suspensión/reducción, que sin embargo serán consideradas como efectivamente cotizadas por la persona trabajadora.
2. Incorporar al listado del anexo del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras
situaciones de vulnerabilidad, al subsector de acabados del sector textil como actividad incluida para la compensación de los costes adicionales debido al aumento excepcional de los costes del gas natural durante 2022, tal y como ya reconoció el
CNAE para los 'acabados textiles' mediante el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio.'
Palacio del Congreso, 3 de enero de 2023.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la
seguridad viaria para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La inspección técnica de vehículos (ITV) se basa en el control técnico al que deben someterse los vehículos cada cierto tiempo para comprobar que siguen cumpliendo las normas de seguridad y emisiones establecidas. La inspección periódica es
pues el principal instrumento para garantizar que los vehículos se encuentran en buenas condiciones para circular.
Según un informe realizado por el Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles (ISVA) de la Universidad Carlos III de Madrid, gracias a la Inspección Técnica de Vehículos, en 2021 se evitaron al menos 15.641 siniestros, 13.110 heridos
y 148 muertes. Sin contar las víctimas desde un punto de vista medioambiental, en el que la ITV evitó 575 víctimas prematuras por exposición a partículas (PM).
La realización de la ITV es obligatoria para todos los vehículos, variando su regularidad dependiendo de las condiciones del automóvil. Pero pese a esta obligatoriedad encontramos un elevado número de absentismo a la hora de realizar esta
inspección. En 2021, según este mismo estudio, 1 de cada 4 turismos, 1 de cada 2 vehículos de transporte de mercancías ligero (VTML) y 6 de cada 10 ciclomotores y motocicletas que tenían la obligación de realizar la inspección técnica de su
vehículo no la realizó.
Esta infracción en la no realización de la ITV no es un simple desistimiento de un trámite administrativo, sino que es un hecho que provoca más accidentes y de mayor gravedad, con las derivadas consecuencias en el número de heridos y muertes
en carretera. Ya que, según datos de la DGT, se ha demostrado que se ha incrementado de forma sustancial el número de vehículos implicados en estos siniestros con la ITV no vigente. Esta situación, además, lejos de reducirse, vemos que aumenta año
tras año.
Hay que ser consciente que esta omisión del mandato por realizar la ITV del vehículo también puede tener sesgo de renta, ya que son los vehículos más antiguos los que deben pasar con más regularidad la inspección técnica, con el consecuente
gasto que eso conlleva. Así como también en caso de vehículos necesarios para el trabajo, como los de última milla (VTML), el miedo a la paralización del vehículo con la consecuente pérdida económica que eso supondría puede ser alguno de los
motivos que lleven a parte de los conductores a no tomar las suficientes precauciones de seguridad en sus automóviles.
Por todo ello, el Grupo Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Iniciar una campaña informativa, en colaboración con las Comunidades Autónomas, sobre la obligación y necesidad de realizar la Inspección Técnica de Vehículos, las nefastas consecuencias para la seguridad vial que provoca el absentismo
en la ITV, así como de las sanciones que puede acarrear.
2. Instar a las instituciones europeas a actualizar las directivas con las normas mínimas para la inspección técnica de vehículos acorde con los cambios en los automóviles, la tecnología y la conducta de los conductores.
3. Replantear futuras ayudas para la renovación del parque automovilístico que tengan en cuenta criterios como la edad del vehículo que se va a sustituir, vehículo laboral y así como la renta del titular del automóvil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2023.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre los Concursos de Transición Justa para la adjudicación de los nudos de evacuación de As Pontes y Meirama para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El proceso del cierre de la central térmica de ENDESA en la localidad de las Pontes va a provocar una grave crisis industrial y de empleo en la localidad que se va a sentir en las comarcas de Eume, Ferrol y Ortegal. De hecho, el estudio
encargado por el Concello de As Pontes a un equipo de investigación de la UDC estima que el cierre de la térmica puede provocar la destrucción de entre 1.000 y 1.400 puestos de trabajo.
La mejor baza con la que cuenta la localidad de las Pontes para enfrentar este proceso de cierre de la central es precisamente la posibilidad de gestionar la capacidad de acceso a la red de transporte de electricidad que va a liberar el
cierre de la térmica a través un concurso reglado, concurso que el ministerio denomina 'concurso de transición', para adjudicar el también denominado 'nudo de transición', que es la conexión donde las nuevas instalaciones de generación eléctrica
descargan en la red su producción.
Ni que decir tiene que en el presente escenario de transición energética y de auténtica burbuja de solicitudes para instalar parques eólicos en Galiza, la capacidad para evacuar la electricidad producida se convierte en una cuestión vital
para el éxito de las instalaciones en particular y de la transición energética en su conjunto y, por lo tanto, de gran valor económico.
Tanto es así que el 'concurso de transición' para adjudicar el nudo de acceso que libera el cierre de la térmica de Andorra-Teruel, también de ENDESA, acaba de resolverse por el Ministerio a favor de una oferta que significa la inversión de
1.200 millones de euros y la previsión de crear 3.500 empleos.
Es de destacar no solo el volumen de la inversión y las expectativas de creación de empleo, sino también el hecho de ser la oferta ganadora entre otras 11 ofertas.
La capacidad de acceso a la red de transporte que va a liberar el cierre de la térmica de As Pontes, es decir, el nudo de transición de As Pontes, figuraba explícitamente, igual que el de Andorra-Teruel, en el listado del RD-Ley 23/2020 por
el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
Todo el proceso de transición energética adolece de muchos defectos, pero no de documentación y normativa específica, desde el Plan de Recuperación, transformación y resiliencia, al Convenio de transición justa de As Pontes, pasando por la
Estrategia de transición justa, todos documentos gubernativos en los que queda claro que esa capacidad de acceso a la red que liberan las térmicas ha de ser la baza o potencialidad principal para encaminar la reindustrialización de las zonas
afectadas.
Sin embargo, en mes de julio de este año 2022 la empresa REE (hoy REDEIA), controlada por el Estado y que ejerce de operador del sistema eléctrico, además de ser la propietaria de los nudos de acceso a la red, informa a través de su página
web que la capacidad disponible en As Pontes y, por lo tanto, susceptible de adjudicarse a través de un 'concurso de transición', es de 0 megavatios.
El Gobierno del Estado, ante las distintas preguntas presentadas por el BNG a este respecto, sigue sin contestar y se limita a remitirse al operador del sistema, la empresa REE, y la Ministra de transición desatiende las solicitudes para
reunir a la Mesa de As Pontes que las otras partes integrantes vienen realizando desde hace 2 años.
Desde el BNG entendemos que mantener las previsiones y compromisos respeto de la adjudicación de la capacidad de acceso a la red que libere la Central Térmica de As Pontes a través de un 'Concurso de transición justa' debería ser una
prioridad de los gobiernos estatal y gallego.
Cualquier otra actuación para la promoción industrial o empresarial en As Pontes dista mucho de garantizar el nivel de certeza y seguridad que implica una adjudicación a través de un concurso público, que incluye presentación de avales.
Pero el principal temor radica en el hecho de que el operador del sistema haga público que existen 0 megavatios disponibles, lo que pondría en riesgo cualquier proyecto
de generación eléctrica que precise de un punto de evacuación, como por ejemplo la planta de hidrógeno de REGANOSA, o las centrales hidráulicas de bombeo.
Es decir, el anuncio de REE sobre la capacidad disponible en las Pontes, borra de un plumazo, cualquier expectativa que legítimamente había existido en la localidad de mantener o promover una industria relacionada con la generación
eléctrica.
La preocupación por este asunto ha llevado al BNG a presentar una PNL en el mismo sentido que la presente en el Parlamento de Galiza y que ya ha sido debatida y aprobada por unanimidad todas las fuerzas políticas con representación en la
Cámara galega (PP, PSOE y BNG).
Esta misma situación se está viviendo en el caso de la CT de Meirama en Cerceda que también tiene pendiente realizar el concurso de su nudo de evacuación y con un Convenio de Transición Justa sin ejecutar.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Mantener los 1.400MW de evacuación de la CT de carbón de As Pontes en el nudo de Transición justa del Concello de As Pontes para la realización del Concurso de transición justa, con el mismo procedimiento empleado para adjudicar el
acceso al nudo de la CT de Andorra-Teruel.
2. Dar comienzo, de forma inmediata y urgente, al Concurso de transición justa para la adjudicación del nudo de transición de As Pontes correspondiente a los 700MW de evacuación que ocupaban los Grupos 3 y 4 de la CT, con el mismo
procedimiento empleado para adjudicar el acceso al nudo de la CT de Andorra-Teruel.
3. Convocar, a la mayor brevedad y de forma urgente, la Mesa de Transición Justa de As Pontes, con la participación de todos sus integrantes y una representación de REE.
4. Mantener también, en el caso de Cerceda, los 580 MW de evacuación de la C.T. de carbón de Meirama en el nudo de Transición Justa Meirama 220 kV para la realización del Concurso de Transición Justa, de forma inmediata y urgente, con el
mismo procedimiento empleado en el nudo Mudéjar de la Central de Andorra (Teruel).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las
irregularidades detectadas en los precios en los diferentes periodos de rebajas para su debate en instancia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El pasado diciembre de 2022, la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en concreto desde la Agència Catalana de Consum y la Direcció General de Comerç, detectó irregularidades e incumplimientos de la normativa de
precios en las ofertas del Black Friday anterior.
Concretamente se analizaron un total de 899 productos, de los cuales se encontraron alteraciones en los precios de 454 de estos. La mayoría de estas alteraciones se producían en productos de informática, electrodomésticos, o telefonía.
Paralelamente se inspeccionaron 61 empresas, 29 empresas físicas y 32 portales de internet, y se detectaron incumplimientos en entre el 50 % y el 60 % de los productos analizados.
El artículo 20 de la ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista exige que el descuento debe hacerse en base al precio más bajo aplicado de los últimos 30 días. En el caso de las
empresas analizadas, se detectó que los precios habían aumentado antes de aplicarse el descuento, hecho que se considera falta grave según la Llei del Codi de Consum de Catalunya.
Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU en adelante) ya alertó en octubre de 2022 que no es descuento todo lo que se anuncia como tal. En el año 2021 analizaron 21.000 productos durante los 30 días anteriores al Black
Friday, de los cuales un 32 % vieron aumentado su precio. Como mínimo, desde el año 2015, cuando la OCU empezó sus estudios, existe la tendencia a incumplir la normativa sobre consumo, subiendo el precio de los productos antes de que se produzca el
descuento.
Además, durante los diferentes periodos de rebajas también existen casos de falsos descuentos y de irregularidades en los productos ofertados, tal y como ha denunciado FACUA a inicios del año 2023. Concretamente, denuncia que en algunos
casos se ofertan como rebajas productos que valían lo mismo anteriormente al inicio del periodo, descuentos menores al porcentaje anunciado, rebajas de productos que no estaban a la venta anteriormente, o productos con defectos de fabricación.
Es necesario que las administraciones públicas tengan herramientas y recursos suficientes para inspeccionar, detectar, y solucionar estas irregularidades. En un contexto de inflación y de dificultades para los consumidores, las Comunidades
Autónomas necesitan tener todos los recursos, humanos y económicos, para aumentar las inspecciones y sancionar los incumplimientos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Combatir las irregularidades y los falsos descuentos en los periodos de rebajas tradicionales y el Black Friday.
2. Aumentar o mejorar, en el ejercicio de sus competencias, las inspecciones en materia de fijación de precios durante los periodos de rebajas y del Black Friday, para que se cumpla con la legislación vigente.
3. Poner a disposición de las Comunidades Autónomas las herramientas y recursos necesarios para hacer cumplir el artículo 20 de la ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2023.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la articulación urgente de
una estrategia global de reposicionamiento competitivo y de búsqueda de mejores niveles de rentabilidad para la industria turística española en el contexto de las incertidumbres económicas y geopolíticas actuales, para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
A punto de cumplirse un año desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania que ha dado pie al desenlace de una crisis geopolítica a gran escala acompañada de múltiples daños y consecuencias colaterales de todo tipo, de momento la economía
mundial aún en fase de superación progresiva y definitiva de las secuelas de una pandemia de larga duración, estrena el presente 2023 con un panorama marcado por una desaceleración, que a lo largo del curso de los meses de este año podría desembocar
con mucha probabilidad en una gran crisis.
En efecto, a día de hoy de acuerdo con el pronóstico de los principales organismos multilaterales y casas de analistas de referencia, se prevé que salvo sorpresa, un tercio de la economía mundial y la mitad de Europa entren en un escenario
de recesión a lo largo de este año, donde todo apunta a que las tradicionales locomotoras económicas del Viejo Continente y China se lleven la peor parte de la contracción, y que como resultado lastrará el devenir de numerosos ámbitos productivos,
entre los cuales
se halla lógicamente el sector turístico a nivel global. De hecho, a fecha de hoy según los expertos de distintos organismos como resulta el caso de la OCDE, descartan una total recuperación del turismo en 2023 y 2024, retrasando como
pronto hasta 2025 la consecución de una real reactivación del sector turístico a nivel mundial.
Así las cosas, según las últimas estimaciones del FMI, el crecimiento mundial se frenará al menos al 2,7 % en 2023, cuando en 2021 fue del 6 % y del 3,2 % el pasado año. Por lo que respecta al caso concreto de España, las últimas
previsiones de crecimiento de la economía española por parte del Banco de España para 2023 se situarían en el entorno de un exiguo y débil 1,3 % PIB, lo cual sin duda alguna también acarreará consecuencias para la demanda turística de carácter
doméstico, sin olvidar que la renta de los españoles es la que más desciende en Europa desde 2019.
Siendo cierto que gracias a la cultura de los viajes tan firmemente arraigada y a la demanda embalsada por causa de la crisis COVID-19, España fue uno de los países en los que la pasada temporada alta de verano protagonizó en términos de
ingresos una clara recuperación, no obstante, la evolución del negocio turístico en nuestro país se lleva viendo golpeada en cuanto a márgenes y resultados empresariales por los efectos del muy significativo impacto inflacionario y el
desproporcionado incremento de los costes de producción para las empresas turísticas españolas, -unido a las dificultades intrínsecas derivadas de su reducido tamaño para capear una coyuntura tan compleja de las presentes características-, sorteando
a lo largo del último año serias dificultades, sin suficiente margen todavía a haber recompuesto sus balances desequilibrados por causa de las restricciones a los viajes durante un periodo prolongado, la imposibilidad de operar con normalidad y en
consecuencia, las cuantiosas y abultadas pérdidas generadas en las cuentas de resultados a lo largo de 2020 y 2021.
En este punto, resulta obligado traer a colación y hacer mención aquí a la falta de una verdadera hoja de ruta por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez a diferencia de los Gobiernos de otros países de nuestro entorno, que sí salieron al
rescate de sus respectivos tejidos productivos turísticos desde el mismo inicio de la pandemia. En el caso español, y cuando va camino de cumplirse dos años desde la aprobación del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia en abril
de 2021 por parte del Gobierno socialista, a pesar de la discriminación evidente, así como del clamor y reivindicación unánime de la industria turística española para lograr la aprobación pendiente de un PERTE específico para el sector productivo de
mayor retorno estratégico asegurado y líder mundial, sin embargo, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez continúa sin colocar al turismo en la parte alta de la agenda gubernamental.
En el actual escenario de enormes incertidumbres económicas y geopolíticas y de obvio empeoramiento del contexto exterior a lo largo del transcurso de los últimos meses, cabe señalar que hasta el pasado mes de noviembre de 2022, España había
recuperado un 85 % del turismo extranjero precovid, demanda internacional que actúa como verdadero sostén de la economía turística española y que en el supuesto de continuar agravándose el entorno macroeconómico internacional, podría estar en
peligro.
Por todo lo anteriormente expuesto, y ante la pérdida de competitividad turística de acuerdo con el Foro Económico Mundial, España ha descendido del primer al tercer puesto y a la espera de cómo evolucione el conflicto bélico ruso-ucraniano
durante 2023, con la finalidad de despejar la falta a día de hoy de suficiente predictibilidad, anticiparse y desplegar cuanto antes una verdadera y profunda estrategia global de carácter proactivo por parte del Gobierno de España, activando una
batería de medidas eficientes de diversa índole, que resulten capaces de asegurar el mantenimiento y la mejora de los niveles de empleo turístico, actividad y adecuada rentabilidad para todos los operadores de la cadena de valor turística española,
y que en definitiva, preserven bajo toda circunstancia la estabilidad socioeconómica en el corto y medio plazo de la totalidad de nuestros destinos españoles, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:
Medidas de alineamiento y corresponsabilidad público-privada:
- Promover la elaboración y desarrollo de una ley turística dentro de las competencias estatales de planificación económica y con respeto al principio de cooperación, que sirva de marco legal para el impulso del turismo como sector clave y
vital de la economía española.
