Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 445, de 28/04/2022
cve: BOCG-14-D-445
PDF
parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de abril de 2022
Núm. 445
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/004075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección del derecho a la libertad religiosa en España ... (Página12)
161/004087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al impulso de cambios normativos concernientes a la libertad de conciencia y la laicidad de las
instituciones públicas ... (Página16)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar una gestión eficiente de las bolsas de empleo de funcionarios interinos en el ámbito de Justicia ...
161/004063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a garantizar la transparencia en la reforma del sistema de acceso a la función pública, con pleno respeto a los
principios de igualdad, mérito y capacidad ... (Página19)
Comisión de Interior
161/004064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar la dotación de cámaras corporales y dispositivos TASER a todos los agentes de servicio, de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil ... (Página22)
161/004079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a dictar una moratoria a la aplicación del Real Decreto 933/2021 y proceder a un desarrollo especial del mismo
para alojamientos turísticos reglados ... (Página24)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la mejora de la movilidad ferroviaria en Galicia ... (Página25)
161/004055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la puesta en funcionamiento de las pasarelas para el embarque y desembarque de aeronaves 'fingers' en el aeropuerto 'Seve Ballesteros-Santander' y, en
caso de no ser esto posible, la instalación de nuevas pasarelas compatibles con la operativa actual del mencionado aeropuerto ... (Página27)
161/004077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que incorpore, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las redes locales de carreteras a la
necesaria transformación digital (conectividad) de las infraestructuras españolas ... (Página28)
161/004078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la anulación de la decisión de Adif de trasladar a la estación de Chamartín toda la operativa de los trenes de Alta Velocidad que conectan
la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las provincias de Albacete y Cuenca con Madrid ... (Página29)
161/004080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mantener Atocha como estación operativa del tráfico ferroviario de Alta Velocidad entre Albacete y Madrid ...
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a institucionalizar la evaluación de las políticas públicas en materia educativa ... (Página31)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre un pacto de rentas equitativo que incluya las pensiones ... (Página33)
161/004071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la ampliación del marco de perfiles de personas incluidas en el ámbito de la inserción laboral ... (Página34)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la construcción naval pública en Galicia ... (Página35)
161/004061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la transición energética y digital en la industria automotriz ...
161/004083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dictar una moratoria a la aplicación del Real Decreto 933/2021 y proceder a un desarrollo especial del mismo para alojamientos
turísticos reglados ... (Página41)
161/004084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento del valor de la industria española de hábitat ... (Página42)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al apoyo a las familias que afrontan un duelo perinatal ... (Página43)
161/004086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección de las familias españolas a través de la modificación del tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los
gastos por descendientes a cargo ... (Página47)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de un plan de contingencia de apoyo al sector ganadero-cárnico ... (Página55)
161/004081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de una Mesa de Ciencia Pesquera ... (Página57)
161/004082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a conceder ayudas al sector de la fruta para hacer frente a los daños ocasionados por las heladas de principios de abril de 2022
fruto de la borrasca Ciril ... (Página58)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre prohibición del uso en exteriores de la creosota ... (Página60)
161/004062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del litoral de la provincia de Alicante ... (Página61)
161/004065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños del temporal de abril de 2022 en las playas de la costa de la provincia de Málaga y afrontar los problemas de
protección del litoral ... (Página63)
161/004067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones urgentes como consecuencia de los daños provocados por la borrasca en las costas de la provincia de Almería ...
161/004068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños del temporal de abril de 2022 en las playas de la costa de la provincia de Granada y afrontar los problemas de
protección del litoral ... (Página66)
161/004069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones urgentes como consecuencia de los daños provocados por la borrasca en las costas de la Región de Murcia ...
161/004072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la imposibilidad de las vecinas y vecinos que cuentan con calderas comunitarias de gas, para acogerse a la Tarifa TUR ...
161/004088 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los procesos de refabricación dentro del impulso de la economía circular ... (Página70)
161/004089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la atribución de todas las competencias de conservación y mantenimiento de los cauces de los ríos ... (Página71)
Comisión de Cultura y Deporte
161/004059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la Región de Murcia ... (Página73)
161/004066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección, la promoción y el impulso de la Red de Caminos a Guadalupe ... (Página75)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre medidas justas y urgentes para combatir las consecuencias de la escalada de precios en la economía de Galicia ... (Página77)
161/004076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a tomar medidas de carácter urgente para amortiguar los efectos negativos del conflicto bélico en Ucrania sobre las familias y empresas españolas ...
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al refuerzo de la farmacia en la salud digital ... (Página85)
161/004049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al reconocimiento adecuado de la profesión veterinaria ... (Página86)
161/004057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al reconocimiento de la especialidad en Oncohematología Pediátrica ... (Página88)
161/004070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar el criterio clínico en el uso de inhaladores ... (Página91)
Comisión de Igualdad
161/004054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre medidas para evitar la desigualdad salarial y el empobrecimiento de las mujeres como consecuencia de la crisis económica ...
161/004074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la erradicación de la mutilación genital femenina ... (Página94)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004085 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas dirigidas a la protección y bienestar de los menores que huyen de Ucrania ... (Página97)
Comisión de Política Territorial
161/004056 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a crear la Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública para garantizar la despolitización de la Administración General del
Estado ... (Página99)
161/004060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre memoria histórica sobre la esclavitud y su relación con España y de medidas de reparación ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Presupuestos
181/001745 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 44 y 74 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página103)
181/001746 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre créditos presupuestarios de los artículos 41 y 71 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ...
181/001747 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados que han tenido los artículos 41 y 71 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021 ... (Página104)
181/001748 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 43 y 73 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página104)
181/001749 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 42 y 72 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página104)
181/001750 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados que han tenido los artículos 43 y 73 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021 ... (Página105)
181/001751 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados que han tenido los artículos 42 y 72 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021 ... (Página105)
181/001752 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte de la Biblioteca Nacional de España con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2021 ... (Página105)
181/001753 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 45 y 75 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página106)
181/001754 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados que han tenido los artículos 45 y 75 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021 ... (Página106)
181/001755 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 46 y 76 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página106)
181/001756 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados que han tenido los artículos 46 y 76 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021 ... (Página107)
181/001757 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 47 y 77 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página107)
181/001758 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados que han tenido los artículos 44 y 74 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021 ... (Página107)
181/001759 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 48 y 78 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página108)
181/001760 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados que han tenido los artículos 48 y 78 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021 ... (Página108)
181/001761 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados que han tenido los artículos 47 y 77 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021 ... (Página108)
181/001762 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 49 y 79 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página109)
181/001763 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte de ADIF con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
... (Página109)
181/001764 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos de la Biblioteca Nacional de España con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021 ... (Página109)
181/001765 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos de ADIF con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ...
181/001766 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados que han tenido los artículos 49 y 79 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021 ... (Página110)
181/001767 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del Instituto Geológico y Minero de España con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021 ... (Página110)
181/001768 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del CDTI con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ...
181/001769 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del Centro de Estudios Jurídicos con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2021 ... (Página111)
181/001770 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del Centro de Estudios Jurídicos con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página111)
181/001771 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del CIEMAT con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2021 ... (Página112)
181/001772 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del CDTI con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
... (Página112)
181/001773 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del CIEMAT con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ...
181/001774 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con cargo al Servicio 50 de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ... (Página113)
181/001775 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del Consejo Superior de Deportes con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página113)
181/001776 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del Consejo Superior de Deportes con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2021 ... (Página113)
181/001777 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con cargo al Servicio 50 de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ... (Página114)
181/001778 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del FOGASA con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2021 ... (Página114)
181/001779 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del IDAE con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ...
181/001780 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del IDAE con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
... (Página115)
181/001781 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del FOGASA con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ...
181/001782 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte de la Organización Nacional de Trasplantes con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021 ... (Página115)
181/001783 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del INAP con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
... (Página116)
181/001784 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del INCIBE con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ...
181/001785 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del INAP con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ...
181/001786 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del INCIBE con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2021 ... (Página117)
181/001787 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del INIA con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
... (Página117)
181/001788 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del INIA con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ...
181/001789 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del Instituto Geológico y Minero de España con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página118)
181/001790 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del INSST con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
... (Página118)
181/001791 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del INSST con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ...
181/001792 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del Instituto de Salud Carlos III con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2021 ... (Página119)
181/001793 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social con cargo al Servicio 50 de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ... (Página119)
181/001794 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social con cargo al Servicio 50 de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ... (Página119)
181/001795 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos de la Organización Nacional de Trasplantes con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página120)
181/001796 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del Instituto de Salud Carlos III con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 ... (Página120)
181/001797 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte de RED.ES con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
... (Página120)
181/001798 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del Servicio Público de Empleo Estatal con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021 ... (Página121)
181/001799 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021 ... (Página121)
181/001800 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos del Instituto para la Transición Justa con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021 ... (Página121)
181/001801 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados por parte del Instituto para la Transición Justa con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021 ... (Página122)
181/001802 Pregunta formulada por la Diputada Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), sobre proyectos a los que se han destinado los fondos de RED.ES con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001732 Pregunta formulada por el Diputado Joaquín María García Díez (GP), sobre informes técnicos en los que se basa la decisión de que, al no poder recuperar los cuerpos de los doce desaparecidos en el hundimiento del buque Villa de
Pitanxo, no merecía la pena técnicamente ni bajar ni localizar el buque, tal y como se informó, por parte de las autoridades, a los familiares el día 24/03/2022 en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra ...
181/001733 Pregunta formulada por los Diputados Rueda Perelló, Patricia (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre medidas que se han llevado a cabo para corregir los problemas destacados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su informe de 25/11/2021 relativo a las declaraciones sobre la Red 2022 del
Administrador General de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Adif Alta Velocidad ... (Página123)
181/001734 Pregunta formulada por los Diputados Rueda Perelló, Patricia (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre razones por las que el Gobierno considera que los ciudadanos no adquieren vehículos '0 Emisiones' o 'Vehículos ECO' a pesar de los incentivos creados para su adquisición y las limitaciones impuestas a la
utilización de vehículos más contaminantes ... (Página123)
181/001735 Pregunta formulada por los Diputados Rueda Perelló, Patricia (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre valoración del posible impacto en la oferta de vivienda del artículo 46 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania ... (Página123)
181/001736 Pregunta formulada por los Diputados Rueda Perelló, Patricia (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre actuaciones que está llevando a cabo Renfe ante las autoridades francesas de cara a conseguir operar en Francia ... (Página124)
181/001737 Pregunta formulada por los Diputados Rueda Perelló, Patricia (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre motivo por el que el Gobierno no ha establecido compensaciones o deducciones fiscales en favor de los arrendadores equivalentes a los importes dejados de obtener como consecuencia de la aplicación del artículo
46 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania ... (Página124)
181/001744 Pregunta formulada por los Diputados Rueda Perelló, Patricia (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), y
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre previsiones acerca de revisar el sistema de tarifas de Renfe para abaratar el precio de los billetes dadas las numerosas quejas de los usuarios ante las subidas de precio consecuencia del cambio tarifario
operado en el año 2021 ... (Página124)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001743 Pregunta formulada por los Diputados Borrás Pabón, Mireia (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez, Francisco
José (GVOX), y Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre incidencia de la aplicación de los nuevos requisitos del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, en las estaciones de servicio automáticas y de bajo coste y en las familias españolas ... (Página125)
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001738 Pregunta formulada por el Diputado Juan José Matarí Sáez (GP), sobre motivos por los que el Ministerio de Consumo vuelve a ignorar en el mes de abril en su campaña de 'ComerdeTemporada' los productos de temporada, 2.739.825
toneladas de hortalizas frescas, sanas y sostenibles que se cultivan en nuestros invernaderos ... (Página125)
181/001739 Pregunta formulada por el Diputado Juan José Matarí Sáez (GP), sobre razones por las que el Ministerio de Consumo deja sistemáticamente fuera de la campaña 'ComerdeTemporada' a las frutas y hortalizas producidas durante estos
meses en el sureste español y concretamente en la provincia de Almería ... (Página125)
181/001740 Pregunta formulada por el Diputado Juan José Matarí Sáez (GP), sobre razones de la reiterada ignorancia y del continuo desprecio por parte del Ministerio de Consumo a las hortalizas de invernadero en su campaña 'ComerdeTemporada'
... (Página126)
181/001741 Pregunta formulada por el Diputado Juan José Matarí Sáez (GP), sobre motivos por los que el Ministerio de Consumo no tiene en cuenta los calendarios oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la hora de hacer
sus campañas de promoción de frutas y verduras de temporada ... (Página126)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página126)
184/082573 Autor: Cañizares Pacheco, Inés María.
Ramírez del Río, José.
Contreras Peláez, Francisco José.
Requejo Novoa, Pedro Jesús.
Borrás Pabón, Mireia.
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael.
Medidas previstas para asegurar que la Panificadora de Vigo (Vigo, Pontevedra) no continúe en estado de abandono.
Corrección de error ... (Página126)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/004075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Macarena Olona Choclán, José María Sánchez García, Francisco José Contreras Peláez, María Teresa López Álvarez, Carlos José Zambrano García-Ráez e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección del derecho a la libertad religiosa en España, para su discusión
en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. La configuración del derecho a la libertad religiosa en España.
La libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales reconocidos en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución Española ('CE'). El artículo 16.1 de la Constitución señala que 'se garantiza la
libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley'. En tanto que derecho fundamental, su régimen
jurídico está desarrollado por la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa ('LO 7/1980') su protección es máxima en el ordenamiento, mediante un procedimiento jurisdiccional ordinario preferente y sumario (arts. 114 y ss. de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) y recurso de amparo constitucional (art. 53.2 CE).
Además, el derecho a la libertad religiosa es reconocido y protegido en el ámbito internacional. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad religiosa: 'Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia'. Asimismo, el artículo 18.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que 'Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de
tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección'.
El derecho de libertad religiosa, según doctrina del Tribunal Constitucional, 'garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la
propia personalidad y dignidad individual', y asimismo, 'junto a esta dimensión interna, esta libertad [...] incluye también una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y
mantenerlas frente a terceros' (STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9, STC 101/2004, de 2 de junio de 2004, FJ 3).
Segundo. La religión católica como parte esencial en la historia y cultura española.
El cristianismo es una parte esencial de la identidad histórica española, y la raíz filosófica de nuestros valores de libertad, solidaridad y respeto a la dignidad humana. El hecho de que una religión configura la identidad de un pueblo es
fenómeno que se repite a lo largo de la historia.
Muchos de los símbolos o expresiones religiosos provienen de costumbres y tradiciones seculares que gozan de gran arraigo popular, y configuran el ethos del pueblo. Todas ellas forman parte de nuestra cultura y deben ser protegidas. Así se
pronuncia el preámbulo de la Constitución Española que dispone que: 'La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: [...]
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones'.
De entre todas las costumbres y tradiciones con arraigo, la mayoría de las de origen religioso tienen su razón de ser en la religión católica. Y es que, más allá del ropaje con que se revista el Estado, es innegable que España es un país de
civilización cristiana y que, consecuentemente, sus instituciones y arquitectura jurídica están inspiradas por la tradición cristiana, al igual que el conjunto de Europa.
Debido a esto, frente a propuestas del globalismo apátrida que buscan la disolución de las tradiciones e identidades nacionales, se deben mantener las relaciones de cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica, de 'notorio
arraigo en España' (art. 7.1 de la LO 7/1980).
Tercero. El ejercicio del derecho a la libertad religiosa. La aconfesionalidad del Estado y el principio de cooperación.
El ejercicio del derecho a la libertad religiosa exige dar cumplimiento al artículo 14 de la Constitución, según el cual 'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'.
La aconfesionalidad del Estado establecida en el artículo 16.3 de la Constitución ('Ninguna confesión tendrá carácter estatal') se complementa con el principio de cooperación con las confesiones religiosas ('los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones').
Esa cooperación es de alcance instrumental porque, partiendo de la aconfesionalidad del Estado, sirve al ejercicio y promoción del derecho de libertad religiosa de individuos y grupos.
La jurisprudencia constitucional establece en la STC 207/2013, de 5 de diciembre (que cita la STC 46/2001, de 15 de febrero [FJ 4]; y la STC 38/2007, de 15 de febrero [FJ 5]), que la cooperación de los poderes públicos con la Iglesia
Católica y confesiones religiosas que hayan alcanzado notorio arraigo en España se plantea como una obligación del Estado y queda vinculada por parte del Tribunal al tenor del artículo 9.2 del texto constitucional.
En efecto, según afirma la referida sentencia, la cooperación es fruto de 'un mandato dirigido a todos los poderes públicos para mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones (art. 16.3), que ''exige de
los poderes públicos una actitud positiva respecto del ejercicio colectivo de la libertad religiosa'', de cara a promover las condiciones para que esa libertad fundamental sea real y efectiva (art. 9.2 CE), tanto en su vertiente interna e
individual como en la externa y colectiva'.
Señala asimismo el Tribunal Constitucional que corresponde al legislador estatal la tarea de 'facilitar la práctica efectiva de las creencias religiosas y de sus actos de culto, así como la participación de los ciudadanos en los mismos
[...]. Se trata, a fin de cuentas, de acciones estatales dirigidas a la protección y estímulo en la realización de actividades con relevancia constitucional y, por tanto, de interés general, consustanciales al Estado social de Derecho (art. 1.1
CE)'.
En definitiva, el Tribunal Constitucional se ha referido en no pocas ocasiones al principio de cooperación de nuestro sistema (además de las mencionadas sentencias del Tribunal Constitucional, también las siguientes: 128/2001, F.J. 2;
154/2002, F.J. 6; y 101/2004, F.J. 3). En este sentido, se establece el principio de obligada cooperación del Estado para con la Iglesia Católica.
Son expresión del principio de cooperación los cuatro Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979 (Acuerdos sobre asuntos jurídicos; sobre enseñanza y asuntos culturales; sobre asistencia religiosa a las Fuerzas
Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos; y sobre asuntos económicos).
Cuarto. Incremento de los ataques al derecho a la libertad religiosa durante el año 2020.
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) 1 ha elaborado un informe que contabiliza y analiza los ataques que ha sufrido el derecho a la libertad religiosa en España durante el año 2020. El referido documento,
denominado Informe ataques a la libertad religiosa 2020 2, pone de manifiesto que se ha producido un incremento de los ataques al derecho a la libertad religiosa, especialmente se ha visto afectada en mayor medida la religión católica.
Según el OLRC, el desglose por tipología de ataques es el siguiente:
- 2 casos de violencia contra los creyentes, de nuevo, exclusivamente contra católicos.
- Ataques a lugares de culto contra cristianos; 30 de ellos contra cristianos.
- 12 vejaciones contra creyentes cristianos.
- 57 escarnios contra cristianos.
- 121 casos de laicismo beligerante (marginación de la religión del ámbito público): donde más del 55% de los ataques se concentraron exclusivamente contra los católicos.
No obstante, este Grupo Parlamentario condena todos los ataques contra el resto de las confesiones religiosas.
Del mencionado informe se puede concluir lo siguiente 3:
- Los ataques a la libertad religiosa han aumentado un 37 % en España durante el año 2020, con respecto a 2019.
- La religión cristiana es la confesión que está padeciendo más ataques. Una vez más, los cristianos son los más atacados, con 174 casos (el 66 % de los ataques). Es decir, uno de cada tres ataques está dirigido contra ellos.
- Uno de cada cinco casos está relacionado con las restricciones por coronavirus. Es especialmente significativo que 45 de los casos (un 19 %) hayan tenido alguna relación con las medidas para frenar el covid: límite excesivo de reducción
de aforo en lugares de culto, supresión de actos religiosos.
- Los partidos que gobiernan España (PSOE, Unidas Podemos e Izquierda Unida) son los más beligerantes contra la libertad religiosa. De acuerdo con el informe del OLR, los partidos que gobiernan la nación son los que aglutinan más ataques,
con el PSOE a la cabeza (43 casos), seguido por Podemos con 23 e Izquierda Unida, con 17. En la nota de prensa la presidenta del OLRC afirmó que 'el laicismo radical que abanderan muchos de estos partidos no deja de traer constantes ataques a la
libertad religiosa en hemiciclos y casas consistoriales, donde se pretende convertir la aconfesionalidad consagrada en nuestra Constitución, en una marginación de la religión en el espacio público'.
- Cataluña, Madrid y Andalucía son las regiones con más casos. Cataluña, con 35 casos, es la región que concentra mayor número de ataques, seguida de Madrid, con 26, y Andalucía con 23. Por otra parte, uno de cada tres casos es de ámbito
nacional (el 33,3 % de los ataques contra la libertad religiosa de todo 2020).
1 El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) es una asociación civil registrada en el Ministerio del Interior en 2006 que defiende el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública sin ser difamados o
discriminados por sus convicciones morales y religiosas. Actualmente, forma parte de la Comisión de Seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio, dependiente del Ministerio del Interior.
2 Informe ataques a la libertad religiosa 2020. OLRC. Disponible en: https://libertadreligiosa.es/wp-content/uploads/2021/09/informe-2020-reducido-para-web.pdf.
3 Nota de prensa del OLRC donde se exponen las principales conclusiones del Informe sobre los ataques a la libertad religiosa en España del año 2020:
https://libertadreligiosa.es/aumentan-un-37-los-ataques-a-la-libertad-religiosa-en-espana/.
[Fuente: informe del OLRC]
Quinto. La inconstitucionalidad de los artículos 7 y 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
El artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (en adelante 'RD 463/2020') se declaró parcialmente
inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021, de 14 de julio, por vulnerar los artículos 55.1 y 116 de la Constitución y la LO 4/1981, en relación con el derecho a la libertad religiosa del art. 16 CE y el art. 10.1 CE 4.
Y es que el derecho fundamental a la libertad religiosa del art. 16 CE ni siquiera puede ser suspendido en los estados de excepción y de sitio (art. 55.1 CE).
En este sentido, el RD de declaración de estado de alarma, al prescribir en su artículo 11 que 'La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas
organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un
metro', parece que ni suspende el culto ni las ceremonias religiosas, ni obliga a cerrar los lugares de culto, ni prohíbe la asistencia a los mismos ni a las ceremonias religiosas que allí puedan celebrarse. Este se limita a condicionar tales
celebraciones y la asistencia a las mismas a que se adopten las medidas anteriormente mencionadas.
Sin embargo, frente a ello, al no hallarse el desplazamiento para asistir a lugares de culto o a ceremonias religiosas entre los supuestos relacionados en el artículo 7 RD 463/2020 como habilitantes para circular por las vías o espacios de
uso público, resulta innegable que se prohíbe defacto la asistencia de los ciudadanos a los actos religiosos.
De este modo, la redacción del artículo 7 RD 463/2020 permitía amparar tanto la sanción de quienes se desplazasen o asistiesen a lugares o ceremonias de culto, aunque ni aquellos estén cerrados, ni estas prohibidas, como la interrupción
policial de la celebración de ceremonias religiosas pese a que las mismas se llevasen a cabo con las medidas protectoras reglamentariamente establecidas.
En definitiva, en la práctica venía a suponer una suspensión de tacto de la libertad religiosa y de culto y la consiguiente vulneración del artículo 116 CE y de la LO 4/1981, en relación con el artículo 16 CE.
Sexto. Se deben adoptar las medidas necesarias para que cesen los ataques y garantizar el derecho a la libertad religiosa.
A la vista de los datos expuestos, es evidente que se ha producido una restricción creciente del derecho a la libertad religiosa. Estas intromisiones suponen un evidente obstáculo al ejercicio de la libertad religiosa de forma más
significativa para los cristianos. Además, esto repercute en la dimensión
4 El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial del RD 463/2020 el pasado 14 de julio en respuesta al recurso interpuesto por los 52 diputados del Grupo Parlamentario VOX del Congreso de los Diputados.
interna del derecho porque el hecho de no poder manifestar externamente la fe con libertad desalienta la creencia.
El Estado debe facilitar y promover el ejercicio de la libertad religiosa con plena inmunidad de coacción de cualesquiera individuos y grupos, y por ello debe procurar el cese de todos los ataques a su ejercicio.
En méritos a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas que sean necesarias para erradicar los ataques por motivos religiosos en orden a proteger y garantizar el derecho a la libertad religiosa en España. En concreto las
siguientes:
1. Garantizar el derecho a la libertad religiosa tanto en la esfera individual como colectiva, en el seno de las instituciones y en el espacio público.
2. Adoptar las medidas de vigilancia oportunas y eficaces para garantizar la seguridad de los fieles y proteger los lugares de culto con el fin de reducir los ataques por motivos religiosos.
3. Llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias con el fin de mejorar la atención a las víctimas de agresiones por motivos religiosos.
4. Perseguir los ataques a la libertad religiosa agravando las sanciones que deban imponerse, realizando a tal efecto las modificaciones legislativas que sean pertinentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-José María Sánchez García, Francisco José Contreras Peláez, María Teresa López Álvarez, Carlos José Zambrano García-Raez e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-Macarena Olona Choclan,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de cambios
normativos concernientes a la libertad de conciencia y la laicidad de las instituciones públicas, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Desde el año 1939 hasta el 1975, España vivió bajo un régimen totalitario encabezado por Francisco Franco, producto del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Este régimen contó con la connivencia de la jerarquía de la Iglesia católica,
que le otorgó su apoyo expreso y que, a cambio, vio consolidada su posición de dominio en el conjunto de la sociedad con una confesionalidad estricta. Debido a la duración de la dictadura y su impacto posterior, nuestro ordenamiento jurídico, desde
1978 con la aprobación de la Constitución, acusa una carencia de legislación en materia de libertad de conciencia, que cubra todo tipo de convicciones personales, religiosas e irreligiosas, así como regular la laicidad institucional y la
correspondiente separación Iglesia-Estado proclamada en la Constitución. Ello es fruto en gran medida del pasado dictatorial nacional-católico, un anacronismo que debe ser superado para equiparar a nuestro país con los Estados de nuestro entorno.
La Ley Orgánica 7/1980, del 5 de julio de 1980, de Libertad Religiosa, ha sido, hasta el momento, el único desarrollo del artículo 16 de la Constitución Española. Este artículo se refiere a la libertad ideológica, religiosa y de culto. La
ley mencionada, siendo únicamente de libertad religiosa, omite en su regulación y aplicación otras opciones de conciencia diferentes a las opciones religiosas y, a su vez, deja al margen de toda regulación el tratamiento de la libertad ideológica,
recogida al mismo nivel que las anteriores en el texto constitucional. Por otro lado, la Ley 7/1980 respondió, en su momento, a un contexto histórico determinado ya superado por nuestra realidad social, en el que ha avanzado la pluralidad en
cuestiones ideológicas, religiosas y de opciones de pensamiento.
Es por estos motivos que resulta necesaria la promulgación de una ley de libertad de conciencia, con el fin de superar el vacío legal soportado hasta el momento, regulando la libertad de pensamiento y conciencia, a nivel tanto individual
como colectivo, y a su vez actualizar la legislación referente a la libertad religiosa, al igual que la necesidad de garantizar un tratamiento igualitario para toda la diversidad de la sociedad española en este aspecto. Todo ello debería hacerse
bajo un mismo paraguas, debido a que todas estas realidades se corresponden con un mismo concepto: la libertad de conciencia. La nueva ley debe ser extensiva y sensible a todas las opciones de conciencia y pensamiento posibles, sustituyendo a la
Ley 7/1980 de Libertad Religiosa, para cubrir fielmente el artículo 16 CE referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto, así como a los Acuerdos concordatarios de 1979 con la Santa Sede por lo que suponen de clave de bóveda de los
privilegios de todo tipo de la Iglesia católica como herencia persistente del nacionalcatolicismo.
Esta PNL tiene su motivación en el cumplimiento de uno de los objetivos acordados para esta legislatura en el acuerdo firmado en diciembre de 2019 para el establecimiento de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos:
'garantizar la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas' permitiendo al artículo 16 de la Constitución un desarrollo legal adecuado.
Otro de los objetivos que recoge el mismo acuerdo es 'hacer las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia, basados en el privilegio de inscribir en el
Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros'.
La Ley Hipotecaria de 1946 permitía a la Iglesia católica registrar a su nombre bienes inmuebles con un procedimiento más sencillo que el exigido al resto de personas físicas o jurídicas (mediante una certificación propia, sin la necesidad
de que interviniera un funcionario). En 1998, la norma se reformó y permitió a la Iglesia registrar también templos de culto, con lo que las inmatriculaciones se aceleraron. La ley se modificó en 2015 y, desde entonces, la Iglesia está sometida al
mismo proceso que el resto de las personas físicas y jurídicas para reclamar la propiedad de los bienes.
El 16 de febrero de 2021, el Gobierno, a través de la entonces vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, remitió al Congreso de los Diputados un informe sobre los bienes
inmatriculados de la Iglesia católica en España entre 1998 y 2015. Según el informe citado, se realizaron un total de 34.961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia católica entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de la ley de 2015. De
ese total, 20.014 fincas son templos de la Iglesia o dependencias complementarias y 14.947 son otro tipo de fincas (terrenos, solares, viviendas o locales). 30.335 inmatriculaciones lo han sido en virtud de una certificación eclesiástica, y 4.626
se han inscrito bajo un título distinto, es decir, a título insuficiente para la demostración de la propiedad en este registro. Cabe destacar que el informe no abarca todo el ámbito temporal desde 1946, por lo que la incidencia real de las
inmatriculaciones indebidas es aún mayor.
El pasado 24 de enero se conoció un acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal según el cual esta admite que hay un millar de esos bienes cuya titularidad no le consta o corresponde a un tercero. Concretamente, se trata de 1.027
bienes, 608 de los cuales están clasificados en la categoría denominada 'faltan datos para identificar'. Además, hay 276 clasificados en la categoría 'otros titulares'; 84 clasificados en la categoría de comunidades o entidades religiosas; 31, en
la categoría 'no matriculados'; y 28, en la categoría 'otros/errores'. Después de la reunión entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, la Iglesia afirma estar dispuesta a 'devolver' esos 1.027 inmuebles. Sin embargo, numerosos analistas,
organizaciones sociales y patrimonialistas, incluyendo a la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmaculado por la Iglesia (Recuperando), consideran que el acuerdo al que han llegado el Gobierno y la Conferencia Episcopal es
claramente insuficiente y que resulta necesario abordar un proceso de mayor alcance coherente con el mandato constitucional y los compromisos anunciados, incidiendo, por su importancia cultural, en la salvaguarda del destino del patrimonio histórico
de raíz religiosa.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar al Congreso de los Diputados, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede del año 1976 y 1979, así como los existentes con las confesiones minoritarias.
2. Presentar al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y la libertad de conciencia de las personas independientemente de sus convicciones.
3. Recabar de los Registros de la Propiedad el listado y notas simples de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia católica (en cualquiera de sus denominaciones) desde 1946 hasta 1998 que hayan sido inscritos al amparo del artículo
206 de la Ley Hipotecaria vigente en ese periodo.
4. Hacer las modificaciones legislativas oportunas para retrotraer los bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia mediante el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad a partir de simples declaraciones de sus propios
miembros.
5. Hacer las modificaciones legislativas oportunas para que los bienes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas sean declarados de dominio público y queden afectados a
las Administraciones Públicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2022.-Martina Velarde Gómez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/004051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar una gestión eficiente de las bolsas de empleo de
funcionarios interinos en el ámbito de Justicia, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Actualmente, la Administración de Justicia, junto con las demás administraciones públicas españolas, está sufriendo y va a sufrir en los años venideros, una reorganización estructural debido a la entrada en vigor del Ley 20/2021, de 28 de
diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público. La entrada en vigor de esta Ley afecta considerablemente, al acceso y funcionamiento de las bolsas de empleo público de la Administración de Justicia. El
funcionamiento de estas bolsas es en muchas ocasiones, irregular e injusto convirtiendo a la Administración de Justicia en la administración peor valorada por los españoles debido a las disfuncionalidades que genera su gestión.
Un mal funcionamiento en las Bolsas de Empleo de funcionarios interinos afecta negativamente a la eficiencia de la Administración de Justicia en todo su ámbito. Son varios los efectos negativos que tiene esta mala gestión de las bolsas de
empleo.
Entre los problemas más graves de esta mala gestión de las bolsas de la Administración de justicia nos encontramos los siguientes:
- Incumplimiento de plazos de apertura y resolución: La bolsa de Órganos Centrales, que ha estado sin abrirse más de 10 años. Consecuencia directa de todo lo expuesto es que actualmente existen en la Administración de Justicia miles de
personas con el proceso selectivo superado, en la mayoría de las ocasiones connotas rozando la excelencia, que no tienen oportunidad de trabajar en el ámbito para el que están mejor formados.
- Desigualdad de las bolsas por parte de las Comunidades Autónomas: Las transferencias de la competencia en materia de Justicia a las CCAA está provocando, una diversidad de criterios de selección que conlleva un trato desigual a los
trabajadores interinos según el ámbito territorial. En la actualidad, cada bolsa utiliza una baremación, unos requisitos y unos méritos diferentes, lo que menosprecia el carácter nacional de estos cuerpos y crea una situación de indefensión.
- Falta de transparencia en la gestión: a día de hoy sigue habiendo bolsas de empleo, como la de Órganos Centrales de Madrid, que no publique la relación de componentes, los puestos ofertados, el personal disponible, ni demás datos
relacionados con la bolsa, es una falta de transparencia total que sería inadmisible en otras administraciones.
- Exigencias de exclusividad en la participación de las Bolsas: Los cuerpos generales de la Administración de Justicia son Cuerpos Nacionales, sin embargo, y a pesar de la lamentable situación en la que se quedan los opositores aprobados
sin plaza en toda España, existen territorios donde como requisito para ser incluido en la bolsa se exige la renuncia o la declaración jurada de no pertenecer a otras bolsas dentro del territorio español.
- La vinculación de la persona a la causa de nombramiento que firma. En algunas bolsas en vigor, como Asturias u Órganos Centrales, la última persona interina en formar parte del Órgano Judicial será la primera en cesar independientemente
de la causa que provocó su designación. Esto provoca el inmovilismo de las personas que se encuentran en los puestos superiores de la bolsa a costa de la precariedad de los últimos integrantes de la misma.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para:
1. Cumplimiento de plazos de los plazos de las bolsas de empleo de empleo público de la Administración de Justicia deben activarse y resolverse a los 2 meses de haber finalizado completamente las OEP de cada uno de los Cuerpos Generales de
la Administración de Justicia.
2. Unificación de criterios a nivel nacional: las disposiciones, Estatales y Autonómicas, que regulan las Bolsas de Empleo deben unificar los criterios en la forma de inscripción, los requisitos de acceso y la baremación de méritos, de tal
modo que sean iguales para todos, obedeciendo así al carácter nacional de los Cuerpos.
3. Priorizar la apertura y resolución de las Bolsas, para así agilizar su activación, y por ello, evitar su agotamiento y llamamiento de los Servicios de Empleo.
4. Eliminar el criterio de exclusividad, permitiendo la inscripción en las Bolsas a los aspirantes de cualquier CCAA, evitando así la discriminación que se da.
5. Garantizar la transparencia de información en todo momento, tanto de los nombramientos, como del orden obtenido en la Bolsa, de modo que, todo candidato pueda conocer en qué prelación está él y los demás inscritos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la transparencia en la
reforma del sistema de acceso a la función pública, con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La Constitución Española de 1978 proclama los principios que deben regir el acceso a la función pública. Así, el apartado tercero del artículo 103 exige que la fórmula de entrada de cualquier persona en el ejercicio del servicio público
responda a los valores de mérito y capacidad. Ello, por supuesto, con plena observancia de los demás principios elementales que nuestra Carta Magna exige en todos y cada uno de
los ámbitos de la sociedad, fundamentalmente la igualdad. La defensa y respeto de estos valores es indispensable, toda vez que la Administración tiene como misión fundamental servir al interés general en virtud de lo expuesto, a su vez, el
artículo 103.1 CE.
Estos parámetros son exigibles a todo aquél que quiera prestar servicios profesionales en el marco de una Administración Pública, tanto para acceder a esta condición como para la promoción que pueda desarrollarse a lo largo de la vida
laboral dentro del marco público. Así se proclama también en nuestro orden jurídico vigente, destacando fundamentalmente el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (EBEP).
El Tribunal Constitucional ha respaldado en numerosas ocasiones la exigencia de respetar permanentemente los principios que recoge el artículo 103.3 de la Constitución, reforzando su jurisprudencia la absoluta vinculación que existe entre
los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública con la igualdad, valor superior de nuestro ordenamiento jurídico de la igualdad -tal y como lo define su artículo primero-.
En cumplimiento de nuestro orden Constitucional y normativo los diferentes procesos selectivos para acceder a la condición de funcionario han de observar siempre estos criterios, como pilar básico para garantizar en nuestro país una función
pública al servicio al interés general.
En el mes de abril de 2021, el Gobierno anunció la constitución de un grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública con el objetivo, entre otras cuestiones, de modificar el sistema de acceso en los cuerpos superiores
de la Administración. Desde entonces, ninguna información se ha proporcionado de los avances que este Grupo haya podido realizar y, lo poco que ha trascendido, no concita la aprobación de nadie. De hecho, son las propias asociaciones de
representación y defensa de los empleados públicos las que han manifestado su malestar por la absoluta falta de dialogo y claridad que está caracterizando al Gobierno en este proyecto.
Esta falta de información y transparencia contradice no sólo los compromisos que, presuntamente, había asumido como propios este Ejecutivo, sino también los principios básicos de funcionamiento de la Administración y del Gobierno, recogidos
en la Constitución y en el conjunto de nuestro ordenamiento, destacando principalmente la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 40/5015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
A través de los medios de comunicación se ha conocido la voluntad del ejecutivo de modificar los sistemas de acceso a la función pública, concretamente los que pertenecen al 'Grupo A' que, de acuerdo con el artículo 76 del EBEP, son aquellos
que exigen 'estar en posesión del título universitario de Grado' o aquél otro requerido por la ley. De acuerdo con estas publicaciones, lo que el Grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública ha recomendado al Gobierno es
'reducir los ejercicios de conocimientos' en las oposiciones del grupo A para 'potenciar los cursos selectivos'. Con ello se pretendería rebajar la exigencia de las pruebas carácter teórico y oral reforzando, por contraposición, los conocimientos
prácticos y subjetivos una vez que se haya superado la fase anterior, como ya expuso en su momento el entonces Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.
Es cierto, qué duda cabe, que los sistemas selectivos para acceder al empleo en la Administración han de atender a las circunstancias y necesidades propias de la realidad social en la que se desarrollan. Sin embargo, ninguna reforma puede
implicar una ruptura con un sistema de acceso que ha dado innumerables pruebas de su calidad. Cualquier modificación que se realice en este ámbito debe aspirar a mantener esta garantía de especialización y excelencia, como mejor forma de apuntalar
la igualdad, el mérito y la capacidad de quienes ejercen sus funciones en las escalas superiores de la Administración.
No puede, de ninguna manera, aspirarse a reformar de forma radical y generalizada los modos de entrada a los cuerpos del grupo A, cuando cada uno de ellos presenta innegables especialidades que exigen disposiciones particulares en cada
proceso selectivo. Por ello, precisamente, resulta principal escuchar a los representantes de los diferentes integrantes de este sector, como así han demandado ellos mismos sin recibir hasta la fecha respuesta del Gobierno.
