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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 355, de 03/11/2021
cve: BOCG-14-D-355
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de noviembre de 2021
Núm. 355
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a suspender la expedición o concesión de visados de entrada en Europa a todos los ciudadanos de países emisores de inmigración ilegal como Marruecos,
Argelia, Túnez y Mauritania, en tanto en cuanto estos países no readmitan en sus fronteras a todos los inmigrantes ilegales devueltos por España ... (Página7)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003340 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción del reconocimiento público de la excelencia y profesionalidad de los empleados públicos de las administraciones públicas ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la defensa del servicio postal de Correos ... (Página18)
161/003345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el proyecto de eliminación del paso a nivel que atraviesa O Porriño ... (Página20)
161/003348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la implantación del pago de peajes en las autovías de titularidad estatal ... (Página21)
161/003357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la construcción de viviendas en alquiler social ... (Página22)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno al fomento de programas educativos específicos de inteligencia emocional ... (Página23)
161/003355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la elaboración de una Ley de Enseñanzas Artísticas ... (Página25)
161/003356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar la presencia de las mujeres y sus aportaciones en el currículo ... (Página25)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003337 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al traslado de los ciudadanos afganos evacuados en situación de tránsito en España a terceros países seguros, culturalmente más cercanos a Afganistán, donde
puedan obtener la condición de refugiados y mayores garantías de integración ... (Página27)
161/003360 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incentivar la contratación de los empleados y empleadas del hogar ... (Página31)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover medidas que permitan la implantación y desarrollo de una industria de fabricación de semiconductores en España ...
161/003344 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al impulso de la industrialización, el empleo y la mejora de las condiciones laborales ...
161/003346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la declaración de obligaciones de servicio público en la ruta aérea entre la Península y el
archipiélago canario ... (Página41)
161/003347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la adopción de medidas de industrialización en el contexto de las cadenas globales de producción
... (Página42)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover las acciones necesarias para la celebración de un nuevo Convenio de colaboración con las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas que recoja
unos requisitos comunes con el fin de establecer una licencia interautonómica de caza para todos sus territorios ... (Página44)
161/003330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre las propuestas presentadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre reparto de la nueva PAC ... (Página48)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a impulsar la inclusión del ecocidio como delito internacional ...
161/003332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la minería submarina ... (Página52)
161/003349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre indemnizaciones en la Ría del Burgo ... (Página54)
161/003353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la adopción de medidas relativas al sellado y desmantelamiento del almacén de gas Castor ...
161/003354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la protección de la costa ... (Página58)
161/003358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas frente al Reto Demográfico ... (Página59)
161/003359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre rehabilitación de edificios en zonas de baja población ... (Página60)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/003343 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación de una estrategia española de datos ... (Página62)
161/003350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la flexibilización de los requisitos de acceso a las ayudas a autónomos afectados por la erupción del volcán en La Palma ...
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a avanzar en la detección precoz y el abordaje del cáncer de mama ... (Página64)
161/003341 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prevención, el diagnóstico precoz y el abordaje asistencial temprano e integral del cáncer de mama en España ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación de una estrategia española de datos ... (Página67)
Comisión de Igualdad
161/003329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a regular un permiso retribuido en los casos de pérdida gestacional espontánea ... (Página68)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a garantizar la cobertura universal, pública y gratuita de la Educación Infantil de 0 a 3 años ...
(Página70)
Comisión de Política Territorial
161/003339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la exigencia y promoción del deber de publicidad activa de las Entidades Locales Territoriales consagrado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ... (Página72)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001496 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre motivo por el que no se le aplicó ninguna medida de control de frontera por parte del Ministerio del Interior al Sr. Gali en su
entrada en España ... (Página78)
181/001497 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre motivo por el que el Gobierno quería ocultar la identidad del Sr. Gali en su entrada en España ...
181/001498 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre entrega a la Justicia de los correos de coordinación con motivo de la entrada en España del Sr. Ghali ...
181/001499 Pregunta formulada por el Diputado don Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre responsable del Ministerio del Interior que recibió los correos de coordinación con motivo de la entrada en España del Sr.
Ghali ... (Página79)
181/001500 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre motivo por el que el Gobierno retrasó la detención de Hugo Carvajal, conocido como 'el pollo', desde que tenía conocimiento de su
paradero en el mes de junio ... (Página79)
181/001501 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre medidas legislativas que va a desarrollar el Gobierno para reforzar la condición de autoridad de los agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado ante el aumento de las agresiones ... (Página79)
181/001502 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre medidas legislativas que va a desarrollar el Gobierno para prohibir los homenajes a condenados por terrorismo ...
181/001503 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre previsiones acerca de aprobar una Ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como establece el punto
8 del Acuerdo de equiparación salarial firmado en el año 2018 ... (Página80)
181/001504 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre motivos de seguridad por los que el Ministerio del Interior quiere prohibir los tatuajes a los agentes de la Guardia Civil, que
ya los tienen ... (Página80)
181/001505 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre actuaciones previstas para mejorar las condiciones sociolaborales de los funcionarios de prisiones ...
181/001506 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre actuaciones previstas para impedir las agresiones que sufren diariamente los funcionarios de prisiones ...
181/001507 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre apertura de algún expediente sancionador o informativo por la seguridad privada de Podemos, a raíz de las agresiones producidas
por miembros de seguridad de Podemos a la Policía y miembros de VOX en Vallecas ... (Página81)
181/001508 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre actuaciones previstas en política migratoria, habida cuenta de la llegada masiva de inmigrantes, superando los números de los
últimos años ... (Página81)
181/001509 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre fecha prevista para poner en marcha la oficina del DNI en O Barco de Valdeorras ... (Página81)
181/001510 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre previsiones acerca de ceder el edificio de la Jefatura Superior de la Policía en Cataluña, ubicado en Vía Laietana ...
181/001511 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno ante el acoso que sufren policías, guardias civiles y sus familias en Cataluña ...
181/001512 Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Rojas García, Carlos (GP), sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno ante el aumento de la violencia y la delincuencia en el Campo de Gibraltar ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001488 Pregunta formulada por los Diputados Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María
(GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre incidencia en la industria española de la escasez de contenedores destinados al transporte marítimo ... (Página82)
181/001493 Pregunta formulada por el Diputado Andrés Lorite Lorite (GP), sobre incidencia en la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) de la reducción de la cuantía destinada a tal fin en los Presupuestos Generales del Estado ...
181/001494 Pregunta formulada por el Diputado Andrés Lorite Lorite (GP), sobre montante económico al que ascendería la 'deuda histórica en materia de infraestructuras en Cataluña', a la que se refirió, entre otras cuestiones, el 08/09/2021
la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mientras comparecía en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña, así como el de la posible 'deuda histórica' en materia de infraestructuras que sufrirían el resto de Comunidades
Autónomas ... (Página83)
181/001495 Pregunta formulada por el Diputado Andrés Lorite Lorite (GP), sobre previsiones acerca de a lo que se va a dedicar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en lo que queda de Legislatura, si fuera cierto que la casi
totalidad de sus compromisos están ejecutados o en proceso, tal como manifestó la Ministra en su cuenta de Twitter el 11/08/2021 ... (Página83)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001487 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), sobre
impacto económico para los hoteles, agencias de viajes, turoperadores y otros agentes del sector turístico del retraso de la adjudicación de los tres lotes en que se divide el programa de los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) ... (Página84)
181/001489 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), sobre
incidencia en el sector de la automoción de la escasez de semiconductores en España ... (Página84)
181/001490 Pregunta formulada por los Diputados Patricia Rueda Perelló (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), sobre
razones por las que quedan excluidas del bono cultural joven actividades turístico-culturales como son las taurinas ... (Página84)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página85)
184/066067 Autor: Iñarritu García, Jon
Actuación de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas en una borda situada en la zona de Azabaratza en Jaizkibel el día 18/10/2021 ... (Página85)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Víctor Sánchez del Real, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez,
D.ª Rocío de Meer Méndez y D.ª María Teresa López Álvarez, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a suspender la expedición o concesión de visados de entrada en Europa a todos los ciudadanos de países emisores de inmigración ilegal como Marruecos,
Argelia, Túnez y Mauritania, en tanto en cuanto estos países no readmitan en sus fronteras a todos los inmigrantes ilegales devueltos por España, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. Según se ha tenido conocimiento a través de informaciones publicadas en prensa 1, Francia acaba de reducir drásticamente la concesión de visados a Marruecos, Argelia y Túnez 'porque considera que esos tres países no cooperan de
manera suficiente contra la inmigración irregular, ya que apenas aceptan la entrada de sus ciudadanos expulsados por las autoridades francesas por no tener los papeles en regla'.
En este sentido, el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, ha indicado en una entrevista a la emisora de radio Europe 1 lo siguiente: 'Es una decisión drástica, inédita, pero necesaria'. Del mismo modo, Attal 'explicó que París
había intentado primero una negociación diplomática, pero como eso no funcionó se pasó a una fase de 'amenazas'' y como tampoco eso bastó se decidió aplicar estas medidas de reducción de los visados'.
Asimismo, estas mismas fuentes señalan que 'según Europe 1, la justicia francesa ordenó entre enero y julio de este año la expulsión de 7.731 argelinos en situación irregular, pero solo se pudieron ejecutar el 0,2 % porque Argelia se negó a
dar las autorizaciones consulares necesarias. En el caso de Marruecos, de las 3.301 expulsiones dictadas por los tribunales franceses se llevaron a cabo un 2,4 %; en el de Túnez un 4 % de las 3.424. En esos siete primeros meses del año, Francia
había concedido 8.726 visados a argelinos (un 74 % de los solicitados), 18.579 a marroquíes (un 77 %) y 9.140 a tunecinos (un 71 %)'.
Ante esta situación, el presidente francés, Emmanuel Macron, 'ha dado órdenes para que se reduzcan a la mitad en el caso de Argelia y Marruecos y en un 30 % en el de Túnez'.
1 Disponible en línea: https://www.swissinfo.ch/spa/francia-magreb_francia-reduce-visados-a-marruecos--argelia-y-t%C3%BAnez-por-inmigraci%C3%B3n-irregular/46984344.
En España, el sindicato de Policía Nacional ASP (Alternativa Sindical Policial) se ha hecho eco de tales declaraciones, apoyando la iniciativa, y ha hecho constar en un comunicado lo siguiente:
'Desde ASP entendemos que se trata de conseguir que, si Marruecos continúa con su política de coacción de no admitir a los irregulares que salen de sus playas, la UE bloquearía la llegada a Europa de los miles de ciudadanos marroquíes y
argelinos pertenecientes a las clases altas y políticas de aquellos países que tienen miles de propiedades en Francia y España que veranean y viajan al viejo continente cada año'.
Segundo. En lo que a España respecta, cabe destacar que nuestro país se enfrenta a un colapso migratorio imposible de gestionar por nuestra ya maltrecha economía, así como a una crisis humanitaria imposible de asumir por el desborde de los
servicios de asistencia españoles. De esta manera, según datos facilitados por el Ministerio del Interior, un total de 24.077 inmigrantes ilegales han llegado a España entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2021, un 53,5 % más que en el mismo
periodo del año anterior, cuando fueron 15.688 2. Esto hay que sumárselo a la cifra del año 2020 en el que accedieron a nuestro país de forma ilegal cerca de 41.800 inmigrantes, un 29 % más que las entradas registradas en 2019, según el último
informe del Ministerio de Interior aunque, en el caso de entradas marítimas, el aumento es de un 45,5 %. No obstante, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (en adelante, 'FYCSE') estiman que las cifras reales sean mayores.
En el supuesto de Canarias, la situación es de extrema gravedad, pues el aumento con respecto a las cifras del año pasado es de un 117,3 %, con 11.060 entradas en lo que llevamos de 2021 3. Esto ha generado una crisis sin precedentes que
pone en grave riesgo no solo la situación económica de la isla, sino que apuntala una inminente crisis social.
De hecho, numerosos medios e informadores señalan a las Islas Canarias como un Nuevo Lampedusa o Lesbos, un escenario que España no puede tolerar de ninguna manera.
Tercero. La utilización de los flujos migratorios ilegales como método de negociación y presión no es algo nuevo. De hecho, es público y notorio que tanto el Reino de Marruecos como Argelia han utilizado históricamente la inmigración
ilegal como arma geopolítica para debilitar la posición negociadora tanto de España como de la Unión Europea.
Así, el 6 de noviembre de 1975, Marruecos lanzó una ofensiva contra los territorios españoles en el Sahara Occidental que recibió el nombre de la Marcha Verde, utilizando a miles de vidas humanas para obtener objetivos políticos (consistente
en organizar una numerosa manifestación de más de 350.000 personas con banderas verdes y ramos de olivo que, de forma alegre, fueron descendiendo hasta la frontera sur con Mauritania).
En adición a lo anterior, en el año 2006 con la 'crisis de los cayucos', Marruecos volvió a utilizar los flujos migratorios como mecanismo de presión. Así, llegaron a Canarias más de 31.000 inmigrantes provenientes de Senegal, Mauritania y
del Sáhara Occidental ocupado. La solución que dio el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue dar dinero a los países de origen de los inmigrantes, esto es, Mauritania y Senegal y, en el caso de Marruecos, además de dinero,
concesiones políticas que inauguraron una 'nueva era de excelentes relaciones con Marruecos'.
Por tanto, es palmario que las autoridades de estos países detectan los momentos de debilidad de España en esta materia para relajar los controles migratorios acordados y financiados, con el objeto de que nuestro país ceda a las pretensiones
que estos Estados tengan. De hecho, cabe recordar que, en el caso de Argelia, el país norteafricano amplió de forma unilateral sus aguas territoriales en abril de 2018, incluyendo a la isla española de Cabrera.
En el caso de Marruecos, es bien sabido que este país reivindica como propios los territorios españoles de Ceuta, Melilla, los Peñones de Vélez de Gomera y de Alhucemas y las islas Chafarinas, además del Sáhara Occidental del que España es
aún potencia administradora mediante la Resolución 3458 de la Asamblea General de la ONU de 1975.
Por si no fuera suficiente, en el verano de 2020 llegaron en apenas 24 horas más de 800 inmigrantes ilegales argelinos a las costas españolas. Muy especialmente, a las costas de Murcia y Almería. Así pues, desde el Grupo Parlamentario VOX
solicitamos en su día que se declarara la llegada masiva de inmigrantes ilegales como situación de interés para la Seguridad Nacional, recordando que las Fuerzas
2 http://www.interior.gob.es/documents/10180/12745481/17_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_14-09-2021.pdf/134fe6cd-1f9c-4c53-9a53-2218881fce39.
3 Ibidem.
y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles advierten de la posibilidad de que los terroristas yihadistas se infiltren en nuestro país vía las embarcaciones que transportan a los inmigrantes irregulares 4.
No obstante, a finales de año le llegaría el turno a las Islas Canarias. Una autentica invasión migratoria organizada, con más de 20.000 personas llegadas en pateras y cayucos a las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y
Lanzarote. Se habló entonces de Canarias como la 'nueva Lampedusa de Europa'.
El Gobierno de España ante esta situación ni aplicó la Ley de Seguridad Nacional ni garantizó el cumplimiento de la finalidad de la política de Defensa. Sin embargo, sí alojó a los inmigrantes ilegales en hoteles de 4 estrellas. Ante esta
misma situación, Francia, por ejemplo, cerró sus fronteras 5 con España para evitar que inmigrantes ilegales llegasen a suelo galo. De hecho, según informaciones publicadas, en 5 meses las autoridades francesas devolvieron a España 15.757
inmigrantes en situación ilegal 6.
Siguiendo este marco conceptual de utilizar los flujos migratorios ilegales como herramienta de presión, cabe resaltar que el Reino de Marruecos está desarrollando una serie de acciones encaminadas al único objetivo de ultimar la anexión de
las ciudades españolas de Ceuta y Melilla -en este sentido, cabe recordar la perenne y añeja aspiración de Marruecos sobre las dos últimas plazas españolas en el Norte de África-. La última de estas actuaciones acaeció hace apenas meses en Ceuta,
con la invasión de más de 10.000 inmigrantes ilegales orquestada por las autoridades marroquíes. Así lo han confirmado tanto la Guardia Civil como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que calificaron de 'amenaza latente' la posibilidad de que
este hecho se pueda reproducir en cualquier momento. Especialmente en Melilla y las Islas Canarias 7. Consciente de su inferioridad -aunque cada vez menos evidente- de poder frente a España, el reino alauita realiza está actuaciones de guerra
hibrida al objeto de erosionar la posición española y facilitar la consecución de sus intereses.
Sin embargo, y sin perjuicio de todos los actos beligerantes expuestos anteriormente, resulta poderosamente alarmante que durante (i) el año 2019, España aprobara destinar al Reino de Marruecos 32.369.000 euros; (ii) el año 2020, 31.000.000
euros; y (iii) el año 2021, 30.000.000 euros, al objeto de ayudar a este país en su despliegue policial para luchar contra los flujos de inmigración ilegal hacia nuestro territorio. En total, España ha pagado al Reino de Marruecos 93.396.000 euros
desde el año 2019 8. Sin embargo, resulta obvio que dichos pagos han sido en balde, y que Marruecos más bien utiliza las aportaciones de España como forma de extorsión y presión para la consecución de sus propios intereses.
No obstante todo lo anterior, los hospitales de las ciudades de Ceuta y Melilla siguen atendiendo de forma altruista a ciudadanos marroquíes que acuden de manera regular a las ciudades autónomas al objeto de hacer uso de la sanidad pública
española 9. Así pues, según datos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el 60 % de los partos atendidos en el Hospital de Melilla son de mujeres marroquíes 10.
Por si no fuera suficiente, en aras de fortalecer sus demandas, tanto Marruecos como Argelia se encuentran en un enorme proceso de rearme, lo cual está reduciendo a marchas forzadas la superioridad de nuestras Fuerzas Armadas ante sus
homologas del otro lado del Estrecho de Gibraltar.
4 ZULOAGA, J.M: 'Yihadistas infiltrados como inmigrantes', La Razón, 13/10/2018. Disponible [en línea]: https://www.larazon.es/espana/yihadistas-infiltrados-como-inmigrantes-BG20151022/.
5 España y Francia forman parte del espacio Schengen, sin embargo, desde los ataques terroristas de 2015, el país galo ha establecido controles fronterizos amparándose en el artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y en
los artículos 67 y 77 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite realizarlos por razones de 'seguridad nacional'. El pasado mes de noviembre, tras los últimos atentados en Francia, su presidente, Emmanuel Macron, dobló el
número de efectivos en las fronteras y desplegó 4.800 policías, gendarmes y militares para establecer controles 24 horas al día. https://elpais.com/espana/2021-04-24/francia-devolvio-a-espana-casi-16000-migrantes-en-solo-cinco-meses.html.
6 https://elpais.com/espana/2021-04-24/francia-devolvio-a-espana-casi-16000-migrantes-en-solo-cinco-meses.html.
7 LÁZARO, Fernando: 'Expertos españoles en seguridad: Es una invasión consentida por Marruecos', El Mundo, 20.05.21. Disponible [en línea]: https://www.elmundo.es/espana/2021/05/20/60a6154221efa07c408b4659.html.
8 https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-dado-mas-90-millones-avudas-marruecos-tres-anos-controlar-inmigracion-ilegal-20210519133221.html.
9 Memoria 2018, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, p. 6. Disponible [en línea]: https://ingesa.sanidad.gob.es/actividad/memorias/docs/Memoria_INGESA_2018.pdf.
10 'El 60 % de los partos que se atienden en el Hospital de Melilla son de mujeres venidas desde Marruecos', Europapress, 02/04/2020. Disponible [en línea]:
https://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-60-partos-atienden-hospital-melilla-son-muieres-venidas-marruecos-20170401174427.html.
Cuarto. En fecha 23 de septiembre de 2020, la Comisión Europea emitió un comunicado al resto de instituciones europeas relativo al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo 11. En dicho documento se destaca la necesidad de un 'sistema efectivo y
común de la UE para los retornos' de los inmigrantes ilegales a sus países de origen o partida. En particular, la Comisión señaló lo siguiente:
'Las normas de la UE en materia de inmigración sólo pueden ser creíbles si se hace retornar efectivamente a quienes no cuentan con el derecho a quedarse en la UE. En la actualidad, sólo alrededor de un tercio de las personas a las que se
ordena regresar de los Estados miembros se marchan realmente' 12.
Por su parte, resulta perentorio recalcar la existencia de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los
nacionales de terceros países en situación irregular 13.
En concreto, esta directiva sustancia la capacidad de la que disponen los Estados miembros para proceder a la expulsión de nacionales de terceros países que se encuentren en su territorio de forma ilegal. El documento prevé incluso, en su
artículo 8.4, la aplicación de medidas coercitivas para llevar a cabo estas expulsiones.
Quinto. No obstante lo anterior, resulta obvio que tanto Marruecos como Argelia, Túnez o Mauritania están incumpliendo sus obligaciones y responsabilidades para con España en cuanto al control de los flujos migratorios ilegales se refiere.
No solo no evitando que los inmigrantes ilegales salgan de sus costas en dirección a España como medida de extorsión para que nuestro país los siga proveyendo de fondos y recursos, sino también a la hora de no reconocer y aceptar la devolución de
sus propios nacionales cuando estos son identificados y se ha acordado su expulsión de España por su situación de ilegalidad.
En este sentido, cabe destacar que cuando un Estado ve lesionado su derecho -España- por parte de otro Estado -Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania-, responsable con arreglo al Derecho Internacional, el primer Estado puede hacer uso de
medidas de autotutela tales como las contramedidas contra el segundo Estado, en aras a proteger su soberanía y restaurar el daño causado. Cabe destacar que el concepto de 'contramedidas' fue recogido por la Comisión de Derecho Internacional ('CDI')
en el Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad Internacional de los Estados por Hechos Ilícitos. En particular, dicho concepto podría definirse como aquellas medidas adoptadas por el Estado lesionado contra el Estado autor de un hecho
internacionalmente ilícito, con el objeto de inducirlo a cumplir las obligaciones derivadas de la responsabilidad por el ilícito cometido 14.
Por tanto, la naturaleza de tales actuaciones sería absolutamente lícita, tal y como apunta el propio Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por hechos Internacionalmente Ilícitos, adoptado por la CDI y anexado por la
Asamblea General en su Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001.
Concretamente, el artículo 22 dispone la licitud de las referidas contramedidas, señalando expresamente lo siguiente: 'La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional suya para con otro Estado
queda excluida en el caso y en la medida en que ese hecho constituya una contramedida tomada contra ese otro Estado'.
Al mismo tiempo, la naturaleza de las contramedidas es también pacífica 15 y, por tanto, se encuentra absolutamente alineada con los Principios Generales del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas suscrita por España 16.
11 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, Comisión Europea, Bruselas, 23/09/2020. Disponible [en
línea]: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF.
12 Ibid. p.8.
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115.
14 Artículo 49 de la Resolución aprobada por la Asamblea General 56/83. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.
15 Las contramedidas no pueden hacer uso o amenaza del uso de la fuerza, pues ello se encuentra expresamente prohibido por el Derecho Internacional (artículo 50 de la Resolución aprobada por la Asamblea General 56/83. Responsabilidad del
Estado por hechos internacionalmente ilícitos).
16 Véase el caso Gabcíkovo-Nagymaros en 1997, el cual fortaleció sus bases doctrinales y las consideró una medida pacífica de resolución de conflictos internacionales.
En definitiva, a través de las contramedidas, el Estado lesionado puede requerir al responsable que haga frente a su responsabilidad. Una vez que el Estado responsable haya hecho frente a sus obligaciones puede ser restablecida la situación
anterior a la lesión.
En aplicación de dicho concepto recogido por el Derecho Internacional, España estaría habilitada para adoptar contramedidas con el objetivo de instar a Marruecos, Argelia, Túnez o Mauritania a que respeten los acuerdos adoptados en materia
de control de los flujos de inmigración ilegal existentes entre dichos países y España, así como para evitar ceder ante la extorsión encubierta que sufre actualmente nuestro país en virtud de estos mismos acuerdos.
Sexto. Sin lugar a dudas, la inmigración ilegal supone un peligro para la Seguridad Nacional española -culpa de los escasos o nulos controles que ejercen Marruecos, Argelia, Túnez o Mauritania para evitar la salida de sus países de
inmigrantes ilegales con destino a España, pese a los acuerdos firmados a tal efecto-. No obstante, si le sumamos el problema del terrorismo, el conflicto que se produce es crítico para cualquier nación. Así, como se ha expuesto anteriormente, las
FCSE españolas advierten de la posibilidad de infiltración terrorista en nuestro país a través de embarcaciones destinadas a transportar inmigrantes ilegales 17.
Así, un caso paradigmático que demuestra lo real de dicha posibilidad es la desarticulación este mismo 10 de octubre en Barcelona de una célula yihadista conformada íntegramente por inmigrantes que entraron ilegalmente en España. En
particular, entre los detenidos se encuentra 'El Jeque', de nacionalidad argelina, líder de la célula que había llegado a España a bordo de una embarcación ilegal y el cual fue detenido tras comprar un fusil AK-47 para perpetrar atentados
terroristas. De hecho, este criminal había facilitado el pasado 2020 la entrada en Europa por vía marítima de, al menos, otros dos yihadistas que recurrieron a él para subirse a una embarcación de este tipo y alcanzar la costa española, por lo que
es evidente que tenía pleno conocimiento de cómo entrar ilegalmente en España y lo estaba usando para infiltrar yihadistas en nuestro país a través de los flujos de inmigración ilegal. Asimismo, dicho cabecilla se encontraba adoctrinando a los
miembros que había conseguido captar para esa célula -todos argelinos sin documentación alguna- con fundamentalismo radical del Daesh y los había instado a martirizarse en nombre del islam. Así, 'El Jeque se dedicaba a crear terroristas.
Conformaba terroristas. Les hacía terroristas. Había conseguido que estuvieran preparados y dispuestos para consumar un posible atentado.' 18 También, 'los agentes constataron que todos ellos habían experimentado signos de radicalización.' 19 Por
último, cabe resaltar que de todos ellos uno ya había entrado hace poco tiempo en prisión, así como que, en los registros de las viviendas, los investigadores encontraron toda clase de machetes, de más de medio metro cada uno, y setenta cartuchos de
munición de calibre 9 milímetros, propiedad de El jeque. Entre los artículos incautados se hallaron también diversos efectos que presuntamente emplearon para falsificar documentos oficiales.
Otro ejemplo más fue el caso del atropello de Torre Pacheco (Murcia), que la Guardia Civil ha calificado de atentado terrorista 20, ocurrido el pasado 17 de septiembre en el que fallecieron dos personas. De hecho, el presunto terrorista
habría dejado una carta asegurando que efectivamente se trataba de un atentado 21, y un testigo asegura haberle visto efectuar la 'oración de despedida' de los terroristas antes de cometer un ataque. Atendiendo a lo dispuesto en el atestado del
Instituto Armado, el autor material del atentado se inmoló con un cuchillo que se clavó en el corazón después de realizar el atropello.
Asimismo, la Audiencia Nacional también se encontraría investigando como atentado yihadista este atropello mortal. Así, a pesar de que las pesquisas se encuentran en este momento bajo secreto de sumario, sí se conocen algunos detalles de
los hechos. En particular, se trataría de un joven marroquí de 27 años, de nombre Abdellah Gmara, que llegó a España como Menor Extranjero No Acompañado (MENA) con 12 años en el año 2004 22.
17 ZULOAGA, J.M: 'Yihadistas infiltrados como inmigrantes', La Razón, 13/10/2018. Disponible [en línea]: https://www.larazon.es/espana/yihadistas-infiltrados-como-inmigrantes-BG20151022/.
18 https://www.elespanol.com/espana/20211014/lider-celula-yihadista-espana-patera-detenido-comprar/619189104_0.html.
19 Ibidem.
20 Disponible (en línea) en https://cadenaser.com/ser/2021/09/21/tribunales/1632232494_745291.html. Última visita realizada el 22 de septiembre a las 12:00 h.
21 https://www.eldiario.es/politica/carta-autor-atropello-murcia-quiero-justicia-islam-violaciones-asesinatos-telepaticos_1_8330749.html.
22 https://www.elmundo.es/espana/2021/09/27/6150c375fc6c835d078b45b7.html.
En concreto, los hechos acaecieron 'cuando el conductor de un vehículo arrolló a las personas que se encontraban en una terraza de la citada localidad y después empotró el coche, un Volkswagen Golf, contra una pared. Como consecuencia del
atropello, murió, además del conductor, un ciudadano de origen venezolano y otros cuatro resultaron heridos. Cuando algunas personas llegaron hasta donde estaban el conductor, vieron que estaba haciendo con los dedos los signos típicos de los
yihadistas antes de suicidarse y que se había clavado voluntariamente un cuchillo de grandes dimensiones a la altura del corazón. En su poder, se encontraron tres cartas en las que, tal y como ordena el Estado Islámico, dejaba claro que lo que
había hecho era un acto contra los 'infieles'. Había apoyado el cuchillo en el volante y había apretado el cuerpo hasta causarse la muerte 23.'
Cabe destacar que este atentado es el primero que se produce tras los atentados de 2017 en Cataluña. De hecho, 'Lo que parecía un atropello masivo como consecuencia de una discusión entre ciudadanos marroquíes ha resultado ser la acción
criminal de un actor, 'lobo' solitario, inspirado por el Estado Islámico 24.'
Otro caso paradigmático sería la detención el pasado 10 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife de E.M.C., reclamado por la Audiencia Nacional debido a su peligrosidad. El detenido destacaba por instrumentalizar sistemáticamente su
radicalismo yihadista para infligir un trato degradante hacia sus parejas. Otro caso sería la detención el pasado abril en Almería del yihadista británico Abdel Bari. Calificado como 'extremadamente peligroso' por la Policía Nacional. Bari llegó
a España procedente de Argelia a bordo de una patera 25. Cabe apuntar que a este individuo se lo arrestó cuando ya se encontraba alojado en una vivienda en Almería. Según fuentes policiales, Bari tenía intención de perpetrar atentados terroristas
en España.
Otro ejemplo de cómo los terroristas utilizan las redes de inmigración ilegal fueron los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, que provocaron 130 muertos. Al menos dos de los terroristas que perpetraron dicho acto barbárico habían
llegado a Europa como inmigrantes o refugiados 26.
Adicionalmente, cabe destacar que el 16 de octubre de 2020 la Policía Nacional desarticulaba una célula terrorista en Mogán, Gran Canaria 27.
Por su parte, resulta alarmante para España conocer la noticia de que Mali liberó hace unos meses de sus cárceles a 180 yihadistas como intercambio por la liberación del líder la oposición, Soumaila Ciss 28. Lo anterior resulta preocupante
si tenemos en cuenta que en torno al 13 % de los inmigrantes ilegales que llegan a nuestras costas proceden de este país. Por tanto, no sería descabellado pensar que alguno de esos 180 yihadistas liberados pudiera aprovechar el flujo migratorio
ilegal existente entre Mali y España para acceder a nuestro país con el objeto de perpetrar atentados terroristas.
