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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 40, de 25/02/2020
cve: BOCG-14-D-40
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de febrero de 2020
Núm. 40
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000003 Composición del Pleno. Altas y bajas... (Página5)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000011 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas... (Página6)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000013 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas... (Página6)
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados... (Página7)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Justicia
161/000187 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la agilización de todos los procedimientos para reiniciar los trabajos de construcción del Palacio de Justicia de la ciudad de Lorca...
(Página28)
161/000213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a que remita a las Cortes un Proyecto de Ley del Código Mercantil... (Página29)
Comisión de Defensa
161/000211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la investigación del uso de armas de guerra por parte de civiles en un curso sobre Seguridad Nacional... (Página31)
161/000215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a ceder el cuartel del Bruc de Barcelona a las Administraciones Públicas catalanas, para adecuarlo a las necesidades de las
políticas públicas del siglo XXI... (Página32)
Comisión de Hacienda
161/000186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la Inversión Territorial Integrada de Jaén... (Página34)
161/000202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre bienes corporales... (Página35)
Comisión de Interior
161/000183 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la tragedia del Tarajal... (Página36)
161/000189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la concesión de condecoraciones a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la denominada 'Operación Ícaro'...
161/000204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la necesidad de clasificar como categoría '1.1 Insular' a la Prisión Fuerte Mendizábal de Ceuta... (Página39)
161/000216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a prohibir la utilización de las pelotas de goma por parte de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia
Civil... (Página40)
161/000217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad de construcción de un nuevo cuartel para la Guardia Civil en Santiago de Compostela...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000184 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la estación de tren de Alta Velocidad Guiomar de Segovia... (Página43)
161/000185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre nuevas frecuencias horarias del AVE Madrid-Segovia... (Página43)
161/000188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Plan de Vías de Gijón... (Página45)
161/000206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la construcción de la Estación Intermodal de A Coruña... (Página47)
161/000210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las infraestructuras ferroviarias en Extremadura... (Página48)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el refuerzo de la Alta Inspección educativa y la creación e impulso de un sistema de autorregulación para garantizar la calidad de los libros de texto.
Retirada... (Página50)
161/000194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a las necesidades educativas de los alumnos con Trastorno del Espectro Autista en la Ciudad de Ceuta... (Página51)
161/000214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa al traspaso de los recursos y gestión de las becas y ayudas al estudio a la Generalitat de Cataluña... (Página52)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la reparación del Blue Star en las instalaciones de Navantia de la ría de Ferrol... (Página54)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de los elementos valorativos de la epilepsia para la asignación de discapacidad... (Página54)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el programa específico de seguros agrarios en Canarias... (Página56)
161/000203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y sus consecuencias para el sector agrario canario... (Página57)
161/000212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de impulso del sector agrario... (Página57)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la basura marina en el Mediterráneo... (Página59)
161/000196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Convenio de Obras Hidráulicas con Canarias... (Página60)
161/000197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Convenio en materia de depuración de aguas... (Página61)
161/000199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre obras de regadío de interés general del Estado en Canarias... (Página62)
161/000201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la transferencia de partida para agua de pozos... (Página63)
Comisión de Cultura y Deporte
161/000207 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la incorporación definitiva del fútbol femenino en La Quiniela... (Página63)
161/000218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo del Gobierno de la Nación al Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela en la celebración del Año Jacobeo 2021...
161/000219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo del Gobierno de la Nación a la celebración del Año Jacobeo 2021... (Página66)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/000208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas para promover y facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública... (Página67)
161/000209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la mejora de la competencia y transparencia en la contratación pública... (Página69)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora del acceso de los medicamentos de las personas que padecen enfermedades crónicas en España... (Página70)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la compensación de la actividad docente no impartida como consecuencia de los periodos de baja por maternidad...
161/000195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el establecimiento de medidas correctoras en el acceso a becas o subvenciones docentes o investigadoras por causas paternales...
161/000198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Canarias... (Página74)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/000162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora de los permisos por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave... (Página74)
161/000167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el derecho de los menores a ser oídos y escuchados... (Página76)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Política Territorial y Función Pública
181/000011 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), sobre razones de haber nombrado como Delegado del Gobierno en Murcia a José Vélez Fernández, investigado por delitos de corrupción...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/003757 Autor: Iñarritu García, Jon
Motivo por el que no se procedió a denunciar a alguno de los familiares del dictador Francisco Franco por contravenir la Ley de Memoria Histórica al exaltarle en el proceso de exhumación, así como coste de la misma y del dispositivo
policial... (Página78)
184/004780 Autor: Gorospe Elezcano, Josune
Plan de acción orientado a reducir los riesgos asociados al uso inadecuado del juego y a evitar el acceso al juego de menores y personas vulnerables, así como estudios técnicos territorializados sobre el sector socio-económico del juego,
datos de la oferta y demanda existente e incidencia que supone en la ciudadanía... (Página79)
Otros textos
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000001 Acuerdo del Gobierno por el que se adecuan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 y se fija el límite de gasto
no financiero del Presupuesto del Estado para el año 2020... (Página80)
430/000002 Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2021-2023 y el límite de gasto
no financiero del Presupuesto del Estado para el año 2021... (Página83)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PLENO
051/000003
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Bajas:
FRANCO PARDO, José Manuel 11-02-2020
IZQUIERDO RONCERO, José Javier 11-02-2020
MARRODÁN FUNES, María 11-02-2020
Altas:
DEL VALLE DE ISCAR, Julio 18-02-2020
JOSÉ VÉLEZ, Rafael 18-02-2020
PEDRAJA SÁINZ, Raquel 18-02-2020
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
La Rioja:
PEDRAJA SÁINZ, Raquel PSOE
Madrid:
JOSÉ VÉLEZ, Rafael PSOE
Valladolid:
DEL VALLE DE ISCAR, Julio PSOE
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: DEL VALLE DE ISCAR, Julio.
Circunscripción: Valladolid.
Número: 360.
Fecha: 14 de febrero de 2020.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: JOSÉ VÉLEZ, Rafael.
Circunscripción: Madrid.
Número: 361.
Fecha: 17 de febrero de 2020.
Formación electoral: PSOE.
Nombre: PEDRAJA SÁINZ, Raquel.
Circunscripción: La Rioja.
Número: 362.
Fecha: 17 de febrero de 2020.
Formación electoral: PSOE.
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000011
Grupo Parlamentario Socialista (061/000007)
Titulares:
Baja:
FRANCO PARDO, José Manuel 11-02-2020
Suplentes:
Bajas:
IZQUIERDO RONCERO, José Javier 11-02-2020
MARRODÁN FUNES, María 11-02-2020
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000013
Grupo Parlamentario Socialista (010/000001)
Número de miembros al 18 de febrero de 2020: 120
Bajas:
FRANCO PARDO, José Manuel 11-02-2020
IZQUIERDO RONCERO, José Javier 11-02-2020
MARRODÁN FUNES, María 11-02-2020
Altas:
DEL VALLE DE ISCAR, Julio 18-02-2020
JOSÉ VÉLEZ, Rafael 18-02-2020
PEDRAJA SÁINZ, Raquel 18-02-2020
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
Página
DEL VALLE DE ISCAR, Julio (GS) (núm. expte. 005/000359/0000) 0 ... (Página23)
FRANCO PARDO, José Manuel (GS) (núm. expte. 005/000109/0001) 2 ... (Página18)
IZQUIERDO RONCERO, José Javier (GS) (núm. expte. 005/000147/0001) 2 ... (Página13)
MARRODÁN FUNES, María (GS) (núm. expte. 005/000289/0001) 2 ... (Página8)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Justicia
161/000187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la agilización de todos
los procedimientos para reiniciar los trabajos de construcción del Palacio de Justicia de la ciudad de Lorca, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El inicio de las obras del Palacio de Justicia de Lorca acumula ya a estas alturas un retraso superior a los tres años. Lo que está ocurriendo con este proyecto es un ejemplo de discriminación, marginación y desprecio contra esta ciudad, en
general, y contra el ámbito de la Justicia, en concreto. Estamos hablando de un proyecto que el anterior Gobierno del Partido Popular dejó preparado pero que con la llegada del actual ejecutivo se está encontrando con todos los impedimentos
posibles.
La paralización del proyecto repercute negativamente en diferentes vertientes. La principal de ellas es la prestación de los servicios relacionados con la Justicia. Hemos de señalar que desde el Partido Popular hemos exigido, junto a los
diferentes Colegios de profesionales del sector, que las nuevas sedes judiciales se mantuvieran en el casco histórico. Una reivindicación que, tras muchas gestiones y un intenso trabajo por parte de los responsables del PP, se consiguió. De hecho,
también se logró a través de una iniciativa en el Senado que se redujera a la mitad su plazo de ejecución, que en un principio iba a ser de 4 años, pero que logró recortar a dos.
No se debe permitir que ahora se obstruya este proyecto, después de todo lo que ha costado sacarlo adelante. El Palacio de Justicia tiene que construirse en la parcela reservada en el casco histórico, porque ese es el compromiso con los
colectivos de profesionales del ámbito de la justicia, y ese es la única alternativa que el Ministerio debería asumir.
Hace un año, y después de presionar ante el Ministerio por la paralización de las obras, el Ministerio de Justicia tuvo que reconocer que se estaba tramitando un modificado del proyecto que conllevó la suspensión oficial de las obras. La
realidad es que por culpa de la negligencia del gobierno central y su incapacidad para desbloquear este asunto, Lorca sufre otro año y medio perdido, y una inversión de 10 millones bloqueada.
La paralización del proyecto está suponiendo un freno al desarrollo y la actividad en el área. Es evidente que una infraestructura de esta envergadura conlleva la dinamización de la zona en la que se encuentra. Por la inacción y la falta
de sensibilidad del actual gobierno central, Lorca está perdiendo una oportunidad clave para el ámbito de la Justicia y para dotar de vida a su casco histórico.
La realidad es que las obras llevan más de un año y medio totalmente paradas, no se ha puesto un ladrillo y se está generando una gran inquietud entre los diferentes colectivos de profesionales de la Justicia que no comprenden cómo, después
de contar con la financiación necesaria y la obra adjudicada, tenemos que soportar nuevos retrasos.
Estamos hablando de un proyecto de cuya ejecución están pendientes todos los colectivos de profesionales de la Justicia de la comarca. No quieren ni imaginarse que esta inversión no se respete y sea moneda de cambio para otras cuestiones
del Gobierno Central.
Para despejar dudas, los trabajos se deben iniciar y que se acabe ya con esta incertidumbre. Este proyecto incluye una ambiciosa tarea de recuperación del patrimonio monumental, ventaja a la que hay que sumar la mejora integral de la calle
Selgas.
Lorca cuenta en la actualidad con siete juzgados de primera instancia e instrucción y dos juzgados de lo penal. La imposibilidad del actual Palacio de Justicia para acoger nuevos órganos judiciales ha hecho que los juzgados que se han
creado a lo largo de los últimos años se encuentren actualmente repartidos en cuatro emplazamientos distintos de la ciudad. Esta dispersión ocasiona numerosos perjuicios e incomodidades a funcionarios, profesionales y ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que asuma como 'irrevocable' la construcción del Palacio de Justicia de la ciudad de Lorca en la parcela reservada al efecto en el casco histórico del municipio, así como la agilización de
todos los procedimientos para reiniciar los trabajos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Javier Ortega Smith-Molina, don Ignacio Gil Lázaro y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del reglamento de la cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a que remita a las Cortes un Proyecto de Ley del Código Mercantil, para su discusión en la Comisión de
Justicia.
Exposición de motivos
Han transcurrido más de 130 años desde la aprobación del vigente Código Mercantil en 1885. Este cuerpo de leyes constituyó en su momento una verdadera revolución en el ámbito económico.
En efecto, el anterior Código de 1829 había sido superado por la realidad económica de la época y era incapaz de dar una respuesta a los retos de una sociedad liberal que estaba superando el intervencionismo estatal. Así, el nuevo Código de
1885 proporcionó a los operadores económicos una herramienta eficaz para potenciar la libre circulación de productos, capital y trabajadores, permitiendo sus movimientos dentro y fuera de Europa.
Sin embargo, el paso del tiempo es inexorable. Como ocurrió con el Código de 1829, el actual de 1885 no es capaz de adaptarse plenamente a los profundos cambios que el tráfico mercantil ha sufrido en el último siglo.
La inadecuación de nuestro vigente Código a la realidad económica ha intentado ser salvada, unas veces, mediante la modificación de su articulado y, otras, las más, a través de la aprobación de leyes especiales, reguladoras de materias no
contempladas en el Código, o derogatorias de parte de éste. Todo ello ha provocado un progresivo vaciamiento del Código y una dispersión normativa, con efectos muy negativos para la seguridad jurídica y para la realidad del mercado.
La situación descrita, llevó a que los operadores jurídicos y económicos se plantearan la necesidad de contar con un nuevo cuerpo de leyes actualizado que respondiese a la realidad económica de la sociedad del siglo XXI.
Ante esta situación, el Ministro de Justicia López Apilar encarga en 2006 a la Sección Segunda, de Derecho Mercantil, de la Comisión General de Codificación la elaboración de un nuevo Código Mercantil.
En 2013, la Comisión de Codificación entrega al Ministro de Justicia Ruiz-Gallardón un anteproyecto de Código Mercantil.
Durante el preceptivo periodo de información pública, al que fue sometida dicha preiniciativa, se presentaron numerosas alegaciones por parte de diversos sectores económicos, profesionales, despachos de abogados, etc. Con esta información y
con los aportes que hicieron los órganos de la administración directamente implicados (los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad), la Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia elaboró un texto final que más tarde fue
presentado al Consejo de Ministros en mayo de 2014.
Una vez acordado por el Consejo de Ministros que el anteproyecto continuase con los ulteriores trámites previstos en la normativa en vigor, en particular, con las consultas, dictámenes e informes legalmente preceptivos y los que resulten
convenientes, el texto fue remitido al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Consejo de Estado.
El Consejo de Estado, último órgano en informar, oídas las alegaciones de las entidades que habían solicitado trámite de audiencia, el 29 de enero de 2015, acordó aprobar por unanimidad el texto del anteproyecto de ley sometido a su
consideración y junto con los cambios sugeridos lo devolvió al Gobierno para la culminación de los trámites pertinentes.
Sobre estas observaciones así como sobre aquellas formuladas por los demás órganos consultivos, la Comisión de Codificación preparó un nuevo texto que entregó al Ministro Catalá en marzo de 2018. A partir de ese momento, no existe ningún
tipo de impedimento para que el Ministerio proceda a redactar el proyecto de ley correspondiente, lo eleve al Consejo de Ministros y previa su aprobación sea remitido a las Cortes para dar comienzo así al procedimiento legislativo.
Es indiscutible, la enorme trascendencia que este cuerpo de leyes tendrá para el crecimiento económico de nuestro país. En todo el territorio nacional deben existir unas mismas reglas para todos los participantes del mercado. La unidad de
mercado, además de ser una exigencia constitucional, es fundamental desde el punto de vista económico. Dicha unidad simplifica el funcionamiento en el mercado de los operadores jurídicos nacionales e internacionales, favorecerá la seguridad
jurídica e incentivará la confianza de los inversores extranjeros.
En fin, los operadores jurídicos se enfrentan hoy a una economía global cada vez más digitalizada y a un mercado nacional en creciente fragmentación. La falta de una norma unificada que confiera las herramientas jurídicas para enfrentarse a
la primera cuestión y que ponga freno a la segunda, impacta e impactará negativamente en la economía española.
Por ello, es muy urgente que el vigente Código de Comercio de 1885 sea renovado y que se inicie, sin pérdida de tiempo, el proceso legislativo para la publicación de un nuevo Código que dote a los operadores jurídicos de los instrumentos
para enfrentarse al mercado del siglo XXI.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a las Cortes un Proyecto de Ley del Código Mercantil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Gil Lázaro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Defensa
161/000211
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano.
Proposición no de Ley sobre la investigación del uso de armas de guerra por parte de civiles en un curso sobre Seguridad Nacional.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que sería esta la que insta al Gobierno a realizar las medidas previstas en la misma, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Josep Nuet Pujals, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la investigación
del uso de armas de guerra por parte de civiles en un curso sobre Seguridad Nacional, para su debate en instancia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
Exposición de motivos
La Escuela Superior de las Fuerzas Armas, organismo dependiente del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), ofrece un curso sobre Seguridad Nacional a disposición de militares, políticos, diplomáticos, funcionarios, personas de la judicatura y
periodistas. En dicho curso se incluyen visitas a unidades militares para conocer de primera mano los espacios y actividades que se realizan.
Hace unas semanas, este curso sobre Seguridad Nacional saltó a primera plana de la mayoría de medios de comunicación debido a unas imágenes difundidas por el Secretario General de VOX, Javier Ortega Smith, en las cuales se le podía ver en la
base de la BRIPAC de Javalí Nuevo (Murcia) realizando unas prácticas de tiro con una arma tipificada como 'de guerra' (un fusil HK G36). Organizaciones militares, además, han apuntado que en las imágenes no se aprecia ningún tipo de medida de
seguridad requerida para el ejercicio con fuego real: ni chaleco antibalas ni personal o medios de evacuación sanitaria.
El Reglamento de Armas de 1993 en su sección 5, artículo 6, prohíbe explícitamente la adquisición, tenencia y uso por parte de particulares de las armas consideradas 'de guerra'. Pese a esto, la ley reconoce que los campos de tiro están
sujetos a su propia normativa y a la autoridad del mando de base. Es especialmente preocupante el hecho de que se llegue a afirmar que el señor Ortega Smith no fue el único civil en realizar las prácticas de tiro: si hubiese sucedido un accidente,
dada la falta de las medidas de seguridad establecidas, Defensa podría haber incurrido en una grave responsabilidad por negligencia.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta de Seguridad Nacional insta al Gobierno español a:
1. Remitir a la Comisión de Defensa y a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, la documentación y las conclusiones de la investigación realizada por parte del EMAD en relación a la utilización de armas 'de guerra' por parte de civiles en
un curso de Seguridad Nacional.
2. Realizar, una vez finalizada la investigación por parte del EMAD, una revisión de la compatibilidad entre la Ley de Armas de 1993 y los reglamentos que regulan los campos de tiro.
3. Depurar las pertinentes responsabilidades en los órganos competentes si la investigación considera que se ha vulnerado la legalidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2020.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000215
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plural.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a ceder el cuartel del Bruc de Barcelona a las Administraciones Públicas catalanas, para adecuarlo a las necesidades de las políticas públicas del siglo XXI.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de la firma del portavoz contenida en el escrito número de registro 11065, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras i Camero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Defensa, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a ceder el Cuartel del Bruc de Barcelona a las administraciones públicas catalanas, para adecuarlo a las necesidades de las políticas públicas del siglo XXI.
Exposición de motivos
El Cuartel del Bruc fue proyectado en 1929 para alojar entre 400 y 600 personas del ejército de tierra. Hoy ocupa la nada despreciable superficie de 5,31 hectáreas, en el núcleo urbano de Barcelona. La visión y el objetivo que tuvo en 1929
su construcción fue la necesidad de sacar los antiguos cuarteles del núcleo antiguo de la ciudad, dando así respuesta a unas necesidades de la ciudad y también de la organización del ejército. Desde aquella decisión han transcurrido 90 años y lo
que en su momento eran las afueras de la ciudad de Barcelona hoy es pleno núcleo urbano, por cierto, un núcleo urbano muy densificado donde resulta prácticamente imposible hallar espacios de 5,31 hectáreas disponibles para poder efectuar política
pública.
