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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 528, de 11/11/2022
cve: BOCG-14-D-528
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
11 de noviembre de 2022
Núm. 528
ÍNDICE
Control sobre las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley
REALES DECRETOS-LEYES
130/000090 Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del 'Plan + seguridad
para tu energía (+SE)', así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.
Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página2)
Control de la acción del Gobierno
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000174 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno para avanzar en la descarbonización de la industria en España y, en particular, en lo relativo a la empresa
Solvay.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página2)
Aprobación con modificaciones ... (Página6)
173/000175 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la contribución del Gobierno en un fondo de transición justa de las zonas nucleares catalanas.
Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página6)
173/000176 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno ante el aumento de las ocupaciones ilegales de viviendas.
Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página9)
173/000177 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la independencia e imparcialidad de la Corporación RTVE y acabar con la
injerencia política en este servicio público.
Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara.... (Página13)
CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY
REALES DECRETOS-LEYES
130/000090
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas
natural en aplicación del 'Plan + seguridad para tu energía (+SE)', así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, se
acordó su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000133), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000174
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
los criterios del Gobierno para avanzar en la descarbonización de la industria en España y, en particular, en lo relativo a la empresa Solvay, y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón Ramos, de conformidad con lo previsto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
moción, consecuencia de interpelación urgente, sobre los criterios del Gobierno para avanzar en la descarbonización de la industria en España y, en particular, en lo relativo a la empresa Solvay.
Exposición de motivos
El miércoles 5 de octubre, en la intervención de la Ministra de Industria en la interpelación se referencia avanzó algunos datos de las intenciones del Ejecutivo en la materia.
Sin embargo, es necesario un impulso del Congreso para que el gobierno ejecute con celeridad la tarea pendiente.
Los antecedentes de la interpelación son los siguientes:
Cantabria está inmersa en un buen número de proyectos de gran calado relacionados con la transición energética de nuestro país, y uno de los más relevantes es el de la descarbonización de nuestra industria energéticamente intensiva, y en
particular el proyecto bandera de Solvay.
Tras estos años en los que estamos sufriendo los efectos de varias crisis encadenadas, originadas por las medidas sanitarias de la pandemia COVID-19 y las posteriores de la ruptura de las cadenas de suministros y la más reciente energética,
hay algunas enseñanzas que debemos asumir como una lección a interiorizar y aplicar.
Sin duda, una de las más relevantes, es la imperiosa necesidad de velar por que nuestro país disponga de capacidades productivas industriales en los sectores productivos más estratégicos.
Precisamente, las industrias energéticamente intensivas (electrointensivas y calorintensivas) representan los cimientos de las cadenas de valor críticas y estratégicas de la economía y sociedad, incidiendo en sectores tan esenciales como
transporte, construcción, y generación de energía.
Además, estas industrias juegan un papel clave para responder a los objetivos que nos hemos establecido como país para responder a los acuerdos europeos frente a os desafíos del cambio climático y que se plasmaron en el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impulsó y que se encuentra actualmente en fase de actualización.
Por otra parte, nos encontramos en un contexto de gran dificultad en el plano energético debido al empleo de la energía como arma de guerra de Rusia frente a la Unión Europea.
Es evidente que apoyar grandes proyectos de descarbonización de la industria energéticamente intensiva, como el planteado por Solvay en su complejo de Torrelavega, es un instrumento esencial para reducir nuestra exposición a los combustibles
fósiles y, por tanto, la vulnerabilidad frente a Rusia.
Desde el Gobierno de Cantabria se ha respondido con voluntad de colaboración a las demandas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para hacer aportaciones de valor en el Plan de Contingencia Energética que se
encuentra en elaboración. Esas aportaciones, que actualmente están desarrollándose en un Plan de Contingencia para nuestra Comunidad Autónoma, se desarrollan en dos grandes bloques temáticos (ahorro energético, e impulso de las renovables), a
través de 5 líneas estratégicas.
Una de ellas está dedicada a la transición energética de la industria y otros sectores económicos, y dentro de las medidas concretas destacan 3 relacionadas con la industria energéticamente intensiva:
- Solicitar el apoyo del Gobierno de España a las capacidades industriales instaladas de cogeneración que favorezcan un mejor uso de los recursos energéticos disponibles.
- Reclamar soluciones de apoyo a las industrias energéticamente más intensivas por parte de los Ministerios con competencias en materia de Energía e Industria, en las dificultades generadas por la crisis de precios de energía.
- Solicitar al Gobierno de España la puesta en marcha en el menor tiempo posible del PERTE Descarbonización, así como otros programas de incentivos o instrumentos, a partir del diálogo con los agentes económicos implicados y las CCAA para
permitir que se materialicen las inversiones de grandes proyectos de descarbonización.
Las empresas industriales están comprometidas en jugar un rol proactivo en la transformación de la competitividad industrial hacia la sostenibilidad, y no únicamente porque sus actuaciones tienen unos efectos directos evidentes en el ahorro
energético y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sino porque producen bienes que permiten un efecto dominó a través de la reducción de emisiones en otros sectores productivos.
La solicitud de apoyo de estas empresas es debido a que es materialmente imposible competir en mercados internacionales sin las limitaciones medioambientales de otros competidores, y así mismo asumir la aceleración de los compromisos de
sostenibilidad de la Unión Europea que se produce de forma continua (Green DEal, Fit for 55, REPowerEU).
Para entender la trascendencia de estas actuaciones de descarbonización hemos tomado como ejemplo el proyecto de Solvay, totalmente estratégico y clave para el desarrollo económico de Cantabria.