- Avanzar hacia una mayor homogeneización de la normativa aplicable al sector tras la entrada ya en vigor de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, atajando todo lo posible la inseguridad jurídica que puede generarse tanto para
el consumidor de servicios turísticos, como para el prestador.
- Impulsar urgentemente el diseño, la aprobación y gobernanza desde una perspectiva transversal de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) destinado al sector turístico español, dotado de una ficha
financiera global mínima de 12.000 millones , mediante el cual se permita hacer frente a los desafíos y retos estructurales y coyunturales de este sector en el nuevo ciclo pospandemia, incluyendo la rehabilitación y modernización de zonas
turísticas a través de un comisionado.
- Diseño y edición por parte del Gobierno de España en coordinación con las Comunidades Autónomas y las organizaciones sectoriales, de una campaña de divulgación, concienciación y apoyo al sector turístico nacional que tenga por objeto
prestigiarlo, dar reconocimiento de su importancia, valor y trascendencia en el modelo socioeconómico español y de los componentes que forman parte de la marca país.
- Mejorar el valor y reposicionamiento de la marca turística España en un contexto de crisis internacional, así como de fuerte competitividad poscovid ante nuestros mercados consolidados, así como incrementar nuestra notoriedad en los
emisores menos tradicionales y lejanos de alto valor y rentabilidad.
- Evitar en coordinación con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos la implantación de tasas que graven pernoctaciones en los establecimientos turísticos reglados, penalizando en consecuencia la competitividad de los destinos españoles.
- Abordar conjuntamente el estudio y la mejora de la financiación de los municipios turísticos, teniendo en cuenta su casuística particular, así como sus necesidades reales.
- Reforzar la apuesta por la internacionalización de las empresas turísticas.
- Prevenir en colaboración con las Administraciones territoriales el fenómeno de la turismofobia y la estigmatización del turismo de masas atenuado hasta ahora por la falta de actividad.
Medidas de carácter laboral:
- Aprobación de un Plan extraordinario de mejora de la cualificación técnica del talento turístico, en materias clave tales como el dominio de las lenguas extranjeras, herramientas que nos acerquen al turista digital, sostenibilidad y
cualesquiera otros que posibiliten un salto competitivo de los productos turísticos españoles.
- Incentivar fiscalmente el autoempleo de jóvenes y otros colectivos preferentes que realicen actividades profesionales y empresariales turísticas en zonas con problemas de despoblación, así como fomentar y apoyar la puesta en marcha de
proyectos innovadores desarrollados por emprendedores en los destinos españoles de interior.
Medidas de apoyo empresarial:
- Aprobación y ejecución de un Programa extraordinario global de apoyo a la reactivación de las agencias de viaje españolas, tratándose de uno de los subsectores turísticos más damnificados y todavía de recuperación más tardía de sus niveles
de actividad prepandemia.
- Financiar un plan RENOVE Hostelería Española de ayudas de adecuación, mejora y modernización de instalaciones y equipamientos para los establecimientos hosteleros.
- Establecimiento de ayudas para sufragar los sobrecostes energéticos en la hostelería, muy dependiente energéticamente, mediante la transferencia por el Estado a las Comunidades Autónomas de las dotaciones necesarias para que estas empresas
puedan recibir como subvención el 50 % del coste de las instalaciones y equipamientos necesarias para cumplir las obligaciones contenidas en el RDL 14/2022; en paralelo, en los establecimientos hosteleros será de aplicación el tipo del IVA del 5 %
en sus consumos eléctricos, aunque superen los 10 KW de potencia contratada; por último, se reducirá el impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por las Directivas Comunitarias y se mantendrá el descuento de 20 céntimos para los
combustibles de uso profesionales en las actividades económicas de estos establecimientos.
Medidas de alcance económico y fiscal:
- Descartar completamente por parte del Gobierno de España toda propuesta encaminada a contemplar la posibilidad de incrementar la tributación de cualesquiera servicios prestados por el sector turístico español.
- Descartar absolutamente por efecto contraproducente en el contexto actual, cualquier iniciativa dirigida al establecimiento y aplicación de impuestos al combustible aéreo (queroseno), que se pueda traducir de manera automática en una
medida disuasoria para el deseo de viajar y las decisiones de viaje, lastrando o encareciendo el precio de los billetes.
- Defensa firme desde el Gobierno de España ante las instituciones comunitarias de la extensión de la excepción de la aplicación del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE) a los vuelos que conectan las Regiones Ultra
periféricas (RUP) con el resto de países de la Unión Europea.
- Flexibilización de las condiciones de devolución de las líneas de liquidez ICO de autónomos, microempresas y pymes turísticas; así como lanzamiento de una nueva línea de avales dirigida a autónomos y pymes turísticas en un contexto
creciente de encarecimiento de las condiciones de financiación.
Medidas de dinamización e incentivos a la demanda turística:
- Habilitación de todos los créditos presupuestarios necesarios, que posibiliten introducir acciones globales de mejora en la convocatoria de las temporadas 2023/2024 de los Programas de Turismo Social para personas mayores y mantenimiento
del empleo en zonas turísticas y de Termalismo del IMSERSO, tales como la mejora cualitativa de las condiciones de rentabilidad aplicadas a los proveedores mediante la inclusión de precios unitarios con valores de mercado y ajustados a los costes
reales de producción actualmente, preservando parámetros de calidad en las ofertas de los viajes y los servicios prestados, así como ampliando la oferta del número de plazas y pernoctaciones a generar.
- Diseño y ejecución de un Plan Estratégico de Turismo Gastronómico y Enológico de la Marca España 2023, que sirva como palanca de consolidación de la marca España como potencia gastronómica de calidad en el mercado internacional.
- Aprobación urgente de un Plan extraordinario de reactivación turística global para la isla de La Palma.
- Reposicionamiento competitivo del Destino España mediante el diseño e implementación de un plan urgente de actuación de promoción y puesta en marcha de rutas a nuevos destinos, estimulando desde un punto de vista tarifario la captación de
tráfico internacional de viajeros y la apertura del espacio aéreo español a nuevos mercados turísticos, incluyendo el largo radio; así como aplicando medidas singularizadas para el caso de los territorios extrapeninsulares absolutamente
dependientes de la conectividad por razón de sus especificidades.
- Promoción de la marca turística España como destino de asentamiento y residencia de los jubilados extranjeros de los países de nuestro entorno, -favoreciendo la desestacionalización del ciclo turístico y enriqueciendo la economía de
servicios-, mediante la puesta en valor de los elementos característicos de nuestra marca-país.
- Promoción y reposicionamiento de España como gran destino de teletrabajo con una climatología inmejorable, 'business friendly', etc., diseñando para ello una línea de trabajo específica que contemple medidas y acciones que tengan por
objeto la captación de nómadas digitales y teletrabajadores extranjeros, incentivando a las compañías internacionales, etc, y que contribuyan a aumentar la duración de la estancia media y a incrementar el gasto en nuestros destinos locales.
- Promoción del Destino España hacia otros segmentos alternativos a los ya consolidados, tales como el turismo idiomático de enorme valor por sus repercusiones económicas y de perfil prescriptor; la apuesta por el turismo deportivo también
considerado de alto valor (producto golf, práctica de deportes de invierno, celebración de eventos y competiciones deportivas, estancias de clubes y equipos deportivos para el entrenamiento en destinos e instalaciones especializados en alto
rendimiento deportivo, etc.), dadas nuestras benévolas condiciones climatológicas y posibilitando eventualmente seguir profundizando en la diversificación y desestacionalización de la oferta española de calidad.
Medidas deslocalización oferta turística:
- Apostar definitivamente por el turismo en zonas rurales a través del desarrollo de los territorios rurales inteligentes, generando empleo, nuevas oportunidades, reteniendo y atrayendo población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2023.-Agustín Almodóbar Barceló e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, don Juan Carlos Segura Just, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley de impulso del carácter espiritual, familiar y solidario
de las fiestas navideñas, para su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. El cristianismo y la Navidad como pilares de nuestra identidad.
Del mismo modo que no se puede entender la civilización occidental sin los tres pilares sobre los que se constituyó -tradición cristiana, filosofía griega y Derecho romano 38-, tampoco se puede comprender la identidad de España como entidad
política sin el papel del Catolicismo en su Historia. Este ha sido uno de sus principales elementos vertebradores, como aseveran, entre otros, G. Bueno 39 y M. Menéndez Pelayo 40). Y, a pesar del fenómeno de descristianización que impera en
Europa, la religión católica continúa siendo la confesión mayoritariamente profesada por los españoles 41.
En plena coherencia con lo anterior, en nuestro país existen multitud de manifestaciones culturales relacionadas con la fe cristiana: ciudades, pueblos y calles que reciben el nombre de santos; el propio calendario nacional de festivos, en
el cual casi todas las fiestas se corresponden con efemérides católicas 42, festividades populares, actos culturales con significación religiosa, etc.
38 Cfr., entre otros, DAWSON, C., Los orígenes de Europa, Rialp, Madrid, 1991. En este mismo sentido, BENEDICTO XVI, en Discurso al Parlamento Federal, Berlín, 22 de septiembre de 2011, p. 6, asevera: 'La cultura de Europa nació del
encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma; del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma'.
39 Señala GUSTAVO BUENO, en Obras completas. España no es un mito y otros textos sobre España, Pentalfa, Oviedo, 2021, p. 73, que 'España comienza a existir como entidad política, con identidad plena, (...) en virtud precisamente de su
identidad católica'. El otro gran elemento que constituyó un pilar de la identidad de España fue la política imperial: 'el Islam rompe la unidad visigoda produciendo la dispersión de sus partes, que terminan coordinándose y reuniéndose
solidariamente bajo un imperio católico que trata de restituir (...) la unidad cristiano-romana previa, pero con una identidad, y esta es la cuestión, ya distinta de la romano-visigoda', señalan BUENO, G. y ABASCAL, S., en la obra conjunta En
defensa de España. Razones para el patriotismo español, Encuentro y Fundación para la Defensa de la Nación española, Madrid, 2008, p. 32.
40 MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia de los heterodoxos españoles, Edición Nacional de Obras Completas, CSIC, 1948, Vol. I, p. 237. Así lo corrobora SANTOVEÑA SETIÉN, A., en 'Historiografía y organización territorial. Menéndez Pelayo y la
articulación del estado español', Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, año 68, 1992, p. 159.
41 Según https://es.statista.com/estadisticas/551220/distribucion-de-la-poblacion-espanola-por-creencias-religiosas/, la cifra total de católicos es del 57,2%, suma del 39,1% que se dice católico no practicante y el 18,1% que se reconoce
católico practicante. Por otro lado, el VIII Informe FOESSA de 2019 refiere, sobre la base de los datos recabados por la fundación que lo publica, que un 63,6% de los españoles son católicos, el 1,2% son evangélicos y el 0,9% ortodoxos, por lo que
el porcentaje de personas cristianas es de 65,7. Al respecto, ver la página 9 del documento de trabajo del citado informe (https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/05/1.3.pdf).
42 En el caso de las fiestas nacionales recogidas en el artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, algunas son abiertamente religiosas o de
origen religioso -la Natividad del Señor y todos los domingos del año, dies Domini-.
En la Navidad se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret 43, acaecido hace más de dos mil años en Belén de Judea. El alumbramiento de Cristo es, como se ha indicado, un acontecimiento fundamental en la fe cristiana, que a su vez
impregna toda la cultura occidental y, por supuesto, la española. En el tiempo de Navidad, que se inicia la víspera del 25 de diciembre (la Nochebuena), se suceden varias fiestas religiosas de innegable raigambre popular, como la Epifanía del 6 de
enero.
Segundo. La dimensión social de la Navidad.
Con independencia de las creencias de cada uno, es imposible obviar la importancia histórica y cultural de la Navidad en nuestro país y en tantos otros. En torno a estas fiestas, el imaginario popular ha ido desarrollando creaciones
musicales (los villancicos, algunos de los cuales, como el Cancionero de Uppsala, se conservan desde el s. XVI), ornamentales (los árboles de Navidad o las luces que decoran nuestras calles y casas), teatrales (los belenes vivientes), escultóricas
(los belenes de talla, algunos de ellos de calidad mundialmente reconocida 44) o gastronómicas (el roscón de Reyes, el turrón, los mazapanes, los polvorones...), entre otras muchas.
Igualmente, son reseñables las tradiciones que, alrededor de las diversas celebraciones del tiempo de la Navidad, se festejan cada año en los hogares españoles, en especial la cena de Nochebuena, la comida de Navidad y la celebración de la
mencionada fiesta de los Reyes Magos. Esta última, que es una arraigadísima celebración en España, comienza con las cabalgatas de la tarde del 5 de enero y continúa con la magia de la mañana siguiente, en la que pequeños y mayores reciben regalos
'de parte de sus Majestades'. Se puede afirmar que los días de los Reyes Magos se cuentan entre los más felices de la gran mayoría de los niños españoles.
Todas estas tradiciones son una clara manifestación de la riqueza sociocultural de nuestra Nación y, por ello, han de ser respetadas y promovidas por los poderes públicos. Hasta tal punto se inserta en nuestra tradición popular la fiesta de
la Natividad del Señor que el día 25 de diciembre es reconocido como festivo laboral en todo el territorio nacional (artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores). Por añadidura, 'con ocasión de las fiestas de Navidad', esta misma norma recoge el
derecho de todo trabajador a una gratificación extraordinaria (artículo 31): la conocida como 'paga extra' de Navidad.
La Navidad, además de un tiempo del año de gran significación religiosa y familiar, es para muchos un momento de especial sensibilidad social, 'un tiempo para la bondad y la transformación personal'. 45 Son fechas en las que la paz, la
unidad y el amor que inspira el nacimiento de Jesús cobra especial importancia en la familia. Las familias se reúnen en torno a este mensaje y lo celebran juntas.
Son momentos en los que la familia adquiere un mayor protagonismo y se revela, una vez, más como el pilar fundamental de la sociedad. En tiempos de dificultad es cuando se hace más evidente la necesidad de la familia que, a imagen y
semejanza de la familia del Niño Jesús, proporciona un refugio y la esperanza que todos necesitamos. Y esa misma esperanza es la que se debe transmitir a todo el mundo, desde la propia familia hasta las más altas instituciones del Estado.
La alegría que en estas fechas se experimenta en tantos hogares contrasta con las situaciones de dificultad de otros a causa de la soledad no deseada; de la necesidad económica -en las fechas más frías del año, muchos hogares no pueden
siquiera pagar la calefacción ni, por supuesto, afrontar un gasto extra en regalos, comida, etc.-, la precariedad laboral...
Nuestra comunidad política debe inspirarse en las más elevadas virtudes del pueblo español, la mayor parte de las cuales tienen sus raíces en su tradición cristiana. Quizá la más excelente de todas ellas sea
43 La religión católica está transida del fenómeno histórico asociado a la figura de Jesús, quien marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. SOTELO, I., en 'Una idea de Europa: cristianismo y modernidad', Cuenta y Razón,
N.º 75, 1993, p. 24, ahonda en la idea de la trascendencia para el mundo moderno del surgimiento del cristianismo. A título de ejemplo, resulta paradigmático el hecho de que universalmente se haya aceptado la nomenclatura histórica 'a. C. y d. C.',
que sitúa a Cristo como el principal eje temporal de la historia.
44 Señala J. SADURNI, en https://historia.nationalgeographic.com.es/a/belen-tradicion-mas-entranable-navidad_17504, que 'España sigue distinguiéndose por su gran tradición belenística, cuya calidad es ampliamente reconocida. Así, entre los
belenes más populares de nuestro país se encuentran algunos como el Belén Bíblico de Jerez de los Caballeros, en Badajoz (el belén monumental más grande de Europa); el Belén viviente de Buitrago del Lozoya, en Madrid; el Belén mudéjar de Sevilla,
que cuenta con edificios emblemáticos de la ciudad; el Belén de Salzillo, que se expone en el Museo Salzillo de Murcia; el Belén de Ocaña, en Toledo, que se muestra en el convento de Santo Domingo de Guzmán de esta localidad y cuenta la historia
de la Salvación desde la creación del hombre hasta la resurrección de Jesús; el Belén con luz y sonido de la Concatedral de Guadalajara, y el original Belén de Rute, en Córdoba, que está íntegramente hecho de chocolate'.