Del mismo modo que en 1929 las necesidades de la ciudad y del ejército exigieron la decisión de abandonar los antiguos emplazamientos de su núcleo urbano y alejarlos hacia las afueras, también en 2019 urge repetir aquel proceso, la ciudad
necesita recuperar espacios e inmuebles infrautilizados, para destinarlos a otras políticas públicas y el ejército debe adecuar su patrimonio de infraestructuras -sobredimensionado- a sus necesidades reales y a emplazamientos más adecuados que los
que ofrece en estos momentos el Cuartel del Bruc, en pleno núcleo urbano de Barcelona. Se trata de revisar los usos del patrimonio público para construir políticas públicas mejores y más eficientes.
Son múltiples las iniciativas parlamentarias debatidas en los últimos años, por diversos grupos parlamentarios, sobre la cesión del cuartel del Bruc en Barcelona a las administraciones catalanas. Todas responden a un consenso evidente de la
sociedad barcelonesa y catalana sobre esta cuestión. Si el Gobierno en Madrid no comprende esta reclamación es porqué está a 620 kms de distancia y porque su voluntad de entender las necesidades de políticas públicas en Catalunya es escasa.
Con la desaparición del servicio militar obligatorio, las necesidades cuantitativas y cualitativas del ejército español variaron sustancialmente. Los equipamientos que necesita hoy el ejército son radicalmente diferentes a los que se
necesitaban hace 40 o 50 años. Ahora las prioridades del ejército están vinculadas a la profesionalización, a la tecnificación de sus efectivos y a la colaboración con los ejércitos de otros Estados miembros de la OTAN o a la participación en
misiones de paz bajo el control de las Naciones Unidas. La presencia del ejército en grandes cuarteles en los núcleos urbanos de las ciudades ha dejado de ser relevante.
Hoy se da la paradoja de tener a la Administración General del Estado infrautilizando el enorme Cuartel del Bruc, un patrimonio público en el núcleo urbano de Barcelona y a su vez tener a la administración de la Generalitat, del Ayuntamiento
de Barcelona o de las Universidades con un gran déficit de inmuebles y terrenos para destinar a las políticas públicas que necesitamos en el siglo XXI, como son la política de vivienda, la política universitaria o la política de investigación.
Urge transformar los usos del cuartel del Bruc en Barcelona. Es una cuestión de racionalización de las políticas públicas y de eficiencia de recursos públicos.
Ante esta realidad, entendemos que corresponde al Ministerio de Defensa proceder a reducir su patrimonio de inmuebles para adecuarlo a las necesidades de la defensa del siglo XXI y, en particular, reducirlo cuando esté sobredimensionado en
ciudades, como Barcelona, con un alto déficit de suelo e inmuebles públicos para ser destinados a otras políticas públicas más necesitadas de ello.
Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a racionalizar el uso de su patrimonio público, especialmente el correspondiente al Ministerio de Defensa y, en particular a ceder la propiedad del cuartel del Bruc en Barcelona, por un precio
justo y simbólico acorde con su posterior uso y explotación pública, a la Generalitat de Catalunya y/o al Ayuntamiento de Barcelona, con objeto de dedicar este espacio a la construcción de viviendas de régimen público de alquiler para jóvenes,
equipamientos para la ciudad de Barcelona, equipamientos universitarios y de investigación, así como otros usos cívicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-Miriam Nogueras i Camero, Diputada.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Hacienda
161/000186
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la Inversión Territorial Integrada de Jaén.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de comparecencia contenida en el punto 4 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este
acuerdo al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Inversión Territorial
Integrada de Jaén, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Una Inversión Territorial Integrada (ITI) es un instrumento diseñado para apoyar un conjunto de acciones integradas en un área geográfica determinada con el fin de dar respuesta a las necesidades o retos concretos de esa zona. Se trata, por
tanto, de un instrumento de gestión definido en el Reglamento (UE) N.º 1303/2013 que permite aplicar un enfoque territorial en la concepción e implementación de las políticas públicas.
El objetivo de la ITI de Jaén puede enunciarse como 'contribuir a paliar las debilidades y retos identificados en la provincia de Jaén mediante las inversiones cofinanciadas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE:
FEDER, FSE y FEADER) en Jaén'.
En mayo de 2019, después de un largo camino administrativo y burocrático, se definió la estrategia y modelo de gestión de la ITI para la provincia de Jaén, en la que se concebía la oportunidad de crear las condiciones necesarias para moderar
la tendencia a la concentración excesiva de la actividad y el empleo en sectores marcados por una alta temporalidad, baja productividad y escasa competitividad. Al mismo tiempo, el desarrollo de otras alternativas productivas en las distintas áreas
comarcales de Jaén podría contribuir a reducir las disparidades (niveles de paro, PIB per cápita, etc.) entre la provincia y el resto de España, así como corregir las tendencias demográficas de envejecimiento y riesgo de despoblamiento, gracias a la
aplicación y combinación de diferentes programas operativos y fondos EIE. En definitiva, se pretende contribuir a paliar las debilidades y retos identificados en la provincia de Jaén mediante las inversiones cofinanciadas con los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos.
Por su parte, la Junta de Andalucía ha dado un impulso definitivo a la gestión de la ITI, en su ámbito competencial propio, anunciando el compromiso vía presupuestos de la disposición de los fondos que le corresponden a su Programa Operativo
Regional, lo que implica un gasto total de 222.921.996 . Sin embargo, el Gobierno de España no ha sido capaz de dar este mismo impulso,
sin que se sepa a día de hoy cómo va a asumir el compromiso de inversión de su participación, cifrada en 220.105.759 .
Esta estrategia de inversión tiene un horizonte temporal que culmina en el presente año 2020,por lo que el tiempo apremia y el retraso preocupa sobremanera en el territorio, que espera que esta ITI venga a resolver gran parte de los
problemas estructurales que tiene la provincia de Jaén. En este sentido, diferentes plataformas ciudadanas han manifestado su preocupación por la falta de compromiso del Gobierno de España con la ITI de Jaén, preocupación que se comparte por todos
los entes sociales y económicos de la provincia, así como por la sociedad en general.
Esta preocupación general ha sido trasladada a los diputados de la provincia de Jaén de todos los partidos políticos, instando a urgir al gobierno de España a desbloquear los fondos destinados a la provincia de Jaén a través de la ITI, tal y
como ya ha hecho la Junta de Andalucía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se dé el impulso en la gestión de la ITI de Jaén en la parte que le corresponde a la Administración General del Estado.
2. La urgente programación de los fondos destinados a la ITI de Jaén por parte del Gobierno de España, estimados en 220.105.759 euros.
3. Cumplir los compromisos financieros y de gestión establecidos en la estrategia y modelo de gestión de la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Jaén. 4.4 Comparecer en el Congreso de los Diputados a dar cuenta de las medidas
adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-Juan Diego Requena Ruiz, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000202
A la Mesa de la Comisión de Hacienda
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley sobre bienes corporales.
Exposición de motivos
Las subvenciones recogidas en el Programa de Opciones por la Lejanía y la insularidad de Canarias (POSEI) fueron establecidas por la Unión Europea para compensar el sobrecoste de las producciones insulares en las Islas. Entre estas medidas
se encuentran también las recogidas en el Régimen Específico de Abastecimiento que busca garantizar el suministro de determinados productos esenciales a precios razonables en Canarias.
El nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por la Ley 8/2018 de 5 de noviembre, recoge en su artículo 26 lo siguiente, aclarando de forma definitiva las dudas que se pudieran haber generado con anterioridad estableciendo lo
siguiente:
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades aplicarán una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota íntegra correspondiente a los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias por ellos
mismos, propios de actividades agrícolas, ganaderos, industriales y pesqueras, siempre que, en este último caso, la pesca de altura se desembarque en los puertos canarios y se manipule o transforme en el archipiélago. Se podrán beneficiar de esta
bonificación las personas o
entidades domiciliadas en Canarias o en otros territorios que se dediquen a la producción de tales bienes en el archipiélago, mediante sucursal o establecimiento permanente.
2. La bonificación anterior también será aplicable a los contribuyentes del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan las mismas actividades y con los mismos requisitos exigidos a los sujetos pasivos a los sujetos pasivos
del Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando determinen los rendimientos por el método de estimación directa. La bonificación se aplicará sobre la parte de la cuota íntegra que proporcionalmente corresponda a los rendimientos derivados de las
actividades de producción señaladas.
De esta forma, se recoge de forma taxativa la inclusión en los rendimientos para el cálculo de la bonificación del 50 % por la producción de bienes corporales a las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento y de apoyo a las
producciones locales del POSEI, aclarando cualquier duda que hubiera al respecto. Este planteamiento fue reforzado por la sentencia del 11 de febrero de 2019 que ha avalado la deducción de estas subvenciones, garantizando el cumplimiento de este
artículo del Régimen Económico y Fiscal y por tanto despejando cualquier duda al respecto.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a tomar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento del artículo 26 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, mediante un pronunciamiento de la Dirección General de
Tributos de la Agencia Tributaria Estatal y la resolución de forma positiva de todas las reclamaciones pendientes en esta materia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Interior
161/000183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada María Carvalho Dantas y el Portavoz Gabriel Rufián Romero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la tragedia del Tarajal, para su debate en la Comisión Interior.
Exposición de motivos
El 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal de la costa de Ceuta murieron 15 personas que intentaban cruzar a nado el dique fronterizo que separa Marruecos de la ciudad autónoma, después que un operativo de 56 agentes de la Guardia Civil
descargara sobre ellos 145 balas de goma desde el espigón y cinco botes de humo de ocultación, con el objetivo de frustrar la tentativa y dispersarlos. El Gobierno de España nunca se ha responsabilizado ni depurado ningún tipo de responsabilidad.
El entonces Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, declaró en sede parlamentaria no existir 'ninguna orden imperativa' a los agentes para que evitasen 'por cualquier medio' la entrada de los inmigrantes. No obstante,
asimismo, exoneró de responsabilidad a los agentes en relación a las muertes acaecidas, atribuyéndolas a otros factores -ambientales, error de cálculo de la profundidad de las aguas por parte de las víctimas, etc.-.
El juzgado número 6 de Ceuta imputó a 16 agentes del Instituto Armado por los hechos del Tarajal, nueve meses después eran exculpados y la causa sobreseída en un auto en el que la jueza María del Carmen Serván, apuntaba como culpables del
desastre a los mismos inmigrantes, justificaba el uso de las pelotas de goma para generar efecto disuasorio y consideraba que la falta de auxilio era justificable atendiendo al hecho de que las víctimas habían decidido asumir el riesgo de cruzar a
nado la frontera por
propia voluntad. Posteriormente, la audiencia provincial de Cádiz reabrió la causa -que sigue investigándose- por no considerar del todo esclarecidas la causa de la muerte de los 15 inmigrantes. Lo que sí hizo la AP es legalizar las 23
devoluciones en caliente llevadas a cabo por el mismo operativo de aquel día que habían sido puestas en duda por diversas asociaciones.
Durante la primera semana inmediatamente posterior a la tragedia el Ministerio del Interior negó que se hubieran disparado pelotas de goma y/o actuado contra los inmigrantes, argumentando que las muertes habían sido causadas por negligencia
de los mismos y los factores ambientales. El ministro enmendó esta versión en su comparecencia el 13 de febrero de 2014 en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados y aceptando que los agentes sí dispararon balas de goma y otro material
antidisturbios.
Testigos de lo acontecido aquel día en Tarajal han declarado que en un primer momento el grupo del que formaban parte las víctimas modales pensaron que la Guardia Civil era un operativo de Salvamento marítimo -España firmó el Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y la Convención Internacional sobre SAR Marítimo-. Asimismo, los propios testigos han afirmado ver con claridad, posteriormente, como los agentes apuntaban a los cuerpos de los
inmigrantes, así como haber sido testimonio directo de impacto de balas de goma en la cabeza de alguna de las víctimas.
Estos testimonios contravienen así las versiones oficiales tanto del Ministerio como del juzgado, que siempre han afirmado que los agentes se limitaron a usar de forma disuasoria el material antidisturbios y, en especial, disparando las
balas al agua.
Diversas ONG y asociaciones solidarias han pedido en repetidas ocasiones que se investigue y depure a fondo lo que ocurrió aquella nefasta mañana en la frontera sur de Europa y, a la vez, que el Estado facilite a los familiares de los mismos
la identificación, reparación y dignificación de la memoria de las víctimas. Algo que, hoy por hoy, ningún estamento oficial ha hecho y ni tan siquiera ha planteado, pese a que -más allá de la responsabilidad penal que se derive- es obvio que la
actuación de la Guardia Civil tuvo una directa incidencia en la muerte de aquellas personas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Otorgar el visado a las familias de las víctimas de la tragedia del Tarajal para que puedan proceder a pisar territorio español y reconocer los cadáveres de sus familiares.
2. Dignificar la memoria de las víctimas, pedir perdón a sus familias y establecer medidas de reparación.
3. Investigar oficialmente y de forma transparente las causas de las muertes en la playa del Tarajal, a fin y a efecto, de establecer las correspondientes medidas de control y procedimientos para evitar que sucesos como estos puedan volver
a producirse en el futuro.
4. Solicitar ante el Parlamento Europeo a reconocer el día 6 de febrero como 'Día Europeo de las Víctimas de las Fronteras'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-María Carvalho Dantas, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la concesión de condecoraciones a
los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la denominada 'Operación ÍCARO', para su discusión en Comisión.
Exposición de motivos
En octubre de 2019 Barcelona vivió días y noches de violencia extrema.
Protestas encendidas tras la sentencia del conocido como 'juicio del Procés', que implicó penas de cárcel para dirigentes políticos independentistas. Frente a aquellas protestas, el Ministerio de Interior desplegó un operativo policial,
denominado 'Operación Ícaro' en el que participaron agentes de nuestra Policía Nacional procedentes de diferentes puntos de toda la geografía española.
Estas protestas provocaron altercados especialmente virulentos por su duración, su intensidad y la dosis de violencia que emplearon los manifestantes. Con la excusa del rechazo a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo contra los
líderes del proceso rupturista de nuestra Nación en Cataluña, centenares de personas pusieron en el centro de la diana a los Policías.
Con la sentencia recién publicada, el escenario escogido fue el aeropuerto de El Prat creando el caos y un gran malestar. Al día siguiente la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en Cataluña, símbolo del poder del Estado 'opresor', Los
disturbios organizados y liderados por grupos independentistas se extendieron sin control por todo el centro de Barcelona y adoptaron un cariz antipolicial.
La protesta por el fallo del Tribunal Supremo se transformó en una revuelta contra nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esa animadversión llegó a su punto álgido en la quinta jornada consecutiva de incidentes. Durante siete
horas, centenares de personas cercaron la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía donde arrojaron objetos, levantaron barricadas e incendiaron contenedores. Una batalla campal contra la Policía. Una masiva concentración violenta y en
paralelo a una huelga que colapso la ciudad.
Los disturbios dejaron un reguero de centenares de heridos y detenidos además de destrozos en el mobiliario urbano y comercios millonarios.
Nuestros heroicos agentes en el ejercicio de sus funciones fueron víctimas de atentados muy graves que, por una infame voluntad política del Ministro y Gobierno que se supone les debe proteger, no pudieron repeler con el material
antidisturbio adecuado. Los manifestantes encendieron contenedores y hogueras, levantaron barricadas y cortaron señales de tráfico. Les lanzaron petardos, botellas y pintura a los Policías, así como objetos contundentes (bolas de acero y
adoquines). Uno de esos objetos alcanzó a un Policía, que quedó temporalmente inconsciente y tuvo que ser apartado en volandas por sus compañeros. Y, pese a todo ello, el Ministro de Interior decidió (y celebró desde la barra de un bar en un
conocido barrio madrileño) que la vida e integridad física de nuestros agentes no valía tanto como la necesidad de tener contentos a los potenciales socios golpistas de un posible -hoy ya realidad- Ejecutivo socialista.
El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicó que en esa semana 207 agentes fueron heridos, 128 violentos detenidos, 800 contenedores quemados y 100 vehículos policiales dañados.
El pasado miércoles 29 de enero en el marco de la celebración del 196 aniversario de la Policía Nacional tuvo lugar la entrega de medallas en el Complejo Policial de Canillas.
El Ministro de Interior ha resuelto condecorar sólo a determinados policías destinados a Cataluña para controlar la oleada de ataques separatistas en el marco de la 'Operación ICARO' y la Dirección General de Policía confirmó a los
sindicatos policiales que se entregarían 320 medallas.
Nuestra enhorabuena y profundo agradecimiento a aquellos Policías que han recibido su justo reconocimiento profesional.
Sin embargo, los representantes de los sindicatos policiales llevan varias semanas denunciando la actuación discriminatoria que, una vez más, se ha seguido en este ámbito desde Interior NO condecorando a todos los agentes que participaron en
el despliegue policial y exigiendo que se amplíen las explicaciones ofrecidas por la Dirección General de Policía sobre los criterios de reparto de medallas, alegando la existencia de elementos operativos (no especificados ni tasables) y de factores
inconcretos y no objetivables. Representantes policiales afirman que no se han seguido las obligaciones establecidas en materia propuesta de ingreso en la Orden al mérito policial por la Resolución de la DGP de 11 de mayo de 2012.
De manera particular, resulta difícilmente explicable, con el elevado número de agentes lesionados durante la Operación ícaro, que solamente se hayan concedan cinco medallas con distintivo rojo y una con distintivo de plata, así como que
sólo se otorguen medallas a un número ínfimo de policías intervinientes en dicha Operación (quienes si han sido justamente reconocidos por su labor).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
- Ofrecer una completa explicación sobre el reparto de condecoraciones que se ha llevado a cabo en el marco de la 'Operación ICARO' y aclarar el oscurantismo que se viene manteniendo en relación a los criterios de adjudicación de estas
medallas.
- Acordar la condecoración de todos los Policías Nacionales que participaron en la Operación ícaro.
- Proceder al cese inmediato de todos los responsables políticos que impidieron que nuestras fuerzas policiales pudieran desempeñar adecuadamente su función durante la 'Operación ICARO', a costa de un gran riesgo para su vida e integridad
física.
- Revisar la norma establecida sobre el cupo de medallas a asignar para que el reparto de las mismas sea más justo y equitativo.
- Evitar la reiterada litigiosidad que se viene produciendo con ocasión de la concesión de condecoraciones y distinciones a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuando siempre con arreglo a la Ley, de manera no
discriminatoria y arbitraria, y con transparencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y doña María Teresa López Álvarez, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de clasificar como categoría '1.1 Insular' a la Prisión Fuerte Mendizábal de Ceuta, para su discusión en Comisión.
Exposición de motivos
El Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal de Ceuta, inaugurado en octubre de 2017, empezó a funcionar el 13 de noviembre de ese año. Cuenta con una superficie de 120.000 metros cuadrados, que está distribuida en tres elementos, con Celdas y
Seguridad, un Centro de Inserción Social y el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Tiene capacidad para 1.582 internos, 648 celdas y 142 complementarias del citado Centro de Inserción. Social. Sin embargo, tras más de dos años
desde su inauguración, no tiene atribuida la categoría '1.1 Insular', contando aún con la denominada '2.2 Insular'. Asimismo, también carece de una Relación de Puestos de Trabajo, que permita cubrir las acuciantes necesidades de personal que padece
el Centro en cuestión.
Los motivos que justificarían la clasificación de la prisión Fuerte Mendizábal como categoría '1.1 Insular', y la aprobación de su Relación de Puestos de Trabajo, serían los siguientes:
1. Como todas las prisiones clasificadas en la categoría '1.1 Insular', la prisión de Ceuta tiene cinco subdirecciones, estando diferenciadas las subdirecciones de Seguridad y de Régimen. En las prisiones de menor categoría una sola
persona se ocupa de ambos puestos.
