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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 514, de 11/10/2022
cve: BOCG-14-D-514
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
11 de octubre de 2022
Núm. 514
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000016 Calendario de sesiones plenarias para el período septiembre-diciembre de 2022.
Modificación ... (Página7)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004490 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la defensa del Estado de las Autonomías ... (Página8)
161/004498 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la cultura democrática ... (Página9)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004506 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al apoyo a los derechos y libertades de las mujeres iraníes ... (Página10)
Comisión de Justicia
161/004492 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elevación de categoría de los partidos judiciales de Roquetas de Mar y El Ejido ... (Página11)
Comisión de Defensa
161/004489 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer una senda de crecimiento del presupuesto de Defensa hasta alcanzar el 2 % sobre el PIB ...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004488 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la puesta en práctica inmediata del tipo de IVA del 0 % en la adquisición de alimentos por particulares destinados a su donación a entidades sin fines
lucrativos en favor de los más necesitados ... (Página14)
Comisión de Interior
161/004519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas contra situaciones consolidadas de impunidad de los miembros de la organización terrorista ETA huidos de la acción de la Justicia
... (Página16)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el cambio de nombre de la estación de ADIF de Alicante por el de 'Alicante-Eusebio Sempere'.
Retirada ... (Página19)
161/004493 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la financiación para el mantenimiento y mejora de las carreteras de la isla de Ibiza ... (Página20)
161/004494 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reposición de los servicios ferroviarios suprimidos en la LAV Madrid-Zamora-Galicia ... (Página21)
161/004495 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la extensión de las medidas excepcionales del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, en materia de revisión de precios en los contratos de
obra ... (Página22)
161/004496 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ejecución del Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 ... (Página24)
161/004497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana convoque una reunión de la Comisión de Seguimiento del 'Convenio
Marco de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Ourense y la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, para el desarrollo de la futura estación intermodal de Ourense y su entorno urbano', suscrito
el 22 de junio de 2016 ... (Página25)
161/004509 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el cambio de nombre de la estación de ADIF de Alacant por el de 'Alacant-Eusebio Sempere' ... (Página27)
161/004518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la necesaria intervención en la N-550 en el Ayuntamiento de Ordes para la mejora de la seguridad vial ... (Página27)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004507 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la formación y cualificación profesional para el desarrollo, crecimiento y densificación del sector del videojuego en España ...
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004502 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas competitivas de apoyo y promoción del sector de los parques temáticos y de atracciones ...
161/004503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la apuesta cualitativa por la mejora de la capacitación y cualificación técnica de los trabajadores y profesionales encuadrados dentro
del sector turístico español ... (Página31)
161/004515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso de la industria aeroespacial española ... (Página33)
161/004520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para garantizar la viabilidad y la competitividad de la industria electrointensiva ... (Página34)
161/004521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para mantener la competitividad del sector de la automoción ... (Página35)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002240 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al reforzamiento de la figura del asistente personal.
Retirada ... (Página37)
161/004500 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión y actualización normativa del sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad ... (Página37)
161/004504 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la puesta en práctica inmediata del tipo de IVA del 0 % en la adquisición de alimentos por particulares destinados a su donación a entidades sin fines
lucrativos en favor de los más necesitados ... (Página39)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004487 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la puesta en práctica inmediata del tipo de IVA del 0 % en la adquisición de alimentos por particulares destinados a su donación a entidades sin fines
lucrativos en favor de los más necesitados ... (Página41)
161/004514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la flexibilización del etiquetado de alimentos como consecuencia de la sustitución del aceite de girasol en su composición ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004486 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de explorar, investigar y aprovechar los recursos geológicos en España ... (Página43)
161/004510 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre apoyo al sector primario y garantía del acceso de la ciudadanía a una alimentación saludable, sostenible y de proximidad ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promocionar el proyecto OCEAN (Redes Académicas Abiertas del Consejo de Europa) entre las universidades españolas ...
Comisión de Igualdad
161/004505 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al apoyo a los derechos y libertades de las mujeres iraníes ... (Página48)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/004499 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a revertir la falta de compromiso con la transparencia y la independencia de las instituciones por parte del Gobierno ...
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la mejora de la seguridad vial en la N-550 en el Ayuntamiento de Ordes ... (Página51)
Comisión de Política Territorial
161/004511 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a garantizar la transparencia en el acceso a los Cuerpos de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional con pleno respecto a los principios de igualdad, mérito y capacidad ... (Página52)
161/004512 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a acelerar y actualizar el pago de las indemnizaciones por catástrofes naturales ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002003 Pregunta formulada por el Diputado Andrés Lorite Lorite (GP), sobre previsiones acerca de extender la gratuidad de los títulos multiviaje para los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia operados por Renfe a los
servicios de transporte público colectivo de viajeros por carretera, de manera que sus usuarios recurrentes puedan beneficiarse en condiciones similares a los usuarios de ferrocarril ... (Página55)
181/002004 Pregunta formulada por el Diputado Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano (GEH Bildu), sobre previsiones acerca de que el transporte ferroviario de mercancías pueda transitar por el trazado de Alta Velocidad que transcurre por el País Vasco
y por sus conexiones respectivas hacia el Ebro o hacia la Meseta ... (Página56)
181/002005 Pregunta formulada por la Diputada María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), sobre motivos del cambio de opinión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de un proyecto aprobado y licitado hace 13 años, los túneles
proyectados en la S-40, así como coste en tiempo de ejecución y presupuesto del cambio de criterio, para los españoles en general y los sevillanos en particular ... (Página56)
181/002006 Pregunta formulada por la Diputada Inés Granollers Cunillera (GR), sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el hecho que estén fuera del periodo concesional legalmente establecido 47 de los 77 contratos de gestión de
servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ... (Página56)
181/002007 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX) y
Segura Just,
Juan Carlos (GVOX), sobre razón por la que los billetes de autobús para trayectos de proximidad y recurrencia por parte de los usuarios no son gratuitos a raíz del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, como sucede con los abonos para
trenes de Cercanías, Media Distancia convencional y Rodalies ... (Página56)
181/002008 Pregunta formulada por los Diputados Rafael Mayoral Perales (GCUP-EC-GC), Maestro Moliner, Roser (GCUP-EC-GC) y Saavedra Muñoz, Marisa (GCUP-EC-GC), sobre actuaciones de mantenimiento de la infraestructura realizada en la línea de
tren convencional Madrid-Aranjuez-Cuenca-Utiel-Valencia en los últimos 20 años, así como coste de la misma ... (Página57)
181/002009 Pregunta formulada por los Diputados Rafael Mayoral Perales (GCUP-EC-GC), Maestro Moliner, Roser (GCUP-EC-GC) y Saavedra Muñoz, Marisa (GCUP-EC-GC), sobre comprobación que ha hecho Adif y Renfe acerca de que la liberalización del
sector ferroviario no suponga una merma en la calidad de los servicios de transporte por tren de viajeros y mercancías, así como implementación de algún mecanismo para garantizar dicha calidad de los servicios, y el cuidado y preservación del medio
ambiente y los entornos naturales de las vías férreas ... (Página57)
181/002010 Pregunta formulada por los Diputados Rafael Mayoral Perales (GCUP-EC-GC) y López Domínguez, Laura (GCUP-EC-GC), sobre soporte legal que ampara que una Comunidad Autónoma pueda, en el uso de sus competencias, modificar su normativa
de transporte de viajeros para permitir la prestación de servicios urbanos por parte de VTC-N ... (Página57)
181/002011 Pregunta formulada por el Diputado Tomás Cabezón Casas (GP), sobre previsiones temporales que maneja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la construcción de la autovía A-15 y la licitación de los tramos
pendientes de la A-11 ... (Página58)
181/002012 Pregunta formulada por el Diputado Juan Ignacio López-Bas Valero (GCs), sobre perspectiva que tiene el Gobierno en lo relativo a la liberalización efectiva del sector del transporte de pasajeros por carretera, así como medidas que
se plantea tomar al respecto ... (Página58)
181/002013 Pregunta formulada por la Diputada Elena Castillo López (GP), sobre momento en el que se materializarán los compromisos adquiridos con Cantabria en materia ferroviaria y, más concretamente, en lo relativo a la llegada de la Alta
Velocidad a Reinosa, el necesario tren de altas prestaciones al País Vasco o la reparación, mejora y modernización de las Cercanías en nuestra región ... (Página58)
181/002014 Pregunta formulada por la Diputada María Fernández Pérez (GMx), sobre opinión del Gobierno sobre si el coste tipo anual establecido a las unidades de transporte permite alcanzar el objetivo de abaratar el coste efectivo del
transporte de mercancías con Canarias ... (Página58)
181/002015 Pregunta formulada por el Diputado César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre valoración sobre el resultado de las medidas de gratuidad en el bono de Media y Cercanías ferroviarias ... (Página59)
181/002016 Pregunta formulada por la Diputada Cristina López Zamora (GS), sobre medidas adoptadas durante los últimos dos años en el sector de mercancías por carreteras ... (Página59)
181/002017 Pregunta formulada por la Diputada Begoña Nasarre Oliva (GS), sobre actuaciones del Gobierno en la mejora de la línea ferroviaria Huesca-Canfranc ... (Página59)
181/002018 Pregunta formulada por la Diputada Uxía Tizón Vázquez (GS), sobre valoración del Gobierno sobre la puesta en servicio del AVE a Galicia ... (Página59)
181/002019 Pregunta formulada por la Diputada Gemma Araujo Morales (GS), sobre previsiones y actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno en la línea Algeciras-Bobadilla ... (Página60)
181/002020 Pregunta formulada por el Diputado José Luis Ramos Rodríguez (GS), sobre actuaciones del Gobierno en la línea ferroviaria Zafra-Huelva ... (Página60)
181/002021 Pregunta formulada por la Diputada Sandra Guaita Esteruelas (GS), sobre previsiones acerca del apeadero de Bellisens y la estación intermodal de Reus ... (Página60)
181/002022 Pregunta formulada por la Diputada Cristina López Zamora (GS), sobre mejoras que está llevando a cabo el Gobierno en la línea ferroviaria Mérida-Puertollano ... (Página60)
181/002023 Pregunta formulada por el Diputado José Luis Ramos Rodríguez (GS), sobre momento en el que se encuentran los acuerdos con las Comunidades Autónomas para la implementación de los programas de ayuda tras la aprobación del Plan
Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 ... (Página61)
181/002024 Pregunta formulada por la Diputada María Fernández Pérez (GMx), sobre detección por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del incumplimiento por parte de las compañías aéreas de la norma que les impide
preguntar la condición de residencia antes del final del proceso de reserva ... (Página61)
181/002025 Pregunta formulada por el Diputado Íñigo Barandiaran Benito (GV (EAJ-PNV)), sobre fecha prevista por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para exigir que se recuperen las frecuencias de vuelos existentes antes
de la pandemia ... (Página61)
181/002026 Pregunta formulada por el Diputado Ferran Bel Accensi (GPlu), sobre valoración del Gobierno relativa a la inversión ejecutada en Cataluña en el primer semestre del año 2022 ... (Página61)
181/002027 Pregunta formulada por el Diputado Ferran Bel Accensi (GPlu), sobre motivo que alega el Gobierno por no haber traspasado a la Generalitat de Cataluña los fondos para que esta Administración pueda pagar a Renfe-Viajeros por los
servicios de transporte de Rodalia y Regionals ... (Página62)
181/002028 Pregunta formulada por el Diputado Tomás Guitarte Gimeno (GMx), sobre previsiones acerca de incluir en la planificiación de carreteras la conocida como 'Y turolense', que uniría la prolongación de la A-40, proveniente de Cuenca,
que enlazaría Teruel con Alcañiz y Reus, y la prolongación de la A-25, proveniente de Alcolea del Pinar (A-2), que uniría Monreal del Campo (A-23) con la A-40 en Montalbán ... (Página62)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/002001 Pregunta formulada por los Diputados Rubén Darío Vega Arias (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), y Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre impacto que
supondrá para el sector pesquero español y para las familias que de él dependen la decisión de la Comisión Europea de cerrar, el 09/10/2022, 87 zonas sensibles de las aguas comunitarias en el Atlántico noreste a la pesca de fondo ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de la fecha, oída la Junta de Portavoces, ha acordado modificar el calendario de sesiones plenarias para el período septiembre-diciembre de 2022, en los términos del Anexo que se adjunta.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CALENDARIO DE SESIONES PLENARIAS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022
VI PERIODO DE SESIONES
Semana;con/sin Pleno;Observaciones
Del 6 al 8 de septiembre;sin Pleno;
Del 13 al 15 de septiembre;con Pleno;
Del 20 al 22 de septiembre;con Pleno;
Del 27 al 29 de septiembre;con Pleno;
Del 4 al 6 de octubre;con Pleno;
Del 11 al 13 de octubre;sin Pleno;Festivo el día 12
Del 18 al 20 de octubre;sin Pleno;Comparecencias P.L. Presupuestos
Del 25 al 27 de octubre;con Pleno;Debate Totalidad P.L. Presupuestos
Del 2 al 3 de noviembre;con Pleno;Festivo el día 1
Del 8 al 10 de noviembre;sin Pleno;Festivo el día 9
Del 15 al 17 de noviembre;sin Pleno;Debate en Comisión Dictamen P.L. Presupuestos
Del 21 al 24 de noviembre;con Pleno;Debate en Pleno Dictamen P.L. Presupuestos
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre;con Pleno;
Del 6 al 8 de diciembre;sin Pleno;Festivos los días 6 y 8
Del 13 al 15 de diciembre;con Pleno;
Del 20 al 22 de diciembre;con Pleno;
Del 27 al 29 de diciembre;sin Pleno;Festivo el día 26
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa del Estado de las Autonomías, para su
debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
España es una democracia avanzada que optó por un sistema político plenamente descentralizado. Si bien las democracias pueden organizarse con modelos centralizados, como algunos de nuestros países vecinos, o descentralizados, como también
lo son otros países europeos, España plasmó en la Constitución un sistema descentralizado propio denominado el Estado de las Autonomías, comparable en su grado de descentralización a los Estados federales más importantes del mundo.
Un modelo territorial basado en la autonomía política y administrativa dentro de la unidad de la Nación española, que nos ha permitido avanzar y gozar de los mejores años de progreso y bienestar de nuestra Historia.
Un modelo basado en el principio de autonomía con distribución de competencias entre las distintas Administraciones, pero basado también en el principio de coordinación entre ellas bajo el manto de otro principio que es el de lealtad
institucional.
Un modelo que ha permitido reconocer y preservar la gran diversidad cultural de nuestro país y responder a los deseos de autonomía de una buena parte de los ciudadanos en las diferentes regiones. España es una democracia plenamente
respetuosa con la diversidad y la pluralidad y que, además, ha optado por un modelo de organización política que la refleje y fortalezca. Y esto ha dado lugar a un Estado de las Autonomías en el que las diversas Comunidades Autónomas comparten el
poder político y de gestión con las instituciones centrales del Estado.
Sin embargo, este modelo autonómico semejante a las democracias más descentralizadas del mundo ha sido cuestionado por los partidos nacionalistas de algunas Comunidades Autónomas con la reivindicación de un supuesto 'derecho de
autodeterminación', que no solo no existe en nuestra Constitución, sino que tampoco está reconocido por las resoluciones de la ONU ni por el Derecho Internacional democracias como la nuestra. No existen ni razones jurídicas ni históricas ni
internacionales para sostener una reivindicación, que, sin embargo, los partidos nacionalistas han esgrimido desde el inicio de la Transición para mantener un conflicto permanente en nuestra democracia.
Algunos de esos partidos y líderes han llegado incluso a la ilegalidad y a un intento de golpe a la democracia con la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017.
Y todo ello ha dado lugar a un clima de pérdida de confianza en las instituciones autonómicas por parte de un sector de los ciudadanos, que se preguntan si son válidas unas instituciones que no han conseguido acabar con el permanente
conflicto nacionalista.
Por todo ello es más necesario que nunca, si cabe, defender nuestro modelo autonómico y es una responsabilidad de los líderes políticos y de todas las instituciones fomentar el reconocimiento del Estado de las Autonomías como un modelo de
organización territorial que no solo ha colocado a España entre las democracias más descentralizadas del mundo, sino que ha reflejado la diversidad cultural de nuestras regiones y ha permitido realizar una gestión más cercana a los problemas de los
ciudadanos.
El Estado de las Autonomías constituye una piedra angular de nuestro sistema democrático, una de las bases en las que se fundamentó nuestra democracia durante la Transición. Por ello su defensa es también la defensa de nuestra democracia y
de su estabilidad y fortaleza en el presente y en el futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender nuestro Estado de las Autonomías, uno de los modelos democráticos de descentralización política que más y mejor reconocen la diversidad y pluralidad de un país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Isabel María Borrego Cortés, Edurne Uriarte Bengoechea y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de la cultura democrática,
para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Una cultura democrática fuerte es esencial para la estabilidad de todo sistema democrático. Y esa cultura democrática se basa en la creencia en las instituciones y en los métodos democráticos y en el rechazo de los sistemas antidemocráticos
y los métodos violentos para la consecución de objetivos políticos.
Esa cultura democrática sufre en los últimos años algunos cuestionamientos por parte de movimientos populistas que ponen en duda la superioridad de la democracia como el mejor sistema político y la calidad de las instituciones democráticas.
Pero hay algunas amenazas más preocupantes y graves sobre la democracia que, si bien existen desde los inicios de los sistemas democráticos, aún no han sido superadas completamente. Entre esas amenazas figuran los terrorismos y los apoyos sociales
que siguen manteniendo, y los sistemas autoritarios y totalitarios y también los consiguientes apoyos sociales.
Nuestro país ha sufrido especialmente los ataques del terrorismo desde el inicio de la democracia, muy especialmente del terrorismo etarra, que asesinó y persiguió a los ciudadanos españoles hasta fines de 2011, durante casi cuatro décadas
de la democracia. Al terrorismo etarra hay que añadir otros terrorismos de diferente signo extremista en los primeros años de la democracia, y, además, el terrorismo yihadista, que asesinó a 193 personas el 11 de marzo de 2004, en el mayor atentado
terrorista de nuestra historia. Si bien nuestros cuerpos policiales, el Estado de Derecho y la movilización ciudadana han logrado acabar con estos grupos terroristas, subsiste en nuestro país el apoyo al terrorismo y a los métodos violentos en
algunos sectores sociales cercanos a ideas extremistas.
Por otro lado, y si bien hace ya casi cincuenta años que dejamos atrás la dictadura franquista y gozamos de un sistema democrático, también persisten en nuestro país las simpatías y las justificaciones de los sistemas autoritarios y
totalitarios, tanto de los fascismos como de los comunismos. Se trata de un problema de todas las democracias europeas, como lo puso de manifiesto la Resolución del Parlamento
Europeo de 19 de septiembre de 2019, una resolución histórica que condena todos los totalitarismos de la historia europea, los fascistas, el nazismo y los comunistas, y que pide a todos los Estados miembros un trabajo activo y constante
contra cualquier forma de justificación o apoyo a esos sistemas totalitarios.
Si bien los apoyos a los totalitarismos de uno y otro signo son también minoritarios, persisten en la cultura política de nuestro país, al igual que en el resto de Europa. Y por eso merecen vigilancia y atención, de la misma manera que las
simpatías hacia los métodos violentos para lograr objetivos políticos. Unas y otras manifestaciones antidemocráticas hacen necesario un trabajo constante de fortalecimiento de una cultura plenamente democrática que deje definitivamente en el pasado
las simpatías hacia los terrorismos y hacia los sistemas antidemocráticos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover una cultura democrática que rechace todos los totalitarismos que forman parte de la peor historia de nuestro país y de Europa, y que rechace igualmente todos los métodos violentos
que han intentado destruir nuestra democracia con la persecución y asesinato de cientos de españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Isabel María Borrego Cortés, Edurne Uriarte Bengoechea y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a los derechos y libertades de las mujeres iraníes para
su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
No es ninguna novedad que la teocracia iraní es un lugar en el que no se respetan los derechos humanos más básicos y se cronifican desigualdades entre ciudadanos por razón, especialmente, de sexo, de credo o de orientación e identidad
sexual. Ya en 2018 los liberales fuimos muy activos en la defensa de los derechos de las mujeres iraníes cuando comenzaron a levantar su voz clamando por la libertad y la igualdad, aun enfrentándose a unas terribles represalias por parte del
régimen de los ayatolás. En 2019, de hecho, la entonces portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos y portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores, Melisa Rodríguez, declinó la invitación a una recepción con una delegación iraní en el
Congreso de los Diputados precisamente porque se le negó el saludo por ser mujer.
En los últimos días hemos sido testigos a un nuevo despertar de esa pulsión por la libertad, que seguía su curso en Irán a lo largo de estos años pero que ha conseguido poco a poco ir sumando voluntades para poder expresarse con más fuerza.