Tampoco puede guiarse la acción del Gobierno por una demonización de los conocimientos teóricos y los exámenes orales. De hecho, este tipo de pruebas objetivas, abiertas también a la formulación de preguntas por parte del tribunal
examinador, permiten acreditar y evaluar no sólo el dominio de los
conocimientos teóricos, cuestión fundamental para el desempeño de la profesión futura, sino también otros aspectos fundamentales, como por ejemplo la capacidad expresiva del candidato (indudablemente valiosa para el ejercicio, por ejemplo,
de la representación y defensa en juicio de la Administración, piedra angular de algunos cuerpos como la Abogacía del Estado o los Letrados de la Seguridad Social, o para las labores diplomáticas). También evidencian otras cualidades como la
capacidad de resolución y análisis de cuestiones de índole práctica, que resultan indispensables en el ejercicio profesional, por ejemplo, de la Inspección de Hacienda y Trabajo, la Intervención, los Cuerpos Técnicos de las diferentes
Administraciones [...] Cada Cuerpo concreto del Grupo A presenta singularidades propias que deben ser conocidas y atendidas.
Con los exigentes procesos selectivos que existen hoy, en su faceta teórica y oral, se revelan, además de estos conocimientos, numerosas aptitudes denominadas 'blandas' o 'soft skills', postuladas actualmente en el ámbito profesional como
elementales. En estas pruebas se manifiestan y acreditan numerosos de estos 'soft skills' como la capacidad de compresión o de razonamiento. También la habilidad de improvisación, de adaptación a situaciones de tensión o la resiliencia. En
definitiva, son pruebas exigentes, pero de gran excelencia, que han asegurado que, hasta la fecha, la Administración haya podido contar con cuerpos especializados que han provisto al sistema público de profesionales altamente cualificados.
Son, además, pruebas que garantizan un factor determinante para su desarrollo: la objetividad, criterio indispensable en todo el actuar público como exige el artículo 103, apartado primero, de nuestra Constitución. Garantizar una actuación
objetiva de la Administración debe ser siempre una máxima indubitada, que ha de asegurarse, entre otros mecanismos, con un elenco de servidores públicos elegidos atendiendo exclusivamente a criterios carentes de cualquier resquicio de subjetividad,
lo cual se ha garantizado siempre hasta la fecha, gracias a los procesos selectivos existentes.
La oscuridad que el Gobierno está manifestando en la tramitación de esta posible reforma es, de hecho, lo opuesto a lo anteriormente manifestado. La objetividad únicamente se refuerza y se garantiza a través de procesos transparentes, que
estén abiertos al diálogo y a la participación de todos. Por ello es incomprensible que, frente a las demandas de interesados y de quienes conocen el funcionamiento y la naturaleza de la función pública, el Gobierno no responda si quiera a sus
peticiones, y les aleje de toda posibilidad de intervención.
El Partido Popular, desde luego, es firmemente defensor de los principios que se han expuesto: por un lado, entiende que no puede establecerse una fórmula de incorporación al servicio público que no responda a las únicas exigencias de
mérito, capacidad e igualdad, y, de igual modo, considera que una reforma de tal calado exige ser transparente y abierta a la participación de los propios funcionarios públicos, que deben ser atendidos, escuchados y respetados.
La defensa de estos criterios no impide que se puedan implementar las modificaciones que se estimen oportunas, siempre que con ellas se pretenda mantener la ya mencionada excelencia demostrada por los Grupos A de la Administración. Por
ejemplo, en un contexto digital y de globalización, ha de plantearse el refuerzo de este tipo de competencias entre quienes acceden al servicio público, o la mayor exigencia de pruebas de lenguas extranjeras, indispensables hoy en el marco
profesional, en el que la Administración española cohabita diariamente con una Administración cada día más europeizada y global.
También hay reformas, en el específico campo de los funcionarios del grupo A, que la propia Administración debe ejecutar sin dilación, como escalón indispensable para reforzar su eficiencia. Por ejemplo, debe garantizar una mayor celeridad
en la incorporación de quienes aprueban la oposición a sus destinos de servicio, más aún en un contexto de falta de reposición generalizada de las plazas vacantes de la Administración. También la transformación digital de nuestra administración, a
todos los niveles, adaptándola a la realidad social actual, que permita servir al interés público conforme a los principios de eficacia y demás recogidos en el artículo 103.1 CE.
Lo que en ningún caso puede concurrir en una reforma del método de acceso al servicio público es la minoración de las altas aptitudes que hoy se logran en los procesos selectivos. Tampoco es admisible que en el estudio que el Gobierno
realiza a efectos de valorar esta modificación se dé la espalda a aquellos colectivos que, por su conocimiento adquirido y su solvencia, están en disposición de aportar un talento valiosísimo adquirido a lo largo de muchos años de servicio al
interés público.
Este diálogo y transparencia debería ser defendido por el Gobierno siempre, y más todavía cuando lo que está en juego es el servicio que la Administración presta a los ciudadanos, para garantizar así el interés general. Lo contrario supone
una conducta contraria a los principios defendidos por nuestro ordenamiento y que el Partido Popular siempre ha ensalzado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- A garantizar el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en todos los procesos selectivos que se lleven a cabo para acceder a la Administración Pública atendiendo sólo a criterios objetivos.
- A respetar las pruebas teóricas y orales, sin perjuicio de reforzar otras pruebas que acrediten competencias prácticas objeto de cada cuerpo específico y otras que respondan a la realidad social actual.
- A iniciar un proceso abierto y transparente de diálogo, análisis, y participación de todas las asociaciones que representan a los diferentes Cuerpos del Grupo A de la Administración. De estas reuniones se elaborará un documento de trabajo
con las aportaciones efectuadas por las distintas asociaciones, que se tendrán en cuenta para el diseño de los procesos selectivos para acceder a cada uno de los cuerpos del Grupo A.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Llanos de Luna Tobarra, Mario Garcés Sanagustín y Juan Manuel Constenla Carbón, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/004064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno impulse la
dotación de cámaras corporales y dispositivos TASER a todos los agentes de servicio, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La utilidad del uso de cámaras individuales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se pueden ver desde dos ángulos distintos: el beneficio que obtiene la policía y el que consiguen los ciudadanos. No sólo ayudan a los cuerpos policiales a
evitar traspasar el margen de la ley, sino que también ayudan como prueba tangible en sus acciones del día a día.
La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos 'la prevención de actos delictivos, la protección de las personas y la conservación y custodia de bienes
que se encuentren en situación de peligro, y especialmente cuando las actuaciones perseguidas suceden en espacios abiertos al público, lleva a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al empleo de medios técnicos cada vez más sofisticados.
Con estos medios, y en particular mediante el uso de sistemas de grabación de imágenes y sonidos y su posterior tratamiento, se incrementa sustancialmente el nivel de protección de los bienes y libertades de las personas'.
'El artículo 1 de dicha ley establece el objeto de la misma, señalando expresamente:
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la
convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública.
Asimismo, esta norma establece específicamente el régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que habrá de respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de autorización, grabación y uso de
las imágenes y sonidos obtenidos conjuntamente por las videocámaras.
2. Las referencias contenidas en esta Ley a videocámaras, cámaras fijas y cámaras móviles se entenderán hechas a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita las grabaciones previstas en esta Ley.'
Uno de los últimos medios técnicos que actualmente está al servicio de nuestras FCSE es la denominada Cámara Corporal Policial (CCP), utilizada en los uniformes de policía que captura la interacción del público desde el punto vista oficial
del policía, en el ejercicio de sus funciones.
En los últimos años, los agentes de policía están desempeñando el papel de interventores de primera línea a un número y una variedad crecientes de incidentes, ante los cuales muchas veces se han sentido indefensos. Gracias a las cámaras
policiales, utilizadas en combinación con las nuevas tecnologías, los agentes pueden contar con el apoyo en directo de un centro de mando que centraliza toda la información y ve en tiempo real lo que está sucediendo. Con el uso de estos
dispositivos, la seguridad para el ciudadano y el policía es mucho mayor, pues puede llegar incluso a salvar la vida del agente, de sus compañeros y de los ciudadanos.
Por otro lado, en un mundo tan interconectado, donde el uso del móvil es moneda común en cualquier contexto, las fuerzas policiales deben adaptarse a la necesidad de ofrecer más transparencia sobre sus actuaciones. En este sentido, el hecho
de equipar a los agentes con cámaras corporales significa defender la verdad sobre lo acontecido: la cámara es para el agente su mejor aliado, pues le permite obtener un testimonio de los hechos, un testimonio objetivo, sin posibilidad de ser
manipulado.
En ocasiones las cámaras corporales son utilizadas juntamente con el dispositivo electrónico de control TASER, la cámara captura toda la actuación policial, incluso hasta dos minutos antes de la intervención, quedando el vídeo y el audio
registrados de forma inalterable para futuras diligencias policiales y judiciales. Pero son muchas las policías de carácter autonómico y local que ya están dotando a sus agentes de cámaras corporales individuales para el ejercicio de sus funciones
policiales. Actualmente el reparto de dispositivos TASER va con mucho retraso, sirva de ejemplo que el Ministerio del Interior solo ha repartido a la Policía Nacional el 15% de las pistolas TASER en las que gastó dos millones de Euros; y La
Guardia Civil según la comparecencia de la Directora General, aplaza hasta 2022 la llegada del primer lote de pistolas 'Taser', al declarar desierto en diciembre el primer procedimiento de compra de 150 unidades al presentar incompleta la muestra la
única empresa que pujó.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar de manera general y con carácter de urgencia a todos los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Cámaras Corporales Policiales, no vinculadas sólo al uso de dispositivo TASER.
2. Proceder a completar de forma inmediata la dotación de dispositivos electrónicos de control TASER a todos los agentes de Policía y Guardia Civil de servicio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Isabel María Borrego Cortés, Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dictar una moratoria a la
aplicación del Real Decreto 933/2021 y proceder a un desarrollo especial del mismo para alojamientos turísticos reglados, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado 27 de octubre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que
ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
Esta norma pretende dotar de un nuevo contenido a lo dispuesto en el artículo 25 de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana según el cual 'Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades
relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos al público comercio o reparación de objetos usados,
alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos metálicos, establecimientos de comercio al por mayor de chatarra o
productos de desecho, o de venta de productos químicos peligrosos a particulares, quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables', que venía siendo regulado por
una disposición preconstitucional, el Decreto 1513/1959, de 18 de agosto, y la normativa de desarrollo, entre la que destaca la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entradas de viajeros en establecimientos de
hostelería y otros análogos.
En relación con esta última orden cabe destacar la reciente modificación que se produjo en marzo de 2021 con la Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, y en la que se habilitó la firma de los partes de entrada de viajeros en soporte digital y
que los libros-registro sean conservados en ese formato con la finalidad de adecuar este procedimiento a las medidas de seguridad de los usuarios frente al COVID-19.
Por lo que se refiere al RD 933/2021, y en referencia a la actividad de hospedaje, el mismo tiene por objeto ampliar las personas obligadas a cumplir con las obligaciones contenidas en este mediante una definición de dicha actividad en la
que se incluyen los intermediarios y operadores turísticos que realizan la actividad de intermediación para la contratación de este tipo de servicio, así como las viviendas turísticas de corta duración explotadas por empresas o particulares,
directamente, o a través de centrales de reservas, así como el contenido de los datos a comunicar.
La nueva normativa entrará en vigor el día 27 de abril de 2022, si bien, todo el apartado correspondiente a las obligaciones de comunicación resultará de aplicación el día 2 de enero de 2023. Asimismo, se prevé la adopción de disposiciones
por parte del Ministerio del Interior para desarrollar y ejecutar el contenido del RD 933/2021.
Teniendo en cuenta que se impone la obligación de recabar y comunicar los datos correspondientes a la transacción del hospedaje, entre ellos los del pago, cabe plantearse si dicha normativa contraviene la normativa en materia de pagos y que
en el caso español está delimitada por lo previsto en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financieros, el cual transpone la directiva PSD2 y en el Reglamento (UE) 2018/389 de la
de 27 de noviembre de 2017 por el que se complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de comunicación
abiertos comunes y seguros.
Este conjunto normativo impone a los proveedores de servicios de pago (expendedores de tarjetas de crédito y TPVS entre otros) un conjunto de obligaciones que tiene por finalidad asegurar la confidencialidad de los datos existentes en medios
de pago para evitar todo tipo de fraudes; se trata de un conjunto de obligaciones adoptado por el Sistema de Bancos Centrales Europeo entre los que se encuentra el Banco de España; entre aquéllas, se encuentra la obligación de encriptar los datos
realizados electrónicamente, de manera que el ordenante del pago (cliente) evite exponer dichos datos
para que terceros, incluidos receptores del pago (establecimiento hotelero) realicen transacciones económicas no autorizadas.
Esto deriva en que a un establecimiento hotelero le resulta imposible cumplir con la totalidad de los datos de transacción existentes en el anexo del RD 933/2021 ya que no disponen de dicho dato, del que sólo dispone el proveedor de
servicios de pago.
Para cumplir con la obligación el establecimiento hotelero tendría que modificar su relación contractual con el proveedor de servicios de pago para permitirle acceder a este dato (lo que no va a ocurrir, dado que en ese caso el proveedor de
servicios de pago se expone a una sanción por infracción en materia de seguridad relacionada con pagos electrónicos) o a recabar directamente ese dato del propio cliente cuando vaya a registrarse, el cual podría negarse entendiendo que el dato
proporcionado es excesivo para la finalidad por la cual se recaba.
Por tanto, tomando todo ello en consideración, la recogida de datos relativos a la transacción de la operación resulta inviable por parte del establecimiento hotelero, cabe recordar que un 70 % son individuales y con pequeñas instalaciones.
No es posible cambiar sus sistemas informáticos o la toma de datos en este tiempo, pues cada uno tiene el suyo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Dictar una moratoria a la aplicación de todo el contenido del Real Decreto 933/2021 hasta enero de 2023.
- Proceder a un desarrollo especial del Real Decreto 933/2021 para alojamientos turísticos reglados, dado que el Real Decreto ampara toda la tipología del sector y dada su amplitud es imposible a un subsector como el de hospedaje poder
recoger los datos a los que no tiene acceso o que incluso están prohibidos por normativa española y europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2022.-Isabel María Borrego Cortés, Agustín Almodóbar Barceló y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la mejora de la movilidad ferroviaria en Galiza para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La movilidad ferroviaria posee en Galiza numerosas carencias tanto en las infraestructuras como en las comunicaciones diarias entre las principales ciudades y poblaciones. Si tenemos en cuenta los objetivos tanto europeos como estatales en
relación con la transformación de la movilidad y el fomento de los modos de transporte sostenible y seguro, podemos llegar a un amplio consenso en relación con la necesidad de impulsar inversiones estratégicas en las infraestructuras y servicios
ferroviarios.
La línea ferroviaria del Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña es una de las que ha experimentado una mayor transformación y modernización en los últimos años, lo que la ha convertido en uno de los trayectos de media distancia con más usuarios
del Estado. Así y todo, esta línea tiene importantes carencias y deficiencias que es preciso corregir, para garantizar la prestación de un servicio eficiente, moderno, competitivo y atractivo.
En primer lugar, deben tenerse en cuenta los problemas relacionados con los horarios. Según se ha podido constatar por las numerosas denuncias de las personas usuarias de esta línea, 'la oferta de servicios es insuficiente, no responde a
las necesidades de movilidad actuales y con una disminución de las frecuencias en franjas horarias punta de entrada alrededor de las 8 y de vuelta mayoritariamente a partir de las 15.30 pero también con picos de demanda a las 17, 18 y 19 h,
imprescindibles para la movilidad interurbana por motivos laborales y de estudios'.
Por otra parte, en el caso del trayecto Vigo-A Coruña, debe tenerse en cuenta que el primer tren de media distancia sale de Vigo a las 6.40 y tiene como hora de llegada las 8.13, aunque realmente llega más tarde. Y los retornos son a las 15
h, sin relación lógica con los horarios laborales, y a las 17 h. También había un tren a las 18 h de lunes a domingo, pero no se ha repuesto. En general, la reformulación de los horarios que entró en vigor a partir del 21 de diciembre de 2021
empeoró la situación previa, ya que se hizo primando la conexión de AVE con Madrid en detrimento de las comunicaciones internas entre los municipios gallegos.
Además, deben mencionarse los problemas existentes relacionados con la fiabilidad debida a diversas circunstancias como los retrasos en la salida de Vigo (debido al control de acceso con un único escáner), averías, subida y bajada de
pasajeros...) los trenes suelen llegar con retraso, lo que dificulta las conexiones con las líneas de transporte público urbano y supone a veces tener que asumir gastos suplementarios para poder llegar a tiempo al trabajo. Se da además la
circunstancia de que fueron las personas usuarias del tren las que tuvieron que negociar con la concesionaria del bus urbano de A Coruña un cambio en los horarios que tuviese en cuenta los retrasos habituales en la llegada del tren.
Así mismo, es necesaria una verdadera política tarifaria, pues las personas usuarias denuncian la rigidez de los abonos y demandan una tarifas que tengan en cuenta las circunstancias económicas, laborales y familiares de las personas
usuarias. En líneas ferroviarias de cercanías de otras comunidades existen diferentes modalidades de abonos (mensual limitado, mensual ilimitado, bonotren...), así como descuentos pata niño/as, jóvenes, mayores de 60 años, familias numerosas[...]
Asimismo, es de máxima prioridad que se acabe con la discriminación que sufren las personas usuarias de la línea Ourense-Santiago-A Coruña, materia sobre la que se ha pronunciado en diversas ocasiones el Parlamento de Galiza.
Así pues, las demandas llevadas a cabo por las personas usuarias se vertebrarían en 4 puntos básicos:
- La reorganización de los horarios de la línea Vigo-A Coruña tanto de ida como de vuelta, para facilitar la conciliación con los horarios laborales y familiares, contemplando entre otras: el adelanto de hora de salida del tren que
actualmente sale a las 6.40 de Vigo y retraso de salida del que sale de A Coruña a las 15 h, reposición de la frecuencia diaria A Coruña-Vigo a las 18 h, estudio de la modificación de los horarios de salida a primera hora de la mañana de A Coruña y
por la tarde de Vigo.
- La adopción de las medidas necesarias para garantizar la puntualidad y la seguridad del servicio.
- La ampliación y flexibilización de los abonos, tanto en las modalidades de abonos como en lo referente al plazo de vigencia, así como a la posibilidad de ser utilizado en cualquiera de las frecuencias existentes.
- Una política tarifaria que incluya descuentos por motivos económicos, sociales, de edad y familiares, y que termine con la discriminación que sufren las personas usuarias de la línea Ourense-A Coruña.
Si bien las competencias en materia ferroviaria corresponden actualmente al Gobierno del Estado, desde el BNG defendemos la transferencia de las competencias en los servicios ferroviarios internos de media distancia y proximidad a la Xunta
de Galiza. Sin embargo, mientras no se lleve a cabo esta transferencia, el Gobierno central debe velar por la modernización y mejora de la red y de los servicios ferroviarios, como instrumento fundamental de vertebración territorial, cohesión
social, desarrollo sostenible y conciliación entre la vida laboral y familiar.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. La reorganización de los horarios de la línea Vigo-A Coruña tanto de ida como de vuelta para facilitar la conciliación con los horarios laborales y familiares.
2. Adelantar la hora de salida del tren que actualmente sale a las 6:40 de Vigo y el retraso de la salida del que sale de A Coruña a las 15h para mejorar la conciliación.
3. Reponer la frecuencia diaria A Coruña-Vigo con salida a las 18h.
4. Estudiar la modificación de los horarios de salida a primera hora de la mañana de A Coruña y por la tarde de Vigo.
5. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la puntualidad y la seguridad del servicio.
6. Ampliar y flexibilizar los abonos, tanto en las modalidades previstas como en lo referente al plazo de vigencia, así como a la posibilidad de utilizarlo en cualquiera de las frecuencias existentes.
7. Implantar una política tarifaria que incluya descuentos por motivos económicos, sociales, de edad y familiares, y que termine con la discriminación que sufren las personas usuarias de la línea Ourense-A Coruña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición No de Ley para la puesta en funcionamiento de las pasarelas para el embarque y desembarque de aeronaves ('fingers') en el aeropuerto 'Seve Ballesteros-
Santander' y, en caso de no ser esto posible, la instalación de nuevas pasarelas compatibles con la operativa actual del mencionado aeropuerto, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. El Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.
El Aeropuerto 'Seve Ballesteros-Santander', popularmente conocido como Aeropuerto de Parayas, es propiedad de AENA SME, S.A. ('AENA'), empresa pública que gestiona y explota los aeropuertos españoles y algunos extranjeros y cuyo 51% de su
capital social se atribuye a la empresa pública ENAIRE, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El referido aeropuerto dispone de dos pasarelas para el embarque y desembarque de aeronaves (coloquialmente conocidas como 'fingers') que no se encuentran operativas. Estas plataformas fueron instaladas con motivo de la remodelación de esta
instalación, que se inició a finales del año 2003, siendo en 2005 cuando fueron los pasajeros de un viaje organizado por la Asociación de Hostelería de Cantabria los que estrenaron esas pasarelas, que permiten embarcar directamente desde la propia
terminal.
En 2009, cuando se habilitó la planta superior del aeropuerto para ubicar allí los vuelos a países fuera del territorio Schengen, que necesitan de un sistema de control de pasaportes especial, se aprovechó una parte de la estructura de las
pasarelas para construir unas escalerillas desde la primera planta a la pista, para permitir el embarque a los aviones.
Desde la reorganización de espacios realizada con motivo de tal reforma, el uso de las pasarelas es incompatible con la operativa del aeropuerto, pues las salas de llegada y de embarque se encuentran en zonas diferenciadas del edificio
terminal, sin conexión directa entre las mismas.
Segundo. La funcion de Aena.
Aena tiene clasificadas oficialmente esas plataformas como 'fuera de servicio'.
Enumerar en cuántas ocasiones se han utilizado las mentadas plataformas desde su entrada en servicio en 2005 hasta su inoperatividad en 2009 no es fácil, pues no existen registros. No obstante, es de sobra conocido por los usuarios del
aeropuerto que las plataformas no se han empleado prácticamente nada.
El argumento ofrecido por AENA para dejar fuera de servicio las plataformas de embarque es que 'no ha existido en el aeropuerto una demanda para el uso del servicio de pasarelas por parte de las compañías aéreas' 5.
Para la 'Asociación Amigos de Parayas' las razones, sin embargo, son más complejas. Así, esta entidad señala la existencia de un problema de configuración, debido a que las referidas pasarelas actualmente sólo servirían para vuelos de
salida, pero no pueden usarse para vuelos de llegada, porque la sala no está conectada con la recogida de maletas ni con el control policial.
Por otra parte, la Asociación también reivindica que no se hizo el debido mantenimiento, que no se ha continuado formando al personal e, incluso, que la motorización de la parte móvil de las pasarelas se trasladó a otro aeropuerto.
Cuanto antecede, unido al coste del mantenimiento -nunca realizado- y a la exclusión de las pasarelas del Plan DORA (Documento de Ordenación y Recursos Aeroportuarios) 2022-2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de septiembre de
2021 en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ha llevado a AENA a disuadir a las compañías aéreas de solicitar el empleo de las
pasarelas, con el consiguiente perjuicio para los pasajeros.
Tercero. Los perjudicados: los usuarios.
La falta de uso de las pasarelas de embarque perjudica gravemente a los usuarios del Aeropuerto 'Seve Ballesteros-Santander', pues su utilidad es manifiesta en aspectos como: (i) la garantía de un rápido y cómodo acceso a la aeronave o
terminal, bajo cualesquiera condiciones meteorológicas, cuestión ésta muy importante para las personas con problemas de movilidad, (ii) ofrecen mayor eficiencia tanto en el embarque como en el desembarque, y, (iii) brindan mayor seguridad en el
desarrollo de las operaciones aeroportuarias.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas que sean necesarias para que, por parte de AENA SME, S.A., se proceda a poner en funcionamiento las pasarelas para el embarque y desembarque de pasajeros en aeronaves
('fingers') en el Aeropuerto 'Seve Ballesteros-Santander' o, en caso de imposibilidad, a instalar nuevas pasarelas compatibles con la operativa actual del mencionado aeropuerto, incluyendo esta instalación en el Anexo 'Inversiones previstas' del
próximo Plan DORA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2022.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que
incorpore, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las redes locales de carreteras a la necesaria transformación digital (conectividad) de las infraestructuras españolas, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
Exposición de motivos
La red local de carreteras, que gestionan las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares, supone un total de 64.000 kilómetros (38% del total de las vías interurbanas), por donde circula el 13% del
5 https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/pasarelas-ninguna-parte-20220205175958-ntvo.html:~:text=%C2%ABNo%20ha%20existido%20en%20el,que%20viaiar%20en%20el%20tiempo.
tráfico de nuestro país. Por su parte, la siniestralidad vial registrada en las mismas las posiciona como las más peligrosas (hasta un 65% más que las vías de alta capacidad).
Son carreteras multifuncionales. Han pasado de ser vías por las que únicamente discurren vehículos a motor, a constituir espacios en los que confluyen diferentes usos ciudadanos: agrícola, prácticas deportivas (ciclismo...), ciclo y
moto-turismo, comunicación entre y de acceso a puntos de interés turístico, etc. Estas vías, por tanto, además de permitir una circulación segura, saludable y sostenible, pueden y deben contribuir, a través de la conectividad, a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y, particularmente, las prioridades de erradicación de la pobreza, disminución de las desigualdades y sostenibilidad (en todas sus dimensiones) que plantea la Agenda 2030; prioridades que adquieren carácter de
urgencia, principalmente, en la 'España vacía'.
Y para lograr los objetivos de justicia e igualdad implícitos en las mencionadas prioridades, resulta imprescindible triunfar en la lucha contra la despoblación (una de las diez 'políticas palanca' del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia); objetivo que sólo podrá alcanzarse con plenitud si nuestro país dispone de una red local de carreteras que garantice una movilidad, ante todo, conectada y, en un futuro más ambicioso, autónoma. No en vano, las carreteras son, 'per
se', las que acercan pueblos, las que unen culturas, las que llevan al paisaje, a la escuela, al hospital, al mercado[...]
Sin embargo, los 64.000 kilómetros que conforman la red local de carreteras en España son las grandes olvidadas; así lo explícita el hecho (muy preocupante) de que estas vías queden fuera de las posibilidades de financiación del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia.
Y es que las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares no aparecen como potenciales beneficiarios en la mayor parte de las convocatorias que se están generando para construir un nuevo modelo de movilidad por carretera más
sostenible, digital, seguro y conectado.
Los compromisos ambientales, de seguridad y de reto demográfico que el Gobierno tiene con los ciudadanos y con la Unión Europea no pueden ignorar la relevancia de la red local de carreteras. Por ello, en aras a resolver de manera eficiente,
eficaz y persistente los desafíos asociados a la 'España vacía' es imperativo que dicha red se incorpore, con carácter prioritario, a la necesaria transformación digital y ecológica que se está planteando en otras infraestructuras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que incorpore, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las redes locales de carreteras a la necesaria transformación digital (conectividad) de las infraestructuras españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2022.-Juan José Matarí Sáez y Andrés Lorite Lorite, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la anulación de la decisión de
Adif de trasladar a la estación de Chamartín toda la operativa de los trenes de alta velocidad que conectan la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y las provincias de Albacete y Cuenca con Madrid, para su debate en la Comisión de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En marzo de 2018 el entonces ministro de Fomento, íñigo de la Serna, anunció una inversión de 660,6 millones de euros para abordar la segunda fase de la remodelación de Puerta de Atocha, que incluía
actuaciones de 423 millones de euros en la propia estación de Puerta de Atocha y otra inversión adicional de 237,6 millones de euros para la necesaria remodelación de vías en la estación de Chamartín.
La previsión era que Adif ampliaría la estación de Atocha bajo la calle Méndez Alvaro mediante la construcción de dos andenes y cuatro vías de ancho estándar (UIC) para permitir la parada de trenes pasantes, entre ellos los de la Comunidad
Valenciana, y duplicar su capacidad.
Sin embargo, la primera parte de esta actuación fue ignorada con motivo del cambio de Gobierno en junio de 2018, mientras que la segunda actuación, la referida a Chamartín, está finalizando.
Sorprendentemente, Adif ha decidido trasladar a la estación de Chamartín toda la operativa de los trenes que conectan la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y las provincias de Albacete y Cuenca con Madrid y con el resto de España, que
hasta la fecha se efectuaba en la céntrica estación de Atocha. Y es que, a pesar de la paralización de las referidas inversiones, la estación de Atocha, lugar natural de llegada de estos trenes, sigue teniendo capacidad suficiente para albergar
como hasta ahora la llegada y salida de los mismos.
Esta decisión perjudica y discrimina seriamente a los millones de usuarios anuales de dichos trenes, ya que no sólo ampliará en unos 15 minutos el tiempo de viaje, sino que estos usuarios se verán obligados al llegar a la estación de
Chamartín o bien a perder otros 30 minutos en regresar al centro con transporte urbano, con su correspondiente coste adicional, es decir, perder 45 minutos en total, o bien a caminar durante casi hora y media para acercarse al entorno de la Puerta
del Sol, que es donde se concentra la gran mayoría de la actividad en la capital.
Además, debe tenerse en cuenta la penalización y el perjuicio ambiental que provocará el desincentivo en el uso del transporte ferroviario en muchos de sus usuarios, elevando así la huella de carbono derivada del vehículo a motor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Mantener la estación de Atocha como lugar donde realizar toda la operativa de los trenes que conectan la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las provincias de Albacete y Cuenca con Madrid y con el resto de España, anulando la
decisión de Adif de traslado a la estación de Chamartín.
- Retomar el Plan Inversor anunciado en marzo de 2018, en especial la ampliación de capacidad de la estación de Atocha, presupuestada entonces en 423 millones de euros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2022.-César Sánchez Pérez, Macarena Montesinos de Miguel, Agustín Almodóbar Barceló, Óscar Clavell López, Belén Hoyo Juliá, Vicente Betoret Coll, Luis Santamaría Ruiz, Óscar Gamazo Micó,
Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina, Beatriz Jiménez Linuesa y María del Carmen Navarro Lacoba, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mantener Atocha como estación
operativa del tráfico ferroviario de alta velocidad entre Albacete y Madrid, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La sorprendente decisión de Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de trasladar a la estación de Chamartín toda la operativa del tráfico ferroviario con origen en el Levante y destino en la capital de España, afecta de forma
particular a los trenes de alta velocidad que con parada en Albacete
tienen como destino Madrid y sustituye su tradicional e histórica parada en la emblemática estación de Atocha, en pleno centro de Madrid, por la estación de Chamartín.
Los viajeros de tráfico ferroviario entre Albacete y Madrid, la línea de alta velocidad que celebraba recientemente su 10° aniversario poniendo en valor la reseñable cifra de casi 3 millones de viajeros con origen o llegada en la estación de
Albacete, son los principales perjudicados por esta decisión. Cientos de viajeros que a diario verán incrementado en 15 minutos su trayecto de circulación y pasarían de una hora y cuarenta minutos a casi dos horas de duración de viaje. A ello
habría que sumar un desplazamiento de 20 o 30 minutos de duración para acceder al centro de Madrid desde la estación de Chamartín, sumando a ello el coste adicional de este último desplazamiento. Podemos concluir que la decisión de trasladar la
parada de los trenes de alta velocidad de Albacete a Madrid en Chamartín supone, además de un perjuicio, un desincentivo sin precedente al tráfico ferroviario, paradigma de la movilidad del presente siglo y transporte que el Gobierno pretende
impulsar en su abanderamiento de la transición ecológica basada en el uso de los medios de transporte menos contaminantes.
La inversión de tiempo que el usuario del AVE Albacete-Madrid tendrá que emplear para acceder al centro económico, jurídico-administrativo, cultural y social de la capital de España equivale al mismo empleado en vehículos a motor desde la
capital de la provincia de Albacete a Madrid.
Atendiendo a las circunstancias de Albacete capital, con casi 180.000 habitantes, y su provincia a efectos de reto demográfico y según el informe publicado por FUNCAS titulado La Despoblación de la España Interior y su clasificación de las
provincias de la España despoblada, Albacete se encuentra en la España que se estanca frente a la España que decrece y la España que remonta; atribuye el estancamiento a su variable económica negativa y diagnostica un problema de reactivación
económica y de utilización productora de sus recursos, por lo que la merma del servicio ferroviario juega en su contra.
La práctica y rápida conexión de la capital de la provincia con Madrid es un servicio que las Administraciones Públicas tienen que preservar, proteger y mejorar, especialmente la administración local en defensa de los intereses de los
albaceteños, por ello debería participar en la toma de decisiones de este calado que tanto afectan a todos los vecinos de Albacete y, por ende, a todos los vecinos de la provincia.
Las oportunidades de teletrabajo que la pandemia ha evidenciado constituyen una oportunidad de fijar población, partiendo de la base de un rápido servicio de conexión de Albacete con el centro de Madrid, entre otras. La posibilidad de
crecimiento económico y de negocio de Albacete ligado a la creación de empleo también depende de una rápida conexión entre Albacete y el centro de la capital de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener la estación de Atocha como lugar donde realizar toda la operativa de los trenes que conectan Albacete con Madrid, anulando la decisión de Adif de sustituir la estación de Atocha por la de Chamartín.
2. Establecer criterios que impulsen una política en la que Adif y Renfe hagan partícipe a los ciudadanos de las decisiones por las que puedan verse afectados, a través de las administraciones locales que les representen, manteniendo con
estas una colaboración público-institucional de diálogo permanente para la mejora del servicio ferroviario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2022.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/004047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para institucionalizar la evaluación de las políticas públicas en
materia educativa, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La Constitución Española establece en su artículo 27 que todos tienen derecho a la educación y que esta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales. A su vez, el artículo 103 determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
En el año 1990 se creó el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. Posteriormente, en el año 1993, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 928/1993, de 18 de junio, por el que se regulaba la organización y
funcionamiento de este ente que tenía entre sus objetivos mejorar la calidad de nuestro sistema educativo articulando los mecanismos adecuados para la obtención y análisis de datos, con vistas a apoyar la toma de decisiones y a rendir cuentas de su
actuación del legislador. Entre las funciones de este organismo público se encontraban la capacidad de adoptar las decisiones necesarias para la elaboración de los planes anuales y plurianuales de actuación del Instituto, la elaboración de un
sistema estatal de indicadores que permitiera evaluar el grado de eficiencia y eficacia del sistema educativo y la evaluación de las reformas generales del sistema educativo.
En el año 2012, el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación cambio su nombre y pasó a denominarse Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Actualmente, el INEE depende orgánica y funcionalmente de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional y sus competencias aparecen desarrolladas en la Ley Orgánica de Educación, modificada recientemente por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).
Durante la tramitación de la última reforma de la Ley Básica de Educación no fue posible alcanzar un acuerdo para crear un organismo independiente que se encargara de analizar las políticas públicas que se ejecutan en esta materia. La falta
de recursos y autonomía del INEE impiden que el Estado cuente con información cuantitativa y cualitativa suficiente a la hora de impulsar políticas públicas en esta materia.
La existencia de un órgano independiente encargado de evaluar y realizar propuestas al Estado en esta materia podría ayudar a mejorar el proceso toma de decisiones y pondría sobre la mesa información suficiente para impulsar reformas en
diferentes ámbitos en los que nuestro país aún tiene un largo camino que recorrer como la eficiencia y eficacia de los programas de cooperación territorial, el incremento de la autonomía de los centros educativos o el sistema de acceso a la
profesión docente. De esta manera también se garantizaría el derecho de la sociedad a conocer el estado general del sistema educativo a través de informes rigurosos que no respondieran a los intereses de los partidos políticos u otros actores.
La evaluación de las políticas públicas en materia educativa ya se articula a través organismos independientes o con un elevado nivel de autonomía en muchos países de la OCDE que se 'encargan de la generación de evidencias científicas
(cuantitativas y cualitativas). Es el caso de Education Endowment Foundation, en Reino Unido, o la Iterative Best Education Synthesis, en Nueva Zelanda'.
Con la finalidad garantizar el principio de eficacia previsto en el artículo 103 de la Constitución Española y en cumplimento del apartado 4 del artículo 5 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que impide la
creación de nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes, una solución podría ser dotar al organismo autónomo con capacidad evaluadora, en cuya creación está trabajando el Gobierno de España, de competencias para el análisis y
valoración de las políticas en materia educativa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a dotar de competencias para el análisis y valoración de las políticas públicas en materia educativa al organismo autónomo que propone crear en el Anteproyecto de ley de
institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado (AGE), que tendrá por finalidad convertirse en hub de conocimiento en materia evaluadora y reforzar el proceso de evaluación ex ante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/004050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un pacto de rentas equitativo que incluya las pensiones,
para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La invasión rusa de Ucrania, además de ser una de las mayores tragedias humanas vividas sobre el continente europeo en los últimos tiempos, tiene unas profundas consecuencias económicas que agravan los problemas ya existentes en las cadenas
de producción globales, la escasez de ciertos suministros y evolución del coste de la energía. El resultado está siendo unos incrementos en el Índice de Precios de Consumo (IPC) que España no sufría desde hace tres décadas, alcanzando en marzo de
2022 una inflación del 9,8% interanual.
La inflación es un fenómeno que castiga con mayor severidad a los ciudadanos con menos capacidad económica al suponerles, en términos relativos, una mayor pérdida de poder adquisitivo. Así, aquellos hogares cuyos ingresos nominales les
permiten vivir solo de manera muy ajustada, ante una inflación sostenida no acompañada de incrementos análogos en sus ingresos, se ven abocados a situaciones de pobreza relativa. Más delicada aún es la situación de los hogares que ya se encuentran
en situación de pobreza relativa, que una elevada inflación no haría sino agravar.
Para evitar estas pérdidas de poder adquisitivo, trabajadores y empresarios, de manera individual o mediante negociación colectiva, están empezando a negociar la actualización de los salarios para acompasarlos a la evolución de la inflación.
Sin embargo, las voces económicas más autorizadas, entre las que se incluye el Banco de España, insisten en la necesidad de un pacto de rentas. La razón por la que los economistas abogan por un pacto de rentas, es que un incremento generalizado de
los salarios nominales puede generar a su vez inflación. En un contexto de alta inflación no amortiguaría su impacto, sino que alimentaría un riesgo de espiral inflacionista. Pero esto no es un problema que generen solo trabajadores por cuenta
ajena, sino un riesgo que existe por la revalorización en términos nominales de los ingresos, sean estos salariales o de cualquier otra naturaleza.
El Gobierno ha dicho de forma reiterada que en el pacto de rentas todos los agentes de la economía deben ceder un poco y repartir el coste de la inflación. Así, de la misma manera que los trabajadores renuncian a revalorizar sus salarios
totalmente con el IPC, perdiendo algo de capacidad adquisitiva, también los empresarios renuncien a parte de sus beneficios. En un escenario tan crítico como el actual, no podemos sino estar de acuerdo con que todos debemos arrimar el hombro. Sin
embargo, trabajadores y empresarios no son los únicos agentes de la Economía.