De hecho, los fallos de que adolecen tanto España como la UE en materia migratoria ya fueron expuestos por el ex Presidente de la Comisión Europea Jean- Claude Juncker en su discurso sobre el Estado de la Unión del 13 de septiembre de 2017:
'Las personas que no tienen derecho a permanecer en Europa deben ser retornadas a sus países de origen. Cuando solo se retorna al 36 % de los inmigrantes irregulares, es evidente que debemos intensificar considerablemente nuestra labor [...].
Séptimo. Por último, la posición geográfica que ocupa el Reino de España, siendo frontera sur de la Unión Europea con el continente africano, inevitablemente ha favorecido que nos hayamos convertido en uno de los principales países destino
de los flujos migratorios ilegales. Así pues, no podemos obviar la realidad que sufre España y, por tanto, debemos actuar de inmediato.
De esta manera, la atrofia estratégica que vive nuestro país está fomentando las actuaciones -cada vez más agresivas- de nuestros vecinos del sur, dejando en una posición de debilidad a España para defender sus intereses intrínsecos, tales
como su integridad territorial, su soberanía y su seguridad. Por tanto, resulta urgente que España empiece a adoptar medidas efectivas contra aquellos países que están
23 Disponible (en línea) en https://www.larazon.es/espana/20210921/ianrbps7z5af5oi3hzhv6mlh5i.html. Última visita realizada el 22 de septiembre a las 12:00 h.
24 Ibídem.
25 FIGUEREDO, Enrique: 'El yihadista rapero detenido en Almería llegó a España a bordo de una patera', La Vanguardia, 22/04/2020. Disponible [en línea]:
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200422/48678085670/rapero-terrorista-detenido-almeria.html.
26 HERNÁNDEZ, Irene: 'Dos de los terroristas de París entraron en Europa a través de Grecia', El Mundo, 20/11/2015. Disponible [en línea]: https://www.elmundo.es/internacional/2015/11/20/564f6f10ca4741c56c8b458d.html.
27 https://www.canarias7.es/canarias/desmantelan-celula-yihadista-20201016150943-nt.html.
28 https://www.notimerica.com/politica/noticia-mali-mali-libera-180-yihadistas-supuesto-intercambio-prisioneros-20201005110443.html.
vulnerando nuestro Estado de derecho y lesionando nuestros derechos, como Marruecos, Argelia Túnez y Mauritania, los cuales no tienen ningún reparo en dejar salir de sus fronteras a los inmigrantes que entran de manera ilegal en nuestro país
-incumpliendo así los acuerdos firmados a tal efecto y por los que dichos países reciben cuantiosas sumas de dinero por parte de España-, así como tampoco reconocen ni aceptan devuelta a sus propios nacionales una vez que han sido identificados y se
ha acordado su expulsión de España por parte de las autoridades competentes.
Así pues, teniendo en cuenta las medidas que acaba de adoptar Francia a raíz de la negativa de estos países de aceptar de vuelta a sus nacionales una vez que se ha decretado su expulsión del país galo, este Grupo Parlamentario considera que
España debería emular a su país vecino y aliado en la adopción de estas medidas, de tal manera que se forme un bloque sólido de países europeos que adopten contramedidas contra estos países en tanto en cuanto persistan en incumplir los acuerdos
firmados, trasladando la presión migratoria directamente a esos Estados.
Al amparo de todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación, con el objeto de frenar la invasión migratoria, suspender la expedición o concesión de visados de entrada en España a todos los ciudadanos de países emisores de inmigración ilegal
como Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania, en tanto en cuanto estos países no readmitan en sus fronteras a todos los inmigrantes ilegales devueltos por España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2021.-Rocío de Meer Méndez, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Alberto Asarta
Cuevas y María Teresa López Álvarez, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003340
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D. Juan Carlos Segura Just, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª Inés María Cañizares Pacheco, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer y D. José María Figaredo
Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la promoción del reconocimiento público de la excelencia y profesionalidad de los empleados públicos de las Administraciones Públicas, para su discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes normativos.
La Constitución española de 1978 señala lo siguiente en su artículo 103.1:
'La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.'
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ('TREBEP'), contempla en el primer párrafo de su exposición de motivos de manera
cristalina uno de los objetivos esenciales de esta reforma en materia de función pública: '[...] mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la Administración'.
Asimismo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ('LRJSP') contempla entre sus principios generales el servicio efectivo a los ciudadanos y eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, entre otros.
Segundo. Concepto y características del derecho premial.
El derecho premial es una rama del ordenamiento jurídico dedicado a regular aquellos premios y condecoraciones destinadas a reconocer y aplaudir acciones meritorias y ejemplares:
'Así, el Derecho Premial, en su más amplio sentido, viene a ser la regulación de los premios, honores y distinciones que pueden recibir las personas sean físicas o jurídicas, por parte del Estado, las comunidades autónomas, instituciones,
organismos, entes o empresas y hasta en el mismo ámbito familiar, dentro de su total potestad de otorgar recompensas. Es, pues, como un Derecho de recompensas que premia la virtud y en el que concurren, en principio, unos méritos, unas personas
acreedoras a un premio por esos méritos y unas normativas que, en cada caso, regulan a quiénes, para qué y con qué premio. Asimismo, señalan quiénes pueden premiar si discrecionalmente lo creen oportuno' 29.
De esta manera, el derecho premial se caracteriza por ser un reconocimiento, mediante el otorgamiento de un galardón u honor previamente reglado en el ordenamiento jurídico. Igualmente, esta disciplina implica un incentivo, aunque no
necesariamente económico sino social por el prestigio que el mismo genera. Los premios, por tanto, suelen ser concedidos por razón de uno o varios méritos de carácter extraordinario, generalmente, pues 'premia valores, no bolsillos. Es un premio
de honor [...] un reconocimiento, no por lo conseguido de la sociedad sino por lo servido a la misma, por lo dado de sí mismo a los demás' 30.
Por otra parte, esta clase de distinciones honoríficas no ahondan en una supuesta discriminación injusta. Más bien, estimula a todos los españoles a destacar por su longanimidad y buen hacer con ejemplo frente a los demás, con lo que junto
al derecho penal se forma un tándem imprescindible a fin de promover en la sociedad conductas honradas y loables:
'Desde sus orígenes tanto la recompensa como la pena han estado íntimamente ligadas en el marco del derecho, una como castigo y otra como premio al comportamiento humano. Asimismo, se aprovecha para dar una llamada de atención a la
comunidad y se ponen como ejemplo al sancionado y al distinguido ante una sociedad para que no sigan el camino del primero y tomen como ejemplo al segundo' 31.
Tercero. La finalidad del derecho premial.
En el infrecuentemente estudiado derecho premial subyace una filosofía con una premisa básica presente en la humanidad desde tiempos inmemoriales: '[E]l premio o distinción es inherente a la condición humana [...] no puede ofrecerse
Servicios a la Comunidad si no hay estímulos' 32.
Según el académico D. Felio A. Vilarrubias, este derecho premial debería basarse, fundamentalmente, en una serie de principios de reconocimiento público con los que edificar un espíritu de generosidad y servicio en el conjunto de la sociedad
española. Dichos principios (servicio, fidelidad al bien público, ejemplaridad, saber, estímulo, gratuidad, honestidad, renuncia y generosidad para la comunidad social 33) no se encuentran tan alejados de los vigentes principios generales de las
Administraciones Públicas contemplados en el artículo 3.1 de la LRJSP, ni del código de conducta de los empleados públicos de los artículos 52 y siguientes del TREBEP.
Al fin y al cabo, en nuestra naturaleza humana hay un ánimo por involucrarnos en el bien de la comunidad. De esta manera, como seres sociales, las personas deberían mantener vivo en sus quehaceres un impulso superior de servicio a la
comunidad, amén del cumplimiento de sus responsabilidades y deberes más directos en su familia y organización profesional.
Por ello, el autor acertadamente concluye que el legislador debe ser consciente de esta faceta de nuestro ser e introducir en el ordenamiento jurídico mecanismos que valoren positivamente estas actitudes
29 RUBIO GORDO, P. - V. (2006), Derecho Premial. Madrid. Ediciones Protocolo, pág. 15-16.
30 RUBIO GORDO, P. - V. (2006), Derecho Premial. Madrid. Ediciones Protocolo, pág. 19.
31 PORTUGAL BUENO, M. del C. (2016), Guía de protocolo y derecho premial civil. Madrid. Editorial Síntesis, pág. 14.
32 VILARRUBIAS, F. A. (1980), Honores, distinciones y heráldica en las corporaciones locales. Madrid. Instituto de Estudios de Administración Local, pág. 22.
33 VILARRUBIAS, F. A. (1980), Honores, distinciones y heráldica en las corporaciones locales. Madrid. Instituto de Estudios de Administración Local, pág. 23.
caracterizadas por la excelencia profesional, su disposición perseverante a la mejora y el ánimo de servicio al bien común:
'[...] no puede en ningún caso desconocer tales realidades, inherentes a la propia naturaleza humana, y que se basa en incentivos y estímulos a la perfeccionabilidad del Servicio público, mediante el premio o reconocimiento de virtudes o
actos morales o cívicos que redundan en el Bien Público' 34.
Asimismo, la necesidad de premiar y reconocer con distinciones la buena labor, en grado excelente, en el ejercicio de unas funciones públicas responde a una cuestión intrínsecamente de justicia y no solo de estímulo:
'Este 'honor de servicio' debe ser el motor impulsor del Derecho premial y, por tanto, él debe dar lo suyo -o su derecho: ius suum- a cada uno. La virtud moral de la justicia radica en reconocer, en proclamar, lo justo en cada caso, sin
claudicaciones' 35.
Cuarto. Manifestaciones del derecho premial en el ordenamiento jurídico español.
El derecho premial tiene multitud de manifestaciones en todas las ramas de nuestro ordenamiento jurídico. Los galardones, distinciones y condecoraciones honoríficas más conocidos son, habitualmente, las de carácter civil, y están abiertas a
todos los españoles (y, en ocasiones, a extranjeros) como la Real Orden de Isabel la Católica 36, la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III 37 y la Orden del Mérito Civil 38, pero también existen otros reconocimientos públicos cuya esfera
de aplicación está más delimitada (militares y juristas, por ejemplo).
En el ámbito de las Administraciones Públicas, una manifestación indirecta de esta finalidad primordial de reconocimiento público se encuentra en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la
mejora de la calidad en la Administración General del Estado ('Real Decreto 951/2005').
El Real Decreto 951/2005 continúa la senda de su predecesor -el Real Decreto 1259/1999- en el impulso de las buenas prácticas administrativas con el objetivo de continuar mejorando las prestaciones de la AGE y la experiencia del administrado
en sus relaciones con esta. De esta manera, se presenta un marco general para la mejora de la calidad de la AGE mediante la definición de varios programas al respecto (Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los
usuarios de los servicios, Programa de cartas de servicios, Programa de quejas y sugerencias, Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones, Programa de reconocimiento y Programa del Observatorio de la Calidad de los Servicios
Públicos).
Es en el Programa de reconocimiento donde se presta especial atención a la necesidad de aportar a la mejora de la calidad y la innovación en la gestión pública en el ámbito de la AGE por medio del otorgamiento de galardones a instituciones
públicas que lo merezcan.
De esta forma, los artículos 22 a 25 del Real Decreto 951/2005 exponen la definición y características de dos subprogramas de reconocimiento, a saber:
1. El reconocimiento a la excelencia, consistente en '[...] la certificación, por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, de las organizaciones conforme a los modelos de gestión de calidad a los que se refiere el artículo 20 y la
concesión de un sello, según el nivel de excelencia comprobado'.
2. Los premios a la calidad e innovación en la gestión pública, centrados en '[...] reconocer y galardonar a las organizaciones públicas que se hayan distinguido en alguno de los siguientes ámbitos:
a) La excelencia de su rendimiento global por comparación a modelos de referencia reconocidos.
b) La innovación en la gestión de la información y del conocimiento, así como de las tecnologías.
c) La calidad e impacto de las iniciativas singulares de mejora implantadas'.
34 VILARRUBIAS, F. A. (1980), Honores, distinciones y heráldica en las corporaciones locales. Madrid. Instituto de Estudios de Administración Local., pág. 25.
35 VILARRUBIAS, F. A. (1980), Honores, distinciones y heráldica en las corporaciones locales. Madrid. Instituto de Estudios de Administración Local., pág. 25.
36 Real Decreto 2395/1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden de Isabel la Católica.
37 Real Decreto 1051/2002, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.
38 Real Decreto 2396/1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden del Mérito Civil.
Asimismo, merece la pena hacer mención a la Orden TFP/967/2019, de 18 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de reconocimiento del marco general para la mejora de la calidad en la Administración General
del Estado establecido por Real Decreto 951/2005, de 29 de julio ('Orden TFP/967/2019'), cuya redacción responde a la necesidad de convocatoria de los premios anteriormente señalados mediante orden ministerial, de acuerdo con el artículo 25.2 del
meritado Real Decreto 951/2005.
De esta manera, la Orden TFP/967/2019 dedica su articulado a aprobar las bases reguladoras de los dos subprogramas del Programa de Reconocimiento contenido en el capítulo VI del Real Decreto 951/2005 (Reconocimiento a la excelencia y los
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública). En los preceptos subsiguientes, la orden ministerial describe con profusión los criterios de valoración y concesión de los premios, así como los efectos de estos para los órganos
galardonados.
De la lectura de ambas normas se desprende una evidente conclusión: el reconocimiento al mérito y profesionalidad de estos premios se centra únicamente en las organizaciones, no en los empleados públicos. Por lo tanto, a fin de estimular
ese ánimo de altruismo y ejemplaridad, parece evidente la necesidad de impulsar distinciones concretas para los trabajadores públicos con la finalidad de rendir homenaje a aquellos que con sus desempeño extraordinario han contribuido notablemente a
los intereses generales de los españoles, dando así cumplimiento a la máxima consagrada en el artículo 103.1 CE.
En definitiva, se observa una ausencia de reconocimiento expreso a empleados públicos, por parte de las propias Administraciones Públicas, cuya labor, realizada con excelencia, profesionalidad y con una contribución extraordinaria al buen
desarrollo de las funciones del órgano administrativo donde desempeñan sus responsabilidades, genera una notable mejoría en la calidad del servicio a los ciudadanos. Es de justicia promover la creación de distintivos honoríficos y premios a las
buenas prácticas de los servidores públicos cuya indispensable labor protege y extiende el bienestar de los españoles y la buena fama de las Administraciones Públicas.
Quinto. El premio al desempeño excelente de los empleados públicos en el derecho comparado.
El reconocimiento y evaluación de los empleados al servicio de las Administraciones Públicas de los países de tradición occidental es amplio y diverso. En España, la legislación relativa a la función pública recoge la figura de la
evaluación del desempeño para medir y valorar la conducta profesional, así como el rendimiento o logro de resultados de cada uno de los empleados públicos, con efectos directos tanto a nivel retributivo como en la carrera profesional y la provisión
de puestos de trabajo 39. No obstante, este instrumento, de enorme utilidad para estimular la mejora constante de los empleados públicos, se encuentra aún pendiente de regulación y no está en vigor 40.
Con carácter general, el examen del cómo desarrollan los trabajadores públicos sus responsabilidades con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos está muy extendido a nivel europeo. Igualmente,
39 Artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:?'1.Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la
evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. 2.Los sistemas de evaluación del desempeño se
adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. 3.Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación
en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto. 4.La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por
concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada. 5.La aplicación de la
carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada
caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.'
40 Párrafo primero de la disposición final cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 'Lo establecido en los capítulos II y III
del título III, excepto el artículo 25.2, y en el capítulo III del título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto'.
es habitual encontrar los ordenamientos jurídicos occidentales premios a los funcionarios por su admirable desempeño, así:
- Alemania.
La actuación profesional y el ejercicio excelente de la responsabilidad, así como la evaluación, de los empleados públicos tiene efectos directos sobre su remuneración. Así, el § 27 del Bundesbesoldungsgesetz y su Sección 4 (§§ 42-51), la
normativa federal sobre los salarios de los servidores públicos, tienen en cuenta la evaluación para la fijación del salario base. Igualmente, el ordenamiento jurídico alemán contempla la concesión de un premio a la buena administración (Preis für
guíe Verwaltung) a los órganos, unidades y empleados públicos de todo el espacio germanoparlante 41.
- Italia.
Conviene destacar el Premio annuale per Vinnovazione, regulado por el artículo 22 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, el cual encarga a cada Administración Pública el establecimiento de un premio anual para la innovación para
los mejores proyectos con alto impacto en los servicios y organización interna de los empleados y los órganos administrativos. Igualmente, la norma regula otros premios a la calidad o excelencia, especialmente en sus artículos 21 (bonus anual de
excelencia) y 27 (premio de eficiencia).
- Portugal.
Dentro del Sistema de Incentivos á Inovagdo na Gestao Pública se han establecido varios premios para reconocer prácticas innovadoras en la gestión pública. Concretamente, la valorización de los recursos humanos, la mejora de los ambientes
de trabajo y el desarrollo de modelos de gestión. Se encuentran regulados por la Ordenanza n.° 186/2018, de 27 de junio. El artículo 5 señala como posibles candidatos a los premios al 'conjunto de directores y trabajadores de uno o más órganos,
servicios o unidades organizativas' de las Administraciones Públicas portuguesas.
- Australia.
La Public Service Medalu reconoce el servicio extraordinario de servidores públicos de cualquiera de los niveles administrativos del Estado australiano. Los criterios de concesión van desde la excelencia en el trato hacia los administrados
australianos y el desarrollo de políticas públicas de innovación de la gestión pública hasta el liderazgo de equipos y el logro de procesos internos más productivos y eficientes.
- Chile 42.
El Gobierno chileno otorga cada año, desde 2003, el Premio Anual por Excelencia Institucional (PAEI) 43 a los tres organismos públicos que destaquen por su buena gestión, eficiencia institucional, calidad de los servicios prestados y
políticas en recursos humanos. Uno de los efectos de este premio, contemplado en el artículo sexto de la Ley n.º 19.882, es un incentivo económico para los empleados públicos al servicio de las instituciones ganadoras.
Sexto. Conclusión.
Las Administraciones Públicas, en general, y la Administración General del Estado, en particular, deben caracterizarse por las máximas explicitadas en el artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978, esto es, '[...] los principios de
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho'.
Incardinado en el principio de eficiencia quedan englobadas todas las materias relacionadas con mejorar la calidad y promover la excelencia de los órganos administrativos y empleados públicos. Mientras las instituciones públicas cuentan ya
con programas de reconocimiento de aquellas prácticas beneficiosas para el interés general de los ciudadanos, los trabajadores públicos carecen de mecanismos de
41 https://www.verwaltungspreis.org/.
42 https://www.pmc.gov.au/government/its-honour/public-service-medal.
43 https://www.serviciocivil.cl/gestion-y-desarrollo-de-personas/premio/.
agradecimiento público y premios por su excelencia, profesionalidad y desempeño extraordinario en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.
Con el ánimo de profundizar en la vocación de servicio público de los empleados de las Administraciones Públicas, se antoja necesario impulsar distinciones concedidas periódicamente para aquellos empleados públicos cuyas responsabilidades
realizadas con extraordinaria laboriosidad y buenos resultados hayan generado un impacto positivo en el sector público o en la sociedad española.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promulgar un Real Decreto por medio del cual se cree una distinción, en forma de medalla, al objeto de premiar los méritos de excelencia profesional, adquiridos por el personal dependiente de
las Administraciones Públicas, que presten o hayan prestado servicios relevantes al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just, Inés María Cañizares Pacheco, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y
Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
'Proposición para la defensa del servicio postal de correos', para su debate en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En un contexto como el actual, el Servicio Postal Público prestado por Correos, juega un indudable y valioso papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal, internacional, autonómico,
provincial y, municipal. Lo hace atendiendo diariamente todas las localidades y municipios del Estado, garantizando la prestación del servicio postal público a la totalidad de los núcleos de población al margen de la rentabilidad económica.
Como muestra de su capacidad vertebradora y de cohesión territorial, el Correo público de nuestro país hace llegar los envíos postales a más de 8.000 municipios, 16 millones de hogares (familias), 3,2 millones de empresas (más de un 99 % son
pymes) y un total de 7.100 puntos de atención al ciudadano en el ámbito rural (carteros/as rurales y oficinas); para lo que se realizan más de 100.000 kilómetros diarios.
Los Servicios Postales, declarados durante el estado de alarma como servicios esenciales, son un elemento clave en la vida diaria de los municipios de la Comunitat Valenciana. Estos servicios contribuyen al desarrollo económico, facilitando
y dando accesibilidad a la ciudadanía, comercios, empresas y administraciones a un servicio a precio asequible y de calidad.
Sin embargo, el servicio público postal muestra un claro debilitamiento como consecuencia de las decisiones de la Dirección de Correos entre las que se encuentran el recorte de servicios rurales, la externalización de servicios, y el
trasvase de la actividad a otras empresas. Consecuentemente, los resultados económicos son negativos y debilitan el servicio público, afectando directamente al derecho de la ciudadanía a la recepción de correspondencia de forma accesible y
asequible, especialmente en los núcleos de población rurales o despoblados, quiénes no disfrutan en igualdad de condiciones el servicio público postal.
Asimismo, otra de las consecuencias es el recorte de contratación de personal que la empresa pública está llevando a cabo y que afecta a la calidad del servicio postal gravemente. Concretamente, Correos ha suprimido 700 puestos de trabajo
en la Provincia de Valéncia, 200 puestos de trabajo en la Provincia de Alacant y 150 puestos de trabajo en la Provincia de Castelló. Estas decisiones se han adoptado por la Dirección de Correos sin que, previamente, se haya consultado o informado
por vía alguna a las Diputaciones de Castelló, Valéncia y Alacant, a pesar de afectar directamente a los intereses de los ciudadanos/as.
Los datos expuestos son las plazas que faltan por cubrir de manera estructural o amortizada que han podido conocer los sindicatos CC.OO. y UGT, ya que la Dirección de Correos se ha negado a facilitar cualquier tipo de información al
respecto y a sentarse a dialogar con los sindicatos. Todo ello contradice la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal actual, que reconoce en el Artículo 8: 'Los usuarios
tendrán derecho a la prestación de un servicio postal universal de calidad prestado de forma permanente, en todo el territorio nacional y a precios asequibles.
El alcance y la prestación efectiva del servicio postal universal deberán responder a los principios de cohesión social y territorial, no discriminación por razón de cualquier circunstancia o condición personal, social o geográfica,
continuidad, eficacia y eficiencia en el servicio, y deberá adecuarse permanentemente a las condiciones técnicas, económicas, sociales y territoriales y a las necesidades de los usuarios, en particular en materia de densidad de puntos de acceso y de
accesibilidad a los mismos, sin menoscabo de su calidad.
[...] el Estado garantizará, mediante la designación de un operador y el establecimiento de medios y garantías suficientes, el adecuado cumplimiento de las obligaciones de servicio público del servicio postal universal'.
Por todo lo expuesto anteriormente, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio postal público:
1. Reforzar la financiación del servicio público postal en el próximo Plan de Prestación del Consejo de Ministros, que asegure un servicio de calidad para el conjunto de la ciudadanía y la cohesión social, económica y territorial.
2. Incluir a Correos en el reparto de los Fondos para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, dado su papel clave en la respuesta que la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19.
3. Actualizar y mantener las Oficinas auxiliares y Unidades de Reparto existentes en las zonas rurales, claves en la lucha contra la despoblación.
4. Reforzar la red de Correos ampliando el número de oficinas, unidades de reparto y centros de tratamiento, con el fin de lograr las condiciones óptimas de accesibilidad marcadas por la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal
universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal y la Directiva Postal Europea; con el fin de asegurar que toda la ciudadanía, incluida la de las zonas rurales, recibe su correspondencia cinco días a la semana como se encuentra
establecido en la Directiva Postal Europea.
5. Garantizar la cobertura de los puestos de trabajo estructurales necesarios para garantizar un servicio postal público de calidad.
6. Cumplir los parámetros de calidad establecidos por la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal y el Reglamento del Servicio Postal Universal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/003345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el proyecto de eliminación del paso a nivel que atraviesa O Porriño para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
A finales de 2020 se hacía público por ADIF la adjudicación del contrato para la redacción del estudio geotécnico, estudio de alternativas, proyecto básico y proyecto de construcción para la eliminación del paso a nivel que atraviesa y
divide el centro urbano de O Porriño. Así, el pasado mes de abril se tomaban muestras, y se hacían sondeos para redactar el citado proyecto.
Sin embargo, a pesar de estos avances para la supresión del paso a nivel, el proyecto que ha trascendido no sería suficiente en su extensión, sería necesario prolongar la plataforma propuesta por ADIF, incluyendo una distancia mínima en el
enterramiento de la Estación del Ferrocarril hacia el sur, de unos 600 o 700 metros soterrados.
Con esta ampliación más ambiciosa, se facilitaría la conexión del tramo urbano con la zona verde existente, al permitir el enterramiento del tren entre el paso a nivel y el Paseo do Rubio, un tramo de 600 m que permitiría comunicar el casco
urbano la zona fluvial, ganando para uso público una gran plataforma en superficie.
Consideramos por lo tanto imprescindible que el soterramiento contemple como mínimo este espacio para poder eliminar la barrera que supone a día de hoy la vía del tren en la comunicación entre el centro de O Porriño y el río, sin que pueda
aceptarse un proyecto que se limite a eliminar el paso a nivel, tal y como ha podido conocerse por la información hecha pública a los medios de comunicación.
La supresión del paso a nivel es una demanda histórica de O Porriño y no puede hipotecar su desarrollo urbano con una solución parcial. Una obra de esta importancia tiene que estar planificada teniendo en cuenta las necesidades del futuro.
El BNG apuesta por el desarrollo de la zona verde del río Rubio y su bosque de ribera como un pulmón que O Porriño precisa. Así, la concejalía de Urbanismo acaba de adquirir 20.000 m2 de terrenos en el entorno del río y ampliará una zona
verde y de ocio tan necesaria en el casco urbano y en la que queremos proyectar también nuevos equipamientos. Para todo ello es necesario la prolongación del tramo soterrado que permitiría una conexión con esa zona verde y dotacional.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Incorporar al Proyecto de construcción para la eliminación del paso a nivel que atraviesa y divide el centro urbano de O Porrino la necesaria prolongación de la plataforma incluyendo una distancia mínima hacia el sur de unos 600 o 700
metros soterrados, facilitando así la conexión del centro urbano con la zona verde existente y permitiendo ganar para uso público una gran plataforma en superficie.
2. Atender la demanda social histórica de eliminar el paso a nivel del centro urbano dando una solución de futuro para O Porrino que no hipoteque su desarrollo urbanístico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/003348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la implantación del pago de peajes en las autovías de titularidad estatal para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Después de ser anunciada hace meses por el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y motivo de posterior rectificación, en los últimos días tres responsables del Ministerio de Transportes, incluida la
actual Ministra, Raquel Sánchez, anunciaron la intención del Gobierno de implantar peajes en las autovías que entrarían en vigor a más tardar en el año 2024.
Para justificar esta medida, además de razones económicas (costes de mantenimiento) se esgrimen criterios ambientales, que tienen que ver con la transición energética y la 'desincentivación' del uso del vehículo privado.
No vamos a entrar en las razones de tipo económico; simplemente señalar que ese es un argumento que puede ser aplicado al conjunto de los servicios públicos y que en ellos el 'pago por uso' supondría una deriva hacia el neoliberalismo
extremo con consecuencias desastrosas para las mayorías sociales y los sectores más vulnerables.
En todo caso, en relación con las pretendidas razones ambientales, es evidente que no es posible 'desincentivar' el uso del vehículo privado si no existen alternativas adecuadas de transporte público que cubran las necesidades diarias de la
población y de la actividad económica, especialmente con medios eficaces y sostenibles como el ferrocarril.
Ese es el caso de Galiza, de forma que la implantación de peajes en las autovías representará una losa desde el punto de vista social y económico en un País con gran dependencia del vehículo particular y del transporte por carretera por no
poseer transportes públicos adecuados ni una red ferroviaria a la altura de las necesidades del siglo XXI, especialmente para el transporte de mercancías.
En esas condiciones, el pago por uso en todas las autovías tendría graves consecuencias negativas para nuestro país, sobre todo para las clases populares y para los costes de las actividades económicas, especialmente en un País que tiene una
ubicación geográfica periférica en la Península y en Europa.
Más grave aún si tenemos en cuenta que, desde que el pasado 1 de setiembre se liberasen de peaje más de 500 km en Cataluña y Aragón, Galiza es la comunidad autónoma del Estado español con más kilómetros de autopistas de peaje (331) y dos de
las 3 autopistas estatales con concesiones de larga duración (AP-9 y AP-53) están en nuestro País.
Además, tendrían el efecto de aumentar el tránsito en las vías convencionales, ya en muchos casos colapsadas y donde se producen la mayoría de los accidentes con resultado de muerte. Esto es especialmente preocupante en Galiza por las
características de nuestro hábitat y la configuración de nuestra red viaria convencional mayoritariamente rodeada de viviendas y actividades.
Entendemos que es fundamental evaluar las consecuencias del desplazamiento de la movilidad de las autovías a la red convencional, particularmente en relación con los costes sociales que puede implicar. Reducir el número de accidentes y de
fallecimientos por violencia viaria debe ser un objetivo prioritario. Los peajes en las autovías tendrían sin duda el efecto contrario: mayor coste en vidas humanas y también mayor coste en gasto sanitario y social.Por lo tanto, está claro que,
sin alternativas previas de movilidad eficiente y sostenible, implantar peajes en las autovías no es una medida ecológica, es simplemente antisocial y antigalega. Los ricos siempre podrán pagar las autovías. Los peajes van a grabar a las clases
populares e implicar un sobrecoste para las empresas gallegas que continuarían perdiendo competitividad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Abandonar el proyecto anunciado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de implantar el cobro de peajes en las autovías de titularidad estatal.
2. Incrementar los recursos e inversiones para la mejora de la red ferroviaria y demás transportes públicos que sirvan de verdadera alternativa de movilidad y permitan desincentivar el uso del vehículo privado.
3. Impulsar una red de transporte ferroviario de mercancías moderna y competitiva.
4. Implantar el servicio de cercanías ferroviarias en todas las áreas metropolitanas de Galiza y en todas las Comunidades Autónomas que aún carezcan del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/003357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre el impulso de la construcción de viviendas en alquiler social, para su debate
en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos tienen la obligación constitucional de dar contenido a dicho derecho. Todos los expertos y agentes
sociales especializados en materia de vivienda, todas las fuerzas políticas y todas las Administraciones coinciden en que uno de los instrumentos más eficaces para caminar en esta dirección es el de la promoción de un parque de vivienda social. Y,
sin embargo, todos los estudios apuntan a que este es muy escaso en nuestro país.