Por desgracia, el catalizador ha sido, una vez más, una de las peores consecuencias de esa represión: la muerte de la joven Mahsa Amini, de solo 22 años, a manos de la llamada Policía de la Moral por llevar mal colocado su velo. La terrible
noticia desató la indignación de cientos de personas, que salieron a las calles a protestar por esa violencia desmedida, y de muchas mujeres que valientemente decidieron descubrir sus cabezas en señal de protesta. De nuevo, la represión del régimen
se cebó con los manifestantes y hubo al menos 250 detenidos, 75 heridos y cinco asesinados por las fuerzas policiales.
Esta nueva mancha sangrienta en la historia del régimen de los ayatolás no puede ser vista como algo cotidiano u ordinario, sino como lo que es: un crimen de Estado. Es más, los demócratas no podemos quedarnos de brazos cruzados
permitiendo que las mujeres iraníes y todos aquellos
ciudadanos de ese país emprendan su lucha por la libertad en soledad. Los europeos y nuestros socios y aliados en todo el mundo debemos ser capaces de extender nuestra mano amiga a todos los que se juegan la vida por un Irán más democrático
y donde se respeten los derechos y libertades fundamentales.
Desde Ciudadanos dejamos claro nuestro compromiso con esa reivindicación de las mujeres iraníes, y extendemos nuestras manos para responder ante ese clamor de libertad. Como liberales, seguiremos trabajando para asegurar que España juega un
papel fundamental, tanto como parte de la Unión Europea como en sus relaciones bilaterales, para el avance en derechos y libertades en otros países, especialmente en aquellos que, como Irán, siguen a la cola en materia de Estado de Derecho.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados condena los abusos del régimen de los ayatolás y expresa su apoyo a las mujeres iraníes que han salido a la calle a defender sus derechos y libertades fundamentales frente a la tiranía religiosa, e insta al
Gobierno a:
1. Reforzar las conversaciones con su homólogo iraní para expresar firmemente la condena de los actos de abuso perpetrados contra Masha Amini y muchas otras mujeres de Irán.
2. Elevar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la necesidad de tomar una acción coordinada de la Comisión Europea y los 27 gobiernos nacionales para favorecer el avance de los derechos y libertades fundamentales en Irán.
3. Redoblar los esfuerzos para evitar que el gobierno iraní aporte financiación a actores con incidencia política en España, previniendo así que los responsables de estos abusos puedan influir en las decisiones políticas de nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Justicia
161/004492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para elevación de categoría de los
Partidos Judiciales de Roquetas de Mar y El Ejido, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Los partidos judiciales de Roquetas de Mar y El Ejido, en la provincia de Almería, son seguidos con preocupación, desde hace años, por operadores jurídicos y autoridades judiciales al ser de los más complicados de Andalucía, tanto por el
número de asuntos como por su complejidad circunstancias que dificultan una respuesta ágil de la Justicia en una comarca que destaca por su pujanza económica y potencial exportador. La situación se agrava por el importante número de asuntos por
violencia sobre la mujer.
Los operadores jurídicos almerienses (Colegios de abogados y procuradores, fiscales, Juez Decano y Presidente de la Audiencia Provincial...) conscientes de la delicada situación y de su influencia en el equilibrio socioeconómico de la
provincia, se han unido para solicitar medidas que mejoren la administración de Justicia en el poniente almeriense, entre ellas la elevación a categoría de magistrados de ambos partidos judiciales ya que ello aportaría experiencia, permanencia y
agilidad a los 12 juzgados afectados.
Con los mismos objetivos, los plenos de los ayuntamientos de Roquetas de Mar y El Ejido han aprobado mociones solicitando, al Ministerio de Justicia, la elevación de categoría a Magistrados de sus Juzgados.
La elevación de categoría de estos partidos judiciales es una demanda histórica de la provincia de Almería, necesaria y justa porque, recordando el aforismo atribuido a Séneca, nada se parece tanto a la injusticia como una justicia tardía.
Evitar una justicia lenta es lo que inspira el artículo 21 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial que posibilita que el Ministerio de Justicia decida esta elevación cuando lo solicite el CGPJ 'siempre que
estén radicados en un partido judicial que supere los 150.000 habitantes de derecho, o que experimenten ese aumento de población de hecho y el volumen de carga competenciales así lo exija'.
Tanto El Ejido como Roquetas de Mar cumplen con los requisitos,para ser acreedores de la elevación de categoría por lo que el CGPJ lo ha informado favorablemente en dos ocasiones, el 19 de mayo de 2019 y recientemente el 13 de julio de 2022.
Asimismo, por el Parlamento de Andalucía se ha instado al Gobierno esta elevación que también se ha apoyado por la Junta de Andalucía, Administración con competencias compartidas y que se ha comprometido a facilitar los medios materiales necesarios
que requiera dicha elevación.
Han pasado tres años desde el primer Informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, no ha ofrecido información sobre sus planes o plazos. Por ello, el Grupo Popular en el Congreso solicitó
información, por escrito, sobre los motivos para el incumplimiento del Acuerdo a lo que por el Ministerio se respondió alegando 'falta de disponibilidad presupuestaria'. Esta justificación no es admisible, ya que estamos hablando de una decisión
con una mínima repercusión en el presupuesto del Ministerio de Justicia.
Recientemente hemos conocido que las Juntas Generales de Jueces de El Ejido y Roquetas han tomado un Acuerdo conjunto para volver a solicitar la elevación a categoría de magistrados de ambos partidos judiciales. Asimismo, la Sala de
Gobierno del TSJA, con fecha 26 de abril y 31 de mayo de 2022 ha vuelto a informar favorablemente la solicitud de elevación de categoría. Con posterioridad, muy recientemente, el 13 de julio, el CGPJ ha vuelto a informar favorablemente sobre dicha
solicitud.
Además, el TSJA ha propuesto y el CGPJ ha informado favorablemente la agrupación de partidos judiciales en Roquetas de Mar, El Ejido y Almería a los solos efectos de violencia sobre la mujer y con la condición previa de la creación de un
nuevo juzgado de violencia sobre la mujer que permita dar una respuesta más rápida y especializada a estos abominables delitos que han provocado que, durante 2021 se hayan registrado 33.956 denuncias en Andalucía de las cuales 3300 se han registrado
en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer almerienses.
Finalmente, cabe señalar que la carga de trabajo El Ejido y Roquetas continúa creciendo y recuperando los niveles previos a la pandemia: en 2021 Roquetas de Mar ingresó 5157 asuntos civiles y 5663 asuntos penales, El Ejido, por su parte,
3587 asuntos civiles y 5831 penales Civiles lo que los hace acreedores no sólo de la elevación de categoría sino, también, de la creación de un nuevo Juzgado en Roquetas de Mar y de la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de carácter
comarcal en el Ejido para lo que es necesario que por el Ministerio de Justicia se modifique la Planta Judicial.
Recientemente hemos conocido que por el Ministerio de Justicia se ha planificado la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número siete de Roquetas de Mar, órgano jurisdiccional que está previsto que entre en funcionamiento
a finales de 2022 y que supondrá un alivio para la justicia en el poniente de Almería, pero, siguen siendo urgentes la elevación de categoría de El Ejido y Roquetas, así como la creación del Juzgado de violencia sobre la mujer en El Ejido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Elevar la categoría profesional de los órganos judiciales de los partidos de El Ejido y Roquetas de Mar, pasando de categoría de juez a la de magistrado.
2. Aprobar la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en El Ejido.
3. Disponer lo necesario para que el Juzgado de Instrucción número 7 de Roquetas de Mar entre en funcionamiento en 2022.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Juan José Matarí Sáez y Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/004489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a establecer una senda de
crecimiento del presupuesto de Defensa hasta alcanzar el 2 % sobre PIB, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En el pasado debate de política general sobre el estado de la nación de los días 12 al 14 de julio de 2022, se aprobó una propuesta de resolución a instancias del Grupo Parlamentario Popular, en la que se instaba al Gobierno a seguir
promoviendo en la sociedad española el desarrollo de una conciencia de seguridad y defensa, asumiendo los costes asociados a ella como inherentes al mantenimiento de un adecuado estado de bienestar basado en el correspondiente nivel de seguridad.
Se acordó para ello, impulsar un escenario de incremento presupuestario de defensa para lograr el objetivo del 2 % del Producto Interior Bruto fijado en la cumbre de Gales de 2014, que permita modernizar y mejorar las capacidades militares
de nuestras Fuerzas Armadas, a la vez que posibilitar el fortalecimiento de la Base Tecnológica e Industrial de Defensa favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo altamente cualificado.
Este objetivo, recurrentemente citado como necesario por la Organización del Tratado del Atlántico Norte en las sucesivas cumbres de dicha Organización celebradas a lo largo del presente siglo, ha llegado a convertirse en una necesidad de
cara a garantizar la cobertura de las necesidades de la Defensa desde una óptica meramente nacional.
El porcentaje actual del entorno del 1 %, en el que nuestro Presupuesto de Defensa se viene moviendo, demuestra, año a año, ser insuficiente para afrontar los costes de las nuevas adquisiciones, las actividades de adiestramiento, el
sostenimiento del equipo y material en uso y las propias retribuciones de los militares profesionales de nuestras Fuerzas Armadas.
Una revisión al alza del presupuesto de defensa aparece, por tanto, como ineludible, desde todos los puntos de vista.
Las recientes operaciones militares de carácter demandante, tales como la evacuación de compatriotas y de afganos con relaciones con España, desde Kabul, el paso verano de 2021, así como la reciente invasión de Ucrania por parte de las
Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, o los crecientes desafíos en el entorno inmediato de nuestro país, con especial incidencia en la región del Sahel, obligan a acometer con rigor y seriedad el esfuerzo de nuestro país en este ámbito de la
Defensa y las capacidades operativas a él asociadas.
El propio Presidente del Gobierno ha manifestado formalmente el compromiso del Gobierno de la nación para acometer este proceso de revisión al alza que sitúe la inversión de España en Defensa en el nivel del 2 % del Producto Interior Bruto
antes de finalizar la tercera década del siglo XXI en la que nos encontramos, situando el horizonte del logro de este nivel de inversión en el año 2029.
De acuerdo con los Presupuestos en vigor, la relación entre gastos relativos a personal y los relativos a equipamiento y material se mantiene en un porcentaje relativo del 55 % para gastos de personal frente a un 45 % para los de
equipamiento y material. La proporción deseable, a fin de mantener unas Fuerzas Armadas adecuadamente equipadas y, consecuentemente, operativas, debería
de ser de un 40 % para gastos de personal frente a un 60 % para gastos de material y esta proporción no puede establecerse de manera conveniente debido a que los gastos de personal, altos en lo que se refiere a términos relativos, no pueden
situarse en niveles menores a los actuales en términos absolutos por mantenerse en un nivel de poder adquisitivo notablemente reducido por un período de tiempo que se prolonga ya por demasiado tiempo.
Por otra parte, el objetivo estipulado del 2 % del PIB incluye, asimismo, el dedicar, al menos un 20 % del total del presupuesto a gastos de modernización de armamento y material con un mínimo del 5 % en l+d+i.
Habida cuenta del compromiso asumido por el Presidente del Gobierno de alcanzar el objetivo del 2 % antes de 2029, se considera necesario, establecer un compromiso de incremento progresivo de carácter anual, a fin de alcanzar progresivamente
y no de golpe el incremento citado para lo que se debería diseñar un programa plurianual de crecimiento sostenido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un programa plurianual de crecimiento sostenido, que permita alcanzar el objetivo final de un presupuesto de defensa del 2 % del PIB en el plazo de tiempo más breve posible y de una manera progresiva y en ningún caso más tarde
de 2029.
2. Informar al Congreso de los Diputados de la programación plurianual que se elabore.
3. Incluir en dicha programación el incremento progresivo, no solo en inversiones de equipamiento y material e l+d+i sino también de retribuciones de personal.
4. Acometer el primer plazo de dicha programación plurianual en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la puesta en práctica inmediata del tipo de IVA
del 0 % en la adquisición de alimentos por particulares destinados a su donación a entidades sin fines lucrativos en favor de los más necesitados, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, estableció en su disposición final tercera un nuevo régimen fiscal para las donaciones de productos. En particular, el apartado Dos de la citada
disposición final tercera, modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con el fin de regular un nuevo tipo del 0 por ciento para los donativos realizados a entidades sin fines lucrativos que se destinen a fines de interés general.
Era esta una demanda frecuente de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y entidades sin fines lucrativos, con el fin de potenciar las donaciones de particulares que, hasta ese momento, podían verse frenadas por el peaje fiscal en forma de
IVA que debían satisfacer en cada donación. Así, hasta la aprobación de esta ley, quien donaba un objeto a un fin de interés general venía obligado a pagar el IVA del bien donado (en el caso de las empresas) o que adquiría para su donación (en el
caso de los particulares).
Esta nueva previsión fiscal, en vigor desde el pasado día 10 de abril, ha supuesto un importante espaldarazo a la donación masiva de excedentes alimentarios a bancos de alimentos por parte de las grandes superficies. Así, hasta ahora, a los
supermercados les suponía una pesada carga tributaria en forma de pago del IVA, la donación de sus excedentes de alimentos, por lo que en ocasiones optaban por su destrucción, con las implicaciones que ello tenía a nivel medioambiental y del
desperdicio de bienes de primera necesidad para la sociedad.
El cambio operado en la ley del IVA también pretendía amparar la donación de bienes realizada por particulares a entidades sociales, que hubieran sido inmediatamente adquiridos con ese fin. Es el caso, por ejemplo, de la donación a los
Bancos de Alimentos durante las campañas de recogida de alimentos que tienen lugar a lo largo del año en supermercados y grandes superficies. Sin embargo, poner en práctica esta previsión requiere de cierta logística, pues los supermercados
necesitan habilitar un sistema informático que elimine el IVA de los productos adquiridos por sus clientes destinados a su inmediata donación solidaria; sistema que todavía no tienen implantado y para lo que no están contando con el apoyo del
Gobierno.
El próximo mes de noviembre tendrá lugar la Gran Recogida de Alimentos 2022. Se estima que alrededor de 4 millones de personas participan en estas campañas como donantes. De no implantarse pronto el sistema que posibilite no cargar con el
IVA las adquisiciones de alimentos que se realicen para su inmediata donación, el Estado percibirá indebidamente en forma de impuesto indirecto, y como ha venido sucediendo hasta ahora, un dinero que la sociedad donó con fines solidarios para
alimentar a los más necesitados. Así, en la Gran Recogida de 2020, el Estado percibió en concepto de IVA más de 2 millones de euros del total de 31 millones donados en forma de alimentos básicos para los más vulnerables. Este dinero recaudado por
el Estado no fue destinado ni a rebajar el precio de los productos adquiridos por los donantes, con el fin de incrementar el atractivo de las donaciones y multiplicar su efecto, ni a reinvertirlo en la adquisición de más alimentos solidarios.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), define el derecho de alimentación como el derecho que tiene cada uno a alimentarse con dignidad, a tener acceso continuo a los recursos que le permitan
producir, ganar o poder comprar suficientes alimentos, y no solamente para prevenir el hambre sino también para asegurar su salud y su bienestar. A pesar de la existencia de este derecho esencial y consustancial a todo ser humano, el actual nivel
de precios de alimentos básicos, unido a la reciente pandemia que ya disparó en 11 millones el número de personas en situación de exclusión social y en más de 6 millones las que sufren pobreza severa, está derivando en una escalada insoportable de
las colas del hambre, que pone en claro riesgo el ejercicio del derecho mismo de alimentación para millones de personas en nuestro país. A evitarlo se dedican los bancos de alimentos cuya campaña más importante dará comienzo en apenas dos meses.
Para que la misma resulte eficaz debe contar con el apoyo del Gobierno, asegurando la implantación de las medidas necesarias para que se pueda poner en práctica la previsión, contenida en una ley vigente desde hace más de seis meses, de no cargar
con el IVA la adquisición de productos -alimentos, en este caso-, destinados a su inmediata donación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Prestar toda la asistencia técnica necesaria e inmediata a los supermercados y grandes superficies, para que pueda ponerse en práctica la previsión legal de no cargar con IVA la adquisición por particulares de productos destinados a su
inmediata donación a entidades sin fines lucrativos, con el fin de que la misma resulte operativa de cara a la próxima campaña de la Gran Recogida de Alimentos 2022.
2. En caso de no establecerse a tiempo el indicado sistema, reinvertir el IVA recaudado con dichas donaciones, en coordinación con las comunidades autónomas por la parte del impuesto gestionado por ellas, en la adquisición de más alimentos
destinados a personas en situación de pobreza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Interior
161/004519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel, don Ignacio Gil Lázaro, doña María Teresa López
Álvarez y don Antonio Salvá Verd, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto, Portavoz Sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas contra situaciones consolidadas de impunidad de los miembros de la organización terrorista ETA huidos de la acción de la Justicia, para su
discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Existencia de miembros de la organización terrorista ETA huidos de la Justicia.
Son muchos los miembros de la organización terrorista ETA que, a pesar de tener causas pendientes con la justicia española, se hallan huidos y, por lo tanto, sustraídos de la acción de la justicia.
Desde la década de los años sesenta centenares de miembros de la organización terrorista han huido de las autoridades españolas y francesas, instalándose en países como México o Venezuela.
Tal y como se recoge en los Hechos probados de la Sentencia 73/2007, de 19 de diciembre, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 'las relaciones exteriores de la organización terrorista ETA comenzaron
a desarrollarse en el año 1964, con ocasión del desplazamiento de sus entonces dirigentes para establecer contactos con Argelia, Bélgica y Cuba, a raíz de las medidas de expulsión de alguno de sus militantes decretadas aquellos años por las
autoridades francesas. [...] Fue la necesidad de obtener recursos financieros, logísticos y políticos, para materializar el proyecto de ETA, lo que determinó que sus dirigentes establecieran contactos con organizaciones marxistas de otros países,
en la búsqueda del apoyo de los gobiernos de alguna de las llamadas 'Repúblicas populares' 1.
La presión policial ejercida por las autoridades francesas a partir del año 1985 obligó a la organización terrorista a llevar a cabo un proceso de disgregación de los miembros de su 'colectivo de refugiados', que hasta entonces estaban
asentados en Francia y que fueron dispersados a países del centro y del sur de América.
En este sentido, don Florencio Domínguez Iribarren señala lo siguiente: 'en la década de 1970, la presencia de etarras en Latinoamérica se limitaba prácticamente a dos países, Venezuela y México. A mediados de la década siguiente, sin
embargo, los etarras ya estaban distribuidos por una decena de naciones americanas y otras cuatro africanas, aparte de los que se ocultaban en Europa. [...] Esta situación obligó a ETA a establecer canales fluidos y seguros de comunicación con esos
colectivos e intentar establecer relaciones públicas y de colaboración tanto con las instituciones como con los grupos sociales y políticos de esos países, en aras a garantizar la estancia de sus militantes y poder ubicar futuros asentamientos'2.
En la actualidad, la Fiscalía General del Estado, en su Memoria Anual de 2022, cifra en 4 2 3 los miembros de ETA huidos de la justicia a finales de 2021 'que permanecen en paradero desconocido o en países en los que no es posible su
extradición' 4. De todos ellos, 24 tienen requisitorias judiciales en vigor 5.
1 Continúa exponiendo la Sentencia que 'desde la mitad del año 1985 se produjeron en Francia detenciones masivas de miembros de ETA que, o bien eran puestos a disposición judicial para su enjuiciamiento o extradición, o eran expulsados
administrativamente a España o eran exportados a terceros países dispuestos a acogerlos'. https:// www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ 689e99ae37c578ea/20081030
2 DOMÍNGUEZ, FLORENCIO, 'Las conexiones de ETA en América'. ISBN 9788498677799, RBA Libros, 2010, Barcelona. España.
3 De dicho número hay que descontar a un etarra fallecido el pasado mes de julio, por lo que, a día de hoy, habría un total de 41 etarras huidos de la Justicia.
4 https://www.fiscal.es/documents/20142/0/MEMFIS22+ %281 %29.pdf/6573e7b3-fle6-d3e6-2b0bf07123e41c0a?t=1662544190402
5 Es el caso, por ejemplo, de José Luis Eleizola.
De los 41 etarras prófugos, al menos 8 se encuentran en Venezuela y el resto están repartidos entre Brasil, Cabo Verde, Francia, Cuba, México o en paradero desconocido 6.
Segundo. Situaciones consolidadas de impunidad de los miembros de ETA huidos de la Justicia.
El hecho de que haya miembros de la organización terrorista ETA fugados de la justicia o en paradero desconocido es un escarnio para nuestro Estado de Derecho y para las víctimas del terrorismo.
En la actualidad, son 379 los crímenes cometidos por ETA que están aún sin resolver, de los cuales muchos de ellos pesan sobre las espaldas de los prófugos, y otros tantos se podrían esclarecer con la puesta a disposición de la justicia
española de todos aquellos terroristas sustraídos de esta.
