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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 319, de 07/09/2021
cve: BOCG-14-D-319
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de septiembre de 2021
Núm. 319
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página2)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, encaminada a fortalecer la Iberosfera mediante la configuración y articulación de un espacio multinacional de países de lenguas española y portuguesa de todos los
continentes ... (Página8)
162/000793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al fomento de la agricultura inteligente sostenible ... (Página11)
162/000794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar la atención a los pacientes de COVID-19 persistente ... (Página12)
162/000795 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las camareras de piso ... (Página13)
162/000796 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre los niños y niñas solos que están en Ceuta ... (Página15)
162/000797 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a un Pacto de Estado por la Energía ... (Página17)
162/000798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las actuaciones urgentes y prioritarias para la recuperación del Mar Menor ... (Página19)
162/000799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento y condecoración de los efectivos participantes en la operación de evacuación del contingente español en Afganistán ...
162/000800 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la no celebración de homenajes a condenados de la banda terrorista ETA ... (Página21)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
GONZÁLEZ TEROL, Antonio (GP) (núm. expte. 005/000155/0002) 1 ... (Página3)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Santiago Abascal Conde, D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D. Javier Ortega Smith-Molina, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D.
Víctor Sánchez del Real, D. Emilio del Valle Rodríguez y D. José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoces Adjuntos y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley encaminada a fortalecer la Iberosfera mediante la configuración y articulación de un Espacio Multinacional de Países de Lenguas Española y
Portuguesa de todos los continentes, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. La Constitución de 1978 establece las bases fundamentales de la apertura de España a la comunidad internacional y proclama en su preámbulo la voluntad de la Nación española de 'colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones
pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra', al tiempo que pone de relieve los estrechos vínculos que unen a nuestro país 'con las naciones de su comunidad histórica' (art. 56.1 CE).
De esta forma, y cumpliendo con el mandato constitucional, los sucesivos Gobiernos españoles han promovido durante las últimas décadas las mejores relaciones con países de todas las regiones del mundo, así como la articulación de un espacio
de concertación y cooperación con aquellos Estados y sociedades más próximos a España en términos históricos, lingüísticos y culturales.
En este sentido, cabe destacar (i) la creación de la Conferencia Iberoamericana como instancia máxima de la Comunidad Iberoamericana de Naciones; (ii) la identificación de países prioritarios para la Cooperación Española fuera del estricto
espacio iberoamericano; y (iii) el establecimiento de iniciativas como los sucesivos Planes África de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ponen en valor la cercanía, los intereses y los principios que nos
ligan a diversas sociedades del vecino continente.
Por todo ello, resulta perentorio culminar el mandato constitucional formulado hace más de cuarenta años en el sentido de reforzar nuestra cooperación con los distintos pueblos de la Tierra, definiendo de un modo generoso y amplio nuestra
comunidad histórica de naciones, de tal forma que, junto al espacio iberoamericano, reconozcamos la hermandad y la afinidad con el conjunto de países de lenguas española y portuguesa de todos los continentes: se trata de la configuración y
articulación de un auténtico Espacio Multinacional de Países de Lenguas Española y Portuguesa, sin excepciones geográficas.
Con objeto de lo anterior, la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se planea celebrar en el Principado de Andorra el 21 de abril de este año, resulta en una ocasión idónea para afianzar las fortalezas de la
Iberosfera y valorar la ampliación del Sistema Iberoamericano al conjunto de los países hispanohablantes y lusófonos del resto del mundo.
Segundo. La lógica y la potencialidad derivadas de la afinidad sustantiva entre las dos principales lenguas ibéricas, esto es, el español y el portugués -únicas grandes lenguas internacionales recíprocamente comprensibles en líneas
generales-, junto a profundos y numerosos elementos de naturaleza cultural, histórica, geopolítica y cooperativa, se configuran como los elementos base del propuesto Espacio Multinacional de Países de Lenguas Española y Portuguesa que conforman la
Iberosfera.
De hecho, este espacio iberofónico correspondería en gran medida al sumatorio de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN) y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). Por tanto, el común denominador lingüístico de esta
Iberofonía a nivel internacional lo constituirían los grandes idiomas vehiculares ibéricos, el español y el portugués y, más exactamente, su base lingüística común.
Se trata, por consiguiente, de un conjunto multinacional que agruparía a más de 800 millones de personas y a una treintena de países de todos los continentes, y que constituiría el primer espacio lingüístico del mundo, representando la
quinta parte de la superficie del planeta, así como la décima parte en términos demográficos.
En este sentido, cabe destacar que los países oficialmente iberofónicos son los siguientes: Andorra, Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, España,
Guatemala, Guinea Bisáu, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Mozambique, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Santo Tomé y Príncipe, Timor Oriental, Uruguay y Venezuela. A estos habría que sumar, por la gran presencia de población
hispanohablante y de la lengua española, los Estados Unidos de América o su comunidad hispánica; por su raíz y su cultura hispánicas, las Islas Filipinas y otras del océano Pacífico; el pueblo judeoespañol o sefardí; las comunidades
luso-descendientes del mundo; así como el pueblo saharaui y numerosas poblaciones del Caribe no hispano pero de fuerte influencia hispánica, como son Belice, Guyana, Trinidad y Tobago y otras islas y archipiélagos. No se debe olvidar tampoco la
fuerte vinculación histórica y cultural hispánica de países europeos como Italia, ni la creciente e importante presencia de elementos de base cultural y lingüística iberoamericana en Canadá.
Por su parte, teniendo en cuenta el peso y la proyección demo-lingüística que tienen los idiomas ibéricos, resulta necesario volver a remarcar la extraordinaria dimensión que alcanzaría este espacio iberofónico al aunar el español -segunda
lengua materna y de comunicación internacional, hablada por cerca de 600 millones de personas- y el portugués -segunda lengua ibérica y latina, con más de 230 millones de hablantes-. Adicionalmente, no podemos olvidar que en el interior de este
gran espacio multinacional intercontinental conviven multitud de otras lenguas diferentes que lo enriquecen, no solo de la Península Ibérica, sino, en mucho mayor número, de América, África y Asia.
Tercero. En particular, el fortalecimiento de la Iberosfera mediante la articulación de este Espacio Multinacional de Países de Lenguas Española y Portuguesa contribuiría a dar mayor visibilidad e influencia internacional a los países
iberofónicos, a promover la cooperación horizontal y triangular entre Estados de América, Europa, África y Asia, y a equilibrar en términos geoculturales -y en beneficio de toda la Comunidad Internacional- algunos aspectos y cosmovisiones
homogeneizadores de la globalización en curso, como la hegemonía y preponderancia actuales de las pautas y visiones de matriz angloparlante. Así, tanto la Conferencia Iberoamericana y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI), como recientemente el Instituto Cervantes y el Instituto Camões de Portugal, han puesto de relieve reiteradamente la proyección internacional del español y el portugués y el potencial de su proximidad lingüística.
