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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 360, de 10/11/2021
cve: BOCG-14-D-360
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de noviembre de 2021
Núm. 360
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la defensa de los Acuerdos de Paz de Viernes Santo de 10 de abril de 1998... (Página4)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la equiparación de la indemnización por residencia en las Illes Balears con respecto a la de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla...
161/003375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la sentencia que anula el método de determinación de la base imponible del impuesto de la plusvalía municipal...
Comisión de Interior
161/003381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incrementar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellos municipios de Galicia que soportan un aumento de
población flotante o como consecuencia del aumento de peregrinos, durante los años del Xacobeo 2021-2022... (Página10)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la profesionalización y despolitización de los cargos de las Autoridades Portuarias y, en particular, el de los Presidentes de estos organismos...
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la protección del derecho fundamental a la libertad de expresión y contra la retirada de libros de
temática LGTBI en los centros educativos de Castellón... (Página18)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer criterios uniformes para la inclusión en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social a los trabajadores dedicados a
la industria del compost para el cultivo del champiñón... (Página19)
161/003377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar las atenciones sanitarias y reconocimientos en los centros de salud marítima dependientes del Instituto Social de la Marina
(ISM)... (Página21)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en marcha de un programa para la garantía del suministro de la cadena de valor industrial con medidas para paliar el alto precio y
falta de disponibilidad de materias primas en la industria española... (Página22)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional en el sector agroganadero... (Página23)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003374 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Plural, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al impacto de los regadíos del río Xúquer y a garantizar en el Plan
Hidrológico de la cuenca del Xúquer los objetivos ambientales del Parque Natural de la Albufera... (Página24)
161/003378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a exigir la licitación urgente para la ejecución del Proyecto de Acondicionamiento del Embalse de Cordobilla en la provincia de Córdoba:
CO(DT)-5598, título del Proyecto 'Actuaciones para la mejora ambiental y de usos sociales y económicos del embalse de Cordobilla, término municipal de Puente Genil (Córdoba)'... (Página26)
161/003379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la autorización urgente al trasvase del embalse de Iznajar... (Página27)
161/003382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al establecimiento de una moratoria a la minería submarina... (Página28)
Comisión de Cultura y Deporte
161/003365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a asegurar la inversión adecuada en instalaciones de alto rendimiento en escalada... (Página29)
161/003369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al personaje español Juan 'Latino' como símbolo de adelanto social, la cultura del esfuerzo y la tolerancia en la Monarquía Hispánica del siglo XVI...
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/003373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la garantía de la pluralidad lingüística del Estado en la futura Ley General de Comunicación Audiovisual... (Página31)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la financiación pública de los test de antígenos autorizados para su dispensación en oficina de farmacia... (Página33)
Comisión de Igualdad
161/003364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan Integral y Red de mujeres gitanas... (Página37)
161/003367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar la atención que reciben las mujeres durante el parto y el postparto... (Página39)
161/003376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reforzar la lucha contra la violencia de género en mujeres mayores... (Página41)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001515 Pregunta formulada por el Diputado Juan Diego Requena Ruiz (GP), sobre valoración de la posición conjunta anunciada por los Gobiernos de Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia y Austria
ante la reunión extraordinaria de Ministros de Energía del día 26/10/2021, en Luxemburgo, y en la que muestran su oposición a una reforma del mercado interior de gas y de electricidad... (Página42)
181/001516 Pregunta formulada por el Diputado Juan Diego Requena Ruiz (GP), sobre valoración de la 'Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones' sobre 'Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer frente al aumento de los precios de la energía', de 13/10/2021... (Página42)
181/001517 Pregunta formulada por el Diputado Juan Diego Requena Ruiz (GP), sobre valoración de la carta remitida con fecha del día 14/10/2021 a los Jefes de Estado de los Estados miembros y a los Embajadores con representación permanente en
la Unión Europea y suscrita por los máximos representantes de 19 grandes compañías eléctricas europeas, con ocasión de la reunión del Consejo Europeo de 21 y 22/10/2021 que habría de abordar la situación de los altos precios de la energía...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión... (Página43)
184/066076 Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio
Situación del Complejo Medioambiental del Barbanza... (Página44)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jon Iñarritu García, Diputado del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la defensa de los Acuerdos de Paz de Viernes Santo de 10 de abril de 1998 para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El jueves 23 de junio de 2016 tuvo lugar en el Reino Unido el referéndum sobre la Unión Europea en el que su población votó a favor de abandonar la UE. Debemos señalar que Escocia e Irlanda del Norte votaron a favor de permanecer en la
Unión Europea.
El 24 de enero de 2020 se firmó un acuerdo de retirada entre el Gobierno del Reino Unido, la Unión Europea y Euratom. El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica establece los términos de la retirada del Reino Unido de la UE y Euratom e incluye un Protocolo irlandés, que es un elemento esencial del Acuerdo de retirada negociado entre la UE y el Gobierno británico. El protocolo
está diseñado para proteger el Acuerdo del Viernes Santo, la economía de la isla de Irlanda, evitar una frontera física y, a la vez, preservar la integridad del mercado único de la UE.
Durante los últimos meses el Gobierno británico ha planteado la necesidad de adaptar la aplicación del protocolo irlandés y ha llegado a proponer adoptar unilateralemente medidas de salvaguardia ante las 'dificultades graves de tipo
económico, social o medioambiental con probabilidades de persistir', tal y como recoge el Protocolo en su artículo 16.
Habida cuenta de que el Acuerdo del Viernes Santo, o, Acuerdo de Belfast, de 10 de abril de 1998, ha permitido a Irlanda del Norte una convivencia pacífica durante las dos últimas décadas y que la cooperación entre Irlanda del Norte e
Irlanda es una parte esencial del Acuerdo de 1998 y es fundamental para lograr la reconciliación y la normalización de las relaciones en la isla de Irlanda, la adopción de medidas unilaterales por parte del Gobierno británico pondrían en grave
riesgo la convivencia, la reconciliación y la normalización de las relaciones en la isla de Irlanda.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
- Muestra su preocupación por las declaraciones del Gobierno británico sobre el Protocolo irlandés y el impacto de su posible incumplimiento en el Acuerdo del Viernes Santo.
- Declara que se debe respetar el Protocolo irlandés, el Acuerdo del Viernes Santo y la voluntad del pueblo irlandés.
- Insta al Gobierno español a que en sus relaciones con el Reino Unido insista en el deber de cumplir los compromisos adquiridos en la Declaración Política del Brexit para defender los derechos humanos de los ciudadanos en Irlanda del Norte
y salvaguardar el proceso de paz en Irlanda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2021.-Jon Iñarritu García, Diputado.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D. Juan Carlos Segura Just, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª Inés María Cañizares Pacheco, D. Pablo Sáez
Alonso-Muñumer y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la equiparación de la indemnización por residencia en las Islas Baleares con respecto a la de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, para su discusión en Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. La remuneración de los empleados públicos.
El salario de los empleados públicos se compone de las retribuciones básicas y de las retribuciones complementarias. Las retribuciones básicas se componen, a su vez, de (i) el sueldo, que se fija atendiendo al índice de proporcionalidad
asignado a cada uno de los grupos en que se organizan los cuerpos de la Administración Pública, (ii) los trienios, que consisten en una cantidad igual para cada grupo y por cada tres años de servicio, y (iii) las pagas extraordinarias, dos al año,
que se perciben en junio y diciembre (algunos cuerpos tiene tres, la tercera en abril), y cuyo importe mínimo será el de una mensualidad del sueldo más el importe de los trienios.
Por su parte, las retribuciones complementarias se clasifican en: (i) el complemento de destino correspondiente al lugar de trabajo ocupado, (ii) el complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos
puestos de trabajo en atención a la especial dificultad técnica, grado de dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad y penosidad, (iii) el complemento de productividad, cuya finalidad es retribuir el especial rendimiento, la
actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desarrolla su trabajo, (iv) el complemento de residencia, que contempla ayudas a la vivienda, al desplazamiento, etc., y (v) las gratificaciones por servicios extraordinarios
prestados fuera de la jornada normal de trabajo 1.
Por otra parte, en algunos casos, existen una serie de percepciones no salariales en concepto de indemnizaciones, como son las dietas o el kilometraje, así como retribuciones en especie, como son planes de pensiones, beneficios sociales,
ayudas a la conciliación, etc.
El sueldo, los trienios y los complementos de destino son iguales en todas las Administraciones Públicas dependientes de la Administración General del Estado ('AGE'), pero otros complementos, como el específico y las indemnizaciones, varían
según la administración en que se preste el servicio y la categoría del puesto desempeñado. Ello ha llevado a la creación de situaciones verdaderamente asimétricas e injustas, que los empleados públicos han denunciado en numerosas ocasiones.
Segundo. La desigualdad salarial.
El pasado 28 de febrero de 2021, diversos medios de comunicación se hicieron eco nuevamente de un informe de Unión General de Trabajadores (UGT) de 2018 relativo a la evidente desigualdad salarial
1 https://www.empleopublico.net/funcionari/las-retribuciones-de-los-funcionarios/
entre empleados públicos al servicio de la Administración General del Estado y aquellos al servicio de otras administraciones públicas, especialmente los de las Comunidades Autónomas.
El documento expone con datos comparativos las diferencias retributivas sustanciales entre administraciones públicas. Igualmente, esta desigualdad salarial se manifiesta en la denominada 'brecha territorial': los sueldos netos son
significativamente distintos para personal de la misma categoría y antigüedad en función de la región española donde desempeñan su servicio. Estos desequilibrios salariales en atención al territorio son, de media, del 25 % según CSIF 2.
Según los datos del sindicato UGT, esta brecha territorial es palpable atendiendo las diferencias salariales interterritoriales en diferentes áreas de trabajo:
1. En la Administración de Justicia, la entidad sindical denuncia diferencias retributivas de más de 8.100 anuales entre los funcionarios de las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas y las que no las tienen:
'(...) la diferencia salarial anual de una persona empleada en el cuerpo de gestión de los no transferidos y otra con las mismas funciones en el País Vasco, la comunidad autónoma con sueldos más elevados, asciende hasta los 8.147 euros
anuales' 3.
2. Esta brecha territorial es de sobra conocida en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, se da una situación parecida entre los funcionarios de prisiones en Cataluña (competencia transferida por el Estado) y el resto de
España:
'Un director de prisión cobra en Cataluña 72.838 euros al año frente a 51.080 del resto de España; un Jefe de Servicio, 44.688 euros y en las otras 16 CCAA, 33.739; un encargado, 41.411, frente a 28.491 y un funcionario genérico 34.143 y
en el resto de España, 27.854 euros. Unas diferencias que se sitúan entre los 21.800 y los 6.300 euros por realizar el mismo trabajo y la misma función' 4.
3. En el ámbito sanitario y docente sucede lo mismo: la brecha territorial es innegable:
'(...) si contabilizamos las 14 pagas anuales, un médico de Bilbao gana 12.922 euros netos más al año que uno de, por ejemplo, Badajoz (...) un maestro de educación primaria en un centro público, percibe de media 2.167 euros mensuales
brutos, siendo Asturias la comunidad con sueldos más bajos, 2.050 euros mensuales, frente a los 2.485 que percibe un maestro en el País Vasco' 5.
Tercero. Las Islas Baleares, una de las comunidades en la que los empleados públicos del Estado están más perjudicados.
La Comunidad Balear es una de las Comunidades Autónomas más perjudicadas por las diferencias salariales y, principalmente, en relación con aquella referente a la indemnización por residencia. Esta circunstancia ha motivado la convocatoria
de numerosas manifestaciones, quejas y denuncias por parte de los empleados públicos del Estado en la referida Comunidad.
Así, por ejemplo, la plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos en Balears ('UNISEP'), que reúne a sindicatos de sanitarios, funcionarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, convocó una manifestación el pasado 24 de abril
de 2021, contra 'el plus de residencia que se ofrece actualmente a los profesionales en las islas.
La principal exigencia por parte de las asociaciones es que la equiparación de este plus de residencia tendría que ser similar al que se ofrece en Canarias: 'En Mallorca esta indemnización supone 92 euros, mientras que en Canarias son
alrededor de 568' constataba D. Miguel Lázaro Ferreruela, portavoz del Sindicato Médico de Baleares. A lo que añadió que 'existe una gran carencia de profesionales. Si no tenemos personal en las instituciones públicas, los servicios se deterioran'
6.
Es decir, que no sólo se produce un agravio comparativo injustificado, sino que este deriva en una carencia de personal al servicio de la Administración del Estado por el desinterés que produce semejante diferencia económica.
2 https://www.lainformacion.com/espana/brecha-salarial-profunda-funcionarios-territorial/2830806/?autoref=true
3 Ibíd., supra.
4 lbíd., pág. 2.
5 Ibíd., pág. 2.
6 https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/04/21sanitarios-funcionarios-reclaman-subida-complemento-48534338.html
En este sentido UNISEP también afirmó que 'la legislación vigente contiene medidas para que todos los ciudadanos extraterritoriales reciban en igualdad el trato y servicios que merecen por parte de la administración pública, que palien sus
particularidades geográficas evitando la fuga constante de profesionales'. Sin embargo, la plataforma ha denunciado que en Baleares 'esas herramientas contempladas en la legislación son a día de hoy totalmente ineficaces, casi inexistentes' 7.
Quizá uno de los casos más flagrantes al respecto sea aquel relativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según el Anuario estadístico del Ministerio del Interior de 2020 8, la tasa de criminalidad por Comunidades Autónomas
(infracciones penales por 1.000 habitantes) alcanza su máxima expresión en las Islas Baleares con un 51,0, siendo la más alta de todas las Comunidades Autónomas.
Concretamente, se conocieron 59.750 infracciones penales en 2020, año en que las infracciones se redujeron considerablemente consecuencia de la Covid-19. A esto hay que añadir que las Islas Baleares poseen una de las tasas más bajas de
causas penales esclarecidas, es decir, la Comunidad Autónoma con mayor tasa de criminalidad per cápita tiene el peor resultado de esclarecimiento de infracciones. Pero todo ello no es sorprendente, pues los encargados de velar por la seguridad
ciudadana y esclarecer los hechos delictivos, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no eligen Baleares como destino, existiendo una manifiesta carencia de personal.
Tampoco es novedoso este extremo, ya que la carestía de la vida en Baleares, sumado al elevado índice referido anteriormente, no la convierten en un destino atractivo para los funcionarios de la Administración General del Estado.
Destinos que se encontraron en esta misma situación, como son las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, solventaron la situación incentivando los mismos con el reconocimiento de una indemnización por residencia. Estos importes para un grupo C1,
que es el que se correspondería con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las capitales de Provincia de Canarias (Tenerife y Gran Canaria) es de 117,92 y, en el caso de Ceuta y Melilla, de 545,77 .
Sin embargo, en Mallorca, la indemnización por residencia es de 65,63 y, en las islas menores (Menorca, Ibiza y Formentera), de 82,66 .
Cuarto. La equiparación de la indemnización.
La equiparación de la indemnización por residencia de las Islas Baleares con respecto a aquella de las Islas Canarias, al compartir con estas la única situación de insularidad en todo el territorio nacional, es una cuestión urgente.
El juicio en torno a si una desigualdad es o no razonable comportará inevitablemente siempre una ponderación sustantiva, y no sólo formal, entre posiciones de hecho realmente distintas y, por tanto, atendidas ya en su dimensión material. En
otras palabras, la justicia material supone un trato igual ante situaciones iguales, y un trato desigual ante situaciones desiguales.
Así, por mera situación geográfica, tanto las Islas Canarias como las Islas Baleares tienen una identidad propia, en tanto que están separadas del resto de la península, como ocurre con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Está
situación comporta una serie de sobrecostes que justifican la previsión que se hizo: un trato diferenciado para estos territorios estableciendo una indemnización por residencia para tales destinos. El problema ha sido el tratamiento desigual
respecto de las Islas Baleares.
Atendiendo al coste de vida inherente a la habitación en las Islas Baleares, mucho más elevado incluso que el de las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, resulta del todo injustificada una indemnización inferior para aquellas respecto de estas
últimas, pues es contrario al objeto y finalidad del concepto 'indemnización por residencia'.
En este sentido, el cálculo de variaciones del Índice de Precios al Consumo ('IPC') del Instituto Nacional de Estadísticas, muestra que el IPC interanual de las Islas Baleares, a septiembre de 2021, ha sido un punto porcentual más alto que
aquel referido a las Islas Canarias 9.
Esta equiparación en la indemnización por residencia, con respecto a la de las Islas Canarias, viene reclamándose desde el año 2003 para todos los Empleados Públicos Estatales destinados en las Islas
7 https://www.cronicabalear.es/2021/unisep-se-presenta-en-baleares-para-movilizar-a-los-funcionarios-por-la-indemnizacion-por-residencia/
8 http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario+Estad?%C3%ADstico+del+Ministerio+del+Interior+2020/94d9cflb-889f-4119-b4c4-09926630a29e
9 https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/espana-comunidades-autonomas
Baleares, quienes padecen exactamente las mismas consecuencias y merecen que se les reconozca idéntico complemento a todos ellos en virtud del principio de igualdad.
Pese a ello, a lo largo de los años, se han sucedido las promesas y compromisos electorales de los partidos que se han turnado en el Gobierno de la Nación, con el resultado de no haber dado solución a tan importante cuestión que afecta al
supremo interés general.