En este punto, hay que recordar que uno de los principales riesgos para el esclarecimiento de los hechos es el paso del tiempo, que puede acabar suponiendo la prescripción de los crímenes cometidos. Uno de los principales objetivos de la
banda, además del acercamiento y de la amnistía de sus presos, es el retorno impune de los mal llamados por ETA y su entorno 'refugiados' o 'deportados'. Con este objetivo, de cuyo cumplimiento se encargan los distintos grupos, asociaciones y
partidos que conforman el entorno de ETA, se pretende que los etarras prófugos con procedimientos pendientes en nuestro país retornen a España sin que tengan que cumplir sus condenas.
Esta impunidad hace que las víctimas del terrorismo vean impotentes cómo sus verdugos no solo no cumplen sus condenas, sino que las propias Administraciones Públicas son quienes lo permiten. Cabe destacar, al respecto, que el traspaso de
las competencias de gestión penitenciarias al gobierno regional vasco realizado por el Gobierno de España ha propiciado, en definitiva, que los presos etarras alcancen la situación de libertad o semilibertad en el menor tiempo posible.
Tercero. Necesidad de adoptar medidas contra la impunidad de los miembros de ETA huidos de la Justicia española.
El fin de la aberrante impunidad de los prófugos de ETA es una asignatura pendiente para nuestro Estado de Derecho. Y los sucesivos Gobiernos de España no han sido capaces -o no han pretendido- subsanarla. Esta situación no se puede
prolongar durante más tiempo, pues su continuidad supondría la prescripción de los crímenes cometidos.
En este sentido, en el Informe de misión, aprobado el 21 de abril de 2022 por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a raíz de la visita de información realizada en España, del 3 al 5 de noviembre de 2021, en relación con 379
casos de asesinatos todavía sin resolver cometidos por el grupo terrorista ETA (el 'Informe'), los representantes de las víctimas del terrorismo manifiestan lo siguiente:
'Se ha permitido que países europeos, como es el caso de Bélgica, no cumplan con los procedimientos de extradición respecto de terroristas huidos, lo que ha impedido que un procedimiento judicial se pudiera concluir en España. La falta de
colaboración internacional es uno de los grandes problemas. Los miembros de ETA huidos a terceros países han estado a veces ocultos, pero, otras veces, públicamente a salvo de la acción de la justicia. Francia no comenzó a extraditar miembros de
ETA hasta la segunda mitad de los años ochenta del siglo pasado y tardó tiempo en normalizar la colaboración. América Latina ha sido refugio tradicional de los huidos de España hasta que sus delitos hubieran prescrito. Es el caso de Venezuela,
Cuba o México. Ha habido cuarenta resoluciones judiciales de sobreseimiento por estos motivos de prescripción que corresponden a 44 víctimas.' 7
Por su parte, el representante de la Jefatura de Información de la Guardia Civil pone de manifiesto el siguiente extremo: 'la falta de colaboración internacional, sobre todo durante los primeros años de la transición a la democracia en
España, en la que numerosos terroristas imputados huyeron a terceros países para escapar de la acción de la justicia, en algunos casos de forma clandestina, pero, en otros, con el conocimiento de las autoridades de los países a los que huían 8.
Esta falta de colaboración internacional ha contribuido a la consolidación de la impunidad de los etarras prófugos.
6 https://www.larazon.es/opinion/20220822/kxpq6yfgi5fhnmdmvsor2wa66i.html
7 https://www.europarl.europa.eu/ doceo/document/PETI-CR-702917_ES.pdf
8 https://www.europarl.europa.eu/ doceo/document/PETI-CR-702917_ES.pdf
Cuarto. Necesidad de lograr una efectiva persecución penal internacional.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las víctimas del terrorismo llevan a cabo numerosas iniciativas tendentes a acabar con la impunidad de la que gozan los etarras sustraídos de la acción de la justicia 9.
Sin embargo, a pesar de la innegable eficacia de dichos proyectos, se precisa de la adopción por parte del Ejecutivo de todas aquellas medidas que procuren una efectiva persecución penal internacional de los miembros de ETA huidos de la
justicia española. A este respecto, el Informe concluye lo siguiente:
'- Se ha observado que los familiares de las casi cuatrocientas víctimas de casos de ETA sin resolver han quedado sumergidos en una 'situación de impunidad consolidada' durante muchos años que se prolonga día tras día, lo que afecta de forma
adicional y paralela a sus propios derechos, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe toda forma de sufrimiento indebido (artículos 2 y 3 del Convenio). Este aspecto preocupa especialmente al
Parlamento Europeo, ya que los derechos humanos de las víctimas del terrorismo deben ser lo primero que hay que garantizar y debe ponerse fin a esta situación.
- Las víctimas siguen luchando por hallar la verdad y para que se dé respuesta a sus necesidades y se respeten sus derechos.
- Las víctimas han de estar en el centro de todas las actuaciones de las instituciones nacionales, europeas e internacionales.
- Existe una obligación legal, pero también colectiva de buscar la verdad detrás de cada uno de los atentados sin resolver. No solo para intentar hacer justicia, sino también para honrar la memoria de las víctimas y que tanto ellas como sus
familiares puedan descansar en paz.'
El Informe finaliza con las siguientes recomendaciones para España:
- Impulsar una verdadera investigación efectiva en todos los casos no resueltos, consagrada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no como una mera declaración de intenciones, sino como una verdadera garantía que comporta la imposición
a los Estados de un deber de actuación ante las agresiones más graves a los derechos humanos, con el fin último de alcanzar una verdadera y eficaz tutela de estos. Para que cumpla efectivamente los requerimientos del Convenio, la investigación debe
ser independiente e imparcial, eficaz, pública, tramitarse en un plazo razonable y ser accesible para las víctimas o sus familiares. Asimismo, el derecho a que se realice dicha investigación, con la contrapartida de la obligación para el Estado,
debe ponerse en estrecha relación con el derecho de acceso a la justicia, pues ambos persiguen la misma finalidad. Dicha finalidad es permitir que, ante agresiones a bienes jurídicos protegidos por el Convenio, se proporcionen los mecanismos
procesales para garantizar que los culpables sean identificados, las responsabilidades determinadas y los daños resarcidos. [...]
- Poner de manifiesto, en el caso de los ataques terroristas, que no solo se dirigen contra las personas, sino contra el Estado y contra la sociedad democrática, libre y abierta, lo que les hace doblemente condenables y hace necesario poner
al servicio de la resolución de estos casos todos los medios a disposición de las autoridades nacionales y europeas competentes en la materia.
- Hacer del fortalecimiento de la cooperación policial y judicial en el ámbito de la Unión Europea un elemento fundamental para evitar la impunidad de los delitos de terrorismo. Reforzar el principio del reconocimiento mutuo, no solo en el
ámbito de las sentencias y resoluciones judiciales, sino también en las labores de prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo.
- Instar, en el marco de Europol, a que el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo no ceje en su empeño de seguir investigando, en su ámbito de competencias, aquellos elementos de los casos no resueltos donde pueda aportar su
colaboración' 10.
9 En este sentido, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, está identificando a miembros de ETA residentes en terceros países para determinar su participación en la comisión de los crímenes y poder solicitar así su extradición. Por
su parte, las víctimas del terrorismo han impulsado una campaña, a través de las redes sociales, denominada 'Stop huidos ETA' que tiene como finalidad la obtención de datos sobre los etarras huidos de la justicia española para facilitar su puesta a
disposición.
10 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PETI-CR~702917_ES.pdf
Quinto. Conclusiones.
Muchos miembros de ETA están huidos y sustraídos de la acción de la justicia española. Esta situación -prolongada en el tiempo- no hace más que consolidar la impunidad de los etarras prófugos, porque su mero ocultamiento propicia la
prescripción de sus delitos. Además, las propias instituciones del Estado ahondan en dicha injusticia al utilizar todos los medios a su alcance para acortar la duración de las penas que deberían ser cumplidas por los terroristas condenados.
Por todo ello, el Gobierno de España debe utilizar todos los medios y herramientas necesarias para poner fin a la impunidad de los miembros de ETA prófugos y acabar así con esta situación que supone una verdadera ignominia para las víctimas
del terrorismo y para los españoles en general.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
- Dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones contenidas en el Informe de misión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo de 22 de abril de 2022, promoviendo a tal efecto la adopción de todas las medidas necesarias para articular
los mecanismos jurídicos necesarios y eficaces para acabar con las situaciones consolidadas de impunidad de los miembros de la organización terrorista ETA huidos de la acción de la justicia.
- En particular, crear un grupo especial de trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional encargado de la búsqueda, captura y puesta a disposición judicial de los miembros de la organización terrorista ETA huidos de la justicia.
- Adoptar las medidas necesarias para apoyar y asistir a toda persona que quiera poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado datos sobre el paradero de miembros de la organización terrorista ETA huidos de la
justicia, que pueda ayudar a esclarecer los crímenes cometidos por los mismos, sin temor a represalias o presiones de los grupos afines a esta organización terrorista.
- Impulsar la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por medio de su página web y a través de todas las Embajadas y Consulados españoles en el mundo, en la mejor difusión de las medidas especiales
para acabar con la impunidad de los miembros de ETA contenidas en la presente proposición no de ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2022.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, María Teresa López Álvarez, Antonio Salvá Verd y José María
Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004472
Mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 2022 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Plural la Proposición no de Ley sobre el cambio de nombre de la estación de ADIF de Alicante por el de 'Alicante-Eusebio Sempere', publicada en el
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 509, de 4 de octubre de 2022.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/004493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre financiación para el
mantenimiento y mejora de las carreteras de la isla de Ibiza, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En fecha 14 de mayo de 2009 tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Consell Insular de Ibiza en materia de carreteras, modificado por adendas de 18 de octubre de 2011 y 15 de diciembre de 2014.
El día 7 de febrero de 2018 se celebró la reunión de la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control del convenio, en la que se puso de manifiesto la necesidad de tramitar una tercera adenda al mismo a fin de reajustar las
anualidades supeditadas a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. Del mismo modo, se estimó conveniente prorrogar el convenio hasta el año 2021 ante la previsión de incidencias en el transcurso de las obras.
Sea como fuere, las obras contempladas en el mencionado convenio se han concluido en el transcurso del año 2020, siendo la única isla de Baleares que ha cumplido con su ejecución completa. Sin embargo, desde la firma de la última adenda no
se ha modificado el convenio a fin de prorrogar su programación y justificar las actuaciones realizadas hasta la fecha.
Hasta en tres ocasiones instó el Consell Insular de Ibiza a la Subdirección General de Coordinación, para la convocatoria de la Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control del convenio, dependiente de la Dirección General de
Carreteras, que finalmente aceptó reunirse una vez caducado de forma automática el convenio, estableciéndose una hoja de ruta y criterios para un nuevo convenio.
Aun habiéndose convocado la Comisión Mixta y liquidado el convenio, lo cierto es que hasta la fecha no se ha satisfecho, circunstancia esta que obliga a la suscripción de un nuevo convenio de financiación.
Sentado lo anterior, todo apunta a que no existe voluntad del Gobierno de España para acordar con el Consell Insular de Ibiza la financiación del mantenimiento y la mejora de las carreteras de la isla. Esta circunstancia podría confirmarse
si atendemos a lo que se desprende de los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados por las Cortes Generales, dejando a la isla de Ibiza sin financiación para el mantenimiento y la mejora de sus carreteras, una de sus principales
infraestructuras básicas.
A pesar de que los convenios en materia de financiación para el mantenimiento y mejora de las carreteras venían suscribiéndose entre el Gobierno del Estado y los respectivos Consells Insulares, existiría la posibilidad de que parte de los
183 millones de los Presupuestos Generales del Estado afectos al factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares (REB) fueran destinados por el Govern de les Illes Balears a financiar los convenios de carreteras en lugar de
destinarse a compensar los efectos propios de la insularidad.
Ante la necesidad de que se aclare definitivamente en qué situación queda el Consell Insular de Ibiza en relación con la financiación para el mantenimiento y mejora de la red viaria de la isla, el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Determinar si la financiación en materia de carreteras de la isla de Ibiza se establecerá a través de un nuevo y próximo convenio de carreteras o con cargo al factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares (REB).
2. Garantizar en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y a través de la suscripción previa de un nuevo convenio con el Consell Insular de Ibiza la financiación para el mantenimiento y mejora de las carreteras de la isla de
Ibiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Miguel Ángel Jerez Juan, Margarita Prohens Rigo y Andrés Lorite Lorite, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reposición de servicios
ferroviarios suprimidos en la LAV Madrid-Zamora-Galicia, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El 20 de diciembre de 2021 tuvo lugar el viaje de inauguración de la línea de alta velocidad Madrid-Zamora-Galicia, una vez que se puso en servicio el último tramo entre la localidad zamorana de Pedralba de la Pradería y Ourense. Comenzaron
entonces diez servicios comerciales en cada sentido, dos de ellos en trenes AVE y el resto en trenes Alvia.
Ello representó un cambio sustancial en la movilidad ferroviaria, como lo acreditan los últimos datos conocidos. Así, tal y como ha informado RENFE recientemente, los viajeros que han utilizado los servicios de Alta Velocidad Madrid-Galicia
desde su puesta en funcionamiento, en aquella fecha, hasta el pasado mes de mayo, han sido alrededor de 700.000, lo que supone un 185 % más respecto al mismo periodo de 2019, con anterioridad a la pandemia.
Sin duda, son unos números para celebrar, pero deberían haber sido mucho mejores si el MITMA y RENFE hubieran puesto en circulación en esta línea los trenes Avril S-106 contratados con Talgo. Aumentarían la oferta de plazas y mejorarían
sustancialmente los tiempos de viaje desde Ourense al resto de las ciudades gallegas.
El Gobierno prometió que esos trenes serían entregados en junio de 2020, después a principios de 2021, luego a finales de 2021 y el último plazo que se incumplirá es el de este verano si nos atenemos a un reciente comunicado de Renfe
acusando a Talgo del retraso.
La realidad que sentimos en estas fechas estivales son los serios problemas de las personas para conseguir plazas en los trenes que operan en esta línea, que se agudizan mucho en el caso de las personas que quieren moverse entre Zamora y
Madrid, especialmente en los horarios matinales y vespertinos.
Y es que conviene recordar que, en marzo de 2020, con motivo de la primera declaración del estado de alarma, RENFE suprimió el 'Tren madrugador' que no solo prestaba el servicio a Zamora, sino también a Medina del Campo y a Segovia.
Unos problemas a los que aportaba solución la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana celebrada el día 10 de mayo de 2021, en la que a instancias del Grupo Parlamentario Popular fue aprobada con modificaciones una Proposición no
de Ley sobre la recuperación del 'Tren madrugador' que instaba al Gobierno a:
1. La recuperación de todos los servicios ferroviarios que se venían prestando a Zamora hasta la declaración del estado de alarma por el COVID-19 (Real Decreto 463/2020).
2. La recuperación del llamado 'Tren madrugador' Zamora-Chamartín con salida a las 7:05 h y regreso Chamartín-Zamora a las 19:40 h.
3. Que sea declarado el servicio del llamado 'Tren madrugador' como sujeto a obligaciones de servicio público de conformidad con el Reglamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los
servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
4. Promover la creación de un sistema de bonos en la referida ruta para los viajeros empadronados en Zamora, con el fin de fomentar el incremento del número de residentes en la provincia y disminuir los costes del servicio.
Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno y RENFE, despreciando lo aprobado hace más de un año, hicieron caso omiso a tan razonables demandas del Congreso de los Diputados.
El escenario de movilidad de mayo de 2021 es sustancialmente diferente al actual. Afortunadamente, se superaron las secuelas de la pandemia y los usuarios han vuelto a utilizar el transporte. No existe,
pues, justificación alguna a seguir sin reponer servicios que habían sido suprimidos por los estados de alarma, máxime cuando existe una fuerte demanda reivindicativa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir en sus propios términos la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana celebrada el día 10 de mayo de 2021 y que de manera urgente e inmediata se reponga el llamado 'Tren madrugador'
Zamora-Chamartín con salida a las 7:05 h y regreso Chamartín-Zamora a las 19:40 h.
2. Exigir el cumplimiento del contrato de suministro por parte de Talgo a Renfe de los trenes Avril S-106 para que puedan operar en la LAV Madrid-Galicia con el consiguiente incremento de las plazas ofertadas y la mejora de los tiempos de
viaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Elvira Velasco Morillo, Ana Belén Vázquez Blanco y Celso Luis Delgado Arce, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la extensión de las medidas
excepcionales del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, en materia de revisión de precios en los contratos de obra, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de
julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de
revisión de precios en los contratos públicos de obras reconoce que el alza extraordinaria del coste de determinadas materias primas que resultan necesarias para la ejecución de ciertas unidades de obra ha repercutido de manera intensa en los
contratos de obras.
También reconoce que se está alterando fuertemente la economía de los contratos de obra, por causa de un incremento extraordinario de ciertos costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que
pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público.
Se permite la revisión excepcional de los precios de los contratos del sector público incluso en aquellos supuestos en que no procediese conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, bien por no haberse pactado en el contrato, bien por no
haber transcurrido el periodo mínimo establecido en la ley o no haberse ejecutado la parte de la obra necesaria para la aplicación de la revisión. La causa justificativa será cuando el incremento del coste de los materiales empleados para la obra
adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021.
Su aplicación comprende a los contratos que se encuentren en ejecución del Sector Público estatal y de las Comunidades Autónomas, y con independencia del régimen jurídico que por razón temporal o de la materia se aplique al contrato, y a
todos los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados.
La revisión excepcional se podrá solicitar cuando el aumento de los costes haya tenido un impacto relevante en el contrato durante el año 2021, superior al 5 % del importe certificado en ese ejercicio y hasta un máximo del 20 %. La cuantía
de la revisión excepcional no podrá ser superior a ese 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato.
Para ello, establece un mecanismo de revisión de precios únicamente aplicable a materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre y se establecen mecanismos limitantes que enfrían las expectativas de las entidades
perjudicadas.
Para muchas obras, el peso de los cuatro materiales anteriores es muy pequeño, por lo que no se podrán acoger a este real decreto-ley.
Por eso, en una primera aproximación al texto, al circunscribirse al incremento del coste de los materiales citados en el punto anterior, esta redacción parece que excluye el incremento de costes derivados de otros materiales / productos
como, por ejemplo, los áridos, el hormigón o el cemento, empleados masivamente en las obras de construcción, salvo que se pudiera llegar a acreditar que, en su producción, el aumento de los costes de los materiales citados en el artículo (por
ejemplo, aceros de desgaste de los equipos de tratamiento) implican un incremento de sus costes de producción tal que entre dentro de los supuestos de este real decreto-ley.
Además, se excluyen los costes de la energía, especialmente importantes en el caso de los áridos. La argumentación dada en la exposición de motivos es, claramente, insuficiente para justificar esta exclusión, dado que las medidas a las que
se hace referencia no han logrado contener el excesivo incremento de precios de la energía que tienen un enorme impacto sobre los costes de producción de áridos.
La combinación de la limitación de causas aceptadas para la revisión excepcional de precios, de los límites porcentuales y de plazos, realmente demuestran que este Real Decreto-ley es un mecanismo muy insuficiente para resolver el problema
real de las obras.
Según el artículo 10.3 del real decreto-ley el subcontratista (y también el suministrador) tiene acción contra el contratista, pero no acción directa frente a la Administración.
Esto conlleva tres impactos inmediatos: el primero, que el suministrador y el subcontratista desconocen si la obra en cuestión en la que hayan suministrado sus materiales, ha sido objeto efectivo de revisión de precios. Sin tener
conocimiento de ello, es cuestionable ejercer una acción contra un contratista de modo aleatorio. El segundo impacto es que, inevitablemente, los subcontratistas entenderán que, una vez recibido el pago de la revisión de precios, a ellos no les
corresponde hacer absolutamente nada aguas debajo de la cadena de valor, sino que corresponde a subcontratistas y suministradores reclamar su propia revisión. Y, aún más, esta se produciría en los términos que ellos fijaran, por ejemplo, de unos
plazos de reclamación iguales a los suyos pero que, sin saber el suministrador si el contratista ha reclamado revisión, bien puede superar dichos plazos hasta su consunción definitiva. Habría un tercer impacto, y es el de que el contratista tiene
la opción de reclamar el todo de la revisión en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y, sucesivamente, la reclamación por revisión excepcional del RDL 3/2022, sin dejar de cumplir el desistimiento sobre cualquier otro proceso
judicial, pero sí dejando en la indefensión a todos sus subcontratistas y suministradores.
La segunda consideración afecta a la revisión de los precios de suministro efectuados en 2021, en la que los suministradores no han facturado con incremento de precio, pues afecta a contratos de suministro en continuo, de varios años en
ocasiones, que tampoco han podido considerar los incrementos excepcionales del coste de la energía. Como bien es conocido, no son impactos como los que puedan aludir los contratistas, sino muy superiores en varias de estas industrias, que,
precisamente, están valorando su parada en estas fechas por sobrecostes del entorno del 80-100 %.
En este apartado cabe analizar la figura del suministro directo al sector público, como en el caso del balasto a ADIF. Parece razonable que debían reequilibrarse económicamente los términos contractuales también en estos casos especiales.
