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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 38, de 21/02/2020
cve: BOCG-14-D-38
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de febrero de 2020
Núm. 38
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000016 Calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio de 2020. Modificación ... (Página4)
PERSONAL
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados.
Ceses ... (Página4)
Nombramientos ... (Página9)
299/000004 Personal eventual para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramientos ... (Página14)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la realización de un informe sobre la actividad de Defex. Retirada ... (Página20)
162/000070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a las Comunidades Autónomas perjudicadas por la devastación causada
por la borrasca 'Gloria'. Retirada ... (Página21)
162/000073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la derogación del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, también conocido como '155 digital' o 'mordaza digital'. Retirada de firma
... (Página21)
162/000078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a paliar los daños producidos por catástrofes naturales como las provocadas por los temporales (Amelie, Bernardo, Cecile, Daniel, Elsa, Fabián y
Gloria). Corrección de error ... (Página21)
162/000090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el despliegue del nuevo servicio de ferrocarril de Alta Velocidad de Renfe AVLO. Retirada ... (Página22)
162/000108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la compensación de la actividad docente no impartida como consecuencia de los periodos de baja por maternidad ...
162/000109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora del acceso de los medicamentos de las personas que padecen enfermedades crónicas en España ... (Página24)
162/000110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de los elementos valorativos de la epilepsia para la asignación de discapacidad ... (Página25)
162/000111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas de apoyo del colectivo de funcionarios de prisiones ... (Página26)
162/000112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el establecimiento de medidas correctoras en el acceso a becas o subvenciones docentes o investigadoras por causas paternales ...
162/000113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el programa específico de seguros agrarios en Canarias ... (Página30)
162/000114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Convenio de Obras Hidráulicas con Canarias ... (Página30)
162/000115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Convenio en materia de depuración de aguas ... (Página31)
162/000116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Canarias ... (Página32)
162/000117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre obras de regadío de interés general del Estado en Canarias ... (Página32)
162/000118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la transferencia de partida para agua de pozos ... (Página34)
162/000119 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre bienes corporales ... (Página34)
162/000120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y sus consecuencias para el sector agrario canario ... (Página35)
162/000121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la concesión a título póstumo de la Medalla al Mérito al Trabajo en categoría de oro a todas las víctimas del terrorismo sin distinción ...
162/000122 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección de la mujer embarazada y del no nacido ... (Página37)
162/000123 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a los letrados del Turno de Oficio ... (Página38)
162/000124 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para paliar los efectos de la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook ... (Página40)
162/000125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a solicitar la puesta en marcha de un Plan Nacional de Reindustrialización en España ... (Página42)
162/000126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la incorporación definitiva del fútbol femenino en La Quiniela ... (Página44)
162/000127 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas para promover y facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública ... (Página45)
162/000128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la mejora de la competencia y transparencia en la contratación pública ... (Página47)
162/000129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las infraestructuras ferroviarias en Extremadura ... (Página48)
162/000130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la perspectiva de género en la política penitenciaria ... (Página51)
162/000131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa al traspaso de los recursos y gestión de las becas y ayudas al estudio a la Generalitat de Cataluña ... (Página52)
162/000132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a una educación sexual integral respetuosa con la diversidad sexual ...
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000006 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 4268/2019, planteada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con
sede en Cáceres, en relación con el artículo 11.3.1.b) segundo párrafo y disposición adicional única que regula el procedimiento de homologación de la Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura ... (Página56)
Otros textos
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000008 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo a trámite el escrito presentado por doña María Gloria Lago Cuadrado, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular sobre libertad de elección lingüística
... (Página57)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de la fecha, oída la Junta de Portavoces, ha acordado modificar el calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones febrero-junio de 2020, en el sentido de que la semana del 31 de marzo
al 2 de abril no se celebre sesión plenaria.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PERSONAL
299/000003
Ceses
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de febrero de 2020, de D.ª María Adán Serrano, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de febrero de 2020, de D.ª María del Pilar Belmonte Torrado, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de febrero de 2020, de D.ª Ana María Cano Saboya, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de febrero de 2020, de D.ª Ifara Conde Martínez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de febrero de 2020, de D.ª María Carmen Cuadrado Gutiérrez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de febrero de 2020, de D.ª Laura Cubo Martín, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de febrero de 2020, de D.ª Gema María Galán Moyano, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de febrero de 2020, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 17 de febrero de 2020, de D.ª Patricia Gervasio García, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de febrero de 2020, de D. Antonio Giraldo Capellán, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de febrero de 2020, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 17 de febrero de 2020, de D.ª María Paz Gómez Peña, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de febrero de 2020, de D. Miguel Herraiz Montero, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de febrero de 2020, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 17 de febrero de 2020, de D.ª Teresa Jaén Morón, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de febrero de 2020, de D.ª Lucía Rodríguez Alcázar, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de febrero de 2020, de D. Pablo Ruiz Vicente, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 10 de febrero de 2020, de D. Hugo Ucha Boán, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, con efectos de 12 de febrero de 2020, de D.ª Lucía Hadjis Vélez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, con efectos de 12 de febrero de 2020, de D.ª Concepción Matarí Sáez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Pablo Echenique Robba, con efectos de 12 de febrero de 2020, de D.ª Ángela Cartagena Gimeno, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Pablo Echenique Robba, con efectos de 16 de febrero de 2020, de D. Manuel Merino Andrades, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta
del Excmo. Sr. D. Sergio Sayas López, con efectos de 11 de febrero de 2020, de D.ª María Nieves Muñoz López, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000003
Nombramientos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Lucía Rodríguez
Alcázar, a propuesta del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. José Manuel Sánchez
Arce, a propuesta del Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asesor de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Alfredo Timermans
Del Olmo, a propuesta del Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, con efectos de 17 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asesor de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. José Francisco
Herrera Antonaya, a propuesta del Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, con efectos de 1 de marzo de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Rafael Guzmán Lemes
Khrabcha, a propuesta del Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, con efectos de 17 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. José Alberto
Martín-Toledano Suárez, a propuesta del Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, con efectos de 7 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Antonio Eugenio
Simon Barallobre, a propuesta del Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, con efectos de 10 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. David Jonathan
Parry, a propuesta del Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, con efectos de 15 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente A para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María José Mazas
Gómez, a propuesta del Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Javier Carlos Bazán
Benítez, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Macarena Olona Choclán, con efectos de 26 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Joaquín González
Martínez, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Macarena Olona Choclán, con efectos de 17 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. César Navarrete
Díez, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Macarena Olona Choclán, con efectos de 17 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Paloma Alejandra
Ayensa López de Ceballos, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Macarena Olona Choclán, con efectos de 17 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Antonio Javier
Martínez-Aedo Avecilla, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Macarena Olona Choclán, con efectos de 24 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Jesús Antonio De
Ramón-Laca Clausen, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Macarena Olona Choclán, con efectos de 18 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario
VOX.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Gonzalo Rodríguez
Muñiz, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Macarena Olona Choclán, con efectos de 18 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Adrián Serradilla
Candil, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Macarena Olona Choclán, con efectos de 17 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. José Manuel Salas
Lama, a propuesta del Excmo. Sr. D. Pablo Echenique Robba, con efectos de 13 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Ibon Uría Molero, a
propuesta del Excmo. Sr. D. Pablo Echenique Robba, con efectos de 17 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Nieves Muñoz
López, a propuesta del Excmo. Sr. D. Sergio Sayas López, con efectos de 12 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Iván Carlos Barrio
Herreros, a propuesta del Excmo. Sr. D. Albert Botran i Pahissa, con efectos de 17 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Paloma María Pita
Toledo, a propuesta del Excmo. Sr. D. Albert Botran i Pahissa, con efectos de 14 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000004
Nombramientos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Adán
Serrano, a propuesta del Excmo. Sr. D. Joan Ruiz i Carbonell, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas
Integrales de la Discapacidad.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. José Antonio Arias
Maroto, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Roser Maestro Moliner, con efectos de 10 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María del Pilar
Belmonte Torrado, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Pilar Cancela Rodríguez, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Igualdad.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Teresa Bravo
Botija, a propuesta del Excmo. Sr. D. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 10 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Defensa.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Ana María Cano
Saboya, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Isaura Leal Fernández, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Justicia.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Aitor Careaga Osés,
a propuesta del Excmo. Sr. D. Joseba Andoni Agirretxea Urresti, con efectos de 10 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Ifara Conde
Martínez, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Ana María Botella Gómez, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Interior.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Carmen
Cuadrado Gutiérrez, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª María Luisa Carcedo Roces, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Política
Territorial y Función Pública.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Laura Cubo Martín,
a propuesta del Excmo. Sr. D. Agustín Zamarrón Moreno, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Cultura y Deporte.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Gema María Galán
Moyano, a propuesta del Excmo. Sr. D. Patxi López Álvarez, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión Constitucional.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Antonio Giraldo
Capellán, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Begoña Nasarre Oliva, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Lucía Hadjis
Vélez, a propuesta del Excmo. Sr. D. Celso Luis Delgado Arce, con efectos de 13 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Miguel Herraiz
Montero, a propuesta del Excmo. Sr. D. Sergio Gutiérrez Prieto, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Educación y Formación
Profesional.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Beatriz Del Hoyo
Blanco, a propuesta del Excmo. Sr. D. Juan Antonio López de Uralde Garmendia, con efectos de 10 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Teresa Jaén Morón,
a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, con efectos de 18 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de seguimiento y
evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Clotilde
Martín Montalbán, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Magdalena Valerio Cordero, con efectos de 14 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Concepción Matarí
Sáez, a propuesta del Excmo. Sr. D. Eloy Suárez Lamata, con efectos de 13 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Hacienda.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Pablo Ruiz Vicente,
a propuesta del Excmo. Sr. D. Pau Marí Klose, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 10 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Teresa
Sánchez Rubira, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Rosa María Romero Sánchez, con efectos de 10 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Hugo Ucha Boán, a
propuesta de la Excma. Sra. D.ª María Luisa Faneca López, con efectos de 11 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Peticiones.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Patricia Gervasio
García, a propuesta del Excmo. Sr. D. Santos Cerdán León, con efectos de 18 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de febrero de 2020 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Paz Gómez
Peña, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Susana Sumelzo Jordán, con efectos de 18 de febrero de 2020 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000062
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre la realización de un informe sobre la actividad de Defex.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 23, de 31 de enero de 2020.
162/000070
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario VOX.
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a las Comunidades Autónomas perjudicadas por la devastación causada por la borrasca 'Gloria'.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 23, de 31 de enero de 2020.
162/000073
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano.
Retirada de la firma de dicho Grupo Parlamentario de la Proposición no de Ley relativa a la derogación del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, también conocido como '155 digital' o 'mordaza digital'.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000078
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Corrección de errores en la Exposición de Motivos de su Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por catástrofes naturales como las provocadas por los temporales (Amelie, Bernardo, Cecile, Daniel, Elsa, Fabián y Gloria).
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para solicitar la siguiente modificación en la iniciativa presentada el 28 de enero con número de expediente 162/000078, con el fin de actualizar datos de los párrafos cinco y
seis de la Exposición de Motivos, que quedarían con la siguiente redacción:
'Al mismo tiempo, la unión del viento y la marejada, han provocado que el tamaño de las olas multiplicasen los efectos del temporal en todo el levante y noreste afectado, incluyendo, entre otras, a las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y Aragón.
Pero los efectos más devastadores de este temporal, son las 14 muertes que se han producido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2020.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000090
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre el despliegue del nuevo servicio de ferrocarril de Alta Velocidad de Renfe AVLO.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 28, de 7 de febrero de 2020.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la compensación de la actividad docente no impartida
como consecuencia de los periodos de baja por maternidad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La presencia de la mujer en la Universidad se difumina según se asciende en el escalafón universitario: las mujeres suponen un 54,3 % del alumnado y un 57,6 % de los titulados. A partir de ahí su presencia se va diluyendo progresivamente
según se asciende en la escala profesional. A nivel de profesorado, los datos ya se invierten, y las mujeres pasan a ser un 40 % mientras que los hombres son un 60 %. En el siguiente escalón, catedráticos y catedráticas, la proporción se desploma,
habiendo cuatro hombres por cada mujer (2.098 mujeres frente a los 7.799 hombres en estos puestos).
Las razones esgrimidas para explicar esta desigualdad son variadas: desde las clásicas basadas en roles a otras asociadas a la competitividad o el mantenimiento de inercias y del statu quo, que acaba perpetuando estas desigualdades. Lo que
es evidente es que los criterios de la Agencia Nacional de Evaluación del Profesorado (Aneca) suponen una discriminación hacia las investigadoras que son madres y que quieren acreditarse para tener una plaza fija como profesoras de universidad o
catedráticas. Las horas lectivas que no se imparten en los períodos de baja por maternidad, aunque se esté cotizando por ellas, no se cuentan, y tampoco se compensan. Se trata como si fuera un periodo sin actividad docente, lo que implica que las
mujeres con hijos tardan más tiempo en alcanzar la suma de clases exigidas para obtener esta credencial. En el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, no se incluye ninguna medida para corregir esta desigualdad, como sí se hace en las convocatorias de ayudas para la formación de profesorado universitario. Por ejemplo, si
una investigadora es contratada por un número determinado de años por una universidad con una subvención del Ministerio de Economía o Educación, esa ayuda se puede prorrogar si es madre, algo que también funciona cuando un investigador tiene hijos,
para el cuidado de personas con dependencia o por enfermedad grave o accidente. El ministro de Educación se comprometió a finales de año a empujar a la Aneca a que revisara estos criterios, pero hasta la fecha no se han introducido medidas que
permitan corregir la discriminación de las mujeres por el hecho de ser madres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir los mecanismos oportunos que permitan compensar la actividad docente no impartida como consecuencia de los periodos de baja por maternidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora del acceso de los medicamentos de las personas que
padecen enfermedades crónicas en España, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que se caracterizan por su larga duración y por una progresión lenta. Según los datos registrados por el organismo sanitario dependiente de
Naciones Unidas, un total de 36 millones de personas perdieron la vida en 2008 a causa de la cronicidad en el mundo.
