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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 542, de 07/12/2022
cve: BOCG-14-D-542
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de diciembre de 2022
Núm. 542
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004630 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano y Euskal Herria Bildu, sobre la protección de los derechos humanos y de la legalidad internacional en Kurdistán... (Página4)
161/004647 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a Moldavia en la situación de emergencia social y política que sufre como consecuencia de los efectos colaterales de la agresión de Rusia a
Ucrania... (Página5)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004626 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la congelación para el año 2023 de los peajes de las autopistas estatales AP-9 y AP-53... (Página7)
161/004636 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre transporte aéreo en los territorios extrapeninsulares... (Página8)
161/004640 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la gratuidad del tren y la discriminación al usuario del transporte colectivo por carretera... (Página9)
161/004648 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la ampliación del horario de los servicios de Cercanías... (Página11)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004641 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la disminución del desperdicio alimentario... (Página11)
161/004642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el papel de la agricultura en la reducción de las emisiones de carbono y su importancia para combatir el cambio climático...
161/004643 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la protección de las personas desempleadas eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura... (Página14)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004623 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la ejecución de los proyectos y planes de regeneración y recuperación de la playa de la costa de Denia... (Página16)
161/004624 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reducción de riesgos climáticos en países en desarrollo... (Página17)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004627 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el fomento de las cooperativas de consumo sostenible... (Página18)
161/004628 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la alimentación saludable en residencias de mayores... (Página20)
161/004629 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la revisión normativa de regulación publicitaria de los medicamentos y productos sanitarios...
161/004633 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al nuevo Plan Europeo contra el Cáncer... (Página23)
161/004634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de avances reales en la prevención y el abordaje integral y multidisciplinar del Alzheimer...
161/004635 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la solución del déficit de especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria en el Sistema Nacional de Salud...
161/004637 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la atención sanitaria de los pacientes con Linfangioleiomiomatosis (LAM)... (Página28)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004625 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reducción de riesgos climáticos en países en desarrollo... (Página29)
161/004638 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el refuerzo de la evaluación de políticas de cooperación para el desarrollo sostenible... (Página30)
161/004639 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a revisar los contenidos de la cooperación cultural... (Página31)
161/004645 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la protección internacional de los habitantes de la República Democrática del Congo... (Página32)
Comisión de Igualdad
161/004644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a garantizar una distribución territorial de proximidad de los juzgados de Violencia contra Mujer... (Página34)
Comisión de Política Territorial
161/004631 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la modificación de la política territorial del Gobierno en orden al respeto y aplicación del ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional...
161/004646 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre avanzar en la política frente a la despoblación y la cohesión territorial a través de la Presidencia española de la Unión Europea...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios Republicano y EH Bildu, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor y del Diputado Jon Iñarritu García, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de los derechos humanos y de la legalidad internacional en Kurdistán, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Los pasados 19 y 20 de noviembre, diversas ciudades del Kurdistán fueron bombardeadas por parte de las fuerzas aéreas turcas, dejando 30 muertos, decenas de heridos y destruyendo infraestructuras civiles como un hospital o una central
eléctrica. 11 de las víctimas mortales son civiles, y otras 15 pertenecen a las filas de las fuerzas gubernamentales sirias, mientras que las FSD sufrieron una baja y dos guardias de seguridad murieron mientras custodiaban un silo. No es
casualidad que estos ataques se produzcan después del ataque bomba sucedido el 13 de noviembre en Estambul, que dejó seis muertos y 81 heridos, y que las autoridades gubernamentales de Turquía rápidamente atribuyeron al PKK y al SDF, pese a que
ambos partidos negaron todas las acusaciones y se solidarizaron con las víctimas.
No es ningún secreto que Turquía aspira a controlar territorio más allá de su frontera sur, que limita con Siria y con Irak, y que constituye el territorio del Kurdistán. Tampoco es ningún secreto que el presidente turco, Erdogan, no duda
en cohesionar su base electoral alrededor de las agendas nacionalistas y antikurdas, una receta que, ante otras convocatorias electorales, ha sido la del éxito: frente a una campaña marcada por los problemas económicos del país y de la población,
el expansionismo territorial y el odio hacia el otro puede ser la llave del éxito, en la línea de la estrategia de la extrema derecha a escala internacional.
Desde el inicio de la guerra de Siria, los kurdos y las kurdas, que habitan el nordeste de la frontera de dicho estado, han demostrado ser un ejemplo no solo de resistencia, que les llevó a vencer al DAESH en ciudades como Kobane en 2014,
sino también de paz, de igualdad y de tolerancia. Kurdos, árabes y minorías como la cristiana conviven en paz, y administran sus territorios a través de la Administración Autónoma del Noreste de siria, un proyecto político que nace a partir de la
revolución iniciada en Rojava y enmarcada en la doctrina del confederalismo democrático, que propone una solución pacífica, democrática y de convivencia en Oriente Medio basada en el municipalismo, el feminismo y la ecología social.
La comunidad internacional no puede permanecer en silencio frente a la persecución sistemática a la cual somete el estado turco, miembro de la OTAN, a la población kurda. Detenciones arbitrarias,
ilegalización de partidos y bombardeos, entre otras formas de violencia: las violaciones de los derechos humanos y de la legalidad internacional deben ser denunciadas, recriminadas y castigadas.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Rechazar públicamente los ataques militares del gobierno turco de Erdogan hacia el pueblo kurdo en Siria y en el norte de Irak.
2. Denunciar que, pese a las condenas y sanciones a Rusia por el conflicto de Ucrania, un país miembro de la OTAN como Turquía se ha beneficiado del espacio aéreo controlado por Rusia para el ataque a los kurdos en Siria y en el norte de
Irak.
3. Exigir al gobierno turco que, mediante los medios necesarios, cumpla con la legislación internacional.
4. Denunciar en las diferentes instancias internacionales las vulneraciones de derechos humanos que sufre el pueblo kurdo por parte de Turquía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2022.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del
Grupo Parlamentario Euskal Herreria Bildu.
161/004647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a Moldavia en la situación de emergencia social y política que sufre como
consecuencia de los efectos colaterales de la agresión de Rusia a Ucrania, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Moldavia se encuentra en una verdadera encrucijada histórica. En el pasado Consejo europeo de junio el país logró, junto a Ucrania, el estatus de país candidato. Este reconocimiento supone ofrecer al país una clara perspectiva de
integración en Europa, recompensando las aspiraciones de la mayoría social de la población moldava y los esfuerzos realizados en los últimos años por el gobierno europeísta de Maia Sandu.
Este hito para el país se produce en un contexto extremadamente difícil. Moldavia es el país que, a resultas de la guerra en Ucrania, ha recibido una mayor proporción de refugiados en relación a su exigua población. Muchos de estos
refugiados se han asentado allí mientras persiste el conflicto bélico en el país vecino. La avalancha de refugiados ha representado un reto de gestión de primer orden para el gobierno, reto frente al que ha contado con el apoyo de la Unión Europea.
El ataque ruso a la infraestructura energética ucraniana va a provocar nuevas oleadas de refugiados vulnerables a medida que la adversidad meteorológica se acentúe en invierno y las familias ucranianas no puedan calentar sus viviendas.
A la situación social provocada por los flujos de refugiados, se añade la injerencia rusa en la política interna. Dicha injerencia contribuye a alimentar una considerable polarización social, que pone en peligro la estabilidad social y
política del país y la orientación pro-europeista de sus políticas. La injerencia rusa tiene varias dimensiones. Desde 1991 Rusia apoya al gobierno separatista de Transnistria, que opera ilegítimamente como gobierno efectivo al este del Dniester.
Con el pretexto de contribuir a la estabilidad del país en ese contexto de confrontación, Rusia desplegó un contingente militar que siguen allí tres décadas después. Más allá de esta presencia de tropas rusas en territorio moldavo, Rusia juega un
papel muy activo en apoyo a las fuerzas de oposición al gobierno pro-europeista y despliega una intensa estrategia de guerra híbrida con objeto de desestabilizar el país y la determinación de integrarse en la UE (ciberataques, pirateo de información
privada, campañas propagandísticas, instigación de protestas, etc.).
En esta línea, Moldavia tiene una gran dependencia de recursos energéticos que provienen de Rusia (gas) y electricidad (Transnistria). El incremento de los precios de gas y la electricidad están detrás de un aumento dramático de la
inflación (35%), que amenaza la cohesión y la estabilidad social. A ello se une la incertidumbre ante la disminución de suministros de gas ruso a Transnistria, clave para el mantenimiento de la producción eléctrica necesaria para el conjunto de
Moldavia.
La situación provocada por esta conjunción de factores tiene importantes derivadas políticas. De acuerdo con los últimos sondeos, el gobierno de Maia Sandu ha sufrido un importante desgaste político, que se acompaña de una disminución del
apoyo a la integración europea (que sigue siendo mayoritario).
En este contexto, la UE ha proporcionado apoyo inequívoco al gobierno moldavo. En el mes de noviembre, Ursula von der leyen visitó Chisinau, y anunció un nuevo paquete de 250 millones de euros para combatir las consecuencias de la crisis
energética en el país.
España también ha mostrado reiteradamente solidaridad con Moldavia. Por una parte, desde junio opera una antena diplomática en el país, dependiente de la Embajada de Rumania. Por otra, en los últimos meses, han sido recurrentes las visitas
y comunicaciones de alto nivel. El Presidente del Gobierno visitó el país el pasado mes junio, visita que corrobora el compromiso con Moldavia que expresó el Ministro Albares en una visita en marzo. Parte importante de la ayuda que aprobó el
gobierno para atender a las consecuencias de la guerra en países fronterizos a Ucrania va destinada a este país. El Gobierno también ha ofrecido su apoyo a Moldavia para implementar las reformas requeridas por Europa para favorecer el proceso de
integración en la UE.
Ese esfuerzo no debe cejar. Moldavia necesita el apoyo continuo y sostenido de la UE y España.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar el apoyo a las reivindicaciones moldavas en relación a la soberanía y la integridad territorial de Moldavia dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. En este sentido, mantener el apoyo a Moldavia en foros
multilaterales.
2. Trabajar en el ámbito de la UE de cara a preservar la unidad de los socios comunitarios para seguir apoyando al país a lo largo de este invierno, en que las tensiones sociales y políticas, con gran probabilidad, van a seguir aumentando.
3. Seguir apoyando la actividad de organizaciones de cooperación humanitarias y de cooperación para el desarrollo que llevan a cabo sus actividades en Moldavia, ofreciendo asistencia a la población ucraniana que escapa de la guerra y sus
consecuencias y a la propia población moldava más vulnerable.
4. Reforzar nuestros lazos bilaterales con Moldavia, incrementando progresivamente las capacidades de la Antena Diplomática establecida recientemente en Chisinau.
5. Seguir ofreciendo asistencia técnica a Moldavia para implementar las reformas necesarias que permitan cumplimentar progresivamente criterios y condiciones necesarios para avanzar en el proceso de integración europea. Es necesario seguir
apoyando los esfuerzos del gobierno de Sandu en su afán de impulsar una agenda reformista en ámbitos claves como la reforma judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, y el refuerzo de las capacidades administrativas del
Estado.
6. Proporcionar asistencia técnica, en coordinación con el SEAE y con los Estados Miembros de la UE, para combatir posibles ciberataques y campañas de desinformación promovidos desde la Federación Rusa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2022.-Sergio Gutiérrez Prieto, María Olga Alonso Suárez, Noemí Villagrasa Quero, Gemma Araujo Morales, Arnau Ramírez Carner, Pau Marí Klose, Susana Sumelzo Jordán, José Antonio
Rodríguez Salas, Pere Joan Pons Sampietro, José Luis Ábalos Meco, Zaida Cantera de Castro y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la congelación para el año 2023
de los peajes de las autopistas estatales AP-9 y AP-53 para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La autopista AP-9 es la vía de comunicación más importante de Galicia, ya que vertebra el territorio donde reside el 60% de la población. Asimismo, también es la autopista que, a pesar de las bonificaciones implantadas, está entre las más
elevadas de España, junto con la otra autopista estatal en Galicia, la AP-53, que no tiene ningún tipo de bonificación.
A día de hoy, y aún con las bonificaciones implantadas, la AP-9 tiene un coste medio por kilómetro de 6,12 céntimos. En el caso de la autopista estatal AP-53, de comunicación de Santiago con Ourense, tiene el coste del peaje más alto de
Galicia y se encuentra en el 'top' de España, con 7,77 céntimos de coste medio por kilómetro.
Estas dos autopistas estatales no solo son de las más caras de España, sino que también se seguirán encareciendo en enero, con la subida derivada del IPC si el Gobierno central no adopta medidas, como ya hizo la Xunta en las autopistas
autonómicas de su competencia, la AG-55, entre A Coruña y Carballo, y la AG-57, Vigo-Baiona. Esto significa que, si el Gobierno central no lo remedia, el 1 de enero la subida de los peajes en ambas autopistas estatales en Galicia rondará el 9 por
ciento, lo que supondrá el segundo mayor incremento de la serie histórica. Entrando más en detalle, los ciudadanos gallegos tendremos que soportar una subida de más del 8% en los peajes de la autopista estatal AP-53 y de casi el 9% en la AP-9. En
esta última habrá que sumarle el 1% de incremento extra por la compensación a Audasa por las obras de ampliación de la autopista, que autorizó un Gobierno socialista en España.
Desde el Grupo Parlamentario Popular lamentamos que ante la escalada de precios y el evidente impacto que el IPC va a tener en las tarifas de las autopistas estatales AP-9 y AP-53 el Gobierno de España no ha previsto ninguna medida en los
Presupuestos Generales del Estado de 2023 con el objetivo de paliar el impacto de la subida de los peajes en el bolsillo de las familias y en la competitividad de las empresas.
Sin embargo consideramos que el Gobierno de España está a tiempo. Puede y debe evitar que los gallegos tengamos que asumir el próximo 1 de enero una subida histórica de los peajes de la AP-9 y de la AP-53 en el peor momento.