En tercer lugar, cabe analizar lo que pueda ocurrir en contratos del sector público, en el que el uso de los materiales de referencia para el cálculo del impacto, conforme al artículo 7.1 del RDL, sea muy inferior al de otros materiales muy
habituales en obras públicas, pero que también han estado y están sujetos a enormes tensiones de sobrecoste energético y de materia prima. Es el caso del hormigón, los áridos y el cemento por poner un claro ejemplo, materiales que han quedado fuera
de la referencia y pueden suponer en muchas obras una de las partidas principales.
Además, de lo anterior, existe la grave problemática del retraso de la publicación de los índices oficiales aplicables a las fórmulas lo que impide una actualización efectiva y en plazo de los excesivos sobrecostes experimentados por toda la
cadena de valor.
Es preciso mitigar el impacto de esta grave situación sobre la industria de productos de construcción, suministradora de productos básicos e imprescindibles para las obras, que produjo para el mercado español 25.000 millones de euros en
2021, y 30.339 millones de euros en exportación, con un saldo
de 6.753 millones, positivo para el Reino de España. Todo ello con una plantilla en las plantas industriales, de 382.000 empleos, casi el 20 % femenino y con cualificaciones profesionales propias de cada sub-industria y niveles de
permanencia en plantilla elevados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Establecer las medidas precisas para extender los efectos directos que prevé el Real Decreto-ley 3/2002, de 1 de marzo para los contratistas principales, a subcontratistas y suministradores de obras, incluyendo entre estos últimos a los
suministradores directos a las obras del sector público.
- Establecer las medidas precisas para permitir que el subcontratista y también el suministrador de las obras pueda tener acción directa frente a la Administración, en aplicación del Real Decreto Ley 3/2002, de 1 de marzo.
- Extender el tipo de materiales de referencia para el cálculo del impacto, conforme al artículo 7.1 del RDL, a otros materiales muy habituales en obras públicas, que también han estado y están sujetos a enormes tensiones de sobrecoste
energético y de materias primas, como es el caso del hormigón, los áridos y el cemento, materiales que han quedado fuera de la referencia y pueden suponer en muchas obras una de las partidas principales.
- Adoptar medidas urgentes para eliminar la grave problemática derivada del retraso de la publicación de los índices oficiales de precios aplicables que está impidiendo una eficaz actualización de los precios a la excepcional situación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Paloma Gázquez Collado y Andrés Lorite Lorite, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ejecución del Plan Integral
de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La red de Cercanías de Madrid cuenta con un trazado de más de 360 kilómetros, 9 líneas comerciales y 92 estaciones. Es utilizada anualmente por más de 240 millones de viajeros.
En abril de 2018, el entonces Gobierno de la Nación presidido por don Mariano Rajoy presentó el Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018- 2025 para mejorar la movilidad de 5,6 millones de personas en la Comunidad
de Madrid. El Plan estaba dotado con un presupuesto de 5.100 millones de euros.
Para dar respuesta a las necesidades más apremiantes, se aprobó, además, un Plan de Acción Urgente para el periodo 2018-2019 dotado con 580 millones de euros. Este Plan contenía medidas de intervención inmediata en estaciones, modernización
de las infraestructuras y compra de nuevos trenes.
También se previó la constitución de una Comisión de Seguimiento del Plan Integral. Esta Comisión tendría las funciones de evaluación de su desarrollo y evaluación de sus resultados.
Sin embargo, con la llegada de don Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno a mediados de 2018, tanto el Plan Integral como el Plan de Acción Urgente fueron encerrados en un cajón y rápidamente olvidados. La Comisión de Seguimiento del
Plan no ha sido reunida desde 2018 y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido incapaz de dar una explicación mínimamente razonable sobre dicha falta de convocatoria.
Al mismo tiempo, el servicio de Cercanías en la Comunidad de Madrid se ha deteriorado alarmantemente durante estos cuatro años. Son demasiado frecuentes los cortes de circulación, las averías, los retrasos y las aglomeraciones en las
estaciones de Cercanías en horas punta. Las quejas de los ciudadanos madrileños sobre los perjuicios que les supone el mal funcionamiento de los trenes de Cercanías en términos de retrasos y de incomodidades son constantes y deben ser atendidas por
la Administración responsable de su gestión, es decir, por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Además, la falta de ejecución del Plan Integral 2018-2025 ha supuesto un perjuicio particular para las personas con movilidad reducida, cuyo acceso a las estaciones y trenes de Cercanías es más complicado. De las 92 estaciones de Cercanías
en Madrid, 26 no son accesibles a fecha de hoy. Además, el número de trenes plenamente accesibles es aún demasiado bajo al no haberse renovado convenientemente la flota. Esto lleva a que, por ejemplo, en la línea C-2 no exista accesibilidad total
estación-tren en ninguna de sus paradas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ejecutar de manera inmediata el Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 y cumplir con los compromisos anunciados y urgentes en la red ferroviaria madrileña.
2. Convocar urgentemente la Comisión de Seguimiento del Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025.
3. Asegurar la accesibilidad total estación-tren en todas las paradas de la red de Cercanías de Madrid.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Mario Garcés Sanagustín, Andrés Lorite Lorite, Ana María Pastor Julián, Adolfo Suárez Illana, María Elvira Rodríguez Herrer, Edurne Uriarte Bengoechea, Ana María Beltrán
Villalba, Antonio González Terol, Carlos Aragonés Mendiguchía, Pilar Marcos Domínguez, Gabriel Elorriaga Pisarik y Percival Manglano Albacar, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de que el MITMA
convoque una reunión de la Comisión de Seguimiento del 'Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Ourense y la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, para el desarrollo de la
futura estación intermodal de Ourense y su entorno urbano', suscrito el 22 de junio de 2016, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Ourense ha vuelto a sufrir un nuevo incumplimiento por parte de ADIF-Alta Velocidad de los plazos comprometidos para la licitación de las muy necesarias obras pendientes de la estación intermodal de alta velocidad de la ciudad que están
recogidas en el estudio informativo aprobado y comprometidas en firme en el Convenio Marco de Colaboración suscrito el 22 de junio de 2016 entre el Ministerio de Fomento, ADIF-Alta Velocidad, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense.
Se trata de actuaciones en el edificio de viajeros, en la plaza de acceso. La ejecución de una pasarela urbana propuesta como conexión peatonal accesible entre los barrios de 'O Vinteún' y 'A Ponte' y otra pasarela de acceso a las
plataformas sobre las vías. Además, una actuación como elemento integrador
en el edificio de viajeros de una solución de cubiertas solapadas y la ejecución de un cubrimiento parcial de la playa de vías para reducir los niveles de ruido.
Por otro lado, hay un conjunto de actuaciones urbanas en la estación intermodal de Ourense que no se incluyeron en el aludido Convenio, pero que sí fueron presupuestadas en el documento anexo de valoración económica del estudio informativo,
lo que significa que fueron consideradas.
Se trata de la urbanización de la losa sobre vías (6,1 M), de una losa adicional sobre vías (obra civil y urbanización por importe de 9,8 M) y de un nuevo vial sobre vías (obra civil y urbanización por importe de 11,6 M).
A nuestro juicio, resulta indispensable que las partes que integran la Comisión de Seguimiento del Convenio conozcan cuáles son las intenciones del MITMA y de ADIF en relación con estas actuaciones no conveniadas, y escuchen las propuestas
que lleguen desde el Ayuntamiento de Ourense y la Xunta de Galicia.
Debe tenerse en cuenta que en diciembre de 2021 comenzaron los servicios ferroviarios de Alta Velocidad entre Ourense y Madrid, para lo cual fue necesario habilitar una solución provisional desde Taboadela hasta Ourense, aprovechando el
trazado ya existente, modernizándolo, sin perjuicio de construir la llamada variante exterior, ya que no era admisible en términos ferroviarios quedarnos con 14 km de vía única en la entrada a Ourense.
Pero cuando esté culminada la citada variante, previsiblemente no antes de 2026, estas vías de ancho estándar llegarán a la estación de Ourense por el nordeste y, en consecuencia, ADIF tendrá que remodelar la playa de vías con nuevas obras e
instalaciones. Es en este punto en el que conviene hacer algunas reflexiones sobre cuál es la intención de ADIF respecto a la localización de esas nuevas vías y al destino a dar a las infrautilizadas instalaciones dedicadas a mercancías.
Llegó a nuestro conocimiento, procedente de la sociedad civil, una propuesta en el sentido de que las citadas vías se sitúen donde estaban inicialmente previstas en el estudio informativo de 2008, es decir, inmediatamente pegadas al norte de
las actuales vías de la estación, dejando libre todo el espacio que está pegado a la Rúa Arnoia, donde ADIF tiene una gran explanada de casi 100.000 metros cuadrados con barracones infrautilizados, silos de cemento y vías de mercancías
desaprovechadas.
Sostienen los proponentes que, si así se hiciera, sería posible facilitar la permeabilidad entre el barrio de la Ponte y de O Vinteún mediante dos viales para vehículos y peatones que irían desde la parte norte alta de la estación, en la
confluencia de las calles Quintian/Ramón Piñeiro hasta el lado oeste (calle Eulogio Gómez Franqueira) y el lado este (avenida de Marín). Estos viales, de unos 12 metros de ancho y pendiente del 3 %, sobrevolarían la playa de vías y no afectarían a
los edificios existentes: Estación, Correos, residencias de empleados de Renfe, centro de salud y estación de autobuses.
Defienden, además, que su moderado coste evitaría construir un costoso y antiestético murallón longitudinal frente a la avenida de Marín, así como eliminar un paso elevado sobre las vías que, por estar muy próximo al actual de la avenida de
Santiago, no resolvería la comunicación entre la parte baja y alta del barrio de la Ponte.
Entendemos que esta propuesta, al igual que otras que puedan plantearse por las partes afectadas, merece cuando menos ser valorada y estudiada. Tiempo hay de sobra para hacerlo.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España y, más en concreto, al MITMA a convocar a la mayor brevedad una reunión de la Comisión de Seguimiento del 'Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Xunta de
Galicia, el Ayuntamiento de Ourense y la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, para el desarrollo de la futura estación intermodal de Ourense y su entorno urbano', suscrito el 22 de junio de 2016, para abordar principalmente todo lo
referente a las actuaciones conveniadas, así como lo relativo a otras actuaciones urbanas no contempladas en el estudio informativo pero que sí fueron en su día objeto de valoración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Celso Luis Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el
cambio de nombre de la Estación de ADIF de Alacant por el de 'Alacant-Eusebio Sempere' para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Eusebio Sempere (Onil, 1923-1985), premio Príncipe de Asturias de las Artes (1983) y Doctor Honoris Causa por la Universitat d'Alacant (1984), es una figura esencial del panorama artístico español de la segunda mitad del siglo XX. Vinculado
a la abstracción geométrica, con estrechos lazos con el constructivismo y con el arte óptico y cinético, su obra abarca diversas disciplinas artísticas como la pintura, la escultura y la obra gráfica. Considerado el introductor de la serigrafía en
nuestro país, su dominio de esta técnica lo adquiere en París, ciudad en la que el artista residió entre 1948 y 1960. En el año 2023 se cumplirá el centenario de su nacimiento.
El Pleno del Ayuntamiento de la ciudad de Alacant aprobó en octubre de 2015, con motivo de la celebración del año Eusebio Sempere, una Declaración Institucional en la que instaba a variar el nombre de la Estación de Adif, 'Alicante Término'
por el de 'Alacant-Eusebio Sempere' en homenaje al artista alicantino del mismo nombre. La petición es coherente con el nombre de otras estaciones ferroviarias del Estado como 'València-Joaquín Sorolla' u 'Orihuela- Miguel Hernández', por citar dos
ejemplos.
Más de 8 años después no nos consta ninguna gestión por parte de los organismos ferroviarios del Estado dependientes del Ministerio de Fomento para hacer realidad la petición del Ayuntamiento de Alacant, a pesar de la reiteración de esta
demanda que, desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alacant, se ha trasladado al Ministerio. Por todo ello, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a que, a través del órgano ferroviario que resulte competente, proceda a aprobar con la mayor celeridad posible al cambio de nombre de la Estación de ADIF de Alacant por el de ''Alacant-Eusebio Sempere''
coincidiendo con la proximidad al aniversario del centenario del artista alicantino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la necesaria intervención en la N-550 en el Concello de Ordes para la mejora de la seguridad vial para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El tramo de la N-550 que discurre entre los P.K. 26,8 y 36,9 está considerado como uno de los más peligrosos de la red de carreteras del Estado. Según el informe elaborado por EuroRAP (European Road Assesment Program) del año 2020, el
citado tramo alcanza un índice de riesgo de 94,5 puntos, lo que lo sitúa como el quinto más peligroso del Estado español.
Este tramo se sitúa por completo dentro del término municipal de Ordes, desde la rotonda que enlaza la N-550 con la AC-542 en dirección Betanzos, vía de titularidad autonómica en, O Mesón do Vento, hasta el límite del casco urbano de Ordes
en dirección a Santiago de Compostela.
Lamentablemente, en fechas recientes se ha sumado un nuevo accidente al largo historial que registra este tramo negro y en el que ha resultado herido un ciclista. Este suceso tuvo lugar en la rotonda que enlaza la N-550 con el Polígono
Industrial de Merelle, donde se producen habitualmente accidentes, situación que no puede seguir tolerándose sin adoptar medidas para evitar nuevos siniestros.
Una de las causas que influyen en la elevada siniestralidad de este tramo es la alta velocidad a la que circulan los vehículos en la rotonda. Esta glorieta por su reducida dimensión hace posible que los automóviles puedan tomarla sin casi
frenar, especialmente si continúan en dirección A Coruña-Ordes o viceversa. Por este motivo, una de las soluciones que proponen desde la localidad es, precisamente, reformar la propia rotonda para aumentar sus dimensiones de forma que la necesidad
de girar obligue a reducir la velocidad de tránsito en la misma. También se puede valorar la colocación de sistemas para el calmado del tráfico que llega a la rotonda, por ejemplo, bandas reductoras de la velocidad.
Dada la titularidad estatal de esta vía, corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana realizar los estudios precisos para analizar la mejor solución y posteriormente iniciar los trámites para acometer las obras de
reforma que permitan aliviar el riesgo en la circulación y aliviar la siniestralidad en la zona.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Efectuar los estudios precisos para analizar las principales causas del elevado índice de siniestralidad que presenta actualmente la N550 a su paso por Ordes entre los PK 26,8 y 36,9.
2. Acometer las actuaciones precisas en base a las conclusiones arrojados por los citados estudios, entre las que se podría incluir la reforma del trazado, así como la adopción de medidas para el calmado del tráfico que accede a la rotonda
que enlaza la N-550 con el Polígono Industrial de Merelle y con la AC-409.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la formación y cualificación profesional para el desarrollo;
crecimiento y densificación del sector del videojuego en España, para su debate en la Comisión Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El videojuego es hoy un elemento ubicuo en nuestra sociedad y constituye, sin lugar a duda, una seña de identidad de nuestro tiempo es por lo tanto un espacio único donde confluyen maneras y formas propias de la creación y el desarrollo
digital en el siglo XXI, el sistema educativo no puede quedarse atrás en este nuevo espacio de creación.
Constituye una realidad social de enorme trascendencia, se ha convertido para una parte significativa de nuestra población en un elemento que va más allá del mero entretenimiento para establecerse también como uno de los espacios de
sociabilización de una parte significativa de nuestra sociedad en sus ratos de ocio.
La demostración de su presencia y que recientemente se ha constatado en los informes que periódicamente publican las asociaciones representativas del sector y que señalan que en 2019 el número de usuarios superó la cifra de los 15 millones y
constatado que cerca de la mitad de los españoles entre los 6 y los 64 años son usuarios habituales de videojuegos.
Los videojuegos transmiten valores e ideas, de la misma forma cómo lo hace el cine o los libros. Debemos por tanto atender como poderes públicos a su oportunidad como sector de desarrollo sino también a sus posibilidades para colaborar y
apoyar a la educación, la integración social, la salud y la cohesión social.
El sector del videojuego es probablemente el subsector de las industrias culturales que más rápidamente está innovando, incorporando a gran velocidad a nuevas tecnologías como la realidad virtual, la realidad mixta, el blockchain, o la
inteligencia artificial. De hecho, el videojuego es pionero en el desarrollo de una capacidad clave para las industrias culturales y creativas en el entorno digital: la monetización. La industria de los videojuegos ha sido la industria cultural
que más rápido ha dado el salto al modelo de negocio digital, y que más ha innovado para no depender tan solo del modelo 'Free to Play', poniendo en marcha modelos 'Pay to Play', Freemium (gratuidad inicial, y para acceder a nuevos niveles se debe
pagar), modelos de suscripción, y combinaciones de todos los anteriores.
En el videojuego desde su irrupción en la sociedad confluyen tecnología y cultura. Hoy en día la mayoría de las producciones emplean un abanico enorme de profesionales de la cultura para su desarrollo como guionistas, escritores,
diseñadores gráficos, vídeo artistas, directores cinematográficos, escultores, actores, dobladores o músicos. Eso sin contar todos los técnicos en programación en todas sus variantes y otros especialistas informáticos. Por todo ello el potencial a
nivel laboral, y además de empleo de calidad, de la industria del videojuego es hoy en día, y en el futuro inmediato, lo que transforma este en sector estratégico para España. Para conseguirlo, el sistema educativo deberá adecuarse a este nuevo
empleo de calidad, ofreciendo curso de formación y cualificación profesional para el desarrollo del sector del videojuego.
Introducir el videojuego como parte de la agenda política como un elemento importantísimo de desarrollo de las industrias de la creatividad en el ámbito digital pero también para entender el enorme potencial y esfuerzo creativo en el sector.
El sector del videojuego se ha convertido en uno de los más dinámicos, pero adolece de los mismos problemas que las ICC y necesita de una estrategia específica para el desarrollo de su potencial. Conscientes, eso sí, de la idiosincrasia propia del
sector del videojuego.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a reforzar el sector del videojuego de España mediante la mejora de la formación y cualificación profesional para el desarrollo; crecimiento y densificación del sector del videojuego
en España que incluya:
1. Definir aquellas necesidades y competencias formativas que permitan impulsar la actualización, aumento y desarrollo de titulaciones e itinerarios propios del sector del videojuego.
2. Diseñar propuestas que puedan ser incorporadas y desarrolladas reglamentariamente en la nueva ley de formación profesional.
3. Establecer un proceso de dialogo con el sector para determinar la necesidades y oferta necesaria para el desarrollo del sector.
4. Impulsar la colaboración centro-empresa para posibilitar las alternativas de formación Profesional Dual en el Sector y centros formativos reglados.
5. Promover y facilitar el desarrollo de procesos y procedimientos de reconocimiento y certificación de competencias para trabajadores y profesionales del sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2022.-Alfredo Sancho Guardia, María Luz Martínez Seijo, Lázaro Azorín Salar y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo e Isaura Leal Fernández, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas
competitivas de apoyo y promoción del sector de los Parques Temáticos y de Atracciones para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El sector de los parques de atracciones en España viene representando en términos generales una aportación significativa a la economía nacional, tanto en términos de generación de riqueza como de empleo directo e indirecto. En efecto, en
base a datos correspondientes al año 2019, la contribución de los parques temáticos y de atracciones a la economía española ascendió hasta un total de casi 5.000 millones de euros, lo cual vino a representar alrededor de un 3 % de la contribución al
PIB del sector turístico.
En 2019, por cada euro de impacto directo, la actividad de los parques de ocio generó 41,8 euros de impacto indirecto, inducido y de recaudación fiscal a la economía española. Por sectores, generalmente las actividades más beneficiadas por
el impacto económico vinculado con la cadena de suministro encargada de proveer las necesidades de los parques son servicios fundamentales para las economías locales, tales como alojamiento y restauración (17 %), transporte terrestre (17 %) o
comercio al por menor (6 %), entre otros.
De igual manera, a partir de datos procedentes de la propia Asociación Española de Parques de Atracciones (AEPA), cada empleo directo generado por la actividad de este sector contribuye a sostener 11,8 empleos indirectos, inducidos y
asociados a la recaudación fiscal, hasta lograr un total superior a los 60.000 empleos directos e indirectos antes de la crisis vinculados con la actividad de los parques de ocio.
Hoy en día, casi la totalidad de las actividades culturales a las que se aplicaba el tipo impositivo reducido del IVA con anterioridad a la reforma del año 2012, ya han recuperado su tributación a dicho tipo reducido de este gravamen (10 %).
Sin embargo, la reforma del año 2017 no ha repercutido de momento sobre las entradas de los parques de atracciones donde continúa aplicando el tipo del 21 %, lo que supone una pérdida de competitividad considerable en la industria de los parques de
atracción, frente a otros negocios y actividades culturales y turísticas.