A los efectos de conseguir configurar el ya referido Espacio Multinacional de Países de Lenguas Española y Portuguesa, se debería articular, por un lado, el establecimiento de marcos de cooperación y concertación formales entre los
organismos iberoamericanos y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, CPLP, los cuales deberían reconocer y aprovechar la realidad de la existencia de facto de un gran espacio internacional iberofónico. Por otro lado, se articularía también la
ampliación de los organismos iberoamericanos con los países lusófonos de África y Asia, así como la ampliación de la CPLP con países hispanohablantes. En última instancia, se articularía un espacio general de cooperación y concertación para toda la
Iberosfera.
Cuarto. Históricamente, ya se produjo una primera fase en la convergencia de la Iberosfera, que es la que ha asociado en el seno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones a los países hispanohablantes y lusófonos de dos continentes,
América y Europa.
Actualmente, ya ha comenzado la segunda fase de convergencia de la Iberosfera, la cual es panibérica porque incluye a todos los países iberofónicos de todos los continentes, y que, en un tiempo singularmente breve en términos históricos
-solo dos decenios, con especial incidencia en el último lustro-, ha alcanzado hitos muy significativos, a saber, los siguientes:
1. Numerosas iniciativas civiles (académicas, cooperativas, deportivas, periodísticas, premiales, políticas) que asumen y propugnan en los últimos lustros la articulación del Espacio Multinacional de Países de Lenguas Española y Portuguesa.
2. Relevantes declaraciones de altos mandatarios de países de lenguas española y portuguesa poniendo en valor la existencia y la potencialidad del Espacio Multinacional de Países de Lenguas Española y Portuguesa.
3. Conclusión de diversos convenios interinstitucionales entre los organismos iberoamericanos y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, CPLP.
4. Incorporación, como observadores, de países lusófonos no iberoamericanos a los organismos iberoamericanos; y adhesión de países hispanohablantes a la CPLP como observadores asociados.
5. La proyección formal del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) hacia la lusofonía no iberoamericana.
Quinto. Hasta ahora, el fortalecimiento de la Iberosfera mediante la articulación del Espacio Multinacional de Países de Lenguas Española y Portuguesa ha progresado básicamente por la fuerza de las afinidades y los elementos objetivos que
la sustentan, junto a comprometidos esfuerzos individuales que han puesto en valor tales elementos y que han planificado y ejecutado actuaciones específicas a favor de dicha articulación.
Es decir, el Espacio Multinacional de Países de Lenguas Española y Portuguesa, a pesar de la evidencia de su lógica y su sustantividad -muy superiores a los de otros espacios geolingüísticos y culturales del mundo-, ha venido en gran medida
conceptuándose y construyéndose, hasta tiempos recientes, sin un diseño y un impulso oficiales y estructurados, planteados con verdadera visión geopolítica. Es hora, por tanto, de que desde instancias oficiales se aborde con altura de miras este
desafío ineludible que supone la plena articulación de la Iberosfera. Porque es un reto, una tendencia y una propuesta que redunda en beneficio de todos los pueblos de lenguas española y portuguesa del mundo y de la Comunidad Internacional en su
conjunto.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
Único. Ampliar el ámbito de actuación de la Iberosfera fomentando el acercamiento, el mayor conocimiento y la cooperación entre el conjunto de los pueblos y países hispanohablantes y lusófonos de todos los continentes (América, África,
Asia, Europa y Oceanía) y, en última instancia, promover la articulación institucionalizada de un Espacio Multinacional de Países de Lenguas Española y Portuguesa sin excepciones geográficas. Para ello sugiere, en primer lugar, iniciar acciones
encaminadas a animar y facilitar la incorporación de los países iberohablantes y de raíz cultural ibérica no iberoamericanos (i.e. Angola, Cabo Verde, Filipinas, Guinea Bisáu, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, y Timor Oriental)
a los organismos del Sistema Iberoamericano de concertación y cooperación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Santiago Abascal Conde, Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Sánchez del Real, Víctor González Coello de Portugal, José María Sánchez García y Emilio
Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Javier Ortega Smith-Molina y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
162/000793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de la agricultura inteligente
sostenible, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La agricultura es un sector esencial para el tejido productivo español. En un contexto muy difícil de pandemia, la labor de nuestro sector agrario para garantizar el suministro de alimentos fue clave, especialmente durante el confinamiento
domiciliario. En 2020, de hecho, el sector agrícola, ganadero, silvícola y pesquero fue el único que consiguió crecer respecto a 2019, con un incremento de riqueza generada del 4,7 %. Esto supone que, mientras otros sectores económicos se veían
afectados por las restricciones impuestas para contener la pandemia, el sector agrario era fuente de riqueza para la economía española, generando más de 782.000 empleos en nuestro país.
Pese a esta importancia, lo cierto es que el sector agrario en España se enfrenta a varios riesgos importantes. En primer lugar, el relevo generacional en el sector ante la falta de atractivo de estas actividades para los jóvenes. En
segundo lugar, la adaptación del sector a los efectos del cambio climático y a un contexto en el que graves desastres como sequías, riadas o tormentas serán cada vez más frecuentes. En tercer lugar, facilitar la adopción de nuevas tendencias por
parte de agricultores, ganaderos, silvicultores y pescadores, para que puedan aprovechar la innovación en favor de una mayor productividad, una calidad aún mejor y un menor esfuerzo.
Frente a estos retos, sin embargo, se erige una oportunidad que permite enfrentarlos de forma coordinada: la agricultura inteligente. La agricultura inteligente se denomina de este modo por incorporar a los procesos agrícolas los avances
tecnológicos como la agricultura de precisión, la utilización de Big Data, la supervisión de explotaciones utilizando drones o la integración de robots en las mismas. En Estados Unidos, uno de los grandes países productores de alimentos del mundo,
la adopción de la agricultura inteligente oscila entre el 20 % y el 80 % de las explotaciones. En la Unión Europea, en cambio, esa tasa de penetración oscila entre el 0 % y el 24 %, que se da principalmente en Países Bajos. En España, su adopción
se ve lastrada, por ejemplo, por una falta de formación en competencias digitales entre la población y, precisamente, por la media de edad elevada de los trabajadores agrarios, que se sitúa en los 55 años.