El hecho de que la indemnización por residencia deba ser equiparada con las Islas Canarias ha sido tácitamente reconocido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. La Orden de 20 de abril de 2018, suscrita por el Secretario de Estado
de Presupuestos y Gastos, con el fin de paliar temporal e insuficientemente tal agravio, aumentó la partida presupuestaria destinada al pago del complemento de productividad para funcionarios del Ministerio del Interior que trabajan en Ibiza, tanto
agentes de Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía.
El objetivo, según el Ministerio de Hacienda y Función Pública era 'incentivar la cobertura de los puestos de trabajo de personal funcionario existentes en la Isla de Ibiza', atendiendo a 'las especiales circunstancias que concurren en ese
territorio, que dificultan el normal desarrollo de los servicios públicos' 10. Sin embargo, además de ser insuficientes, dichos importes no se correspondían con el concepto que debía contemplarlos, ni fueron aprobados por los cauces legales
pertinentes, ni mucho menos se han paliado los déficits sufridos por todos los funcionarios del Estado destinados en las Islas Baleares, lo que atenta gravemente contra el principio de igualdad.
Como se ha referido, dichos complementos responden a una medida provisional e insuficiente en reconocimiento de una urgente necesidad, lo que hace que se presente como inminentemente necesaria su regulación por los cauces legales
correspondientes.
En el mes de abril del año corriente se convocó una Comisión Mixta Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Baleares. Antes de su celebración, la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Gobierno balear,
D.ª Rosario Sánchez Garau, manifestaba su esperanza de que se abordara la cuestión relativa a 'la indemnización por residencia en las Islas para los funcionarios' 11, hecho este que no se produjo o, al menos, no se plasmó en ningún tipo de acción o
iniciativa.
El pasado jueves, 23 de septiembre de 2021, la ministra de Hacienda y Función Pública, D.ª María Jesús Montero Cuadrado, presidió la Comisión Mixta Bilateral sobre financiación entre el Estado y el Gobierno balear, tras la que anunciaba una
partida específica para la Comunidad Autónoma. Así, se anunciaba que dicha Comunidad Autónoma percibiría 183 millones de euros en 2022 'por el factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares' ('REB') 12.
Sin embargo, nada se dijo por parte de la ministra del ramo sobre las numerosas reivindicaciones de la indemnización por residencia, debidas a ese mismo factor de insularidad, respecto de los empleados públicos del Estado en la mentada
Comunidad Autónoma.
De cuanto antecede, dicha equiparación estaría más que justificada con el fin de incentivar Baleares como destino para los funcionarios, ya no por motivos personales o individuales, sino por el superior interés común de mejorar y velar por
la seguridad ciudadana de todos los ciudadanos que residen en dicho territorio.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo cuantas acciones fueren necesarias a fin de equiparar la indemnización por residencia de todos los Empleados Públicos Estatales destinados en las Islas Baleares respecto a
aquellas de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Inés María Cañizares Pacheco, Juan Carlos Segura
Just, Pablo Juan Calvo Liste y Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
10 https://www.elmundo.es/baleares/2018/12/26/5c23607efc6c83cc7d8b456e.html
11 https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-sanchez-espera-tratar-indemnizacion-residencia-funcionarios-proxima-comision-mixta-estado-20210427103740.html
12 https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/noticias/baleares-sera-compensada-183-millones-euros-2022-factor-insularidad-previsto-reb_20210923614c72666cca8700017961d7.html
161/003375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Carolina Telechea i Lozano y del Diputado Joan Margall Sastre, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley en relación a la sentencia que anula el método de determinación de la base imponible del impuesto de la plusvalía municipal para su debate en instancia en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El anuncio del Tribunal Constitucional conforme estima la cuestión de inconstitucionalidad número 4433-2020, anulando varios apartados del artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales, comportaría en la práctica la supresión del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la plusvalía. La sentencia lo argumenta en el hecho que se emplea un método objetivo de determinación de la base imponible que presupone que siempre se produce un incremento de
valor de los terrenos, solo por el simple paso de los años, sin considerar si realmente se ha producido este incremento ni la cuantía real de éste. Por lo tanto, lo que se pone en cuestión nuevamente no es el impuesto como tal sino el método de
cálculo empleado para determinar la base imponible.
La responsabilidad de haber llegado a esta situación es única y exclusivamente del gobierno del Estado en la medida que no abordó la reforma legislativa que instaba a hacer el propio TC en la anterior sentencia del año 2017, con el objetivo
de corregir los supuestos en que se liquidaba el impuesto sin existir un incremento real de valor de los terrenos. En una situación idéntica la Diputación Foral de Guipúzcoa (que dispone de una Ley de Haciendas locales propia sustentada en el
régimen foral) adecuó el método de cálculo del impuesto en tan solo dos meses, evitando así llegar a la situación en que se encuentran ahora todos los ayuntamientos sujetos al régimen común.
La plusvalía es un impuesto de aplicación potestativa que actualmente tienen incorporado la gran mayoría de ayuntamientos y que forma parte del modelo de financiación local, contribuyendo a lograr la suficiencia financiera necesaria para
atender el conjunto de competencias municipales. Con los datos de la liquidación 2019, los ayuntamientos catalanes ingresaron 590 millones de euros de este impuesto, 2.675 millones en el conjunto del Estado, llegando a representar en algunos casos
más del 10 % del presupuesto municipal.
En un momento en que los ayuntamientos centran los esfuerzos en la recuperación económica y se encuentran inmersos en la elaboración de los presupuestos para el 2022, la pérdida de los ingresos provenientes de una figura tributaria tan
capital como la plusvalía desmontaría todas las previsiones presupuestarias y obligaría a emprender recortes precisamente cuando la propia Comisión Europea defiende que lo que hacen falta son políticas expansivas. Es particularmente grave si
consideramos que la actual situación se genera a causa de la inacción del Estado, que en cuatro años ha sido incapaz de adecuar la normativa del tributo.
Ante esta situación, el Estado tiene que adoptar de urgencia los mecanismos necesarios para dotar de plena seguridad jurídica la liquidación de la plusvalía, garantizando que no se pueda generar la obligación cuando efectivamente no se ha
producido un incremento de valor y evitando, en cualquier caso, que la base imponible resultante acabe siendo superior al incremento real de valor.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Adecuar de urgencia, vía RDL, la metodología de cálculo de la base imponible para dotar de plena seguridad jurídica la liquidación del impuesto.
2. Instar a la creación de un fondo extraordinario para compensar la pérdida de ingresos que ocasione esta sentencia sobre las finanzas municipales mientras no entre en vigor el nuevo método de determinación de la base imponible.
3. Instar a la creación de un fondo permanente de compensación en favor de los ayuntamientos por la reducción de ingresos que genere el nuevo método de determinación de la base imponible, en cumplimiento del principio de suficiencia
financiera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2021.-Carolina Telechea i Lozano y Joan Margall Sastre, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Interior
161/003381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incrementar los efectivos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellos municipios de Galicia que soportan un aumento de población flotante o como consecuencia del aumento de peregrinos, durante los años del Xacobeo 2021-2022, para su debate en la Comisión de
Interior.
Exposición de motivos
La actividad turística se ha convertido en un elemento fundamental para la recuperación económica y la creación de empleo.
Durante el año 2019 visitaron España más de 83,7 millones de turistas internacionales, de los cuales más de 5 millones visitaron algunos de los destinos de Galicia. Estos turistas, además de buscar y sentirse atraídos por nuestra tierra,
buscan tranquilidad y escogen nuestros destinos por sus altos índices de seguridad.
La seguridad ciudadana constituye un elemento esencial para el éxito turístico de los destinos españoles y muy especialmente de Galicia, donde se está celebrando el Año Xacobeo bianual 2021-2022, donde casi cien mil peregrinos ya visitaron
Galicia en lo que va de año. Trasladar al exterior una imagen de destino seguro es fundamental para nuestra competitividad y mantener un nivel de seguridad efectivo es un valor añadido a la oferta turística.
Durante los meses de mayor afluencia turística, hay zonas costeras de Galicia que cuadriplican su población, así como zonas del interior en las que se duplica la población, como consecuencia del regreso habitual en vacaciones, de emigrantes
que retornan a ver a sus familias.
Este incremento turístico se nutre no solo de ciudadanos españoles, sino que, cada vez más, aumentan de forma significativo los ciudadanos de otras nacionalidades que eligen estas localidades como destino vacacional, lo que implica la
necesidad de dar una atención especializada y de calidad a dichos ciudadanos, que se lograría con la puesta en marcha de los servicios de atención al turista extranjero que ya funcionan en distintas localidades de España.
Los pequeños municipios que soportan una población flotante de gran envergadura (cuadriplican su población censada), deben tener una compensación en materia de seguridad que mitigue el esfuerzo realizado por estar ubicados en el itinerario
del Camino de Santiago o por ser lugares turísticos habituales. Poblaciones como Sanxenxo, O Grove, Ribadeo, Viveiro, u otras poblaciones de las Rías Altas, Rías Baixas, o Ribeira Sacra, etc, son el claro ejemplo de este incremento poblacional.
Galicia, siempre ha gozado de una imagen de excelencia turística, siendo el alto índice de seguridad uno de los motivos por los que la eligen para disfrutar de sus vacaciones, y así queremos que siga siendo.
Los años santos xacobeos son aquellos en los que la fiesta de Santiago Apóstol, el 25 de julio, coincide en domingo. Este es un acontecimiento que se produce cada cinco, seis u once años. En 2021 habían transcurrido concretamente once años
desde el anterior año xacobeo, que había tenido lugar en 2010.
El 31 de diciembre de 2020, durante la ceremonia de apertura de la Puerta Santa de la catedral compostelana, que es siempre el inicio solemne del año santo correspondiente, el Nuncio Apostólico del Papa Francisco, Bernardito Auza, leyó al
término de la liturgia el Decreto de la Penitenciaría Apostólica, por el cual los beneficios religiosos del jubileo, que corresponde siempre al año santo en su concreta duración, se trasladan por primera vez en la historia al año siguiente, al 2022,
debido precisamente a la
intensidad con la que la COVID-19 continúa afectando a la población mundial y a la imposibilidad de que grandes multitudes puedan acudir a Santiago durante el año 2021.
La decisión papal supone en la práctica la ampliación del Año Santo Compostelano por un año más, y con ello, la capacidad de trasladar al año 2022 una serie de eventos y actuaciones previstas por las diferentes administraciones públicas,
lideradas por la Xunta de Galicia, que podrán realizarse con mayor seguridad, tanto en lo que se refiere a la situación sanitaria, como a su impacto a nivel económico, cultural y espiritual. Los años jacobeos previos han dado lugar, desde el
renacimiento de la peregrinación a Santiago a finales del siglo pasado, a una verdadera explosión económica, con el desarrollo de nuevas actividades en los pueblos por los que pasan los caminos a Compostela, el mantenimiento de la población, el
desarrollo del turismo y la hostelería en esos caminos y el despliegue por todo el mundo de un interés por la peregrinación como una experiencia única, de la que se beneficia no solo Galicia, sino todas las Comunidades Autónomas atravesadas por los
caminos a Santiago.
Este acuerdo de prolongar el Año Xacobeo, hace necesario implementar más seguridad de cara al próximo año, donde se espera una mayor afluencia de turistas.
Por otra parte, últimamente ya asistíamos a un claro auge del turismo, lo que no solo repercute en las zonas costeras sino también en los municipios, en los que, en los últimos años, se ha desplegado una amplísima oferta de turismo rural.
Este año como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 muchos españoles buscaron zonas tranquilas y seguras para pasar sus vacaciones como son los pueblos, lo que provoca un mayor auge del turismo rural.
Las nuevas tecnologías y una cultura del trabajo más flexible y menos presencialista son a su vez un excelente aliado para que muchos españoles puedan seguir residiendo en sus ciudades o pueblos e incluso, si lo desean, puedan volver a
ellos, como hemos podido ver desde que se decretó el estado de alarma en 2020.
Con la mirada puesta en este horizonte, nuestro objetivo ha de ser ayudar al medio rural a potenciar su dinamismo, crear nuevas oportunidades y difundir las posibilidades que ofrece, asegurando la seguridad necesaria y en igualdad que los
entornos urbanos.
Junto a las grandes ciudades, tenemos que trabajar para que las oportunidades lleguen también a aquellos lugares más apartados, a esos municipios más pequeños donde viven y quieren seguir viviendo muchos españoles, estamos convencidos de que
uno de los pilares básicos en los que deben sustentarse las medidas para frenar la despoblación pasa por tener unos niveles de seguridad óptimos que garanticen la libertad de los ciudadanos, así como el establecimiento de infraestructuras y
desarrollo empresarial.
Las Administraciones Locales están demandando más seguridad para sus pueblos y máxime cuando no cuentan con Policía Local propia, lo que hace que en estos momentos no puedan hacer cumplir a sus vecinos o turistas con las normas decretadas
para las restricciones ocasiones por el COVID-19.
Además, nos encontramos con que existe en Galicia un déficit en las plantillas de la Guardia Civil, Policía Nacional y su Unidad Adscrita, que se encuentra ocupada al 78 %.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellos municipios de Galicia que soportan un aumento considerable de población flotante durante los periodos de vacaciones.
2. Potenciar la implementación de servicios de atención al turista extranjero en localidades turísticas gallegas que en periodos vacacionales incrementan notablemente su población con visitantes de otros países.
3. Incrementar los medios materiales y efectivos personales en las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Galicia, de manera especial en aquellos municipios que carecen de Policías Locales.
4. Completar la plantilla de la Unidad Adscrita de la Policía en Galicia.
5. Reforzar la Seguridad en todo el trayecto del Camino de Santiago, así como en la propia capital de Santiago de Compostela, de cara a la continuidad del Año Santo el próximo año 2022.
6. Reforzar la seguridad y atención a los peregrinos que, desde los distintos caminos llegan a Santiago, así como de los eventos que en este recinto se llevan a cabo con motivo del Xacobeo, con
la apertura de una Comisaría en el Monte do Gozo, a través de la colaboración con la Xunta de Galicia, en donde se integrarían los distintos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en dicho territorio.
7. Integración en el centro de atención a las emergencias 112 de Galicia de efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil, para lograr un mejor servicio y una mayor coordinación de las actuaciones ante situaciones de emergencia y
seguridad que se producen en el territorio gallego.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2021.-Marta González Vázquez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Diego Gago Bugarín, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Joaquín María García Díez, Tristana María Moraleja
Gómez, Javier Bas Corugeira, María Valentina Martínez Ferro y Juan Manuel Constenla Carbón, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, D. Juan José Aizcorbe Torra, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Carlos José Zambrano García-Ráez, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D. Rubén Darío
Vega Arias, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D. Juan Carlos Segura Just y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la profesionalización y despolitización de los cargos de las Autoridades Portuarias y, en particular, el de los
presidentes de estos organismos, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Los puertos del Estado.
El Sistema Portuario Español, de titularidad estatal, está integrado por 46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias ('AAPP') 13. La coordinación y el control de la eficiencia de estos puertos corresponde a
Puertos del Estado, organismo público dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ('MITMA'), que tiene atribuidas las competencias en materia de política portuaria propias del Gobierno.
El artículo 149.1.20.ª de la Constitución española ('CE') establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de '[m]arina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés
general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves'.
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 14 (en adelante, 'Ley de
13 Las 28 Autoridades Portuarias y sus presidentes son: 1. La Coruña: don Martín Fernández Prado (2020), 2. Alicante: don Juan Antonio Gisbert García (2015), 3. Almería: don Jesús Caicedo Bernabé (2019), 4. Avilés: don Santiago
Rodríguez Vega (2012), 5. Baleares: don Francesc Antich i Oliver (2020), 6. Bahía de Cádiz: doña Teófila Martínez Sáiz (2019), 7. Barcelona: doña Mercé Conesa i Pagés (2018), 8. Bilbao: don Ricardo Barkala Zumelzu (2018), 9. Cartagena: don
Joaquín Segado Martínez (2018), 10. Castellón: don Rafael Simó Sancho (2020), 11. Ceuta: don Juan Manuel Doncel Doncel (2019), 12. Ferrol-San Ciprián: don Francisco Barea Paz (2021), 13. Gijón: don Laureano Lourido Artime (2015), 14.
Huelva: doña Pilar Miranda Plata (2019), 15. Bahía de Algeciras: don Gerardo Landaluce Calleja (2019), 16. Las Palmas: don Luis Ángel Ibarra Betancort (2019), 17. Málaga: don Carlos Rubio Basabé (2019), 18. Marín y Ría de Pontevedra: don
José Benito Suárez (2009), 19. Melilla: don Víctor Antonio Gamero García (2019), 20. Motril: don José García Fuentes (2019), 21. Pasajes: don Joakin Telleria Aguirrezabala (2020), 22. Santa Cruz de Tenerife: don Carlos Enrique González Pérez
(2019), 23. Santander: don Francisco Luis Martín Gallego (2021), 24. Sevilla: don Rafael Carmona Ruiz (2019), 25. Tarragona: don Josep M. Cruset Doménech (2018), 26. Valencia: don Aurelio Martínez Estévez (2015), 27. Vigo: don Jesús
Vázquez Almuíña (2020), 28. Villagarcía de Arosa: don José Manuel Cores Tourís (2020).
14 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=B0E-A-2011-16467
Puertos'), define, en su artículo 24.1, la denominación y naturaleza jurídica de las AAPP, señalando lo siguiente:
'Organismos públicos de los previstos en la letra g) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar; dependen del Ministerio de Fomento
[actual MITMA], a través de Puertos del Estado; y se rigen por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que les sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado'.
