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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 448, de 04/05/2022
cve: BOCG-14-D-448
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de mayo de 2022
Núm. 448
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/001934 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación de la Agencia Independiente de Evaluación Educativa. Retirada ... (Página4)
161/004096 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar el derecho a recibir ayudas para la compra de material escolar al alumnado matriculado en la etapa de Educación Infantil ...
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004099 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de los requisitos del Real Decreto 5/2021 a fin de facilitar el acceso a las ayudas directas a autónomos y empresas ...
161/004101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la cotización en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de los titulares de explotaciones agrarias que
desarrollen labores de forma personal y directa ... (Página6)
161/004107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mecanismos de colaboración y cooperación interadministrativa con las Comunidades Autónomas, en torno a la puesta en marcha de proyectos piloto para
desarrollar itinerarios de inclusión que ayuden a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV) a su integración social y laboral ... (Página8)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas fiscales para ayudar a las familias y autónomos usuarios de vehículos ... (Página9)
161/004105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al sector vitivinícola e institucional a la feria nacional del vino ... (Página11)
161/004106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento europeo de protección de las indicaciones geográficas de productos industriales y artesanales ...
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a eliminar las discriminaciones fiscales a las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, cuando estos
estén constituidos de acuerdo con la legislación del Código Civil de Cataluña o de otra Comunidad Autónoma con Derecho Civil propio, por ser este Derecho preferente en estos territorios ... (Página15)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al sector vitivinícola e institucional a la feria nacional del vino ... (Página17)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la restauración hídrica de las marismas de Doñana, desde el río Guadiamar al Brazo de la Torre y todas
las cuencas vertientes, y la recuperación integral del estuario del río Guadalquivir ... (Página18)
161/004102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la aplicación de criterios territoriales y ambientales en las instalaciones de placas
fotovoltaicas ... (Página21)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004092 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la incorporación del 'Proxecto Nós', dentro del PERTE Nueva Economía de la Lengua con una adecuada financiación ... (Página24)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004097 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización de los programas de formación de las especialidades en Ciencias de la Salud ... (Página25)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la exclusión del Centro Oceanográfico de Vigo del proceso de descentralización de las sedes de pesquerías y acuicultura del Instituto Oceanográfico Español
... (Página26)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003655 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar el acceso al sistema de ayudas y subsidios para el estudio al alumnado matriculado en la Etapa de Educación Infantil.
Retirada ... (Página28)
161/004095 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar el derecho a recibir ayudas para la compra de material escolar al alumnado matriculado en la etapa de Educación Infantil ...
Comisión de Política Territorial
161/004098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la respuesta a la
crisis humanitaria de personas refugiadas provenientes de Ucrania y del resto del mundo ... (Página29)
161/004114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre igualdad lingüística en la relación de la ciudadanía con la Administración del Estado ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001805 Pregunta formulada por los Diputados Rueda Perelló, Patricia (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre razones que han motivado la decisión de paralizar el proyecto de creación de una escuela de formación inicial de controladores aéreos propia de la entidad pública empresarial ENAIRE ...
181/001806 Pregunta formulada por el Diputado Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre previsiones acerca de rectificar el texto del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que en los términos en que fue sometido a audiencia pública agrava
las desigualdades territoriales ... (Página33)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página33)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/001934
Mediante escrito de fecha 4 de abril de 2022 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la Proposición no de Ley relativa a la creación de la Agencia Independiente de Evaluación Educativa, publicada en el 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 212, de 2 de febrero de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/004096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el derecho a recibir ayudas para la compra de
material escolar al alumnado matriculado en la etapa de Educación Infantil, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El pasado 30 de junio se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' el Real Decreto 471/2021, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso
2021-2022, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
A pesar de que las modificaciones reglamentarias introducidas en los últimos años y el incremento de los fondos destinados a ayudas al estudio previsto en los Presupuestos Generales para el año 2022 deben valorarse de manera positiva,
nuestro sistema sigue teniendo mucho camino por recorrer a la hora de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.
La Educación Infantil, según el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Tiene
carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia.
Dentro de este período, el primer ciclo de Educación Infantil, destinado a la atención social y educativa de los niños y niñas menores de tres años, reviste una importancia fundamental en los primeros años de
vida, base e inicio de todo el proceso educativo. Además, el primer ciclo de Educación Infantil constituye un elemento básico para eliminar las diferencias culturales y las desventajas iniciales del niño o niña socialmente desfavorecido,
potenciando la igualdad de oportunidades educativas y la socialización, del mismo modo que se erige en factor esencial en la prevención de las dificultades de aprendizaje y del fracaso escolar, que se manifiestan con más claridad en las etapas
educativas posteriores.
Sin embargo, el Estado no reconoce la posibilidad de que el alumnado que cursa Educación Infantil pueda recibir ayudas para la compra de material escolar. Esta situación carece de sentido en la medida en que existe un amplio consenso
político para incrementar el porcentaje de estudiantes matriculados en esta etapa como herramienta para reducir los elevados porcentajes de fracaso escolar en España, especialmente entre el alumnado que proviene de contextos económicos más
desfavorecidos.
El Consejo Escolar del Estado, en su último dictamen sobre el Real Decreto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022 y se modifica
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, propuso al Gobierno de España posibilitar el acceso a estas ayudas a los alumnos con discapacidad que
precisaran materiales adaptados y ayudas técnicas para el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Sin embargo, esta propuesta fue desechada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que no incluyó a estos alumnos como sujetos beneficiarios de estas ayudas a pesar de los enormes costes complementarios que asumen sus familias
para garantizar su igualdad de oportunidades en el aprendizaje.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar los cambios reglamentarios necesarios para reconocer el derecho a recibir ayudas para el material escolar al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad o trastorno del espectro autista matriculado en la etapa de Educación Infantil que precise de materiales adaptados y ayudas técnicas para el proceso de enseñanza/aprendizaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modificación de los requisitos
del Real Decreto 5/2021 a fin de facilitar el acceso a las ayudas directas a autónomos y empresas, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La excepcional situación pandémica y de crisis económica que hemos sufrido y continuamos padeciendo hoy, ha vuelto a poner de manifiesto la importancia que tienen las pymes y autónomos a la hora de crear riqueza, generar empleo y contribuir
al sostenimiento del sistema de protección social, ya que suponen más del 95 % del tejido productivo de nuestro país.
En las anteriores crisis económicas el esfuerzo que realizaron las pymes y autónomos fue clave para la recuperación económica y del mercado laboral y de nuevo es importante que así sea. Para ello, es prioritario que desde las
administraciones públicas se canalicen de manera justa, rápida y eficaz las
ayudas necesarias, ya sean económicas o legislativas, para apoyar tanto a pymes como a trabajadores por cuenta propia en su camino hacia la recuperación y posterior consolidación.
El Gobierno de España fue el Gobierno de la Unión Europa que más tardó en aprobar ayudas directas a favor de los autónomos afectados por la pandemia y crisis económica.
Así, un año después de la declaración del estado de alarma, se aprobó el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, norma que, como es
habitual, establece una serie de requisitos para poder acceder a las ayudas, delegando su tramitación a las Comunidades Autónomas.
Lo cierto es que el procedimiento para acceder a las ayudas es tan complicado y farragoso que hacen muy difícil que su cobro sea una realidad. Tanto las Comunidades Autónomas, las organizaciones de autónomos, así como el Grupo Parlamentario
Popular, hemos denunciado en diversas ocasiones la complejidad y el carácter restrictivo de los requisitos exigidos para acceder a las ayudas. Los autónomos y las pymes que lo están pasando mal, no necesitan que desde el Gobierno les pongan trabas
y palos en las ruedas, necesitan que se les allane el camino y procedimientos simples, accesibles y fáciles de gestionar para poder recibir esas ayudas, tan necesarias, que desde el Gobierno les han prometido.
Una vez abierto el plazo de solicitudes se puede confirmar el fracaso del procedimiento. De los 3,3 millones de autónomos que existen en España, apenas un 10 %, 300.000 autónomos han accedido a las ayudas por la complejidad de los
requisitos y su sentido excluyente.
El Real Decreto-ley 5/2021 establece que las ayudas directas recibidas por los autónomos y empresas tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a satisfacer la deuda y a realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no
financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos siempre y cuando estos se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
Quedan excluidos, por tanto, de las ayudas contempladas, todos aquellos autónomos que resultaron tener pérdidas en el ejercicio económico 2019. Además, se debe de tener en cuenta la exclusión de otro sector del colectivo de los trabajadores
autónomos que son fundamentalmente aquellos que trabajan de forma individual sin grandes gastos corrientes.
Como consecuencia de ello, han sido muy pocas las solicitudes de ayudas que se han registrado. Las Comunidades Autónomas no pueden hacer nada más que facilitar en su tramitación la ampliación del plazo de solicitudes. Le corresponde al
Gobierno asumir su fracaso y cambiar los requisitos del Real Decreto-ley 5/2021 si realmente quieren ayudar a los autónomo y pymes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar los requisitos del Real Decreto-ley 5/2021 para facilitar a todos los autónomos y empresas el acceso a las ayudas directas, eliminando el requisito de excluir a quienes resulten
obtener pérdidas económicas en el ejercicio 2019, ampliando como justificables las deudas pendientes hasta el 31 de marzo de 2022 y ampliando al 30 de junio de 2022 el plazo de concesión de las ayudas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2022.-José Ignacio Echániz Salgado, José Ortiz Galván y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la cotización en el
Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de los titulares de explotaciones agrarias que desarrollen labores de forma personal y directa, para su debate en la Comisión Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 15/2020 de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, en su disposición final sexta, introdujo las modificaciones de los apartados 1 y 2 del artículo 324 del Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y posteriormente el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria,
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, en su disposición final sexta, introdujo modificaciones en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 324 del Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre. Ambas medidas supusieron un cambio sustancial en las reglas de inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), que en síntesis consiste en que estarán incluidos en el SETA, aquellos
trabajadores que sean titulares de explotaciones agrarias y realicen en ellas labores agrarias de forma personal y directa, eliminando el resto de requisitos que la normativa preveía respecto al porcentaje de renta total, de rendimientos en la
explotación o de otras actividades complementarias.
Esta modificación normativa tiene consecuencias letales sobre el pequeño propietario y el pequeño agricultor que tradicionalmente podía dedicarse a otras actividades y obtenía de la actividad agraria un complemento y no precisaban cotizar
por su actividad agraria.
La modificación normativa introducida obliga a cualquier tipo de profesional en un sector distinto a la agricultura, pero que tenga una pequeña explotación agraria, por el mero hecho de participar de ella de forma directa y personal, tienen
la obligatoriedad de cotizar en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y abonar las cotizaciones.
Es especialmente paradójico que trabajadores del campo que estén cotizando en el sistema especial agrario por cuenta ajena, pero que además son propietarios de una pequeña explotación, aun cuando la mayor parte de su renta provenga por
trabajos por cuenta ajena, si realizan trabajos de forma directa y personal en su explotación agrícola, deben también cotizar en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia, independientemente de su nivel de renta total y de la
dedicación o tiempo empleado en su explotación agraria.
Esta modificación normativa ataca directamente a los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios que, por el mero hecho de ser además titulares de una pequeña explotación, deben soportar una doble
tributación al trabajar por cuenta ajena y al trabajar por cuenta propia.
Además, esta modificación normativa no reconoce la realidad productiva de miles de trabajadores del campo, ni de la estructura de propiedad, ni la rentabilidad de pequeñas explotaciones agrícolas en el agro español, que con esta doble
tributación con total probabilidad llevará al abandono de pequeñas explotaciones agrícolas que en la actualidad eran gestionadas por sus titulares ya que la rentabilidad es menor que la tributación. Se añade además una problemática respecto a la
inspección y sanciones con aquellos trabajadores del campo que realicen sus trabajos en su propia explotación sin cotizar en el sistema por cuenta propia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que de forma inmediata proceda a derogar la disposición final sexta del Real
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, mediante la que se incluye en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios a todos los titulares de explotaciones agrarias que desarrollen alguna labor en ellas de forma personal y directa
manteniendo la redacción original del artículo 324 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2022.-Juan Diego Requena Ruiz, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mecanismos de colaboración y cooperación interadministrativa con las
Comunidades Autónomas, en torno a la puesta en marcha de proyectos piloto para desarrollar itinerarios de inclusión que ayuden a las personas beneficiarías del IMV a su integración social y laboral, para su debate en la Comisión de Trabajo,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El ingreso mínimo vital es una prestación sobre la que se configuran un conjunto de políticas de inclusión.