La agricultura inteligente permite que, con menos recursos y con un uso eficiente de los mismos, se pueda incrementar la producción de alimentos incluso en contextos menos favorables. Por ejemplo, en España el 90 % del agua disponible se
dedica a la agricultura de regadío, pero la disponibilidad de agua puede verse comprometida debido al cambio climático y, con ella, la viabilidad en el tiempo de esos cultivos. Por ello, sistemas de irrigación que permitan un uso más eficiente de
los recursos hídricos o el desarrollo de variantes de cultivos que puedan crecer con menos necesidad de agua se convierten en los claros aliados del sector agrario español. Además, la agricultura inteligente permite también que esas nuevas
variantes exijan menos fertilizantes, ayudando a los agricultores a llevar a cabo técnicas más respetuosas con el medio ambiente. A su vez, la aplicación a la ganadería permite, por ejemplo, un seguimiento pormenorizado y en tiempo real de las
cabezas de ganado, así como de su estado de salud y ciclos de cría.
Afortunadamente, empiezan a surgir en España iniciativas en esta dirección. Destaca la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), una agrupación transversal en la que participan las principales organizaciones profesionales agrarias que
tiene como objetivo el impulso del modelo de producción sostenible agrícola y ganadero que garantice simultáneamente la sostenibilidad medioambiental y económica, a través herramientas e innovaciones de Sanidad Vegetal, Biotecnología (edición
genómica) y Digitalización, basadas siempre en la evidencia científica (EFSA).
En definitiva, la agricultura inteligente sostenible es la opción más robusta para que agricultores, ganaderos, silvicultores y pescadores puedan obtener una mayor rentabilidad, puedan alcanzar una mejor calidad de vida, y puedan adaptar su
sector a la realidad que supone el cambio climático. Además, la introducción de los avances tecnológicos de última generación en el sector agrario supone un mayor
atractivo para la población joven, con más formación, y que pueda optar por desarrollar su carrera profesional en un sector tan fundamental para nuestro país y para la seguridad alimentaria mundial.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incentivar la formación en competencias científicas y digitales para agricultores, ganaderos, silvicultores y pescadores, en colaboración con las comunidades autónomas y las organizaciones interprofesionales agrarias, para asegurar una
mejor comprensión de las alternativas tecnológicas a disposición del sector.
2. Crear una oficina de asesoramiento científico, con área de especialización en el ámbito agrario, para contribuir a los trabajos del Gobierno y de las Cortes Generales y garantizar que la regulación está siempre alineada con la última
evidencia científica disponible.
3. Facilitar plataformas de inversión colectiva para pequeños y medianos agricultores y cooperativas agrarias para que puedan optar a la instalación de tecnologías en sus explotaciones aprovechando posibles economías de escala y que no se
vean lastradas por barreras de entrada.
4. Establecer un programa de colaboración entre la Administración, el sector académico investigador y el sector agrario para facilitar la adopción de avances tecnológicos por parte de las empresas y trabajadores agrícolas, así como la
adquisición de competencias digitales que les permitan utilizarlos en su día a día.
5. Incorporar al Plan de Medidas ante el Reto Demográfico medidas para incentivar el establecimiento y desarrollo de clústeres empresariales relacionados con los sectores biotecnológico, digital y agrario en zonas rurales y/o escasamente
pobladas, aprovechando así posibles sinergias entre estos sectores y contribuyendo a la atracción de profesionales a estas áreas.
6. Elaborar, a la mayor brevedad posible, una Estrategia Nacional para Luchar contra la Desertificación debido al reto que este fenómeno supone para la productividad agraria y el medio ambiente, especialmente en un contexto de cambio
climático, con medidas a corto, medio y largo plazo para garantizar la sostenibilidad de la actividad agraria en el tiempo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000794
A la Mesa del congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la atención a los pacientes de COVID-19 persistente, para su
debate en Pleno.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha supuesto una grave emergencia sanitaria que ha afectado a todo el planeta, pero que se ha cebado especialmente con nuestro país. La vacunación ha hecho que podemos atisbar la luz al final del túnel, y que las
cifras de cuadros clínicos graves de COVID-19 y de fallecidos por esta enfermedad hayan disminuido en los últimos meses. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos animado en varias ocasiones a la población española a vacunarse, puesto
que las vacunas son seguras y efectivas para dejar atrás lo peor de esta pandemia.
Sin embargo, más allá de eso, poco a poco la evidencia sigue mostrando la gravedad de esta enfermedad. Tras unos 18 meses de lucha contra la pandemia, hay un nuevo reto al que nos enfrentamos: el COVID-19 persistente. Esto se refiere a
situaciones en los que la sintomatología de la enfermedad se prolonga en el tiempo incluso después de que la infección haya desaparecido. La prolongación de síntomas puede durar más de una semana e incluso, en algunas ocasiones, meses.
Dado que algunos de los síntomas de la enfermedad son la sensación de debilidad, el cansancio o la dificultad para respirar, el COVID-19 persistente puede suponer una barrera para que las personas que lo sufren puedan llevar una vida normal.
Por ejemplo, las personas aquejadas de esta enfermedad prolongada en el tiempo pueden ver perjudicadas su calidad de vida en el ámbito laboral y social. Pese a que aún estamos descubriendo nuevos datos sobre esta dolencia, se estima que afecta en
torno a medio millón de personas en España. El 20 % de los pacientes de COVID-19 sufren algún síntoma cinco semanas después de haber dado positivo, mientras que incluso el 10 % de ellos notifican sintomatología hasta 12 semanas después del mismo.
Además, pese a que no hay evidencias robustas que permitan prever si hay algún grupo poblacional más propenso a sufrirlo, lo cierto es que por ahora se han notificado más casos en mujeres de mediana edad.
Mientras que la imagen colectiva de la pandemia se ha centrado en quienes sufren COVID-19 grave, como es lógico, lo cierto es que el COVID-19 persistente requiere atención para evitar que se convierta en un problema para el desarrollo de la
vida de las personas que lo sufren o un obstáculo para que puedan ejercer sus derechos y libertades. Como liberales, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos queremos poner en marcha un sistema que responda a las necesidades de estos afectados por
la pandemia de COVID-19 que les permita poder desarrollar su autonomía personal.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Proponer, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la creación de unidades de referencia en todo el territorio nacional que puedan dar una mejor información y asistencia sanitaria a los pacientes del
COVID-19 persistente, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los servicios sanitarios autonómicos.
2. Elaborar, a la mayor brevedad posible, una Guía Clínica para la Atención de Personas con COVID-19 Persistente, que contemple la coordinación entre la educación sanitaria, la Atención Primaria y los médicos especialistas que permita una
asistencia sanitaria más completa a quienes sufren esta enfermedad.
3. Aprovechar la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía para informar a los pacientes de COVID-19 persistente y a sus familiares de los recursos a su disposición para poder recibir la asistencia sanitaria que necesitaren, con especial
atención a los pacientes con discapacidad y a los sectores de población con una mayor proporción de esta sintomatología, como las mujeres.
