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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 520, de 26/10/2022
cve: BOCG-14-D-520
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de octubre de 2022
Núm. 520
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004553 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre declaraciones de nulidad de sentencias franquistas y de desagravio del Gobierno español al pueblo de Cataluña por el asesinato del Presidente Lluís
Companys i Jover ... (Página5)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004548 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a exigir al reino alauita que rectifique, de forma inminente y oficial, la posición plasmada en la misiva al Alto Comisionado de
Derechos Humanos de la ONU en relación con Melilla, así como el reconocimiento expreso de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de Perejil ...
Comisión de Justicia
161/004543 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar que la Fiscalía Europea vigile el cumplimiento del régimen de sanciones internacionales de la Unión Europea ...
Comisión de Defensa
161/004525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la garantía para la recuperación de los restos de Josep Sunyol i Garriga ... (Página10)
Comisión de Interior
161/004560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por el estado sistemático de rebeldía de la Generalitat ... (Página11)
161/004562 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la prevención, protección y respuesta al terrorismo de extrema derecha ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la conexión ferroviaria Vigo-Porto ... (Página17)
161/004527 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento de la instalación de paneles solares en la edificación en desarrollo del Plan REPowerEU ... (Página19)
161/004538 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la construcción de la estación de Rodalies en Can Llong (Sabadell) ...
161/004546 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la gratuidad del tren y la discriminación al usuario del transporte colectivo por carretera ... (Página22)
161/004558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar la ejecución de las obras del puente sobre el río Sella en el PK 3000 de la N-632 y estudiar la subsanación de las deficiencias que el actual
proyecto presenta ... (Página23)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004555 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el fomento de la lectura en educación primaria ... (Página26)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación al colectivo de los mostradores u observadores del mar ...
161/004531 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas urgentes contra el desempleo de larga duración y la exclusión social ... (Página29)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a exigir al Gobierno la concreción y materialización de la hoja de ruta para el desarrollo y la implantación de las energías marinas en
nuestro país ... (Página30)
161/004533 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción y puesta en valor del turismo cinematográfico como segmento de generación de oportunidades, riqueza y empleo ...
161/004537 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para mitigar la situación energética en la industria española ... (Página34)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004539 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la actualización de los protocolos antiincendios al cambio climático y la integración de prácticas
agroganaderas contra incendios ... (Página36)
161/004547 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre las medidas para evitar la inclusión de la tintorera en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES) ... (Página38)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la Ley de Costas ... (Página39)
161/004529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento de la instalación de paneles solares en la edificación en desarrollo del Plan REPower EU ...
161/004534 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de almacenamiento energético a través del bombeo reversible ... (Página43)
161/004542 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a limitar el impacto climático del sector de la aviación e impulsar el ferrocarril como alternativa
de transporte limpio ... (Página48)
161/004545 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a facilitar la continuidad de la producción de energía eléctrica en la Central Nuclear de Almaraz ...
161/004559 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a facilitar condiciones competitivas en sus insumos energéticos al consumidor hiperintensivo en energía y a la co-generación ...
161/004561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a informar y simplificar la factura de la luz y la necesidad de consultar a los españoles sobre nuestra soberanía energética ...
Comisión de Cultura y Deporte
161/004556 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso del patrimonio histórico de uso turístico ... (Página58)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al mantenimiento del Centro de Estudios Hispanoamericanos como institución propia adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004536 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a aumentar la prevención y el control para evitar la financiación de actividades terroristas a través de fondos de la Cooperación
Española ... (Página61)
Comisión de Igualdad
161/004550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a luchar contra la trata de personas ... (Página66)
161/004552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la inserción laboral de las mujeres trans ... (Página67)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004554 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre promoción de la intergeneracionalidad ... (Página69)
Comisión de Política Territorial
161/004532 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a potenciar los refugios climáticos en las ciudades ... (Página70)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la realización de campañas publicitarias para mejorar la imagen del sistema tributario español ...
161/004535 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de nuevos indicadores de control de la eficiencia y eficacia de los programas incluidos en los Presupuestos Generales del Estado ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/002033 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), López Álvarez, María Teresa (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
criterios tenidos en cuenta para trasladar a once presos de la organización terrorista ETA a las prisiones de las regiones vascas ... (Página77)
181/002034 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), López Álvarez, María Teresa (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre número
de traslados de presos acordados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a cárceles del País Vasco, así como número de los que están condenados por pertenecer a la organización terrorista ETA ...
181/002035 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), López Álvarez, María Teresa (GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre
aclaración de si los acercamientos masivos de los presos de la organización terrorista ETA que se están produciendo son producto de un pacto llevado a cabo entre el Gobierno con formaciones políticas como EH Bildu o el PNV ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/002029 Pregunta formulada por los Diputados Mireia Borrás Pabón (GVOX) y Ramírez del Río, José (GVOX), sobre actuaciones que han provocado la destitución de doña Rosa María Menéndez López como Presidenta de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas ... (Página78)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página79)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero y Carolina Telechea i Lozano, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre declaraciones de nulidad de sentencias franquistas y de desagravio del Gobierno Español al pueblo de Catalunya por el asesinato del President Lluís Companys i Jover para su debate en instancia en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El pasado día 5 de octubre, el Senado daba por aprobado de manera definitiva el texto de la Ley de Memoria Democrática que se había remitido desde el Congreso de los Diputados unos meses antes. Durante el trámite parlamentario se
introdujeron algunas modificaciones al texto, siendo una de las más significativas la referente a la declaración de ilegalidad del Régimen fascista que se implantó en el estado español entre el periodo 1936-1978. Cabe recordar que esta era una
reivindicación muy repetida tanto de la sociedad civil del movimiento memorialístico como de partidos políticos antifranquistas, que no se vio satisfecha por la Ley de 2007. Tanto es así que fue un argumento fundamental para que Esquerra
Republicana, uno de los principales partidos perseguidos por la represión franquista, presentara un texto alternativo al Proyecto de Ley ¨por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura' y acabara votando en contra de la que sería finalmente la Ley 52/2007.
Si bien el Proyecto de Ley de la actual Ley de Memoria Democrática incluía un reconocimiento general y estudios para la reparación integral de víctimas, no explicitaba la declaración de ilegalidad del Régimen (y consecuentemente los órganos
y estamentos judiciales). No obstante, en la tramitación parlamentaria y fruto de la negociación parlamentaria con Esquerra Republicana y EH Bildu, la Ley de Memoria Democrática ha acabado recogiendo la ilegalidad del régimen, la nulidad de las
sentencias y órganos y la obligatoriedad de hacer constar las mismas en los expedientes judiciales así como el derecho a una declaración personal de reconocimiento y reparación.
Esta ley aprobada por la Cortes Generales sigue la estela de la que ya se aprobó, por unanimidad, el 29 de junio de 2017 en el Parlament de Catalunya y que explicitaba la ilegalidad -y nulidad de sus sentencias- del tribunal de 'la auditoría
de Guerra del Ejército de Ocupación', denominada posteriormente 'auditoría de Guerra de la IV Región Militar' y que actuó en el territorio del Principado de Catalunya durante el periodo 1938 a 1978. En concreto, el texto aprobado en el Parlament
rezaba el siguiente literal: 'se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en
Catalunya por el régimen franquista'. Esta declaración comportó la expedición de certificados de nulidad por parte del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a las víctimas y/o familiares de estas que lo demandaran y a tal
efecto se creó un mecanismo para facilitar la petición a la administración. Así pues, y a tenor de la aprobación por parte de las Cortes Generales de un texto similar, correspondería al Gobierno español actuar en consecuencia, siempre respetando de
manera escrupulosa la legislación y competencias autonómicas y el principio de subsidiariedad.
En todo el Estado y durante toda la dictadura -desde 1936 a 1978- se cuentan por centenares de miles los sentenciados por motivos ideológicos y políticos. La Ley, además y también a raíz de la negociación parlamentaria, se abre al estudio
de los represaliados y sentenciados por motivos políticos hasta más allá de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución en 1978.
Es imprescindible llevar a cabo con urgencia la reparación de víctimas que establece la Ley. Tanto porque el tiempo hace que vayan desapareciendo los familiares directos, como porque la derecha española siempre ha obstaculizado la
implementación de cualquier medida de memoria democrática.
Asimismo, finalmente, por su significación histórica y simbólica, cabe destacar la persecución, sentencia y ejecución del único presidente electo por parte del fascismo en Europa y en toda la historia: Lluís Companys i Jover. Fue capturado
por la Gestapo -en su colaboración con el Régimen franquista- y, después de ser sentenciado en juicio sumarísimo por un tribunal militar, fusilado en la mañana del 15 de octubre de 1940 en el Castell de Montjuïc. Este asesinato tiene una carga
clara y explícita que cabe resarcir, reconocer y reparar por parte de un estado que dícese ser una democracia plena. En este sentido, pues, y pasados más de ocho décadas de aquella ignominia, y en virtud de la entrada en vigor del nuevo texto
legislativo sobre memoria democrática, debería establecerse un mecanismo claro de desagravio por parte del gobierno español para con la institución que representa al pueblo de Catalunya y el que fue su máximo representante electo como ciento
vigésimo tercero President de la Generalitat entre el 11 de mayo de 1936 y, hasta el día de su asesinato, el 15 de octubre de 1940.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Publicar, de manera accesible para toda la ciudadanía y en el plazo más breve posible, los nombres de las víctimas sentenciadas por tribunales franquistas.
2. Instar, de oficio y de manera inmediata, a la expedición de certificados de nulidad de las sentencias promulgadas por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los
Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa. Asimismo se haga constar en los expedientes judiciales correspondientes la nulidad de la sentencia.
3. Instar, de oficio y de manera inmediata, al Ministerio de Justicia a la expedición de las declaraciones de reconocimiento y reparación personal contempladas en el artículo 5.4 de la Ley de Memoria.
4. Instar, de oficio y en paralelo a lo indicado en el punto anterior, y también en cumplimiento del artículo 5.4 de la Ley de Memoria Democrática, al Ministerio de Justicia a la publicación de la nulidad de la sentencia en el expediente
judicial correspondiente.
5. En virtud de la nueva legislación, la declaración de ilegalidad e ilegitimidad del régimen y la consiguiente nulidad de las sentencias se procederá a la realización de un acto formal de desagravio por parte del Gobierno español para con
el Molt Honorable President de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, sentenciado a muerte por juicio sumarísimo y asesinado por el fascismo el 15 de octubre de 1940. El mismo reconocimiento y desagravio se hará extensivo para con el pueblo de
Catalunya a tenor de que Lluís Companys era su presidente elegido democráticamente. A tal efecto se procederá a constituir, en el menor plazo de tiempo posible y de acuerdo con el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya y el
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática un grupo de trabajo que acuerde los términos en los que se llevará a cabo el acto solemne.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2022.-Gabriel Rufián Romero y Carolina Telechea i Lozano, Portavoces del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello De Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro, y don Emilio del
Valle Rodríguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a exigir al reino alauita que rectique, de forma inminente y oficial, la posición plasmada en la misiva al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en relación con Melilla, así como el
reconocimiento expreso de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de Perejil, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. Introducción.
La existencia de territorios de soberanía española en el norte de África ha constituido una de las principales problemáticas en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, país que alega el supuesto carácter 'colonial' de dichos
territorios.
Con carácter previo debe afirmarse sin reparos que las aspiraciones de Marruecos carecen de base jurídica: España posee títulos jurídicos de soberanía sobre sus Ciudades, Islas y Peñones ubicados en la costa africana. Dichos territorios
forman parte de España a todos los efectos y de forma previa a la constitución formal de Marruecos como Estado (1956) 1.
Segundo. La indubitada españolidad de Ceuta y Melilla.
Las Ciudades de Ceuta y Melilla han estado indisolublemente ligadas al devenir histórico de la Nación. Cabe recordar que la especial significación de dichas Ciudades como parte integrante del territorio nacional fue tal, que incluso eran
administradas de forma separada de los territorios del Protectorado español de Marruecos (1912-1956).
Así, por un lado, la españolidad de Ceuta comienza con la separación entre los reinos de Portugal y de España en 1640, adquiriendo Carlos II el título jurídico de soberanía sobre dicho enclave en el Tratado de Paz de Lisboa de 13 de febrero
de 1668.
Por otro lado, la españolidad de Melilla se remonta a la incorporación de dicho enclave al Ducado de Medina Sidonia en 1497, para pasar a incorporarse de forma posterior a la Corona de Castilla (1556).
En relación con lo anterior, también cabe recordar que los títulos de adquisición de soberanía por parte de España con respecto a Ceuta y Melilla fueron validados y ratificados por tratados internacionales durante los siglos XVIII y XIX 2.
Respecto de la secular soberanía española de las ciudades de Ceuta y Melilla, peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera, las islas Chafarinas e islote de Perejil, definida expresamente en el artículo 3 del Tratado de Paz y Amistad de 26 de
abril de 1860 celebrado entre España y Marruecos, agente plenamente independiente, el gobierno de Marruecos no formuló ninguna reserva formal entonces ni con ocasión de la firma de la Declaración conjunta hispano-marroquí de 7 de abril de 1956 en la
que se reconocía la independencia de Marruecos, cuyo artículo 2 hacía mención expresa a la territorialidad marroquí garantizada por tratados internacionales.
1 Del Valle Gálvez, A. (2012): 'El contencioso territorial con España', en Unión Europea-Marruecos: ¿Una vecindad privilegiada? (Remiro Brotons, A., dir.), Academia Europea de Ciencias y Artes, págs. 369-408
2 Del Valle Gálvez, A. (2021): 'Gibraltar-Ceuta y Melilla: ejercicio comparativo desde el Derecho Internacional' en La Unión Europea y los muros materiales e inmateriales: desafíos para la seguridad, la sostenibidad y el Estado de Derecho
(AA.W.), Tirant lo Blanch, pág. 181.
Tercero. La hostilidad de Marruecos.
Sin embargo, Marruecos ha aspirado a la anexión de los territorios de soberanía española situados en el norte de África en contradicción con las normas de Derecho internacional.
Así, Marruecos ha mantenido desde los años 60 del siglo pasado una postura diplomática de rechazo a la presencia española en la zona, reclamaciones sobre el Sáhara Occidental y sobre las ciudades de Ceuta y Melilla.
En relación con este último punto, Marruecos califica a Ceuta y Melilla como 'ciudades usurpadas' y las considera, junto con las Islas y Peñones ya mencionados, 'las últimas colonias en África', sin que se haya retractado de esta postura
hasta la fecha.
Junto con lo anterior, la actitud hostil hacia España por parte de las autoridades marroquíes también ha sido plenamente palpable desde los años 90 del siglo pasado mediante lo que se ha denominado como 'estrategia del chantaje migratorio'
3, el cual ha llegado a ser considerado tanto por la Guardia Civil como por el Centro Nacional de Inteligencia ('CNI') como una 'amenaza latente', dada su posibilidad de reproducción en cualquier momento 4.
En este sentido, la última gran avalancha inmigratoria a territorio español (en mayo de 2021) fue de tal gravedad que, incluso, obligó al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Protección del estilo de vida europeo, D.
Margaritis Schinás, a declarar: 'Europa no se dejará intimidar por nadie en el tema de la [inmigración. En los últimos meses hemos visto tentativas de países terceros de instrumentalizar este asunto y vamos a dejar muy claro que nadie puede
chantajear a la Unión Europea. Somos muy fuertes como para ser víctimas de esas tácticas que no son admisibles en la Europa de hoy' 5.
El reino alauita realiza estas actuaciones 'en la zona gris' al objeto de erosionar la posición española y facilitar la consecución de sus intereses.
Cuarto. El último acto de hostilidad de Marruecos.
El pasado 13 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ('ONU') remitió al Gobierno de Marruecos una misiva en la que se solicitaba información acerca del 'uso excesivo y letal de la fuerza con los
inmigrantes de ascendencia africana, en particular refugiados y demandantes de asilo' en relación con los incidentes acaecidos en la frontera con Melilla el 24 de junio del presente año.
Ante tal requerimiento, el reino alauita, mediante carta fechada el pasado 9 de septiembre, afirmaba que Marruecos 'no cuenta con fronteras terrestres con España', aseverando que 'Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este hecho no
podríamos hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso'.
A la vista del revuelo causado, hoy, 13 de octubre de 2022, se ha tenido conocimiento por parte de los medios de comunicación que tales palabras 'han sido rectificadas por un alto cargo del Ministerio de Exteriores marroquí, que ha afirmado
a la agencia Efe que la declaración conjunta firmada entre Marruecos y España el pasado 7 de abril sí reconoce que entre los dos países existen 'fronteras terrestres' 6.
No obstante, aún no se ha hecho una rectificación formal y todo parece que es una estrategia de hostigamiento por parte del reino alauita a la que ya nos tiene acostumbrados.
Por ello, y ante tales ataques a nuestra soberanía nacional, el Gobierno de España ha de defender sin ambages la españolidad de Ceuta y Melilla, amén de las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de
Perejil, históricos territorios de soberanía española, y proteger a los españoles residentes o desplegados allí.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
3 https://www.publico.es/política/analisis-chantaie-migratorio-estrategia-triunfal-marruecos-poner-espana-cuerdas.html
4 https://www.elmundo.es/espana/2021705/ 20/ 60a6154221efa07c408b4659.html
5 https://www.rtve.es/noticias/20210519/bruselas-advierte-marmecos-chantaie-inmigracion-ceuta/2090950.shtml y https://www.elespanol.com/mundo/europa/20210610/condena-unamme-eurocamara-chantaje-marruecos-ceuta-migrantes/587941664_O.html
6 https://www.elmundo.es/espana/2022/10/13/6347f7cdfc6c83ad2e8b458a.html?cid=BESOCYEMOl&utm_source=twitter&utm_medium=social besocy&utm_campaign-BESOCYEMOl
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Iniciar las actuaciones diplomáticas pertinentes con el fin de exigir a Marruecos que rectifique, de forma inminente y oficial, la posición plasmada en la misiva al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en relación con Melilla.
2. Promover diplomáticamente el reconocimiento explícito y sin reservas, por parte del reino de Marruecos, de la soberanía española de Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de
Perejil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2022.-Víctor González Coello de Portugal, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.-Iván
Espinosa de los Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Justicia
161/004543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar que la Fiscalía Europea vigile el cumplimiento del
régimen de sanciones internacionales de la Unión Europea para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
En junio del año pasado, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) se puso finalmente en marcha. El objetivo de este nuevo organismo en el seno de la Unión Europea era tener la capacidad de investigar y procesar casos que
pudieran afectar al presupuesto de la Unión Europea, ante la pasividad de los sistemas judiciales de algunos Estados miembros respecto de casos de fraude y corrupción utilizando este tipo de financiación europea. De este modo, la propia Unión
tendría la capacidad para impulsar este tipo de investigaciones y procesos judiciales sin tener que depender de las fiscalías nacionales que, en demasiados casos, están estrechamente ligadas al gobierno de turno, como en el caso de España, y por
tanto no actúan de oficio ante posibles casos de corrupción cometidos por miembros del propio gobierno en cuestión o contra personas del entorno del mismo.
De este modo, la Fiscalía Europea actúa también en ocasiones en las que el interés financiero de la Unión Europea en su conjunto esté en juego, como pueden ser casos de fraude, blanqueo de capitales, corrupción, fraude en el pago de IVA con
perjuicios superiores a los 10 millones de euros, etc. En solo un año, la Fiscalía Europea ya ha registrado más de 2.500 denuncias de presuntos delitos y se han abierto más de 500 investigaciones, con algunas de esas denuncias aún en proceso de
evaluación. De hecho, la EPPO permite incluso que ciudadanos a título individual puedan denunciar un delito, acercando así la justicia al ciudadano en toda la Unión Europea. Pese a este paso adelante, lo cierto es que la Fiscalía Europea aún tiene
sus competencias muy reducidas en relación al tipo de delitos que puede investigar.
Existe un ámbito en el que la actuación de la Fiscalía Europea puede aportar un claro valor añadido respecto a la acción que actualmente queda en manos de los gobiernos nacionales. Tal es el caso del régimen de sanciones internacionales de
la Unión Europea: pese a que la aprobación de sanciones se toma por parte de una institución de la Unión Europea, como es el Consejo, en su formación de Asuntos Exteriores, la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las sanciones es de los
gobiernos nacionales y de las instituciones que ellos designen para tal fin -como es el caso del Tesoro Público, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para nuestro país.
Con motivo de la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin sobre Ucrania el pasado 24 de febrero, la Unión Europea ha impuesto varios paquetes de sanciones destinadas a reprochar esa violación del
derecho internacional y de la seguridad del continente europeo. A lo largo de estos meses, la Unión Europea ha aprobado sanciones que han afectado a más de 108 entidades y de 1206 personas ligadas con las decisiones relativas a la agresión
a Ucrania. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran algunos oligarcas, clave para que Vladimir Putin se mantenga en el poder, que además están involucrados en sectores económicos esenciales para la economía rusa como la metalurgia, la agricultura,
las industrias digitales o el sector farmacéutico.
Sin embargo, el episodio del 'Delcygate' demostró lo importante que es que el Gobierno de España garantice el cumplimiento del régimen de sanciones de la Unión Europea, puesto que, si esa aplicación tiene huecos o vacíos, la efectividad de
todo el sistema queda comprometida. Por ejemplo, en las últimas semanas los intereses nacionales de varios gobiernos nacionales han puesto palos en las ruedas de estas sanciones. En primer lugar, el gobierno alemán era reticente a las sanciones al
gas ruso debido a la dependencia de su sistema energético de esta fuente de energía. También hemos visto cómo el gobierno belga ha conseguido evitar que se impongan sanciones al sector del diamante ruso, por la importancia de esta industria para la
economía de Bélgica. Asimismo, los gobiernos de Chipre, Grecia y Malta han intentado impedir que se sancione a las navieras que transportan bienes energéticos rusos, argumentando que suponen también una parte importante de su riqueza nacional. Por
último, el gobierno húngaro ha bloqueado las sanciones al Patriarca Cirilo I de Moscú, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa y valedor religioso de los abusos de Vladimir Putin.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la ampliación de competencias de la Fiscalía Europea para que pueda velar por el cumplimiento del régimen de sanciones
internacionales de la Unión Europea e imponer las sanciones que correspondan en caso de violación del mismo por parte de personas jurídicas, personas físicas o instituciones y gobiernos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Defensa
161/004525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Gerard Álvarez i Garcia, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la garantía para
la recuperación de los restos de Josep Sunyol i Garriga para su debate en instancia en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El 12 de julio de 2022, durante el primer día del Debate del Estado de la Nación, el Presidente del gobierno español dijo que 'el Estado tiene que exhumar los cuerpos de las víctimas de la Dictadura franquista y también condenar el golpe de
Estado de 1936 y la Dictadura franquista. En España, señorías, hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos. Somos, después de Camboya, el país del mundo con mayor número de desaparecidos.' Así como también recriminó que los anteriores gobiernos,
del Partido Popular, 'paralizara exhumaciones de fosas comunes.'
Uno de esos centenares de miles de asesinados por los sublevados fascistas españoles fue Josep Sunyol i Garriga, quien durante la Segunda República fue diputado en las Cortes Generales por Esquerra Republicana, Presidente del F.C. Barcelona
y Presidente del Real Automóbil Club de Catalunya.
Siguiendo con la voluntad expresa de sus familiares directos de recuperar el cuerpo de Josep Sunyol, se creó un grupo de trabajo multidisciplinar para tal fin. Este grupo de trabajo, de acuerdo con la legislación
vigente, solicitó el permiso a la Administración competente para poder hacer los trabajos de exhumación. El 8 de septiembre de 2022 los trabajadores públicos, conforme a ley, autorizaron tal exhumación en la Residencia Militar de
Guadarrama.
Pese a esta autorización de la Administración competente, en este caso la Comunidad de Madrid, el 19 de septiembre de 2022 el Ministerio de Defensa, extralimitándose de sus funciones e incumpliendo la ley de memoria democrática, revocó tal
autorización, negando el acceso al grupo de trabajo. Revocando y negando así también el derecho a recuperar los restos de Josep Sunyol i Garriga.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Rectificar su revocación de la autorización a la prospección geofísica y excavación arqueológica para la búsqueda y recuperación de los restos de Josep Sunyol i Garriga en Guadarrama.
2. Mantener el compromiso con los represaliados por el fascismo español garantizando que no haya injerencias en el cumplimiento del objetivo de recuperar los restos de los represaliados republicanos.
3. No interferir en futuras exhumaciones o recuperación de restos de represaliados republicanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2022.-Gerard Álvarez i García, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Interior
161/004560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña María Teresa López Álvarez, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunto, Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley
para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por el estado sistemático de rebeldía de la Generalidad, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Cataluña una región en permanente estado de rebeldía.
La Generalidad de Cataluña permanece en un estado de absoluta rebeldía que perjudica gravemente a los intereses de España y de los españoles. La vulneración de derechos fundamentales, de libertades, la dejación de funciones o los abiertos
ataques a nuestra Nación han conducido a Cataluña, por la acción de la propia Generalidad, a convertirse en una región que representa un gravísimo problema para el conjunto de los españoles.
Durante las últimas décadas, el gobierno regional de Cataluña ha iniciado un proceso para alcanzar una pretendida secesión de su territorio del resto de España. En esta estrategia separatista se encuadra el golpe de Estado perpetrado por la
Generalidad de Cataluña en octubre de 2017 mediante un referéndum ilegal que atentó gravemente contra España y su soberanía nacional, a pesar de las reiteradas prohibiciones dictadas por la Justicia. Como continuación estos hechos, el entonces
presidente de la Generalidad presentó la declaración unilateral de independencia de Cataluña amparándose en los falsos resultados del citado referéndum ilegal.
Consecuencia de este pretendido golpe de Estado que atenta contra la unidad y soberanía nacional, muchos de sus actores principales fueron enjuiciados, mientras que otros huyeron y se sustrajeron de la acción de la Justicia. Las condenas
que se concretaron en la Sentencia del Tribunal Supremo 2997/2019,
de 14 de octubre de 2019 7, quedaron sin eficacia ante el indulto que concedió el actual Gobierno de España apenas dos años después 8.
Los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez tuvieron un efecto muy pernicioso por cuanto dieron ánimos a los separatistas catalanes para continuar la senda traidora y abiertamente golpista. Así, en el propio informe elaborado
por el Tribunal Supremo sobre estos indultos, se dice que existe una falta absoluta de arrepentimiento, llegando alguno de los condenados a decir que lo volvería a hacer 9.
Esta hoja de ruta del separatismo catalán se ha visto reforzada por la complicidad del actual Gobierno que, en lugar de erradicar los gravísimos ataques que están sufriendo España y los españoles por parte del Gobierno regional, mantiene
denigrantes pactos de gobernabilidad, casi sesenta a nivel municipal. Además, y a mayor abundamiento, se han creado las mal llamadas 'mesas de diálogo', elevando a un mismo nivel administrativo al gobierno regional catalán con el Gobierno de la
Nación. Estos foros no tienen otra finalidad que romper España. Así, a través de diferentes acuerdos, se pretende exonerar de responsabilidad a los lideres separatistas y conseguir la celebración de un referéndum para alcanzar la independencia de
Cataluña de España, asaltando, incluso para ello, instituciones nacionales como el Tribunal Constitucional, mediante mayorías más permeables con la causa separatista.
Así, el separatismo catalán instalado en la Generalidad y el Parlamento de Cataluña utiliza cualquier medio, legal o no, a su alcance para la consecución la destrucción de España y la conculcación de los derechos y libertades de todos los
españoles.
Se utilizan fondos públicos que pertenecen todos para avanzar en su hoja de ruta, como por ejemplo en la financiación de las llamadas 'embajadas catalanas', las cuales contribuyen en favor del proyecto separatista, vulnerando la competencia
estatal en las relaciones internacionales, pues sus fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España, manchando nuestra imagen y gastando un dinero que hace falta a los españoles. Hay que tener en
cuenta que el gasto de la Generalidad catalana en 'acción exterior y cooperación al desarrollo' en 2021 fue de 42,8 millones de euros, según el informe de ejecución presupuestaria catalán, sin contar además con el contexto de grave crisis social y
económica que atraviesa España. Es decir, la Generalidad lleva años utilizando el dinero de todos los españoles para hacer estructuras de Estado en contra del Estado, y llevando a cabo actuaciones ilegales en materias que no tienen competencia.
Dentro de esa estrategia separatista contra España, es clave la utilización de los medios de comunicación, pues constituyen un instrumento clave no solo para difundir su causa, la secesionista, sino para la imposición del catalán, como es el
caso de la televisión autonómica catalana o Cataluña radio, que en su propio 'manual de usos lingüísticos' establece lo siguiente: 'El catalán es la lengua de nuestros medios. Los profesionales, colaboradores fijos y, en general todas las personas
contratadas, usan la lengua catalana en las intervenciones por antena y en esta lengua se difunden los contenidos, sean de producción propia o no'. Este hecho supone una autentica discriminación para todos aquellos españoles que desconociendo el
catalán se les impide el aprovechamiento de un servicio público.
El gobierno regional catalán invita a la desobediencia sistemática a través de leyes y decretos autonómicos que imponen el catalán en detrimento del español. La lengua está siendo utilizada como un arma política del separatismo en España,
teniendo por objetivo dividir a los españoles en algo que nos mantiene unidos y no solo dentro de España, sino también con millones de hispanohablantes en todo el mundo.
La prohibición de estudiar en español ha llegado a cotas nunca antes vistas en nuestro Estado de Derecho, como perseguir y acosar a las familias que quieren la enseñanza en español, rebelarse contra sentencias o dictar normas contrarias a la
propia Constitución. El español, lengua común de España, está sufriendo ataques -como la prohibición de rotular- que perjudican enormemente la convivencia y han convertido a Cataluña en una región inhóspita para el resto de los españoles.
Y qué decir en este desafío secesionista de los sistemáticos ultrajes a los símbolos nacionales, donde el 84 % de los Ayuntamientos de Cataluña incumple la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y
el de otras banderas y enseñas, por no exhibir la bandera española con la patente voluntad de hacer desaparecer todos los símbolos constitucionales de Cataluña.
7 https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/210eba2f5a7faa75
8 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210622.aspx#justicia_indultos
9 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-se-opone-a-la-concesion-del-indulto-a-los-doce-condenados-en-la-causa-del-proces-
La dejación de las funciones que tiene atribuidas la Generalidad ha convertido a Cataluña en una región donde la inseguridad ciudadana se ha incrementado hasta cotas difíciles de creer. Así, hemos visto los recientes sucesos durante las
fiestas de la Mercé o el asalto violento al estadio del RCD Español por aficionados marroquíes que recordaban a los sucesos de Saint Denis con motivo de la final de la Champions League.