En este contexto, cobra gran importancia la cuestión de las pensiones, cuyas cuantías han quedado vinculadas 'ex lege' al IPC sin mayor matiz tras la última reforma y que plantean, en estas circunstancias, un reto doble. Por una parte, una
revalorización en línea con el IPC cuando este ronda las dos cifras puede suponer un quebranto inasumible en las cuentas públicas y la sostenibilidad de la Seguridad Social. Por otra parte, y más importante si cabe, una revalorización de las
pensiones en línea con el IPC, mientras los trabajadores se ven forzados a contener la actualización de sus salarios, sacrificando poder adquisitivo con el fin de proteger al conjunto del resto de la sociedad de problemas mayores, resulta
profundamente desigual y, por ello, injusto.
En España hay aproximadamente un pensionista por cada trabajador. En la medida que los pensionistas evitan la pérdida de su poder adquisitivo con la revalorización automática de sus pensiones de acuerdo con el IPC, el coste de la inflación
importada debe repartirse entre un conjunto más reducido de la población española, básicamente trabajadores y empresas. Dicho de otra forma, la no inclusión de las pensiones en el pacto de rentas implicará que los trabajadores deban perder aún más
poder adquisitivo que si repartiéramos el esfuerzo entre todos. Será necesario evaluar y debatir exactamente en qué términos contribuirán al esfuerzo colectivo del pacto de rentas, así como excluir supuestos como el de las pensiones mínimas, cuya
revalorización es de muy distinta naturaleza y necesaria precisamente por razones de
justicia material. Lo que es innegable, en cualquier caso, es que la revalorización de las pensiones, en términos generales, debe formar parte también de cualquier acuerdo relativo a un pacto de rentas.
Demasiadas veces ya se ha puesto la carga de las sucesivas crisis económicas que lleva arrastrando España íntegramente sobre las espaladas de los trabajadores y, sobre todo, las generaciones más jóvenes. Es imprescindible reequilibrar el
pacto intergeneracional, que exista una verdadera equidad entre los esfuerzos exigidos a todas las generaciones y que se garantice la sostenibilidad, tanto económica como social, del sistema de pensiones. En el caso contrario, España corre el
riesgo de que el actual pacto intergeneracional desequilibrado acabe quebrando del todo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir las pensiones también en el pacto de rentas, de manera que todos los españoles contribuyan de forma equitativa a la contención de la inflación y no se cargue todo el sacrificio sobre
las espaldas de jóvenes y trabajadores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2022.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ampliación del marco de perfiles de personas incluidas en el ámbito de la
inserción laboral, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Las empresas y cooperativas de inserción son aquellas estructuras productivas de bienes o servicios que tienen como fin la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de desventaja social o exclusión, y lleven a cabo un
proyecto personal de inserción mediante un proceso de aprendizaje adecuado que contemple la consecución de habilidades sociales, laborales, formación básica, cualificación laboral y conocimientos del mercado que les permitan mejorar sus condiciones
de empleabilidad.
En el marco de las políticas activas de empleo, un objetivo primordial de la Administración Pública se halla en posibilitar la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de exclusión social. Un modelo de actuación en
cumplimiento de dicho objetivo lo constituyen las empresas de inserción como empresas de carácter social que permiten a las personas incluidas en dichos colectivos mejorar sus condiciones de empleabilidad mediante el desarrollo de proyectos
personales de inserción.
Los perfiles de las personas incluidos en la norma estatal, y en las normas de las distintas Comunidades Autónomas, no coinciden, siendo mucho más amplio los perfiles autonómicos como sucede, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
La Ley 44/2007, de 13 de diciembre, de Empresas de Inserción, establece en su artículo 2 como personas para la inserción laboral las que, debidamente acreditadas por los Servicios Sociales, estén incluidas en alguno de los colectivos con
especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo, refiriendo los siguientes: perceptores de Rentas Mínimas o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, jóvenes procedentes de centros de protección de menores,
personas con problemas de drogodependencias u otros trastornos adjetivos, las personas procedentes de centros penitenciarios cuya situación le permita acceder a un empleo, las personas procedentes de centros de alojamientos alternativos o de
servicios de prevención e inserción autorizados.
Por su parte, por ejemplo, el Decreto 193/2010, de 20 de abril, que regula la calificación y crea el Registro de Empresas de Inserción en Andalucía, establece en su artículo 5 que se considerarán personas en situación de exclusión social
aquellas incluidas en los siguientes colectivos: mujeres víctimas de violencia de género procedentes de casas de acogida o programas de protección, personas emigrantes
retornadas a Andalucía con graves necesidades personales o familiares, personas que tengan a su cargo una familia monoparental y presenten graves necesidades personales o familiares, personas desempleadas mayores de 50 años que hubiesen
permanecido inscritas de forma ininterrumpida como demandantes de empleo en una oficina de los Servicios Públicos de Empleo durante al menos doce meses, personas con discapacidad física, intelectual o sensorial en un grado igual o superior al 33%,
personas que presenten una situación de exclusión similar a las relacionadas anteriormente a propuesta del Servicio Andaluz de Empleo.
No es el único caso, las Comunidades Autónomas de Galicia (Decreto 156/2007, de 19 de julio, por el que se regula el procedimiento para la calificación de las empresas de inserción laboral), Valencia (Ley 1/2007, de 5 de febrero, de la
Generalitat, por la que se regulan las empresas de inserción para fomentar la inclusión social en la Comunidad Valenciana), Castilla y León (Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de
inserción laboral y se crea su registro administrativo) y Canarias (Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se regula la inserción sociolaboral en empresas de inserción), tienen regulación específica que establecen criterios más amplios al
describir los factores de exclusión que determinan a sujetos y beneficiarios.
Como señalamos, esta diversidad en la regulación genera diferencias de muy diversa índole en el tratamiento de los supuestos de exclusión social, siendo especialmente preocupante la disparidad existente entre la normativa estatal y
autonómicas en relación con los perfiles de personas que contemplan con dificultades de inserción sociolaboral, con los consiguientes problemas en su contratación dependiendo del ámbito territorial en el que se encuentren.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo un nuevo estudio sobre las empresas de inserción en nuestro país, que analice la situación actual y normativa de estas empresas a nivel estatal y autonómico, con el objetivo de conocer si se adecúan a las actuales
situaciones de exclusión sociolaboral.
2. Promover las modificaciones normativas, incluida la estatal, relativas al régimen jurídico de las empresas de inserción, con el objetivo de ampliar los colectivos y factores de exclusión sociolaboral incluidos en la norma, y así
conseguir su armonización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2022. -María Dolores Narváez Bandera, Esther Peña Camarero y Carmen Baños Ruiz, Diputadas. -Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la construcción naval pública en Galiza, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El Gobierno del Estado acaba de anunciar la aprobación de un PERTE (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) para el sector naval en el que participarían las empresas NAVANTIA, PYMAR y SIEMENS, y en el que se
prevé una inversión de 310 millones de euros de carácter público y otros 1.460 millones de euros provenientes del sector privado.
Llama la atención que en la nota hecha pública por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se haga una referencia explícita a la necesidad de formar un sistema de cogobernanza eficiente, y que para esto se proponga la creación de un
grupo de trabajo interministerial sin mención ninguna a las comunidades autónomas, que en el caso gallego, son las que tienen atribuidas a las competencias en materia industrial.
Un defecto del sistema de cogobernanza anunciado que en el caso gallego es especialmente relevante, dada la importancia y el peso de la construcción naval en nuestra economía, tal y como demuestra el hecho de ser el único territorio con una
densidad de empresas en este sector superior a 100, según los datos del propio informe ejecutivo que acompaña al PERTE.
Los Centros de trabajo de Navantia Ría de Ferrol llegaron a ocupar 15.000 trabajadores y trabajadoras, mientras que hoy no llegan a los 3.000.
La política conocida como de reconversión aplicada por los diferentes gobiernos del Estado, escondiendo detrás de esa denominación lo que resultó ser una política exclusivamente dirigida a reducir las capacidades del sector, ha provocado una
pérdida de empleos, de población, y concretamente de población activa en la comarca de Ferrol que no tiene comparación en ninguna otra ciudad del Estado español.
Por esto resultaría de máxima relevancia un acuerdo de participación entre la Xunta de Galiza y el Gobierno del Estado en el sistema de cogobernanza del PERTE para el sector naval. Además, debe darse entrada a la Xunta de Galiza en el
Consejo de Administración de Navantia y constituir una mesa de negociación entre el gobierno central, la Xunta de Galiza, los 3 sindicatos más representativos en Galiza y la dirección de Navantia para abrir un proceso de renovación de
infraestructuras ligado a un proceso de recuperación de actividades en los astilleros de la Ría de Ferrol, concretamente la construcción naval civil.
Un punto de inflexión a favor de la promoción de un sector naval sin restricciones y con las infraestructuras y los medios adecuados para competir en todos los segmentos de actividad que ofrece el sector naval y de las tecnologías marítimas.
Y en este sentido, no aprovechar las posibilidades que ofrecen las políticas de recuperación económica sería una total irresponsabilidad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Impulsar y propiciar la participación de la Xunta de Galiza en un verdadero sistema de cogobernanza del PERTE para el sector naval.
2. Dar entrada a la Xunta de Galiza en el Consello de Administración de Navantia conforme a lo establecido en el artículo 55 del Estatuto de Autonomía de Galiza y de artículo 4 de la Ley 4/2010, de 23 de junio, de fomento del sector naval
de Galiza.
3. Constituir una mesa de negociación entre el propio Gobierno del Estado, la Xunta de Galiza, los tres sindicatos más representativos del sector en Galiza y la dirección de Navantia para abrir un proceso de renovación de infraestructuras
ligado a un proceso de recuperación de actividades en los astilleros de la Ría de Ferrol, permitiendo específicamente la construcción naval civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, relativa a la transición energética y digital en la industria automotriz.
Exposición de motivos
La transición que actualmente se está impulsando en la industria automotriz se apoya sobre el desarrollo de un nuevo tipo de vehículo que está caracterizado por ser eléctrico, conectado y autónomo.
Esta transición se inscribe en una serie de tendencias generales que exceden al ámbito exclusivo de la industria automotriz, y que se encuentran vinculadas a la transición energética y digital de la economía. En este sentido, el nuevo tipo
de vehículo al que se está transitando va a reconfigurar la arquitectura de la cadena de producción que se desarrolla en la industria automotriz, alterando también de manera previsible el modelo de negocio del sector, debido principalmente a las
fuentes de ingresos que van a suponer los servicios digitales asociados al vehículo conectado y autónomo y a la promoción del vehículo compartido. Además de alterar el modelo de negocio y reconfigurar la arquitectura de las cadenas en el sector,
esta transición también viene aparejada a la entrada de nuevos actores, que en el contexto de la misma pueden disputar el liderazgo de la industria, o de segmentos o dimensiones concretas de la cadena.
Todo ello va a tener un impacto sobre la especialización tecnológica y la organización de los procesos productivos y logísticos en las plantas ensambladoras de vehículos y en las proveedoras que nutren las cadenas de suministro de las
primeras, y por tanto también sobre el empleo y las condiciones laborales en la industria. En cualquier caso, se trata de tendencias y dinámicas que están en curso, que pueden tomar distinto grado de profundidad y que se pueden desarrollar a
diferentes velocidades incluso en distintos espacios geográficos, y sobre las que en última instancia distintos actores están teniendo o pueden tener capacidad de incidencia.
Por un lado, la transición entre el vehículo de combustión interna y el propulsado por energías alternativas viene asociada a cambios significativos en el diseño del propio vehículo. Se estima que el sistema de propulsión de los vehículos
de combustión interna está compuesto por alrededor de 1.400 partes o piezas, y que aproximadamente un tercio del valor total de la cadena de suministro del automóvil se genera en la industria vinculada al propio sistema de propulsión. En cambio,
los sistemas de propulsión de los vehículos eléctricos se componen de alrededor de 200 partes, lo que supone una reducción del 86% con respecto al vehículo convencional.
Asimismo, con la transición al vehículo eléctrico algunos componentes del vehículo de combustión interna como el motor y la caja de cambios, y respuestos como los sistemas de escape con silenciadores, los silenciadores centrales,
alternadores y bombas de combustible, incluidos sus sensores, desaparecen. De igual modo, surgen o se adaptan nuevos módulos del vehículo como las baterías, el motor eléctrico, el sistema de transmisión, los frenos, las bombas de agua o los
sistemas de dirección. El vehículo eléctrico tiene un motor central o motores separados para cada rueda y un pack de baterías, mientras que los componentes periféricos son menos complejos que en el caso del vehículo convencional.
Estos cambios en el diseño del vehículo impactan en la configuración de las cadenas de suministro de partes y componentes que abastecen a las fábricas ensambladoras. En este sentido, parece previsible que todos aquellos proveedores de las
piezas y componentes características del vehículo de combustión, que no tienen presencia en los vehículos propulsados por energías alternativas, vayan perdiendo volumen de producción a medida que avance esta transición hacia el vehículo eléctrico.
Igualmente, cobrarán especial importancia proveedores de piezas y componentes nucleares del nuevo tipo de vehículo. Así, adquirirán una mayor presencia en las cadenas de suministro empresas insertas en la industria química y electrónica, que
dispongan de tecnologías y competencias clave en materia de fabricación de sistemas de baterías, incluido todo aquello que tiene que ver con el software de gestión de la potencia, la temperatura y el mantenimiento de las baterías, o los componentes
electrónicos que optimizan su funcionamiento.
En el vehículo eléctrico, la batería se convierte en un componente fundamental, que representa un elevado porcentaje de la estructura de costes del vehículo. El sector de producción de baterías presenta una estructura de mercado oligopólica
a nivel mundial y una concentración geográfica de las matrices de las principales proveedoras en Asia. En concreto, menos de una decena de empresas con sede en Japón, Corea del Sur y China disponen de las capacidades de producción y de las
tecnologías de fabricación de baterías más desarrolladas y acaparan buena parte de la cuota de mercado, abasteciendo de baterías a los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial. El transporte de las baterías también es logísticamente
caro y complejo, debido al peso de las baterías y a que se trata de un componente ciertamente frágil, lo que incentiva que las proveedoras de baterías y las plantas ensambladoras de vehículos eléctricos se sitúen en entornos de proximidad
geográfica, sobre todo en aquellas regiones en las que la proyección de una creciente demanda de consumo de vehículos eléctricos fomenta un mayor ritmo en el desarrollo de esta transición.
Por otro lado, el ecosistema de empresas y actividades asociadas al vehículo conectado es amplio y complejo, pero también se desarrolla sobre estructuras de mercado oligopólicas a nivel mundial, dominadas por grandes empresas tecnológicas
fuertemente transnacionalizadas, algunas de ellas líderes mundiales si tomamos en consideración diferentes parámetros como los niveles de ingresos anuales, el volumen de activos en sus balances o su capitalización bursátil.
Las diferencias en el diseño de los vehículos de combustión interna y de tipo eléctrico no reside únicamente en el volumen de partes y componentes y en su tipología, también en los materiales de los que están fabricados. En este sentido,
también adquirirán mayor presencia empresas e industrias de extracción de materias primas clave y aquellas empresas que dispongan de tecnologías punteras para el procesamiento de estas materias primas y para la fabricación de los nuevos componentes
clave del vehículo eléctrico.
En definitiva, los cambios en el diseño del vehículo asociados a la transición energética y digital de la industria automotriz tienen un impacto directo sobre las tecnologías y los procesos productivos y logísticos en las plantas
ensambladoras, así como sobre la tipología de empresas que nutren la cadena de suministro de dichas plantas terminales.
No obstante, la transición al vehículo eléctrico puede adoptar distintos ritmos de avance o grados de profundidad, en tanto hay modelos de vehículo eléctrico que se diseñan conservando y adaptando parte del diseño de los modelos
convencionales, es decir, suponen una suerte de conversión de modelos de vehículo de combustión interna en modelos eléctricos. Por otro lado, también se diseñan modelos cuya concepción es radicalmente nueva, introduciendo innovaciones,
funcionalidades y posibilidades vinculadas directamente a la concepción de un modelo eléctrico. El grado de diferenciación de los modelos eléctricos frente a los convencionales tiene una serie de implicaciones importantes en torno a los procesos
productivos y la logística en las plantas ensambladoras, y en consecuencia también sobre las cadenas de suministro de piezas y componentes. Dicho de otro modo, el grado de diferenciación en el diseño del vehículo, entre modelos de combustión
interna y modelos propulsados por energías alternativas, plantea diferentes arquitecturas productivas de las cadenas de fabricación, es decir, cambios más o menos significativos en las cadenas de producción y suministro.
Por un lado, algunos modelos eléctricos se diseñan sobre la base de modelos de vehículo de combustión interna, adaptando algunos módulos del vehículo. En este sentido, el nivel de diferenciación es ciertamente bajo, y ambos modelos de
vehículo se pueden ensamblar sobre la misma línea de montaje o desacoplando parcialmente alguna fase del montaje y se pueden aprovechar por tanto las mismas infraestructuras industriales de una manera polivalente y flexible. La nueva generación de
plataformas modulares sobre las que se conciben los modelos de automóvil que vienen desarrollando los grandes grupos automovilísticos durante la última década están diseñadas de manera que permiten el ensamblaje de modelos basados en sistemas de
combustión interna, híbridos y eléctricos. Un ejemplo de ello, para el caso de la industria del automóvil en España, queda reflejado en las plantas del grupo Stellantis, en las que se ensamblan versiones electrificadas de modelos concebidos
inicialmente sobre sistemas de propulsión de combustión interna, como el Citroen e-Berlingo o el Peugeot e-Rifter en la factoría de Vigo, el Opel Corsa-e en la fábrica de Zaragoza o el Citroen C4 eléctrico en la planta terminal de Madrid.
En este sentido, la propia configuración de las cadenas de producción del vehículo eléctrico puede ser claramente una oportunidad para que se profundice seriamente en un esquema de economía circular, pues la gestión del vehículo y de sus
componentes será un reto al final de su vida útil. En otras palabras, plantear segundas y terceras vidas para los vehículos en lugar de su destino actual que es el desguace y la generación de residuos. La recuperación y reciclaje de los materiales
o metales escasos es parte del reto de la transición justa.
Por otro lado, la concepción de vehículos eléctricos radicalmente diferentes a los convencionales requiere también de infraestructuras productivas y de una red de proveedores específica para el modelo de vehículo, por lo que apenas se
produce ningún tipo de convergencia o sinergia entre los procesos productivos en la fábrica ensambladora y en la cadena de suministro para la fabricación de vehículos convencionales y eléctricos. En este escenario, sobre todo cuando el grado de
diferenciación de los vehículos es sustancialmente elevado y el nivel de demanda es bajo, a los grandes fabricantes les puede convenir subcontratar directamente la producción de los vehículos eléctricos a fabricantes especializados. Un ejemplo de
esta alternativa es la que parece se está barajando en el proyecto de reindustrialización de las instalaciones de Nissan en Barcelona, un 'hub' de electromovilidad liderado
por QEV Technologies y Btech para producir vehículos eléctricos de diferentes tipos y con marcas distintas, entre ellas la propia Nissan.
Por tanto, la transición al vehículo eléctrico, conectado y autónomo abre distintos escenarios para la industria, y cada uno de ellos presenta un impacto diferenciado sobre el tejido productivo, el empleo y las condiciones laborales.
Aquellos proyectos de industrialización basados en concepciones sustancialmente novedosas del vehículo es previsible que impriman transformaciones más drásticas sobre el tejido productivo, causando la inviabilidad o promoviendo la reconversión de
múltiples empresas. Estas transformaciones en el tejido productivo traerán asociados cambios en el empleo y las condiciones laborales, toda vez que la fabricación de estos nuevos vehículos conlleva una menor carga de trabajo en términos de volumen
de empleo y, al mismo tiempo, su fabricación se desarrollará inicialmente con niveles de producción ciertamente bajos, debido a una demanda de consumo de vehículos eléctricos aún incipiente en Europa.
En este marco cabe preguntarse en qué posición se encuentra la industria automotriz española, y cómo puede enfrentar esta coyuntura de transición en el sector. A pesar de que el ecosistema industrial y de servicios vinculado a la industria
automotriz en España es diverso, un rasgo común que caracteriza a todas las plantas ensambladoras, que a su vez son tractoras del conjunto de la actividad del sector y de una serie de servicios conexos, es el origen extranjero de la propiedad del
capital. Esto significa que las matrices de decisión se encuentran fuera de nuestro territorio, con las implicaciones que de ello se derivan sobre nuestra capacidad de incidencia a la hora de poder tener mayor o menor grado de influencia sobre esta
transición. Quizás no sea casual, por ejemplo, el hecho de que el grupo Stellantis haya situado sus proyectos europeos de fabricación de baterías en aquellas regiones de origen de sus principales marcas: Alemania (Opel), Francia (Peugeot y
Citroen) y recientemente en Italia (Fiat).
Aquí el Estado se posiciona como un actor negociador con cierta capacidad de incidencia, pues algunas dimensiones vinculadas a la transición en la industria dependen de manera directa e indirecta de decisiones y procesos desplegados por la
acción de gobierno. Ejemplos de ello son las ayudas públicas de estímulo de la demanda para favorecer cambios en el parque de automóviles y fomentar la penetración de los vehículos de cero y bajas emisiones, las líneas de apoyo financiero a la
innovación tecnológica y a la inversión productiva que se canalizan a través de distintos programas de préstamos y subvenciones, o el despliegue de marcos regulatorios y obras civiles orientados a desarrollar la movilidad y las infraestructuras de
recarga de los vehículos propulsados por energías alternativas. Sin duda, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado es
un avance importante para formentar la atracción de capital privado y orientar las inversiones hacia la transición al vehículo eléctrico y conectado. En este sentido, socializar parte de este proceso con cargo a las administraciones públicas no
puede dar como resultado una transición que atienda de manera exclusiva o primordialmente al interés económico-financiero de los grandes grupos privados transnacionales, sino que debe revertir en procesos que contribuyan a incrementar el bienestar
de la población. Debe ser una transición justa.
La planificación estratégica desde un punto de vista anticipatorio es fundamental para poder plantear proyectos de industrialización y alternativas social, ocupacional, económica y medioambientalmente viables que tracen un horizonte de
futuro para el sector, y sobre todo para el tejido económico, social y humano de las regiones que actualmente dependen sobremanera de la actividad productiva de la industria automotriz en España. En este sentido, en diciembre del año 2020 se
constituyó el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, un órgano de carácter consultivo, asesor y de colaboración entre las Administraciones Públicas y numerosas organizaciones empresariales y sindicales para abordar la nueva política industrial
de España. De manera más concreta, en el marco del Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción 2019-2025 se constituyó la Mesa de Automoción como un foro de debate y coordinación entre actores para impulsar el ecosistema en torno a
la movilidad sostenible y conectada. Resulta necesario disponer de un conocimiento amplio, profundo e integral de la realidad del sector y de los retos y oportunidades que enfrenta la industria automotriz localizada en España, a nivel general y
especialmente atendiendo a las particularidades sectoriales en las distintas zonas donde se producen automóviles, frente a este contexto de transición. Este conocimiento debe ser transparente para garantizar un debate y una toma de decisiones
democrática, involucrando a distintos actores de interés a la conversación pública sobre el futuro del sector, tanto privados como públicos y organizaciones de la sociedad civil. Una herramienta útil para este cometido fue la creación en los años
2000 de diferentes observatorios
industriales sectoriales, que involucraban a múltiples actores y constituían un organismo de análisis y de consulta importante para fomentar la competitividad de diferentes ramas de la industria, un proyecto que lamentablemente se clausuró
en la pasada década.
Por tanto, el Estado no debe quedar relegado a jugar un mero papel de acompañamiento en esta transición, con subvenciones y transferencias a la empresa privada, sino que debe gobernar la transición con inversión pública y con acción
legislativa y reguladora. Hacen falta políticas industriales activas en las que se gobierne esta transición desde lo público en cooperación con la empresa privada. La transición ya se está produciendo; que sea justa o no dependerá de la
anticipación, la previsión, la participación pública y la flexibilidad a la hora de ir modulando este proceso de cambio.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un seguimiento y una evaluación de las decisiones, medidas y procesos que se vayan desarrollando en el contexto de la transición energética y digital de la industria del automóvil desde el Foro de Alto Nivel de la Industria
Española y la Mesa de Automoción. Este seguimiento y evaluación debe contemplar de forma integral la transición justa, analizando especialmente aspectos sociales como la ocupación y el trabajo de calidad.
2. Realizar una labor de negociación activa y anticipatoria efectiva con las grandes corporaciones automovilísticas y los agentes que van a jugar un papel relevante en esta transición energética y digital de la industria: grandes
fabricantes de baterías eléctricas y de componentes electrónicos, Comunidades Autónomas -que disponen de competencias en política industrial- y los sindicatos representativos del sector con el fin de atraer inversiones y proyectar procesos de
industrialización viables y sostenibles en el territorio.
3. En particular, al igual que ocurre en otros países, desarrollar acciones de seguimiento y articular un diálogo con sindicatos, Comunidades Autónomas y las matrices de los grandes grupos automovilísticos para incentivar las inversiones
orientadas a modernizar las plantas de ensamblaje localizadas en España, con la implantación de plataformas modulares que faciliten la adjudicación de nuevos modelos de vehículos eléctricos a las plantas terminales.
4. Establecer mecanismos efectivos para que las ayudas que el Estado proporciona al sector por múltiples cauces incentiven o lleven aparejada la contrapartida de garantizar la viabilidad industrial del sector a largo plazo, así como la
promoción del empleo y la mejora de las condiciones laborales.
5. Prever el acompañamiento a los miles de trabajadores y trabajadoras del sector con formación para el tránsito digital y/o a nuevas empresas. Las personas que trabajan en este sector deben tener un horizonte de futuro a medio y largo
plazo en el sector, y este trabajo debe ser de calidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2022.-Antonio Gómez-Reino Varela, Sofía Fernández Castañón, Antonia Jover Díaz, Miguel Ángel Bustamante Martín, Roser Maestro Moliner, Rafael Mayoral Perales, Aina Vidal Sáez, Jaume Asens
Llodrà, María del Mar García Puig, Joan Mena Arca, Gerardo Pisarello Prados, Isabel Franco Carmona, Rosa María Medel Pérez y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Pablo Echenique Robba, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/004083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dictar una moratoria a la
aplicación del Real Decreto 933/2021 y proceder a un desarrollo especial del mismo para alojamientos turísticos reglados, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El pasado 27 de octubre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que
ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
Esta norma pretende dotar de un nuevo contenido a lo dispuesto en el artículo 25 de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana según el cual 'Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades
relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos al público comercio o reparación de objetos usados,
alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos metálicos, establecimientos de comercio al por mayor de chatarra o
productos de desecho, o de venta de productos químicos peligrosos a particulares, quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables', que venía siendo regulado por
una disposición preconstitucional, el Decreto 1513/1959, de 18 de agosto, y la normativa de desarrollo, entre la que destaca la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entradas de viajeros en establecimientos de
hostelería y otros análogos.
En relación con esta última orden cabe destacar la reciente modificación que se produjo en marzo de 2021 con la Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, y en la que se habilitó la firma de los partes de entrada de viajeros en soporte digital y
que los libros-registro sean conservados en ese formato con la finalidad de adecuar este procedimiento a las medidas de seguridad de los usuarios frente al COVID19.
Por lo que se refiere al RD 933/2021, y en referencia a la actividad de hospedaje, el mismo tiene por objeto ampliar las personas obligadas a cumplir con las obligaciones contenidas en este mediante una definición de dicha actividad en la
que se incluyen los intermediarios y operadores turísticos que realizan la actividad de intermediación para la contratación de este tipo de servicio, así como las viviendas turísticas de corta duración explotadas por empresas o particulares,
directamente, o a través de centrales de reservas, así como el contenido de los datos a comunicar.
La nueva normativa entrará en vigor el día 27 de abril de 2022, si bien, todo el apartado correspondiente a las obligaciones de comunicación resultará de aplicación el día 2 de enero de 2023. Asimismo, se prevé la adopción de disposiciones
por parte del Ministerio del Interior para desarrollar y ejecutar el contenido del RD 933/2021.
Teniendo en cuenta que se impone la obligación de recabar y comunicar los datos correspondientes a la transacción del hospedaje, entre ellos los del pago, cabe plantearse si dicha normativa contraviene la normativa en materia de pagos y que
en el caso español está delimitada por lo previsto en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financieros, el cual transpone la directiva PSD2 y en el Reglamento (UE) 2018/389 de la
de 27 de noviembre de 2017 por el que se complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de comunicación
abiertos comunes y seguros.
Este conjunto normativo impone a los proveedores de servicios de pago (expendedores de tarjetas de crédito y TPVS entre otros) un conjunto de obligaciones que tiene por finalidad asegurar la confidencialidad de los datos existentes en medios
de pago para evitar todo tipo de fraudes; se trata de un conjunto de obligaciones adoptado por el Sistema de Bancos Centrales Europeo entre los que se encuentra el Banco de España; entre aquéllas, se encuentra la obligación de encriptar los datos
realizados electrónicamente, de manera que el ordenante del pago (cliente) evite exponer dichos datos
para que terceros, incluidos receptores del pago (establecimiento hotelero) realicen transacciones económicas no autorizadas.
Esto deriva en que a un establecimiento hotelero le resulta imposible cumplir con la totalidad de los datos de transacción existentes en el anexo del RD 933/2021 ya que no disponen de dicho dato, del que sólo dispone el proveedor de
servicios de pago.
Para cumplir con la obligación el establecimiento hotelero tendría que modificar su relación contractual con el proveedor de servicios de pago para permitirle acceder a este dato (lo que no va a ocurrir, dado que en ese caso el proveedor de
servicios de pago se expone a una sanción por infracción en materia de seguridad relacionada con pagos electrónicos) o a recabar directamente ese dato del propio cliente cuando vaya a registrarse, el cual podría negarse entendiendo que el dato
proporcionado es excesivo para la finalidad por la cual se recaba.
Por tanto, tomando todo ello en consideración, la recogida de datos relativos a la transacción de la operación resulta inviable por parte del establecimiento hotelero, cabe recordar que un 70 % son individuales y con pequeñas instalaciones.
No es posible cambiar sus sistemas informáticos o la toma de datos en este tiempo, pues cada uno tiene el suyo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Dictar una moratoria a la aplicación de todo el contenido del Real Decreto 933/2021 hasta enero de 2023.
- Proceder a un desarrollo especial del Real Decreto 933/2021 para alojamientos turísticos reglados, dado que el Real Decreto ampara toda la tipología del sector y dada su amplitud es imposible a un subsector como el de hospedaje poder
recoger los datos a los que no tiene acceso o que incluso están prohibidos por normativa española y europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2022.-Isabel María Borrego Cortés, Agustín Almodóbar Barceló y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/004084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del valor de la industria española del hábitat, para su
debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
En arquitectura, el concepto de hábitat hace referencia a las condiciones de los espacios interiores para poder ser habitados por las personas. Es en este medio donde se torna imprescindible la llamada industria del hábitat, aquella
conformada por empresas dedicadas a la iluminación, domótica, muebles y textiles para el hogar, cocina y baño, grifería, mobiliario técnico y otras. Esta industria incide directamente en la calidad de vida de las personas configurando el espacio
para su habitabilidad y bienestar, con una proyección de futuro que exige una constante adaptación a la transición energética y medioambiental, a la digitalización y al diseño de soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades humanas.
Se trata de un sector muy característico de la actividad industrial manufacturera española, gran generadora de empleo en el territorio y competitiva a nivel internacional en base a su diseño creativo y calidad de materiales y acabados, sus
altas cotas de innovación y su aportación a la exportación de productos industriales. Según la Federación Hábitat de España, y en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta industria aglutina a más de 17.000 empresas, en su
mayoría de pequeño y mediano tamaño, representando el 10% de la industria manufacturera y con un valor de producción de más de 13.000 millones de euros, lo que permite dar empleo a más de 110.000 personas.
El sector del hábitat forma parte, de principio a fin, de la cadena de valor de las actuaciones de rehabilitación de viviendas y del parque edificatorio de nuestro país. Su industria está caracterizada por tener unos estándares muy altos de
innovación, diseño y calidad en sus productos y estrategias de comercialización y con gran capacidad de diferenciación respecto de otros procedentes de países terceros, de bajo valor añadido y peor calidad. El estricto cumplimiento de la normativa
nacional y europea en materia de calidad, sostenibilidad y seguridad en los atributos de sus bienes constituye una eficaz protección para la seguridad de los consumidores y una ventaja competitiva que supone uno de los valores esenciales de esa
diferenciación respecto de otros mercados.
Esta industria del hábitat español, intensiva en diseño, calidad y sostenibilidad, de alto valor añadido en definitiva, puede jugar un papel relevante en la modernización de la vivienda y la edificación, para que todos los elementos de un
espacio hábitat puedan atender a los retos futuros de modernización, transición energética, transformación sostenible y digital y seguridad para las personas consumidoras.
En este sentido, resulta imprescindible aprovechar de manera eficiente los recursos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, pueden impulsar y hacer más competitiva
la industria española del hábitat.
Por último, poner en valor la actividad que lleva desarrollando el ICEX España Exportación e Inversiones en su atención al sector y su actividad de promoción, lo que está permitiendo una internacionalización de las empresas del sector del
hábitat y repercutiendo positivamente en su crecimiento económico y la generación de empleos de alto valor añadido.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar y reconocer a la industria española del hábitat como uno de los elementos esenciales en las actuaciones de rehabilitación de viviendas y parque edificatorio para garantizar el mantenimiento de la cadena de valor y la modernización
y renovación de todos los elementos que la componen, con el objetivo de impulsar un parque de viviendas en España diseñado y adaptado a las necesidades de las personas, acorde con la transición energética, la sostenibilidad medioambiental y la
protección de los usuarios conforme a normativas de calidad y seguridad industrial.
2. Colaborar, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con las asociaciones y federación de organizaciones empresariales de este sector industrial en el impulso y coordinación de políticas públicas que permitan
consolidar su competitividad en el ámbito de la producción industrial española y su liderazgo en los mercados internacionales, en base a una transición energética, una orientación verde y digital de su actividad y un impulso de la formación dual y
cualificación de las personas empleadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2022.-Cristina López Zamora, Alejandro Soler Mur, Patricia Blanquer Alcaraz y Ana María Botella Gómez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío De Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo a las familias que afrontan un duelo
perinatal, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero Noción de duelo perinatal.
Uno de los momentos más trágicos de la vida de cualquier persona es el de la pérdida de un hijo 6. Si todo fallecimiento conlleva, para los seres más cercanos al difunto, un proceso de duelo (entendido en su doble acepción de dolor -dolus-
y lucha -duellum-) 7, qué duda cabe de que este será especialmente complejo y doloroso cuando son los padres quienes lo sufren respecto de un hijo que les premuere en los albores de la vida.
La tipología del duelo va asociada a la del fallecimiento. La muerte perinatal -si entendemos el término en sentido amplioengloba tanto la que se produce en el seno materno (muerte gestacional, también denominada fetal) 8, como la que
acontece en el momento del nacimiento o en el inmediatamente anterior o posterior (muerte perinatal stricto sensu) 9, e incluso durante los primeros meses de la vida del menor (muerte neonatal). Por lo tanto, si nos referimos a los procesos de
duelo que los padres experimentan respecto de sus hijos en periodo de gestación o recién nacidos, podemos hablar de duelo gestacional, duelo perinatal o duelo neonatal.
Fuente: Guía de actuación y acompañamiento en la muerte gestacional tardía 10
Segundo. Consecuencias del Duelo Perinatal.
Todo duelo lleva aparejada un amplio y variable abanico de consecuencias para quien lo afronta, pues constituye 'un proceso humano doloroso que atañe todas las dimensiones del ser: físico, fisiológico, psicológico, cognitivo, social,
cultural y espiritual' 11. Estas pueden incluso revestir el carácter de patología, y en tal caso pueden describirse, según los criterios diagnósticos de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (y publicados en el DSM-V), como 'duelo no
complicado' (aquel que presenta 'síntomas característicos de un episodio de depresión mayor, como por ejemplo sentimientos de tristeza con otros síntomas asociados, como insomnio, falta de apetito y pérdida de peso') 12; o, en su forma más grave,
6 Cfr. SANTOS, P., YÁÑEZ, A. y AL-ADIB, M., Atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad, Servicio Extremeño de Salud, 2015, p. 49.
7 https://dle.rae.es/duelo
8 Cfr. VV.AA., 'El duelo perinatal por muerte gestacional tardía', Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, n° 63, 2017, p. 85. Define el duelo gestacional como 'aquel que se da tras una muerte gestacional
tardía, muerte intrauterina o muerte fetal'.
9 https://dle.rae.es/perinatal Respecto de este tipo de muerte, el INE señala que 'en 2007 la tasa mortalidad fetal tardía por 1000 nacimientos era de 3,024, y en 2015 era de 3,066', según refieren VV. AA., 'El duelo perinatal por muerte
gestacional tardía', Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, n.º 63, 2017, p. 86. El referido artículo menciona 'que la muerte fetal tardía supera en número a la mortalidad infantil, es decir, que hay más mujeres que
pierden a su bebé antes de nacer, que madres que pierden a su hijo durante el primer año de vida. No se trata de una cuestión numérica, si no de señalar que la visibilidad social de este acontecimiento no va pareja a las cifras' (Op. Cit, p. 86).
10 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Servido Murciano de Salud, p. 10.
11 Guía de actuación y acompañamiento en la muerte gestacional tardía, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Servicio Murciano de Salud, p. 13.
12 DSM-V, 'duelo no complicado', V62.82 (Z63.4).
como 'trastorno de duelo complejo persistente' (que 'se caracteriza por la pena intensa y persistente y por reacciones de luto') 13.
En el caso particular del duelo perinatal, las consecuencias que más abundan -algunas de ellas en ambos padres y otras específicamente en la madre-, son: la imposibilidad de preparación psíquica para el acontecimiento de la muerte (por lo
sorpresivo, ordinariamente, de este tipo de fallecimientos) 14; la ausencia o la escasez de recuerdos con el hijo -a diferencia de lo que ocurre cuando la persona que fallece ha vivido muchos años- 15; la falta de reconocimiento social de este
tipo de pérdidas 16; el sentimiento de culpa sobre la causa del fallecimiento 17; el miedo y la ansiedad respecto de futuros embarazos y durante la vivencia de estos 18; la aparición o agravación de problemas en la relación de pareja 19; una
mayor propensión a los problemas de salud mental 20; la predominancia de diversas reacciones emocionales como 'tristeza, enfado, desesperación, miedo, deseo de venganza, culpa irracional, ansiedad, soledad emocional, fatiga, shock' 21; la
aparición de reacciones conductuales tales como 'apatía, desgana, hiperactividad, aislamiento, incapacidad para estar solo, distracción, sueños repetitivos, visitar lugares de recuerdo' 22[...] A estas consecuencias de tipo psicológico o afectivo se
suman a menudo, en el caso de la madre, las secuelas físicas asociadas a la reciente gestación, lo que dificulta aún más el proceso de duelo.
Tercero. Propuestas para la mejora de las situaciones de duelo.
La difícil coyuntura que afrontan las familias que sufren un fallecimiento perinatal puede atenuarse o, cuando menos, encauzarse con mayor entereza si se les ofrece la ayuda adecuada. En este sentido, la Federación Española de Duelo
Gestacional, Perinatal y Neonatal (FEDUP) 23, cuyo trabajo se centra precisamente en el abordaje de este tipo de duelo, ha llevado a cabo dos propuestas:
- 'La elaboración de una Guía consensuada a nivel estatal de apoyo al Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal basado en la especialización de profesionales y respeto a la familia' 24.