Según el estudio más completo realizado hasta la fecha -informe de 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo sobre la vivienda social en España-, que repasa su evolución en los últimos 40 años, el parque de vivienda social de titularidad
pública existente en nuestro país está situado en torno a las 290000 viviendas, 180000 en manos de las comunidades autónomas y 110000, aproximadamente, en manos de los ayuntamientos. Se trata de una cifra muy distante de la de otros países de la
Unión Europea: mientras en nuestro país la vivienda social en alquiler supone aproximadamente el 2,5 % del parque de viviendas, en países como Holanda o Dinamarca este porcentaje alcanza el 30 %. La media de la Unión Europea es superior al 9 %.
La razón a este desequilibrio hay que encontrarla, entre otras cosas, en que la inversión en vivienda protegida en España, a lo largo de las últimas décadas, se ha destinado principalmente a la compraventa. De esta manera, se contabilizan
2,3 millones de viviendas protegidas construidas en el periodo que va entre 1981 y 2019, pero como tales viviendas protegidas han sido destinadas mayoritariamente a la venta en estos momentos solo un porcentaje muy minoritario de las mismas está a
disposición de las administraciones públicas. Y la tendencia sigue. Según los datos que maneja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en los últimos cinco años se han construido 36.009 viviendas protegidas, pero de ellas solo
4.793 estaban destinadas al arrendamiento, únicamente el 13.3 % del total.
Por tanto, pese a que todos los organismos coinciden en que es un instrumento importantísimo, la realidad es que la vivienda social en alquiler constituye un instrumento de política de vivienda escasamente desarrollado en España, en
contraste con los principales países europeos. Esta situación debe ser corregida. Un parque público de vivienda de alquiler es un elemento imprescindible para contribuir a garantizar que todos, y especialmente los más vulnerables, van a poder
acceder y disfrutar del derecho a la vivienda que les reconoce la Constitución, y de esta manera van a poder desarrollar su proyecto de vida.
El Gobierno ha iniciado este camino, a través de la puesta en marcha e impulso del Plan de viviendas para alquiler asequible, cuyo objetivo se sitúa en impulsar la promoción en torno a 100.000 viviendas de alquiler social.
El Plan cuenta con dos ejes de trabajo. El primero, basado en la acción directa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la creación de un parque público de vivienda social, contribuirá a crear 44.000 viviendas en
total. 4.769 viviendas, financiadas con el Plan Estatal de Vivienda en colaboración con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Alrededor de 7.623 viviendas, fruto de convenios con entidades Locales. En torno a 11.608 viviendas impulsadas por el
Ministerio en colaboración con SEPES en suelos del Estado, mediante la licitación de derechos de superficie para entidades privadas
que construirán y gestionarán las viviendas con rentas tasada. Y, por último, una estimación de 20.000 viviendas con cargo a 1.000 millones de euros recogidos en el componente 2 (Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana) del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a un programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
El segundo eje consiste en la colaboración público-privada para la creación de un fondo social de unas 56.000 viviendas, que se divide en tres líneas de trabajo. El incremento del Fondo social de vivienda actual acordado con las entidades
financieras en un 10 % más, por lo que alcanzará la cifra de 11.000 viviendas. La colaboración con la SAREB para poder alcanzar una cifra de puesta a disposición de 15.000 viviendas a Comunidades Autónomas y ayuntamientos para su alquiler social,
de acuerdo con el Protocolo que firmó el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana el pasado 17 de febrero de 2021. Y la colaboración con entidades gestoras de vivienda en alquiler para la disposición de un porcentaje significativo de su
parque de vivienda para el alquiler asequible y social, pudiendo llegar hasta 30.000 viviendas.
Se trata de un plan ambicioso, pero absolutamente necesario. Por ello, es urgente que tanto los agentes privados como todas las Administraciones, sobre todo las CCAA - competentes en la materia-, contribuyan a su desarrollo y que el
Gobierno lo lidere, fijándolo como una de sus máximas prioridades de la legislatura.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con las CCAA, establezca diferentes acciones encaminadas al impulso de la promoción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, con objeto de
incrementar las infraestructuras de vivienda al servicio de las políticas públicas de vivienda, en terrenos de titularidad pública o privada, favoreciendo la aplicación de mecanismos público-privados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2021.-Eva Bravo Barco, Diputada.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para instar al Gobierno al fomento de Programas Educativos específicos de Inteligencia Emocional, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La definición de inteligencia está vinculada a la capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Es posible distinguir entre diversos tipos de inteligencia, según las habilidades que entran en juego. En
cualquier caso, la inteligencia aparece relacionada con la capacidad de entender y elaborar información para usarla de manera adecuada, lo que la vincula directamente con las emociones como algo intrínseco a nuestro comportamiento y actividad mental
que nos ayudan a comprender cómo somos y cómo son las demás personas que nos rodean. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que
seguimos.
Tradicionalmente en el mundo educativo, el grado de inteligencia ha sido un referente de éxito académico, de tal modo que durante muchos años se pensaba que aquel alumnado que tenía mayor cociente intelectual y mejores calificaciones
académicas era el que conseguía éxito personal y profesional,
pero diversos estudios internacionales concluyen que la inteligencia académica no es suficiente y que es imprescindible la inteligencia emocional para lograr éxito en la vida personal, social y profesional.
El concepto de inteligencia emocional hace referencia a la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos. La persona, por tanto, es inteligente (hábil) para el manejo de los sentimientos. La inteligencia emocional implica
cinco capacidades básicas: conocer las propias emociones y sentimientos, al mismo tiempo que las causas y sus efectos, capacidad para controlar las emociones, adecuándolas a cada momento sin sentirse arrastrados por estas, capacidad para generar
motivaciones propias, disfrutando de las tareas que realizamos, reconocer las emociones ajenas, tener empatía, escuchar activamente y comprender la perspectiva del otro y gestionar las relaciones personales para que sean adecuadas en cada momento.
La crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba nuestras emociones y la manera de gestionarlas en todos los ámbitos de nuestra vida. La falta de capacidad de adaptación ha generado muchos
problemas de salud mental en la población que aún estamos valorando, pero también hemos comprobado cómo las personas, las empresas, los organismos o el Gobierno con capacidad de resiliencia, aquellas que han asumido lo que está sucediendo y buscan
las oportunidades que se crean, innovando y tomando decisiones, han salido adelante. Y está claro que esa toma de decisiones ha dependido de la inteligencia emocional de las personas, dirigentes o autoridades que están a cargo, pero esta capacidad
de manejar las emociones no se adquiere de un día para otro, requiere de un proceso educativo y de un constante entrenamiento a lo largo de la vida.
Los centros educativos, las relaciones entre iguales y la familia son los contextos cotidianos en los que se mueve a diario nuestro alumnado y en ellos la inteligencia emocional cobra especial importancia para que su aprendizaje sea el
adecuado a los retos y desafíos del siglo en el que vivimos, por ello, el aprendizaje de las cinco capacidades que componen la inteligencia emocional, han de convertirse en objetivo prioritario dentro de nuestro sistema educativo.
La Comisión Europea Insta a los Gobiernos de la Unión Europea (UE) a que introduzcan la enseñanza y el aprendizaje de competencias clave en sus estrategias de aprendizaje permanente. La Recomendación 2006/962/EC identifica ocho competencias
clave que son esenciales para toda persona dentro de la sociedad del conocimiento, de las cuales tres tienen conexión directa con la inteligencia emocional, aprender a aprender como la habilidad que debe adquirir el alumnado para gestionar su propio
aprendizaje de una manera eficaz, competencia social y cívica como la habilidad que les permite participar de manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional y su compromiso con la participación activa y democrática, y la conciencia y
expresión culturales como la habilidad para apreciar la importancia creativa de las ideas, las experiencias y las emociones a través de distintos medios.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ya en su Preámbulo pone especial atención a la educación emocional, reflejando más tarde en el articulado de cada una de
las etapas educativas, desde la Educación Infantil hasta los Ciclos Formativos Profesionales, la necesidad de que se trabaje dentro de las aulas de manera transversal a las distintas áreas, materias y ámbitos generando experiencias de aprendizaje
emocionalmente positivas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y conforme a la normativa vigente, la educación emocional en
el currículo de todas las etapas educativas y promover actuaciones de formación tanto para el profesorado como para el resto para la comunidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2021.-María Luz Martínez Seijo y Maribel García López, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de una Ley de Enseñanzas Artísticas para su
debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, prevé que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la misma, el Gobierno,
previa consulta a las comunidades autónomas, al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y oído el Consejo de Universidades, presentará una propuesta normativa para la regulación de las condiciones básicas para la organización de las enseñanzas
artísticas superiores previstas en el artículo 58, además de las que se refieren a las titulaciones y requisitos del profesorado derivados de las condiciones de inserción de estas enseñanzas en el marco de la educación superior. Además, el Gobierno
incluirá en dicha propuesta la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales y su relación con el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
En la LOMLOE, no obstante, no se especifica en ningún momento si la normativa de regulación deberá ser de carácter reglamentario o un proyecto legislativo. Aunque por el tenor de la disposición se pudiera entender que se refiere a un
desarrollo reglamentario, lo cierto es que la propia ministra de Educación, Pilar Alegría, informó en septiembre de la intención de su departamento de desarrollar una Ley de Enseñanzas Artísticas, de la que se llega a afirmar que existe ya un
borrador.
Sin embargo, el contenido de ese borrador, de existir, no ha trascendido al público. Dado que el plazo para dar cumplimiento al mandato de la Disposición Adicional Novena de la LOMLOE finaliza en enero de 2023, y teniendo en cuenta de que
no consta el contenido de borrador alguno, ni mucho menos anteproyecto de Ley que se pueda someter a información pública, nos hace temer que no se pueda presentar a tiempo dicha norma.
Es innegable el papel fundamental que tienen las enseñanzas artísticas en nuestra sociedad. Por desgracia, también es innegable que su regulación adolece de infinidad de carencias que impiden que estudiantes y profesionales puedan
desarrollar unas carreras dignas y competir en igualdad de condiciones con el resto de países de nuestro entorno. España puede y debe convertirse en un país de referencia en enseñanzas artísticas y, para ello, es necesario una reforma ambiciosa del
sistema que reconozca su enorme valor social, tanto por el intrínseco valor cultural del arte como por la actividad económica que en torno a él se genera, y que siente las bases adecuadas para la captación de talento nacional y extranjero y
garantice a los estudiantes de enseñanzas artísticas una formación de calidad en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes de enseñanzas superiores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar los trabajos en el seno del Ministerio de Educación y Formación profesional para, en colaboración con el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Cultura y Deporte, presenten
ante las Cortes Generales a la mayor brevedad, y en cualquier caso antes de enero de 2023, un proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar la presencia de las mujeres y sus aportaciones en el currículo, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La educación es un acto y un proceso, mediante el cual las generaciones adultas proporcionan a las generaciones futuras la oportunidad de conocer y apropiarse de los ideales, la identidad, los valores, las costumbres, los conocimientos y las
creencias (toda la cultura) de la sociedad en que viven (Bazdresch, 1998) y para que este proceso sea efectivo y auténtico es absolutamente necesario que haya referentes válidos tanto femeninos como masculinos.
No debemos pensar que ya está todo hecho, desde los modelos educativos actuales se transmiten modelos antiguos muchas veces sin que nadie sea consciente de ello (Marina Subirats, 2017). Educar en igualdad desde las edades más tempranas
repercute en la manera que tendrán las niñas y niños de ver, entender y posicionarse en la vida en este momento y en el futuro.
Nuestro país ha dado muchos pasos en materia de igualdad, pero hay que fortalecer la educación con perspectiva de género. El Currículo clásico no toma en consideración las aportaciones de las mujeres a la historia del pensamiento, de la
cultura o de la ciencia occidental. Cuesta encontrar referentes femeninos en todas y cada una de las disciplinas curriculares y se omite la historia del feminismo en los currículos.
Un estudio realizado por la Universidad de Valencia indica que apenas hay un 7,6 % de presencia femenina en los libros de texto, constituyendo uno de los mecanismos más activos de deslegitimación social de las mujeres.
La plataforma por una filosofía coeducativa pone de manifiesto, que no es posible transmitir los ideales de la ilustración, los pilares de la democracia o del movimiento por los derechos humanos sin nombrar la lucha de las mujeres por la
igualdad de derechos o el movimiento sufragista.
Si como sociedad no somos capaces de reconocer las contribuciones culturales, y no le concedemos el valor social que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia, estamos negando nuestro papel de sujeto protagonista de la cultura, de
la ciencia y de la historia, perpetuando una sociedad androcéntrica transmitida de generación en generación dentro del sistema educativo como base estructural de las desigualdades sociales de género.
El Proyecto 'El Legado de las mujeres: nuestro patrimonio cultural para la igualdad' de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana es claro en este sentido, cuando omitimos a las mujeres a lo largo del
currículo, omitimos sus aportaciones culturales y evitamos concederle valor social y esto favorece y alimenta discriminaciones que van desde la violencia de género, al techo de cristal o la brecha de género digital y educativa, porque hay una
transmisión cultural fallida y dejamos de educar en igualdad de oportunidades.
Por otro lado, un estudio de las universidades de New York, lllinois y Princeton, publicado en la revista científica Science en 2017 concluye, que a partir de los seis años las niñas se perciben menos inteligentes que sus compañeros niños.
Y entre otras razones ocurre porque las niñas no tienen referentes reales constantes y cercanos en los libros de texto y en el currículo implantado en las aulas, dejando a generaciones enteras de mujeres, sin referentes válidos que las ayuden a
empoderarse, a definir su identidad, a decidir qué quieren hacer y ser en el futuro.
El compromiso de las y los socialistas con la igualdad es histórico y con esta iniciativa queremos recuperar el patrimonio cultural y científico de las mujeres en la educación española, es así como podemos corregir las desigualdades sociales
de género en esta generación y en las futuras. El legado cultural que transmitimos nunca será válido si omitimos al 55 % de la población y nuestras niñas y niños seguirán educándose en desigualdad.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres señala la importancia del sistema educativo para erradicar la discriminación por sexo y para consolidar una sociedad justa donde mujeres y hombres tengan
las mismas oportunidades. Además, establece diferentes acciones a nivel educativo para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. Art. 23: 'El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres'. El Art. 24 en lo referente al ámbito educativo plantea: 'c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y
programas para la formación inicial y permanente del profesorado. f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia'.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) Entre los fines de la educación y en todas las etapas educativas, se resaltan el pleno desarrollo de la
personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual,
así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas.
Con los cambios curriculares que se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOMLOE) estamos ante una oportunidad única de conseguir que, ahora más que nunca, la educación sea el principal pilar de nuestra sociedad para garantizar la igualdad de oportunidades de toda la población, la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas a impulsar en el currículo la presencia de las mujeres y las aportaciones
realizadas en sus respectivos ámbitos, garantizando una educación con perspectiva de género, a través de las modificaciones que actualmente se están llevando a cabo en los distintos reales decretos de enseñanzas mínimas de todos los niveles
educativos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-María Luz Martínez Seijo y Maribel García López, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío de Meer Méndez, D. Juan José Aizcorbe Torra, D.ª María Teresa López Álvarez, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor Manuel
Sánchez del Real, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez y D. Agustín Rosety Fernández de Castro en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de lo establecido en los artículos
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley relativa al traslado de los ciudadanos afganos evacuados en situación de tránsito en España a terceros países seguros, culturalmente
más cercanos a Afganistán, donde puedan obtener la condición de refugiados y mayores garantías de integración, para su discusión en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. Como consecuencia de la salida masiva de afganos provocada por el cambio de Gobierno en Afganistán, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha coordinado un dispositivo de actuación, en el marco de la operación
'Antígona-Afganistán' y en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ministerio de Defensa, para crear lo que han denominado una 'Instalación Provisional de Tránsito (IPT)' que reciba y atienda provisionalmente a los afganos
evacuados por España en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Mediante este mecanismo irán llegando a España los ciudadanos de Afganistán que hayan colaborado con la Unión Europea y el personal que haya estado al servicio de las instituciones europeas. Aunque la IPT tendría una capacidad para recibir
a 800 personas, la cifra ha aumentado considerablemente. Los
afganos, en principio, permanecerían en el 'H u b' un máximo de 72 horas antes de entrar en el sistema de acogida español o de la Unión Europea. Sin embargo, la Comisión Europea reconoce que no tiene un plan para reubicar a los
colaboradores afganos de las instituciones europeas evacuados por España. Esto podría aumentar el tiempo máximo de estancia de los afganos en el espacio creado para su recepción y atención provisional, lo cual, unido a la incertidumbre de su
situación, acarrearía problemas de toda índole tanto para los ciudadanos españoles como para los propios ciudadanos afganos en tránsito.
Se hace por ello indispensable que el Gobierno de España y, en particular, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, lideren, para la protección de sus nacionales y
la de los propios ciudadanos afganos evacuados, a la mayor prontitud y con la mayor celeridad, una operación logística de traslados que promueva y garantice la concesión de la condición de refugiados a los ciudadanos afganos en situación de tránsito
en España por parte de países que, por razones de cercanía cultural, ofrezcan mayores garantías de cara a la efectiva integración de los ciudadanos afganos en los países de destino; objetivo de cara a ofrecerles lazos de pertenencia más estrechos y
perspectivas de futuro mejores que los que España o los países de la UE les pueden ofrecer.
Segundo. Lo que aquí se plantea tiene su adecuación en el propio ordenamiento jurídico comunitario y en el español en virtud del Reglamento (UE) n.º 604/20131 44, de aplicación directa en España 45. En particular, el artículo 3.3 de dicho
Reglamento, en relación con los principios generales y garantías aplicables al procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional, prevé que: 'Todo Estado miembro conservará la posibilidad de enviar a un solicitante a un tercer
país seguro, de conformidad con las normas y garantías establecidas en la Directiva 2013/32/UE'.
En efecto, es la Directiva 2013/ 32/ UE 46 la que regula la noción de 'tercer país seguro', permitiendo, a través de esta figura, que un Estado miembro considere inadmisible una solicitud de protección internacional y, sin entrar a decidir
sobre el fondo de la solicitud, envíe al solicitante de asilo a un tercer Estado al que considera un país seguro para el solicitante de protección internacional, haciendo recaer así sobre aquel tercer país considerado seguro la responsabilidad de la
tramitación y del examen de la solicitud de protección internacional, así como de acoger al solicitante.
Para el ejercicio de esta posibilidad, el artículo 38.1 de la Directiva establece que: 'Los Estados miembros solo podrán aplicar el concepto de tercer país seguro cuando las autoridades competentes tengan la certeza de que el solicitante de
protección internacional recibirá en el tercer país un trato conforme a los siguientes principios:
a) su vida o su libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política;
b) no hay riesgo de daños graves tal como se definen en la Directiva 2011/95/UE;
c) se respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra;
d) se respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho de no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en el Derecho internacional;
e) existe la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra.'
Se tratará, en definitiva, de asegurarse de que el traslado de un solicitante de asilo a un tercer país, considerado como seguro para el solicitante de protección internacional, descanse en el efectivo respeto de los derechos humanos, de
acuerdo con lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950, y ratificado por España el 4 de octubre de 1979, tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en
la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, por el que se aprueba el Estatuto del Refugiado, y ratificada por España el 12 de noviembre de 1978.
Por consiguiente, ello se concretará, en la práctica, en la necesidad de realizar el debido examen, antes de proceder a la expulsión del solicitante de protección internacional, tanto de las circunstancias
44 Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida.
45 El artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la UE señala que 'El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro'.
46 Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional.
imperantes en un determinado Estado al que se considera tercer país seguro, como de las circunstancias concretas del solicitante de asilo, a fin de valorar adecuadamente la seguridad de aquel tercer país para una determinada persona en un
momento dado, prestando especial atención a que aquel podrá solicitar asilo en ese país, y a que su vida y su integridad física no se verán amenazados, ni el principio de no devolución menoscabado.
La legislación española, por su parte, contempla también la noción de tercer país seguro como circunstancia para la no admisión de solicitudes presentadas dentro del territorio español por falta de requisitos. Así, el artículo 20.1, d) de
la Ley de Asilo 47 dispone que '1. El Ministro del Interior, a propuesta de la Oficina de Asilo y Refugio, podrá, mediante resolución motivada, no admitir a trámite las solicitudes cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
(...).
- Por falta de requisitos:
(...).
d. (...) Para la aplicación del concepto de tercer país seguro, también podrá requerirse la existencia de una relación entre el solicitante de asilo y el tercer país de que se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese
país'.
En efecto, esta disposición, además de exigir los mismos principios establecidos en el art. 38.1 de la Directiva para aplicar el concepto de tercer país seguro a un Estado, requiere también para su aplicación una relación entre el
solicitante y el tercer país en cuestión 'por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese país', tal y como permite el artículo 38.2, letra a) de la Directiva: 'La aplicación del concepto de tercer país seguro estará sujeta a las
disposiciones previstas en el Derecho nacional, entre ellas:
a) Normas que requieran una relación entre el solicitante y el tercer país de que se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese país'.
Y, precisamente, este requisito adicional a los del artículo 38.1 de la Directiva previsto por la legislación española quedaría debidamente satisfecho por la existencia de una relación de proximidad cultural y geográfica, de cara a la
adecuada integración del solicitante de protección internacional en el país de acogida, que aquí se defiende.
Por consiguiente, queda claro que no existe impedimento legal en materializar lo que aquí se plantea.
Tercero. En relación con lo anterior, de cara a considerar un tercer país como seguro y examinar la situación general en materia de derechos humanos en dicho Estado, debe tenerse en cuenta, aunque ello no sea preceptivo, que muchos de los
países geográfica y culturalmente más próximos a Afganistán de lo que es España son países firmantes de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 48 -máximo exponente de la figura del 'refugiado' junto con el Protocolo
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, del que son parte también casi la totalidad de firmantes de la citada Convención-. Por consiguiente, se trataría de países comprometidos, desde el punto de vista del Derecho Internacional 49, con la
acogida de refugiados.
La aplicación de la Convención por parte de España no se vería menoscabada, por tanto, por el ejercicio de traslados de los solicitantes afganos a estos otros Estados que ofrezcan mayores y mejores perspectivas de integración por su
proximidad cultural y geográfica. Es más, su aplicación se vería enriquecida y complementada por medio del ejercicio de las relaciones diplomáticas entre España y esos países, guiadas siempre por la búsqueda del bien común, la protección de los
españoles y la de los propios afganos, al ofrecerles países de destino con mejor adecuación a las necesidades y al bienestar de los ciudadanos que huyen de Afganistán, mejorando sus perspectivas de futuro.
47 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
48 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados Adoptada en Ginebra (Suiza), el 28 de julio de 1951, por la Conferencia de Plenipotenciarios, sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la
Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950.
49 Este instrumento internacional histórico se caracteriza por determinar las bases de la figura del 'refugiado' y sentar unos mínimos, siempre complementada por el resto de los instrumentos internacionales posteriores y también por la
legislación nacional de cada Estado.
En particular, el artículo 36 de la Convención prevé que 'Los Estados Contratantes comunicarán al secretario general de las Naciones Unidas el texto de las leyes y de los reglamentos que promulgaren para garantizar la aplicación de esta
Convención'. Por ello, llegado el momento, España comunicaría cualquier instrumento o acuerdo bilateral que alcanzase para llevar a cabo el traslado de los afganos solicitantes de asilo y refugio a estos países culturalmente más cercanos .
Con carácter general, para realizar una evaluación de las circunstancias imperantes en materia de derechos humanos y seguridad nacional en el tercer Estado de destino y poder considerarlo un tercer país seguro, será relevante la información
procedente de fuentes nacionales de aquel país, así como de otras fuentes fiables y objetivas como son, por ejemplo, otros Estados, terceros Estados, organizaciones gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas y ONG acreditadas dedicadas al
trabajo de campo.
En este sentido, debe tenerse en cuenta también que varios Estados miembros de la UE 50 han aprobado listas nacionales de 'países de origen seguros', otra de las nociones contempladas en la Directiva -y también por la Ley de Asilo- que
permite a un Estado miembro la tramitación de una solicitud de protección internacional de un nacional de un país de origen considerado seguro a través de un procedimiento acelerado, de cara a su repatriación, por considerarla una solicitud
manifiestamente infundada. Y, en efecto, entre los principales países de origen considerados como seguros por dichos Estados miembros se encuentran ya reconocidos como tales algunos países 51 cultural y geográficamente más próximos a Afganistán que
España u otros países comunitarios y ello debería tomarse también como referencia a la hora de valorar a un Estado como tercer país seguro de cara al traslado de los ciudadanos afganos.
Finalmente, aunque España no tiene aprobada una lista de países de origen seguros que pudiera servir de referencia directa a la noción de tercer país seguro, sí deben tenerse en cuenta sus importantes relaciones de cooperación en materia
migratoria con Estados musulmanes como Marruecos o Argelia, a los que ya está considerando, en la práctica, terceros países seguros. Y lo mismo podría decirse de las relaciones de la UE con Turquía, cuya consideración en la práctica como tercer
país seguro podría también tomarse como referencia válida a estos efectos.
Cuarto. En efecto, el criterio decisivo en todo proceso migratorio para que la recepción de refugiados pueda considerarse exitosa y conduzca al arraigo, debe ser la integración de la persona interesada en el país de acogida. En este
sentido, es evidente que la base definitoria de la integración pivota en torno a los sentidos de identidad y de pertenencia. 'La integración consiste en constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo
pase a formar parte de un todo. Denota un sentido de pertenencia al todo o a una parte y desarrolla un sentido de identidad' 52. Y que, a su vez, los sentidos de identidad y de pertenencia dependerán fundamentalmente de la identificación cultural.
Por consiguiente, la viabilidad y el éxito de la integración vendrá determinada por la cercanía y la compatibilidad cultural y, en cambio, la distancia cultural será un factor decisivo en el fracaso de la integración -con las graves
consecuencias para la convivencia que ello supondría-.
En este sentido, en la República Islámica de Afganistán, la práctica totalidad de la población es creyente (el 99,8 %) y la religión mayoritaria es el islam, con un 99,56 % de personas que lo profesan. Por lo tanto, sus 38.055.000
habitantes forman parte casi íntegramente de la comunidad musulmana mundial, formada por 1.800 millones de personas -según refirió en 2011 el Centro de Investigaciones Pew.
Desde este punto de vista, existen numerosos países confesionales musulmanes, o, siendo estados laicos, países de población mayoritariamente musulmana, que tienen mayor afinidad cultural con Afganistán y están geográficamente más próximos a
este país de lo que lo está España. Factores tales como la lengua, la historia, las leyes, las tradiciones y las costumbres, los hábitos, las formas y las relaciones de convivencia y, en última instancia, la religión ampliamente profesada en
Afganistán, avalan este argumento.
Quinto. En conclusión, sin perjuicio del análisis y de la posibilidad de su aplicación caso por caso, la existencia de la posibilidad y de los principios que aquí se plantean ponen de manifiesto que, por las razones expresadas, existen, en
terceros países seguros más próximos culturalmente a Afganistán, mayores y mejores posibilidades de integración real y efectiva, conducente al arraigo, de los ciudadanos afganos evacuados que las que les pueda brindar España.
50 Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Estonia, Países Bajos, Italia o Grecia.
51 Por ejemplo, Argelia, Marruecos, Túnez, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Senegal, Gambia, Bangladés, Pakistán o Nigeria.
52 https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMjAwMTI7Wy1KLizPw8WyMDQ3MDEOOwOGZapUt-ckh1QaptWmTOcSoA3IOOzUAAAA=WKE
El ordenamiento jurídico ofrece herramientas y mecanismos suficientes para poder llevar a cabo lo que aquí se propone y trasladar a los solicitantes de asilo y refugio a países con una mayor cercanía cultural, geográfica y lingüística que
garanticen el éxito de su integración en la comunidad mediante el desarrollo de un sentido de identidad y de pertenencia que posibiliten el arraigo.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las actuaciones necesarias para, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, en la Directiva
2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, y en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, proceder al traslado de los ciudadanos afganos evacuados y en situación
de tránsito en España a terceros países seguros, culturalmente más cercanos a Afganistán, donde puedan obtener la condición de refugiados y mayores garantías de integración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2021.-Víctor González Coello de Portugal, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real, Alberto Asarta Cuevas,
Emilio Jesús del Valle Rodríguez y María Teresa López Álvarez, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/003360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para incentivar la contratación de
los empleados y empleadas del hogar para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El salario mínimo interprofesional ha subido más de un 30 % en tres años. El año 2019 se incrementó un 22,3 % para fijarlo en 900 euros, en 2020 subió un 5,5 % hasta alcanzar los 950 euros mensuales y en septiembre de 2021 se ha
incrementado hasta los 965 euros en 14 pagas.
Estos incrementos suscitan una reflexión en lo que respecta a cómo ha afectado este incremento del salario mínimo interprofesional a las empleadas del hogar (en su inmensa mayoría son mujeres) y a las familias.
Muchas familias para poder trabajar y conciliar necesitan contratar a una tercera persona que les ayude con la casa o con el cuidado de niños, mayores o personas dependientes. De lo contrario, no podrían trabajar por no poder compaginarlo
con sus responsabilidades familiares.
No se puede pasar por alto, que la relación laboral que une a las empleadas domésticas y a las familias es una relación especial, con muchas peculiaridades. Una de las características más relevantes y diferenciadoras radica en que quien
contrata no es una empresa, sino la familia, el padre, la madre o una persona física adulta que es quien requiere de los servicios de la trabajadora del hogar. Es decir, quien paga a este colectivo son las familias, personas físicas, a quienes ni
mucho menos les han subido el sueldo más de un 30 % en los tres últimos años.
El INE en la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada, referente al segundo trimestre de 2021 reflejaba la existencia de 584.700 personas en la rama de actividad de hogares como empleadores. Asimismo, los últimos datos de
afiliación publicados referentes a septiembre de 2021 establecen que hay 380.102 personas de alta en el Sistema Especial de Seguridad Social de empleadas del hogar. Esto significa que al menos, uno de cada tres contratos está al margen de la
legalidad. Si bien, la realidad es todavía más alarmarte ya que de estas trabajadoras dadas de alta existe un porcentaje que lo está pero por menos horas de las que realmente trabaja, y es de lógica pensar, en cuanto a los datos
de la Encuesta de Población Activa a los que hacemos referencia, que la parte empleadora que tiene en casa una persona sin autorización de trabajo, o la trabajadora que no está de alta en la Seguridad Social, no van a manifestarse tan
fácilmente cuando le encuestan, con lo cual previsiblemente las cifras de economía sumergida del sector son bastante superiores.
En febrero de 2021 -dos años después de haber subido el SMI un 22,3 %, es decir, con dos años de retraso- la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inició una campaña de regularización de las personas trabajadoras del hogar y remitió
45.000 cartas a personas que emplean a trabajadores en sus hogares, informándoles sobre la necesidad de regularizar su situación antes de finalizar el mes de marzo y de ajustar sus obligaciones conforme al salario mínimo vigente y las cotizaciones.