Es por eso desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos esta PNL para pedirle al Gobierno de España que siga el ejemplo del Gobierno gallego, que adopte medidas similares a las que ya adoptó la Xunta en las dos autopistas de titularidad
autonómica, con la congelación de los peajes en 2023, para evitar que los ciudadanos asuman una subida a causa del IPC, que está disparado. Para anticiparse a esta situación, el Gobierno gallego, ante un previsible y desproporcionado incremento de
los peajes de las autopistas de su competencia a consecuencia del IPC, adoptó la decisión congelar los peajes de las autopistas autonómicas AG-55 y AG-57 y así lo recogió en los Presupuestos de 2023. Los Presupuestos de la Xunta contienen una
partida de 4,8 M para paliar el impacto de los peajes en los usuarios, absorbiendo el impacto del IPC y aplicando descuentos. Esta partida representa un incremento del 86% con respeto al 2022 y permitirá continuar con las bonificaciones ya activas
(usuarios recurrentes, en horario nocturno y para familias numerosas) y congelar el precio de los peajes de las autopistas autonómicas el 1 de enero de 2023. Esta medida de la Xunta se viene a sumar a la que ya adoptó el 1 de enero de 2022 para
limitar el impacto de la subida del IPC en los peajes de las autopistas autonómicas, asumiendo la mitad del incremento, un 2,5%, en vez del 5% que correspondería. Por lo tanto, está fuera de toda duda que es una cuestión de voluntad política que el
Gobierno de España tome ejemplo y adopte medidas en las autopistas de titularidad estatal como las que la Xunta va a hacer en las autopistas autonómicas de su competencia.
En definitiva, es posible limitar las subidas de los peajes llegando a acuerdos con las concesionarias y el Gobierno de España tiene el deber de hacerlo en las autopistas de titularidad estatal en Galicia: en la AP-9 y en la AP-53.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que adopte las medidas necesarias, dirigidas a la congelación para el año 2023 de los peajes de las autopistas estatales AP-9 y AP-53.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2022.-Marta González Vázquez, Celso Luis Delgado Arce, Jaime Eduardo de Olano Vela, Ana María Pastor Julián, Joaquín María García Díez, Ana Belén Vázquez Blanco, Tristana María
Moraleja Gómez, María Valentina González Ferro, Diego Gago Bugarín, Javier Bas Corugeira y Juan Manuel Constenla Carbón, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004636
A la Mesa de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
María Fernández Pérez, Diputada de Coalición Canaria integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no
de Ley sobre transporte aéreo en los territorios extrapeninsulares.
Exposición de motivos
En la Cumbre sobre la Movilidad y el Transporte en los Territorios Extrapeninsulares celebrada en enero de 2020 en Canarias los presidentes de Canarias e Illes Balears, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla establecieron una
hoja de ruta para abordar la problemática del incremento de precios tras la aplicación del 75% de descuento de residente.
Posteriormente, y tras la confirmación del incremento de precios por parte de las compañías aéreas, certificado por un estudio de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, los gobiernos autonómicos y las ciudades autónomas
acordaron remitir un documento conjunto en el que reclamaban al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana la adopción de medidas que aseguraran el control de los precios en los vuelos a la Península y la garantía del mantenimiento del
descuento del 75% para los residentes en los actuales términos.
En el mencionado documento se instaba al Ministerio a emprender las siguientes acciones relativas al transporte aéreo:
- Crear una mesa permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios extrapeninsulares que haga el seguimiento y control de la movilidad y que pueda hacer propuestas para mejorarla.
- Establecer Obligaciones de Servicio Público para determinadas rutas con la península sobre la base de tarifas máximas o de referencia, frecuencias mínimas, refuerzos estacionales, etc.
- Reclamar el análisis de la aplicación de las subvenciones a residentes en el transporte intermodal hasta el fin del trayecto en conexión con los territorios insulares y ciudades autónomas; independientemente del operador.
- Fiscalizar el sistema de establecimiento de precios de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados de los mismos.
- Dar a conocer públicamente las conclusiones de los estudios presentes y futuros de movilidad y específicamente los relativos al encarecimiento de los billetes.
- Incluir en los Presupuestos Generales del Estado la exigencia de que la condición de residente se acredite a la finalización del proceso de compra de billetes y no al inicio.
- Asegurar que la situación derivada del Brexit no suponga un incremento de las tasas de navegación.
- Solicitar la participación en los órganos de decisión de AENA y la gestión compartida de las instalaciones aeroportuarias para desarrollar una gestión más efectiva y ajustada a nuestra realidad social, económica y territorial.
- Proponer la reducción de las tasas aeroportuarias para mejorar la conectividad.
- Solicitar al Gobierno el seguimiento del proceso de adquisición de la compañía Air Europa por el Grupo IAG, porque la concentración empresarial resultante puede suponer una reestructuración de las rutas que operan las diferentes compañías
en nuestros territorios.
- Reclamar a las autoridades competentes que cualquier medida fiscal o económica que pudiera afectar a la conectividad aérea de los territorios extrapeninsulares sea excepcionada en dichos territorios.
- Solicitar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, una reunión para dar a conocer las conclusiones de esta Cumbre, así como para presentar conjuntamente las iniciativas políticas oportunas.
Han transcurrido más de dos años de esa reunión y de la remisión de ese sin que se haya avanzado apenas en las propuestas planteadas. Ni se ha creado la mesa de diálogo solicitada, ni se han establecido nuevas Obligaciones de Servicio
Público en las rutas con la Península, ni existe un sistema de fiscalización de los precios, pese a las importantes subidas que se han seguido registrando desde entonces. El Gobierno de España continúa oponiéndose a la entrada de las Comunidades
Autónomas en la gestión de los aeropuertos, mientras continúa la amenaza de nuevas tasas fiscales por parte de la Unión Europea.
Por todo ello, y teniendo en cuenta el impacto que tiene el transporte aéreo en los territorios extrapeninsulares, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a:
- Crear una mesa permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios extrapeninsulares que haga el seguimiento y control de la movilidad y que pueda hacer propuestas para mejorarla.
- Establecer Obligaciones de Servicio Público para determinadas rutas con la Península sobre la base de tarifas máximas o de referencia, frecuencias mínimas, refuerzos estacionales, etc.
- Fiscalizar el sistema de establecimiento de precios de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados de los mismos.
- Dar a conocer públicamente las conclusiones de los estudios presentes y futuros de movilidad y específicamente los relativos al encarecimiento de los billetes.
- Autorizar la participación de las Comunidades Autónomas en los órganos de decisión de AENA y la gestión compartida de las instalaciones aeroportuarias para desarrollar una gestión más efectiva y ajustada a nuestra realidad social,
económica y territorial.
- Realizar un seguimiento del proceso de adquisición de la compañía Air Europa por parte del Grupo IAG dado que la concentración empresarial resultante puede suponer tener consecuencias negativas en aquellas rutas en las que existe una
presencia predominante de ambas aerolíneas.
- Reclamar a las autoridades competentes que cualquier medida fiscal o económica que pudiera afectar a la conectividad aérea de los territorios extrapeninsulares sea excepcionada en dichos territorios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2022.-María Fernández Pérez, Diputada.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la gratuidad
del tren y la discriminación al usuario del transporte colectivo por carretera, para su debate en instancia en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El 1 de agosto de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de
ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural que ahora se encuentra en trámite como Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados. Dicho Proyecto de Ley no incluye medidas anunciadas por el
propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como la capacidad de las administraciones de reequilibrar los contratos de estos servicios públicos.
Este mismo Proyecto de Ley afirma en su parte expositiva que 'en el caso del transporte de viajeros, a los aumentos de costes derivados del aumento del precio de combustibles, se suma una menor demanda de estos servicios que aún pervive sin
que se hayan recuperado los niveles previos a la pandemia, de modo que la actual coyuntura ha venido a profundizar las tensiones de viabilidad económica que ya se venían produciendo en esta rama de actividad'. Pero aún así la propuesta del gobierno
excluye descuentos anunciados en los títulos multiviaje realizados en autobús mientras sí incorpora las ya conocidas medidas de descuento en el transporte público ferroviario hasta el 31 de diciembre de 2022 y ahora también anunciada la gratuidad
durante todo el 2023. Es cierto que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aprobado el pasado 24 de noviembre por el Congreso de los Diputados, sí incluye dicho descuento. Pero es imprescindible garantizar que en el futuro no vuelvan
tales diferencias, que lo único que provocan, es agravar aún más, esa menor demanda desde la pandemia y profundizar en los riesgos de viabilidad económica de este sector.
Este riesgo de viabilidad en las empresas de autobús concierne a las Administraciones Públicas no únicamente por la importancia económica y laboral del sector sino también porque su permanencia permite garantizar el derecho a la movilidad y
a la accesibilidad de la ciudadanía e incluso el derecho a la educación en igualdad de oportunidades, a través del transporte escolar como pieza clave. Principalmente de la ciudadanía que vive en zonas rurales o más aisladas. Zonas que
tradicionalmente han sido olvidadas por el Estado español y no disponen de una estación de tren cercana.
Para evitar esta discriminación del derecho a la movilidad y accesibilidad por motivos económicos, así como para desincentivar el uso del vehículo privado en todo tipo de desplazamientos es imprescindible que el Estado español garantice
conexiones eficientes a través del transporte colectivo por carretera, evitando situaciones como las actuales donde la Administración General del Estado no ha renovado contratos de líneas de autobús, algunos de ellos caducados desde hace más de 8
años.
El prisma desde el que la Administración Pública tiene que actuar, respecto a este sector en concreto, es el de priorizar la garantía de derechos a la ciudadanía, pudiendo analizar globalmente la rentabilidad social pero no guiándose
únicamente por la rentabilidad económica. El transporte colectivo por carretera, como parte del transporte público, permite al conjunto de Administraciones garantizar los derechos a la movilidad y a la accesibilidad como primer derecho de todos
para así poder garantizar a la vez el acceso de la ciudadanía al resto de derechos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Mantener la reducción del 100% de los títulos multiviaje de más de dos viajes, excluidos el billete de ida y vuelta, para los concesionarios de transporte regular de viajeros por carretera competencia de la Administración General del
Estado, sin perjuicio de la situación administrativa de la concesión, mientras se mantenga la misma reducción para los títulos multiviaje del transporte ferroviario.
2. Hacer efectivo el pago, antes de finalizar el año 2022, de las ayudas para el sector previstas en el Real Decreto-ley 14/2022.
3. Hacer público, en el plazo de dos semanas desde la aprobación de esta PNL, el informe favorable de la Junta Consultiva de Contestación Administrativa, perteneciente al Ministerio de Hacienda, respecto a la posibilidad de revisión de
contratos de concesionarios públicos de transporte escolar, debido a la subida del precio de los hidrocarburos.
4. Introducir criterios de rentabilidad social, equidad territorial y accesibilidad universal en el nuevo mapa concesional de los servicios regulares de transporte por carretera, garantizando que la rentabilidad económica no sea el
principal motivo para el diseño de ese nuevo mapa en definición por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2022.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ampliación del horario de los servicios de Cercanías,
para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El progresivo incremento de la población urbana es un fenómeno global del que España no es ajena. Junto a este fenómeno secular se ha añadido en las últimas décadas el crecimiento, as su vez, de las ciudades en áreas metropolitanas de cada
vez mayor extensión y complejidad, evolucionando de un modelo inicial jerárquico de ciudad principal y ciudades dormitorio a un modelo más orgánico y policéntrico.
En este contexto, el tradicional transporte público urbano deviene insuficiente para prestar un adecuado servicio a la ciudadanía, que depende cada vez más del transporte metropolitano e interurbano, que pasa a ser en muchos casos la piedra
angular de todo el sistema público de transporte.
En el caso español, el principal servicio de transporte interurbano en las áreas metropolitanas peninsulares lo presta Renfe, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, a través de sus servicios de Cercanías (o Rodalies, en
su caso), presente en once de las principales áreas metropolitanas del país. Se trata de un servicio ferroviario en el que en la actualidad el último tren del día sale, en el mejor de los casos, en torno a las rozando la medianoche. En la gran
mayoría de ciudades, de hecho, es más frecuente que este último tren salga más cerca de las 22:00.
Sea como fuere, se trata de horarios que difícilmente corresponden a un servicio que está llamado a ser la clave de bóveda de la red de transporte público metropolitano, especialmente en las grandes áreas metropolitanas como Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga. Muchos trabajadores, entre los que se puede destacar la práctica totalidad del sector hostelero, por sus horarios ordinarios, no tienen la posibilidad de usar los trenes de Cercanías para volver a casa al
finalizar su jornada, viéndose obligados en la mayoría de los casos a depender del coche privado como mejor alternativa. De forma similar, especialmente en fines de semana, impide también a quienes se encuentran aprovechando su tiempo de ocio
nocturno usar el transporte público, forzándolos a depender del coche justo cuando este es menos indicado.
En definitiva, es imprescindible reforzar la red de Cercanías, tanto su infraestructura como, sobre todo, sus servicios, para adaptarlos a las necesidades de movilidad de unas áreas metropolitanas que son más dinámicas que nunca. Un reto
que solo puede abordarse con una estrategia multimodal donde los distintos medios de transporte se complementen, evitando competencias o solapamientos ineficientes, y se ponga a los usuarios y sus necesidades en el centro del modelo de movilidad
urbana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ampliar los horarios de los trenes de Cercanías aumentando especialmente, a tal fin, el número de servicios de carácter nocturno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la disminución del desperdicio alimentario, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
'El desperdicio de alimentos tiene consecuencias económicas, sociales, ambientales y éticas', manifestó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros,
donde se aprobó el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario.
Con esta ley, lo que se pretende es regular y concienciar. Regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación para los bancos de alimentos, y concienciar al conjunto de la sociedad para evitar la pérdida de
alimentos y su despilfarro.
De acuerdo con el informe sobre el desperdicio alimentario en los hogares en el año 2020, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en España se desperdiciaron hasta 1.363 millones de kilos de alimentos a lo largo de
2020, de los que 1.039 millones fueron productos sin utilizar y 325 millones fueron alimentos cocinados, es decir, a desperdicio de recetas.
La realidad supone que, a cierre del año 2020, 3 de cada 4 hogares españoles tira alimentos y bebidas a la basura. Y, más concretamente, que el 75,3% de los hogares tira productos tal y como los compraron, sin haber sufrido ningún tipo de
elaboración por parte del hogar.
Podemos destacar entre los datos de 2021 y 2020 que el desperdicio de alimentos en los hogares de España disminuyo un 8,6%, con un volumen total (millones de kilos) de 1.245,86.