- La promoción de las 'cunas de abrazos', con objeto de ayudar a las familias que atraviesan el momento del duelo 25.
Otros estudios académicos, elaborados sobre la base de datos recabados de familias que han vivido un duelo perinatal, coinciden en que una correcta atención y orientación a estas familias, mediante un protocolo o guía de actuación, es de
gran ayuda en el proceso del duelo.
13 DSM-V, 'trastorno de duelo complejo persistente', 309.89 (F43.8).
14 Cfr. Cfr. VV.AA., 'El duelo perinatal por muerte gestacional tardía', Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, n.º 63,2017, p. 87.
15 ídem.
16 Op. Cit., pp. 87 y 89.
17 Cfr. VV.AA., 'El duelo perinatal por muerte gestacional tardía', Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, n° 63, 2017, p. 88.
18 ídem.
19 Hutti, Armstrong, Myers & Hall, 2015, estudio citado por la Guía de actuación y acompañamiento en la muerte gestacional tardía, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Servicio Murciano de Salud, p. 9.
20 'La mujer embarazada que pasa por un aborto experimenta 81% más probabilidades padecer problemas de salud mental respecto al grupo de mujeres embarazadas que no se practican un aborto'. VIVANCO-SIERRALTA, L., 'Aborto y salud mental',
Persona y Bioética, julio-diciembre 2011, p. 209. Dicha afirmación es una de las conclusiones del estudio del que el autor se hace eco, en la p. 298: 'una revisión científica publicada en la edición de septiembre de la revista British Journal of
Psychiatry. El estudio, un metaanálisis, lleva por título 'Aborto y salud mental: síntesis cuantitativa y análisis de investigaciones entre 1995 y el 2009', y ha sido desarrollado por la doctora Priscilla Coleman, de la Bowling Green State
University (EE. UU.). En él se recoge una muestra de 22 estudios previos en los que se han valorado 36 tipos de enfermedades mentales para una muestra total de 877.181 mujeres (163.831 de las cuales pasaron por abortos voluntarios) dentro y fuera
de Estados Unidos'.
21 Guía de actuación y acompañamiento en la muerte gestacional tardía, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Servicio Murciano de Salud, p. 13. A este respecto, puede verse también VA. AA., 'Factores psicológicos implicados
en el Duelo Perinatal', Index de Enfermería, vol. 21, n° 1-2, 2012, p. 3.
22 ídem.
23 https://fedupduelo.org/quienes-somos/#:~:text=FEDUP%20es%20una%20federaci%C3%B3n%20sin,las%20muertes%20que%20suceden%20por
24
https://www.osoigo.com/es/federacion-espanola-de-duelo-gestacional-perinatal-y-neonatal-fedup-es-urgente-una-guia-consensuada-a-nivel-estatal-de-apoyo-al-duelo-gestacional-perinatal-y-neonatal-basado-en-la-especializacion-de-profesionales-v-r
espeto-a-la- familia.html?utm source=Whatsapp&utm medium^Whatsapp&utm campaign=FEDUPOsoigo&utm id=FEDUPOsoigo
25 Estas cunas, al conservar en frío el cuerpo del bebé durante algunas horas más, hacen posible que los padres puedan despedirse de él en circunstancias, por ejemplo, de intervención quirúrgica de la madre, tales como una cesárea,
https://www.osoigo.com/es/federacion-espanola-de-duelo-gestacional-perinatal-y-neonatal-fedup-buscamos-desarrolladores-de-cunas-de-abrazos-made-in-spain-para-que-las-familias-que-viven-el-duelo-gestacional-perinatal-o-neonatal-tengan-el-tiemp
o-deseen-par a-estar-con-sus-hijs.html
- Entre ellos cabe destacar, en primer lugar, una publicación elaborada por el Servicio de Maternidad del Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza), que recalca 'la importancia de los protocolos de actuación en estos casos, ya que
ayudan a los profesionales a tener en cuenta los aspectos emocionales de la mujer y su familia' 26. Añade el artículo: 'Con el protocolo se pretende humanizar el medio hospitalario, dar reconocimiento institucional a la pérdida perinatal y otorgar
los mejores cuidados a los padres' 27, consistente, por ejemplo, en ofrecer un contexto de escucha o una intervención psicológica 28. En dicha guía de actuación revisten especial importancia 'las enfermeras, ginecólogas, y sobre todo matronas, [por
ser] quienes detectan en los hospitales la necesidad de una orientación, de cómo acompañar mejor a estos padres en el duro momento en el que pierden al hijo esperado. Estos profesionales sensibilizados saben del impacto emocional de las actuaciones
de los sanitarios que atienden a estos padres, y de las repercusiones en la elaboración posterior de la pérdida' 29.
- En segundo lugar, cabe mencionar la Guía de actuación y acompañamiento en la muerte gestacional tardía, elaborada por el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia), que concluye que 'el asesoramiento por parte de
especialistas se asocia con una mejora de los resultados psicológicos de los padres que sufren una pérdida perinatal (Rogers, Spink, Magrill, Burgess & Agius, 2015)' 30. Esta Guía, dirigida a 'los profesionales hospitalarios que acompañan un
proceso de maternidad/paternidad de muerte gestacional' 31, se articula sobre la base de los siguientes objetivos: 'contribuir a la mejora de la salud de las mujeres y sus familias, proporcionando unos cuidados de calidad y favoreciendo el
desarrollo de un duelo normal tras una muerte gestacional; [...] proporcionar herramientas a los profesionales sanitarios para facilitar el acompañamiento a las mujeres y sus familias ante una muerte gestacional; [...] y sensibilizar sobre la
muerte superando los tabúes culturales y emocionales elaborados en torno a la muerte perinatal' 32.
Estos dos son ejemplos concretos de guías de atención a las familias. En todo caso, se trata de casos aislados, ya que por el momento no existe en el ámbito sanitario ni en el de la asistencia social un protocolo de actuación unificado e
implantado en todos los centros.
Cuarto. Conclusión.
El Grupo Parlamentario VOX aboga decididamente por la protección de la familia, 'unidad básica de nuestra sociedad' 33, y porque las políticas públicas tengan siempre en cuenta sus necesidades y problemas 34. Así lo recoge de forma expresa
en la Agenda España, el documento que aglutina las medidas que VOX propone para el bien común de los españoles.
El artículo 39.1 de la Constitución Española ('CE') reconoce que 'los poderes públicos aseguran la protección social [...] de la familia'. Para el desarrollo de dichas labores de protección, concretamente en lo que se refiere a la
asistencia a las familias que atraviesan un duelo perinatal (que afecta a materias de asistencia social y sanidad), la competencia puede ser asumida por las Comunidades Autónomas, en virtud de los artículos 148.1.18 y 20a CE. Sin embargo, en todo
caso corresponde al Estado la competencia exclusiva para 'la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos' (artículo 149.1.1a CE), particularmente los de la protección de la
salud y de la institución de la familia.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en coordinación con las administraciones competentes, una guía de apoyo al duelo perinatal (entendido en sentido amplio, incluyendo el duelo gestacional y neonatal) que se aplique a
nivel nacional, y que se articule en torno al siguiente contenido:
- Formación del personal sanitario en materia de duelo perinatal.
26 VV.AA., 'El duelo perinatal por muerte gestacional tardía', Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, n.º 63, 2017, p. 88.
27 VV.AA., 'El duelo perinatal por muerte gestacional tardía', Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, n.º 63,2017, p. 88.
28 Op.Cit., p. 89.
29 Op. Cit., p. 86.
30 Guía de actuación y acompañamiento en la muerte gestacional tardía, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Servicio Murciano de Salud, p. 9.
31 Op. Cit., p. 16.
32 Guía de actuación y acompañamiento en la muerte gestacional tardía, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Servicio Murciano de Salud, p. 14.
33 VOX, Agenda España, 2021, p. 41.
34 ídem.
- Medidas de apoyo del personal sanitario de los centros hospitalarios (públicos o privados) respecto de las familias que sufren un fallecimiento perinatal, con el fin de ayudarlas en el proceso de duelo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
161/004086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de las familias españolas a través
de la modificación del tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los gastos por descendientes a cargo, para su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. Enunciación de los rasgos y principios del sistema tributario español.
El artículo 31.1 de la Constitución Española ('CE') dispone que 'todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio'.
Se enuncian en dicho precepto constitucional los elementos esenciales del sistema tributario español: objetivo -la contribución pecuniaria-; subjetivo -de todos, materialización del principio de generalidad 35, si bien según su capacidad
económica 36-; y teleológico -para el sostenimiento del gasto público-. Asimismo, se establecen los principios que han de regir dicho sistema: igualdad, progresividad y no confiscatoriedad 37.
Segundo. La plasmación en el IRPF y, en particular, en el tratamiento de la familia en el IRPF, de los elementos y principios tributarios.
1. Definición del IRPF.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ('IRPF') 'es un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza
y sus circunstancias personales y familiares'. Así lo define el
35 AGUALLO AVILÉS, A. y BUENO GALLARDO, E., en 'Artículo 31', en VV.AA, Comentarios a la Constitución Española, Tomo I, Boletín Oficial del Estado, Ministerio de Justicia y Wolters Kluwer, Madrid, 2018, p. 1099, afirman que 'el principio de
generalidad se infiere del término 'todos' (STC 96/2002, de 25 de abril, F] 7), vocablo que, al igual que sucede con la capacidad económica, se conecta directamente al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (se incluye al
comienzo del art. 31.1 CE, según el cual: 'todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica'), más allá de la exigencia constitucional de un sistema tributario justo contenida en el último inciso del
art. 31.1 CE ('mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio'). [...] El principio de generalidad prohíbe la concesión de privilegios tributarios
discriminatorios o, lo que es lo mismo, de beneficios tributarios injustificados. Implica que el legislador no puede establecer excepciones o matizaciones al deber de contribuir sin que existan fines de interés general reconocidos en la
Constitución que las justifiquen'.
36 Ibídem, p. 1097.
37 Ibídem, p. 1101: 'Como ha venido señalando reiteradamente la doctrina, la interdicción de confiscatoriedad que se establece en el art. 31.1 CE tiene más un valor ideológico o político que jurídico, de manera que de hallarse ausente su
consagración constitucional explícita en dicho precepto tampoco sería posible agotar la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir: lo impedirían el principio de capacidad económica y, en última instancia, el derecho a la propiedad
privada consagrado en el art. 33 CE. [...] Con todo, a tenor de la jurisprudencia constitucional, es incontrovertible que la prohibición de confiscatoriedad 'obliga a no agotar la riqueza imponible - sustrato, base o exigencia de toda imposición-
so pretexto del deber de contribuir' [SSTC 150/1990, FJ 9; 14/1998, F] 11. B); 233/1999, FJ23;yATC 71/2008, de 26 de febrero, FJ 6]'.
artículo 1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio ('LIRPF').
Se trata de un impuesto que obliga a todas 'las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español', así como a aquellas 'que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 10 de esta Ley' (artículo 8.1 LIRPF).
2. Funcionamiento del IRPF.
El cálculo del impuesto puede sintetizarse como sigue:
i. El hecho imponible del impuesto, según el artículo 6 LIRPF, es la obtención de la renta por parte del contribuyente, entendiendo por renta los rendimientos del trabajo, del capital y de las actividades económicas, las ganancias y pérdidas
patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por ley.
ii. Con carácter previo al cálculo del impuesto, se detraen del total de la renta del contribuyente aquellas rentas que el artículo 7 LIRPF considera exentas (v, gr., las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños
personales).
iii. Una vez nos hallamos ante la renta que sí es objeto de gravamen (la base imponible), se calcula la base liquidable, que 'será el resultado de practicar en la base imponible, en los términos previstos en esta Ley, las reducciones por
atención a situaciones de dependencia y envejecimiento y pensiones compensatorias' (artículo 15.3 LIRPF).
iv. Obtenida la base liquidable general, a ella se le aplica el tipo impositivo, que en el IRPF es progresivo y oscila entre el 19 y el 47%.
v. Por último, a la cuota íntegra resultante hay que restarle (comenzando por el tramo que tributa en la escala más baja) las deducciones por concepto del mínimo personal y familiar que, en cada caso, pueda aplicarse el contribuyente, para
obtener la cuota líquida.
3. El especial tratamiento de las obligaciones respecto de los descendientes en el IRPF. El mínimo por descendientes y las anualidades de alimentos.
La familia es el lugar del cuidado por excelencia, y así lo reconoce la CE en los artículos 39.3 (cuidado de los padres respecto de sus hijos), 32.2 (cuidado mutuo de loscónyuges) y 50 (cuidado de los ascendientes de la tercera edad) 38.
Estas obligaciones naturales de rango constitucional, que tienen como reverso el mandato de protección pública de la familia (artículo 39.1 CE), encuentran también reflejo en el IRPF. Nos centraremos específicamente en el primero de ellos: el
cuidado de los padres a sus hijos.
3.1. El mínimo por descendientes.
Una primera manifestación de tales cuidados en el IRPF es el mínimo por descendientes, integrado en la categoría más amplia 39 del 'mínimo personal y familiar' 40 ('la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer las
necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación por este Impuesto', según dispone el artículo 56.1 LIRPF).
Pueden beneficiarse del mínimo por descendientes los contribuyentes en los que concurran las siguientes circunstancias (nótese que la situación paradigmática que regula este precepto es la de los padres que tienen hijos a su cargo) 41:
- Que tengan descendientes en línea recta (por consanguinidad o adopción, o en régimen de tutela o acogimiento) menores de 25 años o con una discapacidad igual o superior al 33%.
38 Sobre el particular, vid. SANZ GÓMEZ, R., 'Los conceptos de unidad familiar en el Derecho tributario: análisis funcional y propuestas de reforma', en W. AA., Análisis transversal de la atención al hecho familiar en el ordenamiento
tributario, Aranzadi, Madrid, 2020, p. 7.
39 Las otras dos categorías que se integran dentro del mínimo personal y familiar son el mínimo del contribuyente (artículo 57 LIRPF) y el mínimo por ascendientes (artículo 59 LIRPF).
40 'El mínimo personal y familiar será el resultado de sumar el mínimo del contribuyente y los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad a que se refieren los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley del Impuesto, incrementados o
disminuidos a efectos de cálculo del gravamen autonómico en los importes que hayan sido aprobados por la Comunidad Autónoma respectiva'. https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Ayuda/17Presentacion/100/8 5 l.shtml
41 Cfr. https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ciudadanos-familias-personas-discapacidad/minimo-personal-familiar/mínimo-descendientes.html, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 58 LIRPF.
- Que dichos descendientes convivan con el contribuyente 42 o dependan económicamente de él.
- Que no perciban rentas anuales superiores a 8.000 euros.
El mínimo por descendientes es una cantidad fija: 2.400 euros por el primero, 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero y 4.500 por el cuarto y siguientes. El artículo 58.2 LIRPF dispone un aumento del mínimo -de 2.800 euros anuales-
cuando el descendiente sea menor de 3 años. Las cuantías enunciadas podrán aplicárselas íntegras ambos progenitores, si llevan a cabo de manera conjunta la declaración del IRPF, o bien prorrateadas al 50% si presentan declaraciones individuales
(haciendo uso de la posibilidad que brinda el artículo 61.1.a LIRPF).
El beneficio de dicho mínimo por descendientes consiste en que, como hemos apuntado antes, a la cuota tributaria se le resta, comenzando por la parte impositiva más baja (la que tributa al 19%), la cuantía del mínimo por descendientes 43 de
tal forma que dicha cuota disminuye, como podemos ver en el Ejemplo 1:
42 SANZ GÓMEZ, R., en Op. Cit., p. 8, señala: 'Ahora bien, se asimilará a la convivencia con el contribuyente la dependencia respecto de este último, excepto en el caso de hijos que reciban pensión de alimentos de los padres en el caso de
disolución del vínculo matrimonial. Por tanto, salvo en ese supuesto concreto, todo se reduce a un único requisito (la dependencia económica) e, incluso en ese ámbito, está prohibido que el tratamiento fiscal al progenitor que no convive equivalga
a su exclusión de la protección derivada del art. 39.1 CE (STC 19/2012, de 15 de febrero)'.
43 Y de la misma manera, del mínimo personal y por ascendientes.
La cantidad que el IRPF fija como mínimo por descendientes contrasta llamativamente con el gasto real que se destina al cuidado de descendientes a cargo 44. Diversos estudios 45 calculan que el gasto que los padres españoles efectúan en el
sustento y cuidado de sus hijos es, como mínimo, de 6.400 euros
44 A este respecto, HERNÁNDEZ GUIJARRO, F., en 'La fiscalidad de la familia con menores a cargo', Actualidad Jurídica Iberoamericana, n.º 13, agosto 2020, p. 1051, afirma con contundencia: 'Si bien el planteamiento de dicha disposición es
positivo y podría entenderse que contribuye al cumplimiento de los mandatos constitucionales antes referenciados, cuando comprobamos la cuantía del citado mínimo personal y familiar, no podemos menos que concluir que su importe es el todo
insatisfactorio (...). Es patente y manifiesto que el impuesto que grava directamente la renta de las familias españolas no resulta adecuado ni se ajusta a la debida protección económica de la familia, y su aplicación - altamente deficitaria para
cubrir los gastos básicos de los/as hijos/as- resulta del todo injusto' ¿ESTAMOS ACEPTANDO EL LENGUAJE INCLUSIVO?
45 https://www.generali.es/blog/generalimasqueseguros/cuanto-cuesta-tener-hijo-espana/
anuales, de los cuales una buena parte (1.890 euros de media) 46 se destina a la educación. Según la OCU 47, en el primer año de vida del hijo el gasto es aún mayor, de hasta 7.700 euros de media.
A tenor de estos parámetros, unos padres con tres hijos, uno de ellos menor de un año, destinarán a su cuidado 20.500 euros anuales (en esta cifra no se incluyen los gastos como el cambio del vehículo que, incluso aunque traigan causa del
aumento numérico de la familia, no se imputan directamente al sustento de cada uno de los hijos). Paradójicamente, esa misma familia tendría, por aplicación del mínimo por descendientes 48, y según hemos calculado en el ejemplo ilustrado en el
gráfico 49, un 'beneficio' anual de unos 2.000 euros: diez veces menor que el gasto real.
3.2. Las anualidades por alimentos.
Existe una segunda figura jurídica relacionada con los gastos que destinan los padres a sus hijos en el IRPF: las anualidades por alimentos. El artículo 142 del Código Civil ('CC') establece que 'se entiende por alimentos todo lo que es
indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le
sea imputable'.
Aunque 'el padre y la madre están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos' (artículo 110 CC), tales alimentos solo tienen derecho a un tratamiento especial en el IRPF de los aportantes cuando, según los artículos 64
y 75 LIRPF:
- Los contribuyentes satisfagan dichas cuantías en virtud de decisión judicial.
- Se trate de contribuyentes que no tienen derecho a la deducción por descendientes 50.
De lo anterior se colige que la anualidad por alimentos solo constituye un beneficio tributario en el IRPF en los supuestos de crisis matrimonial o de pareja en los que media resolución judicial, siempre que la atribución de la guarda y
custodia de los hijos sea individual, no compartida.
La ventaja fiscal que comportan los alimentos consiste en que, a la hora de determinar tanto la cuota íntegra estatal del impuesto como el gravamen autonómico, 'el importe de las anualidades por alimentos se diferenciará del resto de la base
liquidable general, obteniéndose de esta forma dos bases para la aplicación de las escalas de gravamen:
- Base A: importe de la anualidad por alimentos.
46
https://www,ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa72021/vueltaalcole260821#:text=pr%C3%B3ximo%20curso%20escolar-,OCU%20estima%20que%201as%20familias%20gastar%C3%Aln%20de%20media%201,890%20euros,en%20el%20pr%C3%B3ximo%20curso%20escoIar&te
xt=Por%20t%C 3%A9rmino%20medio%2C%201os%20alumnos,quienes%20acudan%20a%20uno%20privado.
47 https://www.ocu.org/acciones-colectivas/coste-hijo-ayuda-familias
48 2.400 por el primer hijo, 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero y 2.800 porque este último tiene menos de un año.
49 Nótese que la simulación efectuada en el ejemplo 1 es de la declaración de uno de los cónyuges. Habría que añadir la otra mitad del mínimo por descendientes, imputable al IRPF del otro cónyuge. Por ello, redondeando establecemos que el
beneficio ronda los 2.000 euros anuales.
50 El asunto de la exclusión entre los artículos 58 (mínimo por descendientes) y 64 (anualidades por alimentos) de la LIRPF está siendo objeto de pronunciamiento reciente por parte de diversos tribunales. Cabe señalar, por su relevancia al
respecto, la Sentencia 1535/2020, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Málaga), Sala de lo Contencioso. Dicha resolución pone de manifiesto la injusticia que se produce respecto de los progenitores que tienen atribuida la
custodia compartida de sus hijos. Así, afirma el F. J. 2o: 'de la literalidad de estos artículos la doctrina tributaria ha consagrado la regla de la incompatibilidad de la aplicación simultanea del mínimo exento por descendientes a cargo y de la
reducción de la base por abono de pensiones de alimentos establecidas en resolución judicial. Así lo ha declarado la Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V2576-18, de 20 de septiembre de 2018. [...] La finalidad de esta reforma
se dirige a evitar el agravio en la aplicación de límites a la progresividad que se establecería entre progenitores separados legalmente y aquellos que no lo estén. Así, mientras que los padres convivientes solo podrían aplicarse el mínimo exento
por descendiente, los separados legalmente podrían aplicar el doble mecanismo de minoración de la progresividad que significa la compatibilidad entre mínimo exento y reducción de la escala por abono de alimentos. [...] La solución que propugna la
Administración tributaria se muestra inconciliable con los principios de igualdad tributaria, progresividad y capacidad contributiva, pues en la situación de partida comparable de crisis matrimonial hacen de peor condición a los progenitores que
ostentan la guarda y custodia compartida respecto de aquellos progenitores divorciados o separados que ostentan un régimen de custodia individual. [...] Estos últimos tendrían el derecho el uno a la aplicación del mínimo exento en su integridad por
toda la anualidad, y el otro a la compensación fiscal de las pensiones de alimentos pagadas durante todo el ejercicio, mientras que los padres sujetos a un régimen de custodia compartida solo podrán aplicar el mínimo exento por descendientes a
prorrata por el estricto periodo en que los hijos permanezcan bajo su cuidado, sin posibilidad de aplicar el beneficio reconocido por razón del abono de alimentos, cuando estos sean impuestos judicialmente'.
- Base B: resto de la base liquidable general' 51.
Ejemplo 2
Fuente: elaboración propia 52
Si aunamos los resultados de los dos ejemplos expuestos, podemos concluir que, con una misma base liquidable general -de 60.000 euros- y un mismo gasto por los tres hijos a su cargo:
- Un padre (nótese el masculino genérico) separado o divorciado, que no tiene la guarda y custodia y abona 12.912 euros en concepto de anualidades alimentos, tendrá una cuota tributaria en el IRPF de 15.600,44 euros.
- Por el contrario, la cuota tributaria del contribuyente que se aplique el 50% beneficio del mínimo por descendientes (suponiendo que el otro 50% se lo aplica el otro progenitor) será de 16.771 euros en los siguientes casos:
- el de dos padres que conviven;
- el de dos padres separados o divorciados que comparten la guarda y custodia de sus hijos.
51 https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/en
gb/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2020/capitulo-15-calculo-impuesto-determinacion-integras/especialidades-determinacion-cuota-integra-estatal-autonomica/anualidades-alimentos-favor-hijos/especialidad-tratamiento-anuali
dades-alimen tos.html
52 htpp://www6.poderjudicial.esPensionAlimenticiaWeb/frmGeneral.aspx
- La diferencia entre ambos supuestos es de 1.170,60 euros al año, es decir, del 7%. Por lo tanto, el beneficio fiscal en el tratamiento de los gastos por hijo a cargo es un 7% superior cuando se trata de personas separadas o divorciadas
mediando resolución judicial.
3.3. Resultado de la comparativa.
Por lo tanto, la vía de las anualidades por alimentos permite que la respuesta del IRPF a la situación real de los contribuyentes con descendientes a su cargo sea más exacta y justa, si la comparamos con la herramienta del mínimo por
descendientes. Más exacta 53, porque la cuantía de los alimentos es fijada caso por caso por el Juez, atendiendo a las necesidades del alimentista y las posibilidades económicas del alimentante (artículo 146 CC), de modo que los alimentos que se
tienen en consideración en el IRPF del contribuyente han sido los realmente gastados. Y más justa, porque permite 'la minoración de su carga fiscal progresiva mediante la rebaja de las escalas' 54, como podemos inferir del ejemplo expuesto. Con
ello se logra una ruptura de la progresividad típica de este impuesto que beneficia al contribuyente que tiene cargas familiares, si bien solo al separado o divorciado mediando sentencia judicial, cuando además no tenga atribuida la custodia
compartida 55.
Esta diferencia de tratamiento en función de la situación afectiva y jurídica de los contribuyentes 56 (casados, convivientes o separados de hecho versus separados o divorciados judicialmente, existiendo además diferencias entre estos
últimos en función de la atribución de la guarda y custodia) vulnera los principios tributarios de igualdad impositiva 57 y capacidad económica 58. En primer lugar, supone un menoscabo del principio de igualdad 59 porque la situación de partida (el
gasto real por descendiente a
53 'Para el cálculo de las anualidades por alimentos a favor de los hijos a las que se aplica el régimen de especialidades de los artículos 64 y 75 de la Ley del IRPF se tomará en cuenta el importe dinerario que efectivamente se haya
satisfecho en concepto de anualidad por alimentos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 142 del Código Civil', expone la AEAT.
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/engb/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2020/capitulo-15-calculo-impuesto-determinacion-integras/especialidades-determinacion-cuota-integra-estatal-autonomica/anualidades-alimento
s-favor-hijo s/especialidad-tratamiento-anualidades-alimentos.html
54 Sentencia 1535/2020, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Málaga), Sala de lo Contencioso, fundamento jurídico segundo.
55 Véase la nota al pie número 13, que expone en pronunciamiento a este respecto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Málaga), en la Sentencia 1535/2020, fundamento jurídico segundo.
56 Sostiene MARÍN-BARNUEVO FABO, D., en 'La protección de la familia en el sistema tributario', Revista Mexicana de Derecho Financiero y Tributario, vol. 1, núm. 2, enero-junio 2015, p. 77, que 'la compensación de gastos familiares a
través de deducciones en la cuota es contraria al principio de igualdad, ya que disminuye sus efectos a medida que aumenta la renta del contribuyente y ello, además de suponer en sí mismo una desigualdad injustificable, conlleva que los
contribuyentes con rentas altas apenas sean compensados por los gastos de manutención de familiares y, por tanto, soporten una tributación prácticamente igual a la que corresponde a otros contribuyentes sin cargas familiares y parecido nivel de
renta'.
57 RUBIO GUERRERO, J. J., y ÁLVAREZ GARCÍA, S., en 'La protección de la familia en el sistema tributario español: análisis de la evolución normativa reciente en el ámbito estatal', Cuadernos de Información Económica, núm. 180, mayo-junio
2004, p. 17, afirman que 'el principio de igualdad impositiva, en su doble vertiente de equidad horizontal y vertical, implica que los sujetos pasivos en situación igual han de recibir el mismo trato impositivo, debiendo concederse un trato
tributario Desigual a los sujetos pasivos que se encuentran en situaciones diferentes. Cuando los sujetos pasivos tienen cargas familiares derivadas de la existencia de personas a su cargo -cónyuge, ascendientes o descendientes-, o necesitan
incurrir en unos gastos especiales debido a su edad o ala existencia de minusvalías, estas situaciones deben ser tenidas en cuenta en el impuesto a pagar'.
58 GOROSPE OVIEDO, J. I., y HERRERA MOLINA, P. M., 'La virtualidad del principio de capacidad económica en el ordenamiento tributario español', en W. AA., Estudios en homenaje al profesor Pérez de Ayala, Dykinson, Madrid, 2007, p. 33:
'Basándonos en el ideal de los valores jurídicos, la capacidad económica debería definirse como la riqueza disponible de un sujeto. El contenido de este principio debería exigir: a) que solo tribute la renta y no las sumas destinadas a obtener los
ingresos (principio del neto objetivo); b) que no tributen las cantidades necesarias para garantizar al contribuyente y a su familia una vida digna (principio del neto subjetivo...); c) que solo tribute la riqueza real y no rendimientos ficticios
o nominales (principio de tributación de la riqueza efectiva)'.
59 Ibidem,p. 40: 'La sentencia 209/1998, de 10 de noviembre, relativa a un recurso de amparo, señala que la genérica igualdad del artículo 14 CE ha de valorarse, en cada caso, teniendo en cuenta el régimen jurídico sustantivo del ámbito de
relaciones en que se proyecte, y en la materia tributaria es la propia Constitución la que ha concretado y modulado el alcance de su artículo 14 en un precepto (artículo 31.1), cuyas determinaciones no pueden dejar de ser tenidas en cuenta (FJ 6o).
Y añade expresamente que, en el ámbito del IRPF, el legislador ha de ordenar la tributación sobre la renta en atención a la capacidad económica que muestren los sujetos pasivos del impuesto, al ser la capacidad, en este ámbito, medida de la
igualdad'. Por su parte, MARÍN-BARNUEVO FABO, D., 'La protección de la familia en el sistema tributario', Revista Mexicana de Derecho Financiero y Tributario, vol. 1, núm. 2, enero-junio 2015, p. 59: 'En lo que se refiere al principio de
igualdad en materia tributaria, conviene recordar en primer lugar que su reconocimiento en el artículo 31 CE ha permitido entender que tiene un significado específico, distinto del principio de igualdad general del artículo 14 CE, cuyo contenido
esencial se ha identificado tradicionalmente con el derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminaciones jurídicas arbitrarias. Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en sus primeras sentencias, en las que era apreciable el
esfuerzo realizado para destacar que no es correcto identificar sin más ambos principios, y ello porque la igualdad que aquí se reclama va íntimamente enlazada al concepto de capacidad económica y al principio de progresividad, por lo que no puede
ser, a estos efectos, simplemente reconducida a los términos del artículo 14 CE. Se entendía de este modo que el principio de igualdad tributaria del artículo 31 CE comprende el principio general de igualdad ante la ley y, además, incorpora una
nota especificadora sobre los criterios de diferenciación específicos de la materia tributaria para entender satisfecha la igualdad real'. El mismo autor, en las pp. 59-60, insiste en la misma idea: 'Por tanto, podríamos afirmar que en el ámbito
tributario el principio de igualdad puede manifestarse a través de una doble vía y, consecuentemente, con una eficacia jurídica distinta. De un lado por la exigencia de que la igualdad se constituya en principio inspirador del sistema tributario,
que conlleva una inexcusable atención a los principios de capacidad económica y progresividad como mandato de desigualdad o de diferenciación necesario para lograr la igualdad real. Y de otro lado por la prohibición de discriminación injustificada
ante la ley y en aplicación de ley prescrita en el artículo 14 CE, que goza de especial protección a través del procedimiento de recurso de amparo previsto en el artículo 53 CE. El contenido y alcance del principio de igualdad tributaria ha sido
precisado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 76/1990, de 26 de abril'.
cargo) es la misma en las familias divorciadas o separadas que en aquellas otras en las que los progenitores conviven; sin embargo, ambas tienen anudadas consecuencias jurídicas distintas: las familias unidas no pueden acogerse al régimen
de los alimentos sino solo al del mínimo por descendientes, menos beneficioso. En segundo lugar, se vulnera el principio de capacidad económica 60, toda vez que, como hemos apuntado anteriormente, el sistema tributario está 'sometiendo] a gravamen
la porción de renta que los sujetos deben destinar inevitablemente a la atención de sus necesidades vitales' 61 ('primum vivere, deinde tributum solvere', decían los fiscalistas medievales).
Podemos concluir, por tanto, que en aras de una mayor justicia material y de un mayor cumplimiento de los principios tributarios, cabría plantear cambios en el vigente sistema de protección de la familia y del cuidado en el IRPF.
Tercero. Conclusión y propuesta del GPVOX.
Por las razones expuestas, consideramos que ha de modificarse la actual normativa tributaria en materia de IRPF, con el fin de que los gastos que se destinan a los descendientes (que, en su mayoría, como dijimos anteriormente, son hijos que
dependen de sus padres) pierdan la consideración de renta disponible a efectos de dicho impuesto, toda vez que (siempre que nos movamos dentro de unos parámetros razonables) no son indicativos de capacidad económica.
A tal fin, se proponen las siguientes mejoras en la tributación del IRPF:
- El tratamiento de los gastos por descendiente a cargo será el mismo con independencia de la situación de sus padres (casados, divorciados, etc.). A tal fin, se suprimirán las vigentes figuras del mínimo por descendientes y de las
anualidades por alimentos.
- El gasto por descendiente a cargo se objetivará de un modo más ajustado a la inversión real que las familias efectúan por este concepto. A tal fin, se utilizarán las 'Tablas orientadoras para determinar las pensiones alimenticias de los
hijos en los procesos de familia' 62, elaboradas y actualizadas periódicamente por el Consejo General del Poder Judicial. Las cuantías que figuran en las tablas, salvo que judicialmente se hubiera determinado otra cosa, serán las que se computen
por cada uno de los descendientes a cargo.
- Dichas cuantías estarán exentas de tributación en el IRPF de los contribuyentes que tengan descendientes a su cargo.
La Agenda España -documento que contiene las directrices básicas que este Grupo Parlamentario y el partido que lo sustenta proponen para el bien común de nuestro países muy clara en lo tocante a la protección de la familia. Concretamente
propugna que esta se sustancie, entre otras vías, por la de los beneficios fiscales. En esta línea, habla de la 'creación de incentivos a la formación de familias y la maternidad', tales como 'ampliar el sistema de beneficios fiscales para las
familias'. Entre ellos, cabe establecer una 'rebaja [d]el Impuesto sobre la Renta con el objetivo de garantizar la fortaleza económica
60 A este respecto, recogemos una consideración doctrinal que nos ha llamado la atención: 'Los planes de pensiones, que no constituyen un gasto necesario del contribuyente y que conllevan un beneficio fiscal derivado de esa libertad de
configuración del legislador, sí reducen la base imponible antes de aplicar los tipos de gravamen, esto es, reducen la base de tributación sin graduación alguna que asegure -parafraseando al legislador- una misma disminución de la carga tributaria
para todos los contribuyentes con igual situación familiar, con independencia de su nivel de renta. Y ciertamente resulta inadmisible que el gasto voluntario (como es la aportación a un plan de pensiones) reciba un tratamiento fiscal más ventajoso
que el gasto necesario derivado de la atención de los gastos familiares', afirma MARÍN-BARNUEVO FABO, D., Op. Cit., p. 86.
61 Ibídem, p. 56.
62 https://www.poderjudicial.es/cgp¡/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-pensiones-alimenticias/Tablas-orientadoras-para-determinar-las-pensiones-alimenticias-de-los-hiios-en-los-procesos-de-familia-elaboradas-por-el-CGPT
de las familias y proteger su capacidad de ahorro e inversión'. Lo que en esta iniciativa se plantea es un tratamiento fiscal justo, que ni siquiera tiene la entidad de beneficio fiscal, toda vez que no se está pidiendo una minoración de la
tributación de la renta que denota capacidad económica, sino una exención de aquella otra renta (la destinada íntegramente al sustento de las personas a cargo) de la que el contribuyente no dispondrá.
No obstante, aunque cuanto aquí se propone tuviera naturaleza de beneficio fiscal, cabría igualmente solicitarlo en cumplimiento del deber estatal de la protección de la familia, máxime teniendo en cuenta la necesidad de que dicha
institución esencial siga poniendo al servicio de nuestro país sus muchos frutos, con especial énfasis en los demográficos, de urgente necesidad.
El Estado es competente para llevar a cabo la reforma planteada, toda vez que, a pesar de tratarse el IRPF de un impuesto parcialmente cedido a las Comunidades Autónomas, la determinación de sus rasgos esenciales es de carácter estatal 63.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, con el fin de obtener una mejor aplicación de los principios tributarios a las familias españolas, a promover la modificación del régimen de tributación en el IRPF de los gastos que se
destinan al cuidado de los descendientes a cargo, de la siguiente forma:
1. Fijar como gasto por descendiente a cargo el que consignan las 'Tablas orientadoras para determinar las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia', elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial, en sustitución
de los actuales sistemas del mínimo por descendientes y las anualidades por alimentos, sin perjuicio de resolución judicial para el caso concreto.
2. Los contribuyentes que tengan descendientes a cargo se beneficiarán de la exención de tributación en el IRPF por el total de esas cuantías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2022.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de un plan de
contingencia de apoyo al sector ganadero-cárnico, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Desde hace meses el sector ganadero-cárnico está sufriendo el alza de los costes energéticos y de las materias primas, que ya venía precedida de una situación compleja para mantener las rentas. Este escenario económico se ha agravado con la
guerra de Rusia contra Ucrania y con la huelga de transportistas, generando un escenario de incertidumbre que ha afectado al conjunto del sector agrario, y muy especialmente a la ganadería, llegando a poner en riesgo la autonomía alimentaria de
nuestro país.
En esta situación, la subida de costes de consumos sin una subida de los ingresos se ha traducido un descenso (-5,2%) de la renta agraria por unidad de trabajo anual del último ejercicio 2021 o, lo que es lo mismo, un descenso de beneficios
de los agricultores y ganaderos, en un momento en que la inflación ya
63 Ver, a este respecto, los artículos 3 LIRPF y 46 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican
determinadas normas tributarias.
está en un 10%. En la estructura de costes de la renta agraria, la mayor partida del presupuesto de los empresarios tras la energía, son los piensos para alimentación animal que representan y más del 25% de los consumos intermedios,
seguidos de los costes de fertilizantes y de otros Bienes y Servicios.
Considerando que los precios energéticos han subido hasta un 300% y que los piensos para ganado, necesarios tanto en las explotaciones intensivas como en las extensivas, especialmente en invierno cuando los recursos de pastos todavía no
están disponibles, se han incrementado más del 30%, no es de extrañar que surjan dificultades económicas para mantener las explotaciones.
Las mismas dificultades encuentran los ganaderos para vender sus productos y poder cubrir este incremento de gastos de producción, muy superiores a los que soportan ganaderos de otros países de nuestro entorno, desde hace ya más de dos años.
De hecho, algunos productos ganaderos, como la leche, se encuentran especialmente afectados en sus ingresos como consecuencia del desequilibro en la cadena de valor que para nada se resuelve con la nueva ley de la cadena. Tanto es así, que 655
granjas han cesado su actividad en 2021.
España se sitúa como primer productor europeo de carne de cerdo, con algunas de las regiones, como Cataluña y Aragón, en la lista de regiones europeas con más cabezas, siendo España uno de los líderes mundiales en exportaciones, cuyo mercado
ha caído un 25% en enero de 2022.
Con respecto a otras especies, España aportaría en torno al 8% del censo bovino y el 10% de la carne de vacuno producida en Europa. Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha se clasifican entre las diez primeras regiones en
ganadería ovina. Andalucía es líder indiscutible en ganado caprino y la segunda región europea con más cabezas de ganado equino, mientras que España es uno de los pocos países con una producción importante de carne de conejo.