El Ministerio, lejos de facilitar el trámite para la regularización, implementó un mecanismo arduo y complejo en la web de la Tesorería de la Seguridad Social haciendo a los hogares más difícil el cumplimiento del requerimiento y derivando
en un nuevo colapso de esta web. Además, esta campaña ha puesto en evidencia cómo la subida del salario mínimo ha hecho que muchas familias no puedan afrontar el coste de contratar a una empleada doméstica a jornada completa, puesto que el 15 % de
los contratos revisados ha recortado las horas de trabajo a su empleada.
Según datos del Ministerio, la Inspección de Trabajo ha regularizado la situación laboral de 28.904 empleadas del hogar, que han dado como resultado un incremento de 6,5 millones de euros al mes en salarios y de 5,5 millones de euros al mes
en bases de cotización impagadas. Sobra decir que desde el Partido Popular siempre hemos luchado contra el fraude laboral en toda su extensión, hecho que quedó patente con la puesta en marcha del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude
a la Seguridad Social en 2012 y los resultados obtenidos con la implementación del mismo. En 2018 el salario mínimo era de 10.302,60 euros anuales y en 2021 de 13.510 euros. Esto supone un coste adicional para las familias de más de 3.200 euros
anuales para pagar el sueldo de su empleada doméstica. A esta cantidad hay que añadirle las cotizaciones sociales: (i) por contingencias comunes un 28,30 % (siendo el 23.60 % a cargo del empleador y el 4.70 % a cargo del empleado) y (ii) por
contingencias profesionales un 1,5 % a cargo del empleador.
Es un hecho indiscutible que el alza del salario mínimo ha afectado negativamente al trabajo doméstico: desde diciembre de 2018 se han destruido más de 30.500 empleos. Muchas familias se han visto en la obligación de despedir a sus
trabajadoras o se han visto obligadas a reducirles las horas contratadas. También ha supuesto una pérdida de derechos para las empleadas del hogar puesto que ha acentuado más aún la economía sumergida en un colectivo que ya con anterioridad pecaba
de un alto porcentaje de trabajadores ejerciendo al margen de la legalidad. Además, choca frontalmente con la conciliación familiar y laboral, perjudicando especialmente a las mujeres: a muchas familias no les compensa económicamente contratar a
una tercera persona por el coste que supone y un miembro de la familia tiene que renunciar a su trabajo -remunerado- para quedarse en casa realizando las tareas del hogar, siendo normalmente la mujer, por tener un sueldo menor, quien renuncia a su
puesto.
Es responsabilidad del Gobierno reaccionar ante una realidad que está afectando a cientos de miles de trabajadoras del hogar que, por necesidad, se ven obligadas a aceptar trabajos sin contrato formal en los que carecen de derechos y
garantías. La única manera de aflorar la economía sumergida del sector es incentivar la contratación de estas empleadas y esto solo se puede conseguir ayudando a las familias y atenuando la carga económica que supone para ellas contratar a una
empleada o empleado doméstico. Es cierto que existe una reducción del 20 % sobre las contingencias comunes a cargo del empleador, una bonificación para familias numerosas y que en determinadas Comunidades Autónomas se han implementado deducciones
fiscales si se cumplen determinados requisitos, pero estas medidas son a todas luces insuficientes.
Es un hecho indiscutible que el alza del salario mínimo ha afectado negativamente al trabajo doméstico: desde diciembre de 2018 se han destruido más de 30.500 empleos. Muchas familias se han visto en la obligación de despedir a sus
trabajadoras o se han visto obligadas a reducirles las horas contratadas. También ha supuesto una pérdida de derechos para las empleadas del hogar puesto que ha acentuado más aún la economía sumergida en un colectivo que ya con anterioridad pecaba
de un alto porcentaje de trabajadores ejerciendo al margen de la legalidad. Además, choca frontalmente con la conciliación familiar y laboral, perjudicando especialmente a las mujeres: a muchas familias no les compensa económicamente contratar a
una tercera persona por el coste que supone y un miembro de la familia tiene que renunciar a su trabajo -remunerado- para quedarse en casa realizando las tareas del hogar, siendo normalmente la mujer, por tener un sueldo menor, quien renuncia a su
puesto.
Es responsabilidad del Gobierno reaccionar ante una realidad que está afectando a cientos de miles de trabajadoras del hogar que, por necesidad, se ven obligadas a aceptar trabajos sin contrato formal en los que carecen de derechos y
garantías. La única manera de aflorar la economía sumergida del sector es incentivar la contratación de estas empleadas y esto solo se puede conseguir ayudando a las familias y atenuando la carga económica que supone para ellas contratar a una
empleada o empleado doméstico. Es cierto que existe una reducción del 20 % sobre las contingencias comunes a cargo del empleador, una bonificación para familias numerosas y que en determinadas Comunidades Autónomas se han implementado deducciones
fiscales si se cumplen determinados requisitos, pero estas medidas son a todas luces insuficientes.
El colectivo de trabajadores domésticos, en su gran mayoría mujeres, merece que se adopten medidas que incentiven su contratación legal. La ayuda doméstica y la conciliación no pueden convertirse en un producto de lujo al que solo unos
pocos afortunados pueden acceder, esto supondría dar un paso hacia atrás que perjudica tanto a las empleadas como a las familias. Hay que adoptar medidas urgentes para ayudar a las familias a hacer frente a los costes laborales que supone la
contratación de una persona que les ayude en el ámbito doméstico, es imprescindible incentivar la contratación de las empleadas del hogar, para que trabajen con derechos y con garantías y para aflorar la economía sumergida que tanto abunda entre
este colectivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Adoptar las medidas pertinentes para que los empleadores persona física que contraten a un trabajador o trabajadora doméstica dándole de alta en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, puedan desgravarse en el IRPF las cotizaciones
sociales (tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales) que le corresponda asumir por esta contratación, reduciéndose el importe de dichas aportaciones de la base imponible general del impuesto.
- La cuantía máxima con derecho a desgravación en cada ejercicio será el equivalente al importe de las cotizaciones sociales anuales (tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales) a cargo del empleador por la
contratación de un único empleado doméstico cuya retribución sea el salario mínimo interprofesional (actualmente 13.510 euros/año).
- Estas cantidades se actualizarán de conformidad con la subida del salario mínimo interprofesional establecido para cada periodo.
- Todo ello, con la finalidad de incentivar la contratación de los trabajadores domésticos ayudando a las familias a hacer frente a los costes laborales que supone la contratación de un empleado del hogar, para que trabajen con derechos y
con garantías así como para aflorar la economía sumergida existente en este colectivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2021.-José Ignacio Echániz Salgado, Diego Movellán Lombilla y Tomás Cabezón Casas, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, doña Inés Cañizares Pacheco, don Víctor
González Coello de Portugal, don Pablo Sáez Alonso de Muñumer, don Rubén Manso Olivar y don Rodrigo Jiménez Revuelta en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de lo establecido en
el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a promover medidas que permitan la implantación y desarrollo de una industria de fabricación de semiconductores
en España, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. Semiconductores y el incremento de su demanda.
1. Conforme se expone en el artículo 1 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores,se entiende por producto semiconductor la forma final o intermedia de cualquier producto:
a) Constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor.
b) Que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una estructura tridimensional predeterminada.
c) Destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una función electrónica.
2. Los semiconductores, como el silicio o el germanio, son especialmente usados para la fabricación de componentes electrónicos. Y, a su vez, los chips son componentes básicos en un gran número de sectores, imprescindibles para la
fabricación de coches, aviones, teléfonos, televisores, videoconsolas, equipamiento hospitalario y hasta lavadoras. Todo aquello 'conectado' tiene incorporado un microprocesador.
3. La demanda de semiconductores ha crecido de forma vertiginosa en los últimos años, principalmente por el despliegue de las redes 5G y el impulso de sectores como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, el coche eléctrico o
el coche autónomo. En consecuencia, desde hace varios años se está produciendo un tensionamiento en la capacidad de suministro que ahora se ha acentuado con motivo de la crisis por la COVID-19 53.
4. Por un lado, con la paralización del sector industrial se dejó de demandar este producto, sin que se hicieran reservas para el momento en el que se reanudase la actividad. Por otro lado, al reactivarse la demanda los fabricantes de
semiconductores, localizados principalmente en China y Taiwán, no han sido capaces de satisfacerla.
Segundo. Excesiva concentración geográfica de la fabricación de semiconducotres.
Para la fabricación de los semiconductores son necesarias tres fases 54:
i. El diseño de los circuitos.
ii. La fabricación (foundry, water fabrication o front end manufacturing), es la fase más compleja, puesto que requiere de las denominadas tierras raras (lo que convierte el cristal en semiconductor), de equipamiento especializado y
cuantiosas inversiones. Y, aunque varía en función de la aplicación del chip (Memory, Logic o DAO (Discrete, Analog and Other)), actualmente con una tecnología de 10 nm el mercado está dividido prácticamente entre Taiwán y Corea.
iii. El ensamblaje y las pruebas (back end manufacturing).
6. Como expone la Asociación Industrial de Semiconductores (por sus siglas en inglés, 'SIA') en su informe de abril de 2021 'Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era' 55, los semiconductores son productos muy
complejos para diseño y fabricación que requieren de un profundo conocimiento técnico. Ello ha derivado en que exista un suministro global altamente especializado en el que unas pocas regiones desempeñan roles en la cadena de valor. Según
información extraída del referido informe, el reparto sería el reflejado en las siguientes diapositivas:
53 https://www.motorpasion.com/industria/no-solo-faltan-microchips-falta-materias-primascontenedores-tambien-amenazan-industria-automotriz [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2021].
54 https://global-strategy.org/relaciones-internacionales-microelectronicos/ [fecha de consulta: 1 de octubre de 2021].
55 https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2021/05/BCG-x-SIA-Strengtheningthe-Global-Semiconductor-Value-Chain-April-2021l.pdf [fecha de consulta: 11 de octubre de 2021].
Fuente: SIA 57
7. De las imágenes expuestas se puede deducir como al menos el 75 % de la capacidad mundial de producción de semiconductores se encuentra en el este asiático (Japón, Corea del Sur y Taiwán). Conforme indica SIA, Asia protagoniza la
fabricación de obleas gracias a una infraestructura sólida, una mano de obra muy cualificada, pero sobre todo gracias a las inversiones de capital masivas apoyadas por grandes incentivos gubernamentales.
8. Por ejemplo, en Taiwán ya se fijó el foco en los semiconductores en el año 1974, y sus medidas incluyen apoyo directo en forma de creación de laboratorios de I+D y parques industriales, así como incentivos para la construcción de nuevas
fábricas y la concesión de créditos fiscales que alcanzan hasta el 30 % del coste total de la propiedad. Medidas muy similares a las adoptadas en Corea del Sur y Singapur, pero inferiores a las existentes en China 58. De hecho, el gobierno chino,
desde finales del año
56 Ibid., pág. 24.
57 Ibid., pág. 39.
58 Ibid., pág. 34.
pasado, ha ofrecido un incentivo fiscal de 10 años a las empresas de semiconductores que estén trabajando en procesos de 28 nm, 65 nm y 0,13 micrómetros 59.
9. En cuanto a Estados Unidos, lideraría el sector más intensivo en investigación y desarrollo, lo que según SIA sería debido a sus universidades, la gran cantidad de ingenieros y un ecosistema que impulsa el talento y el mercado. Ahora
bien, los incentivos a la construcción de fábricas tanto en EEUU como en Europa solo alcanzarían entre el 10 y el 15 % del coste total de la propiedad.
10. En definitiva, por el lado de la oferta, actualmente existen 4 grandes fabricantes de circuitos integrados en el mundo: TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing), Samsung (Corea del Sur) y Globalfoundries (EEUU). Asimismo, desde el
pasado año, estas empresas de fabricación de productos semiconductores están desarrollando proyectos de implantación de nuevas plantas debido al incremento de la demanda.
11. Sin embargo, la construcción y puesta en marcha de las plantas de fabricación de microprocesadores es extremadamente compleja. Una fábrica de chips de vanguardia tarda entre dos y cuatro años en estar plenamente operativa y requiere
entre 3.000 y 6.000 personas muy cualificadas para su funcionamientos 60.
Tercero. Estados Unidos y semiconductores.
12. Consciente de las carencias existentes en lo que al fomento de la industria de los semiconductores se refiere, en Estados Unidos se aprobó el 11 de junio de 2020 'Chips for America Act' 61 al objeto de:
To restare American leadership in semiconductor manufacturing by increasing Federal incentives in arder to enable advanced research and development, secure the supply chain, and ensure long-term national security and economic
competitiveness.
13. Por otro lado, en Estados Unidos se encuentra en tramitación Innovation and Competition Act of 2021 62 (aprobada en el Senado el 8 de junio de 2021). Este proyecto de ley bipartidista movilizará 250 mil millones de dólares para
impulsar la producción de semiconductores, la investigación científica, el desarrollo de la inteligencia artificial y la exploración espacial de los Estados Unidos frente a la creciente competencia económica, tecnológica y militar de China. En
concreto, es una pieza central del proyecto de ley la asignación 52 mil millones de dólares para el estímulo de la producción nacional de semiconductores 63.
14. Igualmente, el 17 de junio de 2021 se presentó en el Senado de EEUU una iniciativa denominada Ley de Facilitación de Semiconductores Construidos en Estados Unidos 64 conocida como FABS Act (Facilitating American-Built Semiconductors
Act), por el que se otorga a las empresas un crédito fiscal del 25 % por invertir en equipos e instalaciones de fabricación de semiconductores (memoria, procesadores y otros semiconductores imprescindibles) dentro del país.
15. Por tanto, en Estados Unidos se ha considerado, al igual que en China, tanto la concesión de incentivos fiscales como la formación como las mejores herramientas para conseguir asegurar la cadena de suministro y constituirse como país
líder en la fabricación de microchips.
Tercero. Unión europea y semiconductores.
16. El 7 de diciembre de 2020, 22 Estados Miembros de la Unión firmaron la declaración 65 'Una iniciativa europea sobre procesadores y tecnologías de semiconductores' 66 (la 'Declaración'), por la que se comprometen a trabajar de forma
coordinada para coinvertir en la cadena de valor de las tecnologías de semiconductores, a través del desarrollo de una propuesta de Proyecto Importante de Interés Común Europeo (por sus siglas en inglés, 'IPCEI') en el ámbito de la microelectrónica.
59 https://almacenamientoit.ituser.es/noticias-y-actualidad/2021/04/las-empresas-chinasreanudan-la-construccion-de-nuevas-fabricas-de-chips [fecha de consulta: 8 de octubre de 2021].
60 Semiconductor Industry Association. Op. Cit., pág . 45.
61 https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/7178/text [fecha de consulta: 8 de octubre de 2021].
62 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1260.
63 https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2021/06/an-overview-of-the-unitedstates-innovation-and-competition-act [fecha de consulta: 8 de octubre de 2021].
64 https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/7178/textyhttps://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/FABS %20Act %20- %20Text.pdf.
65 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/member-states-join-forces-european-initiative-processors-and-semiconductor-technologies.
66 https://www.ipcei-me.eu/what-is/
17. El 25 de febrero de 2021, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ('MINCOTUR') y el Ministerio de Ciencia e Innovación lanzaron una manifestación de interés ('MDI'), para la participación en un proyecto europeo de
microelectrónica y de tecnologías de la comunicación en el marco del mecanismo IPCEI 67. Según se informaba en la nota de prensa del MINCOTUR este nuevo IPCEI tendría como objetivo reforzar la industria electrónica europea, centrándose en el
ecosistema de diseño, las capacidades de la cadena de suministro y el primer despliegue industrial de las tecnologías de semiconductores avanzados, incluida la ampliación hacia tecnologías de proceso de vanguardia para los chips de los procesadores.
18. El pasado 29 de junio, el Gobierno lanzó una segunda 68 consulta para participar en el proyecto europeo de microelectrónica. La nota de prensa del MINCOTUR rezaba que '[e]ste IPCEI tiene como objetivo reforzar la industria electrónica
europea, centrándose en el ecosistema de diseño, las capacidades de la cadena de suministro y el primer despliegue industrial de las tecnologías de semiconductores avanzados, incluida la ampliación hacia tecnologías de proceso de vanguardia para los
chips de los procesadores' 69.
19. El resultado fue que se presentaron un total de 23 empresas a los dos anuncios de Manifestación de Interés (MDI) lanzados por el MINCOTUR 70. A partir de ahí, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tiene la intención de
utilizar las propuestas recibidas para invitar a las empresas que las han presentado a participar en una primera reunión de coordinación (Match-Making Event) a nivel europeo 71.
Cuarto. Medidas a nivel nacional.
20. El Gobierno actual, pese a la crisis de desabastecimiento de semiconductores y la situación que están padeciendo sectores como el del automóvil reconoce abiertamente que 'no ha realizado ningún estudio para medir el impacto en la
industria española y en el empleo de la crisis derivada del desabastecimiento de semiconductores' 72, lo que pretende justificar afirmando que '[e]l problema del desabastecimiento de semiconductores no es un problema que pueda ser abordado en clave
nacional, sino a nivel comunitario' 73.
21. La realidad es que con independencia de las medidas que se están adoptando en el ámbito europeo, nada obsta para promover determinadas actuaciones dirigidas a constituir a España como el lugar idóneo donde fabricar semiconductores. De
hecho, en la propia Declaración los Estados Miembros acuerdan [f]acilitate exploitation by SMEs of advanced chip technologies in innovative products, and provide upskilling and reskilling opportunities far workers and students.
22. Por tanto, medidas como las adoptadas en países como China y Estados Unidos, incentivos fiscales a empresas y promoción de la formación en el campo de las ingenierías, son las más adecuadas para desarrollar una verdadera cadena de valor
de semiconductores en España.
23. Asimismo, es importante destacar que España, a diferencia del resto de Europa sí dispone de reservas de las tierras raras a las que se hacía referencia en el segundo expositivo. En concreto, en Ciudad Real, las Islas Canarias y Galicia
existen yacimientos de algunos de los 17 elementos que forman parte de estas tierras raras.
24. A este respecto, En 2019, desde el Ministerio de Defensa se informaba de lo siguiente 74:
En España se han llevado a cabo algunos estudios de viabilidad, en concreto en Galicia y en Castilla la Mancha, pero sin llegar a ser rentables. Su gran dispersión hace que en la mayoría de los casos no resulte ventajosa. Además, desde un
punto de vista medioambiental, las operaciones con tierras raras encuentran serias contraindicaciones.
67 https://www.mincotur.gob.es/eses/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/20210225 %20np %20consulta %20p %c3 %bablica %20microelectr %c3 %b3nica.pdf.
68 https://industria.gob.es/_layouts/15/HttpHandlerParticipacionPublicaAnexos.ashx?k=28005.
69 https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/20210629 %20np %20microelect %C3 %B3nica.pdf
70 Respuesta del Gobierno a iniciativa parlamentaria de 12 de agosto de 2021 con número de registro 147454.
71 Respuesta del Gobierno a iniciativa parlamentaria de 13 de mayo de 2021 con número de registro 123437.
72 Respuesta del Gobierno a iniciativa parlamentaria de 9 de agosto de 2021 con número de registro 146477.
73 Respuesta del Gobierno a iniciativa parlamentaria de 9 de agosto de 2021 con número de registro 146477 y de 12 de agosto de 2021 con número de registro 147455.
74 https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/tierras-raras [fecha de consulta: 11 de octubre de 2021].
25. No obstante, con posterioridad, en el sitio web de Minería y Explosivos del Ministerio de Transición ecológica y el reto demográfico se refería lo siguiente 75:
Mediante la explotación sostenible de yacimientos de los más de 70 minerales y rocas que se pueden encontrar en el país y, en particular del litio o las tierras raras, será posible, por ejemplo, la fabricación de baterías para el vehículo
eléctrico o la digitalización de la economía. Además, un suministro de proximidad permitirá reducir las necesidades de transporte, limitando las emisiones y los impactos correspondientes a escala global.
26. Por tanto, se deben iniciar todos los trámites necesarios para desarrollar estos yacimientos permitiendo así tener una fuente de abastecimiento de estos materiales en un futuro. Todo ello siempre cumpliendo con la normativa
medioambiental y ofreciendo las compensaciones oportunas en caso de que la Red Natura 2000 se viese afectada.
27. En definitiva, la economía española ha sufrido un duro impacto por la aparición de la COVID-19 y las medidas puestas en marcha por el Gobierno. Y, ahora, la falta de suministro de productos semiconductores está provocando una grave
crisis en el sector industrial, más concretamente en el sector automovilístico. De esta forma, muchas líneas de producción peligran en España 76 y, donde finalmente puedan acometerse, será con serios problemas de inflación de costes con las
consiguientes dificultades de amortización de inversiones y rentabilidad.
28. La situación es urgente, y las soluciones son muy costosas y requieren tiempo para conseguir economías de escala. Sin embargo, existen recursos económicos y normativos para comenzar cuanto antes a desplegar la infraestructura de
productos semiconductores y toda su cadena de valor con independencia de los avances que se consigan a nivel europeo.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover un paquete de incentivos fiscales a empresas al objeto de facilitar y acelerar el proceso de implantación y desarrollo de una verdadera industria de fabricación de semiconductores en España.
2. Promover, en coordinación con las administraciones autonómicas y locales, la creación de programas de formación tanto de capacitación como de actualización relacionados con toda la cadena de valor de fabricación de semiconductores.
3. Promover, en coordinación con las administraciones autonómicas y locales, el estudio de la viabilidad y rentabilidad del desarrollo de explotaciones de tierras raras en España.
4. Poner en marcha las medidas necesarias para complementar y dar impulso al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de desarrollo de la industria de semiconductores en España.
5. Establecer un sistema de incentivos y avales para relocalizar la producción de suministros estratégicos en el sector industrial español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2021.-Rodrigo Jiménez Revuelta, Inés María Cañizares Pacheco, Rubén Silvano Manso Olivar, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, José María Figaredo
Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Patricia Rueda Perelló y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
75 https://energia.gob.es/mineria/Paginas/Index.aspx [fecha de consulta: 11 de octubre de 2021.
76 https://intereconomia.com/noticia/empresas/stellantis-psa-opel-mercedes-seat-los-fabricantes-vuelven-a-parar-la-produccion-de-automoviles-en-espana-20210903-1907/
161/003344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, relativa al impulso de la industrialización, el empleo y la mejora de las condiciones laborales.
Exposición de motivos
La crisis sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19 y su impacto económico han puesto de manifiesto la necesidad de acelerar el cambio de nuestro modelo productivo. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia traza la hoja
de ruta para la modernización de la economía española, y actúa de guía para la canalización de los fondos europeos destinados a reforzar la recuperación e impulsar a medio plazo este proceso de transformación estructural. En este sentido, el nuevo
instrumento comunitario de financiación Next Generation EU proporcionará a España hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en el período 2021-2026, a lo que se sumarán el resto de instrumentos que se encuadran en el Marco
Financiero Plurianual para impulsar inversiones y reformas en los ámbitos prioritarios a nivel europeo.
Nuestra actividad productiva industrial es altamente dependiente de grandes empresas, muchas de ellas filiales de grandes grupos empresariales de capital extranjero cuya actividad tiene un carácter eminentemente transnacional. Estas grandes
empresas tienen una elevada capacidad tractora sobre un amplio y nutrido ecosistema de pequeñas y medianas empresas localizado en territorio nacional, un tejido empresarial que conforma redes de suministro y se inserta en estas cadenas globales de
producción lideradas generalmente por grandes empresas transnacionales de capital extranjero. Un ejemplo ilustrativo de esta realidad lo podemos encontrar en la industria automotriz nacional: las plantas ensambladoras localizadas en España son
filiales de grupos empresariales extranjeros, y orientan una buena parte de su producción hacia fuera de nuestras fronteras. La actividad de estas plantas ensambladoras condiciona y orienta la producción de los clústeres de empresas industriales y
de servicios conexos localizados en territorio nacional que configuran las cadenas de suministro de estas plantas terminales.
De este modo, una primera reflexión sobre el cambio de modelo productivo no debe esquivar la pregunta acerca de quiénes lo van a llevar a cabo; es decir, qué agentes disponen de las palancas de decisión y de los recursos para ello; o dicho
de otro modo, dónde se sitúan los centros de poder y decisión en las cadenas globales de producción en las que se inserta el tejido industrial localizado en España. La respuesta a esta pregunta evidencia que la iniciativa corresponde en primer
término al sector privado transnacional, cuyo código de comportamiento se orienta a la búsqueda de ganancias renovadas y sostenidas en el tiempo para enfrentar la competencia mundial. Esta lógica de comportamiento guiada por la obtención de
beneficios responde a la propia dinámica de competencia internacional, y la actuación de las empresas responde por tanto al imperativo de emprender acciones para tratar de enfrentarla con éxito y poder reproducirse en el mercado. De este modo, el
comportamiento de las grandes empresas responde a unos incentivos que no tienen por qué alinearse de manera inequívoca con la transformación digital, la transición ecológica, la cohesión social y territorial o la igualdad de género en nuestro país,
los cuatro ejes transversales que deben permear la transición de nuestro modelo productivo, tal y como se ha diseñado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
No obstante, la Administración General del Estado es, por su visión de conjunto y su capacidad de planificación estratégica, un actor de primer orden a la hora de diseñar y poner en marcha una estrategia coordinada que promueva un cambio en
el modelo productivo. Para ello dispone de activos y herramientas de política económica que permiten generar una matriz de incentivos para tratar de guiar la actuación del sector privado hacia determinados objetivos diseñados, debatidos y
promovidos por las instituciones públicas, como son los pilares sobre los que se sustenta el propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Uno de estos objetivos, convertido en eje transversal del citado Plan, es el de fomentar una mayor cohesión social. La cohesión social en nuestro país se ha visto gravemente erosionada como consecuencia de la expansión de la desigualdad
económica, una brecha social que se ha exacerbado tras la crisis que estalla en el año 2008 y su gestión durante la pasada década. En este sentido, el proceso de devaluación
interna promovido por las instituciones públicas durante los primeros años de la crisis económica e impulsado principalmente a través de sucesivas reformas del mercado de trabajo, lejos de mejorar el desempeño económico y la competitividad
de nuestra economía, ha debilitado nuestra estructura socioeconómica. Por el contrario, una distribución más equitativa de la renta se erige como uno de los pilares fundamentales para promover un cambio de modelo productivo y una transición que sea
socialmente justa, y que además contribuya a un mejor desempeño económico de nuestro tejido productivo, claramente lastrado por la cronificación de una débil demanda de consumo, resultado de este patrón de distribución inequitativa de la renta.
De este modo, el Gobierno debe aprovechar la coyuntura actual de transición e impulso de un cambio de modelo productivo, facilitada sustancialmente por los fondos europeos, para llevar a cabo las reformas e inversiones necesarias que
contribuyan a generar un marco de distribución primaria de la renta más equitativo. Para ello dispone de herramientas de política económica, como diversos fondos y programas de apoyo financiero a la inversión industrial productiva, que pueden
adquirir una mayor potencia de gasto en el marco de la canalización de los fondos públicos europeos al sector privado. Asimismo, dispone de otras herramientas legislativas con las que poder realizar reformas estructurales, por ejemplo, vinculadas a
la regulación del mercado de trabajo o al diseño de una nueva Ley de Industria, tal y como se proyecta en la agenda del Gobierno en el marco de esta legislatura.
Los retos a los que nos enfrentamos deben abordarse además con urgencia, en una coyuntura atravesada por la crisis económica derivada de la pandemia, que ha generado dinámicas centrífugas en nuestro tejido industrial; es decir, cierres de
empresas y deslocalizaciones de la actividad productiva a otros países, en ocasiones promovidas por empresas cuyos centros de decisión se encuentran en el extranjero, y que además ejercen una importante capacidad tractora sobre el tejido empresarial
de regiones de nuestro territorio. Esto relega a comarcas enteras a una situación de enorme dificultad, en tanto buena parte de los ingresos de importantes capas de la población dependen de la actividad industrial impulsada por estas empresas
tractoras.
Para cumplir con los objetivos que el propio Gobierno ha marcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se debe actuar, a través de diferentes vías, para garantizar una transformación de nuestro modelo productivo que de
manera ineludible impulse un crecimiento del empleo en nuestro tejido industrial y una mejora sustancial de las condiciones laborales, con objeto en última instancia de fomentar una mayor cohesión social.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Plantear mecanismos de condicionalidad en los instrumentos de apoyo financiero asociados a los fondos europeos para fomentar el desarrollo de proyectos industriales viables a medio y largo plazo que contribuyan no solo a la creación de
empleo en el territorio nacional, sino también a garantizar un marco de buenas condiciones laborales en la industria y el conjunto de actividades conexas a la actividad industrial.
2. Revisar los aspectos más lesivos de la regulación del mercado de trabajo español para introducir reformas que potencien un mayor equilibrio en la negociación colectiva y fomenten una mejora de las condiciones laborales, con el objetivo
de impulsar una industrialización que genere una mayor cohesión social.
3. Contemplar en la próxima Ley de Industria instrumentos y programas de promoción industrial que fomenten la cohesión económica, social y territorial en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, relativa a la declaración de obligaciones de servicio público en la ruta aérea entre la Península y el archipiélago canario.
Exposición de motivos
El turismo es uno de los sectores de mayor importancia en la economía española, representando alrededor de un 12,3? % del PIB y un 13,7 % de la afiliación a la Seguridad Social. En el año 2019 el Estado español se situó en segunda posición
a nivel mundial en términos de turistas extranjeros recibidos, con más de 83 millones de turistas internacionales, y también en relación con el gasto realizado por turista, con casi 90.000 millones de euros. En cambio, a consecuencia de la crisis
sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, la actividad turística se vio enormemente lastrada durante el año 2020. Tal y como comunicaba la propia Organización Mundial del Turismo a finales del mes de abril de 2020, prácticamente el 100 % de
los destinos del mundo restringieron los viajes a causa de la COVID-19. En el año 2021 se están comenzando a recuperar las cifras de movilidad nacional e internacional vinculadas a la actividad turística, pero aún distan de los niveles que se
alcanzaban antes del estallido de la pandemia.
Si bien el turismo es un sector crucial para la economía española, en algunos territorios del Estado la dependencia del sector turístico resulta mucho más acusada. Este es el caso de Canarias, donde el turismo representa alrededor de un 35
% del PIB del archipiélago y un 40 % de la afiliación a la Seguridad Social. De hecho, en determinados lugares de especial desarrollo turístico esta última cifra se eleva al 70 % de afiliación a la Seguridad Social.