El 'especial interés' de los puertos (artículo 149.1.20.ª CE) viene justificado, como señala el organismo Puertos del Estado 15, por la importancia de aquellos 'como eslabones de las cadenas logísticas y de transporte [que] viene avalada por
las siguientes cifras: por ellos pasan el cerca del 60 % de las exportaciones y el 85 % de las importaciones, lo que representa el 53 % del comercio exterior español con la Unión Europea y el 96 % con terceros países. Además, la actividad del
sistema portuario estatal aporta cerca del 20 % del PIB del sector del transporte, lo que representa el 1,1 % del PIB español. Asimismo, genera un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo y de unos 110.000 de forma indirecta'.
Se ha de remarcar en este sentido que la situación geográfica de España -conexa a una de las rutas marítimas más importantes del mundo- y los 8.000 kilómetros de costa que posee -la mayor de los países de la Unión Europa- la consolidan como
'área estratégica en el transporte marítimo internacional y como plataforma logística del sur de Europa' 16.
Todas estas circunstancias acreditan la importancia y el carácter estratégico que tienen los Puertos del Estado en la economía nacional y en el interés general de España y, en consecuencia, justifican la competencia exclusiva del Estado
sobre los mismos.
Segundo. Los órganos de administración de las autoridades portuarias.
Los órganos que desarrollan las distintas funciones de cada una de las AAPP son los siguientes:
- Órganos de gobierno: Consejo de Administración y presidente.
- Órgano de gestión: director.
- Órgano de asistencia: Consejo de Navegación y Puerto.
Según reza el artículo 30.1 de la Ley de Puertos, el Consejo de Administración estará integrado por los siguientes miembros:
'a) El Presidente de la entidad, que lo será del Consejo.
b) Un miembro nato, que será el Capitán Marítimo.
c) Un número de vocales comprendido entre 10 y 13, excepto para las Islas Canarias y las Baleares, en cuyo caso podrá llegar a 16 vocales, a establecer por las Comunidades Autónomas o por las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y
designados por las mismas.'
La figura del presidente de la AP, como máximo responsable de estos organismos, junto con el Consejo de Administración, viene definida junto con sus funciones en el artículo 31 de la Ley de Puertos, a cuyo tenor:
'1. El Presidente de la Autoridad Portuaria será designado y separado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. La designación o
separación, una vez haya sido comunicada al Ministro de Fomento será publicada en el correspondiente Diario Oficial y en el 'Boletín Oficial del Estado'.
El Presidente podrá simultanear su cargo con el de Presidente o vocal del Consejo de Administración de las sociedades participadas por la Autoridad Portuaria que preside, con los requisitos y limitaciones retributivas que se derivan de la
aplicación de la legislación sobre incompatibilidades.
2. Corresponden al Presidente las siguientes funciones:
a) Representar de modo permanente a la Autoridad Portuaria y a su Consejo de Administración en cualesquiera actos y contratos y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, en juicio y fuera de él, sin perjuicio de las
facultades de apoderamiento propias del Consejo de Administración.
15 https://www.puertos.es/es-es/nosotrospuertos
16 Ibíd., pág. 4, infra.
b) Convocar, fijar el orden del día, presidir y levantar las reuniones del Consejo de Administración, dirigiendo sus deliberaciones. La convocatoria podrá tener lugar de oficio o a propuesta de la quinta parte de los miembros del Consejo de
Administración.
c) Establecer directrices generales para la gestión de los servicios de la entidad.
d) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables a la Autoridad Portuaria y de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.
e) Presentar al Consejo de Administración el Plan de Empresa, con los objetivos de gestión y criterios de actuación de la entidad, así como los proyectos de presupuestos, de programa de actuación, inversiones y financiación y de cuentas
anuales.
f) Disponer los gastos y ordenar, mancomunadamente con el Director los pagos o movimientos de fondos.
g) Ejercer las facultades especiales que el Consejo de Administración le delegue.
h) Las demás facultades que le atribuye la presente ley.
3. Corresponde al Presidente velar por el cumplimiento de las obligaciones que esta ley atribuye a las Autoridades Portuarias ante Puertos del Estado, especialmente en relación a las disposiciones y actos cuya aprobación o informe
corresponde a éste, así como la de suministrar al mismo toda la información de interés para el sistema portuario estatal.'
Tercero. Uso y abuso de las vinculaciones políticas en los nombramientos de los presidentes de las autoridades portuarias.
La principal problemática que deriva del sistema actual de nombramiento de los presidentes de las AP se circunscribe a los siguientes aspectos:
i) Los presidentes son designados por los gobiernos autonómicos de turno sin que existan preestablecidas unas cualificaciones específicas de los candidatos más allá de la 'competencia profesional e idoneidad', lo que da lugar a nombramientos
por mera afinidad política.
Los máximos dirigentes de las AAPP son designados y destituidos por el Gobierno autonómico, siendo tales hechos comunicados al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este, sin ningún tipo de apreciación ulterior, 'lo acepta',
mandando su ulterior publicación en el Boletín Oficial de Estado ('BOE').
Este sistema de nombramientos, amén de propiciar el nombramiento de cargos sin la debida preparación técnica, ha devenido tradicional herramienta de presión entre los diferentes partidos políticos que han liderado los gobiernos autonómicos y
el Gobierno Central. Así, en la actualidad el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, don Francesc Antich Oliver, nombrado por el PSOE de esa región, fue presidente autonómico de 2007 a 2011 con ese partido, mientras que la ex alcaldesa
de Cádiz, doña Teófila Martínez Sáiz (PP), funge hoy como presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Adicionalmente, deben señalarse otros casos sonrojantes. En 2007, el diario La Provincia de las Palmas de Gran Canaria se hizo eco de una polémica surgida a raíz de la tardanza en la publicación en el BOE del cese del anterior Presidente de
la Autoridad Portuaria y el nombramiento del nuevo designado. La noticia señalaba lo siguiente 17:
'El clima político de enfrentamiento existente entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central provocó que en algunos círculos gubernamentales se advirtiera de la posibilidad de que Fomento intentase dilatar al máximo la publicación en el
BOE del nuevo presidente de Puertos de Las Palmas.
(...) El argumento del aún presidente del Puerto era que personas cercanas al círculo del ex presidente Arnáiz 18 se estaban reuniendo desde hacía tiempo para conformar un posible organigrama una vez que el PP volviese a coger las riendas
del Puerto, figurando el propio Arnáiz como subdirector.'
Este procedimiento de 'libre designación' revierte en una manifiesta falta de independencia y conduce a que tales organismos se empleen, en numerosas ocasiones, con fines distintos de aquellos que legalmente tienen encomendados. En este
sentido, en 2017, el diario digital El Boletín, especializado en noticias de política, economía, mercados y tecnología española, evidenció 19 el 'enchufismo' en las designaciones en los Puertos de Andalucía y resto de España.
17 https://www.laprovincia.es/canarias/2007/09/22/fomento-dice-nombramiento-sanchez-simon-11039325.html
18 Don José Manuel Arnáiz Bra, predecesor de don Emilio Mayoral Fernández:
https://www.layozdelanzarote.com/actualidad/politica/el-gobierno-destituye-a-arnaiz-de-la-presidencia-de-la-autoridad-portuaria-y-nombra-a-emilio-mayoral-como-sustituto 35875 102.html
19 https://www.elboletin.com/entre-el-retiro-dorado-y-el-enchufismo-quienes-presiden-los-puertos-de-espana/
'El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles el nombramiento de José Luis Ramos Rodríguez como Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. La decisión de colocar en ese cargo a Ramos Rodríguez, antiguo miembro de la Ejecutiva
de Susana Díaz, corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el PSOE.
El caso de Ramos Rodríguez no es más que un ejemplo de las constantes 'puertas giratorias' que reinan entre las diferentes administraciones públicas del Estado. Sin ir más lejos, a excepción del Puerto de Algeciras, donde manda Manuel Morón
(un técnico), todos los demás puertos de Andalucía están presididos por antiguos miembros del PSOE.
(...) Cada vez que unas elecciones autonómicas provocan un cambio de gobierno, la presidencia de los puertos de esa región cambia de mano. Al menos así ha sucedido durante las últimas décadas'.
En el mismo sentido, el 9 de septiembre de 2021, la Fundación Civio publicó un artículo 20 en su página web oficial donde reveló importantes datos relacionados con esta irregularidad, entre otros, los siguientes:
'Solo tres de los 28 presidentes actuales -los de Gijón, Santa Cruz de Tenerife y Ferrol-San Cibrao- no están vinculados de forma directa con un partido político. Del resto: 14 con el PP, seis con el PSOE, dos con Junts, dos con el PNV y
uno con el Partido Regionalista de Cantabria'.
Y finalizaba remarcando que:
'Desde 2015, ocho de cada diez presidentes de los puertos españoles (de un total de 69 personas que los comandaron) tenían vínculos con un partido u otro. En el expediente: militantes, listas electorales, concejalías, alcaldías,
consejerías, presidencias o escaños. Desde el Sindicato Marítimo Portuario de UGT entienden el carácter político del puesto, al defender un sistema portuario público. Pero demandan una gestión profesional y un procedimiento de selección
supervisado por un órgano independiente. Y, también, mecanismos de evaluación'.
ii) Falta de formación, capacidades y experiencia en relación con las funciones asociadas al cargo de presidente. Las noticias mencionadas supra destacan, además de las vinculaciones políticas, la falta de formación de los presidentes que
han sido designados y nombrados en los últimos años. Así, por ejemplo, el mencionado diario digital El Boletín, en su noticia de 2017 21, indicaba que:
'Todos ellos [presidentes de AAPP] han ejercido en gobiernos autonómicos o municipales antes de presidir, con formación no dirigida a ello, las autoridades portuarias correspondientes. Por ejemplo, el presidente del Puerto de Sevilla es
Licenciado en Filosofía y el de Málaga, en magisterio.
No obstante, esta realidad no se circunscribe exclusivamente a Andalucía. De hecho, sucede en la mayoría de los puertos de España. Personas vinculadas directa o indirectamente al gobierno -con formación ajena a la actividad portuaria-
presiden este enclave estratégico en cada comunidad autónoma'.
Por su parte, la Fundación Civio, al respecto de la formación de quienes ostentan estos cargos, destacó lo siguiente:
'los tres independientes [presidentes sin vinculación política] tienen formación o experiencia vinculados con el sector portuario o urbanístico, entre los 25 restantes hay de todo.
(...) El único requisito legal es que las nominadas sean 'personas de reconocida competencia profesional e idoneidad'. ¿Esto qué significa? 'Es un concepto jurídico indeterminado' cuya interpretación corre a cuenta de quien les nombra -los
gobiernos de las CCAA-, explica José Miguel Lubián, responsable del área de Puertos del Sindicato Marítimo-Portuario de UGT. 'La cuestión es que el nombramiento se realiza atendiendo a un criterio subjetivo, en el que puede primar la lealtad a un
determinado partido político sin necesidad de justificar de forma objetiva su profesionalidad e idoneidad y no realizarse una evaluación de los resultados en la gestión bajo el principio del interés general', arguye Lubián.'
iii) Falta de transparencia, irregularidades, y corrupción. El cargo de presidente de AP lleva aparejada una alta retribución que, en aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, ha de hacerse pública 22.
20 https://civio.es/quien-manda/2021/09/09/solo-tres-de-28-autoridades-portuarias-estan-presididas-por-perfiles-tecnicos-e-independientes/
21 Ibíd., pág. 9, supra.
22 Artículo 8.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: 'f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas
en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.'
Pese a lo anterior, la página web oficial de Puertos del Estado no ha actualizado las nóminas de los actuales presidentes de las AAPP desde el año 2015 23.
Más grave que lo precedente resulta que durante los últimos años se han destapado varios casos relacionados con corrupción y tráfico de influencias, llegando a recaer resoluciones judiciales condenatorias en los respectivos procedimientos.
Así, por ejemplo, la Fundación Civio ha recopilado algunos de estos casos 24:
'Joan Gual de Torrella, un empresario independiente, fue la primera elección del Govern de Francina Armengol (PSOE-Podemos-Més) para presidir los puertos de Baleares. Su detención en 2020 por presunta corrupción en la adjudicación de
amarres en varios puertos bajo su competencia supuso el fin de su mandato.
Joan Verger (PP) y Francesc Triay (PSOE), predecesores de Gual de Torrella entre 1999 y 2011, fueron investigados por una trama similar.
El caso del 3 %, de presuntos pagos irregulares a Convergéncia Democrática de Catalunya (CDC), salpicó también al presidente del puerto de Barcelona, Sixte Cambra Sánchez, exsenador de CiU. Presidente entre 2011 y 2018, Cambra está imputado
por un delito continuado de fraude a las administraciones públicas y otro de tráfico de influencias por presuntamente 'direccionar los concursos públicos o informar privilegiadamente' a las empresas concesionarias, según un auto de la Audiencia
Nacional que instruye la causa. En paralelo, la investigación señala donaciones realizadas por una de las adjudicatarias, la constructora COPISA, a fundaciones del CDC en relación a varias licitaciones de la autoridad portuaria. Con la instrucción
terminada, la causa está a la espera de ser elevada a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento, confirma la Audiencia Nacional.
En Melilla, Víctor Gamero repite como presidente. En 2002 dimitió tras pretender subastar unos terrenos por 3,9 millones de euros, frente al valor mínimo de 5,6 millones autorizado por Puertos del Estado. Fue absuelto de un delito de
alteración de precios en 2006 por falta de pruebas, según recogió entonces Diario Sur. La cúpula directiva que le sucedió en el puerto vendió los terrenos por 7,8 millones, el doble. Ex de los populares, Gamero retornó gracias al gobierno
melillense de coalición, con el PP en la oposición. En 2020, en la otra ciudad autónoma, el expresidente del puerto de Ceuta José Francisco Torrado (PP) fue condenado a seis años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación
administrativa, según EFE.
El expresidente de la AP de Santa Cruz de Tenerife Ricardo Melchior (Coalición Canaria) está bajo investigación judicial por un presunto repóker de delitos de corrupción, como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales
públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil, según adelantó Mírame TV. De momento está inhabilitado por cinco años para el ejercicio de cualquier cargo público tras fichar de manera ilegal por Loro Parque, grupo propietario de varios
parques temáticos en las islas al que le había concedido distintas licencias administrativas durante su presidencia del puerto de Tenerife. Pero Melchior también acumula otras causas por su anterior etapa en el Cabildo de Tenerife'.
Cuarto. Derecho comparado. Requisitos en Italia para el nombramiento de los presidentes de las autoridades portuarias.
La Ley n.º 84 de reordenación de la legislación en materia portuaria, de 28 de enero de 1994 suplemento ordinario a la GURI n.º 28, de 4 de febrero de 1994 25; (en adelante, 'Ley n.º 84/94') dispone en su artículo 8, apartados 2 y 3, lo
siguiente:
'1. El Presidente de la Autoridad Portuaria será nombrado por decreto del Ministro de Transportes y de la Navegación, de acuerdo con la región interesada, de entre una terna de tres expertos altamente cualificados con competencias
reconocidas en el ámbito de la economía de los transportes y de la economía portuaria (...).
2. El Presidente representará a la Autoridad Portuaria y ocupará su cargo durante cuatro años y podrá ser reelegido en su cargo una sola vez (...).'
De esta forma, en Italia, se exige, por un lado, que los candidatos a la presidencia de la AP sean expertos altamente cualificados y con competencias reconocidas tanto en economía de transportes como en economía portuaria y, por otro, que se
someta una terna para la ulterior designación por parte del ministro del ramo.
23 https://www.puertos.es/es-es/rrhh/Documents/20151030125452020.pdf
24 Ibíd., pág. 14.
25 Traducción recuperada de: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nirstato:legge:1994;84
Esa diferencia existente entre la 'idoneidad', como requisito en la legislación española, y la concreción de las materias que ha de dominar el candidato, como requisito en la legislación italiana -economía de los transportes y economía
portuaria- crean una barrera de contención frente a posibles nombramientos de personas que no tienen ninguna formación ni experiencia en la temática que nos ocupa.
Estos requerimientos dan lugar a que los presidentes de las AAPP en este país sean profesionales de alto nivel y con una amplia experiencia en el sector, amén de ser independientes e imparciales. La mayoría de ellos cuentan, además, con una
dilatada trayectoria en el propio ámbito portuario, haciendo que la labor que desempeñan como presidentes sea una tarea con la que están familiarizados 26.
Sexto. Conclusión.
El Grupo Parlamentario VOX considera que es necesario contener los excesos del poder ejecutivo en materia de designación y nombramientos de los Presidentes de las AP. Este modelo ha conducido al nepotismo más absoluto y a que los Puertos
del Estado sean nidos de corrupción y no coadyuvantes del crecimiento económico del país.
Se hace así necesario concretar los requisitos mínimos e indispensables para que los altos cargos de las AAPP y, en particular, los presidentes sean ocupados por personal técnico, con competencia profesional en la materia, de carácter
imparcial e independiente, y sin ningún tipo de vinculación política. De esta forma, se pretende asegurar que el máximo responsable de la Autoridad Portuaria esté al servicio exclusivo del organismo, de los ciudadanos y del interés general, sin que
el organismo, como tal, llegue a convertirse en una agencia de colocación de personas afines a los partidos que ocupen los respectivos Gobiernos autonómicos.