45 GÓMEZ FERNÁNDEZ, F. J., Breve historia de la Navidad, Ediciones Nowtilus SL, Madrid, 2019, Introducción.
el amor al prójimo, virtud que tiene una asociación especial con las fiestas navideñas. Un Estado rectamente constituido tiene esta y otras virtudes como columna vertebral de toda su actuación.
En este sentido, es menester que el poder público, en desarrollo de su faceta social, adopte las medidas necesarias para proteger a los españoles que, por causas ajenas a su voluntad, se encuentran en situación de dificultades
socioeconómicas e, incluso, afectivas. Asimismo, es necesario que el Estado apoye -particularmente en Navidad, por el componente solidario de estas fechas- todas las iniciativas que, en este sentido, emprenda la sociedad civil, desde el respeto al
principio de subsidiariedad. Pues la Navidad, además de su dimensión religiosa, es el momento donde la paz, la reconciliación y la esperanza brillan con más intensidad.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Manifestar un pleno respeto a la Navidad como fiesta que integra de forma irrenunciable la tradición y la identidad de España desde tiempos inmemoriales.
2. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la celebración pública de la Navidad, removiendo cuantas restricciones y obstáculos puedan oponerse a que los españoles pueden festejarla con el espíritu religioso, familiar y solidario
que le es propio.
3. Promover, de manera especial durante la Navidad, el consumo de productos de fabricación nacional.
4. Proteger a los españoles en situación de dificultad socioeconómica y apoyar la acción de la sociedad civil encaminada a este mismo fin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2022.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Juan Carlos Segura Just, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, don Juan Carlos Segura Just, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ampliación de los permisos por maternidad y
las modificaciones de las coberturas de la Seguridad Social, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. La protección social de la familia.
La familia es la célula básica de la sociedad, lugar primordial de afecto, comunión y desarrollo de la persona. No en vano, la Constitución Española, en su artículo 39, reconoce como principio rector de la política social y económica 'la
protección social, económica y jurídica de la familia'.
La posibilidad de conciliar vida familiar y laboral es una de las grandes exigencias de la protección social de la familia. Como nación, España debería colocar a la cabeza de sus prioridades políticas acciones ordenadas a que la realidad
del trabajo no sea hostil para la familia y el nacimiento y cuidado de los hijos, sino todo lo contrario.
En este sentido, el cuidado de la prole, especialmente en las primeras etapas de la vida, exige un especial respeto por parte de los poderes públicos. La protección social en este ámbito se ha concretado,
entre otras medidas, en la figura del permiso o baja de maternidad, hoy denominado permiso por nacimiento y cuidado de menor.
Segundo. Régimen jurídico de los permisos por maternidad y lactancia.
El 8 de marzo de 2019 entró en vigor el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (en adelante, 'RDL 6/2019'), en
virtud del cual se modificaron, entre otras, la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo; la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre ('ET'); la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre ('EBEP'); y la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre ('LGSS').
Con la nueva redacción del ET y del EBEP, las madres gozan de un permiso por maternidad de dieciséis semanas 46 (el RDL 6/2019 reniega del uso de los términos paternidad o maternidad para referirse únicamente al nacimiento y el cuidado del
menor), de las cuales, con carácter general, es obligatorio acogerse al disfrute de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de manera ininterrumpida.
Si bien la empresa tiene que afrontar el gasto de su cotización, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ('INSS') asume el cargo del salario del trabajador durante este periodo, lo que se traduce en un subsidio o prestación equivalente
a la totalidad de la base reguladora correspondiente. Esta es igual, a su vez, a la establecida para los supuestos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 295/2009, de 6 de
marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
Tras la modificación operada por el RDL 6/2019, el ET prevé en los apartados cuarto y séptimo de su artículo 37 el permiso retribuido tras la baja por maternidad, consistente en ausentarse una hora por lactancia (fraccionable en dos mitades,
o bien trasladable al inicio o al final de la jornada o, como alternativa, acumulable), así como la concreción horaria del permiso, sometida a los criterios que determine el convenio colectivo que resulte de aplicación en cada caso.
Tercero. Ampliación del permiso por maternidad y cobertura de las cotizaciones.
La realidad del mundo laboral, especialmente en las grandes ciudades, obliga a los padres a pasar un gran número de horas fuera del hogar, lo que repercute necesariamente en el cuidado de los hijos. Por esta razón, VOX aboga por promover
medidas para reforzar la protección social de la familia a través del fomento de las prestaciones ordenadas al cuidado y crianza de los hijos.
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria considera que la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad es 'la forma de alimentación ideal para los recién nacidos' 47. De igual forma, la ampliación de la lactancia
materna hasta los seis meses redunda en un mayor bienestar y humanidad de la crianza, en un mejor cuidado y en un fortalecimiento del vínculo entre el recién nacido y la familia. Y es que -aunque esta no puede ser una medida aislada- la ampliación
de la baja por maternidad es necesaria para promover una cultura favorable a la familia.
En coherencia con lo expuesto, y con objeto de aumentar la protección social y la inversión del Estado en la familia, VOX defiende que tanto las cotizaciones durante la baja por maternidad como el permiso retribuido por lactancia sean
asumidos por la Seguridad Social.
En otro orden de cosas, España atraviesa una gravísima crisis demográfica, provocada por dos factores: uno positivo, el aumento de la esperanza de vida, y otro negativo, la disminución de los nacimientos. La tasa de natalidad necesaria
para un reemplazo generacional es de 2,1 hijos por mujer. España, sin embargo, tiene actualmente una media de 1,19 hijos por mujer, casi la mitad. Se trata, para mayor gravedad, de una tasa que desciende cada año, provocando que se acentúe la
inversión de la pirámide poblacional.
La relevancia sociopolítica de cualquier cuestión se puede medir, entre otros parámetros, por la dedicación -económica, mediática, legislativa- de la que es objeto por parte de los poderes públicos.
46 Por medio del RDL 6/2019 se equiparan las bajas por paternidad y maternidad en un único permiso denominado 'permiso por nacimiento y cuidado del menor'.
47 https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivos-adjuntos/posicionamiento_aepap_sobre_permsios_de_paternidadmaternidad.pdf
Por cuanto respecta al problema demográfico, lo cierto es que el tratamiento que del mismo se ha hecho en los últimos años es insuficiente y errático. Lejos de considerar en su gravedad el problema poblacional y de analizar sus causas
reales para ponerles remedio, este ha sido constantemente minusvalorado.
Si analizamos el ámbito de la protección social desde una perspectiva económica, podemos constatar que España le destina una cuantía similar a la media de la Unión Europea (17,4 vs. 19,3). Sin embargo, a las familias se les asigna
exactamente la mitad de la media europea (0,9 vs. 1,8). España es, por tanto, uno de los países de la Unión Europea que menos recursos públicos destina a la familia.
Cuarto. Conclusiones.
De los datos expuestos se infiere que, si bien España considera la asistencia social como algo relevante, no ocurre lo mismo con la familia, cuya consideración, al menos a nivel presupuestario, es la de un elemento cuasi residual en las
políticas públicas. En consecuencia, no se está llevando a cabo una política de difusión del bien que supone la familia y la paternidad y, por ende, no existe una consideración social acertada sobre estas realidades.
Esta circunstancia obliga a llevar a cabo las acciones políticas necesarias para promover la natalidad. Según la última encuesta sobre fecundidad publicada por el INE, entre los principales motivos para no tener más hijos se encuentran las
razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral 48. En general, concluye el INE, las mujeres desean tener más hijos de los que tienen realmente 49.
Es necesario actuar de forma inmediata para parar la emergencia demográfica por la que atraviesa España.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las medidas legislativas necesarias para fomentar la conciliación entre la vida familiar y laboral, la cultura de la vida y el cuidado, así como la natalidad, para detener la
emergencia demográfica. A tal fin, habrán de ejecutarse las siguientes propuestas:
- El aumento de los permisos por maternidad a seis meses, prorrogables hasta los doce meses para los casos de niños con discapacidad o prescripción pediátrica de cuidado intensivo.
- La cobertura por parte del INSS de la totalidad de las cotizaciones durante el permiso por maternidad, así como del permiso retribuido por lactancia. Para este último, se promoverá la posibilidad del abono de todas las horas retribuidas
en un único pago, con el objeto de simplificar la gestión administrativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2022.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Juan Carlos Segura Just, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, relativa a la puesta en marcha de una Ley de Servicios Sociales.
48 https://www.ine.es/prensa/ef_2018_d.pdf
49 A esta brecha hay que añadirle 'una tendencia en todos los países de nuestro entorno, que es la postergación de la maternidad. Este hecho contribuye a la caída de la natalidad, ya que hay muchas mujeres que cuando quieren ser madres ya
no pueden por su edad. De todos los países de nuestro alrededor, España es el país de la Unión Europea en el que las mujeres son madres más tarde'. MARTÍNEZ OTERO, L., Propuestas de reforma para fomentar la natalidad, la conciliación y la familia
en el IRPF, UNED. Revista de Derecho UNED, n.º 26, 2020.
Exposición de motivos
Los servicios sociales públicos son el conjunto articulado de acciones, prestaciones y servicios que despliegan las administraciones públicas para dar acompañamiento a la ciudadanía ante situaciones de desprotección y/o necesidades
especiales de apoyo y cuidados.
Se trata de un pilar básico del Estado del Bienestar, esencial para la cohesión social y la lucha contra las desigualdades, así como un servicio vital para los y las ciudadanas que viven situaciones de riesgo de pobreza o exclusión social,
discapacidad o dependencia, así como a la hora de garantizar los derechos de niños y niñas en riesgo o desamparo.
Las comunidades autónomas han desarrollado, en coherencia con la competencia plena que les otorga el artículo 148 de la Constitución Española (CE), un complejo y rico entramado de servicios, generando una estructura robusta, creando empleo,
atendiendo a la ciudadanía y respaldando sus intervenciones mediante legislaciones autonómicas de servicios sociales, adaptadas a la realidad social de los distintos territorios.
Algunos servicios tienen un claro carácter asistencial, en la medida en que persiguen la protección de las necesidades de las personas con niveles de rentas más bajos. Otros, sin embargo, están dirigidos a intervenir sobre diversas
problemáticas y realidades que afectan a las personas a lo largo de su ciclo vital y conforman políticas de carácter universal: cuidados de larga duración, protección de menores, itinerarios o procesos de reconducción de la vida de personas que
necesitan apoyos de diverso tipo, etc.
No obstante, y a pesar de su importancia y del reconocido trabajo de las comunidades autónomas, los servicios sociales públicos constituyen el pilar del Estado del Bienestar menos desarrollado en España, mucho menos que en otros países de
nuestro entorno, tal y como constatan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Unión Europea. Podríamos afirmar que, en España, los servicios sociales son considerados como la última red de protección, y han
ocupado un lugar residual en comparación con la atención dedicada a la sanidad, educación y al sistema de protección social, fundamentalmente desempleo y pensiones.
Además, que los sistemas de servicios sociales se hayan desarrollado con distinta intensidad y ritmo en cada territorio ha ocasionado profundas desigualdades entre los apoyos sociales que reciben unas personas u otras en base a la comunidad
autónoma en la que se encuentren, sin que exista un mínimo común que iguale en derechos a la ciudadanía.
Las dos graves crisis económicas vividas en España, la financiera de 2008 y la derivada de la COVID-19 en 2020, han tensionado aún más unas estructuras de servicios sociales que ya anteriormente se encontraban, en términos generales,
infradotadas y no suficientemente desarrolladas en relación con las necesidades de las personas o comparadas con los servicios sociales de otros países de nuestro entorno. Se ha incrementado la demanda al tiempo que los recursos disponibles
disminuían, lo que ha terminado por dar lugar a unos servicios sociales centrados en paliar y no en transformar, orientados a la emergencia y sobrecargados con funciones propias de otros sectores: vivienda, educación, empleo, salud o garantía de
ingresos. Esto es, en la medida en que los servicios sociales han tenido que responder a necesidades estructurales crecientes, se ha ahondado en su carácter asistencialista, alejándolos de propósitos universalistas, preventivos e integradores.
Esta trayectoria de las políticas de servicios sociales ha ido acompañada de un sistema de provisión crecientemente privatizado y externalizado. Se ha configurado un verdadero sistema mixto de provisión, público y privado.
Otra de las debilidades está relacionada con el modelo de provisión de muchos de los apoyos sociales y cuidados que dependen de los servicios sociales; se trata de intervenciones más centradas en las necesidades del servicio que en las
personas, sus necesidades y preferencias. Este modelo ha derivado en recursos muy rígidos y fragmentados, en intervenciones menos eficaces; en una gran cantidad de burocracia, respuestas demasiado lentas para lo que demandan situaciones complejas
o de emergencia, en barreras de acceso injustificables e inaceptables.
Atendiendo a este breve diagnóstico, se puede concluir que es necesario aprobar de manera urgente una ley de servicios sociales que establezca las condiciones esenciales para la igualdad en el acceso y disfrute de los mismos. Ha de ser esta
una ley que establezca unos mínimos esenciales comunes; que respete plenamente el artículo 148 de la CE y al mismo tiempo garantice una igualdad básica entre todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente del territorio en el que vivan, en
coherencia con el artículo 149, que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre 'la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales'.
Asimismo, es necesaria una ley que garantice el refuerzo general del sistema y la orientación del mismo hacia una atención personalizada, integral e inclusiva, que ponga a los ciudadanos y ciudadanas y sus necesidades en el centro y que
garantice la autodeterminación de las personas.
Una ley que avance en el reconocimiento de la esencialidad de los servicios sociales; que desarrolle un sistema de información común, que maximice el potencial de los datos para conocer con más detalle las distintas situaciones por las que
atraviesa la ciudadanía y el impacto de las políticas públicas de cara a diseñar mejores intervenciones; un sistema de gobernanza colegiada más robusto, en el que, entre las distintas administraciones competentes, se dialogue y se tomen decisiones,
en su caso, acerca de cuestiones clave como los estándares de atención, las ratios o los servicios y prestaciones; una ley que avance en orientar la atención hacia la personalización, la integralidad, la inclusión y la no estigmatización.
Por todo ello, el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar de manera urgente una ley de servicios sociales que tenga entre sus objetivos:
1. Establecer unas condiciones básicas para la igualdad en el acceso a sus prestaciones.
2. Reforzar el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia como órgano colegiado de toma de decisiones.
3. Desarrollar un sistema de información estatal en servicios sociales.
4. Entre otras medidas para agilizar el acceso a servicios sociales, excepcionar las ayudas económicas municipales de emergencia y urgencia social de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2023.-Pilar Garrido Gutiérrez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la revisión de las ayudas directas al sector pesquero y para la rebaja del IVA de los productos pesqueros al 0 % para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 20/2022, del pasado 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, dejó, en lo que al sector pesquero se refiere, bastantes más razones para la decepción que
para el optimismo.
El Gobierno del Estado persiste en su negativa a bajar el IVA de pescados y mariscos, a pesar de ser una medida solicitada insistentemente por numerosas entidades del sector, así como también por el propio Parlamento de Galiza, en un acuerdo
adoptado unánimemente en abril de 2021.
Una decisión, además, que ya han tomado hace tiempo otros países de nuestro entorno y que no solo favorecería al propio sector, sino a la población en general y, muy en particular, a la más desfavorecida económicamente, además de contribuir
a fomentar el consumo de productos pesqueros y, como consecuencia, a mantener una dieta más saludable.
Además de volver a rechazar esta rebaja, el real decreto-ley tampoco establece medidas que sirvan realmente para paliar la problemática situación que está viviendo el conjunto del sector pesquero desde mucho antes del comienzo de la guerra
de Ucrania y que llevó a un encarecimiento de los combustibles que no se recordaba en décadas.
La supresión del descuento de 20 céntimos por litro de carburante ha sido sustituida por ayudas directas que, a diferencia de lo que ocurría con la anterior medida, vigente hasta el 31 de diciembre, no llegarán a todas las embarcaciones y en
las que, al emplearse como criterio principal para su concesión los metros de eslora, producirán agravios importantes entre embarcaciones del mismo censo y caladero, además de perjudicar de manera importante a aquellas que constituyen precisamente
el censo más importante en Galiza, el de artes menores.