El impacto de la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 en la movilidad ha afectado sobremanera a la actividad turística en las Islas Canarias. Según la Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) que elabora el
Instituto Nacional de Estadística (INE), y a partir de los datos más actualizados, correspondientes al mes de julio de 2021, en Canarias la llegada de turistas internacionales se ha incrementado en un 92,1 % con respecto al mismo mes del año
anterior. En cambio, si ponemos el foco en los datos acumulados a lo largo del año, la caída en la llegada de turistas internacionales es de un 60,4 %. Según los datos de la Coyuntura turística hotelera, elaborada también por el INE, el grado de
ocupación de las plazas ofertadas en ese mismo mes de julio de 2021 se situaba en Canarias por debajo de la media nacional, en una cifra que alcanza el 52,6 %. A pesar de que han repuntado ligeramente las cifras de ocupación con respecto al año
2020, la suma de turistas nacionales y extranjeros alojados en hoteles de las Islas Canarias aún es un 41,5 % menor que en julio de 2019. Esto se traslada a los niveles de empleo, pues según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en
Canarias los afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico descendieron casi un 5 % en julio de 2021 con respecto al mismo mes de 2020, lo que supone la mayor caída entre las cuatro comunidades autónomas donde bajó el empleo durante este
mes.
En este contexto, uno de los elementos que afectan a la demanda turística en Canarias se encuentra directamente relacionado con la movilidad y la conectividad aérea, en tanto hablamos de un territorio insular africano a 1.500 km de la
Península Ibérica y Europa, y en concreto con el precio de las tarifas aéreas. En el estudio 'Infraestructuras de transporte' publicado el 30 de julio de 2020 por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se constata que la subida de la
subvención del 50 % al 75 % ha influido significativamente en el aumento de precios observado en los trayectos entre la Península y las Islas Canarias (12 %). El aumento de los precios de los billetes rompe la tendencia a la baja que se venía
registrando desde hace diez años y es más importante en aquellos vuelos con mayor porcentaje de residentes. A pesar de este aumento, el coste de los billetes ha bajado un 47 % en promedio para las personas residentes gracias al incremento de la
subvención, que ha producido un aumento del gasto público del 125 %. En cambio, se ha incrementado el coste para las personas no residentes un 14 % en los vuelos entre las islas y la Península, algo especialmente relevante en Canarias con tan alta
especialización turística. En este sentido cabe señalar los datos aportados por el Instituto de Estadística de Canarias, relacionados
con la caída del turismo en Canarias durante la pandemia, que reflejan una menor caída del turismo español en relación con el turismo procedente de otros países, representando este el 40 % del total.
El principal mercado emisor de turistas en Canarias en este contexto es el propio turismo español, que encuentra notables dificultades económicas para poder visitar las islas si no se fija un precio máximo en los billetes. La subvención
presenta además una distribución muy desigual. En Canarias, el 1 % de la población residente que más voló acumuló un 19 % de la subvención. Un 10 % de los canarios y canarias recibió el 63 % de todas las subvenciones. Al analizar las pautas de
comportamiento de las personas residentes por niveles de renta, se observa que el 20 % de residentes con rentas más altas concentra el 50 % del total de la subvención en los trayectos Península-Canarias. Además, el 10 % de renta más alta acumula el
35 % y el 1 % con mayores ingresos, el 6,3 % (13,2 millones de euros). Por el contrario, el 40 % de la población con menor renta recibe el 17 % del total de las subvenciones. A ello hay que añadir que la situación descrita conlleva que se ha
cercenado el derecho a la movilidad y al transporte de una parte importante de la población canaria, que tiene su residencia fuera de las islas y ante los prohibitivos precios impuestos por las aerolíneas muchas veces desiste de su intención de
viajar. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, junto a asociaciones de la sociedad civil como Canarios Sin Alas, lleva varios años denunciando la necesidad urgente de declarar obligaciones de servicio
público en los trayectos entre Canarias y el territorio peninsular.
Conviene recordar que el transporte aéreo en el ámbito de la Unión Europea se encuentra liberalizado, conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, lo que implica que las compañías aéreas de la Unión Europea tienen derecho a establecer con total libertad sus servicios, incluyendo las tarifas. No obstante, en el artículo 16 del
propio Reglamento se concede a los Estados miembro la potestad de imponer la obligación de servicio público en relación con los servicios aéreos regulares entre un aeropuerto situado en la Unión Europea y un aeropuerto que sirva a un territorio
periférico, entre otros motivos, cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social del territorio donde se sitúa el aeropuerto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a facilitar y promover la movilidad aérea declarando obligaciones de servicio público en la ruta entre la Península y el archipiélago canario, especialmente afectado por la crisis derivada de
la pandemia de la COVID-19, contribuyendo así a su desarrollo económico y social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, relativa a la adopción de medidas de industrialización en el contexto de las cadenas globales de producción.
Exposición de motivos
En el contexto de crisis sanitaria y económica actual ha emergido una creciente preocupación a nivel internacional acerca del papel que juega la industria como sector garante de la soberanía nacional en el aprovisionamiento de productos
estratégicos y esenciales. En el marco de la enorme interdependencia económica internacional, recientemente hemos asistido a episodios política y socialmente conflictivos, relacionados principalmente con la ruptura de las cadenas globales de
suministro de este tipo de
productos. A pesar de que esta interdependencia se desenvuelve a escala mundial, en ocasiones se ha revelado una fuerte dependencia en el suministro con respecto a grandes empresas multinacionales o a determinadas regiones geográficas.
Un ejemplo de ello, en el marco de la crisis sanitaria derivada de la pandemia mundial, lo tenemos en la escasez y los cuellos de botella que se han desarrollado en la industria farmacéutica con el suministro internacional de material
sanitario y, más concretamente, de dosis de vacunas. Otro ejemplo, en el ámbito productivo, lo podemos situar en el hecho de que una parte importante de los suministros mundiales de las industrias intensivas en tecnología proceden de Hubei (China),
cuya capital, Wuhan, fue el epicentro de la crisis que obligó a interrumpir las cadenas de suministro globales al inicio de la pandemia. De hecho, según señala The Economist, alrededor de una cuarta parte de los cables y dispositivos de fibra
óptica se fabrican en esta provincia, proveedora muy importante también de partes y componentes de automoción a escala mundial. Más recientemente estamos asistiendo a la interrupción de las cadenas globales de valor de la industria automotriz en
nuestro país a consecuencia del desabastecimiento de semiconductores, cuya producción se concentra principalmente en grandes empresas transnacionales como la taiwanesa TSMC o la coreana Samsung. En definitiva, en el marco de esta enorme
interdependencia global se ha puesto de manifiesto la existencia de cadenas globales de suministro críticas, a tenor de la elevada concentración de la producción de determinados productos en mercados privados internacionales oligopólicos y en
regiones geográficas determinadas, que en un contexto de crisis o de shocks que interrumpen los flujos de producción y comercio en nodos de suministro críticos, provocan enormes distorsiones socioeconómicas.
En este sentido, a raíz de la crisis derivada de la pandemia y sus efectos sobre la interrupción abrupta de estos circuitos productivos globales, se han desencadenado pulsiones por parte de distintos Estados orientadas al repliegue
territorial y al desarrollo de capacidades industriales desde una óptica de seguridad nacional. Por ejemplo, Japón ha propuesto la Iniciativa para la Resiliencia de las Cadenas de Suministro, con objeto de rearticular sus cadenas de suministro para
reducir su excesiva dependencia de China. En una línea similar, la Administración de Estados Unidos ha impulsado a través de un decreto gubernamental la evaluación de cien cadenas de suministro críticas, relacionadas con el aprovisionamiento de
principios activos de medicamentos, semiconductores, baterías de vehículos eléctricos o materiales extraídos de tierras raras. Esta orden ejecutiva también plantea que se realice una revisión anual de las cadenas de producción y suministro que se
engloban en los sectores de defensa, salud pública y biotecnología, tecnologías de telecomunicación, energía, transporte y producción de alimentos y provisión de materias primas agrícolas.
Asimismo, en el contexto europeo se ha revitalizado el concepto de 'autonomía estratégica', que podemos describir como el incremento de las capacidades industriales para hacer frente a la necesidad de disminuir los riesgos que supone una
interdependencia global plagada de crecientes tensiones e incertidumbres. En este marco se inserta una renovada preocupación por el fomento de la industria que, no obstante, resulta necesario subrayar que ya tiene cierta trayectoria. En el marco
de la Estrategia Europa 2020 se había establecido elevar el peso de la industria a un 20 % del PIB como objetivo a alcanzar para el año 2020 en el conjunto de la Unión Europea. En la actualidad, desde las instituciones europeas se aboga por una
revitalización industrial que transite hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital. Asimismo, se atribuye al Estado un rol activo para incentivar e impulsar cambios en los modelos productivos nacionales que se orienten bajo estos
principios rectores. El despliegue del instrumento NextGenerationEU para impulsar la recuperación económica en la región europea se alinea con este prisma de impulso y transición industrial que deben vehiculizar los Estados sobre las bases de
potenciar el equilibrio y la resiliencia de sus estructuras económicas y sociales.
En la economía española este marco internacional abre la oportunidad para estimular un proceso de industrialización que centre el foco en sectores estratégicos y esenciales. De hecho, la transición ecológica y digital va a actuar de correa
tractora de una elevada producción de bienes intermedios y finales relacionados, por ejemplo, con la electrificación de nuestro ecosistema de transporte y movilidad, o con el despliegue de tecnologías como el 5G. En definitiva, o desarrollamos y
fortalecemos una estructura productiva propia de productos estratégicos y esenciales, o generaremos fuertes dependencias en su abastecimiento de países y empresas extranjeras, con los riesgos asociados que a se han mencionado anteriormente, y con el
impacto desfavorable que también se declina de todo ello sobre nuestra balanza de pagos.
En este sentido, para impulsar un proceso de planificación estratégica de nuestro futuro industrial se requiere de un diagnóstico profundo y certero de las capacidades industriales existentes y de las oportunidades que se abren en este
proceso de industrialización y de cambio del modelo productivo en clave digital y de sostenibilidad ecológica. No solo es necesario detectar y evaluar cuáles son los nodos o elementos de vulnerabilidad que pueden generar perturbaciones en las
cadenas globales de suministro, así como sus principales mecanismos de transmisión y los efectos socioeconómicos que se derivan sobre nuestro país. En clave prospectiva también resulta fundamental analizar cuáles son los bienes intermedios y
finales que previsiblemente van a experimentar un incremento sostenido de la demanda en los próximos años, y detectar y analizar aquellos segmentos productivos sobre los que, por las capacidades y el conocimiento técnico del que ya disponemos,
resultaría conveniente incidir para potenciar y diversificar nuestra economía y, en concreto, nuestra industria. Esto resulta necesario no solo para disponer de un mayor conocimiento y por tanto incrementar la eficacia y la eficiencia de las
políticas públicas en esta materia en el contexto de la reconstrucción económica en la que estamos inmersos, sino también para proveer de un marco de orientación en materia inversora al sector privado.
En relación a ello, en diciembre del año 2020 se constituyó el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, un órgano de carácter consultivo, asesor y de colaboración entre las Administraciones Públicas y numerosas organizaciones
empresariales y sindicales para abordar la nueva política industrial de España. Asimismo, en septiembre del año 2021, en el seno del Foro de Alto Nivel de la Industria Española se ha creado un Comité Ejecutivo, con objeto de impulsar la labor del
Foro en el asesoramiento y valoración de las iniciativas industriales, en la formulación de propuestas, observaciones y comentarios, así como en la preparación de informes y documentos para elevar a Pleno, en el marco de la implementación del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito de Industria. La labor de este Comité Ejecutivo también se orientará a impulsar el trabajo en torno al Pacto de Estado por la Industria y a la futura Ley de Industria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la realización de diagnósticos sectoriales acerca de cómo está configurada la estructura productiva industrial en nuestro país inserta en las cadenas globales de producción, a fin de detectar elementos de vulnerabilidad y
evaluar posibles segmentos industriales sobre los que potenciar la industrialización.
2. Fomentar la transparencia y el debate público en torno al proceso de transformación de nuestro modelo productivo con la publicidad de informes y documentos en los que se recojan los elementos de diagnóstico y propositivos mencionados
anteriormente.
3. Con objeto de dar continuidad en el tiempo y consolidar este trabajo, valorar la creación de un Observatorio Industrial de Cadenas Globales de Producción que tenga como principal función el estudio, análisis y difusión de información
periódica y sistemática sobre la situación de la inserción de nuestro tejido productivo industrial en las cadenas de producción globales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ángel López Maraver, D.ª M.ª Magdalena Nevado del Campo, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Manuel Mariscal Zabala, D. Ricardo Chamorro Delmo y D. Rafael Fernández de Lomana Gutiérrez, en
sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley relativa a promover las acciones
necesarias para la celebración de un nuevo Convenio de colaboración con las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas de España que recoja unos requisitos comunes con el fin de establecer una licencia interautonómica de caza para todos sus
territorios, configurándose así una licencia única nacional, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. La actividad cinegética en España.
La actividad cinegética es una herramienta de gestión de los ecosistemas y de equilibrio de las especies; por lo tanto, de conservación del medioambiente. El conocimiento adquirido por los cazadores acerca de la fauna que los rodea les
convierte en actores clave para el control de la población y de enfermedades animales, así como para el mantenimiento del patrimonio natural. En España, la caza es, además, uno de los motores económicos del medio rural, actuando como actividad
dinamizadora del empleo y la riqueza.
El primer estudio que aborda la contribución de la caza al desarrollo rural es el de 'Evaluación del impacto económico y social de la caza en España 77' , publicado en el año 2018 por la Fundación Artemisan y Deloitte, con la colaboración
del extinto 'Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente' 78. Sus principales resultados revelan que, en España, el 87 % del territorio está declarado como de aprovechamiento cinegético. Asimismo, la actividad genera 6.475
millones de euros de Producto Interior Bruto (PIB) nacional 79 y aporta a la Administración Pública un total de 641 millones de euros en concepto de recaudación anual estimada del Impuesto de Sociedades (IS), Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otros pagos directos de impuestos y tasas por parte de los agentes cinegéticos.
En ocasiones, los ingresos derivados de la actividad cinegética (v.g. en concepto de arrendamientos) pueden suponer hasta el 90 % del presupuesto anual de municipios en provincias altamente despobladas como Soria, Burgos o Teruel 80.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas Puchades, cifró en 186.000 los empleos vinculados a todas las actividades de caza y en 825.000 las licencias cinegéticas expedidas por las distintas Administraciones Públicas
81. En cuanto a este último dato, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico diferencia en el' Informe sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España a 2020' 82las licencias de caza interautonómicas
(18.352 en el año 2019) de las expedidas en el ámbito de las comunidades autónomas (en esta ocasión no detalla la cifra, pero aporta una gráfica en la que sitúa la misma en torno a las 800.000).
77 Andueza A., Lambarri, M., Urda, V., Prieto, l. Villanueva, L.F. y Sánchez-García, C. (2018). Evaluación del impacto económico y social de la caza en España. Ciudad Real, Fundación Artemisan. Recuperado de:
https://www.fundacionartemisan.com/wp-content/uploads/2018/05/ESTUDIO COMPLETO-ESPA %C3 %91A.pdf.
78 El Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y, posteriormente, el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, dio lugar a una reestructuración ministerial con la creación del Ministerio para la Transición Ecológica. Posteriormente, el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, crea el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (...) dio lugar a un
nuevo desarrollo de su estructura orgánica.
79 Cifra reflejada en el informe 'Evaluación del impacto económico y social de la caza en España' relativa a datos de 2016. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ratificó el dato en febrero de 2019 en la siguiente
nota de prensa, titulada 'Luis Planas resalta el papel de la caza sostenible para la gestión del territorio y el empleo de las zonas rurales'. Recuperado de:
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-resalta-el-papel-de-la-caza-sostenible para-la-gesti%C3 %B3n-del-territorio-y-el-empleo-de-las-zonas-rurales--/tcm:30-501882.
80 Bernad, J. (24/03/2019). La caza, motor económico de la España rural. ABC. https://www.abc.es/deportes/caza/abci-importancia-economica-caza-espana-201903221430_noticia.html?ref=https: %2F %2Fwww.google.com.
81 Gobierno de España. (11/2/19). Luis Planas resalta el papel de la caza sostenible para la gestión del territorio y el empleo de las zonas rurales. Recuperado de:
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-resalta-el-papel-de-la-caza-sostenible-para-la-gesti %C3 % B3n-del-territorio-y-el-empleo-de-las-zonas-rurales--/tcm:30-501882.
82 https://www.miteco.gob.es/ es/biodiversidad/temas/ inventarios-nacionales/iepnb20_sexenal_tcm30-527047.pdf.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Segundo. La licencia de caza autonómica como obstáculo para su práctica eficiente: Breve introducción.
La licencia de caza es el documento nominal e intransferible cuya posesión es obligatoria para la práctica de la actividad cinegética en un territorio determinado 83.
Antes de la promulgación de la Constitución española, la licencia de caza tenía un ámbito territorial de aplicación nacional. Posteriormente y en cuanto los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas asumieron las competencias en
materia de caza, al amparo del artículo 148.1, ordinal 11.ª de la Carta Magna, el permiso de caza pasó a ser expedido por las administraciones públicas autonómicas 84 y para su propio ámbito territorial.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la fauna tiene flujos incompatibles con las circunscripciones territoriales, desde hace más de una década se viene reclamando por todos los actores interesados el establecimiento de una única licencia
nacional de caza que evite desigualdades entre las comunidades autónomas, que reduzca los trámites ante las Administraciones Públicas y suponga un ahorro tanto para las personas físicas que la soliciten como para los organismos encargados de su
expedición.
Tercero. Firma del protocolo para el establecimiento de la licencia única interautonómica de caza y de pesca para su ámbito territorial.
Ante el creciente movimiento social, el 9 de abril de 2014, el [entonces llamado] Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León firmaron un
protocolo de colaboración para el establecimiento de la licencia única interautonómica 85 (en adelante, 'el protocolo').
Este recoge la inquietud ciudadana en el punto Cuatro del Expositivo al señalar que 'la emisión de licencias únicas de caza y de pesca evitará que los ciudadanos tengan que repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada
Comunidad Autónoma en donde deseen realizar estas actividades, a la vez que esto redundará en una mayor eficacia administrativa y eficiencia del gasto en cada una de las Administraciones que suscriben este Protocolo'.
En el momento de la firma del Protocolo, el entonces Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, señaló que 'en el caso concreto de la caza, es evidente que resulta muy difícil limitar su ejercicio al ámbito estricto de las
comunidades autónomas sin causar un perjuicio económico a quien la práctica, sobre todo porque la caza encuentra un lugar apropiado para su desarrollo precisamente en los accidentes geográficos naturales que separan a las comunidades y en muchos
casos en ambas vertientes de los límites administrativos autonómicos' 86.
83 El artículo 34 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, regula las licencias.
84 El artículo 148.1 recoge que 'las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: (...) 11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial'.
85 Protocolo de Colaboración Entre El Ministerio De Agricultura, Alimentación Y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León, para el establecimiento de una Licencia Única
Interautonómica de Caza y Pesca para su ámbito territorial. Disponible en: https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/conveniosyencomiendas.htm?id=Convenio_AAA201400229&lang=es&fcAct=2019-05-05Tl 7:55:02.564Z.
86 El Bulín. Caza y pesca: nuevo protocolo para el establecimiento de la licencia única interautonómica. Fecha de consulta: 6/10/21. Recuperado de:
https://www.elbulin.es/blog/caza-y-pesca-nuevo-protocolo-para-el-establecimiento-de-la-licencia-unica-interautonomica/.
Finalmente, el Protocolo culminó reflejando en el punto Quinto del Expositivo un compromiso del Ministerio: el de 'apoyar esta iniciativa poniendo a su disposición los recursos humanos e informáticos necesarios para hacer posible la emisión
de las licencias únicas de caza y de pesca'.
Cuarto. El compromiso de promover las acciones necesarias para la adhesión de las comunidades autónomas al protocolo o convenio de colaboración.
La cláusula decimosexta del Protocolo recoge que 'las Comunidades Autónomas y el Ministerio firmantes promoverán las acciones necesarias para que el resto de Comunidades Autónomas que lo deseen se adhieran a este Protocolo o al Convenio de
colaboración que se suscriba'.
En efecto, al Protocolo se adhirieron 87 las Comunidades Autónomas de Aragón, Galicia 88, Asturias y Comunidad Valenciana en fechas de 5 de diciembre de 2014, 29 de diciembre de 2014, 11 de febrero de 2015 y 5 de marzo de 2015,
respectivamente.
Posteriormente, bajo el compromiso de la firma de un convenio y la habilitación de un sistema de expedición de licencia interautonómica, como señalaba la cláusula decimoquinta del Protocolo 89, se publicó el Convenio de colaboración entre la
Administración General de Estado y las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en
aguas continentales para todos sus territorios 90. A este Convenio se adhirió la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 27 de septiembre de 2017 91.
Quinto. La promoción de la licencia única nacional de caza.
El artículo 148.1 recoge que 'las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: (...) 11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial'. Por su parte, el artículo
149.1 señala que 'el Estado tiene competencia exclusiva sobre (...): 23.ª [la] Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.
[Asimismo, sobre] La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Sin embargo, respecto a este último inciso, el desarrollo legislativo y ejecutivo de esta legislación corresponde al nivel autonómico, puesto que
las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en dicha materia (art. 148.1.a.8.º CE) 92.
Teniendo en cuenta lo anterior, no existe óbice alguno para que el Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, promueva, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las acciones necesarias para la celebración de un nuevo
Convenio de colaboración con las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas de España que recoja unos requisitos comunes con el fin de establecer una licencia interautonómica de caza para todos sus territorios, configurándose así una licencia única
nacional. De esta manera, se evitará que los ciudadanos tengan que repetir los mismos trámites y gestiones
87 Las Comunidades autónomas citadas firmaron el anexo de adhesión establecido en la adenda de modificación del citado Protocolo, aprobada por las cuatro Comunidades Autónomas inicialmente firmantes del mismo en fecha 28 de noviembre de
2014.
88 Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se publica el Anejo único de adhesión de la Comunidad Autónoma de Galicia al Protocolo de colaboración entre el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León, para el establecimiento de la licencia única interautonómica de caza y de pesca para su ámbito territorial.
89 Cláusula decimoquinta del Protocolo: 'El presente Protocolo entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia has la firma del convenio de colaboración que lo desarrolle'.
90 El Convenio de colaboración entre las Administraciones de las Comunidades Autónomas de Asturias, Comunitat Valenciana, Aragón, Extremadura, Madrid, Comunidad de Castilla y León y la Administración General del Estado, a través del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales para todos sus territorios se firmó el 14 de octubre de 2015. Disponible en el
Boletín Oficial del Estado en la Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración con las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias,
Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales para todos sus territorios. Recuperado de: https://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2976.
91 Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se publica la adhesión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y
de pesca en aguas continentales para su ámbito territorial. Recuperado de: https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE A-2017-11739.
92 El artículo 148.1 de la Constitución Española señala que 'las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: (...) 8.ª Los montes y aprovechamientos forestales'.
administrativas en cada Comunidad Autónoma en donde deseen realizar esta actividad, a la vez que esto redundará en una mayor eficacia administrativa y eficiencia del gasto en cada una de las Administraciones que suscriben este Convenio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y dentro de sus competencias, las acciones necesarias para la celebración de un nuevo Convenio de colaboración con las
diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas de España, que recoja unos requisitos comunes para la obtención de una licencia interautonómica de caza con validez en todos sus territorios, configurándose así una licencia única nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2021.-Ángel López Maraver, María Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias, Luis Gestoso de Miguel, Manuel Mariscal Zabala, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y Ricardo Chamorro
Delmo, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre las propuestas de presentadas por el Ministerio sobre reparto de la nueva PAC para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La propuesta presentada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la semana pasada sobre la nueva PAC significará un grave perjuicio para todas las personas que trabajan en el sector agrario en Galiza. Las líneas hechas
públicas mantienen las cuestiones consideradas injustas presentes ya en la PAC actual mientras incorpora más exigencias, burocracia y costes.
Uno de los principales problema parte de los datos incorporados en relación a la extensión declarada y reconocida de pastos permanentes así como de las zonas de regadío, que implicará que las granjas y explotaciones situadas en Galiza
reciban menos que las situadas en otros territorios del cantábrico de características semejantes por estar situadas en regiones de la PAC con distinta valoración. Para corregirlo, resulta imprescindible que el MAPA modifique los datos de su
propuesta sobre la delimitación, las superficies y los importes de la ayuda básica en las nuevas regiones PAC, en particular de aquellas en las que estarían las explotaciones gallegas.
Otra cuestión que es necesario mejorar es la referida a la definición del llamado 'agricultor genuino', como perceptor de las ayudas del primer pilar de la PAC y de algunas del segundo pilar, debe basarse en el requisito de que un porcentaje
significativo de sus ingresos totales sean ingresos procedentes de la actividad agraria, admitiendo también como agricultor genuino a aquel que se encuentre dado de alta en la seguridad social como trabajador por cuenta propia en el régimen agrario.
Así, entendemos que agricultor genuino o profesional sería aquel cuya renta procedente de las actividades agropecuarias fuera del 50 %, siendo los de renta inferior compensados con otras ayudas fuera de la PAC.
En lo relativo al debate sobre la superficie con pleno derecho a cobro de las ayudas de la PAC, no es admisible a apertura a nuevos cultivos, viñedo, frutas y hortalizas, localizados mayoritariamente en el sudeste del Estado español, sin
antes regularizar el déficit de superficie admisible con derechos que tiene Galiza respeto de la media estatal.
Demandamos que la cuantía de la ayuda básica por hectárea en las diferentes 'regiones PAC' tenga en cuenta las diferentes realidades existentes, en el plano agronómico y socioeconómico, en especial el empleo agrario generado por unidad de
superficie.
Deben asignarse a las ayudas asociadas el máximo de fondos que permita el reglamento europeo (13 % + 2 % cultivos proteicos) y mantener como mínimo para los sectores de vacuno de leche, vacuno de carne y ovino-caprino una dotación similar al
período 2014-2020, incluyendo además el castaño en las ayudas asociadas para frutos de cáscara.
Demandamos una aplicación intensa del pago redistributivo en cuanto al porcentaje de fondos que se destinen al mismo. El pago redistributivo deberá aplicarse considerando la superficie media por explotación a nivel nacional y no dentro de
cada 'región PAC'. Sobre esa base, deberá haber un mayor pago a las primeras hectáreas con el objeto de beneficiar las pequeñas y medianas explotaciones, en especial aquellas de agricultores y ganaderos con una dependencia significativa de los
ingresos agrarios, dando prioridad sobre todo a los de carácter profesional.
En cuanto al límite de las ayudas por explotación (capping) y la degresividad, defendemos su aplicación en los máximos porcentajes de reducción de las ayudas a los mayores perceptores que permita el reglamento europeo finalmente aprobado.
Para la aplicación de estos mecanismos no deben deducirse los costes laborales, con la única excepción de las explotaciones asociativas, ni tampoco los pagos a empresas externas (servicios externos contratados). El destino de los fondos derivados
del capping y la degresividad deberá aplicarse a nivel estatal y no dentro de cada 'región PAC'.
Es necesario introducir nuevos ecoesquemas y modificar los propuestos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que respondan a la realidad de la agricultura y ganadería gallegas, de manera particular los que favorezcan la
extensificación de la ganadería y la recuperación de los sistemas agroforestales. Los ecoesquemas propuestos por el MAPA deberán adaptarse a las características de la agricultura y ganadería gallegas, introduciendo de forma transversal la
aplicación de un complemento vinculado a la prevención de incendios, la extensión del complemento previsto para las superficies en Red Natura a las zonas con limitaciones naturales e introducir en todos ellos una modulación de la ayuda por estratos
de tamaño. Además, es necesario introducir uno de carácter compensatorio a los daños producidos por los grandes mamíferos.
Así, en el BNG defenderemos el cambio del actual modelo de PAC para que lograr que se adapte a las necesidades reales de la agricultura y ganadería de Galiza. Debe ser un instrumento que asegure niveles de renta dignos para los y las
productoras del sector agropecuario. Tiene que servir para estabilizar los mercados de los productos agroalimentarios y equilibrar las relaciones entre los agentes de la cadena agroalimentaria desde la producción al consumo.
Así mismo, ha de recuperarse el sentido originario de la PAC, el de reducir los desequilibrios existentes en la agricultura comunitaria, posibilitando, en concreto, que áreas periféricas como Galiza, puedan desarrollar su capacidad
productiva. Para ello es imprescindible contemplar una distribución más equitativa, con criterios de progresividad social, de los fondos de la PAC, estableciendo una modulación del apoyo en función de la renta y del volumen de empleo en las
explotaciones, así como atender a la sostenibilidad, a la salubridad y calidad de los alimentos y a las funciones ambientales de la actividad agropecuaria.
La PAC debe recuperar instrumentos públicos y eficaces que contribuyan a la regulación de mercados agrarios, financiados a cargo del presupuesto comunitario, que les proporcione estabilidad y no apostar, casi exclusivamente, como hace la
Comisión, por los seguros agrarios como instrumento de gestión de riesgos.
Habría que trabajar por una igualdad real dentro de la PAC, la falta de respeto a nuestro modelo productivo tradicional hace que se subvencione o ayude más a las grandes explotaciones en intensivo, que además suelen estar, en su mayoría
dirigidas o regentadas por hombres, mientras que las pequeñas y medianas explotaciones dirigidas mayoritariamente por mujeres, mucho más sostenibles e integradas. Al corregir esto, se ayudaría también, no solo a la implantación de una agricultura
respetuosa con el medio, sino que se fomentaría el incremento de la renta femenina en el campo, que sigue estando muy por debajo de la masculina.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Modificar los datos de su propuesta sobre la delimitación, las superficies y los importes de la ayuda básica en las nuevas regiones PAC, en particular, de aquellas en las que estarían las explotaciones gallegas, para adecuarlas a la
realidad y evitar discriminaciones.
2. Adecuar los requisitos para ser considerado como agricultor 'genuino' exigiendo que un porcentaje significativo de sus ingresos totales sean ingresos procedentes de la actividad agraria, admitiendo también como agricultor genuino a aquel
que se encuentre dado de alta en la seguridad social como trabajador por cuenta propia en el régimen agrario.
3. Regularizar el déficit de superficie admisible con derechos que tiene Galiza respeto de la media estatal.
4. Incorporar a la propuesta que la cuantía de la ayuda básica por hectárea en las diferentes 'regiones PAC' tenga en cuenta las diferentes realidades existentes, en el plano agronómico y socioeconómico, en especial el empleo agrario
generado por unidad de superficie.
5. Modificará los criterios propuestos para que se asigne a las ayudas asociadas el máximo de fondos que permita el reglamento europeo (13 % + 2 % cultivos proteicos) y mantener como mínimo para los sectores de vacuno de leche, vacuno de
carne y ovino-caprino una dotación similar al período 2014-2020, incluyendo además el castaño en las ayudas asociadas para frutos de cáscara.