Es bien conocida la relevancia del complejo industrial de Solvay Química S.L. en Torrelavega que le convierte en un agente clave en la comarca del Besaya y, en general, dentro del tejido productivo de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, tanto por su impacto directo en el empleo y PIB regional, como el arrastre indirecto a través de multitud de Pymes cántabras y también otras de fuera de Cantabria.
Solvay tiene diseñado y tramitada la puesta en marcha de una planta de producción de energía a partir de combustibles alternativos (Combustibles Derivados de Residuos / Combustibles Sólidos Recuperados, en adelante también referenciados como
CDR / CSR), de eficiencia superior al 80 %, que permitirá realizar una sustitución del carbón que, actualmente, emplea como combustible para algunos de los procesos de generación de la energía térmica, que es necesaria para la fabricación de
carbonato y bicarbonato.
La planta podrá utilizar los siguientes combustibles:
- Rechazos del tratamiento mecánico-biológico (TMB) de residuos domésticos.
- Combustible sólido recuperado (CSR).
- Residuos industriales no peligrosos de varios orígenes (por ejemplo, de la industria papelera).
- Lodos de depuradora.
La planta contará con un búnker para el almacenamiento de CDR, construido con hormigón armado, y dimensionado de acuerdo con la previsión de combustible recibido al día (aproximadamente 1.270 t/día con una densidad de unos 450 kg/m3), de
forma que pueda albergar 5 días de almacenamiento en condiciones de máxima capacidad operativa.
El diseño inicial se ha realizado partiendo de un escenario en el que el combustible podría tener un 60 % de componente biogénico, contando la planta con una capacidad de recepción de aproximadamente 330.000 t/año y permitiendo generar unos
110 MWt de vapor, y supone con una disminución de 170.000 toneladas/año de emisiones de CO2.
No se trata de una idea improvisada a la luz de una coyuntura. Es un proyecto maduro, trabajado durante años en colaboración con el Gobierno de Cantabria.
Ya en el año 2021 se completó la tramitación administrativa de la Autorización Ambiental integrada y Declaración de Impacto Ambiental de dicho proyecto, y ahora es el momento de aprovechar ese trabajo para impulsar el proyecto hacia su
materialización definitiva.
Debido a la magnitud de la inversión se hace necesario contar con el apoyo público para garantizar la viabilidad económica de esta actuación.
Este es un ejemplo de una necesidad concreta puntual, pero sin duda hay en Cantabria y en España numerosos proyectos a la espera de la actuación del Gobierno.
Por todo lo anterior, y a la vista de la respuesta de la ministra, se presenta la siguiente
Moción.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Publicar la convocatoria del PERTE sobre Descarbonización de la Industria, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia antes de final de año, de forma que los recursos pueden estar en manos de las empresas dentro
del primer trimestre de 2023.
2. Publicar la normativa reguladora de los Certificados de Ahorro de Energía antes de finales de este año. Dotar a esta normativa de la máxima flexibilidad para facilitar su implementación en la industria.
3. Poner en marcha antes de finales de 2022 las subastas para la cogeneración, tanto para las nuevas plantas como para la modernización de las existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2022.-José María Mazón Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno
parar avanzar en la descarbonización de la industria en España y, en particular, en lo relativo a la empresa Solvay.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dialogar con las Comunidades Autónomas para adoptar las medidas necesarias que permitan garantiza la viabilidad de la industria intensiva en energía, tomando como modelo los planes autorizados por la Comisión Europea para otros Estados
miembros.
2. Aprobar y avanzar en la tramitación del PERTE anunciado para la descarbonización de la industria intensiva en energía, así como en el PERTE sobre Descarbonización de la Industria, incluido en el Plan Más Seguridad Energética (Plan + SE),
y publicar sus Bases y la convocatoria de ayudas antes de final de año, de forma que los recursos pueden estar en manos de las empresas adjudicatarias dentro del primer trimestre de 2023, concretando plazos y los programas a impulsar en el marco de
una cogobernanza real y efectiva, que incluya al ecosistema de producción, almacenamiento y distribución de electricidad, gas y combustibles líquidos renovables o de bajas emisiones.
3. Excluir al sector industrial de cualquier tipo de obligación de ahorro energético, dado el deterioro en la evolución de su consumo de electricidad y gas como consecuencia de sus altos costes, estableciendo en su lugar recomendaciones y
bonificaciones para determinados objetivos de ahorro voluntario. A tal fin, se publicará la normativa reguladora de los Certificados de Ahorro de Energía antes de finales de este año. Dotar a esta normativa de la máxima flexibilidad para facilitar
su implementación en la industria.
4. Poner en marcha antes de finales de 2022 las subastas para la cogeneración y un marco retributivo que facilite la repotenciación y la sobrepotenciación, tanto para las nuevas plantas como para la modernización de las existentes.
5. Aplicar a la industria intensiva en energía, eléctrica o calorífica, regímenes de ayuda análogos a los aprobados en otros Estados miembro como Alemania o Finlandia, incrementando el porcentaje de ingresos procedentes de las subastas de
derechos de emisión de CO2 y y facilitando mayores ayudas directas en el contexto autorizado por la UE a otros Estados como Francia o Alemania.
6. Regular mediante Real Decreto Ley de urgencia y posterior tramitación como Proyecto de Ley, la figura del Consumidor Hiperintensivo de Energía, para la revisión y mejora del RD 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el
Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que recoja las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la actividad de las empresas electrointensivas, así como de las gasintensivas.