El año 2021, con la vuelta a la normalidad, conllevó una reducción en la compra de alimentos y bebidas para el hogar del 7,2%. Lógicamente, esto se tradujo en un aumento del consumo fuera de casa, con un incremento del 10,4%, produciéndose
un menor desperdicio total a pesar de un mayor consumo fuera de casa, de un 1,8%.
El Parlamento Europeo aprobó por unanimidad una Resolución sobre la 'Iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio alimentario y garantizar la seguridad alimentaria' (2017), que insiste tanto en el problema como
en las soluciones, recordando la necesidad de tomar medidas urgentes, efectivas y coordinadas para reducirlo y fijar objetivos concretos.
Entre las medidas recogidas en dicho documento cabe destacar la necesidad de realizar actividades de sensibilización y campañas de comunicación; fija un objetivo de reducción del desperdicio de alimentos en la Unión del 30% para 2025 y del
50% hasta 2030.
En 2014, se puso en funcionamiento el Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares españoles y más tarde, el Panel de cuantificación del desperdicio alimentario fuera de los hogares, que al ser, sistemas de medición
estable, evolutiva y con visión a largo plazo proporcionan información detallada tanto de los alimentos que se tiran tal cual se compraron, como de los restos de recetas preparadas en el hogar que acaban en la basura y de los alimentos y bebidas
fuera de los hogares.
Con fecha 31 de mayo de 2021 se presentó la campaña de concienciación 'Aquí no se tira nada', con la que se pretendía promover entre la ciudadanía un consumo responsable y reducir el desperdicio de alimentos. Reducir el desperdicio
alimentario debe ser un 'objetivo ético para el conjunto de la sociedad'.
En 29 de septiembre de 2020, se estableció por primera vez, por parte de la ONU, el Día internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.
Se estima que en todo el mundo 3100 millones de personas no pueden acceder a dietas saludables y que unos 828 millones pasan hambre. En suma, esto significa que estamos ante la apremiante necesidad de acelerar las medidas orientadas a
reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos.
Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos brinda la oportunidad de mejorar la sostenibilidad global de nuestros sistemas alimentarios, lo que representa una transformación necesaria para garantizar unos mejores resultados en materia
de nutrición y en favor del planeta, en beneficio de las generaciones actuales y del futuro.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir realizando actividades de sensibilización y campañas de comunicación, sobre la importancia de un consumo de alimentos más responsable, con el fin de crear hábitos alimentarios más
saludables, para evitar el desperdicio alimentario y conseguir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que se marca como meta reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en el mundo en el año 2030.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2022.-Juan Francisco Serrano Martínez, Ariagona González Pérez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Senderos Oraá, Indalecio Gutiérrez Salinas, José Luis Aceves Galindo, Lázaro
Azorín Salar, Mariana de Gracia Canales Duque, Javier Cerqueiro González, María Luisa Faneca López, Monse Mínguez García, Mariano Sánchez Escobar y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Esther Padilla Ruiz e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/004642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el papel de la agricultura en la reducción de las emisiones de carbono y su
importancia para combatir el cambio climático, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El cambio climático es uno de los retos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. La contaminación atmosférica debida a la quema de combustibles fósiles está generando importantes problemas de salud. La contaminación del aire es
una de las principales causas de muertes en este planeta. El principal culpable es la quema de combustibles fósiles, especialmente la quema de carbón, siendo la consecuencia principal la emisión gases de efecto invernadero. La agricultura y la
silvicultura son elementos fundamentales para lograr nuestros objetivos climáticos al ser potencialmente secuestradores de carbono.
De todos los gases de efecto invernadero, el CO2 por su efecto sobre las condiciones climáticas y por persistir largos períodos de tiempo tiene especial relevancia. Desde hace 200 años, al inicio de la revolución industrial la atmosfera
tenía aproximadamente 250 partes de dióxido de carbono (CO2) por millón (PPM). En la década de 1960 la concentración de este gas, superó las 300 ppm.
La acumulación de CO2 en la atmosfera se ha acelerado en los últimos años debido a las emisiones provocadas por actividades humanas, como la combustión de hidrocarburos. En mayo de 2019 se marcó la cifra de 415,39 ppm, esta cifra sigue
aumentando, alcanzándose en 2021 los 420 ppm. La principal consecuencia de este aumento, es la subida constante de la temperatura del planeta.
Los suelos agrícolas están entre los mayores sumideros de carbono del planeta y tienen potencial para expandir el secuestro de carbono y de esta manera mitigar la creciente concentración atmosférica de CO2. El secuestro de carbono en las
tierras agrícolas y forestales puede ofrecer posibilidades de estrategias atractivas para mitigar el incremento en la atmosfera de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Las plantas de nuestros suelos tienen la capacidad de captar el
CO2 atmosférico y producir oxígeno, reduciendo así las concentraciones de CO2 en la atmósfera.
La captación de CO2 por los ecosistemas vegetales terrestres constituye un componente importante en el balance global de Carbono (C). A escala mundial se considera que la biosfera terrestre fija cerca de 2.000.000 toneladas/año (UNESA,
2005). A este valor se denomina producción neta de la biosfera (PNB).
Un estudio realizado en Aragón muestra el papel de los árboles frutales como sumidero de CO2.
La fruticultura de Aragón representa el 11,09% del valor de la Producción Agraria y del 23,6% del valor de la producción vegetal, según datos del Instituto Aragonés de Estadística, correspondiente al año 2000.
Los frutales de Aragón fijan cada año más de un millón de toneladas de CO2 atmosférico, lo que es equivalente a las emisiones de CO2 de 300.000 personas.
La vegetación natural y los cultivos agrícolas (trigo, avena, leguminosas, legumbres, etc.), cultivos como el pipirigallo o esparceta (tiene una persistencia de tres a cinco años, siendo un generador de biodiversidad), se convierten en los
sumideros de carbono, contribuyendo a mitigar el cambio climático mediante el empleo de variedades mejoradas, una mayor fijación de carbono y la reducción de los
fertilizantes sintéticos que supone una menor emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, la agricultura se puede convertir en un mecanismo efectivo para mitigar el incremento de CO2 atmosférico.
Cabe destacar que las zonas de pasto, que representan aproximadamente el 80% de la superficie terrestre, son capaces también de mitigar una gran cantidad de emisiones de CO2.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir promoviendo políticas de apoyo en el medio rural, con el fin de que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y se incremente la capacidad que tiene el sector como
sumidero de carbono, para lo que se fomentarán los cultivos vegetales y técnicas de cultivo, que contribuyen a mitigar el cambio climático, favoreciendo el empleo de especies y variedades que absorban emisiones e impulsado un uso sostenible de la
fertilización, con el objetivo de una menor emisión de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo que una mejora en la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2022.-Juan Francisco Serrano Martínez, Ariagona González Pérez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Senderos Oraá, Indalecio Gutiérrez Salinas, José Luis Aceves Galindo, Lázaro
Azorín Salar, Mariana de Gracia Canales Duque, Javier Cerqueiro González, María Luisa Faneca López, Monse Mínguez García, Mariano Sánchez Escobar y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Esther Padilla Ruiz e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/004643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
mejora de la protección de las personas desempleadas eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En los últimos años, el mundo rural andaluz y extremeño está sufriendo una serie de cambios importantes que están afectando de una u otra manera al campo de Andalucía y Extremadura.
La mecanización cada vez más utilizada en amplios sectores agrarios como el del olivar, que tiene un peso específico en el sector agrario andaluz y extremeño, está cambiando la realidad sociolaboral del sector primario. Cada vez son menos
jornadas la que produce el sector debido fundamentalmente al cambio en los procesos y sistemas de producción. Para todos los jornaleros la situación es injustamente complicada, pero afecta de forma mucho más dramática a la mujer andaluza y
extremeña, y a las personas mayores, con más dificultad para cumplir los requisitos para el acceso a la protección.
La protección de las personas desempleadas eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura se articula en:
1. Un nivel contributivo, consistente en una prestación por desempleo, regulado por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de Medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, en vigor desde
el 26 de mayo de 2002.
2. Un nivel asistencial, que contempla dos tipos de prestaciones:
- Subsidio Agrario, regulado por el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, vigente desde el
1 de enero de 1997.
- Renta Agraria, regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social
residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, vigente desde el 13 de abril de 2003.
Y según el artículo 2 del Real Decreto 5/1997, serán beneficiarias del subsidio agrario las personas desempleadas que, careciendo de rentas -en los términos que determina su artículo 3-, tengan su domicilio en Andalucía o Extremadura y se
encuentren afiliadas en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena, en situación de alta o asimilado a ella, y acrediten un número mínimo de 35 jornadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a
la situación de desempleo, siempre que no tengan la edad mínima para tener derecho a pensión contributiva de jubilación, salvo que no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.
Este subsidio se acompaña por un subsidio especial para los trabajadores mayores de cincuenta y dos años que tuvieran cumplidos todos los requisitos anteriores, excepto el de cotización, y hubieran sido perceptores de dicho subsidio durante
los últimos cinco años; subsidio que se prorroga cada doce meses, hasta que el trabajador alcance la edad mínima para acceder a cualquier tipo de jubilación.
Por su parte, la renta agraria se creó en 2003 como prestación dirigida a los jornaleros que fueron excluidos del subsidio agrario debido a los duros requisitos impuestos para acceder al mismo por el polémico decretazo del Gobierno del PP en
mayor de 2002 que dio lugar a la Ley 45/2002.
En consecuencia, en la protección por desempleo de nivel asistencial conviven dos sistemas aparentemente idénticos, pero que esconden algunas diferencias importantes.
Fundamentalmente en cuanto a la exigencia del número de jornadas pues, aunque el número mínimo para tener derecho a ambos subsidios es el mismo: 35 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la
situación de desempleo, si bien, el gobierno de España las ha rebajado recientemente a 20 jornadas, el origen de esas jornadas difiere entre el Subsidio Agrario y la Renta Agraria.
Para la Renta Agraria las jornadas realizadas en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (en adelante, PFEA) no se tendrán en ningún caso en cuenta para el cómputo mínimo de jornadas para acceder a la prestación.
Es decir, en el Subsidio Agrario las personas mayores de 35 años o menores con responsabilidades familiares pueden completar las jornadas reales agrarias con las realizadas en el PFEA.
Esta diferencia en el tratamiento de las jornadas es muy significativa ya que muchas personas beneficiarías necesitan esas peonadas del PFEA para completar las jornadas mínimas, que en el caso de la Renta Agraria no se les permite. Y otra
cuestión relacionada con este aspecto es que las personas beneficiarías de la Renta Agraria tienen prioridad sobre aquellas que lo son del Subsidio Agrario para participar en los trabajos del programa PFEA, aun cuando esas jornadas no le sirvan para
solicitar la Renta Agraria.
En cuanto a la duración del Subsidio, la diferencia entre ambos subsidios está en el colectivo de mayor de 52 años, con una clara diferencia mucho más ventajosa para las personas beneficiarías del Subsidio Agrario.
La duración del subsidio de las personas beneficiarios de la Renta Agraria mayores de 52 años es de 300 días.
En cambio, la duración del subsidio para las beneficiarías del Subsidio Agrario mayores de 52 años es la siguiente:
Con carácter general:
a) Personas trabajadoras mayores de 52 años y menores de 60 años: 300 días.
b) Personas trabajadores mayores de 60: 360 días.
c) Personas trabajadores mayores de 52 años que accedan al subsidio especial: 360 días.
En cuanto a la cuantía de ambos subsidios, es levemente más ventajosa la de la Renta Agraria, ya que la misma se fija en función del número de jornadas reales cotizadas que se acrediten para obtener el derecho a la renta, siendo la cuantía
mensual del Subsidio Agrario de 463 euros.
Por tanto, no se puede abordar la protección de las personas trabajadoras del campo andaluz y extremeño, sin referirnos a una de las políticas activas que más incidencia tienen y han tenido en el conjunto de la protección de las personas
desempleadas eventuales del sector agrario: el Programa de Fomento de Empleo Agrario.
Con todo, y ante lo anteriormente expuesto, se hace necesario analizado el sistema de protección de las personas trabajadoras eventuales del sector agrario determinar la necesidad de refundir los dos subsidios, el Subsidio Agrario y la Renta
Agraria, en uno sólo para que todas las personas desempleadas tuvieran los mismos derechos y el mismo nivel de protección, manteniendo los beneficios para el colectivo de mayores de 52 años.
En la misma línea se ha de abordar la necesidad de hacer un estudio en profundidad para que el sistema de protección se adecúe a la realidad del campo, hay que tener en cuenta que desde el año 2003 se está produciendo una disminución de los
trabajadores del sector agrario y, además, tenga en cuenta a la mujer trabajadora del campo, dadas sus mayores dificultades para reunir el requisito de las jornadas, habida cuenta de la creciente mecanización del campo.
A la vez que modificar el sistema de selección de las personas trabajadores participantes en el Programa de Fomento de Empleo Agrario.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas legales precisas para mejorar el sistema de protección por desempleo mediante una reordenación y simplificación que refuerce la protección de las personas desempleadas
que lo necesiten y que incluyan simplificación de los subsidios agrarios y la renta agraria para las personas trabajadoras en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2022.-María Dolores Narváez Bandera, Juan Francisco Serrano Martínez, José Antonio Rodríguez Salas y Esther Peña Camarero, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero, Esther Padilla Ruiz e
Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
ejecución de los proyectos y planes de regeneración y recuperación de la playa de la costa de Dénia, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto demográfico.
Exposición de motivos
El litoral de Dénia, como prácticamente la totalidad del litoral mediterráneo español, presenta una profunda regresión en la costa. En gran parte provocada por la retención de sedimentos en los embalses de los ríos, impidiendo su llegada a
las playas. En los últimos años la erosión se ha visto profundamente agravada desde que se han hecho más visibles los efectos del cambio climático.
Los temporales, especialmente los englobados en categoría de DANA, han sido agresivos en el litoral norte de Dénia, destrozando infraestructuras naturales y artificiales.
En el tramo costero en el que se encuentra Dénia es necesario ejecutar cuanto antes los proyectos y planes de regeneración por parte del Ministerio, como trasladaron los representantes de varias asociaciones de vecinos de las Playas Norte de
Dénia en la reunión mantenida con todos los grupos municipales del Ayuntamiento el pasado 21 de febrero de 2022.