En enero de 2021, el número de explotaciones de aves en España ascendían a un total de 20.754 explotaciones, con un censo de gallinas ponedoras, según SITRAN, que ronda los 47,1 millones.
Todo este potencial se ha visto en una situación de crítica durante 2021, que ha afectado a unos sectores productores más que a otros, pero que se ha generalizado y agudizado durante 2022. Cualquier distorsión adicional, bien sea de los
costes de producción, como la subida del precio de la energía, o de los mercados de suministros, como los producidos por el paro del transporte, la invasión de Ucrania y la restricción de cereales y oleaginosas o la falta de abastecimiento de
piensos o la ausencia de recogida de leche, produce un impacto significativo.
Una de las medidas adoptada por los productores ha sido reducir los costes mediante el ajuste del número de cabezas de las cabañas ganaderas y, en algunas ocasiones, el cierre total de la explotación. Esta medida, según los expertos, puede
producir una reducción de la oferta de algunos productos, con el consiguiente aumento de los precios y la mayor dependencia alimentaria de nuestro país, sin que este pueda ser un proceso reversible si llega a producirse el cierre y se sustituye el
producto español por producto de otros países con mayor estabilidad política y económica, y un compromiso superior de sus gobiernos con el sector ganadero-cárnico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dejar exento de tributación la PAC de aquellos ganaderos que reciben menos de 60.000 euros, hasta que se estabilice la situación de dicho sector ganadero y se ajusten los costes de producción que permitan la rentabilidad del sector.
2. Establecer una fiscalidad diferenciada de apoyo a la reducción de costes de producción.
3. Establecer bonificaciones adicionales sobre el gasto incurrido por la compra del combustible, piensos y fertilizantes con sobrecostes.
4. Buscar y abrir con carácter urgente nuevos mercados para importar materias primas a fin de garantizar el suministro de alimentos para los animales asegurando la producción ganadera en nuestro país tras la crisis provocada por del
conflicto de Ucrania.
5. Buscar y agilizar la apertura de nuevos mercados para exportar nuestros productos ganadero-cárnicos a fin de recuperar la caída provocada por la pérdida de imagen reputacional del sector ganadero-cárnico español.
6. Incrementar la dotación de los créditos de la Línea ICO para operadores ganadero-cárnicos incluidas en el Real Decreto-Ley 4/2022.
7. Aplazar pagos de Créditos ICO que afecten al sector ganadero cárnico hasta que la situación se estabilice.
8. Aprobar exenciones temporales en las cotizaciones de la Seguridad Social, para ganaderos, para evitar la destrucción de empleo.
9. Incrementar la dotación del Perte Agroalimentario de forma que haya un apartado específico destinado a la industria ganadero-cárnica dotada con presupuesto suficiente.
10. Aumentar la dotación de los fondos Next Generation EU para la adaptación del sector ganadero a las demandas de sostenibilidad exigidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2022.-Milagros Marcos Ortega, Marta González Vázquez, María José García-Pelayo Jurado, Javier Merino Martínez, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Sebastián Jesús Ledesma Martín,
Juan Manuel Constenla Carbón, Juan José Matarí Sáez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una Mesa de Ciencia Pesquera, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Como en cualquier otra faceta de la realidad, la investigación y el conocimiento científico disponible en la actualidad constituyen la mejor baza en la toma de decisiones relativas a la gestión pesquera.
Nadie cuestiona hoy que el correr del tiempo, la presión demográfica y alimentaria, las nuevas necesidades y los nuevos usos y modas de la sociedad contemporánea han transformado las condiciones de la gran fuente natural de la que bebe el
sector de la pesca, el océano, amenazado en su función de generador del sustento y pulmón para la vida.
Para garantizar la pervivencia de los recursos que son el presente y el futuro del sector y la soberanía alimentaria de la población y al mismo tiempo alcanzar el rendimiento máximo sostenible de los stocks, se hace imprescindible un
conocimiento exhaustivo y en profundidad de los impactos del ser humano sobre los mares y de las oportunidades que abren los avances tecnológicos.
En este contexto, ciencia y e investigación se configuran como las herramientas fundamentales para avanzar hacia las metas de la conservación y la explotación de los recursos pesqueros, en el nuevo paradigma económico y social de la
sostenibilidad del desarrollo.
España ha ido, poco a poco, avanzando en la investigación científico-tecnológica, en la línea del trabajo desarrollado por otros países costeros de la Unión Europea, que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y circunstancias con más
prontitud.
Prueba de ello es, a modo de ejemplo, la investigación sistemática de las características del fondo marino español, realizado para disponer de una cartografía batimétrica de alta precisión, con la mayor información posible sobre bionomía
bentónica, e identificación de las calidades de fondo y su distribución. El objetivo de esta prospección, que nos sitúa a la cabeza de los países europeos en disponer de esta información, es adquirir nuevos conocimientos que permitan un uso
sostenible de los recursos y la protección de las zonas y especies vulnerables.
También es destacable el diseño del Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico en la pesca y la acuicultura, bajo la convicción de que la innovación, se configura como una de las soluciones para la mejora de la competitividad
sectorial empresarial frente a otros países.
Siendo el pesquero un sector tan arraigado en nuestro país, la I+D se plantea como un factor clave en la mejora de la sostenibilidad y continuidad del mismo. El Plan da a conocer las prioridades de Innovación en la pesca extractiva y en la
acuicultura, incluyendo la transformación y la comercialización de sus productos.
Igualmente se deben mencionar las Plataformas Tecnológicas, que constituyen foros de trabajo donde cualquier entidad relacionada con la 1+D+i del sector puede participar. Se establecen las hojas de ruta y los retos tecnológicos para los
próximos años, se potencia el traslado de información y actuaciones conjuntas entre las empresas, los centros tecnológicos y de investigación, asociaciones y Administraciones Públicas y se facilita transferencia de tecnología e implementación de la
misma en el mercado.
Cabe indicar, también, la aprobación del Plan Complementario de Ciencias Marinas, un programa cogobernado y cofinanciado entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y cinco comunidades autónomas para impulsar una red de investigación,
innovación y transferencia de conocimiento sobre el medio marino y litoral en España. Este programa cuenta con un presupuesto total de 50 millones de euros, de los que 30 millones proceden del Ministerio de Ciencia e Innovación, gracias al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las actuaciones previstas en el Plan Complementario de Ciencias Marinas también pretenden reforzar sectores como el turismo costero y marino, la pesca y la acuicultura, que se han visto afectados por la pandemia, así como otros ámbitos de la
economía azul que presentan un enorme potencial en cuanto a su contribución a una recuperación y transformación económica sostenible.
En cualquier caso, la progresiva reversión del déficit investigador y la firme apuesta por la inversión en ciencia y tecnología en nuestro país no puede suceder en el vacío de los laboratorios y los despachos; el esfuerzo cooperativo de
todos los agentes implicados del sector pesquero se hace imprescindible, tanto en la toma de decisiones como en la necesaria comprensión y divulgación de los pasos que se den.
Solo desde el contraste de pareceres, el debate y la consecución de consensos pactados entre las partes puede el sector pesquero avanzar hacia soluciones que respondan tanto a las necesidades económicas de la cadena de valor pesquero como
las exigencias ambientales que permitan la protección de los valores naturales oceánicos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una Mesa de Ciencia Pesquera, en la que estén representados la comunidad científica, el sector pesquero, la sociedad civil y a la que serán invitadas las comunidades autónomas; donde,
reconociendo el mejor conocimiento científico disponible como la base para la toma de decisiones en materia en de gestión pesquera, se expongan las principales líneas de conocimiento científico y de investigación pesquera que se están desarrollando
y los resultados disponibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2022.-Ariagona González Pérez, Juan Francisco Serrano Martínez, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Senderos Oraá, Montse Mínguez García, José Luis Aceves Galindo, Lázaro Azorín Salar,
Javier Cerqueiro González, Indalecio Gutiérrez Salinas, María Luisa Faneca López, Mariano Sánchez Escobar y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de Ferran Bel i Accensi y Concep Cañadell i Salvia, diputados del PDeCAT, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, presentan, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a conceder ayudas al sector de la fruta para hacer frente a los daños ocasionados por las heladas de principios de abril de 2022 fruto de la
borrasca ciril.
Exposición de motivos
En lo que llevamos de mes de abril, en Catalunya hemos podido constatar que ha sido el más frío de los últimos 30 años, debido a una masa de aire de origen polar fruto de la borrasca Ciril, que ha ocasionado
que los primeros días de abril hayan tenido un clima más propio del invierno, al dejar intensas nevadas en diferentes puntos del Estado y bajar las temperaturas de forma generalizada. Tanto es así que en la mayoría de las estaciones
meteorológicas se han registrado récords de frío a estas alturas del calendario.
Este fenómeno meteorológico ha comportado unos graves perjuicios para el sector agrícola dedicado al árbol frutal, que justo en esta época se encuentra en la etapa de floración o de empezar a salir la fruta. En las comarcas de Lleida han
encadenado tres noches seguidas con temperaturas bajo cero, llegando a menos siete grados, provocando grandes estragos en el campo. Estas temperaturas tan bajas en un mes de abril no se alcanzaban en la plana de Lleida desde hace casi cincuenta
años, en 1973.
Hay que recordar que el sector de la fruta fresca constituye una de las principales producciones agrarias de Catalunya por su peso económico, por la superficie de cultivo, por su importancia relativa en la producción tanto de Europa como del
Estado, y por su orientación exportadora, además de jugar un relevante papel en el equilibrio territorial.
Catalunya es el territorio más importante de producción de fruta dulce del Estado, que a su vez es el noveno productor mundial de melocotón y nectarina, el decimoctavo productor mundial de pera y el trigésimo séptimo de manzana.
Según las primeras estimaciones del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, la zona afectada es de unas 50.000 hectáreas de cultivo de fruta de hueso, de fruta de semilla y de almendras, y
con una afectación que va del 50% al 100% de la cosecha.
La más perjudicada ha sido la de fruta de hueso, con un total de 17.883 hectáreas repartidas entre albaricoquero, cerezo, melocotonero, nectarino y ciruelo, con una afectación de entre 80 y el 100%. La fruta de semilla como el manzano y el
peral ha quedado afectada en un total de 14.882 hectáreas pero con un porcentaje de afectación menor. Por otro lado, el almendro también ha sufrido importantes perjuicios por el frío, con un total de 17.033 hectáreas afectadas con daños entre el 50
y el 70%.
Estas son unas primeras estimaciones. La cuantificación de la afectación real no se sabrá hasta los próximos días cuando empiecen a subir las temperaturas y los árboles expulsen la flor o la fruta incipiente muerta.
Respecto al perjuicio económico, los primeros cálculos apuntan a unas pérdidas, sólo en las comarcas de Lleida, de 450 millones de euros para la fruta dulce y 28 millones para la fruta seca.
El Sistema Español de Seguros Agrarios (Agroseguro) no cubrirá todas las pérdidas, solamente una parte, y según sus estimaciones, las indemnizaciones serán de 150 millones de euros, debido a que las tres noches de heladas de principios de
este mes de abril han constituido el peor fenómeno meteorológico de carácter puntual sufrido por el campo español en los 42 años de historia del seguro agrario estatal, y más del 30% de la prima del seguro destinada a pagar los riesgos agrícolas de
todo un año.
Por otro lado, una parte importante de los agricultores de fruta no aseguran la cosecha en caso de heladas debido a que el bajo precio al que se le paga la fruta y los elevados costes hacen que no dispongan de margen suficiente para asumir
la cuota del seguro.
Actualmente, el seguro agrario contra las heladas tiene una serie de características que hace que no cubra buena parte de los daños. Por un lado, tiene una franquicia del 30% de afectación de la cosecha. Si el perjuicio supera este 30% de
la cosecha el agricultor no recibe la totalidad del daño ocasionado por las heladas, sino que sobre el porcentaje de daño respecto al total de la cosecha se descuenta un 30%. Otro factor es que solo cubre 3.000 quilos de fruta por hectárea, cuando
la producción es de 20.000 quilos de fruta por hectárea. Estas características hacen que los agricultores que tienen la cosecha asegurada también estén perjudicados, aunque en un grado menor, por estas heladas de los primeros días de abril.
El aumento de la frecuencia de las heladas, a causa de los efectos del cambio climático, ha provocado que los seguros agrarios de Agroseguro hayan quedado totalmente desfasados. Si cuando se diseñaron se producía una helada cada cinco años
aproximadamente, en los tres últimos años se han producido heladas en cada uno de ellos.
Dentro de la cadena alimentaria, otro eslabón afectado es el de las centrales transformadoras agrarias, que son las responsables de almacenar la fruta, prepararla para la venta y comercializarla. Estas centrales tienen unos elevados costes
fijos que no los podrán cubrir al no tener ingresos por la cosecha de este año. Entre estos costes fijos destacan los gastos de personal, los de mantenimiento de las instalaciones y especialmente los energéticos, estos últimos con un aumento de un
50% en relación al coste de hace dos años.
Otro sector afectado por estas heladas son los trabajadores de la campaña de la fruta, tanto en el campo como en las centrales de transformación agraria. El año pasado se contrataron alrededor de 70.000 personas. La inmensa mayoría de
ellos se quedarán este año sin este trabajo.
Es urgente que el Gobierno adopte medidas para ayudar tanto a los agricultores de fruta como a las centrales transformadoras y a los trabajadores que no podrán trabajar en la campaña de la fruta de este año. Cabe recordar que durante la
pandemia el Gobierno indemnizó a empresas afectadas por las restricciones impuestas para luchar contra la Covid.
Dentro de todo el abanico de ayudas, las más importantes y perentorias son las ayudas directas, la financiación para los gastos cuyo pago se debe hacer en el corto plazo, los préstamos a largo plazo para inversiones en tecnología antihelada,
la adaptación a los seguros contra heladas de Agroseguro a la nueva realidad climatológica y permitir a los trabajadores acogerse a Expedientes De Regulación De Empleo (ERTE).
Por todo ello, los diputados del PDeCAT, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Conceder inmediatamente ayudas directas en forma de subvenciones a los agricultores afectados por las heladas ocasionadas por la borrasca Ciril.
2. Financiar de forma inmediata el circulante de los agricultores y de las centrales transformadoras agrarias afectadas por las heladas, mediante créditos con un tipo de interés del 0%.
3. Otorgar a los agricultores afectados por la borrasca Ciril préstamos a largo plazo, de 10 a 12 años, con 3 años de carencia con un tipo de interés bajo y con una subvención de una parte del principal para poder hacer las inversiones
necesarias en tecnología antiheladas.
4. Adaptar los seguros de Agroseguro que cubren los daños ocasionados por las heladas a la situación de frecuencia e intensidad en la que se producen en estos últimos años, como consecuencia del cambio climático.
5. Agilizar los trámites para que los trabajadores fijos y fijos discontinuos del sector de la fruta puedan acogerse rápidamente a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2022.-Ferran Bel Accensi y Concep Cañadell Salvia, Diputados.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/004052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre prohibir el uso
en exteriores de la creosota, para su debate en instancia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La creosota es una sustancia que se consigue a través de la mezcla de diversos compuestos químicos y se utiliza, principalmente, como conservador de la madera en traviesas ferroviarias, puentes, postes de cercas y postes de tendidos
telefónicos y eléctricos. Así, aumenta la durabilidad de la madera evitando insectos, hongos y bacterias que la degradan.
La creosota se obtiene en un proceso de destilación de la brea. Entre las sustancias tóxicas que la forman se encuentra el benzopireno, que se ha demostrado que, en altas concentraciones, puede ser cancerígeno.
En la Nota Técnica de Prevención 699 (NTP 699) del Ministerio de Trabajo, en 2005, ya se advierte de los riesgos asociados a la utilización de la Creosota y cita las conclusiones alcanzadas por la Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer (IARC) y la Agencia de Protección Ambiental Americana (EPA) donde califican a la creosota como 'probablemente carcinogénico en seres humanos':
En el estado español, desde el 2002 está prohibido el uso de la creosota en interiores, habiendo quedado su uso en exteriores reducido a la conservación de traviesas de ferrocarriles y postes de líneas eléctricas y telefónicas.
Por el contrario, en varios países europeos como Alemania, Francia, Bélgica, Suiza o Portugal, el uso de la creosota también ha sido prohibido en exteriores tanto para postes de electricidad como para líneas telefónicas, por su importante
impacto medioambiental. 64
Por ello, el Grupo Parlamentario Republicano presente la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a, en el plazo máximo de 3 meses:
1. Prohibir el uso de la creosota como conservador de la madera en traviesas de ferrocarriles y en postes de líneas eléctricas y telefónicas.
2. Impulsar la sustitución de todos aquellos elementos exteriores que contengan creosota -entre ellos principalmente postes de líneas eléctricas y telefónicas como medida de protección medioambiental y de salud pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2022.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.- Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/004062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del litoral de
la provincia de Alicante, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El litoral de la provincia de Alicante, como prácticamente la totalidad del litoral mediterráneo español, presenta una profunda regresión en la costa, profundamente agravada desde que se han hecho más visibles los efectos del cambio
climático.
Entre 2015 y 2016 el Ministerio que entonces era el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, responsabilidad del gobierno popular del momento, aprobó y presentó las Estrategias para la protección de la costa y contra la erosión del
litoral de las cinco zonas que en aquel momento se identificaron como las más afectadas por la regresión: Huelva, Maresme, Sur de Castellón, Sur de Valencia y Granada. Además de estas zonas, se detectó ya desde ese momento, la necesidad de
plantear una estrategia global sobre todo el litoral español, y así se hizo y finalmente se aprobó por el mismo Gobierno del Partido Popular, en diciembre de 2016 la 'Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española'.
Dicha estrategia evaluaba los problemas de cada zona del litoral y proponía, a nivel genérico, soluciones e intervenciones.
Los gobiernos posteriores han asumido esas estrategias como propias, lo cual no puede sino considerarse positivo en un tema en el que las intervenciones concretas exigen tramitaciones profusas y prolongadas y cualquier cambio de rumbo
político puede truncar el trabajo de los años anteriores y hacerlo de forma irreversible. Pero no han avanzado en nada al respecto.
Y es que el diseño y el mantenimiento de las estrategias es sólo el primer paso en la lucha contra los efectos que el cambio climático provoca en el litoral. Es necesario implementar lo previsto en las estrategias y actualizarlas
constantemente una vez redactadas.
En ese sentido, la existencia de la Estrategia general prevista para todo el litoral español de 2016 es un primer paso que debe ser concretado territorialmente del mismo modo que ya lo fue en las cinco zonas en las que ya se desarrollaron
estrategias propias. Así, deben diseñarse estrategias concretas para cada tramo del litoral español y programar un calendario exigente de actuaciones de implementación de las mismas. Es una
64 Autorización de la Comisión Europea para que Francia restrinja el uso y la comercialización de determinadas maderas tratadas con creosota y otras sustancias relacionas con la creosota. Disponible en: BOUE: Decisión de ejecución (UE)
2019/961 de la Comisión
necesidad ya urgente en los tramos costeros de la provincia de Alicante y otros de la Comunitat Valenciana, muy afectados ya por el fenómeno de la regresión y carentes de estrategias de actuación.
La espera o la inacción, en este tema, no es una opción. Los destrozos que cada vez con mayor gravedad, generan los temporales de costa en infraestructuras y bienes de vital importancia ambiental, económica y turística, no permiten espera.
Al contrario, exigen acción.
No por obvio cabe dejar de citar la importancia que la protección de la costa tiene para uno de los pilares económicos de nuestro país: el turismo. Ni tampoco se puede dejar de mencionar que la no protección de la costa genera perjuicios
en las localidades costeras que mantienen barrios o poblados que viven el avance de la línea de mar como un riesgo de pérdida incluso de viviendas de quienes las heredaron de sus antepasados o las adquirieron tras mucho esfuerzo.
El carácter finalista de gran parte de los fondos habilitados desde la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia del COVID-19 respecto a la lucha contra el cambio climático, especialmente el Fondo de Recuperación Next Generation,
abren una posibilidad excepcional para llevar cabo acciones decididas de protección del litoral usando para ello todas las herramientas y tecnologías aptas para ello.
La inacción del Gobierno de España desde 2018 en ese sentido ha determinado que algunos Ayuntamientos estén, por su cuenta, encargando estudios técnicos limitados a sus términos municipales y que, al margen de demostrar la preocupación que
genera el fenómeno de la regresión en esas administraciones, suponen esfuerzos económicos totalmente impropios que únicamente se entienden desde la inacción de la Administración General del Estado, que es la que tiene la competencia exclusiva en
este asunto.
En el tramo costero en el que se encuentra localidades como Denia, Xábia, Calpe, Guardamar del Segura o Tavernes de la Valldigna, es necesario establecer una línea de actuación que, bajo una perspectiva global, planifique las
infraestructuras y mecanismos necesarios para evitar el fenómeno de la regresión costera y los efectos cada vez más sensibles de los temporales. Y, una vez aprobada la estrategia en esos términos, programar la financiación y la ejecución de las
obras que sean necesarias para ello.
Por otra parte, recientemente se ha publicado un borrador de lo que pretende ser una modificación del vigente Reglamento de la Ley de Costas.
La propuesta ha generado la contestación por parte de todo tipo de asociaciones porque conlleva nuevas arbitrariedades en favor de la administración y en contra de los derechos de los ocupantes de la costa.
Entre otras cosas contiene previsiones de que para la delimitación del DPMT en lugar de ser el límite 'donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos', y que éste se haya alcanzado al menos 5 veces en 5 años, sea suficiente con
una vez. O que no exista la posibilidad de revisar deslindes hacia el mar si se verifica que no ha llegado oleaje a una zona en 50 años. O prohibir concesiones o prórrogas cuando las obras o instalaciones tengan un cierto riesgo de ser alcanzadas
por el mar, así de genérico. O que los paseos dejen de ser linde fijo de ribera de mar.
Todas estas propuestas son arbitrarias e injustificadas. Cuando lo que se necesita es protección de la costa lo que propone el Gobierno son más limitaciones a los derechos de los ocupantes.
La propuesta ha generado la contestación por parte de todo tipo de asociaciones porque conlleva nuevas arbitrariedades en favor de la administración y en contra de los derechos de los ocupantes de la costa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción con carácter inmediato de las siguientes medidas:
1. Exigir, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la elaboración de una Estrategia de protección de la Costa en los tramos que afecta al litoral de la provincia de Alicante y de la provincia de Valencia no
incluidos en otra Estrategia, de forma que se planifiquen todas las actuaciones necesarias de forma coordinada para protegerlas a estos municipios de la regresión. Del mismo modo, acometer por parte del Ministerio la ejecución inmediata de los
diversos proyectos de recuperación de playas ya redactados.
2. Planificar y ejecutar, en el menor plazo posible, cuantas actuaciones se determinen como necesarias en esa estrategia.
3. Explorar sistemas y medios técnicos tendentes a liberar o reconducir los sedimentos de los cauces que desembocan en la costa mediterránea para reproducir, en la medida de lo posible, el flujo sedimentario fluvial, que son la única fuente
de alimentación de las playas, de forma que se frene la regresión costera y se minimicen los efectos de los temporales, dotando el presupuesto necesario.
4. Efectuar, en tanto no se ejecutan las obras de protección y regeneración necesarias, cuantas actuaciones sean convenientes para mantener en perfecto estado de uso y conservación nuestras playas con las obras de mantenimiento,
conservación y reparación que se requiera para que cada temporada se mantenga la mayor excelencia posible de nuestro litoral.
5. Que se desista de la reforma del Reglamento de la Ley de Costas que ha estado en exposición pública y, de mantenerse la intención de modificarlo, se exponga públicamente una nueva propuesta en la que se acojan las alegaciones efectuadas
por las asociaciones de vecinos del litoral valenciano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Agustín Almobóbar Barceló, César Sánchez Pérez y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños del temporal de
abril de 2022 en las playas de la costa de provincia Málaga y afrontar los problemas de protección del litoral, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El fuerte viento, lluvia y oleaje provocado por el temporal, considerado uno de los peores de las cinco últimas décadas, ha asolado la costa de la provincia de Málaga, en los primeros días del mes de abril; dejando un reguero de cuantiosos
daños en las playas a las puertas de la temporada turística con el inicio de la Semana Santa.
Los sensores del Puerto de Málaga solo habían registrado olas como estas en cinco ocasiones desde 1958, los datos muestran el mayor periodo (tiempo que pasa entre las crestas de dos olas significantes) de la serie histórica, con 12,5
segundos. La altura de ola significante ha sido de 3,15 metros, y una máxima de 5,60 metros. Según fuentes del Puerto de Málaga es un hecho inusual por completo en el Mediterráneo y típico del Atlántico.
En el cúmulo de factores que han llevado al desastre también influye la marea astronómica alta, que ha elevado el nivel del mar unos 20 centímetros, lo que ha supuesto un vector importante para el alcance de la marea, llegando a picos
cercanos a los 8 metros. Además, los alcances han llegado a superar los tres metros de altura, lo que significa que el mar ha llegado a tres metros de altitud frente al nivel del mar.
Los efectos del fuerte oleaje, provocado por el temporal, se dejan ver en a lo largo de toda la costa malagueña, desde Málaga capital a los municipios de la comarca Axarquía o de la costa occidental. Los daños y los destrozos en
infraestructuras públicas y privadas han sido numerosos, los municipios de Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja están haciendo balance de los daños
causados por el temporal de levante en sus playas.
En Málaga capital los daños han sido en la zona de Los Baños del Carmen y las playas del Palo con pérdidas importantes de arena y aparición de material pedregoso, inundaciones y destrozos en las infraestructuras del paseo marítimo y
servicios públicos de las playas. El temporal también ha afectado a las playas de Poniente de Guadalmar y Malagueta. Así mismo se ha producido el desplome de un tramo del muro del paseo marítimo de Guadalmar y el oleaje ha alcanzado e inundado
parcialmente el campo de golf con derribo del vallado.
En el caso de la costa de Vélez-Málaga, que se ha visto afectada por completo, además de las infraestructuras y servicios públicos, se ha roto la tubería de abastecimiento de agua que discurre por su litoral en la zona de Valle Niza. El
recinto ferial quedó completamente inundado y el agua invadió la antigua carretera N-340 en varios tramos dificultando el tránsito de los vehículos. La senda litoral y las escolleras se han visto afectadas en la zona de Chilches. Ha habido
destrozos en establecimientos de servicios, duchas, mobiliario y pasarelas, sobre todo en Caleta de Vélez. De forma generalizada, se han
producido grandes pérdidas de arena en todas las playas, con casos, la zona de Mezquitilla en Algarrobo, donde también han aparecido escalones longitudinales y muchas piedras.
De la misma manera, en Rincón de la Victoria el agua ha llegado al paseo marítimo y varias de sus playas, especialmente en La Cala del Moral y en Torre Benagalbón, ha habido grandes pérdidas de arena y se han llenado de restos de vegetación,
plásticos y mobiliario. Erosión en la zona de Los Rubios y Arroyo Santillán ha dejado al descubierto las conducciones de abastecimiento. En Los Rubios los daños han sido cuantiosos en algunos chiringuitos y de otras infraestructuras públicas.
También se ha visto afectada la Senda Litoral desde Torre de Benagalbón a Vélez-Málaga.
Por otra parte, en Torrox, el agua también alcanzó el paseo marítimo en el entorno de la playa de Ferrara, perdiendo la parte central de esta playa gran cantidad de arena. La erosión ha producido perdidas de arena en las playas de
Peñoncillo y Calaceite y escalones longitudinales de arena en las playas de Los Llanos Morche y Peñoncillo.
En los municipios de la costa occidental, como Nerja, el temporal ha asolado La Torrecilla, en el Chucho y en El Playazo, con afección al sendero litoral que une estos tres tramos. En Torremolinos, en la zona de 'El Bajondillo' ha sufrido
pérdidas importantes de arena y en la zona de El Morro, que conecta El Bajondillo con La Carihuela, se han producido importantes daños en el pavimento del paseo marítimo. En Benalmádena, la playa Torrevigía ha sido la más castigada con diferencia
en este último temporal, se ha quedado sin arena. En Mijas, las playas han perdido mucha arena, especialmente la de Calahonda, y el mar ha movido y destrozado las pasarelas de hormigón para el acceso y algunas instalaciones de temporada
municipales, como sillas de salvamento y duchas. En Marbella, las zonas más afectadas son las de Casablanca y La Fontanilla, La Venus, El Pinillo y Alicate, donde el agua ha llegado prácticamente a las fachadas de las viviendas provocando
cuantiosos daños. En Estepona se han registrado pérdidas de arena y daños en las playas El Saladillo, Paraíso, Benamara, El Pirata- Cabo Bermejo, Playa del Ángel, Cristo y Bahía Dorada.
Estos municipios, eminentemente turísticos, han sufrido duramente en sus economías y en sus empleos los duros efectos de la pandemia de estos últimos años y cuando parecía que el turismo comenzaba, al fin, a recuperarse; este temporal ha
dejado las playas y los servicios destrozados e inservibles con el consecuente perjuicio para las reservas hoteleras y demás actividad económica turística al comienzo de la temporada de Sol y Playa con la Semana Santa.
Una cuestión recurrente en todo el temporal, la de la perdida de arena de las playas y el estado de las playas tras los temporales de otoño e invierno, es una preocupación constante para todos los municipios del litoral malagueño desde hace
ya décadas, y son recurrentes las peticiones de aportaciones de arena para corregir las pérdidas de superficie que se producen de cara a que al inicio de la temporada alta el litoral se encuentre en una situación óptima.
Los Presupuestos Generales del Estado siempre contempla una partida destinada a la reposición de playas, una solución a corto plazo que parece insuficiente, viendo los acontecimientos de los últimos años y que debe afrontarse de forma
estructurales, con las actuaciones que sean oportunas en cada situación y que sean ambientalmente aceptables, como la estabilización de la playa de La Carihuela en Torremolinos que viene reclamando desde hace tiempo este grupo parlamentario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal acontecido durante los primeros días de abril de 2022, afectando a diferentes municipios de la costa de la provincia de Málaga, (Manilva,
Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Nerja) determinando la localización y cuantificando el alcance real de los daños.
2. Declarar de emergencia las actuaciones para reparar y estabilizar el litoral malagueño.
3. Activar medidas urgentes, con cargo los PGE 2022, destinadas a paliar los daños causados en las playas, paseos marítimos, infraestructuras de transportes, infraestructuras municipales, viviendas, establecimientos de servicios y otras
actividades económicas.
4. Que entre las medidas se incluyan la exoneración del canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
5. Retomar, con carácter urgente, el estudio de una solución a medio y largo plazo que ponga fin a los problemas de regresión de arena en las playas de la provincia de Málaga y que se contemplen las actuaciones y recursos necesarios en las
estrategias de regeneración y estabilización de las playas del litoral de la provincia de Málaga en coordinación con las administraciones afectadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Carolina España Reina y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre actuaciones urgentes como
consecuencia de los daños provocados por la borrasca en las costas de la Provincia de Almería, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado lunes 4 comenzó un temporal de lluvia y viento acompañado de fuerte oleaje en gran parte de la provincia de Almería. Estos fenómenos meteorológicos han causado numerosos destrozos en buena parte de la costa almeriense afectando
gravemente a numerosas playas, provocando la regresión de la costa, la pérdida de los aportes de arena y la consecuente desaparición de algunas de las zonas de baño más concurridas por los ciudadanos.
Con incidencia en gran parte de municipios de la provincia, los núcleos de afluencia turística que en mayor medida han sido dañados son: Almería capital, Níjar, Carboneras, Mojácar, Garrucha, Vera, Cuevas del Almanzora, Pulpí, El Ejido,
Roquetas de Mar y Adra.
La virulencia de la tormenta ha destrozado paseos marítimos, dañando irreversiblemente zonas de acceso a las playas, zonas de tránsito peatonal y zonas de servicios anejas a las mismas.
Ha inutilizado instalaciones e infraestructura públicas situadas en los dominios marítimos-terrestres de numerosos municipios y que dotan de servicios a las mismas, como redes de distribución eléctrica y redes de abastecimiento.
También son cuantiosos los daños provocados en chiringuitos y otras infraestructuras públicas y privadas que dotan de servicios de hostelería y restauración a las zonas costeras de numerosos municipios, así como a todo tipo de mobiliario
urbano, pasarelas de accesibilidad, servicios de aseo y señalización turística, casetas de enseres municipales etc.
Incluso el fuerte temporal ha llegado a afectar a viviendas particulares cercanas a la costa.
A la gravedad y lo cuantioso de los innumerables daños a las infraestructuras públicas y privadas destinadas a dar servicios turísticos, se suma que en apenas una semana comenzará la temporada de Semana Santa, donde numerosos españoles se
desplazan a las costas almeñenses para pasar sus vacaciones.
Los hosteleros tenían grandes esperanzas depositadas en la primera temporada de Semana Santa sin restricciones de movilidad y de aforo en sus locales como consecuencia de la pandemia del COVID, después de haber sufrido enormes pérdidas
económicas y de puestos de trabajo que han mermado los ingresos de muchas de las familias que dependen del turismo de costa. Por lo que las consecuencias económicas del temporal tendrán un efecto demoledor en las economías de los municipios
afectados y sobre todo en las familias cuyos ingresos se van a ver mermados, otra vez, como consecuencia de los daños. Tanto de los propietarios de los bienes dañados, como de los trabajadores que por esta consecuencia pudieran no ser contratados.
Al efecto negativo en la imagen de los destinos turísticos hay que añadir que algunos negocios -como chiringuitos, ambigús etc[...]-, han quedado inutilizados o con pérdidas en sus infraestructuras que los van a hacer inservibles en los
próximos meses.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acometer de manera urgente las actuaciones de reposición de los servicios dañados que puedan para intentar salvar la temporada turística de Semana Santa en los municipios afectados.
2. Ejecutar de manera urgente un plan de reposición para que todas las infraestructuras dañadas queden restablecidas antes de la temporada de verano: aportes de arena a las playas, restauración de los paseos marítimos, reposición de
infraestructuras de servicios básicos (alumbrado, abastecimiento...) y otras infraestructuras turísticas que dan servicios a las playas de las costas almerienses.
3. Articular una línea de de ayudas económicas a los hosteleros que han sufrido pérdidas totales o parciales de sus negocios, bien por daños en los bienes inmuebles donde se desarrollan las actividades o por daños en los bienes muebles
deteriorados y que no serán compensados por las compañías aseguradoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2022.-Miguel Ángel Castellón Rubio y Juan José Matarí Sáez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños del temporal de
abril de 2022 en las playas de la costa de la provincia de Granada y afrontar los problemas de protección del litoral, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
A finales del pasado mes de marzo y durante los primeros días del mes de abril se producía en gran parte del territorio nacional un fuerte temporal de viento, lluvias y oleaje que se llegó a considerar por parte de los meteorólogos como uno
de los más fuertes de las últimas décadas.
Unas condiciones adversas del tiempo que, con la aparición de fuertes rachas de viento por el fuerte temporal de levante, provocaron un verdadero caos y descontrol en multitud de localidades granadinas por la caída de árboles, persianas,
deslizamientos de tierra e incluso inundaciones.
Solo en la ciudad de Granada fueron necesarias un centenar de intervenciones por parte de los bomberos debido a caídas de árboles, cableado aéreo u otros elementos.
La Alhambra también fue afectada. Desde el Patronato del monumento anunciaban el cierre temporal de la zona del Secano, que la comunica con el Generalife, por la caída de un árbol. Por otra parte, desde Cetursa, la empresa que gestiona la
estación de Sierra Nevada, indicaban que debido al fuerte viento se veían forzados a retrasar la puesta en marcha de las instalaciones, ya que no se podía garantizar la seguridad de los usuarios.
Las consecuencias visibles, una vez pasado el temporal, son muy graves. En concreto, en la provincia de Granada, los principales daños han conllevado la desaparición de numerosas playas y paseos marítimos, afectando también a edificios de
primera línea de costa, con las consecuentes afecciones a un sector tan importante como es el turismo a las puertas de la Semana Santa.
Este temporal ha vuelto a dejar en evidencia la falta de sistemas de defensa del litoral que permitan resguardar las zonas tradicionalmente más afectadas por los temporales. Como ejemplo, la explanada de arena de la Playa de Poniente de
Motril amanecía completamente inundada e intransitable, e incluso con pasarelas precintadas y cortadas al tráfico al servir de paso del agua. De hecho, el Ayuntamiento tuvo que enviar máquinas para trabajar en la zona con la finalidad de abrir un
camino que proporcionara una salida a toda el agua acumulada hacia el mar, en un intento de solucionar el problema.
En La Rábita algunas de sus playas han agudizado su proceso de erosión, lo cual se puede percibir en prácticamente todo el litoral de la Costa Tropical.
El temporal de levante destrozó también un chiringuito situado en la playa de Velilla de Almuñécar, arrancando parte de un techo que acabó desperdigado por distintos puntos de la playa. El Ayuntamiento de esta ciudad cuantificó los daños en
1,7 millones de euros, unos daños muy graves, principalmente debido a que ''el Gobierno no ha atendido las demandas de ejecución de protección frente a estos temporales, que han tenido que ser realizadas frecuentemente por el Ayuntamiento'.
En Castell de Ferro las olas causaron destrozos también en el Paseo Marítimo de la localidad, dejando rota parte de la solería y el múrete del paseo, además de columpios, zonas deportivas y para niños, e incluso también alguna embarcación
afectada.
Estos municipios, entre otros muchos de la provincia de Granada y que son eminentemente turísticos, han sufrido duramente en sus economías y en sus empleos los duros efectos de la pandemia de estos últimos años y cuando parecía que el
turismo comenzaba, al fin, a recuperarse; este temporal ha dejado las playas y los servicios destrozados e inservibles con el consecuente perjuicio para las reservas hoteleras y demás actividad económica turística al comienzo de la temporada de sol
y playa con la Semana Santa.
La pérdida de arena de las playas y el estado de estas tras los temporales de otoño e invierno constituye una preocupación constante para todos los municipios del litoral granadino desde hace ya décadas y son recurrentes las peticiones de
aportaciones de arena para corregir las pérdidas de superficie que se producen de cara a que al inicio de la temporada alta el litoral se encuentre en una situación óptima. Sin embargo, esta situación no se puede corregir con aportaciones de arena
que durarán hasta el siguiente temporal. Los afectados vuelven a reclamar la construcción de espigones que eviten o reduzcan los efectos de estos temporales que se repiten con cierta frecuencia, tal y como estaba contemplado en el Plan de
Protección del Litoral de 2017, aún hoy pendiente de ejecutar por parte del Gobierno. De hecho, el pasado dos de marzo, el Gobierno, en respuesta a una pregunta escrita comunicaba que 'una vez concluida su tramitación administrativa y ambiental se
iniciará el procedimiento de contratación para el proyecto de Estabilización de las playas del frente litoral entre la desembocadura del rio Guadalfeo y el puerto de Motril'; una cuestión que, transcurrido más de un mes, seguimos sin conocer en
detalle.
Los Presupuestos Generales del Estado siempre contemplan una partida destinada a la reposición de playas, una solución a corto plazo que parece insuficiente, viendo los acontecimientos de los últimos años y que debe afrontarse de forma
estructurales, con las actuaciones que sean oportunas en cada situación y que sean ambientalmente aceptables.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal acontecido durante los primeros días de abril de 2022, afectando a diferentes municipios de la costa de la provincia de Granada, determinando la
localización y cuantificando el alcance real de los daños.