7. Adoptar urgentemente todas las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas en el RDL 6/2022 en relación con los consumidores electrointensivos y gasintensivos y específicamente las bonificaciones y
exenciones en los costes y peajes de transporte y el desembolso a las empresas de las cantidades adicionales a las presupuestadas como compensaciones para dicha tipología de consumidores.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2022.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Mazón Ramos), sobre los criterios del Gobierno para avanzar en la descarbonización de la industria en España y, en particular, en lo relativo a la empresa Solvay.
Enmienda
De modificación.
'1. Aprobar el PERTE de Descarbonización Industrial por el Consejo de Ministros antes de finalizar el año 2022, publicar la orden de bases y la convocatoria de ayudas antes de la primera mitad de 2023, de forma que se dicte la resolución
definitiva y, por tanto, la fecha de pago a las empresas adjudicatarias lo antes posible.
2. Publicar la normativa reguladora de los Certificados de Ahorro de Energía antes de finales de este año. Dotar a esta normativa de la máxima flexibilidad para facilitar su implementación en la industria.
3. Poner en marcha lo antes posible las subastas para la cogeneración, tanto para las nuevas plantas como para la modernización de las existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2022.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno para avanzar en la descarbonización
de la industria en España y, en particular, en lo relativo a la empresa Solvay, ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Aprobar el PERTE de Descarbonización Industrial por el Consejo de Ministros antes de finalizar el año 2022, publicar la orden de bases y la convocatoria de ayudas antes de la primera mitad de 2023, de forma que se dicte la resolución
definitiva y, por tanto, la fecha de pago a las empresas adjudicatarias lo antes posible.
2. Publicar la normativa reguladora de los Certificados de Ahorro de Energía antes de finales de este año. Dotar a esta normativa de la máxima flexibilidad para facilitar su implementación en la industria.
3. Poner en marcha en el plazo más breve posible y en coordinación con el sector, las subastas para la cogeneración, tanto para las nuevas plantas como para la modernización de las existentes.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
173/000175
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la contribución del Gobierno en un fondo de transición justa de las zonas
nucleares catalanas, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Norma Pujol i Farré al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente
sobre la contribución del Gobierno en un fondo de transición justa de las zonas nucleares catalanas para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los habitantes de los territorios cercanos a las centrales nucleares de Ascó y Vandellós siguen con preocupación la anunciada finalización de la vida útil de dichas centrales, prevista para la próxima década, ante el impacto laboral y social
que representará para el futuro de estos pueblos. Este hecho obliga al gobierno español a planificar y a actuar con anterioridad y antelación a dicho cierre, ofreciendo instrumentos y recursos que permitan diversificar la economía de las zonas
nucleares con el objetivo de revertir la pérdida de puestos de trabajo y así ofrecer una oportunidad de futuro a los habitantes de dichos municipios y a las futuras generaciones.
Hasta la fecha, ningún gobierno español ha presentado un Plan de Transición nuclear o Transición justa para estas zonas nucleares ante este calendario de cierre de las centrales.
Cabe recordar que la competencia en materia nuclear corresponde al Estado y, en consecuencia, todos los millones de euros que las centrales generan en impuestos son recaudados por el gobierno español. Por ejemplo, el fondo para la
financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos recaudó 468 millones de euros el año 2020 en forma de prestación patrimonial de carácter público no tributario. La previsión es que, al final de la vida útil de las centrales
nucleares, el fondo haya alcanzado los 11.000 M. Adicionalmente, el Estado recauda alrededor de 300 millones al año por impuestos directamente vinculados a la producción nuclear.
Aunque es imprescindible dotar de financiación necesaria la gestión de los residuos radiactivos y el futuro desmantelamiento de las instalaciones nucleares, también es muy importante dotar un fondo que permita reorientar las economías
locales que actualmente son muy dependientes de la actividad que actualmente generan las centrales nucleares.
El gobierno español está trabajando en Planes para una Transición Justa, como se observa en el Plan Integral de Energía y Clima, en la Ley de Cambio Climático aprobada en 2021 y también en los llamados Convenios de Transición Justa. De
estos, hoy en día el Ministerio tiene 16 convenios en desarrollo que afectan a 8 CCAA y a 184 municipios de todo el Estado. No obstante, de los 550 millones de euros presupuestados para los diversos Convenios de Transición Justa, los municipios
catalanes afectados por el cierre de las centrales nucleares no están recibiendo ni un euro.
Además, de estos 16 convenios, sólo hay dos que van destinados al cierre de las centrales nucleares. Por un lado, la central nuclear de Garoña (que cerró en 2012) y por otro, la central de Zorita (que lo hizo en 2006). Así, 10 y 15 años
después del cierre de estas, el Ministerio ha firmado los protocolos de intenciones, ha hecho procesos participativos, ha redactado los informes de caracterización y diagnóstico, y aún está en proceso de firmar los dos convenios para la transición
justa. Del mismo modo, tampoco ha establecido una propuesta de calendarización y actuación de acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, asegurando una fijación de población en estas zonas y la promoción de una diversificación y
especialización coherente con el contexto socioeconómico.
Durante los últimos años, los gobiernos del PP y del PSOE no sólo no han previsto ni anunciado ningún Plan de Transición ante el cierre de las centrales nucleares catalanas, sino que, vía Tribunal Constitucional, han impedido diferentes
intentos del Govern de Catalunya para implementar un impuesto de carácter nuclear para crear un Fondo que permitiera actuar ante el cierre de las centrales.