6. Aplicar el pago redistributivo considerando la superficie media por explotación a nivel estatal y no dentro de cada 'región PAC'.
7. Incorporar la medida de hacer un mayor pago a las primeras hectáreas con el objeto de beneficiar las pequeñas y medianas explotaciones, en especial aquellas de agricultores y ganaderos con una dependencia significativa de los ingresos
agrarios, dando prioridad sobre todo a los de carácter profesional.
8. Aplicar en las ayudas por explotación (capping) y la degresividad, los máximos porcentajes de reducción a los mayores perceptores que permita el reglamento europeo finalmente aprobado sin que se deduzcan los costes laborales, con la
única excepción de las explotaciones asociativas, ni tampoco los pagos a empresas externas (servicios externos contratados.
9. Corregir la propuesta para que el destino de los fondos derivados del capping y la degresividad se aplique a nivel estatal y no dentro de cada 'región PAC'.
10. Introducir nuevos ecoesquemas y modificar los ya propuestos para que respondan a la realidad de la agricultura y ganadería gallegas, de manera particular, los que favorezcan la extensificación de la ganadería y la recuperación de los
sistemas agroforestales.
11. Modificar los ecoesquemas propuestos para introducir de forma transversal la aplicación de un complemento vinculado a la prevención de incendios, la extensión del complemento previsto para las superficies en Red Natura a las zonas con
limitaciones naturales e introducir en todos ellos una modulación de la ayuda por estratos de tamaño, así como uno de carácter compensatorio a los daños producidos por los grandes mamíferos.
12. Introducir criterios de reparto que beneficien a las pequeñas y medianas explotaciones, en su mayoría dirigidas por mujeres, de forma que se apoye la implantación de una agricultura respetuosa con el medio y el incremento de la renta
femenina en el campo, que sigue estando muy por debajo de la masculina.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz Adjunta del Grupo Plural.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para impulsar la inclusión del ecocidio como delito internacional.
Exposición de motivos
El Derecho Ambiental en el marco internacional fue visto por primera vez en 'La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano', mejor conocida como Conferencia de Estocolmo de 1972, fue
el evento que concentró la atención internacional en temas medioambientales. Las preocupaciones sobre la degradación ambiental y la contaminación transfronteriza fueron las grandes revoluciones, pues implicaban que la contaminación no
reconocía límites políticos o geográficos y afectaba a los países, regiones y pueblos, más allá de su punto de origen. En la Conferencia se hizo un llamado a los gobiernos para que orientaran sus esfuerzos a la preservación del medio ambiente,
subrayando la importancia de establecer un sistema jurídico eficaz que contribuyera a revertir las tendencias que amenazaban el medio ambiente y garantizara a las generaciones futuras su derecho a un medio apropiado.
De igual forma, el Protocolo de Montreal de 1987, relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, fue quizá el primer instrumento internacional con un tema específico. Su objetivo fue proteger la capa de ozono mediante el control de
producción de las sustancias degradadoras de esta. Dicho protocolo entró en vigor el 1 de enero de 1989 y fue revisado en cinco ocasiones: en 1990 en Londres, en 1992 en Copenhague, en 1995 en Viena, en 1997 en Montreal, y en 1999 en Beijing. Si
bien, el carácter del protocolo fue más bien técnico, puede considerarse como uno de los instrumentos con mayor capacidad vinculatoria, esto debido a la precisión de sus preceptos.
Por otra parte, la Cumbre de la Tierra (Conferencia de Río) de 1992, se distinguió más por su faceta política. En ella se reconoció la importancia de integrar la protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales en
las políticas de desarrollo. Esta idea, a su vez, fue tomada de la definición de 'desarrollo sostenible' (o sustentable) hecha por la Comisión Brundtland en 1987, que lo describió como 'el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades'. Esta tendencia ha sido incorporada en la doctrina ambiental de la mayoría de los países, a pesar de que la Conferencia de Río no generó normas como tal.
La firma del Protocolo de Kyoto en 1997 fue la siguiente reunión internacional enfocada a la creación de normas y vínculos jurídicos para proteger el Medio Ambiente.
Según un estudio de SEO/Birdlife, publicado en marzo de 2020, sobre 'El carácter disuasorio, efectivo y proporcional de las sanciones penales impuestas en España y Portugal en delitos contra el medio ambiente, y su adecuación a la Directiva
2008/99/CE sobre protección del medio ambiente a través del derecho penal', en los últimos años se está produciendo un aumento generalizado de los delitos ambientales. En este estudio, SEO/Birdlife detecta lo siguiente:
- Una mejora en el funcionamiento del sistema sancionador penal a lo largo de los últimos 10 años (sobre todo desde el 2012) tanto en la fase de descubrimiento de las agresiones como en la que afecta a la judicialización y condena de las
mismas;
- Esta mejora se ha manifestado especialmente en las condenas por delitos contra la flora y fauna y contra los animales domésticos. La reforma del 2015, que sanciona formas de conductas imprudentes en los delitos contra la flora y fauna,
aumenta y precisa el concepto de maltrato animal, así como una mayor sensibilidad social de las instituciones encargadas de perseguir estos comportamientos, especialmente respecto al maltrato.
- Sin embargo, se detecta una tendencia a no imponer la pena privativa de libertad o, en todo caso, con una duración inferior a dos años. Cuando se supera este límite, lo que se produce únicamente en los delitos contra los recursos
naturales, es habitual que se indulten parcialmente hasta una cuantía igual o inferior a los dos años, lo que facilita que el juez pueda suspender la ejecución.
Por tanto, este tipo de delitos, pese a estar descritos y sometidos a penas cada vez más disuasorias (aunque todavía muy lejos de las que deberían imponerse en comparación al daño causado) cuentan con un elevado índice de impunidad, siendo
además muy compleja su investigación y judicialización.
Es necesaria una nueva técnica para la construcción de los delitos en contra del ambiente que garanticen realmente la protección del sujeto protegido y el castigo a quien lo dañe, sea de manera dolosa o culposa.
En países más avanzados se han hecho cosas para tratar de proteger de manera eficaz al medio ambiente, se han implementado en sus leyes penales la figura del 'ecocidio', en la que manifiestan que 'es cualquier acto ilícito o arbitrario
(culposo) perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos y duraderos al medio ambiente'.
El apoyo de los países a la iniciativa de convertir el ecocidio en un delito internacional es cada vez mayor: en diciembre pasado, los pequeños Estados insulares de Vanuatu y las Maldivas pidieron que se considerara seriamente el delito de
ecocidio en la asamblea de la Corte Penal Internacional, en donde se manifestó que se debe de trabajar para actualizar el marco legal y este se convierta en una herramienta
poderosa para prevenir los delitos contra la naturaleza (ecocidio) mediante la inclusión del ecocidio en el Estatuto de Roma.
Actualmente el Estatuto de Roma es el instrumento mediante el cual se constituye la Corte Penal Internacional (CPI). Consta de 13 secciones, y 128 artículos; en su artículo 1.º estipula:
'La Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales
nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.'
Así, la CPI es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y, tras la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma (Kampala,
2010), del crimen de agresión en el caso de países que, como España, hayan ratificado dicha revisión.
Esta jurisdicción penal de vocación universal es un paso importante en la lucha contra la impunidad. Garantiza, por ejemplo, equilibrio entre culturas jurídicas, idiomas de la Corte, papel de los Estados e independencia de la Corte, y
poderes del Fiscal y derechos de la defensa. Su competencia se limitará a los crímenes más graves y trascendentales para la comunidad internacional, como los siguientes:
- El crimen de genocidio.
- Los crímenes de lesa humanidad.
- Los crímenes de guerra.
- El crimen de agresión.
Lo que se pretende hacer con la figura del ecocidio es que sea el quinto delito como crimen grave y que tenga jurisdicción la Corte Penal Internacional. Los crímenes contra el medio ambiente tendrían la misma categoría que los crímenes de
guerra o los crímenes contra los seres humanos y puede ser procesado en la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI).
Países que han apoyado la iniciativa son: Chile, Escocia, Reino Unido, Bangladesh, Canadá, España entre otros. Estos países, han manifestado el reconocimiento del ecocidio como crimen internacional en virtud del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, la negociación de una enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para establecer un crimen de ecocidio y la posibilidad de legislar sobre el ecocidio a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, España aún no está entre los países que han reformado sus leyes para introducir el delito de ecocidio en su legislación penal. En este sentido, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a estudiar una política de impulso a la modificación del Estatuto de Roma como vía para incluir el reconocimiento del ecocidio como un delito internacional, así como a valorar la realización de las reformas
procesales y penales congruentes con este objetivo en nuestro Derecho interno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2021.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la minería submarina para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En los últimos años, tras bastante tiempo en suspenso, parece haberse renovado el interés del sector privado y de los Gobiernos por el potencial que ofrece la explotación comercial de los minerales marinos, gracias, en gran medida, a los
avances tecnológicos en la extracción y tratamiento de los recursos minerales del mar y al aumento de la demanda a largo plazo de minerales, suscitada por la globalización y por la industrialización del mundo en desarrollo.
El interés comercial se concentra actualmente en tres tipos de yacimientos. En primer lugar, los nódulos polimetálicos que podemos encontrar en casi todo el fondo marino en las llanuras abisales parcialmente enterrados en sedimentos de
grano fino y que contienen una amplia variedad de metales como manganeso, hierro, cobre, níquel, cobalto, plomo y cinc, y pequeñas aunque apreciables concentraciones de molibdeno, litio o titanio. En segundo lugar interesan los sulfuros
polimetálicos ricos en cobre, hierro, cinc, plata y oro y cuyos depósitos se encuentran en los bordes de las placas tectónicas situadas a lo largo de las dorsales centroceánicas. Por último, se pretenden explotar las llamadas costras cobálticas que
se acumulan a profundidades marinas de entre 400 y 7.000 metros, en los costados y en las cimas de los montes submarinos, ricas en hierro, manganeso, níquel, cobalto, cobre y otros elementos metálicos y tierras raras.
Pero autorizar la extracción de estos metales mediante la minería submarina pondría en grave riesgo los fondos marinos. Se destruiría de forma irreversible muchos hábitats submarinos y a las especies que en ellos habitan pero, además,
supondría un nuevo foco de contaminación, pues tanto con la extracción como con el desecho de los restos no aprovechables se generarían metales pesados que acabarían en la cadena trófica, poniendo con ello peligro también la alimentación y salud
humanas. También se cuestiona que con esta actividad se estaría alterando la capacidad marina de absorción de CO2 al tiempo que se liberan y generan más emisiones al medio ambiente. En definitiva, la minería implicaría una sería amenaza para los
fondos marinos y la destrucción irreversible de la biodiversidad marina.
La flota pesquera gallega se vería también gravemente afectada, pues la extracción minera implicaría una gran pérdida de recursos pesqueros a nivel planetario. Se estima, según un estudio realizado por una asociación ecologista, que la
minería submarina podría afectar al 15? % de las capturas de túnidos en el Océano Pacífico y al 10 % de las capturas que se realizan en el Atlántico. Por su cercanía, es especialmente preocupante el creciente interés por potenciales depósitos
minerales en aguas del Estado español, concretamente sobre el llamado 'Banco de Galiza' situado frente a las costas gallegas, que ya sufrió el hundimiento del Prestige y que, de autorizarse la explotación de sus recursos mineros, pondría en riesgo
los principales caladeros de proximidad de la flota.
La minería submarina supondría, además de la pérdida recursos para el sector pesquero, la completa extinción de muchas especies. Esa biodiversidad marina, en gran parte desconocida, puede servir de fuente de conocimiento, de hecho, muchas
investigaciones se centran en formas de vida marina para la investigación médica y el descubrimiento de nuevos medicamentos. Sin ir más lejos, el test de la COVID-19 se desarrolló utilizando una enzima aislada de un microbio que se encontró en
respiraderos hidrotermales de aguas profundas, un hábitat muy escaso y ahora bajo la amenaza de la minería submarina.
Numerosos organismos como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Consello Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia (LDAC), el Consello Consultivo para
las Especies Pelágicas (PelAC), así como distintas entidades sociales nacionales e internacionales han documentado y alertado sobre los impactos conocidos o probables de la minería submarina.
Recientemente, el Parlamento Europeo hizo un llamamiento en su resolución de 9 de junio de 2021 sobre la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030 'Devolver la naturaleza a nuestras vidas' (2020/2273 (INI)) pidiendo (párrafo 184)
a los Estados miembros 'que promuevan una moratoria, también por lo que respecta a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, sobre la minería submarina hasta que se hayan estudiado e investigado suficientemente los efectos de la minería
submarina en medio ambiente marino, la biodiversidad y las actividades humanas en el mar y se pueda gestionar la minería submarina para garantizar que no se pierda biodiversidad marina ni se degraden los ecosistemas marinos'.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Promover y defender ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) una moratoria de la minería submarina hasta que se hayan estudiado e investigado suficientemente sus efectos en medio ambiente marino, la biodiversidad y las
actividades humanas en el mar y se pueda gestionar la minería submarina para garantizar que no se pierda biodiversidad marina ni se degraden los ecosistemas marinos.
2. Garantizar la participación de representantes de los gobiernos autonómicos con competencias en materia de ordenación del sector pesquero o cuyas aguas puedan verse directamente afectadas, como es el caso de Galiza, así como de
organizaciones ambientales y pesqueras, en las delegaciones del Estado español ante de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y promover una reforma de ese organismo para una mayor transparencia y participación de la sociedad civil y
sectores afectados.
3. Prohibir la minería submarina en sus aguas jurisdiccionales y excluir explícitamente la posibilidad de realizar esta actividad en las Áreas Marinas Protegidas y Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica, incluyendo el Banco de
Galiza frente a las costas gallegas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/003349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre indemnizaciones en la Ría del
Burgo, para su debate en la Comisión de Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La recuperación ambiental de las rías gallegas es un objetivo que comparten desde hace años todas las administraciones y en el que han colaborado también todos los actores implicados.
En los últimos años, la Xunta de Galicia ha financiado obras en los distintos ayuntamientos que bordean la ría con la finalidad eliminar todos los puntos de vertido que durante años existieron en la ría.
Finalmente, después de más de 100 millones de euros invertidos en la ría, se ha conseguido eliminar la práctica totalidad de vertidos existentes. Del mismo modo se ha insistido por parte de todas las administraciones y actores implicados en
la necesidad de llevar a cabo un dragado de la ría, una vez eliminados los vertidos, con el objetivo de una recuperación integral.
Finalmente, se consiguió la aprobación del proyecto y la licitación del mismo por un valor de 48 millones de euros. Fue la Xunta de Galicia la que puso sobre la mesa la solución de recurrir a los fondos europeos para completar la
financiación necesaria.
La propuesta de adjudicación este mismo año fue por un valor de poco más de 32 millones de euros, a la UTE formada por las empresas Acciona Construcción S.A. y Matías Arrom Bibiloni S.L.
A día de hoy dicha adjudicación se encuentra recurrida en el Tribunal de Contratación Central a la espera de que se resuelva definitivamente. A pesar de ser una obra demandada desde hace años, a día de hoy está causando desasosiego en el
colectivo de mariscadores de la cofradía de A Coruña, puesto que el propio proyecto recogía la imposibilidad de compatibilizar los trabajos de dragado con los de marisqueo.
Son aproximadamente 80 mariscadores, que con sus familias, solo tienen la seguridad de tener que parar de trabajar pero en ningún caso les indican de qué van a vivir durante el periodo que se realice la obra.
Desde hace meses vemos como la Dirección General de la Costa y el Mar echa balones fuera y no se hace responsable de las indemnizaciones a los mariscadores, y estas personas temen que cualquier día empiecen las obras y no tengan un salario
con el que mantener a sus familias. Para este grupo parlamentario está suficientemente claro que la compensación por el cese forzado de la actividad corresponde a la Dirección General de la Costa y el Mar.
No entendemos, en ningún caso, cómo después de producirse un ahorro de más de 16 millones de euros en la adjudicación de la obra, el Ministerio y la Dirección General pueden estar jugando con el futuro de 80 familias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a compensar o indemnizar al colectivo de mariscadores de la Ría do Burgo, durante el período en el que no puedan ejercer su actividad como consecuencia de la ejecución del dragado de la Ría do
Burgo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Tristana Moraleja Gómez, César Sánchez Pérez, Guillermo Mariscal Anaya, Marta Gonzaléz Vázquez y María Valentina Martínez Ferro, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre la adopción de medidas relativas al sellado y desmantelamiento del almacén de gas Castor.
Exposición de motivos
El proyecto Castor, la construcción y explotación de un depósito estratégico sumergido para almacenar gas natural en un antiguo campo petrolífero, ha sido una de las actuaciones más polémicas y onerosas del Estado español en los últimos
años.
El almacén marino está situado frente a la costa, en aguas del Mar Mediterráneo, en el límite entre las provincias de Castellón y Tarragona. Es visible desde los municipios de Vinarós y Alcanar, así como otros limítrofes de los anteriores.
La planta terrestre y las canalizaciones están en el término municipal de Vinarós (Castellón) aunque en terreno limítrofe con el de Alcanar (Tarragona.)
Con el objetivo de dar a conocer todos los hechos ocurridos desde el diseño del proyecto hasta su cierre, a continuación se detalla la secuencia de sucesos y decisiones políticas más relevantes que se adoptaron.
Todo comienza en 1996, cuando el Ministerio de Industria otorgó el primer permiso para investigar la viabilidad del proyecto a través del Real Decreto 2056/1996, de 6 de septiembre, por el que se otorgaba el permiso de investigación de
hidrocarburos denominado 'Castor'. Se concedió de manera directa a la empresa 'España Canadá Resources, lnc.' (hoy Escal UGS) sin concurrencia ni concurso que permitiese participar a otras empresas.
En 2003, el Ministerio de Economía trasladó el proyecto a una nueva empresa mediante Orden ECO/3805/2003, de 17 de diciembre, sobre la cesión del permiso de investigación de hidrocarburos 'Castor' de 'España Ganada Resources, lnc., Sucursal
en España' a favor de 'ESCAL-UGS, S.L.' Esta nueva empresa responsable estaba integrada por ACS (Actividades de Construcción y Servicios, SA) y Enagás, por parte española, y CLP (Castor Limited Partnership}, por parte canadiense.
Pese a la caída de demanda de gas, no se revisaron las previsiones ni la planificación y el proyecto Castor fue considerado estratégico y prioritario en el nuevo Plan Energético Nacional 2005-2011. Además, diferentes estudios realizados por
investigadores de las Universidades de Barcelona y Ramón Llull, del CSIC y de l'Observatori de les Terres de l'Ebre señalaron el riesgo sismológico del área elegida y denunciaron que el proyecto descartara ese aspecto.
Finalmente se publicó el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, por el que se otorgaba a Escal UGS, S.L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado 'Castor'. En él aparece el conocido artículo
14, que establece que 'La extinción de la concesión se producirá sin perjuicio de
las sanciones a que dieran lugar las causas que la provocan. En caso de caducidad o extinción de la concesión, las instalaciones revertirán al Estado. En tal caso, y para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los
titulares, en coherencia con lo establecido en el artículo 92.1.a) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento
subterráneo siempre que estas continúen operativas.' Dicho artículo concluye así: 'Lo anterior no será de aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensación se limitará al valor residual de
las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria'.
Un año más tarde se aprueba la Resolución de 23 de octubre de 2009, por la que se formulaba declaración de impacto ambiental del proyecto Almacén subterráneo de gas natural Amposta, en la que se obvia el riesgo sismológico y no se adopta
ninguna medida de precaución. Unos meses más tarde el Ministerio de Industria declaró este proyecto categoría de urgente A y el Banco Europeo de Inversiones (BEI, en adelante) otorga los primeros créditos por valor de unos 100 millones de euros.
Entre 2012 y 2013 se van aprobando autorizaciones administrativas y medidas que amparan el carácter estratégico y urgente del proyecto que limitan el derecho de información pública y participación y aceleran los procesos de expropiación para
la planta terrestre, las canalizaciones y su correspondiente servidumbre, de una anchura media de 14 metros. Esto afecta a numerosos propietarios agrícolas, ya que la mayoría del terreno entre la planta terrestre y el mar son campos de naranjos.
Tampoco se imponen medidas de compensación ecológica por los espacios naturales afectados y destruidos, tanto marinos como terrestres.
A partir de la puesta en marcha provisional de la plataforma y el almacén en 2012, se fueron adoptando varias medidas para favorecer a la empresa concesionaria. La primera fue el alargamiento del plazo para renunciar a la concesión de 5 a
25 años mediante la Orden IET/2805/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica. La
segunda fue el alargamiento de 10 a 20 años del periodo de retribución mediante la Orden IET/849/2012, de 26 de abril, por la que se actualizan los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se adoptan
determinadas medidas relativas al equilibrio financiero del sistema gasista.
En 2013 se emiten bonos del proyecto por valor de aproximadamente 1.434 millones de euros, de los que el BEI suscribe unos 300 millones. De esta manera se completaba el proceso que traspasó a la ciudadanía y al Estado el coste total del
proyecto .
A mediados de junio de 2013, la empresa Escal UGS comenzó a inyectar gas colchón, una fase previa a la actividad comercial, de forma acelerada, intentando así cumplir los plazos acordados con el BEI y, aunque ya el 10 de septiembre de 2013
Escal UGS había comunicado al Ministerio de Industria la existencia de microseísmos en la zona, siguió inyectando de forma acelerada.
Se multiplicaron los seísmos, percibidos por la ciudadanía de varios municipios, y el 24 de septiembre se produjo uno de 3,6 grados en la escala de Richter. Dos días más tarde, el Ministerio de Industria publicó una resolución por la que
ordenaba a Escal suspender todas las actividades y solicitaba un informe al Instituto Geográfico Nacional. Cabe señalar que en julio de ese mismo año ya se había encargado una auditoría externa sobre los costes del almacén.
Ante esta situación, la Generalitat Valenciana se vio abocada a activar el Plan de Riesgo Sísmico. Además, el Gobierno señaló que los expertos habían concluido que había una 'probabilidad alta de que haya una relación directa' entre las
inyecciones de gas y los movimientos sísmicos de la zona.
A principios de 2014, Escal UGS reclamó al Gobierno que el proyecto se volviese a poner en marcha a partir del informe de una consultora privada, insistiendo en que la infraestructura era 'segura y fiable'. El BEI, uno de los financiadores
del proyecto, también expresaba su confianza en que el Gobierno decidiese reanudar la actividad y ACS señalaba que el valor de la inversión del grupo en el almacén era recuperable en 'cualquier escenario' relacionado con esta inversión.
El 12 de mayo, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirmaba que los más de 500 seísmos registrados tenían una 'relación directa' con la inyección de gas. Unos días después, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) relacionaba
también los seísmos con la inyección de gas en la planta. El ministro de Industria José Manuel Soria aseguraba que el almacenamiento subterráneo se cerraría si los expertos independientes confirmaban que había relación entre este y los seísmos
registrados en la zona.
Es por todo ello que el 25 de junio, Escal, participada por el Grupo ACS en un 66,67 %, anuncia su decisión de renunciar a la concesión.
Rápidamente , el gobierno aceptaba esa renuncia a través del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptaban medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares. En él se decreta la
hibernación de las instalaciones, que se asignan a la administración, y se acuerda indemnizar a Escal UGS por la suma de 1.350,729 millones de euros en un solo pago en menos de 35 días. La cantidad sería prestada con un interés del 4,7 % por los
bancos Santander, Bankia y Caixa Bank a Enagás, que la devolvería repercutiéndola en la factura de los consumidores de gas.
El 3 de mayo de 2016 el Ministerio de Energía hace público el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que tuvo un coste de 600.000 euros y se dilató 18 meses desde que fue encargado por el gobierno. En él se confirma la
relación entre la inyección del gas y los seísmos, pero señala que no era previsible y justifica la paralización del desmantelamiento.
El sellado y mantenimiento de las instalaciones se encarga a Enagás y, aunque se anuncia un coste anual de unos 3 millones de euros, se mantiene desde 2017 en torno a los 16 millones anuales.
Mientras la causa abierta desde 2015 contra los directivos de Escal en el juzgado de Vinarós desemboca en el procesamiento en 2019 de dos de ellos, el Tribunal Supremo rechaza el 22 de diciembre de 2017 el pago único establecido en el ROL
13/2014 y su repercusión en los consumidores de gas. Tras esta resolución, la CNMC paraliza los pagos a los bancos a través del sistema gasista y pide la devolución de lo desembolsado en 2016 y 2017. Contra esta resolución reclamaron los bancos
afectados y Enagás, y el Tribunal Supremo aceptó parcialmente sus demandas en octubre de 2020 reconociendo la obligación del Estado de pagarles los 1.350 millones más los intereses compensatorios y procesales.
El 30 de diciembre de 2020 se procedió a abonar a las tres entidades financieras (Banco Santander, Bankia y La Caixa) un total de 1.454.039.535,52 euros, en concepto de indemnización (1.350.729.000 euros) e intereses compensatorios
calculados (103.310.535,52 euros). Con posterioridad, en el mes de febrero de 2021, se abonaron los intereses procesales que reconoce el artículo 106.2 LJCA, desde la fecha de notificación hasta la fecha de pago, cuyo importe ascendió a
2.342.201,59 euros. De esta forma, la sentencia del Tribunal Supremo 1404/2020 ya ha sido ejecutada por el Ministerio de Hacienda como señalaba el ROL 39/2020, en sus propios términos, sin perjuicio de las posibles acciones que los interesados
pueden interponer contra la ejecución de la sentencia.
Aún quedan pendientes los casos abiertos contra los directivos de Escal en el juzgado de Vinarós y el de delito medioambiental en la Audiencia Provincial de Castellón, mientras diferentes plataformas de afectados por los seísmos esperan las
sentencias para iniciar demandas civiles por daños materiales y morales.
Asimismo, los ayuntamientos de Alcanar y Vinarós y colectivos como la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia han presentado mociones y alegaciones al plan de hibernación y desmantelamiento, urgiendo a su acometimiento y reiterando la
petición de reversión de espacios y terrenos ocupados.
Independientemente de lo anterior, el 8 de noviembre de 2019, se publicó en el BOE la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publicaba el Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de octubre, por el que se ponía término
a la hibernación de las instalaciones del Castor, acordando su desmantelamiento y ordenándose el sellado y abandono definitivo de los pozos.
Como primera fase del desmantelamiento, Enagás debía proceder al sellado y abandono definitivo de los pozos del almacenamiento, remitiendo al Ministerio, en un plazo no superior a los seis meses, la documentación técnica necesaria para
iniciar la tramitación del expediente de autorización de los trabajos de sellado y abandono definitivo de los pozos.
El acuerdo habilitaba a la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a dictar, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, las instrucciones necesarias para ordenar las
sucesivas fases del desmantelamiento aunque en la documentación aportada por el Departamento para recabar el informe de la Comisión para Asuntos Económicos solo se incluía una cuantificación provisional del sellado y abandono definitivo de los
pozos, estimada por Enagás, que se cifraba en 59 millones de euros.
Pese al riesgo que suponen unas instalaciones que se van deteriorando por falta de uso y el atentado que representan para el medio natural, el Gobierno no ha aprobado el calendario para el desmantelamiento definitivo del fallido proyecto
Castor, que tanto perjuicio y temor ha producido en la gente de las comarcas del Baix Maestrat y Terres de l'Ebre.
Por todo ello, y considerando que ya se ha compensado a los actores económicos y empresariales del fallido proyecto Castor mientras no han sido atendidas las demandas de la ciudadanía afectada, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer público a la mayor brevedad posible el calendario de desmantelamiento de la totalidad de las instalaciones marinas y terrestres del almacén Castor.
2. Aprobar las medidas económicas para llevar a efecto la totalidad del proceso de desmantelamiento, asegurando la provisión de fondos destinados al mismo.
3. Planificar y ejecutar el proceso de desmantelamiento con el asesoramiento de los organismos científicos y medioambientales que asegure las cautelas necesarias en el ámbito de protección y seguridad de la ciudadanía y restitución del
medio ambiente.
4. Encargar un estudio para la recuperación de los espacios marinos y terrestres afectados por las instalaciones del Castor y aprobar un plan para llevarlo a cabo.
5. Restituir la totalidad de los terrenos agrícolas expropiados para las canalizaciones y su servidumbre, una franja media de 14 metros, a sus propietarios.
6. Aprobar ayudas para la restauración de la actividad agrícola en dichos terrenos.
7. Estudiar las demandas de los afectados por los seísmos de 2013.
8. De conformidad con lo fijado en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a reclamar posibles responsabilidades de la mala
praxis que produjo los seísmos que causaron consecuencias en viviendas y personas, así como instar a la Abogacía del Estado el ejercicio de acciones judiciales en el ámbito de sus competencias.'
Palacio del congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2021.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Marisa Saavedra Muñoz, Roser Maestro Moliner y Rosa María Medel Pérez, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podemos- Galicia en Común.
161/003354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia de Joan Baldoví Roda, diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección
de la costa para su debate en la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Los últimos temporales han puesto de manifiesto la enorme fragilidad de nuestro litoral, que es un recurso económico, turístico, territorial y un patrimonio natural de primera magnitud.
Es previsible además que, debido a los efectos del cambio climático, los diversos pronósticos de nivel del mar, así como los procesos de regresión marina, estos fenómenos tengan cada vez una mayor incidencia, como ya se ha venido
demostrando.
A estas circunstancias de carácter natural, que solo se pueden afrontar desde un punto de vista de políticas ambientales globales y coordinadas, se une el efecto que sobre el litoral provocan las grandes infraestructuras impulsadas en la
franja costera, especialmente las de mayor magnitud, como pueden ser los puertos comerciales.
Absolutamente todos los estudios sobre la regresión litoral en la costa, sobre las dinámicas de los sistemas litorales, coinciden en los efectos directos que estas infraestructuras provocan sobre la franja litoral. En los análisis
geomorfológicos se destaca el efecto directo erosionador que en la costa mediterránea en particular y especialmente en el golfo de Valéncia provocan los puertos a la franja sur de
influencia, ya que debido al movimiento de las corrientes del litoral mediterráneo -de norte a sur-, los puertos constituyen una barrera física que impide el depósito de sedimentos al sur de si mismos y, por tanto, aceleran el proceso de
regresivo general.
De hecho, estos efectos sobre el litoral son tan evidentes que cualquier proyecto de ampliación portuaria incluye una declaración ambiental con inversiones puntuales al sur de cada puerto. Pese a ello, estas inversiones puntuales se han
demostrado insuficientes para afrontar el proceso regresivo.
Dada la importancia socieconómica de las instalaciones portuarias comerciales -que además en la Comunidad Valenciana tienen una trascendencia indiscutible- consideramos que el impulso industrial que general debe ser compatible con el
desarrollo turístico y con la protección de un recurso natural y social como es nuestro litoral.
