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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 325, de 15/09/2021
cve: BOCG-14-D-325
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de septiembre de 2021
Núm. 325
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación y destitución del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ... (Página6)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a que presente una protesta formal contra el Embajador de la República de Cuba debido a sus declaraciones sobre política interna
española ... (Página11)
161/003068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a promover la persecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro ...
161/003070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a liderar el no reconocimiento internacional del régimen talibán de Afganistán ... (Página17)
Comisión de Interior
161/003083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la construcción de nuevos cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de la Policía Nacional en la provincia de Cádiz ...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre un sistema aeroportuario sostenible, innovador y de calidad en Cataluña ...
161/003082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre salvamento marítimo en la isla de Tenerife ... (Página23)
161/003084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a suspender el proyecto de instalación por parte de ADIF de pantallas acústicas opacas en las vías del tren a su paso por Badalona
y demás 35 municipios catalanes afectados por el proyecto ... (Página24)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la reducción de las ratios en las aulas y la mejora de la calidad educativa ...
161/003085 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la bajada de ratio en las aulas de las escuelas de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la oferta formativa del Instituto Social de la Marina ... (Página29)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a medidas para la creación del Parque Natural del Mar Menor ...
161/003074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre prevención y reducción de la contaminación lumínica ... (Página33)
161/003075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a paralizar la tramitación del proyecto Sputnik de instalación privada de nuevas líneas eléctricas de Muy Alta Tensión (MAT) que
atraviesen media Cataluña a través de centenas de kilómetros de red ... (Página34)
161/003077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para aplicar un tipo reducido del 10 % del IVA a la venta de electrodomésticos de alta eficiencia energética ... (Página35)
161/003081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a conceder ayudas a los municipios afectados por las recientes inundaciones en las comarcas del Montsià, el Baix Ebre y el Baix
Maestrat ... (Página38)
Comisión de Cultura y Deporte
161/003072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas en torno al Patronato de la Fundación Selgas-Fagalde ... (Página40)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un libro blanco sobre el uso medicinal del cannabis ... (Página41)
161/003071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de una Estrategía Nacional de Abordaje Integral de la Obesidad en España ... (Página42)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción de actuaciones ordenadas a la prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes ... (Página44)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001259 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre previsiones con respecto a la ejecución de la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur ... (Página48)
181/001282 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre actuaciones que tiene previsto adoptar RENFE y ADIF para mejorar los muy deficientes servicios ferroviarios que padecen los usuarios de las estaciones
ourensanas de O Carballiño, O Barco de Valdeorras, A Rùa y Ribadavia ... (Página49)
181/001283 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre explicaciones dadas por el Gobierno a la paralización y los retrasos acumulados en la ejecución de la carretera de conexión entre las carreteras N-120 y
N-536, Sobradelo-O Barco de Valdeorras ... (Página49)
181/001284 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre razón del retraso o abandono de las licitaciones y la redacción de proyectos de diferentes tramos de las autovías A-76 (Ourense-Ponferrada) y A-56
(Ourense-Lugo) ... (Página49)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
181/001261 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre medidas previstas para impulsar reducir la pobreza en España ... (Página49)
181/001262 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre número de personas que han salido de la lista de espera de Servicios y Prestaciones de Atención a la Dependencia en el año 2021 ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001260 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre situación en que se encuentra el proyecto de 'aprovechamiento del embalse de las Cogotas para el abastecimiento a la ciudad de Ávila' ...
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
181/001263 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.101 del Eje 2.5 'Incrementar la colaboración entre las instituciones públicas y las ONGs y asociaciones que
trabajan con mujeres migradas en el diseño de las políticas específicas contra la Violencia de Género ... (Página50)
181/001264 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.102 del Eje 2.6 'Ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las
mujeres contenidos en el Convenio de Estambul' ... (Página50)
181/001265 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.103 del Eje 2.6 'Realizar los cambios pertinentes en materia legislativa para la correcta aplicación del
Convenio de Estambul, sobre delitos sexuales contra menores y sobre normas mínimas de reconocimiento de derechos a todas las víctimas de delitos, conforme a las directivas europeas de aplicación. Para ello se introducirá la perspectiva de género y
la de derechos humanos en todas las normativas y disposiciones contra las violencias sexuales de la legislación española, revisando
y evaluando para ello la Ley 35/1995, de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, para la posterior creación de un marco regulador que permita realizar un tratamiento integral de
las violencias sexuales' ... (Página51)
181/001266 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.105 del Eje 2.6 'Introducir un nuevo apartado 5 en el artículo 20 de la LO 1/2004 del siguiente tenor:
20.5: 'El abogado o abogada de la víctima de violencia de género ostentará su representación procesal hasta que se proceda a la designación de procurador o procuradora, pudiendo personarse como acusación particular en cualquier momento desde la
apertura del procedimiento, sin que ello pueda determinar la retroacción de las actuaciones' (con la legislación actual el abogado o abogada de la víctima no tiene capacidad legal para asumir su representación procesal y, por tanto, no puede ejercer
en su nombre la acusación particular hasta que no exista postulación de procurar o procuradora) ... (Página51)
181/001267 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.106 del Eje 2.6 'Suprimir la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, cuando las
circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría, siempre que se respeten los estándares de constitucionalidad en relación con el principio de igualdad' ... (Página51)
181/001268 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.107 del Eje 2.6 'Suprimir la atenuante de reparación del daño en los casos de violencia de género' ...
181/001269 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.108 el Eje 2.6 'Generalizar la aplicación de la circunstancia agravante del artículo 22.4 del Código Penal
para los casos de mutilación genital femenina' ... (Página52)
181/001270 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.109 el Eje 2.6 'Perfeccionar la tipificación de los delitos en el ámbito digital' ...
181/001271 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.110 del Eje 2.6 'Recomendar la aplicación de la circunstancia 4a del artículo 22 del Código Penal, en todos
los casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos machistas o discriminatorios hacia la mujer, o por razones de género, en los casos de agresión sexual y abuso sexual de los artículos 178 a 183 bis del Código Penal' ...
181/001272 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.111 del Eje 2.6 'Estudiar la posible modificación del artículo 172ter del Código Penal, que en su actual
redacción aprobada en 2015 no cubre conducta como la suplantación de personalidad (salvo para adquirir productos o para hacer anuncios sexuales)' ... (Página53)
181/001273 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.112 del Eje 2.6 'No considerar las injurias y calumnias a través de las redes sociales en el ámbito de la
violencia de género como únicamente un delito leve' ... (Página53)
181/001274 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.113 del Eje 2.6 'Incluir en la redacción del artículo 184 del Código Penal, una circunstancia específica en
los
delitos de acoso sexual, que debería contemplar el móvil de actuar por razones de género, atentando gravemente contra la dignidad de la mujer' ... (Página53)
181/001275 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.114 del Eje 2.6 'Extender la pena accesoria de privación de tenencia y porte de armas no solo al delito de
lesiones como hasta ahora, sino también a las coacciones o amenazas' ... (Página54)
181/001276 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.115 del Eje 2.6 'Utilizar la medida de libertad vigilada sobre el maltratador en los momentos en que la
víctima se encuentra más desprotegida, como cuando se dicta sentencia condenatoria y aún no se ha ejecutado dicha sentencia, y el agresor ya ha cumplido la pena de alejamiento durante el proceso' ... (Página54)
181/001277 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.116 del Eje 2.6 'Extender la libertad vigilada a los restantes delitos en el ámbito de la violencia de
género' ... (Página54)
181/001278 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.117 del Eje 2.6 'Establecer consecuencias a los sucesivos quebrantamientos de las órdenes de alejamiento,
como, por ejemplo, el uso de los instrumentos de vigilancia electrónica, cuando concurran los supuestos legalmente previstos' ... (Página54)
181/001279 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.118 del Eje 2.6 'Excluir la relevancia del consentimiento de la víctima en la valoración de los casos de
quebrantamiento de condena o medida cautelar, sin perjuicio de los posibles efectos sobre la culpabilidad del acusado' ... (Página55)
181/001280 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.119 del Eje 2.6 'Introducir en el artículo 544ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal un listado no
cerrado de criterios de referencia de la situación objeto de riesgo, para impedir que disminuyan las órdenes de protección' ... (Página55)
181/001281 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre grado de ejecución y desarrollo de la medida 2.120 del Eje 2.6 'Eliminar la exigencia de fianza en la personación de las asociaciones de ámbito estatal en
los procedimientos de violencia de género, concretándose las características de estas asociaciones a efectos de la eliminación de fianza' ... (Página55)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/060783 Autor: Trías Gil, Georgina
Robles López, Joaquín
Ramírez del Río, José
Romero Vilches, María de los Reyes
Borrás Pabón, Mireia
López Álvarez, María Teresa
Empresas de distintos sectores con las que el Gobierno se ha reunido para elaborar los nuevos títulos de Formación Profesional. Retirada ... (Página55)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, D. Francisco José Contreras Peláez, D. José María Sánchez García, D.ª María Teresa López Álvarez, D. Ignacio Gil Lázaro, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Carlos José
Zambrano García-Ráez, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás y D. José María Figaredo Álvarez-Sala en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reprobación y destitución del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, para su discusión en la
Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. La independencia del Poder Judicial.
La Constitución Española ('CE') de 1978 establece en el artículo 117.1 que 'la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y
sometidos únicamente al imperio de la ley'.
La independencia del Poder Judicial en el ejercicio de las funciones que le han sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de injerencia de cualquier otra rama de poder (el poder legislativo y ejecutivo) constituye una de las piezas
elementales de un Estado de derecho. Es indudable, por tanto, que el Poder Judicial debe gozar de los principios de independencia e imparcialidad.
El principio de independencia judicial, consagrado en la Constitución, se ve reflejado, igualmente, en el artículo 104.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ('LOPJ') que dispone que 'el Poder Judicial se organiza y
ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia'.
Segundo. Ataques del Gobierno a la independencia judicial.
En los últimos años el Gobierno de la nación no solo ha incumplido las exigencias del GRECO 1 para preservar la independencia del órgano de gobierno de los jueces 2, sino que además han sido constantes
1 El GRECO fue establecido en 1999 por el Consejo de Europa para monitorear el cumplimiento de los Estados con los estándares anticorrupción de la organización. El objetivo de GRECO es mejorar la capacidad de sus miembros para luchar contra
la corrupción mediante el control de su cumplimiento de las normas anticorrupción del Consejo de Europa a través de un proceso dinámico de evaluación mutua y presión de grupo. Ayuda a identificar las deficiencias en las políticas nacionales
anticorrupción, impulsando las reformas legislativas, institucionales y prácticas necesarias. España se adhirió en el año 1999. (https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-is-greco).
2 Cuarta ronda de evaluación. Prevención de la corrupción respecto de miembros de Parlamentos nacionales, jueces y fiscales. GRECO.
los intentos de deslegitimar al Poder Judicial. El objetivo, en definitiva, no es otro que acabar con la independencia de este poder del Estado, pilar básico en que se asienta y fundamenta nuestro Estado democrático y de derecho.
i. Nombramiento de la Sra. Dolores Delgado García como Fiscal General del Estado.
El primer ataque a la independencia de la Justicia fue el nombramiento de la Sra. Dolores Delgado García, Ministra de Justicia en la legislatura XII y XIII, como Fiscal General del Estado, lo que supuso la pérdida de objetividad e
imparcialidad 3 de la Fiscalía. Con este nombramiento se puso fin a la tradición no escrita que había evitado que, desde el nombramiento del Ministro de Presidencia socialista, don Javier Moscoso del Prado Muñoz, como FGE en 1986, ningún Diputado o
Ministro en ejercicio hubiese ocupado el cargo. Dejando a un lado la idoneidad de la Sra. Delgado García, claramente cuestionable 4, su nombramiento en 2019 ha supuesto un ataque flagrante a unos de los principios fundamentales de todo Estado de
Derecho, la construcción y mantenimiento de una Fiscalía General del Estado neutral e independiente, así como un claro incumplimiento a las recomendaciones del GRECO. Cabe recordar que, desde el año 2001, este órgano del Consejo de Europa ha
manifestado reiteradamente su preocupación con respecto al nombramiento e independencia del Fiscal General del Estado ('FGE').
A pesar de ese descrédito a la institución, el entonces ministro de Justicia, D. Juan Carlos Campo Moreno, apoyó el nombramiento de la nueva FGE, haciendo caso omiso a las continuas denuncias de la mayoría de las asociaciones de jueces y
fiscales, que ponían de manifiesto una clara lesión al principio de separación de poderes y a la imparcialidad de la Fiscalía.
ii. Ataques del exvicepresidente segundo a la Justicia.
Es conocido públicamente la animadversión del exvicepresidente segundo y exministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Sr. Pablo Iglesias Turrión, hacia la Justicia y el Poder Judicial. En varias ocasiones, el exvicepresidente segundo
ha criticado públicamente a la Justicia y al ejercicio de sus funciones:
- En enero de 2020, Pablo Iglesias Turrión afirmó, en una entrevista a Antena 3, que 'la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos en referencia a la actuación a lo largo del procés' (nombre coloquial del juicio a
los líderes del proceso independentista catalán). El CGPJ, ante este ataque del exvicepresidente, apeló, a través de una declaración oficial, 'a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización
política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial'. El entonces ministro de Justicia, sin embargo, no defendió a los jueces y evitó
pronunciarse individualmente. Por el contrario, el Gobierno, en un comunicado público, amparó al exvicepresidente segundo y defendió su libertad de expresión, exigiendo, además, una renovación del Poder Judicial 5.
- Posteriormente, en abril de 2020, el exvicepresidente segundo volvió a criticar la función de los jueces. Concretamente, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se condenaba a Isabel Serra Sánchez, dirigente
de Unidas Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid, a 19 meses de prisión e inhabilitación del derecho al sufragio pasivo por un delito de atentado contra la autoridad. Pablo Iglesias Turrión publicó, en su perfil oficial de la red social
twitter, y en relación con la condena de su compañera de partido, lo siguiente: 'Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos
quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó
3 Artículo 124.2 de la CE señala expresamente que 'El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de
legalidad e imparcialidad'. No olvidemos, en este punto, las palabras del presidente del Gobierno, Sr. Sánchez Pérez-Castejón, el 6 de noviembre de 2019 en Radio Nacional de España (RNE). En relación con su promesa electoral de retornar a España
al expresidente de la Generalidad de Cataluña y prófugo de la Justicia, don Carlos Puigdemont Casamajó, el presidente del Gobierno afirmó '¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? [El periodista contestó: 'Pues no sé ... Del Gobierno']
Pues ya está'.
4 Son de conocimiento público algunas conversaciones comprometidas de la SR. Delgado García con personas investigadas por la Justicia, en las que se acusaba, impunemente, a compañeros de la carrera judicial y fiscal de tratar con menores en
Colombia. Es igualmente conocido las vejaciones vertidas a compañeros de partido, integrantes del Consejo de Ministros al que pertenecía por su orientación sexual.
5 https://elpais.com/politica/2020/01/15/actualidad/1579102943_695772.html.
por un desahucio vergonzoso'. Ante esta acusación de parcialidad del Poder Judicial, vertida por el exvicepresidente segundo, el CGPJ volvió a emitir un comunicado expresando su profundo malestar ante un nuevo ataque a la independencia
judicial: 'La primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial'. En este caso, sin embargo, el exministro de Justicia sí defendió las
declaraciones de Pablo Iglesias. Durante una sesión de control al Gobierno, D. Juan Carlos Campo Moreno afirmó que las declaraciones del exvicepresidente segundo se enmarcan 'en el derecho fundamental de la libertad de expresión que tenemos todos,
también el vicepresidente segundo' 6. Se consumó, por tanto, un nuevo descrédito a la Justicia, dando más argumentos a la ciudadanía para su desconfianza.
iii. Interferencias del Gobierno en la labor del CGPJ.
El Pleno del CGPJ nombró, el 30 de septiembre de 2020 7, a 3 nuevos magistrados de la Sala Penal del Supremo y a los presidentes de la Sala Tercera, Cuarta y Quinta 8. Este nombramiento se produjo a pesar de las presiones recibidas por el
Gobierno de la Nación para que se paralizaran hasta que no se produjera la renovación del propio el CGPJ. Fue el entonces ministro de Justicia el que abogó, ante el posible nombramiento de los nuevos magistrados, por paralizar los mismos,
justificando esta decisión en que el órgano de gobierno de los jueces está en funciones desde hace dos años, aún a pesar de que el CGPJ está obligado a llevarlos a cabo 9. Incluso llegó a afirmar que 'el CGPJ está en descomposición 10'. Estas
declaraciones públicas del exministro de Justicia supusieron una interferencia más en las funciones del Poder Judicial y otro ataque a su independencia.
iv. Primer intento de politizar el CGPJ.
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común registró en el Congreso de los Diputados, en octubre del pasado año, una Proposición de Ley Orgánica para llevar adelante
su propósito de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el fin de eludir lo que han denominado, injustamente, el bloqueo de la oposición. El objeto de la proposición era rebajar la mayoría de tres quintos
necesarios para renovar a los 12 vocales del CGPJ -en funciones desde el año 2018-, evitando el necesario acuerdo con la oposición para tal nombramiento. La reforma situaría en la mayoría absoluta los votos necesarios para llevar a cabo la deseada
renovación. Para tal fin, el Gobierno decidió registrar dicha iniciativa a través de una proposición de ley orgánica, gracias a los grupos parlamentarios de los partidos políticos que sustentan el Gobierno de coalición, en lugar de un proyecto de
Ley. El objetivo era eludir los informes del Consejo de Estado y del propio órgano de gobierno del Poder Judicial 11, de manera que se diera celeridad a su tramitación en las Cortes Generales y evitar, así, el posible posicionamiento contrario a su
tramitación por parte de estos órganos, a pesar del carácter no vinculante de su Informe.
Por tanto, tras la calificación de la Mesa del Congreso, la proposición de ley orgánica solo necesitaría la conformidad del Gobierno para su toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados.
6 https://www.abc.es/espana/abci-campo-ampara-ataques-iglesias-jueces-libertad-expresion-202004291217_video.html.
7 https://www.elperiodico.com/es/politica/20200928/gobierno-nuevo-frente-nombramientoscgpj-8131323.
8 Estos nombramientos se produjeron en un clima de tensión entre el CGPJ y el Gobierno, debido a la polémica suscitada por la ausencia de S.M. el Rey en la entrega de despachos de la nueva promoción de la carrera judicial. El ministro de
Justicia, refiriéndose al veto del Rey en una entrevista en RNE, explicó que la ausencia del Rey Felipe IV se decidió 'para velar por la convivencia y no añadir tensión ante la inminencia de la sentencia -sentencia de inhabilitación de Quim Torra,
ex presidente del gobierno de Cataluña-, y la cercanía del 1-O'. (https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/rey-acto-jueces-barcelona-justicia-campo/5672017/).
9 Artículo 122.2 de la CE: 'El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de
nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario'. Artículo 560.1.2.ª de la LOPJ: '1. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones: 2.ª Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del
Tribunal Supremo'. El artículo 599.1.4.ª: '1. El Pleno conocerá exclusivamente de las siguientes materias: 4.ª Todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de
méritos'.