Se pretende, con ello, dar un paso más para garantizar la profesionalización de la gestión pública en general y, con esta iniciativa, de este personal. Debe seguirse el ejemplo de algunos de nuestros países vecinos y, concretamente, de
Italia.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar ante las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del artículo 31 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante con los siguientes objetivos:
a. La designación y separación de los Presidentes de Autoridades Portuarias corresponderá al Ministerio con competencias en materia de puertos de interés general, y no a las comunidades o ciudades autónomas.
b. La designación del personal directivo de los órganos de Gobierno, Gestión y Asistencia que dirige el funcionamiento de las Autoridades Portuarias atenderá a criterios de idoneidad y experiencia profesional, y a principios de mérito,
competencia y capacidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. En concreto, los presidentes deberán de ser seleccionados de entre varios expertos altamente cualificados con competencias reconocidas
en el ámbito de la actividad portuaria y, valorándose su experiencia en economía de los transportes y de la economía portuaria'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-Eduardo Luis Ruiz Navarro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Juan José Aizcorbe Torra, José María Figaredo Álvarez-Sala, Carlos José Zambrano García-Raez, Pablo Juan Calvo Liste,
Patricia de las Heras Fernández, Rubén Darío Vega Arias, Patricia Rueda Perelló, Cristina Alicia Esteban Calonje y Juan Carlos Segura Just, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
26 I.e.: https://www.portodigioiatauro.it/files/upload/PortaleDocumentaleItem/allegati/cv.pdf
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
por la protección del derecho fundamental a la libertad de expresión y contra la retirada de libros de temática LGTBI en los centros educativos de Castellón, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El pasado 15 de octubre, el Juzgado de lo Contencioso n.º 1 de Castellón, obligó al Ayuntamiento de Castellón a retirar un total de 32 libros de temática LGTBIQ+ donados por el Ayuntamiento a las bibliotecas de 11 institutos y al centro
socioeducativo Pi Gros de la ciudad, como medida cautelarísima solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos. La entidad ultraconservadora consideró que la iniciativa municipal 'vulnera varios derechos fundamentales, como el de los padres a
decidir la educación de sus hijos, la libertad ideológica y de culto y la obligación de la administración de ser objetiva y neutral'. Además, añadieron, 'incitan al odio contra la religión y sus fieles'. Según el auto, se aceptó la medida
cautelarísima por 'perjuicios irreparables'. El consistorio de la ciudad donó los libros el pasado miércoles 13 de octubre dentro de un programa de compra a los comercios locales, con el objetivo de fomentar la convivencia en igualdad, la
tolerancia y el respeto a la diversidad. Entre los autores de dichos libros se encuentran importantes figuras de la literatura, como Lucía Sanchez-Saornil, Bruno Bimbi, Cyrus Dunham, Ricardo Huerta, Fani Grande, Paula Alcaide o Becky Albertalli.
El pasado 25 de octubre, el mismo Juzgado levantó la medida cautelar por entender que la actuación administrativa impugnada tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del
derecho a la identidad y a la expresión de Género de la Comunitat Valenciana. Además, según recoge la resolución, no se aportó ninguna prueba de que concurra la ilegalidad, así como tampoco de que el contenido de los materiales atente contra los
derechos humanos.
La Constitución Española, en su artículo 14, prohíbe la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre las que se incluye la orientación sexual e identidad de género, precepto también incluido en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La acción de censurar contenido enfocado a trabajar contra la discriminación de los colectivos
LGTBIQ+ desde un enfoque educacional y de promoción de los derechos supone, por tanto, un atentado fragrante contra la libertad y el respeto a la diversidad, fundamentos esenciales para avanzar hacia la igualdad.
Esta primera decisión judicial no solo atentó contra derechos fundamentales, sino contra la propia norma básica vigente en materia de educación de nuestro país, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la conocida como LOMLOE. Cabe recordar que en su articulado recoge 'el desarrollo de la igualdad de derechos, deberes, oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de
la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del
espíritu crítico y la ciudadanía activa'. Además, esta misma norma organiza las materias de primero a tercero de la etapa de educación secundaria obligatoria, especifica que 'en todo caso se fomentarán de manera transversal la educación para la
salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la igualdad de género y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales' (art. 24.5). De forma similar se desarrolla el articulado específico para la etapa de bachillerato, que regula sus
objetivos: 'Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia'.
Asimismo, el pasado 14 de octubre, la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el debate de totalidad de la Ley Orgánica de Garantía de Libertad Sexual, afirmaba que 'la libertad sexual constituye un eje central del derecho de ciudadanía, por
eso España necesita esta ley'.
El índice 'Rainbow Europe', publicado por el grupo de defensa y promoción ILGA-Europa, que clasifica los países de la UE en función de sus leyes y políticas de igualdad, sitúa a España en el séptimo lugar en cuanto a respeto por los derechos
humanos de las personas LGTBI. Cabe recordar que España fue el primer país en legalizar la adopción monoparental y el tercero en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Por todo ello, queda patente que la censura de material que ayude, aporte información y pueda vehicular dudas de los y las jóvenes del país en materia LGTBI no es, de ninguna manera, una vía asumible y tolerable para el fomento del respeto a
la diversidad. España es considerada internacionalmente pionera, en muchos casos, en cuanto al avance de los derechos. Por lo tanto, esta medida cautelar que adoptó el Juzgado de lo Contencioso n.º 1 de Castellón no se encuentra en concordancia
con la legislación vigente en esta materia y los avances en la conquista de derechos LGTBI, de especial relevancia en la legislatura vigente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, manifestando su solidaridad con las autoras y los autores censurados por la retirada de libros de temática LGTBI de los centros educativos, insta al Gobierno a:
1. Proteger el derecho fundamental a la libertad de expresión en la enseñanza pública ante la ofensiva censora impulsada por organizaciones extremistas y los discursos de odio.
2. Adoptar las medidas necesarias para impulsar los derechos LGTBI en los centros educativos e incorporarlos al currículum educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a establecer criterios
uniformes para la inclusión en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social a los trabajadores dedicados a la industria del compost para el cultivo del champiñón, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
Exposición de motivos
El sector agroalimentario en España tiene una relevancia fundamental y un altísimo componente de generación de riqueza y bienestar.
Estudios recientes, como por ejemplo el elaborado por el Grupo Cajamar, indican que en nuestro país el sector agroalimentario aportó en el ejercicio 2020 casi 100.000 millones de euros a la economía, representando prácticamente el 10 % de
nuestro PIB -casi un punto más que el ejercicio anterior-, generando 2.27 millones de empleos, el 11,7 % del total nacional.
Cobra esto especial relevancia en el contexto actual, tras más de año y medio de destrucción de riqueza y empleos en España como consecuencia de la crisis social y económica derivada tras la pandemia ocasionada por el Covid-19. Mas de año y
medio de destrucción generalizada de riqueza, en el que el sector agrario y de alimentación ha sumado particularmente a favor de nuestro país.
De hecho, en 2020 se observó un crecimiento del 5,3 % en el valor añadido del sector primario, que permitió limitar la contracción del sector en su conjunto al -2,5 %, frente a la caída del -10,8 % del PIB nacional (la mayor caída observada
desde la década de los años 30).
Es este un sector que destaca, también, por su productividad, un 38 % superior a la media de la UE-27, y por el avance de las exportaciones, que han vuelto a registrar un máximo histórico de ventas, 54.840 millones
de euros, un 2,3 % más que en 2019, revelando su carácter estratégico para nuestra riqueza, bienestar y la creación de empleos.
Ante tal situación, el Gobierno de la Nación debería velar por incorporar las medidas oportunas que permitan al conjunto del país generar más oportunidades de empleo y fortalecer nuestro sector productivo. Más aún en aquellos sectores, como
el agroalimentario, especialmente relevantes para nuestra economía y que, además, han sido actores principales en la respuesta social que el conjunto de la sociedad española ha brindado desde el inicio de esta situación.
La eliminación de barreras a la empleabilidad, así como la incorporación de palancas que permitan a las empresas crear empleos de calidad no parece, sin embargo, uno de los objetivos de este Gobierno.
Los análisis demuestran que el hecho de que nuestro sector agroalimentario sea más competitivo, en general, que la media europea se debe, en parte, a que disponemos de unos costes laborales por unidad de producto más reducidos que en el
mercado europeo, destacando principalmente los del sector primario.
Este es uno de los principales objetivos perseguidos por el Sistema Especial Agrario (SEA), integrado hoy en el Régimen General de la Seguridad Social, que ha tratado desde sus orígenes de fomentar el empleo en un sector especialmente
valioso, mediante un singular modelo de cotización y de protección, buscando un contexto de impulso de la creación de riqueza en el sector, gracias a la eliminación de trabas y al establecimiento de condiciones singulares de facilidad.
Hoy nos encontramos, sin embargo, con que determinadas actividades ligadas intrínsecamente a la labor agraria, propia de este Sistema Especial, se ven obstaculizadas con la expulsión del Sistema Especial, integrándose en el Régimen General,
con las mayores dificultades y trabas que ello conlleva.
Un ejemplo claro lo encontramos en el marco de las exigencias específicas previstas en el ámbito de los negocios dedicados a la fabricación de compost para el cultivo de champiñón y otros productos semejantes, donde se observan diferentes
criterios y actuaciones en cada territorio, generando perjuicios manifiestos a las empresas dedicadas a este sector y vulnerando, a su vez, los principios fundamentales de seguridad jurídica y de criterio único de gestión en la actuación
administrativa.
La Seguridad Social y la Inspección de Trabajo interpretan de manera diferente en cada territorio el alcance de qué se puede considerar 'labor agraria' y si la fabricación y venta de compost para tal fin pueden quedar integrados en el
Sistema Especial Agrario, o si debe incluirse dentro del ámbito del Régimen General de la Seguridad Social, con los mayores costes laborales que ello implica.
Ello, evidentemente, genera una gran inestabilidad jurídica para nuestro tejido productivo agroalimentario que se ve forzado a ralentizar la creación de empleos y al fomento, en consecuencia, de la generación de riqueza y bienestar social.
España es la cuarta potencia agroalimentaria de la Unión Europea, y líder mundial en productos de este sector, así como uno de los mayores suministradores a Europa de frutas y hortalizas frescas, con el alto aporte social y económico que
esto supone. Por ello, el Gobierno debería impulsar todos aquellos vectores que fomenten y aceleren el crecimiento en este sector, en todos sus productos.
Sin embargo, hace oídos sordos y carece de la altura de miras suficiente para mantener e impulsar este sector puntero y fundamental para nuestra economía, evitando la eliminación de barreras y obstáculos en la creación de empleo en el
sector.
En esta búsqueda por reducir trabas al crecimiento de este sector tan relevante, debe promoverse la integración en el concepto de 'labor agraria' propio del SEA, la actividad dedicada a la fabricación de compost destinado a la producción del
champiñón y otros productos semejantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer la importancia del sector agroalimentario español, -y del conjunto de empresarios y trabajadores que se dedican a él- como palanca de creación de riqueza y de empleo de calidad y la relevancia que este sector tiene en el tejido
productivo y laboral de nuestro país, comprometiéndose a adoptar las medidas oportunas para su defensa y promoción.
2. Adoptar los cambios normativos necesarios en relación con la actividad de elaboración de compost para la producción y cultivo del champiñón, a los efectos de igualar los derechos y obligaciones de empresas y trabajadores en todo el
territorio nacional, tendiendo al menor coste posible desde el punto de
vista de la cotización a la Seguridad Social para garantizar el mantenimiento de la actividad y el empleo en dicho sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2021.-Tomás Cabezón Casas, José Ignacio Echániz Salgado y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar las atenciones
sanitarias y reconocimientos en los centros de salud marítima dependientes del Instituto Social de la Marina (ISM), para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Exposición de motivos
El Instituto Social de la Marina (ISM) ha comunicado el cierre de algunos centros de salud marítima argumentando bajas de médicos titulares y dificultades para cubrir vacantes bien por falta de voluntad de estos facultativos para trabajar en
centros fuera de sus ciudades de residencia, o bien por percibir mayor sueldo en otros servicios sanitarios.
Un ejemplo de esta situación se ha producido en el Centro del ISM de Corcubión en la provincia de A Coruña, que permanece cerrado en un primer momento por el estado de alarma y posteriormente por la baja de su médico titular por excedencia.
El ISM en su Programa de Sanidad Marítima incorpora una serie de actuaciones de carácter preventivo encaminadas a elevar el nivel de salud de la población, y disminuir los factores de riesgo laboral de los trabajadores del mar cuando se
encuentran embarcados o en puertos extranjeros.
El cierre de estos centros motivó que los marineros fuesen derivados a las localidades de Muros y A Coruña para realizar los reconocimientos médicos preceptivos para embarcar, generando perjuicios económicos a todos los usuarios al generar
gastos de desplazamientos y pérdidas de días de trabajo.
La situación descrita de falta de medios y cierre de centros de salud marítima sumada a los colapsos generalizados en la atención sanitaria marítima afecta igualmente a la emisión de certificados médicos de aptitud o de revisión de los
botiquines obligatorios a bordo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la cobertura de las plazas vacantes de médico de Sanidad Marítima, de titulado medio y de oficial en las Comunidades Autónomas donde existan dichas vacantes.
2. Extender las prórrogas de certificados médicos de aptitud para el embarque marítimo, de revisión de los botiquines obligatorios a bordo y de formación sanitaria específica hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2021, verificando la
situación a dicha fecha.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2021.-Joaquín María García Díez, José Ignacio Echániz Salgado, Diego Movellán Lombilla y Tomás Cabezón Casas, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la puesta en marcha de un
Programa para la garantía del suministro de la cadena de valor industrial con medidas para paliar el alto precio y falta de disponibilidad de materias primas en la Industria española, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
El índice de precios industriales (IPRI) se situó en el mes de julio en el 15,3 % interanual, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Si bien el precio de la energía es el principal responsable de que la inflación industrial esté tan alta, si descontamos la energía, la inflación industrial llega a 7,9 % interanual. Esta brutal inflación en el indice de precios
industriales tiene una clara causa: los precios de los bienes intermedios, que en julio se encarecieron nada menos que un 14,9 % interanual.
El índice de costes de materiales de la construcción se sitúa en el valor más alto, 116.78, de toda su serie histórica desde enero de 1980.
El incremento de costes de transporte -provocado por el alto precio de los combustibles, el barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa-, alcanzó más de un 36 % en lo que va de 2021.
Y los precios de las importaciones y exportaciones españolas se han disparado un 10,4 % con respecto a julio del año pasado, el mayor repunte en 15 años.
Los precios de los bienes intermedios están desbocados:
- La bobina de acero se ha revalorizado un 50 % desde abril.
- El aluminio un 25 % desde abril, el precio más alto de la última década.
- Los tubos de cobre, en términos anuales, se han incrementado un 61 %,
- Los precios de fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones crecen a un ritmo del 29,3 %,
- La fabricación de elementos metálicos para la construcción, según el IPRI, aumenta un 6,5 %.
- La madera ha subido un 110,27 % con respecto a marzo de 2020.
- El cemento, hormigón, mortero y áridos están disparando sus costes de producción por las meteóricas subidas de los precios del CO2.
Además del incremento de precios se están dando también situaciones de escasez de determinados suministros:
- Hay 3.000 empresas transformadoras de plásticos que están afectadas por la escasez de plásticos, polímeros y aditivos necesarios.
- El caucho de origen natural tiene un suministro mundial de alrededor de 20 millones de toneladas al año, cantidad insuficiente para todos sus usos.
- Los semiconductores escasean y están obligando a parar turnos de producción en las fábricas de nuestro país; de hecho, algunas previsiones afirman que esta escasez, hará que en 2021 se dejen de fabricar 9,4 millones de vehículos.
Todos estos indicadores están provocando serios problemas de competitividad de la industria española, incluso con paradas en las líneas de producción, así como un encarecimiento en las viviendas y la obra civil.
Los efectos sobre el empleo ya empiezan a ser visibles, que en el sector industrial no ha parado de caer en los últimos años.
Pero lo más alarmante es que este escenario tan negativo para la industria española esta produciendo un efecto de derivaciones de las inversiones de nuevas plantas y de modernización de las existentes a otros territorios y centros de
producción fuera del Estado español; y este hecho tiene un efecto irreversible y condena al cierre y la desaparición de la ya mermada industria española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Programa para la garantía del suministro de la cadena de valor industrial, que contenga al menos las siguientes medidas:
Primera. Plan de exenciones y compensaciones para la industria española, con incentivos a la inversión y reformas regulatorias para la adaptación y transición energética, que mitiguen el encarecimiento de sus costes de producción.
Segunda. Actualizar mensualmente el cuadro de precios para los pliegos de obra pública y hacer las modificaciones legales necesarias para permitir la ampliación de los importes de adjudicación en función de dichas variaciones del cuadro de
precios de los contratos de obra pública en vigor.
Tercera. Plan de incentivos al I+D+i para la búsqueda de nuevos bienes intermedios y materiales alternativos más eficientes, baratos y con mayor disponibilidad y para el impulso de la colaboración entre los distintos agentes del proceso
innovador: sector público, academia, centros científicos y tecnológicos y agentes económicos y sociales.
Cuarta. Plan de incentivos a esquemas de economía circular de los bienes intermedios industriales que garantice su reutilización.
Quinta. Establecer acuerdos en política exterior con los principales países productores de bienes intermedios y materias primas para garantizar el suministro a corto plazo de la Industria española.
Sexta. Desarrollar y promover los mecanismos necesarios para identificar y dar respuesta de manera eficaz a las nuevas situaciones de proteccionismo industrial de terceros países, en el marco de organismos multilaterales, como la
Organización Mundial de Comercio o del G-20, y desde una postura común de la UE.