La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, crea y regula la prestación no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y
exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Sin embargo, más allá de la prestación monetaria, la atención integral de las personas más vulnerables requiere de un conjunto de políticas que garanticen su derecho a la plena inclusión social y laboral. Las políticas de inclusión tienen
un carácter horizontal que debe desarrollarse a través de intervenciones coordinadas en diferentes ámbitos, entre los que se encuentran principalmente: los servicios sociales, el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, el suministro
energético y las competencias digitales.
Así, el artículo 31 de la Ley, bajo la rúbrica de 'cooperación para la inclusión social', establece que, desde la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, se llevarán a cabo estrategias de inclusión
dirigidas a las personas beneficiarías del IMV, mediante la alianza, entre otros, con otras administraciones, autonómicas y municipales, así como con entidades del tercer sector.
Por otra parte, entre las reformas e inversiones propuestas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Componente 23 se incluye la inversión 7 'Fomento del Crecimiento Inclusivo mediante la vinculación de las políticas
de inclusión sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital', que promueve la implantación de un nuevo modelo de inclusión a partir del ingreso mínimo vital (IMV), que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza.
En este marco, se dota al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría General de Inclusión, con un presupuesto de 298 millones de euros para el periodo 2021-2023, con los que se desarrollarán proyectos
piloto de inclusión que garanticen la transición de las personas beneficiarias desde una situación de exclusión a una situación de plena integración social y laboral.
Proyectos que contarán, por indicación de la Comisión Europea, de un componente metodológico y experimental con el que nunca se han realizado proyectos de este tipo. La implantación de la nueva política de inclusión se realizará de forma
novedosa mediante el uso intensivo del análisis de datos y metodología de los Randomized Control Trials o pruebas de control aleatorizadas.
Para lograr este objetivo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprueba un primer Real Decreto dotado de 109 millones de euros. El RD 938/2021, de 26 de octubre, por el que se establece la concesión directa de
subvenciones a entidades para el desarrollo de proyectos piloto y la puesta en marcha de itinerarios de inclusión social por las Comunidades y Ciudades Autónomas, Entidades locales y entidades del Tercer Sector de Acción Social, así como por los
distintos agentes sociales.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha firmado convenios con las Administraciones Públicas autonómicas y locales interesadas, así como con entidades del Tercer Sector de Acción Social. Estos convenios tendrán como
objetivos mejorar la tasa de acceso al IMV e incrementar la efectividad del IMV a través de itinerarios de integración y su evaluación.
Entidades beneficiarias, hasta la fecha:
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Comunidad Autónoma de Galicia.
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Comunitat Valenciana.
Comunidad Autónoma de Aragón.
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Comunidad Foral de Navarra.
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ciudad Autónoma de Ceuta.
Municipio de Madrid.
Municipio de Barcelona.
Fundación Secretariado Gitano.
Cáritas España.
Hogar Sí.
Confederación Plena Inclusión España.
Fundación Save the Children.
En este momento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha hecho pública una Manifestación de Interés, que finalizó el 20 de enero, y a la que se han podido presentar propuestas de proyectos que serán analizadas y
seleccionadas para que puedan impulsarse a través de un segundo Real Decreto para el desarrollo de proyectos piloto de inclusión.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer con las Comunidades Autónomas no recogidas en el RD 938/2021 mecanismos adecuados de colaboración y cooperación interadministrativa, en torno a la puesta en marcha de proyectos
piloto, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para desarrollar itinerarios de inclusión que ayuden a las personas beneficiarías del IMV a su integración social y laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2022.-Carmen Baños Ruiz, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas fiscales para ayudar a
las familias y autónomos usuarios de vehículos, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Es sorprendente la demonización y persecución que tiene este Gobierno contra el sector del automóvil y contra los usuarios de los 29 millones de vehículos que tenemos en nuestro País. Un sector en el que, en 2019 -antes de la pandemia-,
España era el segundo fabricante de automóviles de Europa y noveno del mundo, con un impacto muy importante:
- Para nuestro crecimiento económico, ya que representaba, según el propio PERTE aprobado el 13 de julio de 2021, 'de forma directa, el 11,4 % del VAB de toda la economía española'.
- Para la balanza comercial, ya que exportamos 8 de cada 10 vehículos que producimos, por un valor cercano a los 36.000 millones de euros,
- Y, sobre todo, para la creación de empleo, más de 66.000 personas trabajan directamente en las fábricas, 1,9 millones de empleos generados, de forma directa e indirecta, en toda la cadena de valor.
A pesar de ser uno de los sectores más afectados por la crisis económica derivada del covid, -en 2020 estuvieron las fábricas 2 meses cerradas, cayó la producción un 19,6 % y en 2021 la producción no se recuperó y cayó un 7,5 % adicional-,
el Gobierno no ha adoptado ninguna medida relevante para contribuir a su recuperación. Más bien todo lo contrario; ha aprobado una importante subida del Impuesto de Matriculación que ha entrado en vigor en enero de este año y, en el Libro Blanco
encargado al Comité de Expertos, se incluye una propuesta de subida de toda la fiscalidad que afecta a quienes poseen o utilizan un vehículo, ya sea un particular o un autónomo que lo necesite en su trabajo.
Así, en el citado Libro Blanco y mostrando una clamorosa desconexión con las necesidades del sector del automóvil y de una sociedad que se ve apabullada por el alza de la presión fiscal, de la inflación, de los precios de la electricidad,
del gas, sufriendo una escalada histórica en el precio de los combustibles, que ahoga a las familias y amenaza los negocios de miles de autónomos, el supuesto 'Comité de Expertos' propone distintas medidas para incrementar aún más esa asfixia
económica:
- 'Propuesta 5: Igualación de la fiscalidad de diésel y gasolina de automoción' y 'Propuesta 6: Aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos.', con el objetivo de incrementar la recaudación por los combustibles para automoción un 47
%, esto es 8.505 M.
- 'Propuesta 7: Modificación del IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte) para favorecer una flota de vehículos sostenible'; en realidad se trata de incrementar la recaudación hasta en 2.335 M por el impuesto de
matriculación.
- 'Propuesta 8: Configurar el IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) para penalizar a las tecnologías más contaminantes.', en realidad pretende aumentar la recaudación hasta un 28,94 % (610 M).
- 'Propuesta 9: Creación de un tributo municipal sobre la congestión en determinadas ciudades' y 'Propuesta 10: Consideración de mecanismos tributarios para el pago por uso de determinadas infraestructuras viarias'; para que los
conductores paguen tanto por conducir en las ciudades como en las carreteras, con un objetivo de recaudación de 31.733 M.
Ha de tenerse en cuenta además que todas y cada una de las medidas que se proponen tienen un impacto regresivo, perjudicando especialmente a las personas de menor renta y, también, a las que viven en entornos rurales, ya que se aumentan los
impuestos indirectos que gravan el consumo, independientemente del nivel de renta del usuario y de la finalidad perseguida con dicho consumo, que en muchos casos puede ser de estricta necesidad.
Es decir, todo lo contrario de lo necesario en el entorno de alta inflación que llevamos sufriendo más de 12 meses consecutivos.
Por otro lado, en las propuestas del citado Comité de Expertos, -y salvo la excepción de la amortización acelerada para vehículos eléctricos-, no se establece ninguna medida fiscal positiva e incentivadora para impulsar la descarbonización
del mercado y el parque de vehículos existente. A pesar de que el apoyo fiscal con medidas incentivadoras a la electrificación está muy extendida en el resto de países europeos, muchos de los cuales carecen además de impuestos a la matriculación,
en el caso de España el citado Comité ignora este enfoque y se centra en subir toda la fiscalidad vinculada con la automoción y, por si fuera poco, crear nuevos impuestos. Incluso defiende propuestas rechazadas por anteriores comités de expertos,
como el CERMFA-Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica (2017), o la CERSTE-Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (2014).
Resulta paradójico que este enfoque sea el que se adopte en un país como España, pues una subida generalizada de precios, causados en este caso por la fiscalidad, asfixiará económicamente aún más a las familias, llevará a cierres de PYMES y
cese de actividad productiva y automáticamente se traducirá en una caída de la demanda, de la producción y del empleo. Algo que equivale a un suicidio económico y una invitación a generar paro.
En el Grupo Parlamentario Popular no entendemos esta persecución a los usuarios o propietarios de los 29 millones de vehículos que tenemos en nuestro País, que son necesarios para el desplazamiento de millones de familias, pero también
millones de autónomos (taxistas, comerciales, repartidores, agricultores y ganaderos, entre otros), y que acaba afectando también a la industria nacional de automoción al ver reducido su mercado nacional y sus posibilidades de atraer nuevas
inversiones, por lo que presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un paquete de medidas fiscales de apoyo al sector de la automoción y a los usuarios de vehículos que incluya la supresión del Impuesto de Matriculación (IEDMT), que será compensado con un Impuesto Medioambiental que se implantará
de forma gradual y tras un período transitorio, gravando a los vehículos en circulación y solo a los vehículos menos seguros y más contaminantes, para favorecer la renovación del parque automovilístico, pudiéndose introducir bonificaciones para las
familias vulnerables.
2. Aprobar deducciones fiscales en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para el gasto en la compra de vehículos electrificados e instalación de sus infraestructuras de recarga.
3. Mejora de las deducciones en retribución en especie para vehículos electrificados.
4. Permitir la deducción del 100 % del IVA en la compra de vehículos electrificados.
5. Introducir la amortización acelerada en el Impuestos sobre Sociedades para la inversión de vehículos que supongan una mejora de la eficiencia de la flota.
6. Reducir el Impuesto Especial a los Hidrocarburos contemplado en el artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, a los niveles mínimos de imposición aplicables a los carburantes, reseñados en el anexo I de
la Directiva 2003/96/CE del Consejo de 27 de octubre de 2003, de manera provisional y en tanto persista la excepcional situación de precios.
7. Instar a la Comisión Europea a la suspensión de los tipos mínimos del Impuesto Especial de Hidrocarburos establecidos en la 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003 y a la modificación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de
28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, para que contemple la aplicación de un tipo impositivo superreducido a los carburantes de automoción, de manera provisional y en tanto persista la excepcional
situación de precios.
8. Renunciar a las propuestas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Libro Blanco para la reforma fiscal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2022.-Tristana María Moraleja Gómez, Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Juan Diego Requena Ruiz, Guillermo Mariscal Anaya y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al sector vitivinícola e institucional a la feria nacional del vino, para
su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
España es el primer viñedo del mundo, con más de 950.000 hectáreas que son trabajadas por viticultores y viticultoras y donde más de 4.000 empresas productoras y elaboradoras tratan la vid para su elaboración en vino que, posteriormente, se
distribuye y comercializa en el mercado interior y exterior. Toda una cadena de valor que aporta a la economía el 2,2 % del VAB nacional y más de 420.000 empleos directos e indirectos, tal y como apunta el informe de la consultora AFI sobre la
importancia económica y social del sector vitivinícola de España para el año 2020.
Nuestro país cuenta con un sector de alta calidad donde su producto mantiene una balanza comercial positiva, fruto de una alta consolidación y vocación internacional en los más de 189 países a los que exportamos. Tras la crisis sanitaria de
la COVID-19, el último informe económico de la Interprofesional del Vino de España (OIVE) señala que la aportación a las exportaciones, hasta noviembre de 2021, se tradujo en un incremento del 16 % en volumen interanual, con una facturación de un
9,6 % más. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el destino de las exportaciones es principalmente a la Unión Europea, representando el 71 % en volumen. El restante corresponde a países como son Rusia (5 % del total),
Estados Unidos (4 %) y China (3 %).