En este punto, no podemos obviar que como resultado de la crisis de salud pública sólo durante el año 2020 este sector padeció una merma de ingresos equivalente a una caída media de ingresos en torno al 80 %, lo cual provocó incluso el cese
de actividad de algunos parques de manera temporal, aparejado a una inversión de más de 10 millones de euros en concepto de medidas preventivas contra la pandemia. Según AEPA, toda esta inversión, junto con el incremento del IVA ha sido asumido por
los propios parques y hasta el momento no se ha trasladado la subida del IVA a la entrada de los visitantes. A raíz de todo ello, algunas instalaciones tan representativas como son el Parque de Atracciones de Zaragoza, Terra Mítica en Benidorm
(Alicante) o Tívoli World en Benalmádena (Málaga), se encontrarían enfrentando por sus propios medios en la actualidad a situaciones de viabilidad especialmente críticas.
Así las cosas, procedería subrayar que en el nuevo ciclo turístico abierto tras el impacto del COVID19, dichos parques podrían significar una pieza esencial y revulsivo en la completa y definitiva reactivación de la demanda turística y la
recuperación económica de las zonas de influencia donde se encuentran ubicados los mismos, debido a su enorme efecto multiplicador como agente cultural y de ocio.
Por todo lo anterior, a la espera de que el cierre del presente año 2022 pueda por fin traducirse en un restablecimiento de los niveles de actividad prepandemia en este sector complementario de nuestra
oferta, elemento imprescindible de atracción turística en infinidad de destinos españoles con cerca de 20 millones de visitantes anuales, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción inmediata de las siguientes medidas:
1. Impulsar la aprobación de todas las medidas adecuadas y necesarias con el propósito de facilitar el acceso a los parques temáticos y de atracciones, -sector gravemente afectado en los últimos años-, atrayendo mayor cuota de visitantes,
así como incrementando gracias a la existencia de esta oferta complementaria, la duración, el gasto y la satisfacción de la estancia de los visitantes.
2. Estimular el posicionamiento de los destinos españoles en cooperación con las Comunidades Autónomas, -dentro de una ambiciosa estrategia de diversificación creando nuevos productos combinados 360° de mayor valor-, para la práctica de
experiencias de ocio y entretenimiento relacionadas con los parques temáticos y de atracciones existentes, poniendo en valoría diversidad máxima de recursos de la Marca Turística España en su conjunto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Agustín Almodóbar Barceló e Isabel Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la apuesta cualitativa por
la mejora de la capacitación y cualificación técnica de los trabajadores y profesionales encuadrados dentro del sector turístico español para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Tras sufrir los efectos de una pandemia de larga duración en forma de numerosas restricciones o limitaciones a la actividad y que se tradujeron en la práctica en pérdidas ingentes de ingresos y de destrucción de tejido productivo por espacio
de más de dos años y medio, a día de hoy el sector turístico español está afrontando una serie de graves disrupciones y problemas conocidos, entre ellos: una espiral inflacionista persistente con un aumento generalizado y galopante de costes y
precios, tanto en suministros como en materias primas; un entorno de alta presión fiscal para pymes y autónomos fuertemente descapitalizados a consecuencia de la crisis sanitaria y económica posterior; y además, en el caso central que aquí nos
ocupa, una preocupante y creciente falta de mano de obra cualificada en un ámbito productivo por definición intensivo.
En efecto, el sector turístico en su conjunto viene enfrentando esta problemática relacionada con la escasez de personal desde hace tiempo, complicaciones que se suelen acentuar especialmente durante los picos de actividad, como por ejemplo
durante el transcurso de la pasada temporada de verano en muchos destinos vacacionales. Así las cosas, a lo largo de los últimos meses los principales medios de comunicación de nuestro país se han venido haciendo eco de manera recurrente de
noticias relacionadas con las dificultades que tienen nuestras empresas turísticas para contratar y hacerse con los servicios de los perfiles más demandados en esta actividad económica.
Según por ejemplo el balance efectuado recientemente por parte de la propia organización Hostelería de España a través de su último Informe de Coyuntura, durante el desarrollo de la temporada de verano los empresarios no pudieron explotar en
muchos casos el negocio al 100 % de capacidad por falta de personal, viéndose en consecuencia obligados a contratar personal no cualificado, reducir aforos, espacios y reservas o adelantando el final de la temporada, dándose también el caso de tener
que cerrar en franjas determinadas, extendiendo o doblando turnos en el caso de los autónomos o directamente procediendo a cerrar establecimientos motivado por la falta de personal. Efectivamente, alrededor del 75 % de los
empresarios hosteleros tuvo dificultades para encontrar trabajadores en julio y cerca de un 70 % en agosto, lo cual supuso un lastre significativo para el normal funcionamiento de miles y miles de negocios en medio de la época de mayor
ventas y facturación de todo el año.
Es por ello que en este contexto, tanto desde las organizaciones empresariales sectoriales más representativas, como desde fundamentalmente aquellas Comunidades Autónomas con mayor presencia de actividad turística, se viene planteando y
demandando que la solución a corto plazo pasa por aumentar y mejorar la oferta formativa necesaria y de calidad que permita contar con mayor número de profesionales cualificados para cubrir posiciones en departamentos claves tales como salas,
terrazas y cocinas de restaurantes, cafeterías, bares, empresas de catering, housekeeping, etc.
Para poder dimensionar adecuadamente la importancia estratégica de la fuerza laboral turística en el conjunto de la economía española, no podemos olvidar que en el mes de julio de 2022 los afiliados en alta laboral vinculados a actividades
turísticas alcanzaron un total de 2.702.645 afiliados a la Seguridad Social, suponiendo el 13,3 % del total de afiliados en la economía nacional.
No obstante, el fin del verano ha vuelto a impactar en el mercado laboral español, incrementándose el paro en agosto en más de 40.000 personas y destruyéndose casi 190.000 empleos, de manera que el número de desempleados se sitúa en niveles
cercanos a prácticamente 3 millones de personas. Asimismo, y teniendo en cuenta que el negocio turístico español está esencialmente constituido por microempresas y autónomos, habría que subrayar la destrucción de empresas en el mes de agosto con la
pérdida de 19.000 negocios, que duplica la registrada a lo largo de los ejercicios 2019 y 2020 y resulta ligeramente superior a la experimentada hace un año. En este sentido, no deja de resultar paradójico que con la tasa de desempleo existente en
nuestro país -en 2021 nuestro país encadenó su decimotercer año consecutivo como el territorio de la Unión Europea con mayor número de parados-, sin embargo, nuestras empresas turísticas encuentren serias dificultades a la hora de hallar
profesionales cualificados para los mencionados sectores de actividad.
Por lo anteriormente expuesto, dentro de los retos estructurales del nuevo ciclo turístico pospandemia resulta crucial tejer una alianza fructífera entre el mundo formativo y el de la empresa al objeto de poner a disposición de las
necesidades del mercado laboral español el mayor número de profesionales capacitados para cubrir posiciones dentro de este segmento productivo con aún enorme potencial de desarrollo.
Por todo ello, con la finalidad de fortalecer las competencias profesionales de la población en edad de trabajar, así como aumentar la empleabilidad de todos los profesionales vinculados e interesados en cualesquiera de las actividades
turísticas, contribuyendo con ello por extensión a mejorar la competitividad de la Marca Turística España, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción inmediata de las medidas siguientes:
1. Diseño, dotación y ejecución de un ambicioso y verdadero Plan de Formación a medida contemplando aspectos claves tales como el dominio de idiomas extranjeros, transformación digital, orientación al cliente, conocimientos culinarios de
las diferentes regiones, control de gestión de la actividad hostelera, facilitando herramientas de inteligencia de mercado, etc. que se oriente y acompase en definitiva a las necesidades reales que demanda el tejido productivo turístico,
favoreciendo optimizar la capacidad de aportar valor a la cadena de valor turística por parte de nuestras plantillas, así como propiciando generar servicios y productos turísticos más diferenciales, innovadores y de mayor calidad dentro de la oferta
española.
2. Convocar a las Comunidades Autónomas para coordinar la mejora de la Formación Profesional en los centros reglados, adecuando la formación dual específica para el sector turístico español y fomentando la movilidad del alumnado con
estancias de formación y prácticas en otra Comunidad Autónoma diferente a la de residencia habitual.
3. Establecer una comisión de mejora de las metodologías didácticas, así como proceder a la actualización de los contenidos curriculares.
4. Potenciar y maximizar el uso y funciones de los Centros de Referencia Nacional (CRN) de la familia de hostelería y turismo en el ámbito de la FP.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Agustín Almodóbar Barceló e Isabel Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004515
A la Mesa de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para el impulso de la industria aeroespacial española, para su
debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La guerra de Ucrania ha recalibrado muchas prioridades en el tablero europeo, principalmente las de seguridad y defensa, además de las de energía. Este impacto se sentirá -se siente ya- en toda la cadena industrial de forma inevitable;
está en manos del Gobierno poner los medios necesarios para que la industria española resista y aproveche, en la medida de lo posible, el golpe. Las tecnologías de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, están entre los sectores más importantes
de la industria española. Según datos gubernamentales, la industria de la defensa en España facturó 6.654 millones de euros en 2019, generando 23.500 empleos (estables y con una remuneración un 82 % superior a la media española), con un 85 % del
peso en exportaciones. De esa facturación, el sector más importante es el aeronáutico militar con un 38 %, seguido del aeronáutico civil con un 33 %, el naval con un 12 %, el espacial con un 8 %, y el terrestre con un 7 %.
En su vertiente civil, superada la pandemia, la industria aeronáutica maneja unas previsiones de demanda de 40.000 aviones nuevos en todo el mundo hasta 2040, de los que 15.000 procederán de la renovación de los existentes.
Por el lado militar, España figura como importante actor en el marco europeo, participando en los proyectos FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate europeo) y Eurodrone. El A400M, cuyo ensamblaje final se realiza en España, encara un
horizonte de subida de ventas, tras el buen rendimiento e imagen de la aeronave durante episodios recientes como la pandemia, la evacuación de Afganistán, la repatriación de marineros del Villa de Pitanxo, o el envío de armas a Ucrania. En este
sentido, España debe mantener esa posición de polo estratégico aeroespacial, luchando por acoger los proyectos que surjan en el sector (como la variante pequeña del A400M).
En este sentido, el Gobierno debería estar trabajando ya en una ley de programación industrial de la defensa como la que tienen otros países, que ofrezca unos marcos financieros estables a los programas del ministerio -una suerte de pacto de
Estado que blindaría el gasto y restaría capacidad de decisión de los sucesivos gobiernos sobre esta materia-, más allá de los PERTEs.
En cuanto al espacio, campo que es ya decisivo en el tejido industrial y no hará más que aumentar su peso en el futuro inmediato, España sigue a la cola de la UE en cuanto a I+D+i a pesar de su buena posición a nivel global. Así, según
datos de la asociación de empresas Tedae calculados como porcentaje del PIB de cada país, la contribución de España a los programas opcionales de la Agencia Espacial Europea los que pueden ofrecer mayor retorno económico es tres veces más baja que
la de Francia y Bélgica, y aproximadamente la mitad que la de Italia y Alemania. La propuesta de creación de la Agencia Espacial Española también debe aprovecharse para generar un mayor crecimiento de la ya potente industria espacial de nuestro
país. El Gobierno debe aumentar el esfuerzo en este sentido, más allá de gestos como el cambio de nombre a Ejército del Aire y del Espacio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el desarrollo y culminación de los trabajos necesarios para poner en marcha la aprobación de una nueva ley de programación industrial de defensa, que incorpore los cambios estructurales en los mercados globales, las nuevas
tendencias de los fenómenos disruptivos y las crecientes posibilidades tecnológicas con el objetivo de consolidar un tejido industrial sostenible, moderno, competitivo y generador de empleo de calidad.
2. Garantizar que España tenga una participación importante en el programa A200M/FCTM, aprovechando la experiencia de nuestro país para acoger la línea de ensamblaje, e impulsar, desde nuestra posición de socios, el desarrollo del programa
europeo FCAS.
3. Aumentar la inversión en I+D+i en el sector espacial, en particular en lo referido a la contribución de España a los programas de la Agencia Espacial Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar la
viabilidad y la competitividad de la industria electrointensiva, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Desde mediados de 2021 España padece una crisis energética que se está viendo agravada por la actuación del gobierno, adoptando medidas improvisadas y carentes del consenso necesario con las CCAA para que puedan ser eficaces y eficientes.
La inseguridad e incertidumbre de la improvisación energética genera externalidades negativas, entre ellas el riesgo de deslocalización industrial y pérdida de empleo, principalmente en las empresas de gran consumo energético. Las paradas y
reducción en la producción que se han producido en algunas empresas del sector, son claros ejemplos de las consecuencias que las malas decisiones en política industrial pueden provocar.
La industria electrointensiva necesita previsibilidad, estabilidad y precios eléctricos competitivos, sin encontrar hasta la fecha con un paquete de medidas óptimas por parte del Ejecutivo que respondan a las necesidades de la industria.
A fecha 26 de septiembre de 2022, la comparativa publicada por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) sobre los precios eléctricos finales en la industria electrointensiva demuestra que las empresas españolas pagan un
57 % más que sus competidoras en Francia; 251,28 /MWh frente a 160,25 /MWh.
Para la competitividad y el futuro del sector, esta situación supone acrecentar el grave riesgo de deslocalización que padece, agravado por la falta de concreción y ausencia de certidumbre alrededor del PERTE para la industria
electrointensiva, anunciado por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo el 17 de febrero de 2022 en el transcurso del foro 'El futuro de la energía: economía verde, transición y movilidad, de New Economy Forum'.
Este PERTE podría suponer un importante impulso para un sector industrial estratégico y el reconocimiento a su papel esencial en la transición energética, su relevancia en la generación de empleo y su trascendencia en la actividad económica
de nuestro país. Sin embargo, siete meses después del anuncio el sector sigue a la espera de novedades, extendiéndose el temor de que finalice con la frustración de las empresas tal y como la experiencia en la gestión de los fondos del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia ha demostrado, sirva de ejemplo el decepcionante desempeño hasta la fecha del PERTE VEC.
Los elevados precios seguirán provocando recortes de actividad en las próximas semanas y meses, mientras existe una ausencia de mecanismos para poder establecer contratos bilaterales que pudieran abaratar el precio energético y faltan
iniciativas dirigidas a que las empresas electrointensivas puedan competir en igualdad de condiciones con sus competidoras de otros territorios, como es el caso de los peajes de transporte.
Nuestros vecinos europeos están actuando de forma decidida presentando planes de ayuda para las empresas de gran consumo energético. Holanda, Alemania o Finlandia han aprobado medidas al amparo de las directrices sobre las condiciones de
las ayudas estatales en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021.
Concretamente Alemania ha autorizado 27.500 millones de euros para el periodo 2021-2030 con el objetivo de compensar el 75 % de los costes indirectos de emisión incurridos en favor de empresas que actúan en sectores con riesgo de fuga de
carbono. En algunos casos, puede ser superior a fin de limitar los costes restantes de emisiones indirectas incurridos hasta el 1,5 % del valor añadido bruto de las compañías.
Esta ayuda se añade a la aprobada en julio por 5.000 millones de euros bajo el Marco temporal de Crisis, por lo que la ayuda global para los grandes consumidores de energía que sufran pérdidas de explotación en Alemania puede alcanzar hasta
el 50 % de los costes subvencionables, e incluso al 70 % para aquellas empresas que operen en sectores o subsectores especialmente afectados por la situación de la economía tras la invasión rusa de Ucrania.
Del mismo modo, la Comisión Europea también autorizó a Francia una subvención similar abierta para las empresas electrointensivas en diferentes sectores, con la excepción de entidades financieras.
Las previsiones macroeconómicas que estamos conociendo confirman la materialización de los riesgos para nuestra economía, con revisiones de crecimiento a la baja que impactan especialmente en una industria altamente vinculada a la evolución
del ciclo económico.
Ante la reducción de la actividad, las paradas de producción y el posible deterioro del sector en los próximos meses, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Mantener un diálogo abierto con las Comunidades Autónomas para adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar la viabilidad de la industria electrointensiva, tomando como modelo los planes autorizados por la Comisión Europea para
otros Estados miembros.
- Acelerar la tramitación del PERTE anunciado para la descarbonización de la industria electrointensiva, concretando plazos, programas a impulsar, ayudas y métodos de financiación en el marco de una cogobernanza real y efectiva.
- Explorar el diseño de mecanismos de colaboración análogos como el adoptado con ArcelorMittal para apoyar el futuro de otras plantas productivas como la de Alcoa en San Cibrao.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2022.-Tristana María Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para mantener la
competitividad del sector de la automoción, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La automoción es sinónimo de marca España y un sector industrial estratégico para la economía de nuestro país. Desde la llegada de la pandemia está atravesando una coyuntura compleja, agravada por los cuellos de botella en las cadenas de
suministro y la escasez de semiconductores, problemas logísticos a nivel mundial, el alza en el precio de las materias primas esenciales para la cadena productiva y, tras la invasión rusa de Ucrania, una aceleración en el incremento de los costes
energéticos.
A este contexto de incertidumbre hay que añadir la incapacidad del gobierno para movilizar de manera eficiente los fondos del PERTE VEC, dotado con 4.300 millones de euros de inversión pública, esencial para acelerar la transformación de la
cadena de valor de la automoción; o los retrasos para concretar las inversiones y convocatorias del PERTE de Semiconductores, con una inversión pública prevista de 12.250 millones de euros, tan importante para garantizar una autonomía tecnológica y
un suministro estable de componentes para la automoción. El sector industrial y singularmente la industria de la automoción deben seguir atrayendo inversiones al país y, para ello, los fondos europeos suponen una gran oportunidad que no se puede
desaprovechar ya que nos permitirá alcanzar objetivos como la electrificación de la movilidad y la reducción de la huella de carbono.
El Ministerio de Industria es el responsable de generar un entorno adecuado para garantizar el desarrollo y la competitividad de fabricantes y proveedores de componentes, además de mantener la posición de nuestra automoción en los mercados
internacionales.
España es el segundo productor de vehículos en Europa y el octavo a nivel mundial, en 2021 se exportaron 1.820.727 vehículos y el porcentaje de exportación del sector sobre la exportación total española fue de un 10,8 %. Su aportación al
PIB nacional es del 7,7 %, elevándose hasta el 10 % si se tiene en cuenta la contribución del resto de sectores vinculados con la automoción y emplea al 9 % de la población ocupada. Es un sector globalizado, pero con una relevante presencia de
pymes que necesitan fuentes de financiación y tienen que afrontar un proceso de digitalización y descarbonización manteniendo su capacidad industrial y el empleo.
La industria de la automoción necesita que se acompañe la adaptación hacia una nueva movilidad. Una nueva movilidad descarbonizada, pero con vehículos limpios, y donde el automóvil electrificado sea uno de los modos de movilidad deseables y
elegibles por los ciudadanos. Esta movilidad debe estar acompañada mediante una política industrial que apoye la innovación, los procesos de cambio en el sector y potencie la capacidad de fabricación de piezas y productos accesorios reduciendo
hasta la neutralidad la huella de CO2.
Además, la política fiscal puede ser una importante herramienta que impulse las ventas de vehículos electrificados, acelere la instalación de puntos de recarga y contribuya a la relocalización de producción, con la aplicación de
bonificaciones fiscales en el desarrollo de proyectos de fabricación de productos o mejoras en la eficiencia de procesos.
Frente a debates estériles sobre una movilidad sin coches, nuestra industria espera respuestas que faciliten la penetración del vehículo electrificado y el imprescindible desarrollo de las infraestructuras de recarga, sin dogmatismos ni
penalizaciones, y acorde a nuestra realidad social y económica.
La automoción es una industria absolutamente estratégica para España que necesita mantener su competitividad y los niveles de empleo que genera. Para incrementar el volumen de inversión y propiciar la renovación del parque de vehículos
sustituyendo los más antiguos por vehículos nuevos más eficientes, con un importante retorno para el medio ambiente, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Rediseñar el PERTE VEC adaptándolo a las necesidades de relocalización de los procesos industriales de sector de automoción y agilizar la movilización de sus fondos, así como destinar los fondos que puedan sobrar de la primera convocatoria
del PERTE VEC a nuevos planes de apoyo industrial al sector del automóvil.
- Concretar los proyectos a financiar, las convocatorias y las fórmulas de financiación del PERTE CHIP para garantizar nuestra autonomía tecnológica.
- Establecer líneas de financiación de inversión y circulante específicas a través del ICO para el sector de la automoción.
- Incrementar las bonificaciones para proyectos que incrementen las capacidades de producción de la industria de la automoción o mejoren la eficiencia en procesos productivos.
- Mejorar la eficiencia del MOVES III y establecer compromisos anuales cuantitativos de carácter vinculante para la instalación de puntos de recarga, así como adoptar de modo urgente nuevas medidas de impuso a la instalación de puntos de
recarga dado el retraso creciente con otros países europeos.
- Reformar la fiscalidad de la automoción en base a criterios de uso en lugar de criterios de compra de vehículos incluyendo nuevas medidas fiscales positivas y urgentes que impulsen la demanda de vehículos electrificados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2022.-Tristana Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002240
Mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 2022 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común la Proposición no de Ley relativa al reforzamiento de la figura del asistente personal,
publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 245, de 24 de marzo de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/004500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de revisión y actualización normativa
del sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la
Discapacidad.