Séptima. Fomentar la participación industrial en los programas de la UE y/o internacionales de investigación e innovación potenciando especialmente la cooperación tecnológica internacional y la colaboración público-privada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2021.-Mario Cortés Carballo, Tristana María Moraleja Gómez y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impacto de la subida del
Salario Mínimo Interprofesional en el sector agroganadero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El pasado jueves 16 de septiembre, el Gobierno y los sindicatos anunciaban que habían alcanzado un pacto para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 15 euros al mes, desde el 1 de septiembre, hasta alcanzar los 965 euros.
Eso supone un incremento del 1,6 % respecto al SMI de 2020. Pocos días después, el día 28 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobaba la subida, para que se empezara a aplicar a partir del 1 de septiembre de 2021.
El acuerdo, sin consenso, repercutirá especialmente en algunos sectores, como el agrícola y ganadero, donde puede suponer beneficios para los trabajadores, pero también grandes perjuicios que no se han evaluado adecuadamente.
Los representantes de la patronal empresarial CEOE se referían a las implicaciones que este incremento iba a tener en estos momentos en algunos sectores, como la agricultura, o determinadas regiones. Algunas organizaciones agrarias también
consideran que no es el momento más oportuno para adoptar la medida y han criticado el acuerdo, al considerar que, en el actual contexto, con fuertes
incrementos de costes de luz, carburantes, fertilizantes, abonos y piensos, que influyen en la configuración de los costes de producción, y los futuros recortes que la aplicación de la nueva reforma de la PAC traerá aparejados, todavía
pendientes de la negociación de Plan Estratégico Nacional de la futura PAC, el incremento del SMI y el crecimiento de los costes de cotización a la Seguridad Social, así como de los costes indemnizatorios que llevará aparejado, pueden poner en
serios aprietos al sector.
Por todos estos motivos, especialmente los relacionados con la rentabilidad de las explotaciones, los agricultores siguen convocando manifestaciones a lo largo de todo el país.
En este escenario, se corre el riesgo de abandono de aquellos cultivos intensivos en mano de obra, como la viña, el olivar o el hortofrutícola, y llevaría aparejado la destrucción del tejido productivo, de la actividad económica y mayores
dificultades laborales para los núcleos rurales, retroalimentando los problemas de despoblamiento y el abandono que sufren muchos territorios.
Esta situación impediría el desarrollo y la necesaria recuperación post crisispandémica de pueblos donde, además de reducirse las oportunidades para nuevos empleos, se corra el riesgo de generar empleo sumergido indeseado. Lugares y
situaciones que han sido reiteradamente criminalizados por la Ministra de Trabajo al intensificar las campañas de inspección en el campo, aunque ahora ella misma parece general el caldo de cultivo para que esto suceda.
En definitiva, es razonable que exista alarma en el sector, con unos costes de producción disparados y bajos precios en origen, cuyos efectos pueden poner en peligro la viabilidad de muchas explotaciones, siendo el SMI la puntilla para la
actividad agrícola y ganadera.
Decisiones tan cruciales deben emanar de un consenso social mucho más amplio, especialmente contando con la participación de los sectores que se consideran más afectados, y que son los verdaderos artífices de la economía y el empleo en el
mundo rural, como es el sector primario de la agroganadería intensiva en mano de obra.
Así mismo, es necesario que la economía esté más estabilizada y disponer de un análisis de amenazas y oportunidades de la decisión que se adopta, más allá de la mera decisión política, para evaluar su idoneidad e impacto sobre cada sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una evaluación de los impactos que la subida del Salario Mínimo Interprofesional está originando o puede originar sobre el mundo rural y especialmente en las explotaciones agro-ganaderas intensivas en mano de obra, así como en
la industria agroalimentaria, motor de la economía rural.
2. Abrir el dialogo social implicando a todas las partes afectadas hasta alcanzar un consenso que no perjudique a nadie, que amortigüe los impactos detectados y en el que participe el sector agrario y ganadero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2021.-Marta González Vázquez y Milagros Marcos Ortega, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el impacto de los regadíos del río Xúquer y garantizar en el Plan Hidrológico de la
cuenca del Xúquer los objetivos ambientales del Parque Natural de la Albufera, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El programa de modernización de regadíos de la Generalitat Valenciana se contempla en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Xúquer vigente como una medida de carácter ambiental. Por otra parte,
el Esquema de Temas Importantes publicado por la Confederación Hidrográfica del Xúquer como paso previo al Plan Hidrológico 2021-2027, reconoce que la reducción de retornos prevista como consecuencia de la modernización producirá un impacto
negativo sobre las masas de agua con una reducción de caudales tanto en el río Xúquer como la Albufera de Valencia.
Según la estimación de la Confederación, la modernización de regadíos de la Acequia Real desde 2016 producirá una disminución de caudales de 22'2 hm3 / año en la Albufera, 13'3 hm3 en el Xúquer y 4'6 hm3 al mar. El Plan Hidrológico vigente
establece que hasta 30 hm3 / año procedentes de la modernización del regadío se destinarían a la Albufera, conforme se pusieron en marcha nuevos sectores. No hay información sobre cuál ha sido el destino de los ahorros producidos por la
modernización anterior al 2016, así como cuáles han sido las disminuciones de caudal producidos en las masas de agua (La Albufera, Xúquer, salidas al mar y recarga de acuíferos) al sustituir el riego tradicional por el riego localizado.
El programa de modernización de los regadíos de la cuenca del Xúquer de la GVA, aunque afecta directamente a espacios protegidos por la Directiva Hábitats (tanto la Albufera como el Xúquer -desde Tous hasta Cullera-, forman parte de la 'Red
Natura 2000' a ser LICs -Puestos de Interés Comunitario- y la Albufera ZEPA -Zona de Especial Protección de las aves-) ha incumplido el mandato del artículo 6.3 de dicha directiva, que establece que 'cualquier plan o proyecto que, sin tener relación
directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar'.
Dado el impacto ambiental sobre las masas de agua, principalmente la Albufera y el Xúquer, es imprescindible la evaluación ambiental de los sectores en trámite o pendientes de modernización para conocer los impactos que estas actuaciones
tendrían en las masas de agua, especialmente en aquellas que cuentan con importantes figuras de protección, como la Albufera y el Xúquer. Dos ecosistemas completamente ligados al agua superficial y subterránea, por lo que es necesario un estudio
completo de la transformación en riego por goteo de toda la superficie para transformar y la afección que esto puede tener en las aguas subterráneas y superficiales.
Se ha de acometer una evaluación estratégica del programa en su conjunto además de la evaluación propia de cada uno de los diferentes proyectos, ya que hay que evaluar el posible impacto del conjunto de actuaciones no realizadas sobre el ya
causado por otros en marcha. Igualmente la evaluación ambiental debe ser completa y realizada previamente a la realización de las obras, estimándose no sólo la disminución de caudales, por medio de los retornos, que dejarán de ir a la Albufera y el
Júcar, sino otros impactos en el suelo, biodiversidad, cambio climático, acuíferos, intrusión salina...
La Albufera necesita una aportación directa de agua del Xúquer de buena calidad no condicionada a la modernización de los regadíos. No se puede hipotecar el necesario incremento de los caudales de la Albufera para conseguir el buen estado
ecológico, la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Xúquer. Los ahorros de la modernización de los regadíos deben ir íntegramente a fines ambientales del Xúquer y de la Albufera con el objetivo de compensar los caudales perdidos.
Por todo ello, presentamos esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado español a:
- Realizar un análisis global del impacto de la modernización de los regadíos de la Ribera del Xúquer, ya ejecutada así como pendiente de ejecución, sobre los caudales del Baix Xúquer, la recarga del acuífero de la Plana Sur de Valencia y
las aportaciones de agua en la Albufera procedentes del Xúquer, y, concretamente, ejecutar la medida 08M0891 'Estudios de los efectos de las modernizaciones en la Ribera del Júcar y en especial sobre la cantidad y calidad de los retornos en el lago
de la Albufera' contenida en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar 2015-2021.
- Garantizar en el Plan Hidrológico de Cuenca del Xúquer 2021-2027 -actualmente en elaboración- los caudales ecológicos suficientes -en términos de calidad, de cantidad y temporalidad- para alcanzar los objetivos ambientales del Parque
Natural de la Albufera y del LIC Baix Xúquer, ambos incluidos en la Red Natura 2000, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y
el artículo 4 de la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política del agua.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2021.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero,
Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/003378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para exigir la licitación urgente para
la ejecución del Proyecto de Acondicionamiento del Embalse de Cordobilla en la provincia de Córdoba: CO(DT)-5598, título del Proyecto 'Actuaciones para la mejora ambiental y de usos sociales y económicos del embalse de Cordobilla, término municipal
de Puente Genil (Córdoba)', para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 17/07/2019, se formuló una pregunta por escrito en el Congreso, por parte del diputado D. Andrés Lorite Lorite, en la que se requería información sobre la fecha prevista para la ejecución del proyecto de Acondicionamiento del
Embalse de Cordobilla en la provincia de Córdoba: CO (DT)-5598, título del Proyecto 'Actuaciones para la mejora ambiental y de usos sociales y económicos del embalse de Cordobilla, término municipal de Puente Genil (Córdoba)'.
Posteriormente, con fecha 10/09/2019, se recibió respuesta del siguiente tenor: 'En la actualidad está en marcha el procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente. En su caso, el contrato de obras podría licitarse durante
el primer trimestre de 2020'.
Con fecha de 12/06/2020, se ha publicado en el BOE la resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto de actuaciones para la
mejora ambiental y usos sociales y económicos del Embalse de Cordobilla. TM Puente Genil (Córdoba).
Considerando el enorme retraso en la tramitación de la citada declaración de impacto ambiental, la inexplicable situación de que un año después de la declaración de impacto ambiental aún no se haya publicado la licitación del proyecto, y
ante la situación alarmante de aterramiento que presenta el embalse, que puede condicionar la viabilidad del riego de unas 25.000 hectáreas de la zona regable Genil-Cabra, y que está generando un coste anual a la Comunidad de Regantes Genil-Cabra de
500.000 en la extracción de lodos del canal (dato presupuesto 2021), instamos a la tramitación urgente e inmediata de la licitación de la obra.
Hay que recordar que en diciembre de 2009 tuvo lugar una concentración de los regantes del Genil-Cabra demandando una actuación urgente, hace casi 12 años. Desde entonces, la completa falta de resolución para solventar la problemática de la
colmatación del embalse ha generado, y sigue produciendo, unos elevadísimos costes en el mantenimiento de la infraestructura de regadío como consecuencia de la presencia de lodo en las conducciones y equipos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La tramitación, urgente e inmediata, de la licitación del proyecto de Acondicionamiento del Embalse de Cordobilla en la provincia de Córdoba: CO(DT)-5598, título del Proyecto denominado Actuaciones para la mejora ambiental y de usos
sociales y económicos del embalse de Cordobilla, término municipal de Puente Genil (Córdoba), a efectos de que la obra en cuestión puede comenzarse dentro del presente ejercicio 2021.
2. La redacción urgente de un proyecto para la limpieza y extracción de barro del primer sector o tramo del Canal Genil-Cabra, como forma de compensación por los daños causados a la Comunidad de Regantes como consecuencia de la demora en la
ejecución del proyecto previsto para el embalse de Cordobilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2021.-Andrés Lorite Lorite, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la Autorización urgente al
trasvase del embalse de Iznajar, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El trasvase del embalse de Iznájar, el mayor embalse de Andalucía, con una capacidad de 3.411,920 hectómetros cúbicos, hacia la comarca de Antequera es una reivindicación que se remonta a más de diez años atrás, y que vendría a paliar la
falta de abastecimiento de agua para uso doméstico que actualmente sufren los vecinos de las localidades de Alameda, Mollina, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Villanueva de la Algaida, Casabermeja,
Villanueva de la Concepción o Humilladero y Fuente de Piedra.
Actualmente se abastecen precariamente a través de pozos en acuíferos de agua no potable que necesitan tratamiento para el consumo humano y en casos como en la localidad de Fuente de Piedra, el abastecimiento se realiza mediante cubas de
agua que suministran agua a los vecinos los martes y jueves de cada semana.
Se trata únicamente de agua para el abastecimiento humano, con un compromiso de cesión de 4,9 hectómetros cúbicos anuales y solo se hará cuando haya disponibilidad, no en periodos de sequía extrema como el que sufrimos actualmente.
Actualmente se está finalizando la tramitación de los Planes Hidrológicos del Tercer Ciclo y sería necesario que la autorización de una posible transferencia esté claramente reflejadas en la planificación hidrológica, tal y como aparecía en
el anterior ciclo de planificación (2015-2021) aprobados en 2016 por el gobierno del Partido Popular.
La Junta de Andalucía, se ha comprometido a acometer al cien por cien una infraestructura necesarias, tal y como le solicitaban desde el Estado, lo que supondrá una inversión de cincuenta millones de euros. El Ejecutivo andaluz ha remitido
al Gobierno el estudio de viabilidad y la memoria justificativa del trasvase para el último trámite de autorización por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de España.
Los estudios realizados por la administración autonómica apuntan a que ésta es la única solución eficiente para garantizar el abastecimiento de agua para uso doméstico para casi 120.000 personas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a autorizar al Gobierno andaluz para la realización de la infraestructura necesaria para llevar a cabo el Trasvase del embalse de Iznájar hacia la comarca de Antequera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2021.-Pablo Montesinos Aguayo, Carolina España Reina y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa al establecimiento de una moratoria a la minería submarina.
Exposición de motivos
La minería submarina se ha convertido en una de las principales amenazas a la integridad de los fondos marinos, un ambiente muy poco conocido y estudiado. Se trata de una actividad con enormes impactos potenciales, desde los efectos tóxicos
de las plumas de sedimentos y metales pesados a lo largo de la cadena trófica hasta la liberación de gases de efecto invernadero secuestrados en los fondos oceánicos, pasando por la destrucción irreversible de la biodiversidad marina.
La flota pesquera española sería una de las más expuestas a la afección de los recursos pesqueros, ya que los efectos de la minería submarina podrían afectar al 15 % de sus capturas de túnidos en el Océano Pacífico y al 10 % de las capturas
de barcos españoles en la dorsal del Atlántico 27. Además, el creciente interés por potenciales depósitos minerales en aguas españolas (en las proximidades de Canarias, Galicia, Cantábrico y Alborán) pondría en riesgo los principales caladeros de
proximidad.
La destrucción o extinción de especies, provocadas por la minería submarina, podría impedir además el descubrimiento de nuevas medicinas asociadas a formas de vida de las profundidades oceánicas. Sin ir más lejos, el test de la COVID-19 se
desarrolló utilizando una enzima aislada de un microbio hallado en respiraderos hidrotermales de aguas profundas, un hábitat muy escaso y ahora bajo la amenaza de la minería de aguas profundas.
Numerosos organismos y entidades, como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia (LDAC), el Consejo
Consultivo para las Especies Pelágicas (PeIAC), WWF, Greenpeace, Fauna & Flora International, Ecologistas en Acción y Deep Sea Coalition, entre otras, han documentado y alertado sobre los impactos conocidos o probables de la minería submarina.
Además, empresas del sector de la tecnología y la automoción como Google, BMW, Volvo, Philips o Samsung han suscrito una llamada conjunta 28 para una moratoria sobre la minería de aguas profundas comprometiéndose a no obtener ningún recurso minero
del lecho marino.
Recientemente, el Parlamento Europeo ha hecho un llamamiento en su resolución de 9 de junio de 2021 sobre la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030 'Devolver la naturaleza a nuestras vidas' (2020/2273(INI)) 29, pidiendo
(párrafo 184) a los Estados miembros 'que promuevan una moratoria, también en la Alta Autoridad para los Fondos Marinos, sobre la minería de los fondos marinos hasta que se hayan estudiado e investigado suficientemente los efectos de la minería de
los fondos marinos en el medio ambiente marino, la biodiversidad y las actividades humanas en el mar y se pueda gestionar la minería de los fondos marinos para garantizar que no se pierda biodiversidad marina ni se degraden los ecosistemas marinos'.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover y defender ante la Alta Autoridad de los Fondos Marinos (ISA) una moratoria de la minería submarina hasta que se hayan estudiado e investigado suficientemente sus efectos en el medio ambiente marino, la biodiversidad y las
actividades humanas en el mar y se pueda gestionar la minería de los fondos marinos para garantizar que no se pierda biodiversidad marina ni se degraden los ecosistemas marinos.
27 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X21001755
28 https://www.nosea bed mi ning.org/
29 European Parliament resolution of 9 June 2021 on the EU Biodiversity Strategy for 2030 2020/2273(INI))
2. Garantizar la participación de las organizaciones ambientales y pesqueras en las delegaciones de España ante la Alta Autoridad de los Fondos Marinos y promover y defender una reforma de este organismo para una mayor transparencia y
participación de la sociedad civil y los sectores afectados.
3. Adoptar una prohibición de la minería submarina en las aguas bajo jurisdicción estatal y excluir explícitamente la posibilidad de realizar esta actividad en las Áreas Marinas Protegidas, Reservas Marinas de Interés Pesquero y Áreas
Marinas de Importancia Ecológica o Biológica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2021.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.-
Comisión de Cultura y Deporte
161/003365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para asegurar la inversión adecuada en
instalaciones de alto rendimiento en escalada, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 incluyeron por primera vez la escalada como disciplina olímpica. Y, gracias a la destreza y el talento del extremeño Alberto Ginés (18 años), fue España quien estrenó el medallero en escalada, con medalla
de oro nada menos. Sin embargo, buena parte del público se ha mostrado impresionado al conocer de un problema que el sector del deporte español, y en concreto el de la escalada, lleva años denunciando: no hay instalaciones de nivel suficientes
para entrenar en España. Quienes se dedican a esta disciplina de forma profesional, en muchos casos no pueden entrenar de forma profesional. Se ven obligados a utilizar instalaciones comerciales (pagando de su propio bolsillo), o a viajar a otras
ciudades o países, con el consiguiente perjuicio económico, y también deportivo (viajes, descanso, accesibilidad, etc.). El propio Ginés, que se vio obligado a mudarse de su Extremadura natal a Cataluña para poder entrenar a un nivel aceptable para
los JJOO, es un caso pero no es el único.