Ante la inacción del gobierno español, en enero de 2015, la Generalitat de Catalunya impulsaba a propuesta de Esquerra Republicana la creación de dos impuestos de carácter ambiental. Estos impuestos fueron recogidos en la Llei 12/2014, del
10 de octubre. Dicha Ley determinaba que el 10 % de lo recaudado con el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear de las centrales catalanas repercutiría en los municipios situados en las áreas nucleares. Así, el objetivo
era crear un Fondo económico de Transición nuclear para diversificar y reactivar la economía de estas zonas ante el cierre de las centrales. Dicho fondo se destinaría a crear un tejido económico que facilitaría la aparición e impulso de nuevos
sectores productivos, ayudando a la instalación de nuevas empresas y, por tanto, a la creación de nuevos puestos de trabajo, que substituirían a los desaparecidos por el cierre nuclear.
Lamentablemente, el Tribunal Constitucional a instancias del gobierno del PP, declaraba inconstitucional dicho impuesto en abril de 2016. Así pues, la Generalitat, posteriormente siguió en el empeño y creó un nuevo impuesto con el que
destinar el 20 % de lo recaudado al Fondo para la reactivación económica y laboral de las zonas nucleares, pero chocó con un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional del PP y el mantenimiento del mismo por parte del gobierno del PSOE. Este
nuevo impuesto
fue anulado por el TC en marzo de 2019, obligando a la Generalitat a devolver los 17 millones que ya había recaudado durante los años 2017 y 2018.
Finalmente, y al tercer intento, la Generalitat consiguió aprobar el impuesto. En la Llei 5/2020, de mesures fiscals, se incorporó un nuevo impuesto sobre las instalaciones que tenían afectación sobre el medioambiente. Posteriormente, con
la aprobación de la Llei de mesures fiscals para el año 2022 se modificó el artículo 8, con el que se afectaba el 20 % de los ingresos recaudados de las centrales nucleares para dotar el Fondo catalán de Transición Nuclear. Por lo tanto, siete años
después, la Generalitat de Catalunya ha creado el Fondo que aportará 24 millones de euros anuales a las zonas nucleares catalanas hasta el cierre de las centrales. Una dotación 24 M que van a beneficiar a 7 comarcas, 46 municipios, que tienen su
núcleo urbano dentro de una ratio de 20 km al entorno de las centrales.
Además, el Departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya ya está tramitando un Reglamento que determinará cómo se gestionará el Fondo. Un reglamento que ha estado consensuado con los ayuntamientos de la zona I del plan PENTA, de las
zonas de Ascó y Vandellós, y está previsto que antes de fin de año esté terminado.
Por ello, ante la responsabilidad del gobierno español en cuanto a competencias en materia nuclear y la necesidad de asegurar un futuro económico y laboral para los pueblos de las zonas nucleares de Ascó, Vandellós y Cofrents, se presenta la
siguiente
Moción.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Elaborar e implementar un Plan de Transición Nuclear a partir del año 2023, para asegurar la diversificación económica y la reindustrialización de las áreas nucleares de Ascó, Vandellós y Cofrents ante el cierre definitivo de las
centrales nucleares.
2. Contribuir, a partir de 2023, con una dotación al Fondo de Transición Nuclear de la Generalitat de Catalunya con el mismo importe que aporta anualmente la administración catalana (actualmente de 24 millones de euros) mediante la
recaudación finalista del impuesto sobre las instalaciones con impacto medioambiental, que irán a cargo de los ingresos públicos estatales provenientes del sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2022.-Norma Pujol i Farré, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes, se dirigen a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la contribución del Gobierno en un fondo de transición justa de las zonas nucleares catalanas.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar implementando el compromiso con la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, siempre a través de una transición energética justa, aplicando las políticas necesarias centradas en aquellos trabajadores que
pudieran verse implicados en los fenómenos de transición. Todo ello se llevará a cabo a través de la Estrategia de Transición Justa vigente, que da respuesta a las zonas con instalaciones que actualmente están en fase de cierre, como minas de
carbón, centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares en cierre.
2. Proceder a la revisión de la Orden IET/458/2015 de 11 de marzo, con el fin de que Enresa pueda celebrar convenios de colaboración con los municipios en cuyo término municipal realice obras relacionadas con la ejecución del Plan General
de Residuos Radiactivos, y se aproveche la experiencia adquirida desde la entrada en vigor de esta Orden en la concesión y gestión de fondos destinados a la
cofinanciación de proyectos de desarrollo local, que contribuyan al desarrollo económico de los municipios, y/o a la conservación y mejora del medio ambiente y, en todo caso, a la generación de empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2022.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
173/000176
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno ante el aumento
de las ocupaciones ilegales de viviendas, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno
sobre las medidas que piensa llevar a cabo ante el aumento de las ocupaciones ilegales de viviendas.
Exposición de motivos
Los españoles asistimos con gran preocupación al alarmante incremento de las ocupaciones ilegales de viviendas en nuestro país ante la pasividad, cuando no complicidad, del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha generado una inseguridad jurídica
que ha favorecido estas prácticas.
Es difícil saber cuál es exactamente la postura del Ejecutivo en esta materia, dado que algunos de sus miembros amparan la ocupación ilegal, otros reconocen el problema y otros directamente niegan la existencia del mismo. En este sentido,
son de destacar las recientes declaraciones de la ministra de Igualdad: 'el problema de la ocupación es un problema inventado, es agenda de la derecha'.
Así las cosas, no es de extrañar que los últimos datos que hemos podido conocer señalen que la ocupación ilegal de viviendas se ha disparado en España un 46 % desde que Sánchez está en la Moncloa. El primer cuatrimestre de este año dejó una
media de 49 denuncias diarias por usurpación de viviendas.
Es urgente buscar una solución a fin de atajar esta creciente lacra, dado que la legislación actual se ha demostrado insuficiente, por lo que el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva del
derecho constitucional a la propiedad privada.