2. Declarar de emergencia las actuaciones para reparar y estabilizar el litoral granadino, a través de la la construcción de espigones prevista en el Plan de Protección del Litoral de 2017 para la costa granadina.
3. Encargar un estudio técnico y de viabilidad que contemple actuaciones urgentes en las playas de Almuñécar y Carchuna-Calahonda, así como en otras zonas no incluidas en el documento inicial del Plan de Protección del Litoral de 2017, ya
que sufren por igual el deterioro, los daños y el perjuicio que ocasionan los continuos temporales.
4. Activar medidas urgentes, con cargo los PGE 2022, destinadas a paliar los daños causados en las playas, paseos marítimos, infraestructuras de transportes, infraestructuras municipales, viviendas, establecimientos de servicios y otras
actividades económicas de la provincia de Granada afectadas por este temporal.
5. Que entre las medidas se incluyan la exoneración del canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
6. Retomar, con carácter urgente, el estudio de una solución a medio y largo plazo que ponga fin a los problemas de regresión de arena en las playas de la provincia de Granada y que se contemplen las
actuaciones y recursos necesarios en las estrategias de regeneración y estabilización de las playas del litoral de la provincia de Granada en coordinación con las administraciones afectadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Carlos Rojas García y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre actuaciones urgentes como
consecuencia de los daños provocados por la borrasca en las costas de la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado lunes 4 comenzó un temporal de lluvia y viento acompañado de fuerte oleaje en gran parte de la Región de Murcia, Estos fenómenos meteorológicos han causado numerosos destrozos en buena parte de la costa murciana afectando
gravemente a numerosas playas, provocando la regresión de la costa, la pérdida de los aportes de arena y la consecuente desaparición de algunas de las zonas de baño más concurridas por los ciudadanos.
Con incidencia en gran parte de municipios de la provincia, los núcleos de afluencia turística que en mayor medida han sido dañados son: Cartagena, San Javier, Águilas.
En el litoral, el fuerte oleaje causó daños en el puerto de Águilas. En Cartagena, el temporal dejó un reguero de destrozos en los paseos marítimos de Cabo de Palos y en La Manga, en las zonas entre Las Sirenas y Entremares. En San Javier,
el temporal ha acabado con algunos de los arenales, como son los casos de las playas del Pudrimel, Ensenada del Esparto, El Estado, Arenal y Banco del Tabal y las primeras valoraciones de los daños en este municipio ascienden a los 500.000.
La virulencia de la tormenta ha destrozado paseos marítimos, dañando irreversiblemente zonas de acceso a las playas, zonas de tránsito peatonal y zonas de servicios anejas a las mismas.
Ha inutilizado instalaciones e infraestructura públicas situadas en los dominios marítimos-terrestres de numerosos municipios y que dotan de servicios a las mismas, como redes de distribución eléctrica y redes de abastecimiento.
También son cuantiosos los daños provocados en chiringuitos y otras infraestructuras públicas y privadas que dotan de servicios de hostelería y restauración a las zonas costeras de numerosos municipios, así como a todo tipo de mobiliario
urbano, pasarelas de accesibilidad, servicios de aseo y señalización turística, casetas de enseres municipales etc. Incluso el fuerte temporal ha llegado a afectar a viviendas particulares cercanas a la costa.
A la gravedad y lo cuantioso de los innumerables daños a las infraestructuras públicas y privadas destinadas a dar servicios turísticos, se suma que en apenas una semana comenzará la temporada de Semana Santa, donde numerosos españoles se
desplazan a las costas murcianas para pasar sus vacaciones.
Los hosteleros tenían grandes esperanzas depositadas en la primera temporada de Semana Santa sin restricciones de movilidad y de aforo en sus locales como consecuencia de la pandemia del COVID, después de haber sufrido enormes pérdidas
económicas y de puestos de trabajo que han mermado los ingresos de muchas de las familias que dependen del turismo de costa. Por lo que las consecuencias económicas del temporal tendrán un efecto demoledor en las economías de los municipios
afectados y sobre todo en las familias cuyos ingresos se van a ver mermados, otra vez, como consecuencia de los daños. Tanto de los propietarios de los bienes dañados, como de los trabajadores que por esta consecuencia pudieran no ser contratados.
Al efecto negativo en la imagen de los destinos turísticos hay que añadir que algunos negocios -como chiringuitos, ambigús etc [...]-, han quedado inutilizados o con pérdidas en sus infraestructuras que los van a hacer inservibles en los
próximos meses.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acometer de manera urgente las actuaciones de reposición de los servicios dañados que puedan para intentar salvar la temporada turística de Semana Santa en los municipios afectados.
2. Ejecutar de manera urgente un plan de reposición para que todas las infraestructuras dañadas queden restablecidas antes de la temporada de verano: aportes de arena a las playas, restauración de los paseos marítimos, reposición de
infraestructuras de servicios básicos (alumbrado, abastecimiento...) y otras infraestructuras turísticas que dan servicios a las playas de las costas murcianas.
3. Articular una línea de ayudas económicas a los hosteleros que han sufrido pérdidas totales o parciales de sus negocios, bien por daños en los bienes inmuebles donde se desarrollan las actividades o por daños en los bienes muebles
deteriorados y que no serán compensados por las compañías aseguradoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Isabel María Borrego Cortés, Teodoro García Egea y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la imposibilidad de las vecinas y vecinos que
cuentan con calderas comunitarias de gas, para acogerse a la Tarifa TUR, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En los últimos meses no solo ha aumentado la factura de la luz sino también la del gas, sobre todo para las comunidades de vecinas y vecinos que disponen de calderas comunitarias.
En septiembre con el Real Decreto-ley 17/2021, y ahora en marzo con el Real Decreto-ley 6/2022, el Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para abaratar la factura de la luz y del gas de las familias. En el caso del gas se ha optado por
limitar la subida de la tarifa regulada (15%) y por la ampliación del plazo. Una medida a la que no pueden acogerse las comunidades de vecinas y vecinos porque la legislación actual establece que, con carácter general, sólo podrán acogerse a la
Tarifa de Último Recurso las personas consumidoras conectadas a redes de presión menor o igual a 4 bar y consumo inferior a 50.000 kWh/año. Las comunidades de propietarias y propietarios con calderas de gas centralizadas, sin embargo, al tener un
consumo igual o superior a los 50.000 Kwh anuales, solo pueden contratar el suministro de gas en el mercado libre y no en el regulado.
Una regulación y una situación que, ante la escalada de los precios en el mercado libre, en el que el precio del gas se ha triplicado, deja en desventaja a las personas que disponen de una instalación colectiva como son las calderas
comunitarias de gas, ya que se les aplica la tarifa reservada a uso industrial a pesar de que el destinatario final de ese servicio es el usuario o usuaria de una vivienda, y que ha obligado a las propietarias y propietarios a aprobar nuevas
derramas, a reducir el número de horas de puesta en marcha e incluso a bajar la temperatura.
A pesar de que históricamente el disponer de calderas de gas comunitarias ha podido ser una solución más económica no solo porque el precio del gas en el mercado libre era más bajo sino también porque ha permitido a cada vecina y vecino
obtener un beneficio en términos monetarios debido al reparto de las cargas, tanto del consumo como del mantenimiento entre todas las personas propietarias de los pisos de la comunidad, lo cierto es que esta solución ha evidenciado su ineficiencia
en términos de desperdicio energético al no tener en cuenta las necesidades ni requerimientos de cada vecina y vecino; por ello, y para que cada persona no sólo pague en función de su consumo en los edificios con sistema de
calefacción central en lugar de en base al coeficiente de participación u otros parámetros sino también para fomentar el consumo responsable y el ahorro, el Gobierno aprobó el Real Decreto 736/2020 que obliga a instalar contadores
individuales para cada vivienda antes de mayo de 2023; pero en tanto en cuanto los contadores individuales no estén instalados, y el alza de los precios se mantenga, se deberían adoptar medidas para paliar también esta situación de desventaja de
las vecinas y vecinos de una comunidad con caldera colectiva frente a aquellas personas que disponen de una caldera individual, y otorgarles la posibilidad de elección entre el mercado regulado y el mercado libre.
Por todo ello, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar las normas que regulan el uso de la Tarifa de Último Recurso de gas natural para el acceso de aquellas comunidades de vecinas y vecinos en las que el consumo anual de gas computado por vivienda sea inferior al consumo máximo
establecido en las tarifas de último recurso.
2. Promover e implantar la sustitución del 100% del parque de contadores inteligentes de gas natural actualmente desplegado para fomentar una participación más activa de las personas consumidoras y puedan utilizar la información disponible
para ahorrar en su consumo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2022.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/004088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los procesos de refabricación
dentro del impulso de la Economía Circular, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La UE lleva años trabajando para avanzar hacia una economía circular, minimizando la generación de residuos y promoviendo la recuperación y la reintroducción de los recursos en el ciclo económico.
En línea con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, en virtud del Pacto Verde, la Comisión Europea propuso en 2020 un nuevo Plan de Acción de Economía Circular 'por una Europa más limpia y más competitiva' que menciona, por
primera vez, que la Comisión estudiará la posibilidad de establecer principios de sostenibilidad y otros medios adecuados para regular diferentes aspectos, entre otros, la posibilitar la 'refabricación'.
La refabricación, sin ser un concepto completamente nuevo, consiste en devolver a un producto usado, al menos, su rendimiento original. Para ello se seleccionan los componentes o productos ya utilizados, se desmontan completamente, se
revisan y en función del estado se reparan, se actualizan o simplemente se limpian para finalmente ser utilizados, junto a otros componentes refabricados o nuevos, para fabricar un producto con las mismas condiciones y garantías que los productos
nuevos.
Estos nuevos productos pueden integrar componentes de una nueva tecnología o cambiar el diseño, pero siempre deben ofrecer las mismas garantías y prestaciones que uno nuevo, ofreciendo precios más atractivos pues los costes de producción son
menores. Si, además, este proceso está industrializado en serie, la rentabilidad es mayor y asegurar la calidad de producto final es más fácil. La refabricación permite alargar la vida de muchos componentes y evitar la generación de residuos.
Por lo tanto, este concepto no coincide con las definiciones de la jerarquía de residuos para la prevención y gestión de residuos, por no tratarse claramente de un producto reutilizado, ni de uno reparado o reciclado.
Algunos sectores industriales llevan aplicando este proceso. Quizás el más conocido es la refabricación es el sector del automóvil. También es común en la fabricación de equipos. Puede considerarse la
refabricación al reacondicionamiento integral productos tecnológicos, de telefonía o de maquinaria con certificación.
La certificación y el rigor con el que se realiza el proceso de refabricación es fundamental para dar una garantía al usuario de que el producto. Es necesario garantizar que se ha fabricado con las mismas especificaciones del producto
original.
Por este motivo, la Comisión Europea ya ha puesto en funcionamiento iniciativas instando al Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) al desarrollo de estándares horizontales y
entregables de estandarización para diferentes productos para los que la UE desarrolla reglamentos sobre productos que usan energía, incluidos la capacidad para refabricar los mismos, que sirva para soportar la implementación de la Directiva de Eco
diseño (2009/125/EC) y para contribuir a la transición hacia una economía circular.
La Asociación Española de Normalización, encargado de canalizar la postura española en la elaboración de normas de alcance internacional y europeo en este campo y del desarrollo de estándares, ha puesto en marcha el Comité CTN 323 de UNE
para la Normalización en el campo de la Economía Circular para el desarrollo de directrices, marco, guías, herramientas de apoyo y requisitos que tengan carácter horizontal, en el que se incluye, entre otros aspecto de la economía circular, la
propuesta de 'Método general para la evaluación de la capacidad de refabricación de los productos relacionados con la energía'.
El Grupo Parlamentario Popular, en línea con las nuevas directrices europeas, ha intentado introducir este concepto en la tramitación del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una prospectiva de los sectores de la industria española donde se puede promover la tecnología de la refabricación.
2. Establecer una Hoja de Ruta de la Refabricación, para la implantación de procesos de refabricación innovadores en los sectores productivos de bienes de equipos.
3. Afrontar la regulación y normalización de la refabricación dentro de los sectores productivos, garantizando y certificación la calidad de los productos finales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2022.-César Sánchez Pérez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para la atribución de todas las competencias de conservación y
mantenimiento de los cauces de los ríos para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Muchos municipios españoles están atravesados por algún río, que discurre en alguno de sus tramos por los núcleos urbanos. Los ríos son lugares de indiscutible valor ambiental y paisajístico. Pero para poder disfrutar de los mismos es
necesario realizar periódicamente labores de conservación y de limpieza que garanticen su sostenibilidad medioambiental, pero también que ayuden a evitar desbordamientos, con las consiguientes inundaciones y los daños que se producen en momentos de
crecida del caudal, así como la proliferación de especies invasivas que ponen en riesgo el ecosistema originario propio del entorno fluvial. Del mismo modo, estas tareas son imprescindibles para prevenir problemas de salud pública.
Las competencias en cuanto a la limpieza de los ríos es una cuestión ciertamente compleja: qué limpiar, en qué tramos y cómo hacerlo evitando causar daños en la flora y la fauna que éstos atesoran, y principalmente qué ente debe ser el
encargado de estas labores. En relación a este último aspecto y según establece la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico Nacional, en su artículo 28.4, 'las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las
administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico'.
Atendida la poca claridad del precepto y los grandes problemas competenciales que causaba, la Sentencia STS 2302/2014, de 10 de junio de 2014, de la Sala de lo Contencioso, precisó a la luz de aquel precepto legal que las actuaciones
ordinarias de conservación y mantenimiento de los cauces públicos a su paso por las zonas urbanas no son competencia de las confederaciones hidrográficas, por un lado, sino que se trata de 'actuaciones' de las genéricamente encomendadas a las
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, así como que la determinación e identificación de esas Administraciones es una cuestión de derecho autonómico. La sentencia se pronuncia sobre la competencia para la
limpieza de los tramos urbanos del río, quedando, pues, al margen los tramos no urbanos. Cabe pensar que la limpieza en estos tramos no urbanos sí que corresponde a la Confederación Hidrográfica de la cuenca correspondiente. Pese a la distribución
de competencias que señala la referida sentencia, lo cierto es que aun así continúan surgiendo problemas, debido a que no siempre es fácil determinar en la práctica qué es un cauce 'en zonas urbanas'.
El problema principal radica en determinar qué se entiende por 'zona urbana', dado que no existe una definición legal de dicho concepto, a salvo, como referencia más cercana, lo previsto en los apartados 3 y 4 del vigente artículo 21 del
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que define el concepto básico de 'suelo urbanizado', y que establece:
'Artículo 21. Situaciones básicas del suelo.
1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta ley, en una de las situaciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado.
2. Está en la situación de suelo rural:
a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección
o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas,
ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.
b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los
requisitos a que se refiere el apartado siguiente.
3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla
alguna de las siguientes condiciones:
a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación.
b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones
existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de
comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado.
c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente.
4. También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la
condición de suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto.'
Pero, como se observa, el propio texto del artículo 21, en sus apartados 3 y 4, vuelve a remitirse a otras normativas, autonómicas o incluso locales, a la hora de identificar de qué hablamos cuando hablamos de 'suelo urbanizado', si
realmente llegamos a identificar esa categoría de suelo con la referencia de 'zonas urbanas' literal del artículo 28.4 de la de la Ley 10/2001 anteriormente referida, con el objeto de identificar quién debe asumir la competencia de las actuaciones
de mantenimiento y limpieza de los cauces públicos.
La simple y directa atribución a los municipios de esa competencia relativa al mantenimiento y limpieza de cauces públicos tiene grandes implicaciones, ya que los entes locales deben asumir el importante coste que supone la limpieza de los
tramos urbanos de los ríos; también, asumir los riesgos de estas delicadas tareas, en la medida en qué pueden afectar negativamente a la flora y la fauna del cauce y en las riberas; y por último, responsabilizarse de los perjuicios ocasionados por
la deficiente conservación.
Y en cualquier caso, ha de hacerse notar que el cauce de un río no es más, ni menos, que el espacio por el que transcurre, de manera permanente u ocasional, una corriente de agua, que por su naturaleza precisamente arrastra todo aquello que
llega al mismo desde su entorno. En ese sentido, es obvio que actualmente los núcleos urbanos cuentan, o deben contar al menos, con servicios públicos que evitan justamente los vertidos a los cauces que en otros tiempos eran habituales. Como
cuentan igualmente con servicios públicos de depuración de vertidos. La existencia, por tanto, de acumulación de residuos, tanto orgánicos como no orgánicos, en puntos concretos de los cauces en tramos de zonas urbanas se deben al arrastre y
depósito en esos lugares, que suelen ser de parada o con menor intensidad de corriente, de vertidos o desechos que tienen lugar aguas arriba, justamente en zonas no urbanas.
Es sorprendente que el deber de mantenimiento y limpieza de un bien demanial de la Administración General del Estado se atribuya a las Administraciones autonómica y/o municipal. Parece más adecuado que este deber de conservación y las
labores de mantenimiento y limpieza debieran corresponder al titular mismo del bien demanial, en este caso el dominio público hidráulico conformado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, tanto por las aguas que transcurren de manera continua o discontinua por un cauce, como los cauces mismos por los que dichas aguas transcurren, definidos estos por el artículo 5 del mismo
texto legal como 'terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias' de esas corrientes.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las modificaciones legislativas pertinentes para fijar de manera clara las competencias en actuaciones de conservación, mantenimiento y limpieza integral de tramos de los cauces públicos a las Confederaciones Hidrográficas.
2. Dotar de presupuesto suficiente a las Confederaciones Hidrográficas para realizar las pertinentes tareas de conservación, mantenimiento y limpieza integral de tramos de los cauces públicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2022.-María Carmen Martínez Granados y Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la Región de Murcia para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El patrimonio industrial se relaciona con una serie de sistemas productivos que son parte de nuestra herencia cultural y que resultan del conjunto no solo de instrumentos, procedimientos o técnicas, sino también de los paisajes resultantes,
del impacto social o medioambiental, incluso de sus contendidos simbólicos.
La extraordinaria riqueza en el patrimonio industrial en España fue el considerando para que, en el año 2000, se redactara el primer Documento Base del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que ha ido evolucionando.
El Plan Nacional de Patrimonio Industrial se crea con tres fines principales: establecer una metodología de actuación unificada sobre conjuntos de bienes; programar las inversiones de acuerdo con las necesidades de conservación y coordinar
la participación de las distintas instituciones que intervienen en la conservación de esos conjuntos patrimoniales.
Desde el 2016, fecha en la que se revisó por última vez el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, no se ha actualizado a pesar del compromiso para hacerlo y al hecho de que debía estar aprobado y publicado en el año 2021.
La Región de Murcia es rica en patrimonio industrial, siendo esta particular herencia consecuencia de la actividad antropogénica llevada a cabo principalmente el en siglo XIX.
Al propio tiempo, resulta imprescindible poner aquí de relieve dentro de las tendencias globales de la industria turística, la importancia creciente y el potencial de desarrollo que brinda el turismo industrial, incluido por la Organización
Mundial del Turismo (OMT) dentro del segmento del turismo cultural, entendido como una motivación y un interés histórico por todo el conocimiento relacionado con las empresas industriales, industrias agroalimentarias en activo, talleres artesanales
o museos y centros de interpretación vinculados con la actividad industrial de cualquier destino; y de ahí, la enorme oportunidad de seguir poniendo en valor y apostar en la Región de Murcia por este patrimonio, dada la significativa riqueza de
activos industriales, y por explotar este nicho en fase de crecimiento, atrayendo con ello una mayor cuota de visitantes (turismo familiar, viajes profesionales, de estudios, etc.), que, sin ninguna duda, contribuiría a seguir profundizando en la
desestacionalización y diversificación de la Marca Murcia, reposicionando y renovando su oferta postpandemia e incrementando, por consiguiente, la rentabilidad de los territorios turísticos murcianos. Con todo, cabe recordar que Murcia forma parte
de la Red Española de Turismo Industrial constituida en el año 2013, cuyo principal objetivo es posicionar a España como un destino de Turismo Industrial.
Entre los elementos industriales incluidos en la lista que incluye el Plan anteriormente mencionado, se encuentran desde su primera edición los siguientes:
1. Paisaje Industrial de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión,
2. El conjunto embarcadero de mineral de El Hornillo. Águilas, y
3. El Arsenal de Cartagena.
Posteriormente, se han incorporado a este patrimonio el conjunto minero del Cabezo de San Cristóbal y de los Perules, en Mazarrón, así como la Salinas Reales de Calasparra, también denominadas Salinas de La Ramona, estas últimas explotadas
desde el periodo argárico. Es más, algunos de estos elementos son parte de las iniciativas de la lista indicativa como paso preliminar para futuras candidaturas como Patrimonio Mundial de la Unesco. Sin embargo, el estado de deterioro y/o abandono
obligan a una rápida intervención sobre las mismas con el objeto de su recuperación y conservación. A modo de ejemplo, el embarcadero del Hornillo sufre un avanzado estado de corrosión en su estructura, que podría tener consecuencias catastróficas.
De otro lado, el Paisaje Industrial de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y la puesta en valor de lugares tan emblemáticos como el Parque Minero de La Unión y la Mina Agrupa Vicenta, recuperados y abiertos al público para las visitas
turísticas y encuentros culturales, se encuentran hoy en día en estado de total abandono, al haberse cerrado el complejo hace dos años, lo que impide el acceso a las visitas desde entonces. En este sentido es urgente su reapertura debido, entre
otros, al interés pedagógico que ha despertado este paraje en el ámbito educativo, además del gran aporte de actividad turística que ha supuesto para el municipio de La Unión y la Región de Murcia en su conjunto desde su inauguración en 2010.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar el texto del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, incluyendo tanto los nuevos aspectos metodológicos como la programación de actuaciones y el modelo de ejecución y seguimiento del Plan.
2. Incluir dentro de los programas de ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, entre ellos el denominado Programa 1,5 % Cultural, las actuaciones de conservación
de los elementos industriales mencionados en la lista que incluye el Plan Nacional de Patrimonio Industrial.
3. Coordinar, junto a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los municipios correspondientes, las actuaciones necesarias para la apertura o reapertura de estos lugares emblemáticos, como por ejemplo el Parque Minero de La Unión y la
Mina Agrupa Vicenta, como elementos educativos, turísticos o culturales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la protección, promoción y el impulso de la Red de Caminos a Guadalupe, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La Red de Caminos a Guadalupe está constituida por 12 caminos procedentes de todos los puntos cardinales de la Península Ibérica, uniendo importantes ciudades de varias provincias (Cáceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real y Madrid) y tres
Comunidades Autónomas (Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid):
- Camino Real (desde Madrid, incluido el ramal Titulcia - Aranjuez -Toledo).
- Camino de los Montes de Toledo (desde la ciudad de Toledo).
- Camino de la Jara (desde Calera y Chozas, Toledo).
- Camino de Cabañeros (desde Alcoba de los Montes, Ciudad Real).
- Camino de Levante (desde Saceruela, Ciudad Real).
- Camino de los Mineros (desde Almadén, Ciudad Real).
- Camino Mozárabe (desde Monterrubio de la Serena, Badajoz).
- Camino Romano (desde Mérida).
- Camino Visigodo (desde la Vía de la Plata, a la altura de Alcuéscar, Cáceres).
- Camino de los Descubridores (desde Cáceres y Trujillo).
- Camino de Monfragüe (desde Plasencia).
- Camino de los Jerónimos (desde el Monasterio de Yuste, Cáceres).
El origen histórico de todos estos caminos procede de la época del Rey Alfonso XI de Castilla, impulsor de la construcción inicial del Monasterio de Guadalupe en el año 1337, lo cual hizo que se creara una red de corredores culturales y
naturales que dio lugar a un nutrido conjunto de patrimonio arquitectónico y de tradición oral, inmaterial, que aún es posible localizar.
En el año 2009, el Gobierno impulsó un proyecto de cooperación interterritorial denominado 'Itiñere 1337'. Estaba formado por 17 grupos de acción local que lograron la recuperación de los 12 caminos de peregrinación al Monasterio de
Guadalupe y pusieron en valor estos corredores eco culturales, ejes
de ordenación territorial y motores para el desarrollo de las comarcas rurales que los conectan. Creándose así, la Red de Caminos a Guadalupe, que en la actualidad se utiliza y se sigue promocionando.
Actualmente se está constituyendo la Red de Cooperación de los Caminos de Peregrinación a Guadalupe, entidad sin ánimo de lucro, conformada por Ayuntamientos, entidades privadas, Grupos de Acción Local y asociaciones, cuyos objetivos son los
siguientes:
1. Promover el desarrollo de las Caminos históricos de peregrinación a Guadalupe como producto cultural, turístico y económico.
2. Promover la incorporación a la Red de las capitales, ciudades, instituciones y organismos vinculados con las Caminos históricos de peregrinación a Guadalupe.
3. Solicitar apoyos para la cooperación interterritorial a las administraciones regionales, central y Unión Europea.
4. Crear con carácter inmediato, la Oficina Técnica de Gestión de los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe que deberá desarrollar las iniciativas acordadas en asamblea por los representantes de las ciudades, municipios,
instituciones y organismos.
5. Crear y mantener un FORO permanente en el que las ciudades, empresas, administraciones, universidades y otras instituciones y colectivos interesados puedan analizar, debatir, proponer y participar en las múltiples iniciativas que han de
surgir en torno a los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe.
6. Acceder a programas formativos y desarrollo de proyectos culturales de índole regional, nacional y europea que incidan en el desarrollo turístico, cultural y económico, de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y
trabajos culturales y turísticos en red, en consonancia con la exigencia de los nuevos tiempos.
7. Planificar actuaciones turísticas y de difusión de imagen conjunta, que se corresponda con los intereses de los miembros de esta Asociación.
8. Participar y colaborar activamente con los planeamientos de las Comunidades Autónomas y de la Administración Turística del Estado en este territorio.
9. Representar al colectivo de esta Red de Cooperación los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe, en cuantos proyectos, convenios, acuerdos o similares de carácter público o privado se orienten al cumplimiento de estos objetivos y
fines.
Esta Red de Cooperación de los Caminos de Peregrinación a Guadalupe es la mejor estrategia para conjugar el objetivo común y compartido de todos los territorios por los que pasan los doce caminos, que necesitan del impulso, la promoción y el
desarrollo armónico de todos ellos, para que sea una verdadera oportunidad de desarrollo para los pueblos, ciudades y comarcas que conforman los diferentes itinerarios, contribuyendo con ello a combatir la despoblación del medio rural y generándose
un nuevo producto turístico diferenciado e integrador, denominado 'Caminos a Guadalupe' que ha de sustanciarse en la colaboración público - privada y la participación de todos los actores.
Así ha sido y ha ocurrido con proyectos muy similares como el Camino de Santiago, los Caminos del Cid o la ruta del emperador Carlos V, todas ellas impulsadas y coordinadas a través de entidades público - privadas, con implantación
territorial y con objetivos comunes.
Por otro lado, este año 2021 es Año Santo Guadalupense, declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público, conforme a la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. Este acontecimiento y su desarrollo
conlleva un plan de acción cuyas líneas estratégicas también incluyen el impulso y la promoción de los Caminos de Peregrinación a Guadalupe.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proteger, promocionar e impulsar la Red de Caminos a Guadalupe, mediante las siguientes actuaciones:
1. Continuar protegiendo e impulsando iniciativas que permitan la promoción de los Caminos de Peregrinación a Guadalupe como producto cultural, turístico y económico, en especial durante el Año Santo Guadalupense.
2. Hacer partícipe a Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), en el ámbito de sus competencias, en la futura difusión y promoción de los Caminos de Guadalupe en las Oficinas Españolas de Turismo para su apoyo a la comercialización del
producto cultural y sus destinos turísticos.
3. Difundir las distintas convocatorias del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino entre las entidades locales y diputaciones que conforman la Red de Cooperación de los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe con
el objetivo de aprovechar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para, de este modo, potenciar su desarrollo como destino turístico y cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2022.-Marc Lamuà Estañol, Maribel García López, Ana Belén Fernández Casero, César Joaquín Ramos Esteban, Esther Padilla Ruiz, Gema López Somoza y Miguel Ángel González Caballero,
Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para el impulso de una batería de medidas justas y urgentes para combatir las consecuencias de la escalada de precios en la economía de Galiza, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La tasa de inflación interanual en Galiza en el pasado mes de febrero fue del 8%, la más alta de las tres últimas décadas. Superando, de nuevo, la de los meses anteriores y, otro mes más, también la registrada en el conjunto del Estado
(7,6%). Esto significa, en la práctica diaria, que en el mes de febrero de 2022 las gallegas y gallegos fueron un 8% más pobres que hace un año. El empobrecimiento de la sociedad debido a la descontrolada subida de la inflación es un problema
político y social de primer orden.
Este crecimiento disparado de la inflación se observa de forma generalizada en todo tipo de productos, sin embargo, algunos lo hacen de forma drástica y afectan indirectamente, en el precio de otros bienes y servicios.
Así, podemos señalar que la electricidad subió en el Estado español un 111,5%% en el mes de febrero con respecto al mes de febrero del año pasado y el diésel un 29% y la gasolina un 25,9% con respecto a febrero del año pasado.
A principios de marzo de 2022 el barril de Brent (el de referencia en Europa) cotiza un 69,61% más caro que hace un año y la bombona de ha costado tanto, pasando de los 13,3 euros hace un año a los 18,63 ahora (un 40% más cara).
Las explotaciones ganaderas están sufriendo unos incrementos en la factura eléctrica de un 50% y de un 20% y se prevé un empeoramiento por la crisis bélica, a lo que debe sumarse la crisis de abastecimiento de cereales.
Los alquileres se incrementaron alrededor de un 7% desde el año 2015, además, según la FAO el precio de los alimentos a nivel mundial está en su cota más alta desde los últimos 60 años.
Esta escalada generalizada de precios hace que, a lo largo de las tres últimas décadas, nunca haya sido tan caro vivir como hoy y que las repercusiones sean absolutamente brutales en términos económicos y sociales. Cabe recordar que esto
sucede en el marco de una crisis de materiales que afecta profundamente a la industria de la construcción o automovilística y que sucede también en un momento donde la desigualdad de la sociedad tiene unas dimensiones que llevan a que más de un
cuarto de la población gallega estuviese ya en riesgo de exclusión social según los datos de 2020 de la 'Rede Galega contra a pobreza'.
Por estos motivos, es necesario que los gobiernos, tanto el de Galiza como el del Estado, impulsen todo tipo de políticas públicas para dar respuesta a un contexto en el que, además de los efectos de la pandemia, los problemas estructurales
de la economía gallega condicionan la capacidad de resiliencia y adaptación al nuevo contexto.
En este sentido, es necesario recordar que las políticas de la Unión Europea vienen abordando la inflación como un fenómeno fundamentalmente monetario, en consecuencia, la política monetaria del BCE ha sido el eje central para controlarla.
Sin embargo, la experiencia muestra que las medidas monetarias no siempre son las más adecuadas y que pueden tener además un impacto negativo sobre la actividad económica y el empleo.
Más allá de la política monetaria existen diferentes políticas, sobre todo de carácter fiscal, que contribuirían a mitigar los efectos de la inflación sobre la economía de la población más vulnerable. Es inadmisible que, con este contexto
económico se mantenga una política fiscal que privilegia a las grandes rentas en detrimento de la clase trabajadora y de los sectores más vulnerables.
Es necesario, por lo tanto, enfrentar una profunda reforma impositiva y fiscal para dotar el sistema de una progresividad real y justicia social. Complementariamente, las medidas urgentes tienen que acompañarse además de cambios a medio y
largo plazo que impulsen cambios estructurales que hagan que Galiza sea menos vulnerable a la volatilidad de los precios a nivel mundial.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a impulsar las siguientes medidas en el ámbito fiscal e impositivo:
1. Mientras dure la situación de inflación, demandar las acciones necesarias para la deflación de la tarifa del IRPF autonómica y estatal para evitar la tributación sobre rendimientos nominales y no sobre rendimientos reales; para
establecer distintos tipos de gravamen en función de la naturaleza de los rendimientos (menores: rendimientos del trabajo; mayores: rendimientos del capital mobiliario e incrementos de capital) y señalar las compensaciones a través de deducciones
que sean inversamente proporcionales a los tipos de gravamen que soporten los sujetos pasivos (más base imponible, más tipo de gravamen, menos deducción por compensación).
2. La modificación de la normativa que regula las dietas de locomoción a las trabajadoras y trabajadores para dar cobertura al aumento de las cuantías límite de los gastos de dietas y locomoción retribuidos a trabajadores y trabajadoras
para que gocen de exención, atendiendo al aumento de precios de gastos de estadía, manutención, transporte público, combustible, etc., hasta una cuantía de 0,30.
3. Impulsar una reforma fiscal en el ámbito de sus competencias para dotar de progresividad real el IRPF y los impuestos sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones para aliviar las situaciones más vulnerables y aumentar la
recaudación gravando las rentas más altas de forma que Galiza, y el conjunto del Estado, no pierda recursos y que estos puedan ser reinvertidos en políticas de protección social y de dinamización económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado. Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Víctor González Coello de Portugal, don Pablo Saez Alonso de Muñumer, don Rubén Manso Olivar y don Rodrigo Jiménez Revuelta en sus condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del grupo parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a tomar medidas
de carácter urgente para amortiguar los efectos negativos del conflicto bélico en Ucrania sobre las familias y empresas españolas, para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En el año 2008 estalló una crisis financiera internacional con graves efectos sobre la sociedad y economía española debido a los fuertes desequilibrios generados por la inadecuada regulación en nuestro país, un sistema fiscal y una
estructura de gasto público ineficiente.
Doce años más tarde, en lugar de haber promovido acciones para amortiguar el impacto de la COVID-19 y haber elaborado planes de contingencia en todos los niveles de la política pública, el actual Gobierno de coalición decidió declarar el
Estado de Alarma a través del Real Decreto 463/2020 65, confinando a los ciudadanos en sus hogares y prohibiendo a la mayor parte del tejido productivo seguir con su actividad 66.
Los efectos sobre la economía han sido especialmente devastadores para España, por el lado de la oferta y la demanda, cuando aún no se había recuperado de la crisis económica anterior, con un déficit del 3 % y deuda pública cercana al 100 %
del Producto Interior Bruto (PIB), y, por tanto, con estrecho margen de maniobra para gestionar una crisis económica sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas y la economía en su conjunto.
Hoy, tan débiles como hace 80 años, con un déficit de casi el 7 %, una deuda pública del 119 % del PIB, la inflación más alta en 37 años y sin recuperación económica 67, España se enfrenta al riesgo de una estanflación que se ve agravado por
el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Primero. El entorno económico es negativo y el conflicto en ucrania afecta a todas las economías.
Las economías europeas han sufrido el impacto de la COVID-19 de forma divergente. España es el país que más lo ha sufrido por dos motivos: por un lado, la debilidad macroeconómica con la que absorbió el impacto y, por otro lado, las
medidas restrictivas del Gobierno sobre la actividad económica. Mientras que el resto de los países de Europa ya comenzaban a retomar los niveles de dinamismo previos a la pandemia, España aún permanece con fuertes debilidades que la dejan
vulnerable.
El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia no es baladí. Ucrania es un gran productor de bienes alimentarios y de componentes para la industria. Según el ICEX, en el año 2020 Ucrania ocupó 'el puesto 53 de nuestros destinos de exportación,
y el 38 entre nuestros proveedores. España ha sido el 17° suministrador de Ucrania, y el 12° comprador' 68. Con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del total de importaciones de cereal en España en el año 2021, el 16,31 %
provinieron de Ucrania; de sal, yeso y piedras de trabajo el 12,26 %; y de aceites, el 10 %. Concretamente, el 62 % de las importaciones en España de aceite de girasol, el 25 % de maíz y el 65,1 % del caolín, provienen de Ucrania 69.
También se debe atender a la afectación económica por parte del proceso de asilamiento que se está promoviendo sobre la economía rusa. A pesar de que 'Rusia no se halla entre los principales socios de España en lo que al comercio de
servicios se refiere, ya que Rusia representa un 0,56 % del total de los servicios exportados por nuestro país en 2020' 70, la mitad de las exportaciones de Rusia tienen destino en Europa y son energéticas. El impacto sobre la economía europea vía
aumento de precios energéticos o desabastecimiento del mismo afecta a toda la cadena de valor con efecto contagio a los países menos expuestos. Por tanto, las amenazas a las que se enfrenta la economía a corto y medio plazo son, entre otras, las
siguientes:
- Aumento de los precios internacionales de la energía de fuente fósil con especial afectación a España en la generación de electricidad por su dependencia del exterior.
- Estrechamiento de los canales de importación de materias primas alimentarias con el consecuente aumento de los precios y riesgo de falta de suministro.
- Afectación a toda la cadena de valor por los siguientes motivos:
65 Declarado inconstitucional por el máximo intérprete de la Constitución en la Sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021, gracias a un recurso interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario VOX.
66 Si bien el verdadero drama ha sido perder a más de 100.000 compatriotas a los que buena parte de ellos no han podido ser despedidos por sus familias debido a la prohibición gubernamental.
67 El PIB de España ha crecido un 5,2 % en el ejercicio 2021, la mitad de lo previsto por el Gobierno. El nivel de PIB nominal a precios corrientes sigue siendo inferior al de 2018 y se estima que no volverá a recuperar los niveles de 2019
hasta el ejercicio 2023.
68 Informe Ucrania de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior.
69 Fuente: Datacomex, medidas en millones de euros.
70 Informe Rusia de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior.
- Encarecimiento de los costes de producción que pueden obligar a las industrias a la paralización de su actividad,
- Falta de suministro o encarecimiento de bienes de equipo y componentes en todas las ramas de actividad.
Las consecuencias podrían ser muy difíciles de reparar:
- Empobrecimiento de las familias españolas.
- Paralización de parte de la actividad económica, con especial incidencia en la industria de alto consumo energético, la pesca y del transporte de mercancías.
- Caída de márgenes empresariales que no consigan amortiguar las pérdidas de competitividad.
- Destrucción de empleo y aumento de gastos sociales sin margen de maniobra.
Los problemas de incremento de precios energéticos comenzaron en la primera parte del año 2021, y se trasladaron a los precios no energéticos meses más tarde, de tal forma que la inflación subyacente superaba el 2 % en el mes de diciembre.
Hoy, el índice de Precios al Consumo (IPC) general es el mayor desde 1985 y el IPC subyacente es el mayor desde 2008 71.
Segundo. Los efectos sobre la financiación de la economía española.
Los efectos financieros sobre la economía española derivados de una inflación descontrolada, suponen un alto riesgo derivado del aumento de los costes de la financiación de los déficits generados y un insoportable aumento de la carga de
intereses que se pagan vía Presupuestos Generales del Estado. Esta situación restaría capacidad de financiación del gasto público fundamental para la cobertura de los servicios públicos y la protección de los españoles.