4. Reforzar los sistemas de rehabilitación para facilitar el acceso de las personas con COVID-19 persistente a servicios de rehabilitación que les permitan poder recuperar su vida cotidiana lo antes posible, evitando además las posibles
barreras económicas que puedan afectar al acceso de estos pacientes a esos servicios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las
camareras de piso, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En España trabajan 100.000 camareras de piso en temporada alta turística, pero la pandemia de COVID-19 también ha hecho que muchas de ellas hayan perdido el empleo o hayan sido sujetas a ERTE. De acuerdo a las cifras facilitadas por el
sindicato Comisiones Obreras (CCOO), esto podría haber afectado a unas 40.000 profesionales aún en mayo de 2021, aunque en abril la cifra aumentaba
a 90.000. Incluso con la mejoría de la situación sanitaria, los niveles de ocupación turística siguen por debajo de las cifras pre-pandemia y, por consecuente, también es más difícil para estas profesionales recuperar su empleo.
A esta situación coyuntural se suman las dificultades estructurales que afectan a las camareras de piso en el desarrollo de sus labores, con un esfuerzo físico superior a la media. Además, las dificultades económicas por las que está
pasando el sector hotelero han recortado la capacidad de contratación de las empresas y, por tanto, el personal en plantilla debe enfrentarse en ocasiones a una mayor carga de trabajo, lo que repercute de forma directa en su salud precisamente por
esos esfuerzos asociados a sus labores de limpieza de las habitaciones de establecimientos hoteleros.
La situación difícil que ha provocado la crisis económica derivada de la pandemia ha hecho que muchas de estas profesionales no puedan tampoco permitirse una baja por enfermedad si desarrollan alguna dolencia asociada a su desempeño laboral,
lo que les empuja a seguir trabajando con posibles lesiones o daños, agravándolas aún más. Muchas de ellas han desarrollado fascitis plantar, lumbalgia, bursitis, artrosis, infiltraciones en las articulaciones, e incluso hongos, normalmente a
consecuencia no ya únicamente de las tareas que tienen encomendadas, sino de realizarlas también a gran velocidad y durante un largo período de tiempo. Ya en 2018, estas profesionales organizaron movilizaciones para demandar una mejora de sus
condiciones laborales y de su calidad de vida, y a consecuencia la Seguridad Social instruyó a las mutuas para que se reconocieran como enfermedades profesionales el síndrome del túnel carpiano, la bursitis y la epicondilitis, muy comunes en el
gremio. Sin embargo, las camareras de piso siguen afirmando que las mutuas no siempre acatan esa instrucción y se ven obligadas a emprender procedimientos legales para ver reconocidas sus dolencias como enfermedad profesional.
En 2018, precisamente, el Parlament de Cataluña aprobó la creación de un Sello de Trabajo Justo y de Calidad para establecimientos hoteleros que no solo cumplieran con lo establecido en la legislación laboral, sino que garantizaran unas
condiciones especialmente buenas para las camareras de piso que buscaran evitar las consecuencias más lesivas de estas tareas sobre sus profesionales. Por ejemplo, no se otorgaría este sello a establecimientos que tengan antecedentes de
infracciones laborales muy graves en un determinado plazo de tiempo, mientras que se valoraría positivamente la contratación de profesionales de colectivos vulnerables o el fomento de contrataciones indefinidas frente a las temporales. Sin embargo,
lo cierto es que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña aún no ha puesto en marcha este sello de calidad, causando la frustración de estas profesionales.
En esta misma línea, la Secretaría de Estado de Turismo firmó en Fitur 2020 el protocolo de actuación para la certificación de 'Hoteles Justos, socialmente responsables' (HJSR), una iniciativa de las principales organizaciones sindicales del
país en colaboración con la Universidad de Málaga. El sistema de certificación HJSR está compuesto de diversos requisitos que proporcionarán información sobre las distintas dimensiones de la responsabilidad social empresarial, con especial énfasis
en la calidad del empleo, permitiendo una valoración global de un 'hotel justo' desde un punto de vista laboral con sus trabajadores.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos apostamos por incentivar que el sector privado vaya más allá de sus obligaciones legales en materia de responsabilidad social, y consideramos que el reconocimiento de aquellas empresas o grupos que
tienen culturas empresariales de un mayor impacto social deben ser el ejemplo a seguir.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el uso de la certificación 'Hoteles justos, socialmente responsables' por aquellos establecimientos hoteleros que cuenten con las mejores prácticas y condiciones laborales.
2. Dar medios suficientes a la Inspección de Trabajo de manera que pueda aflorar el empleo sumergido en el sector de las camareras de piso que pudiera existir y para velar por el cumplimiento de la legislación laboral que rige las tareas
que desempeñan.
3. Acordar con los representantes de las empresas y las organizaciones sindicales del sector una Guía Práctica de Salud Laboral para las profesionales que se desempeñan como camareras de piso.
4. Incorporar en el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo la realización de estudios específicos sobre las condiciones y problemas que afectan a las camareras de piso y al resto de trabajadores del sector hotelero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno sobre los niños y niñas solos que
están en Ceuta.
Exposición de motivos
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han acordado hoy 'cumplir la ley' para las tramitaciones de retorno de las niñas, niños y adolescentes marroquíes que se encuentran en Ceuta. En las
declaraciones de los Presidentes se habla de cumplir con la ley de extranjería, sin mencionar la Ley de protección de la infancia frente a la violencia, la Ley Orgánica de protección jurídica del menor LOPJM, o la directiva europea de retorno y la
convención sobre los derechos del niño, que esperamos que también se vayan a cumplir.
El pasado 10 de agosto, el Ministerio del Interior firmó una directriz por la cual instaba a la Delegación del Gobierno en Ceuta a la devolución desde Ceuta a Marruecos de niños y niñas que están solas en España, lo que supuso en la práctica
una grave violación de derechos fundamentales de la infancia, traduciéndose en repatriaciones sin garantías como ya han denunciado organizaciones especialistas como la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Save the Children, Amnistía
Internacional, F. Raíces o UNICEF.
Los retornos de niñas y niños solos, según recoge la normativa internacional, la europea y la propia legislación española, solo puede contemplarse en los casos en que:
- Sea en el interés superior del niño o la niña.
- Esté garantizada la reintegración segura del niño o niña en su país de origen.
- El retorno sea voluntario o al menos se haya tenido en cuenta la opinión del menor.
- El niño o niña sea escuchada a lo largo del proceso.
Además, el procedimiento debe contar con diversas garantías como es asegurar la notificación del inicio de expediente y de cualquier resolución o medida que se vaya a adoptar y afecte a su vida; recabar el informe de Fiscalía y del país de
origen; la intervención de intérprete; la asistencia letrada o el nombramiento de Defensor judicial en todo caso y especialmente, en caso de conflicto de interés con su tutor legal.