10 https://www.elindependiente.com/espana/2020/09/30/el-ministro-de-justicia-trata-de-paralizar-los-nombramientos-en-el-cgpj-hasta-el-ultimo-momento/.
11 Artículo 561.1.ª de la LOPJ: 'Se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias: 1.ª Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder
Judicial'.
En consecuencia, aprobada la reforma, supondría, tal y como está redactada, otorgar plenos poderes discrecionales a los partidos que conforman el Gobierno para decidir quiénes estarían a cargo del órgano de gobierno de la justicia. Estamos,
en definitiva, ante un claro fraude de ley, que supone un nuevo ataque a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial, así como un intento manifiesto de politizar dicha Institución.
Este claro ataque al Poder Judicial provocó que el Consejo de Europa, a través del GRECO, interviniera, llamando la atención, una vez más, al Gobierno de España. En una comunicación oficial dirigida directamente al Ministerio de Justicia
12, dicho organismo europeo advirtió de que la propuesta de reducir la mayoría cualificada de 3/5 necesarios del Congreso de los Diputados a una mayoría absoluta -el GRECO hace referencia a la misma como mayoría simple- para renovar el CGPJ y elegir
los nuevos vocales de este órgano de gobierno 'se desvía de los estándares del Consejo de Europa relativos a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede suponer una violación de los estándares anticorrupción del
Consejo de Europa'.
Asimismo, señaló el GRECO en la carta que 'los Consejos de la Judicatura, en los Estados miembros donde existen, deben ser órganos independientes que buscan salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales lo
que, a su vez, es una condición sine qua non para una lucha eficaz contra la corrupción. Nuestros estándares disponen que al menos la mitad de los miembros del consejo sean jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial.
GRECO ha subrayado repetidamente que las autoridades políticas no deben participar en cualquier etapa del proceso de selección del turno judicial'.
Por último, recuerda el órgano del Consejo de Europa que nuestro país 'aún no ha implementado una recomendación emitida por GRECO para España, hace casi siete años, en su Cuarta Ronda de Evaluación. La recomendación pedía una evaluación del
marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y de su efectos sobre la independencia real y percibida de este organismo de cualquier influencia indebida, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas'.
No solo el GRECO se ha pronunciado en contra de la reforma planteada, sino que prácticamente toda la carrera judicial se ha mostrado en desacuerdo. Esta reforma no solo supondría 'una lesión a la separación de poderes e impediría la
independencia judicial de salir adelante', sino que además es claramente 'contraria a la Constitución'. En un comunicado oficial diferentes asociaciones judiciales han pedido al gobierno 'que acometan, de una vez, con la serenidad y el debate que
aquella requiera, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y adecúen el sistema de elección de los vocales judiciales a los estándares anticorrupción exigidos por Europa'.
A pesar de lo expuesto, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, justificaba públicamente la propuesta de reforma de la LOPJ presentada por los dos partidos que sustentan al Gobierno y, por tanto, el incumplimiento de las
recomendaciones del Consejo de Europa. En un acto público en Valencia, el pasado mes de octubre, señaló expresamente que 'La situación de rehén en la que está ahora mismo el CGPJ con un mandato prorrogado durante dos años se hace insostenible en
democracia y por tanto hay que buscar válvulas. ¿Qué significa esto? Poner una espoleta'.
No obstante, la tramitación de la reforma fue frenada por el Presidente de Gobierno, y así lo anunció en el debate de la moción de censura presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
v. Segundo intento de reforma de la LOPJ.
A pesar de las advertencias del Consejo de Europa sobre la reforma del Poder Judicial y la violación de los estándares de corrupción, el Gobierno está dispuesto a llegar hasta el final en sus pretensiones. Así de claro lo dejó el exministro
de Justicia en una entrevista en canal sur al ser preguntado por la posible renovación del CGPJ y la supuesta negativa del Partido Popular. El Sr. Campo Moreno advirtió que si el Partido Popular mantenía su veto a la renovación de los vocales del
órgano de gobierno de los jueces, el Gobierno levantaría la suspensión de la tramitación de la reforma del CGPJ, impulsada por los Grupos parlamentarios de los partidos políticos que forman la coalición. Después de afirmar que era necesario 3/5
para la renovación de los vocales del Consejo, señaló, ante la posibilidad de que no se avenga el Partido popular a la renovación, lo siguiente: 'no contemplo esa posibilidad, pero ya que insiste, hay aparcada, de momento, tal como expresó el
Presidente del Gobierno, una proposición de dos grupos parlamentarios
12 La carta se dirige a Ana Andrés Ballesteros como jefa de la delegación de España en Greco por parte del Ministerio de Justicia.
para poner el reloj en marcha de la democracia, la democracia no puede pararse (...) y lo hace a través de sus instituciones' 13. Semejante afirmación pone de manifiesto que es, en realidad, el Gobierno quien controla estas iniciativas
parlamentarias.
Por último, y con el fin de presionar al Partido Popular para llevar a cabo la renovación del CGPJ, el Gobierno presentó, una vez más a través de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, una nueva proposición de Ley Orgánica de modificación de la LOPJ 14, que fue aprobada el 20 de abril de 2021. El objeto de la propuesta es implantar un régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones, cercando aún más la independencia del
órgano de gobierno del Poder Judicial. Destacan como puntos más relevantes la suspensión de la función de nombramientos por parte del CGPJ en funciones y la limitación de su potestad reglamentaria.
Esta nueva proposición es claramente inconstitucional, pues trata de limitar e impedir al CGPJ el ejercicio de funciones previstas en la Constitución, como es el nombramiento de las más altas funciones del Poder Judicial (artículo 122.2 de
la CE). Por tal motivo, el Grupo Parlamentario VOX interpuso, en fecha 22 de abril de 2021, un recurso de inconstitucionalidad -admitido a trámite- cuyo suplico solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de la norma supra y su nulidad.
No es sino un ejemplo más de la deriva del actual Gobierno intentando por todos los medios influir en la composición de la cúspide judicial, politizando, en definitiva, el gobierno de los jueces, y acabando, en última instancia, con la
independencia Judicial.
Tercero. Las alarmantes e irresponsables declaraciones del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Este 2 de septiembre de 2021, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, D. Félix Bolaños García, ha sido entrevistado en la Cadena Ser, donde ha realizado unas declaraciones que, nuevamente, ponen de
relieve la intención del Gobierno de politizar al Poder Judicial.
Las declaraciones del ministro surgían tras la pregunta relacionada con la condición planteada por el Partido Popular para renovar al CGPJ, consistente en la exigencia de que una parte de los vocales de este órgano sean elegidos por los
propios jueces.
No hemos de olvidar que tanto el Partido Popular como el PSOE siempre han llegado a acuerdos para el nombramiento de los cargos del CGPJ, el uno con la connivencia del otro y, el otro, con la del uno.
No ha sido hasta la llegada del Grupo Parlamentario VOX, que viene proclamando públicamente tal exigencia y que quedó plasmada en forma de iniciativa parlamentaria en octubre de 2020 ('BOCG. Congreso de los Diputados'. Núm. B-121-1 de
23/10/2020 Pág.: 1), que el Partido Popular ha impuesto al PSOE el requisito del nombramiento de entre jueces y por jueces.
No obstante lo anterior y en relación con lo que aquí nos ocupa, deben reproducirse las palabras del Sr. Bolaños García, según el cual 'esta propuesta [la exigencia de la elección de entre jueces y por jueces] no tiene cabida porque, en un
Estado de derecho y una 'democracia plena' como la española, 'ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos''. A lo que añadía: 'A todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado. Todos
derivan del voto libre de los 47 millones de ciudadanos', justificando que 'no hay otra vía' para renovar el CGPJ mediante un acuerdo entre el PSOE y el principal partido de la oposición' 15.
Las declaraciones, como no podía ser de otra manera por su gravedad injuriosa, han suscitado numerosas críticas por asociaciones del Poder Judicial. Así, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ('AJFV') -la segunda más representativa
entre los jueces españoles- ha calificado de 'alarmantes e irresponsables' las declaraciones del ministro. Igualmente han hecho hincapié en que la elección por jueces de entre jueces es 'una de las principales reivindicaciones no solo de las
asociaciones judiciales de nuestro país y de la propia Unión Europea de la que España forma parte, sino incluso del partido del propio Bolaños (PSOE) y hasta del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando estaban en la oposición' 16.
En el mismo sentido, el portavoz nacional de AJFV, D. Jorge Fernández Vaquero, ha recordado los episodios controvertidos del actual Ejecutivo respecto del Poder Judicial a que hacíamos alusión en los
13 https://www.canalsur.es/nmltimedia.html?id=1651966&jwsource=cl.
14 https://elpais.com/espana/2020-12-02/psoe-y-podemos-aceleran-una-propuesta-para-limitar-al-poder-judicial-en-funciones.html.
15 https://www.elmundo.es/espana/2021/09/02/6130836dfc6c83a4178b45bf.html.
16 https://www.larazon.es/espana/2021/09/02/y2pmoccggrehlilutvzi33j76u.html.
expositivos precedentes, remarcando que '[E]es sorprendente y lamentable que el ministro de un Estado miembro de la UE diga públicamente que las propias instituciones europeas llevan 8 años pidiendo a ese mismo país que haga algo que no es
plenamente democrático, lo cual es de una gravedad alarmante'.
E igualmente, se ha referido a los anteriores Gobiernos de la nación, tanto del Partido Popular como del PSOE, que 'han provocado que España tenga el CGPJ más partidista y politizado de toda la UE junto a Polonia, que de hecho se inspiró en
nuestro modelo porque es el que más y mejor permite a los políticos controlar este órgano clave de la Justicia en cualquier país' 17.
Cuarto. Reprobación y destitución del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
En todo caso, estamos ante unas declaraciones manifiestamente contrarias a los principios vertebradores del Poder Judicial, consagrados en la Constitución española y en la LOPJ, y que garantizan la separación de poderes y el Estado de
derecho.
Los motivos expuestos son merecedores, sin duda alguna, de una reprobación pública por parte del Congreso de los Diputados, así como de la destitución inmediata del Sr. Bolaños García como ministro de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Acuerda la reprobación del Sr. ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática por socavar la independencia e imparcialidad del órgano de gobierno del Poder Judicial.
2. Instar al Sr. Presidente del Gobierno a que destituya al Sr. ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, D. Félix Bolaños García.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2021.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Contreras Peláez, María Teresa López Álvarez, José María Sánchez García, María de la Cabeza Ruiz Solás, Ignacio Gil Lázaro,
Carlos José Zambrano García Ráez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, José María Figaredo Álvarez-Sala y Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª. Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Víctor Sánchez del Real y D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a instar al
Gobierno de España a que presente una protesta formal contra el embajador de la República de Cuba debido a sus declaraciones sobre política interna española, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero.
Recientemente, el embajador de la República de Cuba ante el Reino de España realizó determinadas declaraciones a raíz de la situación que actualmente atraviesa la isla. En concreto, el embajador se
17 https://www.larazon.es/espana/20210902/y2pmoccgWehlilutvzi33j76u.html.
pronunció acerca de las relaciones que mantiene su Gobierno con distintos partidos políticos españoles. Así, sobre el PSOE, el diplomático cubano manifestó que 'Es un partido con el cual tengo una fluida comunicación'; y sobre Podemos
expresó que 'Otro partido con el que también tengo una excelente comunicación y agradezco la postura que ha tomado con la campaña mediática contra mi país'.
Por su parte, el embajador también se pronunció acerca de la postura del Gobierno español ante las actuales protestas en Cuba, agradeciendo al mismo que 'no haya injerencia en los asuntos internos de Cuba', y afirmando también que 'Mi país
es muy escrupuloso con los temas propios de España y cuando tenemos algo que decir lo hacemos por las vías previstas'.
Sin embargo, el embajador sí se ha permitido opinar acerca de asuntos de política interna de nuestro país. En particular, el embajador se ha dedicado a opinar acerca de la tercera fuerza política constitucional de España, VOX.
Concretamente, ha dicho que VOX es 'Fascismo, tengo que decirlo, es fascismo', y que 'Aquellos que piden democracia para Cuba están aupados por la extrema derecha que dice que el franquismo es lo mejor que ha pasado, lo digo por VOX' 18.
Segundo.
El Convenio sobre Relaciones Diplomáticas, firmado en Viena el día 18 de abril de 1961 19, regula las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático, y ha sido ratificado tanto por el Reino de España como
por la República de Cuba. En particular, en su artículo 41.1, dicho convenio dispone lo siguiente:
'Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las Leyes y Reglamentos del Estado receptor. También están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos
de ese Estado.'
Por tanto, el embajador de la República de Cuba ante el Reino de España no solo ha realizado unas inaceptables declaraciones acerca de la tercera fuerza política de este país y de millones de españoles que apoyan al pueblo cubano en su lucha
por la libertad y la democracia, sino que también ha violado las disposiciones del Convenio sobre Relaciones Diplomáticas firmado en Viena el día 18 de abril de 1961, al inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país.
Tercero.
Como precedente, en el año 2018 el Gobierno español presentó una nota verbal de protesta ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por las declaraciones de su secretario general, Luis Almagro, contra el expresidente de España José
Luis Rodríguez Zapatero. En sus declaraciones, el secretario general de la OEA tildó al expresidente Zapatero de 'imbécil' por su papel de intermediario en Venezuela. Esta protesta se elevó a través del embajador español ante la OEA, el cual
manifestó su total rechazo a las descalificaciones vertidas contra el Sr. Zapatero. En su protesta señaló, además, que sus afirmaciones constituían una ofensa personal y afectaban gravemente a la imagen de España, exigiéndole, a su vez, el debido
respeto hacia la persona del expresidente.
El Ejecutivo español llegó a señalar que las palabras del secretario general de la OEA 'iban mucho más allá de lo que podría justificarse por una diferencia de opiniones sobre cuestiones políticas, además de utilizar un lenguaje
absolutamente inapropiado y realizar insinuaciones intolerables'.
Por último, el Gobierno exhortó al secretario general de la OEA a poner fin a la que calificó como innecesaria y perturbadora situación que empañaba el cargo que el Sr. Almagro representaba.
Cuarto.
Este Grupo Parlamentario entiende que, al igual que ocurrió en el año 2018 con las declaraciones del secretario general de la OEA, las inoportunas y erróneas afirmaciones del embajador de la República de Cuba ante el Reino de España son
merecedoras de protesta por parte del Gobierno por verter graves injurias con respecto al tercer partido político de España, que defiende la Constitución y el Estado de derecho, y a sus cuatro millones de votantes, a los que califica indirectamente
de fascistas, dañando gravemente la imagen de nuestro país.
18 https://okdiario.com/espana/embajador-cuba-celebra-que-psoe-no-hable-dictadura-carga-contra-vox-son-fascistas-7584375
19 https://www.boe.es/boe/dias/1968/01/24/pdfs/A01031-01036.pdf
Las palabras del Sr. Embajador van mucho más allá de lo que podría justificarse por una diferencia de opiniones sobre cuestiones políticas. No podemos olvidar que España, de conformidad con el artículo primero de nuestra Constitución, 'se
constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político'.
Al amparo de todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar una nota de protesta diplomática formal contra el embajador de la República de Cuba ante el Reino de España, reclamándole que rectifique sus declaraciones sobre la tercera fuerza
política de este país y advirtiéndole sobre su injerencia en los asuntos internos de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2021.-Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Víctor Sánchez del Real, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Víctor Manuel Sánchez del Real, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez y D. Agustín Rosety Fernández de
Castro en su condición de portavoz, portavoz adjunta y diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a instar al Gobierno a promover la persecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero.
La situación que está viviendo la sociedad venezolana es ya insostenible. El último informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicado el 2 de diciembre de 2020, titulado 'Fomento de la impunidad: el
impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela' (el 'informe de la OEA'), amplía el informe de 2018 realizado por un Panel de Expertos
Independientes convocados por la OEA, el cual concluyó que había una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El nuevo documento señala que, desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación
política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos. Partiendo del trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela, el nuevo informe de 2020 expone un vivido retrato de una
Venezuela devastada por la violencia patrocinada por el Estado así como de la agonía de un desastre humanitario 20.
Entre otros hallazgos, el informe de la OEA 21 identifica los siguientes hechos:
- 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.
- 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014.
20 https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodieo=C-122/20.
21 http://www.oas.org/documents/spa/press/Crimes-Against-Humanity-II-in-Venezuela-SPA.pdf.
- Decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen. Siete millones de personas están necesitadas y más de 100,000 niños menores de 5 años están
afectados por desnutrición aguda severa. Una ONG con una fuerte presencia local informó que 52 de cada 100 niños atendidos tienen deficiencias nutricionales y el 24 por ciento de las mujeres embarazadas estaban desnutridas. En las principales
ciudades, la escasez de medicamentos esenciales ha oscilado entre el 60 % y el 100 %. Y con bajas tasas de vacunación y medicamentos limitados, ha habido brotes de sarampión y difteria y al menos 400.000 casos de malaria, el más alto de América
Latina. Se reportan casi 1.000 muertos por falta de medicamentos contra la malaria.
- 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019.
- 653 casos documentados de tortura desde 2014.
- Además, la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.
Asimismo, el informe de la OEA destaca el fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (en adelante, 'CPI') en realizar su examen preliminar de manera expedita, así como en abrir una investigación a pesar de la abrumadora evidencia
de crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI. La OEA recomienda al Fiscal de la CPI que dé prioridad y acelere al máximo el examen preliminar de la situación en Venezuela y, en consecuencia, proceda sin más demora a presentar a la Sala de
Cuestiones Preliminares una solicitud de investigación oficial sobre los crímenes de lesa humanidad realizados por el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Asimismo, señala el informe expresamente que 'la urgencia del caso obedece al
recrudecimiento de crímenes persistentes y generalizados; a la existencia de información fiable sobre los crímenes disponible públicamente; a la inexistencia de procedimientos nacionales viables para exigir responsabilidades a los autores de los
crímenes; al hecho de que la situación ha dado lugar a una remisión regional sin precedentes enviada por seis Estados Partes -lo que obviaba la necesidad de que la Fiscal tuviera que obtener la aprobación de la Sala de Cuestiones Preliminares de la
Corte Penal Internacional para iniciar una investigación oficial-, y a que el inicio de una investigación formal contribuiría a potenciar los objetivos de la política de la Fiscalía'.
Por otro lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que 'se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo
venezolano. Llamamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mostrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo 22'.
Así las cosas, la CPI no ha tomado ninguna medida real para proceder a exigir responsabilidades a los perpetradores. Todo ello, a pesar de que se están analizando las pruebas presentadas -examen preliminar- desde febrero de 2018 por este
organismo. Asimismo, esta impasibilidad por parte de la CPI va en contra de su propio estatuto, en cuyo preámbulo se establece la prevención como uno de sus pilares fundamentales.
Segundo.
No obstante, la OEA no ha sido la única institución que ha señalado las graves violaciones de derechos humanos que se producen en Venezuela. El pasado 4 de julio de 2019 se publicó el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Este informe recoge una visión general de la situación de los derechos humanos en el citado país desde enero de 2018 a mayo de
2019. El ACNUDH concluye señalando que 'existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela'. Y añade lo siguiente:
'Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder
judicial...Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos.