En la reunión los representantes vecinales trasladaron su inseguridad frente a la Ley de Costas de 1988, que ha afectado a sus propiedades legales y ha devenido en duras servidumbres e imposiciones que han minado sustancialmente el pleno
dominio de sus legítimos propietarios, siendo muchas incorporadas al Dominio Público, sin indemnización económica y en algunos casos objeto de destrucción o demoliciones.
Frente al borrador de lo que pretende ser una modificación del vigente Reglamento de la Ley de Costas, los representantes vecinales manifestaron su malestar, pues podría conllevar la alteración de los derechos de los ocupantes de la costa
con la modificación de la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre.
Por todo ello anteriormente expuesto, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reformular el articulado de la Ley de Costas que obligue a los responsables de los embalses a restituir el flujo de sedimentos fluviales.
2. Exigir al Ministerio la máxima aceleración y ejecución de los tres proyectos de recuperación de las playas de Dénia: Recuperación de la playa de Les Deveses, Recuperación del tramo de Costa comprendido entre el Puerto de Dénia y el Rio
Girona, Recuperación de la playa Marineta Casiana. Si es necesario recurriendo a arenas procedentes de la plataforma continental.
3. Que paralice los deslindes del DPMT que se vienen produciendo por la falta de aportes sedimentarios a las playas y el aumento de la erosión y, en caso de nueva incoación, que los derechos de compensación a los propietarios de aquellos
inmuebles afectados por Dominio Público o por Servidumbres, sean de carácter económico y según justiprecio de mercado y se elimine la concesión como compensación o, en todo caso, quede a la elección del propietario.
4. Efectuar, en tanto no se ejecutan las obras de protección y regeneración necesarias, cuantas actuaciones sean convenientes para mantener en perfecto estado de uso y conservación nuestras playas con las obras de mantenimiento,
conservación y reparación que se requiera para que cada temporada se mantenga la mayor excelencia posible de nuestro litoral.
5. Reformular el nuevo Reglamento de la Ley de Costas con las aportaciones de vecinos afectados y administraciones implicadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reducción de riesgos climáticos en países en desarrollo,
para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El cambio climático ha dejado ya de ser una cuestión del futuro, sino que sus efectos son palpables en el presente y afectan a las sociedades y economías de todo el mundo. Sin ir más lejos, el pasado verano de 2022 ha sido el más caluroso
en nuestro país desde que existen registros, con olas de calor en junio, julio y agosto, agravando una situación de sequía extrema y aumentando el riesgo de que se declaren incendios forestales. De acuerdo con el servicio europeo Copernicus, las
temperaturas medias fueron 'con mucho las más altas' registradas, casi 2.ºC por encima del promedio del período 1991-2020.
Es más, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) sitúa a España como el Estado miembro en el que más superficie se ha quemado en 2022, con 298.800 hectáreas arrasadas por el fuego. Esto es aún más alarmante si
tenemos en cuenta que España es también el país con más espacios protegidos por su valor ecosistémico en la Red Natura de la Unión Europea. Además, según un informe elaborado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),
la organización profesional agraria más numerosa de ámbito estatal, el cambio climático ya está pasando factura al campo español, que cada año pierde el 6% del valor de la producción por este motivo, más de 550 millones de euros anuales.
En definitiva, España no es ajena a los efectos más adversos del cambio climático. Sin embargo, estos efectos son aún más devastadores en países que tienen menos recursos disponibles para medidas de adaptación y, en particular, en aquellos
cuya economía depende de forma más directa del sector primario. La acción del cambio climático puede aumentar el riesgo de que estos países no puedan salir de su situación de pobreza, agravando así sus condiciones de desarrollo social y económico e
impidiendo la consolidación de instituciones democráticas fuertes. En definitiva, el cambio climático es un claro multiplicador de riesgos para los países en desarrollo, pero también para nuestras políticas de cooperación que aspiran a hacer de
estos países lugares mejor para vivir, desarrollarse de forma autónoma y contribuir a la paz y la seguridad internacionales.
En la pasada Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, se obtuvo un avance importante en materia de
reducción de este riesgo para el desarrollo sostenible. Durante décadas, los países en desarrollo y más afectados por el cambio climático han venido proponiendo la creación de un fondo que pudiera financiar las actuaciones de daños y pérdidas
causadas por el cambio climático, evitando así que el impacto de este fenómeno acabe por hacer descarrilar los esfuerzos de desarrollo sostenible de estos países más desfavorecidos. La COP27, pese a que ha sido un fracaso en otros ámbitos como el
de la fijación de un compromiso claro de reducción de emisiones por parte de los grandes países emisores de gases de efecto invernadero, sí ha sido un éxito por la creación de este fondo.
Aunque aún quedan muchos detalles por fijarse, que será el trabajo de los delegados de los diferentes países a lo largo del próximo año y de cara a la próxima COP28, lo que sí parece claro es que serán los países desarrollados los que
aportarán recursos a ese fondo. Aún no está claro si países como China o los países del Golfo, que gozan de cifras de desarrollo económico envidiables por muchos otros países calificados como desarrollados, aportarán también recursos al fondo o no.
Sin embargo, es sin duda una gran noticia que permitirá cimentar la senda de desarrollo sostenible de muchos países vulnerables en desarrollo y permitirá que nuestra cooperación aporte un mayor valor añadido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a detallar su aportación económica al fondo de financiación de daños y pérdidas para países en desarrollo acordado en la pasada Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) y a llevar a cabo los esfuerzos diplomáticos necesarios para que el mayor número posible de países que son grandes emisores contribuyan con recursos a ese fondo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre el fomento de las
cooperativas de consumo sostenible, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
A finales de 2020, la Comisión Europea aprobó la Nueva Agenda del Consumidor 20202025, en la que se establecían los ejes por los cuales los consumidores debían tomar un papel activo en un mercado único más ecológico, digital y justo. Entre
los ítems desarrollados en el texto se establecía el fomento de
productos sostenibles y de economía circular. Es uno de los ámbitos que protagonizan la transformación global en a los hábitos de consumo y el paradigma económico. Ante la evidencia de que los recursos son finitos y cada vez más escasos,
no se puede sostener la escalada de su consumo ni la corta vida útil de los bienes. Esta extralimitación en cuanto a la producción clásica -materias primas extraídas, procesadas, transportadas, consumidas y desechadas en residuos que el planeta no
puede asumir- genera un dato alarmante: consumimos como si dispusiéramos de 1,6 planetas Tierra. Es por ello que ya se están promoviendo nuevos procesos circulares, que se generen a través de la proximidad, que reintegren los residuos en los
ecosistemas cercanos y cuyo objetivo sea la reducción en el uso de materiales y energía.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consiste en garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, dados los efectos destructivos sobre el planeta que está ocasionando la
sobreexplotación de los recursos.. La propia ONU lo ilustra con algunos datos y cifras. Un tercio de toda la comida producida acaba en la basura, o bien estropeándose debido a un transporte y a unas prácticas de recolección deficientes. En caso
de que la población mundial alcance los 9.600 millones de personas en 2050, se podría necesitar el equivalente a casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los estilos de vida actuales. El camino debe ser
un cambio profundo y sistémico hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta, comprendiendo y valorando los límites de la naturaleza y el impacto negativo que generamos, y debe reflejarse en los patrones
de consumo y producción.
Este cambio de paradigma deben asumirlo, de una vez por todas, los agentes productores de bienes de consumo, pero también es indispensable que el consumidor entienda, mediante un acceso adecuado a la información, qué comporta tal cambio,
cómo influye en su día a día y qué relación activa puede establecer con la economía social. En este sentido, el cooperativismo de consumo se presenta como una fórmula óptima para fomentar el acceso a los productos sostenibles y de proximidad, así
la protección de los derechos y el conocimiento del consumidor. Este modelo societario está basado en una asociación voluntaria para satisfacer las aspiraciones sociales, culturales y económicas en común de sus miembros, mediante una empresa de
propiedad conjunta y de gestión democrática. El consumidor se sitúa así en el centro, participando en la gobernanza específica de entidades en el sector de la economía social y cooperativa que pueden abarcar diversos productos y bienes de consumo.
Al fin y al cabo, se trata de una manera de facilitar la organización de forma colectiva y autogestionada para abastecerse de productos básicos para las familias, especialmente en cuanto a la alimentación, y procurando a su vez el acceso a la
educación y a la cultura de su base social.
Las cooperativas de consumo pueden reducir el precio de la cesta de la compra básica mediante el intercambio de productos y servicios surgidos de la intercooperación, o el intercambio de conocimiento. Además, estas figuras suelen enfocarse
hacia valores sostenibles, que potencian el consumo de productos de proximidad, saludables y producidos de forma responsable en sentido ambiental y laboral,; así como el fomento de hábitos para reducir el desperdicio alimentario. Se trata de un
modelo societario que, además de crear puestos de trabajo de manera horizontal y democrática, reduce intermediarios y fomenta la economía solidaria. Protege al consumidor, lo empodera y lo involucra activamente en las nuevas realidades en un
mercado que debe tender hacia una producción y un consumo responsable y sostenible.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar mediante campañas informativas el conocimiento sobre la figura societaria de las cooperativas de consumo como forma de organización democrática basada en valores relacionados con la sostenibilidad, la economía circular, el
consumo de proximidad y el conocimiento en materia de consumo responsable.
2. Reforzar la sostenibilidad económica, ecológica y social a través de la simplificación normativa para la creación de empresas y sociedades cooperativas de consumo.
3. Incentivar el consumo sostenible, el empoderamiento de los consumidores y la economía circular a través de una revisión fiscal de las empresas de economía social y las cooperativas de consumo.
4. Impulsar medidas normativas que impidan la competencia desleal contra las empresas de economía social y que refuercen el papel de las cooperativas de consumo dentro de la economía española.
5. Facilitar espacios y recursos, tales como cesiones temporales de suelo, para estimular la actividad de las sociedades cooperativas de consumo.
6. Impulsar medidas que estimulen la sostenibilidad de los precios para los consumidores y los productores, poniendo el foco en las ventajas que presentan las empresas cooperativas de consumo en este aspecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2022.-Laura López Domínguez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
relativa a la alimentación saludable en residencias de mayores, para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El cuidado de nuestros y nuestras mayores es una necesidad que trasciende cualquier tipo de ideología u opción política. Durante los últimos años se han puesto de manifiesto las deficiencias generadas en el propio sistema institucional de
cuidados, donde las y los mayores han quedado expuestos a graves problemas sanitarios y de salubridad, que se ha saldado con miles de vidas. Las carencias detectadas en el sistema de residencias no solo muestran que las ratios de profesionales
están por debajo de lo necesario para proporcionar unos cuidados de calidad, sino que también las carencias alimentarias están perjudicando las condiciones de vida de los residentes.
La precaria situación de las residencias ha llamado la atención de los medios de comunicación, que han denunciado casos de falta de personal, pero también de suministros (como pañales absorbentes), y sobre todo la escasa calidad de los
alimentos, lo que deja a nuestros ancianos y ancianas en una situación de especial vulnerabilidad. Estas denuncias muestran el desfase estructural que se ha producido al propiciar un modelo de residencias basado en la maximización de beneficios por
encima del modelo de cuidados.
Según el artículo 50 de la Constitución Española, los poderes públicos deben garantizar y promover el bienestar de los y las ciudadanas durante la tercera edad, atendiendo a sus problemas específicos. Por medio de este artículo, el
constituyente español ha marcado una línea básica para garantizar la promoción del bienestar y la protección de las condiciones de vida de las personas durante la tercera edad. Sin embargo, la situación denunciada por las plataformas de mayores y
por la prensa muestran que es necesario realizar cambios normativos que aspiren a dar soluciones de mejora a esta situación.
En el plano internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la resolución 46/91, de 16 de diciembre de 1991, reconoce los principios de cuidados y dignidad de las personas mayores. Esta resolución pretende garantizar
el bienestar físico, mental y emocional de los y las mayores, así como la prevención de la aparición de enfermedades. Cabe señalar que la resolución hace referencia al disfrute de los derechos humanos y libertades, fundamentalmente cuando residan
en instituciones de cuidados, garantizando el derecho a adoptar decisiones sobre la calidad de su vida.
Existe una relación directa entre una buena alimentación y la calidad de vida de las personas, evidenciada en una multitud de estudios a nivel nacional e internacional. El tipo de alimentación puede tener un impacto en la presión arterial,
el colesterol o el sobrepeso, pero también en el deterioro físico y mental de las personas mayores. Mientras una mala alimentación los debilita y hace más vulnerables, exponiéndolos a enfermedades que pueden erosionar su salud, mejorar la calidad
alimenticia puede ralentizar y evitar enfermedades, con una repercusión directa sobre la calidad de vida.
El caso de las personas ancianas en residencias debe ser tenido especialmente en cuenta, dado que entre ellas hay casos de extrema dependencia. Testimonios como el de Mariano Turégano, jubilado de San Sebastián de los Reyes del que se han
hecho eco varios medios de comunicación, o las denuncias de plataformas de mayores como Marea de Residencias, han dejado claro que la calidad nutricional de los
platos servidos en las residencias no alcanza los mínimos exigibles, revelando un peligro real de desnutrición para muchos de los internos. Estas condiciones han sido denunciadas en redes sociales y campañas de concienciación mostrando que,
aunque los compromisos por escrito de las residencias alcanzan ciertos niveles nutricionales, los platos proporcionados se basan en fritos, purés o alimentos ultraprocesados.
Dietistas y nutricionistas se han manifestado en este sentido, indicando que es esencial que las aportaciones nutricionales sean optimizadas desde una perspectiva cercana a los y las consumidoras, adaptando la dieta a las necesidades
particulares de cada persona (sin sal, sin azúcar, dietas adaptadas a restricciones de diálisis, alérgenos, etc.). A su vez, la realidad nutricional de la tercera edad también puede estar condicionada por la necesidad de adaptación a las
dificultades masticatorias o deglutivas. Todo ello, tanto para los mayores sanos como para aquellos con patologías graves, supone un alto riesgo para contraer enfermedades y por tanto degradar su vitalidad y reducir su esperanza de vida.
Datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 2022 indican que entre 2015 y 2050 el porcentaje de mayores de 60 años se duplicará, pasando del 12% al 22% de la población mundial. Es decir, el ritmo de
envejecimiento de la población es mucho más acelerado que en el pasado. La OMS ha alertado de que todos los países se enfrentan a importantes retos para garantizar que sus sistemas de salud y asistencia social estén preparados para afrontar estos
cambios.
Por otro lado, es importante reseñar que, si bien el problema de la alimentación en las residencias de ancianos atañe al conjunto del Estado español, son las comunidades autónomas quienes tienen las competencias para tomar decisiones firmes
a fin de conseguir unos menús más saludables en las residencias de ancianos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar guías de recomendaciones para la mejora de las condiciones alimenticias de los comedores en las residencias de ancianos.
2. Colaborar con las comunidades autónomas con el fin de crear un nuevo Programa de Control Oficial, similar al Programa 16 realizado para los comedores escolares, para el establecimiento de criterios mínimos sobre la calidad nutricional de
los menús en las residencias.
3. Realizar cuantas acciones estén en su mano para asegurar estándares mínimos de calidad nutricional, contemplando los horarios de las ingestas y el intervalo entre comidas en residencias.
4. Trabajar con las comunidades autónomas para proponer recomendaciones sobre un sistema de inspecciones periódicas, que garantice el seguimiento de las acciones de mejora relativas a la alimentación en las residencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2022.-Laura López Domínguez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Consumo, relativa a la revisión normativa de regulación publicitaria de los medicamentos y productos sanitarios.
Exposición de motivos
De conformidad con el artículo 43 de la Constitución Española, los poderes públicos deberán organizar y tutelar la salud pública, estableciendo los deberes y derechos al respecto.
La publicidad sanitaria y los productos farmacéuticos de consumo humano se han convertido progresivamente en un vehículo para el incremento del consumo masivo. En este sentido, la publicidad comercial de productos sanitarios transforma la
figura del paciente en cliente o consumidor, desvirtuando en muchas ocasiones la propia naturaleza sanitaria de los productos comercializados, pudiendo llegar a poner en riesgo la salud de la población. Estas cuestiones, que hoy se reflejan un
desfase normativo con respecto a la realidad del mercado, han sido históricamente tratadas por el legislador, adaptándose progresivamente a las circunstancias y necesidades derivadas de los momentos históricos.
El régimen específico de los medicamentos de uso humano ha estado regulado en España desde finales del período predemocrático. En 1963 los decretos de regulación (Decreto 2464/1963) centraban la intervención del Estado en la necesidad de
una autorización administrativa previa para la actividad publicitaria sanitaria, marcando una distinción entre la publicidad dirigida a los profesionales sanitarios y aquella dirigida al público general, como consumidores, así como en las
contribuciones a actos científicos por los laboratorios de especialidades farmacéuticas.
En 1977 se establecieron los principios que debían reunir los elementos informativos, estableciendo reglas para la publicidad y la información (incluyendo prospectos), así como la prohibición expresa a los laboratorios de dar primas y
obsequios a los facultativos en ejercicio clínico. Este último precepto incidía directamente en el ejercicio de las profesiones sanitarias, concretamente en la relación médico-paciente, estableciendo un límite a las injerencias de los laboratorios
y farmacéuticas con respecto a la difusión de determinados medicamentos por vías divergentes a las divulgativas.
En 1984, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios venía a establecer una protección especial sobre los servicios que puedan afectar a la salud; sin embargo, este precepto ha sido desarrollado con posterioridad por la
Ley 14/1986, General de Sanidad, donde se recogieron los principios del régimen jurídico publicitario, ajustando la publicidad y propaganda comerciales en el ámbito sanitario a criterios de veracidad, y dotando a la Administración General del Estado
de herramientas de control e inspección centrados en la seguridad y eficacia de los métodos publicitados.
Por su parte, la Ley del Medicamento de 1990 introduce la prohibición de la publicidad de preparados y fórmulas magistrales que se publiciten como medicamentos sin estar legalmente reconocidos como tales, dedicando un artículo a las
garantías en la publicidad de medicamentos y productos sanitarios destinados al público en general. De esta forma se cubre parcialmente la publicidad de productos de venta libre (no sujetos a prescripción médica) pero también, en su artículo 81, se
indica que habrá una regulación por vía reglamentaria de la publicidad de métodos a los que se atribuyan efectos beneficiosos sobre la salud. Unos años más tarde, esta regulación sería ampliada por el Real Decreto 1416/1994, sobre publicidad de
medicamentos de uso humano.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en sus artículos 44 y 45, incide en la necesidad de que la publicidad respete una base científica, objetiva y veraz, dejando fuera del objeto de publicidad
productos y actividades sanitarias que no cuenten con evidencia sobre sus efectos (refiriéndose a los 'productos milagro'). Sin embargo, no se establecen límites claros para este tipo de casuísticas, lo que ha dado cierto margen a la publicidad de
actividades sanitarias sin una base científica y objetiva.
Por último, el Real Decreto Legislativo 1/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garantías del Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, constituye el marco normativo básico actual de la materia en el ámbito
estatal, complementario con la trasposición de varias Directivas Europeas que dio lugar a la descentralización en materia de ordenación farmacéutica y de productos sanitarios.
La evolución del recorrido normativo en esta materia ha procurado dirigir la acción legisladora hacia la garantía del derecho a la protección de la salud, sin menoscabar los intereses económicos de los actores involucrados. Sin embargo, la
falta de actualización legislativa ha dado lugar a que empresas dedicadas a la salud y aspectos adyacentes hayan incurrido en actuaciones ilícitas, algunas llegando a ser condenadas por delitos contra la salud pública, lesiones o intrusismo. La
gran mayoría de estos fraudes fueron respaldados por fuertes campañas publicitarias para la captación masiva de clientes, dando pie a graves desvirtuaciones en el ámbito sanitario que han visto su apogeo en casos como los ocurridos en clínicas
dentales de bajo coste, como iDental, Dentix o Funnydent, e incluso en clínicas de medicina estética.
Son numerosas las quejas de las sociedades profesionales que se alzaron en contra de personas y entidades que realizaban intervenciones médicas sin tener una formación ni titulación oportuna. Esto ha propiciado riesgos para la salud de las
personas/clientes, que no contaban con una legislación de apoyo
con capacidad preventiva sobre este tipo de abusos, que en numerosas ocasiones han derivado en lesiones a los pacientes.
El ámbito sanitario, como eje transversal de las políticas de Estado y la protección de la población, debe trascender al sentido económico y la libertad de empresa, siendo acotado únicamente por lo dictado en el artículo 43 de la
Constitución Española. De esta forma, establecer medidas de cautela en cuanto al derecho de la protección de la salud, poniendo especial atención a la actividad publicitaria.
Por otro lado, en cuanto a los medicamentos de uso humano, existe una multitud de productos de venta libre que presentan altos índices de adicción, como pueden ser los espráis nasales, los medicamentos para dormir, sedantes, tranquilizantes,
laxantes, diuréticos u opioides, entre otros. Es sabido que el consumo abusivo de estos medicamentos puede generar dependencia y supone un grave detrimento de la salud de millones de personas.
En la actualidad existe un desfase legislativo que requiere una renovación en profundidad para una delimitación clara sobre las competencias estatales y el desarrollo de requisitos y criterios estables en relación con la regulación de la
publicidad de productos sanitarios, en línea con el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar la regulación relativa a la publicidad derivada de los servicios de protección a la salud en el ámbito digital.
2. Consolidar una legislación adecuada que evite que la publicidad sanitaria induzca a confusión a los usuarios, induciendo criterios de veracidad, transparencia y exactitud en la publicidad sanitaria.
3. Evaluar cuál es el impacto sobre la salud de los consumidores de las campañas publicitarias de los medicamentos de venta libre con altos índices de adicción.
4. Realizar cuantas acciones sean necesarias para evitar que se repitan problemas de intrusismo que puedan afectar negativamente a la salud de los pacientes.
5. Regular el alcance de la publicidad de clínicas privadas, haciendo especial énfasis en materia de medicina estética y bucodental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2022.-Rosa María Medel Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al nuevo Plan Europeo contra
el Cáncer, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El pasado 16 de febrero de 2021, el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría el Plan Europeo contra el Cáncer, que nace con la intención de abordar el reto que supone el cáncer en la UE, y que constituye un compendio de
recomendaciones finales para una estrategia global y coordinada de la UE en la lucha contra el cáncer.
La Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer (BECA) del Parlamento Europeo ha elaborado el informe 'Fortalecimiento de Europa en la lucha contra el cáncer: hacia una estrategia integral y
coordinada' 1 que establece pautas estratégicas de lucha contra el cáncer, tanto a corto como largo plazo, que faciliten la consecución de los objetivos que ha venido abordando desde hace meses: la igualdad en las posibilidades de acceso,
la detección temprana para todos los pacientes independientemente de donde vivan y la creación de un sistema común para el tratamiento oncológico.
El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer representa un primer paso hacia una UE de la Salud y está formado por 4 pilares o ámbitos de acción: prevención, seguimiento y diagnóstico precoz, acceso a cuidados de calidad y apoyo a pacientes,
supervivientes y aquellas personas que les ayudan.
En el ámbito de la estrategia integral para la prevención selectiva, destaca el apoyo a las iniciativas para reducir aún más el consumo de tabaco, un ámbito en el que la Unión Europea se ha marcado el objetivo de que en el año 2040 el número
de fumadores esté por debajo del 5% de la población total.
Uno de los postulados de la Comisión BECA plantea que se deben implementar acciones preventivas integrales contra el cáncer, mediante medidas que apoyen la eliminación o reducción de los daños causados por factores de riesgo modificables, en
todas las políticas y programas de financiación europeos.
En el ámbito del tabaquismo, son necesaria mayores evaluaciones científicas sobre estrategias basadas en la reducción de daños en la población adulta fumadora, complementarias de las actuales, y para ello es necesario impulsar la generación
de evidencia sobre el perfil de mitigación del riesgo asociado al tabaquismo que pudieran ofrecer nuevas modalidades de consumo.
El Informe BECA considera que los cigarrillos electrónicos podrían permitir a algunos fumadores dejar de fumar progresivamente, y se pide que se avance en la evaluación científica de los riesgos para la salud relacionados con los cigarrillos
electrónicos, los productos del tabaco calentado y los nuevos productos del tabaco, en comparación con el consumo de otros productos convencionales.
Durante los últimos años universidades, agencias de Salud Pública e institutos de investigación han publicado estudios de evaluación de los tratamientos farmacológicos más utilizados, la terapia sustitutiva con nicotina (TSN) en forma de
parches, chicles y comprimidos, los apoyos farmacológicos y algunas terapias conductuales, así como sobre el uso de alternativas potencialmente menos dañinas al cigarrillo, como el cigarro electrónico, el snus o el tabaco calentado. Instituciones
como Public Health England, el Royal College of Physicians del Reino Unido, la FDA de Estados Unidos, el Food and Drug Law Institute o la Academia Nacional de Medicina de Francia han realizado estudios y han publicado informes, en los que defienden
que determinados productos menos dañinos que el cigarrillo ayudan a reducir el daño causado por el hábito de fumar. Una revisión científica dirigida por la Universidad de Oxford y publicada en la Cochrane Library ampara la tesis de que los
cigarrillos electrónicos con nicotina podrían ser eficaces a la hora de conseguir un mayor número de abandonos del tabaco, en comparación con el uso de la terapia de reemplazo de nicotina, y que unos 50.000 fumadores al año han abandonado el tabaco
gracias a estos dispositivos, según el departamento de salud del Reino Unido.
A pesar de los esfuerzos legislativos y sanitarios para la erradicación del tabaquismo en España, un 34% de la población de entre 15 y 64 años fuma a diario, y no se alcanza el objetivo de reducción de las tasas de fumadores al nivel
deseado, congruente con el objetivo europeo en la lucha contra el cáncer de reducir la tasa de fumadores por debajo del 5%.
Por ello parece claro que se precisa de un enfoque diferente y que integre nuevas estrategias en los planes de lucha contra el tabaquismo, y que se contemplen enfoques complementarios. Esto exige estudiar con rigor la posibilidad de las
alternativas basadas en la reducción del riesgo, especialmente para aquellas personas que han fracasado con los tratamientos disponibles o han desarrollado enfermedades asociadas al tabaquismo, y que aun así siguen sin poder dejar de fumar.
La reducción de daños se practica ya en muchos ámbitos de la salud pública, como las drogodependencias, la salud sexual o el VIH, y conviene no descartar de manera apriorística su uso en el área del tabaquismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el contexto del nuevo Plan Europeo contra el Cáncer, el desarrollo de estudios adicionales sobre los productos que pueden contribuir a la mitigación del riesgo asociado con el tabaquismo.
1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0038 EN.html
2. En el ámbito de la estrategia integral para la prevención selectiva, desarrollar todo el contenido del Plan, y en especial lo relacionado con el estudio de alternativas de riesgo reducido.
3. Desarrollar una estrategia integral en la lucha contra el tabaquismo donde, a las líneas de prevención y de cesación, se sume, fruto de estudios detallados sobre la reducción de daños y en base a los resultados obtenidos, una línea
complementaria a las anteriores sobre estos dispositivos, especialmente en casos de fracaso recidivante en la deshabituación tabáquica.
4. Desarrollar, al igual que los países de nuestro entorno, con el apoyo del Instituto de Salud Carlos III, el análisis de las alternativas existentes para la reducción del riesgo en el ámbito del tabaquismo, especialmente dirigidas a
aquellos pacientes refractarios a otras medidas y que pudieran beneficiarse de este enfoque.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2022.-Elvira Velasco Morillo y Ana María Pastor Julián, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances
reales en la prevención y el abordaje integral y multidisciplinar del Alzheimer, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
De acuerdo con los datos ofrecidos desde la Sociedad Española de Neurología, la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia en todo el mundo y tiene, además, un serio impacto negativo en el bienestar de las personas mayores.
Referirse al Alzheimer es hacerlo a una patología cuya prevalencia aumenta exponencialmente a partir de los 65 años y que, si la proyección anual actual se mantiene, teniendo en cuenta las previsiones de envejecimiento demográfico más
recientes, provocará que en el año 2050 existan alrededor de 130 millones de personas afectadas en todo el mundo.