Las autoridades españolas responsables del proceso deben realizar una evaluación del interés superior de la niña o niño para determinar la mejor solución duradera a sus necesidades y garantizar su bienestar, antes de tomar cualquier decisión
sobre su futuro.
Este proceso de decisión está sujeto a un marco legal definido en la Directiva Europea sobre Retorno (2008/115/CE), en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, así como en la Convención de los Derechos
del Niño de la que España es firmante. La decisión de retornar a un menor no acompañado, considerando el interés superior del mismo, debe estar motivada, justificada y explicada caso por caso. Las devoluciones colectivas son ilegales.
En estos momentos siguen en Ceuta alrededor de 900 niños y niñas solos en los recursos de protección del Gobierno de Ceuta. A ello se suman los aproximadamente 200 menores que han escapado de los recursos por miedo a ser repatriados a
Marruecos, ante la falta de garantías, y se encuentran en situación de calle a día de hoy. Según la información aportada por la agencia de Naciones Unidas UNICEF, entre los menores que llegaron en mayo a Ceuta hay niñas vendidas como trabajadoras
domésticas, otras que iban a obligar a casarse y niños perseguidos por su condición sexual. Tanto Save the Children como UNICEF advierten de que algunos de estos menores han sido devueltos sin garantías, ya que los que quisieron volver
voluntariamente ya lo hicieron en su momento.
Los recientes retornos de niñas y niños solos ejecutados desde Ceuta por parte del Gobierno español no cumplieron con los requisitos legales establecidos y vulneraron los derechos fundamentales de estos menores. Es por ello que el Defensor
del Pueblo, Francisco Fernandez Marugán, hizo un llamamiento al ministerio del Interior a respetar la ley, y solicitó el cese inmediato de las expulsiones de menores desde Ceuta al tiempo que inició actuaciones de oficio ante el Ministerio del
Interior.
Además, la actuación del Ministerio del Interior no contó con el aval de la Fiscalía que exige la Ley de Extranjería en su artículo 35. Por eso, el Fiscal de Sala Coordinador de Menores, Eduardo Esteban, remitió un oficio al Ministerio del
Interior en el que solicitaba información sobre la orden dada por dicho ministerio, en virtud de un convenio con Marruecos, para devolver a niños, niñas y adolescentes en grupos, sin contar con el aval de la Fiscalía.
Esta situación ha supuesto además que decenas de niños se hayan escapado de los recursos de protección de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta desde el viernes 13 de agosto, angustiados ante su posible repatriación a Marruecos en contra de
su voluntad, si bien a día de hoy son muchos más. El miedo a la repatriación está ocasionando una pérdida de confianza total por parte de muchos niños en el sistema de protección de Ceuta y, por ende, su negativa a volver a los centros.
Estas niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo la protección de la administración local sin que se haya adoptado medida de tutela sobre ellos, alojados en condiciones precarias, en espacios provisionales. Como ya ha confirmado el
juzgado de Ceuta, no se pueden hacer atajos en este proceso y se descarta la excepcionalidad, por tanto, los procesos deben llevarse a cabo con todas las garantías y no se van a dar de manera urgente. El interés superior del menor debe garantizarse
por encima de cualquier otro acuerdo y una política migratoria decente no puede poner por delante los acuerdos políticos a los derechos de niñas y niños.
Dada la situación, es necesario mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños y niñas, garantizar sus derechos y acompañar a la administración ceutí en este proceso.
Por todo ello, Más País Verdes Equo presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las actuaciones necesarias para garantizar la protección de los niños y niñas en Ceuta y asegurar el respeto a sus derechos con, entre otras, las siguientes
medidas:
1. Paralizar las repatriaciones sin garantías de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos, en línea con los recientes pronunciamientos de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Ceuta.
2. Asegurar que cualquier procedimiento de repatriación que se inicie respecto a los niños y niñas residentes en Ceuta se realice conforme a la normativa nacional e internacional, es decir, con las debidas garantías establecidas en el
artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería y el artículo 191 y siguientes del Reglamento de Extranjería: notificación del inicio de expediente de repatriación al menor, a los servicios de Protección de Menores y al Ministerio Fiscal, evaluación
de las circunstancias personales y familiares del niño o la niña, asistencia de intérprete, asistencia letrada y Defensor Judicial, especialmente en caso de conflicto de interés con su tutor legal y notificación de la decisión final que se adopte en
el marco del procedimiento.
3. Garantizar que en cualquier procedimiento que afecte a la vida de los niños y niñas, se realice una evaluación individualizada del interés superior del menor, que garantice su derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta en
el procedimiento. Para ello, es necesario entrevistar a cada niña y niño para conocer su situación personal y familiar, su voluntad, filiación y poder así determinar su interés superior y, conforme a él, ofrecer la mejor solución duradera para cada
caso, tal y como viene recogido en la LOPJM y la CDN. Primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, como se estipula en el artículo 2 de la LOPJM.
4. El Gobierno debe poner los recursos necesarios para asegurar el bienestar de los niños durante este proceso y la satisfacción de sus necesidades básicas, entre ellas su alojamiento y cuidado en condiciones dignas.
5. El gobierno Ceutí debe constituir las tutelas sobre todos estos niños y niñas que llevan más de 3 meses residiendo de hecho en sus recursos de protección, para que cualquier actuación que se lleve a cabo se realice con todas las
garantías.
6. Garantizar que las condiciones de acogida de los recursos de protección del Gobierno de Ceuta responden a las necesidades de los niños y niñas residentes, respetan sus derechos y garantizan su
dignidad. Asimismo, deben garantizar la tutela de todos los que se encuentran en situación de desamparo en la ciudad autónoma de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Además, considerar la colaboración con otras administraciones a nivel
estatal y autonómico y otras organizaciones sociales para la atención adecuada de estos niños y niñas en cumplimiento estricto de la legalidad y en escrupuloso respeto de los derechos de los niños y niñas.
7. Las demás CC. AA. deben ofrecerse a tutelar a estos niños y niñas a medida que se vayan haciendo las evaluaciones individualizadas, teniendo en cuenta su filiación. Este reparto solidario debe seguir criterios conformes a su interés
superior y sus circunstancias individuales.
8. El Gobierno y las autoridades ceutíes deben garantizar que estos niños serán escolarizados al inicio del curso en septiembre, y poner todos los recursos necesarios para ello. Asimismo, estos menores deben contar con asistencia sanitaria
adecuada, incluida la salud mental.