Así, por un lado quedarán excluidas aquellas que no estén al corriente en el pago a la Seguridad Social o Hacienda, un número no menor, ya que la actual situación de crisis no permitió que todas pudieran hacerlo. Y, por otro, faenando en un
mismo caladero, con las mismas artes y con los mismos tripulantes, se establecen diferencias muy significativas entre embarcaciones, según sea su eslora.
No es justificable que un sector que, tal y como reconoce el propio real decreto-ley, '... resulta especialmente perjudicado, lo que hace insostenible a corto plazo su actividad, comprometiendo la viabilidad empresarial y, con ello, el
mantenimiento de tejido productivo y de empleo...', siga sin ser beneficiario de medidas largamente solicitadas como la reducción del IVA y, además, resulte nuevamente agraviado tras la sustitución del descuento en el combustible por ayudas directas
que no tienen en cuenta la realidad del sector y que afectan mayoritariamente a la flota gallega más numerosa, la de artes menores.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Rebajar el IVA de pescados y mariscos al 0 %.
2. La reestructuración de las ayudas directas para el combustible pesquero que se establecen en el Real Decreto-ley 20/2022, de manera que ninguna embarcación quede excluida y no se produzcan agravios entre las del mismo caladero y censo,
nombradamente en la flota de artes menores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación de las salinas del Cabo de Gata para su debate en la Comisión
de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Las Salinas de Cabo de Gata están en peligro. Se están secando y la Junta de Andalucía sigue sin actuar. Son más de 100 especies distintas de aves las que habitan en estos humedales. La gran mayoría de estas aves utilizan las salinas como
lugar de descanso en su proceso migratorio y una menor parte lo tienen como residencia permanente, aprovechando los templados inviernos de la zona. El flamenco rosado o flamenco común es el más abundante en estos ricos humedales. Es muy habitual
ver miles de flamencos en verano cuando se produce su paso migratorio y unos centenares de flamencos permanecen todo el año en estos humedales. En las Salinas existen cinco puestos de observación ornitológica para contemplar este espectáculo
natural y para disfrute de miles de visitantes a lo largo del año. Sin embargo, en la actualidad los flamencos están dejando de aparecer por este, que ha venido siendo hasta ahora su paraíso natural.
Las salinas de Cabo de Gata permanecen en actividad industrial y además de su capacidad productiva, unas 40.000 toneladas anuales de sal, poseen un gran valor ecológico, ya que es el hábitat de multitud de especies animales y vegetales.
El canal de entrada de agua marina de unos 400 metros, con más de cien años de historia, ha quedado taponado. La falta de funcionamiento de esta instalación ha cortado la llegada de agua del mar y ha generado efectos peligrosos para la
conservación del ecosistema. La salinera que la explota no se hace cargo del abastecimiento de agua a este espacio, y aunque muestra su predisposición a solucionar el problema y poner de nuevo en marcha la instalación, la verdad es que no se
aborda, por lo que la salina se va secando poco a poco.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su interés por la situación de las salinas del Cabo de Gata, así como por que la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias, culmine la reparación del canal de entrada de agua marina, de
manera que se pueda asegurar la alimentación del humedal. Asimismo, insta al Gobierno a:
- Adoptar provisionalmente las medidas más adecuadas, desde el pleno respeto al régimen competencial, y estableciendo las necesarias líneas de colaboración entre todas las administraciones, según los criterios de los expertos y los informes
técnicos correspondientes para, de forma inmediata, recuperar la lámina de agua.
- Crear una comisión de expertos que evalúen la situación de las salinas, estudien las alternativas de sostenibilidad con nuevas tecnologías y la posibilidad de realizar un Proyecto Life sobre este espacio de alto valor ecológico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2022.-Antonio Hurtado Zurera, Sonia Ferrer Tesoro, Indalecio Gutiérrez Salinas y Eva Patricia Bueno Campanario, Diputados.-Esther Padilla Ruiz e Isaura Leal Fernández, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/004710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre los Concursos de Transición Justa para la adjudicación de los nudos de evacuación de As Pontes y Meirama para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El proceso del cierre de la central térmica de Endesa en la localidad de As Pontes va a provocar una grave crisis industrial y de empleo en la localidad que se va a sentir en las comarcas de Eume, Ferrol y Ortegal. De hecho, el estudio
encargado por el Concello de As Pontes a un equipo de investigación de la UDC estima que el cierre de la térmica puede provocar la destrucción de entre 1.000 y 1.400 puestos de trabajo.
La mejor baza con la que cuenta la localidad de As Pontes para enfrentar este proceso de cierre de la central es precisamente la posibilidad de gestionar la capacidad de acceso a la red de transporte de electricidad que va a liberar el
cierre de la térmica a través un concurso reglado, concurso que el Ministerio denomina 'concurso de transición', para adjudicar el también denominado 'nudo de transición', que es la conexión donde las nuevas instalaciones de generación eléctrica
descargan en la red su producción.
Ni que decir tiene que en el presente escenario de transición energética y de auténtica burbuja de solicitudes para instalar parques eólicos en Galiza, la capacidad para evacuar la electricidad producida se convierte en una cuestión vital
para el éxito de las instalaciones en particular y de la transición energética en su conjunto y, por lo tanto, de gran valor económico.
Tanto es así que el 'concurso de transición' para adjudicar el nudo de acceso que libera el cierre de la térmica de Andorra-Teruel, también de Endesa, acaba de resolverse por el Ministerio a favor de una oferta que significa la inversión de
1.200 millones de euros y la previsión de crear 3.500 empleos.
Es de destacar no solo el volumen de la inversión y las expectativas de creación de empleo, sino también el hecho de ser la oferta ganadora entre otras 11 ofertas.
La capacidad de acceso a la red de transporte que va a liberar el cierre de la térmica de As Pontes, es decir, el nudo de transición de As Pontes, figuraba explícitamente, igual que el de Andorra-Teruel, en el listado del Real Decreto-ley
23/2020 por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
Todo el proceso de transición energética adolece de muchos defectos, pero no de documentación y normativa específica, desde el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, al Convenio de transición justa de As Pontes, pasando por la
Estrategia de transición justa, todos documentos gubernativos en los que queda claro que esa capacidad de acceso a la red que liberan las térmicas ha de ser la baza o potencialidad principal para encaminar la reindustrialización de las zonas
afectadas.
Sin embargo, en mes de julio de este año 2022 la empresa REE (hoy REDEIA), controlada por el Estado y que ejerce de operador del sistema eléctrico, además de ser la propietaria de los nudos de acceso a la red, informa a través de su página
web que la capacidad disponible en As Pontes y, por lo tanto, susceptible de adjudicarse a través de un 'concurso de transición', es de 0 megavatios.
El Gobierno del Estado, ante las distintas preguntas presentadas por el BNG a este respecto, sigue sin contestar y se limita a remitirse al operador del sistema, la empresa REE, y la Ministra de Transición desatiende las solicitudes para
reunir a la Mesa de As Pontes que las otras partes integrantes vienen realizando desde hace dos años.
Desde el BNG entendemos que mantener las previsiones y compromisos respeto de la adjudicación de la capacidad de acceso a la red que libere la Central Térmica de As Pontes a través de un 'Concurso de transición justa' debería ser una
prioridad de los gobiernos estatal y gallego.
Cualquier otra actuación para la promoción industrial o empresarial en As Pontes dista mucho de garantizar el nivel de certeza y seguridad que implica una adjudicación a través de un concurso público, que incluye presentación de avales.
Pero el principal temor radica en el hecho de que el operador del sistema haga público que existen 0 megavatios disponibles, lo que pondría en riesgo cualquier proyecto de generación eléctrica que precise de un punto de evacuación, como, por
ejemplo, la planta de hidrógeno de REGANOSA, o las centrales hidráulicas de bombeo.
Es decir, el anuncio de REE sobre la capacidad disponible en As Pontes borra de un plumazo cualquier expectativa que legítimamente había existido en la localidad de mantener o promover una industria relacionada con la generación eléctrica.
La preocupación por este asunto ha llevado al BNG a presentar una PNL en el mismo sentido que la presente en el Parlamento de Galiza y que ya ha sido debatida y aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas con representación en la
Cámara galega (PP, PSOE y BNG).
Esta misma situación se está viviendo en el caso de la CT de Meirama en Cerceda, que también tiene pendiente realizar el concurso de su nudo de evacuación y con un convenio de transición justa sin ejecutar.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Mantener los 1.400 MW de evacuación de la CT de carbón de As Pontes en el nudo de Transición justa del Concello de As Pontes para la realización del Concurso de transición justa, con el mismo procedimiento empleado para adjudicar el
acceso al nudo de la CT de Andorra-Teruel.
2. Dar comienzo, de forma inmediata y urgente, al Concurso de transición justa para la adjudicación del nudo de transición de As Pontes correspondiente a los 700 MW de evacuación que ocupaban los Grupos 3 y 4 de la CT, con el mismo
procedimiento empleado para adjudicar el acceso al nudo de la CT de Andorra-Teruel.
3. Convocar, a la mayor brevedad y de forma urgente, la Mesa de Transición Justa de As Pontes, con la participación de todos sus integrantes y una representación de REE.
4. Mantener también, en el caso de Cerceda, los 580 MW de evacuación de la CT de carbón de Meirama en el nudo de Transición Justa Meirama 220 kV para la realización del Concurso de Transición Justa, de forma inmediata y urgente, con el
mismo procedimiento empleado en el nudo Mudéjar de la Central de Andorra (Teruel).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo e impulso a la Semana Santa de Cieza para que
sea declarada de Interés Turístico Internacional, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
La Región de Murcia cuenta con una prestigiosa tradición y dilatada trayectoria en cuanto a Semana Santa se refiere. La Región tiene el honor de contar con cuatro Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional: La Semana
Santa de Murcia, la Semana Santa de Cartagena, la Semana Santa de Lorca y la recientemente declarada de interés turístico internacional de Jumilla.
La Semana Santa de Murcia, de honda tradición y pasión, mezcla la espiritualidad más pura con lo más elevado de la cultura y el arte, al contar con la máxima expresión de la imaginería española, en tallas de espectacular belleza del máximo
representante del arte y cultura barroco: Francisco Salzillo. Durante la Semana Santa de Murcia, las calles de esta bella Ciudad se convierten en un auténtico Museo viviente donde lo real y lo imaginario, lo bello y lo sublime, lo espiritual y lo
terrenal, lo mundano y lo trascendente se funden para dar con una de las experiencias más vividas y únicas de la Pasión de cuantas Semanas Santas se conocen. El nazareno murciano siente y vive la Semana Santa como algo enraizado en su tradición, su
cultura y su forma identitaria de vivir y sentir.
La Semana Santa de Cartagena, con su indudable tradición militar y su disciplina castrense, adquiere un significado especial. En ellas se ve reflejado el trabajo de sus cofradías, que durante todo el año trabajan sin descanso para sacar a
las calles de la gran ciudad trimilenaria, portuaria, magna y mediterránea, unas magnas procesiones con identidad propia y un marcado carácter, como decíamos, castrense, que queda reflejado en el orden, la marcialidad y lo solemne de sus pasos.
La Semana Santa de Lorca, con sus desfiles bíblicos pasionales, su espectacularidad visual y su experiencia única, así como su pasión y la intensidad con que se vive este periodo, la hace diferente de cualquier otra. A ello se unen las
joyas de artesanía y arte de 'las bordadoras', muchas de sus obras declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) y de un valor incalculable en el mundo entero.
La Semana Santa de Jumilla, que recientemente ha obtenido la categoría de fiesta declarada de interés turístico internacional, destaca por su sobriedad y sencillez, que sin abandonar sus raíces levantinas, mira a la meseta castellana, y nos
invita a conocer esta tierra de vinos, donde sus calles esconden entrega e intensidad total y sus tambores invitan al recogimiento, sin desprenderse de su espíritu medieval con el que nacieron, que era enseñar de manera didáctica los pasajes
bíblicos de la muerte y pasión de Cristo.
Cada una con su particularidad, belleza e idiosincrasia única y especial que la hacen única y que vienen a enriquecer no solo el turismo religioso, sino nuestro atractivo turístico, siendo uno de los elementos esenciales para la
desestacionalización del turismo en nuestra tierra.
Si todas las anteriormente expuestas son merecedoras de esa declaración de interés turístico internacional y dignas muchas otras por su peculiaridad, singularidad y belleza, no es menos cierto que la Semana Santa de Cieza se ha ganado por
méritos propios el interés turístico internacional de facto.
Creemos firmemente que por su belleza, singularidad, devoción, sentimiento, tradición e historia, así como su evidente atractivo turístico, la Semana Santa de Cieza es merecedora de tal distinción y
reconocimiento y ayudará a promocionar, dar a conocer e impulsar esta belleza a nivel internacional sirviendo de magnífico escaparate para descubrir las bondades de esta bella tierra.
Podemos afirmar que la Semana Santa de Cieza es la fiesta más conocida y esperada de todo el año en el municipio. Un pueblo eminentemente pasionario y procesionista, cuyas primeras manifestaciones nazarenas se remontan a finales del siglo
XV, con una tradición de más de 600 años. Desde sus albores, la Semana Santa ciezana ha ido evolucionando para ofrecer al visitante valores y matices que la hace única respecto al resto del sureste español, llevándola a ser declarada de interés
turístico nacional en el año 2011. Además de ser una de las Semanas Santas más antiguas de España con más de seis siglos de historia, y de que su Junta de Hermandades (incansables trabajadores, embajadores infatigables de esta Semana Santa y de su
tierra y gentes, y pasionales devotos) cumplió en el año 2014 un siglo de antigüedad, cuenta con una de las mejores colecciones de imaginería del país de los siglos XX y XXI, con obras de Álvarez Duarte, González Moreno, Capuz, José Planes, Palma
Burgos, Hernández Navarro, Carrillo Marco, Antonio Bernal o Romero Zafra... Y su belleza cultural, patrimonial y artística no deja de crecer y de evolucionar. La música es un valor fundamental en esta fiesta, contando con 40 composiciones
originales entre pasodobles, marchas e himnos creados a lo largo de los siglos de infinita y emotiva hermosura artística (destacan las composiciones de 'el Cristo del Perdón' y 'Semana Santa ciezana' de reconocido prestigio nacional). Entre las
procesiones más conocidas destaca la Cortesía del Domingo de Resurrección donde llegan a reunirse cerca de 30.000 personas en una explosión de alegría en la que miles de caramelos cruzan el cielo en una particular 'batalla'. La más pintoresca es el
Auto del prendimiento de Martes Santo, original representación teatral escenificada en la Plaza Mayor, y la procesión del Descendimiento de Cristo a los infiernos, la madrugada del Viernes Santo al Sábado de Gloria, siendo la primera procesión del
mundo en que se pudo contemplar este misterio de la fe, caracterizada por la devoción religiosa, el recorriendo ante la luz de las antorchas, el silencio sepulcral, y la música coral sacra que inunda el casco histórico de Cieza, o la tradicional
caracola de 'Los Armaos' romanos.
Sin duda alguna, cualquier intento de describir o plasmar en el papel las razones por las que se debe declarar de interés turístico internacional se quedarían cortas, para una fiesta que recibe anualmente miles de visitantes y que es
reconocida, de facto, por méritos propios, una fiesta de reconocido interés y reconocimiento más allá de nuestras fronteras.
De todos es sobradamente conocido el gran trabajo que se ha realizado por las 18 cofradías y hermandades para que sea motivo de orgullo y reconocimiento dentro y fuera de España. Es pues, de justicia, que todos aunemos esfuerzos con cuantas
medidas sean necesarias para apoyar e impulsar la declaración de interés turístico internacional a la Semana Santa de Cieza.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que apoye e impulse a la Semana Santa de Cieza para que sea declarada de Interés Turístico Internacional, una vez se hayan realizado todos los trámites por parte del Ayuntamiento de
Cieza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2023.-Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina y Teodoro García Egea, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la urgencia de realizar obras de
reparación, rehabilitación y conservación de la Muralla de Ciudad Rodrigo (Salamanca), para su debate en la Comisión de la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La Muralla medieval de Ciudad Rodrigo es una de las grandes joyas del patrimonio histórico y cultural de esta ciudad salmantina. Su perímetro supera los dos kilómetros y cuenta con seis puertas: la Puerta del Sol, la Puerta de Santiago, la
Puerta del Conde, la Puerta de la Colada, Puerta de Amayuelas y Puerta de Santa Cruz.