En España, se encuentran entre las patologías crónicas con mayor prevalencia, según los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Salud (ENSE) elaborada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto Nacional de
Estadística (INE), la hipertensión arterial, el dolor lumbar y la artrosis y la alergia crónica. También cabe destacar el crecimiento sostenido que vienen experimentado durante la última década, los factores de riesgo cardiovascular metabólicos y
de otras enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial (con una prevalencia del 19,8 % en 2017), el colesterol elevado (con una prevalencia del 17,9 %), la obesidad (del 17,4 %) o la diabetes (del 7,8 %).
La cronicidad, por su propia naturaleza, exige de una medicación que suele ser significativa y, en todo caso, recurrente y sostenida en el tiempo. A este respecto, desde las asociaciones de pacientes y familiares denuncian la heterogeneidad
en la gestión que existe entre las Comunidades Autónomas para el acceso a determinados fármacos relacionados con la diabetes. Ejemplo de ello es el visado, un procedimiento administrativo-sanitario recogido en el texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que afecta a la prescripción, financiación y dispensación de determinados medicamentos a fin de verificar la
conformidad del tratamiento prescrito con las condiciones de utilización autorizadas en la ficha del medicamento y sus indicaciones terapéuticas.
Este sistema, del que es competente el Ministerio de Sanidad, pero cuya gestión corresponda a las Comunidades Autónomas, está generando en la práctica una barrera que limita el acceso de los pacientes a cantidad de medicamentos, bien por las
necesidades de traslados que precisa hacer el paciente para obtener el fármaco concreto o bien, las barreras burocráticas que pueden retrasar el acceso a un fármaco concreto debido a la falta de ventanilla única, algo que afecta en mayor medida,
como se ha señalado, a aquellos pacientes que necesitan un tratamiento farmacológico para tratar enfermedades crónicas.
El sistema de visado, por tanto, genera inequidad en el acceso a los fármacos necesarios, de forma rutinaria, que necesitan los afectados por diabetes, en función de dónde residan. Una situación que debe solventarse desde el Gobierno de
España, elaborando un sistema homogéneo en toda España que regule el acceso a los fármacos de enfermedades crónicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Realizar un informe sobre la adherencia terapéutica efectiva de las personas que padecen enfermedades crónicas en España, con referencia expresa a los efectos del actual diseño del sistema de copago farmacéutico sobre estos pacientes.
2. Potenciar la información sobre la cronicidad contenida en la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE), elaborada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), al objeto de ampliar el
catálogo de patologías crónicas e incorporar información precisa sobre el número y el perfil de las personas que padecen cada una de ellas y sobre la atención sanitaria que reciben.
3. Impulsar las medidas que sean necesarias para suprimir el sistema de visado y, especialmente, la derogación del Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el
establecimiento, mediante visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos, así como las restantes resoluciones y disposiciones de menor rango que creen disfuncionalidades y desigualdades en
el acceso a los medicamentos por parte de los pacientes y usuarios en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
4. Establecer un sistema homogéneo de dispensación y uso racional del medicamento y a dotar de los medios necesarios a las Comunidades Autónomas para abordar la culminación efectiva del proceso de implantación de la receta electrónica en la
dispensación y venta de medicamentos a todos los ciudadanos en toda España.
5. Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el desarrollo de los mecanismos telemáticos oportunos y necesarios para eliminar las trabas burocráticas que
sufren los pacientes en el acceso a los medicamentos relacionados con enfermedades crónicas y se fomente la implantación de sistemas de ventanilla única para el acceso a los medicamentos para pacientes y usuarios en el conjunto del Sistema Nacional
de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-Pablo Cambronero Piqueras, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación de los elementos valorativos de la epilepsia para
la asignación de discapacidad, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS), describe la epilepsia como 'una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de
movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (convulsiones parciales), o a su totalidad (convulsiones generalizadas), y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia, que se debe a descargas eléctricas excesivas de grupos
de células cerebrales y cuya frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día'.
Se estima que en España pueden existir más de 400.000 ciudadanos que padecen esta patología en nuestro país, con diferentes manifestaciones clínicas y repercusiones en su vida diaria. La epilepsia se caracteriza por una alteración del
cerebro que predispone a este a generar crisis epilépticas, con consecuencias sustanciales en el ámbito cognitivo, psicológico, neurológico y social. La epilepsia es una de las causas de consulta más frecuentes en un servicio de Neurología, siendo,
además, una de las enfermedades que más afectan a la calidad de vida del paciente de las tratadas en este tipo de servicios.
La afectación que esta patología supone, en numerosas ocasiones, a las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) es significativa. La epilepsia no solo tiene como consecuencias directas las crisis convulsivas, también existen numerosos
casos en los que la epilepsia causa un deterioro cognitivo significativo de la persona que la padece, problemas de psicomotricidad y lenguaje, pérdida de habilidades motoras, etc. Su tratamiento también posee consecuencias directas sobre el
bienestar del paciente. Todas ellas, consecuencias que afectan directamente al desarrollo personal del afectado y a su bienestar físico, psíquico y social.
El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía establece una serie de criterios concretos a la hora de conceder minusvalías a personas afectadas por
epilepsia. En concreto, el mencionado Real Decreto establece lo siguiente:
'Para considerar que un paciente se encuentra adecuadamente tratado se precisa la demostración de una correcta dosificación de fármacos antiepilépticos, mediante determinación de niveles plasmáticos de fármacos que deberán encontrarse en
rangos terapéuticos.
Será necesario que el paciente haya permanecido con crisis, a pesar del tratamiento correcto, durante más de un año antes de proceder a la valoración.
La discapacidad que produzca la epilepsia dependerá fundamentalmente del número y tipo de crisis. Las crisis generalizadas tipo ausencias y las parciales simples son menos discapacitantes que las restantes crisis generalizadas (mioclónicas,
tónicas, tónico-cIónicas y atónicas) y que las crisis parciales complejas. Por este motivo, las ausencias y crisis parciales simples solo serán incluidas en clase I o clase II.
Dado que muchas epilepsias aparecidas en la infancia tienen tendencia a estabilizarse con la edad, en estos casos se realizarán revisiones cada cinco años.'
Es decir, es preciso que tenga crisis desde hace un año, y se valora 'fundamentalmente' el número y tipo de estas. No teniendo en cuenta, en ningún momento, sus consecuencias.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos preciso que se revisen los criterios para el reconocimiento de la discapacidad en la patología de la epilepsia, ya que tener en cuenta solo el número de crisis y no sus consecuencias, de
las que existe suficiente evidencia para saber que pueden tener importantes repercusiones para la salud física, psíquica y social del paciente, y, por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, en concreto a lo relativo a los criterios para la asignación del grado de discapacidad
por epilepsia, a fin de que el grado dependa del número y tipo de crisis, pero también del grado de afectación y limitaciones de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) como consecuencia de la enfermedad y de los factores neurobiológicos,
psicosociales y farmacológicos.
2. Ajustar y actualizar la nomenclatura utilizada en el citado Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, para la epilepsia en base al nuevo sistema de clasificación establecido por la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE).
3. Desarrollar una Estrategia Nacional de Epilepsia en la que se recojan todas las acciones necesarias a desarrollar en los ámbitos sanitarios, social, educativo y laboral, con el objetivo de que esta enfermedad sea correctamente asumida y
se rompa la estigmatización que existe sobre los afectados.
4. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la necesidad de garantizar unos estándares de calidad comunes en los centros especializados de atención a la epilepsia en todo el territorio nacional en relación a los
documentos de valoración específicos, así como la necesidad de protocolizar en todos los territorios, los recursos humanos y materiales precisos, con la finalidad de que un centro hospitalario pueda abrir una unidad especializada en epilepsia.
5. Realizar campañas de formación e información para que la epilepsia deje de suponer una discriminación para los pacientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Javier Ortega Smith-Molina y don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, en calidad de Secretaria General y Diputados, respectivamente, del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas en apoyo del colectivo de funcionarios de prisiones, para su discusión en el Pleno.
Exposición de motivos
Hablamos de las necesidades, preocupaciones y reivindicaciones del colectivo de trabajadores de los centros penitenciarios que, en España, asciende a 23.000 personas. Un colectivo que recibe constantemente amenazas, agresiones, intentos de
homicidio, asume riesgos extremos de enfermedades infectocontagiosas, que trabaja con delincuentes incluso con un riesgo extremo para su propia integridad. Un colectivo que, pese a un trabajo de indudable riesgo, actualmente sufre una alarmante
falta de personal, así como un envejecimiento de la población preocupante.
Hablamos de una plantilla insuficiente y envejecida, en la que, según datos recibidos, un 75 % de la misma tiene más de 40 años y de ellos el 40 % iguala o supera los 50 años. Una plantilla cuya tasa de reposición ha sido muy baja,
incorporándose en los últimos nueve arios tan solo un funcionario por cada tres jubilaciones.
De acuerdo a la información disponible, en los últimos ocho años se han perdido 3.400 empleos mientras se han inaugurado nuevos centros, lo que ha provocado que se disponga de menor número de efectivos para atender a la población reclusa, lo
que hace habitual encontrar situaciones en las que la ratio sea tan solo de dos funcionarios por cada 140 internos.
La falta de personal tiene una indudable repercusión en la merma en la seguridad tanto de los propios trabajadores como de los internos. Esta falta de efectivos tiene como consecuencia un aumento de las agresiones a los funcionarios que,
según sus propias palabras, es consecuencia de que 'Donde antes veían a cuatro, ahora ven a uno: solo y con apenas medios. Por eso agreden más, no porque sean más violentos, sino porque nos ven solos'.
Los trabajadores de los centros penitenciarios son, de acuerdo con los datos recibidos, el colectivo de la Administración General del Estado que más agresiones sufre. Es indudable que es necesario profundizar en una formación continua en
defensa, así como dotarlos de los medios materiales necesarios para su seguridad. Entendemos que esta formación debe ser también extensible en el conocimiento de las costumbres de los nuevos colectivos de presos, así como de aspectos sanitarios.
Luchar contra la discriminación salarial con respecto a los trabajadores de los centros penitenciarios de Cataluña es también una reivindicación justa de este colectivo que entendemos debe ser atendida. Se hace más patente aún ante el hecho
que en la Administración Penitenciara Catalana no se custodia a internos terroristas, incluyendo a los más peligrosos, entre los cuales encontramos a los yihadistas.
Otras reivindicaciones de este colectivo, que incorporamos como motivos en este escrito, son las siguientes:
- Solicitud de mayores y mejores medios y la necesidad de modernización de los existentes.
- Una reivindicación para lograr la equiparación salarial con los trabajadores penitenciarios de Cataluña. No es admisible que existan diferencias salariales para puestos de trabajo iguales.
- Subidas de niveles y mejoras de los salarios.
- La creación de un Estatuto propio para los funcionarios penitenciarios. Su trabajo diario comporta una peligrosidad añadida, el riesgo de contagio de enfermedades o un desgaste psicológico especial. Por estas razones, los funcionarios
deberían ser considerados como trabajadores diferentes a los incluidos en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
- Impulsar y profesionalizar la formación.
Desde el Grupo Parlamentario VOX consideramos que es necesario tomar medidas para hacer frente a las necesidades de mayores recursos, así como mejorar las condiciones de trabajo, salariales y de seguridad del colectivo de trabajadores de los
centros penitenciarios de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una convocatoria de empleo público ambiciosa para los próximos cuatro años con el objetivo de paliar el problema de la falta de personal en prisiones y teniendo en cuenta las jubilaciones que se van a producir en los próximos
años.
2. Convocar los concursos de traslados con carácter anual. Concursos de traslados que deben afectar a la totalidad de las plazas vacantes, las que estén en comisión de servicios y en su caso interinos si los hubiera.
3. Crear un Estatuto Propio para los funcionarios penitenciarios que identifique claramente sus funciones y competencias y permita el establecimiento de una verdadera carrera profesional.
4. Adecuar y actualizar los actuales medios materiales para poder afrontar los actos violentos por parte de los internos hacia los trabajadores: walkies, guantes anti corte, grilletes, chalecos, pistolas eléctricas, equipos de intervención
fáciles de poner, medios coercitivos modernos y adecuados a la nueva realidad de las prisiones y al aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y al perfil más violento de los internos.
5. Equiparar los salarios con los trabajadores penitenciarios de Cataluña. Se debe cumplir el principio de igualdad de salarios para el mismo trabajo, con independencia de la ubicación del centro penitenciario.
6. Actualizar el Complemento Específico de forma lineal, progresiva y consolidable en los próximos ejercicios, para todos los puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias de la Administración General del Estado.
7. Fundar una Academia Nacional de Estudios Penitenciarios de forma que sea requisito básico haber recibido formación en la misma para la carrera profesional, la antigüedad y los puestos ocupados. Debe ser una institución profesional
dedicada a formar a los funcionarios penitenciarios con métodos, procedimientos, tecnologías modernas en la gestión de la seguridad, custodia y rehabilitación de la población reclusa.