Con estos datos, somos conscientes de la importancia que tiene la actividad vitícola y vinícola en nuestra economía y en el comercio internacional. En este sentido, es de mencionar el impacto que supondrá al sector las sanciones económicas
impuestas a la Federación de Rusia por su agresión a Ucrania por parte de la Unión Europea. Según el informe 'El mercado del vino en Rusia' elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú en 2021, el vino español
tiene una buena posición en el país y ha mejorado en los últimos años, aunque sus trámites aduaneros ya estaban siendo una estricta barrera de entrada a nuestros productos. Por ello, se hace necesario medidas que permitan seguir reforzando nuestra
competitividad y la búsqueda de nuevos mercados. La colaboración del sector con las administraciones será fundamental para lograr hacer frente a los posibles efectos negativos que puedan derivarse de esta situación.
Al margen de ello, en la actualidad, se están llevando a cabo múltiples iniciativas por parte del sector, en colaboración con las administraciones, como la celebración de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), una de las más importantes de
nuestro país y de gran proyección internacional. La muestra tiene lugar con frecuencia bienal en Ciudad Real, contando con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y la participación de más de 1.900
bodegas y cooperativas de toda España. La feria supone un gran escaparate donde dar a conocer la variedad de uva de nuestro país y servir de espacio para que importadores y bodegas puedan alcanzar acuerdos comerciales, puesto que en la pasada
edición participaron más de 18.000 compradores nacionales e internacionales.
Iniciativas como FENAVIN u otras, como la promoción de las Rutas del Vino de España de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), permiten situar al vino y a toda su cadena de valor como un sector con alto potencial que puede
contribuir a la transformación de nuestro modelo económico hacia uno más digital, verde y energéticamente sostenible. Además, la crisis sanitaria de la COVID-19 ha expuesto la necesidad de avanzar hacia un modelo que sea capaz de afrontar los
desafíos de futuro como pueden ser las consecuencias medioambientales que surjan por el aumento de la temperatura terrestre, lo que tendría gran impacto sobre las cosechas y, por ende, sobre toda la industria vinícola.
Los estrechos lazos del sector vitivinícola con la cultura y el territorio hacen que este sea conexo a la actividad turística, puesto que la producción de vino resulta ser un excelente producto turístico que brinda una oferta atractiva y de
alta calidad para un turista amante del vino en busca de una experiencia sensorial. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), este turismo se encuentra en alza. Su informe 'La gastronomía en la economía española' analiza que el número de
visitas a bodegas y museos de rutas de vino se incrementaron en un 168 % en el periodo comprendido entre los años 2008 a 2017. La Asociación ACEVIN registró en sus estadísticas que, para el año 2018, las bodegas españolas fueron visitadas por cerca
de 3,2 millones de visitantes, lo que permite afirmar su dimensión turística.
Además, el vino como producto turístico supone un gran beneficio para los productores que han incorporado la actividad turística a su oferta. Según los datos de Great Wine Capitals (2011), el 20 % de las ventas totales de las bodegas son
ingresos derivados de la actividad turística y de otras que genera como el alojamiento o la restauración.
Por último, reconocer a toda la cadena de valor del sector del vino que, durante estos dos últimos años, se ha enfrentado a una situación de gran incertidumbre y a una disminución de la demanda mundial. Es fundamental aprovechar el
mecanismo de financiación europeo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en todos los ámbitos, lo que permitirá situar a la industria del vino en altas cotas de competitividad y servirá de plataforma para la reactivación y
fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales mundiales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar y reconocer institucionalmente la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), que se celebra con carácter bianual en Ciudad Real, como instrumento para el impulso y comercialización nacional e internacional de nuestra industria
vitivinícola.
2. Continuar apoyando la orientación al mercado, el aumento de la competitividad y el rendimiento global de la industria vitivinícola, con el objetivo de aportar un alto valor a toda la cadena del vino, con especial atención a la
transformación digital y la sostenibilidad medioambiental.
3. Colaborar y mantener un amplio diálogo, desde la Secretaría de Estado de Comercio, con las asociaciones de exportadores de productos vinícolas y empresas del sector para conocer la situación del mercado internacional tras la agresión de
la Federación de Rusia a Ucrania y detectar iniciativas que les permitan atenuar los posibles efectos sobre las exportaciones.
4. Mantener sucesivas convocatorias del Programa 'Experiencias Turismo España', financiado con el Fondo Next Generation EU, del que, en su caso, pudieran resultar beneficiarias distintas experiencias e iniciativas innovadoras que
transformen los productos turísticos derivados del vino.
5. Seguir impulsando la promoción del enoturismo en las Oficinas de Turismo de la red exterior y aquellas de promoción del vino como la campaña 'FoodWineSpain' del ICEX España Exportación e Inversiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2022.-Cristina López Zamora, Juan Francisco Serrano Martínez, Alejandro Soler Mur y Miguel Ángel González Caballero, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento europeo de protección de las indicaciones geográficas de
productos industriales y artesanales, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El Consejo de ministros, en su sesión del 20 de abril de 2021, aprobó una declaración mostrando el compromiso de España con los derechos de propiedad intelectual e industrial en su conjunto. Estos derechos son clave para la competitividad
de la economía y de sus diferentes actores: Las patentes, los modelos de utilidad, las variedades vegetales, las marcas y otros signos distintivos, los derechos de autor o los diseños industriales, entre otros, contribuyen al progreso económico y
al desarrollo tecnológico, científico, cultural, artístico e industrial de España, acelerando cambios estructurales a lo largo de la estructura económica española.
De acuerdo con datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE y de la Oficina Europea de Patentes, las empresas que hacen uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial suponen el 40 % del PIB de España y el 27 % de los
puestos de trabajo, y tienen mejores salarios y más inversión en l+D+i que la media, por lo que son esenciales para la transformación del modelo económico español hacia uno más sostenible, integrador e inteligente, tal y como marcan las directrices
europeas e internacionales más ambiciosas, y como se señala en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Considerando estos datos y razonamientos, los derechos de propiedad intelectual e industrial deben de entenderse como un conjunto de instrumentos de protección que aporta valor intangible e incrementa el patrimonio empresarial y económico de
sus titulares, lo que redunda como externalidad positiva en el conjunto de la economía. Es por ello por lo que corresponde a los poderes públicos establecer mecanismos adecuados para su promoción, gestión y protección.
España cuenta, por tanto, con punteras regulaciones en materia de patentes, marcas y nombres comerciales, diseños industriales o derechos de autor, pero hay espacio legislativo y de gestión para seguir utilizando de manera provechosa el
conjunto disponible de derechos de propiedad intelectual e industrial y hacer que los beneficios de los sistemas lleguen a sectores productivos que tradicionalmente no han hecho uso de ellos.
Las indicaciones geográficas son nombres de productos vinculados al origen geográfico de los mismos y a los conocimientos técnicos de los productores y tienen la categoría, aceptada por la mayoría de la doctrina e instituciones, de derechos
de propiedad industrial. En el derecho europeo, las indicaciones geográficas cuentan con un sistema que protege los vinos, las bebidas espirituosas, los vinos aromatizados y otros productos agrícolas y alimenticios a través de diferentes
Reglamentos, que son ejecutados en cada Estado Miembro por diferentes autoridades, según el grado de descentralización político-
administrativa de cada uno. En España, las competencias en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen están repartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
No obstante, no existe en nuestro país un sistema de protección equivalente que pueda aplicarse a productos no agroalimentarios, ni tampoco en el conjunto de la Unión Europea. Las cualidades atribuidas a las habilidades y tradiciones
locales específicas relacionadas con los productos no agrícolas, es decir las Indicaciones geográficas industriales y artesanales ('IGIA'), están por explotar, y aportaría un valioso instrumento de protección y comercialización para este tipo de
productos, emulando el éxito de las Indicaciones geográficas agroalimentarias ya existentes, y, por ello, esta cuestión se ha ubicado en la agenda legislativa de la actual Comisión Europea, máxime cuando hay países de nuestro entorno, como Francia o
Portugal, que tienen mecanismos de protección de estas figuras.
La creación de esta figura de protección podría suponer, a largo plazo, un aumento global del comercio intracomunitario de entre el 4,9 % y el 6,6 % de las actuales exportaciones intracomunitarias (entre 37.600 y 50.000 millones de euros),
así como impulsar un mercado interior para los productos industriales y artesanales vinculados geográficamente, estableciendo un marco normativo eficaz y unificado para su protección. El objetivo final no sería otro que el fortalecimiento de los
ecosistemas industriales tradicionales y la revalorización de las artesanías locales, incentivando la cooperación entre productores, por un lado, y entre los productores y las autoridades, por otro. Jugarían, además, un papel esencial en un modelo
turístico diversificado y desestacionalizado y, especialmente, serían beneficiadas pequeñas y medianas empresas (pymes).
Según el estudio encargado por la Comisión Europea y llevado a cabo por la entidad OriGIn en 2013 sobre la protección de las indicaciones geográficas para productos no agrícolas en el mercado interior, existen unos 229 productos españoles
identificados susceptibles de protección en virtud de un régimen de protección como el que estamos analizando. Ello sitúa a España en una posición de liderazgo en el conjunto de la Unión Europea, pues los productos de origen español representan más
del 27 % del total de los productos no agrícolas identificados por dicho estudio. Algunos ejemplos de producciones a proteger mediante esta figura serían la cerámica, la cristalería, la confección, los encajes, la joyería, los muebles o los
cuchillos, entre otros.
Desde un plano internacional, en varios tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se contempla la protección de las indicaciones geográficas, en particular, el Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, de 1883, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. A esos tratados se añaden los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) en los que se contempla la protección de internacional de las indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mundial del Comercio, por lo que el sistema en nuestro país
tendría inmediata cobertura internacional y, por tanto, no produciría problemas para la mayoría de los flujos comerciales ya existentes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender en las Instituciones de la Unión Europea la protección de las indicaciones geográficas de productos industriales y artesanales mediante la creación de una normativa común, lo que permitiría un aumento de las actividades
económicas, -también en las zonas rurales- así como la generación de empleo de calidad y la preservación de las identidades locales, tradiciones y cultura.
2. Continuar colaborando con las Comunidades Autónomas con el objetivo de fijar un posicionamiento común en defensa de una futura normativa europea de las IGIA y que permita el intercambio de mejores prácticas e información.
3. Adoptar, tras el desarrollo del marco europeo, una normativa reguladora propia que proteja los productos artesanos e industriales de nuestro país con todas las garantías que ofrecen los derechos de propiedad intelectual e industrial,
siguiendo los principios de coordinación general de la actividad económica y unidad de mercado y de acuerdo el reparto constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.-Cristina López Zamora, Alejandro Soler Mur y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados. -José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de los Diputados del PDeCAT Ferran Bel i Accensi y Genís Boadella i Esteve, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a eliminar las discriminaciones fiscales a las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad,
cuando estos estén constituidos de acuerdo con la legislación del Código Civil de Catalunya o de otra comunidad autónoma con derecho civil propio, por ser este derecho preferente en estos territorios.
Exposición de motivos
El Informe del Sindic de Greuges al Parlament de Catalunya del año 2021 pone de manifiesto que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no reconoce los beneficios fiscales regulados para la constitución de patrimonios
protegidos a favor de personas con discapacidad y para las correspondientes aportaciones que se les hagan a título gratuito, cuando la constitución del patrimonio protegido se haya efectuado de acuerdo con el Código Civil de Catalunya.