Exposición de motivos
España ratificó en 2007 la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de la ONU en Nueva York el 13 de diciembre 2006 (publicada dicha ratificación en BOE de 21 de abril 2008).
En la letra c) del preámbulo se indica que 'reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con
discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación'. La letra h) añade que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano.
Todas estas circunstancias llevaron a la ONU a señalar en la letra y): 'convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad contribuirá
significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo
como en los desarrollados'.
El artículo 3 del Convenio fija los principios generales del mismo, entre los que se incluyen el de no discriminación (letra b), igualdad de oportunidades (letra e) e igualdad entre el hombre y la mujer (letra g).
En el contexto fijado, el artículo 4 establece la obligación de los Estados parte de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivo los derechos reconocidos en el Convenio
(artículo 4.1 a). Así se establece la obligación para los Estados de adoptar las medidas pertinentes, incluidas las legislativas, para modificar, derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra
las personas con discapacidad (artículo 4.1 b).
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, refundió, aclaró y armonizó, las tres leyes que hasta
ese momento se habían dictado en materia de protección de las personas con discapacidad: Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad; Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconoce las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. En el desarrollo de dicha refundición se tuvo especialmente presente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Por otro lado, y con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos señalados en el ámbito procesal, la sección segunda del capítulo 2 de la Ley del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social (artículos 74-77) regula las medidas de carácter procesal para actuar frente a las discriminaciones por motivos de discapacidad.
El artículo 74 de la Ley dispone que, el Gobierno establezca un sistema de arbitraje que resuelva las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad, en materia de no discriminación e igualdad de oportunidades. En concreto, el
apartado 1 del citado artículo, prevé que 'previa audiencia de los sectores interesados y de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin formalidades
especiales, atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, siempre que no existan indicios racionales
de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que en cada caso proceda'.
La doctrina procesalista que ha analizado esta disposición (Cucarella Galiana, L.A. Derecho a la igualdad, prohibición de discriminación y Jurisdicción. Especialidades en los procesos por discriminación: amparo ordinario, constitucional y
europeo, España, 2019, págs. 102-103) señala que el legislador, con buen criterio, dispone que este arbitraje sea voluntario, puesto que en caso contrario, sería inconstitucional por lesión del derecho fundamental de acceso a la Justicia (artículo
24.1 Constitución) En concreto, el artículo 74.2 dispone que 'el sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar expresamente por escrito'.
El apartado 3 añade que 'los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores interesados, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y de las administraciones públicas
dentro del ámbito de sus competencias'.
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad previo la existencia de este arbitraje en el artículo 17. Posteriormente esa disposición fue
desarrollada por el Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de
discapacidad.
La disposición derogatoria única, letra b), del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, dispuso la
derogación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
De esta manera, resulta que el sistema arbitral en materia de discapacidad sigue regulado con una disposición de fecha anterior a la que señala el marco normativo general.
De hecho, su Exposición de Motivos está desactualizada, al indicarse que 'el artículo 17 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
contempla, entre las medidas de defensa a las que se refiere el capítulo III del texto legal, el establecimiento de un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para las partes
interesadas, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en la materia que constituye objeto de la ley.
A tales efectos, la disposición final decimotercera de dicho texto legal encomienda al Gobierno el establecimiento del sistema arbitral en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley. La citada previsión tiene en cuenta lo
establecido por la normativa comunitaria -Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio y Directiva 2002/73/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de septiembre, que modifica la Directiva 76/207/CE del Consejo- que prevé el
establecimiento en los Estados miembros de la Unión Europea de procedimientos de conciliación complementarios a los judiciales y administrativos.
El presente real decreto da cumplimiento al mandato anteriormente señalado, mediante el establecimiento y regulación de un sistema arbitral específico para la resolución de conflictos en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
En virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, así como del carácter supletorio de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, a lo dispuesto en la legislación específica de medidas
para la aplicación del principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación, los arbitrajes laborales quedan excluidos del sistema de arbitraje al que se refiere el presente real decreto. De conformidad con el citado artículo 17 de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, el presente
real decreto contempla la participación de representantes de los sectores interesados, de las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias y de las Administraciones públicas, en los órganos de arbitraje,
que adoptan la forma de juntas arbitrales.
El presente real decreto ha sido objeto de consulta a las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y al
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y ha sido informado favorablemente por el Consejo Nacional de la Discapacidad.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Sanidad y Consumo y de Vivienda, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa
deliberación del Consejo de Ministros del día 1 de diciembre de 2006'.
A esta falta de actualización normativa del sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad, hay que sumar el gran
desconocimiento por el público en general de este mecanismo de resolución de controversias en materia de igualdad.
Por todo ello, es oportuno que el Gobierno se plantee una revisión y puesta al día del sistema arbitral en materia de discapacidad y el desarrollo de campañas de sensibilización y potenciación de este mecanismo que permite una protección
eficaz del derecho a la igualdad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Revisar y actualizar la normativa del sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.
- Desarrollar campañas de sensibilización e información general que permitan dar a conocer este sistema arbitral a las personas con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Carmen González Guinda, Luis Santamaría Ruiz, Margarita Prohens Rigo, Carlos Rojas García y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la puesta en práctica inmediata del tipo de IVA
del 0 % en la adquisición de alimentos por particulares destinados a su donación a entidades sin fines lucrativos en favor de los más necesitados, para su posterior debate en la Comisión de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Exposición de motivos
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, estableció en su disposición final tercera un nuevo régimen fiscal para las donaciones de productos. En particular, el apartado Dos de la citada
disposición final tercera, modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con el fin de regular un nuevo tipo del 0 por ciento para los donativos realizados a entidades sin fines lucrativos que se destinen a fines de interés general.
Era ésta una demanda frecuente de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y entidades sin fines lucrativos, con el fin de potenciar las donaciones de particulares que, hasta ese momento, podían verse frenadas por el peaje fiscal en forma de
IVA que debían satisfacer en cada donación. Así, hasta la aprobación de esta ley, quien donaba un objeto a un fin de interés general venía obligado a pagar el IVA del bien donado (en el caso de las empresas) o que adquiría para su donación (en el
caso de los particulares).
Esta nueva previsión fiscal, en vigor desde el pasado día 10 de abril, ha supuesto un importante espaldarazo a la donación masiva de excedentes alimentarios a bancos de alimentos por parte de las grandes superficies. Así, hasta ahora, a los
supermercados les suponía una pesada carga tributaria en forma de pago del IVA, la donación de sus excedentes de alimentos, por lo que en ocasiones optaban por su destrucción, con las implicaciones que ello tenía a nivel medioambiental y del
desperdicio de bienes de primera necesidad para la sociedad.
El cambio operado en la ley del IVA también pretendía amparar la donación de bienes realizada por particulares a entidades sociales, que hubieran sido inmediatamente adquiridos con ese fin. Es el caso, por ejemplo, de la donación a los
Bancos de Alimentos durante las campañas de recogida de alimentos que tienen lugar a lo largo del año en supermercados y grandes superficies. Sin embargo, poner en práctica esta previsión requiere de cierta logística, pues los supermercados
necesitan habilitar un sistema informático que elimine el IVA de los productos adquiridos por sus clientes destinados a su inmediata donación solidaria; sistema que todavía no tienen implantado y para lo que no están contando con el apoyo del
Gobierno.
El próximo mes de noviembre tendrá lugar la Gran Recogida de Alimentos 2022. Se estima que alrededor de 4 millones de personas participan en estas campañas como donantes. De no implantarse pronto el sistema que posibilite no cargar con el
IVA las adquisiciones de alimentos que se realicen para su inmediata donación, el Estado percibirá indebidamente en forma de impuesto indirecto, y como ha venido sucediendo hasta ahora, un dinero que la sociedad donó con fines solidarios para
alimentar a los más necesitados. Así, en la Gran Recogida de 2020, el Estado percibió en concepto de IVA más de 2 millones de euros del total de 31 millones donados en forma de alimentos básicos para los más vulnerables. Este dinero recaudado por
el Estado no fue destinado ni a rebajar el precio de los productos adquiridos por los donantes, con el fin de incrementar el atractivo de las donaciones y multiplicar su efecto, ni a reinvertirlo en la adquisición de más alimentos solidarios.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), define el derecho de alimentación como el derecho que tiene cada uno a alimentarse con dignidad, a tener acceso continuo a los recursos que le permitan
producir, ganar o poder comprar suficientes alimentos, y no solamente para prevenir el hambre sino también para asegurar su salud y su bienestar. A pesar de la existencia de este derecho esencial y consustancial a todo ser humano, el actual nivel
de precios de alimentos básicos, unido a la reciente pandemia que ya disparó en 11 millones el número de personas en situación de exclusión social y en más de 6 millones las que sufren pobreza severa, está derivando en una escalada insoportable de
las colas del hambre, que pone en claro riesgo el ejercicio del derecho mismo de alimentación para millones de personas en nuestro país. A evitarlo se dedican los bancos de alimentos cuya campaña más importante dará comienzo en apenas dos meses.
Para que la misma resulte eficaz debe contar con el apoyo del Gobierno, asegurando la implantación de las medidas necesarias para que se pueda poner en práctica la previsión, contenida en una ley vigente desde hace más de seis meses, de no cargar
con el IVA la adquisición de productos -alimentos, en este caso-, destinados a su inmediata donación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Prestar toda la asistencia técnica necesaria e inmediata a los supermercados y grandes superficies, para que pueda ponerse en práctica la previsión legal de no cargar con IVA la adquisición por particulares de productos destinados a su
inmediata donación a entidades sin fines lucrativos, con el fin de que la misma resulte operativa de cara a la próxima campaña de la Gran Recogida de Alimentos 2022.
2. En caso de no establecerse a tiempo el indicado sistema, reinvertir el IVA recaudado con dichas donaciones, en coordinación con las comunidades autónomas por la parte del impuesto gestionado por ellas, en la adquisición de más alimentos
destinados a personas en situación de pobreza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la puesta en práctica inmediata del tipo de IVA
del 0 % en la adquisición de alimentos por particulares destinados a su donación a entidades sin fines lucrativos en favor de los más necesitados, para su posterior debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, estableció en su disposición final tercera un nuevo régimen fiscal para las donaciones de productos. En particular, el apartado Dos de la citada
disposición final tercera, modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con el fin de regular un nuevo tipo del 0 por ciento para los donativos realizados a entidades sin fines lucrativos que se destinen a fines de interés general.
Era ésta una demanda frecuente de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y entidades sin fines lucrativos, con el fin de potenciar las donaciones de particulares que, hasta ese momento, podían verse frenadas por el peaje fiscal en forma de
IVA que debían satisfacer en cada donación. Así, hasta la aprobación de esta ley, quien donaba un objeto a un fin de interés general venía obligado a pagar el IVA del bien donado (en el caso de las empresas) o que adquiría para su donación (en el
caso de los particulares).
Esta nueva previsión fiscal, en vigor desde el pasado día 10 de abril, ha supuesto un importante espaldarazo a la donación masiva de excedentes alimentarios a bancos de alimentos por parte de las grandes superficies. Así, hasta ahora, a los
supermercados les suponía una pesada carga tributaria en forma de pago del IVA, la donación de sus excedentes de alimentos, por lo que en ocasiones optaban por su destrucción, con las implicaciones que ello tenía a nivel medioambiental y del
desperdicio de bienes de primera necesidad para la sociedad.
El cambio operado en la ley del IVA también pretendía amparar la donación de bienes realizada por particulares a entidades sociales, que hubieran sido inmediatamente adquiridos con ese fin. Es el caso, por ejemplo, de la donación a los
Bancos de Alimentos durante las campañas de recogida de alimentos que tienen lugar a lo largo del año en supermercados y grandes superficies. Sin embargo, poner en práctica esta previsión requiere de cierta logística, pues los supermercados
necesitan habilitar un sistema informático que elimine el IVA de los productos adquiridos por sus clientes destinados a su inmediata donación solidaria; sistema que todavía no tienen implantado y para lo que no están contando con el apoyo del
Gobierno.
El próximo mes de noviembre tendrá lugar la Gran Recogida de Alimentos 2022. Se estima que alrededor de 4 millones de personas participan en estas campañas como donantes. De no implantarse pronto el sistema que posibilite no cargar con el
IVA las adquisiciones de alimentos que se realicen para su inmediata donación, el Estado percibirá indebidamente en forma de impuesto indirecto, y como ha venido sucediendo hasta ahora, un dinero que la sociedad donó con fines solidarios para
alimentar a los más necesitados. Así, en la Gran Recogida de 2020, el Estado percibió en concepto de IVA más de 2 millones de euros del total de 31 millones donados en forma de alimentos básicos para los más vulnerables. Este dinero recaudado por
el Estado no fue destinado ni a rebajar el precio de los productos adquiridos por los donantes, con el fin de incrementar el atractivo de las donaciones y multiplicar su efecto, ni a reinvertirlo en la adquisición de más alimentos solidarios.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), define el derecho de alimentación como el derecho que tiene cada uno a alimentarse con dignidad, a tener acceso continuo a los recursos que le permitan
producir, ganar o poder comprar suficientes alimentos, y no solamente para prevenir el hambre sino también para asegurar su salud y su bienestar. A pesar de la existencia de este derecho esencial y consustancial a todo ser humano, el actual nivel
de precios de alimentos básicos, unido a la reciente pandemia que ya disparó en 11 millones el número de personas en situación de exclusión social y en más de 6 millones las que sufren pobreza severa, está derivando en una escalada insoportable de
las
colas del hambre, que pone en claro riesgo el ejercicio del derecho mismo de alimentación para millones de personas en nuestro país. A evitarlo se dedican los bancos de alimentos cuya campaña más importante dará comienzo en apenas dos
meses. Para que la misma resulte eficaz debe contar con el apoyo del Gobierno, asegurando la implantación de las medidas necesarias para que se pueda poner en práctica la previsión, contenida en una ley vigente desde hace más de seis meses, de no
cargar con el IVA la adquisición de productos -alimentos, en este caso-, destinados a su inmediata donación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Prestar toda la asistencia técnica necesaria e inmediata a los supermercados y grandes superficies, para que pueda ponerse en práctica la previsión legal de no cargar con IVA la adquisición por particulares de productos destinados a su
inmediata donación a entidades sin fines lucrativos, con el fin de que la misma resulte operativa de cara a la próxima campaña de la Gran Recogida de Alimentos 2022.
2. En caso de no establecerse a tiempo el indicado sistema, reinvertir el IVA recaudado con dichas donaciones, en coordinación con las comunidades autónomas por la parte del impuesto gestionado por ellas, en la adquisición de más alimentos
destinados a personas en situación de pobreza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la flexibilización del etiquetado
de alimentos como consecuencia de la sustitución del aceite de girasol en su composición, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Como consecuencia de la guerra en Ucrania se han originado problemas del abastecimiento de varios bienes básicos. En el caso del sector agroalimentario, desde el inicio del conflicto se avisó que existirían dificultades para disponer de
ciertos productos, como cereales y derivados del girasol, que iban a tener repercusión en diferentes puntos del eslabón de la cadena agroalimentaria.
En el caso del aceite de girasol, un elemento fundamental en la elaboración de productos alimentario, la industria reconoce que se ha perdido el abastecimiento del 70 % de las fuentes de aceite que importábamos, cuyo origen principal era
Ucrania y, en menor medida, Rusia.
La falta de aceite de girasol en los mercados de materias primas, que llega con dificultad, y la ausencia de productores alternativos, a lo que se suma una escalada de los precios, ha provocado que el abastecimiento no se realice en la
cantidad suficiente para compensar la producción con origen en los países en conflicto bélico.
La industria agroalimentaria, que utiliza el aceite de girasol como parte de sus ingredientes, bien en las propias fórmulas de composición o para la transformación, se ha visto obligada a buscar alternativas a su carencia y a los precios que
encarecerían al producto final para el consumidor.
La reformulación de la composición de los alimentos está suponiendo un problema para la industria, que debe mantener la aceptación de los nuevos productos por parte del consumidor, utilizando aceites sustitutivos, siendo necesario abrir
nuevas vías de aprovisionamiento. Estamos hablando de productos como galletas, la bollería y pastelería, e incluso panes de molde o las coberturas o los rellenos de chocolate, además de las conservas o salsas.
Además, existen problemas operativos, como la preexistencia de envases y etiquetas que no se pueden desperdiciar, porque supondría un coste inasumible por la industria, y cuya información sobre composición y origen de los ingredientes no
sería exacta, en relación con el cumplimiento del Reglamento 1169/2011 de Información al Consumidor.
Siendo el etiquetado alimentario un elemento fundamental que se ha consolidado durante los últimos años, algunos países han propuesto diferentes alternativas para solventar este problema, para que sus empresas no sufran más de lo necesario y
mantengan su actividad, empleo y tracción sobre el medio rural lo mejor posible: desde la sobreimpresión, a las aclaraciones en la impresión de lotes o a los canales de información online.
Se trata de una coyuntura extraordinaria en la que es necesario buscar soluciones, pues nuestra industria agroalimentaria se puede ver avocada a una pérdida de competitividad pues los países de nuestro entorno y competidores están adoptando
medidas con rapidez y flexibilidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar alternativas para flexibilizar el etiquetado de los productos alimentarios, en relación con la sustitución del aceite de girasol en su composición, que permitan garantizar la
información, completa y correcta, al consumidor con el menor impacto para las empresas afectadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Milagros Marcos Ortega, Jaime Eduardo de Olano Vela, Javier Merino Martínez, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Sebastián Jesús Ledesma Martín, Juan Manuel Constenla
Carbón, Juan José Matarí Sáez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad la explorar,
investigar y aprovechar los recursos geológicos en España, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En la actualidad resulta absolutamente necesaria la autonomía estratégica de España en muchos sectores, especialmente el de las materias primas y recursos energéticos. Es imposible la transición energética sin la minería; la construcción
de torres eólicas sin acero; los vehículos eléctricos sin litio, sin cobre; las placas fotovoltaicas sin silicio; son necesarios en la nueva economía minerales como el cobalto, las tierras raras... Necesitamos conocer nuestros recursos
disponibles para tomar decisiones racionales, que facilite la transición, alivie nuestra economía y fortalezca nuestra industria.
Se ha podido comprobar como Europa está excesivamente expuesta a la importación de hidrocarburos procedentes en ocasiones de zonas del mundo sujetas a numerosas tensiones geopolíticas, siendo más del 80 % del gas natural y alrededor del 95 %
del petróleo importados. La invasión rusa de Ucrania ha roto las cadenas de suministros de minerales y productos energéticos y puesto de relieve la extrema dependencia de la Unión Europea y, por extensión, de España, poniendo a la economía europea
en situación de riesgo extremo.
Los ciudadanos están pagando precios récord por la electricidad y por los combustibles, así como por todos los productos que se ven contagiados por esa dinámica alcista incontrolable, pero este Gobierno ha tomado una decisión insólita,
apoyándose en su mayoría parlamentaria, de impedir la exploración y explotación de los recursos energéticos nacionales.
El Grupo Parlamentario Popular apuesta por la lucha contra el cambio climático y los objetivos y compromisos de descarbonización en el seno de la UE, algo que no es contradictorio con explorar y explotar los recursos minerales y energéticos
autóctonos, atendiendo siempre a criterios de sostenibilidad, eficiencia, innovación técnica, cualificación profesional y respeto escrupuloso por el medio ambiente, el entorno y la seguridad y salud de los ciudadanos, aplicando además, políticas de
economía circular. Las últimas decisiones
de la UE sobre la taxonomía verde y sobre el programa RePower UE, o el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea de una futura Ley europea de materias primas fundamentales, ratifican esta posición.
En el DEN del pasado mes de julio, el GPP proponía 'reforzar la autonomía estratégica de España y su industria, a través del aprovechamiento sostenible de recursos autóctonos, materias primas minerales y recursos energéticos renovables,
favoreciendo la explotación de los recursos autóctonos no renovables pero necesarios en la transición hacia la descarbonización e impulsando la publicación e implementación de las medidas recogidas en la próxima Hoja de Ruta para la gestión
sostenible de las materias primas minerales', Hoja de Ruta que ha quedado aprobada el pasado 30 de agosto.
La investigación y el aprovechamiento de minerales, en nuestro país, se gestiona de acuerdo con las legislaciones europea y nacional, que establecen los mecanismos de autorización y control más avanzados del mundo, que imponen condiciones,
requisitos y limitaciones muy estrictas para garantizar la protección de las personas y del medio ambiente, en todas las fases de los proyectos, incluidas las etapas de post minería. No existe justificación para prohibir una actividad por motivos
ambientales, cuando los efectos ambientales son estrictamente evaluados y controlados por las administraciones competentes. La paradoja es que, para suplir esos recursos autóctonos a los que renunciamos unilateralmente, importamos después esos
recursos de países que los obtienen con una explotación mucho menos respetuosa con el medio ambiente, los compromisos contra el cambio climático o los derechos humanos.