22 Ibidem.
Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones
críticas y movilizar a otras personas. Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos.
Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual... Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos
con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES.'
Y concluye el informe con la siguiente afirmación:
'El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. Ea impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha
envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas 23.'
Tercero.
La Unión Europea (UE) está facultada, de acuerdo con los artículos 29 del TUE 24 y del artículo 215 del TFUE 25, para adoptar sanciones (medidas restrictivas), ya sean medidas propias de la UE (p. ej., sanciones autónomas) o con la finalidad
de aplicar resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en los casos en los que países no pertenecientes a la UE, personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales no cumplan la legislación internacional o los derechos
humanos o no lleven a cabo políticas o acciones que no cumplan el Estado de Derecho o los principios democráticos. Estas sanciones son instrumentos preventivos y no punitivos diseñados para que la UE pueda responder rápidamente a los desafíos y
acontecimientos políticos, en consonancia con los principios de la política exterior y de seguridad común 26.
En relación con la situación que está viviendo Venezuela, donde continúa el deterioro de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos, la UE promulgó el Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo de 13 de noviembre de 2017
relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela (Reglamento 2017) 27.
En concreto respecto a las medidas restrictivas, el artículo 8 del Reglamento de 2017 estipula lo siguiente:
'1. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en los anexos IV y V.
2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en los anexos IV y V ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de fondos o recursos económicos.
23 'Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela', Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, 04.07.2019: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID.
24 Artículo 29 (antiguo artículo 15 TUE): El Consejo adoptará decisiones que definirán el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático. Los Estados miembros velarán por la conformidad de sus políticas
nacionales con las posiciones de la Unión.
25 Artículo 215 del TFUE (antiguo artículo 301 TCE): '1. Cuando una decisión adoptada de conformidad con el capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea prevea la interrupción o la reducción, total o parcial, de las relaciones
económicas y financieras con uno o varios terceros países, el Consejo adoptará por mayoría cualificada, a propuesta conjunta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión, las medidas necesarias.
Informará de ello al Parlamento Europeo. 2. Cuando una decisión adoptada de conformidad con el capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea así lo prevea, el Consejo podrá adoptar por el procedimiento establecido en el apartado 1
medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales. 3. Los actos contemplados en el presente artículo incluirán las disposiciones necesarias en materia de garantías jurídicas'.
26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/%20ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3A25_1#:text=En%%2020virtud%20del%20art%C3%ADculo%20215,en%20todos%201os%20Estados%20miembros.
27 Anteriormente el Consejo de la Unión Europea había adoptado la DECISIÓN (PESC) 2017/2074 DEL CONSEJO de 13 de noviembre de 2017 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.
3. El anexo IV incluirá a:
a) las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela;
b) las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos cuyas acciones, políticas o actividades socaven de otra forma la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.
4. El anexo V incluirá a las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos asociados a las personas y entidades a que se refiere el apartado 3.
5. Los anexos IV y V contendrán los motivos de inclusión en la lista de las personas, entidades y organismos de que trate.
6. Los anexos IV y V también contendrán, cuando se disponga de ella, la información necesaria para identificar a las personas, entidades y organismos de que trate. Respecto de las personas físicas, esa información podrá incluir el nombre y
apellidos y los alias, el lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, la dirección postal (si se conoce) y el cargo o profesión. Respecto de las personas jurídicas, entidades y
organismos, dicha información podrá incluir el nombre, la fecha y el lugar de registro, el número de registro y el domicilio social.'
En definitiva, la UE, a través del Reglamento de 2017, impuso a Venezuela medidas restrictivas consistentes en un embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como en la prohibición de viajar y la inmovilización de
activos respecto de las personas incluidas o que pudieran ser incluidas en la lista. Por tanto, las citadas medidas van dirigidas a personas concretas y no afectan a la población en general.
El pasado 22 de febrero de 2021, el Consejo de la Unión Europea incluyó diecinueve altos cargos venezolanos en la lista de personas sujetas a medidas restrictivas, por su papel en actos y decisiones que atentan contra la democracia y el
estado de derecho en el país, o como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos, concretamente por socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de
los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales 28.
Esta última inclusión, elevó a 55 las personas sujetas a las sanciones impuestas por la UE. Sin embargo, son muchos los cargos oficiales del régimen de Maduro que siguen sin ser incluidos en la lista y sancionados, a pesar de su implicación
y responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales que está sufriendo el pueblo venezolano.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español, en el ejercicio de sus libertades constitucionales y democráticas, condena rotundamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, y
expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y su total apoyo en su lucha pacífica por la libertad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Denunciar y condenar pública y rotundamente la vulneración de los derechos humanos en Venezuela.
2. Realizar todas aquellas gestiones diplomáticas que sean necesarias al objeto de detener la represión del pueblo venezolano y la vulneración de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
3. Solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, como estado parte del Estatuto de Roma, que dé prioridad y acelere el examen preliminar de la situación en Venezuela y, en consecuencia, proceda
28 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/22/venezuela-19-officials-added-to-the-eu-sanctions-list/?utm%20source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Venezuela%3a+19+officials+added+to+the+EU+sa%20nctions+list.
sin más demora a presentar a la Sala de Cuestiones Preliminares una solicitud de investigación oficial sobre los crímenes de lesa humanidad realizados por el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
4. Promover, en el seno de la UE, las medidas necesarias para que se proceda a la inclusión de todos los altos cargos y representantes del régimen bolivariano que hayan sido responsables de graves violaciones o abusos de los derechos
humanos o de represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela, en los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo de 13 de noviembre de 2017 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en
Venezuela. Especialmente los siguientes:
Adolfo Pereira Antique;Gobernador del Estado de Lara.
Edwin Rojas Mata;Gobernador del Estado de Sucre.
Héctor Rodríguez Castro;Gobernador del Estado de Miranda.
Henry Rangel Silva;Gobernador del Estado de Trujillo.
Julio César León Heredia;Gobernador del Estado de Yaracuy.
Rafael Calles Rojas;Gobernador del Estado de Portuguesa.
Yelitze Santaella Hernández;Gobernadora del Estado de Monagas.
Víctor José Clark Boscán;Gobernador del Estado de Falcón.
Miguel Leonardo Rodríguez;Gobernador del Estado Amazonas.
Ramón Alonso Carrizales Rengifo;Gobernador del Estado Apure.
Rodolfo Clemente Marco Torres;Exgobernador del Estado Aragua.
Argenis Chávez Frías;Gobernador del Estado Barinas.
Rafael Alejandro Lacava Evangelista;Gobernador del Estado Carabobo.
Margaud Godoy;Gobernadora del Estado Cojedes.
José Manuel Suárez Maldonado;Gobernador del Estado de La Guaira.
José Manuel Vásquez Aragurén;Gobernador del Estado de Guárico.
Carmen Meléndez Rivas;Exministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Jorge Alberto Arreaza Montserrat;Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional.
Vladimir Padrino López;Ministro del Poder Popular para la Defensa.
Alí Padrón Paredes;Ministro del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior.
Wilmar Castro Soteldo;Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Juan Luis Laya Rodríguez;Ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura.
Greicys Dayamni Barrios;Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana.
Germán Eduardo Piñate;Exministro del Poder Popular para la Educación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Víctor González Coello de Portugal y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.-Iván
Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/003070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para liderar el no reconocimiento internacional del régimen
talibán de Afganistán, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La situación vivida en Afganistán durante el verano de 2021 ha hecho temer lo peor a los analistas, expertos y organismos internacionales. La reinstauración del régimen talibán en el país hace temer lo
peor, más si cabe teniendo en cuenta la situación que provocó la tiranía de estos extremistas hasta hace 20 años. Ya entre 1996 y 2001, los talibanes aplicaron la Sharía de la forma más estricta y radical posible, y poco hace creer que la
situación será diferente tras el establecimiento de un nuevo Emirato fundamentalista en Afganistán. Bajo la aplicación de la Sharía, las mujeres y niñas se enfrentan por tanto a una situación de represión y falta de libertad absoluta, siendo
amenazadas con azotes y lapidaciones si no cumplen con las disposiciones de esta ley islámica.
Pese a que, en su momento, los talibán afirmaron que no llevarían a cabo esa represión en esta nueva etapa de gobierno, lo cierto es que sus actuaciones han dejado ya en evidencia sus promesas de marketing. En primer lugar, a medida que
avanzaban por el país llevaban a cabo su represión contra quienes habían colaborado con la presencia occidental en Afganistán, pero también contra minorías o personas que se habían significado en su rechazo al pasado período talibán de hace 20 años.
Además, al llegar a las puertas de Kabul y tomar finalmente la ciudad, amenazaron con un ultimátum a las naciones participantes de la misión internacional de la OTAN en el país que evitaba que pudieran organizar esfuerzos de evacuación más tarde del
pasado 31 de agosto. En los últimos días, cuando se acercaba esa fecha, la agresividad de los talibán se redoblaba, con asesinatos a jefes policiales que habían sido entrenados por las naciones occidentales presentes hasta ahora en Afganistán y con
una clara estrategia de hostigamiento y acoso a periodistas para que reproduzcan sus consignas fundamentalistas en lugar de continuar con su trabajo de información.
En este contexto, algunas voces a nivel internacional han reconocido que quizás sea necesario reconocer al régimen talibán, asumiendo que la rapidez con la que los extremistas han retomado el control del país hace imposible idear un régimen
democrático en Afganistán. Sin embargo, otros líderes globales, como el presidente francés Emmanuel Macron o el primer ministro canadiense Justin Trudeau, han rechazado frontalmente normalizar el régimen talibán. De hecho la resistencia que se
está organizando en torno a la región de Panjshir, en el norte del país, demuestra que aún hay un número considerable de afganos que están dispuestos a luchar de nuevo contra los talibán para evitar volver 20 años atrás. Esta resistencia está
liderada, además, por Ahmad Massoud, el hijo del histórico líder de la lucha contra los talibán y la presencia soviética en Afganistán en las décadas de 1980 y 1990, el llamado 'León de Panjshir'.
Desde el GP Ciudadanos defendemos el respeto por el Estado de Derecho, los derechos y libertades fundamentales como un pilar fundamental no ya solo de nuestra acción política a nivel interno, sino también de nuestra acción exterior. España
es una de las pocas democracias plenas del mundo, y como tal tiene también la responsabilidad de promover, proteger y cuidar los avances democráticos en todo el mundo, puesto que esto significa mejores perspectivas de desarrollo personal para más
individuos. Como liberales, por tanto, no podemos compartir la opinión de que se debe reconocer al régimen talibán como legítimo al frente de Afganistán. Siendo conscientes de que será necesario trabajar con los talibán para asegurar la evacuación
de quienes se han visto forzados a quedarse en el país, también es cierto que hay alternativas para redoblar la presión sobre los nuevos gobernantes que han tomado el poder en Afganistán y para dar apoyo a quienes siguen dispuestos a establecer un
régimen más respetuoso con los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Liderar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, el no reconocimiento del régimen talibán como gobierno legítimo de Afganistán y de limitar sus relaciones con el mismo a las estrictamente necesarias para asegurar la salida
ordenada de los afganos que se hayan visto obligados a permanecer en el país ante el fin de la primera etapa del operativo de evacuación desplegado por las naciones con presencia en el país.
2. Elevar, en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la necesidad de implementar sanciones específicas contra los principales líderes del régimen talibán para ejercer presión sobre los mismos con el objetivo de
dificultar lo máximo posible su toma del poder efectivo en Afganistán.
3. Paralizar, como ya ha solicitado la Comisión Europea, toda transferencia de fondos de cooperación internacional para el desarrollo que tuviera como destino Afganistán hasta poder asegurar que estos fondos no acaban en manos de los
talibán y, por tanto, financiando sus actividades, y estudiar redirigir este apoyo a las fuerzas que se oponen al régimen talibán en la provincia afgana de Panjshir.
4. Redoblar, en el seno de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de las instituciones de la Unión Europea, la lucha internacional contra el cultivo de opiodes, su tratamiento y su comercio, siendo esta una de las
principales actividades que proporcionan recursos económicos al régimen talibán en Afganistán.
5. Mantener los flujos de ayuda humanitaria, que gestionan directamente las instituciones donantes, para evitar el agravamiento de la situación humanitaria en el país y prevenir así posibles flujos masivos de personas que puedan poner en
riesgo su vida por llegar a la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Interior
161/003083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de nuevos
cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de la Policía Nacional en la provincia de Cádiz, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La situación geográfica de la provincia de Cádiz en el extremo sur de España, la convierten en un territorio lleno de oportunidades, pero también en punto débil para afrontar determinadas realidades delincuenciales como pueden ser los
delitos de narcotráfico y el de tráfico ilegal de personas por parte de las mafias organizadas de la droga y la inmigración.
Ello obliga a que, para poder garantizar el cumplimiento de la ley, la seguridad de los ciudadanos y la propia seguridad de los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
estado en esta provincia dispongan de los medios suficientes tanto en relación con el material (vehículos, chalecos antibalas...) como en relación a las infraestructuras en forma de cuarteles de la guardia civil y comisarías de policía nacional en
número suficiente y, sobre todo, en buen estado.
En cambio, los cuarteles y comisarías en la provincia de Cádiz, además de ser claramente insuficientes en número, se encuentran, en muchos casos, en un estado alarmante, fundamentalmente por la falta de mantenimiento de los mismos. Ello
provoca que lo que son equipamientos esenciales no cumplan con el doble objetivo de garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, ser instalaciones operativas para dar respuesta al creciente índice delincuencial que se produce en la provincia.
También debemos hacer referencia a la necesidad de construcción de nuevos equipamientos. En este caso, el actual Gobierno de España, ha previsto, dentro del Plan de Infraestructuras 2019-2025, la construcción de la nueva Comisaría local de
La Línea y la del Puerto de Santa María y la de los nuevos cuarteles de Chiclana y Chipiona. Nuevos equipamientos que, siendo necesarios y urgentes, o bien no cuentan con las partidas necesarias en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para
abordar las obras o las mismas tienen prevista su finalización en un horizonte muy lejano.
Por último, hemos de plantear la necesidad de reapertura de cuarteles y puestos de la Guardia Civil que actualmente se encuentran cerrados y respecto a los cuales existe una demanda social importante, pues si al cierre de cuarteles unimos el
otro gran déficit que sufre la provincia de Cádiz como es la falta de efectivos no solo de la Policía Nacional sino también de la Guardia Civil, es normal que los ciudadanos, fundamentalmente de municipios más pequeños de las comarcas de la Sierra o
de la Janda, tengan en algunos casos sensación de inseguridad principalmente por la localización en dichas zonas de las redes del narcotráfico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar las obras de construcción de los cuarteles de la Guardia Civil en Chiclana de la Frontera, Chipiona, Benalup, San Martín del Tesorillo, el Gastor y Olvera (Cádiz).
2. Iniciar las obras de construcción de las comisarías del Puerto de Santa María y La Línea de la Concepción (Cádiz).
3. La construcción de la nueva comisaría provincial en la ciudad de Cádiz y, en tanto no finalizan las obras, la adecuación de la actual comisaría.
4. La construcción de la nueva comisaría de distrito en el centro de Jerez de la Frontera (Cádiz).
5. La reapertura de los cuarteles de la Guardia Civil en Palmones (Los Barrios), Algodonales y Bornos.
6. Establecer un Plan de Mantenimiento de cuarteles y comisarías de la provincia de Cádiz que incluya, entre otros, el cuartel de la Guardia Civil de La Barca y de Tarifa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco, María José García-Pelayo Jurado y José Ortiz Galván, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/003066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por un sistema aeroportuario
sostenible, innovador y de calidad en Catalunya en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Delta del Llobregat posee un gran valor, no solo para la comarca del Baix Llobregat y el área metropolitana de Barcelona, sino para Catalunya, el litoral mediterráneo español y el sur de Europa. En este entorno conviven, en un delicado
equilibrio, infraestructuras de transporte, industriales, urbanas, y también agrícolas y naturales de un alto valor, muchos de ellos incluidos en la Red Natura 2000, de protección de ecosistemas y hábitats. Por todo ello fue imprescindible un
amplio consenso estratégico, de coordinación institucional entre todas las administraciones competentes, el Estado, la Generalitat de Catalunya y los Ayuntamientos del Prat de Llobregat y de Barcelona. Esta concertación institucional dio lugar en
1994, al conocido genéricamente como el Pla Delta, un compromiso que se concretaba en múltiples actuaciones que afectaban al crecimiento del puerto y del aeropuerto, nuevos accesos ferroviarios y la construcción de una planta de aguas residuales del
área sur de Barcelona y su área metropolitana. Los espacios naturales del Delta son una red de espacios protegidos de 969,4 hectáreas que pertenecen a cuatro municipios: el Prat de Llobregat, Viladecans, Gavá y Sant Boi de Llobregat. La notable
diversidad y singularidad de especies de flora y fauna, y la proximidad a entornos urbanizados dentro del área metropolitana de Barcelona, otorga a estos espacios naturales del delta del Llobregat unas características de clarísima excepcionalidad.
La importancia capital de este patrimonio natural resulta todavía más patente en el actual contexto de emergencia climática. A pesar de las presiones antrópicas, el río Llobregat, las marismas, los canales de irrigación, las balsas, los
espacios agrícolas, la franja litoral y los pinares, conforman un mosaico territorial que alberga una gran riqueza de biodiversidad y es la tercera zona húmeda en importancia de Catalunya.
Además de los Espacios Naturales, el Delta aloja también parte del Parque Agrario del Baix Llobregat, una de las zonas agrícolas más antiguas y fértiles de Catalunya y cuya preservación y recuperación también es el resultado de una conquista
ciudadana.
Uno de los parajes excepcionales del Delta del Llobregat y el que mejor ejemplifica este delicado equilibrio es la Ricarda. Se trata de un espacio insustituible y salvaguardado por varias figuras normativas catalanas, españolas y europeas
de protección medioambiental. La laguna, un antiguo brazo del río Llobregat, y su entorno alojan un hábitat único de flora y fauna, que constituyen uno de los espacios naturales más importantes del Delta del Llobregat. Así mismo, la actividad
económica que se desarrolla en esta finca es de vital importancia para sostener la ganadería y la agricultura del Parque Agrario. Finalmente, la Ricarda acoge la Casa Gomis, una obra fundamental de la arquitectura racionalista en Catalunya que es
indispensable para entender la evolución de las vanguardias artísticas y culturales durante el siglo XX.
En el ámbito internacional y climático, el acuerdo de París estableció el compromiso de reducir las emisiones de los vuelos nacionales, y los acuerdos de ámbito europeo para establecer un mercado europeo de emisiones de la aviación (EU ERES)
fijan un objetivo de reducción de las emisiones de los vuelos europeos de un -28 % para 2035. Por lo que es crucial una acción inmediata para la reducción de las emisiones de los vuelos nacionales y europeos, y la acción más inmediata y contundente
para reducirlos es sustituirlos, en un cambio de paradigma, por alternativas ferroviarias.