A raíz de una queja recibida por la Sindicatura de Greuges, se puso de manifiesto que la AEAT no permitía la aplicación del beneficio fiscal establecido en el artículo 54 de la Ley 35/2006 por razón de aportaciones a patrimonios protegidos
de las personas con discapacidad. La causa de la denegación era que el patrimonio protegido se había constituido de conformidad con la regulación del Código civil catalán, mientras que la AEAT considera que las medidas fiscales solo son aplicables
en el caso de patrimonios protegidos constituidos de acuerdo con la Ley estatal 41/2003.
El Sindic en su informe ha considerado que este tratamiento fiscal es desigual de forma injustificada, al tiempo que impide que la igualdad entre las personas con discapacidad y el resto de la ciudadanía sea real y efectiva, tal y como exige
el artículo 9.2 de la Constitución.
Por este motivo urge que se hagan las modificaciones legislativas correspondientes y se apliquen criterios interpretativos para que los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad constituidos en Catalunya de acuerdo con el
derecho civil propio, tengan un tratamiento fiscal igual al que se aplica a los constituidos bajo la Ley estatal 41/2003 con el fin de que sean destinatarios, en condiciones de igualdad, de las mismas medidas fiscales de apoyo y protección de las
personas con discapacidad. El objetivo es que estas puedan avanzar de manera equivalente, en la igualdad de oportunidades y en el disfrute de una calidad de vida digna, aparte de garantizar su seguridad jurídica.
Un patrimonio protegido de una persona con discapacidad es un conjunto de bienes y derechos aportados a título gratuito, que se constituyen expresamente para satisfacer las necesidades vitales de la persona con discapacidad. La principal
diferencia entre el 'patrimonio protegido' en la legislación estatal y la regulada en el Código Civil catalán está en que, en la legislación estatal (Ley 41/2003), el titular del 'patrimonio protegido' debe ser la persona con discapacidad, lo cual
exige la 'transmisión de la titularidad' de los bienes aportados. En cambio, en el Código Civil catalán los bienes aportados al 'patrimonio protegido' constituyen un patrimonio autónomo, que no es propiedad ni de la persona que lo constituye, ni de
la persona con discapacidad, ni del administrador. Sin embargo, al igual que en la legislación estatal, este patrimonio queda afectado en su totalidad a la satisfacción de las necesidades vitales del beneficiario, es decir, de la persona con
discapacidad.
Nada pues impide que las aportaciones al 'patrimonio protegido', constituido según el derecho civil propio de Catalunya, gocen de idénticos beneficios fiscales que las efectuadas a aquellos patrimonios protegidos, constituidos bajo la
legislación estatal. Es más, la propia ley estatal que regula el 'patrimonio protegido', la 'Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad', en el último párrafo del apartado II de la exposición de motivos, especifica: 'La regulación contenida en esta ley se entiende sin perjuicio de las disposiciones que pudieran haberse aprobado
en las comunidades autónomas con derecho civil propio, las cuales tienen aplicación preferente de acuerdo con el artículo 149.1.8.a de la Constitución española y los diferentes estatutos de autonomía,
siéndoles de aplicación esta ley con carácter supletorio, conforme a la regla general contenida en el artículo 13.2 del Código Civil.'
Por tanto, en Catalunya la regulación contenida en aquella ley tiene carácter supletorio, siendo preferente la regulación comprendida en la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Catalunya, relativo a la persona y
la familia, el cual regula la protección patrimonial de la persona discapacitada o dependiente y más concretamente el 'patrimonio protegido'.
Así, cuando la Ley 35/2006, que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece los correspondientes beneficios y exenciones fiscales aplicables a las aportaciones realizadas a patrimonios protegidos de personas con
discapacidad, en su disposición adicional decimoctava, este tratamiento fiscal debe poder ser aplicado tanto a aquellos patrimonios protegidos constituidos de acuerdo con la legislación estatal, como a aquellos otros constituidos de acuerdo con la
legislación de comunidades autónomas con derecho civil propio.
No resulta admisible forzar, a través de la Ley que regula el IRPF, la constitución de los 'patrimonios protegidos' según la legislación estatal, por el hecho de que solo así las aportaciones pueden beneficiarse de los beneficios fiscales
correspondientes, cuando la propia Ley 41/2003, en su exposición de motivos, reconoce la aplicación preferente 'de las disposiciones que se pudieran haber aprobado en las comunidades autónomas con derecho civil propio -Catalunya- de acuerdo con el
artículo 149.1.8.a de la Constitución'.
En una reciente respuesta parlamentaria a las preguntas escritas formuladas por el Diputado del PDeCAT Genís Boadella, 'Medidas previstas para garantizar la aplicación de las deducciones y exenciones fiscales aplicables a las aportaciones a
patrimonios protegidos de personas con discapacidad, cuando estos estén constituidos de acuerdo con el Código Civil, de aplicación preferente en Cataluña. (184/080440)' y 'Opinión del Gobierno acerca de si existe un problema que conlleva una
discriminación hacia los ciudadanos de Cataluña que dispongan de un patrimonio protegido para atender a su discapacidad. (184/080441)', el Gobierno defendía la diferente consideración de los patrimonios protegidos, según la legislación estatal o
catalana, en base a las diferencias existentes respecto a dónde recae la titularidad del mismo. Sin entrar en consideraciones respecto a cuál de las regulaciones sobre la titularidad del patrimonio protegido es la más idónea para la función que
está regulado, tanto la legislación estatal como el Código Civil catalán persiguen el mismo objetivo, la protección patrimonial de la persona con discapacidad, regulada cada una de ellas de acuerdo con su propia legislación civil. Por consiguiente,
no parece oportuno que el otorgamiento de los beneficios fiscales otorgue preeminencia a la 'titularidad' formal del patrimonio protegido, en vez de dar la preeminencia a 'su finalidad', la cual, tanto en la legislación estatal como en la
legislación del Código Civil catalán es la de hacer frente, de forma exclusiva, a la 'satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad'.
Por todo ello, los Diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular los criterios interpretativos oportunos, por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con el fin de garantizar que los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad y sus correspondientes
aportaciones se beneficien de un mismo tratamiento fiscal, tanto si están constituidos de acuerdo con la Ley 41/2003, estatal, como si lo están bajo la legislación del Código Civil catalán o de otras comunidades autónomas con derecho civil propio
que lo hayan regulado.
2. Impulsar, en su caso, la oportuna reforma de la Ley 35/2006 del impuesto sobre la renta de las personas físicas, con el fin de garantizar la aplicación de los beneficios fiscales regulados en la disposición adicional decimoctava de esta
ley a las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, constituidos de acuerdo con el Código Civil propio de Catalunya o de alguna comunidad autónoma con derecho civil propio, tal como se aplican a las aportaciones a
patrimonios protegidos constituidos de acuerdo con la Ley estatal 41/2003.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2022.-Genís Boadella Esteve y Ferran Bel Accensi, Diputados.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al sector vitivinícola e institucional a la feria nacional del vino, para
su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
España es el primer viñedo del mundo, con más de 950.000 hectáreas que son trabajadas por viticultores y viticultoras y donde más de 4.000 empresas productoras y elaboradoras tratan la vid para su elaboración en vino que, posteriormente, se
distribuye y comercializa en el mercado interior y exterior. Toda una cadena de valor que aporta a la economía el 2,2 % del VAB nacional y más de 420.000 empleos directos e indirectos, tal y como apunta el informe de la consultora AFI sobre la
importancia económica y social del sector vitivinícola de España para el año 2020.
Nuestro país cuenta con un sector de alta calidad donde su producto mantiene una balanza comercial positiva, fruto de una alta consolidación y vocación internacional en los más de 189 países a los que exportamos. Tras la crisis sanitaria de
la COVID-19, el último informe económico de la Interprofesional del Vino de España (OIVE) señala que la aportación a las exportaciones, hasta noviembre de 2021, se tradujo en un incremento del 16 % en volumen interanual, con una facturación de un
9,6 % más. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el destino de las exportaciones es principalmente a la Unión Europea, representando el 71 % en volumen. El restante corresponde a países como son Rusia (5 % del total),
Estados Unidos (4 %) y China (3 %).
Con estos datos, somos conscientes de la importancia que tiene la actividad vitícola y vinícola en nuestra economía y en el comercio internacional. En este sentido, es de mencionar el impacto que supondrá al sector las sanciones económicas
impuestas a la Federación de Rusia por su agresión a Ucrania por parte de la Unión Europea. Según el informe 'El mercado del vino en Rusia' elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú en 2021, el vino español
tiene una buena posición en el país y ha mejorado en los últimos años, aunque sus trámites aduaneros ya estaban siendo una estricta barrera de entrada a nuestros productos. Por ello, se hace necesario medidas que permitan seguir reforzando nuestra
competitividad y la búsqueda de nuevos mercados. La colaboración del sector con las administraciones será fundamental para lograr hacer frente a los posibles efectos negativos que puedan derivarse de esta situación.
Al margen de ello, en la actualidad, se están llevando a cabo múltiples iniciativas por parte del sector, en colaboración con las administraciones, como la celebración de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), una de las más importantes de
nuestro país y de gran proyección internacional. La muestra tiene lugar con frecuencia bienal en Ciudad Real, contando con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y la participación de más de 1.900
bodegas y cooperativas de toda España. La feria supone un gran escaparate donde dar a conocer la variedad de uva de nuestro país y servir de espacio para que importadores y bodegas puedan alcanzar acuerdos comerciales, puesto que en la pasada
edición participaron más de 18.000 compradores nacionales e internacionales.
Iniciativas como FENAVIN u otras, como la promoción de las Rutas del Vino de España de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), permiten situar al vino y a toda su cadena de valor como un sector con alto potencial que puede
contribuir a la transformación de nuestro modelo económico hacia uno más digital, verde y energéticamente sostenible. Además, la crisis sanitaria de la COVID-19 ha expuesto la necesidad de avanzar hacia un modelo que sea capaz de afrontar los
desafíos de futuro como pueden ser las consecuencias medioambientales que surjan por el aumento de la temperatura terrestre, lo que tendría gran impacto sobre las cosechas y, por ende, sobre toda la industria vinícola.
Los estrechos lazos del sector vitivinícola con la cultura y el territorio hacen que este sea conexo a la actividad turística, puesto que la producción de vino resulta ser un excelente producto turístico que brinda una oferta atractiva y de
alta calidad para un turista amante del vino en busca de una experiencia sensorial. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), este turismo se encuentra en alza. Su informe 'La gastronomía en la economía española' analiza que el número de
visitas a bodegas y museos de rutas de
vino se incrementaron en un 168 % en el periodo comprendido entre los años 2008 a 2017. La Asociación ACEVIN registró en sus estadísticas que, para el año 2018, las bodegas españolas fueron visitadas por cerca de 3,2 millones de visitantes,
lo que permite afirmar su dimensión turística.
Además, el vino como producto turístico supone un gran beneficio para los productores que han incorporado la actividad turística a su oferta. Según los datos de 'Great Wine Capitals' (2011), el 20 % de las ventas totales de las bodegas son
ingresos derivados de la actividad turística y de otras que genera como el alojamiento o la restauración.
Por último, reconocer a toda la cadena de valor del sector del vino que, durante estos dos últimos años, se ha enfrentado a una situación de gran incertidumbre y a una disminución de la demanda mundial. Es fundamental aprovechar el
mecanismo de financiación europeo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en todos los ámbitos, lo que permitirá situar a la industria del vino en altas cotas de competitividad y servirá de plataforma para la reactivación y
fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales mundiales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar y reconocer institucionalmente la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), que se celebra con carácter bianual en Ciudad Real, como instrumento para el impulso y comercialización nacional e internacional de nuestra industria
vitivinícola.
2. Continuar apoyando la orientación al mercado, el aumento de la competitividad y el rendimiento global de la industria vitivinícola, con el objetivo de aportar un alto valor a toda la cadena del vino, con especial atención a la
transformación digital y la sostenibilidad medioambiental.