Por otro lado, no hay que olvidar que las consecuencias de la ocupación ilegal no solo se proyectan individualmente sobre los ciudadanos que sufren estas situaciones indeseables, sino también sobre la convivencia vecinal, además de provocar
el deterioro de los barrios afectados.
Los justos cambios legales que la ciudadanía reclama en materia de ocupación ilegal nada obstan a la debida protección de los más desfavorecidos y la garantía de la vivienda que deriva de los principios rectores de la política social y que
debe guiar las políticas públicas. No deben confundirse las necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia, las actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las cosas.
En definitiva, las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y la protección a las familias en situación de emergencia social nada tienen que ver con lo que abordamos en esta iniciativa. A un ocupante ilegal no
se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable se le protege, sin que el Gobierno tenga derecho a trasladar a los particulares sus propias responsabilidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Moción.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las reformas legislativas que procedan con el fin de luchar de manera eficaz contra el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles, recogiendo, entre otras, las siguientes medidas:
1. Desalojo en el plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble.
2. Desalojo inmediato en caso de flagrante delito.
3. Excluir el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado.
4. Reforzar las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel.
5. Mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias.
6. Considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal.
7. Prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio, de forma que los ocupantes no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando su alquiler.
8. Legitimar a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación y poder acudir a las autoridades cuando en ausencia del propietario los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, insalubres,
nocivas o peligrosas.
9. Devolver las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el periodo que haya durado la ocupación ilegal.
10. Considerar la vivienda ocupada ilegalmente como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de manera que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2022.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno sobre las medidas
que piensa llevar a cabo ante el aumento de las ocupaciones ilegales de viviendas.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las reformas legislativas que procedan con el fin de luchar de manera eficaz contra el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles, recogiendo, entre otras, las siguientes
enmiendas:
1. Facilitar la defensa del derecho de la propiedad y de los legítimos usufructuarios por medio del establecimiento de un procedimiento sumario de recuperación de la posesión,
procedimiento sumario de recuperación de la posesión en el plazo máximo de 24h desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble.
3. Excluir el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado y en los que concurran los requisitos, se pueda enjuiciar a través del procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
4. Reforzar las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel. En los casos que cometiere el delito lo hiciere con la finalidad de utilizar el inmueble, vivienda o local para el desarrollo de
otras actividades delictivas o la actuación de mafias se establecerá una pena superior por la especial gravedad que reviste.
insalubres, nocivas o peligrosas; previo requerimiento fehaciente al propietario para que ejerza las acciones, bastando a tal efecto el requerimiento al titular catastral.
hubiere y cualesquiera otros que concedan beneficios al legítimo propietario.
8. Establecer las modificaciones necesarias para que se pueda autorizar el corte de los suministros como medida cautelar y para que las cantidades pagadas por el propietario integren la responsabilidad civil de los ocupas.
9. Dotar de mayores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no se encuentren ante situaciones en las que no pueden intervenir, instando a su vez a la Fiscalía a que imparta instrucciones claras sobre cuándo pueden
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entrar en el domicilio ocupado e identificar a los ocupantes o semejante.
10. Implantar un turno de oficio de abogados y procuradores especializados en materia de supuestos de ocupación ilegal, a fin de garantizar la tutela efectiva de sus derechos.
11. Asegurar la protección social y económica a las familias vulnerables que no pueden procurarse una vivienda digna y adecuada.
12. Flexibilizar, con las salvaguardas adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas.
13. Evaluar la conveniencia de que el Fondo Social de la Vivienda adquiera carácter definitivo.
14. Crear un portal de ayudas a la vivienda en la que todas las administraciones publiquen las convocatorias de ayudas con las que atienden estas necesidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (G.P. VOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 110.4 y 184.2 y del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la moción sobre las medidas que piensa llevar a cabo el
Gobierno ante el aumento de las ocupaciones ilegales de viviendas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, cuyo debate está incluido en el orden del día de la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados que se celebrará el día 2 de
noviembre de 2022.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación del punto 6 de la parte dispositiva de la moción consecuencia de interpelación urgente, cuyo texto queda redactado como sigue:
'6. Impulsar las actuaciones necesarias para establecer que, en el caso en el que la inscripción en el padrón municipal se pretenda sobre bien inmueble, sea un requisito adicional a los contemplados en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local la aportación de justo título sobre la vivienda o autorización del propietario poseedor del justo título para el empadronamiento, así como que sea considerada nula la inscripción de un ocupante ilegal en el
padrón municipal.'
Justificación.
Una de las cuestiones que más polémica ha suscitado, por lo paradójico que resulta, es el hecho de que un okupa pueda inscribirse en el padrón municipal como residente de ese municipio, puesto que ningún precepto legal lo impide. Al
contrario, aquel que comete este acto antijurídico se puede ver recompensado por todos los derechos que lleva aparejado el empadronamiento, como son los que contempla el artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Conforme al artículo 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, el Ayuntamiento puede solicitar del vecino el título que legitime la ocupación
de la vivienda. Sin embargo, como ha sido reiterado por la Comisión Permanente del Consejo del Empadronamiento, esto no atribuye a las Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en
general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado (vid., entre otras, las consultas resueltas en la sesión de
11 de noviembre de 2021).
En consecuencia, no impedir que el okupa se beneficie de los derechos derivados del empadronamiento en un municipio supone amparar indirectamente una situación ilegítima, como es la okupación.
Enmienda
De adición.
Se propone la adición de dos nuevos puntos a la parte dispositiva de la moción consecuencia de interpelación urgente, cuyo texto queda redactado como sigue:
'11. Promover todas las actuaciones necesarias al objeto de reducir el plazo de recuperación del inmueble por el legítimo propietario tras la interposición de demanda de desahucio por impago de rentas.