La carencia es tal que hemos visto cómo el equipo español de escalada no competirá más en lo que resta de año por falta de presupuesto, lo cual conlleva que podría no haber españoles en las dos Copas de Europa de Lavan y Tyumen. Con el
mundial a la vuelta de la esquina (septiembre), y unos Juegos de París en los que la disciplina se desdoblará en prueba de velocidad y prueba combinada de bloque y dificultad, la necesidad de dotar a nuestros deportistas de instalaciones adecuadas
es acuciante si queremos que España esté representada por los mejores deportistas en sus mejores condiciones. Se trata de una necesidad de inversión seria, de máximo nivel deportivo, que no puede satisfacerse comercialmente por no ser viable como
negocio. Pero si queremos invertir como país en dotar adecuadamente a los escaladores, para que puedan dar el máximo de sí mismos en su disciplina y alcanzar cotas como el oro olímpico de Alberto Ginés, la inversión pública en instalaciones de alto
rendimiento es fundamental.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Incluir, en la partida de Cultura y Deporte de los Presupuestos Generales del Estado, una previsión específica para la inversión en un Centro de Alto Rendimiento de Escalada, que cubra las necesidades de los deportistas de elite en este
sector de manera integral en todos los niveles.
Presentar, en el plazo de seis meses, un plan de acción del Ministerio de Cultura y Deporte para impulsar el entrenamiento y la promoción del talento en las disciplinas que han sido recientemente incluidas en los Juegos Olímpicos (escalada,
skateboard, surf, breakdance, etc.). Este plan incidirá en una
mejor coordinación con las federaciones nacionales de dichas disciplinas para gestionar adecuadamente la dotación presupuestaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don José Ramírez del Río, doña Mireia Borrás Pabón, don Pedro Requejo Novoa, don Francisco José Contreras Peláez y don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez en sus condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GP VOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al personaje español Juan 'Latino' como símbolo de adelanto social, la cultura del esfuerzo y la
tolerancia en la Monarquía Hispánica del siglo XVI, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Juan de Sessa, más conocido histórica y popularmente como 'Juan Latino', nació en Etiopía, según su propio testimonio (aunque hay crónicas que dicen que nació en la localidad cordobesa de Baena). Según cuentan algunos estudios, fue hijo de
una esclava y muy de niño llegó a la localidad de Baena al ser comprado por los duques de Sessa (de ahí su apellido), sucesores del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Vivió en una de las épocas más gloriosa de la historia de España, a
caballo entre los reinados de Carlos I y Felipe II. Sus primeros años los pasó en el Castillo de Baena. En el convento adjunto al Castillo asimilaba Juan de Sessa sus primeros conocimientos. A pesar de su condición, recibió Juan una educación muy
superior a lo que era frecuente en personas con sus circunstancias, lo que le permitió, llegado el momento, ingresar en la Universidad y recibir el grado de bachiller en 1546.
Profesor de latín y griego en la Universidad de Granada, su obra poética, además de sus dotes musicales y su talento diplomático, lo convirtieron en uno de los personajes más singulares del Renacimiento. Fue un personaje muy importante por
su singularidad: un hombre que hablaba latín y griego, defensor del Reino de España y del Concilio de Trento, y tenía un grado de cultura muy elevado, pese a su humilde origen. En el prólogo del Quijote se hace mención de él en versos de 'cabo
roto': 'Pues al cielo no le plugo que salieses tan ladino como el negro Juan Latino'. El hecho de ser nombrado por Miguel de Cervantes en su obra maestra universal es muy revelador, e indica la magnitud del personaje en su época. No menos
importantes son los reconocimientos de otros escritores como Lope de Vega, que llegó a escribir que él querría ser 'el Juan Latino blanco'.
Se le conoció como Juan Latino por el dominio que tenía de la lengua de Cicerón. El arzobispo de la capital granadina, Pedro Guerrero, uno de sus protectores, le apoyó para su acceso a la cátedra de gramática y lengua latina, tras conseguir
el título de licenciado. Impartió 20 años clases y dejó una referenciada obra poética en latín, con la dificultad que ello conllevaba. En medio de todo esto, se doctoró en Artes. Integrado en el claustro universitario, iba a convertirse en una de
las figuras más reputadas en los ámbitos cultos de la época.
Se convirtió en el primer escritor reconocido de tez negra, siendo muy hábil en la traducción de lenguas clásicas. Fue un gran conocedor de los instrumentos musicales y poseía una voz muy melodiosa, lo que le convertía en un hombre de
grandísima versatilidad. Acabó asesorando al mismísimo Juan de Austria y, a través de su ingenio literario y su visión diplomática, participó en decisiones políticas como la permanencia de las tumbas de los Reyes Católicos en la capital granadina.
Su biógrafo Juan Vicente Pascual narra que si los restos de los monarcas siguen hoy en la ciudad nazarí, en la Capilla Real, 'es por la habilidad, el ingenio y la lucidez de aquel hombre extraordinario'. Incluso se dice que fue llamado en audiencia
por el Rey Felipe II por sus sabias y equilibradas opiniones, encargando el monarca más adelante un retrato suyo para la Galería de Hombres Sabios del Alcázar Real de Madrid.
'Asiduo a la tertulia poética y literaria que congregaba en su entorno Alonso de Granada Venegas, alcaide del Generalife, a la que asistían Luis Barahona de Soto y Pedro Cáceres Espinosa, no era rara en ella la presencia de Juan de la Cruz,
con quien mantuvo Juan Latino estrecha relación, así como también la tuvo con Diego Hurtado de Mendoza. Aunque la docencia ocupó una parte importante en la actividad
de Juan, al que ya se conoce con el sobrenombre de Latino, resulta fundamental detenerse en su faceta creadora como traductor y comentarista de clásicos grecolatinos, y como autor de obras, alguna de ellas desgraciadamente desaparecida.
Desde esta vertiente son de destacar las dedicadas a Felipe II, al pontífice Pío V, a las gestas de Juan de Austria en el poema Austriada, o a la descripción del traslado de los cuerpos reales desde Granada al panteón de El Escorial, escritas todas
ellas en latín. Hombre del Renacimiento, conocedor profundo de la lengua latina y de su cultura, impulsor del castellano, su nombre traspasó las fronteras locales, como lo demuestran los elogios que le fueron dedicados por Cervantes o Collado del
Hierro, entre otros ingenios.' 30.
Se casó con la bella y noble mujer Ana de Carleval, conformando así una de los primeros matrimonios mixtos legalmente establecidos, algo en lo que España fue pionera, y de cuya unión nacerían cuatro hijos. Murió anciano y prácticamente
ciego. La fecha de su muerte varía según las fuentes consultadas, inclinándose los estudiosos de su biografía y obra por situarla entre 1594 y 1597. Fue enterrado en la iglesia de Santa Ana, junto al río Darro, donde descansarían también los
restos de su esposa y de sus descendientes.
Nació pobre y necesitado y murió catedrático. Se integró perfectamente en las facetas de la vida política y académica, siendo, por ello, un claro ejemplo de ascenso socioeconómico dentro del Imperio Español, tan injustamente denostado,
sobre todo cuando se compara con la historia nacional de otros territorios.
En un momento en que la obsesión racial y el masoquismo histórico contagiados por las universidades y la política estadounidenses al resto de Occidente llevan a tantas instancias académicas y mediáticas a presentar el pasado español como una
larga noche de racismo y bloqueo socioeconómico, el caso de Juan Latino demuestra que, en el Imperio Español, el reconocimiento de la dignidad de las personas no dependió del nivel socioeconómico del nacimiento, sino de la integración, del talento y
del esfuerzo. Así lo afirmó Ramiro de Maeztu -asesinado por marxistas en 1936- en su 'Defensa de la hispanidad': 'Los españoles no damos importancia a la sangre, ni al color de la piel, porque lo que llamamos raza no está constituido por aquellas
características que puedan transmitirse al través de las oscuridades protoplásmicas, sino por aquellas otras que son luz del espíritu, como el habla y el credo. La Hispanidad está compuesta por hombres de las razas blanca, negra, india y malaya, y
sus combinaciones'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Honrar y fomentar el conocimiento de la figura de Juan Latino, catedrático de la Universidad de Granada, presentándolo como modelo de virtudes -superación, estudio, pundonor que supera cualesquiera desventajas sociales- a la juventud
actual, necesitada de ejemplos históricos.
2. Contribuir a la difusión, tanto nacional como internacional, del hecho de que en la Monarquía Hispánica el reconocimiento académico y social de las personas no dependía de su origen socioeconómico o del color de su piel, sino de la
integración, del talento y del esfuerzo personal.
3. Invocar la figura de Juan Latino en la lucha contra la injusta 'Leyenda Negra', que tanto distorsiona aún la visión de la historia española a nivel mundial e incluso dentro de nuestras propias fronteras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2021.-José Ramírez del Río, Pedro Jesús Requejo Novoa, Mireia Borrás Pabón, Francisco José Contreras Peláez y Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/003373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la garantía de la pluralidad lingüística del
30 Fuente: https://dbe.rah.es/biografias/86256/juan-latino
Estado en la futura Ley General de Comunicación Audiovisual para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La plena normalización de la lengua gallega es un objetivo que Galiza tiene como sociedad y para lograrlo es imprescindible que el gallego esté presente en la totalidad de las plataformas audiovisuales que la inmensa mayoría de nuestra
sociedad emplea. Sin embargo, en lugar de encontrar medidas que promuevan esa normalización lingüística del gallego en espacios como Netflix, HBO o Amazon Prime, asistimos al impulso de políticas que amenazan gravemente esa posible inclusión, como
es el actual texto del Anteproyecto de Ley General de comunicación Audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros.
La propuesta de texto legislativo recoge que el 30 % de las obras del catálogo de las plataformas de contenidos deber estar dedicado a obras europeas y que dentro de ese 30 %, por lo menos un 50 % de estas 'será reservado para producciones
en castellano o en alguna de las otras lenguas del Estado.'
La inexistencia de porcentajes específicos en el caso de las otras lenguas del Estado diferentes del español significa que no hay ninguna garantía para que la lengua gallega, o el catalán o el euskera, sea realmente incluida en esas
plataformas. Esta redacción desoye todas las peticiones y reclamaciones de las diferentes instituciones y entidades del Estado español que recomendaban que 50 % de la cuota de los trabajos fuera para aquellos hechos en galego, euskera o catalán.
En este mismo ámbito de la normalización lingüística, encontramos un problema en la propuesta planteada sobre la financiación, pues el anteproyecto indica que los abastecedores del servicio de comunicación audiovisual televisivo con ingresos
superiores a 50 millones de euros deberán financiar obras europeas con 5 % de ese dinero. Además, un mínimo del 70 % deberá ir dirigida a obras de productores independientes en lengua española o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades
autónomas. De nuevo, la falta de concreción juega a favor del español, que acaparará la inmensa mayoría de las ayudas, en detrimento de las producciones en gallego o en otras lenguas oficiales, pues se cumplirá con la legislación aunque sólo se
financien obras en español. Además, en este punto, el Gobierno español volvió a hacer caso omiso de las reclamaciones del sector audiovisual gallego, vasco y catalán que reclamaban que ese porcentaje de 5 % pasara a 10 %.
El Gobierno debe modificar el texto del anteproyecto y asegurar la presencia del gallego y del resto de lenguas del Estado en las plataformas audiovisuales. La Ley General de Comunicación Audiovisual debe reconocer la pluralidad lingüística
como principio básico, igualando contenidos y porcentajes mínimas en gallego y castellano en el doblaje, subtitulado y audiodescripciones, así como en la financiación anticipada de producciones audiovisuales en los canales y plataformas de
televisión lineales o bajo demanda. También debe establecerse la obligación a la Corporación de Radio Televisión Española de emitir todos sus contenidos con opción doblada en gallego, sobre todo en el caso de la programación infantil y juvenil y en
los contenidos de su App. Estas demandas fueron incluidas y aprobadas por unanimidad el pasado día 12 de mayo por el Parlamento de Galiza en la llamada 'Iniciativa Xabarín'.
Reclamamos por lo tanto que se le dé cumplimiento y se promuevan las medidas legislativas que garanticen el acceso a contenidos en gallego en todos los ámbitos. AMESA gola Normalización Lingüística, principal entidad social que trabaja por
la normalización del gallego e impulsora de la 'Iniciativa Xabarín' destaca que de los 25872 títulos entre series y films disponibles en las principales plataformas de televisión, prácticamente todos cuentan con versión original o doblada para el
español y subtitulado en español o inglés, pero sólo 25 están en versión original gallega y ninguna cuenta con opción doblada o subtitulada a nuestra lengua.
Así pues, es fundamental para dar verdaderas oportunidades de normalización a nuestra lengua, actuar en uno de los ámbitos de consumo cultural más empleados por el público, en general, y la juventud e infancia en particular, y donde la
situación de exclusión del gallego es más notoria. Por eso el BNG reclama al Gobierno voluntad política para avanzar en un texto de la Ley General de Comunicación Audiovisual que garantice la presencia efectiva del gallego y de las otras lenguas
oficiales al mismo nivel que el español.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Modificar el anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual para que el texto final reconozca la pluralidad lingüística del Estado español como principio básico, igualando contenidos y porcentajes mínimos en gallego y castellano
en el doblaje, subtitulado y audiodescripciones así como en la financiación anticipada de producciones audiovisuales en los canales y plataformas de televisión lineales o bajo demanda.
2. Realizar las gestiones y negociaciones necesarias ante la Corporación de Radio Televisión Española para que esta emita todos sus contenidos con opción doblada al gallego, así como al resto de lenguas oficiales distintas del español,
especialmente en la programación del canal específico infantil y juvenil y en los contenidos de su App.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Antonio Salvá Verd, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, D.ª Mercedes Jara Moreno y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la financiación pública de los test de antígenos autorizados para su
dispensación en oficina de farmacia, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Medidas de detección, prevención y contención de la COVID-19.
La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece, según su propia Exposición de Motivos, '(...) modificaciones puntuales
de la legislación sanitaria de modo que se garantice a futuro la articulación de una respuesta eficaz y coordinada de las autoridades sanitarias ante este tipo de crisis'.
La Ley es de aplicación a todo el territorio nacional. Su artículo 2.3 recoge las medidas previstas, vigentes una vez finalizados los distintos estados de alarma declarados en nuestro país desde el mes de marzo de 2020, y que son aplicables
'hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19'.
Entre las prescripciones por la Ley conviene destacar las siguientes:
1) Medidas de prevención e higiene, que también se prevén en las Medidas en materia de transportes (Capítulos II y III): se dispone el uso obligatorio de mascarilla para personas mayores de seis años 31; se contemplan medidas de
ventilación, limpieza y desinfección adecuados de los centros de trabajo y se establecen reglas relativas a aforos y distancia interpersonal en establecimientos comerciales, centros docentes, establecimientos de alojamiento, hostelería y
restauración, o centros deportivos, entre otros sectores de actividad, así como en transporte público de viajeros y transporte marítimo.
2) Medidas relativas a medicamentos, productos sanitarios y productos necesarios para la protección de la salud (Capítulo IV).
31 El alcance de esta disposición se flexibilizó por Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio.
3) Detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica (Capítulo V): se establece que 'El COVID-19, enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad de declaración obligatoria
urgente (...)' (art. 22). Se prevé la exigencia a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que garanticen la detección precoz por medio de PCR u otra técnica diagnóstica de
infección de todo caso sospechoso de COVID-19 (ibidem), materia objeto de la presente iniciativa. Asimismo, se fija la obligación de traslado de información a través de los servicios de salud de las comunidades y ciudades autónomas.
4) Medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario (Capítulo VI).
5) Gestión de la prestación farmacéutica: la disposición adicional quinta ordena que los medicamentos de uso humano, mientras dure la crisis sanitaria, sean custodiados, conservados y dispensados por los servicios de farmacia de los centros
de asistencia social y de las instituciones psiquiátricas y penitenciarias. Esto constituye una ampliación, por causa excepcional de la pandemia, respecto de los sujetos a los que esas custodia, conservación y dispensación corresponde en exclusiva
en condiciones normales, mencionados en el artículo 3.6 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y que grosso modo
son las oficinas de farmacia abiertas al público y los servicios de farmacia de los centros y hospitales del Servicio Nacional de Salud. La mencionada disposición adicional quinta permite asimismo que los órganos competentes de las comunidades
autónomas puedan establecer medidas para la dispensación de medicamentos, en modalidad no presencial, en centros o establecimientos sanitarios autorizados para su dispensación y próximos al domicilio del paciente, o en su propio domicilio.
Segundo. Las pruebas rápidas de antígenos y de anticuerpos y el autodiagnóstico.
Como se anticipó, es necesario poner énfasis en las medidas de detección precoz (con la consiguiente trascendencia en cuanto al control de las fuentes de infección) que contemplaba el aludido Capítulo V de la Ley 2/2021. Para su concreción
debe acudirse a la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 32, aprobada por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (la 'Estrategia').