3. Colaborar y mantener un amplio diálogo, desde la Secretaría de Estado de Comercio, con las asociaciones de exportadores de productos vinícolas y empresas del sector para conocer la situación del mercado internacional tras la agresión de
la Federación de Rusia a Ucrania y detectar iniciativas que les permitan atenuar los posibles efectos sobre las exportaciones.
4. Mantener sucesivas convocatorias del Programa 'Experiencias Turismo España', financiado con el Fondo Next Generation EU, del que, en su caso, pudieran resultar beneficiarias distintas experiencias e iniciativas innovadoras que
transformen los productos turísticos derivados del vino.
5. Seguir impulsando la promoción del enoturismo en las Oficinas de Turismo de la red exterior y aquellas de promoción del vino como la campaña 'FoodWineSpain' del ICEX España Exportación e Inversiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2022.-Cristina López Zamora, Juan Francisco Serrano Martínez, Alejandro Soler Mur y Miguel Ángel González Caballero, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la restauración hídrica de las
marismas de Doñana, desde el río Guadiamar al Brazo de la Torre y todas las cuencas vertientes, y la recuperación integral del estuario del río Guadalquivir, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Espacio Natural de Doñana y las propias marismas del Guadalquivir sufren un proceso de sequía tras una década sin años húmedos. Esta grave situación afecta especialmente a sus marismas, el principal ecosistema del espacio protegido,
donde históricamente los principales aportes procedían de las aguas superficiales que llegaban por el norte desde el río Guadiamar a través del sistema Cigüeña, Caño del Guadiamar y Caño Travieso; no obstante, tras sucesivas actuaciones desde
mediados del siglo pasado, el agua fue derivada gradualmente y las marismas fueron transformadas por un sistema de canales y desecación para abastecer la nueva agricultura intensiva.
El humedal de Doñana pasó a depender de forma casi exclusiva de los aportes de lluvias anuales cada vez más irregulares, menguantes y escasas debido a los procesos de sequía y cambio climático, como reconoce la propia Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). De esta manera, la marisma del Parque Nacional lleva tres años prácticamente sin agua. Estos aportes se complementaban con los realizados por una serie de arroyos de la zona onubense como el Partido, Cañada
Mayor, la Rocina y Caño Travieso (caño recuperado con el proyecto denominado Doñana 2005) y, por último, las aguas del Guadalquivir que también contribuyen al correcto funcionamiento de la marisma.
A su vez, a partir de la mitad del siglo pasado, con las diferentes actuaciones realizadas, principalmente aquellas encaminadas a la transformación de la marisma sevillana en zonas de cultivos, se derivaron de las mismas entre 150 y 200 hm3
anuales que aportaba el río Guadiamar. El mismo quedó desviado a la zona denominada Entremuros, siendo amputado al corazón de la marisma de Doñana. Asimismo, la puesta en regadío de tierras en el Condado hizo descender de forma gradual los
caudales de los arroyos onubenses. Desde este momento la capacidad de supervivencia de la marisma quedó a expensas de las menguantes lluvias anuales, lo que significa en la práctica que se pasó de un régimen de aportes de las aguas superficiales
fluviomareal a un régimen casi exclusivamente pluvial. Y ello viene teniendo consecuencias negativas y graves sobre los ecosistemas, la marisma, la biodiversidad y su viabilidad a futuro.
El año pasado volvió a ser pluviométricamente malo, insuficiente, el décimo año consecutivo de bajas precipitaciones, y el 2022 apunta ya en este mismo sentido. Llevamos una década de aportes por lluvias muy irregulares e insuficientes, lo
que supone que la marisma está prácticamente desecada durante todo el año, ya que los aportes superficiales que recibe de los arroyos occidentales son claramente insuficientes para inundarla. Las consecuencias de este fenómeno incluyen que las aves
tienen que buscar otras zonas de descanso en invierno; que hay problemas en la temporada de cría en primavera; que se ven afectadas especies de anfibios, piscícolas o insectos que no encuentran refugio, ni zonas de puesta, ni alimentación
disponible. Todo ello significa poner en compromiso el mantenimiento de la biodiversidad y la propia supervivencia de los biotopos y ecosistemas.
Doñana se enfrenta hoy a una nueva amenaza, una agresión premeditada de PP, Ciudadanos y Vox que pone en jaque su supervivencia. Se trata de dos Proposiciones de Ley autonómicas, 11-22/PPL-000001 y 11-22/PPL000002, con idéntico título
'relativa a la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)' e idéntico contenido, que fueron presentadas
anómalamente, por separado, una por los grupos del gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, y otra por el PP del Presidente de la Junta de Andalucía, y por Vox, el grupo que posibilita su gobierno. El pasado 9 de febrero, en su debate y votación, el
Pleno del Parlamento de Andalucía subsanó la anomalía unificando ambas PL bajo el código 11-22/PPL-00003, que fue aprobada con los votos a favor de PP, Cs y Vox y la abstención del PSOE.
La Proposición de Ley es un compendio de modificaciones de la normativa vigente, que pretende amnistiar y legalizar las irregularidades e ilegalidades en la captación de aguas, consolidando un incremento de las superficies de agricultura
intensiva, sin límites e insostenible al calor de los datos disponibles. Todo ello desmantelando el Plan de la corona forestal consensuado por todas las partes involucradas en 2014, que logró establecer un marco de ordenación que daba seguridad
jurídica y viabilidad a la agricultura legal en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
Hay que destacar que la Comisión Europea, a través de la Directora General de Medio Ambiente, ya ha avisado por carta al Gobierno de España, en concreto al embajador permanente de España ante la UE, que en caso de prosperar la iniciativa que
impulsan PP, Ciudadanos y VOX en el Parlamento de Andalucía para aumentar el regadío de los invernaderos de fresas cercanos a la reserva, afrontará multas millonarias
como las que ya anunció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mes de junio, al considerar que se deberían haber adoptado medidas para evitar la alteración de los hábitats protegidos, acechados por el cultivo de frutos rojos
de los alrededores.
En este caso, dicha sentencia señalaba la vulneración de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (más conocida como Directiva Marco de
Aguas), traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (artículo 129) que modifica a su vez el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y también la Directiva Marco de Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), traspuesta a través
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (anexos I, II y V).
También la UNESCO, en misión conjunta con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Convenio Ramsar de protección de humedales, solicitó ya en 2020 el cierre de fincas y pozos en el entorno de Doñana, y
recientemente (enero de 2022) ha remitido un escrito, a través del Centro de Patrimonio Mundial, al embajador del organismo en España para conocer las afecciones a la biodiversidad derivadas de la aprobación de la Proposición de Ley del Parlamento
de Andalucía.
Según los representantes de la UNESCO, la Proposición de Ley de PP, Cs y Vox pone en riesgo la futura conservación del sitio como Patrimonio Mundial, y podría pasar a la lista de enclaves en peligro como uno de los mecanismos de alerta,
hecho que no ocurre de inmediato sino que se consumaría en la revisión del próximo Comité del Patrimonio Mundial en junio de 2023.
Esta iniciativa choca a su vez con la gestión del agua competencialmente asignada a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y responsable del ciclo
integral del agua, según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya ha avisado de la no disponibilidad de
recursos hídricos para acometer esa medida legal.
Por todo esto, es urgente afrontar las medidas necesarias para salvar las marismas y el propio Parque Nacional, que incluyan el retorno de los caudales del Guadiamar, la restauración integral de su cuenca en la zona de la marisma y la
inclusión en el espacio protegido de áreas como los Garridos, Veta Alí o Cochinato, situados al norte del Parque Nacional de Doñana.
Es necesario que las aguas del río Guadiamar aporten los caudales necesarios para el mantenimiento y equilibrio hídrico de las marismas de Doñana, evitando la destrucción de su amenazada biodiversidad y supervivencia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Afrontar de manera urgente la restauración integral del Guadiamar y su cuenca en la zona de la marisma, así como la inclusión en el espacio protegido de áreas como los Garridos, Veta de Alí o Cochinato, situados al norte del Parque
Nacional de Doñana, de tal forma que puedan volver a proveer el caudal suficiente para el mantenimiento de todos los ecosistemas del Parque Nacional.
2. Acometer el cierre inmediato de todas las captaciones y pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
3. Actuar con urgencia y decididamente contra las captaciones de aguas ilegales, ejecutando todas las medidas necesarias para garantizar la restauración hídrica del Parque Nacional de Doñana, un humedal único a nivel mundial.
4. Aumentar la vigilancia incrementando los recursos humanos y materiales de la guardería fluvial, así como los servicios jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, mejorando, a su vez, el seguimiento por teledetección de
irregularidades en toda la Comarca de Doñana para poder controlar los consumos ilegales de aguas, así como la instalación de contadores con lectura telemática.
5. Abordar de manera inmediata y hasta sus últimas consecuencias, en coherencia con todo lo anterior, todas aquellas acciones administrativas y legales indicadas para impedir la potencial aplicación de las disposiciones incluidas en la
Proposición de Ley 11-22/PPL-00003 que actualmente se tramita en el Parlamento de Andalucía, que implica una agresión sin precedentes al patrimonio del pueblo de
Andalucía y del conjunto del Estado y, a todas luces, es contraria a la sostenibilidad ambiental, tradicional y social de la Comarca de Doñana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2022.-Isabel Franco Carmona, Martina Velarde Gómez, Pedro Antonio Honrubia Hurtado, Juan Antonio Delgado Ramos y Miguel Ángel Bustamente Martín, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aplicación de
criterios territoriales y ambientales en las instalaciones de placas fotovoltaicas, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La necesidad de desarrollar la implantación de fuentes de energías renovables en nuestro país es, sin lugar a duda, una prioridad evidente en la lucha contra la emergencia climática.
Las energías fósiles, igual que durante los últimos 200 años han permitido un crecimiento económico inimaginable cuando empezó la Revolución Industrial, hoy son un problema que debemos resolver buscándoles alternativas.
El uso de las energías fósiles tal y como lo hemos conocido hasta ahora, no será posible en un futuro inmediato porque sus reservas se reducen y el acceso a ellas cada vez es más difícil y menos rentable en términos económicos, pero, sobre
todo, porque son la fuente principal de las emisiones que han situado el planeta en estado de emergencia climática.
Así las cosas, la urgencia de apostar decididamente por las energías renovables está fuera de toda duda y desde todos los ámbitos se debe hacer un esfuerzo por la sustitución de las viejas energías contaminantes por las energías limpias que
nos llegan del agua, del viento y del sol. Lo debemos hacer con prontitud, agilizando los procesos de tramitación y con plenas garantías para la defensa del interés general.
Por tanto, hay que celebrar la existencia de proyectos concretos para avanzar en este imprescindible desarrollo de las energías renovables, pero, al mismo tiempo, debemos ser muy cuidadosos para que su desarrollo no acabe resultando
contraproducente, ni se haga a costa de otros valores medioambientales básicos para luchar contra de cambio climático como son la preservación del territorio, la protección del suelo, la defensa de la biodiversidad o la preservación de los espacios
de producción agrícola extensiva y los puestos de trabajo que esta representa. Demos la bienvenida a la 'revolución verde', pero asegurémonos de que no acabe en un nuevo capítulo de depredación ambiental.
En su día, la burbuja inmobiliaria ya puso el territorio al servicio de los intereses económicos de una minoría y sabemos en qué desembocó. Todavía hoy estamos pagando las consecuencias de tanta desmesura, todavía hoy el territorio está
lleno de cicatrices por permitir que se actuara como si cada palmo de tierra no fuera más que un solar sobre el que acumular cemento y ladrillos.
En la actualidad, asistimos preocupados a cómo aquella burbuja de la construcción cambia chalés por placas solares, pero con prácticas especulativas muy parecidas: presentar, sin el necesario control por parte de las administraciones,
ofertas muy ventajosas por tierras agrícolas a propietarios empobrecidos, carentes de apoyo o ya en retirada laboral para convertirlas, acto seguido, en grandes plantas de placas fotovoltaicas.