En el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, tal y como ha certificado la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca, dicha muralla figura con naturaleza demanial afectado al Ministerio de Cultura (código de bien n.° 1996
724 37 999 0001 001) con denominación 'Murallas, Fosos, Contrafosos y Glacis', habiendo sido objeto de diferentes actuaciones de restauración, conservación o rehabilitación en las últimas décadas.
Tras consignar el Gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, una partida para la restauración de la Puerta de la Colada de la Muralla de Ciudad Rodrigo, tuvieron que pasar
tres años hasta que, tras las continuas reclamaciones del Alcalde de Ciudad Rodrigo, de las instituciones provinciales y de estos diputados, el Ministerio de Cultura y Deporte se decidiera a impulsar dicha actuación que, finalmente, fue adjudicada
por la Dirección General de Bellas Artes de dicho Ministerio, en septiembre de 2021, a la empresa Técnicas para la Restauración y Construcciones, SA, por importe de 362.619 euros.
Dicha ejecución no estuvo exenta de polémica, pues la garita de la Puerta de la Colada fue objeto de una actuación con mortero tradicional de cal a la que hubo de añadirle posteriormente una pátina para integrar visualmente dicha actuación
con el resto de estructuras defensivas de la muralla.
Con fecha de 23 de junio de 2022, desde la Alcaldía de Ciudad Rodrigo se remitió Oficio al Ministerio de Cultura y Deporte, titular de la muralla de dicho municipio, ante el mal estado de algunas partes de esta, que requerían de una
intervención.
Decía el mencionado oficio: 'Visto el mal estado de la Muralla de Ciudad Rodrigo en el tramo de la calle Campo Frío con calle Muralla y en la plaza de Herrasti, así como en la calle Nogales Delicado, se solicita una actuación urgente por
parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al ser el titular de la misma. Del mismo modo se señalan y se solicitan varias actuaciones a lo largo de la muralla que serían muy convenientes con el fin de evitar un mayor deterioro. Por
último y dada la importancia que tiene la muralla para Ciudad Rodrigo y su historia se solicita un Plan Director para la misma. Se adjunta un dossier fotográfico con plano de situación de las zonas descritas necesitadas de actuación urgente, así
como de las que se consideran convenientes'.
A este oficio se adjuntaba un dossier de actuaciones urgentes y otras convenientes.
Las actuaciones urgentes se identifican en los tramos de la muralla en la calle Campo Frío/Muralla y en la plaza de Herrasti, así como en la calle Dionisio Nogales Delicado, por el escarpe de la Muralla; cuestión esta última que lleva años
sin resolverse.
Se adjuntaba también un dossier con las actuaciones convenientes: los problemas de humedades en la Puerta del Conde, así como su exterior; el mal estado de la Puerta de San Vicente y la zona de la Batería.
El consistorio no recibe contestación alguna del Ministerio de Cultura y Deporte y, dado el preocupante estado de alguna de las zonas de la Muralla, en particular de la zona de la plaza de Herrasti, con fecha de 23 de diciembre, se reiteró
la solicitud.
Se comunica al Ministerio en el nuevo oficio lo siguiente: 'Con fecha 24 de junio de 2022 y n.° de registro de salida 2022-S-RC-1036 se remite a este Organismo Oficio y dossier fotográfico con un plano de situación de las zonas necesitadas
de actuación urgente y aquellas que serían convenientes de la Muralla de Ciudad Rodrigo, por ser el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el titular de la misma. Se reitera en este nuevo comunicado la urgencia de una de las actuaciones ya
reflejadas en su día, en concreto la situada en la plaza de Herrasti, teniendo en cuenta que se ha acelerado el mal estado de la muralla en dicho tramo debido a las inclemencias meteorológicas, pudiendo producirse incluso el derrumbe. Señalar que,
llegado el caso de una situación de emergencia, este Ayuntamiento actuará de oficio con el fin de evitar cualquier peligro o riesgo. No obstante, todo ello deberá ser sufragado por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por ser el
titular de la fortificación. Se adjunta un nuevo dossier fotográfico con plano de situación de la zona necesitada de actuación urgente'.
Tras estos comunicados, con fecha de 2 de enero de 2023, se derrumba una zona de la muralla en la plaza de Herrasti, riesgo del que había sido advertido el Ministerio por el Ayuntamiento en sendas
comunicaciones, sin que, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, titular de la fortificación, se haya dado una respuesta ni se hayan realizado gestiones para ponerle remedio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Atender los requerimientos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para la adopción de medidas urgentes y necesarias en la Muralla de Ciudad Rodrigo, propiedad del Ministerio de Cultura y Deporte.
- Que el Ministerio de Cultura y Deporte elabore un plan director de intervención en la muralla, al ser de su titularidad, para que haya una dotación presupuestaria plurianual de intervención y de conservación de la Muralla de Ciudad
Rodrigo.
- Que el Ministerio de Cultura y Deporte acometa de forma rápida las intervenciones urgentes y convenientes que se le han pedido por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo de forma reiterada sobre la muralla a fin de conservar el monumento y de
que no se produzcan daños en el patrimonio y en las personas, al ser un lugar de tránsito visitado por miles de personas.
- Que el Ministerio de Cultura y Deporte, titular de la Muralla de Ciudad Rodrigo, acometa una señalización específica de la muralla, y en particular con motivo del Carnaval del Toro, al ser este un evento de masas que concentra miles de
personas en el entorno de la muralla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2023.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, María Jesús Moro Almaraz y María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, doña Míriam Nogueras i Camero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, una Proposición no de Ley para la creación de un Fondo Extraordinario de Compensación a Ayuntamientos, entidades y organismos municipales dependientes de estos por el coste energético del alumbrado e
inmuebles competencia de las administraciones locales.
Exposición de motivos
Frente a la escalada de precios de la energía debido al momento coyuntural actual, muchos municipios han tenido que hacer frente a gastos energéticos más elevados respecto a los gastos del año anterior. Estas subidas del gasto para el
alumbrado público y los costes energéticos de inmuebles públicos, tanto por parte de los entes municipales como de las entidades y organismos dependientes de ellos, se sitúan entre un 25 % a un 50 %, e incluso hasta un 80 %, del coste total de la
energía, según el tamaño y consumo de los municipios.
Estas cifras se traducen a que, por ejemplo, municipios de entre 9.000 a 10.000 habitantes hayan sufrido un incremento de +275 % del coste de la electricidad y de +360 % del gas, aproximadamente. Que un ayuntamiento de una ciudad de
aproximadamente 200.000 habitantes pase de pagar en 2021 unos 4,6 millones de euros en el recibo de la luz, a unos 6 millones de euros en 2022, con previsión de un incremento para 2023 hasta los 7 millones de euros, según previsiones iniciales.
Eso, a su vez, se traduce a que, por ejemplo, el coste de un semáforo haya pasado de los 20 euros en primavera a los 60 euros en septiembre. Evidentemente, el incremento progresivo del megavatio/hora tiene un impacto mayor tanto en instalaciones
con un consumo más significativo de energía.
Si bien es cierto que el incremento del gasto es desigual entre municipios debido a la diversidad de factores que influyen en el incremento del gasto energético de las administraciones locales, como, por
ejemplo, la instalación de bombillas LED o las medidas conductuales para el ahorro de energía, el incremento del coste de la energía tiene una repercusión grave en los presupuestos municipales. De hecho, en la revisión de precios de
suministro de electricidad entre l'Associació Catalana de Municipis (ACM) y las empresas de suministro, realizada en junio de 2022, ya se confirman las cifras exorbitadas de los precios, ante los cuales, a la ACM no le quedó más margen de acción que
recomendar a los municipios asociados de prever un incremento de hasta un 100 % del presupuesto para el suministro de energía eléctrica para el segundo semestre de 2022 y confiar en una bajada de precios para los próximos trimestres.
El Gobierno del Estado español ha presentado mecanismos para disminuir la factura de la luz y el gas, como son las rebajas del IVA, el mecanismo de la excepción ibérica, o, en el marco del Plan +SE, el programa de préstamos para los
municipios con el fin de renovar el alumbrado exterior con el fin de mejorar su eficiencia energética. Estas medidas no son suficientes para que los municipios no tengan que dedicar gran parte de su presupuesto al gasto energético. De hecho, hay
municipios que desde antes del Plan +SE ya han realizado la inversión para tener un sistema de alumbrado público y de las administraciones locales más eficiente y, aun así, se ven obligados a sustraer presupuesto de otros ámbitos para cubrir dicho
gasto o incluso algunos se quedarán sin alternativa para pagar.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un Fondo Extraordinario de Compensación a Ayuntamientos, entidades y organismos municipales dependientes de estos para ayudarlos a aliviar el gasto energético del alumbrado e inmuebles competencia de las administraciones locales y
poder cumplir con sus respectivos presupuestos.
2. Agilizar las medidas económicas necesarias para aquellos municipios que deban renovar sus instalaciones de alumbrado exterior de forma que cumpla con los requisitos exigidos por el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2022.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Antonio Salvá Verd, doña Mercedes Jara Moreno, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y don Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz
sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para exigir el fin inmediato de
la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Inexistencia de evidencia científica sólida sobre la utilidad del uso de mascarillas en entornos comunitarios.
Como ha quedado evidenciado desde el mes de marzo de 2020 y en numerosas ocasiones desde la irrupción de la COVID-19 gracias a la desidia inicial del Gobierno, la imposición de medidas coercitivas y restrictivas de las libertades no ha
resultado eficaz para la contención de la pandemia provocada por la COVID-19.
La revisión efectuada por el Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas ('CIDRAP') -posiblemente el centro universitario estadounidense más prestigioso dedicado a la prevención de infecciones- sobre las mascarillas,
apoyada por el 'Pacific Northwest Evidence-based
Practice Center de la Oregon Health & Science University' 50 , demuestra que es hora de ser realistas (científicos) sobre las mascarillas. [...] Ha llegado el momento de rebajar las expectativas poco realistas sobre las mascarillas -o
cualquier otra intervención-. Esta institución también apunta que los mensajes de salud pública deben centrarse en muchas intervenciones, pero empezando por las que se encuentran en la parte superior de la jerarquía de eficacia, y en concreto, la
más eficaz de todas, la vacunación.
El estudio concluye que, lamentablemente, las pruebas directas sobre la eficacia comparativa de las mascarillas para prevenir la infección por el SARS-CoV-2 son escasas. En los entornos sanitarios, el uso de mascarillas N95 (FFP2 o FFP3) en
lugar de mascarillas quirúrgicas podría reducir el riesgo de infección por el SRAS-CoV-1, por lo que, a pesar de la falta de estudios sobre el SARS-CoV-2, continuar con esta práctica tiene sentido. El uso universersal de mascarillas podría ser
eficaz para ayudar a contener la transmisión viral (como sugiere el aparente mejor control de las infecciones virales en los lugares donde el uso de mascarillas es casi omnipresente), pero es difícil estudiar este tema de forma rigurosa en un
entorno clínico 51.
En resumen, se puede afirmar que el CIDRAP no ha encontrado evidencia sólida sobre la utilidad de las mascarillas, salvo para determinados entornos sanitarios. Estas pruebas de peso sobre la utilidad de las mascarillas solo se dan de forma
clara para las mascarillas FFP2 y FFP3. También se ha probado científicamente poco fundamentada, resulta del todo arbitrario el establecer su uso obligatorio.
Segundo. Eliminación de las restricciones y de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público.
Las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno de la Nación desde la proclamación del primer estado de alarma 52 en el mes de marzo de 2020 (declarado inconstitucional en virtud de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los
52 Diputados que conforman el GPVOX 53) deben, por tanto, decaer.
La inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, desde Dinamarca hasta Reino Unido, pasando por Austria, Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Polonia, han eliminado todas las
restricciones en el transporte público, aunque algunos de ellos siguen considerando recomendables algunas de ellas. Actualmente, tan solo Alemania, Grecia y España mantienen este tipo de restricciones.
Por otra parte, no tiene sentido científico identificar la eficacia de las mascarillas quirúrgicas con las FFP2. Michael Osterholm (PhD, MPH, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de
Minnesota y editor de CIDRAP News) afirmó que la investigación científica debe alejarse de las mascarillas quirúrgicas, cuya eficacia se ha demostrado inferior a las FFP2. De hecho, Osterholm ha declarado que es mala praxis de salud pública la
recomendación de la OMS de que los trabajadores sanitarios lleven indistintamente mascarillas quirúrgicas o FFP2 durante la atención a los pacientes del COVID-19, ya que la eficacia de las primeras es inferior a la de las segundas 54.
La OMS tardó en reconocer que el SARS-CoV-2 se propaga a través de aerosoles y no de gotas, un fallo del que la Dra. Soumya Swaminathan, jefa científica de la OMS, que deja su puesto, dice ahora que es lo que más lamenta. En ese sentido ha
declarado que no decíamos enérgicamente: 'este es un virus que se transmite por el aire'. Lamento que no lo hiciéramos mucho antes 55.
Por lo tanto, la única prueba de utilidad de la mascarilla en entornos de alta contagiosidad favorece a las mascarillas FFP2. Y, de nuevo, enfatizamos que esto solo está demostrado para entornos sanitarios, no en transportes públicos.
En lugar del mantenimiento de prohibiciones con escaso fundamento científico, lo que sí resulta necesario y pertinente es que las autoridades sanitarias ofrezcan permanentemente información real, efectiva, actualizada y verosímil para dotar
a los españoles de conocimiento suficiente para la adopción de sus propias decisiones con madurez y libertad, en relación con la protección de su salud y de su economía.
50 https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/10/commentary-what-can-masks-do-part-2-what-makes-good-mask-study-and-why-most
51 Ídem.
52 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
53 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-13032
54 https://www.cidrap.umn.edu/covid-19/study-masks-vs-n95-respirators-health-workers-spurs-concerns
55 https://www.science.org/content/article/who-s-departing-chief-scientist-regrets-errors-debate-over-whether-sars-cov-2-spreads
Es obvio que hay españoles que precisarán de mayor protección que otros, en virtud de sus características personales, como la edad, el grado de exposición al virus o su relación con otras personas que puedan ser consideradas como
vulnerables.
En conclusión, VOX considera que la obligatoriedad del uso de las mascarillas establecida en el artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 56, en la redacción dada tras el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 57, no se sustenta
ya en ninguna evidencia científica que respalde la eficacia sanitaria del uso de las mascarillas en el transporte público. Esta prohibición debe ser eliminada.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para eliminar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el transporte público, manteniéndose únicamente, y durante el
tiempo estrictamente imprescindible, en los espacios interiores de los centros sanitarios y sociosanitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2022.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salva Verd, Mercedes Jara Moreno, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley impulso a la regulación del cannabis medicinal para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El cannabis (Cannabis Sativa L.) tiene unas propiedades terapéuticas ampliamente reconocidas por la evidencia científica, pese a los obstáculos y barreras existentes a nivel regulatorio para poder realizar ensayos clínicos aleatorizados con
esta planta. Es por ello que, cada vez más voces entre expertos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y actores de incidencia política han apostado por una regulación del cannabis con fines terapéuticos en España. De este modo, se
aspira a facilitar el acceso de pacientes a tratamientos con cannabis de forma segura, controlada, supervisada por facultativos y de forma complementaria a otros tratamientos.
En 2017, el Grupo Parlamentario Ciudadanos propuso, en el seno del Congreso de los Diputados, la creación de una Subcomisión para el estudio del marco normativo y las experiencias internacionales en materia de regulación del cannabis con
fines terapéuticos. La sucesiva convocatoria de elecciones generales se interpuso en la finalización de los trabajos de la Subcomisión. En la actual XIV Legislatura, esa Subcomisión ha vuelto a ver la luz y ha conseguido, esta vez sí, finalizar
sus trabajos con la aprobación de un informe de conclusiones el pasado 21 de junio de 2022.
En dicho informe, se emitían varias recomendaciones clasificadas en cinco grupos principales, a saber: (1) garantizar la disponibilidad de medicamentos derivados de cannabis para su uso terapéutico; (2) preservar y reforzar el rol de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); (3) reforzar el papel de los actores sanitarios clave en el uso terapéutico de cannabis; (4) asegurar que no se permite una mayor disponibilidad de cannabis fuera del contexto
clínico; y (5) evaluar periódicamente el uso del cannabis con fines terapéuticos y los datos de consumo generales en la población. Para el
56 https://www.boe.es/eli/es/l/2021/03/29/2/dof/spa/pdf
57 https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
Grupo Parlamentario Ciudadanos estas conclusiones y recomendaciones son poco ambiciosas y no abordan la totalidad ni la complejidad de la regulación del cannabis con fines terapéuticos.
