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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 247, de 26/03/2021
cve: BOCG-14-D-247
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de marzo de 2021
Núm. 247
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página3)
Declaración de Intereses económicos ... (Página14)
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000020 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Acuerdo de la Comisión sometiendo su aprobación al
Pleno ... (Página17)
158/000021 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano ...
(Página18)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000587 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la libertad de expresión, de las instituciones democráticas y de los derechos y libertades fundamentales...
162/000588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir al sector del calzado en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia ...
162/000589 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir al sector de fabricación de muebles en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la
pandemia ... (Página23)
162/000590 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir a las autoescuelas en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia ...
162/000591 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir al sector pesquero y a la cadena mar-industria en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en el marco
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 ... (Página25)
162/000592 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir al sector de la peluquería y la estética en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la
pandemia ... (Página27)
162/000593 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre medidas integrales y urgentes a incluir en un Plan de Choque de salud mental ... (Página28)
162/000594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a conceder ayudas directas a todos los autónomos y empresarios afectados por la epidemia por la COVID-19 bajo el único requisito de haber visto mermada su
facturación ... (Página30)
162/000595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso a la financiación de las empresas en activos intangibles ... (Página33)
162/000596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas fiscales para reactivar el sector de la automoción ... (Página35)
162/000597 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre apoyo a los tablaos flamencos ... (Página37)
162/000598 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la reprobación de la Ministra de Defensa ... (Página40)
162/000599 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir a las academias de idiomas en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia ...
(Página41)
162/000600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para incluir al sector de las estaciones de esquí y montaña en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la
pandemia ... (Página42)
162/000601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a ampliar, en cuantía y alcance, el fondo de ayudas directas a empresas y autónomos .... (Página44)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
CONSTENLA CARBÓN, Juan Manuel (GP) (núm. expte. 005/000378/0000) 0 ... (Página4)
VEHÍ CANTENYS, Mireia (GMx) (núm. expte. 005/000079/0001) 1 ... (Página9)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de intereses económicos presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
Página
CALVO GÓMEZ, Pilar (GPLu) (núm. expte. 007/000351/0000) 1 ... (Página15)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000020
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Comisión Constitucional.
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a la aprobación del Pleno la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.
Acuerdo:
Trasladar a la Junta de Portavoces a los efectos de su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Comisión Constitucional, en su sesión del día 11 de marzo de 2021, tras debatir la Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (núm. expte. 158/20), ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia
del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta presentada por dichos Grupos Parlamentarios, con las siguientes características:
a) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión tendrá por objeto el estudio de las posibles reformas de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que puedan concertar un amplio consenso y mejoren la actual regulación.
b) Composición.
La Subcomisión se compondrá de quince miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Socialista, dos a cada uno de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, VOX y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común y uno a cada uno de los restantes grupos parlamentarios. Todos los parlamentarios designados deberán ser miembros de la Comisión Constitucional.
Los grupos podrán designar a un suplente por cada uno de sus representantes. Los suplentes deberán ser miembros o estar adscritos a la Comisión Constitucional.
c) Adopción de acuerdos.
Para adoptar acuerdos, la Subcomisión deberá estar reunida reglamentariamente y contar con la representación de grupos parlamentarios que integren a la mayoría de los miembros de la Cámara.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado. A los efectos de la ponderación del voto, cuando dos o más integrantes de un mismo grupo parlamentario votaran en sentido discordante, únicamente se
tendrá en cuenta el criterio expresado por el portavoz del citado grupo en la Comisión. En ausencia del portavoz, se tendrá en cuenta el criterio expresado por el portavoz adjunto. En todo caso, se reflejará en el acta de la sesión el sentido del
voto indicado por cada Diputado.
d) Funcionamiento.
La Subcomisión podrá solicitar que las comparecencias que se celebren en relación con su objeto de trabajo se sustancien ante la Comisión. Se aplicará en ese caso lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución.
e) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio correspondiente y aprobar el correspondiente Informe en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. El Informe será sometido para su aprobación por la Comisión Constitucional.
El plazo para la realización de los trabajos podrá prorrogarse. El acuerdo del Pleno en virtud del cual se concede la prórroga deberá tener lugar antes de la finalización del plazo de seis meses establecido en el párrafo anterior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2021.-El Presidente de la Comisión Constitucional, Patxi López Álvarez.
158/000021
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista. Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Grupo Parlamentario Republicano.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que conforme a lo dispuesto en el
Punto Tercero de la citada Resolución la Comisión ha de concretar, en su caso, en su propuesta de creación, la composición de la Subcomisión. En el supuesto de que dicho extremo no quede resuelto expresamente, la composición de la Subcomisión se
ajustará a lo dispuesto en la Cámara para las Ponencias. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y comunicar este acuerdo a los Grupos Parlamentarios solicitantes.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano.
Antecedentes.
La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 14 de diciembre de 2020, aprobó dos Proposiciones no de Ley relativas al Pueblo Gitano 1: - Sobre la inclusión del pueblo gitano y la lucha
contra el antigitanismo (161/001122). - Relativa a impulsar medidas de apoyo al pueblo gitano ante las consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19 (161/001228).
A) Objeto de la Subcomisión.
1. Analizar las políticas públicas implementadas en el marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, adoptando un enfoque multinivel.
2. Abordar las diferentes dimensiones del 'antigitanismo' como forma específica de racismo, en coherencia con las últimas recomendaciones a España tanto desde el Consejo de Europa 2 como desde el Parlamento Europeo 3.
3. Proponer la elaboración de un informe con la actualización de los resultados de la pasada estrategia que contenga un diagnóstico, con propuestas y conclusiones; que garantice la eficacia y la eficiencia de las respuestas prospectivas
que precisan los retos que plantea el Nuevo Marco Estratégico para la Igualdad, la Inclusión y la Participación de los Gitanos y Gitanas en los países de la UE 2020-2030 4. Lo cual permitiría promover el abordaje de la situación del pueblo gitano
en las oportunas reformas y propuestas legislativas.
4. Para elaborar dicho informe, y desarrollar los objetivos planteados, en el seno de la Subcomisión se llevarán a cabo cuantas comparecencias sean necesarias para el adecuado desarrollo de sus trabajos. A tal fin, podrán comparecer
autoridades competentes, representantes del tercer sector y el sector privado, así como expertos/as competentes del ámbito universitario.