Por ello, y para establecer mecanismos permanentes de actuación sobre el litoral, para compatibilizar dos usos indispensables para la actividad económica de nuestro territorio -la actividad comercial de los puertos y la actividad turística
de nuestros municipios- y para proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas cuyas viviendas y propiedades se ven directamente afectadas por este proceso, se realiza la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe sobre los efectos de los puertos comerciales valencianos sobre la franja litoral que analice las consecuencias geomorfológicas y de regresión en nuestra costa y que incluya una estimación de gastos generados
directamente por los puertos en medidas de protección de la costa a los municipios situados en las áreas de afección de cada puerto.
2. Que en virtud de este estudio, el Gobierno Central elabore una propuesta económica y fije un porcentaje permanente de los beneficios anuales de los puertos para que se destinen específicamente a inversiones de protección del litoral en
sus respectivas zonas de influencia, además de fijar otro porcentaje destinado a actuaciones conjuntas para el litoral, garantizando siempre la sostenibilidad ambiental.
3. En los municipios cuyo proceso de regresión litoral esté directamente provocado por la afección de puertos comerciales establecer mecanismos de corrección y de 'discriminación positiva' en el procedimiento administrativo de deslinde
marítimo terrestre para minimizar la pérdida de derechos de los propietarios sobre el patrimonio afectado por dicho proceso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2021.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/003358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas frente al Reto Demográfico, para su debate en La Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El desarrollo económico de la última mitad del siglo XX se centró en el desarrollo y crecimiento de las grandes urbes. Se impulsó su capacidad de absorber grandes incrementos de población, la conectividad entre grandes ciudades y la
concentración de los grandes sectores productivos. Este modelo, al mismo tiempo, generaba el estancamiento de las regiones con menos población.
Las 23 provincias más afectadas por la despoblación representaban en 1950 el 34,1% de la población española, y generaban el 26,7% del VAB, con un 33,5% del empleo total del país. Con los últimos datos disponibles, hasta 2019, esas mismas
provincias ya solamente albergan el 18,1% de la población, producen el 16,1% del VAB y proporcionan el 17,0% del empleo. En términos muy generales, puede decirse que desde 1950 estas 23 provincias han visto reducido su peso demográfico, laboral y
económico en el país a casi la mitad.
La crisis pandémica que ha golpeado a la sociedad, se ha convertido al mismo tiempo en una oportunidad. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia representa una oportunidad no solo de superar la crisis y hacer crecer el país,
sino también de cohesionarlo, reequilibrarlo, garantizando oportunidades de crecimiento en todas las regiones españolas, también, y sobre todo, en las regiones necesitadas de impulso económico que permita compensar décadas de ralentización.
El Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico, aprobado en la Comisión Delegada para el Reto Demográfico el 16 de marzo de 2021, recoge el esfuerzo realizado desde todos los departamentos ministeriales para impulsar una fuerte acción
coordinada orientada a impulsar nuestra cohesión territorial.
Un trabajo que incorpora los cuatro ejes prioritarios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: la transición verde, la transformación digital, la eliminación de las brechas de género y la cohesión social y territorial, para
avanzar hacia dos grandes objetivos: la igualdad de derechos, y la generación de oportunidades.
Un Plan que se sintetiza en 10 ejes de actuación y 130 medidas, que movilizan una inversión estimada para el periodo 2021-2023 de más de 10.000 millones de euros, y que suponen el mayor esfuerzo realizado nunca para abordar la igualdad de
derechos y oportunidades en nuestros pequeños municipios.
Con la elaboración y presentación de este plan de 130 medidas se avanza para alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, porque son dos instrumentos complementarios. Este plan es la bisagra que
conecta los objetivos generales y las líneas de acción de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, y los ejes transversales y palancas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Es un plan para eliminar las brechas de desigualdad, en todos los ámbitos: entre áreas urbanas y rurales, para las mujeres, para la juventud. Para transformar nuestro modelo socioeconómico y abordar uno más cohesionado, sostenible y
resiliente, en línea con los objetivos del Plan de Recuperación.
El despliegue de todas sus acciones exige tanto la acción directa de todos los departamentos del Gobierno, como la concertación y colaboración con las comunidades autónomas y con las entidades locales.
Es la hora de abordar, con hechos, la igualdad y la cohesión territorial. Con este Plan, el Gobierno está asumiendo su responsabilidad. Con la colaboración de las comunidades autónomas y los gobiernos locales, se impulsará la atención a
nuestros pequeños municipios y a las personas que cuidan y viven en el medio rural. Ellas son, sin duda, las verdaderas protagonistas de esta lucha por la igualdad y la vertebración territorial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el desarrollo del Plan 130 medidas frente al Reto Demográfico como instrumento para abordar la cohesión territorial y el desarrollo de los pequeños municipios y las áreas rurales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2021.-Antidio Fagúndez Campo, Helena Caballero Gutiérrez, Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, José Luis Aceves Galindo, María Montserrat García Chavarría, María
Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Javier Antón Cacho, Daniel Vicente Viondi, Manuel Gabriel González Ramos, Herminio Sancho Íñiguez y Diego Taibo Monelos, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre rehabilitación de edificios en zonas de baja población, para su debate en La
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece unos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética para el año 2030. La obligación de limitar las emisiones
condiciona las políticas sectoriales e implica cambios en los patrones de consumo, afectando a numerosas áreas de actividad. Una de las más implicadas en este necesario proceso de transformación es el de la rehabilitación de viviendas.
Por otra parte, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales. La cohesión social y la lucha contra la despoblación, son algunos de los ejes vertebradores del
mismo, y estarán presentes en todas las políticas del Plan. Se han articulado un conjunto de 130 medidas para el reto demográfico orientadas a zonas rurales y pequeños municipios.
El Plan se estructura en torno a diez políticas tractoras que se desarrollan en 30 componentes. Uno de ellos, el número 2, se dedica específicamente a la 'Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración
urbana'.
A través del componente 2 se programan una serie de reformas e inversiones que ofrecen un marco de apoyo a diferentes escalas y en diferentes entornos. Con ello se da respuesta a los desafíos de cambio climático, a la mitigación de la
pobreza energética, a las necesidades de vivienda social para los grupos más vulnerables. De manera significativa, se responde también con estas reformas e inversiones al problema de la despoblación. De hecho, se aborda de forma específica el reto
demográfico, al incluir una inversión dirigida específicamente a la regeneración en zonas de baja población. En concreto, el Programa de regeneración y reto demográfico está dotado con 1.000 millones de euros, que se distribuirán en diferentes
convocatorias y que permitirán movilizar una inversión total de al menos 1.250.000.000 , en función del reparto público-privado de las actuaciones en cada caso.
Se estima que el Programa de regeneración y reto demográfico proporcionará en municipios y núcleos de baja población un ahorro en energía primaria de alrededor de 900 GWh/año (77 ktep/año) y una reducción de emisiones de 232.800 tCO2/año
mediante actuaciones de rehabilitación energética; inversiones en renovables, eficiencia y movilidad sostenible en infraestructuras municipales y proyectos singulares.
El Plan se centra en el fomento de las inversiones verdes, de mejora de la eficiencia energética de los edificios, equipamiento e infraestructuras públicas, de generación y consumo de energías renovables en general y, en particular, del
autoconsumo y las comunidades locales de energía, y de movilidad sostenible, garantizando la participación de los pequeños municipios y núcleos en el despliegue de la infraestructura de recarga e impulso del vehículo eléctrico.
Las actuaciones de este componente se apoyan en la acción concertada y en la colaboración interadministrativa. Por otra parte, existe un sesgo de género en las zonas de declive demográfico, lo que hace necesario que se incorpore la
perspectiva de género en las actuaciones objeto de esta inversión.
Todo ello sin perjuicio de que estas zonas puedan recibir financiación a través de otras inversiones de las previstas en este componente del Plan de Recuperación, así como de inversiones previstas en otros componentes (especialmente C1, C7 y
C11, relativos a movilidad, renovables y mejora energética de la Administración).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, programas de ayudas a la rehabilitación de edificios, dirigidas a las entidades locales, municipios y
núcleos de menos de 5.000 habitantes, empresas públicas y privadas y ciudadanos localizados en estos territorios, así como empresas o iniciativas que puedan asentarse en los mismos a raíz de las nuevas medidas.
Las convocatorias tendrán en cuenta la perspectiva de género y se orientarán a los siguientes objetivos:
1. Rehabilitación energética para edificios existentes.
2. Ayudas a proyectos de desarrollo urbano sostenible para el impulso de iniciativas públicas de mejora de la eficiencia energética, movilidad sostenible e integración de renovables en edificios e infraestructuras públicas.
3. Ayudas a proyectos singulares e innovadores, para la selección de proyectos e iniciativas públicas y privadas que faciliten el paso a una economía baja en carbono que conlleven una reactivación económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2021.-Antidio Fagúndez Campo, Helena Caballero Gutiérrez, Eva Patricia Bueno Campanario, Germán Renau Martínez, José Luis Aceves Galindo, María Montserrat García Chavarría, María
Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Javier Antón Cacho, Daniel Vicente Viondi, Manuel Gabriel González Ramos, Herminio Sancho Íñiguez y Diego Taibo Monelos, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/003343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una Estrategia Española de Datos para su
debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
En septiembre de 2020, el Gobierno de España procedió a la creación de la Oficina del Dato en el organigrama de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que se encargará de diseñar las estrategias del Gobierno en
materia de Big Data. Así se denomina al conjunto de tecnologías que han sido creadas para recopilar, analizar y gestionar los datos que generan los usuarios de Internet, de forma que se obtiene información masiva para identificar patrones o
comportamientos colectivos que puedan ayudar a determinados sectores a afinar sus actividades de acuerdo a los mismos. Es decir, el Big Data no busca obtener información concreta de usuarios únicos, sino que se interesa más por la información
agregada de comportamientos y de patrones de grupo en una plataforma o servicio.
Durante casi un año, la Oficina del Dato no ha contado con estructura organizativa efectiva hasta el pasado mes de julio, cuando nombró al Doctor Alberto Palomo Lozano, especialista en Física Teórica y experto en Data Analytics, como Chief
Data Officer. Su labor al frente de esta Oficina es poner en marcha las medidas necesarias para asegurar que los datos fluyen de forma correcta en nuestro país, especialmente entre la Administración, el sector privado y la academia. Además, se ha
creado una División de Planificación y Ejecución de Programas como órgano administrativo dentro de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para, precisamente, ayudar en la puesta en marcha de esas medidas que hagan
posible la fluidez del ecosistema de datos de nuestro país.
Estas actuaciones derivan de los avances ocurridos a nivel europeo, teniendo en cuenta que en febrero de 2020 la Comisión Europea presentó su nueva Estrategia Europea de Datos. El objetivo de esta estrategia es fomentar la creación de un
mercado único de datos, en el que tanto los datos personales como los anonimizados puedan circular de forma segura y sin barreras geográficas en la Unión Europea, de forma que tanto las administraciones como las empresas y los investigadores puedan
acceder a ellos para poder mejorar las políticas públicas, innovar, mejorar modelos de negocio y fomentar el crecimiento sostenible y la creación de empleo de calidad. De este modo, la Comisión Europea se fijó el objetivo de consolidar ese espacio
de intercambio que permita, además, fomentar la autonomía estratégica de la industria europea y la soberanía tecnológica de nuestros sistemas de recopilación, tratamiento y gestión de datos.
La Comisión Europea, además, ha establecido cuatro prioridades de actuación para hacer realidad esta Estrategia Europea de Datos. En primer lugar, la creación de un marco legislativo que refuerce las estructuras y mecanismos de gobernanza
de datos para su reutilización, siempre de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos y de protección de la propiedad industrial, que permita asegurar cantidades importantes de datos de alto valor social y económico, que
facilite el intercambio de datos entre administraciones y empresas y que facilite el acceso de investigadores a los mismos.
En segundo lugar, la Comisión Europea identifica como prioritaria la inversión en arquitecturas para albergar, tratar y utilizar datos, que tienen como objetivo ofrecer datos ligados a sectores estratégicos como la industria, la energía, la
salud, la movilidad, la agricultura o la ciencia. Posteriormente, la necesidad de apostar por la formación y capacitación de personas en competencias digitales, especialmente en lo referente a las asociadas al manejo de los datos, así como
formación en materia de derechos digitales y portabilidad de los mismos. Por último, la Comisión Europea considera prioritaria la creación de un marco adecuado para poder medir los flujos de datos y la estimulación del valor económico de los
mismos, ya sea dentro de la Unión Europea como de cara al exterior. Además, la Comisión Europea también ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta que incluye la aprobación de una Estrategia Europea sobre Software de Código Abierto 2020-2025, la
Estrategia de Ciberseguridad 2020-2027 y el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027.
Sin embargo, a nivel nacional el Gobierno aún no ha puesto en marcha ninguna iniciativa al respecto. El Gobierno de España podría aprovechar que la Comisión Europea ya ha fijado el rumbo a seguir a nivel europeo, así como el parón que
desgraciadamente han sufrido estos asuntos a causa de la pandemia de COVID-19, para posicionar nuestro país a la vanguardia del manejo seguro, flexible y ágil de Big Data en la Unión Europea. Pese a ello, la tardanza del Gobierno en poner en marcha
la Oficina del Dato no augura un buen futuro para ese potencial. Desde el GP Ciudadanos, tenemos claro que la digitalización es una de las grandes transformaciones que están cambiando profundamente nuestro presente y que, además, sentarán las bases
del crecimiento, de la igualdad de oportunidades y del empleo en el futuro. Por desgracia, la pandemia de COVID-19 también nos ha enseñado lo importante que es tener nuestras economías y sociedades listas para esa transformación y evitar posibles
impactos negativos que deriven de la misma.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, en colaboración con las Cortes Generales, una Estrategia Española de Datos que recoja las directrices establecidas por la Comisión Europea en los últimos dos años y que permita posicionar a España a la vanguardia de la
utilización segura, fluida y sencilla de Big Data en la Unión Europea.
2. Adoptar las modificaciones legales necesarias para asegurar una aplicación correcta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza europea de datos, en especial en lo referente a cesión de datos por parte
del sector público, de transparencia sobre mecanismos de recopilación, tratamiento y transmisión de datos y de interoperabilidad de los mismos para los usos contemplados en la legislación para los mismos.
3. Impulsar la colaboración público-privada en materia de datos, capacidades e infraestructuras, eliminando barreras a la inversión privada, y apostando de forma clara por sistemas seguros de almacenamiento de datos, de sistemas de nube, de
conexiones 5G y de mecanismos de interoperabilidad, en especial para fomentar el crecimiento sostenible y la creación de empleo de calidad.
4. Reforzar la apuesta por capacitación de personas y la formación en competencias digitales y de tratamiento de datos, tanto en la educación como en el mundo empresarial, para asegurar un tratamiento ético, seguro y acorde a la legalidad
de los datos y los recursos de aprendizaje en estas competencias disponibles en centros educativos y en centros de formación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la flexibilización de los requisitos de acceso a las ayudas
a autónomos afectados por la erupción del volcán en La Palma para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Hace ya más de un mes que comenzara la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, sin que tenga visos de que la actividad volcánica vaya a disminuir de forma significativa en los próximos días.
Con datos a 20 de octubre, las coladas han afectado ya a un total de 807,85 hectáreas, lo que la convierte esta erupción en una de las de mayor impacto en la historia reciente de la isla. De esa superficie total arrasada por las coladas,
245,48 hectáreas corresponden a cultivos, entre los que destacan 139,59 hectáreas de plataneras, 52,94 hectáreas de viñedos y 19,49 hectáreas de aguacateros. En lo que a edificaciones se refieren, según datos del Catastro, 1.122 edificaciones han
sido destruidas por la lava, de las que 902 son de uso residencial, 115 de uso agrícola, 56 de uso industrial, 25 destinadas a la hostelería y 23 son de uso público u otros usos.
El 28 de septiembre el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley (18/2021) que, entre otras medidas, aprobaba ayudas de carácter extraordinario a los trabajadores autónomos afectados por la erupción del volcán. Sin embargo, tal y como está
redactada la norma, deja fuera de la prestación a los autónomos que tengan a su cargo trabajadores, puesto que tienen que darse de baja del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), cesar en la actividad y, por lo tanto, despedir a sus
trabajadores para cobrar esta ayuda extraordinaria. Se calcula que más de 600 de los 5.000 autónomos de La Palma afectados por la erupción se encuentran ahora ante la mencionada imposibilidad de acceder a las ayudas, a menos que despidan a sus
empleados.
No es la primera vez que el Gobierno comete este error. El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, también adolecía de la misma deficiencia
que obligaba a los trabajadores autónomos con trabajadores a su cargo a darse de baja del RETA. Este error fue corregido posteriormente el 8 de abril, permitiendo, ahora sí, que autónomos y empresarios pudieran acceder a las ayudas sin darse de
baja. Visto el precedente, nada impide ni justifica, por lo tanto, que se excluya a estos 600 trabajadores autónomos afectados en La Palma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, para permitir a
autónomos y empresarios acceder a las ayudas sin darse de baja en el RETA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2021.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para avanzar en la detección precoz y el abordaje del cáncer de
mama para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto devastador en la capacidad de nuestro sistema sanitario de detectar de forma temprana el cáncer en nuestro país. Por ejemplo, según sus
estimaciones, el número de cánceres de mama diagnosticados en el pasado 2020 es mucho menor de lo esperado en condiciones normales. Teniendo en cuenta lo
importante que es una detección temprana para este tipo de patologías, es especialmente preocupante que se hayan dificultado estos procedimientos de detección precoz debido a la presión a la que ha sido sometido nuestro sistema sanitario
debido a la pandemia.
De acuerdo a las estimaciones de la SEOM, en 2021 el cáncer de mama será el tercer tipo de cáncer con mayor incidencia, sólo por detrás del cáncer de colon y recto y del cáncer de próstata, con 33.375 nuevos casos detectados en condiciones
de funcionamiento normal del sistema sanitario. Sin embargo, esta cifra puede acabar siendo menor si los efectos de la emergencia sanitaria del COVID-19 sigue poniendo presión sobre esas capacidades diagnósticas. No debe olvidarse, además, de que,
aunque los varones pueden también desarrollar cáncer de mama, es innegable que este tipo de cáncer es el más detectado en mujeres, por delante incluso del cáncer de colon y recto. Por tanto, este problema requiere un claro enfoque de género que
tenga en cuenta las especificidades del acceso a la asistencia sanitaria por parte de las mujeres.
La prevalencia total de cáncer de mama en España para las mujeres, es decir, el número total de casos diagnosticados y en tratamiento, era en 2020 de 516.827.
Medio millón de mujeres afectadas por un tipo de cáncer específico cuya prevalencia a los cinco años se reduce a 144.233 casos, gracias a los avances científicos que permiten diagnósticos más tempranos y tratamientos más efectivos. Sin
embargo, no hay que olvidar que parte de esa prevalencia se debe también a la mortalidad, puesto que el cáncer de mama provocó en 2020 en torno a 6.606 fallecimientos, el 5,8% del total de fallecimientos provocados por todos los tipos de cáncer, y
el 14,6% si tenemos sólo en cuenta las mujeres. Por suerte, esta cifra es mucho menor que la de otras tipologías, y esos avances científicos hacen que la mortalidad del cáncer de mama en nuestro país pueda seguir reduciéndose. Es más, la
supervivencia neta del cáncer de mama en mujeres alcanza ya el 86%.
Desde el GP Ciudadanos tenemos claro lo importante que es avanzar, precisamente, en ese impulso a la ciencia y la medicina para que esa tendencia a la baja en la mortalidad del cáncer de mama se profundice y se mantenga. Nuestro compromiso,
y así lo demostramos allá donde tenemos presencia institucional, es apostar por la capacidad preventiva del sistema sanitario, puesto que invertir en prevención supone ahorrar tanto en costes humanos a medio plazo, al evitar complicaciones no
detectadas en alguna dolencia o patología, y en costes económicos, al ahorrar necesidades de inversión en tratamientos más invasivos, generalmente más costosos que las intervenciones en etapas más tempranas del desarrollo de una enfermedad.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar las campañas de comunicación sobre la importancia de la prevención y la revisión periódica para detectar de forma temprana el cáncer de mama, especialmente en mujeres con edades comprendidas entre los 45 y los 69 años.
2. Coordinar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las posibilidades de acceso a revisiones y seguimiento de cáncer de mama en todo el territorio nacional, sin importar la comunidad autónoma de origen o residencia de la paciente,
sin someterse a procedimientos burocráticos adicionales.
3. Impulsar, en el seno de las medidas que desarrollan el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, que al menos el 40% de la inversión en I+D se dedique al sector de la salud, especialmente en materia de
detección precoz y tratamientos no invasivos de patologías crónicas como el cáncer de mama.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la prevención, el diagnóstico precoz y el abordaje asistencial temprano e integral del cáncer de mama en España, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El cáncer supone, en sus más de 200 variables y junto con las enfermedades cardiovasculares y las patologías neurodegenerativas, una de las principales causas de mortalidad, morbilidad y pérdida de bienestar y calidad de vida en nuestra
sociedad.
En su informe 'Las cifras del cáncer en 2021', la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) contempla datos provenientes de la 'International Agency for Research on Cancer', según los cuales 'en el año 2020 se diagnosticaron
aproximadamente 19,3 millones de casos nuevos en el mundo'.
Entre los tumores diagnosticados con mayor frecuencia el pasado año a nivel mundial según la propia SEOM, destacan los de mama con 2,26 millones de casos, seguidos por los de pulmón, colon y recto, próstata y estómago, todos ellos con más de
un millón de casos.
En cuanto a 2021, ya en el contexto de España y tomando de igual modo la información facilitada desde la citada SEOM, se estima que cuando haya concluido el año se habrán diagnosticado en total 276.239 casos nuevos, correspondiendo
principalmente a tumores de colon y recto (43.581 nuevos casos), próstata (35.764) y mama (33.375).
En hombres, los diagnósticos más frecuentes serán los de próstata, colon y recto, y pulmón, mientras que en mujeres tendrán mayor impacto los tumores de mama y colon y recto.
Junto con el envejecimiento progresivo de la sociedad y los condicionantes genéticos, la exposición a factores de riesgo como el tabaco, las bebidas alcohólicas, la contaminación, la obesidad, el sedentarismo... siguen suponiendo las causas
principales de padecer cáncer.
Es en este marco conceptual en el que hoy, 19 de octubre, se celebra el 'Día Mundial del Cáncer de Mama', que es el tumor maligno más frecuente en la mujer tanto a nivel mundial como europeo y en los países occidentales, pues, como se
plantea desde la Organización Mundial de la Salud, es diagnosticado a nivel mundial cada 30 segundos y afectará a una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida.
De acuerdo con la 'Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud' aprobada por el Consejo Interterritorial del propio Sistema Nacional de Salud el pasado mes de enero, España presenta una tasa inferior a la media de la UE-27 en cuanto a
los tumores de mama con respecto a la media europea (123,5 casos por 100.000 mujeres y año frente a los 142,8 casos de media en la Unión), con una tendencia descendente desde 1992 ('bajada media anual del 1,3% entre 2009 y 2018') y con tasas de
supervivencia neta a cinco años del 85,5%.
No obstante, y según la información ofrecida desde el 'Departamento de Epidemiología de Enfermedades Crónicas' del 'Centro Nacional de Epidemiología', dependiente del 'Instituto de Salud Carlos III', el cáncer de mama es también el tipo de
cáncer que mayor número de defunciones provoca entre las mujeres en nuestro país, concretamente 6.519 en el año 2018.
Por ello, teniendo presente el impacto negativo que la pandemia de COVID-19 ha tenido en el diagnóstico precoz y el abordaje temprano, y tomando en consideración las reivindicaciones planteadas desde entidades como la Asociación Española
Contra el Cáncer o la Federación Española de Cáncer de Mama, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en práctica con inmediatez, y desde la total convergencia con el 'Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer', cuantas medidas sean necesarias para mejorar la prevención del cáncer de mama
en España, así como su diagnóstico precoz y un abordaje asistencial temprano, integral, multidisciplinar, humanizado y personalizado/de precisión en condiciones de calidad, equidad y seguridad en todo el país.
El Gobierno consensuará las inversiones y medidas que impulse para ampliar las prestaciones y los servicios vigentes con las Comunidades Autónomas y las coordinará con los representantes de los pacientes y los profesionales sanitarios, dando
prioridad a la consecución de avances desde la l+D+i para agilizar tanto como sea posible el acceso de los ciudadanos a las innovaciones terapéuticas y tecnológicas.
Además, el Gobierno liderará las acciones necesarias para desarrollar la atención social, psicológica y de acompañamiento tanto para los pacientes con cáncer de mama como para sus familiares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-José Ignacio Echániz Salgado, Ana María Pastor Julián y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una Estrategia Española de Datos para su
debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
En septiembre de 2020, el Gobierno de España procedió a la creación de la Oficina del Dato en el organigrama de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que se encargará de diseñar las estrategias del Gobierno en
materia de Big Data. Así se denomina al conjunto de tecnologías que han sido creadas para recopilar, analizar y gestionar los datos que generan los usuarios de Internet, de forma que se obtiene información masiva para identificar patrones o
comportamientos colectivos que puedan ayudar a determinados sectores a afinar sus actividades de acuerdo a los mismos. Es decir, el Big Data no busca obtener información concreta de usuarios únicos, sino que se interesa más por la información
agregada de comportamientos y de patrones de grupo en una plataforma o servicio.
Durante casi un año, la Oficina del Dato no ha contado con estructura organizativa efectiva hasta el pasado mes de julio, cuando nombró al Doctor Alberto Palomo Lozano, especialista en Física Teórica y experto en Data Analytics, como Chief
Data Officer. Su labor al frente de esta Oficina es poner en marcha las medidas necesarias para asegurar que los datos fluyen de forma correcta en nuestro país, especialmente entre la Administración, el sector privado y la academia. Además, se ha
creado una División de Planificación y Ejecución de Programas como órgano administrativo dentro de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para, precisamente, ayudar en la puesta en marcha de esas medidas que hagan
posible la fluidez del ecosistema de datos de nuestro país.
Estas actuaciones derivan de los avances ocurridos a nivel europeo, teniendo en cuenta que en febrero de 2020 la Comisión Europea presentó su nueva Estrategia Europea de Datos. El objetivo de esta estrategia es fomentar la creación de un
mercado único de datos, en el que tanto los datos personales como los anonimizados puedan circular de forma segura y sin barreras geográficas en la Unión Europea, de forma que tanto las administraciones como las empresas y los investigadores puedan
acceder a ellos para poder mejorar las políticas públicas, innovar, mejorar modelos de negocio y fomentar el crecimiento sostenible y la creación de empleo de calidad. De este modo, la Comisión Europea se fijó el objetivo de consolidar ese espacio
de intercambio que permita, además, fomentar la autonomía estratégica de la industria europea y la soberanía tecnológica de nuestros sistemas de recopilación, tratamiento y gestión de datos.
La Comisión Europea, además, ha establecido cuatro prioridades de actuación para hacer realidad esta Estrategia Europea de Datos. En primer lugar, la creación de un marco legislativo que refuerce las estructuras y mecanismos de gobernanza
de datos para su reutilización, siempre de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos y de protección de la propiedad industrial, que permita asegurar cantidades importantes de datos de alto valor social y económico, que
facilite el intercambio de datos entre administraciones y empresas y que facilite el acceso de investigadores a los mismos.
En segundo lugar, la Comisión Europea identifica como prioritaria la inversión en arquitecturas para albergar, tratar y utilizar datos, que tienen como objetivo ofrecer datos ligados a sectores estratégicos
como la industria, la energía, la salud, la movilidad, la agricultura o la ciencia. Posteriormente, la necesidad de apostar por la formación y capacitación de personas en competencias digitales, especialmente en lo referente a las asociadas
al manejo de los datos, así como formación en materia de derechos digitales y portabilidad de los mismos. Por último, la Comisión Europea considera prioritaria la creación de un marco adecuado para poder medir los flujos de datos y la estimulación
del valor económico de los mismos, ya sea dentro de la Unión Europea como de cara al exterior. Además, la Comisión Europea también ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta que incluye la aprobación de una Estrategia Europea sobre Software de Código
Abierto 2020-2025, la Estrategia de Ciberseguridad 2020-2027 y el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027.
Sin embargo, a nivel nacional el Gobierno aún no ha puesto en marcha ninguna iniciativa al respecto. El Gobierno de España podría aprovechar que la Comisión Europea ya ha fijado el rumbo a seguir a nivel europeo, así como el parón que
desgraciadamente han sufrido estos asuntos a causa de la pandemia de COVID-19, para posicionar nuestro país a la vanguardia del manejo seguro, flexible y ágil de Big Data en la Unión Europea. Pese a ello, la tardanza del Gobierno en poner en marcha
la Oficina del Dato no augura un buen futuro para ese potencial. Desde el GP Ciudadanos, tenemos claro que la digitalización es una de las grandes transformaciones que están cambiando profundamente nuestro presente y que, además, sentarán las bases
del crecimiento, de la igualdad de oportunidades y del empleo en el futuro. Por desgracia, la pandemia de COVID-19 también nos ha enseñado lo importante que es tener nuestras economías y sociedades listas para esa transformación y evitar posibles
impactos negativos que deriven de la misma.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, en colaboración con las Cortes Generales, una Estrategia Española de Datos que recoja las directrices establecidas por la Comisión Europea en los últimos dos años y que permita posicionar a España a la vanguardia de la
utilización segura, fluida y sencilla de Big Data en la Unión Europea.
2. Adoptar las modificaciones legales necesarias para asegurar una aplicación correcta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza europea de datos, en especial en lo referente a cesión de datos por parte
del sector público, de transparencia sobre mecanismos de recopilación, tratamiento y transmisión de datos y de interoperabilidad de los mismos para los usos contemplados en la legislación para los mismos.
3. Impulsar la colaboración público-privada en materia de datos, capacidades e infraestructuras, eliminando barreras a la inversión privada, y apostando de forma clara por sistemas seguros de almacenamiento de datos, de sistemas de nube, de
conexiones 5G y de mecanismos de interoperabilidad, en especial para fomentar el crecimiento sostenible y la creación de empleo de calidad.
4. Reforzar la apuesta por capacitación de personas y la formación en competencias digitales y de tratamiento de datos, tanto en la educación como en el mundo empresarial, para asegurar un tratamiento ético, seguro y acorde a la legalidad
de los datos y los recursos de aprendizaje en estas competencias disponibles en centros educativos y en centros de formación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Igualdad
161/003329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a regular un permiso retribuido en los casos de pérdida gestacional espontánea, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El embarazo deseado es una de las mayores alegrías que puede tener una mujer o una pareja, por lo que su pérdida supone un gran shock para la mujer y, en el caso de haberla, para la pareja, independientemente del momento en el que se
produzca.
En el ámbito médico, el aborto espontaneo es la muerte embrionaria o fetal no inducida o la salida de los productos de la concepción antes de las 20 semanas de gestión.