Por otra parte, la UE ha aprobado el Green Deal y la Ley Europea del Clima que establece el objetivo y compromiso político de la neutralidad en 2050, en línea con los acuerdos de París. La Ley Europea del Clima supone un refuerzo del
compromiso político, puesto que tiene incidencia sobre todas las políticas de la UE. En el ámbito de los Estados, España ha publicado la Estrategia de Descarbonización que, en la misma línea del Green Deal y de la Ley climática europea, prevé la
neutralidad en 2050, con objetivos intermedios en 2030 y 2040. En el mismo documento se propone la restauración y recuperación de 50.000 hectáreas de zonas húmedas por su función de retención de carbono y por su acentuada pérdida reciente.
En este sentido, cabe recordar que todavía no se han desarrollado medidas de compensación de la anterior ampliación del aeropuerto contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental de 2002. Quedan pendientes la creación de un corredor
ecológico entre el Remolar y la Ricarda, la participación en la gestión de la Pineda y aportación de agua del aeropuerto a la Ricarda. Este incumplimiento ambiental ha generado que desde probable que la UE apruebe una ampliación en plena transición
energética y en un contexto por un cambio sustancial en la movilidad.
En un país que ya tiene un déficit de infraestructuras enorme, tiene mucho más sentido destinar los 1.700 millones que AENA cuantifica para realizar estas obras de ampliación, a mejorar la red ferroviaria, que debería ser el elemento central
de la movilidad del futuro y favorecer la reindustrialización y la actividad de servicios avanzados. Para que esto suceda, se necesitan otras políticas e inversiones. Es fundamental que una inversión de esta importancia en el aeropuerto sirva para
cambiar el modelo productivo, no para persistir con un modelo que ya sabemos ha llegado al límite de lo que es viable.
Los municipios afectados, la sociedad civil organizada, la comunidad científica, el ecologismo social y político, las asociaciones en defensa del transporte público están manifestando claramente su oposición a la propuesta planteada por
AENA. Cabe destacar que un sistema aeroportuario Barcelona-Girona-Reus sería una solución alternativa a la ampliación, al mismo tiempo que también una apuesta estratégica por la equidad territorial y la consecución de un modelo económico
competitivo donde prime la innovación en el sector aéreo, con una red de infraestructuras adecuadas, resilientes, fiables y de calidad. Un replanteamiento que se basa en un aprovechamiento de las infraestructuras aeroportuarias existentes y en la
conexión eficiente y sostenible entre las tres ciudades. Esto significaría modular el tráfico aéreo en función del territorio, con una integración al sistema ferroviario de alta velocidad. Actualmente las conexiones entre Girona-Barcelona y
Tarragona-Barcelona es de 38 y 35 minutos respectivamente, un tiempo que es equiparable con el que otras ciudades como París, o Londres, conectan sus otros aeropuertos.
No cabe duda de que apostamos por la mejora del Aeropuerto del Prat, pero con claros objetivos para su competitividad y eso pasa por adaptarse a las necesidades y los retos actuales. Una sociedad sensibilizada y comprometida, en muchas
ocasiones siempre avanzándose a las nuevas realidades, exige a las Administraciones que huyan de las viejas recetas del siglo XX de crecimiento sin límites de vuelos turísticos y low cost.
Ya no se puede planificar sin considerar la emergencia climática, no tener presente los efectos negativos que generan la pérdida de biodiversidad a escala planetaria, la vulnerabilidad al cambio
climático de nuestros entornos urbanos y la fragilidad de los escasos entornos naturales que han sobrevivido a la voracidad de un sistema y hoy son nuestro más preciado bien común. El compromiso del Gobierno de España con los 17 objetivos
de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2012 diversas organizaciones ambientalistas y ONG's hayan presentado sucesivas reclamaciones a la Comisión Europea (CE) sobre las ampliaciones del Aeropuerto de Barcelona-EI
Prat, así como la exigencia de planes de protección y de gestión. De hecho, la Comisión Europea abrió el pasado mes de febrero un procedimiento de infracción contra España reclamando 'las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro del lugar
como consecuencia de grandes proyectos de infraestructuras, como la ampliación del aeropuerto y el puerto internacional de Barcelona'. Estos incumplimientos pueden acabar en el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, si las respuestas siguen
sin ser satisfactorias.
En plena pandemia COVID, en 2020, AENA anunció la intención de ampliar la tercera pista del aeropuerto del Prat, contraviniendo así, el consenso del acuerdo del Pla Delta del año 1994. Esta ampliación implicaría la destrucción del paraje de
la Ricarda y la obstrucción del corredor ecosistémico de los espacios naturales del Delta del Llobregat. Según AENA, esta ampliación supondría un aumento en la actividad aeroportuaria, pasando de las 52.000.000 personas usuarias actuales por año a
75.000.000, unas cifras que contradicen una apuesta de desarrollo económico y social del territorio en una situación de emergencia climática, incrementando las emisiones de CO2 y la contaminación que sufre el área metropolitana, en una zona
especialmente castigada por la contaminación atmosférica.
A pesar de que el sector aeronáutico ha actuado con cierto retraso al cumplimiento de los acuerdos climáticos, en los últimos años varios aeropuertos europeos han empezado a implementar medidas concretas, redactando planes de transformación
de sus infraestructuras para disminuir sus emisiones de carbono.
Pero más allá de los impactos ambientales irreversibles, la propuesta de AENA es un proyecto continuista, que se fundamenta en las evoluciones del sector en el pasado. La ampliación no trata de impulsar la economía: es más especulación,
más externalidades negativas que provoca el monocultivo del turismo masificado, más precariedad, menos mitigación del cambio climático. Para impulsar la economía en Catalunya y del arco mediterráneo, es más importante y crucial tener un sistema de
transporte sostenible, es decir, tener buenas conexiones ferroviarias, que no ampliar el aeropuerto del Prat, que hoy en día ya es un gran aeropuerto europeo.
Sin embargo, Europa tiene la última palabra sobre esta ampliación, ya que eliminaría una reserva natural y parte de la Red Natura 2000. En este sentido, parece muy poco 2030, invitan a descartar de forma valiente, propuestas que alejen a
España de la consecución de los 17 Objetivos de la Agenda 2030.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Mostrar su compromiso con la preservación y protección del conjunto del Espai Natural del Delta de Llobregat y, en especial, de la Reserva Natural Parcial de La Ricarda-Ca l'Arana manifestando su oposición a la propuesta de AENA de
prolongación de la tercera pista del Aeropuerto Josep Tarradellas-Barcelona El Prat.
2. Apostar por una solución de consenso en el marco de la Mesa Técnica para evaluar la propuesta de ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas-Barcelona El Prat con el objetivo de mejorar la competitividad del conjunto del sistema
aeroportuario de Catalunya y garantizando el respecto a la biodiversidad y a las directivas ambientales europeas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-Laura López Domínguez, Diputada.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003082
A la Mesa de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta, para su debate en Comisión,
la siguiente Proposición no de Ley sobre salvamento marítimo en la isla de Tenerife.
Exposición de motivos
Tenerife tiene 342 kilómetros de costa que, en el norte de la isla, es más accidentada y abrupta debido a que, normalmente allí, el mar bate con mucha más fuerza y la corriente puede resultar bastante peligrosa. A pesar de esta
circunstancia, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tenerife no dispone, actualmente en esta zona, de embarcaciones de salvamento (Salvamar) ni de un puesto fijo, con lo que, cuando se produce algún accidente y recibe aviso, los
recursos se tienen que trasladar desde alguno de los puestos base ubicados en otros tres puntos de la Isla que se encuentran a una distancia bastante alejada del norte. Las tres Salvamares con las que, a fecha de hoy, cuenta Salvamento Marítimo
para proteger toda la costa de Tenerife están: En Santa Cruz de Tenerife (este); en Playa San Juan, municipio de Guía de Isora (oeste) y en Los Cristianos, municipio de Arona (sur). Obviamente, la distancia y el carácter del propio mar juegan en
contra cuando se trata de llegar a tiempo para salvar vidas.
El 5 de octubre de 2019, Alejandro Torres González, un joven tinerfeño de 23 años de edad, sufrió una caída en Los Riscos de Martiánez, en el Puerto de la Cruz. Había ido a disfrutar de la costa en compañía de su novia que hizo todo lo
posible por ayudar a Ale pero, en ese momento, el mar estaba bravo y, a pesar de su lucha por alcanzar la costa, el joven iba perdiendo cada vez más fuerza en esa pelea con la furia del mar.
Tras dar aviso, se activó el dispositivo de búsqueda en el que participó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias. Ningún medio más se desplazó hasta la zona. Un rescatador se descolgó desde el
helicóptero para rescatar de las rocas a la novia de Ale pero, a pesar de la insistencia de la chica que señalaba la zona donde se encontraba su novio, no se acudió, según consta en los testimonios posteriores de la propia afectada.
Ale era un joven que en aquel momento hacía carrera militar en artillería ligera en La Isleta, en Gran Canaria, para convertirse en Guardia Civil. Era su sueño. Después de tres días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado cerca del Puerto de
la Cruz.
Desde aquel fatídico día, su madre Natalia González inició una lucha incansable para pedir respuestas y, sobre todo, soluciones oficiales con el único objetivo de que la muerte de su hijo no haya sido en vano. Asimismo, denunció ante la
Policía Nacional y, posteriormente, ante la Fiscalía que el operativo de rescate en el momento del accidente había sido deficiente. Ante la falta de respuestas, un año y medio después, en mayo de 2021, Natalia puso en marcha una campaña de recogida
de firmas en la plataforma Change.org y, en apenas tres meses, son ya 30.000 las firmas registradas. Esta petición cuenta además con un amplio respaldo y apoyo popular, no solo en las diferentes redes sociales sino a través de numerosos mensajes
personales que Natalia y sus otras dos hijas adolescentes reciben cada día.
Con esta petición, esta madre luchadora quiere llevar al Parlamento de Canarias la proposición de ley de iniciativa popular de un puesto de salvamento marítimo de protección en el norte de la isla de Tenerife por su peligrosidad y porque
actualmente esta zona no cuenta con medios ni recursos marítimos de rescate.
Natalia sabe que ninguna acción le devolverá a su hijo pero insiste en que su mayor deseo es que con el apoyo de todos se evite que otra persona, otra madre, otro padre pase por el dolor y el sufrimiento de perder a un hijo porque no había
medios disponibles para salvar su vida.
Por todo ello, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España a la creación de un puesto base permanente en la zona norte de Tenerife que cuente con una embarcación de salvamento (Salvamar)
que garantice, como ya se hace en otras zonas
de la isla, una intervención rápida y eficaz que minimice el tiempo de respuesta y que evite la pérdida de vidas humanas en esta costa que actualmente se encuentra desprotegida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003084
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del diputado del PDeCAT don Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a suspender el proyecto de instalación por parte de Adif de pantallas acústicas opacas en las vías del tren a su paso por Badalona y demás 35
municipios catalanes afectados por el proyecto.
Exposición de motivos
El 14 de agosto de 2021 se publicó en el BOE un anuncio oficial del Ministerio de Transportes relativo al proyecto de instalación de pantallas acústicas opacas en las vías del tren a su paso por 36 municipios, entre los cuales, en la
provincia de Barcelona, por Badalona, el Masnou, Sant Celoni, Cardedeu, Castelldefels, l'Hospitalet de Llobregat y Sitges.
El objeto principal de dicho proyecto, gestionado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), es instalar pantallas opacas de más de 3 metros de altura a lo largo de las vías del tren a su paso por estas poblaciones en aras
de reducir el impacto sonoro que generan los trenes y adaptarse a los requerimientos de la actual normativa.
El proyecto de ADIF ya en mayo despertó el malestar de los alcaldes concernidos, algunos de los cuales manifestaron públicamente que habían planteado reclamaciones que han sido desatendidas.
Por lo que refiere a una de las ciudades afectadas, Badalona, las pantallas de ADIF se situarían, en caso de aprobarse el proyecto, a ambos lados del tramo de la vía del tren que discurre por la Rambla de la Ciudad. Esta Rambla, peatonal
durante todo su recorrido y situada en pleno núcleo urbano de Badalona, tiene la condición de bien de interés local y constituye un símbolo para esta ciudad.
Discurre en línea recta y trazado llano, paralelo al mar y la playa y también paralelo a las vías del tren, por donde circulan en ambas direcciones todos los trenes de cercanías de la R1 y todos los trenes regionales de la R11. Se trata de
vías que, por cierto, planificaron en 1847 los ingleses para trazar la ruta que debía unir por ferrocarril Mataró y Barcelona, por lo que desde hace muchísimos años forman parte del paisaje de la calle más emblemática de la ciudad.
Estas vías, por un lado, colindan con la Rambla y sus casas y viviendas. Por otro, colindan con el conocido popularmente como 'el Paseo', también peatonal en su totalidad, y que por otro lado colindan con la playa y el mar. Es decir, las
vías del tren separan en paralelo la Rambla y el Paseo y desde la Rambla se observa la playa y el mar. Justo en uno de los dos extremos de la misma Rambla se ubica la estación de tren de Badalona.
Al ser un paseo recto, muy amplio, peatonal en su totalidad y como ya se ha dicho situado en pleno centro urbano, la Rambla supone un punto de encuentro neurálgico de los badaloneses en todas las épocas y días del año. Allí se encuentran
familias para pasear, niños para jugar, correr o patinar, gente para sentarse en sus bancos o en las terrazas de los restaurantes para gozar del aire libre y de las vistas y el olor a mar, así como personas con movilidad reducida o alguna
discapacidad que aprovechan las ventajas del trazado de la Rambla para pasear.
Además, en un tramo de playa situado delante del Paseo y Rambla, cada año, en mayo, por la fiesta mayor de Badalona, se celebra la conocida popularmente como 'Cremada del Dimoni'. Se trata de un demonio gigante de madera que por la Noche
arde desde la playa y los vecinos de Badalona lo observan desde la Rambla.
También en la Rambla y a primera línea de mar, aparte de viviendas y locales de restauración con terrazas, se ubican la escuela Minguella y la residencia de ancianos Danae. Es habitual y forma ya parte
del paisaje de Badalona ver a los niños jugando a saludar el tren y a los ancianos sentados frente a la residencia gozando de las vistas del mar.
En base a lo anterior, consideramos que instalar pantallas opacas de más de 3 metros de altura ocasionará graves perjuicios de:
1. Pérdida visual. Desde la Rambla ya no se podrá ver la playa ni el mar.
2. Pérdida olfativa. Desde la Rambla ya no se podrá oler el mar ni la sal.
3. Pérdida auditiva. Desde la Rambla ya no se podrá oír el característico ruido del rompeolas, sobretodo en días de viento.
4. Pérdida de patrimonio cultural. Durante la Fiesta mayor de mayo desde la Rambla ya no se podrá ver la tradicional 'cremada' del demonio, por lo que perderá todo su sentido hacerla.
5. Pérdida de referentes históricos. Badalona fue un pueblo de pescadores y la playa y el mar forman parte de su paisaje desde hace siglos.
6. Falta de sol. Los vecinos, terrazas de restaurantes, escuela y residencias de la Rambla tendrán un muro justo delante.
7. Reducción de viales, por su condición de espacio neurálgico de la ciudad la pérdida de vial ocasionará aún más aglomeraciones.
8. Aumento de la sensación de inseguridad. A menor luz y mayores aglomeraciones ante un muro opaco, mayor sensación de miedo/pánico.
Por todo ello, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Garantizar que, en ningún caso, y ante la oposición frontal de todos los partidos, entidades y vecinos de toda la ciudad, pero sobretodo de los barrios del Centre y de Casagemes, donde se ubica la Rambla, en el tramo de las vías del tren
que discurren a lo largo de toda la Rambla de Badalona, se instalen pantallas opacas de más de tres metros ni ninguna otra que cause perjuicio a la ciudad y a sus vecinos y vecinas.
b) Buscar alternativas viables para minimizar el impacto sonoro de los trenes a su paso por la Rambla, si así debe procederse por imperativo legal, mediante el soterramiento de la vía del tren o la subvención del aislamiento de ventanas
(instalación de doble cristal) en las viviendas de la Rambla de Badalona.
c) Destinar los recursos previstos inicialmente para la instalación de las pantallas acústicas al mantenimiento de las vías del tren a su paso por Badalona, a limpiar la porquería de los bordes de las vías del tren en Badalona y a pintar de
nuevo la barandilla que separa la Rambla de las vías del tren, actualmente oxidada y en algunas partes, incluso rota.
d) De acuerdo con el principio de subsidiariedad, dialogar con los alcaldes de los municipios afectados para aplicar en cada población la medida más óptima según las necesidades de cada territorio. Cada población tiene su idiosincrasia, por
lo que requiere de soluciones diferentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-El Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Educación y Formación Profesional, relativa a la reducción de las ratios en las aulas y la mejora de la calidad educativa.
Exposición de motivos
La pandemia llevó a bajar las ratios en las aulas como medida para luchar contra la pandemia de la COVID-19 durante el curso 2020-2021. Por desgracia, la medida no se ha mantenido de cara al curso 2021-2022 y la realidad en cuanto a ratios
vuelve a la era prepandémica.
Bajar las ratios y, por lo tanto, reducir el número de alumnos y alumnas en clase no es solo una medida positiva para mantener las distancias y seguir las recomendaciones sanitarias, sino que es también una medida efectiva para mejorar la
calidad de la educación. La OCDE afirma que un mayor tamaño de las clases se asocia a un porcentaje más elevado de estudiantes con problemas de comportamiento. Además, reducir las ratios permite una atención más personalizada que difícilmente
puede darse con otros mecanismos, y ayuda a reducir el fracaso escolar en todos los niveles de enseñanza. En este sentido, muchos estudios, pese a no ser concluyentes, apuntan a que la reducción de la ratio de alumnado por aula ayuda a disminuir la
tasa de repetición y el abandono escolar.
La reducción de las ratios es, además, una reivindicación del profesorado en todos los niveles educativos y, especialmente, en la educación infantil y primaria. No es extraño encontrar clases en las etapas de enseñanza obligatoria con más
de 30 alumnos o incluso grupos de bachillerato que llegan a 37 alumnos, donde el profesorado dedica más tiempo a mantener el orden que a la enseñanza y el aprendizaje. En estas condiciones, atender a la diversidad y personalizar el aprendizaje es
imposible.
La media de ratios en España si vemos los datos generales es menor a estas situaciones, de hecho, se sitúa en la media de la UE23. Pero debemos tener en cuenta que la media incluye escuelas como las rurales, con muchos menos alumnos como
consecuencia de la despoblación. La realidad es que, en muchas ciudades, la realidad de las ratios es mucho más elevada que la media y, sin duda, sobrepasa los límites para poder asegurar la calidad educativa.
El curso 2020-2021 nos demuestra que la bajada de ratios no solo es beneficiosa para el sistema educativo y la calidad de la enseñanza, sino que es fácil de implementar. Es necesaria voluntad política y mayor inversión en educación, nada
más. Y en eso, España tiene aún mucho recorrido para llegar a la media europea. España es el quinto país que menos porcentaje del gasto público dedica a la educación, un 4 % del PIB, mientras la media de la UE se sitúa en el 4,7 % y en países como
Suecia llega al 6,9 %.