2. El Centro cuenta con 648 celdas más las 142 complementarias del Centro de Inserción Social.
3. El Centro posee un módulo de Régimen Cerrado.
4. El Centro alberga a internos clasificados en primer grado.
5. Fuerte Mendizábal cuenta con un Centro de Inserción Social dependiente de la prisión.
6. La prisión de Archidona, en Málaga, de idénticas características y construida e inaugurada en fechas muy próximas a la de Fuerte Mendizábal, está clasificada como categoría '1.1', y cuenta con su propia Relación de Puestos de Trabajo.
7. Precisamente, respecto a la necesidad de una Relación de Puestos de Trabajo, existe en la prisión de Ceuta una carencia alarmante de personal, que impide abrir nuevos departamentos como el de Régimen Cerrado, el Sociocultural, el
Deportivo o el de Lavandería.
Por lo expuesto, mientras la prisión Fuerte Mendizábal no cliente con una clasificación adecuada y una Relación de Puestos de Trabajo propia, está abocada a padecer una carencia de personal que impide abrir todos los Departamentos con que
cuenta, lo que ocasiona que la población reclusa se concentre solamente en dos de ellos, uno que se puede considerar Departamento de Respeto, y un segundo donde pueden acabar coincidiendo los presos primarios con un condenado por asesinato, o
jóvenes con adultos. También se da la circunstancia de que en el Departamento de Ingresos, al no estar abierto el Departamento de Régimen Cerrado y hacer las veces de este, coinciden los islamistas en situación de primer grado con los sancionados
con aislamiento en celda, o con los nuevos ingresos primarios. Una situación que contraviene lo dispuesto por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, que en su artículo 11 señala que 'los
establecimientos penitenciarios contarán con el conjunto de dependencias y servicios que se consideren necesarios para permitir una convivencia ordenada y una adecuada separación de los internos...'. Todas estas situaciones afectan a la seguridad
de los propios Funcionarios de Prisiones, de los internos y del Centro Penitenciario en cuestión, además de imposibilitar la tarea de reinserción y reeducación que tienen asignados los trabajadores de los centros penitenciarios en cumplimiento de
los artículos 1 y 16 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. En la prisión de Fuerte Mendizábal, las previsiones contenidas en los referidos artículos no se pueden llevar a cabo, lo que perjudica el tratamiento al que
se debe acoger el preso, o al modelo individualizado de intervención en el caso de los preventivos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Clasificar la prisión de Fuerte Mendizábal como prisión de categoría '1.1 Insular', con las consecuencias salariales que para los trabajadores del Centro Penitenciario ha de tener dicha clasificación.
2. Aprobar la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo del Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal, de tal manera que sea posible cubrir las acuciantes necesidades de personal que padece el Centro en cuestión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2020.-María Teresa López Álvarez, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000216
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plural.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a prohibir la utilización de las pelotas de goma por parte de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la subsanación de la omisión de la firma del portavoz contenida en el escrito número de registro 11065, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de Miriam Nogueras i Camero, Diputada de Junts per Catalunya, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión
de Interior, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a prohibir la utilización de las pelotas de goma por parte de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Antecedentes
El 1 de octubre de 2017 volvieron a Catalunya las pelotas de goma, utilizadas por parte de las fuerzas antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, después de haber sido prohibidas por el Parlament de Catalunya en el
año 2014. Durante las cargas policiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se utilizaron balas de goma para dispersar a las personas que se encontraban en los colegios electorales. Concretamente, durante la actuación policial de los
antidisturbios en la escuela Ramon Llull de Barcelona, un hombre resultó herido tras el impacto de una pelota de goma. La persona herida fue trasladada al Hospital de Sant Pau donde fue operado, pero finalmente perdió la visión de un ojo por culpa
del impacto.
El Parlament de Catalunya aprobó en el año 2013 las conclusiones de la 'Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público y del Uso de Material Antidisturbios en Eventos de Masas' que incorporaban la retirada y prohibición
total del uso de las pelotas de goma:
'24. Todos los instrumentos, técnicas y herramientas que configuren el modelo de gestión de orden público tienen sentido en conjunto, ya que constituyen un equilibrio que permite utilizarlos de una manera progresiva y gradual, Por esta
razón, se debe iniciar inmediatamente la retirada de las pelotas de goma, que se han de sustituir gradualmente, para que en la fecha de 30 de abril de 2014 sea efectiva la prohibición total. El nuevo modelo de actuación gradual y mixto debe
garantizar en cualquier caso la disponibilidad de herramientas robustas que permitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas.'
En Catalunya por lo tanto, desde abril de 2014, está prohibida la utilización de pelotas de goma por parte de las fuerzas antidisturbios, pero el 1 de octubre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado volvieron a utilizarlas en diversas
poblaciones.
Las fuerzas de seguridad no han respetado los acuerdos del Parlament de Catalunya en esta materia. Eran acuerdos surgidos de un intenso debate parlamentario sobre el modelo policial de seguridad pública. Un debate que ha buscado un
equilibrio entre el derecho fundamental de manifestación y del uso pacífico de la vía pública, con una gestión de la seguridad y del orden público basada en la comunicación, en la actuación coordinada de todos los actores, y en un modelo policial de
seguridad pública y de eventos de masas que parte del principio de mínima intervención con medios violentos y que quiere avanzar en la promoción de valores cívicos, lo cual comporta un cambio de paradigma y una mejora del servicio público.
La actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el 1 de octubre frente a personas que defendían sus derechos de manera pacífica ha sido masivamente calificada como desmesurada, desproporcional, injusta, injustificable y sin respeto a los
Derechos Humanos. Se utilizó la fuerza ante personas que querían votar y defender los colegios electorales pacíficamente. La utilización de pelotas de goma fue una expresión más de esta violencia. Una persona perdió un ojo y, sin duda, podría
haberse evitado.
Esta cuestión se debatió ampliamente en los medios de comunicación en las semanas y meses posteriores al 1-O, sin embargo, dos años más tarde, en octubre de 2019, de nuevo la policía nacional procedió al uso de pelotas de goma para disolver
las manifestaciones que se produjeron en protesta de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes políticos del procés.
No puede haber más heridos por la utilización de pelotas de goma por parte de las fuerzas antidisturbios, por ello se promueve la prohibición de utilizarlas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar e impulsar las medidas necesarias para hacer efectiva la prohibición total de utilización de las pelotas de goma por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-Miriam Nogueras i Camero, Diputada.- Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/000217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de
construcción de un nuevo cuartel para la Guardia Civil en Santiago de Compostela, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Santiago de Compostela se prepara para la celebración de un nuevo año santo jacobeo, acontecimiento que ocurre cada vez que el día de la Fiesta del Apóstol Santiago cae en domingo, algo que no acontecía desde 2010. Cada año santo el número
de peregrinos y turistas se multiplica, y para 2021 las perspectivas del número de visitantes a la ciudad son muy optimistas.
Para este fin, la ciudad se pone a punto, también en lo que se refiere a la seguridad de los ciudadanos, de quienes se desplazarán a Santiago y a Galicia y transitarán los caminos de Santiago, en previsión del posible aumento de la
criminalidad que podría darse por el efecto llamada que tienen este tipo de celebraciones.
Una parte de esta tarea de protección, vigilancia y prevención de delitos recaerá sobre la Guardia Civil, que cuenta con un cuartel en la ciudad, el de As Cancelas, antes ubicado en las afueras de la ciudad y hoy incluido en el perímetro
urbano. Este ha sido objeto de una visita reciente por parte del Delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, quien ha destacado el papel esencial de la Guardia Civil en la lucha contra la violencia de género, la seguridad vial o los incendios
forestales.
Sin embargo, el Delegado parece no haber reparado, a juzgar por sus declaraciones, en el lamentable estado en el que se encuentran las instalaciones en las que desarrollan su importantísima actividad los miembros de la Guardia Civil en
Santiago de Compostela. Se trata de un edificio viejo, gravemente deteriorado, en estado ruinoso en buena parte de su estructura, con deficiencias eléctricas, deterioro absoluto de su pintura, con humedades y complemente inadecuado a las
importantes funciones que se realizan en él. Pensado originalmente para ubicar viviendas familiares para los miembros del Cuerpo, las antiguas habitaciones privadas han sido convertidas en oficinas y despachos a los que se accede por estrechas
escaleras propias de un edificio de viviendas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela la inmediata construcción de un nuevo cuartel para la Guardia Civil, que responda a la dignidad y a las necesidades del Instituto Armado
para desempeñar con eficacia sus funciones en la ciudad y área de competencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja Gómez y María Valentina Martínez Ferro, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
161/000184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la estación de tren de alta
velocidad Guiomar de Segovia, para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Son indiscutibles las ventajas que ha tenido la alta velocidad para toda la provincia de Segovia desde su entrada en funcionamiento en diciembre de 2007, conectando Segovia con Valladolid y Madrid, facilitando a su vez la conexión con el
resto de localidades de España y del mundo a través de la capital de España, a la que se llega en tan solo 27 minutos.
Estudiantes, empresarios y turistas han convertido la línea Madrid-Segovia-Valladolid e n una de las más transitadas y utilizadas de todo el territorio español, desbordando la capacidad y el diseño actual de la estación Guiomar de Segovia.
Corresponde a la empresa ADIF, dependiente del Ministerio de Fomento, el mantenimiento, adecuación y mejoras de las instalaciones de la propia estación, el parking y su acceso a la misma.
En concreto, con el constante incremento de usuarios se ve la conveniencia de llevar a cabo distintas obras que permitan un acceso y utilización de las instalaciones más acorde a las necesidades actuales. Así, se hace imprescindible
acondicionar un espacio para los aparcamientos de corta duración que faciliten la recogida y dejada de viajeros, que actualmente no existe y dificulta en horas puntas el normal desenvolvimiento del tráfico de vehículos y autobuses. Igualmente, es
necesario adquirir los terrenos existentes delante de la propia estación Guiomar de Segovia para ampliar el parking y poder reordenar el entorno, unos terrenos que actualmente se están utilizando por más de 200 vehículos diarios como aparcamiento y
que dan una imagen deplorable de la propia estación y, por tanto, de Segovia.
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a:
- Solicitar a ADIF la mejora de los viales exteriores de la estación Guiomar de Segovia y acondicionar un espacio para aparcamientos de corta duración para dejada y recogida de viajeros, dado que actualmente no existe y dificulta en horas
puntas el normal desenvolvimiento del tráfico de vehículos y autobuses.
- Solicitar a ADIF la adquisición de los terrenos existentes delante de la estación Guiomar de Segovia, para la ampliación del parking, evitando el uso descontrolado actual que da una imagen deplorable de la propia estación y, por tanto, de
Segovia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-Jesús Postigo Quintana, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre nuevas frecuencias horarias del AVE Madrid-Segovia, para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La línea de la alta velocidad, desde su entrada en funcionamiento en diciembre de 2007, ha supuesto para Segovia un importante revulsivo, un cambio fundamental en las comunicaciones ferroviarias de Segovia con Madrid, Valladolid y otras
localidades de España, simbolizando mejor que nada la entrada de Segovia en el tercer milenio.
Fue un objetivo largamente anhelado y el resultado de un esfuerzo colectivo que implicó, fundamentalmente, a la Cámara de Comercio y a la Federación empresarial Segoviana -con su conocida propuesta 'V alternativa del AVE' que a la postre fue
determinante-, partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicales y de la sociedad civil, agentes sociales, corporaciones locales y medios de comunicación. Todos pusieron su granito de arena para que la alta velocidad en España pasara por
Segovia capital y, además, contara con estación en la ciudad del Acueducto para que diera servicio a la capital y a la provincia.
La obra fue mayúscula, pues significaba una nueva y distinta salida ferroviaria de Madrid, cruzar la Sierra de Guadarrama y conectar el centro peninsular con el Norte de España. Segovia, situada estratégicamente en el centro de España, es
hoy una provincia mejor y más comunicada con el resto de España.
El número de frecuencias y horarios de trenes AVE, ALVIA, AVANT e INTERCITY que pasan por la estación de Segovia es importante, y prestan un servicio de calidad a segovianos que trabajan y estudian en Madrid o Valladolid, madrileños y
vallisoletanos que trabajan y estudian en Segovia, empresarios, y turistas que se acercan a Segovia a través de este medio de comunicación, siendo la línea Madrid-Segovia-Valladolid una de las más transitadas y utilizadas.
En estos 12 años de funcionamiento de esta línea de alta velocidad, la empresa Renfe, dependiente del Ministerio de Fomento, es la responsable de determinar, establecer y definir las frecuencias y horarios de los trenes así como el tipo de
los mismos. Pero a la hora de determinar el horario de las frecuencias de los trenes, pocas veces Renfe ha tenido en cuenta la opinión y las propuestas de los usuarios de Segovia, ya sea a nivel individual ya sea a través de plataformas de usuarios
de los trenes, o colectivos o asociaciones de la sociedad civil de Segovia.
Desde hace ya algún tiempo se ve necesario y conveniente tener una nueva frecuencia horaria de Segovia a Madrid, que compartida como todas las frecuencias con otras ciudades, permita llegar diariamente a Madrid entorno a las 7 AM. En la
actualidad esto no es posible, pues los primeros trenes que pasan por Segovia destino Madrid son a las 7 AM y 7:22 AM y frecuentemente suelen estar completos, siendo difícil poder comprar un billete si no es con varios días de antelación.
En el Grupo Parlamentario Popular entendemos que un nuevo tren, que pasara por Segovia entre las 6:30/6:40 AM con destino a Madrid, beneficiaría a un gran número de nuevos usuarios que podrían utilizar esta nueva frecuencia, ya sea porque
con la primera salida actual no llegan a tiempo a su lugar de trabajo y tienen que desplazarse en autobús que sí tienen frecuencias de salida (5:35, 6:00, 6:15, 6:45 AM), ya sea porque permitiría conectar con otros trenes en Atocha o con aviones
en Barajas.
Asimismo, también entendemos que la última frecuencia horaria de salida de Madrid con parada en Segovia, que actualmente es a las 21:30 PM, aun siendo válida es insuficiente, pues creemos que existe la necesidad de una nueva frecuencia
horaria que salga de Madrid más tarde, que bien pudiera ser entre las 22 y las 23 PM, y también compartida, como todas las frecuencias con otras ciudades.
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Implementar una nueva frecuencia horaria de tren AVANT hacia Madrid, compartida como todas las frecuencias con otras ciudades, que pase por Segovia entre las 6.30/6.40 AM.
- Estudiar la implementación de una nueva frecuencia de tren de alta velocidad AVANT con salida de Madrid entre las 22 y 23 PM, que pare en Segovia y sea compartida, como el resto de frecuencias, con otras ciudades.
- Facilitar los resultados del estudio anterior al Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-Jesús Postigo Quintana, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan de Vías de Gijón, para
su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En septiembre de 2002, durante el Gobierno del Partido Popular, el Ministerio de Fomento, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón firmaron el convenio para la supresión de la barrera ferroviaria y la integración del ferrocarril
en Gijón. Tan sólo dos meses después se constituyó la sociedad Gijón al Norte, integrada por las tres Administraciones firmantes (con una participación en el capital del 50 % la AGE, un 25 % el Principado Asturias y un 25 % el Ayuntamiento), con el
objetivo de gestionar el desarrollo urbanístico de la zona afectada, además de promover y ejecutar las obras de infraestructuras correspondientes a las entonces estaciones de Jovellanos y El Humedal.
La intervención prevista se resumía en los siguientes pasos: soterramiento de las instalaciones ferroviarias desde el barrio de Moreda hasta El Humedal (Centro), liberación y urbanización de la totalidad de los terrenos ferroviarios, y
construcción de una nueva Estación intermodal en el Humedal, que integraba ferrocarril y autobuses.
Además, a finales de 2003, durante el mandato del Partido Popular, se comenzó a construir el llamado túnel del metrotrén, que permitía la penetración del ferrocarril de cercanías en la ciudad, al comunicar la futura estación intermodal de El
Humedad, con una estación final en la glorieta de Viesques y dos intermedias en Begoña y El Bibio.
En junio del año 2005, las tres Administraciones, ya entonces con gobiernos del Partido Socialista en todas ellas, deciden modificar radicalmente el proyecto:
- Prolongar el túnel desde Viesques hasta el Hospital de Cabueñes.
- Construir otras dos estaciones: en el campus y el hospital.
- Cambiar su trazado urbano y sustituir la estación de Begoña por otra en la Plaza de Europa.
- Modificar la ubicación intermodal, trasladándola desde El Humedal hasta la zona de Moreda.
- Convocar un 'concurso internacional de ideas' para urbanizar el terreno que quedaría liberado por las vías.
En relación al desarrollo urbanístico, la tramitación de sucesivos planes generales y su anulación judicial posterior complicaron el desarrollo del proyecto urbano ganador que, por si fuera poco, resultaría parcialmente fallido debido a los
cambios y modificaciones que forzó la presión vecinal a raíz de la polémica relacionada con la altura e impacto de los edificios-torre previstos.
Finalmente, en febrero de 2008, se presentó el diseño que se decía definitivo, incluyendo los cambios anteriores, construyendo una estación provisional en Sanz Crespo, triplicando el coste del proyecto inicial (306 millones) y, sobre todo,
habiendo perdido unos años cruciales para su ejecución, puesto que la crisis internacional ya condicionaba todos los grandes proyectos de inversión.
Con unas plusvalías urbanísticas casi inexistentes debido a la crisis, con una serie de torpezas municipales en los sucesivos planes urbanos anulados judicialmente, con unos presupuestos de las
Administraciones públicas centrados en otras prioridades y con grandes recortes en las inversiones, la obra languideció.
Se concluyó la infraestructura del túnel del metrotrén (sólo el túnel), se derruyeron finalmente las dos estaciones que operaban en aquel momento -la de Jovellanos (largo recorrido) y la de El Humedal (cercanías)-, y se concentró todo el
tráfico ferroviario de Gijón en una estación 'provisional', pequeña, incómoda, mal ubicada, sin futuro, sin proyecto y sin viabilidad. Lo que debía ser ya un proyecto en ejecución se había convertido en un gran 'solarón', en una estación
ferroviaria 'provisional', y una inexistente estación de autobuses. Algo incomprensible para una ciudad de casi 300.000 habitantes.
El proyecto estuvo semi parado en años sucesivos porque se supeditaba el desarrollo del proyecto a la financiación que aportaría la venta de las parcelas del 'solarón'. Sin embargo, mantuvo la Sociedad Gijón Al Norte y, por tanto, el
proyecto. En otras ciudades sencillamente se liquidaron las sociedades instrumentales y se renunció al proyecto de integración ferroviaria que tuviesen proyectado.
El Gobierno del PP en España retomó el proyecto y, tras varios encuentros entre la Alcaldía y el Ministerio, se concluye un gran acuerdo para redactar, por fin, un primer proyecto constructivo de integración ferroviaria. El diseño planteaba
respuestas a la movilización ciudadana de ese mismo año:
- Recuperar la centralidad de la estación, que aunque ya no podía ser en El humedal (el túnel del metro-tren ya había cambiado de trazado), se ubicaría a la altura del Museo del Ferrocarril.
- Conexión con el túnel del metro-tren.
- Mantenimiento del carácter intermodal de la estación.
- Soterramiento de las vías hasta la estación provisional.
En el Consejo de Administración de diciembre de 2015 se aprueba por mayoría un acuerdo que recoge todos estos requisitos. Los representantes del Principado de Asturias (PSOE) y el representante del Ayuntamiento de Gijón (PSOE) votan en
contra. Este acuerdo se ratificaría en marzo de 2016, con el mismo resultado.