En España padecen Alzheimer más de 800.000 personas y cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos. Sin embargo, entre el 30 y el 40% de los casos no son diagnosticados, una realidad que ha de ser considerada como especialmente
preocupante.
Por otra parte, a los devastadores efectos sanitarios y de pérdida de calidad de vida para los afectados y para sus familias, se une el impacto económico que comporta esta enfermedad en la economía personal, familiar y nacional. El coste
total del tratamiento del Alzheimer supone más de 10.000 millones de euros al año, lo que viene a representar el 1,5% del PIB. El coste medio oscila entre 17.100 euros y los 28.200 euros por paciente y año, cifra que puede verse aumentada hasta los
41.700 euros en los casos que presenten mayor gravedad.
Hasta el momento en que estén plenamente disponibles medicamentos innovadores que consigan restaurar la función cognitiva, los tratamientos farmacológicos existentes contribuyen a ralentizar los síntomas de esta grave enfermedad. Además, ha
de considerarse prioritario en la actualidad la intervención sobre los factores de riesgo modificables como, por ejemplo, un mayor control de la diabetes, de la hipertensión arterial, de la obesidad, del tabaquismo, del sedentarismo, de la
depresión, de la inactividad cognitiva, de la hipoacusia, del aislamiento social... entre otros muchos. Así, la prevención activa de los factores referidos debería ser considerada como una cuestión prioritaria, tanto desde la perspectiva sanitaria
como desde la social.
De igual modo, resulta cardinal recabar un decidido respaldo de los poderes públicos a la investigación, el desarrollo y la innovación sobre las causas de esta enfermedad; a la plena, ágil y segura disponibilidad de los afectados a los
fármacos innovadores; a la formación y la información de pacientes, familiares y profesionales sanitarios y sociales; a la continuidad asistencial; a la coordinación sanitaria y sociosanitaria; a la elaboración de protocolos de gestión; al
papel que debe corresponder a las asociaciones de familiares de estos pacientes, y, entre otros factores, a una protección real, tangible y efectiva de los derechos de los afectados y de los de sus cuidadores.
Esta situación habría de comportar no solo la puesta en común de objetivos, sino el compromiso adecuado de los recursos que resulten necesarios para que sea posible un entorno más favorable y digno para cuantos padecen Alzheimer y sus
familias.
Con las casi 100 páginas del 'Plan Integral de Alzheimer y otras demencias' (2019-2023) se quiso dar respuesta a estos problemas y retos, articulando para ello una serie de líneas de actuación. No obstante, hay que destacar que su puesta en
ejecución quedaba principalmente condicionada a las disponibilidades presupuestarias reservadas a la causa desde el Ministerio de Sanidad en cada ejercicio, así como a las dotaciones planteadas por parte de las Comunidades Autónomas. En el referido
Plan Integral no se contempla cifra alguna ni objetivo u horizonte económico-presupuestario, carencia a la que cabe añadir los problemas añadidos que han surgido a partir de la pandemia de COVID-19, por su considerable efecto negativo en el
diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los afectados.
En este marco, procede considerar necesaria, cuando menos, la revitalización de los compromisos contemplados en el Plan Integral para que se pongan en práctica de forma efectiva.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a hacer cuanto sea necesario, en el marco de la 'Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud', desde la coordinación real con los representantes de los
profesionales sanitarios y el consenso pleno con las Comunidades Autónomas, para:
1. Garantizar que el 'Plan integral de Alzheimer y otras demencias' disponga de una dotación presupuestaria adecuada con la que dar cumplimiento real y efectivo a la totalidad de los objetivos comprometidos, especialmente los relativos a la
I+D+i y a la puesta a disposición de los afectados de las últimas innovaciones terapéuticas, farmacológicas y tecnológicas con agilidad y seguridad.
2. Realizar una auditoría exhaustiva y objetiva del cumplimiento del 'Plan integral de Alzheimer y otras demencias' realizado hasta la fecha, debiendo ser validada dicha evaluación en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud y remitida posteriormente al Congreso de los Diputados.
3. Establecer un diálogo permanente con los pacientes y sus familias, así como incorporar su proactividad, coparticipación y corresponsabilidad, en la puesta en práctica de las medidas contempladas en el 'Plan integral de Alzheimer y otras
demencias' para favorecer la consecución efectiva de avances tangibles en la prevención y en el abordaje integral y multidisciplinar del Alzheimer.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2022.-Elvira Velasco Morillo, Ana María Pastor Julián, María Teresa Ángulo Romero y Juan Antonio Callejas Cano, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la solución del déficit de
especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La atención primaria se encuentra actualmente en uno de sus momentos más críticos desde la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Si bien la realidad estructural del primer nivel asistencial en España ya era compleja antes de la COVID-19, la pandemia ha evidenciado los problemas existentes y ha generado nuevas necesidades.
Es muy destacable el déficit existente en materia de recursos humanos, especialmente de médicos especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria De igual forma, hay también insuficiencias de equipamiento tecnológico, de capacidad
resolutiva, de coordinación efectiva con la asistencia hospitalaria y los servicios sociales... que afectan a la atención primaria en el conjunto del SNS.
Este problema de déficit de profesionales no está siendo resuelto por las distintas medidas que el Gobierno ha anunciado y comprometido desde 2018. En consecuencia, consejos de colegios profesionales, sociedades científicas, representantes
de estudiantes y de decanos, sindicatos... y gobiernos autonómicos de signos políticos dispares -por ejemplo, con el manifiesto impulsado por Galicia y País Vasco al que se sumaron Castilla y León, Cataluña y Andalucía- llevan tiempo proponiendo y
solicitando acciones para implementar con urgencia un verdadero plan de recursos humanos que permita solucionar la situación.
Son acciones contempladas tanto en el dictamen sobre 'Sanidad y Salud Pública' de la 'Comisión de Reconstrucción Social y Económica' del Congreso de los Diputados aprobado en julio de 2020, como en la propuesta de resolución aprobada en
sesión plenaria por el propio Congreso tras el 'Debate del Estado de la Nación' celebrado el pasado mes de julio.
Todas estas iniciativas pretenden que se garantice 'que el sistema de elección de plazas MIR no deje plazas desiertas', que se desarrollen 'instrumentos que permitan que el SNS planifique en el futuro con más rigor su oferta formativa', que
se amplíe 'el número de plazas de formación médica especializada en Medicina de Familia y Comunitaria para que las Comunidades Autónomas puedan afrontar el relevo generacional', que se 'realice una convocatoria de plazas MIR extraordinarias en la
especialidad', y, entre otros muchos avances destacables, que se 'impulse un gran acuerdo nacional de medidas de choque para afrontar los problemas relacionados con la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria'.
Desde el Ministerio de Sanidad no se han tomado en consideración ni se han puesto en práctica dichas medidas, ni en el corto plazo ni de cara al futuro, cuando la situación será previsiblemente más problemática por el desequilibrio patente
entre las jubilaciones y las nuevas incorporaciones de profesionales.
Ante esta realidad sin progresos tangibles, los consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de Galicia, de Castilla y León, de Andalucía, de la Región de Murcia y de la Ciudad Autónoma de Ceuta mantuvieron el 14 de noviembre de 2022 una
reunión en la que además de considerar necesaria 'la creación con la máxima celeridad de una nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias' concretaron varias acciones a implementar a partir de las cuales,
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar cuantas medidas sean necesarias desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y la coordinación efectiva con los representantes de los profesionales sanitarios para solucionar
el déficit de especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria en todo el Sistema Nacional de Salud. Dichas medidas deberán servir para:
- Convocar con urgencia una sesión plenaria del Consejo Interterritorial en la que poner en marcha los cambios necesarios para modificar las unidades de acreditación docente y realizar la convocatoria urgente de más plazas de médicos
especialistas acorde con las necesidades de cobertura de las plazas que necesita el Sistema Nacional de Salud a corto y medio plazo.
- Incentivar que los profesionales jubilados que así lo deseen puedan permanecer, al menos parcialmente, en activo.
- Desarrollar herramientas con las que fomentar la permanencia en el empleo, asentada en concursos de méritos para fidelizar a los médicos de familia en sus puestos.
- Impulsar normativa que permita la creación de contratos puente de hasta tres años para los MIR que terminen su residencia como paso previo a la obtención de una plaza fija en su especialidad.
- Plantear fórmulas que permitan conjugar la conciliación de la vida familiar y profesional de los especialistas con la puesta en marcha de incentivos para cubrir el turno de tarde, que es el más demandado por los pacientes.
- Promover el retorno de los médicos que hayan desarrollado su carrera profesional en otros países y que puedan ayudar a cubrir las especialidades deficitarias, así como agilizar desde la seguridad los trámites de convalidación de títulos de
médicos especialistas extracomunitarios.
- Tener plenamente activo el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2022.-Elvira Velasco Morillo, Carmen Navarro Lacoba y Ana María Pastor Julián, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004637
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la atención sanitaria de los pacientes con Linfangioleiomiomatosis (LAM).
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 245688 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la atención sanitaria de los pacientes con Linfangioleiomiomatosis
(LAM), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Linfangioleiomiomatosis (LAM) es una enfermedad pulmonar progresiva y crónica, considerada como rara o poco frecuente y de origen desconocido, que afecta principalmente a las mujeres, sobre todo, en edad fértil. De acuerdo con la 'Guía
para Pacientes con Linfangioleiomiomatosis (LAM)', afecta a un 1 caso por cada 400.000 mujeres adultas.
Se caracteriza por un crecimiento anómalo de células musculares lisas atípicas (células LAM), implicando la destrucción progresiva del tejido pulmonar sano, que supone la pérdida funcional y que lleva a la insuficiencia respiratoria de las
pacientes.
Los síntomas más comunes por LAM son: disnea respiratoria progresiva, neumotórax espontáneo, angiomiolipoma renal, tos seca y hemoptisis.
Puede ser de dos tipos, esporádica o asociada a una enfermedad llamada esclerosis tuberosa (ET o TSC), en la que las pacientes tienen entre un 30 y 40% de posibilidades de desarrollar LAM
Esta enfermedad se ha relacionado tradicionalmente con las hormonas femeninas, aunque no se ha podido demostrar de manera definitiva. Así como, está vinculado a alteraciones genéticas, especialmente cuando aparece junto a la ET.
El diagnóstico de la enfermedad se caracteriza por ser, en muchos casos tardío, ya que puede llegar a retrasarse de media de dos a cinco años. Los síntomas que presenta son los habituales de cualquier enfermedad respiratoria, y en ocasiones
se diagnostica inicialmente de forma equivocada como asma, enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
A pesar de que la LAM no tiene tratamiento que consiga su curación, existe un tratamiento farmacológico eficaz, que permite reducir los síntomas respiratorios y mejorar la calidad de vida de algunas pacientes, pero no en todos los casos.
En los casos más graves y avanzados de insuficiencia respiratoria, el trasplante pulmonar acaba siendo la única alternativa para estas pacientes.
El Grupo Parlamentario Socialista considera prioritario desarrollar las medidas necesarias para mejorar la atención sanitaria de las personas con enfermedades raras o poco frecuentes en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Para ello se ha de
garantizar el diagnóstico precoz de la enfermedad, la calidad y continuidad asistencial y el acceso en términos de equidad a los tratamientos.
Asimismo, es fundamental mejorar el conocimiento de esta enfermedad, tanto por parte de los profesionales sanitarios, como de la sociedad en general, y seguir fomentando la investigación de la LAM y sus causas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con la Comunidades Autónomas y en el marco de sus competencias, y con la colaboración de las asociaciones de pacientes:
1. Estudiar la posibilidad de promover la acreditación y designación de Centros, Servicios o Unidades de referencia para la atención de la linfangioleiomiomatosis en el SNS.
2. Acelerar el diagnóstico de linfangioleiomiomatosis (LAM), mediante una mejora en la información, sensibilización y difusión del conocimiento sobre la enfermedad entre el personal sanitario de atención primaria y sobre las pautas de
detección precoz y diagnóstico de LAM, valorando incorporar circuitos de diagnóstico rápido.
3. Continuar impulsando la investigación y el conocimiento sobre las enfermedades poco frecuentes como la linfangioleiomiomatosis y sus causas.
4. Incorporar la perspectiva de género en la investigación de aquellas enfermedades raras más prevalentes en mujeres, para conocer mejor el origen y su tratamiento eficaz.
5. Continuar fomentando la financiación pública de la investigación sanitaria para la realización de ensayos clínicos en enfermedades raras o poco frecuentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2022.-Carmen Andrés Añón, Ana Prieto Nieto, Julio Navalpotro Gómez, José Luis Aceves Galindo, Josefa Andrés Barea, Laura Berja Vega, María Luisa Carcedo Roces, Rafael José Vélez, José
Ramón Ortega Domínguez, Elvira Ramón Utrabo, Marisol Sánchez Jódar, Daniel Vicente Viondi y Agustín Zamarrón Moreno, Diputados.-Guillermo Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reducción de riesgos climáticos en países en desarrollo,
para su debate en la Comisión de Cooperación para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El cambio climático ha dejado ya de ser una cuestión del futuro, sino que sus efectos son palpables en el presente y afectan a las sociedades y economías de todo el mundo. Sin ir más lejos, el pasado verano de 2022 ha sido el más caluroso
en nuestro país desde que existen registros, con olas de calor en junio, julio y agosto, agravando una situación de sequía extrema y aumentando el riesgo de que se declaren incendios forestales. De acuerdo con el servicio europeo Copernicus, las
temperaturas medias fueron 'con mucho las más altas' registradas, casi 2°C por encima del promedio del período 1991-2020.
Es más, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) sitúa a España como el Estado miembro en el que más superficie se ha quemado en 2022, con 298.800 hectáreas arrasadas por el fuego. Esto es aún más alarmante si
tenemos en cuenta que España es también el país con más
espacios protegidos por su valor ecosistémico en la Red Natura de la Unión Europea. Además, según un informe elaborado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la organización profesional agraria más
numerosa de ámbito estatal, el cambio climático ya está pasando factura al campo español, que cada año pierde el 6% del valor de la producción por este motivo, más de 550 millones de euros anuales.