8. Subir el nivel mínimo actual a nivel 18 en el Subgrupo C1 en todos los puestos del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (IIPP) y negociación económica de subida de niveles para el resto de puestos, incluyendo a los
trabajadores que tengan consolidado el nivel.
9. Apoyar el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.
10. Derogar la orden de servicio que criminaliza a los funcionarios de prisiones estableciendo una presunción de culpabilidad respecto de su labor profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de medidas correctoras en el acceso a
becas o subvenciones docentes o investigadoras por causas paternales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La brecha de género en la carrera académica es un hecho irrefutable. De hecho, existen datos oficiales al respecto. Por ejemplo, el informe presentado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2016) titulado 'Científicas
en cifras 2015: Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y profesión científica'. Dicho informe muestra que el porcentaje de mujeres con la categoría profesional de Catedrática supone únicamente el 21 %, y el índice
denominado techo de cristal es de 1,86, lo cual indica que existen más dificultades para la promoción de las mujeres que en el caso de los hombres para llegar a la posición más alta de la carrera investigadora y docente.
Las causas son múltiples, pero una de ellas es la maternidad. Diversos estudios como el informe 'Mujer y Ciencia: la situación de las mujeres investigadoras del sistema español de ciencia y tecnología' publicado por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología, entre otros estudios, indican que las
mujeres con descendencia tardan más en lograr reconocimiento acorde a sus méritos, mientras que esta circunstancia entre los hombres es irrelevante, derivado del cuidado de los hijos/as que dificulta o retrasa la producción científica
durante su crianza.
Pese a que en los últimos años se han implementado medidas encaminadas a paliar esta brecha, aumentándose las semanas de permiso de paternidad; aún queda mucho camino, por recorrer para conseguir una igualdad efectiva y potenciar la
corresponsabilidad en el hogar.
Un indicador de desigualdad, puede verse por ejemplo, en la convocatoria de diferentes subvenciones para la investigación científica en diferentes campos. En numerosas ocasiones este tipo de subvenciones tienen en cuenta la producción
científica y el currículum de los candidatos durante los últimos años. Esto supone que en no pocas ocasiones la gran mayoría de personas que aplican a estas subvenciones son hombres, puesto que las mujeres, al haber tenido un parón derivado de la
maternidad, parten con desventaja y no consideran que vayan a conseguir el objetivo.
Sin embargo, en varios Estados miembros de la Unión Europea ya se están llevando a cabo medidas para que la maternidad y la paternidad no sean vistas como un elemento negativo en la carrera profesional de los progenitores, especialmente en
las mujeres. Por ejemplo, si el currículum se valora en una ventana temporal concreta, 'The European Research Council' amplia el período de valoración de los méritos para aquellas personas que hayan tenido esos parones en la investigación, con una
acción positiva para la maternidad, así como la paternidad. Otras medida utilizada es la utilización de factores de corrección, como se hace por ejemplo, en Italia.
Por otro lado, la asunción de obligaciones familiares no debería conllevar ninguna penalización, por ello según el punto 8 del artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007 indica que uno de los criterios generales de actuación de los Poderes
Públicos es el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres.
Por este motivo, tanto los Organismos de Investigación Públicos y las universidades españolas, deberían de contemplar estos factores de corrección en cualquier evaluación que se haga al personal docente e investigador, que contribuya a
potenciar la corresponsabilidad, y es más, tener en cuenta estas valoraciones si la persona evaluada ha estado de excedencia por cuidados, baja por enfermedad, ha sido víctima de violencia machista o cualquier otra situación que suponga un permiso
reconocido legalmente.
Avanzar en estas medidas es hacer cumplir con la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que señala que los Poderes Públicos deben implementar acciones positivas con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de
la igualdad y adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres y la propia Constitución.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instaurar en las subvenciones a la investigación que dependan directamente de él elementos que compensen cualquier evaluación negativa que pueda venir originada por excedencias por cuidados de menores, bajas por enfermedad grave, haber
sufrido violencia machista o cualquier otra situación que suponga un permiso reconocido legalmente mediante la inclusión en las solicitudes de un apartado que permita indicar si las situaciones anteriormente expuestas han causado parones en las
carreras profesionales, docentes o investigadoras que puedan afectar a la valoración.
2. Trasladar a las Comunidades Autónomas y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) la necesidad de que en las subvenciones o becas que sean de su competencia se instauren estos factores correctivos o medidas que
puedan paliar evaluaciones negativas derivadas de los hechos anteriormente nombrados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Pleno, la
siguiente Proposición no de Ley sobre el programa específico de seguros agrarios en Canarias.
Exposición de motivos
Dentro del nuevo Régimen Económico y Fiscal se recogen una serie de medidas que pretenden que el sector primario, fundamental para el mantenimiento medioambiental de nuestra tierra y para mantener el apego poblacional en las zonas rurales.
Nuestro sector agrario puede y debe incrementar su peso en la economía canaria.
El Régimen Económico y Fiscal es por tanto un documento clave para el desarrollo socioeconómico del Archipiélago y, en concreto, para el sector primario al contener medidas específicas para el mismo. Su anclaje en nuestro Estatuto de
Autonomía ha sido fruto de un intenso trabajo que ha dado como resultado la consolidación de unos derechos para el sector primario de nuestra Tierra.
Entre estas medidas se encuentra la obligación para el Gobierno de España de consignar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para incrementar un 65 % la subvención base que en cada momento establezca la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios para los seguros agrarios de aplicación en Canarias.
En virtud de ello por parte de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario se ha venido solicitando una partida específica para seguros agrarios en Canarias que se estima en aproximadamente 10 millones de euros a fin de cumplir con esta
obligación. Por parte del Gobierno de España se planteó la posibilidad de destinar una partida específica dentro de la global recogida en el Programa 416A que no se ha cumplido.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Destinar una partida específica de 10 millones de euros para incrementar un 65 % la subvención base que establece la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para los seguros de aplicación en Canarias en cumplimiento de lo establecido en el
Régimen Económico y Fiscal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Pleno, la
siguiente Proposición no de Ley sobre Convenio de Obras Hidráulicas con Canarias.
Exposición de motivos
Dentro de las líneas de trabajo en materia de agua en Canarias, se han incorporado a la gestión del agua aquellos valores medioambientales dictados por la Directiva Europea Marco del Agua, y el compromiso de continuar trabajando para
implementar el ciclo integral del agua.
Por lo tanto es imprescindible que el Estado cumpla con los compromisos adquiridos en materia de infraestructuras hidrológicas, una inversión programada y acordada en 900 millones de euros en los próximos doce años.
Ya en el año 2018 se incumplió parte de este compromiso, al no transferir los 40 millones de euros correspondientes al Convenio de Obras Hidráulicas del año 2018. En el año 2019, la partida correspondiente a este Convenio, que se encontraba
en los Presupuestos Generales del Estado, en el Programa 452A del Ministerio de Transición Ecológica, sin que hasta el momento se hayan firmado el acuerdo ni transferidos los fondos. Por tanto dado que en el año 2020 los Presupuestos Generales del
Estado se encuentran nuevamente prorrogados, es urgente iniciar los trabajos para que se transfieran cuanto antes las cantidades recogidas en ese convenio y que se acometan las obras previstas.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Firmar el Convenio con el Gobierno de Canarias que haga posible la transferencia de los fondos del Convenio de Obras Hidráulicas, previsto en el Programa 452A y dotado con 40 millones de euros para el año 2020 así como las cantidades
pendientes de ejercicios anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Pleno, la
siguiente Proposición no de Ley sobre Convenio en materia de depuración de aguas.
Exposición de motivos
Dentro de las líneas de trabajo emprendidas en Canarias con el fin de incorporar a la gestión del agua aquellos valores medioambientales dictados por la Directiva Marco del Agua, se han impulsado los segundos ciclos de Planificación
Hidrológica ya entregados a Europa y se ha iniciado la coordinación para redactar los planes de tercer ciclo, situando la planificación hidrológica de las islas al mismo nivel que el resto de regiones europeas.
La implantación de este ciclo integral del agua tiene como objetivo mejorar las condiciones ambientales de las aguas costeras y subterráneas, completar el sistema de reutilización de agua depurada para generar más recursos hídricos para la
agricultura de las islas y reducir de manera paulatina el agua regenerada que se vierta al mar, para ser utilizada en otros fines.
Por eso imprescindible que el Estado cumpla con sus compromisos en materia de depuración de agua, y por tanto que se transfieran cuanto antes a Canarias los 10 millones de euros que se contemplan en el Programa 452A del Ministerio de
Transición Ecológica mediante la firma del oportuno Convenio entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, así como las cantidades adeudadas en esta materia de ejercicios anteriores.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Firmar el Convenio del Gobierno de España con el Gobierno de Canarias que haga posible la transferencia de los 10 millones de euros, previsto en el Programa 452A para la depuración de aguas, así como las cantidades adeudadas de ejercicios
anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Pleno, la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno sobre el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Canarias.
Exposición de motivos
El Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Canarias forma parte de la Red de Centros de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Los fines de este Instituto son la investigación Científica y Tecnológica, la Transferencia de conocimiento a la industria y a la sociedad, la formación del personal investigador y la divulgación de las ciencias. El Instituto de Productos
Naturales y Agrobiología tiene su sede en el Campus Anchieta de la Universidad de La Laguna con cuya institución mantiene diferentes acuerdos para el intercambio de servicios. Este Instituto está presente también en la Isla de La Palma a través del
laboratorio de Agrobiología 'Juan José Bravo Rodríguez' cuyo fin es el apoyo al sector primario, además de estudiar aspectos relacionados con la conservación de la biodiversidad de esta Isla.
En los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, prorrogados hasta el ejercicio vigente, dentro del Presupuesto del Centro Superior de Investigaciones Científicas se contempló una partida de 1.180.000 euros añadidos al Presupuesto de
dicho Instituto a fin de promover la investigación en el ámbito agrario, vital para el mantenimiento y mejora del sector agrario canario.
Por todo lo expuesto se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Transferir al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Canarias el 1.180.000 euros recogidos en el Programa 463 A del Centro Superior de Investigaciones Científicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los
Diputados presenta, para su debate en Pleno, la siguiente Proposición no de Ley sobre Obras de Regadío de interés general del Estado en Canarias.
Exposición de motivos
Dentro de la línea emprendida en Canarias de incorporar a la gestión del agua aquellos valores medioambientales dictados por la Directiva Marco del Agua, se han implementado medidas relativas a que a través del ciclo integral del agua se
mejoren las condiciones ambientales de las aguas costeras y subterráneas y se aumente el ahorro del agua que se vierte al mar mediante obras de regadío en zonas de las Islas que además, en muchos casos, al ponerse en cultivo, ayudan a detener el
avance de los incendio forestales, tan perniciosos para algunas islas.
Dentro de las obras declaradas de interés general del Estado se encuentran tres obras ubicadas en las islas:
Modernización y mejora de la zona sudeste de La Palma, TTMM de Breña Alta, Breña Baja, Mazo y Fuencaliente (La Palma). Declarada de interés general del Estado por Real Decreto-ley 10/2005 de 20 de junio tiene como objetivo el
establecimiento de dos redes de distribución de agua a presión y dos depósitos semienterrados de agua para riego en una zona con una superficie útil de cultivo de unas 358 hectáreas, en su mayoría platanera, en la Comarca sudeste de La Palma,
términos municipales de Breña Alta, Breña Baja y Villa de Mazo.
Modernización y mejora de la Red de Riego de El Golfo, Isla de El Hierro y TM de Frontera (El Hierro). Declarada de interés general por el Real Decreto-ley 10/2005 de 20 de junio tiene como objeto modernizar el regadío de 210 hectáreas,
distribuidas en 430 parcelas cultivadas principalmente por piña tropical y plátano.
Modernización y mejora de la zona sudoeste de la isla de Tenerife, TTMM de Adeje, Guía de lsora y Santiago del Teide (Tenerife). Declarada de interés general por el Real Decreto-ley 10/2005 de 20 de junio, tiene por objeto la instalación de
una coordinación paralela a la conducción paralela a la conducción de transporte para la reutilización de aguas residuales depuradas desde la EDAR de Adeje-Arona hasta Santiago del Teide. Desde esta red paralela salen distintos ramales, conformando
asi la red de distribución de aguas residuales depuradas de la zona, la construcción de la balsa de las Charquetas y un depósito de cola en Santiago del Teide.
Estas zonas, como muchas otras en Canarias son imprescindibles para afrontar la sequía que padecemos y poner o mejorar el cultivo de grandes extensiones en estas tres Islas.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Agilizar la financiación y contratación de las fases pendientes de las obras de interés general declaradas por Real Decreto-ley 10/2005 siguientes:
- Modernización y Mejora de la zona sudoeste de La Palma, TTMM de Breña Alta, Breña Baja, Mazo y Fuencaliente.
- Modernización y Mejora de la Red de Riego de El Golfo, Isla de El Hierro, TM de Frontera (El Hierro).
- Modernización y Mejora de la zona sudoeste de la isla de Tenerife, TTMM de Adeje, Guía de lsora y Santiago del Teide (Tenerife).
Que tienen financiación en los Presupuestos Generales del Estado vigentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Pleno, la
siguiente Proposición no de Ley sobre transferencia de partida para agua de pozos.