Sólo quedaba pendiente la financiación del proyecto, cuya solución fue planteada por el Ministro de Fomento del Partido Popular en su visita a Gijón el 21 de enero de 2017, comprometiendo la financiación pública necesaria para pagar los
importes del proyecto que no pudieran ser financiados con las plusvalías. Lógicamente esta financiación pública lo habría de ser de las tres Administraciones, en la medida de su participación en el capital de la sociedad Gijón al Norte. Además,
esta financiación habría de ser 100 % autonómica en el caso de la inversión de la estación de autobuses. Además, amplió el soterramiento hasta el barrio de Moreda, dando satisfacción a los vecinos.
Tras el compromiso ministerial, el Ayuntamiento de Gijón también se comprometió a aportar la parte correspondiente del total de la inversión. De la misma manera el Consejo de Administración, y finalmente el Principado, también ratificaron
el proyecto.
Sólo restaba que el Consejo de Ministros ratificase el Convenio del Plan de Vías para asegurar en los Presupuestos Generales del Estado (y del resto de Administraciones) los 814 millones de financiación. Pero tras la moción de censura del
Partido Socialista todo queda suspendido. Desde el primer momento, el gobierno del PSOE paraliza la ratificación del Convenio (por parte del Consejo de Ministros) amparándose en cuestiones burocráticas. Introduce cambios menores en el Convenio
para seguir ralentizando la firma del mismo, de hecho ha sido necesario que el Pleno Municipal ratifique de nuevo el convenio (a raíz de los últimos cambios).
Siguen adelante con las obras auxiliares, programadas por el PP, relacionadas por ejemplo con el vaciado de agua del túnel del metrotrén. Licita el Estudio Informativo de la estación intermodal, estudiando dos posibles alternativas a la
misma: en el Museo del Ferrocarril (opción PP y Foro), y en Moreda (opción PSOE e IU). Esto deja abierta la posibilidad a la pérdida de la centralidad de la futura estación intermodal, que es la única que asegura el éxito del funcionamiento del
sistema de transportes y recoge las demandas ciudadanas.
Cinco días antes de las elecciones generales, se anuncia la firma del Convenio del Plan de Vías de Gijón que financiaría todo el proyecto, lo que a vista de cualquier ciudadano respondía a un evidente cálculo electoralista. Pasadas las
elecciones locales y autonómicas, aflora nuevamente la pésima gestión de todos los gobiernos del PSOE: el Estudio Informativo (encargado por Fomento a la Ingeniería Pública INECO) se retrasa durante meses.
La Secretaría General de Infraestructuras (durante el Gobierno del Partido Popular), encargó este trabajo a la consultora INECO con un detallado programa de trabajo de 24 meses, dividido en dos fases
diferenciadas. El primer año entero, entre junio de 2018 y junio de 2019, debía dedicarse a la investigación geotécnica del terreno y la redacción del estudio propiamente dicho; y el segundo año, entre julio de 2019 y mayo de 2020, debía
reservarse para someter el expediente a información pública e incorporación de alegaciones.
A finales de junio, el gabinete del ministro en funciones, José Luis Ábalos, reconoce que la consultora contratada no lo tiene listo. Y no solo eso, sino que tampoco se aventura a dar fecha alguna sobre cuándo podrá estarlo. Poco después,
el Ministerio de Fomento del Partido Socialista remató sus despropósitos y desprecio por los ciudadanos de Gijón, y por ende de Asturias, afirmando que el estudio sobre la estación 'puede reconsiderar' su ubicación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en relación con el Plan de vías de Gijón, cumpla los plazos, explique detalladamente las razones de los retrasos en su ejecución, y retome la propuesta del PP en relación con la
elaboración en paralelo del proyecto constructivo de la estación intermodal a la altura del Museo del Ferrocarril.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la construcción de
la Estación Intermodal de A Coruña para su debate en Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La adaptación de la actual Estación de Tren de San Cristovo en A Coruña para la llegada del AVE y su conversión en. una estación intermodal, requiere de la cooperación entre tres administraciones: la Administración General del Estado a
través de ADIF, como encargada del acondicionamiento de la estación ferroviaria; la Xunta de Galiza, que debe acometer la construcción de la estación de autobuses que sustituirá a la actual y que estará conectada con la estación de ferrocarril; y
finalmente, el Ayuntamiento de A Coruña, que tendrá que acondicionar la red viaria en los accesos a la nueva estación intermodal, así como realizar las modificaciones en la ordenación urbanística que permitan el desarrollo de toda esta
infraestructura.
Tras múltiples retrasos, discrepancias entre administraciones y modificaciones del proyecto inicial, parecía que ya había acuerdo entre las tres administraciones y que el proyecto saldría a concurso. Así:
- En marzo de 2019 el Ministerio de Fomento avanzó en el Diario Oficial de la Unión Europea la convocatoria del proyecto de la estación intermodal con la intención de sacarlo a concurso en el primer semestre de 2019.
- En julio de 2019 el Delegado del Gobierno en Galiza, Javier Losada, anunciaba públicamente que sería licitado en breve.
Sin embargo, en una reunión celebrada el jueves 23 de enero en la que ADIF participó por videoconferencia, este organismo del que depende parte del proyecto planteó objeciones al borrador del convenio y propuso una serie de cambios en el
mismo:
- Reclama la titularidad de viales y terrenos que están en el entorno de la estación, algo que entra en contradicción con el hecho de que en su momento solicitara al Ayuntamiento la concesión demanial de
estas vías. En concreto se solicitó de la Administración local un título que lo habilitase para hacer un uso especial o privativo de esas vías, reconociendo así, de forma indirecta, que el titular es el municipio.
- Reclama además, disponer de más derechos de edificabilidad y aprovechamiento urbanístico en sus terrenos. Aunque, tras la lógica polémica suscitada por esta petición, aclaró que se trataba de una edificabilidad 'no lucrativa' para usar
ese suelo para dotar de más servicios a los usuarios de la estación y obtener 'ingresos adicionales'. Cabe preguntarse entonces como es que se trata de una edificabilidad no lucrativa si se pretende obtener ingresos adicionales.
Estas nuevas exigencias, de mantenerse, suponen un peligro para la ejecución de las obras de la estación intermodal, pues necesitarían que se tramitara un nuevo Plan General y esto retrasaría toda la tramitación de forma indefinida. Además
de la alarma ante un posible intento de especulación urbanística edificando centros comerciales como forma de financiación.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a licitar con la máxima celeridad las obras para la construcción de la Estación Intermodal de A Coruña, sin que el ADIF introduzca nuevas exigencias que dificulten y retrasen la ejecución del
proyecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/000210
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre las infraestructuras ferroviarias en Extremadura.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de presentación de un plan contenida en el punto 2 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa. En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las infraestructuras ferroviarias en
Extremadura, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La situación del ferrocarril en Extremadura ha derivado últimamente en el hartazgo de los ciudadanos extremeños y de los usuarios que escogen el tren como medio de desplazamiento en o hacia la región.
Sin embargo, se suele aludir habitualmente a que las únicas razones son que toda la actual red ferroviaria extremeña en servicio está constituida por infraestructuras de vía única y sin electrificar y a que el parque de material rodante que
lo opera está constituido por trenes antiguos y de prestaciones muy limitadas.
Las vías únicas sin electrificar pueden prestar servicios ferroviarios excelentes, como sucede algunos puntos de Inglaterra, Francia y Alemania. Los problemas añadidos vienen, como es habitual en España, por el deficiente mantenimiento de
nuestros activos públicos, infraestructuras y material rodante del ferrocarril incluidos.
Al contrario que en otras partes de España, donde, aunque de forma desordenada, y sin responder a una planificación bien establecida, ciertas oleadas de modernización a través de adecuados niveles (aun limitados) de actuación mediante
inversiones, han permitido que el ferrocarril convencional todavía esté en condiciones aceptables, hace ya una decena de años que la mayoría de la red extremeña no solo está mantenida de forma muy ajustada en cuanto al gasto y recursos establecidos,
sino que su nivel de inversión para su renovación ha sido insuficiente para preservar el servicio adecuado a prestar en la actualidad en el conjunto de la región, con lo que incluso ha ido perdiendo sus prestaciones de hace años por el paso del
tiempo.
Pese a ciertas inversiones ya emprendidas, casi 60 kilómetros de vía están actualmente en un estado en el que los trenes han de circular por ellos a velocidades muy bajas en un intento vano de garantizar la seguridad, ya que aun así se han
producido accidentes. Estos tramos no solo necesitan de mejoras puntuales previstas ya en algunos kilómetros, sino que la mayoría ya precisan de una renovación completa o de su sustitución por tramos de mejores prestaciones.
La mayor parte de la señalización es de hace décadas, lo que reduce mucho la fiabilidad y la capacidad, porque los trenes pierden mucho tiempo al cruzarse. La seguridad depende, aún más que en otros lugares, del factor humano. Casi 500 km
de vía disponen de bloqueo telefónico, es decir, que necesitan de personas en las estaciones manejando los cambios de agujas y telefoneando a las estaciones colaterales para asegurar la circulación de los trenes.
Además, la mayor parte de esta red carece de radiotelefonía, lo que dificulta la comunicación entre el maquinista y las estaciones o el puesto de mando (llegando a impedirla en ausencia de cobertura de móvil). La respuesta ante incidencias
es por tanto muy deficiente. Casi 15 estaciones tienen enclavamientos (los sistemas de seguridad que relacionan los cambios de aguja y las señales) mecánicos, accionados por palancas, una tecnología implementada desde hace decenas de años y
plenamente superada en cuanto a niveles de fiabilidad y seguridad. La falta de personal de venta de billetes y asistencia, maquinistas e interventores, o de talleres adecuados para el mantenimiento del material rodante en la región empieza además a
ser factores añadidos para la degradación del servicio.
Existen estructuras, como desmontes, terraplenes, túneles y puentes, en tan mal estado que imponen restricciones de velocidad a los trenes. También a lo largo de esta red regional hay multitud de pasos a nivel sin protección de barreras o
señales luminosas que han demostrado ser peligrosos, aun en áreas rurales con poco tráfico de trenes y vehículos de carretera.
La única vía de altas prestaciones es entre Mérida y Badajoz, donde se pueden alcanzar potencialmente los 200 km/h, pero ningún tren extremeño puede hacerlo. Paradójicamente, fue en paralelo a este tramo también donde se sitúo el primero en
construirse de la línea de alta velocidad.
El resto de la línea entre Plasencia y Mérida avanza (o no) sin luz ni taquígrafos, pese a la convocatoria de pactos regionales para el control de las actividades de las empresas públicas ferroviarias y el Ministerio de Fomento, y se suceden
las promesas y los actos políticos, pero sin conseguir compromisos concretos de puesta en servicio, ni se sabe qué tipo de trenes usarán los tramos hábiles de la nueva línea, ni cuántos trenes y servicios serán, ni qué tiempos de viaje tendrán.
Tampoco hay compromisos de fechas de la prometida mejora de la línea actual entre Madrid y Plasencia, para su conexión con los nuevos tramos.
Por último, el material rodante (los trenes), salvo los reintroducidos Talgo hace ya dos años, se encuentran en un estado lamentable tanto técnico como de confort. A pesar de haber sido inicialmente adecuados en cuanto a potencia, velocidad
y comodidad al recorrido y ser relativamente modernos, ahora se quedan sin potencia o sufren averías en puertas, aires acondicionados (incluso incendios graves para la seguridad de los usuarios) y equipos de climatización con frecuencia, incluso los
de los Talgo incorporados teniendo los viajeros que desembarcar de los trenes y hacer recorridos por carretera.
Además, en las estaciones, durante el servicio ordinario o en estos casos de correspondencia forzada, sufren las condiciones de las instalaciones que les dan servicio, que también tienen averías continuadas
en baños, megafonía o máquinas de autoventa, elementos todos ellos imprescindibles en recorridos largos en duración como los extremeños.
La aportación del nuevo material rodante tampoco debería ser puntual, sino establecerse en un plan con plazos y calendarios establecidos y conocidos por el público en general, que deberían estar conectados a las próximas licitaciones para su
adquisición pendientes de la operadora a través de Renfe viajeros.
Toda la situación expuesta no constituye una buena perspectiva de partida para establecer de forma pronta las conexiones necesarias para el eje atlántico de la red transeuropea de transporte, que deben unir en estos próximos años la región
con Lisboa y con Sines, para mejorar la permeabilidad y potenciar la actividad económica general.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Requerir la realización internalizada desde el Ministerio y sus empresas dependientes, de estudios técnicos y económicos, de diagnóstico de gestión y reposición de activos a fin de poder priorizar los focos de inversión como punto de
arranque previo a la inversión en esos entornas antes del final de este año 2020.
2. Presentar ante esta Cámara en el plazo de tres meses desde la presentación de estos estudios, un plan valorado, priorizado y con fechas para la renovación de los activos ferroviarios de la infraestructura (renovaciones de vía,
eliminación de bloqueos telefónicos, protección de pasos a nivel, instalación de radiotelefonía) y de sustitución/adquisición del parque de material rodante que presta servicios en Extremadura.
3. Asegurar de manera inmediata el adecuado mantenimiento del conjunto de material rodante que constituye el parque de trenes que prestan y prestarán servicios en Extremadura, a la vez adecúa el personal de conducción y servicios del
operador ferroviario.
4. Informar de las fechas previstas de finalización de obras y puestas en servicio de los tramos en ejecución de la línea de alta velocidad y de la modernización de la línea Madrid-Extremadura a través de las fórmulas legales ya
establecidas para la planificación de líneas ferroviarias.
5. Mejorar la coordinación de los trabajos y avances del Eje Atlántico en la conexión España-Portugal, a través de la formación de una comisión bilateral específica permanente donde participen los gobiernos español y portugués, así como
Adif, Renfe, Infraestructuras de Portugal y Comboios de Portugal.
6. Promover la creación de un puesto en Adif de coordinador comisionado del Corredor Atlántico, similar al ya existente para el Corredor Mediterráneo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2020.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2020 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la Proposición no de Ley sobre el refuerzo de la Alta Inspección educativa y la creación e impulso de un sistema de autorregulación para
garantizar la calidad de los libros de texto, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 37, de 20 de febrero de 2020.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/000194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y doña María Teresa López Álvarez, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a las necesidades educativas de los alumnos con Trastorno del Espectro Autista en la Ciudad de Ceuta, para su discusión en la Comisión de Educación y
Formación Profesional.
Exposición de motivos
Los trastornos del espectro autista (TEA) son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Los niños con TEA se comunican, interactúan, se comportan. y aprenden de
maneras distintas a otras personas. También las destrezas de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas con TEA pueden variar. Tienen distintas maneras de aprender, prestar atención o reaccionar ante las cosas.
De conformidad con lo expuesto en la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pone de manifiesto, en su preámbulo, que la educación constituye un instrumento de mejora de la condición humana y de la
vida colectiva y establece, en su Título Preliminar, los principios en los que se inspira el sistema educativo, entre otros: la calidad de la educación para todo el alumnado; la equidad, que garantice la igualdad de derechos y de oportunidades,
la. no discriminación y la inclusión educativa; la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado; la orientación educativa y profesional de los estudiantes para el logro de
una formación personalizada que propicie una educación integral; y la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes. La citada Orden establece, además, los principios generales que
han de regir la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y los recursos para su tratamiento educativo con el fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos y competencias establecidos con carácter general para todo el alumnado. Asimismo, el Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se regulan la admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados, los requisitos que
han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil y la atención a la alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, establece los principios generales
referidos al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y determina que, de acuerdo con la Disposición Final Primera, el Ministerio de Educación ordenará para el ámbito de su competencia la atención al citado alumnado y desarrollará los
aspectos referidos a la evaluación psicopedagógica. A su vez, regula la ordenación de la educación del referido alumnado a fin de que adquieran las competencias básicas que les permitan su desarrollo integral, reconociendo sus potencialidades y
aportaciones, con la aplicación de las medidas que sean precisas para dar respuesta a las necesidades individuales y con la participación del conjunto de la comunidad.
Uno de los grandes problemas que padece el sistema educativo en Ceuta es que carece de una modalidad de escolarización que está implantada en las 17 Comunidades Autónomas, en concreto, la escolarización en Aulas de Educación Especial en
Centros Ordinarios. Al no contar con este tipo de aulas, los orientadores de los centros escolares se ven obligados a enviar a los alumnos que no pueden seguir en su aula ordinaria con los apoyos de que dispone el centro al colegio de educación
especial San Antonio, que se ha convertido en un cajón de sastre, ya que cualquier niño con alguna disfunción que no pueda seguir en su aula ordinaria es derivado allí. Como ejemplo, la ciudad de Algeciras, con más de 121.000 habitantes, tiene un
solo centro de educación especial con unos 60 alumnos, mientras en Ceuta, con 85.000 habitantes, San Antonio tiene 134 alumnos, lo que lo convierte en el centro de educación especial con mayor número de alumnos de España.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas mencionadas, no se puede tolerar la desigualdad que genera que los niños con TEA se vean abocados al modelo educativo estándar, y no se atiendan sus necesidades especiales por problemas derivados
de los reducidos recursos humanos y técnicos existentes en el apoyo educativo y social al alumno en la ciudad de Ceuta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Crear dos Aulas de Educación Especial en centros educativos ordinarios, una genérica y otra Específica en Trastorno del Espectro Autista.
2. Dotar a los centros escolares de infantil y primaria de un Oficial de Actividades Específicas (cuidador), para el apoyo al alumnado que presente problemas graves en la autonomía personal, como indica el Anexo III de la Orden EDU
849/2010, así como cubrir la plantilla de Oficial de Actividades específicas en el Único centro de educación especial de Ceuta, en el que faltan por cubrir las plazas de doce profesionales.
3. Aumentar el cupo de maestros de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, para apoyar a los centros más saturados de alumnos con necesidades educativas especiales.
4. Aumentar la oferta de formación profesional para alumnos con necesidades educativas especiales, sobre todo en los ciclos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y formación profesional no reglada.
5. Potenciar la oferta formativa en TEA para los docentes y Oficiales de Actividades Específicas (cuidador).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-María Teresa López Álvarez, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de
Educación y Formación Profesional, una Proposición no de Ley para el traspaso de los recursos y gestión de las becas y ayudas al estudio a la Generalitat de Catalunya.
Exposición de motivos
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 188/2001, dictaminó que las Comunidades Autónomas son competentes para la gestión, la resolución y el pago de las becas y ayudas al estudio universitario y que el Estado debe distribuir entre las
Comunidades Autónomas los créditos presupuestarios necesarios con criterios objetivos.
En 2016 el propio Tribunal Constitucional manifestaba en la Sentencia 95/2016, de 12 de mayo, su sorpresa por el hecho que el Estado haya seguido ejerciendo unas competencias que el propio Tribunal había declarado de titularidad autonómica
hacía 15 años. Era la tercera sentencia del TC, dictada a instancias de la Generalitat, que se pronunciaba sobre el mismo tema. Es decir que desde el año 2001, hace más de 18 años, la Generalitat de Catalunya debería disponer del pleno ejercicio
de las competencias de gestión de becas y ayudas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin embargo, el traspaso sigue sin haberse formalizado.
El Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, en su artículo 131.3, establece que la Generalitat tiene la competencia compartida en 'el régimen de fomento del estudio, de becas y de ayudas estatales'. Además, el artículo 172.1.g establece la
competencia exclusiva en universidades sobre 'La regulación y la gestión del sistema propio de becas y ayudas a la formación universitaria y, si procede, la regulación y la gestión de los fondos estatales en esta materia'. Por ello, la
reivindicación del traspaso tiene un doble objetivo: 1) ejercer las competencias de la Generalitat en materia de becas y ayudas al estudio; y 2) garantizar la igualdad de oportunidades y que ninguna persona deje de estudiar por carecer de los
recursos económicos necesarios para estudiar, en la realidad social y económica de Catalunya, que no es la misma que para el conjunto del Estado.