5. Adicionalmente, para el correcto desarrollo de sus trabajos, los miembros de la Subcomisión podrán solicitar la documentación necesaria y se podrán organizar reuniones de trabajo o visitas. Junto a ello, se establecerán los cauces
oportunos de coordinación con el resto de comisiones parlamentarias, para contribuir a abordar las cuestiones relacionadas con el pueblo gitano.
B) Composición.
La Subcomisión estará integrada por los representantes de cada uno de los Grupos parlamentarios conforme al Reglamento.
C) Adopción de los acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
D) Plazo para la realización de los trabajos.
La Subcomisión deberá realizar el Informe correspondiente y presentar sus conclusiones a que se refiere el apartado A) en un plazo máximo de seis meses desde su constitución.
1 DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 247, de 14/12/2020 hTTPS://congreso.es/public oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-247.PDF
2 Consejo de Europa - Comité Consultivo del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales: 'QUINTA OPINIÓN SOBRE ESPAÑA. Resumen y principales recomendaciones' (ACFC/OP/V(2020)002Final). Publicado el 15/10/2020
https://rm.coe.intl5th-op-spain-es/16809ed0b8
3 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos: lucha contra las actitudes negativas hacia las personas de origen gitano en Europa
(2020/2011(INl)) htills://www.eurmirl.europa.eu/doceo/document/ TA-9-2020-0229 ES.html
4 European Commission, A Union of Equality: EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation, Brussels, 7.10.2020, COM(2020) 620 final
https://ec.europa.eu/info/paliejes/justice-and-fundamental-rights/combatting-diseriminationiroma¬eulronm-equalitv-inelusion-and-participation-eu_es
Si así lo acuerda la Mesa, el mencionado Informe, una vez aprobado por la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, junto con las conclusiones de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la
Cámara para su debate y aprobación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2021.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, Carolina Telechea i Lozano, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Republicano y Sara Giménez Giménez, Diputada.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la libertad de expresión, de
las instituciones democráticas y de los derechos y libertades fundamentales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el pasado día 24 de febrero en el Congreso que el Gobierno se propone 'aumentar la protección de la libertad de expresión'. En la misma sesión, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo,
afirmó que 'vamos a reformar la libertad de expresión'. Unos días antes, el 19 de febrero, Margarita Robles, ministra de Defensa, y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, manifestó en un programa de televisión que 'la libertad de
expresión está excesivamente penada en el Código Penal', una afirmación que fue difundida por la cuenta de Twitter del Partido Socialista.
Las anteriores críticas del Gobierno al Código Penal y su propósito de reformarlo en relación con la libertad de expresión se han producido como respuesta a la condena de Pablo Hasél y a las manifestaciones violentas de apoyo de la extrema
izquierda en varias ciudades de España. Es decir, el propio presidente del Gobierno y dos de sus ministros socialistas han contribuido a justificar los argumentos usados para convocar a esas manifestaciones, pues han comunicado a la sociedad
española que la libertad de expresión está excesivamente limitada por nuestro Código Penal y es preciso reformarla.
Pero, además, estas manifestaciones de los miembros de uno de los dos partidos del Gobierno, del PSOE, se han producido días después de que el otro partido del Gobierno, Unidas Podemos, presentara el pasado 9 de febrero una Proposición de
Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la protección de la libertad de expresión. Es decir, el presidente del Gobierno y el PSOE han dado su respaldo a la intencionalidad de esta reforma del
Código Penal. Y esta reforma se ha producido al mismo tiempo que los líderes de Unidas Podemos no sólo han cuestionado frontalmente la condena del Tribunal Supremo a Pablo Hasél, sino que han apoyado e instigado las manifestaciones contra esa
condena.
Diversos miembros del Gobierno han lanzado mensajes con la teoría de que en España rapear puede constituir un delito, en la misma línea argumenta) de lo que ya expresó Pedro Sánchez, cuando aún estaba en la oposición, el 24 de mayo de 2018,
cuando en un tuit criticó la condena a Valtónyc con las siguientes palabras: 'El mal gusto no puede estar castigado con la prisión. La libertad de expresión artística es un derecho que también nos ampara colectivamente. Que un rapero entre en
prisión es muy mal síntoma sobre el estado de nuestra democracia'.
Los dos partidos del Gobierno de España se proponen modificar el Código Penal en respuesta a una condena a Pablo Hasél del Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Dicha condena se debió a 64 mensajes en
Twitter y una canción en Youtube con claro apoyo a los atentados terroristas, tanto del Grapo, como de ETA, como de Al Qaeda.
Unidas Podemos se propone, con el apoyo inicial del PSOE, eliminar determinados delitos del Código Penal para despenalizar los ataques a los sentimientos religiosos, las injurias a la Corona, las ofensas y ultrajes a los símbolos de España y
de sus diferentes Comunidades Autónomas, las injurias al Gobierno y a los demás órganos del Estado. Este partido se propone igualmente, con el apoyo inicial del PSOE, eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo, con el argumento de que ETA
y Grapo ya no existen.
Esta intención de reformar el Código Penal se hace no sólo con la argumentación de que la libertad de expresión está excesivamente penada en España, sino con la argumentación de que esta reforma profundiza la democracia en la línea de las
democracias más avanzadas del mundo. Y ambos argumentos son falsos.
Sobre los límites de la libertad de expresión, la propia Constitución los establece, no sólo en el artículo 20, sino también en los derechos que garantiza en los artículos 10.1 y 10.2 del Título Preliminar, y en los artículos 14, 16 y 18 del
Título Primero sobre derechos y libertades fundamentales. Los límites de la libertad de expresión se establecen allí donde entran en colisión y cuestionan los derechos fundamentales.
Sobre la profundización de la democracia, los mensajes del PSOE y de Unidas Podemos sobre la libertad de expresión y la democracia plena son radicalmente cuestionados por las Constituciones y Códigos Penales de las democracias más avanzadas
del mundo. Códigos Penales de democracias avanzadas y referentes mundiales como los de Alemania y Francia castigan con penas de prisión, en muchos casos mayores que en España, delitos de difamación, de injurias, de ataques a las instituciones del
Estado, de menosprecio al Jefe del Estado, de ultrajes a los símbolos nacionales, o, en el caso de Alemania, de defensa o justificación del nazismo.
Y tales penas en los Códigos Penales de democracias como Alemania y Francia tienen como objetivo el fortalecimiento de la democracia, de sus instituciones fundamentales, de los métodos democráticos frente a los violentos, y la defensa de la
libertad y de los derechos fundamentales. La libertad de expresión de toda democracia plena debe ser compatible con los objetivos fundamentales anteriormente indicados, como así lo defienden las democracias más avanzadas del mundo. Y las
manifestaciones de los dos partidos de Gobierno en España indican que lo anterior puede estar seriamente amenazado.