Hay que recordar que la Generalidad tiene ciertas competencias en materia de seguridad 10, que ejerce como mando supremo de los Mozos de Escuadra, y que se traducen en la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público.
Las consecuencias son evidentes: incremento de muertes violentas, robos o que Cataluña lidere el número de 'okupaciones' en España, al contabilizar el 42,5 por ciento de los 17.274 casos registrados en 2021. Según se desprende del Balance de
Criminalidad, correspondiente al segundo trimestre de 2022, publicado por el Ministerio del Interior, los datos acumulados de enero a junio ponen de manifiesto como las infracciones penales en dicha región están disparadas, aumentando en casi un 30
% 11.
Toda esta situación de inseguridad y desgobierno en la que está sumida Cataluña es consecuencia también de la política migratoria aperturista llevada a cabo tanto por la Generalidad como por los Ayuntamientos catalanes, que, ante las
facilidades otorgadas por estos poderes públicos a la invasión silenciosa que se está produciendo en esta región española, hace que existan auténticos guetos multiculturales que son nidos delincuenciales, de fanatismo religioso y generadores de
odio.
Un ejemplo que refleja fielmente lo señalado es el hecho de que, en los centros penitenciarios catalanes, el número de presos extranjeros supera a los españoles, pues de los 7.816 internos en cárceles catalanas, 3.228 son extranjeros, es
decir, el 41,3 % no tienen nacionalidad española 12.
En definitiva, las violaciones graves y reiteradas cometidas por el gobierno regional de Cataluña contra España y de todos los españoles, que sistemáticamente ataca a la independencia judicial, incumplen las resoluciones judiciales y no
respeta ni garantiza los derechos y libertades fundamentales, hace necesario, por el interés general de España, la adopción de medidas de carácter urgente con el fin de tomar jurídicamente el control de las instituciones en Cataluña.
Segundo. La necesaria aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña.
El artículo 155 de la Constitución Española se encuadra dentro del Capítulo Tercero, de su Título VIII, bajo la rúbrica 'De la Organización Territorial del Estado', y señala lo siguiente:
'1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare deforma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés
general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.'
Para García de Enterría 13, supone que tanto las regiones deben guardar fidelidad al interés general España y sus leyes, así como que el Estado debe estar vigilante para que no se produzcan situaciones como la que está viviendo España. Así
se pronuncia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como estableció en su Sentencia número 76/1983, de 5 de agosto, que reconoce expresamente 'la potestad y el derecho de velar por que no se produzcan diferencias en la ejecución o aplicación
del bloque normativo estatal'.
En conclusión, es necesario activar los mecanismos y controles extraordinarios de que dispone el Estado para restablecer el orden y la ley en Cataluña y allá donde se produzcan hechos similares. Es
10 El artículo primero de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ('L.O. 2/1986') que señala lo siguiente: '1. La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al
Gobierno de la Nación. 2. Las Comunidades Autónomas participarán en el mantenimiento de la Seguridad Pública en los términos que establezcan los respectivos Estatutos y en el marco de esta Ley.'
11 Especialmente preocupante es el incremento de las violaciones en Cataluña -que pasaron de 265 en dicho semestre en 2021 a 349 en el mismo periodo de este año, esto es, un 31,7 % más-, así como el aumento de los delitos de robo -con un
aumento del 33,2 %- y de delitos de hurto -que se han incrementado en un 49 %.
12 Más del 41 % de los presos en Cataluña son extranjeros (gaceta.es)
13 De Enterría Martínez-Carande, E. G. (1983). El ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos: sistema de relaciones. Revista de administración pública, (100), 213-292.
imperativo, por tanto, proceder a la intervención de la Administración autonómica catalana a través de la aplicación del artículo 155 de la CE, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento íntegro de los preceptos y principios
constitucionales y legales que están siendo objeto de sistemáticas infracciones por parte del Gobierno de la Generalidad de Cataluña.
Todo ello con el fin de restablecer el orden, garantizar la seguridad física de todos los ciudadanos, la seguridad jurídica en el cumplimiento de la ley y, sobre todo, la estabilidad, la tranquilidad y la paz social. Es necesario acabar, de
una vez por todas, con el estado permanente de rebeldía de la Generalidad de Cataluña y que padecen las familias y los trabajadores españoles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, siguiendo los términos de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución Española, y en atención a los hechos expuestos en la presente iniciativa, proceda a la intervención de la
Administración autonómica catalana con el fin de reconducir la situación en favor del interés general de España y de todos los españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2022.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y María Teresa López Álvarez, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala y Francisco Javier Ortega
Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/004562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 19 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Interior, relativa a la Prevención, Protección y Respuesta al terrorismo de extrema derecha.
Exposición de motivos
En las dos últimas décadas, el terrorismo yihadista ha sido calificado como la principal amenaza de seguridad en el mundo. Y, como tal, ha recibido toda la atención de gobiernos y medios de comunicación. Sin embargo, en los últimos años ha
ido creciendo una violencia con otros apellidos y que está encendiendo algunas alarmas casi olvidadas en los departamentos de seguridad: el terrorismo de extrema derecha. El terrorismo de extrema derecha (basado en ideologías supremacistas)
preocupa cada vez más a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y particularmente a Europol.
Una respuesta eficiente a la amenaza terrorista debe basarse en una comprensión profunda de los actores y las dinámicas que impulsan el terrorismo de extrema derecha. Europol usa la siguiente definición: 14
El terrorismo de extrema derecha se refiere al uso de la violencia terrorista por parte de individuos o grupos organizados en base a ideologías de carácter supremacista (neofascistas o neonazis). Estos individuos o grupos violentos de
extrema derecha utilizan, incitan, amenazan, legitiman o apoyan la violencia y el odio para promover sus objetivos políticos o ideológicos. Buscan cambiar todo el sistema político, social y económico en un modelo autoritario, y rechazan el orden y
los valores democráticos, así como los derechos fundamentales. Las ideologías de extrema derecha se centran en el nacionalismo excluyente, el racismo, la xenofobia y/o la intolerancia hacia la pluralidad de ideas, creencias y modos de vida. Las
ideologías violentas de extrema derecha se alimentan de una variedad de subculturas, luchando comúnmente contra la diversidad en la sociedad y la igualdad de derechos de las minorías. Promueven la misoginia y la hostilidad hacia lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ+) y el odio contra
14 Europol. 2022 edition of the EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT). https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Tesat_Report_2022_0.pdf
las personas migrantes. Un concepto central en la ideología de extrema derecha es el supremacismo o la idea de que un cierto grupo de personas que comparten un elemento común (nación, raza, cultura, etc.) es superior a todos los demás
pueblos. Al verse en una posición suprema, el grupo particular considera que es su derecho natural dominar al resto de la población. (Europol, 2022).
En lo que se refiere a las formas de organización y acción, Europol destaca que los grupos o bandas terroristas de extrema derecha ofrecen a sus miembros entrenamientos de supervivencia y de uso de armas en campamentos de áreas rurales
remotas, dentro y fuera de la UE, donde además asisten a conferencias, clases de defensa personal, entrenamientos de MMA y boxeo. La adquisición de armas de fuego sigue siendo una de las mayores atracciones a la hora de captar a los extremistas
supremacistas.
En cuanto a la financiación, las formas tradicionales en que la extrema derecha recauda fondos son las donaciones de empresas privadas, crowdfunding con aportaciones de militantes y simpatizantes, conciertos de música y eventos deportivos, y
ventas de merchandising (ropa y otras mercancías con símbolos neofascistas y neonazis). Las actividades delictivas también se utilizan como fuente de financiación. Aunque cada vez más usan campañas online en redes sociales, foros, salas de chat de
juegos y otras plataformas de Internet. Estas actividades no solo proporcionan fondos, sino que también ayudan a promover su ideología, y a crear oportunidades para el reclutamiento y construir relaciones entre diferentes adeptos extremistas. La
monetización de perfiles online supone una tendencia al alza en la diversificación de las fuentes de financiación de los grupos extremistas. Y se ha identificado también un particular interés en la adquisición de criptomonedas.
El último informe de Europol, Situación y Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea, 15 informa de que en 2021:
- Se realizaron 64 detenciones en nueve Estados miembros tras cargos por delitos de terrorismo de extrema derecha.
- La edad de los sospechosos involucrados en investigaciones policiales y de aquellos que participan en comunidades online de extrema derecha ha ido disminuyendo.
- Las redes sociales son los medios más frecuentes para difundir propaganda de extrema derecha entre jóvenes y adolescentes.
- Los problemas de salud mental preocupan cada vez más a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ya que pueden hacer que jóvenes y adolescentes sean más susceptibles a las teorías de la conspiración vinculadas a la ideología de
extrema derecha.
- Las organizaciones supremacistas de EE. UU. juegan un papel importante a la hora de difundir propaganda en la UE.
El informe de la Fundación Rosa de Luxemburgo (2021), De los neocón a los neonazis, 16 informa que en España treinta personas habrían sido condenadas por actos violentos relacionados con la extrema derecha en los últimos 20 años, con penas
que irían del año a los tres años y medio. En cambio, y según dicho informe, ninguna de esas personas habría sido procesada por terrorismo. Según otro informe del CIDOB (2021), Prevenir el Extremismo Violento en Europa 17, los ataques terroristas
cometidos en nombre de ideologías de extrema derecha (supremacistas y neofascistas o neonazis) se incrementaron en un 320 % entre 2016 y 2019.
En enero de 2022, era detenido en Madrid el líder de la banda de extrema derecha Bastión Frontal, después de haber dado una paliza a otro miembro de su organización y causarle graves lesiones. Este individuo había adquirido cierta
notoriedad al acosar al candidato de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, Pablo Iglesias, con ocasión de un acto electoral celebrado en Coslada. Previo a esto, sus acciones básicamente se centraban en acosar a menores residentes en centros de
acogida, y en dar publicidad a dichas acciones en las redes sociales, propagando una ideología basada en el odio, el racismo y la xenofobia. También en enero de 2022, se desarticulaba una banda neonazi que había atacado la sede de una asociación
LGTBI en Alcoi (Alicante), tras dos años de investigación. Según parece, habían elaborado una lista con nombres, apellidos y matrículas de coches de los objetivos: planeaban acciones violentas
15 Ibid.
16 De los neocón a los neonazis. La derecha radical en el Estado español. Informe coordinado por Miquel Ramos. Fundación Rosa de Luxemburgo. https://www.rosalux.eu/es/article/1927.de-los-neoc%C3%B3n-a-los-neonazis.html
17 Bourekba, Moussa y Muro, Diego. 'Introducción: ¿cambio de paradigma? Del antiterrorismo a la prevención del extremismo violento (PEV)'. Revista CIDOB d'Afers Internacionals, n. º 128 (septiembre de 2021), p. 7-14. DOI:
doi.org/10.24241/rcai.2021.128.2.7
contra políticos socialistas, comunistas e independentistas, así como contra miembros del Ministerio Público.
En abril de 2021, la sede de Podemos Cartagena fue atacada de madrugada con un artefacto incendiario, el sexto ataque que sufría la sede. Por este último ataque fue detenido, en agosto de 2021, un individuo que pertenecía a un grupo neonazi
en Cartagena. Esta misma persona fue detenida de nuevo, en noviembre de 2021, como presunto autor de delitos de daños en unas instalaciones de Izquierda Unida (IU), en un municipio de León, en verano del 2020. Esta sede había sufrido ya en ese
mismo año varios ataques acompañados de pintadas con simbología fascista. Precisamente en Castilla y León, durante 2020, se produjeron numerosos ataques tanto a sedes como a militantes de Izquierda Unida.
Las personas LGTBI son víctimas frecuentes del Terrorismo de extrema derecha. El 6 de octubre de 1991 fue asesinada Sonia Rescalvo Zafra por seis neonazis que le dieron una brutal paliza a base de patadas en todo el cuerpo y la cabeza
principalmente, mientras dormía en la calle, con otra compañera, por haberlas identificado, según ellos como 'bultos con aspecto de travestis'. Su asesinato, fue el primero del que se tiene constancia de una persona trans, por el hecho de serlo.
En cuanto a las motivaciones racistas de estos grupos en el estado, hay que recordar el primer caso reconocido como asesinato racista, el de Lucrecia Pérez, el 13 de noviembre de 1992. Sería la primera sentencia en el estado que condenase
por un crimen racista, aun no estando todavía en vigor la agravante del artículo 22.4 del actual Código Penal, confirmando el Tribunal Supremo que los atacantes cometieron el atentado movidos por sus sentimientos racistas y xenófobos.
Estos sentimientos y motivaciones que movieron a los autores de este crimen, siguen siendo centrales en su ideología y son parte de su discurso más incendiario. Así, en el artículo 5 casos recientes de terrorismo de extrema derecha en
España, 18 se relata la desarticulación de una banda de supremacistas de Lleida, que planeaban pasar de la propagación del odio a la acción para comenzar una 'guerra racial'. A raíz de esta investigación, fueron detenidos otros dos individuos que
pertenecían a una banda organizada de supremacistas blancos en Navarra.
Mención aparte dentro de las motivaciones racistas está la violencia que ejercen estos grupos a menores extranjeros no acompañados, por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. Así, la ya citada banda Bastión Frontal llegó a
organizar una marcha hasta un centro de acogida de menores. Fueron denunciados por la fiscalía de Madrid, en base a un posible delito de odio, por haber desplegado pancartas racistas en las inmediaciones de algunos centros de acogida de la capital.
Según la denuncia de la propia fiscalía, esta acción estaría motivada por una ideología identitaria supremacista.
Según recoge el Injuve en su informe 2020, El extremismo de derecha entre la juventud española: situación actual y perspectivas: 19
El extremismo de derechas tiene una larga tradición en España: es una de las pocas democracias de Europa Occidental que no se construyó o reconstruyó en el siglo XX a partir de la derrota del fascismo al final de la Segunda Guerra Mundial.
Asimismo, la transición española de un régimen dictatorial a una democracia liberal en ausencia de revolución o guerra civil, conlleva importantes 'anomalías' para una democracia occidental, que no se han resuelto del todo 40 años después de la
caída del régimen franquista. (Injuve, 2020).
Según algunos otros estudios, en el año 2021, la extrema derecha extraparlamentaria organizó más de 130 actos a lo largo de todo el territorio nacional. Parece evidente que el discurso incendiario de la extrema derecha y el uso político
normalizado de los discursos de odio están directamente relacionados con el aumento de los ataques a objetivos sociales y políticos.
Con el objetivo de impulsar la adopción de las medidas necesarias, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta la siguiente
18 A. Juste, 5 casos recientes de terrorismo de extrema derecha en España, 6 abril 2021. https://aldescubierto.org/2021/04/06/5-casos-recientes-de-terrorismo-de-extrema-derecha-en-espana/
19 Injuve, 2020. El extremismo de derecha entre la juventud española: Situación actual y perspectivas. http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/05/estudio_injuve_el_extremismo_de_derecha.pdf
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar evaluaciones de amenazas, análisis estratégicos y operativos en relación a las actividades que desempeñan en nuestro país los grupos supremacistas de extrema derecha.
2. Recopilar, almacenar, procesar, analizar e intercambiar información, con otros Estados de la UE, en relación a la propaganda terrorista y otras actividades online de los grupos supremacistas de extrema derecha. A través de la Unidad de
Referencia de Ciberdelincuencia de Europol (EC3).
3. Intercambiar con otros Estados de la UE información de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado sobre la financiación de las actividades de reclutamiento y formación de grupos supremacistas de extrema derecha a través de
la nueva Autoridad de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALBC).
4. Reforzar la Cooperación Europea e Internacional entre las autoridades antiterroristas para combatir el tráfico ilegal de armas de los grupos supremacistas de extrema derecha.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2022.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la conexión ferroviaria Vigo-Porto para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El pasado 28 de septiembre, el gobierno portugués presentó la Nueva Línea de Alta Velocidad Lisboa Porto, un proyecto que deberá estar finalizado en 2030. En el mismo acto, se anunciaron los planes de la nueva línea Porto Vigo, que se prevé
desarrollar en varias fases, con un trazado de doble vía por Nine-Braga-Valença (paralelo al actual trazado de la Linha do Minho que va por Nine-Viana-Caminha-Valença). La previsión del gobierno portugués es que el tramo Valença-Braga se ejecute
entre 2026-2030, igual que la conexión Porto-Aeroporto Sá Carnero. La fase Braga-Aeroporto quedaría para después de 2030.
Si bien este proyecto está menos desarrollado que el de la línea Lisboa-Porto, la intervención tanto del Ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno, como la del Primer Ministro, António Costa, el pasado 28 de septiembre constituyen un hito
histórico ya que situaron como prioridad de Portugal la conexión y la vocación atlántica del país, así como la línea de tren de velocidad entre Galiza y Lisboa como la gran espina dorsal de ese proyecto de futuro. Portugal tiene claro que su futuro
pasa por la cohesión y la vertebración del país mediante un eje atlántico frente a la conexión con Madrid. Portugal prioriza sus intereses frente a la subordinación a Madrid. Portugal y Galiza tienen intereses comunes.
Para entender lo que significa el tren de alta velocidad Lisboa-Porto-Vigo hay que tener en cuenta el enorme potencial de la megarregión que va de Lisboa a Galiza, una de las cuarenta más importantes del mundo atendiendo a su población, PIB
y número de patentes. En el ámbito de la península ibérica juega en la misma liga que Madrid y el eje Barcelona Lyon.
El impulso de la línea de alta velocidad Vigo Poto es un proyecto estratégico y prioritario para Galiza, dentro de una visión atlántica de futuro. Constituye una especie de viga maestra esencial para la vertebración territorial, el
intercambio cultural, el desarrollo económico, la conciliación y la generación de
oportunidades y trabajo nos nuestros países. Además, es un medio más sostenible, saludable y seguro frente a otros modos de transporte más contaminantes.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, la Comisión Europea señaló el tren Vigo Porto, junto con la línea Bucaret-Budapest, como ejemplos de iniciativas de especial interés en materia de comunicaciones transfronterizas del Mecanismo
Conectar Europa. Y las instituciones europeas también acordaron incluir la línea Vigo-Porto en el Corredor Atlántico.
Esta debe ser la década del tren y tenemos que aprovechar todas las oportunidades, también la financiación con fondos europeos, para construir la nueva línea de alta velocidad Vigo-Porto, dándole continuidad hacia el sur al Eixo Atlántico
Coruña (también en el futuro Ferrol)-Vigo. El objetivo debe ser tener una línea moderna y competitiva que permita hacer el viaje en una hora (actualmente el tiempo de viaje es de 2 horas 23 minutos).
Portugal tiene claro que la línea de alta velocidad Porto-Vigo es un proyecto estratégico y está dando pasos firmes para hacerlo realidad. Por la parte española, el Gobierno del Estado ha dejado claro con sus actos que no lo considera un
proyecto prioritario porque sus intereses están en el esquema radial con centro en Madrid y en el Corredor Mediterráneo.
El gobierno español encargó -después se sucesivas demoras- un estudio de alternativas para la llamada Salida Sur (la conexión directa entre Vigo y Valença sin tener que ir hacia atrás por Redondela) 'Estudio de alternativas de la salida sur
ferroviaria de Vigo' a la empresa PROINTEC, S.A, por importe de 301.904,68 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses. El contrato se adjudicó a finales de agosto de 2021 y se formalizó a finales de octubre de 2021, por lo que ya
debería estar en finalizado (de hecho se han hecho públicas algunas informaciones sobre alternativas posibles).
Lo fundamental es que se planifique la construcción de la línea y que se comiencen los estudios de trazado y la redacción de los proyectos. Que se haga una planificación de las inversiones y un cronograma coordinado con el gobierno
portugués.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Declarar la máxima prioridad e interés de la conexión ferroviaria entre Vigo y Porto e impulsar decididamente su tramitación, así como definir en el plazo más breve posible el trazado y los proyectos, con la finalidad de solicitar la
financiación con fondos europeos.
2. Coordinar y acordar el cronograma y la financiación del tren de alta velocidad Vigo-Porto, con el objetivo de conectar las dos ciudades en 2030 en un tiempo máximo de viaje una hora.
3. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y siguientes las partidas necesarias para agilizar la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y Porto.
4. Acordar con el Gobierno portugués en la línea de tren Vigo-Porto la puesta en funcionamiento de trenes eléctricos, más sostenibles y que permitirían reducir el tiempo del viaje en aproximadamente media hora.
5. Negociar con el Gobierno portugués la ampliación progresiva de los dos servicios actuales, estudiando entre otras medidas la continuidad hasta Vigo de los servicios existentes entre Porto y Valença.
6. Gestionar con el Gobierno portugués el establecimiento de una política tarifaria competitiva con la ampliación durante 2023 de la actual oferta del viaje Vigo Porto a 5,25 euros, la realización de campañas promocionales a precios
superreducidos y la oferta de abonos semanales/mensuales para personas usuarias habituales que permitan abaratar el precio.
7. Estudiar junto con el Gobierno portugués la creación de una tarjeta de movilidad intermodal válida para tren, bus, metro y barco en el ámbito de la eurorregión.
8. Impulsar decididamente, junto con la mejora de la actual línea y el compromiso con la conexión en alta velocidad con Porto, la potenciación y aprovechamiento de la actual línea Vigo-Porriño-Guillarei (Tui)-Salvaterra-As Neves como línea
de cercanías del área metropolitana de Vigo, así como también como vía para el transporte de mercancías previendo la conexión con el puerto de Vigo, con el área industrial de O Porriño y con la PLISAN.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de la instalación de
paneles solares en la edificación en desarrollo del Plan REPowerEU, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Plan REPowerEU presentado por la Comisión Europea pretende dar solución a la problemática energética producida por la invasión de Rusia a Ucrania reduciendo la dependencia de combustibles fósiles con medidas que propicien el ahorro
energético, la diversificación del suministro y un despliegue acelerado de energías renovables para reemplazar los combustibles fósiles en las edificaciones de uso residencial y en la industria.
El fin principal es llegar en 2030 a un objetivo del 45 % de consumo de energía renovable, objetivo que estaba en el 40 % antes del referido acuerdo.
Para ello se establecen como recomendaciones las siguientes:
- Desarrollo de energía solar en tejados con la obligación legal de instalar paneles solares en nuevos edificios públicos y comerciales y edificios residenciales nuevos.
- Duplicar la tasa de despliegue de bombas de calor y medidas que integren la energía geotérmica y solar térmica en los sistemas de calefacción comunitaria y urbana.
- Impulsar medidas fiscales que fomenten el ahorro de energía e incentivos a la implantación de mecanismos eficientes.
Todo ello además de incorporar a través de modificaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia un capítulo específico con nuevas acciones dirigidas a dar cumplimiento a los objetivos del REPowerEU.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la respuesta del Gobierno podría ser más ambiciosa con respecto a los objetivos marcados por la Comisión Europea.
De hecho, la respuesta del Gobierno al REPowerEU en lo referente a edificación ha sido el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, de modificación del Código Técnico de la Edificación, donde se desarrollan dos medidas fundamentales dentro del
DB-HE 'Ahorro de Energía':
- El desarrollo de una nueva Sección HE 6 'Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos'.
- La modificación de la Sección HE 5, relativa a la generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, incorporando al mismo a los edificios de uso residencial privado, disminuyendo el umbral de superficie construida en
edificios de todos los usos a partir de la cual se aplica la exigencia (1.000 m2).
A juicio del Grupo Parlamentario Popular, este Real Decreto se queda corto en sus determinaciones, en la medida en que se deberían haber contemplado otros mecanismos de producción de energía renovable que pudieran ser igualmente eficientes,
y haber profundizado en aspectos que fueran decisorios para la implantación de uno u otro sistema, como:
- El principio que debe regir la selección de la renovable a usar en cada tipo de demanda energética, que debería pivotar sobre aquella energía que sea más eficiente para satisfacerla, diferenciando y estableciendo las condiciones y
parámetros de idoneidad, no solo de la Solar Fotovoltaica, sino también de la Solar Térmica.
- El aprovechamiento de la tecnología más eficiente, en cuanto a las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero a efectos de alcanzar el objetivo Fit for 55 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % en
comparación con 1990 en el horizonte 2030 y alcanzar las cero emisiones netas (la neutralidad climática o cero neto en CO2) en el horizonte 2050, tal y como prevé la Ley Europea del Clima.
- Las consecuencias del desarrollo de todo el ciclo de vida del sistema adoptado desde el inicio de la producción de cada uno de los sistemas de captación, teniendo en cuenta que la Solar Térmica además de no generar CO2 en el proceso de
generación de energía a lo largo de la vida útil, tiene 14 veces menos impacto que, por ejemplo, la Solar Fotovoltaica desde el inicio del proceso de producción hasta su fin de uso y posterior reciclado.
- El potencial que tiene España en cuanto al aprovechamiento de la radiación solar, tanto para la Solar Fotovoltaica como para la Solar Térmica, y la posible diversidad en su aplicación, teniendo en cuenta que la Solar Térmica necesita 4
veces menos superficie para generar la misma energía térmica que la Solar Fotovoltaica, es decir, es 4 veces más eficiente para satisfacer la demanda de energía térmica para aplicaciones de agua caliente sanitaria y climatización.
- La justificación en cada caso de los sistemas más eficientes energéticamente en función de la respuesta a cada tipo de demanda, habida cuenta que más de la mitad de la demanda energética es usada para generar calor (principalmente en los
edificios y en la industria), por lo que sería oportuno desarrollar las dos tecnologías solares, explicitando específicamente Solar Fotovoltaica y Solar Térmica en cualquier ley o documento regulatorio, así como hacer difusión de ambas tecnologías
solares.
- La necesidad de diversificar la oferta de producción de energía de fuentes renovables de cara a la exigencia europea de reducción del 15 % del consumo de gas (a fecha de redacción de esta iniciativa, España un 7 %), teniendo en cuenta que
la capacidad actual de las plantas españolas puede llegar a 1.000.000 m2, equivalentes a una reducción del uso del gas de un 0,6 % del total del 7 % del objetivo.
Todo ello teniendo en cuenta que esta última es de fácil almacenamiento y que, además, representa un sector altamente desarrollado tecnológicamente en nuestro país que genera unos 10.000 puestos de trabajo cualificado.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y, más en concreto, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, en virtud del desarrollo propuesto por la Comisión Europea para el cumplimiento del Plan REPowerEU, se
modifique el Código Técnico de la Edificación, en su Sección HE 4, con el fin de que se establezcan los parámetros y condiciones que incentiven la utilización de energía solar térmica en edificaciones residenciales e industriales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2022.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la construcción de la estación
de Rodalies en Can Llong (Sabadell), para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Los últimos datos sobre la medida adoptada por el Gobierno de descuentos en el transporte público, con más de un millón de abonos gratuitos emitidos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional, confirman que este es el camino a
seguir para el fomento de la movilidad sostenible, y que la ciudadanía necesita respuestas efectivas ante las necesidades generadas por el transporte. Según las estimaciones realizadas, esta medida beneficiará a más de 75 millones de
desplazamientos, permitirá ahorrar 118 millones de litros de gasolina y evitar la emisión de 360.576 toneladas de CO2 a la atmósfera, en comparación con lo que hubieran supuesto estos mismos desplazamientos en coche.
Por lo tanto, se trata de una medida tomada no solo para paliar los efectos de la crisis, sino en clave ecológica y sostenible. El desarrollo y mejora de la red ferroviaria es uno de los puntos clave para facilitar el uso de la misma. De
hecho, en el Pla de Rodalies 2020-2030 ya se apunta que 'la congestión generada por la afluencia masiva de turismos en núcleos urbanos implica la pérdida de tiempo y recursos para toda la ciudadanía'. Si a ello se le suman los compromisos
adquiridos sobre la reducción de emisiones contaminantes para 2030, se genera la necesidad de que 'todas las Administraciones públicas se impliquen en modificar las pautas de movilidad urbana y metropolitana, ofreciendo a los ciudadanos sistemas de
transporte públicos eficientes y atractivos, siendo el servicio de Cercanías un elemento esencial para el sistema de transportes'.
Por ello es tan importante cumplir con la hoja de ruta establecida para el desarrollo de la estructura ferroviaria; la plasmada, entre otros documentos, en el Pla de Rodalies 2020-2030. Este incorpora, entre otras nuevas infraestructuras,
la creación de la nueva estación de Can Llong, en Sabadell, estableciendo como prioritaria la realización antes de 2025 de estudios para la evaluación de la factibilidad como actuación estructurante.
La construcción de esta estación, largamente reivindicada por la ciudadanía de Sabadell, no es algo novedoso, sino que lleva ya proyectada desde 2015 en el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Rodalies de Barcelona. El Pla de Rodalies
dibuja el impacto mismo sobre la ciudadanía, siendo Sabadell la quinta ciudad atendida por la red de cercanías del núcleo de Barcelona. El corredor del Valles, con una cobertura de 409.000 habitantes desde Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) y 415.000 habitantes desde la R4 de Rodalies, comunica ciudades como Terrassa y Sabadell con Barcelona, siendo estas tres de las cuatro más pobladas de la provincia. Por la R4 circulan una media de 800 convoyes a la semana.
Can Llong y Castellarnau -otro de los barrios que se beneficiaría de esta estructura- son dos núcleos en crecimiento, siendo Can Llong el que más vecinos nuevos ha incorporado en términos relativos desde el 2017. Además, hablamos de una de
las zonas con más terreno edificable disponible en Sabadell. En Can Llong, por ejemplo, existen dos solares disponibles para la construcción de hasta 375 pisos, según datos del Ayuntamiento de Sabadell. El último estudio realizado concluye que la
estación es viable y tendría unos 15.000 viajeros diarios de media, por encima de algunas estaciones ya utilizadas en la ciudad. La zona tiene una cobertura de 50.000 sabadellenses que, si quisieran utilizar el Rodalies, ahora mismo deberían hacer
un desplazamiento más largo y en coche, hasta la estación más cercana, Sabadell Nord, que además carece de aparcamiento gratuito por la zona. No se trata solo de una medida solicitada largamente por los ciudadanos de Sabadell, sino que también
estaba contemplada en el Pla Específic de Mobilitat del Vallés, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat mediante resolución del conseller de Territori i Sostenibilitat en febrero de 2021.