En consecuencia y sin vulnerar los principios de equidad, al contrario, es imprescindible que la Generalitat gestione los recursos estatales en materia de becas y que, además, pueda establecer criterios de corrección interterritoriales que
contemplen aspectos como el diferencial de coste de la vida, con el fin de evitar que perjudiquen a ciudadanos con menos recursos, afectados por unos criterios no equitativos que los penalizan por su comunidad de residencia. Cabe recordar que en
Catalunya el porcentaje de estudiantes beneficiarios de becas y ayudas al estudio respecto a la población estudiantil es inferior a la media estatal y al de la mayoría de Comunidades Autónomas, lo cual no aporta equidad al sistema.
Asimismo, en este contexto de competencias compartidas, es preciso facilitar que la Generalitat pueda articular sistemas complementarios de becas, respecto al sistema estatal, garantizando con ello su capacidad de ejercitar sus competencias
en materia de becas y de lucha por la igualdad en su territorio, de manera compatible con las que tiene atribuidas el Estado.
En síntesis, en diversas ocasiones, el Tribunal Constitucional ha reconocido la competencia de la Generalitat de Catalunya para gestionar las becas y ha constatado, desde 2001, el incumplimiento reiterado por parte del Gobierno del Estado de
la trasferencia de la competencia. Por eso, no hay duda sobre las competencias de la Generalitat en esta materia y resulta imprescindible que el Gobierno del Estado cumpla con las sentencias del Tribunal Constitucional STC 188/2001, de 20 de
septiembre, STC 25/2015 y STC 95/2016, por las que se dictamina la necesidad de hacer efectivo el traspaso a la Generalitat de Catalunya de la competencia en gestión de becas y ayudas al estudio.
A la espera de completar este traspaso y en esta situación de provisionalidad permanente, el Gobierno del Estado ha ido firmando convenios con la Generalitat para la gestión de las becas y ayudas al estudio correspondientes a cada curso
académico, en lugar de hacer el traspaso de funciones, medios y servicios para poder ejercer con propiedad las competencias. Cabe destacar que el marco jurídico para establecer el traspaso demandado por la Generalitat tiene sus precedentes, así el
Real Decreto 1014/1985, de 25 de mayo, permitió el traspaso de las competencias en esta materia al País Vasco; el Real Decreto 2295/1983, de 28 de julio, prevé que las Comunidades Autónomas con competencia plena en materia educativa pueden asumir
todas las funciones para la convocatoria y concesión de becas y ayudas; o el Real Decreto 305/1985, de 6 de febrero, de traspaso de servicios a la Generalitat de Catalunya, de la gestión de becas y ayudas al estudio universitario.
Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional, existe el reconocimiento para que Catalunya pueda ejercer su competencia para la gestión y concesión de becas y ayudas al estudio. El Gobierno no puede perpetuar más esta situación de
provisionalidad e incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional,
Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a traspasar a la Generalitat de Catalunya, en el plazo de seis meses, el pleno ejercicio de las competencias en gestión de las becas y ayudas al estudio, que en todo caso incluyen: las
relativas a la determinación de los criterios de ponderación de las solicitudes y de los criterios en razón a los que se podrá denegar la beca; la gestión, el control y la resolución de las convocatorias; y la determinación de su procedimiento, en
cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2001, de 20 de septiembre y siguientes, y de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Catalunya.
Asimismo, la Generalitat deberá poder incorporar criterios de corrección en los tramos de renta correspondientes para el acceso a las becas y ayudas al estudio en su territorio, así como articular sistemas complementarios de becas, respecto
al sistema estatal, compatibles con este.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado Néstor Rego Candamil del Bloque Nacionalista Galego, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para la reparación del 'Blue Star' en las instalaciones de Navantia de la Ría de Ferrol para su debate en Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El pasado día 31 de enero, la sección sindical de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en Navantia, hacía pública una reclamación para que la dirección y los responsables políticos de la empresa hicieran todo lo posible para que el
buque 'Blue Star' se repare en las instalaciones de Reparacións de Navantia Ría de Ferrol.
Se trata del buque que encalló en la costa de As Mirandas, en la Ría de Ares, una zona muy próxima a la Ría de Ferrol y, por lo tanto, a las instalaciones de Navantia, dejando en evidencia una vez más la fragilidad y vulnerabilidad da la
costa gallega, siempre en riesgo de sufrir catástrofes medioambientales por el elevado tráfico marítimo que soporta, y por el hecho de servir, como es el caso de la Ría de Ares, como fondeadero natural para resguardo ante temporales o a la espera de
poder entrar a los puertos de Ferrol o A Coruña.
Los representantes sindicales de Navantia llaman la atención en su reclamación sobre la drástica caída de la ocupación en obra nueva, y por lo tanto, la necesidad de materializar todas las posibilidades de contratación en el área de
Reparacións. De hecho, la continuidad o el cese de un numeroso colectivo de la industria auxiliar, por ejemplo de la empresa Nervión pero no exclusivamente, depende de este contrato, que por volumen y características del trabajo requerido podría
proporcionar ocupación a todo ese colectivo, o a un porcentaje muy significativo del mismo.
Por todo ello se le presenta al gobierno la oportunidad de hacer de la necesidad virtud, transformando un accidente marítimo en empleo, precisamente en una comarca y un sector que lleva ya muchos arios al borde del abismo, resarciendo así,
en parte, los perjuicios causados.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Realizar todas las gestiones necesarias para que el buque 'Blue Star' sea reparado íntegramente en las instalaciones de Navantia Ría de Ferrol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación de los elementos valorativos de la epilepsia para
la asignación de discapacidad, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS), describe la epilepsia como 'una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de
movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (convulsiones parciales), o a su totalidad (convulsiones generalizadas), y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia, que se debe a descargas eléctricas excesivas de grupos
de células cerebrales y cuya frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día'.
Se estima que en España pueden existir más de 400.000 ciudadanos que padecen esta patología en nuestro país, con diferentes manifestaciones clínicas y repercusiones en su vida diaria. La epilepsia se caracteriza por una alteración del
cerebro que predispone a éste a generar crisis epilépticas, con consecuencias sustanciales en el ámbito cognitivo, psicológico, neurológico y social. La epilepsia es una de las causas de consulta más frecuentes en un servicio de Neurología, siendo,
además, una de las enfermedades que más afectan a la calidad de vida del paciente de las tratadas en este tipo de servicios.
La afectación que esta patología supone, en numerosas ocasiones, a las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) es significativa. La epilepsia no solo tiene como consecuencias directas las crisis convulsivas, también existen numerosos
casos en los que la epilepsia causa un deterioro cognitivo significativo de la persona que la padece, problemas de psicomotricidad y lenguaje, pérdida de habilidades motoras, etc. Su tratamiento también posee consecuencias directas sobre el
bienestar del paciente. Todas ellas, consecuencias que afectan directamente al desarrollo personal del afectado y a su bienestar físico, psíquico y social.
El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía establece una serie de criterios concretos a la hora de conceder minusvalías a personas afectadas por
epilepsia. En concreto, el mencionado Real Decreto establece lo siguiente:
'Para considerar que un paciente se encuentra adecuadamente tratado se precisa la demostración de una correcta dosificación de fármacos antiepilépticos, mediante determinación de niveles plasmáticos de fármacos que deberán encontrarse en
rangos terapéuticos.
Será necesario que el paciente haya permanecido con crisis, a pesar del tratamiento correcto, durante más de un año antes de proceder a la valoración.
La discapacidad que produzca la epilepsia dependerá fundamentalmente del número y tipo de crisis. Las crisis generalizadas tipo ausencias y las parciales simples son menos discapacitantes que las restantes crisis generalizadas (mioclónicas,
tónicas, tónico-clónicas y atónicas) y que las crisis parciales complejas. Por este motivo, las ausencias y crisis parciales simples sólo serán incluidas en clase o clase 11.
Dado que muchas epilepsias aparecidas en la infancia tienen tendencia a estabilizarse con la edad, en estos casos se realizarán revisiones cada cinco años.'
Es decir, es preciso que tenga crisis desde hace un año, y se valora 'fundamentalmente' el número y tipo de estas. No teniendo en cuenta, en ningún momento, sus consecuencias.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos preciso que se revisen los criterios para el reconocimiento de la discapacidad en la patología de la epilepsia, ya que tener en cuenta sólo el número de crisis y no sus consecuencias, de
las que existe suficiente evidencia para saber que pueden tener importantes repercusiones para la salud física, psíquica y social del paciente, y, por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, en concreto a lo relativo a los criterios para la asignación del grado de discapacidad
por epilepsia, a fin de que el grado dependa del número y tipo de crisis, pero también del grado de afectación y limitaciones de las Actividades Básicas de la Vida
Diaria (ABVD) como consecuencia de la enfermedad y de los factores neurobiológicos, psicosociales y farmacológicos.
2. Ajustar y actualizar la nomenclatura utilizada en el citado Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, para la epilepsia en base al nuevo sistema de clasificación establecido por la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE).
3. Desarrollar una Estrategia Nacional de Epilepsia en la que se recojan todas las acciones necesarias a desarrollar en los ámbitos sanitarios, social, educativo y laboral, con el objetivo de que esta enfermedad sea correctamente asumida y
se rompa la estigmatización que existe sobre los afectados.
4. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la necesidad de garantizar unos estándares de calidad comunes en los centros especializados de atención a la epilepsia en todo el territorio nacional en relación a los
documentos de valoración específicos, así como la necesidad de protocolizar en todos los territorios, los recursos humanos y materiales precisos, con la finalidad de que un centro hospitalario pueda abrir una unidad especializada en epilepsia.
5. Realizar campañas de formación e información para que la epilepsia deje de suponer una discriminación para los pacientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000200
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley sobre el programa específico de seguros agrarios en Canarias.
Exposición de motivos
Dentro del nuevo Régimen Económico y Fiscal se recogen una serie de medidas que pretenden que el sector primario, fundamental para el mantenimiento medioambiental de nuestra tierra y para mantener el apego poblacional en las zonas rurales.
Nuestro sector agrario puede y debe incrementar su peso en la economía canaria.
El Régimen Económico y Fiscal es por tanto un documento clave para el desarrollo socioeconómico del Archipiélago y, en concreto, para el sector primario al contener medidas específicas para el mismo. Su anclaje en nuestro Estatuto de
Autonomía ha sido fruto de un intenso trabajo que ha dado como resultado la consolidación de unos derechos para el sector primario de nuestra Tierra.
Entre estas medidas se encuentra la obligación para el Gobierno de España de consignar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para incrementar un 65 % la subvención base que en cada momento establezca la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios para los seguros agrarios de aplicación en Canarias.
En virtud de ello por parte de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario se ha venido solicitando una partida específica para seguros agrarios en Canarias que se estima en aproximadamente 10 millones de euros a fin de cumplir con esta
obligación. Por parte del Gobierno de España se planteó la posibilidad de destinar una partida específica dentro de la global recogida en el Programa 416A que no se ha cumplido.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a destinar una partida específica de 10 millones de euros para incrementar un 65 % la subvención base que establece la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para los seguros de
aplicación en Canarias en cumplimiento de lo establecido en el Régimen Económico y Fiscal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000203
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley sobre el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y sus consecuencias para el sector agrario canario.
Exposición de motivos
El pasado mes de julio, la Unión Europea anunciaba la firma de un Acuerdo con los países integrantes de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Este Tratado pretende establecer condiciones favorables para la entrada de
producciones de estos países.
En la comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Comisión correspondiente el pasado 12 de septiembre, se reconoció la no existencia de términos definitivos en dicho Acuerdo, que todavía está en negociación, y por
tanto la posibilidad de introducir cláusulas que impidan consecuencias negativas para el sector agrario canario, fundamentalmente las producciones de plátano, aguacate, carne y vino.
Por todo ello, desde Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario pedimos al Gobierno de España que cree un Comité de Expertos que, conjuntamente con los sectores afectados, elaboren un informe técnico, tal y como ha hecho el Gobierno
francés.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Crear un Comité de Expertos que, conjuntamente con los sectores agrarios afectados, elabore un informe de evaluación sobre las consecuencias del Tratado UE-Mercosur sobre el sector agrario canario.
2. Impedir que el Tratado UE-Mercosur recoja nuevas rebajas arancelarias a la entrada de bananas u otras frutas tropicales o subtropicales o productos cárnicos.
3. Exigir a los productos recogidos en el Tratado UE-Mercosur las mismas condiciones fito y zoosanitarias, laborales y medioambientales que se exigen a las producciones europeas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de impulso del sector agrario, para su debate en
la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario español se encuentra en una situación crítica en la actualidad. A la tradicional falta de rentabilidad de muchos proyectos, algunos condenados a vender por debajo de su coste de producción, se ha venido sumando el
creciente fenómeno de la despoblación; en parte como respuesta lógica de la primera problemática mencionada.
Actualmente, el campo español muestra síntomas de agotamiento; lo que unido a los pésimos datos de empleo del pasado mes de enero ha conducido a un estallido social en forma de protesta de las organizaciones agrarias.
En toda España ya se han producido distintas manifestaciones contrarias a esta situación y solicitando garantizar una rentabilidad adecuada para los productos agrícolas y ganaderos.
La delicada situación del campo español, que encuentra dificultades no ya para crecer sino mantener su actividad, contrasta fuertemente con los fines que el Gobierno dice perseguir, entre ellos evitar la despoblación de las áreas rurales.
Conviene recordar que el sector primario es tanto una de las principales actividades que permite la fijación de la población a un determinado terreno como un potencial sumidero de carbono en el caso de la agricultura sostenible, elementos que además
se han configurado como prioridad gubernamental bajo el mando de la Vicepresidencia Cuarta.
La gran mayoría de sectores y agentes que componen la cadena de valor agroalimentaria han experimentado un entorno de gran competencia que les ha obligado a abordar grandes transformaciones. Así, el sector de la distribución ha tenido que
apostar y consolidarse enormemente, muchas pequeñas tiendas al por menor desaparecieron, empresas manufactureras cerraron o fueron absorbidas y otras optaron por sumarse a la producción de 'marea blanca', etc.
De igual modo, es preciso acometer un proceso de reconversión y modernización en el sector de la agricultura y la ganadería que promueva, además de las asociaciones y cooperativas; las economías de escala, la fusión de explotaciones, la
reducción de la incidencia de costes fijos y el impulso de la I+D+i que dé lugar a un mejor y más diferenciado producto.
A tenor de esta realidad, es imprescindible acometer medidas con el fin de restablecer el equilibrio entre todos los protagonistas de la cadena alimentaria, garantizando la suficiencia y competitividad del conjunto del sector y especialmente
los productores, para lo cual es necesario clarificar las condiciones en las que se puede dar las ventas a pérdida; garantizando la seguridad jurídica de las partes.
Por último pero no menos importante, es imprescindible acometer medidas de apoyo para la transformación y mejora competitiva del sector agrícola; tales como asegurar la igualdad de condiciones de acceso al mercado, una mayor y mejor
información para los agentes o la certidumbre de los plazos de pago.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asegurar, en el marco de sus competencias y de las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) que los productos agroalimentarios compiten en igualdad de condiciones con independencia de su procedencia, es decir, que se producen
bajo los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria.
2. Garantizar que la información al consumidor sea clara y concisa, detallando claramente la el origen y la composición de los productos.
3. Reforzar las competencias y los medios de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y garantizar el cumplimiento estricto de los plazos de pago entre las partes de la
misma, así como de los contratos entre las partes.
4. Asegurar, en colaboración con las autoridades de competencia, que ninguna de las partes de la cadena alimentaria impone un sobreprecio a los sucesivos productos.
5. Crear o impulsar cauces para poder denunciar abusos de forma anónima entre las partes a fin de evitar represalias y asegurar el correcto funcionamiento del mercado.
6. Fomentar los canales cortos y normativas que faciliten la venta directa de los productos agrícolas y ganaderos.
7. Impulsar un Plan Nacional contra la Despoblación, en el que se contemple reducir el IRPF un 60 % a todas las personas que vivan, con residencia habitual y efectiva, en los municipios en riesgo de despoblación con el fin de fomentar la
repoblación y dinamización económica de los municipios en riesgo de despoblación.
8. Apoyar el emprendimiento en el mundo rural a través de una tarifa superreducida de 30 euros durante dos años y la exención de cuotas durante 3 años para aquellos autónomos que tengan hijos.
9. Diseñar e implementar un 'Plan de choque contra la brecha digital' en el medio rural que afecta a casi el 20 % de la población española. Establecer en el mismo como obligación de servicio público la conectividad de banda ancha (100
Mbps) en todos los hogares españoles, urbanos o rurales, así como el acceso ininterrumpido a conexión inalámbrica de tecnología 4G en todas las zonas urbanas y vías de comunicación de titularidad estatal.
10. Facilitar el relevo generacional en explotaciones agrarias para mantener su actividad tras la jubilación, de su titular armonizandos los diferentes incentivos fiscales existentes en el ITP/AJD y en el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, tanto estatales como autonómicos.
11. Estudiar la posibilidad de establecer reducciones en Los sistemas dee módulos de los sectores que han sido afectados por situaciones excepcionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-María del Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la basura marina en el Mediterráneo, para
su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Los desechos marinos son un problema cada vez más preocupante. La Unión Europea estima que hay acumuladas más de 150 millones de toneladas de plásticos en los océanos y que entre 4,6 y 12,7 millones de toneladas se vierten adicionalmente
cada año. La basura marina afecta al 40 % de los cetáceos y al 90 % de las aves marinas, que ya habrían ingerido plástico.
Según un reciente informe de la organización ecologista WWF, cada año, unas 570.000 toneladas de plástico entran en aguas mediterráneas, el equivalente a arrojar el contenido de 66.000 camiones de basura en el mar. Además, los plásticos han
entrado en la cadena alimentaria a través de los microplásticos, con efectos desconocidos para nuestra salud.
Debido a su situación geográfica, España es uno de los países del Mediterráneo con mayor afectación de la por la acumulación de basura marina (kg/km) en la zona.
A pesar de que se cuenta con normas que limitan y sancionan el vertido de basura, el grado de aplicación de sanciones, tanto en el ámbito local, como autonómico y estatal es muy reducido ante la dificultad de identificación de los
generadores de basura. Por tanto se hace necesario reforzar las infraestructuras y las medidas de control y sanción, así como la concienciación y educación cívica para luchar contra el problema de la basura marina.
Asimismo es importante tomar en cuenta que muchos de los principales generadores de basura marina no se encuentran en Europa; de hecho según el informe de WWF Egipto (43 %) y Turquía (19 %) son los países con más vertidos, pero sus impactos
sí se hacen notar en las aguas europeas y españolas ya que según los mismos datos Barcelona (26,1 kg/km) es la segunda ciudad más contaminada del Mediterráneo y Valencia (12,9 kg/km) la quinta.
Además, la lucha contra la basura marina y la gestión de los plásticos puede crear nuevas oportunidades en materia de innovación, competitividad y empleo. Actualmente algunas de las zonas afectadas no cuentan con ningún plan específico para
luchar contra la basura marina; únicamente existen campañas puntuales y acciones dentro de un marco general de gestión de residuos.
España debe situarse a la vanguardia de la transición hacia una Economía Circular, y la contaminación en el Mediterráneo exige un plan integral específico y ambicioso que defina unos parámetros de actuación a medio y largo plazo contra la
basura marina en dicho mar.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio completo de las basuras marinas en nuestro litoral, de sus orígenes y naturaleza, localizando los focos prioritarios de actuación, e implicaciones para la salud humana.
2. Impulsar las medidas oportunas para que, en coherencia con la normativa europea, y en particular con la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 relativa a la reducción del impacto de
determinados productos de plástico en el medio ambiente, implemente medidas sectoriales específicas contra la basura marina con origen en la pesca, agricultura, minería offshore y navieras.