Por todo ello, y con el objetivo de defender la libertad de expresión, la democracia y sus instituciones, y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos españoles,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Defender la libertad de expresión con los límites expuestos en nuestra Constitución.
2) Defender los principios democráticos, las instituciones del Estado, incluidas las instituciones de las Comunidades Autónomas.
3) Defender nuestros símbolos nacionales, incluidos los símbolos de las Comunidades Autónomas.
4) Defender los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2021.-Edurne Uriarte Bengoechea, Isabel María Borrego Cortés, Macarena Montesinos de Miguel, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Jaime Miguel Mateu Istúriz y María Jesús Moro
Almaraz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir al sector del calzado en
el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los ránkings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.
A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo cinco días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó
al ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.
Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos sólo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.
Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor
aún, es arbitrario porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el Anexo I del citado Real
Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.
Uno de estos sectores 'olvidados' es el de la fabricación del calzado; un sector al que se dedican más de 3.500 empresas en nuestro país, la mayoría de ellas pymes, con una fuerte presencia en la Comunidad Valenciana (67,8 % de estas
empresas), Castilla La Mancha (9,6 %), La Rioja (6,9 %), Murcia (3,9 %), Aragón (3,5 %), Baleares (2,7 %), Andalucía (1,5 %) y Madrid (1,4 %).
Es un sector altamente exportador, las grandes marcas nacionales exportan más del 50 % de su producción por un importe superior a 2.600 millones de euros, contribuyendo tanto equilibrar nuestra balanza comercial como a la difusión de la
marca España. Esta competitividad permite que el calzado sea el segundo sector por número de empleados en la industria de la moda, por detrás de la confección.
En cuanto a la distribución nacional, en España operan unos 9.000 establecimientos especializados en la venta minorista de calzado que facturaban antes de la pandemia en torno a 3.000 millones de euros, concentrando Cataluña, Madrid y
Andalucía alrededor del 50 % del total.
En definitiva, se trata de un sector muy competitivo, altamente innovador, con una imagen de marca reconocida a nivel mundial, implantado en buena parte del territorio nacional y con un impacto muy importante en empleo, tanto directo como
indirecto.
Por eso no entendemos que haya quedado fuera del listado de actividades susceptible de recibir ayudas directas, cuando ha sido un sector afectado directamente por la pandemia. De hecho, la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE)
estima que la pandemia del coronavirus ha provocado una caída de las exportaciones de un 15,7 % en 2020 y ha desplomado la facturación del sector del calzado entre un 30 % y un 40 %, sin que haya datos que apunten a la recuperación en este
primer trimestre de 2021, lo que pone en riesgo la supervivencia de muchas de estas empresas y de miles de empleos. Sólo como ejemplo, el Índice de Producción Industrial de la Industria del cuero y del calzado que cayó un 46,8 % en La
Rioja, cae un 23,9 % en lo que llevamos de año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir el sector del calzado en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el Anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su supervivencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir al sector de fabricación
de muebles en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los ránkings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.
A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo 5 días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó al
ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.
Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos sólo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.
Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor
aún, es arbitrario porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el Anexo I del citado Real
Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.
Uno de estos sectores 'olvidados' es el de la fabricación del mueble; un sector al que se dedican más de 11.427 empresas en nuestro país, de las que sólo 25 son grandes empresas y el resto son pymes (1.159 empresas), micropymes (5.603
empresas) o empresas sin asalariados (4.640 empresas) con presencia en prácticamente todas las CCAA, aunque destaca por el número de empresas Andalucía (2.110 empresas), Cataluña (1.619), Comunidad Valenciana (1.347), Comunidad de Madrid (1.114),
Murcia (757) y Galicia (756). De esta industria dependen directamente 61.592 empleos.
El sector genera una facturación de 5.935 millones de euros, de los que 1.620 millones proceden del exterior, destacando las exportaciones a Francia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Alemania.
La crisis del coronavirus no ha sido ajena a este sector que, ha acumulado una caída interanual del -6,5 %, pero con un impacto muy desigual entre diferentes comunidades autónomas y tamaño de empresas. Como ejemplo, el Índice de Producción
Industrial de la Industria de fabricación de muebles cayó un -24,7 % en términos interanuales en La Rioja, un -24,2 % en lo que llevamos de año. Por eso no entendemos que las empresas de este sector hayan quedado fuera del listado de actividades
susceptibles de recibir ayudas directas para compensar los efectos del coronavirus.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir el sector de fabricación del mueble en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el Anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su supervivencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir a las autoescuelas en el
listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los ránkings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.
A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo cinco días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó
al ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.
Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos sólo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.
Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor
aún, es arbitrario porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el Anexo I del citado Real
Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.
Uno de estos sectores 'olvidados' es el de las autoescuelas ('Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje'), un sector que fue obligado a cerrar en el primer estado de alarma dejando colgados a más de 130.000 alumnos y que tuvo que
asumir un coste que, la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial, calculó en seis millones de euros diarios.
Aunque las autoescuelas realizaron ERTES a sus trabajadores (profesores y personal de administración), tuvieron que seguir asumiendo los costes inherentes del negocio (alquileres, suministros, financiación y préstamos de los vehículos...),
lo que ha dejado a muchas de ellas en una situación muy comprometida.
Además de la importante pérdida de ingresos durante los meses que han estado cerrados, han tenido que asumir costes para poder prestar sus servicios de forma segura en la recuperación gradual de la actividad.
A ello se añade el cuello de botella por el retraso en los exámenes -la propia Dirección General de Tráfico (DGT) ha estimado en 180.000 exámenes teóricos y 268.000 prácticos de conducir que se han dejado de hacer en Estado de Alarma- y la
falta de examinadores -que provoca listas de espera de hasta 6 meses en algunas provincias-, lo que limita la capacidad de las autoescuelas de incorporar nuevos clientes y recuperar la facturación a los niveles previos a la pandemia.
Por eso no se entiende que este sector, tan claramente perjudicado por la pandemia, haya sido excluido del listado de actividades susceptibles de recibir unas ayudas que se antojan imprescindibles para salvar empresas y empleos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir las Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el Anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su
supervivencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir al sector pesquero y a la
cadena mar-industria en el listado de actividades susceptible recibir ayudas directas en el marco del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19,
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Que la crisis económica es global es tan cierto como que La nefasta gestión del gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los ránkings económicos negativos: hemos sufrido
la mayor caída del PIB desde la guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.
A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo cinco días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó
al ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.
Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos sólo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.
Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros.