Se da la circunstancia de que el avance tecnológico en las técnicas prospectivas y en la demanda de recursos mineros que antes carecían de valor, aconseja una actualización del inventario y potencial de nuestros recursos geológicos,
incluyendo además de los mineros y energéticos, los recursos hídricos.
Además de las cuestiones jurídicas, técnicas, medioambientales y económicas que se pueden argumentar, se ha demostrado en la coyuntura actual que no es prudente limitar y prohibir la investigación y el aprovechamiento de determinado tipo de
minerales y recursos energéticos en España, de forma genérica. Deben permitirse las autorizaciones de exploración y permisos de investigación, siempre con el cumplimiento de todos los requisitos legalmente exigibles, con el objetivo de crear
reservas de materias primas, se exploten o no, entendidas aquellas establecidas para situaciones de emergencia o por motivos de interés social, económico o de seguridad pública.
Todo ello acorde con la mayoría de los países europeos que vienen respondiendo activa, eficaz y positivamente a la iniciativa de la Comisión Europea para configurar unas políticas nacionales de materias primas minerales y recursos
energéticos y de fomento de la industria extractiva que garanticen que los recursos se exploten de forma económicamente viable y basada en los principios del desarrollo sostenible, para garantizar la mencionada autonomía estratégica de la industria
española, como factor de crecimiento y generación de riqueza para los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la exploración e investigación de los recursos geológicos en España, a fin de poder adoptar decisiones racionales en el marco de la UE sobre su posible explotación y aprovechamiento para sostener todas las tecnologías
disponibles de generación en nuestra transición energética.
2. En consecuencia, adoptar las medidas necesarias para poder dinamizar dicho proceso, de acuerdo con nuestra legislación medioambiental en el contexto europeo y con la urgencia que conforma la situación actual, para aliviar la presión
sobre los ciudadanos que ocasiona esta coyuntura inflacionista.
3. Alinear la 'Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales' de España, con la futura 'Ley europea de materias primas fundamentales' anunciada por la presidenta de la Comisión Europea y, a tal fin, presentar las
correspondientes propuestas para su debate y votación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de este Congreso.
4. Proyectar y destinar fondos europeos a facilitar estas actividades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2022.-Paloma Gázquez Collado, José Ángel Alonso Pérez, Tomás Cabezón Casas, Diego Gago Bugarín, José Alberto Herrero Bono, Percival Manglano Albacar, Guillermo Mariscal Anaya, Juan
Diego Requena Ruiz y César Sánchez Pérez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo
sector primario y garantía del acceso de la ciudadanía a una alimentación saludable, sostenible y de proximidad, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La actual escalada de precios a causa de la inflación derivada de la invasión en Ucrania, está suponiendo un importante golpe al bolsillo de las familias, productores y sociedad en general. Es por ello, más necesario que nunca combatir
dicha inflación, limitando el precio máximo de los alimentos básicos para hacer frente al aumento del coste de la cesta de la compra para las familias, tal y como se ha hecho con la burbuja de butano, el gas o las mascarillas.
El acceso y el fomento de una alimentación saludable, sostenible y de proximidad para toda la ciudadanía tiene que ser una prioridad para las administraciones, en línea con la lucha contra la emergencia climática y la importancia que tiene
la soberanía alimentaria, y no puede ser un problema para nuestro país en este contexto de escalada de precios. La inflación no puede suponer una pesadilla para las familias, que deben tener garantizado el acceso a una dieta saludable, ni puede
suponer un problema para los pequeños y medios productores. Y es que, a los retos estructurales del sector primario, tenemos que añadir una escalada de los costes de producción.
Es por eso que se tiene que garantizar un precio máximo para los alimentos básicos de los consumidores que sean saludables, sostenibles y de proximidad, como a su vez también garantizar un justo precio para los productores que están en el
primer eslabón de la cadena: personas agricultoras, ganaderas y sector pesquero.
Y es que, cuando cultivamos cerca, ganamos en calidad y salud, en control del proceso de distribución, generamos economía local y promovemos una producción próxima menos contaminante. Apostar por una producción más próxima contribuye a una
economía más sostenible que nos facilita el suministro y nos acerca a la soberanía alimentaria. Cuando los alimentos que comemos se producen cerca, somos menos vulnerables. Garantizar el derecho al acceso a una alimentación de calidad, y de
proximidad, es asegurarse la salud de la ciudadanía. En situaciones de incerteza como la que estamos viviendo, tenemos que brindar a las familias la seguridad que su comida va a estar asegurado, y que este tiene que cumplir unos mínimos parámetros
de calidad y sostenibilidad.
Respeto los precios justos para los productores, la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, establece que no se puede pagar
por debajo del coste de producción, pero la indefinición de lo que es un coste de producción necesariamente se tendría que fijar en un precio mínimo para poder garantizar precios justos para los productores.
Para dar respuesta a esta situación el Gobierno valenciano por medio de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica se ha impulsado la creación de la AVICA (Agencia Valenciana de Información y
Control Alimentario), un organismo que tiene el mandato de mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, así como aportar más transparencia en las operaciones comerciales. Por tanto, esta es una herramienta importante que permite asegurar la
pervivencia de los campos y de la vida digna de los productores, que es el cimiento de la alimentación y de toda la industria y economía asociada.
Para seguir mejorando la cadena alimentaria y luchar contra la grave inflación, y con el objetivo de garantizar el acceso de toda la ciudadanía a una alimentación saludable, sostenible y de proximidad, así como de fortalecer a nuestro sector
primario, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Manifestar el compromiso con el derecho de acceso de la ciudadanía a una alimentación sostenible, saludable y de proximidad, así como mostrar su apoyo al conjunto del sector primario de proximidad.
2. Establecer medidas para hacer frente en la actual crisis inflacionaria sobre el precio de aquellos alimentos básicos de la cesta que sean saludables, sostenibles y de proximidad, apoyando a cualquier iniciativa sobre una cesta de
alimentos que asegure precios justos para el productor y precios máximos para los consumidores.
3. Establecer precios mínimos y justos para las personas agricultoras, ganaderas y del sector pesquero, eliminando cualquier desequilibrio en la cadena alimentaria que sea contraria a la viabilidad de la pervivencia de la actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promocionar el proyecto OCEAN (Redes Académicas Abiertas del Consejo de
Europa) entre las universidades españolas, para su debate en Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El Consejo de Europa lanzó la iniciativa de Redes Académicas Abiertas del Consejo de Europa (OCEAN), cuyo objetivo es fortalecer la cooperación entre el Consejo de Europa con las universidades e instituciones de investigación en una
interacción mutuamente enriquecedora.
La cultura, la educación y la investigación juegan un papel importante en el fortalecimiento de la construcción europea y sus valores y estándares paneuropeos subyacentes. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene creada una red de
universidades, Impacto Académico de la ONU (UNAI), para apoyar y contribuir a la implementación de los objetivos de la ONU, incluida la promoción y protección de los derechos humanos, el acceso a la educación, la sostenibilidad y la resolución de
conflictos.
En 2017, el presidente francés Emmanuel Macron resucitó una idea de la posguerra de fundar una universidad europea. La Comisión Europea lanzó rápidamente la Iniciativa de Universidades Europeas, dedicando un presupuesto de 287 millones de
euros para establecer cerca de 40 redes universitarias europeas, con el objetivo de mejorar 'la calidad, la inclusión, la digitalización y el atractivo de la educación superior europea' y de servir como un mecanismo para hacer frente a desafíos como
la pandemia de Covid-19 y el cambio climático.
El proyecto OCEAN del Consejo de Europa está diseñado para ser una herramienta adicional para apoyar la implementación de las convenciones del Consejo de Europa a nivel nacional y europeo. El objetivo es desarrollar intercambios en diversos
campos de la vida académica, de modo que las universidades e institutos de investigación de los 47 Estados miembros puedan brindar ideas a la Organización para la implementación, revisión, desarrollo y difusión de sus convenios.
La relación entre, por un lado, los derechos humanos y, por otro, la ciencia y la educación es fundamental para hacer frente a los retos del cambio climático, la protección de datos y la inteligencia artificial, etc.
Desde el Consejo de Europa se invitaría a unirse al proyecto a todas las universidades de los 47 países interesados en los convenios del Consejo de Europa, con miras a establecer una cooperación
sistemática entre universidades, especialmente a través de jóvenes académicos. Esto podría mejorar la visibilidad del Consejo de Europa, y sus convenios podrían analizarse en las universidades, proporcionando a la Organización un mejor
acceso a datos de investigación y estudios académicos.
Con la participación en OCEAN, se podría mejorar la implementación nacional y ejercer un mayor cumplimiento de las convenciones; tener mejor acceso a la investigación multidisciplinaria comparativa; mejorar la recopilación de mejores
prácticas; incrementar el grupo de expertos en convenios específicos; grupos de expertos académicos para un mayor desarrollo de instrumentos y prácticas legales; seguimiento jurídico académico de las tendencias en el desarrollo de la legislación
nacional e internacional; observatorios de legislación nacional; centros nacionales que coordinan redes temáticas nacionales; compilación de informes anuales, bases de datos e investigaciones de vanguardia e introducción de convenciones en los
planes de estudios universitarios.
Por su parte, las universidades podrían organizar cursos conjuntos, promover becas de doctorado, premios a las mejores tesis doctorales o series de libros, programas de máster, consorcios de proyectos de investigación, programas conjuntos de
formación para académicos o profesionales, escuelas de verano y ofrecer un currículo verdaderamente europeo en consonancia con los valores y estándares defendidos por el Consejo de Europa.
Los jóvenes académicos podrían ampliar sus investigaciones con las convenciones del Consejo y, por lo tanto, al contribuir a un cuerpo creciente de estudios, asumir totalmente como propios los principios y estándares de las convenciones del
Consejo de Europa.
Actualmente el proyecto se encuentra en una fase piloto inicial, estableciendo tres redes relacionadas con tres convenios del Consejo de Europa: una red nacional italiana y europea sobre el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) como red modelo; y dos redes sobre el Convenio sobre Biomedicina (Convenio de Oviedo) y los Convenios del Acuerdo Ampliado del Grupo de Estados contra la
Corrupción (GRECO).
La red del proyecto OCEAN se ha lanzado oficialmente como red europea con motivo de una conferencia organizada conjuntamente por UN.I.RE y OCEAN en Roma el 10 de mayo de 2022.
La globalización de la investigación y la innovación se ha intensificado durante la última década, particularmente en términos de investigación colaborativa, desarrollo tecnológico y movilidad de los investigadores. Las universidades tienen
un papel clave que desempeñar para abordar los desafíos de Europa, como la primacía del estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la necesidad de abordar el cambio climático, la integración de los inmigrantes. Todas estas son también áreas
clave para el Consejo de Europa, tanto a nivel intergubernamental como a través de la diplomacia parlamentaria.
Las universidades siguen siendo los motores de la innovación y el pensamiento creativo; producen capital humano cualificado, incluida la próxima generación de responsables políticos europeos, facilitan los debates sobre políticas e impulsan
el cambio. Realmente tienen el potencial de convertirse en incubadoras de derechos humanos, democracia y estado de derecho y de apoyar la implementación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y todos los demás convenios del Consejo de Europa, en
interés de todos los europeos.
Las redes mundiales y europeas de universidades, institutos de investigación y académicos individuales que cooperan con organizaciones internacionales y europeas han comenzado a florecer durante la última década. En el contexto del Consejo
de Europa, están trabajando en algunas prioridades clave para la Organización, en particular, la necesidad de fortalecer los derechos sociales y combatir la violencia contra las mujeres.
Estas redes pueden lograr las sinergias necesarias para hacer frente a los desafíos europeos y hacer de Europa un continente donde prevalezcan la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. Cabe señalar que las universidades
europeas y las instituciones de investigación son hasta ahora un recurso en gran medida sin explotar en lo que respecta a la promoción del sistema de convenciones.
El proyecto OCEAN está en su fase inicial tras haber sido lanzado oficialmente el 10 de mayo. Es el momento, por tanto, de su expansión entre distintas universidades de los 47 países miembro del Consejo de Europa, entre ellos España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a impulsar la participación de las universidades españolas en el Proyecto OCEAN del Consejo de Europa,
proporcionando la información pertinente y colaborando en todos los sentidos para que el proyecto cuente con la presencia de universidades españolas con el objetivo de:
- participar en actividades académicas interdisciplinarias y de investigación sobre los acuerdos del Consejo de Europa;
- intercambiar datos científicos y de investigación sobre la implementación de los acuerdos a nivel europeo y nacional, incluida la información sobre novedades legislativas y buenas prácticas;
- utilizar de manera más amplia la academia con grupos de expertos para enriquecer el establecimiento estándar de las actividades del Consejo de Europa;
- adaptar los materiales de formación generados por el programa HELP (Educación en derechos humanos para profesionales del derecho) para un uso más amplio con fines didácticos por parte de las universidades;
- intercambiar conocimiento, ideas e iniciativas que mejoran la divulgación y la eficacia de los informes del Consejo de Europa ante nuevos retos;
- asociar más estrechamente a universidades, instituciones de investigación, socios gubernamentales y no gubernamentales a los convenios y acuerdos actuales y futuros del Consejo de Europa de manera duradera;
- crear redes nacionales y europeas completamente nuevas con el objetivo de mejorar la implementación efectiva de los convenios del Consejo de Europa a nivel nacional, y por lo tanto;
- promover la defensa de los acuerdos del Consejo de Europa a nivel nacional y europeo;
- fomentar una alianza con la generación de jóvenes académicos e investigadores, relativa a los informes legislativos del Consejo de Europa y los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2022.-María Luz Martínez Seijo, Javier Alfonso Cendón, Sandra Guaita Esteruelas, Roberto García Morís, Miguel Ángel González Caballero, Helena Caballero Gutiérrez, Antonio Hurtado
Zurera, Patricia Blanquer Alcaraz, Ariagona González Pérez, María Ángeles Marra Domínguez, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Arnau Ramírez Carner y Germán Renau Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/004505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a los derechos y libertades de las mujeres iraníes para
su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
No es ninguna novedad que la teocracia iraní es un lugar en el que no se respetan los derechos humanos más básicos y se cronifican desigualdades entre ciudadanos por razón, especialmente, de sexo, de credo o de orientación e identidad
sexual. Ya en 2018 los liberales fuimos muy activos en la defensa de los derechos de las mujeres iraníes cuando comenzaron a levantar su voz clamando por la libertad y la igualdad, aun enfrentándose a unas terribles represalias por parte del
régimen de los ayatolás. En 2019, de hecho, la entonces portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos y portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores, Melisa Rodríguez, declinó la invitación a una recepción con una delegación iraní en el
Congreso de los Diputados precisamente porque se le negó el saludo por ser mujer.
En los últimos días hemos sido testigos a un nuevo despertar de esa pulsión por la libertad, que seguía su curso en Irán a lo largo de estos años pero que ha conseguido poco a poco ir sumando voluntades para poder expresarse con más fuerza.
Por desgracia, el catalizador ha sido, una vez más, una de las peores consecuencias de esa represión: la muerte de la joven Mahsa Amini, de solo 22 años,
a manos de la llamada Policía de la Moral por llevar mal colocado su velo. La terrible noticia desató la indignación de cientos de personas, que salieron a las calles a protestar por esa violencia desmedida, y de muchas mujeres que
valientemente decidieron descubrir sus cabezas en señal de protesta. De nuevo, la represión del régimen se cebó con los manifestantes y hubo al menos 250 detenidos, 75 heridos y cinco asesinados por las fuerzas policiales.
Esta nueva mancha sangrienta en la historia del régimen de los ayatolás no puede ser vista como algo cotidiano u ordinario, sino como lo que es: un crimen de Estado. Es más, los demócratas no podemos quedarnos de brazos cruzados
permitiendo que las mujeres iraníes y todos aquellos ciudadanos de ese país emprendan su lucha por la libertad en soledad. Los europeos y nuestros socios y aliados en todo el mundo debemos ser capaces de extender nuestra mano amiga a todos los que
se juegan la vida por un Irán más democrático y donde se respeten los derechos y libertades fundamentales.
Desde Ciudadanos dejamos claro nuestro compromiso con esa reivindicación de las mujeres iraníes, y extendemos nuestras manos para responder ante ese clamor de libertad. Como liberales, seguiremos trabajando para asegurar que España juega un
papel fundamental, tanto como parte de la Unión Europea como en sus relaciones bilaterales, para el avance en derechos y libertades en otros países, especialmente en aquellos que, como Irán, siguen a la cola en materia de Estado de Derecho.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados condena los abusos del régimen de los ayatolás y expresa su apoyo a las mujeres iraníes que han salido a la calle a defender sus derechos y libertades fundamentales frente a la tiranía religiosa, e insta al
Gobierno a:
1. Reforzar las conversaciones con su homólogo iraní para expresar firmemente la condena de los actos de abuso perpetrados contra Mahsa Amini y muchas otras mujeres de Irán.
2. Elevar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la necesidad de tomar una acción coordinada de la Comisión Europea y los 27 gobiernos nacionales para favorecer el avance de los derechos y libertades fundamentales en Irán.
3. Redoblar los esfuerzos para evitar que el gobierno iraní aporte financiación a actores con incidencia política en España, previniendo así que los responsables de estos abusos puedan influir en las decisiones políticas de nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/004499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para revertir la falta de compromiso
con la transparencia y la independencia de las instituciones por parte del Gobierno, para su debate en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
El índice de calidad democrática que elabora cada año 'The Economist' ha rebajado la nota de España en 0,18 puntos, pasando de ser una 'democracia plena' a ser una 'democracia defectuosa'.
El semanario británico afirma en su informe 'Democracy Index 2021: China Challenge' que el descenso de España se debe, principalmente, a una rebaja en su puntuación de independencia judicial (uno de los cinco indicadores que se analizan de
cada país).
Es evidente que la negativa del Gobierno a contemplar la petición del principal partido de la oposición en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, órgano encargado de supervisar el sistema judicial y que tiene como objetivo
garantizar su independencia, ha pesado en la decisión.
Por otra parte, según el último informe de Transparencia Internacional, el control de la corrupción se ha estancado o deteriorado en la última década. En concreto, España no progresa en la lucha contra la corrupción y baja un punto y dos
puestos en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción en 2021. La bajada en la calificación de España, ha supuesto obtener en esta ocasión un 61/100.
Eso conlleva que nuestro país se sitúa en el ranking global del Índice de Percepción de la Corrupción en el puesto 34/180 junto con Lituania, y ocuparía el puesto 14/27 en cuanto a los países de la UE.
Esto refleja que en España se percibe un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, y que el Gobierno debe revertir.
Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España (TIE), ha llamado la atención sobre que España 'se estanca en la lucha contra la corrupción', atribuyéndolo a 'la falta de implementación de las reformas importantes'. Es
necesario acometer reformas en materia de prevención de la corrupción, de buen gobierno y de transparencia en la agenda legislativa.
Según Transparencia Internacional España (TIE), una economía como la nuestra, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no se puede permitir estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción. Por eso, señala que es
fundamental reducir la corrupción para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. En definitiva, la calidad democrática de nuestro país debe recuperarse o de lo contrario seguiremos cayendo en los
distintos ranking responsables de evaluarla. En ese sentido el Gobierno de España no está actuando para revertir esta tendencia, un claro ejemplo es el criterio de reparto de los fondos europeos.
TIE advierte que con los Fondos Europeos, deben existir controles serios de la corrupción y del fraude, y que es necesario introducir mecanismos de evaluación de conflictos de interés y tomarse en serio los códigos éticos. Por ello, no se
entiende que desde los grupos que sustentan el Gobierno (PSOE, PODEMOS y con la abstención de VOX) se impidiese que prosperase la iniciativa del Partido Popular de crear una Autoridad Independiente para gestionar los Fondos Europeos. Salvo que la
opacidad, la discrecionalidad en el reparto y la ausencia de control sean su objetivo.
Si a esta ausencia de compromiso por la transparencia y la independencia de las instituciones como el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, Tribunal Constitucional, CNI, Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, INE, INDRA y tantas otras,
añadimos la noticia de que el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia por el caso de los ERE de Andalucía, una causa que juzgó el mayor fraude de la historia de nuestro país, presumiblemente seguiremos descendiendo en todos los rankings del año
2022. Y si, como parece, el Gobierno ya está evaluando la posibilidad de indultar a los condenados por defraudar 680 millones de euros de dinero público porque son dos ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, la percepción del
funcionamiento del Estado de Derecho de nuestro país se verá gravemente erosionado.
Sin olvidar que la Justicia cifra en 680 millones de euros el fraude y que afecta a dos expresidentes del PSOE que fueron Presidentes de la Junta de Andalucía, además de a seis ex consejeros y trece ex altos cargos. Si a eso le sumamos que
la decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto, que partía del programa político con el que se habían presentado a las elecciones, según manifestó Gaspar Zarrias, en su
declaración ante el Magistrado Instructor del Tribunal Supremo. Por tanto, la actual Ministra de Hacienda y Función Pública, además de Vicesecretaria de Organización del PSOE, M.a Jesús Montero, y el ministro de Agricultura y Pesca y Alimentación,
Luis Planas, formaron parte del gobierno andaluz, es decir eran conocedores y partícipes de la decisión, la imagen que traslada el ejecutivo de Sánchez no solo a los españoles, sino al mundo, es lamentable.