En estos dos últimos años, mientras el común de las ciudadanas y los ciudadanos de este país vivía el confinamiento por la COVID-19, estábamos asistiendo, sin saberlo, a una ofensiva de los promotores de plantas de energía fotovoltaica. Una
ofensiva que amenaza, más allá de su papel en la lucha contra el cambio climático, con convertirse en una nueva e insostenible agresión al territorio. El desarrollo de las energías fotovoltaicas no puede depender de agresivos movimientos del
capital especulativo bajo el paraguas de la lucha contra el cambio climático. Los entornos rurales no deben convertirse en un océano de placas solares como si de un monocultivo se tratara.
Sin solución de continuidad, estamos ante una multiplicación de proyectos, en ocasiones superpuestos y redundantes, que, siempre promovidos por pocas empresas aunque a veces lo hagan con distintos nombres, aprovechan los precios bajos de las
zonas de interior para grandes instalaciones pensando en las necesidades de las grandes urbes y zonas industriales.
El debate está planteado. Las grandes empresas eléctricas y las corporaciones financieras que las acompañan se han movido rápido, pero en estos momentos ya es también un clamor la resistencia de colectivos de todo tipo a este proceso
descontrolado de proyectos. Curiosamente, hablamos de colectivos con un amplio historial de preocupación por las cuestiones medioambientales, que siempre se han declarado favorables a las energías renovables, y que ahora mantienen su apuesta por
las mismas, pero advierten que no se puede hacer al precio de sacrificar el territorio, sus paisajes, sus suelos, sus gentes y su biodiversidad. La alteración de nuestros ecosistemas es un riesgo que no se puede aceptar.
Es obligatorio ser consecuentes con grandes acuerdos internacionales firmados por España, como el Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa (Convenio de Berna) o el Convenio Europeo del Paisaje;
o con las propias normas nacionales, desde la Ley 33/2015, por la que se modifica la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, hasta la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.
El listado de proyectos en marcha parece no tener fin: hay poblaciones, como Villena, en Alicante, con dos docenas de iniciativas en su término municipal; y espacios naturales, como el Valle de Alcudia, en Castilla-La Mancha, que albergan
casi una veintena. En otras localidades se contemplan proyectos que duplican y hasta triplican las dimensiones de su casco urbano. En el interior de Castellón, por ejemplo, se plantea un proyecto que prevé un cercado con 92 kilómetros de perímetro
alrededor de pequeños pueblos que no llegan a los 500 habitantes. En distintas comunidades autónomas existen peticiones para nuevas macroplantas que, directamente, invaden zonas con presencia de especies animales en peligro de extinción.
Asistimos, además, a la picaresca de ver cómo se trocean los proyectos para hacerlos inferiores a 50 megavatios de potencia cuando, en realidad, son instalaciones que superan los 500 y, por tanto, rebasan con creces las competencias autonómicas para
su puesta en marcha. La lista podría ser interminable.
Lo cierto es que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marca como objetivo para 2030 disponer de 39.181 megavatios de origen fotovoltaico, que en estos momentos ya estamos por encima de los 13.500 en potencia instalada y que
la acumulación de proyectos con permiso de acceso supera los 101.000; es decir, en total, tres veces lo que plantea el PNIEC.
Hace unos meses 23 científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) advertían en un artículo en la revista Science de los peligros de este modelo descontrolado de desarrollo de plantas fotovoltaicas y, en concreto,
señalaban que resultaría imposible de compensar la pérdida de hábitats valiosos que se iba a producir.
Tampoco la creación de puestos de trabajo justifica, en el supuesto de que de alguna manera lo pudiera hacer, este alud de proyectos. Las mismas compañías promotoras acaban reconociendo que, una vez finalizadas las obras de construcción,
una gran planta de placas fotovoltaicas supone no más de 3 puestos de trabajo. Por supuesto, nada se dice de los que se pierden por la ocupación del suelo y la imposibilidad de otras formas tradicionales de actividades a desarrollar en él, desde la
agricultura o la ganadería hasta la reforestación o el turismo rural.
La transición energética es tan necesaria como urgente. Nadie razonable es capaz de poner en duda este extremo, pero también hay que recordar que la transición energética forma parte de un proceso de mayor calado que es la transición
ecológica. Una transición que nos ha de llevar a un modelo económico, social y, en definitiva, de vida que sea posible dentro de los límites biofísicos del planeta. En este contexto, la transición energética, el paso de las energías sucias a las
verdes, es un pilar fundamental, pero hacerla a cualquier precio socava otros extremos de la transición ecológica como son la protección de los ecosistemas, el cuidado de la diversidad, la atención a la calidad del suelo o el no esquilmar los
recursos naturales.
Así las cosas, la imprescindible transición energética debe integrarse en un proceso de cambio del modelo económico que lo haga menos depredador con nuestro entorno. No se trata de cambiar la manguera de gasolina o diésel por un enchufe
eléctrico. Tenemos que revisar nuestro modelo productivo y de consumo, nuestro gasto energético, nuestra movilidad, nuestro desarrollo urbanístico, nuestros sectores estratégicos, nuestras inversiones. Y a partir de todas estas revisiones, pensar
en cuales son realmente nuestras necesidades energéticas y cómo las vamos a satisfacer.
Por tanto, es preciso que esta multiplicación de proyectos de plantas fotovoltaicas sea regulada adecuadamente, que se diseñe una planificación adecuada y que la necesaria aceleración de la transición energética esté sometida a controles
para que la voracidad especulativa no sea, en realidad, el motor que lo justifique todo.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge la necesidad de someter a este trámite los planes y programas considerando las características medioambientales y los problemas que pueden suscitar en las zonas afectadas,
los efectos que pueden producir, las medidas para evitarlos y cómo se hará su seguimiento. En este sentido, el PNIEC no considera adecuadamente el efecto acumulativo de todas estas instalaciones.
Es necesario establecer unos criterios para la selección de ubicaciones a partir de la propia capacidad del territorio. Hay que establecer claramente los objetivos y encajarlos con un desarrollo urgente pero ordenado que garantice la
salvaguarda de los valores medioambientales, el mantenimiento y mejora de las actividades rurales tradicionales y la calidad de los suelos. Es inaceptable que sea la ubicación de las subestaciones de distribución la que acabe condicionando la
construcción de plantas de fotovoltaicas sin tener en consideración el valor o la idoneidad del suelo.
En España, las competencias en planificación territorial están en manos de las comunidades autónomas, pero esto no exonera de responsabilidad al Estado, ya que la Directiva (UE) 2019/944, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad, establece claramente la responsabilidad estatal en cuanto a la protección del medioambiente, la utilización del suelo y la posibilidad de alternativas a los proyectos planteados.
El mantenimiento de la evaluación ambiental estratégica de los grandes proyectos es fundamental. Saltarse los controles con la justificación de que el tiempo apremia sabemos que siempre se vuelve contra el interés general. Las
legislaciones urbanísticas que en su día, y con la excusa de amparar proyectos de interés social, también evitaron determinados controles acabaron embarrancando en los tribunales. Las prisas ni son buenas, ni son útiles.
Lo que realmente precisamos, junto a este control para asegurar que las grandes instalaciones se hacen pero con las garantías sociales y medioambientales suficientes, es apostar decididamente por una transición energética distribuida y
justa, mejorar en eficiencia energética y en reducción de consumo, facilitar y ayudar en la constitución de comunidades energéticas locales, favorecer el autoconsumo y potenciar las plantas de pequeñas dimensiones y cercanas a los puntos donde la
energía va a ser consumida.
Por todo ello, y considerando que el desarrollo de las plantas de energía fotovoltaicas precisa para su despliegue urgente unas garantías de control que hoy no se dan, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para que se recojan mecanismos de planificación territorial sometidos a evaluación ambiental estratégica de las instalaciones de placas fotovoltaicas y de su potencia a
instalar.
2. Garantizar que las comunidades autónomas, en el desarrollo de sus planes de energía y clima, deban incluir una planificación territorial y una zonificación por criterios territoriales y ambientales, así como una compatibilidad
urbanística y territorial sometida a evaluación ambiental estratégica, antes de autorizar proyectos de nuevas instalaciones de energías renovables.
3. Desarrollar medidas que garanticen la aplicación y el cumplimiento estricto de los distintos convenios internacionales suscritos por España en materia de protección del paisaje, el medio natural y la biodiversidad, y de las distintas
estrategias nacionales aprobadas con el mismo fin.
4. Procurar fórmulas de coordinación entre las infraestructuras de producción de energía, así como de distribución y transporte, que tengan en cuenta la aptitud del suelo afectado.
5. Que se tengan en cuenta en los procesos de evaluación ambiental estratégica los efectos acumulativos de las instalaciones de energías renovables existentes en cada momento en el territorio.
6. Elaborar un estudio y un plan de seguimiento para garantizar que las autorizaciones de instalaciones de plantas fotovoltaicas por parte de las distintas comunidades autónomas no superan las necesidades máximas contempladas por el PNIEC.
7. Ampliar las políticas y los presupuestos dedicados a las instalaciones de energías renovables dedicadas al autoconsumo, al fomento de comunidades estratégicas y al despliegue en zonas ya urbanizadas o con infraestructuras de ocupación
del territorio en funcionamiento o desuso.
8. Desarrollar ayudas para la repotenciación de plantas antiguas cuyas tecnologías hayan quedado obsoletas.
9. Ampliar los estudios, políticas y presupuestos encaminados a mejorar en la eficiencia energética y la reducción de consumos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2022.-Marisa Saavedra Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la incorporación del Proxecto Nós, dentro del PERTE Nueva Economía de la Lengua con una adecuada financiación, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La llamada nueva economía del conocimiento está asociada a la facilitación de nuevas herramientas del espacio digital que deben incorporar las distintas lenguas para su funcionamiento.
Las lenguas se han convertido, de esta forma, en una parte fundamental del desarrollo tecnológico, empresarial y económico, además de determinantes en la inclusión y bienestar social.
Entornos de voz a través de traductores automáticos, buscadores, asistentes personales, y muchas otras aplicaciones sitúan a las lenguas en el centro de la digitalización y en un espacio clave para ensanchar la comunicación en las lenguas
que, como es el caso del gallego, aún transitan hacia su normalización.
En el contexto económico actual de acceso a fondos europeos extraordinarios, el Gobierno del Estado acaba de presentar el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), con un presupuesto total de 1.100
millones de euros con el objetivo de impulsar la cadena de valor de la nueva economía de la lengua en español.
En el documento hecho público se citan como objetivos la mejora de la vertebración territorial, ensanchando el impacto de este PERTE en todo el territorio español y reforzando la comunicación con la comunidad hispanohablante en Europa y en
América.
Aunque muy tangencialmente, también se recoge en el PERTE el carácter plurilingüe del Estado español, donde las demás lenguas oficiales distintas del castellano tienen un papel fundamental en la producción cultural. De hecho, existen ya en
funcionamiento proyectos vinculados al impulso de estas lenguas en la nueva economía digital de la lengua, como es el caso del proyecto Aina en catalán, el proyecto Itzuli en euskera y el proyecto Nós en galego. Sin embargo, del total de
presupuesto anunciado (1.100 millones de millones de euros de inversión pública, con el objetivo de movilizar otros 1.000 millones de inversión privada) tan solo se prevé destinar 30 millones a apoyar proyectos en lenguas cooficiales.
Uno de los cinco proyectos tractores se llama 'Desarrollo de la IA en español y lenguas cooficiales', vinculado a las tecnologías del lenguaje, poniendo la atención en proyectos de comunicación basados en la inteligencia artificial desde y
para las lenguas cooficiales, como es el caso del Proyecto Nós en galego.
El objetivo del proyecto en palabras de la propia Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital es conseguir una 'Inteligencia Artificial que piense en español', y casi parece olvidarse que la ciudadanía, las empresas y la economía
de Galiza necesitan también de herramientas tecnológicas que
permitan el pleno desarrollo de las personas y aprovechen las potencialidades de su propia lengua, o galego, que también cuenta con un gran potencial de mercado internacional.