Exposición de motivos
La situación geográfica de Canarias conjuntamente con la no existencia de aguas superficiales han llevado a los canarios a buscar múltiples formas de obtención de agua a través de galerías, pozos o mediante la desalinización de aguas.
La sequía de los últimos años ha agravado la situación hídrica de las islas, y ha hecho imprescindible el apoyo a estos pozos para que puedan subsistir y seguir prestando servicios.
El artículo 1.18 de la Ley 8/2018 de 5 de noviembre por la que se modifica la Ley 19/1994 de 6 de julio de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el artículo 14 recoge la obligación de establecer reglamentariamente un
sistema de compensación, consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las Islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del
resto del territorio nacional, así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la elevación de pozos y galerías.
A través del Real Decreto 217/2019 de 29 de marzo por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y galerías
para el riego agrícola en Canarias habilitó la transferencia de los 8 millones de euros correspondientes al año 2018, pero no se ha producido la transferencia de los fondos correspondientes al 2019.
Dado que se han prorrogado de nuevo los Presupuestos Generales del Estado para 2020 debe producirse además la transferencia de los fondos contemplados en este Presupuesto para el mismo fin.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Habilitar mediante la forma legal oportuna y transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias los 8 millones de euros para agua de pozos y desalinizada contemplada en los Presupuestos Generales del Estado en vigor, así como la partida
presupuestaria correspondiente al 2019.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000119
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Pleno, la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión sobre bienes corporales.
Exposición de motivos
Las subvenciones recogidas en el Programa de Opciones por la Lejanía y la Insularidad de Canarias (POSEI) fueron establecidas por la Unión Europea para compensar el sobrecoste de las producciones insulares en las Islas. Entre estas medidas
se encuentran también las recogidas en el Régimen Específico
de Abastecimiento que busca garantizar el suministro de determinados productos esenciales a precios razonables en Canarias.
El nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por la Ley 8/2018 de 5 de noviembre, recoge en su artículo 26 lo siguiente, aclarando de forma definitiva las dudas que se pudieran haber generado con anterioridad estableciendo lo
siguiente:
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades aplicarán una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota íntegra correspondiente a los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias por ellos
mismos, propios de actividades agrícolas, ganaderos, industriales y pesqueras, siempre que, en este último caso, la pesca de altura se desembarque en los puertos canarios y se manipule o transforme en el archipiélago. Se podrán beneficiar de esta
bonificación las personas o entidades domiciliadas en Canarias o en otros territorios que se dediquen a la producción de tales bienes en el archipiélago, mediante sucursal o establecimiento permanente.
2. La bonificación anterior también será aplicable a los contribuyentes del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan las mismas actividades y con los mismos requisitos exigidos a los sujetos pasivos a los sujetos pasivos
del Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando determinen los rendimientos por el método de estimación directa. La bonificación se aplicará sobre la parte de la cuota íntegra que proporcionalmente corresponda a los rendimientos derivados de las
actividades de producción señaladas.
De esta forma, se recoge de forma taxativa la inclusión en los rendimientos para el cálculo de la bonificación del 50 % por la producción de bienes corporales a las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento y de apoyo a las
producciones locales del POSEI, aclarando cualquier duda que hubiera al respecto. Este planteamiento fue reforzado por la sentencia del 11 de febrero de 2019 que ha avalado la deducción de estas subvenciones, garantizando el cumplimiento de este
artículo del Régimen Económico y Fiscal y por tanto despejando cualquier duda al respecto.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a tomar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento del artículo 26 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, mediante un pronunciamiento de la Dirección General de
Tributos de la Agencia Tributaria Estatal y la resolución de forma positiva de todas las reclamaciones pendientes en esta materia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Pleno, la
siguiente Proposición no de Ley sobre el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y sus consecuencias para el sector agrario canario.
Exposición de motivos
El pasado mes de julio, la Unión Europea anunciaba la firma de un Acuerdo con los países integrantes de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Este Tratado pretende establecer condiciones favorables para la entrada de
producciones de estos países.
En la comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Comisión correspondiente el pasado 12 de septiembre, se reconoció la no existencia de términos definitivos en dicho Acuerdo, que
todavía está en negociación, y por tanto la posibilidad de introducir cláusulas que impidan consecuencias negativas para el sector agrario canario, fundamentalmente las producciones de plátano, aguacate, carne y vino.
Por todo ello, desde Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario pedimos al Gobierno de España que cree un Comité de Expertos que, conjuntamente con los sectores afectados, elaboren un informe técnico, tal y como ha hecho el Gobierno
francés.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Crear un Comité de Expertos que, conjuntamente con los sectores agrarios afectados, elabore un informe de evaluación sobre las consecuencias del Tratado UE-Mercosur sobre el sector agrario canario.
2. Impedir que el Tratado UE-Mercosur recoja nuevas rebajas arancelarias a la entrada de bananas u otras frutas tropicales o subtropicales o productos cárnicos.
3. Exigir a los productos recogidos en el Tratado UE-Mercosur las mismas condiciones fito y zoosanitarias, laborales y medioambientales que se exigen a las producciones europeas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2020.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y don Francisco José Alcaraz Martos, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la concesión a título póstumo de la Medalla al Mérito al Trabajo en categoría de oro a todas las víctimas del terrorismo sin distinción, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El 21 de mayo del 2004, el Gobierno por Real Decreto concedió a título póstumo la Medalla al Mérito al Trabajo, en su categoría de oro, a las víctimas del terrorismo del atentado del 11 marzo del 2004.
En su argumento expone lo siguiente:
'El Gobierno ha valorado para la concesión de estos galardones que todas las víctimas eran trabajadores y estudiantes que se dirigían a realizar sus tareas en sus lugares de trabajo o estudio y, por tanto, a cumplir con sus obligaciones
laborales y ciudadanas, sin distinción de nacionalidades.'
Posteriormente en el Consejo de Ministros celebrado el 9 de febrero del 2007 concede por Real Decreto, a título póstumo, la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a don Diego Armando Estacio Sivisapa y don Carlos Alonso
Palate Sailema.
Segundo. Todas las víctimas del terrorismo, las pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los civiles que trabajaban en cualquier ámbito laboral, los representantes públicos, incluso los estudiantes a los que no se les
dio la oportunidad de llegar a la edad laboral para trabajar, merecen tener el mismo reconocimiento a merced de los argumentos expuestos para los casos descritos anteriormente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
Conceder a título póstumo la Medalla al Mérito al Trabajo en categoría de oro a todas las víctimas del terrorismo reconocidas como tal desde del Ministerio de Interior contribuyendo al trato igualitario entre españoles según contempla el
artículo 14 de nuestra Constitución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2020.-Francisco José Alcaraz Martos, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Carla Toscano Balbín y doña Rocío de Meer Méndez, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de la mujer embarazada y del no nacido, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
El número de abortos que anualmente se practican en España es un número escandaloso. Según las estadísticas elaboradas por el Gobierno, sobre la base de los centros que notifican el número de abortos, practicados en mujeres comprendidas en
una edad que oscila entre los 15 y 45 arios, en el ario de 2018 fueron 95.917 mujeres las que interrumpieron de forma voluntaria su embarazo, lo que supone un incremento de 1,91 % respecto a 2017.
Debemos advertir que, a pesar de lo exagerado que resulta ser el número, los datos son incompletos, pues no se han tenido en cuenta las intervenciones practicadas en centros médicos de Comunidades Autónomas que no han notificado el número de
mujeres que han interrumpido su embarazo, en especial el aborto químico, ni tampoco se han tenido en cuenta las mujeres que lo han hecho acudiendo a otras soluciones. Esto lleva a concluir que son bastante más mujeres que las 95.917 registradas en
la estadística las que pueden haber adoptado esta dramática solución.
Además, si se tiene en cuenta la relación del número de abortos con el número de mujeres embarazadas, el número relativo de interrupciones voluntarias de embarazo va aumentando cada año. La práctica del aborto, en muchos casos, se considera
como un medio anticonceptivo más.
No es de extrañar que esto ocurra cuando la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo considera el aborto como un derecho de la mujer, desprotegiendo de forma total al nasciturus, en un
determinado periodo de tiempo en el que la madre podrá disponer de la vida de su hijo, ocultando las consecuencias que para aquella tiene el someterse a su práctica.
Esta ley ignora por completo las causas por las cuales una mujer puede tomar esta dramática solución, dejándola en muchos casos sola ante este drama.
Ninguno de los preceptos contempla acciones para garantizarle el apoyo que esta necesita para llevar a término su embarazo; ni tampoco se le ofrecen ayudas en circunstancias difíciles, sean familiares o económicas. Tampoco se ofrece
información suficiente de lo que significa un aborto, ni de las consecuencias físicas y psíquicas que puede acarrear.
Ante la situación de desprotección generada por la legislación actual, es necesario aprobar medidas positivas de asistencia a la mujer, sobre todo en el mundo laboral, para que el embarazo no penalice y en especial para que las personas más
vulnerables y desprotegidas sepan que cuentan con el apoyo necesario, que no están solas y que van a recibir las ayudas necesarias para sacar adelante su vida y la de su hijo.
Asimismo, deberá protegerse al no nacido, puesto que, amparándose en la libertad de la mujer o el libre desarrollo de su personalidad, no se puede vulnerar el derecho fundamental a la vida, que en nuestro
ordenamiento jurídico es un bien jurídico que el Estado debe proteger, resultando un atentado contra la razón el considerar el aborto como un derecho.
Finalmente, nos parece un contrasentido que, por un lado, nos encontremos en un invierno demográfico, con el grave riesgo que implica para el Estado la disminución de nacimientos y su impacto negativo en el crecimiento, sostenimiento
económico y progreso del propio país y, por otro, con una norma como la Ley Orgánica 2/2010, que facilita la interrupción voluntaria del embarazo.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a lo siguiente:
Elaborar y remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Protección de la Vida y la Maternidad, que garantice información y suficiente apoyo a la mujer embarazada, con medidas positivas de ayuda y asistencia, especialmente en favor de
las madres gestantes en situación de vulnerabilidad o desempleo, y una protección adecuada de la vida del no nacido, que ha de conllevar la derogación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2020.-Lourdes Méndez Monasterio, Carla Toscano de Balbín y Rocío de Meer Méndez, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y doña Patricia de las Heras Fernández, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a los Letrados del Turno de Oficio, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita tiene como fin satisfacer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución. Esto implica que, en España, cualquier persona puede enfrentarse a un proceso judicial con
todas las garantías legales y constitucionales, sin importar la situación económica del afectado. Las condiciones para que cualquier ciudadano pueda disfrutar de justicia gratuita son varias, pero la más importante es que su unidad familiar no
supere los 1.100,00 euros de ingresos mensuales brutos.
El turno de oficio nace y fundamenta su existencia en asistir a las personas beneficiarias de la justicia gratuita. Estos letrados son designados por la correspondiente Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Por ello, el turno de oficio
es un servicio básico para la Justicia, pues permite disfrutar a las personas más desfavorecidas de la defensa legal. Así, el Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, mediante Sentencia 103/2018, de 4 de octubre, Recurso de
Inconstitucionalidad 4578/2017, en relación con distintos apartados del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, avaló la obligación de los abogados de
prestar asistencia en el Turno de Oficio, imponiendo que los Letrados colegiados formen parte del servicio de asistencia gratuita, por considerar que de la plena efectividad de dicha asistencia dependen importantes intereses, tanto públicos como
privados, 'vinculados al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que carecen de medios económicos para litigar'.
En síntesis, el Tribunal Constitucional aprecia la obligatoriedad de prestar el servicio como una consecuencia de la necesidad de asegurar ese derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita reconocido en el art. 119 de la
Constitución Española.
Sentado lo anterior, en muchas ocasiones y de conformidad con la Ley 1/1996, de 10 de enero, el Colegio de Abogados atribuye provisionalmente a un letrado del turno de oficio la defensa de un ciudadano, quien posee una expectativa de
concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita, pero a quien finalmente se le deniega. Es decir, los letrados defienden a personas que con posterioridad deberán abonar de su bolsillo la asistencia. En dicho contexto, se da la
circunstancia de que el letrado, quien ha realizado un servicio -garantizado en el art. 24 de la Constitución- al Estado con base en esa delegación de una función pública, no va a percibir la indemnización que remuneraría tal obligado servicio,
sino que deberá invertir su tiempo en un procedimiento judicial de jura de cuentas para obtener la declaración del derecho a recibir la remuneración de su propio cliente de oficio.
Además, el pasado 11 de diciembre de 2019, el Ministerio de Justicia anunció al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que, a partir del mes de octubre, no se abonarían los expedientes del turno de oficio generados por designación
judicial que no estén amparados por la carencia de recursos económicos.
El cambio de parecer de la entonces Ministra respecto a su predecesor puso en pie de guerra a la Abogacía, que exigió la dimisión de la titular del Ministerio. Con esta resolución, el Gobierno ignora que la designación de abogado es un
mandato del Juez instructor, y que responde a un derecho constitucional.
Hasta ahora, el Ministerio se hacía cargo del pago de todas las minutas del turno de oficio prestado por designación judicial, incluso las generadas por aquellos que no estaban amparados por la carencia de recursos económicos, así como de
las correspondientes a la defensa de sociedades mercantiles, una tarea que tanto el CGAE como el ICAM o el ICAIB (entre otros colegios) piden que siga haciendo, ya que se trata 'de un derecho reconocido en la Constitución'.