Reducir las ratios es, en definitiva, un compromiso con la educación inclusiva al servicio del bien común y con la igualdad de oportunidades. Una educación que acompañe a cada persona a desarrollarse de forma plena para que nadie quede
atrás y, entre todas, podamos crear una sociedad más justa.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir los cambios en la normativa vigente y llevar a cabo las acciones necesarias, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas y las Administraciones educativas, a fin de rebajar
de forma generalizada las ratios de alumnado por aula para el próximo curso escolar y asegurar así la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2021.-Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputado.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar para su debate en la
Comisión de Educación y Formación Profesional la siguiente Proposición no de Ley sobre la bajada de ratio en las aulas de las escuelas de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa, para su debate en Comisión de Educación y
Formación Profesional.
Exposición de motivos
El descenso del número de alumnos por aula/grupo en muchos centros y territorios ha sido una medida generalizada de prevención sanitaria y epidemiológica para contrarrestar la pandemia por COVID-19. Como pone de manifiesto una de las
primeras investigaciones sobre la respuesta de la escuela española ante la pandemia (Trujillo, F. y otros, 2021), el descenso del número de alumnos por aula, con objeto de respetar la distancia interpersonal establecida, ha favorecido la mejora de
la convivencia escolar y una mayor personalización del aprendizaje, aunque no sea el único factor explicativo y haya siempre que tener en cuenta el contexto pandémico inusual y sin precedentes.
Dicho informe señala que gran parte de los docentes han reajustado el programa de sus asignaturas o han trabajado por ámbitos interdisciplinares, reduciendo el temario y priorizando lo fundamental para lograr un aprendizaje más profundo y
sustantivo. Todos estos factores, junto a las inversiones extraordinarias realizadas y los programas de refuerzo como PROA+, así como el esfuerzo llevado a cabo por alumnos, familias y docentes, han contribuido a la mejora de los resultados y de
los índices de graduación en ESO y Bachillerato durante el pasado curso 2020-21. Sin embargo, hay que tener cautela y no resulta sostenible defender que dicho descenso del número de alumnos sea el único o el gran factor determinante en la mejora de
resultados en un contexto tan atípico y de emergencia como el que ha vivido la educación española.
La OCDE, en su informe del año 2016 titulado What influences spending on education sobre los datos de PISA, afirma que el éxito en los resultados no está tan relacionado con el tamaño de la clase, como con la inversión en la calidad docente
y cómo se organice la carga docente en el centro y la carga lectiva en el aula 29. Los sistemas educativos que mejor puntúan en PISA han priorizado la inversión en sus docentes antes que una bajada de ratio uniforme que no tiene en cuenta criterios
de proporcionalidad y equidad. Son países como Corea y Japón, con mayores ratios/aula pero donde al profesorado 'se le paga relativamente bien y se le exige menos carga lectiva, de modo que tienen más tiempo para actividades tales como preparar
clases, reunirse con otros profesores y tutorizar alumnos rezagados', quienes obtienen mejores resultados, afirma el informe de la OCDE.
El coste de la enseñanza requiere un delicado equilibrio entre el coste salarial docente, el tamaño de las clases/grupos, la carga docente en el centro y la carga lectiva en el aula. Ciertos países, como Finlandia, Grecia y Hungría, tienen
clases/grupos más pequeños que la media de la OCDE, pero se contrarresta con salarios docentes más bajos y cargas lectivas inferiores a la media.
En España el salario docente está ligeramente por encima de la media de la OCDE, así como el tamaño de la clase, pero con una elevada carga lectiva del alumnado (la mayor de todos junto con México) y, en cambio, con una menor carga docente
para otras actividades (que son las que redundan más en la mejora de la calidad educativa y de los resultados).
Reclamar una bajada uniforme de ratios máximas como una solución 'mágica' y urgente exige llevar antes a cabo una evaluación seria y rigurosa, tanto del impacto presupuestario como del impacto a efectos de equidad. Es necesario hacer
sostenible dicha medida, junto a otros costes e inversiones que históricamente necesita nuestro sistema educativo. En última instancia, se trata de establecer prioridades entre las necesidades que plantea nuestro sistema educativo (extensión de la
educación infantil, educación inclusiva, digitalización, nuevos centros y plazas públicas, impulso de la FP, inversión en profesorado y en personal de apoyo al profesorado, reducción de interinos, etc.). Asimismo, dicha evaluación ha de tener en
cuenta factores de organización y asignación de grupos y profesorado, valorando temas como la organización de la jornada escolar, las metodologías de aula y la división por asignaturas que inciden en la carga lectiva de los docentes, siendo esta el
verdadero malestar que se manifiesta tras la reclamación de la bajada de ratios.
La oportunidad abierta por la LOMLOE de fusionar asignaturas en ámbitos interdisciplinares, de promover la co-docencia y de reconocer mayor autonomía organizativa y curricular a los centros, son opciones todavía por implementar (con el
debido aporte de recursos) y que permitirán a la comunidad educativa redefinir y superar el debate encorsetado de las ratios, muy asociado a un modelo instructivo tradicional y muy parcelado que impide y frena la necesaria innovación y
transformación educativa que merece nuestro país.
29 El Ministerio de Educación publicó la versión en castellano: https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7d2bf0d8-2ea0-4e6c-9c8e-0ed795bdb65d/edif-46-es-def.pdf.
Por otro lado, no hay evidencia internacional que respalde los beneficios de la bajada de ratios. La red internacional de expertos, voluntaria y sin ánimo de lucro, Campbell Collaboration realizó en 2018 un meta-análisis de 148 estudios
realizados en 41 países y concluye que reducir el tamaño de las clases/grupos tiene un efecto nulo o muy leve tanto en la competencia lectora como en la matemática.
Además, se da una enorme disparidad entre CC. AA. por la desigual importancia, prioridad e inversión concedida a la escuela pública (y, a la escuela rural en especial). Mientras las ratios de la red pública de Aragón son 15,3 (Primaria) y
15,6 (ESO) en la red privada de la Región de Murcia son de 24,2 y 25,9, respectivamente. Las comunidades con gobiernos socialistas no pueden compararse con las comunidades gobernadas largos años por el PP.
La evidencia internacional pone de manifiesto que la reducción de ratios tiene efectos positivos directos si se aplican en escuelas de alta complejidad y vulnerabilidad social, junto a cambios metodológicos y didácticos que posibilitan la
atención a la diversidad, el trabajo en equipo y un aprendizaje más profundo y menos encorsetado. Con esta combinación enriquecedora, se reducen los problemas disciplinarios y se mejora la convivencia, el alumnado se compromete más con el
aprendizaje y logra mejores resultados, multiplica sus oportunidades de graduarse en la educación postobligatoria y el profesorado mejora sus condiciones de trabajo, su motivación y su compromiso con el proyecto de centro. Como medida de acción
positiva, el pasado mes de abril de este año, la ciudad de Nueva York aprobó un plan de 250 millones de dólares para reducir las ratios en sus escuelas con mayor índice de necesidad educativa y vulnerabilidad.
El Gobierno socialista está comprometido con la calidad educativa que va de la mano de la equidad y de la inversión, focalizando la prioridad en el alumnado y los centros sostenidos con fondos públicos que acumulan una mayor complejidad y
vulnerabilidad social. En España, pertenecer a un hogar situado en el cuartil inferior de nivel de renta multiplica por 6 el riesgo de obtener un rendimiento académico muy bajo. De hecho, el diferencial de competencias PISA a los 15 años entre
niños ricos y pobres es el equivalente a una brecha de 3 cursos de distancia, en buena parte por la excesiva concentración de la pobreza en determinadas escuelas.
Por tanto, la reducción de ratios debe priorizarse en las escuelas con mayor complejidad, vulnerabilidad y estado de necesidad, velando desde el Gobierno de España para garantizar unos criterios de justicia y equidad que sean comunes en
todas las CC. AA. para reforzar la cohesión social y educativa y amplíe las oportunidades de nuestra infancia más vulnerable.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación un grupo de trabajo que analice la viabilidad, coste y beneficio de la bajada de ratio en las aulas de las escuelas de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad
educativa como una medida a universalizar en el sistema educativo español tras el impacto de la pandemia.
2. Acordar desde el Ministerio de Educación y FP y la Conferencia Sectorial de Educación los criterios e indicadores metodológicos armonizados para identificar la alta complejidad y vulnerabilidad social de los centros públicos y
concertados en función de su entorno y de su composición social, donde se aplicaría tal medida de reducción de ratios. Evitando, en todo momento, dar publicidad a dichos centros a fin de impedir su estigmatización.
3. Acordar desde el Ministerio de Educación y FP y la Conferencia Sectorial de Educación un Plan de Acompañamiento a los centros sostenidos con fondos públicos de alta complejidad y vulnerabilidad social, en cumplimiento de los siguientes
artículos de la LOMLOE:
- Artículo 122.2 que dispone: ''Las administraciones educativas dotarán con mayores recursos y dotaciones a los centros públicos y concertados que atiendan alumnado con mayores necesidades''.
- Artículo 80, artículo 81.1 y artículo 81.2 que disponen que las administraciones desarrollen acciones y programas de compensación y potenciación en entornos vulnerables (art. 80), actuando de forma preventiva para favorecer su éxito
escolar (art. 81.1) y que facilita que los municipios y las entidades
sociales colaboren con las administraciones educativas desde un enfoque más comunitario y coordinado, tanto en el ámbito escolar como extraescolar (art. 81.2).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Ana Belén Fernández Casero, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la oferta formativa del Instituto Social de la Marina para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Convenio STCW (Standards of Training Certification and Whachtkeeping for Seafarers) o Convenio internacional sobre las normas de formación, titulación y guardia para la gente del mar fue aprobado por la Organización Marítima Internacional
(OMI) para dotar a los trabajadores del mar de una competencia y profesionalidad que garantice la seguridad de la navegación. Su aprobación inicial tuvo lugar en 1978 y fue posteriormente enmendado en 1995 y en 2010, reforma en la que se establecen
los distintos títulos y certificados existentes, así como las normas de expedición, revalidación, validez y atribución de los títulos y certificados. Esta última, hecha en Manila, entró en vigor en 2012 con un período de implantación hasta 2017,
pasando a exigirse desde ese momento de forma obligatoria la actualización de determinados certificados, como los de suficiencia o los de formación sanitaria y primeros auxilios.
Esta formación se imparte en los centros del Instituto Social de la Marina, que debería, en previsión de esa nueva obligatoriedad de renovación haber aumentado el número de plazas y de cursos, para dar solución a la demanda y facilitar las
renovaciones, pero no fue así. En 2020 caducaban los certificados expedidos en 2015, a la reducida oferta se superpuso la pandemia que paralizó la impartición de cursos por completo. Así, el Instituto Social de la Marina, se vio en la necesidad de
prorrogar en abril del año pasado la validez de esos certificados 'por un período máximo de seis meses a contar desde la fecha de caducidad de los mismos'. En septiembre corrigió y lo amplió hasta diciembre de 2020.
Pero en 2021 la situación no ha mejorado, el número de plazas y cursos siguen sin ser suficientes para dar respuesta a las necesidades actuales de renovación de certificados. Existe un gran número de personas pendientes de realizar esa
formación, sobre todo la sanitaria, y el ISM en lugar de aumentar su oferta, desconvocó cursos alegando que no encuentra profesionales para impartirlos. Así, en lo que va de 2021 se han suspendido cuando menos unos 6 cursos.
Los certificados en vigor son imprescindibles, a día de hoy, para poder trabajar a bordo, sin embargo, no es posible realizar los cursos en el ISM, pero a pesar de esa imposibilidad se niega la opción de una nueva prórroga, limitándose a
sugerir que la formación puede realizarse también en centros privados homologados, donde los precios de los cursos son mucho más elevados que en los públicos. No puede tolerarse que la administración no sea capaz de solucionar el problema y exija a
los trabajadores que realicen los cursos en centros privados si quieren seguir trabajando.
En el caso de los cursos para renovar o revalidar los certificados de formación básica o de suficiencia, imprescindibles para navegar, se ha eximido de ese requisito a los tripulantes de pesqueros menores de 24 metros, además de extender un
año la vigencia del resto. Pero siguen teniendo dificultades para hacer los cursos porque la oferta del ISM es casi nula, se convocan muy pocas plazas y algunos acaban siendo cancelados sin poder realizar la formación. Esto supone un trastorno
intolerable, los marineros deben quedarse en tierra para poder realizar el curso y finalmente no puede realizarlo porque su suspende, pero no se le indemniza ni se le da solución para su formación o la prórroga del certificado actual.
A la deficiente oferta se suma el deterioro e ineficacia en la gestión de los cursos del ISM que fue puesto de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización operativa sobre la formación en el ISM. El organismo destacó
que tras la externalización de los cursos, estos han sufrido un claro encarecimiento al tiempo que se reducía su calidad. Así, desde 2012, el sistema de formación del ISM pasó de la contratación directa a realizar encomiendas de gestión primero y
después de forma exclusiva a encargar su gestión a Tragsatec. Desde 2019 se ha mantenido un acuerdo con una empresa privada exclusivamente.
En este mismo informe el Tribunal considera que con esta externalización la formación ha supuesto gastar el doble de recursos y, sin embargo, como ya hemos mencionado la mayor parte de las personas interesadas no han podido realizar el curso
que necesitan. De hecho se constata un descenso de cursos impartidos, un aumento de cursos cancelados y una caída de alumnos que finalizaron los cursos. El Tribunal constata que se atendió tan solo el 18 % de las solicitudes para acceder a cursos
de formación profesional marítimo y sanitario y que un 15 % de los cursos que estaba previsto impartir fueron cancelados.
En definitiva, las personas que trabajan en el mar ven restringido su acceso a una formación que se les exige de forma obligatoria, pues el sistema formativo no se adapta a sus necesidades y a las especialidades de su profesión. Desde la
administración pública y el ISM debe solucionarse esta situación de forma urgente, aumentando la oferta y el número de plazas, facilitando la realización de los cursos y que sea compatible con las jornadas o períodos de embarque y, en tanto no se
corrija la situación, prorrogar la vigencia de los certificados que vayan a caducar. No puede descargarse la responsabilidad de la falta de renovación y formación en las personas trabajadoras y exigírseles que cubran ellos las deficiencias
acudiendo a centros privados, perdiendo días de trabajo y que asuman todo el coste económico y laboral que ello supone.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Facilitar a través del Instituto Social de la Marina u otras instituciones que considere adecuadas, la realización de los cursos de mantenimiento de la competencia destinados a la renovación u obtención del certificado de suficiencia y
de la formación sanitaria, garantizando así que se puedan cursar en un centro público y de forma gratuita evitado que se deba acudir a cursos ofertados por empresas privadas lo que implica un sobrecoste añadido inasumible para muchas personas
trabajadoras del mar.
2. Que, en tanto no se normalice la realización de cursos, se valore una nueva prórroga para las personas que habiéndose interesado en asistir a la formación no hayan podido realizarlo por no existir oferta pública o por haberse cancelado
el que iban a realizar.
3. Aumentar la oferta y mejorar la gestión de los cursos que oferta el ISM, retomando la contratación directa de los mismos, además de facilitar fórmulas que permitan compatibilizar el acceso a la formación con la continuidad de la
actividad laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en Comisión de Transición ecológica y Reto Demográfico relativa a medidas para la creación del Parque Natural del Mar Menor.
Exposición de motivos
El Mar Menor es la mayor albufera o laguna salada de Europa y un ecosistema único, en el que habitan especies de gran importancia ecológica como la anguila europea, la nacra o el fartet, especie en peligro crítico de extinción, además de
otros animales emblemáticos como el caballito de mar. Pero además el Mar Menor es también todo un símbolo para una región de un millón y medio de habitantes, en los que una quinta parte vive a orillas de la laguna y en los que muchas familias
poseen una segunda vivienda o han veraneado tradicionalmente en sus costas. El Mar Menor es, en definitiva, junto a la huerta de Murcia y la historia milenaria de Cartagena, una seña de identidad para esta región.
Desde que a principios de los años sesenta comenzara la urbanización de la zona, con La Manga del Mar Menor como mejor ejemplo de los excesos de un modelo insostenible, la laguna se vio seriamente afectada. Entre las causas de la
degradación de la laguna destacan principalmente tres:
- Los vertidos urbanos de las poblaciones ribereñas, vertidos generalizados hasta finales de los noventa y que aún hoy se siguen produciendo.
- Los arrastres de metales pesados altamente tóxicos (arsénico, plomo, zinc...) de las antiguas explotaciones de la Sierra Minera de Cartagena, minas a cielo abierto que fueron abandonadas en la segunda mitad del siglo XX y cuyos
propietarios nunca se han hecho responsables de la limpieza de estos suelos tóxicos.
- Los vertidos de aguas cargadas de nitratos procedentes de la agricultura intensiva que acaban en el Mar Menor arrastrados por las escorrentías superficiales, pero que también han acabado contaminando las aguas subterráneas del acuífero
cuaternario del campo de Cartagena, desde el cual se filtran al Mar Menor.
Desde 2016 el deterioro del Mar Menor se ha agravado visiblemente, convirtiéndose en la primavera de este año por primera vez en una 'sopa verde', un fenómeno debido a la eutrofización o proliferación de algas alimentadas por los nitratos,
que después acaban descomponiéndose, dando un color marrón a las aguas, para terminar en los fondos convertidas en cienos. La turbidez del agua y la falta de luz acaban así con la vegetación marina de la laguna. Esta situación de degradación
creciente llevó al insólito episodio de gran mortandad de peces y crustáceos el 12 de octubre de 2019, que acaparó portadas en toda España y en gran parte del mundo. El gobierno regional culpó entonces a la entrada de agua dulce como consecuencia
de la DANA que había provocado importantes inundaciones en la zona en septiembre de ese año.
Sin embargo, el pasado 16 de agosto de 2021 -y durante una semana- se volvió a repetir el episodio de anoxia generalizada y de muerte de flora y fauna, que prácticamente triplicó las dimensiones del episodio de 2019. Según las últimas
estimaciones, se ha recogido casi 15 toneladas de peces, crustáceos y algas de las playas del Mar Menor. Al principio el gobierno regional y sus expertos culparon a las altas temperaturas, pero con el paso de los días han tenido que terminar
reconociendo que el origen del problema está en los vertidos del agronegocio.
Paralelamente transcurre la lenta acción de la justicia. En este momento se encuentra en fase de instrucción el caso Topillo, que investiga a más de 50 grandes empresas del campo de Cartagena por usar pozos y desalobradoras ilegales durante
años para captar agua del subsuelo, aguas contaminadas por nitratos del acuífero, vertiendo los salobres resultantes a las ramblas que acaban en el Mar Menor. A pesar de ello, el gobierno autonómico de Murcia se ha negado a abrir expedientes y
exigir reparaciones a las empresas encausadas, algo por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente se ha querellado contra el consejero de Agricultura y Medio Ambiente Antonio Luengo.
El estado crítico del Mar Menor y las causas del mismo han sido constatadas por, otra parte, el propio Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor en su 'Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor', de 13 de febrero de
2017, diagnóstico al que hacen referencia tanto el Decreto Ley n.º 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, como el Decreto-Ley n.º 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección
Integral del Mar Menor.