Si la movilidad sostenible y no contaminante es una prioridad para las Administraciones Públicas, debe apostarse por la mejora de las infraestructuras, bastante deficientes ya de por sí en Catalunya, que den cobertura a toda la ciudadanía de
manera eficiente, para hacer del transporte ferroviario ya no una alternativa atractiva, sino el medio de transporte convencional para nuestro día a día.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en sintonía con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, a iniciar los estudios preceptivos previos al desarrollo de la estación de Can Llong, en Sabadell,
previstos en el Plan de Rodalies 2020-2030, y acelerar la inversión necesaria para su construcción e incorporación en la línea R4 de Rodalies, con el fin de dar cobertura a los vecinos y vecinas de la zona para el uso del transporte público por vía
férrea y mejorar así la conectividad del municipio y de toda la provincia de Barcelona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2022.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la gratuidad
del tren y la discriminación al usuario del transporte colectivo por carretera para su debate en instancia en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El 1 de agosto de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de
reducción de la dependencia energética del gas natural que ahora se encuentra en trámite como Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados. Dicho Proyecto de Ley no incluye medidas anunciadas por el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, como la capacidad de las administraciones de reequilibrar los contratos de estos servicios públicos.
Este mismo Proyecto de Ley afirma en su parte expositiva que 'en el caso del transporte de viajeros, a los aumentos de costes derivados del aumento del precio de combustibles, se suma una menor demanda de estos servicios que aún pervive sin
que se hayan recuperado los niveles previos a la pandemia, de modo que la actual coyuntura ha venido a profundizar las tensiones de viabilidad económica que ya se venían produciendo en esta rama de actividad'. Pero aún así la propuesta del gobierno
excluye descuentos anunciados en los títulos multiviaje realizados en autobús mientras sí incorpora las ya conocidas medidas de descuento en el transporte público ferroviario hasta el 31 de diciembre de 2022 y ahora también anunciada la gratuidad
durante todo el 2023. Diferencia que agrava esa menor demanda desde la pandemia y profundiza aún más los riesgos de viabilidad económica de este sector.
Este riesgo de viabilidad en las empresas de autobús concierne a las Administraciones Públicas no únicamente por la importancia económica y laboral del sector sino también porque su permanencia permite garantizar el derecho a la movilidad y
a la accesibilidad de la ciudadanía e incluso el derecho a la educación en igualdad de oportunidades, a través del transporte escolar como pieza clave. Principalmente de la ciudadanía que vive en zonas rurales o más aisladas. Zonas que
tradicionalmente han sido olvidadas por el Estado español y no disponen de una estación de tren cercana.
Para evitar esta discriminación del derecho a la movilidad y accesibilidad por motivos económicos así como para desincentivar el uso del vehículo privado en todo tipo de desplazamientos es imprescindible que el Estado español garantice
conexiones eficientes a través del transporte colectivo por carretera, evitando situaciones como las actuales donde la Administración General del Estado no ha renovado contratos de líneas de autobús, algunos de ellos caducados desde hace más de 8
años.
El prisma desde el que la Administración Pública tiene que actuar, respecto a este sector en concreto, es el de priorizar la garantía de derechos a la ciudadanía, pudiendo analizar globalmente la rentabilidad social pero no guiándose
únicamente por la rentabilidad económica. El transporte colectivo por carretera, como parte del transporte público, permite al conjunto de Administraciones garantizar los derechos a la movilidad y a la accesibilidad como primer derecho de todos
para así poder garantizar a la vez el acceso de la ciudadanía al resto de derechos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Incorporar la reducción del 100 % de los títulos multiviaje de más de dos viajes, excluidos el billete de ida y vuelta, para los concesionarios de transporte regular de viajeros por carretera competencia de la Administración General del
Estado, sin perjuicio de la situación administrativa de la concesión.
2. Hacer efectivo el pago, antes de finalizar el año 2022, de las ayudas para el sector previstas en el Real Decreto Ley 14/2022.
3. Introducir criterios de rentabilidad social, equidad territorial y accesibilidad universal en el nuevo mapa concesional de los servicios regulares de transporte por carretera. Garantizando que la rentabilidad
económica no sea el principal motivo para el diseño de ese nuevo mapa en definición por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2022.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Onofre Miralles Martín, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, en su
condición de Portavoz sustituto, Diputados del Grupo Parlamentario VOX, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguiente Proposición no de Ley para impulsar
la ejecución de las obras del Puente sobre el Río Sella en el PK 3000 de la N-632 y estudiar la subsanación de las deficiencias que el actual proyecto presenta, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Introducción.
1. Ribadesella es un concejo localizado en la costa oriental asturiana. Su homónima capital es una villa partida en dos partes por el Río Sella y conectadas, a su vez, por un emblemático puente llamado 'Puente META Dionisio de la Huerta'.
2. La importancia de esta infraestructura reside en su carácter vital para las comunicaciones, ya que es la única vía terrestre -exceptuando la Autovía del Cantábrico o A-8- que conecta las dos partes del concejo riosellano. Asimismo, la
gran densidad de vehículos y peatones que lo atraviesan a diario lo convierten en un elemento imprescindible para las conexiones del municipio.
3. La carretera que transcurre sobre el puente es la N-632. Se trata de una carretera nacional 20 cuya titularidad, en virtud del artículo 4 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, corresponde a la Administración General del
Estado ('AGE').
Segundo. Inacción de los sucesivos gobiernos.
4. El estado de conservación del puente es una de las mayores preocupaciones de los riosellanos. Así, la rehabilitación de la infraestructura es una de las principales demandas de los vecinos, cuyos reclamos para conseguir dicho objetivo
han sido una constante en la historia reciente de Ribadesella 21. Sin embargo, estas reclamaciones no han sido atendidas por los diferentes Gobiernos de la Nación.
5. La inacción del Ejecutivo es patente. Ya en febrero del año 2020, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ('MITMA') anunció la redacción del proyecto de reparación y ampliación de la estructura sobre el río Sella en la
N-632 22. Asimismo, en los Presupuestos Generales del Estado ('PGE') de años anteriores han existido partidas destinadas a acometer dichas obras. En este sentido, los PGE para el año 2021 contemplaban una partida de 5,3 millones de euros para la
Mejora de la estructura del puente sobre el río Sella en el P.K. 3,000 de la N-632 23 y los PGE para el ejercicio 2022 contemplan una partida de 4,7 millones de euros con idéntico objeto 24. No obstante, en la actualidad, no se evidencia avance
alguno en el proyecto de rehabilitación.
20 https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/carreteras/catalogo-y-evolucion-de-la-red-de-carreteras/catalogo-de-la-rce/catalogo-de-la-rce-2011-2012-2013-y-2014 [fecha de consulta: 5 de octubre de 2022].
21 https://www.lne.es/oriente/2011/12/03/ribadesella-prioridad-puente-20986902.html [fecha de consulta: 5 de octubre de 2022].
22 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-20022020-1837 [fecha de consulta: 5 de octubre de 2022].
23 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2021Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/2/3/2/1/6/N_21_E_V_2_ R_1_205_1_117_1.PDF [fecha de consulta: 5 de octubre de 2022].
24 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/2/3/2/1/6/N_22_E_V_2_ R_1_205_1_117_1.PDF [fecha de consulta: 5 de octubre de 2022].
Tercero. Proyecto de reforma del puente sobre el río Sella en el año 2022.
7. El 12 de abril de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio del MITMA por el que se licitaban las obras de reparación y ampliación de la estructura del puente sobre el río Sella, en el km 3 de la carretera N-632
25. El día siguiente al anuncio, la titular del MITMA, doña Raquel Sánchez Jiménez, presidió en Ribadesella la presentación del referido proyecto. Durante el evento aseguró que la obra está destinada a solucionar los inconvenientes que presenta el
actual puente, dotando de una infraestructura completamente renovada a la N-632 a su paso por esta villa marinera 26.
8. Con posterioridad, el proyecto fue adjudicado y así, el Acta de Adjudicación de la Mesa de Contratación -de fecha 13 de julio de 2022- detalla la propuesta de adjudicación del siguiente modo 27:
De acuerdo con la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la Mesa propone como adjudicatario a la Unión Temporal de Empresas FCC Construcción, S.A. y Obras Generales del Norte, S.A. en UTE por haber sido la oferta con
mejor relación calidad-precio para la Administración, por importe de 5.339.500,00 euros (6.460.795,00 euros con IVA) y un total de 100 puntos.
9. En cuanto a los plazos, las autoridades locales esperaban que las obras comenzaran a finales del pasado mes de septiembre como así han publicado diversos medios de comunicación 28. Sin embargo, a fecha de registro de la presente
iniciativa, los trabajos no han comenzado.
Cuarto. Características técnicas del puente actual.
10. Las características técnicas de la infraestructura actual -según datos oficiales del MITMA- son las siguientes:
Construido en 1940, el puente consta de un total de 14 tramos isostáticos apoyados en 13 pilas y dos estribos extremos. La calzada tiene un ancho total de 6 m y sendas aceras a cada lado de un ancho de 1,20 m, más el espacio ocupado por las
barandillas, completando así un tablero de 8,96 m de ancho total 29.
Estas propiedades se han revelado inadecuadas para la época actual debido a los siguientes motivos:
- El tamaño de los vehículos que transitan por el puente ha aumentado considerablemente desde el año 1940 -año de construcción de la infraestructura-, haciendo que la calzada (6 metros) resulte muy estrecha para la circulación.
- El Oriente asturiano, pese a ser una zona con baja densidad poblacional, recibe una gran cantidad de habitantes estacionales en la época estival, llegando incluso a triplicar su población durante el verano 30.
Este aumento coyuntural de población durante los períodos vacacionales -Semana Santa y verano, fundamentalmente- produce dos efectos en el puente, a saber: la formación de grandes restricciones en el tráfico rodado que colapsan toda la
Villa, así como sus principales vías de acceso y la dificultad para transitar por las aceras debido a la gran cantidad de gente que las recorre simultáneamente.
- Una de las medidas adoptadas por el consistorio durante la pandemia provocada por la Covid-19 ha sido la asignación de un sentido de la marcha para cada acera. Esto hace que la gran mayoría de viandantes que se incorporan al puente desde
la Villa tengan que cruzar un paso de peatones ubicado a su entrada. Dicho paso genera grandes atascos en la calzada de acceso.
- Uno de los medios de transporte más característicos de Ribadesella es la bicicleta. Los ciclistas proliferan durante los meses en los que la climatología es más favorable (que coinciden, a su vez, con los de mayor afluencia poblacional).
La circulación de las bicicletas por los mismos estrechos carriles por los que lo hacen los vehículos a motor supone un grave riesgo para la seguridad de los riosellanos.
25 https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-B-2022-11641.pdf [fecha de consulta: 5 de octubre de 2022].
26 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/13 0422-asturias.aspx [fecha de consulta: 5 de octubre de 2022].
27 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/ece57cef-8721-4402-aeea-50a169900eb0/DOC20220722084412Acta+de+Adjudicacion+13-07-22++O-GR.pdf?MOD=AJPERES [fecha de consulta: 5 de octubre de 2022].
28 https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/ministerio-transportes-adjudica-20220728002156-ntvo.html [fecha de consulta: 5 de octubre de 2022].
29 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-11042022-1106 [fecha de consulta: 5 de octubre de 2022].
30 https://www.elcomercio.es/asturias/ oriente/ 201407/ 27/ comarca-habitantes-20140727012437-v.html [fecha de consulta: 5 de octubre de 2022].
Quinto. Insuficiencia del proyecto de mejora.
11. El proyecto de reforma planteado por el MITMA se resume en el siguiente plano:
Corte transversal del Proyecto- Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad 31
12. Este millonario proyecto para la mejora de la estructura del puente sobre el río Sella en el P.K. 3,000 de la N-632 no ataja los verdaderos problemas que ocasionan el actual estado y morfología del puente, tal y como se expone a
continuación:
- El leve aumento del ancho de los carriles no resuelve la estrechez que los caracteriza. Así, conforme al nuevo proyecto, la calzada solo se ampliaría 85 centímetros, es decir 42,5 centímetros por carril.
- Igualmente, la nueva dimensión de las aceras no implica el levantamiento de barandillas de separación entre la calzada y las mismas. La colocación de barandillas dotaría de una mayor seguridad al tránsito de los viandantes.
- El proyecto omite la construcción de un carril-bici que garantice la integridad física de los ciclistas y una circulación más segura y ordenada por el puente y sus inmediaciones.
En definitiva, el puente de Ribadesella, pese a tratarse de una de las infraestructuras más importantes del concejo, se encuentra en un estado inadecuado que debe ser solucionado. Una vía de comunicación tan importante para una región debe
reacondicionarse y cuidarse para que la población pueda servirse de ella de una manera segura y eficiente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta las siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas en relación con el puente sobre el río Sella en el P.K. 3000 de la N-632:
1. Impulsar las actuaciones necesarias para que den comienzo de inmediato las obras de reparación y ampliación la susodicha infraestructura.
2. En paralelo a la obra de mejora, con el objetivo de evitar un mayor retraso de su ejecución, estudiar las posibles modificaciones que se puedan llevar a cabo, con el fin de mejorarla conforme a las reivindicaciones de los riosellanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Darío Vega Arias, Onofre Miralles Martín, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just y Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputados.-José
María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
31 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-11042022-1106 [fecha de consulta: 5 de octubre de 2022].
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento de la lectura en educación primaria, para su debate en la Comisión
de Educación y FP.
Exposición de motivos
Los dos principales motivos por los que tanto adultos como niños leen están relacionados, por un lado, con actividades de índole laboral o de estudio y, por otro, en las actividades y tiempo de ocio.
Sin embargo, y centrándonos en el ámbito de estudio o escolar, en el caso de los alumnos de Infantil y Primaria, el principal motivo de lectura es el relacionado con las actividades escolares. En este sentido, los planes lectores de los
centros escolares suelen mejorar el hábito lector de los alumnos. Pero a medida que los niños y niñas van creciendo, son ellos los que eligen que hacer en su tiempo de ocio. Y es en este punto donde se ve la efectividad de la labor realizada en la
obtención del hábito a la lectura, tanto desde los centros como desde el entorno familiar.
Según la opinión de los docentes, y según se recoge en distintos estudios, la primera causa de la desmotivación por la lectura se debe a la gran cantidad de alternativas de ocio disponibles -móviles y videojuegos-, seguida por la poca
implicación familiar en la lectura. En consecuencia, en la etapa de secundaria se produce un descenso importante del hábito lector.
El barómetro CICLIP sobre lectura y comprensión lectora infantil está diseñado para conocer la percepción de personas docentes sobre la situación actual en lectura y comprensión lectora de los alumnos en etapas de educación infantil y
primaria, y poder establecer herramientas y estrategias que pudieran mejorarla en un futuro.
La última edición del 2021 fue realizada con la participación de 3.282 docentes y directivos y pone de manifiesto la incidencia del COVID en la competencia lectora. En dicha edición se vislumbra un cambio en la situación que se vivió en el
2020 en los centros y en las familias, para sobrellevar y adaptarse a las nuevas formas de docencia online y semipresencial. Las conclusiones indican que tanto el número de libros leídos como el número de horas dedicadas a fomentar la lectura se
han reducido en los centros escolares, aunque para casi la totalidad de los docentes la competencia lectora se establece como una base transversal para todas las asignaturas y consideran que se debería aumentar el tiempo específico que actualmente
se le dedica en los centros escolares. La nota media que otorgan los docentes a sus alumnos en comprensión lectora es baja, un 6,08 sobre 10 (6,3 en Primaria y un 5,7 en Secundaria).
Y es que la comprensión lectora tiene una base transversal de gran importancia ya que afecta a todas las asignaturas. De hecho, más de un 50 % de los problemas de aprendizaje de los alumnos se deben a una falta de comprensión de los
enunciados o de la propia pregunta. Estudios internacionales como TIMMS, que miden los resultados en Matemáticas y Ciencias, también presentan esta dificultad en la comprensión de los enunciados como una de las claves para la mejora en el
rendimiento matemático de los alumnos.
Además, y en relación con la lectura en soporte digital, tres de cada cuatro docentes destacan su importancia teniendo en cuenta la demanda actual en nuestra vida diaria, pero siempre combinada con la lectura en papel. No se concibe la
posibilidad de que los alumnos solo lean en formato digital. Casi el 80 % de los docentes entrevistados cree que contar con herramientas digitales para apoyar todo el trabajo del proceso lector permitiría obtener mejores resultados en los alumnos.
Por otro lado, en el Barómetro de Hábitos de lectura y compra de libros publicado por el Ministerio de Cultura y Deporte en marzo del 2021, en el que, si en el 2019 el 84 % de los padres lectores afirmaban que leían en casa a sus hijos
menores de 6 años, ese porcentaje en 2020 ha sido de 10 puntos porcentuales más bajo. Si en conjunto solo un 21 % de los docentes reconoce que las familias se comprometen y realizan con sus hijos actividades que fomenten y refuercen el proceso
lector, en la etapa de Infantil este porcentaje sube hasta el 28 %.
Por eso es clave el fomento de la lectura en los centros, ya que los datos no son positivos ni en las familias, ni en el entorno escolar. Los datos del 2021 indican una evolución negativa en conjunto, ya que
aumenta en 7 puntos porcentuales el colectivo de docentes que dedican menos de dos horas por semana a fomentar la lectura con sus alumnos (65 %) en comparación con el porcentaje de 2018 (59 %). Además, son 9 de cada 10 docentes los que
expresan la necesidad de reforzar la comprensión lectora fuera del horario de las asignaturas convencionales, al considerarla transversal y clave para el rendimiento del alumnado en los centros educativos.
Por otro lado, el Estudio internacional de progreso en comprensión lectora (PIRLS), de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), evalúa la comprensión lectora de los alumnos en su cuarto curso de
escolarización obligatoria, lo que en España equivale a cuarto curso de Educación Primaria. Ese momento es clave en el desarrollo de los niños como lectores, puesto que ya han aprendido a leer y 'están ya leyendo para aprender'.
Por todas estas razones, parece evidente la necesidad de reforzar los planes de lectura de los centros con el objetivo de que el alumnado mejore su competencia lectora y tenga más oportunidades de éxito escolar en otras áreas y materias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar, en el ámbito de sus competencias, los planes de fomento de la lectura de sus centros de educación infantil y primaria.
2. Impulsar los programas existentes de fomento de la lectura del Ministerio de educación y FP y desarrollar otros nuevos dentro de los espacios: leer.es y Bibliotecas escolares, así como a poner en conexión dichos programas con el Plan de
Fomento de la Lectura 2021-2024 del Ministerio de Cultura y Deporte.
3 Potenciar y ampliar los proyectos de la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Escolares, del que forman parte las CCAA, para ayudar al alumnado a convertirse en lectores competentes, capaces de buscar, analizar y procesar de
manera crítica la gran cantidad de información que reciben, en los diferentes tipos de soportes, para elaborar sus propios mensajes y desenvolverse con éxito en la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento.
4. Promover, junto con las CCAA, en el marco de los programas existentes la formación de los docentes en fomento de la lectura, metodologías adaptativas e investigación para mejorar el rendimiento actual de los alumnos y alumnas de
primaria, y escuelas de padres y madres sobre lectura y rendimiento lector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2022.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación al colectivo de los mostradores u observadores del mar para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
En la Consellaría do Mar existe un colectivo de trabajadores denominado 'Mostradores do Mar' cuyos trabajadores y trabajadoras dependen directamente de la Dirección General de Desarrollo
Pesquero, nombradamente de la Subdirección de Investigación y Apoyo Científico-Técnico. Desarrollan sus funciones a bordo de barcos dedicados a la pesca de distintas artes y llevan a cabo una serie de tareas de medición, registro y control
de parámetros variados durante el embarque, como el tiempo de travesía, posicionamiento GPS de los aparatos, hora de embarque, hora de calado y girado, condiciones metereológicas, características de la embarcación, registro de las capturas y
medición y pesada de las mismas, discriminación entre pesca retenida y descartada, dimensiones de los aparatos, etc.
Los mostradores u observadores embarcan, según las indicaciones de la Consellaría do Mar, en cualquier punto de la costa gallega para desarrollar sus cometidos y, por lo tanto, tienen que tener disponibilidad absoluta ya que dependen del
puerto de salida y del horario, que a veces les obliga a pernoctar fuera de su domicilio y a destinar dos o más horas de conducción hasta el destino ordenado.
Los embarques son en buques de pesca profesional, de tipología variada y de propiedad privada. Su jornada depende del tipo de barco en el que naveguen y de la pesca a la que se dedique, entre 3 y 16 horas, pudiendo realizarse de día o de
noche y sin importar si las condiciones meteorológicas sean mejores o peores.
En definitiva, las condiciones de trabajo y horarios de las y los mostradores de la Consellaría do Mar son los mismos que los de las personad dedicadas a la pesca en los barcos en los que embarcan para desarrollar sus funciones.
No obstante, a pesar de las duras condiciones en las que tienen que desarrollar sus tareas, se les aplica un régimen de protección social distinto al del resto de personas trabajadoras del sector y, aun perteneciendo al Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, no se les aplica la edad de jubilación establecida en el RD 2390/2004, sobre la reducción de la edad mínima para causar pensión de jubilación en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
Esta discriminación no es justificable ni entendible, máxime cuando la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, en su artículo 3.b), recoge a los
observadores de pesca como personas comprendidas en el régimen del Mar y en su artículo 10 los clasifica en el primer grupo a efectos de cotización. Pero es precisamente este grupo el que queda excluido, por medio de su artículo 11, de la
aplicación de los coeficientes correctores de la cotización.
Por otra parte, el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, recoge que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada en aquellos grupos o
actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Resulta claro que, en el caso que nos ocupa, la penosidad y la peligrosidad es evidente y directamente proporcional a la que se le
reconoce a los tripulantes de los buques pesqueros, a los que los mostradores acompañan en todo momento durante el itinerario de su travesía.
Se brinda ahora una oportunidad perfecta para corregir este agravio, a través de la tramitación del Proyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, en el que ya se realizan algunas correcciones, y respecto al cual el BNG ha
registrado enmiendas, para que se amplíe esa previsión incorporando también a los Mostradores u Observadores do mar como colectivo con derecho a la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a realizar las acciones necesarias que permitan establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación al colectivo de mostradores u observadores do mar que dependen de la
Consellaría do Mar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/004531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes
contra el desempleo de larga duración y la exclusión social para su debate en instancia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El trabajo es uno de los grandes pilares para la plena autonomía de casi cualquier persona. Para todas aquellas personas que no han nacido con el privilegio de tener garantizadas sus necesidades materiales por la acumulación de capital
familiar, históricamente, tener o no tener trabajo ha marcado la diferencia entre poder acceder o no a una vida en sociedad. Para estas personas, que han constituido y constituyen una amplia mayoría de la sociedad, la posibilidad efectiva de vender
la fuerza de trabajo a cambio de un salario ha venido suponiendo la única forma legal de cubrir sus necesidades básicas. Así, el trabajo se revela como un derecho constitutivo de tantos otros, siendo condición necesaria para el acceso al derecho a
la salud, a la intimidad personal o a la seguridad, entre otros. Por desgracia, en la actualidad, debido a la devaluación de salarios reales, el trabajo no garantiza un nivel de vida digno, pero continúa configurándose como totalmente necesario
para el sostenimiento del coste de la vida de las clases populares.
Debido a ese papel absolutamente nuclear del trabajo y de la amenaza para la calidad de vida de las personas que supone el desempleo cronificado para los trabajadores de cualquier sociedad capitalista, hace años que se estudia el fenómeno de
los 'parados de larga duración'. Este indicador, que hace referencia a las personas en situación de desempleo durante 12 meses consecutivos, estuvo incluido en los Indicadores Estructurales de la Unión Europea para la evaluación de la Estrategia de
Lisboa (año 2000) en el apartado de cohesión social y actualmente forma parte de los Indicadores de Desarrollo Sostenible que publica Eurostat en el Objetivo 8: Trabajo digno y crecimiento económico.
El desempleo de larga duración es una amenaza para la cohesión y la desigualdad a nivel internacional. En este sentido, se aprecia como según los últimos datos oficiales disponibles (2021), la tasa de paro de larga duración en la Unión
Europea alcanzaba el 2,6 % de los hombres y el 2,9 % de las mujeres. Sin embargo, en el Estado español, este indicador de emergencia social y desigualdad resulta alarmantemente superior, llegando al 5 % de los hombres y el 7,4 % de las mujeres. Se
puede apreciar como, además de multiplicarse el número de personas afectadas hasta más del doble, se acrecienta la feminización de dicha problemática: el desempleo femenino de larga duración en el Estado español roza al 250 % del de la Unión
Europea y el 150 % del de los hombres del mismo estado. Resulta gráfico dar traslado de las cifras de paro de larga duración sobre el conjunto personas en situación de desempleo, resultando así que 44,4 % de las mujeres y el 38,5 % de los hombres
en paro en el Estado español, eran desempleados de larga duración en 2021.
En base a los datos del paro del mes de julio del 2022, las asociaciones y entidades de personas afectadas contabilizan la existencia de más de 1,4 millones de personas desempleadas de larga duración en el conjunto del estado. Aún más grave
resulta el cálculo de personas con 4 años en búsqueda de empleo, que asciende a 400.000. Sin embargo, la problemática no se limita a una cuestión cuantitativa, sino que muestra un drama social de difícil comparación: más del 60 % de las personas
en situación de desempleo de larga duración se encuentran en riesgo de pobreza severa.
Sabiendo de esta realidad, el Grupo Parlamentario proponente ha planteado en varias instancias dirigidas al ministerio de Trabajo y Economía Social la necesidad de vincular los fondos provenientes del instrumento excepcional de recuperación
temporal Next Generation EU de gestión estatal a iniciativas contra la cronificación del desempleo y el paro de larga duración. Este planteamiento sería totalmente compatible y complementaria con el Proyecto de Ley de Empleo que se encuentra en
trámite parlamentario en el momento de registro de la presente iniciativa de impulso.
Resulta urgente que el estado asuma la responsabilidad de dar respuesta política a toda una serie de colectivos que alcanzan los centenares de miles de personas que están, hoy por hoy, sin capacidad de acceso al mercado de trabajo o en una
situación de muy difícil empleabilidad. Esta realidad condena a
miles de personas a una situación de extrema vulnerabilidad tanto en el presente como en el futuro y a un riesgo desmesurado de caer en situación de exclusión social.
En definitiva, esta iniciativa insta al gobierno a la lucha contra la desigualdad exigiendo el cumplimiento de lo que incluso su propia Constitución establece: el derecho al trabajo, a la igualdad de trato y a la no discriminación. El
referido precepto, estipula:
'Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia,
sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.'
Asimismo, resulta especialmente pertinente, en conexión con el artículo citado, hacer referencia al derecho a la no discriminación. El mismo se encuentra consagrado en el Convenio de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación) de
1958 y ratificado por el Estado español en 1967, en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo E de la Carta Social Europea y el artículo 14 del texto constitucional español. Ello por cuanto, el
paro de larga duración además de alcanzar cifras alarmantes en todos los sectores de la sociedad se ve multiplicada por razón de sexo y de edad. De esta forma, cabe destacar que en 2021, el 57,1 % de las mujeres que se encontraban en situación de
desempleo en el Estado español, tenían ya la consideración de paradas de larga duración.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Incrementar la presencia de cláusulas sociales puntuables para al acceso de personas físicas o jurídicas a líneas de préstamo o ayudas directas gestionadas y propias de la Administración General del Estado provenientes del instrumento
excepcional de recuperación temporal Next Generation EU ofreciendo prioridad a que hubieran empleado mediante contrato indefinido a tiempo completo en los 24 meses anteriores a la petición a personas desempleadas de larga duración, provenientes de
hogares sin ningún trabajador en activo o en situación de pobreza severa.
2. Creación de un fondo extraordinario con dotación económica suficiente de traspaso a las comunidades autónomas con competencia en el ámbito del trabajo y las relaciones laborales para poder desarrollar las acciones oportunas para combatir
el desempleo de larga duración, el desempleo en hogares sin ninguno de sus miembros en situación de prestación efectiva de servicios y el desempleo en personas en riesgo o situación de pobreza severa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2022.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para exigir al Gobierno la concreción
y materialización de la hoja de ruta para el desarrollo y la implantación de las energías marinas en nuestro país para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
El pasado 14 de diciembre de 2021 el Gobierno aprobaba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de las energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento energético (PERTE ERHA), entre lo que se incluye
a la energía del mar. Una planificación necesaria para el adecuado aprovechamiento de los recursos Next Generation UE pero que llegaba tarde, -un año
después de la aprobación que regula los PERTES, el RDL 36/2020, de 30 de diciembre-, y que tiene un alto grado de incertidumbre. Nunca ha sido prioritaria para este Gobierno.
La Vicepresidenta primera anunciaba que se movilizarían 16.370 millones de euros, mediante convocatorias de concurrencia competitiva para seleccionar los mejores proyectos, teniendo en cuenta la participación de Pymes, el impacto sobre la
cohesión territorial, la transición justa, la creación de empleo y la innovación.
Un PERTE ERHA que contempla una inversión de recursos públicos obtenidos en su mayor parte de las ayudas europeas de hasta 6.920 M y de los que solamente se han resuelto a día de hoy 143,5 M, un 2,07 % de la totalidad de la inversión
pública prevista.
Por su parte, el PERTE NAVAL, aprobado el pasado 15 de marzo de 2022, clave para mejorar la cadena de valor de la industria naval para su diversificación hacia actividades orientadas a la energía eólica marina y dotado con 310 millones de
euros, aún no ha resuelto ninguna convocatoria, año y medio después de la aprobación del mecanismo de los PERTES.
La Estrategia Industrial Europea identifica el hidrógeno, el almacenamiento energético y las energías renovables como ámbito clave para reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea. Y España es estratégica para avanzar en una
transición energética diseñada y hecha en España y aumentar las oportunidades económicas de nuestra industria.
El 'Libro Blanco Energía para el futuro: fuentes de energía renovables' de 2001 nos colocaba como el país con mayor capacidad eólica de generación eléctrica del mundo, ascendiendo a 165.000 MW2 nuestro potencial eólico marino. Sin embargo,
la realidad es bien distinta; Reino Unido, Alemania y Dinamarca lideran el mercado offshore, como ejemplo los 7GW, con una inversión de 22.000 M de los ingleses.
España tiene una importante potencia global de energías renovables ya que contamos con unos 8.000 km de costa y una enorme abundancia de viento y sol, así como por la capacidad para fabricar el 90 % de los equipos eólicos y el 60 % de los
equipos fotovoltaicos. Ahora bien, pese a nuestras altas capacidades de desarrollo tecnológico y de innovación, es necesario que nuestro país desarrolle, de manera urgente, el marco normativo necesario para dar seguridad a los futuros inversores en
energía marina, así como para potenciar nuestras capacidades industriales.