3. Realizar campañas de educación y sensibilización ciudadana, dirigidas a colectivos específicos centrados en exclusiva en la basura marina, e impulsar iniciativas de apadrinamiento de áreas naturales, manteniéndola sin basura a través de
limpiezas.
4. Impulsar protocolos de colaboración en materia de investigación de vertidos ilegales, en colaboración con las Comunidades Autónomas implicadas en la protección del Mediterráneo para lograr un trabajo más efectivo por parte de Agentes
forestales y rurales y el SEPRONA.
5. Desplegar instrumentos de cooperación internacional al desarrollo que impulsen medidas para la lucha contra la basura marina en el Mediterráneo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000196
A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Democrático
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley sobre Convenio de Obras Hidráulicas con Canarias.
Exposición de motivos
Dentro de las líneas de trabajo en materia de agua en Canarias, se han incorporado a la gestión del agua aquellos valores medioambientales dictados por la Directiva Europea Marco del Agua, y el compromiso de continuar trabajando para
implementar el ciclo integral del agua.
Por lo tanto es imprescindible que el Estado cumpla con los compromisos adquiridos en materia de infraestructuras hidrológicas, una inversión programada y acordada en 900 millones de euros en los próximos doce años.
Ya en el año 2018 se incumplió parte de este compromiso, al no transferir los 40 millones de euros correspondientes al Convenio de Obras Hidráulicas del año 2018. En el año 2019, la partida correspondiente a este Convenio, que se encontraba
en los Presupuestos Generales del Estado, en el Programa 452A del Ministerio de Transición Ecológica, sin que hasta el momento se hayan firmado el
acuerdo ni transferidos los fondos. Por tanto dado que en el año 2020 los Presupuestos Generales del Estado se encuentran nuevamente prorrogados, es urgente iniciar los trabajos para que se transfieran cuanto antes las cantidades recogidas
en ese convenio y que se acometan las obras previstas.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a firmar el Convenio con el Gobierno de Canarias que haga posible la transferencia de los fondos del Convenio de Obras Hidráulicas, previsto en el Programa 452A y dotado con 40
millones de euros para el año 2020 así como las cantidades pendientes de ejercicios anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000197
A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Democrático
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley sobre Convenio en materia de depuración de aguas.
Exposición de motivos
Dentro de las líneas de trabajo emprendidas en Canarias con el fin de incorporar a la gestión del agua aquellos valores medioambientales dictados por la Directiva Marco del Agua, se han impulsado los segundos ciclos de Planificación
Hidrológica ya entregados a Europa y se ha iniciado la coordinación para redactar los planes de tercer ciclo, situando la planificación hidrológica de las islas al mismo nivel que el resto de regiones europeas.
La implantación de este ciclo integral del agua tiene como objetivo mejorar las condiciones ambientales de las aguas costeras y subterráneas, completar el sistema de reutilización de agua depurada para generar más recursos hídricos para la
agricultura de las islas y reducir de manera paulatina el agua regenerada que se vierta al mar, para ser utilizada en otros fines.
Por eso imprescindible que el Estado cumpla con sus compromisos en materia de depuración de agua, y por tanto que se transfieran cuanto antes a Canarias los 10 millones de euros que se contemplan en el Programa 452A del Ministerio de
Transición Ecológica mediante la firma del oportuno Convenio entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, así como las cantidades adeudadas en esta materia de ejercicios anteriores.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a firmar el Convenio del Gobierno de España con el Gobierno de Canarias que haga posible la transferencia de los 10 millones de euros, previsto en el Programa 452A para la depuración
de aguas, así como las cantidades adeudadas de ejercicios anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000199
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley sobre Obras de Regadío de interés general del Estado en Canarias.
Exposición de motivos
Dentro de la línea emprendida en Canarias de incorporar a la gestión del agua aquellos valores medioambientales dictados por la Directiva Marco del Agua, se han implementado medidas relativas a que a través del ciclo integral del agua se
mejoren las condiciones ambientales de las aguas costeras y subterráneas y se aumente el ahorro del agua que se vierte al mar mediante obras de regadío en zonas de las Islas que además, en muchos casos, al ponerse en cultivo, ayudan a detener el
avance de los incendio forestales, tan perniciosos para algunas islas.
Dentro de las obras declaradas de interés general del Estado se encuentran tres obras ubicadas en las islas:
Modernización y mejora de la zona sudeste de La Palma, TTMM de Breña Alta, Breña Baja, Mazo y Fuencaliente (La Palma). Declarada de interés general del Estado por Real Decreto-ley 10/2005 de 20 de junio tiene como objetivo el
establecimiento de dos redes de distribución de agua a presión y dos depósitos semienterrados de agua para riego en una zona con una superficie útil de cultivo de unas 358 hectáreas, en su mayoría platanera, en la Comarca sudeste de La Palma,
términos municipales de Breña Alta, Breña Baja y Villa de Mazo.
Modernización y mejora de la Red de Riego de El Golfo, Isla de El Hierro y TM de Frontera (El Hierro). Declarada de interés general por el Real Decreto-ley 10/2005 de 20 de junio tiene como objeto modernizar el regadío de 210 hectáreas,
distribuidas en 430 parcelas cultivadas principalmente por piña tropical y plátano.
Modernización y mejora de la zona sudoeste de la isla de Tenerife, TTMM de Adeje, Guía de lsora y Santiago del Teide (Tenerife). Declarada de interés general por el Real Decreto Ley 10/2005 de 20 de junio, tiene por objeto la instalación de
una coordinación paralela a la conducción paralela a la conducción de transporte para la reutilización de aguas residuales depuradas desde la EDAR de Adeje-Arona hasta Santiago del Teide. Desde esta red paralela salen distintos ramales, conformando
asi la red de distribución de aguas residuales depuradas de la zona, la construcción de la balsa de las Charquetas y un depósito de cola en Santiago del Teide.
Estas zonas, como muchas otras en Canarias son imprescindibles para afrontar la sequía que padecemos y poner o mejorar el cultivo de grandes extensiones en estas tres Islas.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a agilizar la financiación y contratación de las fases pendientes de las obras de interés general declaradas por Real Decreto-ley 10/2005 siguientes:
- Modernización y mejora de la zona sudoeste de La Palma, TTMM de Breña Alta, Breña Baja, mazo y Fuencaliente.
- Modernización y mejora de la Red de Riego de El Golfo, Isla de El Hierro, TM de Frontera (El Hierro).
- Modernización y mejora de la zona sudoeste de la isla de Tenerife, TTMM de Adeje, Guía de lsora y Santiago del Teide (Tenerife),
que tienen financiación en los Presupuestos Generales del Estado vigentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000201
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión,
la, siguiente Proposición no de Ley sobre transferencia de partida para agua de pozos.
Exposición de motivos
La situación geográfica de Canarias conjuntamente con la no existencia de aguas superficiales han llevado a los canarios a buscar múltiples formas de obtención de agua a través de galerías, pozos o mediante la desalinización de aguas.
La sequía de los últimos años ha agravado la situación hídrica de las islas, y ha hecho imprescindible el apoyo a estos pozos para que puedan subsistir y seguir prestando servicios.
El artículo 1.18 de la Ley 8/2018 de 5 de noviembre por la que se modifica la Ley 19/1994 de 6 de julio de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el artículo 14 recoge la obligación de establecer reglamentariamente un
sistema de compensación, consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las Islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del
resto del territorio nacional, así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la elevación de pozos y galerías.
A través del Real Decreto 217/2019 de 29 de marzo por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y galerías
para el riego agrícola en Canarias habilitó la transferencia de los 8 millones de euros correspondientes al año 2018, pero no se ha producido la transferencia de los fondos correspondientes al 2019.
Dado que se han prorrogado de nuevo los Presupuestos Generales del Estado para 2020 debe producirse además la transferencia de los fondos contemplados en este Presupuesto para el mismo fin.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a habilitar mediante la forma legal oportuna y transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias los 8 millones de euros para agua de pozos y desalinizada contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado en vigor, así como la partida presupuestaria correspondiente al 2019.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Cultura y Deporte
161/000207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la incorporación definitiva del fútbol femenino en La
Quiniela, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La realidad del fútbol femenino se ha transformado radicalmente en las últimas décadas. El progresivo aumento de las licencias federativas de mujeres y los éxitos alcanzados los últimos años, entre los que cabe destacar la consecución del
Mundial por parte de la selección femenina Sub-17, la victoria de la Sub-19 en el Europeo, y el subcampeonato del mundo de la selección Sub-20, todos durante el año 2018, han puesto el fútbol femenino de moda en nuestro país y ha conseguido
visibilizar la batalla de las futbolistas por la igualdad y por la mejora de sus condiciones laborales.
Entre los hitos conseguidos por el fútbol femenino español, también cabe destacar el record de asistencia alcanzado en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de la Reina que enfrentó al Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid en
San Mames, donde se congregaron 48.121 aficionados. Esta cifra, superaba en 12.000 personas la anterior marca, situada en 36.000 espectadores que asistieron a la victoria por 5-0 del Athletic frente al Híspalis que le daba su primer título liguero
en el año 2003. Además, los 48.121 aficionados suponen la segunda marca de un partido de fútbol femenino a nivel mundial en un duelo entre clubes, solo superada por los 51.211 de un Monterrey-Tigres de la Liga mexicana.
En estos momentos, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el futbol femenino es la falta de financiación. Tanto es así, que la firma del primer Convenio Colectivo del Fútbol Femenino se encuentra paralizada debido a las
discrepancias entre la RFEF y Mediapro, en cuanto al dinero que deben pagar a los clubes para que estos puedan hacer frente a los compromisos alcanzados en el preacuerdo entre los que se encuentra un sueldo mínimo de 16.000 a jornada completa, el
derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de 30 días naturales o la creación de una indemnización por incapacidad de forma total como consecuencia directa del fútbol de 90.000 euros, entre otros derechos que mejoraran sustancialmente la
situación laboral de las jugadoras del fútbol femenino profesional en nuestro país.
En febrero de 2019, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), propuso una batería de medidas para atraer más apoyo económico al fútbol femenino, entre las que se encontraban la presencia de la Primera lberdrola en todas las quinielas de
la temporada y que se destinara un porcentaje de la recaudación al desarrollo del fútbol femenino. Esta medida, ya contaba con precedentes en la historia de 'La Quiniela'. En el año 2017, se puso a la venta por primera vez en sus 71 años de
historia un boleto de 'La Quiniela' que incluía un encuentro de la Liga Femenina de fútbol. Finalmente, durante la Temporada 2017/2018, se incluyeron 11 partidos de la Liga Femenina en 'La Quiniela'. Cabe destacar, que de los 11 partidos que se
incluyeron durante la temporada 2017/2018 en esta apuesta, 7 lo fueron por motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer esa misma semana.
Hasta el momento, la inclusión de partidos en 'La Quiniela' ha sido positiva en términos de recaudación. A modo de ejemplo, la jornada en el que se incluyeron 7 partidos por motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la
recaudación semanal alcanzó los niveles habituales de recaudación.
Los antecedentes mencionados a lo largo de la exposición de motivos, presentan la idea de inCluir de manera permanente partidos de la Primera División Femenina de España en 'La Quiniela' como una herramienta que 'contribuya a la captación de
inversores privados y a generar afición, lo que contribuirá a un mayor desarrollo del futbol femenino'. Esta medida, en todo caso, deberá ir acompañada de reformas legales que garanticen que una parte del dinero recaudado en 'La Quiniela' y a la
financiación del fútbol femenino profesional y a la promoción del fútbol femenino en etapas formativas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Realizar las modificaciones necesarias para hacer efectiva la incorporación permanente de partidos de la Primera División Femenina de España en 'La Quiniela'.
2. Realizar una modificación del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado para modificar el reparto de las recaudaciones que se obtengan, garantizando que los clubes que participan en la Primera lberdrola
reciben un porcentaje fijo de la recaudación generada, una vez se haya hecho permanente la presencia de partidos de la Primera División Femenina de España en 'La Quiniela', a través de un fondo que se distribuya equitativamente a los clubes
mediante una comisión en el seno del Consejo Superior del Deporte.
3. Realizar una modificación del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado para garantizar que se destina un porcentaje fijo de la recaudación que reciben las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades Autónomas, a la promoción del futbol femenino en etapas formativas.
4. Incluir de manera permanente, hasta que los cambios mencionados en los puntos anteriores se materialicen, al menos dos partidos de cada jornada de la Primera División Femenina en 'La Quiniela', como herramienta para la promoción y
difusión de este evento deportivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al apoyo del Gobierno de la
Nación al Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela en la próxima celebración del Año Jacobeo 2021, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela es el órgano ejecutor de las decisiones del Real Patronato de la Ciudad de Santiago de Compostela, un organismo presidido honorariamente por S. M. el Rey y creado con el objetivo de
coordinar las actuaciones del Gobierno de España, la Xunta de Galicia y el ayuntamiento de la ciudad para preservar y revitalizar el patrimonio de Santiago de Compostela.
El Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela, con personalidad jurídica propia, fue creado por el Real Decreto 260/1991, de 1 de marzo, y está adscrito al Ministerio de Hacienda. La finalidad que persiguen sus actuaciones es
preservar el importantísimo legado y el patrimonio histórico-artístico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Su actividad se engloba en varios programas, siendo los principales el programa de información, estudio e interpretación de la ciudad histórica, mejorando el conocimiento sobre la ciudad y su patrimonio y fomentando la investigación sobre
temas relacionados con la ciudad y sus caminos, el programa de recuperación urbana y el programa de dinamización turístico-cultural. A través de este último programa se financia el coste total de la Real Filharmonía de Galicia, la orquesta que
tiene su sede en el Auditorio de Galicia.
El presupuesto global anual del Consorcio se acerca a los nueve millones de euros, correspondiendo a la Administración General del Estado el 50 %, recursos que se destinan a los gastos ordinarios y fijos de carácter anual de este órgano.
En 2021 se celebra el primer año santo compostelano en 11 años. Desde el siglo XV al menos, aquellos años en los que la fiesta mayor del Apóstol Santiago, el 25 de julio, coincide en domingo, el Papa concede indulgencia plenaria, la
remisión de sus pecados, a quienes peregrinen al sepulcro compostelano y cumplan con una serie de requisitos. Desde hace cinco siglos Santiago celebra con solemnidad esos años en los que una gran multitud de fieles, en el pasado, y de turistas y
peregrinos en la actualidad, llenan sus calles.
Los años santos, comúnmente denominados Xacobeos, se han convertido en un motor de dinamismo y actividad económica para Galicia y para las comunidades autónomas por las que discurren los diferentes caminos jacobeos. Son años en los que una
variada programación cultural se prepara para consumo de viajeros y vecinos de Santiago, y en los que la puesta a punto de la ciudad en previsión de lo que será una
enorme afluencia de visitantes supone un enorme esfuerzo para las administraciones y también un considerable aporte de recursos económicos extra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar un apoyo decidido a la próxima celebración del Año Santo Jacobeo 2021, a través de la dotación adicional, extraordinaria y suficiente, de partidas presupuestarias específicas, diferentes
de las aportadas de manera anual, destinadas a impulsar la actividad del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela y para la realización de actuaciones vinculadas a la realización de la programación prevista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-Marta González Vázquez, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo del Gobierno de la
Nación a la celebración del año Jacobeo 2021, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
,
Exposición de motivos
El Año Santo Jacobeo o Compostelano es un privilegio papal que, a semejanza de la celebración jubilar del año 1300 en Roma, implica la indulgencia plenaria para todo fiel que realice su peregrinación en el año en el que la celebración de la
fiesta de Santiago Apóstol cae en domingo, es decir, cada seis, cinco, seis y once años. Con fecha incierta, pero con toda seguridad medieval, la indulgencia plenaria en año santo animó a muchos peregrinos procedentes de todos los puntos de Europa
a realizar su camino hacia Santiago de Compostela, para orar ante el sepulcro del Apóstol en el Finisterre gallego. El último año jacobeo se celebró en 2010, y el próximo será el 2021.
En 1990, el gobierno de la Xunta de Galicia, presidido por Manuel Fraga, comenzó a elaborar el Plan Xacobeo 1993, una oportunidad para que Santiago de Compostela y Galicia se presentasen ante Europa y España como una tierra atractiva y
acogedora desde el medievo, con un rico patrimonio natural, histórico, artístico y gastronómico. En esa fecha comenzó la recuperación de los caminos, los verdaderos protagonistas, junto con el peregrino, de una experiencia abierta, individual,
única, que protagonizan anualmente desde ese fecha, tal y como ocurría en la Edad Media, miles y miles de personas. Paralelamente, se comenzó a construir o rehabilitar albergues y hospederías que sirvieran de alojamiento a los peregrinos. Y en un
tercer plano se comenzó a trabajar en la proyección europea e internacional del destino, del camino al destino y de la forma de llegar a él, la peregrinación.
Todos los pronósticos de la Xunta se vieron sobrepasados por un éxito que conjuga la necesidad contemporánea de sosiego, reflexión y espiritualidad, frente a la tensión de la vida cotidiana, la creciente predilección por el contacto con la
naturaleza, el interés por el patrimonio cultural y la originalidad de la propuesta, pues podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no existe un itinerario religioso, espiritual y cultural similar en todo el mundo. En 2018 fueron 326.691 los
peregrinos que remataron su periplo en Santiago, de los cuales el 55 % eran extranjeros, siendo sus procedencias mayoritarias, además de España, Italia, Alemania y Estados Unidos. En total, 3,4 millones de personas sellaron su documento
acreditativo de la peregrinación, la llamada Compostela, desde ese año jacobeo de 1993.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta al Gobierno la necesidad de apoyar de manera prioritaria la próxima celebración del Año Jacobeo 2021, con todos los instrumentos a su alcance, y programando de manera preferente la localización en
Santiago de Compostela, y en las localidades situadas en los Caminos de Santiago, de todos aquellos eventos de carácter cultural cuya ejecución corresponda al Gobierno de la Nación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-Marta González Vázquez, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/000208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para promover y facilitar el acceso
de las pymes a la contratación pública, para su en la Comisión de Economía y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Las pymes son el sector más amplio y que más empleo genera en la Unión Europea; sin embargo, no es el que más contratos públicos gestiona. En concreto, las pymes constituyen más del 98 % de las empresas de la Unión Europea, pero solo
ejecutan directamente en torno a un 35 % de la contratación pública.
Teniendo presente esta diferencia, la 'Estrategia Europa 2020' considera que la contratación pública, que supone en torno al 20 % del PIB de la Unión Europea, desempeña un papel clave en la consecución de sus objetivos en tanto puede
contribuir de manera mediata a implementar las políticas de la Unión en materia social, medioambiental, de innovación, y de promoción a las pymes.
En esa línea, las diversas directivas europeas sobre contratación destacan como uno de los objetivos esenciales de la nueva regulación facilitar el acceso de las pymes a los contratos públicos, introduciendo flexibilidad en los
procedimientos, reduciendo la carga administrativa en los negocios, y evitando requisitos desproporcionados en cuanto a la posición financiera de los candidatos.
Así, la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, dispone que 'debe concederse especial importancia a la mejora de las posibilidades de acceso
para las pymes en todos los mercados de concesiones de la Unión'. Por su parte, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE,
señala que la contratación pública ha de realizarse 'facilitando en particular la participación de las pymes en la contratación pública'. Un objetivo también incluido por la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero.
Por todo ello, el Grupo febrero de 2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
Igualmente, en consonancia con la normativa europea, la legislación española incorporó el objetivo de favorecer el acceso de las pymes en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en el que se establece que 'los entes, organismos y entidades del sector público [...] promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información'.