En definitiva, España no es ajena a los efectos más adversos del cambio climático. Sin embargo, estos efectos son aún más devastadores en países que tienen menos recursos disponibles para medidas de adaptación y, en particular, en aquellos
cuya economía depende de forma más directa del sector primario. La acción del cambio climático puede aumentar el riesgo de que estos países no puedan salir de su situación de pobreza, agravando así sus condiciones de desarrollo social y económico e
impidiendo la consolidación de instituciones democráticas fuertes. En definitiva, el cambio climático es un claro multiplicador de riesgos para los países en desarrollo, pero también para nuestras políticas de cooperación que aspiran a hacer de
estos países lugares mejor para vivir, desarrollarse de forma autónoma y contribuir a la paz y la seguridad internacionales.
En la pasada Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, se obtuvo un avance importante en materia de
reducción de este riesgo para el desarrollo sostenible. Durante décadas, los países en desarrollo y más afectados por el cambio climático han venido proponiendo la creación de un fondo que pudiera financiar las actuaciones de daños y pérdidas
causadas por el cambio climático, evitando así que el impacto de este fenómeno acabe por hacer descarrilar los esfuerzos de desarrollo sostenible de estos países más desfavorecidos. La COP27, pese a que ha sido un fracaso en otros ámbitos como el
de la fijación de un compromiso claro de reducción de emisiones por parte de los grandes países emisores de gases de efecto invernadero, sí ha sido un éxito por la creación de este fondo.
Aunque aún quedan muchos detalles por fijarse, que será el trabajo de los delegados de los diferentes países a lo largo del próximo año y de cara a la próxima COP28, lo que sí parece claro es que serán los países desarrollados los que
aportarán recursos a ese fondo. Aún no está claro si países como China o los países del Golfo, que gozan de cifras de desarrollo económico envidiables por muchos otros países calificados como desarrollados, aportarán también recursos al fondo o no.
Sin embargo, es sin duda una gran noticia que permitirá cimentar la senda de desarrollo sostenible de muchos países vulnerables en desarrollo y permitirá que nuestra cooperación aporte un mayor valor añadido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a detallar su aportación económica al fondo de financiación de daños y pérdidas para países en desarrollo acordado en la pasada Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) y a llevar a cabo los esfuerzos diplomáticos necesarios para que el mayor número posible de países que son grandes emisores contribuyan con recursos a ese fondo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el refuerzo de la evaluación de políticas de cooperación
para el desarrollo sostenible, para su debate en la Comisión de Cooperación para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La evaluación es uno de los elementos más necesarios en el ámbito público, puesto que permite hacer un seguimiento de la implementación de políticas y medidas puestas en marcha para hacer frente a retos sociales, económicos y políticos.
Sólo mediante la evaluación se puede estar seguro, con indicadores y datos concretos, de si una política está funcionando y abordando de la forma deseada un determinado reto o alcanzando los objetivos previstos para la misma. Es así como los
poderes públicos pueden detectar espacios de mejora para las políticas públicas o puntos de éxito que poder replicar en otros ámbitos.
Uno de los elementos más importantes de la evaluación es asegurar que la entidad evaluadora es diferente de la entidad responsable de la formulación de la política pública en cuestión. De este modo se garantiza la neutralidad de las
evaluaciones y se evita que haya otro tipo de consideraciones en juego que podrían enmascarar determinadas evaluaciones con resultado negativo por un asunto de conflicto de intereses.
Actualmente se encuentran en tramitación dos proyectos de ley que evidencian la importancia de este aspecto y los riesgos de no tenerlo en cuenta en el diseño de la institucionalización de la evaluación. Por un lado, el Proyecto de Ley de
institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado establece en su artículo 15 que 'con carácter general, la evaluación de políticas públicas se realizará por un equipo evaluador externo al órgano
responsable de la política pública a evaluar', aunque el redactado abre la puerta a excepciones para esta norma. Por otro lado, el Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global establece en su artículo 8 que
'el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, será la responsable de la evaluación de la política de cooperación para el desarrollo sostenible en su conjunto, y
de los programas y proyectos financiados con fondos de la Administración General del Estado'. Es decir, que este segundo proyecto de ley establece, de forma opuesta, que el órgano responsable de la política pública a evaluar -la de cooperación para
el desarrollo sostenible- será también el responsable de llevar a cabo la evaluación.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos intentado corregir esto a lo largo del trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, y lo seguiremos haciendo en el trámite que tiene lugar también en el Senado. Sin embargo, el
Gobierno y sus socios se han negado a garantizar este aspecto básico de la evaluación de políticas públicas y ha decidido mantener esta contradicción a sí mismo entre ambos proyectos de ley. Para los liberales españoles, la forma en la que la
evaluación de las políticas de cooperación para el desarrollo sostenible se ha recogido en su proyecto de ley correspondiente es insuficiente y no permitirá una verdadera evaluación que permita la mejora continua de la formulación e implementación
de las políticas públicas en este ámbito.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asegurar que la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible respeta la necesidad de independencia y neutralidad
entre el equipo evaluador y el organismo responsable de la formulación de la política pública a evaluar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que se revisen los contenidos de
la cooperación cultural, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional.
Exposición de motivos
España tiene una gran historia, de la que nos sentimos orgullosos. No se puede entender la historia del mundo sin la aportación de España, por lo que las ventajas competitivas que posee nuestro país pueden y deben ser aprovechadas en el
entorno internacional, y más aún, en todas las regiones en donde estamos presentes como cooperante. De hecho, uno de los principales activos que tenemos en la escena mundial es nuestra cultura milenaria, nuestra historia singular y una lengua que
hablan 500 millones de personas en el mundo. La Cultura es una de las principales palancas para impulsar el denominado como 'soft power' en la política exterior.
Nuestro país ha incrementado su presencia en Cooperación internacional, firme a contribuir en el desarrollo de todas aquellas regiones que sufren más la desigualdad y la pobreza. Desde que el Gobierno del PP aprobase en 1998 el actual marco
regulatorio la Cooperación Española ha sido pionera en la cooperación cultural.
Son muchos los instrumentos que tiene a disposición el Estado para esta cuestión. Junto a la que directamente se hace a través del Ministerio existe el Instituto Cervantes y Acción Cultural del Estado entre los más representativos.
Nuestro país destina fondos a gestionar y ejecutar las políticas públicas de cooperación cultural para el desarrollo, que se articulan a través de dos grandes programas: Acerca y Patrimonio para el Desarrollo, los cuales buscan el
fortalecimiento de las capacidades de nuestros socios en todos los ámbitos de la cultura y fomenta las oportunidades culturales de personas y comunidades como elementos sustanciales de desarrollo humano sostenible. Por ello, es muy importante ser
conscientes que difundir y compartir nuestra cultura en todas las regiones en donde España se encuentra como cooperante, es primordial para contribuir al desarrollo.
En definitiva, España es una referencia mundial en multitud de aspectos, entre ellos, el cultural. Sin embargo, determinadas actuaciones del actual Gobierno dejan de manifiesto la descoordinación, la improvisación y la falta compromiso a la
hora de preparar los contenidos de nuestra Cooperación en el exterior que reflejen el valor, la importancia y la significación de nuestra cultura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar con carácter anual en la Comisión de Exteriores del Congreso la programación de las actividades que en materia de cooperación cultural se impulsen desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
2. Aprobar una Estrategia de Acción Cultural del Estado en el Exterior que establezca las prioridades, coordine y sea el marco común al conjunto de Planes que las diferentes instituciones del Gobierno desarrollan en el ámbito cultural fuera
de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2022.-Paloma Gázquez Collado, Isabel Gema Pérez Recuerda, Elvira Velasco Morillo, Óscar Clavell López, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Vicente Tirado Ochoa, Ricardo Tarno
Blanco, César Sánchez Pérez, María Valentina Martínez Ferro y Miguel Ángel Jerez Juan, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Maria Carvalho Dantas, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección
internacional de los habitantes de la República Democrática del Congo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La violencia vuelve a la República Democrática del Congo con fuerza. En los últimos meses, el grupo armado M23, que actúa al este del territorio, ha vuelto a las ofensivas militares con asesinatos extrajudiciales, torturas y violaciones.
Según datos de Naciones Unidas, desde febrero ha habido mil muertes y más de 188.000 desplazados por los enfrentamientos directos entre el Ejército congolés y el M23, que se han intensificado durante el mes de octubre.
Pese a los esfuerzos diplomáticos que han reunido en Goma a los gobiernos de la RD del Congo y de Ruanda, y que han conseguido trazar una hoja de ruta para el cese de hostilidades en la región y la normalización de las relaciones entre ambos
países, contemplando un alto al fuego con teórico inicio el 25 de noviembre a las 18h hora local, el grupo armado ha afirmado no ser parte de dicho acuerdo y ha exigido una conversación directa con el gobierno congoleño. Este encuentro, según
explican desde Naciones Unidas, se está preparando en Nairobi con la ayuda de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, MONUSCO, y bajo el liderato del expresidente de Kenya, Uhuru Kenyatta.
La situación vivida en la República Democrática del Congo, tal y como también la califica la propia ACNUR, es una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Existen 5,6 millones de desplazados, situación agudizada por los problemas que
supone el retorno forzado desde otros países, en los cuales, en muchas ocasiones, llegan a solicitar el asilo sin éxito. Tal y como afirma la Directora la División de Protección Internacional de ACNUR, Elizabeth Tan, este retorno forzado debe
acabar especialmente en el caso de las deportaciones de habitantes de las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, así como de aquellos que hayan pedido asilo y haya sido rechazado: muchas de estas personas, de hecho, cumplen con los
criterios para la obtención del reconocimiento legal como refugiados, en base a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Esto le pasó precisamente a Patrice Lumumba, el padre de la independencia del Congo, quien vio denegada la
protección de ayuda y protección a Naciones Unidas en medio de una persecución pública por parte de Joseph Mobutu, general que dio un golpe de estado militar patrocinado por Occidente en 1960; Lumumba acabó siendo brutalmente torturado y asesinado
después de entregarse a cambio de su mujer y su hijo pequeño, que habían sido capturados por soldados rebeldes, cosa que hizo estallar protestas en todo el mundo contra Bélgica y la ONU. Como él mismo dijo, 'llegará el día en el que la Historia
hablará. Pero no será la historia enseñada en Bruselas, París, Washington o las Naciones Unidas. Será la historia que se enseñará en nuestros países, que han ganado libertad del colonialismo y sus marionetas. África escribirá su propia historia y
será una historia de gloria y dignidad'.
Ante esta dramática situación, el Estado español debe ser parte activa en la garantía de la protección de los derechos de la población civil, siempre vulnerable a la violencia ejercida en cualquier conflicto armado. Es necesario colaborar
con MONUSCO, aportando todos los medios diplomáticos, políticos y económicos para atender la situación de la población afectada.
Por todo ello se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Acompañar los esfuerzos diplomáticos liderados por Angola para la normalización de las relaciones diplomáticas entre la República Democrática del Congo y Ruanda.
2. Siguiendo las indicaciones de ACNUR y MONUSCO, cesar cualquier deportación de ciudadanos de la República Democrática del Congo, especialmente si provienen de las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri.
3. Extremar las precauciones en los análisis de las situaciones y del cumplimiento de los criterios para la obtención del reconocimiento legal como refugiados, en base a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
4. Implementar la posibilidad de solicitar el asilo en embajadas cercanas a la zona del conflicto en la República Democrática del Congo, como son la de la República Democrática del Congo, con sede en Kinshasa; la de Kenya, con sede en
Nairobi; la de Tanzania, con sede en Dar es Salaam; y la de Angola, con sede en Luanda.
5. Impulsar acuerdos de cooperación con la República Democrática del Congo y actores regionales y locales que pongan en el centro las políticas de género y de infancia.
6. Resolver de manera urgente las peticiones de reagrupación familiar, en base a la Ley de Extranjería, y las de extensión familiar, en base a la Ley de Asilo, de familiares de personas de la República Democrática del Congo que se
encuentren en el Estado español. Trabajar, asimismo, para la resolución de los problemas en la obtención de citas previas.
7. En observancia del bajo número de otorgamientos de reconocimiento legal como refugiados de personas peticionarias de asilo ante el Estado español, revisar de forma genérica los procedimientos seguidos en el análisis del cumplimiento de
los criterios establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2022.-María Carvalho Dantas, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Igualdad
161/004644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para
garantizar una distribución territorial de proximidad de los juzgados de Violencia contra Mujer, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Ministerio de Justicia del Gobierno de España, mediante el 'Real Decreto 954/2022, del 15 de noviembre, de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial' ha
presentado una reordenación de la planta judicial de todo el Estado. Esta reordenación afecta notablemente a los territorios de Alicante y algunas localidades valencianas. Por lo que respecta en Valencia, se propone una concentración de los once
juzgados contra la violencia de género, reduciéndolos a cinco; desapareciendo la presencia de este tribunal en las localidades de Xátiva, Quart de Poblet, Carlet, Monteada, Catarroja y Picassent. Por otra parte, en las comarcas alicantinas, esta
propuesta impacta negativamente sobre las poblaciones de la Vila Joiosa, Sant Vicent del Raspeig y Novelda.
Esta remodelación no solo afecta a las personas que viven en dichas localidades, sino también a los municipios cercanos que dependían de estos juzgados. Aunque con el fin de combatir contra la sobrecarga de los juzgados, esta reorganización
que se propone provoca que las víctimas se alejen del recurso judicial. Todo esto, creemos, hace más difícil a las mujeres y sus hijas e hijos, conciliar con una situación ya complicada en su naturaleza.
El informe de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana de 2022, relativo al ejercicio del año 2021, señala, en relación con la fiscalía provincial de Valencia, la necesidad de más juzgados penales especializados en violencia de género, con el
fin de facilitar la especialización de los jueces penales. Así mismo, destacar en este mismo informe, la valoración positiva que se hace en relación con la Unidad Forense de Valoración Integral de la Violencia sobe la mujer (UFVI), que avala una
reducción del tiempo de trabajo en los juzgados si se externaliza de la capital. Acercar los servicios judiciales relativos a la violencia de género, por tanto, mejora la eficacia de los mismos, así como la atención de las víctimas, lo cual resulta
fundamental para garantizar que se lleve a cabo el procedimiento judicial de la mejor manera posible para las víctimas. Por todo esto, presento la siguiente propuesta de resolución
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Mantener la actual planta judicial, por lo que respecta a los juzgados específicos de Violencia contra la Mujer, para así garantizar una distribución territorial de proximidad.