El primer Plan de Fomento de las energías renovables se aprobó en el año 1999, durante el primer mandato del Gobierno del PP, con vigencia prevista hasta 2010 y permitió el desarrollo de la energía eólica y el nacimiento y desarrollo de una
industria nacional de las energías renovables, que continuó después el 'Plan de energías renovables en España 2005-2010', de 8 de agosto de 2005, con un conjunto de medidas en el que se otorgaba un importante papel al desarrollo de la energía
eólica, principalmente por la demanda de aerogeneradores para los parques eólicos de la UE como Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Holanda y Alemania.
El Plan de energías renovables 2011-2020, aprobado por el Consejo de Ministros del 11 de noviembre de 2011, establecía que las fuentes renovables deben representar, al menos, un 20 % del consumo de energía final en el año 2020.
Y a pesar de que la apuesta por la energía eólica marina favorece el desarrollo económico, el cumplimiento con Europa en lo relativo a la reducción de emisiones de CO2, la independencia energética, la seguridad del abastecimiento, el fomento
del empleo, ... nuestro país llega tarde en el desarrollo legislativo y en el estudio de los impactos negativos que habrá que mitigar por el funcionamiento de los parques en los recursos pesqueros, la seguridad del tráfico marítimo o para el
turismo costero.
La 'Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar en España', aprobada también en diciembre de 2021, establece una serie de actuaciones estratégicas relativas:
1. Colocar a España como polo de referencia europeo tecnológico y de innovación ambiental relacionado con las energías renovables en el medio marino;
2. Constituir a España en referente internacional en capacidades industriales y en la cadena de valor del sector;
3. Hacer compatible el desarrollo de las renovables marinas con la sostenibilidad ambiental y social;
4. Establecer un marco estatal adecuado para el despliegue ordenado de las renovables marinas.
Es ese punto 4, el que exige concreción urgente en lo legislativo y en lo reglamentario. El Grupo Parlamentario Popular es consciente de la complejidad que entraña el tratamiento jurídico de las instalaciones asociadas a la energía marina y
que radica, parcialmente, en la propia naturaleza jurídica
del mar que en una parte importante es zona de dominio público, pero también en la autorización y control de las instalaciones eólicas en el mar por las distintas Administraciones Públicas involucradas en este proceso.
El Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, regula el proceso de tramitación administrativa y desarrollo de parques de generación eléctrica en el mar territorial es un decreto obsoleto y que hace referencias al Real Decreto 661/2007, régimen
retributivo derogado y actualmente en suspenso por la moratoria del Real Decreto Ley 12/2021.
La Ordenación del Espacio Marino (OEM) se hace más necesario que nunca y, para ello es necesario aprobar los Planes de Ordenación del Espacio Marino (POEM).
Y dicha ordenación debe ir acompañada de un diseño de subastas offshore específico, ya que las subastas onshore, reguladas por el RD 960/2020, tienen otras especificidades, que debe contemplar el régimen retributivo (CfD), zona de operación
y acceso a la red.
El tiempo se agota y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no avanza con la celeridad que precisa la situación de nuestro país, aumentando la incertidumbre y, en consecuencia, el futuro de todo un sector.
Es más necesario que nunca trabajar en las modificaciones legislativas que requiere el sector al objeto de alcanzar los 3 GW que contempla la hoja de ruta aprobada en diciembre de 2021 pero, lo que es lo más importante, es necesario un
calendario que aporte certidumbre a la inversión.
Este marco normativo es fundamental para Comunidades Autónomas como País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía o Canarias que se han posicionado a favor de la inversión en nuestro país pero que quieren que se garantice el diálogo y
el consenso con sectores afectados como el pesquero.
Este marco normativo es trascendental y una oportunidad de futuro para una industria naval reenfocada a la eólica marina como Navantia, Pymar, CME ...
El desarrollo de la eólica offshore en España puede ser una solución de industrialización de zonas afectadas por la transición justa y por el cierre de industrias como Asturias o Galicia, o para puertos de interés general cuya supervivencia
depende de oportunidades de futuro como es el caso de Cádiz, Langosteira o Granadilla, o también para puertos que pueden expandir sus oportunidades de futuro como Bilbao, Santander, Avilés o Las Palmas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Realizar las modificaciones legislativas necesarias para aportar certidumbre a la inversión en energías marinas en nuestro país, tanto en lo relativo a la regulación administrativa como en lo relativo a la Ordenación del Espacio Marino
(OEM) y los correspondientes Planes de Ordenación del Espacio Marino (POEM), garantizando la compatibilidad con el sector pesquero.
2. Consensuar los recursos personales y materiales que sean precisos para desarrollar el PERTE ERHA aprobado el pasado diciembre de 2021 y en el que se incluyen inversiones en I+D y en desarrollos experimentales a fin de que las ayudas
públicas lleguen a las empresas con urgencia.
3. Consensuar los recursos personales y materiales que sean precisos para desarrollar el PERTE NAVAL, aprobado el pasado 15 de marzo de 2022, clave para mejorar la cadena de valor de la industria naval para su diversificación hacia
actividades orientadas a la energía eólica marina a fin de que las ayudas públicas lleguen a las empresas con urgencia.
4. Dialogar y consensuar con el sector pesquero las zonas reservadas en el POEM para las energías del mar, prestando especial atención al impacto en el ecosistema pesquero como consecuencia de la instalación de estas infraestructuras y las
experiencias de otros países.
5. Dialogar y consensuar con el sector turístico las zonas reservadas en el POEM para las energías del mar, prestando especial atención a las posibles consecuencias que pueden tener en el sector y las experiencias en otros países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2022.-Elena Castillo López, Tristana María Moraleja Gómez, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego Requena Ruiz y Diego Gago Bugarín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción y puesta en
valor del turismo cinematográfico como segmento de generación de oportunidades, riqueza y empleo para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La creación primero durante el gobierno del Partido Popular y las mejoras y ampliación del incentivo fiscal a los rodajes en España, aprobado por el Ministerio de Hacienda y en vigor desde enero de 2015 a iniciativa e instancia de la Spain
Film Commission, marcó un antes y un después y supuso un importante aliciente para lograr un incremento efectivo de la competitividad de España como destino de rodajes nacionales e internacionales.
Es un hecho innegable que el cine y el sector audiovisual en general, ficción televisiva, documentales e incluso videojuegos y el turismo son actividades que se han encontrado ligadas desde hace mucho tiempo.
Desde el punto de vista del cine, son incontables las ocasiones en las que las imágenes cinematográficas han sido empleadas con finalidades turísticas. Desde el punto de vista del cine, son innumerables también las ocasiones en las que las
imágenes cinematográficas han sido empleadas con finalidades turísticas.
Desde la otra perspectiva, el interés de viajar del turista surge, en muchas ocasiones, de la voluntad de conocer nuevos destinos debido a las imágenes que le llegan de diferentes lugares, siendo una de las fuentes la industria
cinematográfica.
Y es que el cine ha sido el medio de transporte para muchos 'turistas' que han 'viajado' a diferentes lugares a través de la pantalla. El cine hoy en día permite acercar al espectador a nuevos lugares, descubrir los lugares más recónditos,
e inducirle quizás a esas ganas por conocerlos aún más in situ.
La industria audiovisual española la componen todos aquellos técnicos, actores y empresas de servicios que hacen posible que en nuestro país se produzcan películas y series, sea cual sea su nacionalidad a efectos administrativos.
Son muchos los proyectos extranjeros que se sienten atraídos por nuestro país. Mediante estructuras técnicas muy competentes, variadas localizaciones y decorados naturales, el clima, infraestructuras de comunicación u hoteleras y
turísticas, calidad de vida, y unos costes de entre un 20-30 % inferiores a los de otros países de la Unión Europea, hacen que nuestro país sea considerado un destino muy atractivo para los rodajes.
Según diversas estimaciones (porque España carece de un instrumento estadístico para analizarlo), se considera que el 30 % de los turistas visitan un lugar por haberlo visto a través del cine o de la televisión.
El turismo cinematográfico, también conocido como Screen Tourism, moviliza a más de 60 millones de turistas internacionales cada año en el mundo. Una película actúa sobre el espectador como un folleto virtual, con tres ventajas sobre la
publicidad turística convencional: es más prolongada en el tiempo, llega a más gente y crea vínculos emocionales al integrar los paisajes en historias y personajes que atraen al espectador más intensamente.
El turismo inducido por el cine está considerado como un vector del denominado turismo de motivaciones, que busca algo más que el sol y la playa y los destinos convencionales.
Desde el momento en el que una compañía productora decide rodar en un lugar determinado, empiezan a desplegarse efectos económicos positivos. La reserva de hoteles, la contratación de servicios, de profesionales, de figuración, los gastos
de consumo, etc., generan importantes beneficios económicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Promover la elaboración de un Plan Estratégico Nacional de Turismo Cinematográfico en España como destino idóneo para la producción de películas, series o publicidad, en colaboración con el resto de
instituciones públicas y empresas españolas, tanto del sector turístico como audiovisual, con la participación de la Spain Film Commission y la Organización Mundial del Turismo (OMT).
2. Mejorar las condiciones de incentivos fiscales para el rodaje de producciones audiovisuales internacionales.
3. Impulsar un Plan de Apoyo para la renovación tecnológica de las instalaciones y un Plan de Promoción Internacional de los estudios de Ciudad de la Luz en Alicante tras retomar su actividad después de varios años y situarlo entre los
mejores platós del mundo.
4. Mejorar las acciones de aprovechamiento turístico de las obras audiovisuales basadas en lograr que el espectador conozca los sitios reales que aparecen en las historias de ficción y que desarrolla actualmente la Spain Film Commission en
el marco del Hub Audiovisual Español.
5. Impulsar campañas internaciones de promoción de España como plató de cine, en las que se ponga en valor los servicios, los profesionales y las ventajas que supone elegir nuestro país para rodar.
6. Dotar de eficacia al proyecto del Hub Audiovisual de creación de una ventanilla única de rodajes, mediante una estrategia compartida con las autoridades nacionales, autonómicas y locales competentes y titulares de los espacios de rodajes
públicos en sus respectivos territorios, así como encomendar a la Spain Film Commission dicha tarea de coordinación para la simplificación de los trámites administrativos, acortando los plazos de respuesta y la creación de criterios uniformes.
7. Replantear el Bureau del Hub Audiovisual actualmente gestionado por el ICEX a través de una empresa privada, instando a que dicho Bureau sea coordinado por la Spain Film Commission en lo que a los rodajes se refiere.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2022.-Agustín Almodóbar Barceló e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para mitigar la situación
energética en la industria española, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La industria española está formada por sectores estratégicos, altamente productivos y con elevada capacidad de generar valor añadido, que ha desarrollado un tejido empresarial con clara visión exportadora y en permanente innovación
destinando importantes recursos a la inversión en I+D-i y tecnologías avanzadas. Es sin duda, un pilar sólido en torno al que sustentar un modelo económico que cohesiona territorialmente el país, generando riqueza y empleo de calidad, estable y
cualificado allí donde se desarrolla la cadena de valor industrial.
Mejorar las condiciones de la competitividad de nuestra industria es esencial para que las empresas puedan crecer de manera sostenible en el tiempo. Tras la pandemia de la COVID-19, la rápida reactivación de la economía provocó la aparición
de cuellos de botella en las cadenas de suministro, problemas logísticos y la falta de semiconductores, constatando la importancia de la industria española y su valor como uno de los activos más sólidos para mantener la actividad económica y
visualizando la necesidad de fomentar el desarrollo de la industria por su capacidad de arrastre sobre otros sectores, como el sector servicios.
La industria productiva española genera el 13 % del PIB y el 12 % del empleo de forma directa. De manera indirecta e inducida alcanzan, respectivamente, el 43 % de la riqueza y el 30 % del empleo. La industria es generadora de puestos de
trabajo de alta calidad en términos de salario, estabilidad y formación. Su impacto positivo se extiende a la sostenibilidad de las cuentas públicas a través de las cotizaciones, ingresos por IRPF, IVA, impuestos especiales y otras figuras
tributarias. Su contribución a las finanzas del estado es superior a la aportación de otros sectores de la economía española.
El 96,9 % del tejido empresarial industrial está conformado por pequeñas y medianas empresas. Estas empresas están sufriendo una fuerte presión en su estructura de costes y por extensión, la reducción de márgenes y rentabilidad. A nivel
agregado, las ventas de las pequeñas y medianas empresas en España han ralentizado su crecimiento hasta el 14,5 % en el segundo trimestre de 2022, mientras que los costes totales aumentan a mayor ritmo, con un 24,4 % interanual.
La vocación de internacionalización de la industria española hace que sea la responsable del 92 % de las exportaciones de mercancías. Esta necesidad de continua adaptación a los mercados internacionales y búsqueda de la competitividad
provoca que más del 50 % de la inversión privada en investigación, innovación y desarrollo tecnológico se deba al sector industrial. La digitalización y la búsqueda de alternativas para garantizar la sostenibilidad, son características
intrínsecamente ligadas al sector industrial.
Ante la elevada incertidumbre que la invasión rusa de Ucrania está generando sobre unos costes energéticos que vienen registrando una importante escalada desde el año 2021, es necesario adoptar medidas que permitan a la industria afrontar la
crítica situación que están padeciendo. Estas medidas, deben ser de carácter urgente, eficaces y de amplitud equiparable a la magnitud del desafío al que se enfrentan las empresas del sector, con riesgo de deslocalizaciones o de cierre de plantas
productivas.
Es esencial potenciar y facilitar la firma de contratos bilaterales con generadores renovables a precios competitivos, esencialmente mediante subastas dirigidas específicamente a los consumidores industriales, con independencia de que sean
consumidores directos.
En un momento de extrema necesidad como el actual, es imprescindible disponer de herramientas de mercado que permitan identificar con rapidez aquellas industrias que, de forma plenamente voluntaria, estarán dispuestas a contribuir a
solventar la situación de carestía cesando temporalmente en su demanda energética.
En este sentido, el RDL 17/2022 introduce un nuevo servicio de balance en el sistema eléctrico, 'de respuesta activa de la demanda', que busca poner a disposición del operador del sistema energía dispuesta a cesar en su demanda
transitoriamente, facilitando así el balance del sistema en los momentos muy próximos a tiempo real en los que la generación eléctrica disponible sea insuficiente.
Esta herramienta de mercado intenta dar sucesión al antiguo servicio de interrumpibilidad, contemplando sin embargo la prestación solamente por parte de comercializadores y consumidores directos en mercado que resulten asignados, tras
participar en la correspondiente subasta anual. El servicio incurre en un grave error al imposibilitar el acceso de consumidores industriales salvo que se califiquen como consumidores directos, proceso largo y complejo, o pacten con su
comercializadora una representación, con el lógico desincentivo a compartir información sensible dada la relación comercial existente entre ambas partes. Esto puede lastrar el éxito del nuevo servicio, al disuadir a los consumidores de ofertar su
demanda, auténtico objetivo buscado.
Por todo ello se debe, bien reactivar el antiguo servicio de interrumpibilidad, bien adaptar oportunamente el servicio de respuesta activa de la demanda, posibilitando la participación directa de los consumidores industriales, estén o no
calificados como consumidores directos y teniendo en cuenta las características productivas de los sectores industriales manufactureros.
Por otra parte, con respecto al RDL 10/2022 y la redacción actual de su artículo 8.6, aquellos consumidores finales con instrumentos de cobertura que no cumplan el detalle exigido en dicho artículo, se ven gravemente perjudicados al
repercutírseles los costes de financiación del mecanismo de ajuste por parte de las empresas comercializadoras.
Con ello, se contraviene el espíritu y la finalidad del propio RDL 10/2022 y de la autorización emitida por la Comisión Europea, que debería ser el de beneficiar a los consumidores finales con una reducción del precio de la energía en el
mercado mayorista. Se impone la necesidad de adoptar las medidas oportunas para garantizar que todos los contratos suscritos por consumidores antes del 26/04/22 que dispongan de energía contratada a plazo con precios fijos, estén exentos del coste
del mecanismo de ajuste, ya que se está penalizando de forma muy importante e injustificada a consumidores industriales que intentaron cubrir sus costes eléctricos.
Por último, de acuerdo con la actual redacción del RD 1955/00, solamente es posible contar con un suministrador físico de electricidad por punto de suministro (CUPS). Esta cuestión, aparte de suponer una importante traba para el incremento
de competencia en el sector eléctrico, dificulta el cumplimiento de la obligación introducida por el art. 12 del RD 1106/20, de electrointensivos, el cual requiere a los beneficiarios
de las ayudas acreditar la contratación de, al menos, un 10 % de su consumo de electricidad mediante instrumentos a plazo de electricidad de origen renovable con una duración de al menos 5 años.
Es por ello preciso, a semejanza del sector gasista, proceder a las modificaciones oportunas que posibiliten que cada punto de suministro pueda contar con más de un suministrador físico de electricidad.
Por todo lo expuesto, a fin de aliviar la grave situación energética que atraviesa la industria española, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar las subastas de renovables para los consumidores industriales y promover los contratos bilaterales.
2. Activar las subastas de tecnologías inframarginales previstas en el artículo 3° del RDL 17/21, de medidas urgentes, adaptando su regulación de forma que se asegure en todo caso la posibilidad de participación directa en ellas por parte
de todos los consumidores industriales interesados.
3. Reactivar urgentemente los mecanismos de interrumpibilidad, voluntarios y retribuidos, tanto para el gas como para la electricidad, adaptando en este caso el servicio de balance de respuesta activa de la demanda.
4. Clarifique la interpretación del RDL 10/2022 a fin de despejar cualquier duda sobre la exención del pago de la compensación del mecanismo de ajuste para aquellas coberturas a plazo que fueron suscritas con anterioridad al 26 de abril de
2022.
5. Habilitar la posibilidad de disponer varias comercializadoras eléctricas por punto de suministro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2022.-Guillermo Mariscal Anaya, Tristana María Moraleja Gómez y Alberto Herrero Bono, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa a la actualización de los protocolos antincendios al cambio climático y la integración de prácticas agroganaderas contra incendios.
Exposición de motivos
Es una evidencia científica que los procesos meteorológicos desencadenados por el cambio climático se están agudizando de manera drástica e incuestionable.
El aumento de las temperaturas atmosféricas y las del mar, el deshielo generalizado o la paulatina subida del nivel del mar alrededor del mundo nos revelan con toda su crudeza las alteraciones que está sufriendo nuestro clima global.
También se ha producido un claro aumento de la frecuencia e intensidad de diversos fenómenos climáticos extremos y vinculados al calentamiento global, como olas de calor, sequías y precipitaciones intensas que se vienen agravando en
virulencia desde la década de los años setenta del siglo pasado.
El cambio climático trae asociado un incremento del peligro meteorológico, así como de las situaciones atmosféricas extremas. Estos cambios relacionados con el clima, sumados a la situación de nuestros territorios rurales, ya sea por los
procesos de despoblación o las variables socioeconómicas concretas, contribuyen a aumentar la peligrosidad y los daños para el territorio y sus poblaciones.
En el caso concreto de España, que es una de las regiones europeas con mayores impactos potenciales por incrementos del estrés térmico y por la escasez de agua, los procesos climáticos descritos han ocasionado ya un impacto calculado en
25.000 millones de euros, en valor actualizado, de los cuales cerca de la mitad están vinculados a sequías.
La ola de calor extraordinario que ha atravesado España desde la primavera pasada ha dejado un rastro de más de 250.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego en 2022 en el país. Las temperaturas extremas, desencadenadas y multiplicadas
por el cambio climático, crean las condiciones ideales para proyectar, alimentar y extender los incendios forestales.
Los planes de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales tienen como finalidad general la de hacer frente de forma ágil y coordinada a las distintas situaciones de emergencia originadas por los incendios forestales que, de
forma directa o indirecta, afecten a la población y a las masas forestales.
Los protocolos de actuación ante los incendios forestales deben actualizarse a las nuevas realidades extremas derivadas del cambio climático y a los nuevos ciclos anuales. Es claro el ejemplo del incendio de la Sierra de la Culebra en
Castilla y León, comunidad autónoma cuyo protocolo lleva sin actualizarse desde 1999 y presenta un texto obsoleto sin ninguna mención de la crisis climática ni de los efectos ni comportamientos negativos para la generación y propagación de los
incendios forestales. Un dramático caso de apatía institucional con consecuencias devastadoras hacia el medio ambiente, las poblaciones locales y el futuro de los territorios.
Es necesario redefinir las etapas de 'riesgo alto', lo que implica el despliegue del 100 % de los efectivos y medios disponibles y aumentar estos medios, tanto con más profesionales, como con medios técnicos y ecológicos, en consecuencia con
las nuevas situaciones medioambientales y los marcos temporales que marca la realidad climática.
De igual modo, se hace imprescindible incorporar una escala y una visión holística e interdisciplinar en la lucha contra los incendios de esta etapa climática, incorporando las prácticas agroganaderas antincendios en el conjunto del ciclo
anual de trabajos de preservación y custodia del territorio.
Es fundamental la mejora de las condiciones de trabajo y la estabilidad de las plantillas de las brigadas antincendios en toda España, quienes se juegan la vida en el frente de lucha contra el fuego deben merecen nuestra protección máxima en
cuanto a sus condiciones de trabajo y vida.
En la prevención de incendios es fundamental un territorio vivo, el mantenimiento de los caminos para tareas agrícolas, los depósitos de agua construidos y mantenidos por los agricultores, el cuidado de las parcelas agrícolas y ganaderas, la
planificación de espacios de discontinuidad del combustible, la plantación de especies de baja inflamabilidad y que inhiben el crecimiento de otras especies o de especies con un elevado contenido de humedad que retrasan el avance del fuego -los
llamados 'cortafuegos verdes'-; y también se trata de tareas a desarrollar en los protocolos antincendios en colaboración con agricultores y ganaderos en nuestros territorios. Cabe referirnos con especial atención a la relevancia de salvaguardar,
extender y desarrollar las potencialidades de la ganadería extensiva; sobre todo los rebaños de cabras y ovejas, que desarrollan un papel fundamental para el control del exceso de biomasa, el desbroce de caminos y vías pecuarias y el mantenimiento
las áreas de cortafuegos.
Las cabras adultas se alimentan con entre 1,5 y 2,5 kilogramos diarios de hierba seca (entre 350 y 1500 gramos de hojas y brotes de matorrales), mientras que las ovejas adultas en pastoreo pueden consumir de 2 a 3 kg de materia seca diaria
(matorral y especies leñosas). Además, debemos de poner en valor que la presencia del ganado extensivo en el monte tiene multitud de beneficios ambientales asociados, favorece la biodiversidad, contribuye a la dispersión de semillas, mejora la
estructura del suelo y reduce la erosión, así como la desertización. Todo ello, sin olvidar su contribución a un desarrollo rural sostenible y a la fijación de población en el medio rural.
El pastoreo de ovejas y cabras es una de las mejores formas de prevenir incendios, y es la más sostenible. Gobierno y comunidades autónomas no pueden reducir la gestión de incendios a una estrategias reactivas, circunscrita a los meses de
verano y a extinguir los incendios que ya se están produciendo. Es necesario virar hacia un sistema preventivo que abarque todo el ciclo anual, implicando a todos los segmentos de la sociedad rural. Y, para ello necesitamos un apoyo estratégico a
la ganadería extensiva y al pastoreo. Como recientemente ha expresado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 'las denominadas ovejas-bomberas son un cuerpo de élite rural con 15 millones de efectivos'.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Liderar de manera urgente la actualización de los protocolos antincendios en el conjunto de los territorios del Estado, sin menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas y sobre los criterios recogidos en el Real Decreto-ley
15/2022, incluyendo como eje primordial las medidas paliativas y mitigadoras sobre las consecuencias del cambio climático y los nuevos ciclos medioambientales derivados de este.
2. Acelerar los trabajos para la consecución y la aprobación, en el menor plazo posible, del Estatuto del Bombero Forestal.
3. Salvaguardar, fomentar y fortalecer la ganadería en extensivo, así como su papel en la gestión medioambiental y los manejos de custodia del territorio, especialmente en lo que respecta a los beneficios que aportan los rebaños ovinos y
caprinos en la prevención de los incendios, a través del 'eco régimen' específico para el sector ganadero en extensivo integrado en el Plan Estratégico español de la nueva Política Agraria Común.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2022.-Isabel Franco Carmona y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común.
161/004547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las medidas para evitar la inclusión de la tintorera en el Apéndice II de CITES para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La próxima reunión de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), tendrá lugar en el mes de noviembre en Panamá, país que, precisamente, lidera la inclusión de la tintorera dentro
del listado de especies del Apéndice II de CITES.
La propuesta se fundamenta en restringir la comercialización de la tintorera porque 'existe un parecido visual con otras especies de tiburones que están protegidas', sin tener en cuenta que la captura de la tintorera está hoy ya regulada
para proteger su explotación sostenible.
La UE, que está obligada por la propia PPC a tomar decisiones apoyadas en informes científicos, en evaluaciones del impacto socioeconómico y consultando a las partes interesadas, ya se manifestó favorable a la propuesta de Panamá a través
del Consejo y, más recientemente, de la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, a pesar de ser un país apercibido dos veces por la propia UE por prácticas de pesca ilegal.
Aunque la posición del Estado español fue contraria, también es cierto que fue quien propuso en el año 2020 límites precautorios de capturas (TAC) en el Atlántico pese a que los stocks, según los informes y evaluaciones científicas
realizadas, no indicaban sobrepesca. Muy al contrario, aun hoy indican que la tintorera es una especie muy abundante tanto en el Atlántico, como en el Índico, como en el Pacífico.
Y así lo corroboró, en el mes de julio, el panel de expertos del Comité de Pesca de la FAO para la evaluación de las propuestas de enmiendas de los Apéndices I e II de CITES sobre especies acuáticas explotadas comercialmente que, en su
informe preliminar, concluyó que la especie 'ya está sujeta a múltiples medidas de gestión en diferentes OROP' y que la posible inclusión de la tintorera 'puede producir un impacto socioeconómico global que debería, cuando menos, ser considerado en
la propuesta'.
Solo el impacto que tendría para los intereses pesqueros de Galiza, que representa el 90 % de la producción europea, así como los espadeiros galegos, para los que la tintorera supone entre el 60 y el 70 % del volumen de capturas, sería
demoledor.
El Apéndice II de CITES no incluye las especies en peligro de extinción, si no las que se considera que su comercio debe ser controlado para garantizar su supervivencia, lo que, en la práctica, provoca importantes dificultades
administrativas y de comercialización, situación ya vivida a partir del 2019 por el sector con el marrajo dientuso y de la que aún arrastra pérdidas y otras consecuencias debido, fundamentalmente, a la descoordinación y a la deficiente gestión del
Gobierno español.
Así, de nuevo, la preocupación, la incertidumbre y la inquietud se ciernen sobre una flota, la de palangre de superficie, que viene realizando desde hace años un enorme esfuerzo a favor de una explotación sostenible y ha puesto en marcha
programas como el FIP Blues (Proyecto de Mejora de la Pesquería del pez espada y la tintorera) que ya es una referencia en compromiso con la sostenibilidad.
Una vez más, una flota que cuenta con más de 120 buques y alrededor de 900 tripulantes, que cumple con un amplio marco normativo, sometida a estrictos controles y que colabora con la comunidad científica desde hace más de 40 años, podría
verse expuesta a decisiones que no cuentan con evidencias científicas y que obvian los criterios de equilibrio que deben existir entre una pesquería sostenible y las repercusiones socioeconómicas de la limitación de la misma.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Llevar a cabo todas las medidas necesarias para impedir la inclusión de la tintorera en el Apéndice II de CITES así como la grave afectación a la flota gallega de palangre de superficie que supondría.
2. Realizar una firme defensa de la flota gallega de palangre de superficie en los distintos organismos internacionales de los que forma parte el Estado español.
3. Reclamar de la UE el cumplimiento de lo establecido en la propia PPC que establece que toda decisión en materia de pesca, como la inclusión de la tintorera en el Apéndice II de CITES, se fundamente en informes científicos, en la
evaluación del impacto socioeconómico y en la consulta a las partes interesadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La regresión del litoral que, en general, sufren las costas españolas ha llevado a que distintos núcleos urbanos en diferentes puntos del Estado se hayan ido incluyendo de manera progresiva en la zona conocida como 'dominio público
marítimo-terrestre'.
En algunos casos, estos núcleos poblacionales tienen valores de carácter histórico y cultural, son anteriores a su inclusión en el mencionado dominio público marítimo terrestre, están ligados a formas de vida tradicionales, tienen una
reducida densidad de ocupación y valores paisajísticos claves en su entorno.
En otros, por el contrario, las construcciones existentes son fruto de masivas operaciones de especulación urbanística que han acabado degradando la costa, privatizando espacios que tenían un claro carácter demanial y generando situaciones
inaceptables desde el punto legal, ambiental y hasta para la salud de las personas.
Las Comunidades Autónomas disponen de capacidad para impulsar la declaración y el reconocimiento de los núcleos con valores históricos o culturales y es una responsabilidad compartida por el conjunto de instituciones implementar medidas que,
llegando el caso, procuren su protección. De hecho, sobre el espacio litoral existen competencias diversas que vinculan a diferentes administraciones, desde la estatal a la autonómica y la municipal. En tanto que esto es así, y así lo ha
reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional, avanzar en fórmulas de coordinación y colaboración entre las diversas administraciones resulta absolutamente conveniente y obligatorio.
La Ley de Costas (Ley 22/1988, de 28 de julio) adquiere su sentido fundamental en la necesidad de evitar la degradación de los espacios naturales del litoral como consecuencia de la acción humana y procurar su recuperación. Pasados 40 años
desde su aprobación no se puede decir que el balance sea demasiado positivo. La mayoría de las grandes agresiones a nuestro territorio costero no se han revertido, y se han permitido, en cambio, nuevas intervenciones contrarias al espíritu de la
ley. Además, una aplicación muy discutible o hasta marcadamente arbitraria de la legislación ha llevado, unas veces, a actuaciones expropiatorias, mientras en otras ocasiones ha habido total inacción. En este sentido, el malestar que la norma ha
generado ha sido amplio. Al mismo tiempo que los grupos sociales más preocupados por la conservación del territorio han manifestado su oposición a la falta de intervenciones reparadoras de los espacios costeros, los propietarios de viviendas
situadas en el dominio público marítimo-terrestre o cerca de él han alegado indefensión ante los procesos de deslinde.