Sin embargo, pese a estos objetivos, en la actualidad son todavía muchas las dificultades y barreras de acceso que las pymes encuentran para poder acceder a la contratación pública. Por un lado, los requisitos de solvencia exigidos para
garantizar la ejecución del contrato en ocasiones tan elevados que solo las empresas más solventes, pero no necesariamente las más competitivas, pueden presentarse a la licitación de contratos públicos. Seguidamente, una dificultad similar a la
anterior se plantea cuando el objeto del contrato, sea de obras o de suministros, se configura con una gran envergadura, lo cual, si bien en ocasiones permite obtener precios más asequibles, también en la práctica limita la participación en la
contratación pública a las grandes empresas, aun cuando se permitiese la subcontratación.
Asimismo, el incumplimiento en los plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas a las empresas contratistas, y, en consecuencia, de estas a sus suministradores y subcontratistas, muchas veces generan importantes dificultades a
las empresas que participan de la ejecución de contratos públicos, lo que una vez más termina por perjudicar a las pymes en detrimento de las empresas de mayor tamaño y, por tanto, con mayor solvencia, mayor capacidad de acceder a fuentes
alternativas de financiación, o mayores fondos propios para aguantar el retrasos de los p;agos por parte del sector público.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a promover y facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública, con sujeción a los principios de legalidad, transparencia y publicidad, y con el fin de fomentar una mayor concurrencia y eficiencia en el uso de
los fondos públicos, para lo cual se promoverán, entre otras, al menos las siguientes medidas:
1. El establecimiento de una reserva de al menos el 20 % de los contratos del sector público de suministro o de servicios para su adjudicación exclusivamente entre pymes, de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector
público.
2. Los requisitos de solvencia financiera y técnica requeridos a los licitadores para la participación en los procedimientos de contratación pública deberán ceñirse estrictamente a los que resulten adecuados y proporcionados a la naturaleza
y al objeto del contrato. Cuando aquellos se refieran a la trayectoria de la empresa en los años precedentes a la licitación, se preverá expresamente su flexibilización en caso de que la evolución del sector al que pertenezca la empresa o de la
economía en su conjunto pudiesen haber incidido de manera negativa en el volumen de negocio del licitador durante el periodo considerado para la valoración de su solvencia. Bajo esta u otras fórmulas se buscará contextualizar la acreditación
demandada a los licitadores, procurando además que el periodo de información requerida sea el mismo entre las acreditaciones económicas y financieras y las profesionales y técnicas.
3. Los pliegos de contratación permitirán expresamente la posibilidad de subcontratación del objeto del contrato, de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector público, y establecerán que, de producirse, esta no será
en ningún caso inferior a un 10 % del importe de adjudicación, todo ello salvo que se justifique en el expediente de contratación que el contrato, por su naturaleza o condiciones, debiera ser ejecutado directamente por un único adjudicatario.
4. Los acuerdos marco se concluirán, como regla general, con varios licitadores. En otro caso, deberán justificarse en una memoria los motivos que determinan la necesidad de concluir el acuerdo marco con un único adjudicatario.
5. Los pliegos de contratación preverán expresamente la obligación de que los pagos a los contratistas y, en su caso, de estos a sus subcontratistas, deban efectuarse dentro de los plazos máximos legales recogidos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como se preverá con carácter general la resolución mediante arbitraje en los conflictos que puedan suscitarse durante la fase de ejecución
del contrato.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2020.-Marcos de Quinto Romero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la competencia y transparencia
en la contratación pública, para su debate en la Comisión de Economía.
Exposición de motivos
La contratación pública en España alcanza -e incluso puede superar- porcentajes de 118,5 % del PIB; es decir, alrededor de 194.000 millones de euros anuales. La CNMC señaló en un informe publicado en 2019 que un tercio de los contratos
analizados solo tienen un participante y en el 65 % de ellos hay 3 o menos participantes. Esto se traduce en lo que en medios académicos denominan 'la captura del regulador' y en Ciudadanos hemos señalado reiteradamente como 'capitalismo de
amiguetes'.
Esta falta de competencia tiene un coste para los españoles del 10 % de todo el volumen licitado por las Administraciones públicas. Esta corrupción de los procedimientos de contratación pública supone un impacto directo de gasto no
productivo equivalente a un 5 % del PIB al que habría que añadir el perjuicio de desalentar a las empresas más competitivas a invertir y crecer.
La cantidad es tan significativa que supondría hace tiempo haber salido del procedimiento de déficit excesivo y podríamos financiar mejor el gasto social y las inversiones necesarias para España.
Las deficiencias en el proceso administrativo son sobradamente conocidas. El Tribunal de Cuentas hace informes periódicos sobre la contratación pública realizada por ministerios y otros centros gestores que son mayormente ignorados ya que
el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas es limitado o nulo.
Actualmente es necesario mejorar las siguientes áreas:
- La diligencia a la hora de remitir toda la documentación que, conforme se prevé en la Instrucción General relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de
contratos y convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, han de enviar al Tribunal.
- Tener un mayor cuidado y precisión en la redacción de la solvencia exigida a las empresas licitadoras, concretando en todo caso los mínimos que dichas empresas han de acreditar.
- Las memorias justificativas de la necesidad de la contratación deberían determinar, con detalle y precisión, cuáles son las necesidades reales a satisfacer con la prestación objeto del contrato, conteniendo referencias específicas a las
particulares circunstancias concurrentes en el momento en el que se proponga la tramitación de cada expediente de contratación, en lugar de referencias genéricas.
- Los informes técnicos de valoración de las ofertas presentadas por los licitadores deben explicarse y motivarse suficientemente, lo que permite comprobar que las puntuaciones han sido otorgadas correctamente conforme a los criterios de
adjudicación fijados en el PCAP.
- Llevar a cabo un mayor seguimiento de la ejecución de los contratos y del cumplimiento de los plazos, debiendo hacer efectivas las garantías en caso de incumplimiento y, en su caso, la imposición de penalidades.
- Aplicación efectiva y regular de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, tendentes a promover dicha igualdad a través de la contratación, sin perjuicio de su
carácter potestativo.
También resulta sorprendente que la contratación centralizada en el área político-administrativa de la Administración central solo representase el 4 % de los contratos y el 2 % del importe total y que los contratos negociados sin publicidad
fueran el 55 % de los casos y sumaran el 51 % del importe contratado.
Las normas están en vigor pero lo que falla es su ejecución. En resumen, las prácticas administrativas ignoran de manera repetida y común la normativa vigente. Lo que se hace falta es bajar al terreno y asegurarse que las unidades
administrativas señaladas introduzcan mejoras prácticas en su manera de trabajar.
Por último, en el año 2008, la Comisión Europea fijó como objetivo que en 2010 se alcanzara el 50 % de compra pública verde a nivel comunitario, pero en España hasta el momento se movido entre el 20 %
y el 40 %. Es por tanto necesario desarrollar un plan de actuación transversal en toda la administración pública para impulsar que la compra pública verde en España aumente su peso de acuerdo con nuestros compromisos internacionales y con
el objetivo de impulsar una transición hacia una economía circular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
1. Elaborar un plan de actuación para acabar con las deficiencias administrativas en la contratación pública, con el objetivo de aumentar la competencia, la transparencia y la eficiencia en la compra pública.
2. Así mismo se pondrá especial énfasis en promover la compra pública verde o ecológica, de acuerdo con el carácter de ejemplaridad que debe guiar la actuación del sector público, para que represente al menos el 50 % de la contratación
pública antes de 2022.
3. Crear una unidad de refuerzo administrativa que se encargue de visitar a las unidades administrativas identificadas por el Tribunal de Cuentas o por el Consejo de Ministros y revisar los procesos e implantar las mejoras necesarias para
corregir las deficiencias en los procesos de contratación pública.
4. Elaborar y distribuir los materiales y sistemas que se estimen necesarios para la correcta gestión de los procedimientos de contratación pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2020.-Marcos de Quinto Romero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora del acceso de los medicamentos de las personas que
padecen enfermedades crónicas en España, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que se caracterizan por su larga duración y por una progresión lenta. Según los datos registrados por el organismo sanitario dependiente de
Naciones Unidas, un total de 36 millones de personas perdieron la vida en 2008 a causa de la cronicidad en el mundo.
En España, se encuentran entre las patologías crónicas con mayor prevalencia, según los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Salud (ENSE) elaborada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto Nacional de
Estadística (INE), la hipertensión arterial, el dolor lumbar y la artrosis y la alergia crónica. También cabe destacar el crecimiento sostenido que vienen experimentado durante la última década los factores de riesgo cardiovascular metabólicos y de
otras enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial (con una prevalencia del 19,8 % en 2017), el colesterol elevado (con una prevalencia del 17,9 %), la obesidad (del 17,4 %) o la diabetes (del 7,8 %).
La cronicidad, por su propia naturaleza, exige de una medicación que suele ser significativa y, en todo caso, recurrente y sostenida en el tiempo. A este respecto, desde las asociaciones de pacientes y familiares denuncian la heterogeneidad
en la gestión que existe entre las Comunidades Autónomas para el acceso a determinados fármacos relacionados con la diabetes. Ejemplo de ello es el visado, un procedimiento administrativo-sanitario recogido en el texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que afecta a la prescripción, financiación y dispensación de determinados medicamentos a fin de
verificar la conformidad del tratamiento prescrito con las condiciones de utilización autorizadas en la ficha del medicamento y sus indicaciones terapéuticas.
Este sistema, del que es competente el Ministerio de Sanidad, pero cuya gestión corresponda a las Comunidades Autónomas, está generando en la práctica una barrera que limita el acceso de los pacientes a cantidad de medicamentos, bien por las
necesidades de traslados que precisa hacer el paciente para obtener el fármaco concreto o bien, las barreras burocráticas que pueden retrasar el acceso a un fármaco concreto debido a la falta de ventanilla única, algo que afecta en mayor medida,
como se ha señalado, a aquellos pacientes que necesitan un tratamiento farmacológico para tratar enfermedades crónicas.
El sistema de visado, por tanto, genera inequidad en el acceso a los fármacos necesarios, de forma rutinaria, que necesitan los afectados por diabetes, en función de dónde residan. Una situación que debe solventarse desde el Gobierno de
España, elaborando un sistema homogéneo en toda España que regule el acceso a los fármacos de enfermedades crónicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Realizar un informe sobre la adherencia terapéutica efectiva de las personas que padecen enfermedades crónicas en España, con referencia expresa a los efectos del actual diseño del sistema de copago farmacéutico sobre estos pacientes.
2. Potenciar la información sobre la cronicidad contenida en la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE), elaborada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), al objeto de ampliar el
catálogo de patologías crónicas e incorporar información precisa sobre..el número y el perfil de las personas que padecen cada una de ellas y sobre la atención sanitaria que reciben.
3. Impulsar las medidas que sean necesarias para suprimir el sistema de visado y, especialmente, la derogación del Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el establecimiento, mediante visado, de
reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos, así como las restantes resoluciones y disposiciones de menor rango que creen disfuncionalidades y desigualdades en el acceso a los medicamentos por parte de
los pacientes y usuarios en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
4. Establecer un sistema homogéneo de dispensación y uso racional del medicamento y a dotar de los medios necesarios a las Comunidades Autónomas para abordar la culminación efectiva del proceso de implantación de la receta electrónica en la
dispensación y venta de medicamentos a todos los ciudadanos en toda España.
5. Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el desarrollo de los mecanismos telemáticos oportunos y necesarios para eliminar las trabas burocráticas que
sufren los pacientes en el acceso a los medicamentos relacionados con enfermedades crónicas y se fomente la implantación de sistemas de ventanilla única para el acceso a los medicamentos para pacientes y usuarios en el conjunto del Sistema Nacional
de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-Pablo Cambronero Piqueras, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la compensación de la actividad docente no impartida
como consecuencia de los periodos de baja por maternidad, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La presencia de la mujer en la Universidad se difumina según se asciende en el escalafón universitario: las mujeres suponen un 54,3 % del alumnado y un 57,6 % de los titulados. A partir de ahí su presencia se va diluyendo progresivamente
según se asciende en la escala profesional. A nivel de profesorado, los datos ya se invierten, y las mujeres pasan a ser un 40 % mientras que los hombres son un 60 %. En el siguiente escalón, catedráticos y catedráticas, la proporción se desploma,
habiendo cuatro hombres por cada mujer (2.098 mujeres frente a los 7.799 hombres en estos puestos).
Las razones esgrimidas para explicar esta desigualdad son variadas: desde las clásicas basadas en roles a otras asociadas a la competitividad o el mantenimiento de inercias y del statu quo, que acaba perpetuando estas desigualdades. Lo que
es evidente es que los criterios de la Agencia Nacional de Evaluación del Profesorado (Aneca) suponen una discriminación hacia las investigadoras que son madres y que quieren acreditarse para tener una plaza fija como profesoras de universidad o
catedráticas. Las horas lectivas que no se imparten en los períodos de baja por maternidad, aunque se esté cotizando por ellas, no se cuentan, y tampoco se compensan. Se trata como si fuera un periodo sin actividad docente, lo que implica que las
mujeres con hijos tardan más tiempo en alcanzar la suma de clases exigidas para obtener esta credencial. En el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, no se incluye ninguna medida para corregir esta desigualdad, como sí se hace en las convocatorias de ayudas para la formación de profesorado universitario. Por ejemplo, si
una investigadora es contratada por un número determinado de años por una universidad con una subvención del Ministerio de Economía o Educación, esa ayuda se puede prorrogar si es madre, algo que también funciona cuando un investigador tiene hijos,
para el cuidado de personas con dependencia o por enfermedad grave o accidente. El ministro de Educación se comprometió a finales de año a empujar a la Aneca a que revisara estos criterios, pero hasta la fecha no se han introducido medidas que
permitan corregir la discriminación de las mujeres por el hecho de ser madres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir los mecanismos oportunos que permitan compensar la actividad docente no impartida como consecuencia de los periodos de baja por maternidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de medidas correctoras en el acceso a
becas o subvenciones docentes o investigadoras por causas paternales, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La brecha de género en la carrera académica es un hecho irrefutable. De hecho, existen datos oficiales al respecto. Por ejemplo, el informe presentado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2016) titulado 'Científicas
en cifras 2015: Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y profesión científica'. Dicho informe muestra que el porcentaje de mujeres con la categoría profesional de Catedrática supone únicamente el 21 %, y el índice
denominado techo de cristal es de 1,86, lo cual indica que existen más dificultades para la promoción de las mujeres que en el caso de los hombres para llegar a la posición más alta de la carrera investigadora y docente.
Las causas son múltiples, pero una de ellas es la maternidad. Diversos estudios como el informe 'Mujer y Ciencia: la situación de las mujeres investigadoras del sistema español de ciencia y tecnología'
publicado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, entre otros estudios, indican que las mujeres con descendencia tardan más en lograr reconocimiento acorde a sus méritos, mientras que esta circunstancia entre los hombres
es irrelevante, derivado del cuidado de los hijos/as que dificulta o retrasa la producción científica durante su crianza.
Pese a que en los últimos años se han implementado medidas encaminadas a paliar esta brecha, aumentándose las semanas de permiso de paternidad; aún queda mucho camino, por recorrer para conseguir una igualdad efectiva y potenciar la
corresponsabilidad en el hogar.
Un indicador de desigualdad, puede verse por ejemplo, en la convocatoria de diferentes subvenciones para la investigación científica en diferentes campos. En numerosas ocasiones este tipo de subvenciones tienen en cuenta la producción
científica y el currículum de los candidatos durante los últimos años. Esto supone que en no pocas ocasiones la gran mayoría de personas que aplican a estas subvenciones son hombres, puesto que las mujeres, al haber tenido un parón derivado de la
maternidad, parten con desventaja y no consideran que vayan a conseguir el objetivo.
Sin embargo, en varios Estados miembros de la Unión Europea ya se están llevando a cabo medidas para que la maternidad y la paternidad no sean vistas como un elemento negativo en la carrera profesional de los progenitores, especialmente en
las mujeres. Por ejemplo, si el currículum se valora en una ventana temporal concreta, The European Research Council amplia el período de valoración de los méritos para aquellas personas que hayan tenido esos parones en la investigación, con una
acción positiva para la maternidad, así como la paternidad. Otras medida utilizada es la utilización de factores de corrección, como se hace por ejemplo, en Italia.
Por otro lado, la asunción de obligaciones familiares no debería conllevar ninguna penalización, por ello según el punto 8 del artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007 indica que uno de los criterios generales de actuación de los Poderes
Públicos es el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres.
Por este motivo, tanto los Organismos de investigación Públicos y las universidades españolas, deberían de contemplar estos factores de corrección en cualquier evaluación que se haga al personal docente e investigador, que contribuya a
potenciar la corresponsabilidad, y es más, tener en cuenta estas valoraciones si la persona evaluada ha estado de excedencia por cuidados, baja por enfermedad, ha sido víctima de violencia machista o cualquier otra situación que suponga un permiso
reconocido legalmente.
Avanzar en estas medidas es hacer cumplir con la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que señala que los Poderes Públicos deben implementar acciones positivas con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de
la igualdad y adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres y la propia Constitución.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instaurar en las subvenciones a la investigación que dependan directamente de él elementos que compensen cualquier evaluación negativa que pueda venir originada por excedencias por cuidados de menores, bajas por enfermedad grave, haber
sufrido violencia machista o cualquier otra situación que suponga un permiso reconocido legalmente mediante la inclusión en las solicitudes de un apartado que permita indicar si las situaciones anteriormente expuestas han causado parones en las
carreras profesionales, docentes o investigadoras que puedan afectar a la valoración.
2. Trasladar a las Comunidades Autónomas y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) la necesidad de que en las subvenciones o becas que sean de su competencia se instauren estos factores correctivos o medidas que
puedan paliar evaluaciones negativas derivadas de los hechos anteriormente nombrados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000198
A la Mesa de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión sobre el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Canarias.
Exposición de motivos
El Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Canarias forma parte de la Red de Centros de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Los fines de este Instituto son la investigación Científica y Tecnológica, la Transferencia de conocimiento a la industria y a la sociedad, la formación del personal investigador y la divulgación de las ciencias. El Instituto de Productos
Naturales y Agrobiología tiene su sede en el Campus Anchieta de la Universidad de La Laguna con cuya institución mantiene diferentes acuerdos para el intercambio de servicios. Este Instituto está presente también en la Isla de La Palma a través del
laboratorio de Agrobiología 'Juan José Bravo Rodríguez' cuyo fin es el apoyo al sector primario, además de estudiar aspectos relacionados con la conservación de la biodiversidad de esta Isla.
En los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, prorrogados hasta el ejercicio vigente, dentro del Presupuesto del Centro Superior de Investigaciones Científicas se contempló una partida de 1.180.000 euros añadidos al Presupuesto de
dicho Instituto a fin de promover la investigación en el ámbito agrario, vital para el mantenimiento y mejora del sector agrario canario.
Por todo lo expuesto se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a transferir al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Canarias el 1.180.000 euros recogidos en el Programa 463 A del Centro Superior de Investigaciones Científicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/000162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de mejora de los permisos por cuidado de menores afectados por cáncer u
otra enfermedad grave, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
El Estado del Bienestar, a través de la Seguridad Social, debe proteger y protege a aquellos padres que tengan que cuidar de un hijo menor de edad afectado por cáncer u otra enfermedad grave cuando estos trabajen. Así, el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, contempla en el artículo 37, apartado 6, párrafo tercero, lo siguiente:
'El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el
cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y
requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los
dieciocho años. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.'
En este sentido, para el caso de que los trabajadores que se acojan a esta reducción, tendrán derecho a una prestación de la Seguridad Social (Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la
Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave), que compense la pérdida de salario motivada por la reducción de jornada dada la necesidad de cuidar de manera directa, continua y
permanente a los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.
En cambio, cuando ambos progenitores, adoptantes o acogedores tuvieran derecho a dicha prestación, solo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos, con independencia de poder alternarse entre ellos. En el caso de separación, nulidad o
divorcio, y ante una falta de acuerdo, el derecho a la prestación se concede a quien tenga otorgada la custodia del menor y, si esta fuese compartida, al que lo solicite en primer lugar.