El Mar Menor se encuentra, en definitiva, en un estado de crítica gravedad que podría ser irreversible. A pesar de ello el Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sigue haciendo caso omiso a lo estipulado por el
artículo 25 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que indica de forma clara en sus puntos 3 y 4 las actuaciones a seguir para proteger hábitats en peligro de desaparición. La inclusión del Mar Menor
como conjunto en el Catálogo Español de
Hábitats en Peligro de Desaparición supondría así un reconocimiento a la necesidad de preservar este espacio único en su conjunto y un primer paso para su reconocimiento como Parque Natural a corto o medio plazo.
En efecto, los valores naturales del Mar Menor son tan importantes que le han valido poseer más de siete figuras de protección ambiental a todos los niveles institucionales, destacando ser zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las
Aves), LIC (Lugar de Importancia comunitaria), Hábitat prioritario (1150- Lagunas costeras), Área de Protección de Fauna Silvestre, ZEPIM (Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo) y RAMSAR (Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas).
Además, la comarca del Mar Menor cuenta con varios Espacios Naturales y Paisajes Protegidos como son el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del
Águila y los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor. La falta de unidad territorial de estos espacios inconexos dificulta sin embargo su protección, protección que debe ser extendida a lo largo de toda la ribera para ser efectiva.
La descoordinación e inacción institucional es, sin embargo, como advertíamos ya en 2016, otra de las causas destacadas de los problemas del Mar Menor. La destrucción de uno de los ecosistemas más valiosos de Europa no puede entenderse sin
la falta de voluntad para aplicar la normativa ambiental a nivel internacional, estatal y regional y la multitud de disposiciones superpuestas, cambiantes y a menudo contradictorias.
Esta descoordinación afecta especialmente al control de la agricultura intensiva y los efectos de la contaminación por nitratos del medioambiente. A pesar de que hace ya casi 20 años que los acuíferos Cuaternario y Plioceno en el área
definida por zona regable oriental del Trasvase Tajo-Segura y el sector litoral del Mar Menor fueron declarados como zona vulnerable a la contaminación por nitratos conforme a la Directiva de Nitratos de la UE (Orden de 20 de diciembre de 2001;
publicada en el BORM n.º 321 de 31 de diciembre de 2001) y a pesar de que la adecuada calidad de sus aguas requiere el cumplimiento de las directrices de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), poco o nada se ha hecho hasta ahora para
atajar ese problema.
Es urgente también establecer medidas a todos los niveles para que los sectores económicos asociados al turismo, la pesca, la navegación, la agricultura, etc., puedan desarrollarse de manera sostenible y sostenida con una adecuada
planificación. La degradación ambiental está ocasionando en efecto graves perjuicios a las actividades económicas que se desarrollan en torno al Mar menor y su entorno, siendo la agricultura familiar una de ellas. En ese sentido la Política
Agraria Común, cuya dotación para el periodo 2021-2027 se negocia en estos momentos, constituye el marco idóneo para impulsar el cambio de modelo productivo en el campo de Cartagena, transitando hacia una agricultura familiar compatible con la
protección del Mar Menor y dejando atrás las malas prácticas de un modelo agroindustrial que debe asumir su parte de responsabilidad y el coste económico de su impacto ambiental hasta la fecha.
Por último, no podemos olvidarnos tampoco de las inundaciones recurrentes que vienen sufriendo desde finales de 2016 municipios ribereños del Mar Menor como Los Alcázares, un problema asociado también a la acción humana sobre la red natural
de drenaje. Asimismo urge descontaminar las ramblas y suelos de los pueblos de la Sierra Minera que, durante los episodios lluviosos, siguen vertiendo metales pesado al Mar Menor, con graves costos no solo medioambientales sino también en la salud
pública.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar el procedimiento de inclusión del Mar Menor en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, como primer paso para la creación de un Parque Natural del Mar Menor que integre los espacios ya protegidos y los amplíe, incluyendo la laguna, sus islas y una franja de protección litoral.
2. Establecer una moratoria indefinida para el uso de todo tipo de fertilizantes en una franja de protección del litoral del Mar Menor de 2000 metros, declarándola zona libre de nitratos.
3. Considerar a la comarca del campo de Cartagena como una región prioritaria en la negociación de la PAC para el periodo 2021-2027, de forma que los criterios de reparto de la nueva PAC contemplen
ayudas directas a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, facilitando la transición de estas explotaciones hacia un modelo agrícola compatible con la protección del Mar Menor y que explore todo el potencial de la nueva propuesta
'agrovoltaica' que combina el uso agrario y fotovoltaico del suelo, rebajando así el nivel de intensidad agraria y por tanto el uso de fertilizantes, herbicidas y los consiguientes vertidos.
4. Imponer una tasa ambiental al agronegocio y a las grandes explotaciones ganaderas proporcional a la superficie afectada, toda vez que los efectos de la contaminación por nitratos originada por estas actividades seguirá teniendo efectos
sobre el Mar menor en las próximas décadas. Dicha tasa tendrá un carácter finalista, de forma que lo recaudado sea utilizado íntegramente a cofinanciar las inversiones necesarias para la protección y recuperación del Mar Menor, así como para la
compensación del pequeño comercio y sector turístico perjudicados económicamente por este desastre ecológico, que serán recogidas en una partida específica finalista en el proyecto de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
5. Recuperar a través del organismo regulador de cuenca la red de drenaje natural y el dominio público hidráulico, colaborando con los ayuntamientos de la comarca del Mar Menor en la revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana
para adaptarlos a la situación crítica de la laguna y a los efectos innegables del cambio climático. Es urgente actuar sobre las zonas inundables para prevenir futuras desgracias y adaptar los usos del suelo a este contexto.
6. Acometer un plan, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre las ramblas de la vertiente norte de la Sierra Minera La Unión-Cartagena, El Beal, Ponce, El Duende con el fin de minimizar los vertidos de residuos mineros al
Mar Menor a través de las aguas de escorrentía y la erosión eólica de estos mismos materiales. Este Plan debería contener como medidas urgentes: el dragado de los residuos tóxicos y peligrosos retenidos en la red, diques de laminación y areneros
de las referidas ramblas, la estabilización de sus márgenes y taludes, la descontaminación de los suelos afectados en el dominio público hidráulico, entre otra muchas acciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2021.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/003074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre prevención y reducción de la contaminación lumínica, para su debate en la
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El exceso de iluminación artificial nocturna, no justificada, dirigida deforma no adecuada y en rangos espectrales perjudiciales, debe ser considerado como un tipo de contaminación medioambiental. Aunque no es tan conocida como la
contaminación del aire, del agua, de la tierra, térmica o acústica, es importante prestarle atención. Se trata de un tipo de contaminación que existe en grandes ciudades debido a las luces en edificios, el tráfico rodado.
Está demostrado con estudios técnicos y científicos que la contaminación lumínica no solo produce la pérdida del paisaje nocturno y cielo estrellado, sino que existen numerosas repercusiones negativas a nivel energético, medioambiental y
sobre la salud de las personas.
El exceso de luz artificial nocturna procedente del alumbrado exterior contamina, invade nuestras viviendas, trastoca nuestro ritmo circadiano, pudiendo provocar distintos tipos de enfermedades, puede generar una falsa sensación de
seguridad, impacta en los hábitats nocturnos y en la biodiversidad, y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, además de suponer un gasto energético y económico.
Los perjuicios de la contaminación lumínica derivan principalmente de que la alternancia entre noche y día se ha establecido como una necesidad esencial en el funcionamiento de la gran mayoría de los seres vivos y ecosistemas.
Respecto de los efectos negativos en la salud, numerosos estudios apuntan a que el exceso de luz artificial por las noches puede provocar desde alteraciones del sueño y ansiedad, a un aumento del riesgo de padecer cáncer.
También existen repercusiones sobre el medioambiente y la biodiversidad. Como ejemplo, según un reporte de 2017 elaborado por una treintena de investigadores de todo el mundo, con la participación de la Estación Biológica de Doñana (EBD),
centro del CSIC en Sevilla, la contaminación lumínica es responsable de la desaparición de miles de ejemplares de aves cada año.
España lidera el ranking de gasto en iluminación por habitante. Mientras la media europea alcanza los 70 kilovatios producidos por habitante, en España se consumen más de 115 kilovatios. Este consumo de energía se traduce en una factura
anual de más de 1.000 millones de euros, pero también en una contaminación por gases de efecto invernadero. La lucha por evitar el cambio climático también pasa por evitar el consumo injustificado de energía.
Es necesario rediseñar nuestras ciudades y pueblos, apostando por reducir la contaminación lumínica. La contaminación lumínica es el reto medioambiental, energético y cultural en los municipios del siglo XXI.
Esta realidad ya fue tenida en cuenta en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, cuya disposición adicional cuarta contiene un mandato a las administraciones públicas, en el ámbito de sus
competencias, dirigido a promover la prevención y reducción de la contaminación lumínica. Sin embargo, es preciso continuar trabajando en este sentido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales, en el marco de sus competencias, a impulsar un conjunto de medidas dirigidas a promover la prevención y reducción de la
contaminación lumínica, en coherencia con la disposición adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Entre otras actuaciones se incluirán las siguientes:
1. Aprobar normativa encaminada a la reducción de este tipo de contaminación.
2. Fomentar ayudas destinadas a la eficiencia lumínica en los municipios, vinculadas a la reducción de contaminación lumínica.
3. Impulsar la investigación y la participación de entidades científicas y sociales, a través de 'Light pollution initiatives' (LPIs) de grupos locales y globales, para luchar contra los impactos negativos de la luz artificial de noche, con
iniciativas como la REECL (Red española de investigación en contaminación lumínica).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2021.-Daniel Senderos Oraá, Helena Caballero Gutiérrez, Germán Renau Martínez, Antidio Fagúndez Campo, José Luis Aceves Galindo, María Montserrat García Chavarría, María Inmaculada
Oria López, Daniel Vicente Viondi, Manuel Gabriel González Ramos, Herminio Rufino Sancho Íniguez, Diego Taibo Monelos, Esther Padilla Ruiz, Ariagona González Pérez y Javier Antón Cacho, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Ana Belén Fernández Casero,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del diputado del PDeCAT Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a paralizar la tramitación del proyecto Sputnik de instalación privada de nuevas líneas eléctricas de muy alta tensión (MAT) que atraviesen media Cataluña a
través de centenas de kilómetros de red.
Exposición de motivos
Una empresa aragonesa impulsa tres corredores de líneas de muy alta tensión (MAT) que atravesarían media Catalunya a través de centenas de kilómetros de red, cruzando centenares de municipios catalanes mediante estos tres nuevos corredores;
la llamada línea de Isona, que conectaría los centros de
producción de Zaragoza y Huesca con las comarcas leridanas del Pirineo, el tendido central por Pierola-Rubí y Can Jardí, que daría suministro desde Zaragoza y Teruel a la región de Barcelona, y un tercer corredor, a través del itinerario
Begues-Garraf-Castellet y Penedès, que enlazaría desde Zaragoza y Teruel también con la zona central de Catalunya.
El pasado 28 de julio se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) el proceso de información pública del estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa de este macroproyecto para la línea de
Begues-Garraf-Castellet y Penedès. Resulta cuanto menos asombroso que el proceso de información pública de un proyecto de este calado se haga en pleno verano, máxime cuando afecta a centenares de municipios y propietarios, a quienes deja en una
situación de absoluta indefensión al haberles mantenido al margen de todo el proceso, sin siquiera consultarles sobre las necesidades y situación del territorio, habida cuenta de que la construcción de líneas de muy alta tensión generará una
devaluación de las fincas por donde pasa; negocios, casas rurales, granjas, especialmente en el Camp de Tarragona, Les Terres de l'Ebre i El Penedès. Sorprende que no se haya consensuado y sometido a información pública en otro momento en el que
tanto propietarios como ayuntamientos dispusieran de todos los recursos, y especialmente de tiempo suficiente para estudiar bien el proyecto.
Asimismo, resulta sorprendente que dicha conexión se realice de forma ajena a la ya existente infraestructura de Red Eléctrica de España (REE), llevándose a cabo mediante la construcción de líneas privadas de transporte de energía levantadas
por el mismo grupo promotor, convirtiéndose, en caso de recibir el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica, quien debe elaborar el informe de impacto ambiental como requisito previo a la aprobación del proyecto, en la primera línea de uso
privado que se levanta en Catalunya.
Por todo lo expuesto anteriormente, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suspender la tramitación de la instalación privada del proyecto Sputnik de tres nuevos corredores de líneas eléctricas de muy alta tensión (MAT) que está previsto que atraviesen media Catalunya a través de centenas de kilómetros de red,
a efectos de estudiar alternativas.
2. Estudiar la posibilidad de utilizar la ya existente infraestructura de Red Eléctrica de España (REE) para transportar energía, y en caso de precisar nuevas infraestructuras eléctricas, priorizar la construcción de estas por parte de REE.
3. Escuchar y consultar a los ayuntamientos afectados por la construcción de nuevas MAT antes de proceder a la construcción de nuevas líneas eléctricas, habida cuenta de que estas instalaciones generan un gran impacto ambiental y económico,
así como una devaluación de las fincas por donde pasan, actividades privadas, casas rurales, granjas etcétera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2021.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-El Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/003077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ángel López Maraver, D. Pedro Requejo Novoa, D. Francisco José Contreras Peláez, D.ª M.ª Magdalena Nevado del Campo y D. Ricardo Chamorro Delmo, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley
para aplicar un tipo reducido del 10 % del IVA a la venta de electrodomésticos de alta eficiencia energética, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. El consumo energético de electrodomésticos en los hogares.
En España se venden anualmente 6,6 millones de electrodomésticos de gama blanca 30, entendiéndolos como aquellos de gran tamaño: frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas y televisores. En total tenemos un parque de
electrodomésticos estimado de 76 millones de aparatos, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 31 ('MITECO').
El estudio 'Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050: la eficiencia energética y la electrificación' 32, realizado por la consultora Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pone de manifiesto que los
electrodomésticos representan alrededor del 60 % del gasto eléctrico del sector residencial. Red Eléctrica de España calcula que el pequeño electrodoméstico representa el 27 % del consumo medio en un hogar, mientras que el frigorífico supone el 14
% y el televisor el 10 %, por poner algunos ejemplos 33.
Fuente: REE (fecha de consulta 1/9/2021
Segundo. La contribución del parque de electrodomésticos a la consecución de los objetivos establecidos por el PNIEC de reducción de emisiones y eficiencia energética.
En el año 2018 (el último del que el MITECO tiene registros), los sectores difusos, que abarcan las actividades no sujetas al comercio de derechos de emisión y representan, por tanto, aquellos sectores menos intensivos en el uso de la
energía -entre los que se encuentra el gasto eléctrico de los electrodomésticos-, fueron responsables del 61 % de las emisiones de dióxido de carbono. En concreto, el 'residencial, comercial e institucional' asume el 14 % de estas emisiones 34.
Por este motivo, estos también han de contribuir a la consecución de los objetivos de eficiencia y transición energética suscritos por nuestro país. Particularmente, de aquí a 2030 se espera que España reduzca un 26 % las emisiones
correspondientes a los sectores difusos respecto a los niveles de 2005 35.
30 Dentro de la gama blanca estarían incluidos la lavadora, el frigorífico, la secadora, el lavavajillas o el horno. Sin embargo, formarían parte de la gama marrón los pequeños electrodomésticos como tostadora, robots de cocina, etc.
31 GOBIERNO DE ESPAÑA. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Recuperado de: https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030.
32 Monitor Deloitte. (enero 2018). Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050: la eficiencia energética y la electrificación. Recuperado de:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/estrategia/Deloitte-ES-MonitorDeloitte-Modelo-energetico-Espana-2050.pdf.
33 REE. (fecha de consulta 1/9/21). Distribución del consumo anual de un hogar medio. Recuperado de: https://www.ree.es/sites/default/files/interactivos/como_consumimos_electricidad/cuanto-consumen-mis-electrodomesticos.html.
34 GOBIERNO DE ESPAÑA. Sectores difusos. Situación actual y objetivos. Recuperado de: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/definicion-difusos.aspx
35 En octubre de 2014 se aprobó en el Consejo Europeo el compromiso a nivel europeo para el periodo 20212030. Los sectores difusos deben contribuir al objetivo global de reducción de emisiones de la Unión Europea con una reducción del 30 %
respecto a los niveles de 2005. El Reglamento de reparto de esfuerzos, establece un objetivo para España del -26 %. Recuperado de: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/definicion-difusos.aspx.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Por otro lado, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 fija la senda y las líneas de actuación en materia energética en España, definiendo los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración
de energías renovables y de eficiencia energética 36. Específicamente, la medida 2.7, bajo la rúbrica 'Renovación del equipamiento residencial', tiene por objetivo 'reducir el consumo de energía a través de la mejora de la eficiencia energética del
parque de electrodomésticos o, deforma más genérica, del parque de equipos domésticos consumidores de energía'.
La eficiencia energética de los electrodomésticos hace referencia a su capacidad para hacer las funciones para las que fue creado con un consumo energético reducido. Tras la publicación del Reglamento (HE) 2017/1369, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE, la evaluación de la eficiencia se mide por una escala alfabética donde la letra A identifica los aparatos más
eficientes mientras la G a los que más consumen y son menos eficientes. Este nuevo etiquetado energético entró en vigor 37 en España el 1 de marzo de 2021 38.
Lograr la mejora de la eficiencia energética del parque de electrodomésticos español supondría el ahorro de 1.976 ktep de energía final acumulado durante el periodo 2021-2030, según previsiones del MITECO. Siguiendo los datos de Deloitte,
pasar de una certificación energética G a uno con A supone una reducción del consumo cercana al 50 % 39.
Tercero. Actuaciones que incentiven la alta eficiencia energética de los electrodomésticos en España: la rebaja en el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
El MITECO basa toda su estrategia en la materia en actuaciones de comunicación 40, previendo que la información sobre el consumo energético de los equipos y su coste asociado, así como de los beneficios de sustituir equipos por otros con una
mayor eficiencia, motivará a la población a reducir su factura eléctrica cambiando sus viejos electrodomésticos por unos nuevos de alta eficiencia energética.
Sin embargo, no debemos olvidar que cuanto mayor es su eficiencia -por normal general- más alto es su precio, por lo que esta medida puede ser insuficiente, máxime en estos momentos de crisis social y
36 GOBIERNO DE ESPAÑA. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Recuperado de: https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030.
37 GOBIERNO DE ESPAÑA. La nueva etiqueta energética desembarca el 1 de marzo de 2021. IDAE. Recuperado de: https://www.idae.es/noticias/la-nueva-etiqueta-energetica-desembarca-el-1-de-marzo-de-2021.
38 El nuevo etiquetado energético se aplica a frigoríficos, congeladores, vinotecas, lavadoras, lavasecadoras, lavavajillas y pantallas electrónicas.
39 Monitor Deloitte. (enero 2018). Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible paraEspaña en 2050:la eficiencia energética y la electrificación. Recuperado de:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/estrategia/Deloitte-ES-MonitorDeloitte-Modelo-energetico-Espana-2050.pdf.
40 Como dice el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 en el apartado relativo a medida 2.7, 'Las actuaciones propuestas en este Plan son, principalmente, actuaciones de comunicación para la promoción del conocimiento y
uso de los electrodomésticos más eficientes, conocimiento del etiquetado energético y su importancia como factor decisivo en la compra y el uso responsable y eficiente del equipamiento en el hogar'. Pág. 148.
económica que estamos atravesando. Sin embargo, los beneficios de reemplazar los viejos electrodomésticos por nuevos y eficientes serían cuantiosos y visibles desde la primera factura eléctrica.