Tanto los tribunales españoles como las instituciones europeas se han pronunciado de forma reiterada sobre el conjunto de la problemática intentando conciliar la protección medioambiental con los derechos de propiedad. El conocido como
'Informe Auken' aprobado por el Parlamento Europeo en 2009 fue el definitivo toque de atención al Estado español para que revirtiera sus políticas en este campo.
De aquel 'Informe Auken' acabó saliendo la reforma de la Ley de Costas de 2013 (Ley 2/2013, de 29 de mayo) que supuestamente buscaba un punto de equilibrio definitivo entre la protección del territorio, el derecho al disfrute de lo público
por el conjunto de la ciudadanía y una garantía de máxima seguridad jurídica para los propietarios. En este último sentido, hubo una considerable ampliación de los plazos de concesión para las viviendas afectadas por el dominio público e, incluso,
la exclusión de núcleos determinados en diferentes puntos del Estado. A la vista de lo sucedido durante los últimos 10 años, también es claro que esa modificación legal no ha conseguido, ni de lejos, los objetivos planteados.
Como suele suceder, el paso del tiempo, por sí mismo, tampoco ha ayudado a resolver la problemática. Ha sucedido justo lo contrario. La realidad climática no deja lugar a dudas en el sentido de que la regresión de la costa o, dicho de otra
forma, la subida del nivel del mar son hechos irreversibles a los que estamos asistiendo en tiempo presente y, por desgracia, todo apunta a que irán a más en los próximos años. La frecuencia de los temporales y, en consecuencia, la destrucción de
infraestructuras y viviendas de las zonas más próximas al mar será más habitual.
En particular, la costa mediterránea puede considerarse un espacio especialmente vulnerables dentro del conjunto de la península ibérica y, precisamente por esto, a la hora de plantearse en general posibles intervenciones de protección o
reparación el conocido como Protocolo del Mediterráneo de 2009 puede ser usado, con la conveniente actualización, como punto de referencia.
En este sentido, es conveniente recordar aquí que solamente una decidida adopción de medidas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático puede reducir los impactos y las consecuencias del aumento de las temperaturas. Obviar o
retardar estas medidas de mitigación, se traducirá en el comentado aumento del nivel del mar y, por tanto, en la afectación de los núcleos de población más cercanos.
A corto plazo, la regresión efectiva del litoral obliga a una continua revisión de la franja de costa incursa en los procesos de deslinde que, por ley, siempre deberán hacerse con la conveniente información de todos los agentes implicados.
Más allá de las actuaciones inmediatas, la normativa actual reclama una revisión atendiendo a las nuevas realidades. En una situación en que se ha declarado el estado de emergencia climática resulta, por ejemplo, de todo punto
incomprensible la existencia de concesiones administrativas en primerísima línea de costa por un espacio de 75 años.
Es preciso, por tanto, afrontar la problemática con seriedad y realismo, buscar las mejores vías de adaptación a la nueva realidad, proteger la salud de las personas y, al mismo tiempo, arbitrar fórmulas justas que garanticen la seguridad
jurídica de quienes puedan ver sus bienes legales afectados por los cambios que la emergencia climática provoca o, de forma inevitable, pueda provocar en el futuro.
A las consecuencias del cambio climático, que la comunidad científica de manera unánime explica como un proceso que se está acelerando por la acción humana, hay que añadir, para entender lo sucedido, la propia gestión de la costa que se ha
hecho durante años, las infraestructuras desarrolladas en ella, las obras llevadas a cabo o la transformación del curso de los ríos, barrancos y demás vías de aporte sedimentario al litoral. Todo ello también ha ayudado a la regresión del litoral.
Es imprescindible, pues, modificar este tipo de intervenciones; evitar repetirlas y actuar para que, en la medida de lo posible, se puedan revertir, aminorar sus efectos y facilitar iniciativas de adaptación.
En paralelo, es preciso tener muy en cuenta la mencionada situación de miles de propietarios que viven la doble angustia de saber que sus viviendas están en zonas que pueden acabar siendo peligrosas y, al mismo tiempo, de conocer que hay
planes de intervención por parte de la administración sin que se concrete claramente cómo van a llevarse a cabo o con qué calendarios.
El conjunto de lo expuesto aconseja la puesta en marcha de un proceso de debate en profundidad sobre el actual redactado de la Ley de Costas dado que su última revisión data de hace una década. Desde la aprobación de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, que modifica la Ley 22/1988, de 28 de julio, las circunstancias ambientales y climáticas, e incluso las económicas y sociales, han variado lo suficiente como para tomar en consideración una revisión legislativa profunda.
Mientras tanto es preciso explorar iniciativas que redunden en esa adaptación de nuestro litoral al proceso de transformación y cambios que se están dando y que esas iniciativas se hagan pensando en la seguridad de la población, el interés
general y con el mayor respeto por los derechos individuales de las personas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a realizar una actualización detallada de la cartografía de las zonas más sensibles en cuanto a presencia de núcleos habitados en las zonas litorales.
2. Revisar las diferentes casuísticas de concesiones administrativas según la legislación de costas y patrimonio y proceder, en base a la protección de la salud de las personas, a priorizar intervenciones inmediatas, mediante adecuados
procesos de enajenación, que atiendan a la seguridad jurídica y a la legítima confianza, sobre aquellas que afectan a viviendas de ocupación permanente y ubicadas en zonas de especial vulnerabilidad de la línea de costa.
3. Informar con antelación y de forma participativa, de manera concreta y detallada, de los nuevos proyectos de deslinde o cualquier otro tipo de actuación en las zonas de dominio público marítimo-terrestre a los ayuntamientos y
propietarios que puedan resultar afectados, estableciendo programas temporales definidos de intervención.
4. Contemplar en la planificación de obras de protección del litoral, las que ayuden a preservar de forma natural la existencia de los núcleos urbanos con valores culturales e históricos como parte de la propia estrategia de defensa y
conservación del dominio público marítimo-terrestre.
5. Declarar una moratoria que evite nuevas intervenciones, tanto de carácter residencial como portuario, que puedan afectar a la línea de costa.
6. Acelerar los procesos de ejecución de los proyectos de renaturalización y recuperación de playas dándole carácter urgente en base a la declaración de emergencia climática que aprobó el gobierno en enero de 2020.
7. Activar de forma inmediata nuevos procesos de restauración ecológica y adaptativa del litoral, priorizando aquellos a desarrollar en los puntos de costa más sensibles y vulnerables.
8. Iniciar de inmediato un estudio técnico, partiendo de los muchos trabajos disponibles al efecto, para definir la influencia que la gestión de los embalses e infraestructuras equivalentes ha tenido y tiene
en la regresión de la costa y obligar a sus responsables a restituir y compensar el flujo de sedimentos fluviales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2022.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de la instalación de
paneles solares en la edificación en desarrollo del plan RePower EU, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Plan RePower EU presentado por la Comisión Europea, pretende dar solución a la problemática energética producida por la invasión de Rusia a Ucrania reduciendo la dependencia de combustibles fósiles con medidas que propicien el ahorro
energético, la diversificación del suministro y propiciar un despliegue acelerado de energías renovables para reemplazar los combustibles fósiles en las edificaciones de uso residencial y en la industria.
El objetivo principal es llegar en 2030 a un objetivo del 45 % de consumo de energía renovable, objetivo que estaba en el 40 % antes del referido acuerdo.
Para ello se establecen como recomendaciones las siguientes:
- Desarrollo de energía solar en tejados con la obligación legal de instalar paneles solares en nuevos edificios públicos y comerciales y edificios residenciales nuevos.
- Duplicar la tasa de despliegue de bombas de calor y medidas que integren la energía geotérmica y solar térmica en los sistemas de calefacción comunitaria y urbana.
- Impulsar medidas fiscales que fomenten el ahorro de energía e incentivos a la implantación de mecanismos eficientes.
Todo ello, además de incorporar a través de modificaciones de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia un capítulo específico con nuevas acciones dirigidas a dar cumplimiento a los objetivos del REPowerEU.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la respuesta del Gobierno podría ser más ambiciosa con respecto a los objetivos marcados por la Comisión Europea.
De hecho, la respuesta del Gobierno al programa REPowerEU en lo referente a edificación ha sido el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, de modificación del Código Técnico de la Edificación, donde se desarrollan dos medidas fundamentales
dentro del DB-HE 'Ahorro de Energía':
- El desarrollo de una nueva Sección HE 6 'Dotaciones mínimas para las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos'.
- La modificación de la Sección HE 5, relativa a la generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, incorporando al mismo a los edificios de uso residencial privado, disminuyendo el umbral de superficie construida en
edificios de todos los usos a partir de la cual se aplica la exigencia (1.000 m2).
A juicio del Grupo Parlamentario Popular, este Real Decreto se queda corto en sus determinaciones, en la medida en que se deberían haber contemplado otros mecanismos de producción de energía renovable que pudieran ser igualmente eficientes,
y haber profundizado en aspectos que fueran decisorios para la implantación de uno u otro sistema, como:
- El principio que debe regir la selección de la renovable a usar en cada tipo de demanda energética, que debería pivotar sobre aquella energía que sea más eficiente para satisfacerla, diferenciando y
estableciendo las condiciones y parámetros de idoneidad, no solo de la Solar Fotovoltaica, sino también de la Solar Térmica.
- El aprovechamiento de la tecnología más eficiente, en cuanto a las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero a efectos de alcanzar el objetivo Fít for 55 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % en
comparación con 1990 en el horizonte 2030 y alcanzar las cero emisiones netas, -la neutralidad climática o cero neto en CO2-, en el horizonte 2050, tal y como prevé la Ley Europea del Clima.
- Las consecuencias del desarrollo de todo el ciclo de vida del sistema adoptado desde el inicio de la producción de cada uno de los sistemas de captación, teniendo en cuenta que la Solar Térmica además de no generar CO2 en el proceso de
generación de energía a lo largo de la vida útil, tiene 14 veces menos impacto que, por ejemplo, la Solar Fotovoltaica desde el inicio del proceso de producción hasta su fin de uso y posterior reciclado.
- El potencial que tiene España en cuanto al aprovechamiento de la radiación solar, tanto para la Solar Fotovoltaica como para la Solar Térmica, y la posible diversidad en su aplicación, teniendo en cuenta que la Solar Térmica necesita 4
veces menos superficie para generar la misma energía térmica que la Solar Fotovoltaica, es decir, es 4 veces más eficiente para satisfacer la demanda de energía térmica para aplicaciones de agua caliente sanitaria y climatización.
- La Justificación en cada caso de los sistemas más eficientes energéticamente en función de la respuesta a cada tipo de demanda, habida cuenta que más de la mitad de la demanda energética es usada para generar calor, (principalmente en los
edificios y en la industria), por lo que sería oportuno desarrollar las dos tecnologías solares, explicitando específicamente Solar Fotovoltaica y Solar Térmica en cualquier ley o documento regulatorio, así como hacer difusión de ambas tecnologías
solares.
- La necesidad de diversificar la oferta de producción de energía de fuentes renovables de cara a la exigencia europea de reducción del 15 % entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023 del consumo de gas respecto al promedio de los cinco
años anteriores, -que en España se concreta en un reducción del 7 %-, teniendo en cuenta que la capacidad actual de las plantas españolas puede llegar a 1.000.000 m2, equivalentes a una reducción del uso del gas de un 0,6 % del total del 7 % del
objetivo.
Todo ello teniendo en cuenta que esta última es de fácil almacenamiento, y que además representa un sector altamente desarrollado tecnológicamente en nuestro país que genera unos 10.000 puestos de trabajo cualificado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que, en virtud del desarrollo propuesto por la Comisión Europea para el cumplimiento del plan REPowerEU, se modifique el
Código Técnico de la Edificación, en su Sección HE 4, para que se establezcan los parámetros y condiciones que incentiven la utilización de energía solar térmica en edificaciones residenciales e industriales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2022.-Ana María Zurita Expósito, Diego Gago Bugarín y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de almacenamiento
energético a través del bombeo reversible, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El agua es una de las fuentes de energía más antiguas utilizadas por el ser humano, es fundamental para la vida, para la producción de alimentos y para la vida del ser humano. El agua continental y los ríos españoles son una fuente de
biodiversidad y una parte importante de nuestro patrimonio natural. La supervivencia de un gran número de especies de flora y fauna salvaje depende de los ecosistemas de ríos y lagos. Los ríos cumplen muchas funciones para la economía y el
bienestar de España, prestando servicios a diferentes sectores y ofreciendo bienes y servicios importantes para la sociedad. Y en adición a todo esto, el agua también es el origen de uno de los tipos de energía renovable más extendidos, la energía
hidroeléctrica.
En España, la energía hidráulica ha sido tradicionalmente la principal fuente renovable, hasta que en el año 2009 fue superada por la eólica. Desde entonces se mantiene como la segunda fuente renovable con un total de 17.094 MW de potencia
instalada a finales de 2021 y 3.337 MW de bombeo puro. La hidráulica representa el 15,1 % de la potencia total instalada, lo que la sitúa como tercera tecnología por detrás de la eólica y el ciclo combinado y la segunda de las renovables.
Por comunidades autónomas, Castilla y León es la comunidad con más potencia hidráulica instalada con casi un 26 % de toda la potencia nacional, ya que alberga en exclusividad la cuenca del Duero, la segunda más importante de la península
Ibérica. Le sigue Galicia con casi el 22 % del total nacional, aglutinando gran parte de la cuenca Norte, que es la más importante por potencia instalada que abarca también Asturias, Cantabria y parte del País Vasco.
Para el almacenamiento y regulación del agua continental, existen 1.447 grandes presas, de las que 341 son de titularidad del Estado.
En adición a todo esto, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), establece que 'la generación eléctrica renovable en 2030 será del 74 % del total, coherente con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100 %
renovable en 2050'.
Para lograr estos objetivos el PNIEC presenta una hoja de ruta para la próxima década, no obstante desde la pandemia provocada por la COVID 19 y más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, la descarbonización de la economía y la
transición energética hacia sistemas de producción eléctrica y de consumo de energía que no dependan de combustibles fósiles está siendo una prioridad para Europa y España.
El fuerte desarrollo del sector energético vinculado a la generación de energía de origen solar y eólico motivado por las excelentes condiciones que España tiene y por las necesidades incluidas en el PNIEC van a multiplicar la potencia
instalada de origen renovable en los próximos años, alcanzando en 2030 los 89,5 GW de potencia instalada eólica y solar, frente a los 42,3 GW instalados actualmente. Este desarrollo renovable supone una palanca de desarrollo socioeconómico muy
importante para buena parte del territorio, ya que una de las grandes ventajas de estos sistemas de producción es su descentralización productiva, que no solo van a contribuir a mejorar la vertebración territorial por la generación de trabajo
asociada a su puesta en marcha, sino también por las actividades vinculadas a su mantenimiento.
No obstante, como es bien conocido, la energía renovable de origen solar y eólico se caracteriza por su no gestionabilidad, ya que su producción está ligada a las condiciones climáticas, lo que hace que su producción no sea programable ni
ajustable a los requerimientos del sistema, es decir, que la producción eléctrica no está acoplada a la demanda y presenta además bajos factores de capacidad anuales comparados con otros sistemas de generación libres de emisiones como las centrales
nucleares.
Adicionalmente, la extensión del autoconsumo y de la generación distribuida alimentada con generación renovable, introduce nuevas exigencias en la operación de la red, en la medida en que muchos consumidores pueden ser también productores de
energía en determinados tramos horarios.
Este reto de gestionabilidad ya está siendo un problema en el sistema eléctrico, que se enfrenta a retos técnicos muy importantes para la integración masiva de generación renovable en la red eléctrica, motivados principalmente por las
restricciones técnicas a las que se ve sometido el sistema eléctrico consecuencia de una elevada producción de energía renovable desacoplada o a los reequilibrios de generación y demanda, con frecuentes cambios en las previsiones, a los que se
sumará el desafío de las rampas de elevada pendiente asociadas a la generación fotovoltaica y eólica y al control de un número creciente de instalaciones.
Como solución a estos desafíos, el Gobierno ha introducido distintos cambios normativos como el Sistema Automático de Reducción de Potencia (SARP), aprobado por la Resolución de 13 de enero
de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se aprueba un nuevo procedimiento de operación 3.11 consistente en un automatismo que desconecta instalaciones de generación eléctrica, una en el factor de
capacidad de la instalación desconectada, principalmente renovable, una pérdida de rentabilidad y genera ineficiencias en el sistema. Incluso se da la paradoja de que instalaciones de energía renovable gestionables, como algunas termoeléctricas
solares de alta temperatura, se han visto sometidas a desconexiones y restricciones que no se han exigido a los Ciclos Combinados de gas.
Además de este sistema SARP, el Real Decreto Ley 17/2022 de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce
temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles, establece un mecanismo adicional para gestión de la demanda, conocido como Sistema de
Respuesta Activa de la Demanda.
Se trata de un mecanismo que viene a sustituir a las denominadas 'subastas de interrumpibilidad', sin declararlo expresamente, creadas en 2013 bajo la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, que dejaron de celebrarse en diciembre de 2019 y
operaron por última vez durante el primer semestre de 2020, ante las reticencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la UE sobre las ayudas que podrían entrañar para la industria electrointensiva. El nuevo 'servicio
de respuesta activa de la demanda', que será objeto de subasta competitiva con la primera de ellas antes del 1 de noviembre, se configura para hacer frente a las situaciones de escasez de energía de balance proporcionada por otros servicios estándar
de activación manual ya en funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/2795 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, e incentiva la desconexión del suministro eléctrico de consumidores eléctricos, bajo una
retribución regulada, cuando existan desequilibrios entre la oferta y la demanda, lo que genera un encarecimiento del sistema eléctrico para atender las retribuciones por desconexión y ponen de evidencia los fallos del sistema eléctrico para
gestionar producción y demanda en tiempo real motivado por la masiva introducción de renovables y la escasa capacidad de almacenamiento eléctrico.
Estas medidas, aunque pueden contribuir a mitigar los problemas técnicos del sistema, son claramente ineficientes económicamente, encarecen el sistema eléctrico, no dan solución a los costes energéticos de las industrias y consumidores
acogidas a ellas, ponen de manifiesto las carencias de un sistema eléctrico y su falta de gestionabilidad y almacenamiento y avanzan un futuro aún más incierto en cuanto a seguridad de suministro, si el Gobierno persiste en su idea del cierre
programado de centrales nucleares, como la tecnología que tiene mayor factor de capacidad y más estabilidad ofrece al sistema.
Estas medidas no son más que parches circunstanciales que tienen que completarse con un ambicioso programa de almacenamiento de energía, que permita dar una respuesta rápida a los problemas de gestionabilidad del sistema, que permita una
adecuada integración de renovables con soluciones de utilización óptima, que eviten desconexiones y vertidos fuera de red, soluciones que no pasen por el racionamiento de energía o desconexión de consumidores; en definitiva soluciones que permitan
una utilización óptima de la energía, sobre todo la renovable, en fases de alta demanda, siendo utilizada por los consumidores y en fases de baja demanda, almacenándose a precios competitivos.
La presente Proposición no de Ley, pretende desarrollar la óptima integración de renovables en el sistema eléctrico a través del desarrollo del almacenamiento eléctrico mediante el sistema eficiente, rentable, necesario, libre de emisiones
de 002, aportando solidez y robustez al sistema eléctrico, utilizando recursos endógenos y favoreciendo la autonomía energética de España, mediante el desarrollo de la energía hidráulica a través de la producción hidroeléctrica y el bombeo
hidráulico en circuito cerrado.
España debe avanzar de forma decidida hacia sistemas de almacenamiento adecuados que permitan gestionar los excedentes y /o las carencias de producción eólicas y solares en relación con la demanda, no es posible lograr un sistema de
producción de energía 100 % renovable o sin emisiones sin adecuados sistemas de almacenamiento, que tiene que cumplir con los requisitos de cubrir con garantía los picos de potencia demandados y que satisfaga la demanda de energía que se requiera.
Sin estos sistemas de almacenamiento, las tecnologías de generación dependientes de las condiciones climáticas, además de no alcanzar factores de capacidad elevados, pueden acabar sufriendo los ya citados vertidos, por lo que podemos
asegurar que si no almacenamos la generación renovable cuando no es consumida en tiempo real, estaremos induciendo al sistema eléctrico grandes ineficiencias que pagarán los consumidores o que pondrán en riesgo la propia viabilidad económica y
comprometerán el
futuro del desarrollo de energía renovable en un horizonte cercano, pues en el actual sistema de generación y consumo y en la futura integración renovable, podemos llegar a establecer hasta un 40 % de vertidos fuera de red de energía
renovable.
Sin embargo, si los esquemas de producción de energía renovable no gestionable van acompañados de sistemas de almacenamiento, se consigue ofertar una producción de electricidad renovable más barata que los que proporcionan los sistemas de
generación convencionales y el desarrollo de energía renovable se garantizará a precios más bajos y estables, más atractivos para nuevas inversiones y más competitivos para usos industriales electrointensivos.
En ese sentido, en febrero de 2021, el Gobierno aprobó la Estrategia de Almacenamiento Energético, estableciendo como objetivos el disponer de una potencia de almacenamiento total de 20 GW en 2030 y de 30 GW en 2050, desde los 8,3 GW
disponibles actualmente, pero al margen de eso, poco más se ha hecho.
La utilización de esquemas híbridos eólico -fotovoltaico- almacenamiento permite asegurar un suministro eléctrico estable, ponerlo a disposición del consumidor a un precio competitivo estable ayudando a vitar la volatilidad del mercado, si
además va acompañado de contratos bilaterales.
Como ejemplo de las ventajas de las centrales hidroeléctricas reversibles en relación con otros sistemas de almacenamiento, se pueden destacar:
- Madurez y fiabilidad tecnológica, acreditada por la experiencia existente en España de las centrales ya en funcionamiento.
- Menor coste, pues los bombeos reversibles son emplazados en los que el salto disponible, el agua utilizada, las conexiones eléctricas o la generación renovable son adecuados, permiten alcanzar valores de costes que ya se encuentran por
debajo de la barrera de rentabilidad.
- Gran capacidad de respuesta y de autonomía de trabajo frente a las variaciones súbitas y prolongadas de la generación y/o demanda. En estos momentos, es la única tecnología de almacenamiento que permite casar oferta y demanda en un
esquema nacional de producción descarbonizado, siendo la solución óptima para aplicaciones que requieran grandes periodos de carga y descarga, como la amortiguación masiva de las renovables en un sistema eléctrico descarbonizado. Las instalaciones
de bombeo reversible se pueden diseñar para optimizar su respuesta frente a la variación de la energía eólico-fotovoltaica. Tanto los ciclos de trabajo de carga y descarga a potencia nominal, como los equipos (velocidad variable) como los sistemas
de control utilizados permiten garantizar respuestas rápidas, ajustables y suficientemente prolongadas.
- Aprovechamiento de recursos endógenos y desarrollo tecnológico local o próximo. Es una tecnología mucho menos dependiente de terceros países que otras alternativas como las baterías, y completamente independiente de entornos
geoestratégicos o sociopolíticos comprometidos. Todos los componentes o tecnólogos involucrados en la construcción y puesta en marcha de una central reversible de bombeo se localizan en España o en la Unión Europea.
- Las instalaciones de bombeo en ciclo cerrado suponen un impacto mínimo sobre el territorio y son un ejemplo de eficiencia de recursos, ya que tanto los existentes como los nuevos, implican una mínima modificación y actuación sobre el
territorio.
- Las centrales hidroeléctricas de bombeo en las que tanto la balsa superior como la inferior se separan de cauces de agua pueden utilizar agua (para los procesos de llenado inicial y de reposición anual de agua para contrarrestar las
pequeñas pérdidas por evaporación) proveniente de ríos o de sistemas de riego en períodos y caudales compatibles con el medio y con otros usos (octubre-marzo habitualmente); agua regenerada proveniente de plantas de tratamiento; agua almacenada en
explotaciones mineras ya clausuradas; agua desalada e incluso agua subterránea. Las centrales hidroeléctricas de bombeo pueden contribuir restauración de hábitats y ecosistemas degradados, restauración de minas, regulación de avenidas
extraordinarias, restablecimiento de cubierta vegetal autóctona, recuperación o generación de nuevos humedales, extinción de incendios, etc., mejorando con todas ellas la resiliencia de la sociedad y de las infraestructuras verdes y reduciendo su
vulnerabilidad frente al cambio climático y los riesgos naturales (estos objetivos, entre otros muchos, se integran en la Estrategia Nacional de la Infraestructura Verde y de La Conectividad y Restauración Ecológicas que emana de la Estrategia
Europea en Infraestructura Verde y de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea hasta).
El Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC 2030) establecía unas previsiones para el bombeo puro y para el bombeo mixto, de 3.337 MW y 2.687 MW para 2025 respectivamente, y de 6.837 MW y 2.687 MW 2030, es decir, alcanzar los 9.500
MW, añadiendo unos 3,5 GW más de bombeo puro en toda España en 8 años y 2,6 GW respecto a la previsión en 2025. En definitiva, se espera triplicar para 2030 la capacidad instalada prevista para bombeo puro en 2020 y mantener la capacidad instalada
de bombeo mixto.
Actualmente, a setiembre de 2022, según datos de REE España cuenta con 3.337 MW en total de potencia instalada de bombeo. Estamos, por tanto, por debajo de las previsiones de 2020 y muy lejos de los 6.900 MW previstos para 2025.
En marzo 2021, se estimaba que en España había más de 10 gigavatios (GW) para instalar almacenamiento por bombeo hidráulico en presas ya existentes, y responsables del gestor técnico del sistema, REE, han venido sosteniendo en distintos
foros que con el potencial de la hidráulica en España, podrían aflorar más de 14.000 megavatios (MW) de bombeo, pero las señales económicas actuales no son suficientes, por lo que habrá que dotar al almacenamiento de mecanismos de capacidad que
complementen a los ingresos procedentes de los mercados de energía, que no bastan. En la actualidad no se pueden tramitar muchos proyectos por no tener puntos de acceso.
Por otro lado es necesario definir su tratamiento ambiental específico considerando sus particularidades, ya que actualmente estas instalaciones no tienen epígrafes de identificación en las normativas ambientales que favorezcan la
tramitación del instrumento ambiental necesario y ante la falta de claridad, muchas veces se opta innecesariamente por instrumentos de mayor prevención.
Por su parte el artículo 7 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático que establecía en su apartado 1 que 'se promoverán, en particular, las centrales hidroeléctricas reversibles', no ha tenido, año y medio después, el desarrollo
reglamentario que se ordenaba a tal fin en el apartado 2, relativo a ' las condiciones técnicas para llevar a cabo el bombeo, almacenamiento y turbinado para maximizar la integración de energías renovables'.
Bajo todas estas premisas, parece evidente la necesidad creciente de desarrollar soluciones de almacenamiento eléctrico para dar respuestas en términos de seguridad de suministro y a precios competitivos los crecientes problemas del sistema
eléctrico español, y encontramos en el uso sostenible del agua y el desarrollo de inversiones e infraestructuras asociadas al almacenamiento de agua una clara y óptima solución para afrontar los retos de futuro.
Pero para el adecuado desarrollo, es necesario superar las dificultades legales actuales, además de impulsar la implantación y desarrollo, que actúen de manera transversal en distintos ámbitos que resuelvan los problemas de acceso y conexión
a las redes de transporte y distribución, que faciliten la tramitación ambiental y administrativa, que se adapten las concesiones hidroeléctricas a las necesidades de inversión y rentabilidad y que se establezca un marco jurídico y retributivo
estable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar y activar mecanismos de ayuda e incentivos y alivio de su carga fiscal a grandes proyectos de almacenamiento energético que contribuyan a una adecuada gestión de un 'mix' energético basado en fuentes renovables de energía,
con especial atención a los basados en sistemas de bombeo hidroeléctrico reversible.
2. Desarrollar y aprobar procesos de tramitación administrativa ágiles para proyectos relacionados con el mandato anterior.
3. Definir su tratamiento ambiental específico considerando sus particularidades.
4. Simplificar los trámites administrativos para que los proyectos cuenten con un punto de acceso y de conexión a la red de transporte.
5. Adaptar las concesiones hidroeléctricas a las necesidades de inversión y rentabilidad de estos proyectos, a fin de que se establezca un marco jurídico y retributivo estable.
6. Utilizar los fondos Next Generation para la ejecución de estos proyectos.
7. Desarrollar normativa y reglamentariamente el mandato del artículo 7 de la Ley 7/2022 relativo a la promoción de las centrales hidroeléctricas reversibles, la Hoja de Ruta del Almacenamiento y resto de normativa que pueda ser aplicable,
considerando lo establecido en los apartados precedentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2022.-Juan Diego Requena Ruiz, Diego Gago Bugarín, Guillermo Mariscal Anaya y César Sánchez Pérez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
161/004542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa a limitar el impacto climático del sector de la aviación e impulsar el ferrocarril como alternativa de transporte limpio.
Exposición de motivos
Los vuelos en avión son formas de desplazamiento dependientes de los combustibles fósiles y que consumen significativamente más que otros medios de transporte (en torno a los 3,50 l/100 km por pasajero).
El consumo aumenta en los vuelos de corto recorrido, ya que los aviones consumen menos en altitud de crucero 32. Debido a que las emisiones de los aviones se liberan en la atmósfera, tienen un impacto climático potente, desencadenando
reacciones químicas y efectos atmosféricos que calientan el planeta.
Se calcula que en 2050 un cuarto de las emisiones contaminantes procederá del tráfico aéreo. Las emisiones procedentes del sector aéreo no solamente no se han reducido, sino que ha aumentado un 75 % entre 1990 y 2012 33.
La web Politico 34 avisaba en agosto que volar no es solamente insostenible debido a sus elevadas emisiones. Los eventos climáticos extremos harán que los vuelos se vean obligados a cancelarse y retrasarse cada vez más a menudo. Para
adaptar el sector de la aviación a estos cambios habría que invertir en nueva infraestructura 35.
Cabe destacar que:
- El 34 % (51) de los 150 vuelos de corta distancia más concurridos de la UE tienen alternativas de tren de menos de seis horas.
- El 29 % (73) de los 250 vuelos de corta distancia más concurridos de Europa (UE, Noruega, Suiza y Reino Unido) tienen alternativas de tren de menos de seis horas.
- Sólo el 27 % (41) de los 150 vuelos más concurridos de la UE tienen alternativas de trenes nocturnos directos en 2021 36.