9. El gobierno de Ceuta y sus Servicios de Protección de Menores deben asegurar que todos los niños y niñas bajo su protección son documentados por su país de origen y, si esto no es posible, con cédula de inscripción, y se tramita su
autorización de residencia con habilitación para trabajar conforme al artículo 196 del RLOEx y la Instrucción 1/2020 de la Secretaría de Estado de Migraciones. Todo ello con el objetivo último de asegurar que ningún joven tutelado por la Ciudad
Autónoma de Ceuta alcanza los 18 años y sale del Sistema de Protección de Menores indocumentado.
10. Impulsar un acuerdo en el Consejo Interterritorial sobre acogida de niñas y niños migrantes solos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/000797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un Pacto de Estado por la Energía, para su debate ante el Pleno.
Exposición de motivos
El aumento de los precios de la electricidad en España como consecuencia del encarecimiento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 es una constante en España desde hace ya varios meses. El día 15 de marzo de este año, el
precio del MWh en el mercado mayorista en España se situaba en los 47,59 euros. Un mes más tarde, concretamente el 20 de abril, el precio del MWh había aumentado más de 30 euros, hasta alcanzar los 78,58 euros. Esta escalada incesante de precios,
que se inició durante el primer trimestre del año, amenaza con mantenerse hasta los primeros meses de 2022, momento en el que algunos expertos apuntan que los precios podrían establizarse.
El miércoles 21 de agosto, el precio de la luz llegó a 122 euros/MWh en el mercado mayorista. Apenas una semana antes, el viernes 13 de agosto, se registró un precio medio de 117,29 euros/MWh, superando todos los niveles de julio e incluso
los picos de este arranque de agosto, mes que ha marcado ya ocho máximos históricos. El aumento generalizado de la factura de la luz en España está afectando a las personas acogidas al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que son
más de 10 millones de consumidores. En cuanto a los consumidores que se encuentran en el mercado libre, el aumento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 también acabará redundando a medio plazo en un incremento de sus facturas
por consumo de electricidad.
La ciudadanía española enfrenta esta situación cuando aún se está recuperando del impacto económico y social provocado por la COVID-19. En estos momentos, la tasa de desempleo sigue estando casi 2 puntos por encima del porcentaje de
personas desempleadas alcanzado en febrero de 2019. A su vez, consecuencia de esta situación, el número de personas en España con carencia material severa y que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días ha
aumentado casi un 50 %, y el 13,5 % de la población afirma que tiene que aplazar los pagos relacionados con la vivienda principal.
Por su parte, Cruz Roja anunciaba recientemente que durante el año 2021 tiene previsto atender a más de 17.000 personas por motivos de pobreza energética, lo que supondrá un incremento del 15 % en relación al año anterior. Además, según
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 11 % de los hogares españoles no puede permitirse mantener una temperatura adecuada en casa.
Desde Ciudadanos, siempre hemos defendido que es necesario arreglar los problemas del mercado eléctrico español, incluyendo diversas medidas a este respecto en nuestros acuerdos de gobierno alcanzados en 2016 tanto con el Partido Popular
como con el Partido Socialista. Una factura eléctrica entre las más caras de Europa no solo perjudica el poder adquisitivo de los hogares, cebándose especialmente con los más vulnerables, sino que lastra la competitividad de nuestras empresas, que
se enfrentan a costes fijos más altos que los de sus competidores en otros lugares de la UE.
Desde este grupo parlamentario ya propusimos la reducción temporal del IVA aplicado a la factura de la luz y la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica, algo que tras oponerse inicialmente finalmente aprobó el Gobierno el
pasado mes de junio. Sin embargo, las escaladas de precios de las últimas semanas ya han absorbido el efecto de esas medidas. El 50 % de los días del mes de agosto el precio de la electricidad superó los 100 /MWh de media al día, algo que antes
de este año solo había ocurrido una vez, en 2002. También presentamos recientemente una iniciativa para actualizar el Bono Social de Electricidad, de tal manera que se ampliara su cobertura y cuantía, para proteger mejor a los consumidores
vulnerables. Sin embargo, está claro que no ha sido suficiente, dado que el alza de los precios continúa y el gobierno sigue paralizado, sin atender a una de las principales preocupaciones de los españoles.
Es por ello que necesitamos una actuación conjunta y coordinada de todos los actores implicados. Soluciones unilaterales y centradas exclusivamente en la búsqueda de réditos políticos no serán más que parches a un sistema que debe ser
reformado para garantizar la protección de los consumidores y la competitividad de las empresas españolas. Por ello, es necesario un Pacto de Estado por la Energía, que contribuya a un acercamiento de todos los grupos políticos para proporcionar
soluciones realistas ante este problema.
Ese Pacto de Estado pasa también por la creación de una Mesa de la Energía multilateral, donde estén representados actores políticos y de la sociedad civil, y que sirva como fuente de propuestas y de estudios para la elaboración de políticas
públicas adecuadas. Frente a mesas bilaterales y soluciones cortoplacistas, es necesario mirar a largo plazo, al horizonte de futuro de nuestro país, y solucionar los problemas de nuestro mercado eléctrico, incluyendo la doble imposición, las
posibles manipulaciones del sistema de fijación de precios y la evaluación del funcionamiento del mercado. Desde esta Mesa de la Energía será posible oír a todos los actores y proponer las mejores soluciones técnicas, en perspectiva comparada.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un Pacto de Estado por la Energía, que conmine a todos los actores políticos a trabajar por la reforma del mercado eléctrico español, y evite soluciones basadas en parches cortoplacistas que no aborden los problemas
estructurales del mismo, y que incluya, al menos, las siguientes medidas:
a) Crear una Mesa de la Energía en la que estén representados actores políticos, sector energético y sociedad civil, con el objetivo de escuchar todas las voces y estudiar soluciones técnicas y realistas, con perspectiva comparada, para
atajar los problemas de nuestro mercado eléctrico.
b) Reforma integral de la fiscalidad de la energía que aborde no solo el IVA y el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, sino la totalidad de tributos que afectan al sistema energético, de manera que se eviten
dobles imposiciones innecesarias y se den las señales adecuadas a consumidores y empresas.
c) Avanzar en la descarbonización del sistema eléctrico apostando decididamente por las tecnologías no emisoras de CO2, así como infraestructura y tecnologías que permitan el almacenamiento de energía.
d) Introducir mecanismos que eviten que la volatilidad del mercado eléctrico se traslade empresas y consumidores vulnerables.
e) Garantizar la seguridad del suministro y la competitividad de la industria electrointensiva española.
f) Progresar en la integración del sistema eléctrico español con el resto de países europeos, aumentando la capacidad de las interconexiones eléctricas internacionales.