Sin embargo, sea cuando sea, el aborto espontáneo debe abordarse en todas sus vertientes, médicas, físicas, psicológicas, pero sobre todo, debe ser enfocado en pro de la salud y bienestar de las mujeres que lo sufren.
Los psicólogos especialistas señalan que es muy importante valorar el aspecto emocional de la mujer durante todo este proceso, acompañarla desde el inicio y, por supuesto, si se observa que la situación le está pasando factura
psicológicamente, aconsejarla parar un tiempo para recuperarse y prepararse psicológica y emocionalmente para todo lo que puede seguir viniendo.
En España, con respecto a los permisos, cuando la muerte ocurre después de los 180 días, las mujeres tienen el derecho a la baja de maternidad abonada como cualquier otra madre (16 semanas). Actualmente, no existe ningún otro permiso al
respecto y en muchas ocasiones las mujeres tienen que padecer las consecuencias físicas, psicológicas de la pérdida gestacional y seguir adelante con su trabajo, y con su vida.
Sin embargo, en muchas ocasiones, dicen los psicólogos 'se necesita tiempo para superar física o psicológicamente algo así', de ahí, que sea importante regular permisos cuando las pérdidas durante el embarazo sean inferiores o superiores al
periodo perinatal.
Nueva Zelanda se ha convertido en el segundo país del mundo, después de la India, en aprobar una 'baja por duelo' para familias que pierdan a sus hijos antes del parto o sufran abortos espontáneos durante la gestación. También una empresa
inglesa ha aprobado un permiso similar aumentándolo a 10 días.
Es más, por el propio duelo de los padres o parejas, en relación con el apoyo mutuo tan importante en esos complicados momentos, estos permisos deben extenderse a la pareja.
Si la pareja, en el caso de que exista, está obligada a volver al trabajo, la red de apoyo es significativamente reducida y se sabe que la falta de apoyo social es un factor para problemas con el duelo.
En consecuencia, un permiso remunerado -baja por duelo- en casos de pérdida gestacional implica un notable avance de la legislación, independientemente del momento en el que se produzca. Dicha perdida gestacional tendrá que venir acompañada
del certificado médico correspondiente para poder acceder a este nuevo permiso retribuido.
En definitiva, un derecho legal para la madre y su pareja, pero también, por otra parte, contribuye a que la sociedad perciba que perder un embarazo deseado es un momento importante en la vida y no debe ser tratado de forma superficial.
El 15 de octubre, es el Día mundial de la concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, cuyo objetivo es visibilizar el duelo de estas familias, ayudemos a contribuir a que puedan expresarlo libremente y a eliminar el
tabú social existente en este ámbito, con medidas como la planteada en esta Proposición no de Ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular un permiso remunerado -baja por duelo- en casos de pérdida gestacional espontánea, independientemente del momento en que se produzca, ampliándose a la pareja si la hubiere.
2. Aprobar un Protocolo sobre atención e intervención con las mujeres y familias en el proceso de muerte y duelo gestacional y perinatal, en coordinación con las Comunidades Autónomas, los profesionales sanitarios y las asociaciones de
pacientes, que ofrezca recursos de acompañamiento previo, así como
atención, y asistencia psicológica, con formación especializada de los profesionales que lo van a desarrollar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2021.-Margarita Prohens Rigo, María Auxiliadora Pérez Díaz, Elvira Velasco Morillo y José Ignacio Echániz Salgado, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la Comisión de
Derechos de la Infancia y la Adolescencia relativa a garantizar la cobertura universal, pública y gratuita de la educación infantil de 0 a 3 años.
Exposición de motivos
La escolarización temprana de alta calidad en la primera infancia proporciona multitud de beneficios; está considerada como una etapa estratégica para el desarrollo integral de niñas y niños, especialmente cuando provienen de entornos
vulnerables o en riesgo de exclusión social. Está ampliamente demostrado que una escolarización temprana contribuye a un mejor desarrollo educativo, incrementando el logro educativo y aumentando las posibilidades de detección e intervención precoz
ante trastornos del desarrollo o dificultades del aprendizaje; asimismo, impacta positivamente sobre el desarrollo afectivo, de socialización y de bienestar social. Todo esto repercute en un mejor desarrollo de la trayectoria educativa del
alumnado y, en el largo plazo, en mayores niveles de empleo una vez se llega a la edad adulta.
Los chicos y chicas de hogares de rentas bajas obtienen puntuaciones más bajas en las pruebas PISA. Sin embargo, la OCDE apunta a que dicha diferencia se reduce en función del número de años de escolarización temprana a los que tiene acceso
dicho alumnado. Según un estudio de Save the Children, un niño o niña en situación de pobreza tiene 6 veces más probabilidades de repetir curso y 5 veces más de sufrir abandono que quienes provienen de familias con mayor poder adquisitivo. Ante
estos datos de desigualdad educativa, incrementar la escolarización en el Primer Tramo de Educación Infantil para las de familias con menor renta es fundamental.
En la actualidad, a pesar de tratarse de la etapa con un mayor impacto en la reducción de la brecha de la desigualdad, el sistema público de educación infantil se sitúa muy por debajo de los estándares europeos y deja sin atender a más del
60% de los niños y niñas de entre 0 y 3 años. Una limitada cobertura que, además, tiende a excluir en mayor medida a hogares de renta baja. Según datos previos a la pandemia de COVID-19, el acceso a la etapa educativa de 0 a 3 años era socialmente
muy desigual: un 15% de los hogares tenía dificultad o mucha dificultad para pagar la escuela infantil. De hecho, en el último curso se produjo una caída de la tasa de escolarización de 5 puntos, pasando del 41% al 36%.
La escasez de oferta pública para atender la demanda existente se debe a que, a diferencia de la educación a partir de los 3 años, incluida en el sistema educativo español desde 1990, el primer tramo de Educación Infantil no se encuentra
plenamente incorporada a lo público, dependiendo de comunidades autónomas y entidades locales gran parte de la oferta y posibilidades existentes.
Por tanto, la variación entre comunidades es muy elevada, existiendo importantes desigualdades territoriales en la provisión de la oferta.
Asimismo, el acceso al primer tramo de la Educación Infantil presenta una serie de problemas estructurales que impiden o dificultan su acceso: déficits relacionados con la accesibilidad económica a la oferta educativa; déficits
relacionados con los criterios de prioridad en el acceso y con la gestión del proceso de admisión del alumnado; déficits relacionados con el acceso a los servicios de apoyo a la escolarización, déficit en la regulación de la calidad educativa y en
la definición de estándares homogéneos entre centros y territorios, y, por último, déficits en el control y supervisión de esa calidad. Todos estos
déficits han dado lugar a un claro predominio del sector privado en la provisión del servicio de Educación Infantil en el tramo de 0 a 3 años.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño reconoce a la infancia el derecho a una educación en igualdad de oportunidades (art. 28). A pesar de que no establece su carácter obligatorio, reconoce el derecho a la
educación de todos los niños y niñas sin limitación de la edad y con igualdad de oportunidades, como queda recogido, de igual manera, en la Agenda 2030 (metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 relativo a la Educación). Incluir la Educación
Infantil de 0 a 3 años como una etapa educativa plenamente recogida dentro del sistema educativo español cumpliría una doble función: de prevención y compensación de desigualdades y de instrumento para hacer efectivo el principio de igualdad de
oportunidades. Además, con el aumento de plazas públicas crearíamos más de 100.000 puestos de trabajo directos, con enormes retornos además en cotizaciones y consumo.
La Educación Infantil pública, universal y de calidad no debe entenderse únicamente como derecho fundamental de la infancia a la educación y a su desarrollo, determinante para su trayectoria vital futura, sino además como un instrumento
fundamental para la igualdad entre mujeres y hombres. Debido a su incidencia en la conciliación, la escolarización en este tramo educativo facilita la participación de las personas progenitoras en el mercado de trabajo, especialmente de las
mujeres. Aumenta, así, los niveles de renta de los hogares y se rompen los ciclos persistentes de pobreza intergeneracional; también se configura, por tanto, como una herramienta compensadora de desigualdades, ya que ayuda a prevenir y combatir
los efectos privativos de la pobreza infantil.
Siendo la educativa la primera función de la escolarización en este tramo de edad, su beneficio indirecto para la igualdad de género la convierte en una pieza clave en la plena corresponsabilidad del Estado con las responsabilidades de
cuidado; así como en un elemento de incidencia positiva en la erradicación de las brechas de género a los efectos de la conciliación y de la empleabilidad de las mujeres.
La crianza es un proceso complejo y requiere del apoyo de los poderes públicos a través de la articulación de políticas públicas que sean corresponsables y que la faciliten, especialmente en los primeros años de vida.
Lamentablemente, la inversión en la primera infancia en España es muy inferior a la de otras economías desarrolladas. Mientras que el gasto anual medio de la OCDE en cuidados en la primera infancia es de 14.436 dólares por niño/a y año, en
España destinamos a esa pieza fundamental de nuestra inversión pública 9.084 dólares.
Las políticas de atención y cuidado a la primera infancia no solo deben pivotar en torno a la provisión de servicios de educación infantil, sino también en otros servicios de atención a la primera infancia y en las políticas sociolaborales y
familiares; por ejemplo, la ampliación de los permisos por nacimiento, acogida o adopción y la introducción de medidas de flexibilidad laboral que favorezcan a las y los trabajadores para que la atención en los primeros meses de edad pueda
producirse dentro del hogar, con oferta de apoyo y acompañamiento a la crianza desde la Escuela Infantil. Existe amplio consenso en que la disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de los servicios de atención infantil tiene un impacto positivo
sobre la participación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, ya que son las responsables, mayoritariamente, de los cuidados. No se trata, por tanto, de externalizar el cuidado, sino de generar las condiciones de posibilidad para que
mujeres y hombres puedan dedicarse a la crianza en igualdad, en una etapa fundamental del desarrollo de sus hijas e hijos.
Por todo ello, el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aumentar el número de plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil para lograr la cobertura universal y gratuita para todos los niños y niñas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras.
2. Establecer criterios de calidad homogéneos en la Educación Infantil de 0 a 3 años para garantizar su carácter eminentemente educativo y la coherencia con el resto del sistema educativo español.
3. Eliminar, junto con el resto de las administraciones competentes, otro tipo de barreras de acceso que, más allá de los costes, inciden en un menor uso de este tramo educativo por parte de familias de baja renta, con el objetivo de
garantizar criterios equitativos de acceso a la educación.
4. Extender los permisos por nacimiento, acogida y adopción hasta los 6 meses como una medida esencial de conciliación para las familias, favoreciendo además mayor decisión sobre la crianza y teniendo en cuenta las especiales condiciones de
las familias monoparentales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2021.-Lucía Muñoz Dalda, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Política Territorial
161/003339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don José Maria Figaredo Álvarez-Sala, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer y don Eduardo Luis Ruiz Navarro, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición No de Ley relativa a la exigencia y promoción del deber de
publicidad activa de las Entidades Locales Territoriales consagrado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para su discusión en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Primero. Entidades locales territoriales.
'Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades.
La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos.'
Así define la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local ('LRBRL'), en su artículo 1, a las Entidades Locales territoriales ('EELL').
Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las EELL, de conformidad con la Constitución y las leyes, 'tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar
toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes'.
En tanto que Administraciones públicas de carácter territorial corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas las siguientes competencias:
a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.
b) Las potestades tributaria y financiera.
c) La potestad de programación o planificación.
d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la
inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes.
En ejercicio de tales potestades, las EELL han de servir con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y han de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho (artículo 6 LRBRL y 103.1 Constitución española).
Segundo. Obligaciones de información y participación ciudadana.
El Capítulo IV del Título V de la LRBRL regula las obligaciones de información y participación ciudadanas de las EELL. Así, en los artículos 69 y siguientes ibídem se establece que las Corporaciones locales han de facilitar 'la más amplia
información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local'.
En desarrollo de tal obligación, la LRBRL especifica lo siguiente:
i. Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. (Salvo el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando
así se acuerde por mayoría absoluta).
ii. Los acuerdos adoptados por las corporaciones locales se publicarán o notificarán en la forma prevista por la Ley.
iii. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la
legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. (La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas,
deberá verificarse mediante resolución motivada).
iv. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en
su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales.
v. Asimismo, las Entidades Locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para
la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.
Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el anterior deber.
Por su parte, el artículo 230 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, señala lo expuesto a continuación:
1. Existirá en la organización administrativa de la entidad una Oficina de Información que canalizará toda la actividad relacionada con la publicidad a que se refiere el artículo anterior, así como el resto de la información que la misma
proporcione, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
2. La obtención de copias y certificaciones acreditativas de acuerdos municipales o antecedentes de los mismos, así como la consulta de archivos y registros, se solicitarán a la citada oficina que, de oficio, realizará las gestiones que
sean precisas para que el solicitante obtenga la información requerida en el plazo más breve posible y sin que ello suponga entorpecimiento de las tareas de los servicios municipales.
3. La Oficina de Información podrá estructurarse de forma desconcentrada si así lo exige la eficacia de su función.
4. Las peticiones de información deberán ser razonadas, salvo que se refieran a la obtención de certificaciones de acuerdos o resoluciones que, en todo caso, podrán ser obtenidas mediante el abono de la tasa correspondiente.
Finalmente, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ('LTAIBG'), en su Título I, regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios
públicos o ejercen potestades administrativas. Todo ello desde una doble perspectiva: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública.
El ámbito subjetivo de aplicación de la LTAIBG contempla, entre otras muchas, a la Administración General del Estado ('AGE'), las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran
la Administración Local [artículo 2.1.a)].
El capítulo II, dedicado a la publicidad activa, establece una serie de obligaciones para los sujetos antedichos, que habrán de difundir determinada información sin que se requiera solicitud concreta de los administrados.
Así, habrán de hacerse públicos todos los datos sobre información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística. Respecto a la 'información de relevancia
jurídica', establece el artículo 7 LTAIBG que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, habrán de publicar:
'a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la
publicación se realizará en el momento de su aprobación.
c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello
suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.'
La publicidad de la información antedicha tendrá que ajustarse a los principios que enumera el artículo 5 LTAIBG, de entre los que cabe remarcar los siguientes:
1. La información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública se hará pública de forma periódica y actualizada.
2. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos
reutilizables.
3. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles,
conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Tercero. Falta de cumplimiento de publicidad activa de las entidades locales.
El Título III de la LTAIBG crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ('CTBG'). El CTBG es un órgano independiente al que se le otorgaron competencias de promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la
Administración Pública, de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno (artículos 33 y 34). Se
constituye, por lo tanto, un órgano de supervisión y control para garantizar la correcta aplicación de la LTAIBG.
El CTBG es un organismo público independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
No obstante lo anterior, en el Preámbulo de la LTAIBG, 'se prevé que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sólo tendrá competencias en aquellas Comunidades Autónomas con las que haya firmado Convenio al efecto, quedando, en otro caso,
en manos del órgano autonómico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume el Consejo', cual es el caso de la mayoría de las Comunidades Autónomas 93.
93 En la actualidad, las Comunidades Autónomas que han suscrito convenios con el CTBG, para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 LTAIBG, son: Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de
Madrid, Castilla-La Mancha, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Son muy numerosas las reclamaciones que reciben los consejos de transparencia autonómicos, así como el CTBG, sobre la falta de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contempladas en la LTAIBG y resto de normativa autonómica
por parte de las EELL.
Así, por ejemplo, quedó constatado por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en su Resolución PA-195/2019, de 19 de agosto 94. En ésta, se resolvía sobre una reclamación interpuesta por un ciudadano que denunciaba
que 'el Acta del Pleno mencionado [del Excmo. Ayuntamiento de Gérgal] no ha sido publicada en la página oficial del Ayuntamiento de Gérgal. El pasado día 15 de junio se celebró un nuevo Pleno ordinario, sin publicar la Convocatoria (...)'.
Aducía el reclamante igualmente que:
'Por estos mismos hechos, ante este Organismo se han presentado sendas denuncias, de las que hasta ahora no he obtenido respuesta.
Es de desear que, de una vez, se adopten las medidas correspondientes, para evitar que mi derecho fundamental de acceso a la información sea sistemáticamente vulnerado por el Ayuntamiento de Gérgal.
Como medio de prueba en la página web del Ayuntamiento no aparece publicada ni en Acta del Pleno de Abril ni la Convocatoria del Pleno del pasado día 15'.
El Consejo acordó '[R]equerir expresamente al Ayuntamiento de Gérgal (Almería) para que, en lo sucesivo, lleve a cabo en sede electrónica, portal o página web la publicación de los órdenes del día previos a la celebración de las reuniones
que efectúe el Pleno de dicho Ayuntamiento (...)'.
Similar situación se produjo en el Excmo. Ayuntamiento de Antigüedad (Palencia), en este caso resuelta por la Comisión de Transparencia de Castilla y León 95. En el citado supuesto, el reclamante manifestaba ante la referida Comisión que
'[E]existen actas en la web del Municipio, desde el 30 de enero de 2013 al 15 de octubre de 2015, con fecha de última actualización de 17 de noviembre de 2015 (...)'. Por ello, solicitaba que 'las actas y documentos anexos que faltan, hasta el día
de hoy, que las suban a la web o me las remitan por correo-e (...)'.
La mentada Comisión, en los Fundamentos Jurídicos de la Resolución 61/2017, de 14 de junio, remarcó que 'la información pública aquí pedida se refiere a las actas correspondientes a las sesiones celebradas con posterioridad al mes de octubre
de 2015 por el Pleno municipal y documentos anexos a las mismas si los hubiere. Parece evidente la inclusión de esta documentación dentro del concepto de información pública antes indicado. Así mismo, no se observa que, en principio, concurra aquí
ninguna de las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública previstas en el artículo 18 de la LTAIBG, ni tampoco que proporcionar tal acceso suponga una vulneración de los límites contemplados en los artículos 14 y 15
de la LTAIBG.'
En aplicación de lo anterior, la Comisión resolvió que, 'respecto a la información solicitada que ya se encuentre publicada el Ayuntamiento de Antigüedad debe indicar al solicitante cómo puede acceder a ella; si aún no se encontrase
publicada, se debe remitir la misma por correo electrónico'.
Cuarto. Motivos para la falta de publicidad activa.
Como ha quedado patente en el expositivo precedente, son innumerables los casos en que las EELL no cumplen con los deberes de publicidad activa a que están obligadas legalmente. En algunas ocasiones, esta omisión se debe a la falta de
medios de ciertas EELL y, en muchas otras, a una manifiesta falta de diligencia por parte de tales organismos.
Respecto al primero de los motivos, como ponía de relieve el Excmo. Ayuntamiento de Gérgal, así recogido en la Resolución PA-195/2019, de 19 de agosto 96 del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía:
'Con respecto a la publicidad de las convocatorias de los Plenos y de las actas de los mismos, estas fueron publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, no así en su sede electrónica, porque como consta en el punto número 8 del
Pleno de 15 de abril de 2018, el Secretario municipal, daba cuenta que 'para la correcta puesta en funcionamiento de los servicios de administración electrónica, es necesario disponer de Sede Electrónica y Sello Electrónico que facilitarían la
actuación administrativa automatizada.
94 https://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/denuncias/res-pa-195-2019.pdf
95 https://www.ctcyl.es/archivos/reclamacionesresueltas/1_1500285936.pdf
96 https://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/denuncias/res-pa-195-2019.pdf
Además, actualmente el personal administrativo está trabajando con su certificado electrónico privado, en lugar de disponer de certificado electrónico de Personal al Servicio de la Administración'.'
Y añadía:
'(...) Como quiera que el Ayuntamiento de Gérgal no dispone por sí solo de los medios necesarios, debe procederse a la firma del Convenio con la Diputación de Almería para la encomienda de gestión'.
No obstante, como remarcábamos anteriormente, no siempre es la falta de medios el motivo por el que se incumple el deber de publicidad activa. Así, en el caso que dio lugar a la Resolución 61/2017, de 14 de junio, de la Comisión de
Transparencia de Castilla y León 97 antes mencionada, la Comisión destacó lo siguiente:
'Consta la recepción de esta petición en el Ayuntamiento indicado con fecha 7 de noviembre de 2016, a través de la firma del aviso de recibo certificado de la misma por un empleado municipal.
Sin embargo, el informe solicitado no ha sido recibido en esta Comisión de Transparencia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones y se procede a adoptar la presente Resolución.
Sin perjuicio de ello, lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de Antigüedad, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto
aquí planteado. Esta falta de respuesta, además, supone un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de Transparencia, en cuanto Presidente de esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 4 de
marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León'.
En este caso, el Excmo. Ayuntamiento ni tan siquiera contestó al requerimiento efectuado por la Comisión, en la que podría haber puesto de manifiesto, amén de los motivos por los que estimaba ajustada a Derecho su postura, que la solicitud
había sido desatendida por falta de medios, de ser el caso.
Cuanto antecede pone de relieve, por un lado, la necesidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa a que están obligadas las Administraciones Públicas y, por otro, la necesidad de promover enérgicamente la
concesión de los medios necesarios para dar cumplimiento a la exigencia de publicar toda aquella información comprendida en el ámbito del artículo 13 de la LTAIBG, esto es, aquellos contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte,
que obren en poder de alguna Administración Pública que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Quinto. La Conferencia Sectorial de Administración Pública y los planes de digitalización para las Administraciones Públicas.
La Conferencia Sectorial de Administración Pública ('CSAP') es el órgano de cooperación en materia de administración pública de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las ciudades de
Ceuta y Melilla, y de la Administración Local, cuyos representantes serán designados por la Federación Española de Municipios y Provincias ('FEMP'), como asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación.
Según establece el artículo 1 de la Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por la que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento ('Resolución') la CSAP estudia, analiza y propone las medidas, estrategias, objetivos y directrices sobre materias relacionadas con las Administraciones Públicas, empleo público y formación de los
empleados públicos, Administración digital, organización administrativa y procedimientos, simplificación de cargas administrativas y gobierno abierto.
Las decisiones de la Conferencia Sectorial tienen como fin la adopción de los acuerdos y, en su caso, de recomendaciones que 'mejor respondan a las necesidades de la sociedad española en su conjunto y a los intereses de las propias
Administraciones implicadas, con el fin de que redunden en la mejora de la
97 https://www.ctcyl.es/archivos/reclamacionesresueltas/1_1500285936.pdf
calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, dentro del respeto recíproco al ejercicio de las competencias que las Administraciones Públicas tienen atribuidas' (artículo 1.3 Resolución).
Dependiente de la CSAP se encuentra la Comisión Sectorial de administración electrónica ('Comisión'), que es un órgano técnico de cooperación en materia de administración electrónica y está presidida por la persona titular de la Secretaría
General de Administración Digital (de acuerdo con la disposición adicional novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público).
La Comisión está compuesta por los titulares de los órganos directivos de Administración electrónica y tecnologías de la información y comunicaciones de la Administración General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y el representante de la Administración Local designado por la FEMP.
Las funciones que ha de desarrollar la Comisión son (artículo 12.4 Resolución):
'a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas.
b) Preparar planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la Administración electrónica en España.
c) Asegurar la cooperación entre las Administraciones Públicas para proporcionar información administrativa clara, actualizada e inequívoca'.
En vista de las funciones que la CSAP tiene encomendadas, en mayo de 2021, el entonces Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, formuló una
manifestación de interés a los miembros de la CSAP, en relación con las actuaciones financiables dirigidas a la transformación digital y la modernización de las administraciones públicas 98.
El fin que perseguía tal manifestación de interés era que la AGE, las CCAA y las EELL definieran aquellas actuaciones que podrían desarrollarse con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
'Se trata de medidas incluidas en el programa de inversión 3 del componente 11: Transformación Digital y modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales' 99.
Para el periodo 2021 a 2023, la financiación asciende a 1.000 millones de euros, de los cuales 578,6 millones corresponden a las CCAA; 391,4, a las EELL; y los 30 restantes, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su vertiente destinada a la mejora de la administración digital, configura una gran oportunidad para solventar la falta de medios electrónicos de que adolecen muchas de nuestras
entidades locales territoriales. Por ello, de la financiación antedicha, deviene necesario destinar parte de la misma a promover, en el marco de la CSAP, la suscripción de Convenios de colaboración entre la respectiva Diputación Provincial y los
Ayuntamientos o Corporaciones Locales carentes de medios informáticos o telemáticos para la encomienda de la gestión de los servicios de administración electrónica necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales de publicidad activa
legalmente contempladas.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el seno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, los acuerdos necesarios a fin de conseguir la consecución de los siguientes objetivos:
1. Elaborar una relación de aquellos Ayuntamientos o Corporaciones Locales que no cuenten con los medios informáticos o digitales requeridos a fin de dar cumplimiento a los deberes de publicidad activa contemplados en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2. Promover, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 70bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaboraren con
los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de
98 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/territorial/Paginas/2021/210521-digitalizar_administracion.aspx
99 Ibíd., pág. 13
gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber de impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación
de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.
3. Llevar a cabo cuantas actuaciones fueren necesarias para que todo el personal administrativo, dependiente de la Administración General del Estado, disponga del certificado electrónico de Personal al Servicio de la Administración, así
como promover que se realicen las mismas en aquellas Administraciones Públicas sobre las que el Ejecutivo no tenga competencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-Inés María Cañizares Pacheco, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, José María Figaredo Álvarez-Sala y Eduardo Luis Ruiz Navarro, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/001496
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Por qué no se aplicó ninguna medida de control de frontera por parte del Ministerio del Interior, responsable del control de fronteras, al Sr. Ghali en su entrada a España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001497
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Por qué quería el Gobierno ocultar la identidad del Sr. Ghali en su entrada a España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001498
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Han entregado a la Justicia los correos de coordinación con motivo de la entrada en España del Sr. Ghali?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001499
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Quién en el Ministerio del Interior recibió los correos de coordinación con motivo de la entrada en España del Sr. Ghali?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001500
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Por qué retrasó el Gobierno la detención de Hugo Carvajal, conocido como 'el pollo', desde que tenía conocimiento de su paradero en el mes de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001501
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Qué medidas legislativas va a desarrollar el Gobierno para reforzar la condición de autoridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el aumento de las agresiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001502
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Qué medidas legislativas va a desarrollar el Gobierno para prohibir los homenajes a condenados por terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001503
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Va el Gobierno a aprobar una Ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como establece el punto 8 del Acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001504
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Cuáles son los motivos de seguridad por los que el Ministerio del Interior quiere prohibir los tatuajes a los agentes de la Guardia Civil, que ya los tienen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001505
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Qué va a hacer el Gobierno para mejorar las condiciones sociolaborales de los funcionarios de prisiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001506
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Qué va a hacer el Gobierno para impedir las agresiones que sufren diariamente los funcionarios de prisiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001507
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Abrió algún expediente sancionador o informativo por la seguridad privada de Podemos, a raíz de las agresiones producidas por miembros de seguridad de Podemos a la Policía y miembros de VOX en Vallecas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001508
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Qué va a hacer el Gobierno en política migratoria, habida cuenta de la llegada masiva de inmigrantes, superando los números de los últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001509
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno poner en marcha la oficina del DNI en O Barco de Valdeorras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001510
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno ceder el edificio de la Jefatura Superior de la Policía en Cataluña, ubicado en Vía Laietana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001511
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno ante el acoso que sufren Policías, Guardias Civiles y su familias, en Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
181/001512
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputados doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Carlos Rojas García.
Texto:
¿Qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno ante el aumento de la violencia y la delincuencia en el Campo de Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco y Carlos Rojas García, Diputados.
Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
181/001488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Estebán Calonje, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos
Segura Just, del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Cómo está afectando a la industria española la escasez de contenedores destinados al transporte marítimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2021.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Rubén Darío Vega Arias, Juan Carlos Segura Just, Patricia de las Heras Fernández y
Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputados.
181/001493
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Andrés Lorite Lorite.
Texto:
¿Qué incidencia está teniendo en la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) la reducción de la cuantía destinada a tal fin en los Presupuestos Generales del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Andrés Lorite Lorite, Diputado.
181/001494
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Andrés Lorite Lorite.
Texto:
¿Cuál es el montante económico al que ascendería la 'deuda histórica en materia de infraestructuras en Cataluña', a la que se refirió, entre otras cuestiones, el pasado 8 de septiembre la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
mientras comparecía en la sede de la Delegación del gobierno de Cataluña, así como la posible 'deuda histórica' en materia de infraestructuras que sufrirían el resto de Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Andrés Lorite Lorite, Diputado.
181/001495
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Andrés Lorite Lorite.
Texto:
¿A qué se va a dedicar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en lo que queda de Legislatura. si fuera cierto que la casi totalidad de sus compromisos están ejecutados o en proceso, tal como manifestó la Ministra en su
cuenta de Twitter, el pasado 11 de agosto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2021.-Andrés Lorite Lorite, Diputado.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña Mireia Borrás Pabón, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué impacto económico estima el Gobierno que supone para los hoteles, agencias de viajes, turoperadores y otros agentes del sector turístico el retraso de la adjudicación de los tres lotes en que se divide el programa de los viajes del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales ('IMSERSO')?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.
181/001489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña Mireia Borrás Pabón, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué impacto económico considera que está teniendo para el sector de la automoción la escasez de semiconductores en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.
181/001490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña Mireia Borrás Pabón, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué razones justifican que queden excluidas del bono cultural joven actividades turístico culturales como son las taurinas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/062858.
Núm. registro: 153437.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Regulación del sector bancario para poner freno al proceso de concentración bancaria, al incumplimiento de las normas de competencia y al agravamiento de la exclusión financiera.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 331, de 27 de septiembre de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001513.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Asuntos Exteriores, la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/062783.
Núm. registro: 153066.
Autor iniciativa: Martínez Ferro, María Valentina (GP) Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP) Hoyo Juliá, Belén (GP).
Objeto iniciativa: Posición del Gobierno de España ante las reiteradas críticas del Presidente mexicano.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 331, de 27 de septiembre de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001514.
184/066067
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Actuación de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas en una borda situada en la zona de Azabaratza en Jaizkibel el día 18/10/2021.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de que se adjunte el mapa señalado en el punto 5 de la presente iniciativa y, teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 163514, admitir a trámite como
solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo número de expediente 186/003500).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jon Iñarritu García, Diputado de EH BILDU (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno con solicitud
de respuesta por escrito.
Según han denunciado varios vecinos de Pasaia (Gipuzkoa), el pasado día 18 de octubre agentes de la Guardia Civil y de las FFAA realizaron una actuación en una borda situada en la zona de Azabaratza en Jaizkibel.
Por ello, deseo conocer:
1. ¿Cuál fue el cronograma de los hechos?
2. ¿En qué consistió la actuación?
3. ¿Cuántos agentes de las FCSE y miembros de las FFAA acudieron? ¿De qué unidades?
4. ¿Cuál es la problemática en relación con esa borda?
5. ¿Cuál es la extensión de campo de tiro y zona militar? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2021.-Jon Iñarritu García, Diputado.