Son numerosas las iniciativas que han empezado a surgir en torno a esta problemática. Muchas de ellas, sin embargo, se centran aún centradas en el ámbito de lo individual y en lo que se ha llamado 'flight shame'.
Estas iniciativas, a pesar del enorme trabajo de concienciación que realizan, no ponen acento en la colectividad que requiere un reto tan grande como este, tal y como señala The Guardian 37. Otros países,
32 https://www.tmas.es/blog/curiosidades-de-los-aviones/que-combustible-utilizan-los-aviones-y-cuantogastan/#cuantousan
33 https://davidsuzuki.org/living-green/air-travel-climate-change/
34 https://www.politico.com/news/2022/08/13/flying-climate-change-delays-cancellations-00050101
35 https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/sustainability/our%20insights/will%20infrastructure%20bend%20or%20break%20under%20climate%20stress/will-infrastructure-bend-orbreak-under-climate-stress-case-study-old.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096320300565
36 https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/climate-energy/45901/research-shows-one-third-of-europesbusiest-flights-have-train-alternatives-under-six-hours/
37 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/17/the-guardian-view-on-flight-shaming-face-it-life-must-change
sin embargo, sí han empezado a diseñar modos de afrontar el tema, como es el caso de Suecia, que en el año 2018 introdujo un nuevo impuesto a la aviación que agregará un cargo adicional a todos los vuelos de pasajeros desde el país en un
intento por disminuir el impacto de los viajes aéreos en el clima.
En el caso de Europa, los estudios de Greenpeace sobre el tema nos arrojan un poco de luz. La organización ha calculado que, simplemente prohibir los vuelos de corta distancia más concurridos de la UE, y cambiar al tren donde ya existe una
conexión de tren de menos de seis horas, ahorraría 3,5 millones de toneladas de CO2 por año. Si los países agregan nuevas conexiones y servicios de trenes diurnos y nocturnos, mejores vagones y vías, mejoran la accesibilidad para todos y abaratan
los boletos, Europa podría reemplazar casi todos los 250 principales vuelos de corta distancia y ahorrar alrededor de 23,4 millones de toneladas de CO2 por año, tanto como las emisiones anuales de CO2 de Croacia. 38
Además, en los últimos meses también ha saltado al debate público la discusión en torno a los vuelos privados y al hecho de si sería conveniente prohibirlos debido a su injustificable consumo de recursos. Ante la creciente crítica a esta
actividad, algunos expertos han comenzado a pedir su prohibición, y aunque todavía ningún país lo ha hecho, lugares como Francia están comenzando conversaciones en torno a su limitación por medio de castigos fiscales. 39
Según el citado informe de Greenpeace, el 80 % de los y las españolas querrían que se potenciase el transporte en ferrocarril nocturno como alternativa. España todavía carece de estructuras de transporte público fiables y asequibles que
sirvan como alternativa real. La red española de ferrocarril está altamente desatendida y centralizada 40, lo que hace que en muchas ocasiones los pasajeros tan siquiera consideren la opción de viajar en tren, y por tanto dificulta alcanzar los
objetivos de la Agenda 2030 o del Acuerdo de París.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Impulsar el ferrocarril como medio de transporte alternativo al transporte aéreo, limitando su coste y fomentando las líneas convencionales, no centralizadas y de media distancia.
2. Recuperar y potenciar los trenes nocturnos y desarrollar una red ferroviaria no centralizada e interconectada con toda Europa.
3. Poner en marcha un plan para que el ferrocarril transporte, al menos, el 15 % de las mercancías en 2025 y el 20 % al finalizar esta década.
4. Detener las exenciones de impuestos y subsidios para la industria de la aviación y promover nuevas tasas a los vuelos, que podrán invertirse en el desarrollo de infraestructura ferroviaria y otras alternativas de transporte limpio.
5. Restringir los vuelos cortos (de menos de una hora de duración), impulsando alternativas de transporte limpio, preferentemente conexiones económicas y accesibles de ferrocarril.
6. Regular el uso de los 'jets privados' con el objetivo último de eliminar su utilización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2022.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
38 https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/climate-energy/45901/research-shows-one-third-of-europes-busiest-flights-have-train-alternatives-under-six-hours/
39 https://www.forbes.com/sites/alexledsom/2022/09/04/france-europe-eyes-heavy-taxes-or-bans-on-private-jets/?sh=2050de105e41
40
de Ley para facilitar la continuidad de la producción de energía eléctrica en la Central nuclear de Almaraz, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Los acontecimientos que actualmente sacuden al mundo, como la pandemia, la guerra de Ucrania y otros de carácter estratégico y geopolítico, están causando una crisis de carácter mundial de características nunca antes conocidas respecto del
precio de la energía. Durante los últimos años, en España el Gobierno no atendió los problemas del estrechamiento del 'hueco térmico' que generaba la creciente penetración de energía renovable, más competitiva; incluso agravó el problema
propiciando un cierre acelerado de centrales térmicas de carbón a partir de 2020, a lo que vino a sumarse su oposición a considerar al gas como energía de transición y perder la ventaja competitiva que España adquirió a lo largo de los años por las
buenas relaciones con nuestro aprovisionador argelino y las inversiones en diversificación del suministro y en plantas de regasificación. En Alemania y resto de Centroeuropa, el exceso de dependencia del gas ruso ha venido a complicar también su
situación.
Finalmente, todo el mercado eléctrico de la UE se ha visto afectado por el efecto contagio de los altos precios del gas y del precio de la Tn de CO2. Las políticas energéticas diseñadas recientemente a corto y medio plazo, se están viendo
superadas por los acontecimientos que se suceden a nivel mundial, con los encarecimientos de los precios del gas y el petróleo. Desde el tejido productivo se reclaman medidas y reforman más sostenibles en el medio y largo plazo pero no acaban de
acordarse.
En una clara rectificación, recientemente, la UE ha modificado su taxonomía verde y ha declarado la energía nuclear, con determinadas condiciones y requisitos, como energía verde libre de emisiones -tal y como ha sucedido también con el
gas-, y algunos países como Alemania, Francia, Bélgica, Finlandia y otros, ya están reprogramando el cierre de sus centrales nucleares, ante la dependencia de éstas para producir energía barata y limpia. En España, en reciente Resolución
consecuencia del Debate del estado de la Nación, se aprobó con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular la Resolución número 4 que en su punto 4 insta al Gobierno a 'Poner en marcha todos los mecanismos necesarios de cara a revertir el
desmantelamiento de las centrales térmicas de generación eléctrica y prolongar la vida útil de las centrales nucleares, construir un almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca) y en cualquier caso,
facilitar la utilización de todas las tecnologías disponibles para evitar la dependencia de una sola ( ...)' Para dar cumplimiento a dicha Resolución es necesario poner en marcha sin más demora los trámites necesarios en el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN), a fin de impedir los cierres de centrales nucleares programados a partir de 2027.
En España, existen actualmente 5 centrales nucleares produciendo energía eléctrica, con 7 reactores nucleares operando, que producen en torno al 22 % de la energía total consumida en España, convirtiéndose en la segunda en aportación al
consumo total con más de 54.000 GWh. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2020-2030 (PNIEC) aprobado por el Gobierno, prevee el cierre paulatino de todas las centrales nucleares que existen en funcionamiento en España; una de ellas es la
central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, con 2 reactores nucleares operando en la actualidad. Cuenta con una potencia instalada en torno a 2.100 MW y una producción en el año 2021 de más de 15.000 GWh, siendo la primera, a mucha
distancia de la siguientes, en producción de energía en Extremadura, situándose en el 61,63 % del total de los más de 24.000 GWh de energía producida en Extremadura en el año 2021.
La central nuclear de Almaraz es el motor más importante de la economía de la comarca de Campo Arañuelo y de Extremadura, con una generación de empleo de más de 800 puestos de trabajo directos y más de 2.100 indirectos, con una importante
aportación económica al PIB de Extremadura.
El Gobierno tiene prevista la parada de la unidad Uno de la producción de la Central Nuclear de Almaraz para el año 2027 y, de la unidad Dos, para el año 2028, y, por tanto, será la primera de las cinco que cierre sus puertas a la producción
de energía eléctrica en España después de la aprobación del PNIEC. El cierre de esta central nuclear supone un serio varapalo a la economía de la comarca de campo arañuelo y de Extremadura, por su importancia en el empleo y la generación de riqueza
en nuestra tierra. España no se puede permitir, al menos en varias décadas, prescindir de la energía que producen sus centrales nucleares, y mucho menos de Almaraz, que como todos los indicadores de seguridad demuestran, es la más segura de España
y la más productiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Modificar la política energética, prorrogando la vida de las centrales nucleares por el tiempo que permita la seguridad de las mismas.
- Acordar, con las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz, la continuidad de la producción de energía eléctrica después de 2027, por el tiempo que permita la seguridad de la misma, con el fin de garantizar la seguridad de
suministro eléctrico, teniendo siempre en cuenta las recomendaciones del CSN en relación a la seguridad nuclear y la protección radiológica, una vez realizados los estudios e inversiones necesarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2022.-José Alberto Herrero Bono, Juan Diego Requena Ruiz, Diego Gago Bugarín, Guillermo Mariscal Anaya y César Sánchez Pérez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar condiciones
competitivas en sus insumos energéticos al consumidor hiperintensivo en energía y a la co-generación, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
España está viviendo una crisis energética sin precedentes que tiene su origen en un rally alcista de precios de la energía que comenzó a mediados de 2021. La energía es un motor de prosperidad y bienestar que hoy vemos frenado además por
una crisis que agrava día a día el conflicto de Ucrania. En España el impacto fundamental es en precio por la no dependencia inicial del gas ruso. Nuestra crisis viene fundamentalmente de haber perdido el suministro con Argelia a un precio muy
competitivo.
Y es que España tiene un perfil energético propio, con ciertas fortalezas y suficiente potencial para convertirnos en uno de los hubs energéticos de Europa, pero también adolece de numerosas debilidades. No tener garantizado el acceso a una
energía limpia, barata, segura y estable dispara nuestra inflación, limita nuestra competitividad, compromete la atracción de inversiones, y deteriora nuestro potencial de crecimiento económico y empleo y que repercute de forma muy negativa sobre la
industria.
Dar respuesta a esta crisis debe contar con todos: consumidores y empresas; sector eléctrico, industrial y grupos de interés; Administraciones Públicas; expertos y partidos políticos para dar las mejores soluciones, atendiendo a los
objetivos de transición energética, a la experiencia de otros países y a las recomendaciones de la UE, porque España no es diferente. Debemos revertir la política que hoy ha impuesto el Gobierno de coalición, al anteponer de forma sectaria su
ideología al bienestar de las personas, a su empleo y a sus oportunidades de futuro, no podemos ni debemos permitir, sacrificar la industria por la ideología.
La presente proposición no de ley, pretende poner el acento particularmente en dos sectores fundamentales de la economía española, que necesitan competitividad, para su viabilidad económica en un marco global de producción y de competencia,
como son la industria electro intensiva y la co-generación y centrar el desarrollo de medidas que mejoren la competitividad en el sentido de tener una industria con alta productividad, alto valor añadido, alta capacidad de exportación, alta
inversión en I+D+I, alto desarrollo tecnológico y con capacidad de generar empleo, de calidad, estable y cualificado.
Por un lado la industria electrointensiva necesita previsibilidad, estabilidad y precios eléctricos competitivos, y por otro es necesario abandonar el sectarismo que impide un debate sereno sobre el mejor diseño de las medidas más eficaces
para rebajar los costes energéticos de nuestra industria y
fortalecer la contribución de la industria de co-generación nacional, facilitando así una transición energética eficiente para consolidar y generar tejido industrial, empleo de calidad e industria de arraigo en la España rural.
La realidad de la competitividad de la industria electrointensiva española con respecto a nuestros competidores más cercanos en el seno de la unión europea, ha sido puesta de manifiesto en septiembre de 2022 por la Asociación de Empresas de
Gran consumo de Energía, sobre los precios eléctricos finales en la industria electrointensiva demuestra que las empresas españolas pagan un 57 % más que sus competidoras en Francia.
Esta gran deferencia sigue ahondando su génesis en problemas regulatorios no resueltos y un marco decidido de apoyo al sector industrial homologable al de nuestros vecinos italianos, franceses y alemanes, como una compensación por las
emisiones de CO2, una reducción de la factura de las renovables, un mecanismo de gestión de la demanda que abarata significativamente el precio de la electricidad o el desarrollo de un mecanismo de interconexión virtual para mitigar las
ineficiencias de un sistema de baja interconexión, como ocurre en Italia.
Respecto al sistema de compensaciones por riesgo de 'fuga de carbono' en 2021, los ingresos por subastas de derechos emisión han alcanzado un record que supera los 2.240 millones de euros, por el incremento muy acusado del precio de la Tn de
CO2; 1.000 millones de euros más de los previstos para el ejercicio, un 94,3 % más. Y se ha generado incluso superávit el sistema eléctrico por dichos ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión, por no haberse agotado la
posibilidad de destinar hasta del 25 % permitido por la UE a compensaciones a las industrias electrointensivas, que habrían alcanzado los 450 o 500 millones de euros. Por otro lado, los 244 millones de euros presupuestados con cargo a 2021,
-incluido el incremento de 65 millones de euros que se incorporó en el RDL 6/2022 de 29 de marzo pasado-, siguen sin llegar a las empresas, ya que la Resolución provisional que las asigna a 212 unidades productivas acaba de dictarse por el MINCOTUR
el pasado 26 de setiembre, además de no contar a fecha de hoy con la suficiente dotación presupuestaria para alcanzar el 100 % de cuantía compensable, lo que ha obligado a aplicar prorrateo y descartar la posibilidad de compensar hasta el 1,5 % del
VAB de las instalaciones.
Respecto a las subastas de interrumpibilidad, como elemento a considerar para apoyo a las industrias electrointensivas, bajo un diseño homologable al del resto de países de la unión europea, que no generen trato discriminatorio.
Otro de los grandes problemas a los que la deficiente regulación ha sometido a las industrias electrointensivas, se corresponde con las previsiones del artículo 8.2 del RDL 10/2022 relativo a que las compensaciones del mecanismo de ajuste al
gas, estarían exentos aquellos consumidores con instrumentos de cobertura a plazo con anterioridad al 26 de abril de 2022 que tuviesen la cobertura con una comercializadora, dejando de esta forma fuera de la excención a la compensación a los grandes
consumidores eléctricos que tiene las coberturas firmadas no con comercializadora sino que tienen coberturas financieras con entidades mercantiles que no son comercializadoras, lo que les lleva a participar de estas compensaciones multiplicando el
coste de la energía.
Con respecto a las subastas inframarginales de energía cabe destacar el incumplimiento del RDL 17/2021, concretamente en la DA 2a que se establecía la primera subasta de energía inframarginal gestionable y no emisora, que después de un año
de la fecha límite para su celebración aún no se ha realizado.
También es muy mejorable la regulación de los PERTES y la posibilidad de participación en proyectos europeos, que excluye a participantes que reciban compensaciones por costes energéticos, si no se consigue demostrar una mejora sustancial
respecto al escenario de referencia en emisiones, es por ello que _es esencial dar solución viable a la aplicación del criterio DNSH para los sectores incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión. La exigencia de que éstos alcancen
gracias a las inversiones apoyadas por el futuro PERTE de descarbonización emisiones sustancialmente inferiores a sus correspondientes parámetros de referencia para la asignación gratuita gracias a la realización de proyectos hace inviable el
cumplimiento del criterio DNSH para la mayoría de sectores potencialmente interesados.
Asimismo, será esencial ampliar el plazo de ejecución de los proyectos, dado el sustancial retraso ya acumulado en su realización y la complejidad de las actuaciones asociadas.
Respecto a las condiciones de competitividad para la cogeneración en España, hoy en día se puede considerar indisociable de la actividad industrial de la industria calorintensiva de la tecnología de
cogeneración, por su eficiencia y competitividad para aportar electricidad y energía térmica a los procesos productivos.
Las más de 600 instalaciones industriales de cogeneración que tenemos en España producían antes de la entrada en vigor del RDL 10/2022 el 11 % de la electricidad del país, consumían el 20 % del gas y estaban asociadas a factorías que generan
un 20 % del PIB industrial, unos 25.000 millones de euros, que mantienen 200.000 empleos directos. Este valor, que es una parte clave de la competitividad industrial y del uso eficiente de la energía con numerosas externalidades positivas se ha
puesto en riesgo por este Gobierno con la discriminación generada para la cogeneración con el RDL 10/2021, que ha tenido un efecto catastrófico en la industria de cogeneración española.
El RDL 10/2022 dejó fuera del 'topado al gas' a las instalaciones de cogeneración que tienen un régimen retributivo específico y son más eficientes que el ciclo combinado, ya que el ahorro de energía primaria supera por directiva europea el
10 %, ahorrando más de un 3 % de la demanda nacional de de gas, estas consecuencias han provocado entre otras cuestiones que se dispare el consumo de gas para producción eléctrica en ciclos combinados. El gobierno a través del REDL 17/2022 ha
pretendido poner solución a esta situación tan perjudicial para la industria, pero la realidad es que aunque la mitad de las plantas se han acogido al 'mecanismo de topado' -75 % de la potencia-, solo una tercera parte de cogeneraciones paradas han
arrancado con el mecanismo, mientras que se espera que otro tercio puedan reactivarse según avancen las condiciones con sus cadenas de suministro; y para el resto, que comprende las de menor tamaño, las insulares y las del olivar y purín, la medida
resulta claramente insuficiente y no les permite arrancar.
Adicionalmente, sigue existiendo un problema de retribución a las instalaciones de cogeneración que utilizan combustibles distintos del gas natural, como sucede con la biomasa, residuos o purines.
La publicación de las retribuciones pendientes del marco de retribución específica desde el segundo semestre de 2020 y especialmente la del presente semestre de 2022 es esencial para que las cogeneraciones a las que no alcanza
suficientemente el 'mecanismo de topado', puedan evaluar y recuperar lo antes posible sus costes de explotación y reactivar sus niveles de producción, reduciendo más aún el consumo de gas natural del país e impulsado la economía industrial y el
empleo asociado.
Todos los planes nacionales europeos presentados ante la UE para contribuir a los objetivos de descarbonización, además de las energías renovables, tienen como denominador común el incremento de la eficiencia energética. La industria
española es más competitiva con las instalaciones de cogeneración que sin ellas, pero necesita que esa instalación de cogeneración sea retribuida por las externalidades positivas que aporta al sistema eléctrico y al conjunto de la sociedad.
Por todo ello es vital la aprobación del marco de subastas, cuyo borrador se emitió a información pública el pasado 28 de diciembre de 2021, imprescindible para el futuro de las industrias cogeneradoras, para que los operadores del sector
puedan proveer y planificar los recursos necesarios para acudir a las estas subastas, complementando con ello la señal regulatoria que permita descarbonizar las instalaciones actuales con criterios de eficiencia para apoyar a la industria en nuestro
país
En conclusión, para la competitividad y el futuro del sector industrial en España que evite acrecentar el grave riesgo de deslocalización que padece, es necesario que el Ministerio de Transición Ecológica se implique en el desarrollo de una
batería de medidas de apoyo a la industria intensiva en consumo de electricidad y gas, así como en la cogeneración industrial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en coordinación con los sectores afectados y las CCAA, desarrolle un Plan de Emergencia Energética para la Reindustrialización que incluya al menos las siguientes medidas:
1. Presente el Libro Blanco sobre Energía e Industria que analice los impactos en el tejido industrial de las reformas regulatorias de energía de los últimos dos años, tal y como ordenó al Gobierno la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo en PNL aprobada con fecha 13 de octubre de 2021.
2. Regule mediante Real Decreto Ley de urgencia y posterior tramitación como Proyecto de Ley, la figura del Consumidor Hiperintensivo de Energía, para la revisión y mejora del RD 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el
Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que recoja las medidas
necesarias para garantizar el mantenimiento de la actividad de las empresas electrointensivas, asi como de las gasintensivas.
3. Avance en la tramitación del PERTE anunciado para la descarbonización de la industria intensiva en energía, concretando plazos y los programas a impulsar en el marco de una cogobernanza real y efectiva y que incluya al ecosistema de
producción, almacenamiento y distribución de electricidad, gas y combustibles líquidos renovables o de bajas emisiones.
4. Someta a la deliberación y votación del Congreso de los Diputados el nuevo PNIEC 2030 que resulte del proceso de revisión en trámite de consulta pública, a fin de que pueda obtenerse el máximo consenso en cuanto a objetivos, plazos y
acciones adecuadas para alcanzarlos y, especialmente, de la contribución de las industrias consumidoras hiperintensivas de energía, mediante un sistema energético estable, predecible y sostenible en el tiempo que permita generar progreso y empleo de
calidad.
5. Adopte urgentemente todas las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas en el RDL 6/2022 en relación con los consumidores electrointensivos y gasintensivos y específicamente las bonificaciones y
exenciones en los costes y peajes de transporte y el desembolso a las empresas de las cantidades adicionales a las presupuestadas como compensaciones para dicha tipología de consumidores.
6. Aumente el porcentaje de la recaudación de los derechos de emisión de CO2 destinado a compensar a las industrias electrointensivas hasta el límite máximo que autorice la normativa de la UE y aplique a la industria intensiva en energía
regímenes de ayuda análogos a los aprobados en otros Estados miembro como Alemania o Finlandia.
7. Elabore una Adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia que permita acceder a fondos y ayudas adicionales para dichas industrias, así como al máximo de las ayudas de Estado que resulten permitidas en el nuevo Reglamento de la UE en
elaboración, tras la reunión del Consejo de Ministros de Energía del 30 de setiembre de 2022.
8. Ponga en marcha de manera urgente las líneas de ayudas directas a empresas y a consumidores industriales, habilitadas por el marco temporal europeo de ayudas ante la guerra contra Ucrania, a semejanza de lo ya realizado por otros países
europeos con su industria y apruebe un programa específico de préstamos ICO para circulante y así facilitarles liquidez a corto plazo.
9. Establecer un mecanismo de acceso voluntario para excepción en el consumo de gas para los consumidores gasintenvisvos y de cogeneración ante las posibles restricciones obligatorias que puedan surgir del Plan de Contingencia, teniendo en
cuenta que la cogeneración introduce eficiencias en los sistemas productivos y ya genera ahorros en los consumos primarios de gas.
10. Realizar las gestiones necesarias para recuperar capacidad de abastecimiento de gas procedente de Argelia a través del gasoducto de El Magreb y la operación de la ampliación prevista en Medgaz, así como impulsando la interconexión
Midcat con potencial su uso futuro para el hidrógeno.
11. Reactivar los mecanismo de interrumpibilidad, voluntarios y retribuidos, tanto para el gas como para la electricidad, adaptando en este caso el servicio de balance de respuesta activa de la demanda.
12. Inste la modificación de la normativa que restringe la participación en proyectos europeos a aquellas empresas que reciban compensaciones y ayudas para sus costes energéticos.
13. Clarifique la interpretación del RDL 10/2022 a fin de despejar cualquier duda sobre la exención del pago de la compensación del mecanismo de ajuste para aquellas coberturas a plazo que fueron suscritas con anterioridad al 26 de abril de
2022.
14. Desarrolle, en materia de autoconsumo, nuevos modelos de cooperación para la instalación de energías renovables como las comunidades energéticas locales o las empresariales, eliminando barreras tanto de figuras jurídicas como
limitaciones técnicas, como por ejemplo, la exigencia de distancias menores de 500 metros para participantes en autoconsumo colectivo, la regulación de los agregadores así como la subasta de derechos de acceso a nudos para el autoconsumo industrial.
15. Active las subastas de energía procedente de fuentes renovables específicas para consumidores industriales intensivos en energía.
16. Proceda a la aprobación de la metodología de retribución pendiente para la cogeneración, revisable mensualmente para garantizar su suficiencia económica, así como para la repotenciación de la cogeneración de alta eficiencia y de las
tecnologías renovables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2022.-Juan Diego Requena Ruiz, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya, Diego Gago Bugarín, César Sánchez Pérez y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús
Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (G. P. VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a informar y simplificar la factura de la luz y la necesidad de consultar a los españoles sobre nuestra soberanía energética, para su discusión en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Situación de la factura eléctrica de España.
La electricidad es un bien esencial para la prosperidad de España. Es fundamental para el desarrollo de la industria, las empresas, el empleo, los salarios y la familia, en definitiva, para el bienestar de toda la población española.
Por el contrario, a pesar de ser algo evidente y prioritario para las familias y pequeños consumidores, cada vez se hace más inasumible su coste. Así mismo, estas facturas eléctricas representan una amalgama de conceptos que, en vez de
favorecer su simplificación y entendimiento, genera un mayor desconocimiento. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, solo un 11 % de los consumidores comprenden su factura de la luz 41.
La ingente y constante regulación arbitraria, contradictoria y fanática, consecuencia de las nefastas políticas energéticas desarrolladas por sucesivos gobiernos, es lo que ha provocado las terribles consecuencias que ahora sufre la
población española. Este hecho es la principal razón por la cual la factura de la luz se ha sobrecargado de conceptos que engrosan tanto su coste, a precios inasumibles por el bolsillo de los españoles, como su dificultad para entenderlos.
Estas decisiones nunca se consultaron a los españoles. No se les permitió elegir sobre si estaban de acuerdo en asumir el elevado coste y empobrecimiento que está implicando seguir los imperativos conceptos de la Agenda 2030 y las
imposiciones por parte de organismos supranacionales. Por el contrario, el efecto de sus conceptos subversivos se ha camuflado -de manera intencionada y perversa- mediante colores y nociones de una aparente, pero falsa, benevolencia.
Segundo. Diseño de la actual factura eléctrica.
La factura de la luz se compone en la actualidad de varios conceptos:
- El coste de la energía (consumo de energía).
- Los costes regulados de peajes y cargos a través de la tarifa de acceso (peajes de redes de transporte y distribución y cargos por el fomento de las energías renovables, coste adicional de los sistemas no peninsulares y recuperación del
déficit de tarifas).
- El beneficio de la comercializadora.
41 https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/consejos/como-descifrar-la-factura-de-la-luz
- Alquiler de contadores y servicio técnico.
- Impuestos.
Tras la aplicación del mecanismo del límite del precio al gas, a los clientes sujetos a esta medida se les incluye en la factura un nuevo conceto y cargo: tope del gas.
Así mismo, los usuarios pueden pertenecer al mercado regulado, regido por el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y en donde los conceptos están prefijados, o al mercado libre, donde las empresas fijan sus propias tarifas.
En la actualidad aproximadamente el 50 % del coste final abonado en la factura de la luz va a suplir los costes derivados de decisiones políticas bajo el concepto de costes regulados. En el año 2012, los peajes de redes de transporte y
distribución -importes regulados en la factura- representaban en torno al 16 %. En la actualidad este concepto representa cerca del 21 %, incrementándose su impacto sobre el coste final un 30 % respecto de 2012, en un escenario de precios de
generación elevados. Así mismo, estás políticas erráticas llegaron a ocasionar un desbalance deficitario acumulado de más de 30.000 M en la factura eléctrica que se siguen abonando a través de los costes regulados por todos 42 43.
A pesar de las reducciones fiscales y medidas aplicadas, el encarecimiento de los costes regulados y el precio de la electricidad ha provocado que la tarifa regulada actual presente un incremento medio -respecto de 2020- del 144 % para 2021
y de 203 % en 2022 44. Esto hace plausible que el problema sea estructural debido a las políticas energéticas desarrolladas y las sobrecargas de la factura.
Ilustración 1. Evolución mensual factura media PVPC. Elaboración propia. Datos:OCU
De igual modo, esta tendencia con motivo de los efectos descritos se ha reflejado en la actualidad de manera generalizada en la factura eléctrica media (regulada y libre) con un incremento medio interanual desde enero del 70 % de 2022 45.
Tercero. La necesidad de informar y simplificar la factura de la electricidad.
Los españoles reivindican la necesidad de tener una factura de la luz sencilla y accesible a todos; una factura que no genere indefensión ante abusos o desconocimiento y sin sobrecargas debidas a decisiones políticas erradas.
Así mismo, España necesita una electricidad accesible, limpia, eficiente y barata y que esté fuera de toda imposición fanática que vacía el bolsillo de los españoles. Debe legislarse para lograr una factura con una electricidad que asegure
unos precios asequibles para las familias, los autónomos y las empresas y que impulse, y no lastre, la creación de riqueza y empleo.
42 ¿Qué es el déficit de tarifa eléctrico? Expansion.com, https://www.expansion.com/economia-para-todos/familia/que-es-el-deficit-de-tarifa-electrico.html
43 Cinco claves para entender el déficit de tarifa de las eléctricas https://www.lavanguardia.com/economia/20131219/ 54398348086/ deficit-tarifario.html
44 Evolución precio de la luz. (OCU), https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/informe/precio-luz
45 La factura de la luz acumula entre enero y septiembre una subida interanual del 70% (facua.org) https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=18744
En definitiva, la situación actual muestra la importancia de realizar acciones concretas sobre la factura de la luz. Es por ello necesario y urgente eliminar todas las barreras que impidan la libertad de los españoles de elegir, comprender
y ser partícipe de las decisiones energéticas que a ellos les afecta. Que el pueblo español pueda elegir formar parte de la Soberanía Energética de España.
Cuarto. La necesidad de consultar a los españoles sobre una política que asegure la soberanía energética.
Durante las últimas décadas, España ha sido sometida a una pérdida progresiva de su soberanía energética, haciéndonos cada más dependientes del exterior e incrementando las facturas energéticas de las familias y las industrias. Esta deriva
política de los gobiernos nacionales ha conducido a una pérdida progresiva de la soberanía energética de nuestro país, multiplicando nuestra dependencia y las facturas de las familias, llegando hasta el externo de imponer restricciones en el consumo
energético. Es un claro ejemplo la Ley de cambio climático que prohíbe explorar, investigar y explotar nuestros recursos energéticos.
Es de destacar que esta tiránica dependencia energética originada por los últimos Gobiernos de nuestro país provoca en la actualidad un desembolso anual de más de 26.000 millones de euros 46 que, en lugar de utilizarse para la mejora de la
Nación y producir crecimiento económico, se destinan a la compra de energía de manera constante y temeraria, a pesar de que nuestro país es capaz de disponer y producir un elevado autoabastecimiento energético.
Este fanatismo climático que estamos viviendo ha generado, además, un fuerte y desproporcionado incremento de los impuestos sobre las familias y las empresas. Todos estos efectos están provocando, a su vez, en el encarecimiento de las
facturas, la deslocalización de las empresas y, en definitiva, están haciendo más vulnerable a nuestra economía.