Por este motivo, consideramos que se debe fomentar la sustitución de equipos convencionales por tecnologías más eficientes por medio de una rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), aplicando un tipo reducido del 10 % del IVA a la
venta de electrodomésticos de alta eficiencia energética (actualmente está gravado al tipo general del 21 %). Se trata de una medida que ya se adoptó en 2017 en Colombia 41 o en 2009 en Brasil 42. No solo se estimularían las ventas, sino que
también se contribuiría al ahorro en la factura eléctrica, especialmente en estos momentos en que el megavatio hora pulveriza todos los récords históricos 43, y en previsión de que esta no vaya a bajar en los próximos meses.
Evolución diaria del precio del MWh en España
Datos desde el 1 de enero de 2021
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo todas las acciones necesarias para promover, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el
valor añadido, la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de aplicar un tipo reducido del 10 % del IVA a la venta de electrodomésticos de alta eficiencia energética.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2021.-Mireia Borrás Pabón, Luis Gestoso de Miguel, Ángel López Maraver, Pedro Requejo Novoa, Francisco José Contreras Peláez, María Magdalena Nevado del Campo y Ricardo Chamorro
Delmo, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del diputado del PDeCAT don Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a conceder ayudas a los municipios afectados por las recientes inundaciones en las comarcas del Montsià, el Baix Ebre y el Baix Maestrat.
41 REDACCIÓN (27/12/21). El IVA en la compra de neveras baja al 5 %. El Mundo.com. Recuperado de: https://www.elmundo.com/noticia/El-IVA-en-la-compra-de-neveras-baja-al-5-/365051.
42 EFE. (30/10/2009). Menos impuestos para electrodomésticos ahorradores de energía. Portafolio. Recuperado de: https://www.portafolio.co/economia/finanzas/impuestos-electrodomesticos-ahorradores-energia-372392.
43 GINÉS, G. (1/9/21). El precio de la luz encadenará un nuevo récord este jueves: 140,23 euros el MWh. ABC. Recuperado de:
https://www.abc.es/economia/abci-precio-encadenara-nuevo-maximo-este-jueves-14023-euros-202109011257_noticia.html.
Exposición de motivos
Esta semana en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, en la provincia de Tarragona, se han producido lluvias torrenciales que han llegado a descargar más de 250 litros de agua por metro cuadrado y han provocado inundaciones en poblaciones
como Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona, Amposta, Illa de Buda y Mas de Barberans. También ha habido fuertes inundaciones en la comarca del Baix Maestrat, en la provincia de Castelló, en localidades como Vinaròs, Rosell y Càlig.
Desde los ayuntamientos afectados se habla de una catástrofe natural sin precedentes en la zona, a la vez que reclaman ayudas a las administraciones para hacer frente a los desperfectos causados por las inundaciones. La afectación ha sido
especialmente relevante en las plantas bajas de los edificios, en muchos casos negocios como restaurantes y tiendas. Tras la inundación, numerosas viviendas carecían de electricidad y de línea telefónica.
La intensidad de las lluvias, que han convertido algunas avenidas en ríos, ha arrastrado vehículos, mesas, sillas y mobiliario urbano hasta el mar, obligando también a cortar la N-340 entre Amposta y Alcanar, la AP-7 de Ulldecona a Castelló
de la Plana, y la TP-3318 en Ulldecona, la TV-3316 en Alcanar y carreteras más pequeñas a las que no se podía acceder. Además, la línea ferroviaria no ha sido ajena a esta problemática; se ha visto interrumpida la circulación de trenes entre
Ulldecona y L'Aldea y la línea R16 entre la Aldea y Tortosa también se ha visto interrumpida, así como la línea de Cercanías regional entre las estaciones de Castelló y Vinaròs. Preocupa especialmente la afectación de las inundaciones en los
arrozales del Delta, justo en uno de los momentos más importantes del año y en el que, por lo tanto, peor consecuencia podría tener.
Por todo lo expuesto anteriormente, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Real Decreto-ley urgente al objeto de:
1. Conceder a los municipios de las comarcas del Montsià, el Baix Ebre y el Baix Maestrat afectados por las inundaciones las mismas ayudas que las dispensadas a otros lugares del Estado en situaciones análogas. Concretamente, destinar
estas ayudas a paliar los daños personales, daños materiales en vivienda y enseres, y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, y por prestaciones personales o de bienes de personas
físicas o jurídicas.
2. Destinar ayudas por los daños causados en producciones agrícolas y ganaderas a los titulares de estas explotaciones, así como conceder la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2021 para
los siniestros que afecten a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares dañados como consecuencia directa de los
siniestros.
3. Otorgar beneficios fiscales y medidas laborales y en el ámbito de la seguridad social.
4. Establecer un régimen de ayudas a las entidades locales en situación de emergencia, así como para la recuperación de las zonas siniestradas.
5. Realizar cualesquiera actuaciones e inversiones necesarias para la restauración del dominio público hidráulico, marítimo terrestre, así como actuaciones de restauración forestal y medioambiental y demás infraestructuras públicas de las
zonas afectadas a la mayor brevedad posible.
6. Poner a disposición de los damnificados líneas de financiación en las que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvencione el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios
para la obtención de préstamos con objeto de fortalecer la viabilidad y normal funcionamiento de las explotaciones del sector agrario en situaciones excepcionales.
7. Agilizar la intervención y actuación del Consorcio de Compensación de Seguros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2021.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Cultura y Deporte
161/003072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro Asturias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo del reglamento de la Cámara presenta, para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley por la que se
insta al Gobierno a la adopción de medidas en torno al Patronato de la Fundación Selgas-Fagalde.
Exposición de motivos
A la vista de las últimas informaciones publicadas en torno a la Fundación Selgas-Fagalde y, en particular, sobre la operación de venta a la Fundación Amigos del Museo del Prado del cuadro de Goya titulado 'Aníbal vencedor', se han hecho
patentes algunas tretas que sortearon todos aquellos obstáculos que impedían la enajenación de la obra y su expolio del Principado de Asturias, lugar en el que por mandato estatutario está comprometido el mantenimiento de las colecciones artísticas
legadas toda vez que 'deben permanecer unidas sin permitir su dispersión'.
El Gobierno de España ya respondió hace cuatro meses (30 de abril de 2021) a preguntas escritas de este diputado que:
[...] En cualquier caso, el Gobierno no tiene opinión respecto al cumplimiento de los objetivos de la Fundación Selgas-Fagalde. El órgano que debe velar por el adecuado cumplimiento de los fines fundacionales de las fundaciones son los
patronatos de las mismas.
La cuestión de fondo que se plantea en relación con la venta del cuadro de Goya y con otras peculiares maniobras económicas que han sido desveladas por diferentes medios, es que desde el patronato que rige la Fundación Selgas-Fagalde se han
perpetrado operaciones que están totalmente alejadas de sus fines fundacionales y que los representantes de las instituciones que forman parte del órgano rector no actuaron con la atención y diligencia debidas, delegando su voto sin interesarse por
asuntos que tenían una especial responsabilidad patrimonial y finalidades mercantiles.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, otorga al Ministerio de Cultura capacidad para intervenir temporalmente una fundación en la que se hayan detectado actuaciones opacas e irregulares. Así, en su artículo 42, se determina lo
siguiente:
'Artículo 42. Intervención temporal.
1. Si el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en la gestión económica que ponga en peligro la subsistencia de la fundación o una desviación grave entre los Unes fundacionales y la actividad realizada, requerirá del Patronato, una
vez oído este, la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección de aquella.
2. Si el requerimiento al que se refiere el apartado anterior no fuese atendido en el plazo que al efecto se señale, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que acuerde, previa audiencia del Patronato, la intervención
temporal de la fundación. Autorizada judicialmente la intervención de la fundación, el Protectorado asumirá todas las atribuciones legales y estatutarias del Patronato durante el tiempo que determine el juez. La intervención quedará alzada al
expirar el plazo establecido, salvo que se acceda a prorrogarla mediante una nueva resolución judicial.
3. La resolución judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación se inscribirá en el correspondiente Registro de Fundaciones.'
Por lo expuesto, don Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro Asturias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, somete a la consideración de la Comisión de Cultura y Deporte la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Cultura y Deporte insta al Gobierno a:
1. Informarse de las operaciones mercantiles realizadas en el seno de la Fundación Selgas-Fagalde y, en su caso, en plazo urgente, requerir de su Patronato la corrección y reversión de todas aquellas decisiones que hayan supuesto un
perjuicio económico y una merma del patrimonio artístico de la colección de obras de arte, entre ellas el cuadro de Goya titulado 'Aníbal vencedor'.
2. Ante el eventual incumplimiento del requerimiento del Patronato de la Fundación Selgas-Fagalde, solicitar de la autoridad judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación en los términos y condiciones señaladas por la Ley y
durante el tiempo que determine el juez.
3. Promover ante todos los representantes institucionales en el seno del Patronato de la Fundación Selgas-Fagalde la atención de sus responsabilidades en la adopción de acuerdos y la defensa de los intereses con el mantenimiento en Asturias
del legado de las colecciones artísticas toda vez que 'deben permanecer unidas sin permitir su dispersión', evitando y desechando operaciones encubiertas que constituyen un auténtico expolio patrimonial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un libro
blanco sobre el uso medicinal del cannabis, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
De acuerdo con lo planteado por la Comisión Europea, los libros blancos son documentos elaborados tanto por organismos públicos como por instituciones privadas con la pretensión de servir de guía estratégica para abordar y dar solución a una
necesidad concreta o a un problema determinado a partir de una aproximación holística al diagnóstico de la realidad.
Además, los libros blancos cuentan por norma general con la participación y las contribuciones del conjunto de agentes relacionados con el tema analizado e incluyen propuestas que, si bien no son vinculantes, sí suelen ser tomadas como
referencia para concretar, diseñar y llevar a la práctica iniciativas de utilidad desde el consenso político.
Un ejemplo reciente y representativo de libro blanco en el ámbito continental es el documento titulado 'El futuro de Europa: reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025', que vio la luz en el año 2017. Otra muestra
destacada, también en el marco de la Unión Europea y de actualidad, es el 'Libro blanco de la Inteligencia artificial. Una aproximación a la excelencia y la confianza' publicado en febrero de 2020.
En cuanto al contexto nacional, la realización de libros blancos es una práctica habitual en materias como el medio ambiente -'Libro blanco del agua en España' del año 2000-, la Defensa -'Libro blanco de la Defensa', también de 2000-, la
agricultura -'Libro blanco de la agricultura y el desarrollo rural' de 2003- y, entre otros muchos sectores, la educación -'Libro blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la Economía Digital' de 2015-.
Lejos de ser la excepción, la Sanidad es también un sector con tradición en la redacción de libros blancos en nuestro país, siendo casos destacables de ello el 'Libro blanco de la coordinación sociosanitaria en España' publicado en diciembre
de 2011 o el 'Libro Blanco sobre los Recursos Humanos del Sistema Sanitario' presentado en el año 2013.
Tomando en consideración todo lo anterior, un tema en el que podría resultar de utilidad la elaboración de un nuevo libro blanco en el ámbito sanitario es la regulación del cannabis para uso medicinal.
Desde la evidencia y el rigor científicos, y la implicación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de organismos públicos de investigación como el Instituto de Salud Carlos III, de asociaciones de pacientes, de
sociedades científicas[...]cabría considerar como pertinente la preparación de un documento que permitiese precisar la calidad, la eficacia y la seguridad reales, así como los posibles efectos y consecuencias en nuestro país, del citado uso
medicinal del cannabis.
Igualmente, este documento, en el que también procedería contar con aportaciones de organismos internacionales como la Agencia Europea de Medicamentos, podría servir de aval y de guía para impulsar, si procediese, un posterior desarrollo
legislativo en la materia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar en el seno del Ministerio de Sanidad la elaboración de un libro blanco con el que esclarecer, desde el rigor y la evidencia científica, los niveles reales de calidad, eficacia y
seguridad del uso medicinal del cannabis en España, teniendo en cuenta para ello la participación y las aportaciones de organismos públicos -del ámbito asistencial, de la investigación ... -e instituciones privadas -sociedades científicas,
asociaciones de pacientes ...-, tanto nacionales como del ámbito internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2021.-José Ignacio Echániz Salgado, Elvira Velasco Morillo y José Antonio Callejas Cano, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/003071
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Sergio Sayas López y don Carlos García Adanero, diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo dispuesto en el artículos 193 y siguientes del Reglamento, presentan la siguiente
Proposición no de Ley para la creación de una Estrategia Nacional de Abordaje Integral de la Obesidad en España, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) la obesidad es una de las enfermedades 'más prevalentes, más infravaloradas, menos diagnosticadas y menos tratadas de nuestra historia' 44. Esto se encuentra en consonancia
con las afirmaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que habla de la obesidad como una 'epidemia que no se restringe a las sociedades industrializadas, sino también en los países en desarrollo' 45 .
En nuestro país, el Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE) 46 pone de manifiesto que el 22 % de los españoles tiene obesidad, es decir, más de 8 millones de personas. Es el Índice de Masa Corporal (IMC) el que nos permite
discernir cuando estamos ante sobrepeso (IMC > 25 kg/m2) o ante una enfermedad como la obesidad (IMC > 30 kg/m2).
Gran parte del peligro de la obesidad como enfermedad crónica recidivante reside en su relación respecto al riesgo de desarrollar un gran número de enfermedades asociadas: la obesidad es la causa número uno de la diabetes tipo 2 a nivel
mundial, enfermedades cardiovasculares, tiene una relación directa con la aparición de hasta 13 tipos distintos tipos de cáncer (de mama, de próstata, de endometrio, etc.), genera depresión y ansiedad, entre muchos otros problemas graves de salud.
[Estudios de la BMC Public Health de 2006y GBP risk factors colaborators de 2015].
Toda la atención sanitaria que requiere la obesidad en la población está suponiendo al Sistema Nacional de Salud un 2 % de la inversión pública sanitaria al cierre del 2016 y con estimaciones de incrementarse hasta 3000 millones de euros en
2030 [Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2019 Nov;72(11):916-924.] Es necesaria una reflexión participada por toda la sociedad sobre el incremento de las tasas de obesidad en nuestra sociedad y en nuestro tiempo.
44 https://www.seedo.es/images/site/ConsensoSEEDO2016.pdf.
45 https://www.who.int/activities/controlling-the-global-obesity-epidemic: 'the obesity epidemic is not restricted to industrialized societies; in developing countries, it is estimated that over 115 million people sufferfrom
obesity-related problems'.
46 https://www.revespcardiol.org/es-prevalencia-obesidad-factores-riesgo-cardiovascular-avance-S0300893220307156.
Adicionalmente, la desprotección de las personas con obesidad frente a la pandemia de la COVID-19 es mayor, ya que además de ser más propensas a contagiarse, desarrollan la enfermedad con peor pronóstico. Los estudios indican que, entre los
diagnosticados de COVID-19, la prevalencia de pacientes con obesidad hospitalizados fue un 113 % superior, las personas con obesidad que contrajeron el SARS-CoV-2 tuvieron un 74 % más probabilidades de ingresar en UCI y el riesgo de mortalidad es de
un 48 % superior al resto de la población [Obesity ReviewsVolume 21, Issue 11 e13128].
A todo esto, se une una realidad especialmente preocupante: la obesidad infantil. Como declara la OMS la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta, además de
presentar marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la incróicsulina y efectos psicológicos 47.
La obesidad en la infancia y en la adolescencia tiene un impacto negativo tanto en la salud física como psicológica, el bienestar social y emocional y la autoestima de los niños y niñas, y da lugar a una serie de afecciones que contribuyen a
una mayor morbilidad y muerte prematura. La obesidad infantil tiende a perpetuarse en la adolescencia y, a su vez, la obesidad de la adolescencia se prolonga hasta la vida adulta, aumentando las probabilidades de desarrollar enfermedades como
diabetes y enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, neurológicos, hepáticos, pulmonares y renales a una edad más temprana. Asimismo, genera una serie de problemas emocionales y psicosociales como baja autoestima, estrés crónico,
depresión que pueden derivar en un peor rendimiento escolar y aumentar las posibilidades de sufrir discriminación, estigmatización y acoso escolar'.
Todo ello agravado en entornos de familias en riesgo de pobreza y con algún miembro con algún tipo de discapacidad. El Estudio ALADINO de 2019 (Estudio de Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España) en
colaboración con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) muestra claramente que la prevalencia de obesidad es significativamente mayor en los niños de entornos familiares con rentas más bajas 48.
En ese sentido, en la búsqueda de soluciones al problema de salud pública que provoca la obesidad, se ha creado 'Obesity Policy Engagement Netipork' (OPEN) una agrupación internacional de expertos en salud pública, representantes de las
personas que la sufren, en políticas públicas y líderes de opinión de distintas partes del mundo especializados en el campo de la obesidad cuyo objetivo es mejorar la atención de esta enfermedad. Ante los problemas agravados en los grupos de
personas más vulnerables, este Grupo de Expertos en España compuesto por catedráticos y catedráticas expertos en Obesidad están teniendo contacto con los diferentes grupos parlamentarios para alentarnos a tomar medidas políticas de Estado y
programas específicos no solo desde el ámbito sanitario, sino también desde el social o educativo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Sanidad insta al Gobierno de España para que desarrolle, en el plazo de seis meses, una Estrategia Nacional de Abordaje Integral de la Obesidad en España que contenga planes, programas y medidas concretas, con especial
incidencia en la población más vulnerable, proporcionando pautas prácticas de actuación a profesionales sanitarios, familiares, cuidadores, educadores y agentes sociales, y difundiendo información veraz y científica que coadyuve a su erradicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-Sergio Sayas López y Carlos García Adanero, Diputados.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
47 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight#:~:text=La%20obesidad%20infantil%20se%20asocia.discapacidad%20en%20la%20edad%20adulta..
48 https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Informe_Aladino_2019.pdf.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª María Teresa López Álvarez, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª Rocío De Meer Méndez, D.ª María De La Cabeza Ruiz Solás y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de actuaciones ordenadas a la prevención del suicidio en
jóvenes y adolescentes, para su discusión en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Primero. La vida como bien frente a la cultura de la muerte.
El derecho a la vida, reconocido en el artículo 15 de nuestra Carta Magna, 'constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el cual los restantes derechos no tendrían existencia posible' y, por
esta razón, 'obliga a los Estados a adoptar las medidas positivas necesarias para proteger la vida de las personas' (STC 53/1985, FJ 3.º). Así mismo, el artículo 39 de la Constitución Española (en adelante, 'CE') consagra la protección de los
menores de edad como principio rector de la política social y económica.
El Grupo Parlamentario VOX aboga por la defensa de la vida de una forma unitaria, sin excepciones. Esta defensa pasa por el fomento de una cultura de la vida. En este sentido, uno de los grandes problemas sociales a abordar es el del
suicidio y, muy especialmente, el suicidio en los más jóvenes, ya que es a día de hoy la primera causa de muerte no natural en edades comprendidas entre los 15 y los 29 años.