2. Ampliar el número de juzgados para descentralizar aquellos territorios que carecen de recursos judiciales cercanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Política Territorial
161/004631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Onofre Miralles Martín, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don Juan Carlos Segura Just y don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
Proposición no de Ley para la modificación de la política territorial del Gobierno en orden al respeto y aplicación del ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional, para su discusión en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes normativos.
El principio de lealtad institucional de los servidores públicos a los administrados y a las Administraciones Públicas, así como a los españoles en general, está presente en diversos textos legales. El artículo 103 de la Constitución
Española ('CE') dispone: 'La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho'.
De igual forma, el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público reitera lo dispuesto en la Constitución y añade los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional' con que las
Administraciones deben dirigir sus actuaciones.
Por otra parte, puede señalarse, además, cómo el principal texto legislativo de aplicación a los trabajadores públicos, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ('TREBEP'), aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, contempla también el deber de los empleados públicos, cualquiera sea el cuerpo al que pertenezcan, de respetar y de ser leales a España y a su Constitución. Así, el artículo 53 TREBEP enuncia los principios éticos a los
que se deben ajustar los trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el respeto de la Constitución y del resto de normas, que sus actuaciones persigan siempre la satisfacción de los intereses generales de los
ciudadanos y que, para ello, se fundamenten en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común.
De igual forma, el deber de lealtad y de buena fe ha de regir, con carácter general, la actuación de los empleados públicos, estableciendo para los mismos un deber de vigilancia constante para asegurar que la actuación pública persiga
siempre el interés general y cumpla con los objetivos e intereses concretos de la entidad pública en que se incardinen.
Segundo. Constante deslealtad a España, desobediencia a la Ley y vulneración del orden constitucional por parte de la Generalidad de Cataluña.
Los principios anteriormente citados sufren un permanente menoscabo por parte de las autoridades de la Generalidad de Cataluña, siendo la desobediencia una constante en la política institucional de esta región y en sus dirigentes durante las
últimas décadas. La situación se ha agravado más, si cabe, desde el denominado procès y la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 31/2010, de 28 de junio, que apreció diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña como contrarios al orden constitucional.
En efecto, tal y como evidenció la sentencia -y aun tímidamente-, el fin de dicha reforma estatutaria era destruir España, desbordando la Constitución y profundizando en las diferencias de Cataluña con el resto de España. Esta sentencia
propició desde las autoridades de la Generalidad y desde las fuerzas políticas separatistas y de extrema izquierda una ola de indignación tan desmesurada como fingida, que sirvió de caldo de cultivo del proceso separatista. La desobediencia llegó a
su punto máximo el 1 de octubre de 2017, fecha en que se perpetró el golpe liderado por la Generalidad de Cataluña, con la celebración de un referéndum ilegal que postulaba la separación de dicha región del resto de España.
Para la organización de dicho plebiscito ilegal se contó con locales municipales cedidos por más de 600 consistorios 2 y con la aquiescencia de los Mozos de Escuadra. Todo ello justificó entonces la aplicación del artículo 155 CE en 2017.
Sin embargo, dicha aplicación se reveló absolutamente insuficiente, tanto por su brevedad y superficialidad como por no afectar, siquiera mínimamente, al tupido entramado político e institucional puesto al único servicio del separatismo.
Por ejemplo, a partir de la citada sentencia aumentaron los casos de no colocación de la bandera de España en los consistorios, en clara rebeldía con lo ordenado por la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera
de España y el de otras banderas y enseñas 3, y reiterado por la jurisprudencia: la bandera española debe estar presente, ondeando en un lugar visible y de honor, en todos los ayuntamientos españoles, y por supuesto en la totalidad de los
catalanes; a la bandera española no se la puede sustituir por otras enseñas que nada tienen que ver con la Nación española, ni con sus regiones y localidades 4.
En el ámbito educativo, la negativa a ofrecer una educación integral en español es otro claro ejemplo. Ni siquiera se ha cumplido lo ordenado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña n.º 5201/2020, de 16 de diciembre de
2020, que establecía un mínimo, paupérrimo, del 25% de las horas lectivas en lengua española. Y, sin embargo, las autoridades catalanas se han jactado en reiteradas ocasiones de su incumplimiento, para lo que se han servido, además, del uso
fraudulento y torticero del legislativo autonómico 5. De hecho, se ha llegado a tal punto de informar que en los juegos escolares desarrollados durante las horas de recreo se corrige públicamente a los niños que se comunican en español en vez de en
catalán 6, estigmatizando y presionando a los alumnos que se comunican en la lengua común de todos 7.
Debe señalarse, además, que el mismo proceso de 'catalanización' que se ha seguido en la escuela pública catalana ha arraigado plenamente en las universidades de Cataluña: la Generalidad, con el propósito de avanzar en el proceso de
inmersión lingüística, pretende en realidad la erradicación del español en las aulas. Si hoy en día llega al 50% el porcentaje de horas lectivas en catalán en la universidad catalana, las autoridades regionales tienen por objetivo alcanzar el 80%,
desterrando de facto al español de las aulas universitarias 8.
2 https://elpais.com/ccaa/2017/09/08/catalunya/1504885655 859212.html
3 https://www.eIdebate.com/espana/202T1123/bandera-espanoIa-ondea-16-ayuntamientoscatalanes.html
4 Sentencia del Tribunal Supremo n.º 564/2020, de 26 de mayo de 2020: 'no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la
utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas'.
5 https://www.eldebate.com/espana/20220517/clamor-entre-juristas-contra-generalitat-incumplimiento-sentencia-25-educacion-espanol.html
6 https://www.eIdebate.com/espana/20220101/como-conseguir-ninos-habIen-mas-cataIan-hora-patio.html
7 https://www.elmundo.es/cataluna/2022/11/03/6363a262e4d4d8b2028b4594.htmI
8 https://fundaciondisenso.org/2022/03/21/reconstruir-cataluna/
Por último, es de señalar la utilización fraudulenta de fondos públicos como la creación de un 'DNI catalán' 9 o las conocidas como 'embajadas', cuyo único fin es promover la agenda separatista fuera de las fronteras españolas.
A todo lo anterior hay que añadir el uso de TV3 y de los demás medios públicos de comunicación para adoctrinar y enfrentar a los catalanes entre sí y contra el resto de los españoles.
En definitiva, si es grave la permanente situación en que la administración regional de Cataluña se ha situado, más grave es la indolencia, cuando no complicidad, con la que los sucesivos Gobiernos de España se han enfrentado a esta
situación. Resulta inaceptable la dejación de funciones por parte del Gobierno de la Nación en lo que se refiere a la exigencia a la Generalidad de Cataluña del cumplimiento de la ley; dejación de funciones que también se manifiesta en la no
aplicación del procedimiento del artículo 155 de la Constitución, pues lo que una vez se planteó como un proceso abiertamente sedicioso pervive ahora con nuevos bríos.
Tercero. La aplicación del artículo 155 de la Constitución.
De todo lo expuesto se desprende que los gobernantes separatistas de Cataluña aprovechan todos los resortes del poder para impulsar sus aspiraciones de aniquilación de la Nación española, llegando a violar la legalidad vigente y el orden
constitucional. Por ello, dichas conductas, en cuanto que atentan gravísimamente contra el bien común y el interés general de la Nación, han de ser contrarrestadas con el mecanismo previsto en nuestra Constitución, perseguidas con la herramienta
apropiada que el propio texto constitucional. Así, el artículo 155 CE dispone que:
'1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la
Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado
interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.'
Según la doctrina científica, el sujeto activo es el Gobierno de España, quien, con la aprobación del Senado, debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el retorno de la región gobernada por una autoridad rebelde a la
fidelidad constitucional (STC 217/2016, de 15 de diciembre, FJ 3).
Cuarto. Conclusión.
Los antecedentes referidos han de contar con una firme y ejemplarizante respuesta del Estado a fin de recuperar la concordia y la convivencia en Cataluña. De no utilizarse todos los resortes del Estado ante tan manifiestas ilegalidades, el
Gobierno continuará siendo responsable de los intentos de los separatistas de aniquilar a la Nación española y de destruir la credibilidad institucional y la vida y la pacífica convivencia de los españoles.
El Gobierno de España no puede continuar siendo cómplice de las tropelías de quienes ocupan el Ejecutivo regional catalán. Muy al contrario, debe poner fin con la mayor prontitud, rotundidad y firmeza a las reiteradas muestras de deslealtad
con que el Gobierno catalán agrede continuamente a España y al conjunto de los españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una modificación de su política territorial, con el fin de asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro de los preceptos y principios constitucionales en todas las regiones de
España, que son objeto de sistemáticas infracciones en muchas de ellas y, en especial, en Cataluña. En particular, se insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Proteger el uso y el conocimiento del español en todos los centros educativos de Cataluña de cualquier etapa, persiguiendo que su empleo legítimo suponga motivo de persecución, discriminación o
9 https ://www.lavanguardia.com/politica/20160922/41476822519/generalitat-dni-ciudadanos-republica-catalana.html
estigmatización y garantizando el derecho fundamental de los padres a escolarizar a sus hijos en la propia lengua, común a todos los españoles.
2. Garantizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en particular, los Mozos de Escuadra, prevengan, investiguen, eviten, y, en su caso, repriman, empleando todos los medios a su alcance, cualesquiera intentos de subvertir el
orden constitucional en Cataluña.
3. Garantizar que las administraciones públicas de la región de Cataluña, de cualquier ámbito territorial y, en particular, los municipios, trabajen en favor del bien común y del interés de los españoles y abandonen la promoción,
favorecimiento y realización de estrategias, actuaciones y actividades al servicio de la ideología separatista.
4. Promover la persecución de la utilización espuria y fraudulenta de fondos públicos de todos los españoles por parte de las autoridades e instituciones catalanas, empleados para alentar, de diversas formas, los delirios separatistas.
5. En particular, impulsar las actuaciones que sean necesarias para poner fin al adoctrinamiento llevado a cabo por parte de TV3 y los demás medios públicos de comunicación de titularidad regional que pretendan enfrentar a los catalanes
entre sí y al resto de los españoles.
Para el caso de que las anteriores medidas no sean atendidas por los políticos y autoridades catalanes adscritos a la causa separatista, como no lo han sido en el pasado, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a intervenir, de
conformidad con Io previsto en el artículo 155 CE, la Administración regional catalana para reconducir la situación que se vive en el territorio catalán y garantizar que los servicios públicos en Cataluña se presten en favor no de la ideología
separatista, sino del interés general de la Nación y de las familias españolas, de manera que sirvan adecuadamente a su función vertebradora del territorio nacional y se garantice la igualdad entre los españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2022.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Onofre Miralles Martín, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Inés María Cañizares Pacheco, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Juan Carlos Segura Just y Andrés
Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre avanzar en la política frente a la despoblación y la cohesión territorial a
través de la Presidencia Española de la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Los procesos de despoblación han surgido en Europa en gran medida como consecuencia de las altas tasas de migración desde esas zonas a los núcleos en expansión.
Sin embargo, el fenómeno de la despoblación hoy en día, ya no se debe solamente al éxodo rural, tiene que ver más con el vaciamiento que se produce de pequeñas ciudades hacia las megaciudades, consecuencia de un proceso de concentración
económica y social que ha condicionado la vida de muchos ciudadanos.
En el caso de España, la despoblación tiene un origen y causas concretas derivadas de los siglos XIX y XX como la llegada tardía de la industrialización, la ausencia de políticas de cohesión territorial previas a la democracia, un sistema
radial de transporte y comunicaciones que en la etapa de la dictadura potenció el desarrollo de los núcleos urbanos en detrimento de la España interior, provocando su despoblamiento progresivo.
Los datos reflejan que el 85% de los españoles vive en el 15% del territorio nacional. 7.000 municipios españoles (84%) tienen menos de 5.000 habitantes y 5.000 (62%), menos de 1.000. Esta realidad es preocupante y concierne a los poderes
públicos a tomar conciencia del problema y buscar soluciones
impulsando y fomentando políticas públicas orientadas a actuar de forma urgente frente al desafío demográfico.
Así, el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado desde su inicio por políticas públicas que mejoren la cohesión social y territorial. Por primera vez España ha puesto en marcha una política transversal desde la Secretaría General de Reto
Demográfico, que ha diseñado y aprobado un Plan de 130 Medidas frente al reto demográfico, ordenadas en 10 ejes de acción, orientados hacia un amplio conjunto de objetivos que impulsen la igualdad de oportunidades y la vertebración territorial.
Más del 80% de del Plan de Reto Demográfico de esta legislatura ya está puesto en marcha y cuenta con un presupuesto de 10.000 millones de euros hasta 2023.
Al mismo tiempo conviene resaltar el papel de los Fondos europeos de recuperación, que van a suponer una oportunidad histórica para transformar el modelo actual y hacer frente al reto demográfico preservando la equidad en el acceso a todos
los servicios, prestaciones e infraestructuras.
En el segundo semestre del año 2023 España asumirá por quinta vez la Presidencia del Consejo de la Unión Europea Esta es una gran responsabilidad institucional, una vez más el gobierno español será el responsable del buen funcionamiento de
la Presidencia del Consejo, deberá asegurarse de la coordinación y la organización de todos los trabajos y, al mismo tiempo llevar a cabo una importante labor de impulso, ordenación y coordinación de los trabajos. La presidencia se ejerce con
carácter rotatorio, semestral, por turnos preestablecidos por los estados miembros, tal y como prevén los tratados.
Va a ser una gran oportunidad para nuestro país, para poner en el debate público la realidad y las necesidades españolas en el contexto europeo. Es un momento muy oportuno para que se aborde el fenómeno de la despoblación como una prioridad
durante la Presidencia de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que durante la Presidencia española de la UE se apueste por avanzar en las políticas frente al reto demográfico y por la cohesión territorial, como una de las prioridades de esta.
2. Impulsar la colaboración entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas en el marco de la CARUE para que estas participen en la preparación de la propia Presidencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2022.-Josefa Andrés Barea, Eva Bravo Barco, Rafaela Crespín Rubio, Ariagona González Pérez, Gema López Somoza, José Losada Fernández, María Dolores Narváez Bandera, María Inmaculada
Oria López, José Luis Ramos Rodríguez, Mariano Sánchez Escobar y Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Diputados.-Esther Padilla Ruiz e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.