Por todo lo expuesto, y ante la gravedad del tiempo que vivimos, es necesario y urgente devolver la palabra a los españoles para que ellos mismos decidan sobre el futuro del modelo energético de nuestro país. Los españoles, como pueblo
soberano, pueden y deben elegir qué política energética desean, sin que tal decisión les sea hurtada por entidades globalistas. Por ello, se hace necesario preguntar a los españoles si quieren una energía limpia, eficiente y barata, que asegure
unos precios asequibles para las familias, para los autónomos y para las empresas y que impulse, y no lastre, la creación de riqueza.
En definitiva, es la hora de que los españoles decidan su futuro. Es la hora de que España decida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
- Adoptar todas las medidas necesarias para informar y simplificar la factura de la electricidad, introduciendo mayor flexibilidad y transparencia.
- Iniciar los trámites oportunos para celebrar, de conformidad con el artículo 92 de nuestra Constitución, una consulta pública a los españoles para que elijan si desean mantener las actuales políticas energéticas que nos someten a una total
dependencia del exterior y encarecen la factura energética o, por el contrario, quieren una política que asegure la soberanía energética de España y permita el aprovechamiento de los recursos de que dispone nuestra Nación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús Requejo
Novoa, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
46 Banco de España - Estadísticas (bde.es). https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/sb_indencons.html
Comisión de Cultura y Deporte
161/004556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del Patrimonio histórico de uso turístico, para su debate en la
Comisión Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Es innegable que la cultura es uno de los principales motivos de la llegada de flujos turísticos en todas las épocas del año, desestacionalizando el turismo y mostrando al mundo un tipo de turismo alternativo frente al tradicional de masas
de sol y playa. Cada vez, con más fuerza, el turismo de interior y cultural está ganando peso en nuestro país y en todos los lugares del mundo. Además, es un turismo que aporta riqueza, como así muestran los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) en su encuesta de gasto turístico (Egatur), donde la media de gasto medio por turista cuando el viaje se realizó por motivos culturales fue de 1.120 en el año 2021 frente a los 1.061 de 2019. Además, la duración media del
viaje entre estos años ha aumentado de 5,78 a 6,17 días.
Recogiendo los datos publicados por el Ministerio de Cultura y Deporte, en su Anuario de Estadísticas Culturales 2020 correspondiente a los datos del año 2019, los viajes iniciados por motivos culturales de personas residentes en nuestro
país fueron de 17 millones. A ello hay que sumarle que la entrada de turistas internacionales con la misma motivación ascendió a 14,5 millones. Entre los motivos destacan: visitar nuestro rico patrimonio, acudir a representaciones artísticas o
disfrutar de festivales tradicionales.
El patrimonio histórico es uno de los principales atractivos del turismo cultural y su impulso y fomento permite el desarrollo económico y la generación de empleo en determinadas zonas de nuestro país, además de servir como elemento
cohesionador del territorio. En España, según la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico, en 2020 existían unos 41.323 Bienes de Interés Cultural, de los cuales, 17.981 corresponde a bienes inmuebles. Su
protección y conservación de todos ellos es competencia de los poderes públicos, tal y como se refleja en el artículo 46 la Constitución Española.
Existen edificios de titularidad estatal que albergan: Paradores de Turismo, hospederías, y hoteles, que son utilizados frecuentemente para exposiciones, encuentros o eventos, siendo por ello que su conservación y mantenimiento son
esenciales, y no sólo a nivel artístico-cultural, sino también económico y turístico para determinadas regiones y ciudades de nuestro país.
En el escenario turístico actual, tras la crisis sanitaria derivada de la aparición de la COVID-19 donde los flujos turísticos han sido menores, nuestro patrimonio se ha consolidado como un producto turístico de alta calidad y necesario para
reactivar el sector. En este contexto, además, hay que señalar que el conocimiento de nuestro extenso patrimonio es una tarea imprescindible para una posterior correcta planificación turística que permita vertebrar el territorio, sobre todo en la
España de interior, en zonas despobladas o en aquellas con alto riesgo de despoblación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Apoyar los instrumentos de colaboración entre Turespaña, Patrimonio Nacional y resto de instituciones y administraciones competentes para la promoción, conservación y recuperación del patrimonio histórico de nuestro país.
2. Mantener la apuesta por la promoción y el conocimiento de nuestro patrimonio nacional a través de campañas de divulgación turística, tanto en colaboración con las CC. AA, diputaciones y entidades locales de nuestro país, así como con
las Oficinas Españolas de Turismo en el Exterior (OET).
3. Fortalecer el desarrollo económico asociado al turismo cultural, a través de los instrumentos e inversiones reflejados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), siempre y cuando se acometa de acuerdo con una
gestión sostenible del patrimonio cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2022.-Marc Lamuà Estañol, Adolfo Pérez Abellas y Julio del Valle de Iscar, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña María de los Reyes Romero Vilches, don Francisco José Contreras Peláez, don José Ramírez del Río, doña Mireia Borrás Pabón, don Julio Utrilla Cano, don Manuel Mestre Barea y don Pedro Fernández
Hernández, en sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (G.P. VOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la
siguiente Proposición no de Ley relativa al mantenimiento del Centro de Estudios Hispanoamericanos como institución propia adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Exposición de motivos
Primero. La Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos ('EEHA'), fundada en Sevilla en el año 1942 47, es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España ('CSIC'). La EEHA tiene como objetivo la realización de tareas
investigadoras, de formación post-universitaria y la publicación de revistas y monografías científicas sobre historia de América. Además, atesora una biblioteca de obligada consulta entre los especialistas que está considerada como una de las más
completas del mundo en el ámbito de la historia colonial hispanoamericana.
Segundo. Supresión de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
Según han publicado diversos medios de comunicación 48, la presidencia del CSIC ha tomado la decisión de suprimir la Escuela de Estudios Hispanoamericanos('EEHA') como institución propia. A partir de ahora, este organismo -con más de
ochenta años de historia- pasará a integrarse en el denominado Instituto de Historia ('IH').
El IH es un instituto científico español adscrito, igualmente, al CSIC. Tiene como objetivo promover investigaciones sobre el pasado, remoto o próximo, para conocer y comprender las dinámicas del cambio y las interacciones de las sociedades
a lo largo del tiempo.
Tercero. Consecuencias de la supresión del EEHA.
Aunque se prevé que la meritoria labor de docencia e investigación ejercida durante más de ochenta años por el organismo suprimido tendrá continuación en el IH, se teme que la relación de puestos de trabajo se vea mermada y ello conlleve la
reducción de su personal científico y de investigación.
Para mayor abundamiento, fuentes de la EEHA y del CSIC denuncian que en los últimos años se ha producido un hecho anómalo que complica aún más la situación de los organismos públicos de investigación. Así, en muchas de las convocatorias de
plazas de científicos titulares, una vez que estos obtienen la correspondiente plaza de funcionario en territorios periféricos, muchos de ellos solicitan su traslado a Madrid. Este es el motivo por el cual las plazas no se consolidan en los centros
originariamente
47 http://www.eeha.csic.es/archivos/decreto_EEHA.pdf
48 https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-pierde-Escuela-Estudios-Hispanoamericanos_0_1723928213.html
propuestos. Esta realidad -pública y notoria- exige la búsqueda de perfiles más ajustados a las necesidades particulares de cada centro, para evitar la salida de investigadores y la desmembración de estos importantes organismos.
Cuarto. Importancia de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
Uno de los principales motivos por los cuales se debería mantener la EEHA es porque se complementa perfectamente con los diversos departamentos universitarios de Sevilla, los fondos del Archivo de Indias y las diferentes iniciativas llevadas
a cabo por las Administraciones Públicas (AA. PP.).
Por otro lado, hay que tener en cuenta que Sevilla fue, durante siglos, la puerta de América. Los barcos que navegaban desde Hispano-América entraban a Europa por el puerto hispalense. El comercio de Indias ha dejado una fuerte impronta en
la ciudad y la huella de esta época se mantuvo gracias, entre otras instituciones y lugares emblemáticos, a la antigua Universidad de Mareantes, a las Atarazanas y al Archivo de Indias, que es la institución que más la dignifica.
En este punto, debemos destacar el valor de la Biblioteca Americanista de Sevilla perteneciente a la EEHA. Dicha biblioteca está considerada como una de las bibliotecas más completas para el estudio del período colonial hispanoamericano ya
que cuenta con un singular fondo bibliográfico en el que se pueden encontrar ejemplares y colecciones de bibliografía documental de difícil localización 49.
Además, en estos momentos, en los que contamos con un número cada vez mayor de hispanoamericanos residiendo en nuestro país -más de 835.000 en 2021 50- y, en particular, en Andalucía, ya que es la tercera región con mayor número de
inmigrantes afincados, debemos fortalecer los lazos con la Iberosfera. Por lo tanto, es fundamental mantener y reforzar todas aquellas instituciones, como la EEHA, que contribuyen al estudio y difusión de nuestro pasado común.
Quinto. Conclusiones.
Por todo lo anterior, la ciudad de Sevilla, tradicionalmente conocida como el 'puerto del nuevo mundo', siempre ha tenido por estandarte cultural la EEHA y el Archivo de Indias. Estas instituciones han convertido a la ciudad hispalense en
la 'meca' de los americanistas de todo el mundo. Es por ello por lo que la supresión de la EEHA y todos los recortes injustificados en materia cultural constituyen un ataque a la ciudad de Sevilla, que resulta, a todas luces, improcedente. Además,
con esta Resolución de la presidencia del CSIC, se pone en peligro la repercusión cultural, económica y social que la capitalidad americanista le reporta en la actualidad.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
- Mantener a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos con su estatuto actual, como institución propia adscrita al CSIC.
- Crear plazas de científico titular adscritas al EEHA cuyo perfil esté ligado a la documentación localizada en el Archivo de Indias.
- Dotar al EEHA de plazas de personal auxiliar, en especial promover la contratación de personal que vele por el mantenimiento y el buen uso de la Biblioteca Americanista de Sevilla.
- Establecer convenios con todas las instituciones universitarias radicadas en Sevilla, para que sus investigadores realicen estancias de investigación a través del CSIC en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
49 https://rediceisal.hypotheses.org/centros-redial/espana/biblioteca-americanista-de-sevilla
50 Cinco de los quince países con mayor número de extranjeros viviendo en España proceden de Hispanoamérica: Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras y Perú. https://www.ine.es/prensa/cp_e2021_p.pdf
- Establecer convenios entre la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y otros centros de investigación para reactivar el uso a la residencia de investigadores aneja a la Escuela.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-María de los Reyes Romero Vilches, Manuel Mestre Barea, Francisco José Contreras Peláez, José Ramírez del Río, Mireia Borrás Pabón, Pedro Fernández Hernández y Julio Utrilla
Cano, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Víctor Sánchez del Real, don Alberto Asarta Cuevas, doña Cristina Esteban Calonje y doña María de los Reyes Romero Vilches, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta a aumentar la prevención y el control para
evitar la financiación de actividades terroristas a través de fondos de la Cooperación Española, para su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Primero. El riesgo de que fondos españoles destinados a cooperación terminen en manos de terroristas.
El día 13 de abril de 2021 era detenida la ciudadana española Juana Ruiz Sánchez por parte de las autoridades israelíes, que presentaron los siguientes cargos formales en su contra: trabajar para una asociación ilegal (Health Work
Committees, HWC), recaudar fondos en España para la financiación de una organización terrorista -el Frente Popular para la Liberación de Palestina ('FPLP')-, impartir ciclos de conferencias para criticar a Israel y destinar los fondos recaudados en
ellas al FPLP.
Poco después, el 3 de junio, la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores recibieron al director general de política en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Sr. Alon Bar, quien vino acompañado de la siguiente
delegación: Excma. Sra. Rodica Radian Gordon, Embajadora de Israel en España, Sr. Emil Ben Naftaly, Asesor del Dto, de Política y del Sr. Asaf Moran, ministro consejero de la Embajada.
En dicha reunión, el Señor Bar aseveró que existía la posibilidad de que fondos de Cooperación españoles hubieran podido acabar en manos de terroristas a través de organizaciones tapadera creadas por los mismos y se ofreció al Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para la creación de un grupo de trabajo en el que poder tratar este asunto y dar a conocer las pruebas de las que dispondrían en este sentido.
Ante estas informaciones, desde el Grupo Parlamentario VOX decidimos preguntar al Gobierno por esta cuestión y registramos, el 16 de junio, una pregunta con respuesta por escrito, con número de registro 135124, cuya respuesta, con número de
registro 152313, se recibió el 10 de septiembre y cuyo contenido reproducimos a continuación:
'En el ámbito de la gestión de convocatorias de concurrencia competitiva se aplica la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo dispuesto en el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las
subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional y la Orden AEC/2009/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo.
La Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) fija las normas de gestión, seguimiento y justificación de las
subvenciones concedidas para la ejecución de convenios, proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo.
A partir de la recepción de los fondos por parte de las entidades adjudicatarias, y en aplicación a la normativa anteriormente expuesta, se pone en marcha un exhaustivo mecanismo de verificación y control de la utilización de la financiación
concedida.
Se realiza un seguimiento de las actividades subvencionadas para supervisar que la ejecución cumple con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según el cual, las entidades beneficiarias de las subvenciones
deben someterse a las actuaciones de comprobación de la AECID y de las empresas contratadas por la misma, así como de la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas.
De acuerdo con lo dispuesto en las normas de procedimiento, justificación y control, las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) adjudicatarias están obligadas a presentar a la Unidad gestora, a través del Departamento de
ONGD, en los plazos y formatos establecidos, los preceptivos informes anuales de seguimiento y finales que contendrán la información y justificación económica relevante del período informado.
En función de lo dispuesto en cada resolución de convocatoria, las entidades beneficiarias además podrán ser objeto de auditorías como forma de justificación. El incumplimiento de las obligaciones de las entidades beneficiarias en la
convocatoria, así como la no realización de los objetivos previstos o una deficiente justificación del gasto de la subvención concedida puede suponer el inicio de un procedimiento de reintegro de la subvención. El régimen de control, reintegro y
sanciones se regirá por la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y por lo establecido en el capítulo V del título II del mencionado Real Decreto 794/2010.
La AECID comprueba sistemáticamente que la entidad receptora no está incluida en el régimen de sanciones establecido por la Unión Europea y por Naciones Unidas. Por todo ello, se entiende que ninguno de los proyectos de la AECID tiene
riesgo real de verse afectado por las informaciones mencionadas en la pregunta.'
Sin embargo, poco después, se tuvo conocimiento de la resolución del caso de Juana Ruiz Sánchez, que finalmente fue condenada tras un acuerdo de culpabilidad en el que los cargos imputados se redujeron a dos, aunque inicialmente se le
imputaron cinco delitos relacionados con su trabajo en los Comités de Trabajos para la Salud. Según este acuerdo, admitió haber recaudado fondos europeos para la ONG que luego se transfirieron para financiar las actividades del FPLP, si bien
también declaró que 'Siempre pensé que estaba trabajando para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué, espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer ningún daño' 51.
Sin entrar en los pormenores del caso, lo que parece claro es que distintas ONGs fueron utilizadas por una organización terrorista como instrumento para obtener financiación proveniente de fondos de la Cooperación Española. En concreto, y a
parte de los Comités de Trabajos para la Salud, cabe destacar: la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer), el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de
Trabajo Agrícola y las organizaciones Al-Haq y Defensa Internacional de la Infancia.
Esto es, sin duda, un peligroso precedente y refuta claramente la respuesta del Gobierno afirmando que 'ninguno de los proyectos de la AECID tiene riesgo real de verse afectado por las informaciones mencionadas en la pregunta'. Sobre todo,
si tenemos en cuenta otros casos que han afectado a la Cooperación Española, como puede ser el reciente caso de 'Los Millones de Panamá' 52, dónde todos los controles fallaron durante años y en el que el responsable del desfalco continúa en busca y
captura.
Según establece el Informe elaborado por la División de Control y Mejora de la Gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, remitido en fecha 8 de junio de 2020 al Tribunal de Cuentas, sobre el caso de los
'millones de Panamá', que afecta a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el caso de la OTC de Panamá existen dos cargos con responsabilidad económico-financiera, a saber: (i) la del Administrador (Guevara
Barrios), quien venía desempeñando materialmente esas funciones desde su contratación en el año 1992, y (ii) la del Coordinador de la OTC a quien, como Cajero Pagador, con nombramiento expreso y en base al artículo 79
51 https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/israel-condena-a-la-cooperante-espanola-juana-ruiz-tras-acuerdo-de-culpabilidad/10004-4672530
52 https://www.europapress.es/nacional/noticia-busca-captura-contable-oficina-aecid-panama-desfalco-45-millones-euros-20200716191315.html
de la LGP y en lo establecido en la Orden de 23 de diciembre de 1987 por la que se dictan normas para el desarrollo y aplicación del Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados a justificar, corresponde la custodia y el uso de
fondos de la Caja Pagadora (la OTC).
En ambos casos, sus actuaciones provocaron un daño en los fondos públicos gestionados por la OTC de Panamá.
Presumiblemente, en el caso del Sr. Guevara Barrios existiendo, además, una manifiesta intencionalidad, correspondiente en tal caso la calificación de los hechos como malversación. En el caso de los Coordinadores, que han ocupado el puesto
en los diferentes años en que se han producido los hechos, corresponde la de alcance, pues presumiblemente ha podido existir una actuación culposa grave por no haberse adoptado las medidas mínimas necesarias para evitar las actuaciones delictivas
del Administrador.
Los daños así causados por dichas conductas, determinantes de la responsabilidad, se consideran efectivos, cuantificables económicamente e individualizados.
De conformidad con los datos obrantes en el informe de la tesorería de la OTC de Panamá, se ha producido un desfalco por el siguiente valor total estimado:
CUENTA;CUANTÍA EN USD
Otras Administraciones AACID;1.311.317,13
OTC FCAS;3.587.284,44
OTC Funcionamiento;135.522,87
Caja Efectivo;1.720,94
TOTAL;5.035.845,38
Remarca igualmente el Informe que las cantidades detraídas de las tres cuentas corrientes y a la caja de efectivo se ha venido producido durante, al menos, los últimos 13 años.
En ese plazo, el Administrador siempre fue el señor Guevara Barrios. Sin embargo, ha habido dos Coordinares, por lo que a fin de determinar y, posteriormente, depurar las responsabilidades procedentes, deben distinguirse dos periodos:
CUENTA;CUANTÍA USD;COORDINADOR
Otras Administraciones AACID;1.311.317,13;Rosa Beltrán
OTC FCAS;1.875.761,12;Rosa Beltrán
Total Periodo Rosa Beltrán;3.187.078,55;
OTC FCAS;1.711.523,02;Carlos Cano
OTC Funcionamiento;135.522,87;Carlos Cano
Caja Efectivo;1.720,94;Carlos Cano
Total periodo Carlos Cano;1.848.766,83;
Así pues, amén del desfalco del dinero de todos los españoles, a la vista de las revelaciones del mentado Informe, se detrae que las cuentas también fueron empleadas como sistema de blanqueo de capitales.
Segundo. Vulnerabilidad de las organizaciones no gubernamentales.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, institución intergubernamental cuyo propósito es combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y a la que pertenece el Reino de España, ha
desarrollado una lista de 40 recomendaciones 53 que constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales. Entre estas la número 8 habla específicamente de las organizaciones sin ánimo de lucro, señalando lo siguiente:
'Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades sin fines de lucro que el país ha identificado como vulnerables para su abuso para el financiamiento del terrorismo. Los países deben establecer
medidas focalizadas y proporcionales, en línea con el enfoque basado en riesgo, a tales organizaciones sin fines de lucro para protegerlas del abuso para el financiamiento del terrorismo, incluyendo:
(a) por organizaciones terroristas que se presenten como entidades legítimas;
(b) para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, incluyendo el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos; y
(c) para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos, destinados a propósitos legítimos, a las organizaciones terroristas.'
A su vez, el Manual para inspectores y auditores fiscales sobre lavado de activos y financiación del terrorismo de la OCDE advierte sobre esta cuestión que desde el Gobierno español y la AECID consideran sin 'riesgo real' de producirse:
'Las fuentes de apoyo financiero empleadas habitualmente para la financiación del terrorismo son i) las donaciones directas realizadas por personas físicas y organizaciones; ii) el uso de organizaciones benéficas y sin fines de lucro; y
iii) la actividad delictiva.
( ...)
Organizaciones benéficas y sin fines de lucro: aunque la gran mayoría de las organizaciones benéficas son legítimas y llevan a cabo una labor importante, el Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido que este sector puede
ser particularmente vulnerable al uso indebido para fines de financiación del terrorismo. Las organizaciones benéficas y sin fines de lucro y otros llamamientos similares orientados a apoyar a 'las personas necesitadas' resultan particularmente
atractivos para los agentes que financian el terrorismo, por diversas razones. Tienen capacidad para conseguir fondos de una amplia gama de posibles donantes entre su público debido al alcance emocional de ayudar a las poblaciones vulnerables o que
sufren, y muchos gobiernos alientan a donar dinero a las organizaciones benéficas permitiendo que los contribuyentes se deduzcan el valor o un porcentaje de sus donaciones. Si las organizaciones benéficas también manejan efectivo, es más difícil
rastrear la asignación, el movimiento y el uso de los fondos. Algunas organizaciones benéficas tienen presencia en todo el mundo y ya trabajan en zonas de conflicto donde tal vez estén operando organizaciones terroristas, o tienen acceso a otros
grupos ubicados cerca de tales zonas.' 54
Como vemos, algunas de las principales organizaciones encargadas de la persecución de este tipo de actividades, lejos de considerar que no existe riesgo real de que fondos de la cooperación y de las organizaciones no gubernamentales terminen
en manos de grupos terroristas, consideran esta una de las principales vías de financiación del terrorismo y, además, un sector particularmente vulnerable.
Tercero. Países que albergan enemigos de España.
Por otra parte, en consonancia con los principios básicos del Estado de Derecho, España debería cancelar cualquier tipo de cooperación internacional con países que acepten y alberguen a enemigos condenados de la nación.
Son numerosos los ejemplos de naciones que, a sabiendas, deciden cobijar a condenados por delitos de la mayor gravedad, tales como Cuba o Venezuela.
Sin embargo, tal circunstancia parece no ser impedimento para que España coopere internacionalmente con tales países.
Por el contrario, naciones como Estados Unidos elaboran una lista de países patrocinadores del terrorismo -en su sentido más amplio- a fin de manifestar públicamente su condena, enemistad y cancelación de cualquier tipo de colaboración
internacional. Así, por ejemplo, Washington incorporó a Cuba a su 'lista negra' alegando que la isla había servido de refugio a miembros del grupo terrorista
53 https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2020/09/FATFRecommendations2019.pdf
54 https://www.oecd.org/ctp/crime/lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-manual-para-inspectores-y-auditores-fiscales.pdf
vasco ETA y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de albergar a reconocidos fugitivos estadounidenses. También se encuentran en esa lista Irán, Siria y Corea del Norte 55.
Cuarto. Inmigración ilegal.
Uno de los principales problemas que tiene España es el de la entrada masiva de inmigrantes de forma ilegal. Las cifras de entradas ilegales en España se han incrementado de forma exponencial en los últimos años, siendo inasumibles por
España. Durante los últimos gobiernos de España se ha seguido una política errada consistente en transferir importantes fondos de cooperación a los principales países emisores de inmigración ilegal con el ánimo de incentivarles para combatir este
fenómeno. Esta política, lejos de dar los resultados esperados, ha propiciado un efecto llamada por cuanto muchos de estos inmigrantes consideran a nuestra Patria como lugar rico y próspero que se puede permitir donar ingentes cantidades de dinero
a estos países.
Además, es significativo que muchos de estos países, a pesar de recibir estos fondos de cooperación internacional, sean reticentes a admitir la devolución de inmigrantes ilegales o, lo que es peor, que ni siquiera establezcan medidas para
evitar la salida de estos inmigrantes de sus territorios.
Es por ello por lo que debe revisarse en profundidad la política de concesión de fondos de cooperación internacional a aquellos países que no colaboren activamente en erradicar la inmigración ilegal o que pongan trabas a la devolución de los
inmigrantes que han entrado en España de forma ilegal. No podemos cooperar con quien no coopera con nosotros y nos causa un grave perjuicio.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Revisar los proyectos y programas concretos de la Cooperación Española, especialmente aquellos que se desarrollen en países donde actualmente se encuentren activos grupos terroristas o se tenga constancia de la presencia de redes
terroristas, para asegurar la correcta utilización de los fondos y prevenir su malversación y uso en actividades terroristas.
2. Elaborar una lista de países que, con conocimiento, alberguen y/o acepten a personas condenadas por terrorismo, sedición, rebelión, y cualesquiera otros delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para, posteriormente, cancelar de manera inminentemente cualquier cooperación internacional con los países incluidos en la misma.
3. Revisar la política de concesión de ayudas y fondos de cooperación para que en ningún caso sean receptores de estos fondos aquellos países que no colaboren de forma activa en la lucha contra la inmigración ilegal o pongan impedimentos a
la devolución a sus territorios de aquellos inmigrantes que hayan entrado en España de forma ilegal.
4. Realizar un estudio para identificar las mejoras legales y técnicas que sean necesarias para fortalecer la prevención de la malversación de fondos de la Cooperación por parte de redes terroristas, de blanqueo de capitales, de
narcotráfico, de explotación de personas o de inmigración ilegal.
5. Implementar las conclusiones de dicho informe a través de los cambios legales y administrativos necesarios.
6. Incorporar a los acuerdos país y a los proyectos concretos de la Cooperación Española compromisos y garantías específicas para la prevención del terrorismo, el narcotráfico y las redes de explotación de personas o de inmigración ilegal.
7. Aumentar la colaboración internacional con distintos países en materia de prevención del terrorismo, del narcotráfico, de la explotación de personas o de la inmigración ilegal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2022.-Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, María de los Reyes Romero Vilches y Cristina Esteban Calonje, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
55 State Sponsors of Terrorism - United States Department of State
Comisión de Igualdad
161/004550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para luchar contra la trata de personas para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La trata de seres humanos constituye una violación de los derechos humanos y una de las formas más drásticas de violencia contra las mujeres, basada en la mercantilización de las víctimas. Siendo innumerables las formas de trata, la más
común, y la que tiene más claro un sesgo de género, es aquella con fines de explotación sexual.
Entre 2017 y 2018 se detectó un total de 74.514 víctimas de trata en más de 110 países, siendo un 70 % de ellas mujeres adultas. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo estima que en todo el mundo 28,7 millones de mujeres y
niñas fueron sometidas a trabajo forzoso, servidumbre, matrimonio forzoso y esclavitud.
En España, los datos oficiales no reflejan la realidad de la trata (40 %, INE 2021) y la explotación sexual (29 %, INE 2021) debido, entre otros factores, a una legislación que no aborda adecuadamente las formas de esclavitud moderna. En
todo caso, respecto a la trata con fines de explotación sexual, nuestro país se sitúa como uno de los de mayor tránsito y destino de víctimas de trata con esta finalidad.
A nivel normativo, en 1999 se tipificó por primera vez un delito que pretendía sancionar el tráfico de persona con fines de explotación sexual, pero se hizo incluyendo el elemento de cruce de fronteras, lo que generaba confusión entre el
tráfico de migrantes y la trata de personas. Posteriormente, tras la ratificación del Convenio de Varsovia en 2009 se tipificó la trata de persona adecuadamente englobando los tres elementos que la constituyen: captación, traslado y explotación,
con lo que incluye la trata de mujeres españolas y comunitarias.
A nivel europeo se elaboró en 2021 un documento que recoge la estrategia para combatir la trata de personas. En dicho documento, la comisión invita a los estados miembros a realizar las siguientes acciones:
- Fortalecer la respuesta por parte de la justicia ante estos actos criminales e implementar iniciativas de prevención de todas las formas de explotación, incluyendo la trata de personas para explotación sexual.
- Contar con el apoyo de las agencias europeas (como Europol, Eurojust, Cepol y Frontex) para mejorar el proceso de identificación de las víctimas potenciales de trata.
- Mejorar el registro de datos relativos a la trata de personas, así como la digitalización de estos datos.
- Compartir los datos e investigaciones sobre trata de personas con el apoyo de la Europol.
- Concienciar a la población en igualdad de género y derechos de infancia.
- Crear espacios seguros para las víctimas donde puedan reportar los crímenes sin temor a ser juzgadas (revictimización) o perseguidas.
- Prestar servicios médicos a las víctimas migrantes dentro del programa de salud europeo con el objetivo de lograr su pronta recuperación.
Por último, cabe destacar que la actual pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y sus efectos socioeconómicos profundos y generalizados están aumentando la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la explotación, el abuso y la
trata. El incremento de las desigualdades, la vulnerabilidad y la pobreza puede hacer que las mujeres y las niñas estén expuestas a un mayor riesgo de trata. Además, en un momento en que el mundo se traslada al ámbito virtual en respuesta a la
COVID-19, los tratantes se están sirviendo de las tecnologías en línea y otros medios para captar y explotar a las víctimas.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar antes las Cortes Generales una ley integral de lucha contra la trata que incluya las siguientes actuaciones:
1. Ofrecer soluciones reales tanto para las víctimas como para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los profesionales de la Administración que deben detectar, responder y sancionar la trata y a sus responsables.
2. Reforzar los sistemas de inspección y detección de trata de personas, con especial atención a mujeres y niños, para evitar que se perpetúen situaciones de explotación y se puedan aflorar casos ocultos a las autoridades hasta la fecha.
3. Reformar el marco normativo de los movimientos migratorios, aumentando las penas y los esfuerzos contra las mafias que se valen de la desesperación y necesidad de migrantes para derivarlos a canales de trata de personas, ofreciendo
además alternativas migratorias para evitar que quienes huyen de la guerra, la persecución o la miseria se vean obligados a poner su vida en manos de estas mafias y arriesgar su vida para llegar a Europa.
4. Avanzar en la creación de alianzas con instituciones financieras y otras organizaciones del sector privado con el objetivo de vigilar, detectar y denunciar las actividades sospechosas relacionadas con la trata.
5. Aumentar la inversión en programas de autonomía e independencia económica de las mujeres, en particular en los países de origen, a fin de reducir la vulnerabilidad de las mujeres a la trata.
6. Invertir en medidas de prevención a largo plazo para atajar las causas fundamentales de la explotación sexual, evitando la criminalización banal y genérica de la prostitución, regulando de forma garantista el trabajo sexual para ofrecer
una mejor red de protección y prevención frente al trabajo forzado en este sector.