Los representantes de la Asociación de Letrados por el Turno de Oficio (Altodo) denuncian que la medida tomada por Justicia supone la 'esclavización' de los abogados del turno de oficio, 'por cuanto que se les obliga a prestar un servicio
público sin percibir compensación económica alguna'. Además, piden una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para garantizar el cobro de estos profesionales en todo caso.
Se está garantizando un servicio público desde el primer instante en que resulta necesario, sin saber si finalmente la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita desestimará el derecho y, por tanto, si el Letrado podrá certificar o no esa
actuación para percibir la correspondiente indemnización.
En síntesis, se delega una obligación Estatal en profesionales liberales, sin que se asegure la remuneración de sus actuaciones realizadas en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial
efectiva, y sin que se garantice la fecha del cobro de los que se reconozcan.
La dignificación de la profesión pasa en primer lugar por no permitir que las actuaciones profesionales llevadas a cabo en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, dejen de ser
compensadas.
Pero no podemos ni debemos olvidarnos de los míseros importes que retribuyen tales servicios, ni mucho menos que la transferencia de la competencia de Justicia a diversas Comunidades Autónomas ha quebrado en su más grave expresión el
principio de igualdad, pues cada una dispone de un baremo muy diferente. Ello implica que por idéntico trabajo, no perciba la misma indemnización un abogado de Cataluña que uno de Baleares por ejemplo.
Con tanto afán presume el Gobierno de velar por los intereses de los trabajadores, por el SMI y por la dignificación de las profesiones, que parece absurdo que se le tenga que instar a aplicar tales tesis en la práctica, ya que el caso de
los Abogados del Turno de oficio es un claro ejemplo de la dejadez total del Gobierno a la hora de proteger esos derechos falsamente defendidos. Concretamente, (i) se asegura un servicio estatal en detrimento del libre ejercicio de una profesión
liberal, trasladando la obligación al profesional particular; (ii) sobra decir que con la escasez de la remuneración de los baremos no se alcanzaría la mayoría de las veces un SMI; (iii) siendo una función estatal delegada, debería partirse de la
igualdad de retribución en relación con idéntica prestación; (iv) los turnos de guardia son de una extensión muy significativa; y lo que es peor, (v) se atribuye obligatoriamente la prestación de servicios que en ocasiones no se abonan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las actuaciones necesarias a fin de dignificar las condiciones en que se presta el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y, concretamente, las siguientes:
- Promover a través de la Conferencia Sectorial de Justicia la equiparación de los baremos de retribución de las actuaciones realizadas en el Turno de Oficio, de tal modo que las cantidades abonadas sean las mismas por el mismo trabajo, con
independencia de la Comunidad Autónoma donde hayan sido ejecutados, en aplicación del principio de igualdad.
- Abonar los servicios prestados de Asistencia Jurídica Gratuita en pagos mensuales, dentro de los cinco primeros días de cada mes.
- Asumir el pago al completo de los expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita generados por designación judicial, siendo la Administración, en su caso, quien reclame a los ciudadanos a los que se les deniegue finalmente el servicio.
- Abonar sin excepción a todos los Letrados que prestan el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita el 70 % del Procedimiento en las Diligencias Previas que finalicen con Sobreseimiento Provisional, se hayan hecho actuaciones posteriores a
la guardia o no.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2020.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia de Las Heras Fernández y doña Patricia Rueda Perelló en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para paliar los efectos de la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. La quiebra de las empresas británicas del grupo empresarial Thomas Cook, ha producido unos efectos muy nocivos en el sector turístico, tanto a nivel de empresa como de trabajador, mayoritariamente en las CCAA de Baleares y
Canarias, ya que entre ambos destinos se acapara el 90 % de la oferta de Thomas Cook en España, y donde precisamente el turismo supone más del 45 % y 35 % del PIB respectivamente. Además, en dichas comunidades tal sector asegura empleo a más del 30
% del total de trabajadores asalariados en Baleares y del 40 % en Canarias según los datos que recoge el Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre.
La insolvencia del grupo ha afectado en mayor medida a Baleares y a Canarias pero también ha tenido un evidente impacto y un claro perjuicio en el resto de Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de España, con mayor intensidad en los
territorios vinculados al turismo de sol y playa.
Segundo. El Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook alegaba que: 'Esta fuerte dependencia
del grupo empresarial británico que entró en concurso de acreedores, principalmente de los territorios insulares de Canarias y de Illes Balears, ha producido unos efectos nocivos muy relevantes en las empresas turísticas y en los trabajadores
afectados directa o indirectamente por la onda expansiva que desencadenan estas situaciones de insolvencia'. Dicho Real Decreto-ley sentencia que: 'Los turistas británicos que visitaron nuestro país en 2018 mediante el producto del paquete
turístico fueron 7,23 millones, lo que supone un 39,1 % de los turistas británicos en España, y en las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias, hasta el 50,3 % y 58,8 % respectivamente'.
Tercero. En la Diputación Permanente celebrada el pasado 27 de noviembre fue tratado este Real Decreto con carácter de urgencia. Ante dicho Real Decreto el Grupo Parlamentario VOX presentó una enmienda en la que defendía que los efectos
negativos de la quiebra de Thomas Cook también se padecen en otras Comunidades y Ciudades Autónomas de España, como Andalucía, Valencia, Cataluña, entre otras, y que también necesitan medidas urgentes para paliar los efectos.
Solo hay que escuchar al sector. El presidente de la Confederación Española de Hoteleros y Alojamientos Turísticos afirmó que: 'Los destinos turísticos más dañados son Canarias y Baleares con un 40 % de la planta hotelera afectada seguida
de la Costa del Sol con un 20 % y Cataluña y Comunidad Valenciana con un 10 %' y la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol, cifró, solo en la Costa del Sol, pérdidas de más de cuatro millones de euros. Es por ello que podemos afirmar que la
quiebra de dicho touroperador británico ha asestado un duro golpe en el sector, pero en todo el sector turístico español, y en gran parte del territorio que se traduce en deudas y pérdidas multimillonarias y cientos de despidos.
La quiebra de Thomas Cook ha afectado gravemente, por tanto, al motor de la economía en Baleares y Canarias, y debemos considerar que el turismo es un sector fundamental en la economía de todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.
Cuarto. Por todo lo expuesto, el Gobierno en funciones consideró justificada la inmediata adopción de medidas dándose la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad, lo cual instrumentó a través del Real Decreto-ley 12/2019, de 11
de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, convalidado posteriormente por el Pleno del Congreso para su tramitación como Proyecto de
Ley.
Si bien, dicho Proyecto no concluyó su normal tramitación resultando caducado a día de hoy. De esta manera, las medidas introducidas en la tramitación del Proyecto de Ley para compensar la quiebra quedaron sin efecto y sin previsión de
aprobarse al haber caducado.
Quinto. Habida cuenta de la más que acreditada y justificada urgencia y extraordinaria necesidad de intervenir de forma inmediata en el sector turístico para paliar los graves efectos de la quiebra de Thomas Cook, habiendo resultado
infructuoso todo intento del anterior Gobierno en funciones de materializar las ideas que con carácter electoralista adoptó un mes antes de las elecciones generales para su posterior caducidad, es un derecho de los ciudadanos que se adopten dichas
medidas de manera efectiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las actuaciones necesarias para paliar los nocivos y relevantes efectos de la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook, en concreto las siguientes, ya
previstas tras su introducción por enmiendas en el proyecto de ley caducado:
1. La concesión de las subvenciones previstas para Baleares, Canarias y Andalucía que no podrán en ningún caso quedar condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente -tal y como recoge el apartado 5 del artículo 5 del Real
Decreto-ley 12/2019- siempre que se encuentren dentro del importe garantizado de 15 y 30 millones, pues de lo contrario supondría una contradicción legal bajo una demagogia política establecer un importe de subvención que en realidad no se
garantiza. Tal limitación a la existencia de crédito adecuado y suficiente operará a partir de las cuantías establecidas. Las referidas subvenciones no sustituirán, en ningún caso, cuantía alguna recogida en los Presupuestos Generales de Estado
destinada a las Comunidades Autónomas citadas para la mejora de su infraestructura turísticas.
2. Extensión a todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de España de las medidas de apoyo a la prolongación del período de actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y de los trabajadores por cuenta ajena con
contratos fijos y fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio, intermediación turística, transporte, distribución, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y los meses
correspondientes de 2020. Habida cuenta de que las reservas de estos paquetes turísticos, en ocasiones, se efectúan a año vista, hacemos extensible dichos efectos hasta diciembre 2020. Con una bonificación del cincuenta por ciento en sus
aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes. Los contratos indefinidos distintos a los contemplados en este punto y celebrados en los próximos seis meses por empresas del sector turístico podrán aplicar una
bonificación durante un ario del cincuenta por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos
trabajadores.
3. Los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos dedicados a actividades encuadradas en los sectores de turismo y afectados por la quiebra de Thomas de Cook,
tendrán derecho a una bonificación durante un año del cincuenta por ciento en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes.
4. Adopción de las acciones necesarias para asegurar que los archipiélagos de la nación -Baleares y Canarias- como territorios insulares, no se vean afectados por la imposición de tasas aeroportuarias o impuestos de terceros países.
5. La extensión de las medidas de alivio en las tasas aeroportuarias fijadas por las entidades públicas empresariales españolas para aquellos aeropuertos cuyo tráfico de viajeros correspondientes a la compañía británica suponga, al menos,
el 5 por ciento, con el fin de apoyar el mantenimiento de la conectividad de aeropuertos secundarios afectados por la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook.
6. El Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la protección por desempleo y la ejecución de sus políticas activas de empleo para dar respuesta a la situación
de los trabajadores afectados por esta situación excepcional.
7. Aplazamiento de determinadas cuotas devengadas del Impuesto sobre Valor Añadido respecto de aquellos sujetos pasivos cuya situación económico-financiera a causa de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, les impida de forma
transitoria efectuar el pago dentro de los plazos establecidos en la normativa del citado tributo. Siempre que se trate de cuotas repercutidas y no satisfechas por este grupo empresarial.
8. La puesta en marcha de una línea de financiación para atender a las necesidades financieras de los afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook y sus filiales en España.
9. Un periodo de moratoria extraordinario en la amortización de los préstamos concedidos a través de diversas entidades de crédito cuya administración financiera sea llevada a cabo por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de las empresas
que acrediten tener facturas impagadas por la compañía Thomas Cook por un periodo de doce meses. Estas líneas de financiación estarán condicionadas al mantenimiento del empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.-Patricia de las Heras Fernández y Patricia Rueda Perelló, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley para solicitar la puesta en marcha de un Plan Nacional de Reindustrialización en España, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
La grandeza de las naciones se encuentra en su potencial industrial. EEUU, Alemania, Francia, Japón, China [...] todas ellas son potencias industriales, y entendemos que España no puede seguir más tiempo renunciando a estar entre ese grupo
de grandes naciones con la excusa -propia de perdedores- de que somos una 'Economía de servicios'. Si verdaderamente queremos estar entre las primeras potencias del mundo, necesariamente hemos de volver a convertirnos en una gran potencia
industrial, como antes de los años 80, cuando con carácter previo a la crisis del Petróleo, el sector industrial generaba el 29 % de nuestro PIB.
La desindustrialización de España ha caminado en paralelo con el crecimiento del desempleo, pasando de una tasa de paro del 3,7 % en 1975 (600.000 desempleados) a una tasa del 13,7 % al término del ejercicio 2019.
Paralelamente a estos datos, y sin necesidad de acudir a ningún estudio, es bien evidente que la competencia desleal de terceros países no solo ha hecho perder millones de puestos de trabajo, sino que además es la responsable directa de la
situación de precariedad laboral en la que se encuentran los
trabajadores que aún resisten en el sector industrial. Es un hecho que con un solo sueldo cualquier trabajador industrial de hace unas décadas, podía afrontar el mantener una familia de seis miembros y financiar una vivienda a diez arios.
Hoy día solo es posible con las nóminas de ambos cónyuges, financiando a cuarenta años, y sin exceder de los cuatro miembros.
La Unión Europea, ese mastodonte insaciable, que nació como un mercado común europeo, en lugar de proteger su mercado, ha decidido hacerse el harakiri permitiendo que entren todo tipo de manufacturas, sin ningún tipo de control, ni de
derechos humanos, ni de calidad, mientras que a los propios fabricantes europeos se les exigen cada día nuevas normas e inspecciones cada día más insoportables, y que no tienen más objetivo que justificar el sueldo de miles de burócratas. Así, y
solo en 2017, y según el informe de CEOE sobre 'La producción normativa en 2017', la Unión Europea produjo 65.230 estándares europeos de normalización, que obligan a las diversas industrias europeas, pero que evidentemente no cumplen buena parte de
los productos importados de terceros países.
A pesar del impacto que esta competencia desleal tiene sobre el sueldo de los trabajadores industriales, estos perciben salarios notablemente más altos que trabajadores en otros sectores de actividad. Según datos oficiales del INE de 2017,
si hacernos una media entre los salarios/año de hombres y mujeres, observamos los datos siguientes:
- Hostelería: 14.650 euros.
- Industria Manufacturera: 25.799 euros.
- Construcción: 21.750 euros.
- Otros servicios: 17.376 euros.
La reindustrialización, por tanto, no es solo una forma de generación de empleo, sino también de empleo digno para nuestros trabajadores.
El sector industrial es, además, por naturaleza, el sector que más empleo inducido genera: Proveedores, almacenes, talleres, servicios generales, mantenimiento, asesores, transportistas [...]