Sin entrar a valorar la animadversión del Gobierno a informar sobre el uso del Falcon y los viajes de sus miembros tanto fuera como dentro de España, escudándose en que los detalles sobre los vuelos son 'secretos oficiales', pese a que
Transparencia insiste en que los gastos en viajes de los miembros del Gobierno son información económica publica que atañe a los presupuestos públicos y deben conocerse.
Sería inacabable inventariar los motivos por los que se ha rebajado a España de una 'democracia plena' a una 'democracia defectuosa', cuyo responsable es el Gobierno. Afectado por su división interna,
enfrentamiento permanente en la toma de decisiones, las polémicas públicas en las que se han visto envueltos, la errática política exterior, la irresponsable política económica, la alianza con Bildu, el asalto a las instituciones, la falta
de transparencia, etc.
Estos y muchos más son los indicadores de la imagen tan pésima, opaca y de escasa calidad democrática que está dando el Gobierno y que repercuten en la clasificación de España en los distintos ranking.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revertir la falta de compromiso con la transparencia y la independencia de las instituciones que tanto daño están causando a nuestro país, tanto en clave interna como en la esfera
internacional, con el objetivo de recuperar para España la calificación de 'democracia plena'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Macarena Montesinos de Miguel, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Jaime Eduardo de Olano Vela, Jesús Postigo Quintana, Pedro Navarro López, Carlos Aragonés Mendiguchía,
María Auxiliadora Pérez Díaz, Adolfo Suárez Illana, Eloy Suárez Lamata, Edurne Uriarte Bengoechea y Pilar Marcos Domínguez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la mejora de la seguridad vial en la N-550 en el Concello de Ordes para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El tramo de la N-550 que discurre entre los P.K. 26,8 y 36,9 está considerado como uno de los más peligrosos de la red de carreteras del Estado. Según el informe elaborado por EuroRAP (European Road Assesment Program) del año 2020, el
citado tramo alcanza un índice de riesgo de 94,5 puntos, lo que lo sitúa como el quinto más peligroso del Estado español.
Este tramo se sitúa por completo dentro del término municipal de Ordes, desde la rotonda que enlaza la N-550 con la AC-542 en dirección Betanzos, vía de titularidad autonómica en, O Mesón do Vento, hasta el límite del casco urbano de Ordes
en dirección a Santiago de Compostela.
Lamentablemente, en fechas recientes se ha sumado un nuevo accidente al largo historial que registra este tramo negro y en el que ha resultado herido un ciclista. Este suceso tuvo lugar en la rotonda que enlaza la N-550 con el Polígono
Industrial de Merelle, donde se producen habitualmente accidentes, situación que no puede seguir tolerándose sin adoptar medidas para evitar nuevos siniestros.
Una de las causas que influyen en la elevada siniestralidad de este tramo es la alta velocidad a la que circulan los vehículos en la rotonda. Esta glorieta por su reducida dimensión hace posible que los automóviles puedan tomarla sin casi
frenar, especialmente si continúan en dirección A Coruña-Ordes o viceversa. Por este motivo, una de las soluciones que proponen desde la localidad es, precisamente, reformar la propia rotonda para aumentar sus dimensiones de forma que la necesidad
de girar obligue a reducir la velocidad de tránsito en la misma. También se puede valorar la colocación de sistemas para el calmado del tráfico que llega a la rotonda, por ejemplo, bandas reductoras de la velocidad.
Dada la titularidad estatal de esta vía, corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana realizar los estudios precisos para analizar la mejor solución y posteriormente iniciar los trámites
para acometer las obras de reforma que permitan aliviar el riesgo en la circulación y aliviar la siniestralidad en la zona.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Efectuar los estudios precisos para analizar las principales causas del elevado índice de siniestralidad que presenta actualmente la N550 a su paso por Ordes entre los PK 26,8 y 36,9.
2. Acometer las actuaciones precisas en base a las conclusiones arrojados por los citados estudios, entre las que se podría incluir la reforma del trazado, así como la adopción de medidas para el calmado del tráfico que accede a la rotonda
que enlaza la N-550 con el Polígono Industrial de Merelle y con la AC-409.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2022.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Política Territorial
161/004511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a garantizar
la transparencia en el acceso a los Cuerpos de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La Constitución Española, en su artículo 103 proclama como principios que deben regir el acceso a la Función Pública la igualdad, el mérito y la capacidad.
Estos valores o principios son exigibles tanto para acceder a la condición de funcionario, como para la promoción a lo largo de la vida laboral en toda la Administración Pública, ya sea estatal, autonómica o local.
Principios que son el pilar básico para garantizar una Administración Pública de calidad cuya finalidad es servir con objetividad y neutralidad al interés general.
En el mes de abril de 2021, el Gobierno anunció la constitución de un grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública con el objetivo, entre otras cuestiones, de modificar el sistema de acceso para adquirir la
condición de funcionario.
A través de los medios de comunicación y de las escasas pinceladas dadas en las comparecencias de los tres ministros que durante estos dos años han pasado por Función Pública, se ha conocido la voluntad del Ejecutivo de modificar los
sistemas de acceso a la función pública.
Lo poco que ha trascendido es que este Grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública ha recomendado al Gobierno 'reducir los ejercicios de conocimientos' para 'potenciar los cursos selectivos'. Con ello se
pretendería rebajar la exigencia del conocimiento de carácter teórico y práctico en las distintas oposiciones y, por contraposición, aumentar las pruebas de carácter subjetivo.
Si bien es cierto que los sistemas selectivos para acceder a la Administración han de atender a las circunstancias y necesidades propias de la realidad social, ninguna reforma puede implicar una ruptura con un sistema de acceso que ha dado
innumerables pruebas de su eficacia y calidad.
Cualquier modificación que se realice en este ámbito debe aspirar a mantener la excelencia de nuestros servicios públicos, como mejor forma de apuntalar la igualdad, el mérito y la capacidad de quienes ejerzan sus funciones en los distintos
puestos de la Administración Local.
Las pruebas de acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, secretarios, tesoreros e interventores siempre han garantizado la objetividad en los procesos selectivos de ingreso. Principio
de objetividad consagrado asimismo por el art. 103 de la Constitución.
La oscuridad del Gobierno respecto a la posible reforma es muy preocupante y nos tememos que vayan encaminadas a rebajar el nivel de exigencia y de objetividad en los procesos selectivos conllevando una merma de los principios del mérito y
de la capacidad, requisitos fundamentales para contar con una Administración Pública absolutamente profesionalizada que sirva al interés general con neutralidad y objetividad.
En resumen de lo todo lo dicho, lo que en ningún caso debe ocurrir en una reforma del modo de acceso al Servicio Público es la de reducir la preparación y profesionalización de los funcionarios que hoy se garantizan con los procesos
selectivos, y que sin duda, en caso contrario, una falta de conocimientos en estos trabajadores públicos afectaría a la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos por parte de la Administración Local, por otro lado la
Administración más próxima y valorada por el ciudadano.
Unos procesos de selección y formación de calidad homogéneos e iguales en todo el territorio nacional de los secretarios, interventores y tesoreros son esenciales para garantizar la legalidad y seguridad jurídica en toda la Administración
Local y los principios de transparencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económico-financiera de las Entidades Locales, ya que estos funcionarios, los Habilitados de Carácter Nacional, son en muchos casos, los responsables últimos de que
estos importantes cometidos se lleven a cabo con la máxima eficacia y profesionalidad, por lo que en su preparación y selección se debe garantizar el logro de un nivel óptimo de conocimientos teóricos y prácticos previos, lo cual se consigue con
unos procesos selectivos basados en los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
No debemos olvidar que para garantizar la consecución de los citados objetivos en el conjunto de la Administración Local, deben garantizarse que todas las plazas sean cubiertas por funcionarios Habilitados de Carácter Nacional.
Lamentablemente desde hace años el número de vacantes existentes es muy elevado y no se logran cubrir con la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso de nuevo ingreso que son claramente insuficientes.
Esta situación de déficit de Habilitados de Carácter Nacional de carrera impide cubrir una gran cantidad de puestos reservados a este tipo de funcionarios, lo que obliga a utilizar interinos. Selección de interinos que se realiza mediante
procedimientos convocados por las administraciones locales con plazas sin cubrir o por las CCAA organizando procesos para crear bolsas de funcionarios que cubran las necesidades de Habilitados de Carácter Nacional de las administraciones locales de
su ámbito.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar una Administración Pública Local de prestigio, que sirva al interés general de forma neutral y objetiva.
2. Garantizar el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en todos los procesos selectivos que se convoquen para acceder a la condición de funcionario de la Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional.
3. Garantizar la convocatoria, en número suficiente, de pruebas selectivas para el acceso de nuevo ingreso de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional para cubrir las vacantes existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley por la que se insta al Gobierno a acelerar y actualizar el pago de las indemnizaciones por catástrofes naturales, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Las tormentas, los incendios, las inundaciones, los terremotos, las erupciones y otros fenómenos naturales de carácter catastrófico son cada vez más frecuentes y extensos, y han provocado en los últimos años graves daños materiales y
personales.
En este sentido, las personas afectadas se plantean cómo, cuándo y en qué medida serán indemnizadas, preguntándose, como es lógico, quién cubrirá los daños sufridos.
Protección Civil, se identifica doctrinalmente como 'protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas
pueden peligrar', y que implica a todas las Administraciones públicas, con sus recursos materiales y humanos. De esta forma, se configura un sistema en el que las distintas Administraciones públicas tienen atribuidas competencias en materia de
protección civil y se otorga a la Administración del Estado un papel concurrente y subsidiario respecto de estas.
En este marco protector reside la conveniencia de articular un sistema de ayudas paliativas de la situación de necesidad en la que se pueden encontrar aquellas entidades locales y colectivos que han sufrido las consecuencias de los hechos
desencadenantes de la situación de emergencia.
La declaración de zona catastrófica o declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como se denomina en la norma que la regula, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil se
aplica por daños provocados por una emergencia cuya magnitud requiere para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado.
La concesión de ayudas o subvenciones en atención a necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica que se destinen a paliar daños originados a personas físicas o jurídicas se rigen por lo dispuesto en el Real
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, con las condiciones y requisitos establecidos en él.
La declaración, que puede ser solicitada por las administraciones públicas interesadas, debe incluir la delimitación del área afectada, siendo el Gobierno central el que se encarga de aprobar a través del Consejo de Ministros y a propuesta
de los ministros de Hacienda e Interior.
El acuerdo del Consejo de Ministros que declare una zona catastrófica o afectada gravemente por una emergencia de protección civil adoptará la forma de Decreto-Ley, debido a su carácter urgente, ya que son situaciones que requieren una
acción normativa inmediata por parte del Gobierno.
Dicha declaración incluye ayudas de distintos grados, detalladas en la Ley: desde la cobertura del coste de los daños a particulares hasta exenciones fiscales, como el pago del IBI o reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
En los términos que apruebe el Consejo de Ministros, cuando se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se podrán adoptar, entre otras, algunas de las siguientes medidas:
a) Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
b) Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
c) Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.
d) Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.
f) Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
g) Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.
Las ayudas por tanto tienen un carácter paliativo que se debe considerar urgente ante la situación de grave dificultad que soportan las corporaciones locales, particulares y personas jurídicas afectadas por estos fenómenos naturales. En
líneas generales, los retrasos en la tramitación y pago de las ayudas generan casi tantos perjuicios como la propia catástrofe natural, especialmente en los daños provocados en actividades económicas, ya sean industriales como agrícolas y ganaderas.
En consecuencia, el Gobierno debe actuar con celeridad, sin dilaciones injustificadas y con criterios de equidad y justicia, principios incompatibles en todo caso con los retrasos acumulados en los últimos años para la tramitación de los
expedientes de concesión de ayudas y para el pago de las mismas.
Los retrasos en estos expedientes están generando importantes problemas a las corporaciones locales y ciudadanos afectados y gran desasosiego social, situación que se ve agravada por los efectos que la inflación descontrolada tiene sobre el
incremento de los gastos que necesitan realizar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Adoptar las siguientes medidas en relación con las ayudas e indemnizaciones por catástrofes naturales:
1. Proceder de forma inmediata al pago de las ya aprobadas.
2. Acelerar los trámites de las pendientes de aprobación.
3. Actualizar las cuantías a pagar de acuerdo con la actual situación de crecimiento descontrolado de la inflación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández y Vicente Betoret Coll, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda
181/002003
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Andrés Lorite Lorite.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno extender la gratuidad de los títulos multiviaje para los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia operados por Rente a los servicios de transporte público colectivo de viajeros por carretera, de manera
que sus usuarios recurrentes puedan beneficiarse en condiciones similares a los usuarios de ferrocarril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Andrés Lorite Lorite, Diputado.
181/002004
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu
Diputado don Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano.
Dirigida a Raquel Sánchez Jiménez, Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
Texto:
¿Tiene previsto su Ministerio que el transporte ferroviario de mercancías pueda transitar por el trazado de alta velocidad que transcurre por el País Vasco y por sus conexiones respectivas hacia el Ebro o hacia la meseta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano, Diputado.
181/002005
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña María Soledad Cruz-Guzmán García.
Texto:
¿Cuáles son los motivos del cambio de opinión del Ministerio de un proyecto aprobado y licitado hace 13 años -los túneles proyectados en la S-40- y cuánto costará en el tiempo de ejecución y presupuesto, a los españoles en general, y a los
sevillanos en particular, este cambio de criterio sin consenso ni consulta pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputada.
181/002006
Grupo Parlamentario Republicano
Diputada doña Inés Granollers i Cunillera.
Texto:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno español ante el hecho que estén fuera del periodo concesional legalmente establecido 47 de lo 77 contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general dependientes
del MITMA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Inés Granollers i Cunillera, Diputada.
181/002007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Cuál es la razón por la que los billetes de autobús para trayectos de proximidad y recurrencia por parte de los usuarios no son gratuitos a raíz del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el
ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, como así sucede con los abonos para trenes de cercanías, media
distancia convencional y Rodalies?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, Rubén Darío Vega Arias, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y José María Figaredo Álvarez-Sala,
Diputados.
181/002008
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
Texto:
¿Qué actuaciones de mantenimiento de la infraestructura, y con qué coste, se han realizado en la línea de tren convencional Madrid-Aranjuez-Cuenca-Utiel-Valencia en los últimos 20 años (2002-2022)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Rafael Mayoral Perales, Roser Maestro Moliner y Marisa Saavedra Muñoz, Diputados.
181/002009
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
Texto:
¿Han comprobado Adif y Renfe que la liberalización del sector ferroviario no suponga una merma en la calidad de los servicios de transporte por tren de viajeros y mercancías, y han implementado algún mecanismo para garantizar dicha calidad
de los servicios, así como el cuidado y preservación del medio ambiente y los entornos naturales de las vías férreas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Rafael Mayoral Perales, Roser Maestro Moliner y Marisa Saavedra Muñoz, Diputados.
181/002010
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común
Texto:
¿Cuál es el soporte legal que ampara que una comunidad autónoma pueda, en el uso de sus competencias, modificar su normativa de transporte de viajeros para permitir la prestación de servicios urbanos por parte de VTC-N?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Rafael Mayoral Perales y Laura López Domínguez, Diputados.
181/002011
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Tomás Cabezón Casas.
Texto:
¿Cuáles son las previsiones temporales que maneja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la construcción de la autovía A-15 y la licitación de los tramos pendientes de la A-11?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Tomás Cabezón Casas, Diputado.
181/002012
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Diputado don Juan Ignacio López-Bas Valero.
Dirigido a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, doña Raquel Sánchez Jiménez.
Texto:
¿Qué perspectiva tiene el Gobierno en lo relativo a la liberalización efectiva del sector del transporte de pasajeros por carretera y qué medidas se plantea tomar al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.
181/002013
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Elena Castillo López.
Texto:
¿Cuándo se materializarán los compromisos adquiridos con Cantabria en materia ferroviaria y, más concretamente, en lo relativo a la llegada de la alta velocidad a Reinosa, el necesario tren de altas prestaciones al País Vasco o la
reparación, mejora y modernización de las cercanías en nuestra región?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2022.-Elena Castillo López, Diputada.
181/002014
Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria)
Diputada doña María Fernández Pérez.
Texto:
¿Considera el Gobierno que el coste tipo anual establecido a las unidades de transporte permiten alcanzar el objetivo de abaratar el coste efectivo del transporte de mercancías con Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2022.-María Fernández Pérez, Diputada.
181/002015
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado don César Joaquín Ramos Esteban.
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el resultado de las medidas de gratuidad en el bono de media y cercanías ferroviarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.
181/002016
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Cristina López Zamora.
Texto:
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno durante los últimos dos años en el sector de mercancías por carreteras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Cristina López Zamora, Diputada.
181/002017
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Begoña Nasarre Oliva.
Texto:
¿Qué actuaciones está llevando y tiene previsto llevar a cabo el Gobierno en la mejora de la línea ferroviaria Huesca-Canfranc?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Begoña Nasarre Oliva, Diputada.
181/002018
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Uxía Tizón Vázquez.
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la puesta en servicio del AVE a Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Uxía Tizón Vázquez, Diputada.
181/002019
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Gemma Araujo Morales.
Texto:
¿Qué previsiones y actuaciones está llevando a cabo el Gobierno en la línea Algeciras-Bobadilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Gemma Araujo Morales, Diputada.
181/002020
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado don José Luis Ramos Rodríguez.
Texto:
¿Qué actuaciones está llevando a cabo y tiene previsto llevar a cabo el Gobierno en la línea ferroviaria Zafra-Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-José Luis Ramos Rodríguez, Diputado.
181/002021
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Sandra Guaita Esteruelas.
Texto:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre el apeadero de Bellisens y la estación intermodal de Reus?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Sandra Guaita Esteruelas, Diputada.
181/002022
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada doña Cristina López Zamora.
Texto:
¿Qué mejoras está llevando a cabo el Gobierno en la línea ferroviaria Mérida-Puertollano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-Cristina López Zamora, Diputada.
181/002023
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado don José Luis Ramos Rodríguez.
Texto:
¿Habiéndose aprobado el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, puede explicarnos en qué momento se encuentran los acuerdos con las Comunidades Autónomas para la implementación de los programas de ayuda que en él se regulan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2022.-José Luis Ramos Rodríguez, Diputado.
181/002024
Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria)
Diputada doña María Fernández Pérez.
Texto:
¿Ha detectado el Ministerio incumplimiento por parte de las compañías aéreas de la norma que les impide preguntar la condición de residencia antes del final del proceso de reserva, tal y como se sigue denunciando públicamente por parte de
los usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2022.-María Fernández Pérez, Diputada.
181/002025
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Diputado don Íñigo Barandiaran Benito.
Texto:
¿Cuándo piensa el Ministerio exigir que se recuperen las frecuencias de vuelos existentes antes de la pandemia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2022.-Íñigo Barandiaran Benito, Diputado.
181/002026
Grupo Parlamentario Plural (PDeCAT)
Diputado don Ferran Bel i Accensi.
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la inversión ejecutada en Catalunya en el primer semestre de 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2022.-Ferran Bel i Accensi, Diputado.
181/002027
Grupo Parlamentario Plural (PDeCAT)
Diputado don Ferran Bel i Accensi.
Texto:
¿Cuál es el motivo que alega el Gobierno por no haber traspasado a la Generalitat de Catalunya los fondos para que esta administración pueda pagar a Renfe-Viajeros por los servicios de transporte de Rodalia y Regionals que esta empresa
presta en Catalunya y que son competencia de la Generalitat de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2022.-Ferran Bel i Accensi, Diputado.
181/002028
Grupo Parlamentario Mixto (Agrupación de Electores Teruel Existe)
Diputado don Tomás Guitarte Gimeno.
Texto:
¿Va a incluir el ministerio en su planificación de carreteras la conocida como 'Y turolense', que uniría la prolongación de la A-40, proveniente de Cuenca que enlazaría Teruel con Alcañiz y Reus, y la prolongación de la A-25, proveniente de
Alcolea del Pinar (A-2) que uniría Monreal del Campo (A-23) con la A-40 en Montalbán, contribuyendo así a subsanar así el déficit histórico de infraestructuras con la provincia y cumpliendo así lo contemplado al respecto en el acuerdo de investidura
con Teruel Existe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2022.-Tomás Guitarte Gimeno, Diputado.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/002001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Rubén Darío Vega Arias, don Ricardo Chamorro Delmo, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué impacto supondrá para el sector pesquero español y para las familias que de él dependen la decisión de la Comisión Europea de cerrar, el próximo 9 de octubre, 87 zonas sensibles de las aguas comunitarias en el Atlántico noreste a la
pesca de fondo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2022.-Rubén Darío Vega Arias, Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.