7. Desarrollar programas de atención a víctimas ofreciendo apoyo psicológico y la atención médica que requieran; así como apoyarlas en el proceso de reinserción mediante itinerarios de inclusión claros, sencillos y con las herramientas
adecuadas para su éxito como clases de lengua castellana, formación en competencias y reconversión laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para garantizar la inserción laboral de las mujeres trans para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación al establecer que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Paralelamente, la materialización de este derecho se encuentra recogida en el artículo 9.2 de la Constitución, que establece la obligación de los poderes
públicos de promover las condiciones para la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, para que sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Asimismo, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, reconoció a las personas transexuales mayores de edad la posibilidad de corregir la asignación registral de su
sexo contradictoria con su identidad, sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo y sin procedimiento judicial previo, aunque manteniendo para la acreditación de la solicitud de rectificación de disponer de un
diagnóstico psicológico de disforia de género.
En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama, en su artículo 1, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, en su artículo 2, que los derechos y libertades en ella
contemplados serán de aplicación sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Este reconocimiento general del principio de igualdad de trato y no discriminación en la Declaración Universal también se extiende a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, como se recoge en
numerosos textos y tratados internacionales, así como en declaraciones específicas, como los Principios de Yogyakarta de 2007. Dichos principios, sobre la aplicación del derecho internacional de los Derechos Humanos a las cuestiones de orientación
sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, demandan a todas las naciones que garanticen las protecciones de los derechos humanos de las personas LGTBI.
En la actualidad no hay un registro que nos permita conocer cuántas personas transexuales hay en España, si bien es cierto que es una cifra que ha ido saliendo a la luz en los últimos años desde que la OMS en 2018 dejara de considerar la
transexualidad como un trastorno mental. Lo que sí es una realidad en España es que existen más mujeres transexuales que hombres, lo que provoca que se vean más expuestas a actitudes tránsfobas.
El machismo existente en nuestro país insta a que estas mujeres se vean más afectadas por múltiples discriminaciones, más que los varones trans. Además, es un colectivo de mujeres que está muy expuesto a la violencia sexual y laboral, dado
que muchas de ellas se dedican al trabajo sexual como única opción por supervivencia, y en ocasiones las expone a ser más vulnerables a tratos crueles y denigrantes, a ser fetichizadas y cosificadas, así como a un cuidado insuficiente de su salud
sexual. Si a esto le sumamos que existe un constante cuestionamiento a su identidad por parte de algunos sectores de la sociedad, encontramos que la situación de estrés, el estado de alerta y la ansiedad pueden verse incrementados teniendo
consecuencias negativas en la salud mental de estas mujeres.
De acuerdo con diferentes estudios llevados a cabo, tales como el de la Organización de Médicos del Mundo, revelan que un 80 % de las mujeres trans están excluidas del mercado laboral lo que les fuerza a aceptar trabajos precarios o recurrir
al trabajo sexual. Un 48,2 % de las mujeres trans afirma haberse visto obligada a prostituirse para poder subsistir.
En lo que respecta al ámbito de la pareja, las mujeres que se identifican como trans también se ven afectadas por la violencia de género. El heterosexismo, la transfobia, el introyecto del maltrato, la vulnerabilidad al consumo de
sustancias, los estereotipos sociales, el convivir con el VIH, la posible inexistencia de apoyo en el ámbito familiar y/o una red de amigos y amigas deficiente, entre otras, pueden ser factores de riesgo para que estas mujeres puedan llegar a ser
más susceptibles de vincular emocionalmente con parejas tóxicas.
Desde el GP Ciudadanos hemos defendido siempre la necesidad de legislar para todos y especialmente para los colectivos más vulnerables, como es en este caso las mujeres trans. Es necesario que se ofrezcan salidas laborables dignas para
estas mujeres, que por el mero hecho de no reconocer el sexo con el que han nacido, ya no se pueden tener en cuenta sus cualidades y aptitudes profesionales. Asimismo, es necesario seguir luchando contra una de las mayores lacras de nuestra
sociedad, la violencia de género.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha un plan de actuación que garantice los derechos de las mujeres trans a la mayor brevedad posible, incluyendo las siguientes actuaciones:
1. Elaborar un plan de inserción laboral para las mujeres trans, de tal forma que puedan acceder a empleos seguros y estables. Este plan incluiría un acompañamiento a las empresas ofreciéndoles recursos formativos y sensibilizadores sobre
las mujeres trans.
2. Realizar una base de datos que pueda poner en contacto a empresas que soliciten perfiles laborales con mujeres trans.
3. Impulsar un plan de atención psicológica para aquellas mujeres trans que hayan sufrido discriminación laboral, ofreciendo un acompañamiento por profesionales en materia de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y Gestión de
Recursos Humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre promoción de la intergeneracionalidad, para su debate en la Comisión de
Derechos de la Infancia y la Adolescencia
Exposición de motivos
El 29 de abril de 2009 se celebró por primera vez el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones, impulsado por distintas organizaciones no gubernamentales como la Plataforma Europea de Personas Mayores (AGE) y el European
Youth Forum (YFJ). Como punto de partida, se adoptaron las conclusiones recogidas en el Libro Verde de la Comisión Europea sobre retos demográficos (2005), que plantean la necesidad de reforzar la solidaridad intergeneracional y permitir que las
personas mayores puedan seguir contribuyendo al desarrollo si así lo desean,
La reducción de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida hacen que Europa vaya envejeciendo cada vez más. A medida que esta tendencia se vaya consolidando, las políticas de la Unión deberán ir adaptándose a esa realidad,
pero es importante ir preparando el terreno y comenzar cuanto antes a adoptar medidas que nos capaciten para un cambio de paradigma que no parece reversible.
Según datos de Eurostat, en la Unión Europea, se espera que el porcentaje de la población mayor de 65 años o más aumente del 17,4 % en 2010 al 29,5 % en 2060. Esto hace más necesario que nunca establecer un diálogo intergeneracional entre
los jóvenes y las personas mayores sobre el envejecimiento, la comprensión mutua y la manera de colaborar para mejorar la vida de todos y todas.
La Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 21, prohíbe cualquier discriminación por razón de edad y en el artículo 25, reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e
independiente y a participar en la vida social y cultural.
El Libro Verde sobre el envejecimiento publicado el pasado año por la Comisión Europea reconoce que 'los años que van desde la primera infancia hasta la adultez temprana nos afectan durante el resto de nuestra vida Lo que vivimos, lo que
aprendemos y los hábitos que adoptamos son factores que moldean nuestras perspectivas, salud y bienestar futuros. Sentar las bases correctas a una edad temprana puede ayudar a evitar, limitar o posponer algunos de los desafíos vinculados al
envejecimiento'.
El mismo documento contempla, además, un apartado dedicado precisamente a mejorar el bienestar a través de la solidaridad intergeneracional, aportando algunas recomendaciones, aún emergentes, para evitar aquellas situaciones que limitan el
intercambio entre generaciones, como viviendas en las que convivan varias generaciones. Este tipo de iniciativas permiten ofrecer compañía a los residentes mayores, transferencia de competencias y conocimientos a los residentes jóvenes y unas
valiosas interacciones sociales para todos ellos.
Por ello, se hace necesario explorar iniciativas similares que contribuirían en gran medida a evitar uno de los problemas más importantes que afectan a las personas mayores: la soledad. Si bien es cierto que esta es una lacra que afecta a
todos los grupos de edad, factores como problemas de salud, circunstancias económicas desfavorables y vivir solo/a están asociados a unos mayores niveles de soledad. Y, con relación a este último factor, se estima que alrededor de treinta millones
de adultos/as de la UE suelen sentirse solos/as.
A todo lo anteriormente expuesto hay que sumarle que la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia general de la salud mental. Los confinamientos han tenido una repercusión significativa en las personas muy mayores y
frágiles, especialmente en aquellas que no suelen tener acceso a la comunicación digital, o las capacidades para utilizarla. Por ello, invertir en capacitación digital, desarrollo comunitario y cohesión intergeneracional puede evitar el deterioro
de la salud mental y el bienestar, así como reducir las desigualdades.
De esta forma se daría también cumplimiento a uno de los cuatro objetivos fundamentales que se ha marcado la Unión Europea este 2022 con motivo del Año Europeo de la Juventud, como es el de ayudar a los/as jóvenes a convertirse en ciudadanía
activa y comprometida.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, poner en marcha programas que promuevan la intergeneracionalidad para romper con los estereotipos que se asocian a la tercera edad.
2. Incentivar el voluntariado entre los y las jóvenes en actividades relacionadas con la atención a las personas mayores a través de programas interministeriales, que se darán a conocer a través de Instituto de la Juventud (INJUVE) y se
podrán desarrollar a través organizaciones no gubernamentales que habitualmente trabajan en programas similares.
3. Implantar el nuevo currículo educativo derivado de la LOMLOE, que incorpora la cuestión de la intergeneracionalidad para que, desde edades tempranas, el alumnado sea consciente de la importancia de promover el envejecimiento activo y el
aprendizaje permanente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2022.-Omar Anguita Pérez, Diputado.-Susana Ros Martínez e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Política Territorial
161/004532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para potenciar los refugios
climáticos en las ciudades, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Según un estudio de la revista Environment International, publicado en 2016 pero con datos del período 2000-2009, 1.300 personas fallecen al año en España por una mortalidad atribuible a las olas de calor. Si bien menos del 2 % de
defunciones son atribuibles a golpes de calor, la mayor parte corresponde a otras patologías médicas; es decir, personas con otras enfermedades que ven agravada su afección por el aumento de las temperaturas.
Según los expertos, la mortalidad por ola de calor tiende a aumentar y este fenómeno es atribuible al cambio climático. Según explica el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPPC), organismo perteneciente a la
Organización de las Naciones Unidas, la crisis climática se está generando en todas las regiones del planeta, en donde el efecto de la climatología extrema se está extendiendo de manera rápida e intensa. El documento muestra evidencias de la crisis
climática originada por los gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles. Se ha elevado la temperatura en la superficie de la Tierra en más de un grado, los glaciares se encuentran en retroceso desde la década de los
90 y la subida del nivel del mar alcanza ya los 3,7 milímetros al año entre 2006 y 2018. Se trata de evidencias científicas y claras de que, a falta de una reacción global para revertir los
efectos que causamos en nuestro entorno mediante políticas que hagan disminuir la contaminación, más allá de los compromisos adoptados en las cumbres climáticas, hacen falta medidas para paliar las consecuencias del cambio climático mientras
no lleguen tales políticas globales.
Medidas que algunos ayuntamientos ya están liderando, como es el caso de Barcelona. El gobierno liderado por la alcaldesa Ada Colau ha desplegado para este año casi 200 refugios climáticos para hacer frente a las diferentes olas de calor en
la ciudad, ofreciendo confort térmico a las personas usuarias y a las personas vulnerables al calor. Entre los equipamientos municipales habilitados los barrios y se encuentran bibliotecas, equipamientos de proximidad en los barrios y distritos de
la ciudad, centros deportivos municipales, parques y jardines, escuelas y museos. Se recomienda mantener una temperatura de consigna de 26 °C -en concordancia con lo recomendado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía- y se
dirigen sobre todo a personas vulnerables al calor, como bebés, personas mayores de 75 años, enfermos crónicos o personas con pocos recursos. Tienen buena accesibilidad, áreas de descanso y agua, y son seguros. En definitiva, este año el 95 % de
la ciudadanía de Barcelona tiene un refugio climático a menos de diez minutos de casa.
Esta solución, formulada desde una perspectiva colectiva, se une a la renaturalización urbana que el gobierno municipal ya está llevando a cabo. Aumentar la vegetación y las superficies permeables supone la mejor forma de reducir el efecto
isla de calor; contar con vegetación, arbolado y agua en el espacio público mejora el confort ambiental exterior, pero también contribuye a mejorar el confort en las viviendas, aportando un sombreado natural. A esto se pueden sumar soluciones como
las cubiertas verdes, que mejoran el aislamiento térmico de los edificios. Otras ciudades como Vitoria, Sevilla o Málaga también han puesto en marcha sus refugios climáticos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un fondo de cooperación interterritorial, acordado con los ayuntamientos y la FEMP, para impulsar una red de refugios climáticos, especialmente adaptados para las olas de calor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2022.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Hacienda y Función Pública, sobre la realización de campañas publicitarias para mejorar la imagen del sistema tributario español.
Exposición de motivos
Desde la entrada de la democracia en nuestro país, España ha experimentado una profunda transformación socioeconómica en la que nuestro Estado del bienestar ha tenido un papel esencial, logrando una mayor redistribución de los recursos
mediante la garantía de derechos sociales y la prestación de servicios públicos, amortiguando el impacto de las distintas crisis sufridas.
En este sentido, las recientes crisis económicas y sociales han vuelto a poner de manifiesto el papel imprescindible del sector público a la hora de implementar mecanismos que logren mitigar su impacto social, económico y sanitario. En el
lado del gasto se han puesto en marcha medidas como el Ingreso Mínimo Vital, el aumento de las pensiones no contributivas, la reducción de gravámenes a la energía, los
expedientes temporales de regulación de empleo, las ayudas directas a los sectores más afectados o la reducción del coste del transporte privado y público, entre otras.
Sin duda alguna, la coyuntura económica extraordinaria de estos últimos dos años ha sido un revulsivo para las grandes economías y los organismos multilaterales. Además de promover la suspensión de las reglas fiscales y los presupuestos
expansivos, vienen instando a la reforma de los sistemas tributarios para hacerlos más justos y aumentar los ingresos procedentes de las altas rentas y de los beneficios extraordinarios de determinados sectores productivos. Esto es, liberar a los
estados del corsé al que han estado sometidos durante la última década y garantizar los recursos públicos necesarios para llevar a cabo las medidas contracíclicas oportunas.
Sin embargo, en nuestro país existe un problema de sensibilización y de imagen de los impuestos, y ello a pesar de que continuamente se pide el aumento del apoyo económico para distintos colectivos y sectores económicos; así como del hecho
de que, según datos de Eurostat (2019), la presión fiscal de nuestro país (35,4 %) es muy inferior a la media de la zona euro (41,4 %) y de países como Francia (47,1 %), Italia (42,4 %) o Alemania (41,5 %).
Las constantes campañas de reducción de impuestos llevadas a cabo por partidos liberales y medios de comunicación, el comportamiento fraudulento e inmoral de determinadas personas con relevancia pública, las estrategias para distorsionar y
estigmatizar en la opinión pública algunos de los impuestos que afectan a las personas más ricas, las promociones publicitarias de los 'días sin IVA' lanzadas por grandes empresas comerciales y el mensaje de inutilidad que se transmite al
implementar una bajada de impuestos de determinados bienes y servicios sin informar de su posible impacto social y económico son algunos ejemplos que muestran cómo es posible degradar todavía más la imagen de los impuestos y aumentar la aversión al
pago de los mismos.
Durante los tres últimos ejercicios, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha contado con un presupuesto superior a los 9 millones de euros para publicidad y propaganda que apenas ha invertido. De hecho, la última campaña
publicitaria que hizo la AEAT, según consta en su sitio web, es de 2014 y en los ocho años transcurridos no se ha vuelto a poner en valor el papel social de los impuestos, cómo se hace habitualmente en otros países.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar nuevas campañas publicitarias en las que se ponga en valor el importante papel que desempeñan los impuestos en la mejora y refuerzo de nuestro Estado del bienestar y en la
protección del interés general en situaciones extraordinarias como la generada por la pandemia de la COVID-19 o el alza de precios de la energía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2022.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Víctor González Coello de Portugal, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don Rubén Silvano Manso Olivar y don Rodrigo
Jiménez Revuelta, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Sustituto Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de nuevos indicadores de control de la eficiencia y eficacia de los Programas incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, para su debate en la Comisión de
Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. Los Presupuestos Generales se constituyen como la Ley más importante del año.
1. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es la ley más importante del año porque en ellos se especifican los Programas que desarrollarán la política del Gobierno, así como su presupuesto y los ingresos previstos para el mantenimiento
de la estructura de la Administración Central. En resumen, los PGE 'constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del
sector público estatal.' 56
2. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante Ley General Presupuestaria), tiene por objeto 'la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero
del sector público estatal'
3. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública es el organismo que centraliza la elaboración de los Presupuestos Generales de Estado, tal como indica el Artículo 66 de la Ley General Presupuestaria 57.
4. La tramitación de los Presupuestos Generales del Estado tiene un primer hito: el envío de estos por parte de Gobierno al Congreso de los Diputados tal como indica el artículo 37 de la Ley General Presupuestaria, según el cual 'el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos, con el nivel de especificación de créditos establecidos en los artículos 40 y 41 de esta ley, será remitido a las
Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera. 58 . Del mismo modo esta Ley establece el plazo límite para la aprobación de los Presupuestos 'Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del
primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el 'Boletín Oficial del Estado' 59.
5. La importancia de los Presupuestos Generales del Estado se plasma, entre otras cuestiones, en que su no aprobación ha supuesto la convocatoria de Elecciones generales anticipadas. Este hecho ha ocurrido dos veces: la primera en 1995,
convocadas por Felipe González, y la segunda en el 2019, convocadas por Pedro Sánchez.
Segundo. La articulación de los gastos de la Administración General del Estado.
6. Cada gasto incluido en los Presupuestos Generales del Estado tiene una codificación, que lo hace 'único'. Se trata del denominado 'Código Presupuestario'
7. Esta codificación incluye:
a. Quien realiza el gasto: detallando la sección y servicio que lo realiza.
b. En qué se emplea el gasto: en este punto se detalla en qué área de gasto, en qué política de gasto y en qué programa de gasto se incluye.
c. En qué clasificación económica se incluye el gasto: se detalla si se trata de un gasto de personal, gastos corrientes, transferencias, etc ...
Tercero. El programa de gasto como elemento clave que define la política del Gobierno.
8. Los Presupuestos Generales del Estado del año 2022 constan de 4 áreas de gasto, que abarcan 27 políticas de gasto y 195 programas de gasto.
9. Un programa presupuestario estará formado por un conjunto de créditos que tienen un mismo objetivo o finalidad, es decir, el programa informará del importe del gasto necesario para realizar una determinada actividad pública 60.
56 Artículo 32 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
57 'Los presupuestos de explotación y de capital junto con los programas de actuación plurianual se remitirán telemáticamente por las entidades a través del departamento del que dependan funcionalmente, al Ministerio de Economía y Hacienda.
La estructura básica, la documentación complementaria de dichos documentos y el plazo de remisión se establecerá por el Ministerio de Economía y Hacienda y se desarrollará por cada entidad con arreglo a sus necesidades.'
58 Artículo 37 de la Ley 47/ 2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
59 Artículo 38 de la Ley 47/ 2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
60 https://www.rendiciondecuentas.es/es/informaciongeneraI/presupuestoentidades/ClasificacionProgramaGasto.html
10. El Programa de Gasto es una pieza clave en el desarrollo de las políticas del Gobierno ya que detalla la finalidad y objetivos del crédito presupuestario, y por lo tanto constituye la expresión presupuestaria de la acción de Gobierno,
ya que el desarrollo de cualquier política exige un desembolso monetario, vía Presupuestos Generales del Estado.
Ejemplo de Código Presupuestario
Área de gasto;Número de programas asociados
Área de gasto 1 Servicios públicos básicos.;31
Área de gasto 2 Actuaciones de protección y promoción social.;41
Área de gasto 3 Producción de bienes publicos de carácter preferente.;42
Área de gasto 4 Actuaciones de carácter económico.;81
Área de gasto 9 Actuaciones de carácter general.;53
11. Del mismo modo, al establecer los recursos necesarios y establecer un cronograma de inversiones, se refleja la estructura operacional de la acción de Gobierno.
12. En la Descripción de cada Programa de Gasto, los Presupuestos Generales del Estado establecen una serie de Objetivos y, para determinar la consecución de estos, una serie de Indicadores.
Cuarto. El cumplimiento de objetivos como uno de los elementos clave de los Presupuestos Generales del Estado.
13. Los Presupuestos Generales no contienen únicamente un detalle de los ingresos y gastos de las diferentes secciones y Programas.
14. El artículo 36, 'Procedimiento de elaboración' de la Ley General Presupuestaria, establece que 'Las propuestas de presupuesto de gastos se acompañarán, para cada programa, de su correspondiente memoria de objetivos anuales fijados,
conforme al programa plurianual respectivo, dentro de los límites que resulten alcanzables con las dotaciones previstas para cada uno de los programas.'
15. Los artículos 70, 71 y 72 de la Ley General Presupuestaria exponen la necesidad de establecer un sistema de objetivos del sector público administrativo estatal que deben ser cumplidos y de evaluación de las políticas de gasto, para
asegurar los objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico. Concretamente el artículo 70 señala lo siguiente:
'1. Los centros gestores del gasto responsables de los distintos programas presupuestarios establecerán, a través de la elaboración de los programas plurianuales a que se refiere el artículo 30 de esta ley, un sistema de objetivos a cumplir
en su respectiva área de actuación, adecuado a la naturaleza y características de ésta.
2. Los sistemas de gestión y control de los gastos públicos deberán orientarse a asegurar la realización de los objetivos finales de los programas presupuestarios y a proporcionar información sobre su cumplimiento, las desviaciones que
pudieran haberse producido y sus causas.'
16. En definitiva, el establecimiento y cumplimiento de objetivos es uno de los elementos clave de los Presupuestos Generales del Estado, ya que el gasto público debe ir dirigido a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Este punto
está recogido en la Constitución Española, la cual en el punto 2 del artículo 31 establece que 'El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su, programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y
economía'. Este precepto obliga a que se logren los objetivos establecidos con el menor consumo posible de recursos y ello precisa establecer una serie de indicadores y proceder a su seguimiento de cara a explicar y corregir desviaciones. Mediante
un análisis posterior se determinarán qué programas de gasto no están cumpliendo los objetivos marcados para proceder de esta forma a su rediseño o eliminación.
17. Por Indicador de Seguimiento se entiende una medida del nivel del rendimiento de un proceso directamente relacionado con un objetivo fijado previamente. 61
18. La Serie Roja de los Presupuestos Generales del Estado incluye, para cada una de las secciones abarcadas, entre otros apartados, la memoria de objetivos. Esta memoria detalla la definición de cada programa, los órganos gestores, las
principales líneas de actuación y por último plantea una serie de objetivos e indicadores de seguimiento. Estos indicadores, cuantificados, exponen los resultados esperados en ejercicios anteriores los resultados conseguidos, así como el hito a
obtener en el ejercicio presupuestado.
Quinto. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) como organismo de control de los fondo públicos.
19. El Artículo 26 de la Ley General Presupuestaria, bajo la rúbrica de los 'Principios y reglas de programación presupuestaria', establece que 'La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria,
sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera'.
20. El Artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ( en adelante LOEPSF), establece que ' la contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en
el ámbito de aplicación de esta Ley, así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los
sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley', otorgando al Ministerio de Hacienda y Función Pública la responsabilidad relativa a 'proveer la disponibilidad pública de la información económico-financiera relativa a los
sujetos integrados en el ámbito de aplicación de esta Ley'
21. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), como órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es el encargado, entre otros cometidos, de las siguientes funciones:
a. Como órgano de control, verificar, mediante el control previo de legalidad y el control financiero y la auditoría pública, que la actividad económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía,
eficiencia y eficacia.
b. Como centro gestor y directivo de la contabilidad pública, le compete proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independiente sobre la gestión pública.
22. El IGAE publica informes mensuales de ejecución presupuestaria que detaIlan la información elaborada con periodicidad mensual, trimestral y anual respecto de la ejecución y liquidación de los presupuestos generales del Estado.
23. La estructura de estos informes se centra tanto en ingresos como en gastos, detallando las cantidades comprometidas hasta el mes objeto de la ejecución presupuestaria, identificando modificaciones presupuestarias, con detalle tanto en
secciones como en Programas de Gasto.
Sexto. Los indicadores propuestos en los PGE no cumplen de manera adecuada su función.
24. En primer lugar, debe partirse de un hecho: los programas de gasto de los Presupuestos Generales del Estado apenas sufren variación, en su número y concepto, año tras año, lo cual tiene un impacto directo sobre la respuesta a las
necesidades de la ciudadanía por dos motivos:
a. Las nuevas necesidades no son respondidas con nuevos programas de gasto, optándose por incorporarlas en programas existentes, lo cual genera ineficiencia en el gasto, al no poder hacerse una óptima asignación de los recursos.
61 Parmenter, David (3 de abril de 2015). Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs (3ra edición). John Wiley & Sons, p. 99
b. Los programas de gasto existentes se han 'desvirtuado' en cuanto a sus objetivos iniciales al ir incorporando nuevas necesidades. Un claro ejemplo de este punto lo encontramos en el Programa 931M 'Previsión y Política Económica'
perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este Programa tiene como finalidad 'dotar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de un conocimiento profundo de la economía española y, en particular,
de sus características estructurales 62' 'Gran parte de su presupuesto del año 2022, 83,9 millones de euros, corresponde a la partida de gasto 'Acuerdo Europeo de Aportación a Grecia', dotada con 66,6 millones de euros, partida que, desde luego, no
está alineada con la finalidad de este Programa.
25. Los Indicadores de seguimiento deben reunir las siguientes características:
a. Los componentes del indicador deben ser fácilmente medibles, estableciéndose de manera clara la fuente y periodicidad en su cálculo.
b. Deben enfocarse a los objetivos perseguidos, midiendo el grado de consecución de estos.
c. Deben calcularse con la periodicidad adecuada para monitorizar el cumplimiento de los objetivos marcados por el Programa, identificando posibles desviaciones, y estableciendo las correspondientes medidas para que el Programa cumpla los
objetivos.
26. Analizando los Indicadores de seguimiento detallados en los Presupuestos Generales del Estado se concluye que deben realizarse mejoras en el planteamiento de estos, tanto en el listado de los mismos, su seguimiento y las acciones a
tomar en caso de desviaciones.
a. Se identifican Indicadores cuya cuantificación es compleja por depender de varias fuentes de información o por la veracidad de los datos recogidos.
b. El hecho de que el objetivo cuantificado del Indicador se establezca en los Presupuestos Generales, y el dato definitivo no se establezca hasta el Proyecto de Presupuestos del ejercicio siguiente, elimina cualquier posibilidad de control
y corrección durante el ejercicio, lo que resta importancia al indicador como elemento clave para corregir desviaciones en la acción del Gobierno. El IGAE en sus informes de ejecución presupuestaria no incluye dicha actualización del valor de los
Indicadores de Seguimiento, siendo de este modo imposible determinar la eficacia y eficiencia de los diferentes programas presupuestarios.
27. Por lo tanto, se hace necesario establecer un sistema de Indicadores de Seguimiento de los Presupuestos Generales del Estado que reflejen de manera fiel la consecución de los objetivos marcados y que permitan establecer acciones
correctoras en caso de identificarse desviaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a Io siguiente:
a. Realizar un análisis de los Programas de Gasto existentes de cara a identificar aquellos que han cumplido el fin por el que se establecieron, aquellos que ha absorbido partidas de gasto que no les corresponden, dada la naturaleza de sus
objetivos o aquellos cuyas partidas de gasto no corresponden a los objetivos inicialmente marcados.
b. Con las conclusiones del punto anterior se propondrá una nueva clasificación de los Programas de Gasto que respondan a las necesidades de la sociedad y que estén correctamente encuadrados en sus correspondientes secciones.
c. Establecer una serie de Indicadores de Seguimiento para cada Programa de Gasto, fáciles de obtener y que permitan monitorizar el éxito en la consecución de los objetivos, estableciendo un calendario de cálculo durante el ejercicio.
d. Instar a la IGAE a que de manera trimestral publique una actualización del valor de los indicadores presentes en los Presupuestos generales del Estado, coordinando las diferentes secciones para el cálculo de estos, respetando el
cronograma de publicación establecido por el Gobierno en cada Indicador.
62 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Ley/MacstroTomos/PGEROM/doc/L 22 E G27.PDF
e. Promover un análisis posterior, que permita identificar aquellos Programas de gasto ineficaces e ineficientes, tomando las acciones necesarias que garanticen el buen uso de los recursos proporcionados por los ciudadanos y empresas. Está
función debe realizarse por un organismo independiente que realice análisis de programas de gasto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) está capacitada para responsabilizarse de este análisis dada su experiencia en la
evaluación del gasto público a través del programa Spending Review.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Rodrigo Jiménez Revuelta, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Iván Espinosa de los
Monteros de Simón y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/002033
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, doña María Teresa López Álvarez, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida al Secretario General de Instituciones Penitenciarias
Texto:
¿Qué criterios ha tenido en cuenta la SGIIPP para trasladar a once presos de la organización terrorista ETA a las prisiones de las regiones vascas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2022.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, María Teresa López Álvarez, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/002034
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, doña María Teresa López Álvarez, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida al Secretario General de Instituciones Penitenciarias
Texto:
¿Cuántos traslados de presos ha acordado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior a cárceles del País Vasco en la presente Legislatura y cuántos de esos presos acercados están condenados por
pertenecer a la organización terrorista ETA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2022.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, María Teresa López Álvarez, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/002035
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, doña María Teresa López Álvarez, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior
Texto:
¿Los acercamientos masivos de los presos de la organización terrorista ETA que se están produciendo desde su ministerio son producto de un pacto llevado a cabo entre el Gobierno de España con formaciones políticas como EH Bildu o el PNV?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2022.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, María Teresa López Álvarez, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/002029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: doña Mireia Borrás Pabón y don José Ramírez del Río, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Excma. Sra. Ministra de Ciencia e Innovación.
Texto:
¿Qué actuaciones han provocado la destitución el pasado 21 de junio de 2022 63 de doña Rosa María Menéndez López como presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2022.-Mireia Borrás Pabón y José Ramírez del Río, Diputados.
63 https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/ BOE-A-2022-10310.pdf
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las preguntas
al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Cultura y Deporte
Núm. expte.: 184/093478.
Núm. registro: 231288.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Estado de tramitación de la transferencia de crédito a los organismos de las Comunidades Autónomas con lengua propia y competencias en materia de promoción audiovisual.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 497, de 14 de septiembre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002032.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Núm. expte.: 184/090904.
Núm. registro: 225104.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Demora en la ejecución de la adecuación y mejora del Corredor Atlántico ferroviario.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 497, de 14 de septiembre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002030.
Núm. expte.: 184/092872.
Núm. registro: 230311.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu)
Objeto iniciativa: Labores de limpieza en las aguas portuarias de A Coruña.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 497, de 14 de septiembre de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002031.