Este PERTE, sin embargo, es un proyecto que aún no está en fase de elaboración a partir de las sugestiones de mejora que se aporten desde las comunidades autónomas, por lo que todavía se está a tiempo de corregir el escaso peso otorgado al
resto de lenguas oficiales distintas del español, e incorporar al proyecto en igualdad de condiciones al mismo los proyectos que apuestan por el desarrollo tecnológico de herramientas en galego, catalán o euskera.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a realizar las gestiones precisas para asegurar que se destinen recursos suficientes y a la altura de las oportunidades que presenta el Proxecto Nós dentro del PERTE Nueva Economía
de la Lengua, así como del resto de proyectos iniciados en el resto de lenguas oficiales del Estado distintas del español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización de los
programas de formación de las especialidades en Ciencias de la Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La 'Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias' regula en su artículo 21 los programas de formación de las especialidades en Ciencias de la Salud.
En su primer epígrafe, el citado artículo 21 dispone que los programas de formación 'deberán especificar los objetivos cualitativos y cuantitativos y las competencias profesionales que ha de cumplir el aspirante al título a lo largo de cada
uno de los cursos anuales en que se dividirá el programa formativo'.
De igual forma, el mencionado artículo establece, ya en su segundo apartado, que 'los programas de formación serán elaborados por la Comisión Nacional de la Especialidad' y que 'serán aprobados por el Ministerio de Sanidad' toda vez que
hayan sido 'ratificados por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Educación'.
El artículo 21.2 de la Ley 44/2003 también concreta que 'los programas de formación se publicarán en el 'Boletín Oficial del Estado' para generar conocimiento' y que 'serán periódicamente revisados y actualizados'.
Sobre esta última cuestión -la actualización y la revisión periódicas de los programas formativos-, representantes de distintas sociedades científicas han instado al Ministerio de Sanidad por diferentes vías a renovar con urgencia los
programas formativos de sus especialidades.
Una muestra representativa de ello es, desde el ámbito de la Hematología y la Hemoterapia, Carlos Solano, presidente de la comisión nacional, según el cual 'no sabemos cuándo nos tocará a nosotros', pero 'creemos que es urgente' y que 'se
deberían poner más medios para hacer evaluaciones y modificaciones más rápido'.
Otro ejemplo destacado en el mismo sentido es el relativo a la Dermatología, cuyo último programa de formación fue validado hace quince años (2007). Según José Luis López Estebaranz, presidente de la comisión de la especialidad, ya 'se ha
hecho un programa docente que se ha presentado al Ministerio'
de Sanidad y 'cuando la Dirección General [de Ordenación Profesional] nos indique el formato que ellos estiman, se actualizará'.
Tampoco se muestran satisfechos desde Pediatría, ámbito en el que, según María del Mar Rodríguez Vázquez del Rey, vicepresidenta de Especialidades de la Asociación Española de Pediatría, 'la comisión nacional tiene ya los nuevos planes
formativos preparados a la espera de su petición y puesta en marcha por parte del Ministerio' de Sanidad.
En estos casos, así como en otros también pendientes de actualización como los relativos a Cardiología o a Medicina de Familia, los profesionales ponen de manifiesto la relevancia de actualizar la capacitación, las aptitudes, las habilidades
y las competencias de los profesionales considerando reformas y avances tecnológicos, procedimentales, organizativos y terapéuticos que han llegado y que se han producido en el Sistema Nacional de Salud (SNS), además de necesidades surgidas y/o
evidenciadas por fenómenos sociales, demográficos y epidemiológicos más o menos recientes como la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, la pluripatología y la polimedicación, o por hechos nada esperados y muy impactantes en la salud de
los ciudadanos y en el funcionamiento del propio SNS como la pandemia de COVID-19.
Por todo ello, para dar cumplimiento a la 'Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias', desde la convergencia con las decisiones relativas a la formación de las especialidades en Ciencias de la Salud tomadas
en el marco de la Unión Europea, y en el contexto de la sustitución de Vicenç Martínez por Celia Gómez al frente de la referida Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad que se dio a conocer entre los pasados 16 y 17 de
marzo de 2022, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a la práctica cuantas medidas sean necesarias para agilizar la revisión y la actualización de todos los programas de formación de las especialidades en Ciencias de la Salud que están
pendientes de renovación.
Desde el consenso con los representantes de cada especialidad y la consideración de cada una de sus propuestas, el Gobierno garantizará que las nuevas versiones de los programas de formación incluirán todas las mejoras en la capacitación de
los profesionales que sean necesarias para asegurar una preparación adaptada a los avances tecnológicos, procedimentales, organizativos y terapéuticos que se hayan producido, así como a las necesidades surgidas y/o evidenciadas por los cambios
sociodemográficos y epidemiológicos recientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2022.-Elvira Velasco Morillo, Ana María Pastor Julián y José Ignacio Echániz Salgado, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la exclusión del Centro Oceanográfico de Vigo del proceso de descentralización de las sedes de pesquerías y acuicultura del Instituto Oceanográfico Español, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Exposición de motivos
La ministra de Ciencia e Innovación ha anunciado que el Instituto Español de Oceanografía (IEO) descentralizará sus sedes de las secciones de Pesquerías y Acuicultura hacia Santander en Cantabria y Mazarrón en Murcia, respectivamente. Esta
decisión supone excluir a Galiza y, singularmente, al Centro
Oceanográfico de Vigo, de ese proceso de descentralización, obviando de manera arbitraria sus más que acreditados méritos para albergar las referidas sedes.
El de Vigo es el centro oceanográfico de mayor tamaño de todos los del Estado, en él trabajan alrededor de un ciento de personas que han desarrollado un gran esfuerzo investigador en el ámbito pesquero y acuícola, convirtiendo a este centro
en el de mayor trayectoria acreditada en este campo.
El Centro Oceanográfico de Vigo, en sinergia con el de A Coruña y con los centros oceanográficos de Portugal, trabaja mano a mano con el sector pesquero y acuícola gallego, de evidente relevancia en términos económicos y productivos,
garantizando una pesca sostenible y situando al sector del mar como un sector estratégico para la economía y el empleo en Galiza. Además, este trabajo se ha verificado como fundamental para defensa internacional de nuestra flota, para respaldar el
estado real de los recursos marinos y para la toma de decisiones sobre la mejor y más adecuada ordenación pesquera. De hecho, muchas de las mejoras promovidas en la gestión pesquera en todo el mundo son resultado del trabajo investigador
desarrollado por los científicos y científicas del Centro Oceanográfico de Vigo.
Vigo es un importante polo de investigación de la pesca del que forman parte el propio Centro Oceanográfico de Vigo, junto con el Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) de Bouzas, con el futuro Campus del Mar y toda la investigación que
se desarrolla en las distintas universidades y otras administraciones gallegas. Esta circunstancia hace aún más idóneo al centro de Vigo para acoger la sede permanente de Pesquerías y/o Acuicultura del Instituto Español de Oceanografía.
La reacción a esta decisión del Gobierno del Estado está siendo unánime no solo en la ciudad de Vigo sino en toda Galiza. El rechazo a esta decisión por parte de las distintas administraciones e instituciones (Xunta de Galiza, Concello de
Vigo, Porto de Vigo,...), así como de todo el sector del mar y de toda la sociedad gallega hacen imperativo que el Gobierno del Estado rectifique la decisión anunciada sobre la adscripción de la sede permanente de Pesquerías y Acuicultura del
Instituto Español de Oceanografía y garantizar que Vigo albergue esas sedes por la importante labor científica que el Centro Oceanográfico de Vigo lleva desarrollado en esos ámbitos a lo largo de los años.
Cada decisión que toma el Ministerio de Ciencia e Innovación está provocando que los centros oceanográficos de Vigo y A Coruña sigan perdiendo independencia operativa y peso relativo en el conjunto de la red estatal de centros del IEO.
A esta última decisión hay que añadirle la tomada por este ministerio en julio de 2020, por lo que integró el IEO dentro de la estructura de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), decisión que fue
rechazada tanto por las personas que trabajan en los centros oceanográficos gallegos, como por el sector del mar.
La realidad es que, como ya se indicaba en el momento del anuncio de la integración de los centros gallegos en el CSIC, los problemas no se solucionaron y los centros siguen sin resolver sus dificultades financieras y siguen sin poder
disponer del presupuesto necesario para realizar las labores de mantenimiento de los edificios, ni para comprar material.
El Parlamento Galego ya acordó demandar la transferencia de los centros del IEO en Galiza a la Xunta en tres ocasiones: en marzo de 2016, en mayo de 2018 y la última en noviembre de 2020 a instancia de una proposición no de ley presentada
en la Comisión de Pesca de la cámara gallega por el Bloque Nacionalista Galego, que fue aprobada por unanimidad, en la que se instaba a la Xunta de Galiza:
'Emprender de manera inmediata la comunicación y las gestiones precisas con el Gobierno del Estado para iniciar el procedimiento para el traspaso de competencias -con el previo saneamiento y adecuación organizativa del IEO- de la totalidad
de la gestión económica administrativa de los centros del Instituto Español de Oceanografía en Galiza para que pasen a formar parte de la estructura de la propia Xunta.
Instar al Ministerio de Asuntos Económicos a que, mientras no se dé traslado de las competencias plenas, se inicie un proceso de colaboración entre la Xunta de Galiza y los centros y las infraestructuras del IEO, específicamente para los
centros e infraestructuras con sede en Galiza, en la ciudad de A Coruña y en la ciudad de Vigo, para ser gestionados según las necesidades del sector marítimo-pesquero gallego y de la Administración autonómica, y siempre en colaboración con las
restantes comunidades autónomas y las entidades y organismos investigadores internacionales.'
Esta iniciativa también fue llevada al Congreso de los Diputados por el Bloque Nacionalista Galego, momento en que las distintas fuerzas de ámbito estatal que habían apoyado la propuesta en Galiza cambiaron su sentido de voto.
Así, en la actualidad no se conoce ninguna acción llevada a cabo ni por los gobiernos gallego ni español para proceder esa transferencia de competencias y, mientras, la situación de los centros oceanográficos gallegos empeora día a día.
Que la industria del mar tenga centros de referencia en Galiza con los que trabajar mano a mano como se está haciendo en la actualidad, es clave para promover los sectores pesquero y acuícola que de ellos depende y es fundamental para seguir
trabajando por una pesca sostenible y con futuro en Galiza.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a rectificar la decisión anunciada por la ministra de Ciencia e Innovación y acordar que las sedes permanentes de pesquerías y acuicultura del Instituto Español de Oceanografía se
trasladen al Centro Oceanográfico de Vigo, por la importante labor científica que este centro lleva desarrollado en esos ámbitos a lo largo de los años y por reunir las mejores condiciones técnicas y científicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003655
Mediante escrito de fecha 19 de abril de 2022 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la Proposición no de Ley relativa a mejorar el acceso al sistema de ayudas y subsidios para el estudio al alumnado matriculado en la Etapa de
Educación Infantil, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 398, de 8 de febrero de 2022.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/004095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el derecho a recibir ayudas para la compra de
material escolar al alumnado matriculado en la Etapa de Educación Infantil, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
El pasado 30 de junio se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' el Real Decreto 471/2021, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso
2021-2022, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
A pesar de que las modificaciones reglamentarias introducidas en los últimos años y el incremento de los fondos destinados a ayudas al estudio previsto en los Presupuestos Generales para el año 2022 deben valorarse de manera positiva,
nuestro sistema sigue teniendo mucho camino por recorrer a la hora de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.
La Educación Infantil, según el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento
hasta los 6 años de edad. Tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia.
Dentro de este período, el primer ciclo de Educación Infantil, destinado a la atención social y educativa de los niños y niñas menores de 3 años, reviste una importancia fundamental en los primeros años de vida, base e inicio de todo el
proceso educativo. Además, el primer ciclo de Educación Infantil constituye un elemento básico para eliminar las diferencias culturales y las desventajas iniciales del niño o niña socialmente desfavorecido, potenciando la igualdad de oportunidades
educativas y la socialización, del mismo modo que se erige en factor esencial en la prevención de las dificultades de aprendizaje y del fracaso escolar, que se manifiestan con más claridad en las etapas educativas posteriores.