Para mayor decepción, el Gobierno no ha emprendido ninguna reforma ni acción en el sentido no ya del trabajo de la Subcomisión del Congreso de los Diputados, sino tampoco en la línea de las conclusiones aprobadas en el informe, que ya habían
sido tamizadas por la falta de voluntad del Grupo Parlamentario Socialista, principal apoyo parlamentario del Gobierno.
En el pasado mes de octubre de 2022, de hecho, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos se registró una batería de preguntas para las que se solicitaba respuesta por escrito por parte del Gobierno al respecto. A finales de dicho mes, el
Gobierno afirmó que 'la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) está actualmente trabajando para cumplir, en el plazo establecido, con la tarea encomendada en el citado informe'. Todo ello, además, recordando que el informe
establecía un plazo de seis meses.
Sin embargo, los seis meses ya han pasado y la AEMPS sigue sin haber hecho públicos sus trabajos al respecto de un nuevo marco normativo para la regulación del cannabis con fines terapéuticos, como también apuntaba el Gobierno en su
respuesta escrita, 'para que dichas recomendaciones tengan encaje en la normativa y sean viables, de forma que se permita la disponibilidad en el mercado de extractos o preparados estandarizados de cannabis con fines terapéuticos'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha, a la mayor brevedad posible, los cambios normativos necesarios para establecer una regulación garantista que facilite el acceso a cannabis medicinal y a información veraz
sobre sus propiedades terapéuticas por parte de facultativos, empresas, pacientes e instituciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Igualdad
161/004695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Carla Toscano de Balbín, doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Rocío de Meer Méndez y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputadas del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la derogación inmediata de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de
garantía integral de la libertad sexual o, subsidiariamente, a la limitación de sus efectos negativos, para su discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. Las perniciosas consecuencias de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (en adelante, 'LO 10/2022'), más conocida como ley del 'solo sí es sí', porque uno de sus dos ejes es,
precisamente, la instauración de un nuevo modelo de consentimiento en materia sexual, el yes model, o también 'Ley Montero', por su principal impulsora, además de 'Ley Prenda' o 'Ley Chicle', por los motivos que se expondrán.
El otro pilar sobre el que se asienta esta norma promovida por el Gobierno es la fusión, en un único tipo penal, de los que hasta ahora constituían dos delitos distintos: el abuso sexual y la agresión sexual.
A consecuencia de esta fusión de tipos delictivos, la LO 10/2022 lleva a cabo una modificación del marco penológico que aligera (respecto de la normativa anterior y desde la propia génesis del Anteproyecto) las penas aplicables a los delitos
sexuales más graves.
Es notorio el escándalo público que ha supuesto esta reforma por cuanto, al amparo de la misma y en aplicación del principio de retroactividad de la ley más favorable, se están produciendo numerosas solicitudes de revisión de condenas por
delitos sexuales, muchas de las cuales desembocan en efectivas reducciones de pena y en excarcelaciones prematuras 58.
Así, una norma que -al decir del Gobierno- tenía por objeto 'la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales', está teniendo, como primer y principal efecto, la anticipada
puesta en libertad de numerosos delincuentes sexuales, con la pérdida de seguridad que ello comporta para los españoles en general y para sus víctimas, mujeres, en particular.
Segundo. Objeto de esta proposición no de Ley.
El Grupo Parlamentario VOX lamenta profundamente que la porfía del Gobierno en sus empeños ideológicos haya pesado más, durante todo el proceso de tramitación de la LO 10/ 2022, que el sentido común y el rigor jurídico.
De hecho, tanto las enmiendas presentadas por este Grupo Parlamentario como diversos informes aportados por distintos organismos consultivos y de relevancia constitucional al texto del anteproyecto normativo fueron abiertamente desoídos por
el prelegislador quien, en cambio, ha optado por mantener en el cuerpo del texto errores técnicos de evidente consecuencia práctica.
En este contexto, y dado el mal social que ya se está constatando en España a raíz de la entrada en vigor de la LO 10/2022, consideramos necesario arbitrar algún remedio de emergencia que reduzca los riesgos que puede albergar la prematura
puesta en libertad de delincuentes sexuales.
El objeto de esta proposición no de ley es doble: por un lado, instar al Gobierno a que promueva la derogación de la LO 10/2022 y establecer cuantas medidas sean necesarias para que todos los españoles conozcan el índice de delincuencia,
especialmente el relacionado con los delitos sexuales, en cada zona de España; por otro, crear mapas criminógenos que permitan a la población tener conocimiento de la comisión de este tipo de delitos en sus provincias, a fin de que tanto los
residentes en dicha demarcación provincial como las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan adoptar las medidas y estrategias de protección oportunas. Se trataría de una herramienta fundamental para la lucha y prevención de los
delitos de naturaleza sexual.
Estos mapas deben estar disponibles en todo momento mediante la creación de un Portal de Seguridad Ciudadana donde se expongan los datos delincuenciales, como el número de crímenes cometidos, la edad media de los agresores, su nacionalidad y
lugar de nacimiento, así como cualquier dato relevante para la seguridad ciudadana que permita luchar, prevenir y proporcionar conocimiento de la evolución de la delincuencia en cada zona de España, siempre con pleno respeto a la legislación en
materia de protección de datos personales.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a pedir perdón a los españoles y, en particular, a las mujeres, por los daños que están provocando las disposiciones de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la
libertad sexual, que han supuesto la generalización de las rebajas de penas y las puestas en libertad de un número de criminales condenados por delitos sexuales que crece cada día.
Por ello, el Congreso de los Diputados insta asimismo al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar la derogación, con carácter de urgencia, de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, a la vista del evidente perjuicio que está produciendo para la seguridad de los españoles y, en
particular, de las víctimas de los delincuentes sexuales, reformándose al efecto los artículos pertinentes de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal con los
58 https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/11/28/38-condenados-han-beneficiado-ley-6265842.html
fines de recuperar la distinción entre abuso sexual y agresión sexual y de incrementar las penas para los agresores, incluida la prisión permanente revisable.
2. Crear un Portal de Seguridad Ciudadana donde se expongan los datos delincuenciales, como el número de crímenes cometidos, la edad media de los agresores, su nacionalidad y lugar de nacimiento, así como cualquier dato relevante para la
seguridad ciudadana que permita luchar, prevenir y proporcionar conocimiento de la evolución de la delincuencia en cada zona de España, siempre con pleno respeto a la legislación en materia de protección de datos personales, y con base en el cual se
promueva la adopción de medidas y estrategias de protección por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se facilite el conocimiento del número de delitos producidos, contribuyendo así a la prevención y a la lucha contra los delitos,
especialmente los de naturaleza sexual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2022.-Carla Toscano de Balbín, Lourdes Méndez Monasterio, Rocío de Meer Méndez y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputadas.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/004708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Carla Toscano de Balbín, doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Rocío de Meer Méndez y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputadas del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Proposición no de Ley para la destitución inmediata de la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia
de Género y la supresión del Ministerio de Igualdad, para su discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Preámbulo. Sentido de esta Proposición no de Ley.
La presente proposición no de ley tiene por objeto solicitar al presidente del Gobierno la destitución inmediata de la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, doña Ángela Rodríguez Martínez, así como instar al
Gobierno a suprimir el Ministerio de Igualdad.
La referida pretensión tiene un fundamento claro: el daño que tanto la Sra. Rodríguez Martínez como el Ministerio de Igualdad están infligiendo a los intereses de España, en clara vulneración del deber de servicio a los intereses generales
que mandata el artículo 103 de la Constitución Española (CE).
Primero. El Ministerio de Igualdad: inutilidad, sectarismo y propaganda.
De los veintidós Departamentos del Gobierno de coalición, sin duda el Ministerio de Igualdad es el máximo exponente de la voluntad del Gobierno de dinamitar los fundamentos de la sociedad española y de la civilización occidental.
Este Ministerio de reciente creación (e innegable contingencia) está ejerciendo el papel de laboratorio ideológico desde el cual se pretende adoctrinar a los españoles en los perniciosos postulados de la ideología de género, el feminismo
radical, la dialéctica de sexos... Postulados todos ellos ajenos a la realidad social de España y contrarios a sus intereses, particularmente contraria a los intereses de los menores de edad, cuya inocencia pretende corromper. Al servicio de ese
fin se sitúan todas y cada una de las normas promovidas por el Ministerio, sus políticas públicas y su dotación presupuestaria 59.
59 A los fines -ideológicos e innecesarios- del Ministerio de Igualdad expuestos anteriormente se dedican cada año de forma directa, con cargo al erario, más de 500 millones de euros. Indirectamente, la cuestión de la desigualdad supone
también un elevadísimo coste para los españoles: la Memoria Económica del Plan Estratégico para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres 2022-2025 prevé un desembolso de 20.318.545.545 de euros, que irán a parar a cada Ministerio para la
implantación de políticas ideológicamente diseñadas por el Ministerio de Igualdad. También debemos señalar que se destinarán 320 millones de euros a políticas para prevenir las violencias machistas durante el año 2023, experimentando un aumento del
12,1% respecto a 2022. Estas desorbitadas cifras resultan aún más sangrantes si tenemos en cuenta que tales gastos se producen en medio de la mayor crisis socioeconómica de la historia reciente. He aquí otro ejemplo más, ahora económico, de la
falta de previsión de este Gobierno y de cómo el Ministerio de Igualdad no sirve a los intereses de España.
Una buena parte de la dotación presupuestaria del Ministerio se destina a la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia, que, v. gr., cuenta con un presupuesto de más de 12 millones de euros para publicidad institucional. Entre
sus campañas más recientes, destaca la titulada 'El hombre blandengue', que tuvo un coste de más de dos millones de euros, y perseguía el 'objetivo de poner en valor la gran evolución que se ha producido en la sociedad española en los últimos 40
años y, a la vez, animar a los hombres a seguir viviendo la masculinidad de una forma más comprometida, abierta y sana' 60. Campañas como la antecitada, de manifiesta inutilidad pública, ponen de relieve una innegable voluntad política de
ideologizar y adoctrinar a los españoles. Este es el verdadero propósito de la Secretaría encabezada por la Sra. Rodríguez Martínez y, en general, de todo el Ministerio de Igualdad.
Segundo. Recientes declaraciones de la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género.
Los principios que inspiran las políticas del Ministerio de Igualdad convierten a estas en merecedoras del más contundente rechazo.
Sin embargo, es preciso mencionar expresamente, por su gravedad, algunas de las declaraciones de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, doña Ángela Rodríguez Martínez.
El día 9 de enero del año en curso, en un foro organizado por Unidas Podemos titulado 'Feminismo para todo el mundo. ¿Qué está pasando con la violencia machista?', la Sra. Rodríguez Martínez ha emitido la siguiente declaración:
'Los violadores a la calle, (...) es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. (...) De los creadores de 'las personas van a ir al Registro para cambiarse de sexo todas las mañanas', llega 'los violadores a la calle'.' 61
Con estas palabras la Sra. Rodríguez Martínez ironizó, de forma pública y entre zafias risotadas, acerca de las nefastas consecuencias que está teniendo la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual,
más conocida como 'Ley del solo sí es sí' 62, lo que demuestra un absoluto desprecio para las víctimas de tan execrables conductas penales. Esta polémica norma, que fusiona los tipos penales de abuso y agresión sexual y, aparentemente de forma
intencionada, no prevé un régimen transitorio para los condenados conforme a la normativa anterior, ha traído consigo una gran oleada de solicitudes de revisión de condenas y de excarcelaciones de delincuentes sexuales.
Voces del Grupo Parlamentario Socialista han cargado contra las declaraciones de la Secretaría de Estado, como la diputada, Da. Andrea Fernández, que comentaba lo ocurrido en los siguientes términos: 'Las palabras de la Secretaría de
Estado de Igualdad y contra la violencia de género son injustificables. [...] Debe rectificar' 63. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se refería a las palabras de Rodríguez Martínez como 'desafortunadas', añadiendo que 'no conviene
frivolizar' 64. En este sentido también se ha pronunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto 65, y desde las filas socialistas de la Comunidad de Madrid, la secretaria de Igualdad, Sonia Lamas Millán, se dirigía así a la
ministra Montero: 'Ya que a usted no la cesan, cese ya a su Secretaría de Estado' 66.
Idéntica actitud socarrona y pertinaz, descalificadora de la actividad de la judicatura, mostró la Sra. Rodríguez Martínez el pasado mes de noviembre cuando afirmó, en referencia a la unificación de criterios de actuación por parte del
Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado tras la entrada en vigor de la Ley del 'solo sí es sí':
60 https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/Paginas/igualdad-presenta-campana-sobre-masculinidades.aspx
61 Por todos, ver https://www.elmundo.es/espana/2023/01/11/63bf1fd2e4d4d82d1d8b4579.html
62 Por la inversión del consentimiento sexual que llevaba a cabo.
63
https://twitter.com/afernb/status/1613484806888628224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1613484806888628224%7Ctwgr%5E7f372ea13f64392902464914857a821a408dfd21%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fsociedad%2Ffe
ijoo-pide-di mision-numero-igualdad-frivolizar-sobre-20230112093416-nt.html
64 https://www.abc.es/sociedad/feijoo-pide-dimision-numero-igualdad-frivolizar-sobre-20230112093416-nt.html
65 Ibidem.
66 https://twitter.com/sonjafem/status/1613286757801279488
'Que no nos despiste el ruido que dos o tres sentencias machistas puedan realizar.'
En el mismo sentido de la declaración anterior profirió, en el Congreso de los Diputados, el pasado 16 de noviembre, la afirmación siguiente:
'Lo que hay que hacer es cumplir con los artículos que hablan de la formación de los operadores jurídicos. (...) ¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la 'Ley Montero' estaba
mal y no formar a todos sus jueces? (...) Es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense. Este es el mensaje que les lanzamos. Esta es la hoja de ruta que les proponemos' 67.
Las manifestaciones públicas de la Secretaría de Estado ponen de manifiesto que lejos de asumir el gravísimo error 68 que supone la aprobación de esta ley (puesto de manifiesto por parte de varios organismos consultivos tanto antes como
después de su tramitación parlamentaria), el Ministerio de Igualdad se jacta de sus tropelías, que tan caro están costando a la sociedad y, en particular, a las víctimas de los agresores . prematuramente excarcelados.
Los casos referidos no son hechos aislados. Son hitos de una tendencia clara del Ministerio de Igualdad de ignorar la realidad española e imponer sobre ella sus postulados ideológicos, como ocurrió con las sonadas afirmaciones expresadas
por la Sra. Montero en las que aseguraba que 'los niños, las niñas, les niñes (...) tienen derecho a (...) amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana' 69.
Asimismo, sus declaraciones ejemplifican el método de señalamiento ('extrema derecha', 'machistas') que emplea la izquierda en su batalla política, que consiste en justificar toda su producción normativa, todos sus errores flagrantes -aunque
tengan como consecuencia excarcelar y reducir la pena de violadores-, puesto que sirven al combate de su enemigo político y a la lucha por la hegemonía cultural.
Cuarto. Conclusión.
Por los motivos expuestos la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, es merecedora de su inmediato cese y destitución de su cargo.
Y, por cuanto se refiere al Ministerio de Igualdad, justifican sobradamente su supresión, al tratarse de un departamento que en absoluto sirve a los intereses de España, es innecesario en sus funciones, y actúa de manera injusta y
arbitraria, con claro sesgo ideológico, en su actividad. Siendo además excesivamente oneroso en medios y estructura.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
- Insta al Sr. Presidente del Gobierno a que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, destituya de forma inmediata a la Sra. Rodríguez Martínez como Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por sus
numerosas actuaciones contrarias al bien común de los españoles y, concretamente, por sus recientes ataques a la Judicatura y sus manifestaciones jocosas sobre las funestas consecuencias que, para la protección de los españoles, implica la
legislación que ha impulsado el Ministerio de Igualdad.