El Anexo I del Real Decreto, contiene la relación de actividades económicas, según los de códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas -CNAE 09-, que podrán tener acceso a ayudas directas, un listado arbitrario que ha
dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades.
Uno de estos sectores excluidos es el pesquero, incluido todos los ámbitos sociales y económicos ligados a la pesca, el complejo mar-industria y la acuicultura, más allá de los mayoristas. Según datos del último Informe Anual de la
Actividad de la Flota Pesquera Española, en 2019, 8.007 buques habían realizado actividad pesquera y 1.007 habían permanecido inactivos. La flota española tiene una antigüedad media de 31 años y faena mayoritariamente en aguas del caladero
nacional, pues de los buques activos en 2019, 7.618 han faenado en sus aguas (más de la mitad de ellos en el Cantábrico NW) que suponen aproximadamente el 36 % del arqueo y un 61 % de los KW totales.
La flota concentra en torno a 31.000 empleos directos, se estructura mayoritariamente como flota artesanal, pues el 71,64 % de los buques son barcos de menos de 12 metros de eslora, mientras que un 19,97 % ocupan el tramo de 12-24m y tan
solo un 8,39 % tienen más de 24 metros de eslora y ocupa el primer lugar de la Unión Europea, tanto en volumen como en valor de las capturas.
Por otro lado, la industria de procesado y conservación de productos de la pesca, según datos estadísticos del Ministerio para 2018, incluían 648 empresas que ocupaban a 20.787 personas.
El sector, que ha estado faenando durante toda la pandemia, viene reclamando medidas para reducir el fuerte impacto que ha tenido en el sector la crisis provocada por el coronavirus, especialmente, tras el cierre parcial del canal HORECA,
las restricciones actuales en bares y restaurantes y la reducción del turismo, que para especies como el marisco o el pez espada, entre otros, el impacto llegó a ser superior al 80 % de las ventas. Mientras que, como dato general y hasta octubre
del año pasado, se estimaba una reducción en un 20 % la venta de productos pesqueros.
La disponibilidad de Ayudas para compensar los efectos de la COVID-19, cargo del con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) no son suficientes para paliar los daños económicos generados en un sector que mira esperanzo los recursos
de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para abordando las reformas estructurales necesarias para garantizar su futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir al sector pesquero y a la cadena mar-industria en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el Anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta
a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su supervivencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir al sector de la
peluquería y la estética en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los ránkings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.
A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo cinco días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó
al ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.
Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos sólo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.
Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor
aún, es arbitrario porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el Anexo I del citado Real
Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.
Uno de estos sectores 'olvidados' es el sector de Peluquería y Estética, a pesar de que las restricciones impuestas por los distintos estados de alarma han provocado una importante caída de su facturación que, unido al incremento de gastos
que han tenido que asumir para adaptar sus locales y la forma de desarrollar su trabajo a la pandemia, han provocado el cierre de un gran número de peluquerías y centros de estética.
Según el estudio de impacto económico de la crisis del COVID en el sector de Peluquería y Estética realizado en diciembre, en el año 2020 se ha producido una caída de la facturación de un 35,70 % y la destrucción de más de 50.000 empleos en
el sector de la imagen personal.
Igualmente, según cálculos del propio sector, si no se adopta ninguna medida de ayuda podrían desaparecer 20.000 empresas más, con la pérdida de otros 50.000 empleos. Con el agravante de que se trata de un sector en el que la mayoría de sus
trabajadores son mujeres, autónomas y jóvenes. Recordemos que España es el segundo país con más paro femenino en la UE, con un 20,8 %, y es el país
de Europa con mayor tasa de paro juvenil, con un 40,2 % frente al 18 % de media europea. Por eso no se entiende que este sector haya sido excluido del listado de actividades susceptibles de recibir una ayudas que se antojan imprescindibles
para salvar empresas y empleos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir el sector de Peluquerías y Estética en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el Anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su supervivencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País-Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno sobre medidas integrales y urgentes a incluir
en un Plan de Choque de salud mental.
Exposición de motivos
Estos días se cumplen respectivamente un año del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 durante la primera ola; y algo
más cuatro meses del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en lo que se
han denominado la segunda y tercera ola.
Durante todo este tiempo, la sociedad española experimentó dos meses de confinamiento domiciliario donde toda actividad comercial, educativa, cultural, de turismo y ocio quedó paralizada y la ciudadanía se vio obligada a quedarse en sus
casas, algunos teniendo que teletrabajar y compaginar cuidados de menores, mayores y dependientes, otros enfrentándose al virus desde sus puestos esenciales, y muchos sin empleo. Después de dicho confinamiento domiciliario, se fueron sucediendo
hasta el día de hoy nuevas restricciones sanitarias y medidas de contención, con efectos sociales y económicos devastadores, articulado en un desasosiego colectivo por las restricciones físicas y las evidentes consecuencias económicas de la crisis.
Estos efectos tienen una relación directamente proporcional con la situación de mayor o menor desigualdad, precariedad o incertidumbre en la que las personas se encontrasen antes de la pandemia. También, a la pertenencia a un grupo de mayor
vulnerabilidad (mujeres, jóvenes o migrantes) o a la relación directa y cotidiana con la lucha contra la COVID-19, como les sucede a los y las sanitarias y o de otras profesiones consideradas esenciales.
Relacionado con todo ello, en las últimas semanas varios medios de comunicación, expertos y encuestas han constatado una realidad social extremadamente preocupante en nuestro país, como es el impacto de la pandemia en la salud mental de una
enorme mayoría de españoles y españolas. Esta 'cuarta ola' que está siendo la de la salud mental, está sucediendo en un contexto de recursos precarios en la sanidad pública española, y aún con tabúes culturales y el problema de estigmatización de
los trastornos mentales.
Lo cierto es que la pandemia ha agravado drásticamente un problema que ya existía en nuestro país. Es importante tener en cuenta que si queremos encontrar soluciones al problema de la salud mental lo primero que tenemos que entender es que
no es un asunto meramente médico. Los trastornos de salud mental no se pueden desligar de los determinantes sociales que los producen y de las condiciones de vida que proporcionamos como sociedad. En este sentido, y por introducir un contexto
socio-histórico más
amplio, la precariedad económica tras la crisis de 2008 y la falta de expectativas laborales y vitales, agravadas por la pandemia, explica gran parte del aumento de la incidencia de los problemas de salud mental.