En la reunión del pasado 10 de marzo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha revisado su estrategia de política monetaria hacía una más restrictiva ante la evolución de la inflación en la zona del euro. Los cambios más
significativos anunciados han sido reducir gradualmente el programa de
71 El dato adelantado del IPC del mes de marzo ha registrado un aumento en tasa interanual del 9,8 % y la subyacente del 3,4 %. Al igual que sucedió con el dato del mes de febrero, el dato definitivo de marzo corre el riesgo de estar por
encima del 10 %.
compra neta de activos (APP) con perspectiva de concluirlas en el tercer trimestre del 2022, aumento de los tipos de interés oficiales para finales de año o principios del 2023 en el caso de no se estabilice la inflación en el 2 % a medio
plazo, y el fin provisional del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP) a finales de este mes de marzo 72.
Céteris páribus, pero suponiendo que no se generarían nuevos déficits públicos, por cada punto de subida los costes financiación de las AAPP en un horizonte temporal de 8 años (duración media actual de la cartera de deuda por procedimiento
de déficit excesivo) el aumento de los costes de financiación sería de 15.000 millones de euros, pasando de los 31.000 millones actuales a 46.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, un incremento de 2.000 millones al año 73.
Teniendo en cuenta que el endeudamiento total de la economía es del 255 % del PIB (58 % familias, 77 % sociedades no financieras y 119 % AAPP) 74, las medidas restrictivas de política monetaria para el control de la inflación en segunda
vuelta pueden comprometer la viabilidad del conjunto de la economía si no se toman medidas de desendeudamiento cuanto antes.
Tal y como describe el Real Instituto Elcano a este respecto 'en un contexto de incertidumbre, el diferencial respecto a activos más seguros tenderá a crecer, y que el diferencial de la deuda española a 10 años respecto al bono alemán ya ha
pasado de 72 a 100 puntos básicos entre principios de enero y finales de febrero' 75.
El sector privado de la economía aún tiene capacidad de financiación con respecto al resto del mundo, lo que le otorga cierto margen de amortiguación, sobre todo por el aumento del ahorro.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la renta bruta disponible de los hogares ha caído un 4 % desde 2019, con una caída del consumo del 8,4 % y un aumento del ahorro del 47,8 % por motivo de precaución ante la incertidumbre. El
incremento de la pérdida de capacidad adquisitiva vía precios para familias, autónomos y empresas empezaría a afectar de forma concreta sobre su capacidad de ahorro y, si persiste la inflación, eliminaría cualquier margen de actuación ante el
endurecimiento de las condiciones de financiación.
72 Decisiones de política monetaria. Banco Central Europeo. Marzo de 2022.
73 Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.
74 Fuente: Banco de España e Instituto Nacional de Estadística. Datos a diciembre de 2021.
75 Los efectos de la invasión de Ucrania sobre la economía española. Enrique Feás. Real Instituto Elcano.
Tercero. Reacción tardía y difusa del gobierno.
En la madrugada del 24 de febrero, el Gobierno Ruso confirmó el inicio de un ataque masivo contra Ucrania. El Presidente del Gobierno de España realizó una declaración institucional, horas más tarde, en la que afirmó que habría efectos
económicos negativos sobre España y que el Gobierno tomaría las medidas necesarias para amortiguarlas, declarando lo siguiente: 'tomaremos las medidas oportunas para mitigar los efectos de esta crisis' y 'cuantas medidas sea posible para mitigar el
impacto económico y también energético'. Así, el Sr. Sánchez Pérez-Castejón aseguró que el Gobierno tenía un plan de contingencia en el caso de que el conflicto llegará a este punto de ataque directo de forma militar. Antes, el 28 de enero, se
supo que se habían encargado desde Seguridad Nacional, Presidencia del Gobierno, planes de contingencia a todos los Departamentos 76.
Asimismo, el Presidente del Gobierno compareció el pasado 2 de marzo en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación en relación con Ucrania, avanzando que el Gobierno 'ya está trabajando en un 'Plan Nacional de Respuesta al
Impacto de la Guerra'' en el que se incluirán medidas en política de rentas, 'que proporcione estabilidad desde la perspectiva de los costes salariales y los beneficios empresariales; la protección de las familias más vulnerables y de los sectores
más afectados, como el turístico y el agrícola, y medidas para profundizar en la transición energética', así como 'acelerar la aprobación y puesta en marcha del mecanismo RED de flexibilidad y estabilización el empleo' 77.
Seis días más tarde, el Consejo de Ministros aprobó el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEM) 78 por el que se destinan 20.319 millones de euros en tres años, sin que se sigan si aprobar medidas para
amortiguar los efectos del conflicto en Ucrania sobre la economía y sociedades españolas.
Mientras el Gobierno no tomaba ninguna medida para amortiguar el impacto del conflicto en Ucrania, los precios aumentaban a un ritmo de casi dos dígitos, las flotas pesqueras no podían salir a faenar, los transportistas tuvieron que parar,
se produjo falta de suministros de bienes alimentarios y las familias tuvieron reducir sus consumos energéticos en pleno invierno. Por cada día que ha pasado, el coste para los españoles ante la falta de medidas del Gobierno ha sido incalculable.
Treinta y tres días más tarde, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania 79. Un Plan que contempla medidas económicas que afrontan la actual crisis con medidas de
políticas de incentivo a la demanda de muy corto plazo, en concreto a tres meses vista, y que son a todas luces insuficientes para afrontar el grave problema que afrontan las familias españolas. El Gobierno no ha querido contemplar medidas por el
lado de los ingresos a través de reducciones de tipos de figuras tributarias o deducciones. No se ha usado esta figura que podría haberse valorado teniendo en cuenta que están suspendidas las reglas fiscales. Ni menos teniendo en cuenta la
capacidad de reducción de gasto político e improductivo para compensar la caída de los ingresos.
Además, se debería haber valorado que la reducción de los impuestos ayudaría a la capacidad adquisitiva de las familias y de operatividad de las empresas, por lo que se mantendría un nivel dinámico en el ritmo de ingresos públicos.
Cuarto. Los planes de Sánchez son irresponsables y están basados en una agenda en contra de los españoles.
La gestión del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos en materia fiscal ha tenido los siguientes resultados: la mayor caída del Producto Interior Bruto de todos los países de la Unión Europea; uno de los mayores déficits públicos de los países
desarrollados; una deuda pública casi impagable, con el riesgo del aumento de tipos de interés que la retroalimentaría; un retroceso del consumo de los hogares de más de 40.000 millones de euros mientras que el gasto de las Administraciones
Públicas aumenta en más de 20.000 millones en términos de Contabilidad Nacional; caída de las exportaciones de mercancías en más de 40.000 millones; una producción y ventas de automóviles un 40 % y un 30 % inferior de forma respectiva; el mayor
incremento de los precios en décadas que ha generado una pérdida de poder adquisitivo de las familias de 30.000 millones de euros en 2021, y aumentos del 40 % en los precios industriales.
76 Seguridad Nacional reclama a cada ministerio el impacto de una guerra en Ucrania. Vozpopuli.com. 28 de enero de 2022
77 Pedro Sánchez anuncia un Plan Nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania. 2 de marzo, La Moncloa, Gobierno de España.
78 Consejo de Ministros del 8 de marzo de 2022.
79 Consejo de Ministros del 29 de marzo de 2022. En el marco del Plan se aprueba el Real Decreto- ley 6/2022 y el Real Decreto-ley 7/2022.
Los medios para conseguirlo han sido el aumento de todas las figuras tributarias y creación de nuevos impuestos, creación de nuevos ministerios, aumento del gasto ideológico e inútil sin demanda social, despilfarrando los recursos de las
familias españolas.
En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son la plasmación del programa político de cualquier Gobierno y la izquierda lo está demostrando. Después de que el PIB cayera un -10,8 % en el año 2020, los PGE para el año 2021
se basaron en una proyección de crecimiento económico del 9,8 %, a pesar de que servicios de estudios, públicos y privados, advirtieran del exceso de optimismo del Gobierno. Durante el ejercicio pasado, el Presidente del Gobierno corrigió a la baja
en dos ocasiones dicha previsión, en abril y en octubre. Finalmente, la economía creció por debajo de la peor previsión realizada. En ausencia de cualquier atisbo de prudencia, el Gobierno elaboró, y consiguió aprobar, unos PGE para el año 2022
con una previsión de crecimiento imposible del 7 %.
La realidad no estriba en la imprudencia del Gobierno, sino en el objeto detrás de ello. En efecto, utilizar una estimación de crecimiento económico por encima del que se cumple sirve para justificar la presupuestación de un gasto público
desmedido. Además, el Gobierno justifica el aumento del gasto público en nombre de la protección social de los españoles y la protección económica de las empresas -objetivos que este Grupo Parlamentario sí persigue realmente-, cuando la realidad es
muy diferente, pues el Ejecutivo destina dicho gasto a políticas ideológicas y gastos superfluos, con el objetivo de que una casta privilegiada viva a costa del resto de los españoles.
Para conseguirlo, el Gobierno se centra en aumentar los impuestos a los españoles durante dos años consecutivos, aumentando prácticamente todas las figuras tributarias y creando nuevas. Además, en el entorno actual de inflación por encima
del 7 %, el Gobierno no plantea bajar los impuestos y deflactarlos, publicando un Libro Blanco de reforma tributaria para subirlos.
En este sentido, el Instituto de Estudios Económicos considera en un reciente informe 80 que existen mejoras en el sistema impositivo y en la gestión de los fondos públicos. Así, el organismo sugiere que 'si normalizáramos nuestra
eficiencia del gasto con el promedio de la OCDE, podríamos tener un ahorro de recursos del orden de unos 60.000 millones de euros, como mínimo, ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos que en la actualidad, lo que supondría asegurar una
consolidación estructural y permanente de nuestras finanzas públicas'.
Nada de esto es escuchado por los miembros del Gobierno. Y así, el Consejo de Ministros del pasado día 8 de marzo, a las puertas de una estanflación sin precedentes en España, decide anunciar el mayor gasto nunca visto antes en políticas
propagandísticas de género, en torno a la misma cantidad que la recibida en 2021 por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea. Además, el Gobierno toma esta medida justo cuando la Comisión Europea le pide que aproveche
las ayudas del MRR para reducir gastos y consolidar las cuentas públicas 81.
Por tanto, persiguiendo como único objetivo la implantación de las políticas de la Agenda 2030 en España, el Gobierno obvia la realidad por la que atraviesan millones de españoles, esto es, la incapacidad de alcanzar los niveles de
prosperidad que su esfuerzo diario trabaja por conseguir.
Quinto. Es necesario aplicar una agenda para España y para los españoles para amortiguar la actual crisis.
El reflejo del compromiso del Gobierno de coalición de España con sus compatriotas es inyectar más de 20.000 millones de euros a políticas ideológica a las puertas de lo que puede ser la peor crisis registrada en siglos, con la mayor deuda
de los últimos 80 años y con consecutivos aumentos de impuestos a las familias y empresas españolas. Mientras, millones de españoles se esfuerzan en poder pagar sus facturas energéticas y la cesta de la compra. Millones de autónomos ven como se
amenaza la supervivencia de sus negocios. Transportistas, agricultores, pescadores o industriales no pueden soportar el coste de los productos energéticos. Millones de españoles no pueden afrontar el pago de los insumos de sus hogares.
A pesar de esta realidad, el Gobierno sigue empeñado en seguir con la ejecución de los principios tractores de la Agenda 2030 que penaliza el uso de la energía, limita el consumo de carne, releva al compatriota por el extranjero y divide a
los españoles con políticas de género y de levantamiento de tumbas.
80 Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España. 7 de marzo de 2022. Instituto de Estudios Económicos.
81 Comunicación de la Comisión sobre las orientaciones de política presupuestaria para 2023. 2 de marzo de 2022. Comisión Europea.
El Gobierno de España, con ministros comunistas que no quieren ayudar al pueblo de Ucrania, no cuenta en la esfera internacional, no cuenta en las reuniones de la OTAN y se pliega constantemente a las decisiones que se toman fuera de España
sin voz y sin voto del pueblo español.
Por todo ello, España y los españoles necesitan que sean defendidos con una Agenda para ellos y no para las élites globalistas, que lleve a cabo medidas para la prosperidad, seguridad y libertad de sus ciudadanos. Una Agenda que siga
construyendo el legado que hoy tenemos. Una Agenda que reivindique la protección a todos los españoles para que se mantenga la construcción del proyecto común que es España.
Hoy, después de la mayor crisis financiera internacional, una pandemia mundial y en el comienzo de un conflicto que está afectando especialmente a escala europea, nuestro país corre serios riesgos económicos y sociales por los que se deben
tomar medidas ejecutivas y rápidas para amortiguar adecuadamente el impacto de este conflicto en las puertas de Europa.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar todas las medidas urgentes y necesarias para amortiguar el impacto negativo sobre la economía derivado de la invasión rusa de Ucrania, con reformas de calado estructural y planes de
contingencia bien definidos y ejecutables en el corto plazo, y concretamente las siguientes medidas:
A. En política fiscal:
1. Reducción drástica del gasto público que no contemple la protección de los ciudadanos y la calidad de los servicios públicos esenciales, sobre todo de aquellos gastos relacionados con la Agenda 2030 en materia ideológica y propaganda que
asciende a más 2.500 millones de euros de forma estructural sólo en la Administración General del Estado.
2. Reducción de los tipos de todas las figuras tributarias que sea compatible con el sostenimiento de los servicios públicos esenciales y de protección a los españoles.
3. Gestión activa de la deuda con enfoque en la reducción nominal vía amortización, y no en su reducción relativa en % del PIB vía inflación, para reducir cuanto antes la carga de intereses y que puede suponer una dinámica de la deuda
insostenible.
B. En política comercial:
1. Promover de forma ejecutiva acuerdos comerciales bilaterales de garantía de suministro de bienes necesarios para las familias y empresas españolas que puedan ser necesarias y en las que pueda existir escasez.
2. Adoptar acuerdos de exportación de bienes en los que España es excedentario siempre que no supongan comprometer su disponibilidad en el medio plazo.
C. En política energética e industrial:
1. Asegurar la soberanía energética con todos los medios al alcance para conseguir una energía barata, sostenible, eficiente y limpia que garantice unos precios de la luz asequibles para las familias y empresas españolas, y que reduzca la
dependencia de los países terceros.
2. Revisión urgente del sistema de generación eléctrica en España para la reducción de los costes del mismo garantizando la sostenibilidad de los agentes implicados.
3. Promover la reducción de la fiscalidad del gas natural, de los hidrocarburos y de la energía eléctrica.
4. Alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares y considerar esta tecnología como verde.
5. Promover, en el seno de la Unión Europea, la cancelación de los nuevos derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
6. Tomar las medidas que sean necesarias para que las plantas industriales, las industrias agropecuarias y pesqueras en España mantengan sus actividades salvaguardando el empleo activo y la capacidad productiva.
D. En política agroalimentaria:
1. Aprobar un plan de contingencia que garantice la soberanía alimentaria de España y la correcta defensa del sector agroganadero y pesquero español ante la situación derivada de la invasión de Ucrania y su repercusión en el comercio
mundial.
2. Tomar las medidas necesarias para que no se produzcan cuellos de botella en el suministro de bienes alimentarios para personas y ganado.
3. Fomentar y promover mediante instrumentos regulatorios y de política tributaria el aprovechamiento de los terrenos cultivables, la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y del sector pesquero español.
E. En política de rentas:
1. Aumento de la renta disponible de los trabajadores sin incrementos de los costes laborales mediante la reducción de cotizaciones sociales para la empresa y el trabajador.
2. Tomar las medidas que sean necesarias para implantar una red de seguridad de los españoles frente a la pobreza, de tal forma que se convierta en un verdadero mecanismo de segunda oportunidad.
F. En cuanto a los fondos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
1. Corregir las deficiencias existentes en su gestión, y dotar de agilidad a los procesos por los que se dotan dichos recursos.
2. Destinar los fondos con el único objetivo de la mejora de la productividad de los factores de la economía española, sin atender en ningún caso a proyectos relacionados con ideología política'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Rubén Silvano Manso Olivar y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el refuerzo de la farmacia en la salud digital para su
debate, en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha demostrado la importancia de contar con un sistema sanitario integrado, que cuente con el potencial de todos los niveles del mismo, desde la educación en salud del propio individuo hasta la atención hospitalaria.
En este contexto, la pandemia también ha demostrado que el Sistema Nacional de Salud no ha sabido aprovechar todos los puntos fuertes de esos diferentes niveles para maximizar la capacidad de garantizar la salud y el bienestar de la ciudadanía.
Pese al papel que han jugado los profesionales de las oficinas de farmacia durante esta emergencia sanitaria, actuando como profesionales de referencia para muchos pacientes vulnerables ante el colapso de la Atención Primaria y permitiendo
una distribución de medicamentos y productos sanitarios, lo cierto es que la configuración del Sistema Nacional de Salud no reconoce de forma adecuada ese papel.
La pandemia de COVID-19 ha sido, de hecho, un revulsivo para que la Unión Europea pueda reforzar sus competencias en materia sanitaria, especialmente en lo relativo a prevención y alerta temprana de futuras emergencias. En este contexto, el
Reglamento (UE) 2021/522 dio lugar al nacimiento de EU4Health, que cuenta con en torno a 5.300 millones de euros para reforzar los sistemas sanitarios de los Estados miembros y para poder impulsar la interoperabilidad entre ellos mediante el uso de
herramientas digitales.
Por tanto, el contexto es propicio para aprender de los errores del pasado y para dejar de desdeñar ese papel fundamental que juega la red de oficinas de farmacia en el conjunto del sistema sanitario. Tanto el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España para hacer uso de los fondos europeos de reconstrucción como la Estrategia de Salud Digital del Ministerio de Sanidad proporcionan una plataforma de salida para esas reformas
necesarias que requiere nuestro sistema sanitario. Pese a ello, en la Estrategia de Salud Digital, que se supone que tiene como objetivo
sentar las bases del sistema sanitario del futuro haciendo uso de las tecnologías disponibles y las que están por venir, no hay reconocimiento a ese papel de la red de oficinas de farmacia.
Esto no sólo supone un problema para los profesionales, que no ven su labor reconocida y que pueden enfrentarse a una curva de adopción de nuevas herramientas mucho más escarpada, sino que tiene importantes consecuencias para los pacientes.
No en vano, la red de oficinas de farmacia cuenta con valiosos datos sobre la efectividad de medidas de salud pública, sobre el uso racional de los medicamentos, sobre la adherencia terapéutica de los pacientes o sobre procedimientos de
farmacovigilancia. No incluir, por tanto, la red de oficinas de farmacia en esa transformación digital del sistema sanitario supone dar la espalda a una importante cantidad de información de alta calidad que permitiría mejorar la atención sanitaria
al paciente.
Finalmente, la red de oficinas de farmacia no solo desempeña un papel fundamental actualmente y puede ayudar a mejorar otros niveles asistenciales, sino que ese papel puede fortalecerse mediante la adscripción de nuevas competencias en el
marco de esa digitalización de los servicios sanitarios. Por ejemplo, los profesionales farmacéuticos pueden dar solución a consultas sanitarias sencillas con síntomas menores, evitando así que los pacientes deban acudir a unos servicios de
Atención Primaria que ya se encuentran desbordados, o pueden impartir campañas de educación en salud para que los pacientes puedan adquirir un mayor control y conocimiento sobre su estado de salud y sobre cómo mejorar y proteger su bienestar.
Además, durante la pandemia desde el GP Ciudadanos hemos impulsado cambios legales que, desafortunadamente, no fueron apoyados por la cámara, pero que tenían como objetivo reforzar ese papel de los profesionales de las oficinas de farmacia para la
entrega de medicamentos a domicilio para pacientes con movilidad reducida o vulnerables, y también para llevar a cabo labores de teleasistencia con esa tipología de paciente o con aquellos pacientes de mayor edad residentes en zonas rurales o
escasamente pobladas, evitándoles así desplazamientos innecesarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asegurar la inclusión de la red de oficinas de farmacia en el nuevo Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) para garantizar que se cuenta con todos los datos posibles para conseguir detectar de forma temprana
cualquier tipo de futura emergencia sanitaria, incluidos los datos de los que disponen los profesionales de la red de oficinas de farmacia.
2. Incluir a la red de oficinas de farmacia y a los responsables de la distribución de medicamentos y productos sanitarios dentro del nuevo 'data lake' sanitario que tiene previsto impulsar el Gobierno de España en el seno del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Reconocer el potencial de la red de oficinas de farmacia para facilitar la transformación digital del sistema sanitario y para aprovechar esa digitalización para mejorar la atención sociosanitaria de los pacientes, integrándolas en pie
de igualdad con otros servicios sanitarios en el seno de la Estrategia de Salud Digital del Ministerio de Sanidad.
4. Avanzar en la ampliación de competencias de la red de oficinas de farmacia, incluyendo sus servicios digitales en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, como la farmacovigilancia, la promoción del uso racional de
los medicamentos, el seguimiento de la adherencia terapéutica, la teleasistencia o la distribución de medicamentos a domicilio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento adecuado de la profesión veterinaria para
su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El pasado 3 de abril, profesionales veterinarios de diferentes puntos de nuestro país acudieron a Madrid en una manifestación organizada para reclamar al Gobierno de España su reconocimiento pleno como profesionales sanitarios. Ya en 2019,
antes de la pandemia de COVID-19, estos profesionales decidieron organizar sus demandas en una manifestación anterior, pero pusieron pausa a sus movilizaciones durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, esa pausa no ha hecho que remitan sus
reivindicaciones, puesto que estos profesionales continúan en una situación de desventaja respecto a otros profesionales sanitarios.
Actualmente, el marco legal español reconoce ese estatus de profesionales sanitarios de iure, pero lo cierto es que en la práctica ese reconocimiento no es real. Por ejemplo, los veterinarios no están incluidos en los sistemas de alerta y
detección temprana de posibles emergencias sanitarias, como sí están otros profesionales sanitarios. Todo ello pese a que la pandemia de COVID-19 ha demostrado la importancia de unificar los procesos de salud animal con los de la prevención y
detección de riesgos para la salud pública. Es más, tal y como recuerdan los propios veterinarios u organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la gran mayoría de las crisis sanitarias del futuro tendrán su origen en la
zoonosis, es decir, en la transmisión de patógenos entre especies animales y el ser humano, como todo apunta que ocurrió en el caso del COVID-19.
La labor de los veterinarios, de hecho, incluye, de acuerdo a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, el 'control de la higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen
animal, así como la prevención y lucha contra las enfermedades animales, particularmente las zoonosis, y el desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la vida animal y sus enfermedades'. Es decir,
que nuestro marco normativo reconoce esa labor de los veterinarios como profesionales sanitarios, pero la práctica es lo que hace que permanezcan excluidos de los sistemas de prevención y respuesta rápida ante crisis sanitarias. Esta inexplicable
exclusión es lo que los profesionales veterinarios demandan que se modifique con sus movilizaciones.
Lo hacen además en un contexto propicio, puesto que el Gobierno de España finalmente ha decidido dar cumplimiento a las provisiones de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y poner en marcha un Centro Estatal de Salud
Pública tras once años de inacción por parte de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE. Desde el GP Ciudadanos ya hemos preguntado al Ministerio de Sanidad por sus planes para asegurar que este Centro Estatal de Salud Pública goza de los
recursos económicos y humanos adecuados para llevar a cabo su labor de protección de la salud pública en España, para garantizar la independencia de su funcionamiento, y para que no se dupliquen competencias con otros organismos existentes
actualmente. En esas preguntas, además, hemos interpelado también al Gobierno sobre el papel que se dará a la salud animal y vegetal dentro de las competencias del futuro Centro Estatal de Salud Pública, conscientes de la relevancia que tienen
estas disciplinas para prevenir problemas de salud en la población.
En definitiva, los profesionales veterinarios se ocupan del cuidado de nuestras mascotas, y esa labor merece nuestro reconocimiento. Sin embargo, los profesionales veterinarios se ocupan de mucho más, y tienen un papel decisivo sobre la
protección de nuestra salud frente a patógenos y emergencias sanitarias que están presentes ya en el mundo animal y pueden suponer un cambio drástico en nuestra forma y calidad de vida si llegaran a afectar a los seres humanos. La pandemia de
COVID-19 nos ha demostrado que este supuesto no es ya cosa de predicciones y escenarios de ciencia ficción, sino que puede ser una realidad y que, como tal, debemos abordarla.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incorporar a los profesionales veterinarios y a las organizaciones que los representan a los sistemas de vigilancia, prevención, alerta y respuesta temprana ante crisis de salud pública, incluyendo en particular la transmisión y
utilización de datos que recopilan estos profesionales en su labor de velar por la salud animal y sus posibles riesgos para el ser humano.
2. Integrar, en el nuevo Centro Estatal de Salud Pública, las competencias de sanidad animal y vegetal que actualmente se encuentran orgánicamente bajo el paraguas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para asegurar una
correcta implicación de los profesionales veterinarios en las actuaciones que se diseñen para hacer frente a retos de salud pública en España.
3. Coordinar, junto con las Comunidades Autónomas, la Asociación Mundial Veterinaria y el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, campañas de sensibilización y concienciación de la sociedad española sobre el valor de la labor
que realizan los profesionales sanitarios y de su importancia para la salud pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2022.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Antonio Salvá Verd, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña Mercedes Jara Moreno y don Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la
especialidad en Oncohematología Pediátrica, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Introducción.
En España, los médicos graduados que han superado el examen de Médico Interno Residente ('MIR') pasan a ser residentes en los hospitales y centros de atención primaria en función de la especialidad elegida, pudiendo empezar su formación de
posgrado en Oncología, Pediatría, Hematología, etc. Sin embargo, en la actualidad aún no se ha desarrollado ni implantado como especialidad la Oncohematología Pediátrica.
Tal y como refiere el jefe de servicio de Oncohematología Pediátrica y Trasplante Hematopoyético del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, 'si un oncólogo médico tiene una formación sóiiday completa para dedicarse al cáncer de cuatro años,
no se puede entender que los oncólogos pediatras sólo con un año durante la residencia posean una formación adecuada. Es completamente insuficiente' 82.
Desde hace tiempo, para paliar esta carencia formativa de los pediatras en algunos servicios como el mencionado se 'lleva a cabo un desarrollo de la especialidad en oncología pediátrica para todos los médicos que son pediatras y que han
efectuado ya un año de oncología durante su residencia, para completar tres años de oncología pediátrica[...] 83. Es la solución adoptada para formar, diagnosticar y mejorar el tratamiento de los pacientes con cáncer infantil en espera del
reconocimiento oficial y la implementación en España de dicha especialidad.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Niño con Cáncer, celebrado el 15 de febrero, la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (en adelante, 'SEHOP'), tal y como publica la Asociación Española de Pediatría
(en adelante 'AEP'), señaló que 'los pediatras oncólogos y hematólogos, tras su formación integral en Pediatría, precisan una formación específica para poder afrontar los cánceres en la infancia [en genética molecular oncológica, trasplante de
progenitores hematopoyéticos, terapias avanzadas, en investigación (ensayo clínicos I-III) y en medicina personalizada]. Sin embargo, hasta ahora, la formación en Oncología y Hematología pediátrica en España no ha estado reglada ni se ha reconocido
oficialmente, lo que supone un problema importante a la hora de garantizar la adecuada cobertura de las vacantes por los pediatras especialistas con la mejor formación y experiencia
82 https://fundacionfoi.org/oncohematologia-pediatrica-y-trasplante-hematopoyetico-del-hospital-infantil-nino-jesus-madrid-atiende-a-unos-150-ninos-enfermos-de-nuevo-diagnostico-cada-ano/
83 Idem
en la disciplina. Algo que se agrava todavía más si tenemos en cuenta que el 20 % de los especialistas en onco-hematología pediátrica se jubilará en los próximos diez años' 84.
Segundo. Datos del cáncer infantil en España. Prevalencia.
El Registro Español de Tumores Infantiles ('RETI-SEHOP') 85, en el seno de la colaboración entre la Universidad de Valencia y la 'SEHOP', que cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, realizó un estudio de supervivencia de niños con
cáncer en España y una comparativa a nivel internacional de la incidencia de este y sus tendencias, colaborando así al estudio de factores de riesgo causal.
Fuente: Registro Español de Tumores Infantiles RETI-SEHOP 86.
En dicho estudio se 'muestra la evolución ascendente de la supervivencia de los niños oncológicos en España desde 1980 hasta 2004, frente a la disminución del riesgo de muerte (50 %), lo que demuestra una mejora de los resultados
asistenciales globales de la oncología pediátrica española' 87.
Si bien los datos que arroja son esperanzadores, aún queda mucho camino por recorrer, muchas vidas que salvar y se debe seguir aumentando la supervivencia mediante una mayor especialización médica y una mayor investigación médico-científica.
A tales efectos, la 'AEP' subraya que 'el cáncer infantil es una enfermedad poco frecuente que representa únicamente el 1 % o 2 % de los casos detectados en adultos. En España se diagnostican cada año alrededor de 1.100 casos de enfermedad
inmoral en menores de 14 años' 88. Conviene destacar que el aumento del índice de supervivencia en los últimos años es espectacular, y así 'el 81 % a los cinco años según los datos del RETI-SEHOP de 2021, pone de manifiesto la importancia de
elaborar un plan de seguimiento a largo plazo adaptado a cada caso en función de las particularidades del diagnóstico y tratamiento, para detectar precozmente las secuelas que vayan apareciendo y poder garantizar la calidad de vida de estos
pacientes' 89.
Asimismo, como refiere la directora de la Unidad de Pediatría y Áreas específicas del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla: 'A pesar de su baja incidencia, el cáncer sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad en
los niños mayores de un año*. Los más frecuentes son las leucemias y aquellos que afectan al sistema nervioso central; juntos suponen el 50 % de los tumores infantiles' 90.
(*) El evidenciado es nuestro.
También se han de considerar los datos estadísticos recogidos por el portal statista.com respecto de los tipos de cáncer infantil con más muertes por cada 100.000 niños menores de 15 años que refieren que 'durante el año 2020 la leucemia ha
tenido en España la incidencia más alta entre los menores de 15 años con una tasa bruta de 4,5 casos por cada 100.000 niños.
84 https://www.aeped.es/sites/default/files/20220214_ndp_día_internacional_nino_con_cancer.pdf
85 https://www.uv.es/rnti/
86 5https://www.uv.es/rnti/cifrasCancer.html
87 Idem
88 https://www.aeped.es/noticias/congreso-aep-2021-uno-cada-500-adultos-espanoles-puede-haber-tenido-un-tumor-nino-y-manifestar
89 Idem
90 Idem
Le siguen los que afectan al Sistema Nervioso Central con 2,3 casos por 100.000 niños menores de 15 años, los de Linfoma no Hodgkin con 1,1 de casos, los Linfoma de Hodgkin con 1 caso y por último los de Riñón con una incidencia de 0,82
casos. Teniendo en cuenta todos los tipos, el cáncer infantil en España presentó una tasa bruta de 14,7' 91.
Sin embargo, se puede afirmar, con evidente ilusión, que los pacientes pediátricos se curan, aunque con un alto porcentaje de secuelas, tal y como concluían desde la AEP, con motivo del día internacional del cáncer infantil, al afirmar que
'todos los cánceres pediátricos son enfermedades raras y complejas que necesitan de una atención multidisciplinar (facultativos, enfermería, psicólogos, biólogos, etc.) con conocimiento específico y profundo de las distintas patologías tanto en el
diagnóstico, como durante su tratamiento y en el seguimiento de los supervivientes' 92.
Tercero. Importancia de la investigación.
Dentro del área de la investigación en Pediatría cobra especial relevancia la basada en terapias avanzadas y, en particular, debe reforzarse la investigación en materia de terapia celular con el desarrollo de nuevos tratamientos
antitumorales en el ámbito de la Inmuno-Hemato-Oncopatología infantil en entorno hospitalario. De esta forma, la combinación entre la investigación preclínica y clínica debería ser una constante en el desarrollo de ensayos clínicos tempranos
académicos y comerciales 93.
Resulta fundamental, por tanto, realizar estos ensayos clínicos que cubran prácticamente todas las posibilidades pediátricas. Sin embargo, la gran mayoría de estos ensayos no son nacionales, sino internacionales, por lo que reclutar
pacientes conlleva una cierta dificultad. Además, están dirigidos a patologías altamente infrecuentes y muy poco prevalentes. Varios de sus ensayos están relacionados con la inmunoterapia y deben tener unas condiciones de inclusión, es decir, que
no hayan tenido fundamentalmente ninguna problemática en su terapéutica. En los últimos años, tal y como afirma el jefe del Servicio de Oncohematología Pediátrica y Trasplante Hematopoyético del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, 'ha mejorado
el sistema de reclutamiento y los médicos ofrecen a la familia la posibilidad de que sean tratados en ensayos, lo que es altamente positivo, igual que ocurre en oncología médica' 94.
También en Madrid, el Hospital Universitario La Paz es un referente en este sentido ya que cuenta con la Unidad Cris de Investigación Traslacional y Terapias Avanzadas. Esta Unidad forma parte del conjunto de cuatro unidades especializadas
en oncología de adolescentes de los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid proporcionando un entorno apropiado para esta edad. La Unidad Cris de Investigación Traslacional y Terapias Avanzadas se creó a partir del convenio
establecido en julio de 2016 entre el Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) y la Fundación Cris contra el Cáncer 95.
Cuarto. Regulación de la creación de especialidades médicas.
Nuestra normativa recoge, en los apartados primero y tercero del artículo 2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias 96, que:
'1. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución, y a los efectos de esta ley, son profesiones sanitarias, tituladas y regulados, aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige especifica y fundamentalmente a dotar a
los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa
específicamente aplicable.
3. Cuando así resulte necesario, por las características de la actividad, para mejorar la eficacia de los servicios sanitarios o para adecuar la estructura preventiva o asistencial cd progreso científico y tecnológico, se podrá declarar
formalmente el carácter de profesión/ sanitaria, titulada y regulada, de una determinada actividad no prevista en el apartado anterior, mediante norma con rango de ley.'
Asimismo, en su artículo 16 establece que 'corresponde al Gobierno, [...] previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias
91 https://es.statista.com/estadísticas/1206566/tipos-de-cancer-infantil-con-mayor-mortalidad-en-espana/
92 https://www.aeped.es/sites/default/files/20220214_ndp_dia_internacional_nino_con_cancer.pdf
93 https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/estudios-clinicos/lo-que-usted-necesita-saber/fases-de-los-estudios-clinicos.html
94 https://www.immedicohospitalario.es/uploads/2021/07/posibilidad_poder_tratar_24087_20210712095815.pdf
95 https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/unidad-mvestigacion-terapias-avanzadas
96 REF: BQE-A-2003-21340, https://www.boe.es/buscar/act.php?id-BQEA-2003-21340&p=20210605&tn=l
de la Salud y de la organización u organizaciones colegiales que correspondan, el establecimiento de los títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud, así como su supresión o cambio de denominación'.
Además se debe hacer referencia al Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero 97, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria
especializada, cuyo artículo 2, párrafo segundo, señala expresamente que 'de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, corresponde al Gobierno la creación de nuevos títulos de especialista o la modificación
y supresión de los que se relacionan en el anexo I, según lo requieran las necesidades del sistema sanitario, la evolución de los conocimientos científicos en la formación de especialistas en Ciencias de la Salud y su adaptación a las directrices
derivadas de la normativa comunitaria sobre la materia'.
Por último, la Disposición transitoria quinta de la citada norma, referida a la creación de nuevos títulos de Especialista, afirma que 'cuando, con forme a lo previsto en el artículo 16 de esta ley, sean establecidos nuevos títulos oficiales
de especialista en Ciencias de la Salud, el Gobierno adoptará las medidas oportunas para posibilitar el acceso al nuevo título de los profesionales que hubieran prestado servicios en el ámbito de la nueva especialidad y cumplan los requisitos que
reglamentariamente se establezcan. Asimismo, adoptará las medidas oportunas para la inicial constitución de la correspondiente Comisión Nacional de la Especialidad'.
Cada vez es más frecuente y necesario la creación de nuevas especialidades en Medicina para dar cobertura a las nuevas exigencias que van surgiendo en salud, puesto que está en constante evolución y adaptación. Con la creación de esta
especialidad se podrá ofrecer un abordaje integral para la atención, el diagnóstico y el tratamiento en los cánceres infantiles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo todas las acciones y medidas que sean necesarias, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, con el fin de establecer la Oncohematología Pediátrica
como nuevo Título Oficial de Especialista en Ciencias de la Salud.
2. Promover, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la equidad y la igualdad en la atención de los pacientes afectados de cáncer infantil. A tal fin se proponen las siguientes medidas:
a) Establecer su acceso a equipos multidisciplinares para el abordaje del cáncer infantil en todo el territorio nacional, instando para ello a las distintas Comunidades Autónomas para su efectiva creación e implantación.
b) Incorporar un protocolo específico de seguimiento estandarizado a largo plazo para los supervivientes de cáncer infanto-juvenil.
c) Fomentar la investigación en cáncer y, en especial, en cáncer infantil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Mercedes Jara Moreno, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/004070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el criterio clínico en el uso de inhaladores para
su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
97 https ://www.boe.es/buscar/act php?id=BOE-A-2008-3176
Exposición de motivos
En torno a seis millones de personas en España están afectadas de asma o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), y por tanto necesitan una atención específica por su dependencia de un tipo concreto de dispositivos insustituibles e
imprescindibles para un gran número de esos pacientes: los inhaladores presurizados de dosis medida, también llamados pMDI. Desde el GP Ciudadanos ya lideramos la iniciativa para acabar con el visado para la triple terapia de EPOC durante la
pandemia de COVID-19, dada la importancia de no exponer a estos pacientes a un posible contagio por SARS-CoV-2.
Ahora, estos pacientes se enfrentan a una nueva polémica que puede poner en peligro su acceso al tratamiento. En particular, en los últimos meses ha surgido una pequeña controversia porque estos inhaladores utilizan gases fluorados como
propelente para hacer llegar el fármaco a los pulmones de los pacientes de la forma más rápida y eficaz posible. Sin embargo, los gases fluorados representan en torno a un 2,2 % del total de emisiones de gases de efecto invernadero, y por ello hay
algunas voces que han solicitado la prohibición de este tipo de inhaladores por su contribución al cambio climático. Todo ello pese a que más del 85 % de las emisiones de gases fluorados provienen de otras actividades que nada tienen que ver con
estos inhaladores, cuyo impacto global en las emisiones de gases fluorados es prácticamente testimonial.
El problema radica en que, pese a lo loable de la lucha por mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, si se llevara a cabo una prohibición, esta puede tener un impacto muy negativo en los pacientes de asma y EPOC y sobre su
adherencia terapéutica. De hecho, el Reglamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) 842/2006, que establece la
reducción en las emisiones de estos gases, contempla la exención para los usos farmacéuticos. Pese a ello, sigue habiendo voces que solicitan la prohibición de estos inhaladores, lo que está provocando grandes preocupaciones entre estos pacientes y
de sus familiares.
En este contexto, es importante que se equilibre la necesaria preocupación por el cambio climático con la también necesaria adherencia terapéutica de los pacientes que utilizan estos inhaladores. Actualmente no existe ninguna alternativa
viable para sustituirlos y, por tanto, podría provocar una disrupción importante de los tratamientos. Por ello, es necesario dar una importancia específica al criterio clínico en este tipo de casos que, además, están amparados por el derecho de la
Unión Europea. De hecho, organizaciones como la Sociedad Respiratoria Europea (ERS, por sus siglas en inglés) o la Federación Europea de Asociaciones de Alergias y Patologías Respiratorias).