2. Trabajar para proteger a los consumidores, especialmente los más vulnerables, y mejorar la competitividad de nuestras empresas ante la escalada del precio de la luz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las actuaciones urgentes y
prioritarias para la recuperación del Mar Menor, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Mar Menor es un tesoro natural y ecológico para la Región de Murcia y para el resto de España y Europa. Así lo demuestra el hecho de que las Naciones Unidad lo hay denominado como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el
Mediterráneo, junto a sus humedales periféricos; o el hecho de que esté incluido en la lista de humedales de importancia internacional, la listas RAMSAR, que reconoce las características fundamentales y ecológicas de los humedales y su valor
económico, cultural, científico y recreativo.
El equilibrio medioambiental del Mar Menor se vio seriamente afectado por los efectos de la DANA del mes de septiembre de 2019 que provocó la entrada de millones de litros de agua dulce en el Mar Menor con graves consecuencias para su
ecosistema. En los últimos días el Mar Menor ha sufrido de nuevo un episodio dramático que ha reflejado su máxima fragilidad.
Desde el Partido Popular consideramos que la recuperación del Mar Menor es un asunto de Estado y exige la coordinación de los trabajos de todos y cada uno de los actores que en ella intervienen, aportando conocimientos y poniendo en práctica
proyectos y estrategias para un objetivo común.
Y así, se viene reclamando en el Congreso de los Diputados por Grupo Popular, por ejemplo exigiendo dotación presupuestaria para su recuperación, para la ejecución del Plan Vertido Cero mediante enmiendas a los Presupuestos Generales del
Estado de 2021 o la exigencia el nombramiento de un Comisionado para la recuperación del Mar Menor para coordinar los distintos trabajo entre las administraciones así como con órganos de naturaleza pública y privada que puedan participará,
solicitando actuaciones prioritarias para evitar las inundaciones en los municipios del entorno del Mar Menor.
En 2018 el Gobierno aprobó el Plan de Vertido Cero, tres años después la ejecución de este plan sigue sin iniciarse a pesar de las reclamaciones del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los ayuntamientos. Los
últimos acontecimientos demuestran que es inaplazable su ejecución, y teniendo en cuenta que gran parte de las competencias para poderlo llevar a cabo son de carácter estatal, el Gobierno de la Nación debe acometer de forma inmediata acciones para
recuperar el Mar Menor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, en relación con la situación que atraviesa el Mar Menor y su urgente e inaplazable recuperación, insta al Gobierno a:
1. Declarar el Mar Menor como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
2. Ejecutar todas las actuaciones incluidas en el Plan Vertido Cero, de competencia estatal, consensuándolas entre las Administraciones y la Sociedad Civil.
3. Construir las infraestructuras necesarias para permitir la extracción de agua del acuífero y la reducción del nivel freático.
4. Diseñar y construir el salmueroducto que permita el tratamiento adecuado del rechazo de las desalobradoras y su reutilización.
5. Construir el Colector Norte en el campo de Cartagena, incluida la desnitrifica dora del Mojón, en San Pedro del Pinatar.
6. Impedir el 100 % de los vertidos de la Rambla del Albujón.
7. Iniciar, de manera urgente, la ejecución del Plan de restauración hidrológico-forestal que está ya redactado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que está pendiente del informe favorable del Ministerio.
8. Llevar a cabo actuaciones de mantenimiento para la recuperación del calado de las diferentes golas o zonas de intercambio de agua entre el Mar Mediterráneo y el Mar Menor, como la recuperación puntual y reversible del calado de
Marchamalo.
9. La retirada de lodos y fangos del Mar Menor.
10. Crear una Comisión Interadministrativa, constituida por los Ayuntamientos del Mar Menor y su cuenca vertiente, la Administración Regional y Estatal, y que será presidida por un Alto Comisionado.
11. Aprobar una subvención a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución de todas las actuaciones del Plan Vertido Cero y para promoción del Destino Mar Menor.
12. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado 2022 la ejecución de las acciones destinadas a la recuperación del Mar Menor.
13. Destinar Fondos 'Next Generation' para la financiación de actuaciones para recuperación y protección del mar Menor.
14. Establecer bonificaciones fiscales para empresas, entidades y organismos que inviertan en la rehabilitación integral, la regeneración ambiental y la recuperación económica del Mar Menor.
15. Aprobar ayudas directas a los empresarios del Mar Menor para compensar las pérdidas de sus negocios, agrícolas, pesqueros, turísticos, ganaderos.
16. Ceder las competencias sobre aguas internas superficiales y subterráneas y sobre costas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de agosto de 2021.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.- Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento y condecoración de los efectivos participantes en
la operación de evacuación del contingente español en Afganistán, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La retirada efectiva de Estados Unidos de Afganistán ha provocado un caos en el país que ha dado como resultado la vuelta de los talibán al poder en un tiempo récord. Este avance ha puesto en relieve los fallos de la misión internacional en
Afganistán, que no ha conseguido cimentar una estructura de Estado fuerte que permitiera la estabilidad en el país una vez que se retiraran las fuerzas internacionales.
Como resultado, las naciones participantes de la misión internacional comenzaron a organizar operaciones de repatriación de sus nacionales y, en la mayoría de los casos, de evacuación de colaboradores, activistas o periodistas afganos que
pudieran ser objeto de represión o abusos por parte de los talibán. En el caso de España, y pese a las reticencias del Gobierno de poner en marcha un dispositivo de evacuación con la celeridad con la que lo hicieron otros países con presencia en
Afganistán, ese esfuerzo ha conseguido repatriar a todos los españoles que se encontraban en aquel país y en torno a 2.000 afganos entre colaboradores de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Embajada y activistas o personalidades que podían estar en
peligro de represión por parte de los talibán.
Esta operación ha sido un éxito gracias a la labor heroica que han realizado nuestros militares desplegados en la misión, los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que cumplían sus funciones en el país, y el personal de la
Embajada de España en Kabul. El compromiso que estos profesionales han demostrado con la libertad no tiene parangón en la historia reciente, y debe llenar de orgullo a todos los españoles que tenemos la suerte de poder llamarnos sus compatriotas.
Un ejemplo claro de este compromiso, que ha ido mucho más allá de lo que estrictamente se esperaba de ellos, es la labor realizada por los 20 policías nacionales del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) y de las Unidades de Intervención
Policial (UIP). Con arrojo, estos profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desplegaron por la capital afgana para poder ir a buscar a los colaboradores afganos de nuestra presencia en el país, que se refugiaban en lugares
seguros por miedo a las represalias de las fuerzas talibán que ya habían tomado las calles de Kabul. De este modo han sido instrumentales en asegurar que esas personas podían llegar al aeropuerto para comenzar su viaje a España y lejos del horror
del régimen talibán.