En primer lugar, de manera más mayoritaria, nos encontramos con la 'fatiga pandémica' que en distinta intensidad nos afecta a todas las personas al lidiar con un sobre estrés mantenido durante muchos meses de encierros intermitentes,
incertidumbre, precariedad vital, exposición a la enfermedad y duelos familiares, que se expresa en cansancio, irritabilidad, alteraciones de sueño, pero también en cuadros más agudos diagnosticados de depresión o ansiedad. Todo ello se ha visto
reflejado en la 'Encuesta sobre la salud mental de los españoles durante la pandemia de la COVID-19' elaborada por el CIS y publicada el pasado 3 de marzo. Entre los datos más significativos, encontramos que seis de cada diez personas en España
remiten síntomas de depresión y ansiedad. La clase trabajadora, los jóvenes y las mujeres se llevan la peor parte. Siete de cada diez personas encuestadas de entre 18 a 34 años siente desesperanza con respecto al futuro.
En segundo lugar, la pandemia está mostrando las carencias de nuestro sistema sanitario público para un acompañamiento integral, preventivo y efectivo de la población con trastornos mentales más graves, como depresión mayor o ansiedad grave,
trastornos psicóticos o conductas suicidas, que además se han visto aumentadas de manera exponencial por el COVID-19. En España se producen 10 muertes por suicidio cada 24 horas, siendo la primera causa de muerte no natural, triplicándose las
tentativas. Al mismo tiempo, todavía es uno de los mayores tabúes en nuestra sociedad, sin bien tiene mayor visibilidad social a raíz de su aumento en la pandemia.
Todos estos datos se ven acompañados de un aumento del consumo de psicofármacos (ansiolíticos, tranquilizantes, antidepresivos) del 4,1 % entre enero y septiembre de 2020 en España, siendo esta medicalización del sufrimiento no una solución
sino un mal parche. La prescripción se ha duplicado desde el inicio de la pandemia y nuestro país se sitúa a la cabeza del consumo en Europa. La carencia de profesionales para un tratamiento de psicoterapia, favorece la 'medicalización' excesiva
de los síntomas, ante la falta de tiempo en las consultas de AP y AE. Hay que recordar que en estos momentos, la ratio estatal de psiquiatras y psicólogos en España no llega a los 10 por 100.000 habitantes y la europea está en 18, lo que se traduce
en listas de espera prolongadas, de hasta tres meses y luego consultas poco eficaces, generando un enorme agravio comparativo entre aquellos que tienen el dinero para costearse un tratamiento privado y los que no.
Más allá de la intervención en salud mental que se lleva a cabo desde el sistema sanitario propiamente dicho, hay que destacar el papel de los profesionales de la psicología que desarrollan su labor en otros ámbitos como el educativo o de la
intervención social: servicios sociales comunitarios, centro de protección de menores, centros de día para personas mayores y personas con discapacidad o los centros de atención para mujeres víctimas de violencia de género. Por las circunstancias
particulares de la población a la que atienden, la intervención en autoestima, gestión del estrés, control de impulsos y habilidades de autocuidado emocional son prácticas diarias, si tenemos en cuenta los efectos de la pandemia en estos colectivos,
la necesidad de seguimiento e intervención psicológica se ha multiplicado exponencialmente. Tanto en servicios sociales, por poner un ejemplo concreto, como en la escuela, este trabajo ha sido constante pero resulta casi invisible, ya que el
equilibrio entre el cuidado de la salud mental y el soporte para cubrir las necesidades básicas de la familia, siempre lo relegaba a un segundo lugar, sobrecargando a estas personas.
El comienzo de la ejecución del denominado Plan de Vacunación en España en diciembre de 2020 -aún con problemas de suministros de las vacunas, irregularidades, fallos y retrasos que todavía se deben mejorar- nos permite como sociedad
comenzar a vislumbrar el final del túnel e iniciar la reconstrucción social y económica de nuestro país. En este sentido, las instituciones y administraciones españolas deben de garantizar el derecho a la salud mental como uno de los ejes de
reconstrucción social y comunitaria más importantes, y brindar de manera urgente herramientas sociales, institucionales y materiales para ello. Estas herramientas deben ser aglutinadas de manera urgente dentro de un Plan de Choque de Salud Mental,
centrado en unos puntos urgentes y con presupuesto para ello.
Por todo ello, Más País, en el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un paquete de medidas integrales y urgentes a incluir en un Plan de Choque de salud mental, con los siguientes puntos fundamentales:
1. Aumentar la ratio de profesionales de psiquiatría y psicología en los servicios de salud mental comunitarios dependientes de Atención Especializada, hasta un mínimo de 10x100.000 habitantes a lo largo de la legislatura. Bajar, a lo
largo de esta legislatura, los tiempos de espera entre cita y cita de los tres meses actuales a una media aproximada de diez días.
2. Aumentar el gasto público dentro del presupuesto general de sanidad hasta el 10 % para salud mental.
3. Garantizar la incorporación progresiva del profesional de la psicología clínica a todos los centros de atención primaria.
4. Realizar campañas con fondos públicos de sensibilización para eliminar el estigma sobre la salud mental.
5. Establecer protocolos de coordinación entre los servicios sanitarios y servicios sociales en el que se garantice la continuidad asistencial de los objetivos comunes entre la psicología sanitaria y la psicología de la intervención social.
6. En un plazo de seis meses, y siempre dentro del Plan de Choque urgente de Salud Mental, el gobierno culminará los trabajos de la Actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental, coordinándose tanto con el nuevo Comité Científico
como con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
7. Diseñar políticas activas de empleo y vivienda reales y accesibles para la población, que supongan una inversión a medio y largo plazo en el bienestar social, con el objetivo de minimizar el impacto negativo de los determinantes sociales
en la salud mental. Estas políticas tendrán especial orientación para los grupos sociales más vulnerables (mujeres, jóvenes, migrantes).
8. Mejorar la implantación del IMV para que sea una medida útil, dotando de medios a los profesionales que las están tramitando y dando respuestas ágiles a todas las dudas, excepciones y cuestionamientos que están surgiendo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2021.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/000594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.a Macarena Olona Choclán, D.a Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez Sala, D.a Patricia de las Heras Fernández, D.a Inés María Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de
Portugal y D. Rubén Silvano Manso Olivar en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a conceder ayudas directas a todos los autónomos y empresarios afectados por la epidemia por la COVID-19 bajo el único requisito de haber visto mermada su facturación, para su
debate en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Ayudas directas.
1. Desde que se decretara el primer estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y
posteriormente con la declaración del segundo estado de alarma de ámbito nacional a través del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 5 ('RD 926/2020'), numerosas empresas y autónomos han visto como la facturación de sus negocios caía progresivamente hasta, en muchos
casos, llegar al cierre definitivo.