El apartado 2.1 ('Pruebas de laboratorio para la detección de casos de COVID-19: Características de las diferentes pruebas de laboratorio') del punto B ('Detección de casos de infección activa por SARS-CoV-2') de la Estrategia se dedica a
las pruebas de laboratorio para detección de los casos de infección activa (PDIA), y señala que estas pueden ser de dos tipos:
- 'detección de ARN viral mediante una RT-PCR o una técnica molecular equivalente'; o
- 'detección de antígenos (Rapid Antigen Diagnostic Test, RADT)'.
La Estrategia hace depende la realización de una prueba PDIA u otra, o una secuencia de ellas, 'del ámbito de realización, de la procedencia del caso sospechoso, la disponibilidad y los días de evolución de los síntomas'. Añade que 'los
resultados positivos en estas pruebas se considerarán casos sospechosos que deberán confirmarse en un centro sanitario mediante una PDIA y su manejo será realizado como tal'.
La Estrategia considera asimismo apropiada la realización de una prueba rápida de detección de antígenos en los casos sospechosos de infección por SARS-CoV-2, tanto en ámbito comunitario (sin criterio de hospitalización) en los primeros
cinco días de exposición al virus, como en centros sanitarios y sociosanitarios.
Es necesario aclarar aquí que el test de antígenos detecta si se tiene actualmente o no el coronavirus. Distinto es el examen serológico o de anticuerpos, el cual informa sobre si el organismo ha estado en contacto con el virus, si bien no
detecta la propia infección activa. Es cierto que estas dos clases de prueba pueden permitir la obtención de falsos negativos, ya que la sensibilidad de estos controles es menor que la de las citadas técnicas moleculares (PCR); además, pueden ver
reducida su eficacia en el caso de que la carga viral sea baja, lo que ocurre durante los primeros días o los finales de la infección. Sin embargo, hay que recalcar que estas pruebas tienen un mínimo de especificidad del 97 % y de sensibilidad del
90 %.
32 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
Si el objetivo es ampliar la capacidad diagnóstica, la utilización de pruebas rápidas de antígenos y de anticuerpos puede ser una herramienta muy eficaz para conseguirlo. Y esta rapidez, en la situación extraordinaria de crisis sanitaria,
va unida a la necesidad de prescindir de la intervención de personal sanitario en casos extremos, abriendo la puerta en ellos a fórmulas de autodiagnóstico.
El marco normativo anterior a la epidemia, representado fundamentalmente por el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico 'in vitro', exigía con carácter general la previa prescripción
facultativa para la dispensación al público de los productos de autodiagnóstico, con excepciones muy concretas (tests de embarazo o de detección del VIH). Entre ellos no se encontraban, por razones obvias, los productos de autodiagnóstico de la
COVID-19.
El campo del autodiagnóstico ha sido por fin ensanchado con la aprobación del Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico 'in
vitro', con objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la COVID-19 (el 'Real Decreto 588/2021'). Esta norma declara en su Preámbulo su propósito de permitir a la población general la realización de
las pruebas de detección de COVID-19 sin la intervención de un profesional sanitario. Esto tiene una doble finalidad: reducir en lo posible la presión asistencial en centros sanitarios y ayudar a la rápida identificación de sospechas de casos
positivos. Y, efectivamente, la modificación operada por este Real Decreto hace posible la compra en cualquier oficina de farmacia de test de antígenos y de serológicos o de anticuerpos, entendidos como productos de autodiagnóstico y sin exigirse
prescripción.
La Asociación Española de Bioempresas (AseBio), en un comunicado difundido con ocasión de la publicación de este Real Decreto 588/2021, ha saludado la nueva regulación, por permitir al ciudadano un mejor y más cercano acceso a las pruebas
diagnósticas, considerando que la venta en farmacia de estos productos sin prescripción posibilitará un aumento de la capacidad de diagnóstico y por lo tanto de gestión sobre esta epidemia 33.
Empero, el comunicado de AseBio señala los obstáculos regulatorios a que se enfrentan las empresas españolas para la aprobación y validación en el mercado de las pruebas de autodiagnóstico, lo que impide que sus soluciones de diagnóstico
lleguen a las farmacias. En este sentido, censura que el Ministerio de Sanidad no atendiese su sugerencia de incluir en la norma un procedimiento acelerado de aprobación y puesta en el mercado para España de estas pruebas de autodiagnóstico.
Tercero. La participación económica de los pacientes y usuarios en la prestación farmacéutica.
Comprobada la conveniencia de recurrir a pruebas rápidas de autodiagnóstico como instrumento para hacer frente a la pandemia, es preciso considerar su financiación pública como medida de excepción en el marco de la actual situación, así como
cuando finalice. Para ello, procede repasar, en primer lugar, el contenido de la cartera de servicios comunes de prestación farmacéutica, determinado en el Anexo V del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización (el 'Real Decreto 1030/2006') y, en segundo lugar, la participación económica de los pacientes y usuarios.
a) Cartera de servicios comunes de prestación farmacéutica
El Anexo V del Real Decreto 1030/2006 señala que 34 'la prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus necesidades
clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad'.
El sistema actual de aportación farmacéutica es el previsto en el artículo 102 de la citada Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
En cuanto al contenido de la cartera, el apartado 1 ('Contenido') del referido Anexo V del Real Decreto 1030/2006 distingue las situaciones de pacientes hospitalizados y pacientes no hospitalizados. En el caso de los hospitalizados, se
indica sencillamente que la prestación farmacéutica comprende aquellos productos farmacéuticos que los pacientes necesiten, conforme se prevé en la Cartera de servicios comunes de atención especializada (Anexo III ibidem). Por su parte, la
enumeración
33 https://asebio.com/en/node/9268
34 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social-Profesionales-CS-PF-PrestacionFarmaceutica (mscbs.gob.es)
es más exhaustiva al referirse a los pacientes no hospitalizados, respecto de los cuales la prestación incluye la indicación, prescripción y dispensación de los productos siguientes:
- Los medicamentos en que se resuelva su financiación y dispensación en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que estén autorizados y registrados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, o de acuerdo con la normativa
europea.
- Los efectos y accesorios con marcado CE según normativa de financiación del SNS.
- Las fórmulas magistrales y los preparados oficinales elaborados por las oficinas de farmacia, según condiciones previstas.
- Las vacunas individualizadas antialérgicas y las vacunas individualizadas bacterianas, según prescripción facultativa.
Quedan excluidos para los pacientes no hospitalizados los productos de utilización cosmética, dietéticos, aguas minerales, elixires, dentífricos y otros productos similares; los medicamentos calificados como publicitarios; los medicamentos
adscritos a los grupos o subgrupos terapéuticos excluidos de la financiación por la normativa vigente; los medicamentos homeopáticos; y los efectos y accesorios de los que se realice publicidad dirigida al público en general.
Por último, en cuanto a la actualización de la cartera de servicios comunes, el artículo 8.3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud dispone que 'en el seno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud se acordará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que se aprobará mediante Real Decreto'.
Por su parte, el artículo 7 del Real Decreto 1030/2006 establece que 'la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (...) se actualizará mediante orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud'. El artículo 8 ibídem recoge el procedimiento para tal actualización, señalando que 'las propuestas de actualización se harán por iniciativa de las administraciones sanitarias de las comunidades
autónomas o del propio Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud'.
b) En relación con la participación económica de los pacientes y usuarios, la aportación puede ser normal, reducida, o preverse personas y situaciones exentas.
El apartado 3 ('Participación económica de los usuarios') del Anexo V del Real Decreto 1030/2006 lo expone del modo siguiente:
1. Aportación normal: 40 % sobre el precio de venta al público.
2. Aportación reducida: 10 % sobre el precio de venta al público (máximo 4,26 1 envase) en los casos siguientes:
- Medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas o graves.
- Efectos y accesorios pertenecientes a los grupos reglamentariamente establecidos.
- Medicamentos a través de receta oficial para los enfermos de SIDA.
3. Exentos de aportación (TSI001):
- Pensionistas y colectivos asimilados, afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica.
- Tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
- Productos cuya dispensación al usuario se realice en los centros o servicios asistenciales sanitarios.
Es interesante la alusión en este listado a la enfermedad denominada 'síndrome tóxico', con causa en 1981 por la importación, desnaturalización y refino fraudulentos de aceite de colza para su venta y consumo, que afectó a más de 20.000
personas en nuestro país, y que supuso una crisis excepcional de índole sociosanitario (aparte de uno de los casos más importante de la Justicia penal española). El punto de contraste con la situación actual está en las medidas compensatorias, que
entonces fueron de carácter terapéutico. En el caso de la COVID-19 resulta necesario que estas medidas sean también de carácter preventivo, toda vez que la situación de infección endémica hace imposible determinar el modo, lugar o circunstancias en
que una determinada persona puede o no contagiarse por el SARS-CoV-2.
Cuarto. Conclusiones
De lo anteriormente expuesto pueden extraerse las siguientes conclusiones:
1) Que, de acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 2/2021, actualmente se encuentra en vigor una situación de crisis sanitaria que estará vigente 'hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica
disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, [su] finalización (...)'.
2) Que las pruebas antigénicas de autodiagnóstico de COVID-19, autorizadas para su dispensación en oficinas de farmacia, sin previa prescripción facultativa, se han demostrado como herramienta efectiva de control, contención y prevención de
los contagios por la enfermedad de COVID-19.
3) Que estas pruebas no están financiadas ni total ni parcialmente por nuestro Sistema Nacional de Salud en la actualidad.
4) Que las mismas deberían estar totalmente financiadas, en forma de exención de aportación económica por razón de su adquisición en las farmacias, dada la total excepcionalidad de la actual crisis sanitaria, que ha afectado
catastróficamente a todos los ámbitos de la vida social.
5) Que la inclusión de estas pruebas en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud requiere de una actualización mediante orden del Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, correspondiendo la iniciativa, entre otros sujetos, al propio Ministerio, conforme dispone el Real Decreto 1030/2006.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, conforme al procedimiento descrito en el Real Decreto 1030/2006, de 15
de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, para que se recojan los extremos siguientes:
1. La financiación total de las pruebas antigénicas de autodiagnóstico de COVID-19 autorizadas para su dispensación en oficina de farmacia, sin previa prescripción, como medida efectiva de contención y prevención de los contagios por
COVID19, mediante la exención de la aportación económica (TSI001) para todos los pacientes y usuarios, hasta la declaración por el Gobierno de la finalización de la crisis sanitaria en España.
2. La financiación parcial de las pruebas antigénicas de autodiagnóstico de COVID-19 autorizadas para su dispensación en oficina de farmacia, sin previa prescripción, mediante aportación reducida, una vez declarado el fin de la referida
crisis sanitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2021.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Mercedes Jara Moreno y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/003364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan Integral y Red de mujeres gitanas, para su debate en la Comisión de
Igualdad.
Exposición de motivos
Para conocer la realidad actual de las mujeres gitanas, es necesario contextualizar su situación general y analizar los factores que inciden en el hecho de que el Pueblo Gitano en general y sus mujeres de manera particular, soporten y sumen
tantas discriminaciones y desigualdades. No se trata de una
casualidad, ni es un rasgo genético ni cultural. Las mujeres gitanas se enfrentan a múltiples desafíos en la lucha por la igualdad y la justicia social. La múltiple discriminación que padecen por razón de sexo y, además, pertenencia
étnica, les abocan a estar permanentemente en una pendiente de vulnerabilidad e invisibilidad que quebranta sus derechos.
Existen diversas realidades entre las mujeres gitanas. No se puede caer en simplificaciones estereotipadas. Progresivamente, las mujeres gitanas ejercen funciones que contradicen la percepción social que se tiene de ellas, en base a
estereotipos aún vigentes. Su capacidad de emprendimiento va a depender directamente de su participación como protagonistas de su propio destino y de la puesta en marcha por parte de los poderes públicos de políticas de envergadura que eliminen la
exclusión, la discriminación y la desigualdad a la que se enfrentan.
Las mujeres gitanas han ido incorporándose a la lucha feminista a través de su protagonismo en los movimientos sociales, hecho que ha dado como resultado una mayor visibilidad y participación activa en el ámbito público, institucional y
político. El momento actual es muy favorable para el empoderamiento de las mujeres gitanas desde una actitud transformadora y garante de los valores de su propia cultura.
Sin embargo, a pesar de estos grandes esfuerzos, aún tenemos brechas de desigualdad. Los datos extraídos del 'Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza' (Fundación ISEAK, 2019)
dejan constancia de:
- Evidente brecha de género a nivel educativo en las mujeres gitanas frente al resto de la población femenina: entre la población gitana el 14 % de las mujeres son analfabetas, mientras que para el total de las mujeres de la población
mayoritaria la incidencia del analfabetismo es prácticamente inexistente.
- El 15,5 % de las mujeres gitanas tienen finalizados, al menos, los Estudios de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), frente al 77 % de las mujeres de la población mayoritaria. Si nos centramos en aquellas que superan la educación
obligatoria, el 3 % de mujeres gitanas tienen estudios superiores, mientras que en las mujeres de la población mayoritaria, más del 50 % de mujeres, han alcanzado niveles educativos superiores a los obligatorios.
- La reducida presencia de las mujeres gitanas frente a las mujeres de la población mayoritaria en el mercado laboral está marcada por la precariedad y la débil protección. La incidencia de la ocupación es mucho menor que entre las mujeres
de la población mayoritaria (las mujeres gitanas tienen una tasa de ocupación del 17 %, muy inferior a la media de las mujeres para la población general, que alcanzan el 44 %) la incidencia del desempleo mucho mayor (70 % en el caso de la mujeres
gitanas y 16 % en el caso de las mujeres de la población mayoritaria) y la incidencia de la jubilación es también notablemente inferior entre las mujeres gitanas. La baja participación laboral de las mujeres gitanas está íntimamente relacionada con
el trabajo doméstico y las responsabilidades familiares, que asumen, de forma prácticamente exclusiva. De hecho, en el año 2018, el 98 % de las personas gitanas que declaran dedicarse principalmente al trabajo doméstico son mujeres. Este
porcentaje era del 99 % en 2005 y del 97 % en 2011. Restringiendo y realizando de nuevo la comparativa en nuestro análisis entre las mujeres gitanas y las que no lo son, se observa que las mujeres de la población general tienen un 57,4 % de
posibilidades de estar ocupadas frente a las mujeres de la población gitana que tienen una probabilidad de tener un empleo del 16,8 %. Por lo tanto, hay una diferencia de más de 40 puntos entre el empleo de las mujeres gitanas y el resto de mujeres
de la sociedad mayoritaria.
- El porcentaje de mujeres jóvenes gitanas menores de 30 años que ni estudian ni trabajan en España es de un 63 %, frente a mujeres jóvenes de la población mayoritaria cuyo porcentaje se cifra en un 15 %. El informe revela que en el caso de
las mujeres gitanas que ni estudian ni trabajan, más de la mitad, el 58 %, lo hace para dedicarse al trabajo doméstico, descartando otro tipo de iniciativas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales y en el contexto de la futura Estrategia para la Igualdad, Inclusión y Participación de la Población Gitana 2021/2030,
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el
Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) a:
1. Impulsar la elaboración de un Plan Nacional Integral de Actuación para Mujeres Gitanas con dotación presupuestaria suficiente, que aborde medidas específicas en materia de empleo, educación, salud y vivienda.
2. Promover una Red Estatal de Mujeres Gitanas que contribuya a la defensa de sus derechos, su empoderamiento y a la igualdad de oportunidades. El trabajo de la Red se incluye entre las buenas prácticas por la Igualdad de Género, en línea
con el Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
3. Incluir asociaciones representativas de mujeres gitanas en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer con el objetivo de mejorar la representatividad de la población gitana y su participación pública y social. Todo ello debe
servir para la mejora continua de la respuesta a las víctimas de violencia de género que quedaría fragmentado si no incluyen las formas de violencia y las consecuencias e impacto diferenciados que ésta genera en contextos diversos como es el caso de
las víctimas gitanas, así como la obtención de datos estadísticos de manera rigurosa sobre la incidencia de violencia de género en las mujeres gitanas, en pos de alcanzar una mayor eficacia en las políticas para la igualdad de género.
4. Fomentar la elaboración de estudios sobre la situación específica de las mujeres gitanas en diferentes ámbitos y materias (acceso educación, vivienda, salud, empleo, igualdad..., etc.), que sean elaborados por parte de los organismos
competentes de la mano de organizaciones sociales gitanas, por ser conocedoras inmediatas de la realidad que rodea a las mujeres romaníes en nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2021.-Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, Laura Berja Vega y Lidia Guinart Moreno, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/003367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la atención que reciben las mujeres durante el parto y el
postparto, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La mayor sofisticación de los procedimientos médicos así como los avances tecnológicos en el ámbito de la medicina, permiten que los mejoren procedimientos de asistencia al parto que reciben las mujeres en el Sistema Nacional de Salud.
Diferentes organizaciones de mujeres así como profesionales sanitarios han puesto sobre la mesa la necesidad de actualizar algunas de las técnicas y mecanismos que se utilizan en los hospitales para facilitar que las mujeres den a luz a sus
hijos así como adoptar nuevas medidas para garantizar su intimidad y participación efectiva en las decisiones durante el proceso. Este debate público no es nuevo, sino que ya se mencionaba en la Estrategia de atención al parto normal en el Sistema
Nacional de Salud, en la que se reconocía por parte de diferentes profesionales sanitarios 'la necesidades de reflexionar sobre el procedimiento de asistencia al parto y poner en común experiencias y conocimientos, viendo en este movimiento una
oportunidad para el debate y el acuerdo'.