12. Impulsar la modificación del artículo 250.1.4.° párrafo 2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a fin de ampliar tanto los sujetos legitimados para reclamar la tenencia de un inmueble como el objeto cuya posesión se
pretende recuperar.'
Justificación.
Se propone la presente enmienda al objeto de lo siguiente:
1. Ampliar los supuestos de protección del propietario en caso de ocupación ilegal.
Actualmente no solo el propietario, persona física, de vivienda se ve afectado por esta conducta antijurídica, sino que también personas jurídicas y propietarios de locales. Por tanto, se deben adoptar medidas para acabar con esta
discriminación entre propietarios.
2. Establecer medidas ante la inquiocupación.
El inquiocupa es un término que ha comenzado a ser utilizado para referirse a aquellos inquilinos que, a pesar de tener contrato de arrendamiento, no pagan la renta y que, por tanto, en la práctica se constituyen como ocupantes de la
vivienda 1. La inquiocupación ha surgido como un nuevo fenómeno contra la propiedad privada, consecuencia del conocimiento por parte de estos 'inquilinos' de las dificultades que va a encontrar el arrendador para expulsarlos de la vivienda
arrendada en caso de impago. Así, según el Consejo General del Poder Judicial las ejecuciones practicadas con motivo del impago del alquiler representaban un 67,5 %, con un total de 36.467 casos en el año 2019 2.
En consecuencia, deben adoptarse medidas que permitan al legítimo propietario recuperar el inmueble a la mayor brevedad posible.
1 https://elcierredigital.com/salud-y-bienestar/970001559/inquiocupacion-espana-supone-perdida-12000-euros-propietario.html
2 https://www.rtve.es/noticias/20200309/desahucios-cayeron-95-2019/2007503.shtml y https://www.poderjudicial.es/stfls/ESTADISTICA/FICHEROS/Crisis/Datos%20sobre%20el%20efecto%20de%201a%20crisis %20en%201os%20organos%20judiciales.xlsx
Enmienda
De adición.
Se propone la adición de un nuevo punto a la parte dispositiva de la moción consecuencia de interpelación urgente, cuyo texto queda redactado como sigue:
'13. Fomentar la colaboración entre la administración pública y las entidades privadas para aumentar el parque de viviendas de protección oficial.'
Justificación.
La ocupación ilegal de viviendas es un delito y quienes lo realizan son delincuentes. Sin embargo, no por ello se debe dejar de proteger a los más desfavorecidos. El objeto de esta enmienda es, por ello, garantizar el derecho de todos, y
particularmente de aquellas familias que se encuentran en una situación más débil, a una vivienda digna.
El Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar el derecho constitucional al uso y disfrute de una vivienda, sin que sea admisible que considere que ejerce dicha responsabilidad al descargar la tarea en manos del propietario, ni menos
aún con la dejación de funciones que implica no perseguir a quienes usurpen un domicilio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2022.-José María Figaredo Alvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
173/000177
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la independencia e
imparcialidad de la Corporación RTVE y acabar con la injerencia política en este servicio público, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las
enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que
va a adoptar el Gobierno para garantizar la independencia e imparcialidad de la Corporación RTVE.
Exposición de motivos
I
El 5 de octubre de 2022, el Grupo Parlamentario VOX dirigió una interpelación urgente al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, don Félix Bolaños García.
El motivo principal era conocer las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la independencia e imparcialidad de la Corporación RTVE y acabar con la injerencia política en este servicio público.
Desde el Grupo Parlamentario VOX consideramos que, dado que solo las Cortes, a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, pueden controlar a la Corporación RTVE, corresponde a don Félix
Bolaños García, como responsable de Relaciones con las Cortes, dar respuesta de la conducta del Gobierno respecto a los últimos acontecimientos sucedidos en la radio y televisión públicas que se exponen a continuación y que ponen en entredicho y en
serio riesgo la independencia de esta en España.
II
El 26 de septiembre de 2022, el presidente de la Corporación RTVE, don José Manuel Pérez Tornero, presentó una carta en la que comunicó su renuncia a la presidencia de la Corporación y a formar parte del consejo de administración de la
empresa pública. Los motivos que alegó el hasta ahora presidente fueron la falta de 'condiciones mínimas para el consenso transversal, ni para la conformación de una mayoría plural, estable y coherente; y, en muchas ocasiones, ni tan solo el clima
propicio al diálogo que necesitamos para culminar el proyecto [de RTVE]'.
Sin embargo, diversas fuentes periodísticas, como, entre otras, el diario digital El Confidencial 3, informaron que el señor Pérez Tornero había mantenido hasta cuatro reuniones con el secretario de Estado de Comunicación, don Francesc
Valles Vives, durante las semanas previas a su precipitada dimisión.
Cabe destacar que la Secretaría de Estado de Comunicación es un órgano que depende directamente de la Presidencia del Gobierno, a diferencia de la Corporación RTVE que no depende de esta institución, por ser, en teoría, independiente, con lo
que no se explica la necesidad de estas reuniones.
Según este mismo medio, el Gobierno habría presionado para que el señor Pérez Tornero abandonara su puesto de trabajo debido a cómo se estaban tratando, bajo su dirección, ciertos asuntos informativos. Según el Gobierno, se estaría
favoreciendo a otros partidos políticos desde los programas de radiotelevisión de la Corporación RTVE. De esta manera, las presiones llegaron a tal nivel por parte del Gobierno que, según las fuentes informativas del diario digital, el propio
presidente del Gobierno habría exigido la marcha del señor Pérez Tornero.