Ciertamente no existen dos estudios coincidentes en la cantidad de puestos de trabajo indirectos que genera la industria por cada puesto directo, pero ninguno de los muchos consultados baja de una ratio de 2x1.
Numerosos expertos concluyen que son tres los principales efectos aplicables a un aumento del peso de la industria:
- Arrastre del sector servicios y otros, es decir los demás sectores son seguidos del industrial.
- Efecto contra cíclico en recesiones.
- Efecto notable del aumento del I+D y de la actividad exportadora que aumentan la competitividad global del país.
La reindustrialización no es solo una propuesta para solucionar nuestros actuales y angustiosos problemas de desempleo, de bajos salarios o de deuda pública. La reindustrialización es, por encima de todo, la mejor solución posible para
aumentar la productividad de nuestra economía, mejorar nuestra balanza comercial y crear riqueza y empleo de calidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Elaborar, junto con los principales actores del sector, un Plan Nacional por la Reindustrialización, con el objetivo de que el sector industrial supere con amplitud el 20 % de nuestro Producto Interior Bruto (PIB).
2. Abordar un proceso urgente de simplificación normativa. El exceso de regulación es uno de los grandes lastres y obstáculos con los que se encuentra el emprendimiento industrial (Normativas ISO, laborales, sanitarias, medioambientales,
de género, etc).
3. Afrontar, junto con la iniciativa privada, un ambicioso plan de fomento de la I+D+i.
4. Promover y dignificar la Formación Técnica Profesional habrá de ser el objetivo de un plan nacional, íntimamente ligado a las necesidades de reindustrialización y el futuro laboral de nuestra juventud.
5. Introducir los siguientes criterios básicos para la obtención de financiación y ayudas del Estado a la reindustrialización:
a) Priorización por sectores, en función de su necesidad.
b) Sobrada experiencia empresarial en el personal encargado de seleccionar los proyectos.
c) Priorizar una nueva línea de ayudas, basada en exención temporal de pagos a la Seguridad Social, con el claro objetivo de creación de empleo.
d) Desembolso escalonado de las ayudas, en función de cumplimiento de objetivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-José María Figaredo Álvarez-Sala y Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la incorporación definitiva del fútbol femenino en La
Quiniela, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La realidad del fútbol femenino se ha transformado radicalmente en las últimas décadas. El progresivo aumento de las licencias federativas de mujeres y los éxitos alcanzados los últimos años, entre los que cabe destacar la consecución del
Mundial por parte de la selección femenina Sub-17, la victoria de la Sub-19 en el Europeo, y el subcampeonato del mundo de la selección Sub-20, todos durante el año 2018, han puesto el fútbol femenino de moda en nuestro país y ha conseguido
visibilizar la batalla de las futbolistas por la igualdad y por la mejora de sus condiciones laborales.
Entre los hitos conseguidos por el fútbol femenino español, también cabe destacar el record de asistencia alcanzado en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de la Reina que enfrentó al Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid en
San Mames, donde se congregaron 48.121 aficionados. Esta cifra, superaba en 12.000 personas la anterior marca, situada en 36.000 espectadores que asistieron a la victoria por 5-0 del Athletic frente al Híspalis que le daba su primer título liguero
en el año 2003. Además, los 48.121 aficionados suponen la segunda marca de un partido de fútbol femenino a nivel mundial en un duelo entre clubes, solo superada por los 51.211 de un Monterrey-Tigres de la Liga mexicana.
En estos momentos, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el futbol femenino es la falta de financiación. Tanto es así, que la firma del primer Convenio Colectivo del Fútbol Femenino se encuentra paralizada debido a las
discrepancias entre la RFEF y Mediapro, en cuanto al dinero que deben pagar a los clubes para que estos puedan hacer frente a los compromisos alcanzados en el preacuerdo entre los que se encuentra un sueldo mínimo de 16.000 a jornada completa, el
derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de 30 días naturales o la creación de una indemnización por incapacidad de forma total como consecuencia directa del fútbol de 90.000 euros, entre otros derechos que mejoraran sustancialmente la
situación laboral de las jugadoras del fútbol femenino profesional en nuestro país.
En febrero de 2019, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), propuso una batería de medidas para atraer más apoyo económico al fútbol femenino, entre las que se encontraban la presencia de la Primera lberdrola en todas las quinielas de
la temporada y que se destinara un porcentaje de la recaudación al desarrollo del fútbol femenino. Esta medida, ya contaba con precedentes en la historia de 'La Quiniela'. En el año 2017, se puso a la venta por primera vez en sus 71 años de
historia un boleto de 'La Quiniela' que incluía un encuentro de la Liga Femenina de fútbol. Finalmente, durante la Temporada 2017/2018, se incluyeron 11 partidos de la Liga Femenina en 'La Quiniela'. Cabe destacar, que de los 11 partidos que se
incluyeron durante la temporada 2017/2018 en esta apuesta, 7 lo fueron por motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer esa misma semana.
Hasta el momento, la inclusión de partidos en 'La Quiniela' ha sido positiva en términos de recaudación. A modo de ejemplo, la jornada en el que se incluyeron 7 partidos por motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la
recaudación semanal alcanzó los niveles habituales de recaudación.
Los antecedentes mencionados a lo largo de la exposición de motivos, presentan la idea de incluir de manera permanente partidos de la Primera División Femenina de España en 'La Quiniela' como una herramienta que 'contribuya a la captación de
inversores privados y a generar afición, lo que contribuirá a un mayor desarrollo del futbol femenino'. Esta medida, en todo caso, deberá ir acompañada de reformas legales que garanticen que una parte del dinero recaudado en 'La Quiniela' y a la
financiación del fútbol femenino profesional y a la promoción del fútbol femenino en etapas formativas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Realizar las modificaciones necesarias para hacer efectiva la incorporación permanente de partidos de la Primera División Femenina de España en 'La Quiniela'.
2. Realizar una modificación del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado para modificar el reparto de las recaudaciones que se obtengan, garantizando que los clubes que participan en la Primera lberdrola reciben un porcentaje fijo de la recaudación generada, una vez se haya hecho permanente la
presencia de partidos de la Primera División Femenina de España en 'La Quiniela', a través de un fondo que se distribuya equitativamente a los clubes mediante una comisión en el seno del Consejo Superior del Deporte.
3. Realizar una modificación del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado para garantizar que se destina un porcentaje fijo de la recaudación que reciben las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades Autónomas, a la promoción del futbol femenino en etapas formativas.
4. Incluir de manera permanente, hasta que los cambios mencionados en los puntos anteriores se materialicen, al menos dos partidos de cada jornada de la Primera División Femenina en 'La Quiniela', como herramienta para la promoción y
difusión de este evento deportivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para promover y facilitar el acceso
de las pymes a la contratación pública, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las pymes son el sector más amplio y que más empleo genera en la Unión Europea; sin embargo, no es el que más contratos públicos gestiona. En concreto, las pymes constituyen más del 98 % de las empresas de la Unión Europea, pero solo
ejecutan directamente en torno a un 35 % de la contratación pública.
Teniendo presente esta diferencia, la 'Estrategia Europa 2020' considera que la contratación pública, que supone en torno al 20 % del PIB de la Unión Europea, desempeña un papel clave en la consecución de sus objetivos en tanto puede
contribuir de manera mediata a implementar las políticas de la Unión en materia social, medioambiental, de innovación, y de promoción a las pymes.
En esa línea, las diversas directivas europeas sobre contratación destacan como uno de los objetivos esenciales de la nueva regulación facilitar el acceso de las pymes a los contratos públicos, introduciendo flexibilidad en los
procedimientos, reduciendo la carga administrativa en los negocios, y evitando requisitos desproporcionados en cuanto a la posición financiera de los candidatos.
Así, la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, dispone que 'debe concederse especial importancia a la mejora de las posibilidades de acceso
para las pymes en todos los mercados de concesiones de la Unión'. Por su parte, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE,
señala que la contratación pública ha de realizarse 'facilitando en particular la participación de las pymes en la contratación pública'. Un objetivo también incluido por la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero.
Por todo ello, el Grupo febrero de 2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
Igualmente, en consonancia con la normativa europea, la legislación española incorporó el objetivo de favorecer el acceso de las pymes en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en el que se establece que 'los entes, organismos y entidades del sector público [...] promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información'.
Sin embargo, pese a estos objetivos, en la actualidad son todavía muchas las dificultades y barreras de acceso que las pymes encuentran para poder acceder a la contratación pública. Por un lado, los requisitos de solvencia exigidos para
garantizar la ejecución del contrato en ocasiones tan elevados que solo las empresas más solventes, pero no necesariamente las más competitivas, pueden presentarse a la licitación de contratos públicos. Seguidamente, una dificultad similar a la
anterior se plantea cuando el objeto del contrato, sea de obras o de suministros, se configura con una gran envergadura, lo cual, si bien en ocasiones permite obtener precios más asequibles, también en la práctica limita la participación en la
contratación pública a las grandes empresas, aun cuando se permitiese la subcontratación.
Asimismo, el incumplimiento en los plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas a las empresas contratistas, y, en consecuencia, de estas a sus suministradores y subcontratistas, muchas veces generan importantes dificultades a
las empresas que participan de la ejecución de contratos públicos, lo que una vez más termina por perjudicar a las pymes en detrimento de las empresas de mayor tamaño y, por tanto, con mayor solvencia, mayor capacidad de acceder a fuentes
alternativas de financiación, o mayores fondos propios para aguantar el retrasos de los pagos por parte del sector público.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a promover y facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública, con sujeción a los principios de legalidad, transparencia y publicidad, y con el fin de fomentar una mayor concurrencia y eficiencia en el uso de
los fondos públicos, para lo cual se promoverán, entre otras, al menos las siguientes medidas:
1. El establecimiento de una reserva de al menos el 20 % de los contratos del sector público de suministro o de servicios para su adjudicación exclusivamente entre pymes, de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector
público.
2. Los requisitos de solvencia financiera y técnica requeridos a los licitadores para la participación en los procedimientos de contratación pública deberán ceñirse estrictamente a los que resulten adecuados y proporcionados a la naturaleza
y al objeto del contrato. Cuando aquellos se refieran a la trayectoria de la empresa en los años precedentes a la licitación, se preverá expresamente su flexibilización en caso de que la evolución del sector al que pertenezca la empresa o de la
economía en su conjunto pudiesen haber incidido de manera negativa en el volumen de negocio del licitador durante el periodo considerado para la valoración de su solvencia. Bajo esta u otras fórmulas se buscará contextualizar la acreditación
demandada a los licitadores, procurando además que el periodo de información requerida sea el mismo entre las acreditaciones económicas y financieras y las profesionales y técnicas.
3. Los pliegos de contratación permitirán expresamente la posibilidad de subcontratación del objeto del contrato, de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector público, y establecerán que, de producirse, esta no será
en ningún caso inferior a un 10 % del importe de adjudicación, todo ello salvo que se justifique en el expediente de contratación que el contrato, por su naturaleza o condiciones, debiera ser ejecutado directamente por un único adjudicatario.
4. Los acuerdos marco se concluirán, como regla general, con varios licitadores. En otro caso, deberán justificarse en una memoria los motivos que determinan la necesidad de concluir el acuerdo marco con un único adjudicatario.
5. Los pliegos de contratación preverán expresamente la obligación de que los pagos a los contratistas y, en su caso, de estos a sus subcontratistas, deban efectuarse dentro de los plazos máximos legales recogidos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como se preverá con carácter general la resolución mediante arbitraje en los conflictos que puedan suscitarse durante la fase de ejecución
del contrato.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2020.-Marcos de Quinto Romero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la competencia y transparencia
en la contratación pública, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La contratación pública en España alcanza -e incluso puede superar- porcentajes del 18,5 % del PIB; es decir, alrededor de 194.000 millones de euros anuales. La CNMC señaló en un informe publicado en 2019 que un tercio de los contratos
analizados solo tienen un participante y en el 65 % de ellos hay tres o menos participantes. Esto se traduce en lo que en medios académicos denominan 'la captura del regulador' y en Ciudadanos hemos señalado reiteradamente como 'capitalismo de
amiguetes'.
Esta falta de competencia tiene un coste para los españoles del 10 % de todo el volumen licitado por las Administraciones públicas. Esta corrupción de los procedimientos de contratación pública supone un impacto directo de gasto no
productivo equivalente a un 5 % del PIB al que habría que añadir el perjuicio de desalentar a las empresas más competitivas a invertir y crecer.
La cantidad es tan significativa que supondría hace tiempo haber salido del procedimiento de déficit excesivo y podríamos financiar mejor el gasto social y las inversiones necesarias para España.
Las deficiencias en el proceso administrativo son sobradamente conocidas. El Tribunal de Cuentas hace informes periódicos sobre la contratación pública realizada por ministerios y otros centros gestores que son mayormente ignorados ya que
el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas es limitado o nulo.
Actualmente es necesario mejorar las siguientes áreas:
- La diligencia a la hora de remitir toda la documentación que, conforme se prevé en la Instrucción General relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de
contratos y convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, han de enviar al Tribunal.
- Tener un mayor cuidado y precisión en la redacción de la solvencia exigida a las empresas licitadoras, concretando en todo caso los mínimos que dichas empresas han de acreditar.
- Las memorias justificativas de la necesidad de la contratación deberían determinar, con detalle y precisión, cuáles son las necesidades reales a satisfacer con la prestación objeto del contrato, conteniendo referencias específicas a las
particulares circunstancias concurrentes en el momento en el que se proponga la tramitación de cada expediente de contratación, en lugar de referencias genéricas.