Sin embargo, el Estado no reconoce la posibilidad de que el alumnado que cursa Educación Infantil pueda recibir ayudas para la compra de material escolar. Esta situación carece de sentido en la medida en que existe un amplio consenso
político para incrementar el porcentaje de estudiantes matriculados en esta etapa como herramienta para reducir los elevados porcentajes de fracaso escolar en España, especialmente entre el alumnado que proviene de contextos económicos más
desfavorecidos.
El Consejo Escolar del Estado, en su último dictamen sobre el Real Decreto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022 y se modifica
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, propuso al Gobierno de España posibilitar el acceso a estas ayudas a los alumnos con discapacidad que
precisaran materiales adaptados y ayudas técnicas para el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Sin embargo, esta propuesta fue desechada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que no incluyó a estos alumnos como sujetos beneficiarios de estas ayudas a pesar de los enormes costes complementarios que asumen sus familias
para garantizar su igualdad de oportunidades en el aprendizaje.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar los cambios reglamentarios necesarios para reconocer el derecho a recibir ayudas para el material escolar al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad o trastorno del espectro autista matriculado en la Etapa de Educación Infantil que precise de materiales adaptados y ayudas técnicas para el proceso de enseñanza/aprendizaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Política Territorial
161/004098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre la respuesta a la crisis
humanitaria de personas refugiadas provenientes de Ucrania y del resto del mundo, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La invasión militar por parte de Rusia a Ucrania es una guerra sin precedentes que amenaza a la paz mundial. Este hecho está obligando a la población, especialmente a mujeres, niños y niñas, personas mayores y personas en situación de
vulnerabilidad a buscar refugio en otros países, mayoritariamente en Europa. Asistimos al dolor que provoca la separación de las familias, y vemos personas atrapadas en
refugios sin acceso a suministros energéticos, alimentos, medicamentos y otras consecuencias de una guerra que están pagando los civiles con sus vidas, en origen y en tránsito.
Actualmente se calcula que hay más de dos millones y medio de personas que han huido de Ucrania. Esta cifra podría incrementar hasta los cuatro millones, según datos de ACNUR. La descarnada violencia que provocan las guerras tiene
múltiples consecuencias, algunas invisibles, y que impactan de manera directa especialmente en la vida de las mujeres y niños y niñas. Históricamente, en los conflictos armados, el cuerpo de la mujer se ha convertido en moneda de cambio en forma de
violaciones, secuestros y otras violencias físicas, psicológicas y económicas. De hecho, tanto mujeres como niñas y niños son el objetivo de las mafias de tráfico de personas y de explotación sexual. Es por ello que una acogida bien coordinada con
la administración es fundamental para protegerlas y evitar estas situaciones.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que existen alrededor de 65 guerras o conflictos armados activos en todo el mundo bajo disputas territoriales, guerras civiles, inestabilidad política, conflicto entre estados y terrorismo, entre otros.
Recientemente se ha visto como el conflicto en Afganistán afecta a la violación de derechos humanos, especialmente de mujeres y niñas, y no se pueden olvidar otras guerras latentes como las de Siria, Libia, Irak o Yemen, u ocupaciones violentas como
las de Palestina, Kurdistán o el Sáhara Occidental. A todo ello hay que sumar otras situaciones de extrema gravedad y que provocan desplazamientos forzados de población como la pobreza extrema, el hambre o la crisis climática.
Es por ello que celebramos la medida de protección temporal para las refugiadas con pasaportes ucraniano, y el anuncio del Gobierno de extender esta protección a las personas refugiadas que están huyendo, pero no tienen nacionalidad
ucraniana. Es necesario ampliar a todas las personas que pidan protección temporal y sean susceptibles de obtener un estatus de refugiadas, vengan de donde vengan. Cabe recordar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha
activado cuatro grandes centros de acogida para personas refugiadas ucranianas, junto con la aprobación de una Orden Ministerial de los ministerios de Inclusión e Interior, con una 'simplificación inédita de los procedimientos que permite a las
personas desplazadas obtener permiso de trabajo y residencia en 24 horas', según explicó el propio ministro Escrivá en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones celebrada el pasado 17 de marzo de 2022. La Administración del
Estado no es la única que está recibiendo flujos migratorios de refugiadas: los ayuntamientos llevan días poniendo a disposición sus recursos, o incluso incrementándolos, para poder efectuar una acogida adecuada. Según datos recientes, ya son unas
6.000 personas ucranianas las que han llegado a Cataluña, por ejemplo. En total, más de 2.000 personas están en el sistema de acogida en todo el territorio nacional, según datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
La protección temporal para las refugiadas ucranianas debe ser compatible con el soporte que debe dar el Gobierno a los ayuntamientos que, además de ceder espacios para la medida del Ministerio, está acogiendo personas refugiadas por
distintas vías. Si de alguna cosa puede servir esta desafortunada situación es como punto de inflexión en relación a la atención a la infraestructura y recursos que dispone las administraciones para las personas refugiadas y demandantes de asilo
ante las crisis humanitarias. En este sentido, la sociedad está demostrando su capacidad de movilización y solidaridad a menudo por delante de las propias administraciones. Se debe atender, por tanto, las reclamaciones de los ayuntamientos, que no
solo son capaces de acoger, sino que lo hacen con todas las garantías de bienestar y dignidad. Debemos aspirar a un horizonte de paz, en que la diplomacia se abra camino y se pueda avanzar en la reducción del sufrimiento, consecuencia de esta
tragedia humanitaria.
A su vez, el despliegue de la simplificación de los procedimientos que permite a las personas desplazadas obtener permiso de trabajo y residencia en 24 horas ha demostrado que la Administración es capaz de facilitar los trámites necesarios
para obtener permisos de trabajo y residencia que, en la actualidad y para otros solicitantes, se extiende a meses, e incluso años. Por lo tanto, debe ser una medida para todas las solicitantes si se responde ante criterios de derechos humanos e
igualdad.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir mostrando la solidaridad con el pueblo ucraniano como víctima de la violencia y reafirmar la condena con rotundidad de la agresión militar por parte de Rusia, contraria al derecho internacional, a los acuerdos de Minsk y a la
Carta de las Naciones Unidas.
2. Instar a la Comunidad Europea a estudiar que la Directiva 2001/55/CE del Consejo de 20 de julio de 2001 se haga extensiva a todos los flujos y desplazamientos de personas que huyen de contextos de conflicto armado y/o situaciones
generalizadas de violaciones masivas de derechos humanos, cumpliendo las obligaciones internacionales asumidas por los estados miembros de la UE, y ateniendo a los principios de igualdad y no discriminación.
3. Habilitar un fondo extraordinario que permita disponer de recursos a los municipios para desarrollar sus planes de acogida, concretamente en lo referente a la vivienda digna de personas en situación de crisis y/o emergencia humanitaria y
social, tanto local como internacional, y que sirva para dar salida a la emergencia actual de personas ucranianas y a otras personas refugiadas o migradas sin vivienda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2022.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre igualdad lingüística en la
relación de la ciudadanía con la Administración del Estado, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La Constitución española, en su artículo 103, establece que 'la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho'. Este principio se desarrolla en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una de las patas de la reforma del ordenamiento
jurídico público articulada en las relaciones 'ad extra' -caso de la citada Ley- como 'ad intra', la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En la exposición de motivos de la Ley 39/2015 se especifica que 'la materialización de estos principios
[del artículo 103 de la Constitución] se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los
derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares'. Las condiciones básicas de igualdad
conllevan, irremediable y lógicamente, la ausencia total de factores que causen discriminación como, por ejemplo, por razón de lengua.
En el caso de Cataluña, además, esta idea queda reforzada por el Estatuí d'Autonomía, aprobado el 19 de julio de 2006. Su artículo 33, sobre derechos lingüísticos ante las administraciones públicas e instituciones estatales, empieza con el
reconocimiento del derecho a la opción lingüística. Este artículo, aunque se centra especialmente en la Administración de Justicia, sí que establece que 'en las relaciones con las instituciones, las organizaciones y las administraciones públicas en
Cataluña, todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que escojan'. Este derecho se circunscribe, por tanto, a las Administraciones públicas situadas en Catalunya y excluye, por tanto, toda relación que el ciudadano pudiera
establecer con Administraciones situadas en otros territorios. Este punto parte de la lógica de que la comunidad autónoma no puede excederse en sus competencias y determinar en qué lengua debe relacionarse la Administración del Estado fuera de su
territorio.
Aunque el Estatuí d'Autonomía de Catalunya proteja los derechos lingüísticos de los ciudadanos, ellos decaen en el momento en que se traspasa la frontera competencial y territorial. Hay, no obstante, un factor fundamental que desdibuja esta
frontera: la digitalización. Si bien el ciudadano podía, anteriormente, efectuar un trámite administrativo dentro de su territorio y ejercer su derecho a la opción lingüística, en la actualidad muchas veces queda la vía telemática para realizar
dichos trámites, con la consecuente obligatoriedad de la lengua castellana como única opción lingüística, lo que lleva, por tanto, a una discriminación lingüística. Si bien es cierto que 'el castellano es la lengua española oficial del Estado' y
'todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla', como así sucede en todos los territorios del Estado, las 'condiciones básicas de igualdad' de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas abre la puerta a la igualdad lingüística y, por tanto, a poder hacer trámites administrativos en relación con el Estado en las otras lenguas oficiales distintas al castellano.
Actualmente la Administración del Estado está lejos de garantizar el acceso a las páginas web del Estado en otras lenguas. De hecho, ni tan siquiera las webs de los Ministerios, que albergan muchas veces trámites administrativos como la
solicitud de una beca educativa, están plenamente traducidas en las otras lenguas oficiales. Menos del 2 % de las webs de la Administración del Estado que afectan a la ciudadanía en todo su conjunto, como por ejemplo aquellas que permiten efectuar
trámites administrativos solamente por vía telemática, están plenamente traducidas en otras lenguas oficiales del Estado distintas al castellano.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar el derecho de toda la ciudadanía a relacionarse con la Administración General del Estado en la lengua que consideren oportuna atendiendo al principio de las condiciones básicas de igualdad.
2. Adoptar las medidas necesarias para ofrecer todo el contenido de las páginas web de los diferentes niveles del Gobierno de forma íntegra en las lenguas oficiales y propias del Estado distintas del castellano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2022.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just, Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué razones han motivado la decisión de paralizar el proyecto de creación de una escuela de formación inicial de controladores aéreos propia de la entidad pública empresarial ENAIRE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2022.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, José María Figaredo Álvarez-Sala, Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.
181/001806
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Celso Luis Delgado Arce.
Texto:
¿Rectificará el Gobierno el texto del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que en los términos en que fue sometido a audiencia pública, agrava las desigualdades territoriales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2022.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/081052.
Núm. registro: 199148.
Autor iniciativa: Martínez Ferro, María Valentina (GP) Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP).
Objeto iniciativa: Divergencia entre el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre el proyecto de interconexión gasistaMidCat entre España y Francia.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 422, de 21 de marzo de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001803.
Núm. expte.: 184/081061.
Núm. registro: 199157.
Autor iniciativa: Martínez Ferro, María Valentina (GP) Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP).
Objeto iniciativa: Forma en la que el Gobierno va a suplir el 10,7 % de gas natural ante la posible sanción desde Rusia.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 422, de 21 de marzo de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001804.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/081682.
Núm. registro: 200878.
Autor iniciativa: Martínez Ferro, María Valentina (GP) Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP).
Objeto iniciativa: Medidas adoptadas en materia de reducción del consumo de gas, así como valoración del hecho de que se haya incrementado la dependencia del gas de Rusia desde el año 2018.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 427, de 28 de marzo de 2022.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001808.