Se estaría, así, siguiendo un plan perfectamente diseñado por La Moncloa, consistente en el derribo del señor Pérez Tornero y su sustitución por alguien más afín al Gobierno de cara al ciclo electoral que se inicia en el presente y último
curso de la legislatura.
El 27 de septiembre, los nueve miembros restantes del consejo de administración de la Corporación RTVE, sin el señor Pérez Tornero, eligieron al nuevo sustituto al frente de la entidad. Estos consejeros fueron pactados y nombrados en su día
por el Partido Popular ('PP'), el Partido Socialista ('PSOE'), Unidas Podemos ('UP') y el Partido Nacionalista Vasco ('PNV'), que valoraron en ellos más la afinidad política que los méritos y la capacidad. Prueba de ello es que no tuvieron en
cuenta a los candidatos seleccionados por el comité de expertos en el concurso público que se abrió para tal fin. Esta falta de rigor ha sido denunciada en numerosas ocasiones por el Grupo Parlamentario VOX.
El problema, por tanto, radica en que la elección de los consejeros está politizada y, por lo tanto, la elección del actual presidente de la Corporación RTVE necesariamente lo estará también.
Según el medio de comunicación VozPopuli 4, en la reunión sucedieron dos situaciones complejas. En primer lugar, tres de los nueve consejeros presentaron sus candidaturas a la presidencia de este órgano. Sin embargo, fue doña Elena Sánchez
Caballero la candidata apoyada por los miembros electos del PSOE, UP y PNV.
En segundo lugar, durante la reunión se informó sobre la creación de un órgano de decisión mancomunada que será el responsable de ejecutar estas decisiones en la Corporación. La vigencia de este órgano se prevé hasta 2026.
III
Según informa VozPopuli, la creación del nuevo órgano cuyos miembros han sido consensuados por el PSOE, UP y PNV, y cuya composición está conformada por el nuevo presidente del consejo de administración de la Corporación, la señora Sánchez
Caballero; por el secretario general de la Corporación, don Alfonso Morales Fernández; y por la directora general corporativa, doña Marta Torralvo Liébanas, nombrada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), evidencia la
falta de independencia e imparcialidad en la Corporación RTVE.
A estos hechos gravísimos hay que añadir un último acontecimiento que tuvo lugar el pasado día 4 de octubre de 2022. Según queda plasmado en la referencia el Consejo de Ministros de ese mismo día 5, el Gobierno ha procedido a modificar los
Estatutos Sociales de la Corporación de Radio y Televisión Española, SA, SME.
3 https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2022-09-26/iose-manuel-perez-tornero-dimite-presidente-rtve_3496728/
4 https://www.vozpopuli.com/medios/moncloa-recurre-a-una-trampa-legal-con-la-sepi-para-controlar-rtve-hasta-2027.html
5 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20221004cc.aspx
Según informan los medios de comunicación y la propia Corporación RTVE, en un artículo publicado en su página web oficial, bajo el título 'El Gobierno modifica los estatutos de RTVE para ampliar los poderes de Elena Sánchez' 6, el acuerdo,
del que todavía no se conocen más detalles, otorgaría poderes ejecutivos al presidente interino, elegido, además, de manera irregular. Este hecho supondría un nuevo recurso abusivo al decreto-ley, que recuerda al nombramiento de la antigua
administradora única de la Corporación RTVE, doña Rosa María Mateo Isasi, anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional por atentar contra lo preceptuado en el artículo 20.3 de la Constitución Española 7.
IV
En España, nuestra Constitución Española regula en su artículo 20.3 lo siguiente:
'La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos,
respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España'.
La finalidad de este precepto es evidente: someter a los medios públicos al control parlamentario para garantizar el acceso a los medios de comunicación social dependientes del Estado por parte de los grupos sociales y políticos
significativos y, de esta manera, la independencia, la neutralidad y la pluralidad de los medios de comunicación públicos y dependientes del Estado.
Por su parte, la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal tiene como fin principal dotar a la radio y a la televisión de titularidad estatal de un régimen jurídico que garantice su independencia,
neutralidad y objetividad.
Y, además, el Mandato-marco a la Corporación RTVE previsto en el artículo 4 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, aprobado por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado preceptúa en
su artículo 10 lo siguiente:
'La Corporación RTVE será sujeto activo en defensa de los derechos contemplados en el artículo 20 de la Constitución Española. La actividad de la Corporación se regirá por los principios de:
a) Independencia. La Corporación RTVE actuará con absoluta independencia, sin que puedan recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación imperativa del Gobierno ni de la Administración General del Estado, grupos
políticos, económicos, sociales u otras instituciones o entidades.
b) Neutralidad. La Corporación RTVE, en el desarrollo de su actividad, no adoptará posicionamiento ideológico más allá de la defensa de los valores constitucionales.
c) Pluralismo. La programación de la Corporación RTVE dará cabida a todas las opciones y opiniones presentes en la sociedad española para la correcta valoración e interpretación de los hechos por los ciudadanos. Los puntos de vista a
incluir vendrán delimitados por la representación institucional, social o económica de los testimonios y por el interés informativo.
d) Imparcialidad. La Corporación RTVE mostrará los hechos con ecuanimidad, clarificará las causas y explicará los posibles efectos de los acontecimientos. La opinión estará claramente identificada y diferenciada del relato de los hechos.
e) Rigor. En sus contenidos, la Corporación RTVE deberá ser extremadamente precisa con la realidad de los hechos, que serán suficientemente contrastados a través de varias fuentes, y permanentemente actualizados. Los errores que pudieran
detectarse serán admitidos y corregidos, señalando con nitidez tanto la omisión o el error como su corrección'.