- Los informes técnicos de valoración de las ofertas presentadas por los licitadores deben explicarse y motivarse suficientemente, lo que permite comprobar que las puntuaciones han sido otorgadas correctamente conforme a los criterios de
adjudicación fijados en el PCAP.
- Llevar a cabo un mayor seguimiento de la ejecución de los contratos y del cumplimiento de los plazos, debiendo hacer efectivas las garantías en caso de incumplimiento y, en su caso, la imposición de penalidades.
- Aplicación efectiva y regular de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, tendentes a promover dicha igualdad a través de la contratación, sin perjuicio de su
carácter potestativo.
También resulta sorprendente que la contratación centralizada en el área político-administrativa de la Administración central solo representase el 4 % de los contratos y el 2 % del importe total y que los contratos negociados sin publicidad
fueran el 55 % de los casos y sumaran el 51 % del importe contratado.
Las normas están en vigor pero lo que falla es su ejecución. En resumen, las prácticas administrativas ignoran de manera repetida y común la normativa vigente. Lo que se hace falta es bajar al terreno y asegurarse que las unidades
administrativas señaladas introduzcan mejoras prácticas en su manera de trabajar.
Por último, en el año 2008, la Comisión Europea fijó como objetivo que en 2010 se alcanzara el 50 % de compra pública verde a nivel comunitario, pero en España hasta el momento se movido entre el 20 % y el 40 %. Es por tanto necesario
desarrollar un plan de actuación transversal en toda la administración pública para impulsar que la compra pública verde en España aumente su peso de acuerdo con nuestros compromisos internacionales y con el objetivo de impulsar una transición hacia
una economía circular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
1. Elaborar un plan de actuación para acabar con las deficiencias administrativas en la contratación pública, con el objetivo de aumentar la competencia, la transparencia y la eficiencia en la compra pública.
2. Así mismo se pondrá especial énfasis en promover la compra pública verde o ecológica, de acuerdo con el carácter de ejemplaridad que debe guiar la actuación del sector público, para que represente al menos el 50 % de la contratación
pública antes de 2022.
3. Crear una unidad de refuerzo administrativa que se encargue de visitar a las unidades administrativas identificadas por el Tribunal de Cuentas o por el Consejo de Ministros y revisar los procesos e implantar las mejoras necesarias para
corregir las deficiencias en los procesos de contratación pública.
4. Elaborar y distribuir los materiales y sistemas que se estimen necesarios para la correcta gestión de los procedimientos de contratación pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2020.-Marcos de Quinto Romero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000129
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre las infraestructuras ferroviarias en Extremadura.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión de presentación de un plan contenida en el punto 2 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las infraestructuras ferroviarias en
Extremadura, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La situación del ferrocarril en Extremadura ha derivado últimamente en el hartazgo de los ciudadanos extremeños y de los usuarios que escogen el tren como medio de desplazamiento en o hacia la región. Sin embargo, se suele aludir
habitualmente a que las únicas razones son que toda la actual red ferroviaria extremeña en servicio está constituida por infraestructuras de vía única y sin electrificar y a que el parque de material rodante que lo opera está constituido por trenes
antiguos y de prestaciones muy limitadas.
Las vías únicas sin electrificar pueden prestar servicios ferroviarios excelentes, como sucede algunos puntos de Inglaterra, Francia y Alemania. Los problemas añadidos vienen, como es habitual en España, por el deficiente mantenimiento de
nuestros activos públicos, infraestructuras y material rodante del ferrocarril incluidos.
Al contrario que en otras partes de España, donde, aunque de forma desordenada, y sin responder a una planificación bien establecida, ciertas oleadas de modernización a través de adecuados niveles (aun limitados) de actuación mediante
inversiones, han permitido que el ferrocarril convencional todavía esté en condiciones aceptables, hace ya una decena de años que la mayoría de la red extremeña no solo está mantenida de forma muy ajustada en cuanto al gasto y recursos establecidos,
sino que su nivel de inversión para su renovación ha sido insuficiente para preservar el servicio adecuado a prestar en la actualidad en el conjunto de la región, con lo que incluso ha ido perdiendo sus prestaciones de hace años por el paso del
tiempo.
Pese a ciertas inversiones ya emprendidas, casi 60 kilómetros de vía están actualmente en un estado en el que los trenes han de circular por ellos a velocidades muy bajas en un intento vano de garantizar la seguridad, ya que aun así se han
producido accidentes. Estos tramos no solo necesitan de mejoras puntuales previstas ya en algunos kilómetros, sino que la mayoría ya precisan de una renovación completa o de su sustitución por tramos de mejores prestaciones.
La mayor parte de la señalización es de hace décadas, lo que reduce mucho la fiabilidad y la capacidad, porque los trenes pierden mucho tiempo al cruzarse. La seguridad depende, aún más que en otros lugares, del factor humano. Casi 500 km
de vía disponen de bloqueo telefónico, es decir, que necesitan de personas en las estaciones manejando los cambios de agujas y telefoneando a las estaciones colaterales para asegurar la circulación de los trenes.
Además, la mayor parte de esta red carece de radiotelefonía, lo que dificulta la comunicación entre el maquinista y las estaciones o el puesto de mando (llegando a impedirla en ausencia de cobertura de móvil). La respuesta ante incidencias
es por tanto muy deficiente. Casi quince estaciones tienen enclavamientos (los sistemas de seguridad que relacionan los cambios de aguja y las señales) mecánicos, accionados por palancas, una tecnología implementada desde hace decenas de años y
plenamente superada en cuanto a niveles de fiabilidad y seguridad. La falta de personal de venta de billetes y asistencia, maquinistas e interventores, o de talleres adecuados para el mantenimiento del material rodante en la región empieza además a
ser factores añadidos para la degradación del servicio.
Existen estructuras, como desmontes, terraplenes, túneles y puentes, en tan mal estado que imponen restricciones de velocidad a los trenes. También a lo largo de esta red regional hay multitud de pasos a nivel sin protección de barreras o
señales luminosas que han demostrado ser peligrosos, aun en áreas rurales con poco tráfico de trenes y vehículos de carretera.
La única vía de altas prestaciones es entre Mérida y Badajoz, donde se pueden alcanzar potencialmente los 200 km/h, pero ningún tren extremeño puede hacerlo. Paradójicamente, fue en paralelo a este tramo también donde se sitúo el primero en
construirse de la línea de alta velocidad.
El resto de la línea entre Plasencia y Mérida avanza (o no) sin luz ni taquígrafos, pese a la convocatoria de pactos regionales para el control de las actividades de las empresas públicas ferroviarias y el Ministerio de Fomento, y se suceden
las promesas y los actos políticos, pero sin conseguir compromisos concretos de puesta en servicio, ni se sabe qué tipo de trenes usarán los tramos hábiles de la nueva línea, ni cuántos trenes y servicios serán, ni qué tiempos de viaje tendrán.
Tampoco hay compromisos de fechas de la prometida mejora de la línea actual entre Madrid y Plasencia, para su conexión con los nuevos tramos.
Por último, el material rodante (los trenes), salvo los reintroducidos Talgo hace ya dos años, se encuentran en un estado lamentable tanto técnico como de confort. A pesar de haber sido inicialmente adecuados en cuanto a potencia, velocidad
y comodidad al recorrido y ser relativamente modernos, ahora se quedan sin potencia o sufren averías en puertas, aires acondicionados (incluso incendios graves para la seguridad de los usuarios) y equipos de climatización con frecuencia, incluso los
de los Talgo incorporados teniendo los viajeros que desembarcar de los trenes y hacer recorridos por carretera.
Además, en las estaciones, durante el servicio ordinario o en estos casos de correspondencia forzada, sufren las condiciones de las instalaciones que les dan servicio, que también tienen averías continuadas en baños, megafonía o máquinas de
autoventa, elementos todos ellos imprescindibles en recorridos largos en duración como los extremeños.
La aportación del nuevo material rodante tampoco debería ser puntual, sino establecerse en un plan con plazos y calendarios establecidos y conocidos por el público en general, que deberían estar conectados a las próximas licitaciones para su
adquisición pendientes de la operadora a través de Renfe viajeros.
Toda la situación expuesta no constituye una buena perspectiva de partida para establecer de forma pronta las conexiones necesarias para el eje atlántico de la red transeuropea de transporte, que deben unir en estos próximos años la región
con Lisboa y con Sines, para mejorar la permeabilidad y potenciar la actividad económica general.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Requerir la realización internalizada desde el Ministerio y sus empresas dependientes, de estudios técnicos y económicos, de diagnóstico de gestión y reposición de activos a fin de poder priorizar los focos de inversión como punto de
arranque previo a la inversión en esos entornos antes del final de este año 2020.
2. Presentar ante esta Cámara en el plazo de tres meses desde la presentación de estos estudios, un plan valorado, priorizado y con fechas para la renovación de los activos ferroviarios de la infraestructura (renovaciones de vía,
eliminación de bloqueos telefónicos, protección de pasos a nivel, instalación de radiotelefonía) y de sustitución/adquisición del parque de material rodante que presta servicios en Extremadura.
3. Asegurar de manera inmediata el adecuado mantenimiento del conjunto de material rodante que constituye el parque de trenes que prestan y prestarán servicios en Extremadura, a la vez adecúa el personal de conducción y servicios del
operador ferroviario.
4. Informar de las fechas previstas de finalización de obras y puestas en servicio de los tramos en ejecución de la línea de alta velocidad y de la modernización de la línea Madrid-Extremadura a través de las fórmulas legales ya
establecidas para la planificación de líneas ferroviarias.
5. Mejorar la coordinación de los trabajos y avances del Eje Atlántico en la conexión España-Portugal, a través de la formación de una comisión bilateral específica permanente donde participen los
Gobiernos español y portugués, así como Adif, Renfe, Infraestructuras de Portugal y Comboios de Portugal.
6. Promover la creación de un puesto en Adif de coordinador comisionado del Corredor Atlántico, similar al ya existente para el Corredor Mediterráneo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2020.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000130
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Proposición no de Ley sobre la perspectiva de género en la política penitenciaria.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión de presentación del informe en Comisión se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la perspectiva de género en la política penitenciaria, para su
debate en el Pleno del Congreso.
Exposición de motivos
En septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible donde se establecen, como objetivos prioritarios la erradicación de la pobreza, la reducción de múltiples
desigualdades, muchas de ellas interrelacionadas entre sí; hacer frente al cambio climático, poner fin a los conflictos y mantener la paz.
Gracias a los esfuerzos de las defensoras y los defensores de los derechos de las mujeres de todo el mundo, el compromiso con la igualdad de género es notable, integral y transversal en este proyecto mundial. En todo el mundo, los gobiernos
han asumido compromisos jurídicamente vinculantes de respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Este compromiso de igualdad entre hombres y mujeres debe hacerse extensible a todos los ámbitos de las políticas públicas. Debe ser un eje transversal, que abarque también a la política penitenciaria.
Sin embargo, distintos estudios sobre la realidad de la población reclusa femenina en el sistema penitenciario español arrojan datos preocupantes. Es el caso del Informe Anual de 2018 que realiza el Defensor del Pueblo en su condición de
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).
Según los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el número de hombres en prisión es de 54.530 (92,47 %) individuos, frente a 4.441 mujeres (7,53 %). Este es el motivo por el cual los centros penitenciarios y sus
políticas de integración están pensadas para hombres. El reglamento únicamente habla de internos, los registros no tienen la información sesgada por sexos, las evaluaciones psicológicas no incorporan perspectiva de género, en muchos de los centros
únicamente existe un módulo de mujeres por lo que, se hacen inviables los criterios de separación previstos con carácter general en la legislación penitenciaria.
Esta ausencia de perspectiva de género tiene consecuencias también en el desarrollo personal de los y las presas. Las internas sufren discriminación en el acceso al tratamiento, a las actividades y al empleo remunerado. Solo el 8 % de
ellas cuenta con un contrato de trabajo.
Esta realidad choca, por tanto, con uno de los pilares de la política penitenciaria: la restauración de los y las presas y su reinserción en la sociedad establecida en el artículo 25 de la Constitución española. Se incumple, también, el
tratamiento individualizado garantizado por los artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, donde se señala que 'los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por conocer y tratar todas las peculiaridades de personalidad y
ambiente del penado que puedan ser un obstáculo para hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley Penal, así como subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible,
desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general'.
Por todo lo anterior, y con el objetivo de poner fin a la invisibilidad de la mujer en las cárceles españolas, garantizar sus derechos y la igualdad de trato, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en un plazo de seis meses, un informe sobre la situación de la población reclusa femenina en las cárceles del Estado que, junto a las medidas oportunas para introducir la
perspectiva de género en la política penitenciaria, será presentado ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante el Pleno, una
Proposición no de Ley para el traspaso de los recursos y gestión de las becas y ayudas al estudio a la Generalitat de Catalunya.
Exposición de motivos
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 188/2001, dictaminó que las Comunidades Autónomas son competentes para la gestión, la resolución y el pago de las becas y ayudas al estudio universitario y que el Estado debe distribuir entre las
Comunidades Autónomas los créditos presupuestarios necesarios con criterios objetivos.
En 2016 el propio Tribunal Constitucional manifestaba en la Sentencia 95/2016, de 12 de mayo, su sorpresa por el hecho que el Estado haya seguido ejerciendo unas competencias que el propio Tribunal había declarado de titularidad autonómica
hacía quince años. Era la tercera sentencia del TC, dictada a instancias de la Generalitat, que se pronunciaba sobre el mismo tema. Es decir que desde el año 2001, hace más de dieciocho años, la Generalitat de Catalunya debería disponer del pleno
ejercicio de las competencias de gestión de becas y ayudas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin embargo, el traspaso sigue sin haberse formalizado.
El Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, en su artículo 131.3, establece que la Generalitat tiene la competencia compartida en 'el régimen de fomento del estudio, de becas y de ayudas estatales'. Además, el artículo 172.1.g establece la
competencia exclusiva en universidades sobre 'La regulación y la gestión del sistema propio de becas y ayudas a la formación universitaria y, si procede, la regulación y la gestión de los fondos estatales en esta materia'. Por ello, la
reivindicación del traspaso tiene un doble objetivo: 1) ejercer las competencias de la Generalitat en materia de becas y ayudas al estudio; y 2) garantizar la igualdad de oportunidades y que ninguna persona deje de estudiar por carecer de los
recursos económicos necesarios para estudiar, en la realidad social y económica de Catalunya, que no es la misma que para el conjunto del Estado.
En consecuencia y sin vulnerar los principios de equidad, al contrario, es imprescindible que la Generalitat gestione los recursos estatales en materia de becas y que, además, pueda establecer criterios de corrección interterritoriales que
contemplen aspectos como el diferencial de coste de la vida, con el fin de evitar que perjudiquen a ciudadanos con menos recursos, afectados por unos criterios no equitativos que los penalizan por su comunidad de residencia. Cabe recordar que en
Catalunya el porcentaje de estudiantes beneficiarios de becas y ayudas al estudio respecto a la población estudiantil es inferior a la media estatal y al de la mayoría de Comunidades Autónomas, lo cual no aporta equidad al sistema.
Asimismo, en este contexto de competencias compartidas, es preciso facilitar que la Generalitat pueda articular sistemas complementarios de becas, respecto al sistema estatal, garantizando con ello su capacidad de ejercitar sus competencias
en materia de becas y de lucha por la igualdad en su territorio, de manera compatible con las que tiene atribuidas el Estado.
En síntesis, en diversas ocasiones, el Tribunal Constitucional ha reconocido la competencia de la Generalitat de Catalunya para gestionar las becas y ha constatado, desde 2001, el incumplimiento reiterado por parte del Gobierno del Estado de
la trasferencia de la competencia. Por eso, no hay duda sobre las competencias de la Generalitat en esta materia y resulta imprescindible que el Gobierno del Estado cumpla con las sentencias del Tribunal Constitucional STC 188/2001, de 20 de
septiembre, STC 25/2015 y STC 95/2016, por las que se dictamina la necesidad de hacer efectivo el traspaso a la Generalitat de Catalunya de la competencia en gestión de becas y ayudas al estudio.
A la espera de completar este traspaso y en esta situación de provisionalidad permanente, el Gobierno del Estado ha ido firmando convenios con la Generalitat para la gestión de las becas y ayudas al estudio correspondientes a cada curso
académico, en lugar de hacer el traspaso de funciones, medios y servicios para poder ejercer con propiedad las competencias. Cabe destacar que el marco jurídico para establecer el traspaso demandado por la Generalitat tiene sus precedentes, así el
Real Decreto 1014/1985, de 25 de mayo, permitió el traspaso de las competencias en esta materia al País Vasco; el Real Decreto 2295/1983, de 28 de julio, prevé que las Comunidades Autónomas con competencia plena en materia educativa pueden asumir
todas las funciones para la convocatoria y concesión de becas y ayudas; o el Real Decreto 305/1985, de 6 de febrero, de traspaso de servicios a la Generalitat de Catalunya, de la gestión de becas y ayudas al estudio universitario.
Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional, existe el reconocimiento para que Catalunya pueda ejercer su competencia para la gestión y concesión de becas y ayudas al estudio. El Gobierno no puede perpetuar más esta situación de
provisionalidad e incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional.
Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a traspasar a la Generalitat de Catalunya, en el plazo de seis meses, el pleno ejercicio de las competencias en gestión de las becas y ayudas al estudio, que en todo caso incluyen: las
relativas a la determinación de los criterios de ponderación de las solicitudes y de los criterios en razón a los que se podrá denegar la beca; la gestión, el control y la resolución de las convocatorias; y la determinación de su procedimiento, en
cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2001, de 20 de septiembre y siguientes, y de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Catalunya.
Asimismo, la Generalitat deberá poder incorporar criterios de corrección en los tramos de renta correspondientes para el acceso a las becas y ayudas al estudio en su territorio, así como articular sistemas complementarios de becas, respecto
al sistema estatal, compatibles con este.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-Laura Borrás Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
162/000132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para una educación sexual integral
respetuosa con la diversidad sexual, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En este 8 de marzo se han convocado diferentes manifestaciones para conmemorar el Día de las Mujeres a lo largo y ancho de la geografía española. Desde hace varios años, España se ha convertido en referente de unas movilizaciones que
atraviesan fronteras. Sin embargo, frente a una sociedad que se constituye en vanguardia del feminismo, como ya lo era para las personas LGTBI de todo el mundo, contamos con una educación desactualizada con el momento presente.
La educación sexual integral tiene un papel central en la preparación de la juventud para una vida segura, productiva y plena en un mundo donde las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no planificados, las violencias machistas y
la desigualdad de género todavía representan un grave riesgo para su bienestar. La salud sexual y reproductiva abarca las dimensiones del bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad; no se trata solamente de la
ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad (OMS, 2006a). Cada día, son más las personas jóvenes que reclaman su derecho a una educación sexual exigiendo a quienes les representan cumplir con sus compromisos políticos para las generaciones
presente y futuras. En el Foro Mundial de la Juventud de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de 2012, los y las jóvenes específicamente hicieron un llamamiento a los gobiernos para que 'creen ambientes y políticas
favorables para garantizar su acceso a la educación integral en sexualidad en entornos formales y no formales, a través de la reducción de barreras y de la asignación de presupuestos adecuados'.
La UNESCO define la educación sexual integral como un 'proceso de enseñanza y aprendizaje de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, que tiene una base curricular y cuyo objetivo es dotar de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores [...] para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; mantener relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo influyen sus decisiones en su bienestar y el de los demás; y comprender y asegurar la
protección de sus derechos a lo largo de su vida'. De hecho, tal y como se señala en el Informe sobre el Estado de la Población Mundial (Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, 2019), la educación sexual integral está efectivamente ayudando a
transformar las normas de género a través de planes de estudios apropiados para la edad que no solo proporcionan información sobre la sexualidad y la reproducción, sino que también se centran en el género y el poder en las relaciones, constituyendo,
además, una de las formas de involucrar a los hombres en las transformaciones necesarias para fomentar la igualdad de género.
Cuando las niñas y las mujeres no tienen acceso a una educación de calidad, su autonomía personal y libertad de elección disminuyen, especialmente en lo que concierne al control de su salud y sus decisiones sobre sexualidad y procreación,
(punto 28. RG 36 CEDAW). Además, los abusos sexuales que sufre la infancia necesitan una respuesta adecuada que consiste en implantar en todos los niveles de la enseñanza planes de estudios obligatorios y adaptados a la edad sobre educación sexual
integral, en que se aborden la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el comportamiento sexual responsable, la prevención del embarazo precoz y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Además es necesario proporcionar al
personal docente formación específica para impartir esos contenidos de manera apropiada en función de los distintos niveles de edad del alumnado.
En el plano europeo, el Eurobarómetro (2015) suspende a España en educación sexual, sensibilización de la población y empoderamiento de las mujeres. Mientras tanto, la educación sexual forma ya parte de los planes de estudio de la inmensa
mayoría de los países europeos. Desde Suecia (1955) que la incluyó como asignatura obligatoria, hasta Irlanda (2003) pasando por países como Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Noruega, República Checa, Hungría, Islandia, Grecia,
Bélgica, Eslovaquia, Francia y Portugal entre las décadas de los 70 y los 90. Por otra parte, el 29 de junio de 2018 el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Firmada
en 2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas, dicha Agenda 2030 incluye, entre sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Igualdad de Género, para la cual se considera fundamental 'asegurar el acceso
universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos finales de sus conferencias de examen'.
En nuestro país, a pesar de que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo establece, en su artículo 6, la obligación de los poderes públicos de desarrollar acciones
informativas y de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva, esto no se cumple en todas las escuelas por igual. De este modo, tal y como ya reflejaba el informe Deficiencias e Inequidad en los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en
España, presentado por diversas organizaciones no gubernamentales en octubre de 2016: 'la educación sexual solo en algunos casos es impartida en el contexto formal por parte de algunos/as profesores y profesoras durante las horas asignadas a la
tutoría, quedando delegada la responsabilidad a cada centro y dependiendo del interés y voluntad del profesorado el enfoque y los contenidos abordados. Unos contenidos que, en líneas generales, adolecen de un enfoque heterosexual, que limita la
sexualidad a la etapa reproductiva y orienta la información exclusivamente a la prevención de riesgos, especialmente los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Al no estar reconocida como materia educativa, no hay
un presupuesto específico asignado a la educación sexual a nivel nacional y el profesorado no cuenta con ningún tipo de formación y las iniciativas suelen provenir de entidades privadas'.
En lo que respecta al valor de la diversidad, desde las instituciones públicas tiene que ser imprescindible abordar la LGTBIfobia que muchas veces toma forma de bullying en los propios colegios; los niños y niñas LGTBI cuentan con un riesgo
mayor de sufrir acoso que los niños y niñas heterosexuales. Según datos recabado en una serie de estudios recogidos en la Guía de Actuación contra el Bullying Homofóbico elaborada por Charo Alises Castillo, el estudio Acoso escolar homofóbico y
riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes lesbianas, gais y transexuales (FELGTB/COGAM, 2012) encuestó a 653 menores de 25 años que reconocían haber sufrido acoso escolar a causa de su orientación sexual. Entre ellos, el 43 % había llegado a
idear el suicido, el 35 % lo había planificado y el 17 % lo había intentado en una o varias ocasiones. Algunos años más tarde, el estudio LGBTfobia en las aulas 2015, elaborado por COGAM, mostraba una persistencia en los niveles de homofobia; el
60 % del alumnado era testigo de agresiones LGTB-fóbicas, que sufrían tanto adolescentes LGTB como todas aquellas personas que no reproducen los estereotipos de género de masculinidad y feminidad tradicional, y una gran parte del profesorado no
sabía qué hacer, mientras el 51 % del alumnado pensaba que sus profesores no hacían nada. Nada menos que la mitad del alumnado sentía que su familia no le aceptaría si fuera LGTB. Finalmente, el estudio 'Ciberbullying LGBT-fóbico' analizaba la
influencia de las TIC en el acoso que sufren estudiantes LGBT, mostrando que 15 % del alumnado LGTB padecía ciberacoso por su orientación afectivo-sexual, especialmente el alumnado transexual, y más del 52 % había sido testigo de ciberacoso
LGBT-fóbico.
En definitiva, la educación sexual integral respetuosa con la diversidad sexual debe ser un valor y una fortaleza de nuestro país y nuestra democracia, una garantía de igualdad para las niñas y niños, y, en definitiva, para toda la
ciudadanía.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar todas aquellas medidas legislativas necesarias para la incorporación de la educación sexual integral en todos los niveles educativos obligatorios.
2. Elaborar un currículum educativo integral con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, basado en la evidencia, acorde a la edad del alumnado, relevante en relación a las diferentes culturas y adecuada al contexto.
3. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la necesaria formación del profesorado en materia de educación sexual integral de manera unificada y sistematizada, con el objetivo de lograr la actualización de conocimientos y
estrategias adaptadas a cada etapa educativa, metodología didáctica, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación.
4. Impulsar materiales específicos informativos sobre educación sexual accesibles para profesorado y alumnado en los propios centros educativos y en formato digital a través de sitios web, adaptados a las diferentes etapas educativas.
5. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, diferentes programas destinados a involucrar a toda la comunidad educativa, las familias, los grupos de iguales, así como profesionales sociales y sanitarios en
la promoción de la educación sexual integral.
6. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, servicios de atención específicos de atención a la sexualidad juvenil así como programas de coordinación entre los centros educativos, sanitarios y sociales
orientados a la detección e intervención ante situaciones de riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral de la libertad sexual de las niñas y jóvenes, la infancia y juventud LGTBI o con expresión de género no normativo.
7. Facilitar que todas las medidas educativas, tanto formales como no formales, en materia de educación sexual integral contemplan como medida transversal el principio de Igualdad de Trato y No Discriminación LGTBI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000006
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 4268/2019, planteada por la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con sede en Cáceres,
en relación con el artículo 11.3.1.b) segundo párrafo y disposición adicional única que regula el procedimiento de homologación de la Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido
Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4268-2019, planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en relación con el art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, y con la disposición adicional única de esta última Ley. Han comparecido y formulado alegaciones la Junta de
Extremadura, la Asamblea de Extremadura y la asociación CODA-Ecologistas en Acción, y ha intervenido la fiscal general del Estado. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1.º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida del objeto, la presente cuestión de inconstitucionalidad núm. 4268-2019 en relación con el art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación
territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley de dicha Asamblea 9/2011, de 29 de marzo.
2.º Desestimar la cuestión en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 10 de febrero de 2020.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000008
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular.
Autor: Doña María Gloria Lago Cuadrado.
Proposición de Ley de libertad de elección lingüística.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín Oficial de la
Cortes Generales, conforme a los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.