En los últimos años se han puesto en marcha proyectos pioneros en nuestro Sistema Nacional de Salud, que según la evidencia, ayudan a mejorar el bienestar físico y emocional de las mujeres durante el alumbramiento. El Programa de Parto
Respetado, en el Hospital Universitario de Torrejón, apuesta por respetar el proceso fisiológico del parto y ofrece atención individualizada a las mujeres, escuchándolas, respetando sus opiniones y guiándolas durante todo el proceso del parto. En
este hospital también se aplica la técnica del 'parto en agua', que permite el empleo de agua caliente para mitigar las molestias del proceso de dilatación y del parto. Por su parte, la Comisión de Sanidad y Consumo en las Cortes Valencianas aprobó
el año pasado una iniciativa para que el Gobierno de la Generalitat Valenciana instándolo a analizar la viabilidad de crear 'casas de partos' en la región. Estos centros tienen por finalidad
ofrecer una atención al embarazo y el parto de las mujeres en espacios alternativos a los hospitales, en los que se garantiza un lugar tranquilo, adecuado y adaptable a sus necesidades y deseos de las embarazadas.
Al avance de los conocimientos médicos se le une el incumplimiento de determinadas medidas incluidas según consta en el Informe sobre la Atención al Parto y Nacimiento en el Sistema Nacional de Salud, publicado en el año 2012. En
particular, cabe destacar que el documento elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo constataba el uso de la maniobra Kristeller, técnica en desuso eliminada de la práctica habitual, la no incorporación de las recomendaciones previstas en la
Estrategia Nacional en los protocolos de maternidad de los centros hospitalarios o el elevado porcentaje de cesáreas que se practicaba en nuestro Sistema Nacional de Salud.
Por último, según los datos del I Estudio sobre la depresión postparto en España, publicado en el año 2017 por Suavinex, más de un tercio de las madres españolas aseguraba haber sufrido depresión postparto. Por desgracia, estas cifras aún
podrían ser más elevadas, ya que 'más del 90 % de las mujeres que fueron preguntadas confesaba haber sufrido síntomas comunes a la depresión posparto en el período puerperio'. Entre las causas de esta situación, los impulsores del estudio señalan
el desconocimiento de esta patología y la falta de atención médica profesional, entre los problemas a solucionar.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar una evaluación sobre el estado actual del sistema de Atención al Parto y Nacimiento en Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta los objetivos de la última Estrategia, y prestando atención a las siguientes cuestiones:
a) Evaluar la tasa de cesáreas que se practican en España así como la adecuación de este porcentaje a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
b) Evaluar la tasa de partos inducidos así como la adecuación del porcentaje a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
b) Analizar el número de protocolos que incluyen la recomendación de informar a las madres sobre las ventajas del contacto piel con piel.
c) Analizar el número de protocolos que incluyen la recomendación a la pareja de la madre que haga el contacto piel con piel si el estado de salud de la gestante no lo permite.
2. Actualizar la Estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud incorporando las siguientes actuaciones:
a) Mejorar la información que reciben las mujeres embarazadas en lo relativo al proceso fisiológico y psicológico que implica la maternidad así como de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
b) Destinar los recursos económicos necesarios para garantizar una atención personalizada a las embarazadas durante todo el proceso por parte de los efectivos del Sistema Nacional de Salud.
c) Promover la adopción de métodos basados en el mejor conocimiento médico posible que garanticen la intimidad, la participación de la mujer en la toma de decisiones durante el parto así como la calidad en la atención sanitaria.
d) Garantizar que todas las mujeres reciben la información sobre los diferentes métodos respaldados por la evidencia científica para el alivio del dolor, sus beneficios y potenciales riesgos y la posibilidad de elegir uno o varios si lo
desean.
e) Garantizar la existencia de protocolos de maternidad actualizados en todos los centros hospitalarios así como de la inclusión en estos de las recomendaciones en la nueva Estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de
Salud.
f) Garantizar los recursos económicos necesarios para poner a disposición de las mujeres embarazadas que lo deseen el llamado 'parto en el agua' en la red de hospitales del Sistema Nacional de Salud.
g) Estudiar la posibilidad de crear 'casas de partos' dentro del Sistema Nacional de Salud, preferentemente en centros de maternidad imbricados en complejos hospitalarios.
h) La promoción de prácticas eficientes de apoyo a la lactancia materna.
i) Fomentar los bancos de leche de madre y la donación.
j) Eliminar el uso de la maniobra Kristeller, en línea con los avances científicos en el campo de la ginecología y la obstetricia.
k) Capacitar a los profesionales sanitarios para proporcionar la atención al parto adecuada en las diferentes posiciones recomendadas por la evidencia científica.
I) Garantizar un acompañamiento a la lactancia y a la situación de postparto de forma integral a las mujeres, con especial atención a la atención psicológica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a reforzar la lucha contra la violencia de género en mujeres mayores, para
su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En 2019 la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (Ministerio de Igualdad) publicó el estudio 'Mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género'. Este estudio fue impulsado, financiado y supervisado por el Ministerio
de Igualdad para dar cumplimiento al Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y concretamente a la medida número 100 que indica que se deben 'realizar estudios sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años que sufren violencia de
género y preparar recursos adaptados a ellas'
Este estudio, realizado por Cruz Roja Española con apoyo de la Universidad Carlos III de Madrid, tuvo como principal objetivo analizar la situación de las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género. La investigación evaluó
los factores que determinan la especial vulnerabilidad de las mujeres mayores frente a la violencia de género con el fin de aportar información que permita diseñar medidas y actuaciones que contribuyan a la detección de los casos y faciliten el
acceso de las víctimas a recursos especializados.
Según las conclusiones del estudio, las mujeres mayores experimentan discriminación de género en mayor medida que las mujeres jóvenes y en materia de discriminación por edad, en mayor medida que los hombres mayores. La intersección de estos
dos factores de discriminación profundiza la invisibilidad de la violencia de género contra las mujeres mayores.
Según los datos aportados por el estudio, el 40 % de las víctimas ha sufrido violencia de género durante más de 40 años y el 27 %, entre 20 y 30 años. Cabe destacar, además, que el 56 % de las mujeres encuestadas afirma haber mantenido
relaciones sexuales contra su voluntad por miedo al maltratador y seis de cada diez han sufrido violencia económica.
En relación a los motivos por los que las mujeres se mantuvieron en la relación a pesar de la violencia ejercida sobre ellas, la razón más señalada por las mujeres encuestadas es la de seguir vivas, ya que el 35 % manifiesta haber tenido
miedo a que las mataran. Tres de cada diez mujeres señalaron que consideraban que este tipo de violencia estaba aceptada por la sociedad y el 32 % indicó que lo hacía por sus hijos.
El maltratador, según refleja el estudio, impedía a las víctimas tomar decisiones relacionadas con la economía familiar. En el 55 % de los casos, las mujeres no recibían dinero para los gastos del hogar, el 41 % de las mujeres dijo que el
maltratador se apropiaba de su dinero, el 34 % de las víctimas aseguran que no les dejaban trabajar o estudiar fuera del hogar y un 31 % se apropiaba de sus bienes. El 98 % de las mujeres siente miedo y ocho de cada diez manifestaron que el
maltratador las ignoraba y las trataba con indiferencia.
Las mujeres mayores pertenecen a una generación que en su mayoría fueron socializadas para poner en un segundo plano su propia identidad, necesidades y deseos. Por tanto, sufrir violencia de género a una edad avanzada puede convertirse en
un tabú para muchas de ellas. Esta socialización de las mujeres mayores basada en roles sexistas y tradicionales dificulta la posibilidad de que estas mujeres puedan pedir apoyo en servicios sociales o psicológicos o iniciar procesos de separación
y divorcio.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con las comunidades autónomas:
1. Promover acciones de difusión, prevención y sensibilización acerca de la Violencia de Género en mujeres mayores de 65 años destinadas a mejorar el conocimiento de sus derechos y de los servicios disponibles para atenderlas, así como la
confianza en los mismos, adecuando los materiales, lenguaje y contenidos a las percepciones y enfoques de las personas mayores, de forma que estas pudiesen sentirse identificadas.
2. Impulsar programas de prevención de la violencia de género y el abuso en los centros de mayores y otros recursos públicos destinados a esta población.
3. Desarrollar programas orientados a la reparación emocional de las supervivientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2021.-Lidia Guinart Moreno y Laura Berja Vega, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001515
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Juan Diego Requena Ruiz.
Texto:
¿Qué valoración realiza la Vicepresidenta 3.ª y Ministra de Transición Ecológica y de Reto Demográfico de la posición conjunta anunciada por los gobiernos de Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia
y Austria ante la reunión extraordinaria de Ministros de Energía del día 26 de octubre, en Luxemburgo y en la que muestran su oposición a una reforma del mercado interior de gas y de electricidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Diputado.
181/001516
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Juan Diego Requena Ruiz.
Texto:
¿Qué valoración realiza la Vicepresidenta 3 y Ministra de Transición Ecológica y de Reto Demográfico de la 'Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones' sobre 'Un conjunto de
medidas de actuación y apoyo para hacer frente al aumento de los precios de la energía', de fecha 13 de octubre pasado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Diputado.
181/001517
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Juan Diego Requena Ruiz.
Texto:
¿Qué valoración realiza la Vicepresidenta 3.ª y Ministra de Transición Ecológica y de Reto Demográfico de la carta remitida con fecha del pasado 14 de octubre a los Jefes de Estado de los Estados miembros y a los embajadores con
representación permanente en la UE y suscrita por los máximos representantes de 19 grandes compañías eléctricas europeas con ocasión de la reunión del Consejo Europeo de 21-22 de octubre que habría de abordar la situación de los altos precios de la
energía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las preguntas
al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Núm. expte.: 184/063308.
Núm. registro: 155039.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Reducción de horarios de caja por parte de las entidades financieras.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 336, de 4 de octubre de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001519.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Núm. expte.: 184/063306.
Núm. registro: 154766.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Situación de la Planta Regasificadora de AUCOSA en Redondela.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 336, de 4 de octubre de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001520.
Núm. expte.: 184/063085.
Núm. registro: 154293.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Previsiones del Gobierno sobre el Parque Eólico de Afrende.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 336, de 4 de octubre de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001521.
184/0066076
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-GC).
Situación del Complejo Medioambiental del Barbanza.
Acuerdo:
Admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de
la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, a iniciativa de su diputado Antón Gómez-Reino Varela, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta
para su respuesta por escrito, relativa a la situación del Complejo Medioambiental del Barbanza.
Exposición de motivos
El Complejo Medioambiental de tratamiento de residuos de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Sierra del Barbanza, ubicado en Lousame (A Coruña), gestiona desde el año 2003 los residuos domésticos de 9 ayuntamientos y 86.000 habitantes.
El centro cuenta con una plantilla de 150 personas empleadas y cumple el principio de cercanías, al tratar los residuos domésticos de ayuntamientos próximos. El sistema de recogida selectiva es el denominado húmedo-seco, catalogado por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como tipo 2, consistente en la separación de la fracción orgánica e inorgánica (incluye los residuos de envases), además de las fracciones vidrio y papel-cartón.
Con este modelo de separación húmedo-seco, y según los últimos datos publicados por el MITECO en su Memoria anual de generación y gestión de residuos de competencia municipal correspondiente al ejercicio 2018, el CM Barbanza obtiene unos
resultados de recuperación de materiales para su reciclaje muy superiores al modelo mayoritariamente implantado en Galicia, el modelo Sogama, que cuenta con contenedores amarillos para envases. Así, las ratios de recuperación en el CM Barbanza en
el 2018 fueron de 51 kg/hab año frente a 13 kg/hab año del modelo Sogama. Estas ratios de recuperación demostrarían que el modelo húmedo-seco es factible tanto ambiental como técnicamente.
Según la información publicada en diversos medios de comunicación, la Xunta de Galicia está poniendo en entredicho la viabilidad del modelo de gestión del CM Barbanza debido a su sistema de separación húmedo-seco. Como ejemplo, el pasado 19
de septiembre se publicó en prensa lo siguiente: '... aunque el porcentaje de recuperación de residuos de la planta de Servia es superiora la media gallega y desde el inicio Serra del Barbanza ha realizado la recogida separada de la basura
orgánica, la Consellería de Medio Ambiente sostiene que 'el modelo húmedo-seco de Barbanza no cumple con la Directiva Marco de Residuos por mantener la recogida conjunta de metales y plásticos con otros residuos y fracción resto'. Esto ya se había
dicho en anteriores ocasiones, y ahora la Xunta vuelve a la carga esgrimiendo una nota
interpretativa del Ministerio para la Transición Ecológica que, según defiende la Administración autonómica, avala el sistema de Sogama, pero no el de Servia. La normativa europea establece una serie de excepciones a la recogida separada de
los residuos que no se cumple en Lousame'.
En esta misma línea, en la Comisión 2.ª, de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios del Parlamento de Galicia que tuvo lugar el pasado 23 de septiembre, el representante parlamentario del grupo popular hizo alusión
a una nota interpretativa del MITECO en la que se indica que el modelo del CM Barbanza no cumple con las condiciones que establece la Directiva Marco de Residuos 2018, aduciendo que mediante el modelo de recogida húmedo-seco la recuperación sería
ineficiente en comparación con el modelo SOGAMA, con contenedor amarillo.
Asimismo, en noticia de prensa del pasado 12 de marzo, se publicaba lo siguiente: 'La Xunta ha dado a conocer que la Unión Europea dejará de financiar los modelos de gestión de residuos alternativos a Sogama. Así, afirman desde la
Administración autonómica, se lo comunicaron representantes del Ministerio para la Transición Ecológica en una reunión sectorial de medio ambiente con las comunidades autónomas. En la práctica, esto afectaría a las plantas de tratamiento de basura
de Lousame y de Nostián. Según indican desde la Consellería de Medio Ambiente, la Unión Europea dejará de habilitar mecanismos de financiación para los sistemas de recogida de residuos basados en tratamientos mecánico-biológicos, conocidos como
TMB, que se basan en la recogida conjunta de todos los residuos que, una vez en la planta, se separan mecánicamente, destinando los desechos orgánicos a la producción de compost. Asegura la Xunta que este es el sistema que se utiliza en las plantas
de Lousame y Nostián y que, por tanto, ante la falta de financiación por parte de Europa, 'parecen modelos a extinguir', mientras que se primará el de Sogama, con la separación selectiva de la basura en origen depositando cada fracción en el
contenedor correspondiente'.
Por otra parte, el comité de empresa de la planta de Lousame ha expresado su preocupación por la falta de inversiones en el mantenimiento y la renovación de los equipamientos y en la mejora de los procesos, lo que relaciona con una falta de
compromiso por parte de la Mancomunidad que dirige la planta y que podría provocar a medio plazo su obsolescencia y posterior cierre si no se toman las medidas oportunas. Señalan asimismo que con ello no solo se perderían los puestos de trabajo,
importantes para esta comarca, sino el exitoso modelo de tratamiento de residuos de proximidad implantado, que presenta unos niveles de reciclaje y de generación de compost muy altos en comparación con otros modelos existentes en Galicia, como el de
Sogama.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes
Preguntas para su respuesta por escrito:
1. ¿Es cierto que existe una nota interpretativa del Ministerio para la Transición Ecológica que avala el sistema de Sogama, pero no el del Complejo Medioambiental de tratamiento de residuos de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Sierra
del Barbanza?
2. ¿Cuáles son los términos de esta nota interpretativa?
3. ¿Es cierto que el Ministerio comunicó a la Xunta de Galicia que la Unión Europea dejará de financiar los modelos de gestión de residuos alternativos a Sogama, afectando así al Complejo Medioambiental del Barbanza?
4. De ser así, ¿en base a qué criterios se hace esta afirmación?
5. ¿Se da cumplimiento, por parte de las diversas plantas de tratamiento de residuos localizadas en Galicia, a los objetivos de reciclaje y valorización fijados por la Directiva Marco de Residuos para 2020, en relación con los residuos
domésticos (50? %) y los residuos procedentes de la construcción y de las demoliciones (70 %)?
6. ¿Cuáles son los datos con los que cuenta el Ministerio para la Transición Ecológica sobre la gestión de residuos realizada por el Complejo Medioambiental de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Barbanza desde el año 2003 hasta la
actualidad?
7. ¿Cómo se valoran estos datos por parte del Ministerio?
8. ¿Cumplen con los niveles mínimos exigibles a este tipo de plantas?
9. ¿Son niveles superiores o inferiores a los del resto de plantas localizadas en Galicia?
10. ¿Cuáles son los datos con los que cuenta el Ministerio sobre la gestión de residuos realizada por el resto de plantas de tratamientos de RSU localizadas en Galicia desde 2003 hasta la actualidad?
11. ¿Cumple el modelo de tratamiento de residuos aplicado en el Complejo Medio ambiental do Barbanza, de recogida de residuos basados en tratamientos mecánico-biológicos, conocidos como TMB,
que se basan en la recogida conjunta de todos los residuos, con los requisitos estipulados por la Unión Europea para los beneficiarios de sus mecanismos de financiación?
12. ¿Tiene conocimiento el Ministerio de la situación denunciada por el comité de empresa respecto a la falta de inversiones en la planta?
13. ¿Ha realizado o prevé realizar el Ministerio, en el marco de sus competencias, alguna actuación de cara a garantizar las necesarias inversiones en el mantenimiento y mejora de la planta, sus instalaciones, equipamientos y procesos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2021.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.