Por ello, el camino no es el de la prohibición de este tipo de inhaladores, sino el del impulso a la I+D para dar con soluciones alternativas que no contengan elementos emisores de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, que permitan
una propulsión del fármaco a los pulmones de forma, al menos, igualmente rápida y eficaz que los inhaladores actuales. Mientras tanto, el criterio clínico debe primar para no tener un excesivo impacto negativo en los pacientes con asma y EPOC.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asegurar que los facultativos podrán decidir libremente qué dispositivo es el más adecuado y eficaz para los pacientes de enfermedades respiratorias y para sus características, primando el criterio clínico en línea con el derecho de la
Unión Europea respecto de las emisiones de gases fluorados.
2. Garantizar que los pacientes de enfermedades respiratorias no se verán afectados por ninguna prohibición de dispositivos inhaladores en base a su impacto en la lucha contra el cambio climático, al menos hasta que no existan sustitutivos
de igual eficacia y cuya adopción no afecte a la adherencia terapéutica de cada paciente.
3. Fomentar y facilitar la I+D en materia de desarrollo de dispositivos inhaladores que no hagan uso de gases fluorados para su funcionamiento, de forma que progresivamente puedan introducirse en el mercado nuevas opciones igualmente
eficaces para combatir las enfermedades respiratorias que no se basen en el uso de gases fluorados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Igualdad
161/004054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para evitar la desigualdad salarial y el empobrecimiento de las mujeres como consecuencia de la crisis económica para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La crisis socioeconómica de la pandemia de la COVID-19, sumada a los efectos de las medidas lesivas aplicadas desde el año 2008 debido a la crisis financiera, de la que las mayorías sociales aún no se habían recuperado, tiene una enorme
repercusión en la vida de las mujeres de Galiza, y del conjunto del Estado, por agrandar la brecha de desigualdad laboral y por la feminización de la pobreza.
Atendiendo a los datos contenidos en el informe del Foro Económico Galego, de diciembre de 2021, podemos constatar el mayor impacto de la crisis entre las mujeres. Por ejemplo, el 75,5 % de las personas ocupadas a tiempo parcial en Galiza
en el último trimestre de 2021 fueron mujeres, el empleo temporal crece más en las mujeres, un 13,5 % frente a tan solo un 3,2 % entre los hombres y tienen una mayor tasa de temporalidad (28,2 % frente al 23,9 % en el caso de los hombres).
Así mismo, es necesario recordar que la permanencia de la llamada brecha salarial por razones de género, ilegal sobre el papel, es la mejor muestra de la buena salud del sistema patriarcal en este marco económico y laboral así como del
fracaso de las políticas públicas arbitradas al respecto, que no acaban de despegar del papel y efectivizarse en la práctica.
Como resultado de todo ello, existe en Galiza, según los datos del año 2020, una brecha salarial de más de 4.000 euros anuales. El salario medio gallego se sitúa en 19.900 y los salarios femeninos están aún un 10,95 % por debajo de la
media gallega a pesar de que la crisis financiera tuvo un efecto degradador de los salarios masculinos reduciendo la brecha (no por avanzar en la igualdad de las mujeres si no por la precarización del mercado laboral y su afectación también al
colectivo masculino).
A día de hoy existe consenso sobre la evidencia de que la crisis de la COVID-19 está impactando de forma especialmente grave a las mujeres en el aspecto económico, sobre todo, por su mayor presencia en las profesiones más precarizadas o
afectadas por la crisis.
En informes como A Economía Galega 2019/2020 elaborado por el Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) da Universidade de Santiago de Compostela se recogen datos e hipótesis respecto del impacto de la COVID-19 en el mercado
de trabajo gallego, y advierte que las crisis económicas nunca tienen efectos equivalentes entre grupos, señalando además la posible incidencia significativa sobre aspectos como la desigualdad, la pobreza y la brecha de género. Para estimar este
impacto, desarrollan una aproximación teniendo en cuenta la evolución salarial en la crisis anterior y cuánto tiempo llevó recuperar los niveles salariales del 2008.
Esta comparativa permite extrapolar los resultados del período anterior y predecir, aun partiendo de evidentes diferencias, aspectos interesantes para el período en el que nos encontramos y, sobre todo, para el futuro respecto del que se
debe que actuar. Así, se señala que la crisis iniciada en 2008 supuso una pérdida de puestos de trabajo que a principios de 2020 aún no se habían recuperado y tuvo un fuerte impacto sobre los salarios de los trabajadores. En apariencia, la pérdida
salarial se había recuperado totalmente entre 2017 (mujeres) y 2018 (hombres), después de acumular una pérdida de aproximadamente el 10 % en el año 2013. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta las características de las nuevas trabajadoras y
trabajadores que se van incorporando a los nuevos puestos de trabajo, así como las mejoras de las características de los que consiguieron mantenerse en el mercado de trabajo en ese período (promoción más antigüedad o experiencia), observamos que la
pérdida en el salario/día efectivo es aún de un 5 % en 2018 y, por lo tanto, la posible reducción de la brecha de género indicada por la evolución de los salarios observados en términos reales quedó anulada.
Según los datos del IGE, la tasa de riesgo de pobreza de las mujeres ha aumentado en los últimos años, empeorando significativamente en 2020, con un aumento del 1,25 %. Esta situación, además, afecta
de forma especialmente incisiva tanto a las de más edad, que superan los 65 años, como a las más jóvenes, ahondando en la precarización de la juventud.
Toda esta situación se verá aún agravada por la actual escalada de precios, pues la inflación agrava la brecha de género en el ámbito salarial y laboral e incrementa el empobrecimiento de las mujeres y de colectivos como las familias
monoparentales, mayoritariamente encabezadas por mujeres.
Es evidente la situación de empeoramiento de las desigualdades sociales y su impacto de género. Por lo tanto, es necesario que los gobiernos y las políticas públicas atiendan esta situación.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Impulsar la creación de un cuerpo específico de inspección laboral que tenga competencias específicas en la investigación de la existencia de discriminaciones por razón de género, atendiendo especialmente a la brecha salarial.
2. Iniciar las negociaciones y contactos pertinentes con la Xunta de Galiza para realizar la transferencia de las competencias plenas en materia de inspección laboral, acompañado del financiamiento suficiente para el sostenimiento del
servicio e incrementar los recursos personales y materiales destinados a la inspección laboral, con el que se podría poner en marcha un programa específico para perseguir la discriminación por razón de género.
3. Impulsar una auditoría del cumplimiento de la legislación en materia de igualdad en la administración pública y en las contrataciones públicas que de ella dependen.
4. Favorecer e impulsar cláusulas de igualdad en la contratación pública, contemplando a partir del diálogo con las organizaciones sindicales y sociales más representativas medidas para el diagnóstico, planificación e implantación,
incluyendo la previsión legal de la obligatoriedad de este tipo de cláusulas en la contratación pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2022.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/004074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Rocío de Meer Méndez y doña María de la Cabeza Ruiz Solas, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la erradicación de la Mutilación Genital Femenina, para su discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. La mutilación genital femenina.
La Mutilación Genital Femenina ('MGF') consiste en 'la eliminación total o parcial de los genitales femeninos externos u otras lesiones en los mismos órganos por razones culturales o religiosas o por otros motivos no terapéutico' 98.
Atendiendo al significado propio del verbo 'mutilar', la Real Academia Española define el mismo como 'cortar o cercenar una parte del cuerpo, y más particularmente del cuerpo viviente' 99. Por su parte, el Ministerio de Igualdad publicó en 2020 un
informe titulado 'La Mutilación Genital Femenina en España' en el que definió esta práctica, tomando como base la definición utilizada
98 TORRES FERNÁNDEZ, M. L., 'La mutilación genital femenina: un delito culturalmente condicionado', Universidad de Almería, p. 2. Acceso en línea: https://www.uv.es/CEFD/17/ torres.pdf
99 https://www.rae.es/drae2001/mutilar
por la Organización Mundial de la Salud ('QMS'), como 'todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos' 100.
La MGF provoca una serie de consecuencias de salud irreversibles -ginecológicas, sexuales y obstétricas 101- en aquellas mujeres que la sufren. A ellas se suman otras posibles complicaciones físicas como: 'dolor, hemorragia grave, y choque
hemorrágico o doloroso, y tienen una alta probabilidad de provocar la muerte de las niñas. A largo plazo se pueden producir problemas en el aparato urinario, problemas sexuales y reproductivos y complicaciones durante el parto, que pueden
producirla muerte del recién nacido o de la madre' 102. En cuanto a los efectos psicológicos, destacan: 'desórdenes psicológicos y psicosomáticos tales como angustia, alteraciones en los hábitos alimentarios, el sueño y el humor, o cognición' 103.
Por lo tanto, nos encontramos ante una evidente agresión física que atenta contra el derecho fundamental a la integridad física recogido en el artículo 15 de la Constitución Española ('CE'); pero también nos hallamos ante una violación de
la dignidad humana, protegida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 10 CE, y que es predicable de forma inalienable de todo ser humano por el mero hecho de serlo.
Además, atendiendo a la legislación española existente al respecto, debemos señalar que el artículo 149.2 del Código Penal ('CP') recoge que 'el que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado
con la pena de prisión de seis a 12 años'. En el caso de que la víctima sea menor de edad o padezca algún tipo de discapacidad, la pena llevará aparejada una inhabilitación especial que puede ser de entre cuatro y diez años.
Por otro lado, en el Título IV de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, se determina que
'la mutilación genital de mujeres y niñas es una práctica que debe combatirse con la máxima firmeza, sin que pueda en absoluto justificarse por razones pretendidamente religiosas o culturales'.
Por último, la Ley Orgánica 3/2005, de 8 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina añadió un epígrafe g) al
cuarto apartado del artículo 23 la LO 6/1985. Dicho epígrafe sostenía que 'la jurisdicción española tendrá competencia para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional relativos a delitos como la
mutilación genital femenina, siempre y cuando los responsables se encuentren en España'. Dicho precepto, modificado con posterioridad en varias ocasiones, dejó de referirse explícitamente a la MGF;con todo, la regulación actual reconoce la
competencia de la jurisdicción española para conocer, en los términos expuestos en el propio artículo, los 'Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres
y la violencia doméstica' (más conocido como Convenio de Estambul), en cuyo artículo 38 se regula la MGF.
A nivel de la Unión Europea, encontramos diferentes pronunciamientos contra la práctica de la MGF. Por parte del Parlamento Europeo podríamos destacar: la Resolución de 20 de septiembre de 2001 sobre Mutilaciones Genitales Femeninas 104 y
la Resolución de 25 de octubre, del mismo año, sobre Mujeres y Fundamentalismo 105.
100 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2020/pdfs/Estudio_MGF.pdf Señala LUCAS, B., en 'Aproximación antropológica a la práctica de la ablación o mutilación genital femenina', Cuadernos
electrónicos de Filosofía del Derecho, 2008, Vol. 17, n.º 4, p. 2: 'En 1990, con ocasión de la III conferencia del Comité Inter-Africano sobre las prácticas tradicionales que afectan a la salud de las mujeres y los niños (IAC), se adoptó la
expresión 'mutilación genital femenina', y se invitó a los Estados a abandonar los términos 'circuncisión femenina' y 'excisión' (muy empleado en África), por serconfusos y no describir toda la variedad de prácticas existentes. Igualmente, la
Organización Mundial de la Salud recomendó a la Organización de las Naciones Unidas que adoptara esa terminología, y desde entonces es la que suele ser utilizada en el ámbito internacional'.
101 Cfr. BÉNÉDICTE. L., 'Aproximación antropológica a la práctica de la ablación o mutilación genital femenina', Universidad La Sorbonne-Paris I (Francia), p. 10.
102 GRANDE GASCÓN, M. L., 'El abordaje social y político de la mutilación genital femenina', Portularia, Universidad de Jaén, vol. 13, n.º 1, p. 12.
103 BÉNÉDICTE. L. Ibidem.
104 Resolución del Parlamento Europeo (A5-0285/2001) sobre las mutilaciones genitales femeninas (2001/2035 INI), DO C 77 E, 28-3-2002). En el número 31 solicita a los Estados Miembros que 'adopten una legislación contra cualquier práctica
que ponga en peligro la integridad física o psíquica de las mujeres, como la ablación del clítoris'.
105 Resolución del Parlamento Europeo (P5 TA 2002 0110) sobre las mujeres y el fundamentalismo (2000/2174 INI), (DOCE C 47 E, 27-2-2003).
Segundo. El multiculturalismo y la inmigración ilegal como causa de la práctica en España de la mutilación genital femenina.
Los datos del número de víctimas de MGF son, cuando menos, preocupantes y graves.
Se estima que al menos '200 millones de mujeres y niñas en el mundo se han visto involucradas en la práctica de la mutilación genital femenina[...] Las niñas menores de 14 años representan a 44 millones del total global, siendo los países
donde más se han practicado Malí (83 %), Mauritania (51 %) e Indonesia (49 %) [...] El país donde más hay más mujeres adultas que la han sufrido es Somalia, donde al menos un 98 % de la población femenina entre 15 y 49 años se ha visto involucrada
en esta práctica' 106.
En Europa viven aproximadamente 600.000 mujeres que han sido sometidas a MGF. Se considera, además, que hasta 180.000 niñas corren un alto riesgo de sufrir MGF en 13 países europeos 107.
Si nos referimos a España, y sobre la base de los datos oficiales proporcionados por el Gobierno, la situación relativa a la MGF no es nada esperanzadora: en el año 2016, en nuestro país residían 'más de 69.000 mujeres y niñas provenientes
de países con etnias que practican tradicionalmente la MGF. La cifra supone un leve incremento relativo desde 2012 de casi 5 %, en comparación con el crecimiento experimentado entre 2008 y 2012 en torno a un 40 %' 108. Concretamente, los
principales países de origen de dichas etnias son Nigeria, Senegal y Gambia 109.
La MGF practicada a niñas españolas se produce, mayoritariamente, en dos situaciones:
- En primer lugar, destacan las niñas nacidas en España y residentes en territorio nacional que, como consecuencia de una estancia transitoria en el país de origen de sus padres, existiendo o no consentimiento por parte de estos, regresan a
España habiendo sufrido la MGF.
- En segundo lugar, si bien se trata de una práctica aún minoritaria, existen casos de MGF practicada en territorio nacional, sobre menores que residen en España 110. Y ello a pesar de la ilegalidad de la práctica de la MGF en nuestro
ordenamiento, a la cual ya hemos hecho alusión.
En cuanto a la edad de las mujeres que residen en nuestro país y han sufrido MGF, el '60 % de la población tiene entre 25 y 44 años, aunque en los últimos años esta franja de edad ha ido en retroceso, experimentándose un fuerte aumento en la
población infantil entre 0 y 14 años' 111.
La MGF, por lo tanto, es una práctica nociva que tiene su origen en culturas y tradiciones ajenas a la española, y su introducción en nuestro país viene asociada al aumento de los flujos migratorios provenientes de los lugares donde la MGF
se encuentra arraigada.
El incesante empeño de perpetrar y defender, por parte de los diferentes poderes públicos nacionales y europeos, el multiculturalismo y la llegada masiva de inmigración ilegal -como solución ficticia del declive demográfico y sus funestas
consecuencias- no ha hecho sino incrementar la presencia de la MGF en España.
Así, los movimientos migratorios abusivos que ha experimentado Europa, con especial reflejo en la invasión de la Frontera Sur en los últimos años, han contribuido a introducir en nuestras sociedades nuevas culturas, tradiciones y costumbres,
entre las que se encuentran comportamientos perniciosos y que atenían contra la dignidad de la persona, como la MGF. Nuestra soberanía, cultura e identidad se ponen en riesgo a causa de dichas avalanchas migratorias. Y, en particular, en materia
de MGF es claro el riesgo que tales políticas de fronteras abiertas entrañan para España.
Aceptando el multiculturalismo descontrolado como principio de actuación en las políticas migratorias estaríamos admitiendo la entrada a nuestras sociedades de ciertas culturas que atenían contra el bien de nuestra Nación, toda vez que
niegan la dignidad humana, y justifican en cambio la discriminación y la violencia. Uno de los principales errores de fondo que conforman la idea de multiculturalismo reside en la afirmación de que existe un derecho, el cual poseen ciertos
colectivos, para vivir de acuerdo con su preferencia subjetiva, sin amoldarse e interiorizar la cultura, la tradición y las costumbres de la Nación a la que emigran 112.
106 https://www.epdata.es/datos/mutilación-genital-femenina-mundo-datos-mapas-graficos/293
107 https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200206STQ72031/mutilacióngenital-femenina-donde-se-practica-por-que-que-implica
108 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2020/pdfs/Estudio_MGF.pdf. p. 32.
109 Cfr. idem.
110 Cfr. Op. Cit., p. 46-47.
111 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2020/pdfs/Estudio, MGF.pdf, p. 34.
112 ROCA, L., 'Una crítica al multiculturalismo'.
La realidad es que los diferentes partidos que han gobernado España, de un signo y de otro, no han concedido la importancia que precisa al hecho de que el multiculturalismo descontrolado y la inmigración ilegal son fuente de inseguridad,
degradación de los barrios y ruptura del modelo de convivencia.
En este mismo sentido, no debemos olvidar la existencia de aquellas ONG's y asociaciones cuyo fin último es, por medio de las subvenciones públicas que reciben del Gobierno, promover o ayudar a la inmigración ilegal.
Debemos señalar una vez más que el problema del invierno demográfico en el que se ve inmerso nuestro país no pasa por fomentar la inmigración ilegal, masiva y descontrolada. La solución a este dramático problema es, en cambio, promover
políticas públicas dirigidas a proteger la familia y a fomentar la natalidad, así como campañas de concienciación, con un tratamiento positivo del matrimonio, la familia y la paternidad y la maternidad, acerca de la gravedad que supone dicho
invierno demográfico.
En suma, la inmigración en España debe ser legal y controlada, por muchas razones. Una de ellas es la libertad de las Naciones para determinar los países y culturas de origen de los inmigrantes que reciben. España debería recibir una
inmigración legal, ordenada y con voluntad de integración y aportación al desarrollo de nuestro país.
Además, debe atender de forma prioritaria a aquellos ciudadanos procedentes de las naciones que comparten idioma e importantes lazos de amistad, historia y cultura con España, como la procedente de las naciones de la Iberoesfera.
En conclusión, la MGF es, además de un delito y un grave atentado contra la dignidad de las niñas y las mujeres, un ataque a nuestra cultura. Por tales razones, el Estado ha de prevenir su práctica en territorio nacional, lo cual pasa,
entre otras medidas, por evitar toda inmigración ilegal proveniente de países donde la MGF es una costumbre social y jurídicamente aceptada. Asimismo, se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que la MGF no se practique a niñas
españolas en el país de origen de sus padres, debiendo ser amparadas y protegidas pese a no encontrarse en territorio nacional.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la llegada a España de inmigración ilegal.
2. Eliminar de forma inmediata las subvenciones públicas a organizaciones y asociaciones que las destinan a colectivos de etnias que practican la MGF y que no difunden su prevención.
3. Perseguir con absoluta contundencia la práctica de costumbres importadas a nuestro país como consecuencia de la inmigración ilegal que son contrarias a la dignidad de las mujeres y las niñas, entre las que se cuenta la MGF.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Lourdes Méndez Monasterio, Rocío de Meer Méndez y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas dirigidas a la protección y
bienestar de los menores que huyen de Ucrania para su debate en la Comisión de Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
La invasión del ejército ruso a Ucrania el pasado 24 de febrero está dejando, a diario, miles de personas sin hogar. Según ACNUR, a 8 de marzo de 2022, al menos dos millones personas ya han abandonado
Ucrania buscando refugio en países vecinos. Muchos más siguen intentando alcanzar las fronteras de Ucrania con el objetivo de huir de la masacre a la que les está sometiendo el gobierno de Vladimir Putin.
Un conflicto que cada día se recrudece y que parece, por el momento, no tener fecha de finalización, siendo aún más doloroso para las personas más vulnerables, mayores, dependientes, con discapacidad, mujeres y menores.
Algunas noticias indicaban que casi 100.000 menores habían tenido que huir de 633 orfanatos de Ucrania ante el asedio ruso. Otras, a través de un vídeo compartido por la BBC están dando la vuelta al mundo. En el citado vídeo aparecen niños
ucranianos enfermos de cáncer que tienen que ser evacuados a Polonia, interrumpiendo así su tratamiento de quimioterapia. Entre lágrimas dejan su hogar para escapar del ejército ruso.
El Hospital Infantil Okhmadet de Kiev ha tenido que trasladar a los pacientes oncológicos a un sótano del propio centro. Es la única manera de protegerse de los bombardeos que asolan la capital. Allí permanecen hacinados junto a sus
familiares. Se improvisaron camas para alojar a los menores y los suministros médicos escasean.
Amarga noticia la que nos llega de Tanya, una niña de seis años que murió deshidratada bajo las ruinas de su casa destruida en un bombardeo en Mariúpol.
Todos los niños y niñas de Ucrania -al menos 7,5 millones de menores de 18 años- corren grave peligro. Las explosiones y los combates callejeros se intensifican en las ciudades de todo el país, incluida la capital, Kiev, obligando a los
niños, niñas y a las familias a refugiarse en sótanos helados y en refugios antibombas, algunos de ellos sin electricidad ni calefacción. Ya han muerto decenas de niños y niñas en este conflicto, otros han perdido a sus padres y a sus seres
queridos.
El ataque del pasado 6 de marzo, que mató a dos niños junto con su madre y otros cinco civiles nos dejó absolutamente consternados, son muertes sin sentido donde los más inocentes son los que pagan el precio más alto.
Su situación es dramática, por lo que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos diplomáticos para, en paralelo a las acciones militares, buscar las mayores garantías posibles de que Rusia, respete, sin condiciones, el Derecho
Internacional Humanitario.
Ante esta problemática, el Gobierno debe realizar un planteamiento conjunto con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, para proteger, y velar por el bienestar de los menores que vengan de Ucrania a España, acogerlos dignamente y
dotarles de los servicios sociales específicos que puedan necesitar, sanitarios, educativos, etc.
Acoger a niños de Ucrania no es algo nuevo para muchas familias españolas puesto que hay varios programas en marcha en este país por el que las familias españolas los acogen durante los meses de verano. Actualmente, las ONG's y entidades
especializadas están buscando familias que quieran dar un hogar a los menores que han tenido que huir de su país.
Los pasos para la acogida en España son un tanto complicados y muchas son ya las organizaciones que han denunciado la lentitud de este proceso y que reclaman que se abra un corredor humanitario en España. De esta manera, los refugiados
podrían llegar más rápidamente y ser asignados a la familia de acogida. Todo ello implicará que, este procedimiento, sea mucho más rápido y sencillo.
El Gobierno tiene que estar a la altura del reto que se plantea, tiene que coordinar todos los servicios y recursos para que estas personas vulnerables, especialmente, los menores, ya que están sufriendo las consecuencias de esta atrocidad,
vean asegurados sus derechos y dignidad, tal y como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, especialmente, su artículo 38.
En este sentido, resulta prioritario que, los menores si vienen acompañados por adultos, principalmente sus madres, sigan con ellos, resultaría muy perjudicial para su salud física y psicológica la separación de los mismos.
Por otro lado, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados que entró en vigor en 2002, establece que los Estados Parte adoptarán todas las medidas
posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.
En conclusión, como indicaba el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, de 30 de septiembre de 1990: 'No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la
supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Instar al gobierno ruso al respeto del Derecho Internacional Humanitario, la protección de la población civil, especialmente de los más vulnerables, y el acceso continuado a los servicios esenciales.
- Agilizar todos los trámites administrativos y burocráticos lo máximo posible para que los menores que huyen de Ucrania estén cuanto antes con sus familias de acogida españolas.
- Coordinar, junto con las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las organizaciones especializadas de infancia todos los recursos necesarios en los ámbitos de servicios sociales, de salud, educativos, etc. que se pongan a
disposición de estos menores, priorizando que estén con sus madres si han venido con ellas y velando siempre por su dignidad y por el interés superior de los mismos.
- Aprobar un Plan Nacional de Recepción y Acogida a las personas desplazadas, que sirva para fortalecer los Sistemas de Acogida y Protección de Menores, dotado de fondos extraordinarios dirigidos a las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y
Entidades del Tercer Sector de Acción Social.
- Adoptar medidas para garantizar la identificación de todos los menores que lleguen a España.
- Aprobar actuaciones dirigidas a la regularización administrativa de los menores, tanto para facilitar su estancia en España, como para evitar posibles casos de desprotección.
- Establecer mecanismos de supervisión y detección de casos de menores procedentes de Ucrania que se encuentren en situación de desamparo en España.
- Identificar el número de plazas de acogida disponibles.
- Facilitar el acceso a las prestaciones sociales de las familias con menores a su cargo.
- Aprobar un Programa de prestación de servicios especializados en atención psicosocial.
- Aprobar un Sistema de Datos Unificado y coordinado, que permita conocer cuántas personas refugiadas y cuántos menores han llegado a España.
- Habilitar un mecanismo de financiación para las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a través de un Acuerdo marco de atención y protección de las personas refugiadas.
- Aprobar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un Plan de escolarización urgente de los refugiados procedentes de Ucrania en edad escolar que incluya los mecanismos de coordinación y organización educativa entre las diferentes
Administraciones como así hemos solicitado en una Proposición no de Ley registrada por este Grupo parlamentario el pasado 11 de marzo de 2022.
- Convocar, a la mayor brevedad posible, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que acuerde las medidas específicas que se van a poner en funcionamiento.
- Convocar, a la mayor brevedad posible, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y SAAD, para valorar y coordinar las iniciativas que, dentro de su ámbito se deben impulsar en aras de la protección de los más vulnerables que vienen
huyendo del horror que está sucediendo en Ucrania.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2022.-María de la O Redondo Calvillo, Alicia García Rodríguez y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Política Territorial
161/004056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para crear la Comisión de Reclutamiento y Selección para la
Administración Pública para garantizar la despolitización de la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
La Constitución Española establece en su artículo 23 que 'los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes'. Asimismo, el artículo 103 determina
que 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las
garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones'.
A pesar de la claridad del mandato constitucional en lo relativo a los principios que deben regir el acceso a las funciones y cargos públicos, así como de los avances realizados en esta materia por algunos países de nuestro entorno, la
arbitrariedad y la falta de valoración objetiva en la selección sobre la adecuación de los perfiles profesionales de las personas que desempeñan puestos directivos son dos de las características que definen el proceso de reclutamiento de los altos
cargos de la Administración General del Estado.
A modo de ejemplo, en Portugal se creó la CReSAP en el año 2011 (Comisión de Reclutamiento y Selección de la Administración Pública) mediante la aprobación de la Ley 64/2011, de 22 de diciembre, de modificación del reclutamiento, selección y
provisión de cargos públicos. Esta entidad administrativa independiente tiene encomendadas las funciones de selección de candidatos a ocupar puestos directivos en la Administración Pública, a través de la evaluación del perfil, formación,
experiencia y competencias de los candidatos.
Sobre el grado de éxito de esta entidad, el expresidente de la CReSAP, Johao Bilhim, destaca el incremento de la transparencia, la despolitización de la administración y la concesión de una mayor legitimidad a los titulares de los puestos
directivos, entre otras de las ventajas del modelo implantado en Portugal.
En la actualidad, el nombramiento de los cargos directivos de la Administración General del Estado se efectúa con una enorme discrecionalidad por parte del Gobierno de España. Según lo dispuesto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, el nombramiento de los Subsecretarios y Secretarios Generales Técnicos que presten sus servicios en la Administración General del Estado se realiza entre funcionarios de carrera
del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a Cuerpos clasificados en el Subgrupo A1.
A su vez, los presidentes de las empresas públicas estatales, así como de otras entidades que conforman el sector público empresarial y fundacional, también son nombrados discrecionalmente por el Gobierno de España, sin que medie ningún tipo
de concurso público en el que los ciudadanos con mayores aptitudes profesionales puedan optar a estos puestos.
Por un lado, esta situación genera incentivos perversos para los funcionarios, más preocupados de atender a los intereses del Ejecutivo de turno durante su carrera profesional que de cumplir con los fundamentos de actuación que deben guiar
las actuaciones cualquier empleado público.
En segundo lugar, esta fórmula de acceso a puestos de dirección en empresas públicas estatales o sociedades mercantiles estatales puede acabar generando importantes perjuicios al patrimonio y reputación de la Administración General del
Estado, al recaer la gestión de estas entidades en personas sin una formación específica que les avale para asumir este tipo de responsabilidades o funciones. Del mismo modo, los ciudadanos seleccionados para ejercer estos cargos suelen tener
importantes vínculos con el gobierno de turno, lo que les impide realizar sus funciones con absoluta autonomía e imparcialidad.
La necesaria reforma de la Administración General del Estado pasa por articular nuevos mecanismos de selección para aquellos cargos que gestionan el día a día del Estado, siempre conforme a los principios constitucionales de mérito y
capacidad. Asimismo, estos nuevos instrumentos deberán garantizar la transparencia de los procesos selectivos y la adecuación de los perfiles profesionales, con la aspiración última de que los aspirantes sean seleccionados con la única finalidad de
mejorar la eficacia, la eficiencia y la capacidad de innovación de la administración en contextos de crisis económica como el actual.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Desarrollar el Estatuto del personal directivo profesional al servicio de la Administración General del Estado, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, previa audiencia con las organizaciones representativas de los funcionarios.
2. Crear, para dar cumplimiento al artículo 13.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Comisión de Reclutamiento y Selección
para la Administración Pública, cuya regulación deberá contemplar:
a) La gestión y el desarrollo por parte de la Comisión de los procesos selectivos para la elección de los puestos directivos de libre designación en la Administración General del Estado cuyo nombramiento efectúa el Consejo de Ministros.
También serán elegidos a través de este mecanismo los Presidentes y Directores de las entidades que conforman el sector del público administrativo, empresarial y fundacional que son elegidos por sus propios órganos de gobierno.
b) La evaluación de la adecuación de los perfiles, en términos curriculares y formativos, por parte de la Comisión de aquellas candidaturas que opten a los puestos que se oferten, valorándose de forma efectiva el mérito y la capacidad de los
aspirantes mediante la asignación de una puntuación que contemple la idoneidad de la candidatura para el puesto de trabajo ofertado.
c) Garantizar la publicidad de los procedimientos de selección mediante la publicación del inicio del proceso selectivo en el Boletín Oficial del Estado, el Portal de Transparencia y Buen Gobierno y en la página del Departamento a propuesta
del cual se haya iniciado el concurso público, así como de los criterios y pruebas que se utilizarán para valorara los aspirantes.
d) La independencia, profesionalidad y experiencia acreditada tanto del Presidente de la Comisión como del resto de sus miembros, que serán elegidos de entre funcionarios y miembros de la sociedad civil, teniendo en cuenta sus méritos y
capacidad, por mayoría reforzada por el Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley de memoria histórica sobre la
esclavitud y su relación con España y de medidas de reparación, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Según datos de la ONU, durante más de 400 años 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas 'del abominable comercio transatlántico de esclavos, escribiendo así uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad'.
Más aún, la Conferencia Mundial contra el Racismo convocada por la ONU y celebrada en Durban (Suráfrica) en 2001 declaró la esclavitud y el tráfico de esclavos como 'un crimen contra la humanidad'. Para conmemorar la memoria de las víctimas, la
Asamblea General de la ONU, en su resolución 62/122 del 17 de diciembre de 2007, declaró el 25 de marzo Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Trasatlántica de Esclavos. En dicha resolución se pedía la puesta en
marcha de un programa de divulgación destinado a las instituciones educativas, la sociedad civil y otras organizaciones, con el objetivo de educar a las futuras generaciones sobre las causas, consecuencias y lecciones del comercio transatlántico de
esclavos, y para comunicar los peligros del racismo y sus prejuicios. Por su parte, en 1997 la UNESCO había fijado el 23 de agosto como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición, conmemorando el aniversario de la
insurrección, en 1791, de los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud en Saint-Domingue, la parte occidental de la isla de La Española y que, al proclamar su independencia, recuperó su nombre amerindio original: Haití.
España nunca ha conmemorado ninguna de esas dos fechas ni se ha sentido directamente interpelada a poner de manifiesto su papel en esta historia. Pero en la historia de España, de hecho, tanto la institución de la esclavitud como la
participación de comerciantes españoles en el tráfico transatlántico de personas esclavizadas fueron fenómenos amplios, reales y extendidos. Según señalan los directores de la base de datos Slave Voyages, Alex Borucki, David Eltis y David Wheat, en
su artículo Atlantic History and the Slave Trade to Spanish America, España ostenta el cuarto puesto de las potencias esclavistas del mundo, no muy lejos del tercer lugar, que le corresponde a Francia. El comercio directo de esclavos entre África y
América nace y muere con expediciones vinculadas a la historia de Castilla y, posteriormente, a la de España. Los primeros viajes directos entre el continente africano y el americano de buques con cautivos africanos arrancaron en 1518, cuando el
recién coronado Carlos I de Castilla otorgó una licencia a Laurent de Gouvenod para transportar 4.000 cautivos a las posesiones castellanas en el Nuevo Mundo. A partir de entonces y durante casi 350 años llegaron muchas africanas y africanos
esclavizados, hombres, mujeres, niños y niñas, a las posesiones castellanas (luego españolas) en América. Cabe recordar, por otro lado, que el último cautivo africano que desembarcó en algún punto del Nuevo Mundo para ser esclavizado lo hizo
precisamente en la entonces colonia española de Cuba, en 1866.
Las estimaciones más recientes, elaboradas por David Eltis, Alex Borucki y David Wheat, en base a la monumental Transatlantic Slave Trade Database y en sus propias investigaciones, cifran el número total de personas africanas desembarcadas
en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en los dominios españoles en América en 2.072.300. Según dichos cálculos, las posesiones americanas de España deben considerarse como el segundo espacio receptor en América de africanos esclavizados, sólo por
detrás de Brasil (4.703.000 esclavos), algo por encima del Caribe Británico (2.051.800 esclavos) y bastante por encima de las posesiones francesas (1.101.200 esclavos), neerlandesas (328.800) o danesas (61.200) en el Nuevo Mundo. Los mismos autores
sugieren, por otro lado, que 1.026.100 cautivos africanos llegaron a tierras americanas a bordo de buques de bandera española. Un cálculo aún más reciente del número total de cautivos africanos desembarcados en la isla de Cuba a lo largo de toda su
historia los cifra en 983.002. El número total de africanos llevados a los Estados Unidos, en toda su extensión y a lo largo de toda su historia, o sea, antes y después de su independencia, fue de 388.700. Resulta así que una isla, como Cuba, de
apenas 110.000 kilómetros cuadrados recibió mucho más del doble de africanos esclavizados que todos los Estados Unidos de América.
Un capítulo adicional, al que también merece la pena prestar atención, es la propia presencia de personas esclavizadas en la España peninsular o en los archipiélagos canario y balear. Las estimaciones propuestas por el historiador
Alessandro Stella, hace más de veinte años, hablan de un total de dos millones de personas esclavizadas en la Península Ibérica desde 1450 y hasta el final de la esclavitud. El profesor José Miguel López García señala que en el siglo XVIII el
principal propietario de esclavos de todo el imperio español era el monarca Carlos III, y cifra los llamados esclavos del rey en más de 21.000.
España fue el último país europeo en abolir la esclavitud en sus colonias americanas. Para Puerto Rico lo hizo en 1873 y para Cuba en 1886, muchos años después que el Reino Unido (1833), Francia (1848), los Países Bajos (1863) e incluso que
los Estados Unidos (1865).
Los países de nuestro entorno con un pasado similar en cuanto a la responsabilidad en la trata de esclavos hace años que llevan a cabo iniciativas para divulgar esta lamentable parte de su historia y conmemorar a las víctimas. Por ejemplo,
las tres principales ciudades portuarias de la trata de esclavos en Francia (Nantes, Burdeos y La Rochelle) han llevado a cabo diferentes proyectos memorialistas. En 2001, el parlamento francés aprobó la Ley Taubira, que recogía una explícita
condena de la esclavitud e instauró un día propio de conmemoración. En Reino Unido se creó el International Museum of Slavery, en Liverpool. En España, en cambio, aún se mantienen los nombres de distinguidos esclavistas y antiabolicionistas en los
callejeros de distintas ciudades. El 17 de febrero de 2010, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley promovida por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular que instaba a
'erigir en España, cuando se considere oportuno, un monumento a la memoria de las víctimas de la esclavitud'. Al parecer no se ha encontrado el momento oportuno en los 12 años que han pasado desde la aprobación de dicho texto, como tampoco se
conmemora oficialmente los días marcados por la ONU y la Unesco.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Conmemorar cada 23 de agosto el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición establecido por la UNESCO y llevar a cabo actos de reconocimiento en colaboración con las comunidades autónomas y las
administraciones competentes.
2. Buscar las fórmulas adecuadas, en coordinación con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, para la promoción de iniciativas y medidas en materia de memoria histórica que visibilicen el papel de España en la historia de la
esclavitud transatlántica y recuerden a sus víctimas; entre ellas, la incorporación del conocimiento sobre la esclavitud y el comercio de esclavos en el currículo educativo y las repercusiones de ambos fenómenos como una de las fuentes del racismo
en el mundo contemporáneo.
3. Trasladar las propuestas anteriores en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 68/237 para el período 2015-2024.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2022.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Presupuestos
181/001745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 44 y 74 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 41 y 71, con cargo al Servicio 50, de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos realizados han tenido los artículos 41 y 71 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 43 y 73 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 42 y 72 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos realizados han tenido los artículos 43 y 73 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos realizados han tenido los artículos 42 y 72 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte de la Biblioteca Nacional de España con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 45 y 75 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos realizados han tenido los artículos 45 y 75 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 46 y 76 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos realizados han tenido los artículos 46 y 76 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 47 y 77 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos realizados han tenido los artículos 44 y 74 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 48 y 78 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos realizados han tenido los artículos 48 y 78 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos realizados han tenido los artículos 47 y 77 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los créditos presupuestarios de los artículos 49 y 79 con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte de ADIF con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos de la Biblioteca Nacional de España con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos de ADIF con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos realizados han tenido los artículos 49 y 79 del Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del Instituto Geológico y Minero de España con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del CDTI con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del Centro de Estudios Jurídicos con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del Centro de Estudios Jurídicos con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del CIEMAT con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del CDTI con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del CIEMAT con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del Consejo Superior de Deportes con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del Consejo Superior de Deportes con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del FOGASA con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos.
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del IDAE con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del IDAE con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del FOGASA con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte de la Organización Nacional de Trasplantes con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del INAP con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del INCIBE con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del INAP con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del INCIBE con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del INIA con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del INIA con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del Instituto Geológico y Minero de España con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del INSST con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del INSST con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del Instituto de Salud Carlos III con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos de la Organización Nacional de Trasplantes con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del Instituto de Salud Carlos III con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte de RED.ES con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿Qué obligaciones reconocidas netas y pagos se han realizado por parte del Servicio Público de Empleo Estatal con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
Texto:
¿A qué proyectos concretos se han destinado los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal con cargo al Servicio 50 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2022.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.
181/001800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Inés María Cañizares Pacheco, actuando en su condición de Diputada del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Secretaria General de Fondos Europeos
parte 1
parte 2