2. Todas las restricciones, la destrucción de empleo, la falta de ayudas por parte del Gobierno y el miedo generalizado de contagio han afectado al sector empresarial sin excepción. Sólo hay que atender a los titulares de prensa de los
medios para verificarlo:
(i) 'El desplome del beneficio de las empresas españolas duplica el del resto de Europa' 6.
(ii) 'Bruselas teme una ola de quiebras empresariales en España' 7.
(iii) 'El 99 % de las 68.000 empresas destruidas en España por la pandemia tiene menos de 50 trabajadores' 8.
(iv) 'La deuda pública de España se dispara en 122.439 millones en 2020 y alcanza el 117,1 % del PIB, máximos de 118 años' 9.
(v) 'La pandemia sitúa España ante una crisis más intensa y vertiginosa que la de 2008' 10.
3. Por todo lo expuesto, este Grupo Parlamentario se ha visto en la obligación de presentar numerosas iniciativas dirigidas a conseguir que se compense e indemnice a estos empresarios cuyo derecho a trabajar ha sido expropiado por el
Gobierno y ven empeorada su situación día a día. Y ello, en la misma línea que se ha hecho en el resto de Europa y que llevaba aconsejando el Banco de España prácticamente desde el inicio de la crisis.
Segundo. Medidas del ejecutivo: mal y tarde.
4. Pese a lo expuesto, el Gobierno se limitó a elaborar en el mes de diciembre, nueve meses después del inicio de la pandemia, el Real Decreto Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería
y el comercio y en materia tributaria (el 'RD 35/2020'). Un Real Decreto en el que lo único ofrecido por el Gobierno fue endeudamiento y aplazamientos, medidas que distaban mucho de las adoptadas por el resto de países del mundo y que fueron
consideradas insuficientes desde organizaciones como la Asociación de Trabajadores Autónomos ('ATA'), Hostelería España, la Confederación Española de Agencias de Viajes, etc.
5. Ahora, un año después del comienzo de la crisis sanitaria, se publica el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (el 'RDL 5/2021')
en el que se recogen las tan ansiadas ayudas directas para los autónomos y empresarios. No obstante, esta norma establece tales condicionantes que harán prácticamente imposible que se consiga optar a las ayudas.
6. En el artículo 3 del RDL 5/2021 se establece el denominado marco básico de los requisitos de elegibilidad de forma que los autónomos y empresarios considerados elegibles serán:
(i) Los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores definidos en el Anexo I, y cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto
equivalente en 2020 haya caído más de un 30 % con respecto a 2019.
(ii) Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas adscritos a los sectores definidos en el Anexo I.
7. De lo anterior, la gran sorpresa para el sector empresarial ha sido que el RDL 5/2021 limita la percepción de ayudas a autónomos y empresas con sede social en territorio español a aquellas actividades incluidas 'en alguno de los códigos
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas -CNAE 09-
5 Prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por un periodo de 6 meses, desde las 00:00 horas del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021.
6 https: / / www.elconfidencial.com/ economia/ 2021-02-13/ desplome-beneficio-emprearial-espana-duplica-europa 2948928/ [fecha de consulta: 17 de febrero de 2020].
7 https: / / www.elconfidencial.com / economia/ 2021-02-11 bruselas-ue-preocupada-ola-quiebras-espana 2946515/ [fecha de consulta: 17 de febrero de 2020].
8 https: / / www.eleconomista.es/ economia/ noticias/10961067/ 12 / 20/ EI-99-de-las-68000-empresas-destruidas-en-Es pana-por-la-pandemia-tiene-menos-de-50-trabajadores.html [fecha de consulta: 15 de marzo de 2021].
9 https: / www.eleconomista.es / economia/ noticias/ 11054695/ 02/ 21 / La-deuda-publica-de-Espana-se-disparo-en-122439-millones-en-2020-y-alcanza-el-1171-del-PIB-maximos-de-118- anos.html [fecha de consulta: 17 de febrero de 2020].
10 https: / www.publico.es / economia / crisis-economica-pandemia-situa-espana-crisis-intensa-vertiginosa-2008.html [fecha de consulta: 17 de febrero de 2020].
previstos en el Anexo I de este Real Decreto-ley'. La consecuencia: solo 95 códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas ('CNAE') de los 538 existentes pueden optar a ser beneficiarios de estas ayudas.
8. Esto ha derivado en que ya se pronuncien desde diversos sectores y asociaciones, reivindicando la discriminación que esta norma supone para todas las actividades excluidas. Si en la Exposición de motivos se indica que se canalizarán
ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la pandemia, la realidad práctica debería ser que cualquier empresa, de cualquier sector que haya visto mermados sus ingresos debería poder optar a
estas ayudas reclamadas desde hace ya casi un año. Por tanto, desde el momento en el que se condiciona la percepción de la ayuda a la caída de la facturación esta clasificación sin razón que la justifique carece de sentido.
9. Así, encontramos ejemplos de códigos excluidos como el del sector del calzado. Razón ésta por la que La Federación de Industrias del Calzado Español en un comunicado del 15 de marzo manifestaban que 'es inadmisible que un sector que
emplea a más de 37 000 personas, con más de un 43 % de empleo femenino, y después de haber perdido más de 19.000 puestos a causa de la pandemia, quede fuera del acceso a estas medidas que buscan preservar el tejido productivo y el empleo'. Desde el
gremio se 'vio con sorpresa no estar incluido entre los sectores que pueden acceder a las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial'. Por ello, exigen que 'se corrija esta inexplicable situación' y reivindican que 'se trata de una
injusticia para el sector del calzado, es incomprensible que el Gobierno desproteja a una parte de la industria española dejando fuera de estas medidas de apoyo a un sector que desde el primer momento se ha volcado con todos sus medios en ayudar a
quienes estaban en primera línea de lucha contra la pandemia' 11.
10. También ha sido inexplicable el desprecio del Gobierno hacia el sector del transporte de mercancías. Precisamente, como se informaba desde la Asociación del Transporte Internacional por Carretera 'las pérdidas globales de facturación
en el sector en España superaron los 5.000 millones de euros (un 17 % del volumen de negocio) en el año fiscal 2020 según la Organización Internacional de Transporte por Carretera'. Asimismo, informaban que 'el transporte internacional de
mercancías por carretera de nuestro país sufre una caída de actividad de entre el 8 y el 12 % en función de la especialidad (alimentación, farmacéutico, automoción, etc.), en el primer aniversario de la declaración del Estado de Alarma' 12. Por
tanto, no se encuentra razón que explique la exclusión realizada hacia este colectivo.