La cuantía de la prestación será del 100 % sobre la base reguladora establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo. Cuando
el trabajador no tenga cubierta la incapacidad temporal en el régimen que deba reconocer la prestación, la base reguladora estará constituida por la base de cotización de contingencias comunes.
La finalidad de la norma y de la prestación es doble: por una parte, defender la indemnidad del menor, su integridad física, y, por otra parte, hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral de los
progenitores.
Desde Ciudadanos creemos que todos los padres deben disponer de los medios necesarios para garantizar una atención y cuidado adecuados a sus hijos, especialmente cuando éstos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como
sucede en el supuesto causante del permiso antes mencionado, así como estos cuidados puedan prestarse de forma corresponsable y compatible con el desarrollo de una actividad laboral.
A estos efectos, creemos necesario ampliar los permisos para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave actualmente reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, así como las prestaciones económicas reconocidas al
efecto en la Ley General de la Seguridad Social y, con tal motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la protección social de los menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, mediante el acuerdo de las modificaciones legislativas y la adopción de las medidas que resulten
precisas para:
1. Establecer que la reducción de la jornada de trabajo para cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave prevista en el artículo 37.6 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, así como el derecho a la
prestación regulado a tal efecto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:
a) Se pueda ejercer no solo cuando exista un ingreso hospitalario de larga duración, sino también cuando esta hospitalización no tenga margen temporal y su objeto sea el diagnóstico de la enfermedad, así como para la situación que requiera
el cuidado del menor o la continuación del tratamiento médico en el domicilio.
b) Se pueda ejercer aunque el menor afectado supere la edad de 18 años, siempre que se viniera ejerciendo de forma ininterrumpida de manera inmediatamente anterior al cumplimiento de dicha edad por mantenerse las circunstancias que motivaron
su reconocimiento original.
c) Se pueda ejercer por ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores, de forma sucesiva o simultánea, cuando el menor afectado tenga menos de 12 años, permitiendo que la reducción de la jornada sea inferior
al 50 % de su duración original, así como que ambos tengan derecho a la prestación correspondiente, inclusive en los casos de separación, nulidad o divorcio.
2. Regular nuevos derechos laborales en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad
grave, en términos análogos a la reducción de jornada anterior, que puedan ejercer ambos, de forma alterna o simultánea, así como el derecho a una prestación que compense la pérdida de retribución que se produzca como consecuencia, en particular:
a) Un nuevo supuesto de suspensión del contrato de trabajo, en caso de que el menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave tenga menos de 3 años, por el tiempo que se mantenga el ingreso hospitalario o el reposo domiciliario por
prescripción médica y, en todo caso, en tanto el menor no supere dicha edad.
b) Un nuevo supuesto de excedencia con derecho a reserva del puesto de trabajo, en caso de que el menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave tenga menos de 6 años, que pueda mantenerse en tanto el menor no supere dicha edad.
3. Habilitar todas las modificaciones legales necesarias para permitir que los trabajadores por cuenta propia o autónomos puedan acceder a la prestación de la Seguridad Social para el cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad
grave, en igualdad de condiciones que los trabajadores por cuenta ajena, quedando, además, exentos del pago de las cuotas a la Seguridad Social mientras dure la percepción de la mencionada prestación económica, siempre y cuando durante dicha
situación contraten a una persona desempleada que los sustituya en su actividad.
4. Disponer el acceso al convenio especial de la Seguridad Social a los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores para el cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave que se encuentren en
situación de excedencia, distinta de la planteada en el apartado 2, o de desempleo sin derecho a prestación de naturaleza contributiva, en términos análogos a los cuidadores no profesionales o del entorno familiar de personas que tengan reconocida
situación de dependencia, incluida la bonificación del importe de las cuotas sociales.
5. Coordinar con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en sus respectivos ámbitos de competencias, la puesta a disposición de los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de menores afectados por
cáncer o enfermedad grave, de los servicios y medios de apoyo, atención integral y asistencia social y psicológica que precisen por razón de la enfermedad de los menores a su cargo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2020.-María Muñoz Vidal, Pablo Cambronero Piqueras y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el derecho de los menores a ser oídos y escuchados, para su debate
en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
El derecho de los menores a ser oídos y escuchados está recogido en numerosas disposiciones de nuestro derecho interno, así como en distintos instrumentos internacionales de los que España es parte. Solo atendiendo este derecho de forma
efectiva podremos actuar conforme al interés superior del niño, interés que debe regir todas las decisiones o medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales o administraciones.
Este derecho se encuentra reconocido, principalmente, en:
i) La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil ('Ley de Protección del Menor') (art. 9), y
ii) en la Convención de los Derechos del Niño de 1989 (art. 12).
El artículo 9 de la Ley de Protección del Menor introduce de forma expresa este derecho en nuestro ordenamiento al establecer que el menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra
circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.
Pero el derecho a ser oído y escuchado no consiste únicamente en el que el menor dé su opinión, sino que esa opinión se exprese con todas las garantías. Por ello, para que este derecho quede garantizado es fundamental que los menores
expresen su opinión en un clima de tranquilidad y sosiego, y que esas declaraciones sean conducidas u observadas por personas especializadas en interpretar sus opiniones, gestos o actitudes.
Sin embargo, en la actualidad existen determinados procedimientos, como los referidos a la sustracción internacional de menores, en los cuales no está garantizada la presencia de profesionales en todas y cada una de sus declaraciones.
Concretamente, en dichos procedimientos la regulación procesal civil establece que el juez, en presencia del Ministerio Fiscal, deberá siempre oír al menor, salvo que considere que no tiene el grado de madurez suficiente, pero el auxilio de
especialistas para oír al menor está únicamente previsto como algo excepcional, 'cuando ello fuera necesario'.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que deberían acometerse las reformas legales necesarias que hiciesen imperativo el auxilio de estos profesionales en todo caso y, con mayor razón, en procedimientos en los cuales los
menores están sometidos a un estrés emocional, incluso mediático, que pueden afectar a su capacidad de expresarse de acuerdo con su sentir y, por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Realizar las reformas legales necesarias para dotar a la audiencia del menor de una mayor relevancia procesal, haciendo preceptiva la asistencia de especialistas para su exploración con metodologías de escucha a sus necesidades
evolutivas según su edad, respetando su interés superior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. La opinión de los menores, una vez escuchada, deberá ser siempre tenida debidamente en
cuenta en la toma de la decisión de que se trate, tal y como se recoge en la Convención de Derechos del Niño.
2. Establecer de forma imperativa la asistencia a los menores en los procedimientos de sustracción internacional en los que existan indicios o condenas por violencia de género, así como en todos aquellos en los que los menores se vean
sometidos a situaciones emocionales especialmente traumáticas.
3. Implementar la asistencia obligatoria de especialistas en los casos de abusos sexuales y otras formas de violencia contra la infancia, en los que la pre-constitución como prueba del testimonio del menor es fundamental para evitar la
revictimización que provoca la repetición del relato, valorando a tales efectos la integración de todos los recursos que intervienen en casos de abuso infantil en un mismo procedimiento e, incluso, en un mismo espacio físico siguiendo el modelo de
la Barnahaus islandesa.
4. Articular las medidas necesarias que eviten, en todo caso, la presencia en sala del agresor en los casos en que el menor deba declarar en su contra, así como su proximidad física. Los órganos judiciales contarán con los medios para
garantizar dichas medidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
181/000011
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Territorial y Función Pública
Diputado don Luis Gestoso de Miguel
Dirigida a: Ministra de Política Territorial y Función Pública, doña Carolina Darias San Sebastián
Texto:
¿Cuáles son las razones de haber nombrado como Delegado del Gobierno en Murcia a José Vélez Fernández, investigado por gravísimos delitos de corrupción como malversación de caudales públicos y prevaricación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2020.-Luis Gestoso de Miguel, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/003757
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Reformulación de su pregunta sobre motivo por el que no se procedió a denunciar a alguno de los familiares del dictador Francisco Franco por contravenir la Ley de Memoria Histórica al exaltarle en el proceso de exhumación, así como coste de
la misma y del dispositivo policial.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de EH Bildu (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno con
solicitud de repuesta por escrito.
En relación al proceso de exhumación del dictador Francisco Franco, el 24 de octubre de 2019, el Gobierno ha dejado sin responder varias preguntas realizadas con anterioridad. Por ello, deseo conocer:
1. ¿Se denunció o se va a denunciar a alguno de los familiares del dictador por contravenir la ley de menoría histórica?.¿de qué manera? En caso de respuesta negativa, ¿por qué no?
2. ¿Cuál fue el coste de la exhumación? (Desglosada por conceptos y cantidades).
3. ¿Cuál fue el coste del dispositivo policial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Jon Iñarritu García, Diputado.
184/004780
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Gorospe Elezcano, Josune (GV-EAJ-PNV).
Plan de acción orientado a reducir los riesgos asociados al uso inadecuado del juego y a evitar el acceso al juego de menores y personas vulnerables, así como estudios técnicos territorializados sobre el sector socio-económico del juego,
datos de la oferta y demanda existente e incidencia que supone en la ciudadanía.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de que se facilite una serie de documentación y, teniendo en cuenta la subsanación de la falta de firma contenida en el escrito número de registro 11228, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos
de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/000108).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Josune Gorospe Elezkano, Diputada adscrita al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Dispone el Gobierno de España de un Plan de acción orientado a reducir los riesgos asociados al uso inadecuado del juego y a evitar el acceso al juego de menores y personas vulnerables? [...]
¿Dispone el Gobierno de España de estudios técnicos recientes territorializados sobre el sector socio-económico del juego,datos de la oferta y demanda existente y la incidencia que supone en la ciudadanía y sobre todo en personas
potencialmente vulnerables? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Josune Gorospe Elezcano, Diputada.
OTROS TEXTOS
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(430) Objetivo de estabilidad presupuestaria.
Autor: Gobierno.
Acuerdo del Gobierno por el que se adecuan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 y se fija el límite de gasto no
financiero del Presupuesto del Estado para el año 2020.
Acuerdo:
Someter a la deliberación del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE ADECUAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL AÑO 2020 PARA SU REMISIÓN A LAS
CORTES GENERALES, Y SE FIJA EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2020
Exposición
El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativo al 'Establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas' señala en su apartado primero que corresponde al Gobierno la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Asimismo, el apartado segundo establece que para la fijación del objetivo de
estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto recogida en su artículo 12, la cual será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración
de sus presupuestos.
Los objetivos vigentes en la actualidad para los años 2018 a 2020 son los aprobados por Consejo de Ministros en julio de 2017 y que sirvieron de base para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Como ya quedó
patente en verano de 2018 esta senda no se ajustaba a la realidad económica, fiscal y social del país al exigir unos esfuerzos de consolidación fiscal en 2019 y 2020 que podrían ser muy negativos para el crecimiento económico y el empleo.
De este modo el Gobierno consensuó con las instituciones comunitarias una senda realista y firmemente comprometida con la estabilidad presupuestaria del Pacto Fiscal de la Unión Europea que fue objeto de aprobación por Consejo de Ministros
pero no obtuvo el refrendo de las Cortes Generales.
Posteriormente, el rechazo del Parlamento al Proyecto de PGE para 2019 ha conllevado que los PGE para 2018 hayan estado vigentes durante todo el año 2019, año en el que el Gobierno ha tenido que afrontar dos procesos electorales y un
conjunto de gastos tendencialmente crecientes para los que no existía dotación presupuestaria en el presupuesto prorrogado, por lo que ha tenido que realizar un importante esfuerzo de racionalización del gasto al no poder contar con las medidas
tributarias que recogía el proyecto de PGE para 2019.
Todo ello unido a que, también, iniciado 2020 continúa vigente una situación de prórroga hace necesario modificar el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para 2020 y adaptarlo a la actual realidad económica y presupuestaria.
Por tanto, teniendo en cuenta esta situación y ante la necesidad y compromiso del nuevo Gobierno de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado para 2020, es necesario que los objetivos de estabilidad que encuadren la elaboración del
nuevo presupuesto sean coherentes con una posición real de partida, en la que la senda de reducción de déficit prevista en el periodo 2019-2020 no ha podido implementarse.
En consecuencia el Gobierno para ajustar la senda de déficit a la realidad presupuestaria de España, reitera su pleno compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera y propone la adecuación de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020, así como fija un límite de gasto no financiero de 2020 para el inicio de la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado para 2020 fiables, económicamente coherentes y factibles para
España en su situación actual.
Para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de comunidades autónomas, siguiendo el procedimiento previsto en la ley, el Ministerio de Hacienda remitió la propuesta de objetivos, al Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las comunidades autónomas, que fue objeto de informe favorable en su sesión de 7 de febrero de 2020, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, habiéndose remitido,
también a estos efectos, a la Comisión Nacional de Administración Local con fecha 10 de febrero de 2020.
En la fijación del objetivo de deuda pública se ha mantenido la coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido, conforme el artículo 15.3 de la citada Ley Orgánica.
Finalmente, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el acuerdo del objetivo de estabilidad incluirá el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el próximo ejercicio.
En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de febrero de 2020,
ACUERDA
1. El objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2020 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que figura en el Anexo I que se acompaña.
2. El objetivo de deuda pública del ejercicio 2020 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, que figura en el Anexo II que se acompaña.
3. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española que se recoge en el Anexo III.
4. La Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, remitirá a las Cortes Generales el presente Acuerdo, para que el Congreso de los Diputados y el Senado se pronuncien aprobando o rechazando los objetivos
propuestos por el Gobierno.
5. Este acuerdo de Consejo de Ministros se acompaña de un informe en el que se evalúa la situación económica.
6. El límite máximo de gasto no financiero del Estado en 2020 se fija en 127.609 millones de euros.
De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio de Hacienda informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas sobre
el límite máximo de gasto no financiero del Estado de 2020.
Madrid, 11 de febrero de 2020.
ANEXO I
Objetivo de estabilidad presupuestaria para 2020
Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-2010
(En porcentaje del PIB)
;2020
Administración Central;-0,5
Comunidades Autónomas;-0,2
Entidades Locales;0,0
Seguridad Social;-1,1
Total Administraciones Públicas;-1,8
ANEXO II
Objetivo de deuda pública para 2020
(Deuda PDE en porcentaje del PIB)
;2020
Administración Central y Seguridad Social;69,2
Comunidades Autónomas;23,4
Entidades Locales;2,0
Total Administraciones Públicas;94,6
* El objetivo de deuda pública del subsector Comunidades Autónomas se podrá rectificar por el importe efectivo de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación que se produzca durante el ejercicio, siempre que no se destine a
financiar vencimientos de deuda o déficit del ejercicio respectivo. Asimismo, se podrá rectificar por la reducción del nivel de endeudamiento neto pendiente tanto por la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y sus reglas especiales de desarrollo en relación con el superávit presupuestario, como por la financiación de un objetivo de déficit superior al efectivamente incurrido, de conformidad con el
Ministerio de Hacienda. En cualquier caso, a efectos del cumplimiento del objetivo de deuda fijado, podrá tenerse en cuenta la concurrencia de cualesquiera circunstancias que, no afectando al cumplimiento de los objetivos de déficit ni al
cumplimiento de la regla de gasto, pudieran afectar a los límites de deuda y no derivaran de decisiones discrecionales de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el Ministerio de Hacienda.
ANEXO III
Regla de gasto para 2020
Tasa de referencia nominal (% variación anual)
2020
2,9
430/000002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(430) Objetivo de estabilidad presupuestaria.
Autor: Gobierno.
Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2021-2023 y el límite de gasto no
financiero del Presupuesto del Estado para el año 2021.
Acuerdo:
Someter a la deliberación del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERÍODO 2021-2023 PARA SU REMISIÓN A
LAS CORTES GENERALES, Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2021
Exposición
El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativo al 'Establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas' señala en su apartado primero que corresponde al Gobierno la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de administraciones
públicas como para cada uno de sus subsectores. Asimismo, el apartado segundo establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto recogida en su artículo 12, la cual será la referencia a
tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus presupuestos.
Para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de comunidades autónomas, siguiendo el procedimiento previsto en la ley, el Ministerio de Hacienda remitió la propuesta de objetivos para el periodo 2021-2023, al
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas, que fue objeto de informe favorable en su sesión de 7 de febrero de 2020, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, habiéndose remitido, también a estos efectos, a la Comisión Nacional de Administración Local con fecha 10 de febrero de 2020.
En la fijación del objetivo de deuda pública se ha mantenido la coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido, conforme el artículo 15.3 de la citada Ley Orgánica.
Finalmente, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el acuerdo del objetivo de estabilidad incluirá el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el próximo ejercicio.
Al presente Acuerdo se acompaña el informe en el que se evalúa la situación económica prevista para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos, así como las recomendaciones y opiniones emitidas
por las instituciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea, tal como establece el artículo 15 de la citada Ley.
En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de febrero de 2020,
ACUERDA
1. El objetivo de estabilidad presupuestaria de los ejercicios 2021, 2022 y 2023 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera, que figura en el Anexo I que se acompaña.
2. El objetivo de deuda pública de los ejercicios 2021, 2022 y 2023 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, que figura en el Anexo II que se acompaña.
3. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española que se recoge en el Anexo III.
4. La Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, remitirá a las Cortes Generales el presente Acuerdo, para que el Congreso de los Diputados y el Senado se pronuncien aprobando o rechazando los objetivos
propuestos por el Gobierno, tal y como se establece en el artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
5. Este acuerdo de Consejo de Ministros se acompaña de un informe en el que se evalúa la situación económica que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos.
6. El límite máximo de gasto no financiero del Estado en 2021 se fija en 131.437 millones de euros.
De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio de Hacienda informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas sobre
el límite máximo de gasto no financiero del Estado de 2021.
Madrid, 11 de febrero de 2020.
ANEXO I
Objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2021-2023
Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-2010
(En porcentaje del PIB)
;2021;2022;2023
Administración Central;-0,4;-0,3;-0,1
Comunidades Autónomas;-0,1;-0,0;-0,0
Entidades Locales;0,0;0,0;0,0
Seguridad Social;-1,0;-0,9;-0,8
Total Administraciones Públicas;-1,5;-1,2;-0,9
ANEXO II
Objetivo de deuda pública para el periodo 2021-2023 (*)
(Deuda PDE en porcentaje del PIB)
;2021;2022;2023
Administración Central y Seguridad Social;68,6;67,7;66,6
Comunidades Autónomas;22,8;22,1;21,4
Entidades Locales;2,0;1,9;1,8
Total Administraciones Públicas;93,4;91,7;89,8
* El objetivo de deuda pública del subsector Comunidades Autónomas se podrá rectificar por el importe efectivo de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación que se produzca durante el ejercicio, siempre que no se destine a
financiar vencimientos de deuda o déficit del ejercicio respectivo. Asimismo, se podrá rectificar por la reducción del nivel de endeudamiento neto pendiente tanto por la aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y sus reglas especiales de desarrollo en relación con el superávit presupuestario, como por la financiación de un objetivo de déficit superior al efectivamente incurrido, de conformidad con el
Ministerio de Hacienda. En cualquier caso, a efectos del cumplimiento del objetivo de deuda fijado, podrá tenerse en cuenta la concurrencia de cualesquiera circunstancias que, no afectando al cumplimiento de los objetivos de déficit ni al
cumplimiento de la regla de gasto, pudieran afectar a los límites de deuda y no derivaran de decisiones discrecionales de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el Ministerio de Hacienda.
ANEXO III
Regla de gasto para el periodo 2021-2023
Tasa de referencia nominal (% variación anual)
2021;2022;2023
3,0;3,2;3,3