- Insta, igualmente, al presidente del Gobierno a que, de conformidad con el artículo 2.2 j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, suprima el Ministerio de Igualdad, departamento ministerial
67 https://app.congreso.es/AudiovisualCongresoaudiovisualdetalledisponible?codSesion=16&codOrgano=338&fechaSesion=16/ll
/2022&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=14&i=714701&descripcion=Rodr%C3%ADguez%20Mart%C3%ADnez,%20%C3%81ngela(Secretaria%20de%20Estado%20de%20Igualdad%20v%20Contra%201a%20Violencia%20de%20G%C3%A9nerol Minuto 7:45 en adelante.
68 En cierto sentido, el mal de la 'Ley del solo sí es sí' es irremediable, habida cuenta de que el principio de retroactividad más favorable al reo impide que una posible reforma ponga freno a la reducción de las penas, toda vez que la ley
en vigor, como tal, representará la ley más favorable para todos aquellos que hayan cometidos delitos con anterioridad a la entrada en vigor de esa posible reforma. Toda unificación de criterio, toda revisión, no puede evitar este hecho innegable.
69 Minuto 21 de la primera de las réplicas de la ministra: https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=320&codSesion=23&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=21 / 09 / 2022
dañino, innecesario en sus funciones, injusto, ideológico y oneroso en su estructura, y destine la totalidad de su presupuesto a paliar la emergencia social que sufren los españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2022.-Carla Toscano de Balbín, Lourdes Méndez Monasterio, Rocío de Meer Méndez y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputadas.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/004711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para asegurar el libre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
en todo el territorio nacional, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, actualizada por el proyecto de ley pendiente de aprobación en el Senado, reconoce el derecho de la mujer a interrumpir libre
y voluntariamente el embarazo.
El Grupo Parlamentario VOX, en aras de seguir alentando debates superados y un populismo que ataca directamente a la libertad de los ciudadanos, ha llevado a la mesa de la Junta de Castilla y León una propuesta que atenta directamente contra
la libertad de decisión de las mujeres sobre la continuación del embarazo. Tal y como está recogido en nuestro Código Penal, aquellas personas que intenten obstaculizar este derecho, menoscabando su libertad, serán castigadas con penas de prisión
de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días. Ninguna institución puede ni debe condicionar a una mujer que, en el marco de sus libertades individuales, decide interrumpir voluntariamente su
embarazo.
Castilla y León se encuentra a la cola de casos de interrupción voluntaria del embarazo. En mayo de 2022 se registró que casi un millar de personas se habían tenido que desplazar a otra provincia de Castilla y León o, incluso, a otra
comunidad autónoma, para poder llevar a cabo la intervención. La objeción de conciencia de los médicos provoca que solo los hospitales de Burgos (HUBU) y el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro cubran este servicio. Sanidad de Castilla y León
(SACYL) tiene conciertos con clínicas privadas de Valladolid y Salamanca y las pacientes de esos lugares pueden acudir a estos centros concertados. Sin embargo, quienes residan en Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, León y Soria deben desplazarse a
otros lugares con las incomodidades que eso supone o acudir a la privada y sufragar los gastos.
En definitiva, nos encontramos ante un nuevo caso de moralización por parte de quienes quieren que las administraciones se metan aún más en la vida y las decisiones personales de la ciudadanía. Las mujeres que tienen decidido interrumpir su
embarazo ya se han tenido que enfrentar a una situación nada fácil, y lo último que necesitan es que los populistas se lo pongan aún más difícil, utilizando las instituciones para culpabilizarlas, tratarlas como menores de edad o impedir que ejerzan
su libertad reconocida por la legislación vigente.
Como liberales, no podemos sino actuar para defender esa libertad frente a quienes quieren cercenarla. Las instituciones están para proteger, defender y ampliar derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, no para dictarles cómo
deben gestionar su planificación familiar. Las mujeres son libres de poder elegir si quieren o no quieren ser madres. No existe nada más liberticida que condicionar esta decisión.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados rechaza que las administraciones intenten condicionar y moralizar decisiones individuales que competen únicamente al ejercicio de la libertad de la ciudadanía, e insta al Gobierno de España a:
1. Asegurar el libre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional de acuerdo con la legislación vigente.
2. Garantizar un acompañamiento institucional adecuado a las mujeres que así lo requieran tanto previamente como posteriormente a llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo.
3. Impulsar medidas para fomentar la natalidad y acabar con las barreras socioeconómicas que hacen que en nuestro país exista una gran brecha de maternidad entre el número de hijos deseado y el número de hijos logrado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/004689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a
realizar una auditoría externa del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VIOGEN), para su debate en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Exposición de motivos
La violencia de género contra las mujeres es un fenómeno mundial. La ONU calcula que, en todo el mundo, 736 millones de mujeres -casi una de cada tres- han sido objeto de violencia de pareja y de violencia sexual fuera de la pareja al menos
una vez en su vida. Las zonas más desarrolladas del mundo no son una excepción a esta tendencia. La violencia contra las mujeres también ha sido un problema clave en España, donde 1.126 mujeres fueron asesinadas por sus (ex)parejas entre 2003 y
2021.
El 32,4% de las mujeres en España de 16 años ó más -aproximadamente 6,6 millones- han sufrido a lo largo de su vida violencia física, sexual y/o psicológica -emocional, de control, económica y de miedo- por parte de sus (ex)parejas
(Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2019). Ante la necesidad de proporcionar una protección adecuada a las mujeres que denuncian casos de violencia de género, muchos países han desarrollado programas especializados.
En algunos de estos países, entre los cuales se encuentra España, dichos programas incluyen una herramienta de evaluación de riesgos que proporciona una puntuación algorítmica que evalúa el riesgo de una actuación violenta por parte de sus
agresores al que se encuentran expuestas, herramienta que se emplea para tomar decisiones o recomendaciones sobre qué acciones policiales y legales deben promulgarse para protegerlas. En el caso concreto de España esta herramienta se denomina
VIOGEN, la herramienta de evaluación de riesgo de violencia de género utilizada por el Ministerio del Interior español.
El Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VIOGEN) es una aplicación web, integrada en la Red SARA española (Sistemas y Redes de Aplicaciones para Administradores). Está diseñada para coordinar las
actuaciones de los profesionales públicos españoles que se encargan del seguimiento, asistencia y protección de las mujeres denunciantes de violencia de género y de sus hijos. De este modo, VIOGEN pretende establecer una densa red de información
entre las instituciones con competencias en el ámbito de la prevención de la violencia de género y dar respuestas rápidas, integrales, eficaces y de alto nivel para la protección de las mujeres víctimas y de los menores que dependen de ellas y, en
general, dar respuesta a la violencia de género en todo el país.
Tiene su origen legal en los mandatos del artículo 31 y 32 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El sistema fue creado por la Secretaría de Estado de Seguridad (SES)
del Ministerio del Interior y puesto en marcha en todo el país, excepto Cataluña y el País Vasco, en 2007. Hasta la fecha ha realizado más de 3 millones de evaluaciones de riesgo. En enero de 2022, había 673.912 casos en el sistema VIOGEN, de los
cuales 69.391 eran casos activos que requerían supervisión policial, lo que convierte al sistema español de evaluación de
riesgos en el primero del mundo por volumen de casos. El 31 de agosto pasado eran 707.164 el total de casos.
El sistema VIOGEN está oficialmente diseñado para cumplir los siguientes objetivos:
- Aglutinar a todas las instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género;
- Integrar toda la información relevante;
- Realizar una predicción del riesgo;
- Vigilar y proteger a las víctimas de la violencia de género, realizando una labor preventiva, emitiendo avisos y alertas y adoptando otras medidas necesarias en función del nivel de riesgo.
El sistema busca integrar diferentes servicios públicos, como las fuerzas de seguridad (Guardia Civil y Policía Nacional), las policías locales adscritas, administraciones responsables en materia de justicia, sanidad, servicios sociales,
igualdad y los sistemas penitenciarios para facilitar el intercambio de información. Cuenta con más de 30.000 usuarios con diferentes niveles de permiso y acceso.
En el sistema VIOGEN, un caso contiene una única víctima femenina y un único agresor masculino. Esto significa que cuando una mujer es víctima de múltiples agresores, habrá un caso diferente para cada uno de sus agresores. Del mismo modo,
cuando un agresor masculino maltrata o maltrató a diferentes mujeres, se abrirán casos diferentes por cada uno. Por lo tanto, el número de casos supera a las personas. La evaluación del riesgo es resultado de un proceso de agregación de
información para evaluar la posibilidad de que pueda reproducirse un acto violento. Para ello se acumulan datos relativos a la esfera psicológica, social y cultural del agresor, pero también las características ambientales, los valores, las
creencias y las actitudes, la existencia de antecedentes de violencia, el consumo de ciertas sustancias o la capacidad de autocontrol, entre otros factores, diferenciando entre los factores de riesgo dinámicos y los estáticos.
Recientemente hemos conocido el caso de una víctima en Dos Hermanas (Sevilla), apuñalada por su pareja, de quien tenía una orden de alejamiento en vigor, pero que vivía en su coche instalado delante de la vivienda de la mujer y sus tres
hijos. Pero el hecho de que no hubiese sido detenido ni condenado anteriormente, había condicionado la evaluación de riesgo de VIOGEN, que consideraba el caso de 'riesgo bajo'. Con este caso son 159 las mujeres víctimas mortales por violencia de
género que estaban registradas en VIOGEN con denuncia previa, según datos proporcionados por el propio Ministerio del Interior. Este número debe ponernos en alerta sobre la necesidad de proceder a una revisión urgente y pormenorizada de todos y
cada uno de los factores que determinan la evaluación del riesgo de un agresor, con el objetivo de eliminar mediante la experiencia acumulada en estos años, los posibles sesgos que el procedimiento contenga aún y llegar a ser mucho más eficaces en
la prevención de la violencia de género. Pensamos que los sistemas de toma de decisiones altamente automatizados y financiados con fondos públicos, de enorme impacto social como VIOGEN (que, en algunos casos, toma decisiones de vida o muerte),
deberían contar por ley con auditorías independientes.
La mayor parte de los estudios sobre VIOGEN han sido realizados por los mismos investigadores que contribuyeron a su desarrollo y por personas que trabajan en el ministerio y las fuerzas policiales. Este hecho refuerza el argumento de la
necesidad de una supervisión independiente del sistema, una auditoría externa, para incorporar aspectos de posible mejora y asegurar de manera total la ausencia de sesgos en el proceso evaluador. Esa auditoría externa debería analizar el proceso
que vive una víctima de violencia de género al presentar una denuncia policial, desde el principio hasta el final, con el objetivo de cerrar la posible brecha entre la literatura existente sobre la validez técnica de VIOGEN y las experiencias de
aquellas mujeres cuya vida se ha visto afectada, o incluso determinada, por él.
Tanto los científicos como los responsables políticos se han esforzado por desarrollar soluciones rápidas, eficaces, precisas y prácticas para la prevención de la violencia. En un mundo hipotético con recursos infinitos, la mejor estrategia
sería proporcionar un alto nivel de protección y vigilancia a todas las mujeres que se sientan en riesgo de sufrir violencia de género. Lamentablemente, los recursos policiales son limitados y, por lo tanto, deben asignarse cuidadosamente a quienes
se prevé que corren un mayor riesgo. En este sentido, la evaluación de riesgos desempeña un papel crucial en la prevención de la violencia de género.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una auditoría externa del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VIOGEN), a la luz de la casuística de todos estos años, pero muy especialmente de los casos en los que la evaluación de
riesgo ha sido claramente ineficaz para el objetivo perseguido, la seguridad de la víctima y de sus hijos e hijas o personas a su cargo.
2. Mejorar y actualizar el Sistema VIOGEN a partir del diagnóstico de la auditoría externa, adaptándolo a las nuevas realidades de la violencia de género.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2022.-Ana Belén Vázquez Blanco, Marta González Vázquez e Isabel María Borrego Cortés, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la extensión de la
bonificación extraordinaria en el precio de venta de los carburantes a las autoescuelas para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
A pesar que en la labor formativa desempeñada por las escuelas particulares de conductores es esencial el uso vehículos para el aprendizaje de la conducción por parte de su alumnado, el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, se volvió a
olvidar de las autoescuelas al discriminarlas de las ayudas directas del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania, incluyó, medidas, de implantación inmediata, de apoyo al sector del transporte.
Entre otras medidas, el Real-Decreto recogió una línea de ayudas directas por valor de 450 millones de euros con la finalidad de 'paliar el efecto perjudicial del incremento de los costes de los productos petrolíferos...'. Esas ayudas
ascendieron a 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y ambulancias y 300 euros por vehículo ligero (taxis y VTCs).
Cabe destacar que a la crítica situación de las empresas que se dedican a la enseñanza de la conducción por los efectos provocados por la elevada tasa de inflación, el coste de la renovación periódica de los vehículos y el incremento de los
carburantes se suma la discriminación que supone el no poder acceder a las ayudas directas del Real Decreto anteriormente citado.
Ante esta discriminación, la Confederación Nacional de Autoescuelas solicitó al Gobierno ayudas directas a los centros de formación vial, tal y como otorgó a otros sectores que tampoco tenían alternativa al uso de vehículos para desarrollar
su actividad, como el transporte terrestre, el taxi y las vehículos de alquiler con conductor. Concretamente, CNAE pidió una bonificación de 200 euros por motocicleta y ciclomotor, 300 euros por turismo, 900 euros por autobús y 1.250 euros por
camión.
Por su parte, la Asociación Nacional de Autoescuelas ha reclamado al Gobierno que tome medidas urgentes ante la alarmante subida de los carburantes que está perjudicando de forma muy negativa al sector de las autoescuelas en nuestro país
pidiendo 'desde la aplicación de rebajas fiscales, a la concesión de ayudas directas o indirectas al sector, que contribuyan a paliar esta situación'.
Ante la gravedad de la situación, el pasado 13 de abril las autoescuelas valencianas y, en concreto la Asociación Valenciana de Autoescuelas, la Unión de Autoescuelas de Valencia y la Agrupación Profesional de Escuelas Independientes;
convocaron una manifestación concentración ante la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana con el objeto de reflejar el malestar existente en las autoescuelas,
exigir ser interlocutores válidos ante la administración y reclamar el mismo trato en bonificaciones que el transporte, el taxi y los vehículos de alquiler con conductor.
El citado Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, se está tramitando con carácter urgente como Proyecto de Ley. Ambos textos recogen una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible a la hora de repostar a todas las personas y
entidades 'siempre que los adquieran, entre los días 1 de abril y 31 de diciembre de 2022, ambos incluidos, a los colaboradores en la gestión de esta bonificación'.
La Vicepresidenta y Ministra de Asuntos Económicos y Transición Ecológica en diferentes declaraciones realizadas en noviembre en diferentes medios de comunicación adelantó que el Gobierno no quería extender la ayuda de 20 céntimos para toda
la ciudadanía restringiéndolos a profesionales y hogares vulnerables.
En este contexto, existía una honda preocupación en el sector de las Escuelas Particulares de Conductores de que se repitiera la exclusión que sufrieron por parte del Gobierno respecto a las ayudas directas al transporte pactadas en marzo de
este año con el Comité Nacional de Trasporte por Carretera, por el mero hecho de no pertenecer al CNTC. Una exclusión ilógica dado que el combustible representa una parte fundamental en la estructura de costes de las autoescuelas, un sector que da
trabajo directo a más de 35.000 familias, que es vital para la vertebración territorial y la formación vial de la ciudadanía y que desempeña una labor auxiliar del transporte porque forman a los conductores de los vehículos pesados y también les
imparten el CAP de mercancías y viajeros.
Aquel temor del sector de las autoescuelas no era en vano porque una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a despreciar al sector de las autoescuelas al excluirlo de cualquier bonificación o ayuda para sufragar el precio del
carburante de las incluidas en el Real Decreto-ley de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad aprobado por
el Consejo de Ministros el 27 de diciembre.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir al sector de las escuelas particulares de conductores entre los sectores afectados que se beneficien de la extensión de la bonificación extraordinaria en el precio de venta de los
carburantes o, en su caso, a otorgar a las autoescuelas una ayuda análoga a la concedida de forma directa extraordinaria y temporal para sufragar el precio de determinados productos energéticos para las empresas de transporte por carretera que no se
beneficien de la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional aprobada en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de
Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2023.-Óscar Gamazo Micó, Jaime Miguel Mateu Istúriz y Juan José Matarí Saéz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, aI amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la mejora de la seguridad vial en la N-541 para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El BNG lleva años reclamando a través de numerosas iniciativas en los Concello, el Parlamento de Galiza y el Congreso la mejora del firme, peraltes y de las medidas de seguridad vial en la N-541 en todo su trazado, pero de forma especial en
los concellos de Cerdedo-Cotobade y Forcarei.