11. Como los dos casos anteriores son numerosas las empresas discriminadas por el Ejecutivo: peluquerías, centros de estética, tiendas de decoración, autoescuelas, centros de enseñanza reglada, tiendas de souvenirs, talleres [...]
12. De este modo y ante estas medidas se ha pronunciado el presidente de la ATA, don Lorenzo Amor, en una entrevista concedida al Economista, denunciando que 'el sector de las peluquerías y centros de estética supera los 50.000 autónomos y
empresas que no podrán acceder a las ayudas directas pese a los cierres. Se han metido a 95 actividades y se han dejado fuera a muchas que han sufrido muchas restricciones' y preguntándose, al mismo tiempo, qué criterio objetivo habrá seguido el
Gobierno para realizar esta clasificación 13.
13. Lo más abrumador de todo esto es que ya se vivieron situaciones similares al inicio de la pandemia. Muchas actividades quedaron fuera de la posibilidad de optar a ayudas como consecuencia de esta misma injustificada clasificación. Por
ejemplo, cuando se adoptaron las primeras resoluciones relacionadas con el otorgamiento de las líneas de avales a través del ICO se incluía como anexo una tabla en las que aparecían los códigos CNAE a los que pertenecían las empresas especialmente
afectadas que podrían acceder a esas ayudas. En aquel caso, quedaron también quedaron fuera de ese listado numerosas empresas como las pertenecientes a las del sector del turismo activo.
14. Lo que expresan muchos empresarios es que la inclusión o no en estos anexos, depende de la lucha que se haga desde el concreto colectivo frente al ejecutivo, dejando por tanto la inclusión en el listado de posibles empresas
beneficiarias a la absoluta discrecionalidad del Gobierno.
11 https://alicanteplaza.es/noticial6036 [fecha de consulta: 15 de marzo de 2021].
12 https:/ / www.autonomosenruta.com/ transporte-mercancias / sector/ 7225-transporte-mercancias-por-carretera-cae-12-por-ciento-en-primer-ano-pandemia [fecha de consulta: 15 de marzo de 2021].
13 https:/ www.eleconomista.es / empresas-finanzas / noticias / 11103956/ 03 / 21 / Mercancias-talleres-o-peluquerias-fuera-de-las-ayudas-directas-del-Gobierno.html [fecha de consulta: 16 de marzo de 2021].
15. Consecuentemente, es mucha la letra pequeña de este Real Decreto-ley que, lejos de conceder la tan necesaria liquidez para proteger el tejido productivo en su conjunto, ha situado a miles de autónomos y empresarios en una posición de
mayor incertidumbre sin visos de mejora.
16. En conclusión, las ayudas directas que se otorguen deben ser universales, indistintamente del sector concreto en el que se produzca la merma de facturación. En caso contrario, como se ha afirmado desde la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos (UPTA) establecer las ayudas en función del CNAE supondrá que más de 200.000 autónomos sigan al borde de la insolvencia 14.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las actuaciones necesarias dirigidas a establecer un plan nacional de ayudas directas universal en favor de todos los autónomos y empresarios con sede en España afectados por la
pandemia cuya concesión se condicione únicamente a la caída de la facturación de su actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez Sala, Patricia de las Heras Fernández, Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal y Rubén Silvano Manso
Olivar, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
162/000595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el impulso a la financiación de las empresas en activos intangibles, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los avances tecnológicos y muy especialmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), combinados con los esfuerzos realizados en I+D han permitido el desarrollo de actividades basadas en el conocimiento. Se trata de nuevas
tecnologías, pero acompañadas además de innovaciones complementarias, que exigen nuevas formas de organización de la producción, diseño de nuevos productos, imagen de marca, capital humano específico de la empresa y know how, gestión de bases de
datos, etc. Son activos intangibles, no palpables físicamente pero no por ello menos importantes. Algunos de estos están incluidos en PIB (software y bases de datos, I+D) pero otros, como los ya mencionados de diseño de nuevos productos,
aprendizaje en la empresa, fidelización de clientes[...] escapan a la Contabilidad Nacional.
Los activos intangibles pueden agruparse pues en categorías: software y bases de datos; l+D y otras actividades como diseño que permitan generar derechos de propiedad de carácter científico o artístico; y adquisición de competencias
económicas (nuevas formas de organización, formación continua y especialización laboral, prestigio e imagen de marca).
Decía el economista estadounidense Robert Solow que podemos observar la productividad en todas partes menos en los ordenadores. La cita hacía referencia a la aparente paradoja entre los indudables avances técnicos, especialmente en
informática y telecomunicaciones, y unas economías con bajo crecimiento de la productividad. Una explicación a esta contradicción sería precisamente esa parte de la economía cada vez más relevante pero no del todo observable estadísticamente que
son los activos intangibles. Al respecto, un estudio de la Fundación COTEC y el IVIE, publicado en 2017 (La economía intangible en España. Evolución y distribución por territorios y sectores 1995-2014) estimaba que, de
14 https: / / upta.es/ upta-exige-al-gobierno-una-modificacion-urgente-de-las-condiciones-de-acceso-a-las-ayudas-extraordinarias-publicadas-en-el-real-decreto-ley-5-2021-de-medidas-extraordinarias-de-apoyo-a-la-solvencia-em / [fecha de
consulta: 15 de marzo de 2020].
incluirse esa parte de activos intangibles no recogidos en Contabilidad Nacional el PIB de nuestro país aumentaría un 3,5 %.
Pero si parte de la inversión en intangibles puede pasar desapercibida en las estadísticas oficiales, también un menor esfuerzo inversor en ellos debilita el crecimiento. Esto es precisamente lo que les sucede a las economías europeas en
comparación con la estadounidense. Requieren de una mayor inversión en activos intangibles para mejorar su productividad y reducir la brecha con el país norteamericano.
Esto es especialmente relevante para nuestro país, dado el bajo crecimiento de la productividad que registra nuestra economía. Pero, además, el necesario proceso de transformación digital supondrá que la inversión productiva se focalice
especialmente sobre estos activos intangibles.
En este sentido, la economía española observa una dificultad añadida en este necesario impulso al esfuerzo inversor en intangibles. Así, un estudio del Banco de España (La inversión y la financiación de las empresas no financieras
españolas: un análisis a nivel de empresa, 2018) evidenciaba cómo en el caso de las empresas que invierten intensivamente en intangibles, a partir de la crisis de 2008 habían dejado en buena medida de recurrir a financiación externa para depender
casi en exclusiva de fondos propios. El motivo de este cambio sería que, ante una mayor aversión al riesgo por parte de las entidades financieras tras los excesos de la burbuja crediticia que derivó en la Gran Recesión, se endurecían las
condiciones de acceso a financiación, especialmente para la inversión en este tipo de activos, considerada como más arriesgada.