Otro gran ejemplo ha sido el embajador en funciones, Gabriel Ferrán, y todo su equipo de la Embajada de España en Kabul. Con determinación, estos profesionales han mantenido su presencia en el aeropuerto de la capital para procesar los
permisos necesarios para permitir que cientos de mujeres y niñas afganas pudieran volar a España y escapar de las garras del fundamentalismo islamista que las quiere calladas, sin formación, sin empleo y, en algunos casos, sin vida. Gracias a ellos
y a su coraje hoy cientos de personas tendrán un lugar más seguro en el que poder vivir con sus familias y desarrollar con libertad sus proyectos personales y profesionales.
Por este motivo, y también con las 102 víctimas mortales españolas en los 20 años de misión española en Afganistán en el recuerdo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Condecorar, con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Rojo, a los integrantes de las Fuerzas Armadas que, con disciplina y valor, han participado en las labores de repatriación de españoles de Afganistán y de evacuación de los
colaboradores afganos y de sus familias a nuestro país.
2. Condecorar, con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, poniendo en riesgo su integridad y demostrando un gran valor, llevaron a cabo las funciones de búsqueda
y traslado de personas de nacionalidad afgana al aeropuerto de Kabul para su evacuación hacia España.
3. Condecorar, con la Cruz al Mérito Civil con Distintivo Rojo, a los diplomáticos y trabajadores de la Embajada de España en Kabul que demostraron una vocación de servicio público extraordinaria al permanecer en el aeropuerto de Kabul para
asegurar los procedimientos administrativos procedentes para hacer posible la evacuación de las personas de nacionalidad afgana que han sido evacuadas por el dispositivo desplegado por España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de agosto de 2021.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la no celebración de homenajes a condenados de la banda terrorista
ETA, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado lunes 23 de agosto, el etarra Agustín Amaraz fue recibido con lo que ha sido conocido popularmente como un 'ongi etorri' en las calles de Santutxu, Bilbao. Música, banderas y aplausos para recibir a un hombre que cumplía condena
por el asesinato de Emilio Castillo López de la Franca, Rafael Leiva Loro, Domingo Durán y Ángel María González Sabino. Una recepción propia de héroes para un asesino, y que, por desgracia, no ha sido condenada unánimemente.
Sortu, formación mayoritaria dentro de EH Bldu, ha declarado que las críticas a estos actos no son más que intentos de poner piedras en lo que ellos llaman 'proceso de paz', con una retórica deleznable que sitúa en pie de igualdad a las
víctimas del terrorismo y a sus verdugos, y que pretende hacer pasar
por normal la exaltación de asesinos en las mismas calles en las que cometieron sus crímenes, tal y como ha señalado Covite. Bakartxo Ruiz, portavoz de Bldu en Navarra, los definió como una 'muestra de alegría', 'criminalizados por
asociaciones ultra' y 'sin intención de enaltecer o humillar'.
Estas palabras no pueden estar más alejadas de la realidad. Más allá de la jurisprudencia de nuestros tribunales al respecto de estas celebraciones, ha de reseñarse que los recibimientos no son hechos exclusivamente por familiares y amigos,
mostrando su alivio por el retorno. En su lugar, son eventos con un fuerte componente político, enalteciendo los actos que condujeron a esa persona a la cárcel. Por supuesto, estos son cargos de asesinato, habiendo contribuido a sembrar el terror
en el País Vasco, y España al completo, durante muchas décadas, y con especial virulencia en las primeras tras la consolidación democrática. Estos homenajes no solo son una humillación a las víctimas, sino también una peligrosa manera de reescribir
la historia y borrar el daño y la condición de terroristas de quienes tuvieron a nuestro país amenazado durante décadas y sembraron el miedo en el País Vasco y en toda España.
Nuestra democracia es una democracia no militante, tal y como se ha venido considerando repetidamente. Esto implica que ninguna ideología está prohibida. Sin embargo, no se permite que se intenten alcanzar los objetivos de esa ideología
violentando los derechos de otros ciudadanos, y, especialmente, recurriendo a la violencia incluso hasta el punto de acabar con sus vidas. Eso fue ETA y ese es el legado que, desgraciadamente, aun reivindican partidos como EH Bldu, que continúan
una retórica falaz de 'dos bandos' para justificar asesinatos y recibimientos como el visto el pasado 23 de agosto.
Es esta concepción no militante una concepción profundamente liberal, pues permite que una mayor pluralidad de visiones sea expresada en las cámaras legislativas. Pero la democracia también requiere de cuidado, y de que todos los actores
políticos y civiles entiendan la necesidad de defender sus fundamentos. No puede darse ni un paso atrás en la defensa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, ni contra aquellos que pretenden pasar de la política al lenguaje de los
puños y pistolas para alcanzar su objetivo. Los valores democráticos y su defensa pasan por la condena unánime de la violencia política, la exaltación de los que la cometieron como héroes y la humillación de las víctimas, héroes cívicos de un
período oscuro de nuestra historia, debido a la acción del terrorismo.
Evitar que se produzcan más homenajes como este es también una cuestión de la memoria democrática de este país. Normalizados supone construir una visión del pasado fundada en un relato falso de lo ocurrido en las últimas décadas en España,
situando como defensores de la democracia a aquellos que intentaron acabar con ella, y olvidando la defensa de sus principios por parte de todas las víctimas asesinadas. Si hemos de mirar al pasado para sanar las heridas, también debemos evitar que
ese pasado sea manipulado. Todas las tuerzas políticas debemos remar juntas para evitar que pueda construirse un relato alternativo en el cual los terroristas sean héroes, y confinar estas celebraciones, en todo caso, al ámbito privado de sus
hogares, pues las acciones de los asesinos solo deben provocar vergüenza.
Además, la previsible puesta en libertad de otros condenados por su actividad terrorista en las filas de ETA hace temer que este tipo de homenajes inaceptables se sigan repitiendo y sean recurrentes en el País Vasco y Navarra. Por ejemplo,
el próximo 18 de septiembre ya ha sido anunciado por organizaciones próximas a la formación EH Bldu que se hará una movilización similar por Henri Parot en la localidad de Mondragón. De consumarse, esto supondría nueva humillación a las víctimas, y
el enésimo intento de los partidos y actores políticos que legitiman -cuando no incitan- la celebración de estos actos por reescribir la historia democrática de España, haciendo pasar por héroes a terroristas.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Asegurar, a través de las delegaciones del Gobierno en el País Vasco y Navarra, que no se vuelven a producir los denominados 'ongi etorri' que homenajean a terroristas condenados en firme por la justicia.
2. Cesar a los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra en el caso de que no actuaren para impedir la celebración de estos homenajes claramente contrarios a nuestra democracia liberal y a la memoria de las víctimas del terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2021.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.