Segundo. El suicidio: un drama social.
Según publica el INE, entre enero y mayo de 2020 'se produjeron en España 231.014 defunciones, 43.537 más que en el mismo periodo del año anterior (un 23,2 % más)'. Del total de fallecimientos, 5.850 se debieron a causas externas, de las
cuales la primera fue el suicidio 49.
Si atendemos los últimos datos definitivos publicados por el INE, en el año 2019 el total de suicidios ascendió a 3.671. De media, en 2019, cada día se quitaron la vida más de 10 personas. En 2018, la cifra fue de 3.539, es decir, el
incremento fue del 3,7 %, aproximadamente. Estos datos revisten todavía más gravedad al insertarlos en una línea temporal, ya que las cifras anuales de suicidios se han duplicado desde 1980 (año en el que se notificaron 1.652 suicidios) 50.
49 https://www.ine.es/prensa/edcm_ene_may_19_20.pdf.
50 España contaba entonces con una población de cerca de 37,5 millones de habitantes. Aún así la tasa por cada cien mil habitantes ha aumentado.
Estableciendo una comparación con las muertes por accidente de tráfico -que, además, constituyen la causa externa de defunción más difundida por los medios de comunicación de masas-, en 2019 la cifra de suicidios dobló a la de muertes por
accidentes de tráfico (1.842).
La Fundación Española para la Prevención del Suicidio creó un Observatorio del Suicidio en España 'con objeto de mantener, analizar y divulgar los datos sobre la conducta suicida en España, de manera que sirva como punto de partida para su
prevención y disminución', y arrojaba algunas conclusiones sobre la base de los datos ofrecidos por el INE, como que la cifra de suicidios es trece veces superior a la de los homicidios, y sesenta y siete veces superior a la de las víctimas mortales
por la llamada 'violencia de género' 51.
Todos estos datos hacen referencia, naturalmente, a los suicidios consumados. Las cifras no son rigurosas, pues la propia naturaleza de los hechos lo impone, dada la dificultad, en muchos casos, de delimitar si se trata de un accidente o de
un suicidio.
A esto hay que sumar la ausencia de información sistematizada acerca de las tentativas de suicidio. El último boletín que las contemplaba ofrecía la siguiente información: en 2006,33 menores de entre 13 y 19 años se suicidaron y 8 lo
intentaron. En el mismo año, 180 jóvenes de entre 20 y 29 años se quitaron la vida y 50 lo intentaron. En ambos tramos de edad, los intentos de suicidio representaron un cuarto respecto al número total de suicidios. Cifras globales apuntan a que
'los intentos de suicidio son hasta 20 veces más frecuentes que los suicidios consumados' 52. Tras estas cifras no solo se encuentran las personas concretas que son víctimas del suicidio, sino todas aquellas que se ven involucradas en esta
realidad, como familiares y amigos. Y es que, junto a la prevención, también se hace necesario reconocer la realidad de las familias que han padecido de primera mano el suicidio, tanto de manera consumada como en grado de tentativa o que conviven
con personas con ideas suicidas.
Tercero. El suicidio en los jóvenes.
De las 3.671 defunciones por suicidio a nivel nacional del año 2019, 309 se dieron en una población cuya edad estaba comprendida entre los 15 y los 29 años y 7 en menores de 15 años 53. Desde 2004 el suicidio en adolescentes ha sufrido un
aumento de casi el 50 % 54. De los distintos grupos de edad, aquel que acoge a los jóvenes de entre 15 y 19 años ha pasado de una tasa de 0,8 suicidios por cada 100.000 habitantes en 1980 a 2,0 en 2016 en mujeres y de 2,5 a 3,3 en hombres 55.
Manel del Castillo, gerente del hospital infantil de Sant Joan de Déu, alertaba el pasado mes de junio de 2021, de lo siguiente: 'Los datos de urgencias no bajan. Antes de la pandemia teníamos tres o cuatro
51 https://www.fsme.es/observatorio-del-suicidio/.
52 MACIONIS, J. J. Y PLUMMER, K., Sociología, Pearson, Madrid, 2012, p. 7
53 En 2018 la cifra fue de 268 respecto al primer grupo e idéntica en el segundo. En 2017, 273 y 13, respectivamente. En 2016, 247 y 12; en 2015, 296 y 8; y en 2014, 319 y 10.
54 Datos del INE. En: http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/06/3.el_suicidio_en_la_adolescencia_un_ problema_de_salud_publica_que_se_puede_y_debe_prevenir.pdf.
55 https://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental--286-pdf- S1888989118300727.
intentos de suicidio semanales. Hace unas semanas estábamos a más de 20 y la semana pasada alcanzamos los 35 casos' 56.
Así mismo, el último informe anual de la Fundación Anar, influido por la realidad de la COVID-19, apuntaba que en niños y adolescentes 'desde el 2009 al 2016, las ideaciones e intentos de suicidio se han multiplicado por 6, y las
autolesiones se han multiplicado por 14. Todavía siguen experimentando crecimiento. Los intentos e ideaciones de suicidio pasan del 1,7 % al 2,6 %, y las autolesiones del 0,5 % al 1,6 %' 57.
Así, 'los intentos de suicidio/ideaciones de suicidio [...] se han convertido en el segundo motivo psicológico más frecuente de consulta', y señalan un aumento del 200,7 % en el periodo del 21 de septiembre al 31 de diciembre de 2020 (cifra
que alcanzó el 244,1 % durante la etapa del confinamiento) 58.
Fuente: Fundación Anar.
Estos datos ponen de relieve que, si bien los factores derivados de la pandemia han influido de manera muy notable en el agravamiento de los problemas psicológicos relacionados con la ideación o el intento de suicidio, el crecimiento de
estas conductas viene dándose a lo largo del tiempo.
Estas cifras reflejan un drama social que, como decíamos, afecta a personas concretas, con distintas realidades vitales y, dada nuestra naturaleza relacional, a todo un entorno.
La Observación general núm. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia del Comité de los Derechos del Niño reconocía que los 'problemas de salud mental y psicosociales, como el suicidio, las
autolesiones, los trastornos alimentarios y la depresión, son las causas principales de la mala salud, la morbilidad y la mortalidad entre los adolescentes, en particular entre aquellos que pertenecen a grupos vulnerables'. A su vez, apuntaba que
'esos problemas son consecuencia de una compleja interacción de causas genéticas, biológicas, de personalidad y ambientales, y los agravan, por ejemplo, la vivencia de conflictos, el desplazamiento, la discriminación, el hostigamiento y la exclusión
social, así como las presiones en relación con la imagen corporal y una cultura de la 'perfección''.
Como prevención de estos factores, dicha Observación refería:
'Las relaciones sólidas con adultos clave y el apoyo de estos, los modelos positivos, un nivel de vida adecuado, el acceso a una educación secundaria de calidad, no sufrir violencia ni discriminación, tener la posibilidad de influir y
decidir, tomar conciencia de la salud mental, poseer habilidades para la solución y afrontar los problemas, y vivir en entornos locales seguros y saludables.'
El texto resalta la importancia de que los Estados adopten 'un enfoque basado en la salud pública y el apoyo psicosocial, y no en el recurso excesivo a la medicación y en el internamiento', así como en la necesidad de 'ofrecer una respuesta
multisectorial y amplia a través de sistemas integrados de atención
56 https://elpais.com/sociedad/2021-06-21/hemos-pasado-de-cuatro-intentos-de-suicidio-semanales-de-jovenes-a-mas-de-20.html.
57 https://www.anar.org/wp-content/uploads/2021/07/Informe-ANAR- COVID_Definitivo.pdf.
58 Ibídem.
a la salud mental de los adolescentes'; respuesta que tenga como partícipes a las familias, amigos y centros educativos además de la 'ayuda y asistencia mediante personal capacitado'.
En este sentido, el catedrático de psicología Enrique Rojas señala que 'las principales causas y motivos que dan lugar a esta epidemia de suicidios juveniles en España y en Europa' son las 'depresiones en sus distintas modalidades', los
'fracasos sentimentales', los 'trastornos de la personalidad' y la 'ansiedad y las crisis de pánico', que requieren no solo una detección de las inclinaciones suicidas y lo diagnósticos correctos, sino una 'tetralogía terapéutica' basada en
'farmacoterapia', 'psicoterapia', 'socioterapia' y 'labor terapia' 59.
Cuarto. Necesidad de actuaciones frente al suicidio
Tanto la Comisión Europea, en su llamado Pacto Europeo por la Salud Mental y el Bienestar (Scheftlein, 2011)' como la OMS (World Health Organization WHO, 2018), la Sociedad Británica de Psicología o la Federación Europea de Asociaciones de
Psicólogos (EFPA-European Federation of Psychologists Association) coinciden en señalar varios puntos comunes respecto al suicidio, destacando los siguientes:
1. 'Que la prevención del suicidio debe ser un área de actuación prioritaria.
2. Que se deben superar una serie de barreras tales como la falta de sensibilización y el tabú y el estigma alrededor de este problema,
3. Que es un problema prevenible, ya que la estrategia de identificación temprana de pensamientos y conductas suicidas y la atención y cuidado eficaz de quienes están en riesgo con claves para garantizar la prevención del suicidio,
4. Que los enfoques psicológicos o psicosociales juegan un papel muy importante, ya que la comunicación y las relaciones interpersonales forman parte central de la prevención, y estas son herramientas esencialmente psicológicas' 60.
Junto a estos puntos comunes, que sirven de base para las actuaciones de los poderes públicos, existen una serie de creencias extendidas acerca del suicidio como el denominado 'efecto llamada', la idea de que los suicidios son repentinos y
no muestran elementos reconocibles previos, o la idea de que todas las personas que presentan ideas suicidas necesariamente padecen una enfermedad o trastorno mental 61.
Por último, cabe señalar que las nuevas tecnologías representan un factor de entre los muchos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar del suicidio. La doctora Susana Escames Bermúdez recoge una advertencia de Zygmunt Bauman,
indicando que las 'nuevas tecnologías han modificado la forma de establecer relaciones interpersonales' y que 'el hecho que desde la soledad de una habitación sea posible comunicarse con decenas de personas a la vez, ha propiciado la fragilidad a la
hora de establecer vínculos: el aislamiento social se consolida, siendo las 'conexiones' resultantes cada vez más superficiales y breves'. Además, 'en estos tiempos de pandemia, como consecuencia incluso del distanciamiento físico transitorio
imperante, eventos multipersonales, por plataforma, generan vivencias de una mera 'unión circunstancial' donde la presencialidad no resultaría imprescindible' 62.
Las causas del suicidio, bien sea en grado de tentativa o consumado, obedecen a muy diversos factores. El fenómeno del suicidio exige una corresponsabilidad en su prevención, toda vez que son precisamente las familias, así como los
distintos entornos y, por su especial importancia, los centros educativos, quienes están llamados a abordarlo, además de los distintos sistemas sanitarios 63. En definitiva, es urgente que, desde el Estado, en necesaria coordinación con las
distintas Comunidades Autónomas, se promueva la investigación acerca del fenómeno del suicidio en los menores de edad para
59 Rojas Montes, E., Epidemia de suicidios entre los jóvenes (2010), en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=3255764
60 Ibidem, p. 55.
61 Ibidem, p. 51 y ss..
62 https://www.colegiomedico.org.uy/wp-content/uploads/2021/04/6-Consideraciones-sobre-bioetica-y-conductas-suicidas.pdf.
63 Castellvi-Obiols, P. y Piqueras Rodríguez, J. A., El suicidio en la adolescencia: un problema de salud pública que se puede y debe prevenir (2018), Revista de estudios de juventud, p. 54. En:
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/06/3.el_suicidio en la adolescencia_un_ problema_de_salud_publica_que_se_puede_y_debe_prevenir.pdf
poder abordarlo con toda su complejidad, así como llevar a cabo las actuaciones necesarias para que la misma vida social asimile el suicidio como un problema común.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Informe sobre el suicidio de los niños y adolescentes en España, para conocer en profundidad esta realidad y abordarla con rigor desde los poderes públicos, y remitirlo en el plazo de treinta días a la Comisión de Derechos de
la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados.
2. Diseñar nuevas campañas de información para dar a conocer la realidad del suicidio en los jóvenes, de forma especialmente orientada a desmitificar ciertos aspectos del mismo.
3. Promover que en todo el territorio nacional el servicio de emergencias del 112 64 garantice una atención especializada en el suicidio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2021.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001259
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Ana María Zurita Expósito.
Texto:
¿Qué previsiones de inversión tiene el Gobierno con respecto a la ejecución de la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.
64 El Real decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112, habilita este número en el ámbito estatal
para el acceso al servicio de atención de llamadas de urgencia y establece que los ciudadanos deben poder utilizarlo de forma gratuita para requerir, en casos de urgente necesidad, la asistencia de los servicios públicos competentes en materia de
atención de urgencias sanitarias, de emergencias ambientales, de extinción de incendios y salvamento, y de seguridad ciudadana, con la coordinación de protección civil, si procede, de los servicios correspondientes
181/001282
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Celso Luis Delgado Arce.
Texto:
¿Actuaciones que tiene previsto adoptar RENFE y ADIF para mejorar los muy deficientes servicios ferroviarios que padecen los usuarios de las estaciones ourensanas de O Carballiño, O Barco de Valdeorras, A Rúa y Ribadavia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001283
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Celso Luis Delgado Arce.
Texto:
¿Qué explicaciones da el Gobierno a la paralización y los retrasos acumulados en la ejecución de la carretera de conexión entre las carreteras N-120 y N-536, Sobradelo-O Barco de Valdeorras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001284
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Celso Luis Delgado Arce.
Texto:
¿Por qué el Gobierno está retrasando y/o abandonando las licitaciones y la redacción de proyectos de diferentes tramos de las autovías A-76 (Ourense-Ponferrada) y A-56 (Ourense-Lugo)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
181/001261
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno impulsar para reducir la pobreza en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001262
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Cuántas personas han salido de la lista de espera de Servicios y Prestaciones de Atención a la Dependencia en el año 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001260
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿En qué situación se encuentra el proyecto de 'aprovechamiento del embalse de las Cogotas para el abastecimiento a la ciudad de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
Comisión de seguimiento de evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
181/001263
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.101 del Eje 2.5 'Incrementar la colaboración entre las instituciones públicas y las ONG's y asociaciones que trabajan con mujeres migradas en el diseño de las políticas específicas
contra la Violencia de Género'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001264
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.102 del Eje 2.6 'Ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001265
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.103 del Eje 2.6 'Realizar los cambios pertinentes en materia legislativa para la correcta aplicación del Convenio de Estambul, sobre delitos sexuales contra menores y sobre normas
mínimas de reconocimiento de derechos a todas las víctimas de delitos, conforme a las directivas europeas de aplicación. Para ello se introducirá la perspectiva de género y la de derechos humanos en todas las normativas y disposiciones contra las
violencias sexuales de la legislación española, revisando y evaluando para ello la Ley 35/1995 de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, para la posterior creación de un marco
regulador que permita realizar un tratamiento integral de las violencias sexuales'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001266
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.105 del Eje 2.6 'Introducir un nuevo apartado 5 en el artículo 20 de la LO 1/2004 del siguiente tenor: 20.5: 'El abogado o abogada de la víctima de violencia de género ostentará su
representación procesal hasta que se proceda a la designación de procurador o procuradora, pudiendo personarse como acusación particular en cualquier momento desde la apertura del procedimiento, sin que ello pueda determinar la retroacción de las
actuaciones' (con la legislación actual el abogado o abogada de la víctima no tiene capacidad legal para asumir su representación procesal y, por tanto, no puede ejercer en su nombre la acusación particular hasta que no exista postulación de
procurador o procuradora)'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001267
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.106 del Eje 2.6 'Suprimir la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría, siempre que
se respeten los estándares de constitucionalidad en relación con el principio de igualdad'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001268
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.107 del Eje 2.6 'Suprimir la atenuante de reparación del daño en los casos de violencia de género'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001269
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.108 del Eje 2.6 'Generalizar la aplicación de la circunstancia agravante del artículo 22.4 del Código Penal para los casos de mutilación genital femenina'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001270
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.109 del Eje 2.6 'Perfeccionar la tipificación de los delitos en el ámbito digital'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001271
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.110 del Eje 2.6 'Recomendar la aplicación de la circunstancia 4a del artículo 22 del Código Penal, en todos los casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos
machistas o discriminatorios hacia la mujer, o por razones de género, en los casos de agresión sexual y abuso sexual de los artículos 178 a 183 bis del Código Penal'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001272
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Alicia García Rodríguez
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.111 del Eje 2.6 'Estudiar la posible modificación del artículo 172ter del Código Penal, que en su actual redacción aprobada en 2015 no cubre conductas como la suplantación de
personalidad (salvo para adquirir productos o para hacer anuncios sexuales)'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001273
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.112 del Eje 2.6 'No considerar las injurias y calumnias a través de las redes sociales en el ámbito de la violencia de género como únicamente un delito leve'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001274
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.113 del Eje 2.6 'Incluir en la redacción del artículo 184 del Código Penal, una circunstancia específica en los delitos de acoso sexual, que debería contemplar el móvil de actuar por
razones de género, atentando gravemente contra la dignidad de la mujer'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001275
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.114 del Eje 2.6 'Extender la pena accesoria de privación de tenencia y porte de armas no sólo al delito de lesiones como hasta ahora, sino también a las coacciones o amenazas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001276
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.115 del Eje 2.6 'Utilizar la medida de libertad vigilada sobre el maltratador en los momentos en que la víctima se encuentra más desprotegida, como cuando se dicta sentencia condenatoria
y aún no se ha ejecutado dicha sentencia, y el agresor ya ha cumplido la pena de alejamiento durante el proceso'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001277
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.116 del Eje 2.6 'Extender la libertad vigilada a los restantes delitos en el ámbito de la violencia de género'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001278
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.117 del Eje 2.6 'Establecer consecuencias a los sucesivos quebrantamientos de las órdenes de alejamiento, como, por ejemplo, el uso de los instrumentos de vigilancia electrónica, cuando
concurran los supuestos legalmente previstos'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001279
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.118 del Eje 2.6 'Excluir la relevancia del consentimiento de la víctima en la valoración de los casos de quebrantamiento de condena o medida cautelar, sin perjuicio de los posibles
efectos sobre la culpabilidad del acusado'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001280
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.119 del Eje 2.6 'Introducir en el artículo 544ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal un listado no cerrado de criterios de referencia de la situación objeto de riesgo, para impedir que
disminuyan las órdenes de protección'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001281
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 2.120 del Eje 2.6 'Eliminar la exigencia de fianza en la personación de las asociaciones de ámbito estatal en los procedimientos de violencia de género, concretándose las características
de estas asociaciones a efectos de la eliminación de fianza'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/060783
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Trías Gil, Georgina (GVOX). Robles López, Joaquín (GVOX). Ramírez del Río, José (GVOX).
Romero Vilches, María de los Reyes (GVOX). Borrás Pabón, Mireia (GVOX). López Álvarez, María Teresa (GVOX).
Retirada de su pregunta sobre empresas de distintos sectores con las que el Gobierno se ha reunido para elaborar los nuevos títulos de Formación Profesional.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 321 de 9 de septiembre de 2021.