Lamentablemente, los graves accidentes producidos en el mes de diciembre de 2022 y enero de 2023, con numerosas víctimas mortales, confirman la urgencia de estas actuaciones para evitar, en lo posible, nuevos incidentes. Así, por ejemplo,
el punto en que se produjo el trágico accidente de autobús es conocido por su peligrosidad por todos los vecinos y vecinas, que denuncian del mal diseño de la conexión, la confusión que genera en el tráfico, la acumulación de agua en la calzada y la
deficiente señalización viaria.
Pero este no es el único lugar en el que urge una intervención por parte de la Administración titular de la vía. Es necesario acometer la mejora de los peraltes de las curvas, humanizar y urbanizar las travesías de Dorna en Santa María de
Sacos, Barbeitos y a Longa en San Xurxo, así como en Viascón y Tenorio.
Es necesario además actuar ante la falta de seguridad para las y los viandantes, por no existir lugares adecuados para circular a pie en la mayor parte de la vía, especialmente en los núcleos de población. Así como corregir la carencia de
señalización e iluminación adecuada que incrementan los peligros del tránsito, especialmente en los accesos a las zonas habitadas.
Es imprescindible realizar mejoras en este tramo para garantizar la seguridad vial, entre las que se encuentra la construcción de una rotonda en Ventoxo, previendo carriles de cruce e incorporación en las intersecciones.
Así mismo, es imprescindible realizar acciones para la seguridad viaria en la entrada este de Cerdedo y mejorar los accesos a los lugares del Cádavo y Cutián de San Xurxo. También construir un paso peatonal inferior entre el Centro de Salud
y la Farmacia en Tenorio, y, actuaciones en el lugar de Calvelo, Tenorio, para la mejora de la seguridad, incluyendo dos rotondas, una a la altura de la gasolinera y otra a la altura de Celso Míguez, así como la creación de un paso superior peatonal
que permita el tránsito seguro entre un lado y otro de la carretera. Además de abordar la construcción de una vía de incorporación en el PK84 en dirección Ourense y de un vial peatonal paralelo a la carretera entre Calvelo y Tenorio.
Es especialmente importante realizar una revisión de la evacuación de aguas de la plataforma de rodadura en toda la vía, pues hay lugares en los cuales se acumulan cantidades importantes que circulan por el firme, llegando incluso a nacer
fuentes de agua en pleno firme.
Por último, es necesario atender a la introducción, en la travesía de Cerdedo de medidas para el calmado del tráfico, pues se trata de un lugar en el que los vehículos transitan a alta velocidad, poniendo en riesgo a los vecinos que se
desplazan habitualmente a pie para acceder a los servicios próximos, como la farmacia, pequeños negocios, hostelería... cruzando habitualmente la N-541 de uno a otro lado.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Corregir las graves deficiencias de la N-541 y realizar las actuaciones precisas para incrementar la seguridad vial, acometiendo la mejora del firme y de la señalización, la corrección de peraltes, así como la canalización adecuada del
agua en todo su trazado pero, especialmente, en los concellos de Cerdedo-Cotobade y Forcarei.
2. Actuar para corregir las deficiencias denunciadas por vecinos y vecinas del tramo especialmente peligroso en el que se produjo el trágico accidente de autobús, como son el mal diseño de la conexión, la confusión que genera en el tráfico,
la acumulación de agua en la calzada y la deficiente señalización viaria.
3. Acometer la mejora de los peraltes de las curvas y urbanizar las travesías de Dorna en Santa María de Sacos, Barbeitos y A Longa en San Xurxo, así como en Viascón y Tenorio.
4. Mejorar la seguridad de las y los viandantes, habilitando zonas adecuadas para el tránsito a pie, especialmente en los núcleos de población, así como la mejora de la señalización e iluminación.
5. Acometer la construcción de una rotonda en Ventoxo, previendo carriles de cruce e incorporación en las intersecciones.
6. Incrementar la seguridad vial en la entrada este de Cerdedo y mejorar los accesos a los lugares del Cádavo y Cutián de San Xurxo.
7. Construir un paso peatonal inferior entre el Centro de Salud y la Farmacia en Tenorio.
8. Acometer actuaciones en el lugar de Calvelo, Tenorio, para la mejora de la seguridad, incluyendo dos rotondas, una a la altura de la gasolinera y otra a la altura de Celso Míguez, así como la creación de un paso superior peatonal que
permita el tránsito seguro entre un lado y otro de la carretera.
9. Abordar la construcción de una vía de incorporación en el PK84 en dirección Ourense y de un vial peatonal paralelo a la carretera entre Calvelo y Tenorio.
10. Realizar una revisión de la evacuación de aguas de la plataforma de rodadura en toda la vía para evitar su acumulación poniendo en serio riesgo la circulación.
11. Prever la introducción en la travesía de Cerdedo de medidas para el calmado del tráfico que faciliten el tránsito y cruce seguro de la N-541.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002076
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Víctor Píriz Maya.
Texto:
¿Durante cuánto tiempo no podrán los extremeños circular por la N-523 debido al socavón que hay en el kilómetro 45 de dicha vía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2023.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/002077
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Víctor Píriz Maya.
Texto:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto a la reparación del socavón que hay en el kilómetro 45 de la N-523 que une Cáceres y Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2023.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
Comisión de Cultura y Deporte
181/002071
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿Considera lógico el Gobierno de España que la competición de fútbol 'Supercopa de España', en la que participan equipos españoles de fútbol y es organizada por la RFEF, se dispute en Arabia Saudí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2023.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/002072
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿Cuántas modalidades y especialidades deportivas de práctica en diferentes Comunidades Autónomas pueden ser susceptibles de reconocimiento internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2023.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/002073
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿Qué medidas y actividades configuran el Programa deportivo 'RETO DE'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2023.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/002074
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿Tras los últimos hechos conocidos en diversos recintos deportivos, cree el Gobierno que se está haciendo todo lo posible para erradicar la violencia, el racismo y la xenofobia en el Deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2023.-Javier Merino Martínez, Diputado.
181/002075
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Javier Merino Martínez.
Texto:
¿En qué plazo tiene previsto el Gobierno de España aprobar el reglamento que regule y desarrolle los derechos y deberes de las personas deportistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2023.-Javier Merino Martínez, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/002083
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Elvira Velasco Morillo.
Texto:
¿Cuáles son las razones reales por las que se ha incumplido el compromiso adquirido por la ministra de Sanidad en agosto de 2022 de validar en segunda vuelta en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de creación del Centro Estatal de Salud
Pública antes de concluir el mismo año 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2023.-Elvira Velasco Morillo, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/002062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Sra. Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Cómo justifica el incremento de los asesinatos de mujeres cuando el presupuesto del Ministerio de Igualdad ha experimentado un notable crecimiento durante la presente Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Sra. Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Promoverá el Gobierno la derogación, antes de final de la presente Legislatura, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por haberse demostrado ineficaz a la hora de
reducir la violencia que sufren las mujeres en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Sra. Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Tiene previsto publicar el Ministerio de Igualdad un informe analizando las deficiencias de las normas en materia de la mal llamada 'violencia de género' aprobadas durante la presente Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Sra. Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Es consciente de que el único resultado de las normas aprobadas por parte de su Ministerio en la presente Legislatura ha sido aumentar el enfrentamiento entre los españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Sra. Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Cómo justifica la ineficacia de las normas y políticas públicas impulsadas desde el Ministerio de Igualdad en materia de la mal llamada 'violencia de género' para acabar con las muertes violentas de mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Sra. Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Cuáles son los motivos de que los datos sobre mujeres asesinadas sigan aumentando, especialmente en diciembre de 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria de Estado de Igualdad Contra la Violencia de Género.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno de España impulsar, con carácter de urgencia, la derogación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, a la vista del evidente perjuicio que está produciendo para
la seguridad de los españoles y, en particular, de las víctimas de los delincuentes sexuales, entre ellas, de muchas mujeres y niñas, a quienes ustedes dicen defender?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria de Estado de Igualdad Contra la Violencia de Género.
Texto:
¿Considera que una cuestión tan grave como la excarcelación anticipada o la reducción de condenas a criminales sexuales es motivo de befa y carcajada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Avala el Gobierno de España la afirmación que hace la Proposición no de Ley registrada por uno de los partidos de coalición, concretamente el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas-Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, acerca de la
existencia de un derecho a la educación sexual entre los menores de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Dimitirá usted como ministra de Igualdad con motivo de las graves declaraciones en las que normalizó la pederestia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Por qué se empeña el Ministerio que usted dirige en seguir pervirtiendo a nuestros hijos, dificultando así un correcto desarrollo de su personalidad y atentando contra su inocencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Se reafirma en sus declaraciones del pasado 21 de septiembre de 2022, en las que animaba a la pederastia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
181/002082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas doña Carla Toscano de Balbín y doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Comparte las afirmaciones vertidas en una iniciativa parlamentaria de unos de los grupos que sustenta el Gobierno de Coalición (el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común) acerca de la necesidad de
fomentar las relaciones sexuales entre los menores de edad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2023.-Carla Toscano de Balbín y Lourdes Méndez Monasterio, Diputadas.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/098189
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Cortés Gómez, Ismael (GCUP-EC-GC).
Conocimiento que tiene el Gobierno de la participación del Comisario García Castaño, en la trama que presuntamente extorsionó en España a excargos del Gobierno de Hugo Chávez para conseguir información contra Podemos, así como del uso de
fondos reservados del Ministerio del Interior para sufragar dicha operación.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de Los Diputados, el diputado que suscribe presenta las siguientes preguntas relativas al espionaje y extorsión de altos cargos del gobierno
venezolano, para las que se solicita respuesta escrita.
El 9 de diciembre de 2022 diversos medios de comunicación se han hecho eco de la noticia de la confesión del letrado José Aliste, según la cual, se valió de tecnología de la Policía, en la conspiración contra Podemos.
El abogado José Aliste, imputado por el caso de espionaje y extorsión a ex altos cargos del gobierno venezolano, declaró que el comisario Enrique García Castaño 'posicionó' el teléfono del excargo venezolano Rafael Ernesto Reiter para
localizarle y ofrecerle que colaborara con las actividades de la Policía del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy.
Para ello, y según su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz Márquez, que investiga el denominado caso 'Caranjuez', se valió de la tecnología del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).
En este contexto, el exministro de Venezuela, Javier Alvaro Ochoa, ya había denunciado haber sido extorsionado por agentes de la Policía española, en concreto por el comisario Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO).
La relación de Aliste con Villarejo pone en evidencia que en la recolección de informaciones contra Podemos, ha estado involucrada la 'Policía política' de la que formaba parte Villarejo, haciendo favores a ex altos cargos del gobierno de
Chávez, acusados de blanqueamiento de capitales en España, a cambio de suministro de información contra Podemos.
¿Tiene el Gobierno conocimiento de la participación del comisario García Castaño, en la trama que presuntamente extorsionó en España a excargos del Gobierno de Hugo Chávez para conseguir información contra Podemos?
¿Tiene el Gobierno conocimiento cómo se financiaron esas operaciones parapoliciales?
Si es así ¿Cómo se financió y qué cantidad de dinero se utilizó?
¿En qué casos está la policía autorizada a usar este tipo de tecnología de geolocalización telefónica? ¿Qué empresa suministra esta tecnología al CNP?
¿Tiene el Gobierno constancia de si hubo órdenes políticas por parte del Ministerio del Interior para conseguir información de adversarios políticos por vías extrajudiciales mediante la implicación del entonces DAO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2022.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.
184/099426
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP).
García Díez, Joaquín María (GP).
Grado de ejecución de la partida 2016 17 38 4758 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, referida al tramo de la A-76: Circunvalación de Monforte de Lemos. Enlace de Monforte Este-Babela, a 31/12/2022.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 250635, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo a los señores Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos González Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados por Ourense y don Jaime de Olano Vela, don Joaquin García Díez, Diputados por Lugo pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito:
El BOE del 7 de septiembre de 2018 publicó el anuncio de formalización de un contrato de la Dirección General de Carreteras, que tenía por objeto la redacción de los proyectos de trazado y construcción de: Autovía A-76 Ponferrada-Ourense.
Tramo: enlace de Monforte Este-Babela. Provincia de Lugo.
La adjudicataria resultó ser 'G.O.C., S.A. y PK Veintiocho, S.L.-UTE' por importe de 523.504,80 euros y un plazo para ejecutar su contrato de 18 meses, es decir finalizaría el 7 de marzo de 2020.
En nuestra labor parlamentaria de seguimiento de las inversiones estatales, formulamos varias preguntas parlamentarias sobre este tramo, que el Gobierno ha respondido de esta manera:
El 6 de febrero de 2020 el Gobierno dijo: 'El proyecto de trazado 'A-76 circunvalación de Monforte de Lemos. Enlace Monforte este-Babela' (Ourense-Ponferrada) se encuentra en redacción desde agosto de 2018, y continúa su redacción de
acuerdo con el programa de trabajos vigente.'
El 30 de junio de 2021 el Gobierno respondió: 'que la redacción de los proyectos de trazado y construcción del tramo Monforte Este-Babela de la Autovía A-76 no ha concluido'.
Y a fecha de hoy no consta que dicha redacción haya concluido, lo que supondría que se han excedido el plazo contractual en dos años y nueve meses.
Resulta incalificable que para redactar el proyecto de un tramo de tan solo 7,7 km se produzcan estas monumentales demoras. La única explicación que encontramos es la falta de voluntad política del gobierno de Sánchez Castejón ante la
pasividad del primer edil de Monforte de Lemos, que es de su mismo partido político.
¿Cuál ha sido a fecha 31 de diciembre de 2022 el grado de ejecución de la partida 2016 17 38 4758 de los PGE de 2022 referida al tramo de la A-76: Circunvalación de Monforte de Lemos. Enlace de Monforte Este-Babela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2023.-Celso Luis Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco, Jaime Eduardo de Olano Vela y Joaquín María García Díez, Diputados.
184/099427
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP).
García Díez, Joaquín María (GP).
Situación de los proyectos de trazado y construcción de: Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: enlace de Monforte Este-Babela, así como previsiones acerca de impulsar el inicio de las obras.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 250635, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo a los señores Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados por Ourense y don Jaime de Olano Vela, don Joaquin García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito:
El BOE del 7 de septiembre de 2018 publicó el anuncio de formalización de un contrato de la Dirección General de Carreteras, que tenía por objeto la redacción de los proyectos de trazado y construcción de: Autovía A-76 Ponferrada-Ourense.
Tramo: enlace de Monforte Este-Babela. Provincia de Lugo.
La adjudicataria resultó ser 'G.O.C., S.A y PK VEINTIOCHO, S.L.-UTE' por importe de 523.504,80 euros y un plazo para ejecutar su contrato de 18 meses, es decir finalizaría el 7 de marzo de 2020.
En nuestra labor parlamentaria de seguimiento de las inversiones estatales, formulamos varias preguntas parlamentarias sobre este tramo, que el Gobierno ha respondido de esta manera:
El 6 de febrero de 2020 el Gobierno dijo: 'El proyecto de trazado 'A-76 circunvalación de Monforte de Lemos. Enlace Monforte este-Babela' (Ourense- Ponferrada) se encuentra en redacción desde agosto de 2018, y continúa su redacción de
acuerdo con el programa de trabajos vigente.'
El 30 de junio de 2021 el Gobierno respondió: 'que la redacción de los proyectos de trazado y construcción del tramo Monforte Este-Babela de la Autovía A-76 no ha concluido'.
Y a fecha de hoy no consta que dicha redacción haya concluido, lo que supondría que se han excedido el plazo contractual en dos años y nueve meses.
Resulta incalificable que para redactar el proyecto de un tramo de tan sólo 7,7 km se produzcan estas monumentales demoras. La única explicación que encontramos es la falta de voluntad política del gobierno de Sánchez Castejón ante la
pasividad del primer edil de Monforte de Lemos, que es de su mismo partido político.
¿Cuál es la situación actual de los proyectos de trazado y construcción de: Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: enlace de Monforte Este-Babela, así como las previsiones que tiene el Mitma para impulsar el inicio de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2023.-Celso Luis Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco, Jaime Eduardo de Olano Vela y Joaquín María García Díez, Diputados.