La importancia de disponer de información independiente, clara, transparente y precisa de los sucesos que ocurren se hace especialmente relevante en períodos de incertidumbre como, sin duda, los que atravesamos en estos momentos, dadas
sucesivas crisis económicas y sociales derivadas de diversos acontecimientos mundiales que enfrentamos en la actualidad.
Los ciudadanos españoles deben tener la garantía de que la información a la que acceden es independiente y transparente, garantizando así que puedan expresarse, actuar y decidir en libertad. Esta
6 https://www.rtve.es/noticias/20221004/gobierno-estatutos-rtve-poderes-presidenta-interina/2404956.shtml
7 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13018
garantía aumenta cuanto menor sea la dependencia del Estado de los medios de comunicación, y, por ende, del Gobierno y de los presupuestos que aprueben y afecten directamente a estas entidades.
La información independiente es un factor necesario para la sociedad, pues los ciudadanos deben tener la capacidad de tomar decisiones en libertad, sin intrusismos ideológicos o del Estado. La transparencia debería ser condición sine qua
non para hablar de independencia periodística, para hablar de medios sin limitaciones ideológicas y que no sirvan de brazo propagandístico de las políticas del gobierno de turno.
Conviene apostillar que se da la paradoja de que ciertos medios de comunicación públicos, esto es, aquellos cuya supervivencia económica depende de la percepción de considerables fondos públicos, no están sometidos al control parlamentario.
Cuando, en cuanto medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, debieran estarlo también, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 20.3 de la Constitución.
Es el caso de la Agencia EFE. Este medio de comunicación público requiere de una labor más profunda de control parlamentario por parte de las Cortes Generales como ya se hace a la Corporación RTVE. La Agencia EFE y la Corporación RTVE
tienen una naturaleza jurídica idéntica. Ambas ejercen como medios de comunicación y coinciden sustancialmente en sus fines, obligaciones y actividades. Estas concurrencias hacen necesario que se extiendan a la segunda los controles que ya se
despliegan sobre la primera.
En conclusión, las injerencias del Gobierno en el consejo de administración de la Corporación RTVE -causadas por la destitución del Sr. Pérez Tornero y su sustitución, así como por la creación de un nuevo órgano ad hoc conformado también
por miembros elegidos por los partidos políticos y no por Las Cortes-, así como el acuerdo para modificar de forma unilateral, y sin el debido control parlamentario, los Estatutos Sociales de la mercantil estatal -dotando de más poder a la nueva
presidente interina de la Corporación, conocida por su afinidad con el actual partido político que gobierna nuestro país-, distan mucho de conseguir la independencia e imparcialidad en la que debería de cimentarse la estructura de la radio y
televisión pública española que pagan todos los españoles.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para alcanzar los siguientes fines:
- Garantizar la independencia, imparcialidad y neutralidad de la radio y televisión pública de nuestra Nación.
- Evitar las injerencias políticas en el consejo de administración de la Corporación RTVE.
- Fomentar la independencia de todos los medios de comunicación españoles.
- Promover, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 20.3 de la CE, que todos los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público queden sometidos al control parlamentario y, en particular, la
Agencia EFE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2022.-José María Figaredo Alvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la independencia en imparcialidad de la Corporación RTVE,
presentada por el grupo parlamentario VOX, para su debate en Pleno.
Enmienda
De modificación.
Del apartado 2.
Texto que se propone:
'2. Evitar las injerencias políticas en el consejo de administración de la Corporación RTVE. En particular, garantizar que será inelegible como miembro del mismo quien, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la elección, hubiese
desempeñado un mandato representativo, un alto cargo o cargos asimilados a este, un cargo de elección o designación política en las Administraciones Públicas o en los organismos y entidades dependientes de las mismas, o un puesto de trabajo, un
cargo orgánico u otros con funciones directivas en sindicatos y partidos políticos, federaciones, coaliciones de los mismos.'
Justificación.
El marco normativo vigente se ha mostrado insuficiente a la hora garantizar la independencia e imparcialidad de los máximos responsables de la Corporación. En la actualidad, uno de los mayores problemas que afecta a la RTVE es la
politización de sus órganos directivos y la falta de mecanismos para garantizar la naturalidad política de los miembros que dirigen la empresa pública. La elección de los consejeros de la Corporación de CRTVE está sesgada por criterios partidistas
e ideológicos. A pesar de los mecanismos previstos en la ley para garantizar la profesionalidad, imparcialidad e independencia de los consejeros y el Presidente de la CRTVE, estos han resultado insuficientes a la hora de evitar las injerencias de
los partidos políticos en el cumplimiento de las funciones que tiene encomendada la sociedad mercantil estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por el presente escrito, solicita la reformulación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar
la independencia e imparcialidad de la Corporación RTVE y acabar con la injerencia política en este servicio público, presentada a su nombre, con fecha 31 de octubre de 2022 y número de registro 241109, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revertir su decisión de modificar los estatutos sociales de RTVE para prolongar la interinidad de la presidencia del Consejo de Administración de RTVE, lo que facilitaría la elección parlamentaria de un nuevo consejero y presidente de
RTVE mediante una mayoría de dos tercios prevista en la Ley 17/2006.
2. Garantizar la independencia, imparcialidad y neutralidad de la radio y televisión pública de nuestra Nación.
3. Evitar las injerencias políticas en el consejo de administración de RTVE.
4. Promover, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 20.3 de la CE, que todos los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público queden sometidos al control parlamentario y, en particular, la
Agencia EFE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2022.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.