Estas limitaciones en el acceso a la financiación para la inversión en intangibles especialmente acusada en el caso de las pymes, con un peso de la inversión bruta en intangibles sensiblemente inferior al que tenían antes de 2008. Es decir,
que las mayores dificultades en el acceso a financiación afectan en especial al 99,8 % de las empresas españolas, que son las pymes. Un acceso a los recursos ajenos para financiar inversión en intangibles que se hace más complicado conforme menos
sea el tamaño de la empresa, lo que implica mayor dificultad para mejorar su productividad y crecimiento a aquéllas que más lo necesitan en un contexto de transformación digital.
Ante esta situación resulta conveniente plantear un conjunto de medidas encaminadas a facilitar la financiación de este tipo de inversiones. Parte de este impulso está ya comprometida con el fuerte impulso de la inversión pública en I+D
tras años de recortes acumulados. A ello habrá de sumarse un mayor apoyo público a la I+D empresarial, tanto directo (subvenciones, compra de servicios de I+D, etc.) como indirecto (deducciones y otras ventajas fiscales, etc.).
Sin embargo, además del necesario mayor esfuerzo público para la I+D, será especialmente necesario mejorar la financiación no solo para el caso concreto de la I+D, sino para el conjunto de la inversión empresarial en activos intangibles. Al
respecto, una medida para incentivarla podría ser mediante cambios en la regulación bancaria en los activos ponderados por riesgo, permitiendo un ahorro de capital en la financiación de este tipo de inversiones. Un menor consumo de capital para
este tipo de préstamos, en línea con lo que ya se hace para la financiación bancaria a pymes o determinado tipo de infraestructuras, que puede servir de impulso para un mayor acceso al crédito en la inversión de este tipo de activos.
Pero además de un necesario mayor empuje a la financiación bancaria en intangibles, de manera que como mínimo se recuperen los niveles previos a 2008, especialmente para pymes, resulta clave también la inversión vía capital privado. Una
modalidad de financiación en crecimiento pero que habrá de verse reforzada con la próxima aprobación de una Ley de Startups que defina este tipo de actividades e impulse la proliferación de nuevos proyectos innovadores intensivos en activos
intangibles y capacidad tractora sobre la economía en su conjunto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar, en el marco del Reglamento de Requisitos de Capital y dentro del contexto de la implementación de Basilea III, los posibles cambios en la regulación de los bancos en lo referente al tratamiento de los activos ponderados por
riesgo, tal como se incluyó en su caso un factor de descuento para la financiación a pymes o a determinadas infraestructuras, de manera que sirvan para impulsar la financiación bancaria a la inversión en activos intangibles por parte de las
empresas.
2. Destinar al menos un 2 % del PIB, entre inversión pública y privada al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en línea con el Pacto por la Ciencia y la Innovación, con objeto de alcanzar la media de inversión de la UE en l+D+i.
3. Presentar para su aprobación en las Cortes Generales una Ley de Startups que regule este sector, de manera que se facilite su crecimiento y, entre otras cuestiones, favorezca la aportación del capital privado (venture capital y private
equity) para la proliferación nuevos proyectos emprendedores, con fuerte componente innovador e intensivos en activos intangibles, que coadyuven a la modernización de nuestro tejido productivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2021.-Pedro Casares Hontañon, Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaraz, Valentín García Gómez, Manuel Gabriel González Ramos, Antonio Hurtado Zurera, José Luis Ramos Rodríguez,
María Tamara Raya Rodríguez, Diego Taibo Monelos, Germán Renau Martínez y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas fiscales para reactivar
el sector de la automoción, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En el año 2019, con una producción cercana a los tres millones de vehículos, España era el segundo fabricante de automóviles de Europa y noveno del mundo, con un impacto muy importante:
- para nuestro crecimiento económico, ya que representaba el 8,5 % del PIB,
- para la balanza comercial, exportamos ocho de cada diez vehículos que producimos, por un valor cercano a los 36.000 millones de euros,
- y, sobre todo, para la creación de empleo, más de 66.000 personas trabajan directamente en las fábricas, 1,9 millones de empleos generados, de forma directa e indirecta, en toda la cadena de valor.
El parque automovilístico alcanzaba los 29 millones de vehículos y, a pesar de que se matricularon un millón y medio de vehículos nuevos, la edad media de nuestros vehículos volvió a subir hasta situarse en 12,6 años, nivel que está por
encima de la media europea (11,1 años) y de los principales países de nuestro entorno, como Francia o Alemania (en torno a nueve años de media).
Esto tiene dos consecuencias importantes: una sobre la seguridad, según Tráfico la siniestralidad en los vehículos de más de diez años duplica la de los coches más modernos; y otra sobre las emisiones, un vehículo con más de diez años de
antigüedad contamina más que cualquier vehículo actual que cumpla con la normativa Euro 6, independientemente de que éste sea gasolina o diésel.
Por eso no se entendió la afirmación de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno de España y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuando dijo que 'el diésel tiene los días contados'. Afirmación que puso en riesgo los
miles de empleos que se mantienen en las 17 fábricas españolas gracias a la producción de vehículos diésel, y que generó una incertidumbre innecesaria que retrasó las decisiones de compra por parte de los consumidores españoles provocando justo el
efecto contrario al que pretendía: aumentaron las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) procedentes de los coches nuevos vendidos en España.
Este era el punto de partida a finales de 2019, justo antes de la pandemia por la COVID-19 cuyas consecuencias económicas han perjudicado de forma muy severa al sector de la automoción: a la ruptura inicial de las cadenas de
aprovisionamiento de proveedores asiáticos, le siguió la paralización completa de la producción durante dos meses, y un desplome del 15,9 % de las exportaciones y del 32,3 % de las matriculaciones en 2020 respecto al año anterior, poniendo en riesgo
miles de empleos -tanto directos como indirectos-.
Al tiempo que se matriculaban 400.000 vehículos nuevos menos, se vendían 230.000 vehículos con más de veinte años en el mercado de segunda mano, por lo que se calcula que la edad media del parque automovilístico español superará los trece
años en 2020, con las implicaciones sobre la seguridad de las personas y los efectos sobre el medio ambiente que ya hemos señalado.
Las perspectivas del sector para 2021 tampoco son muy halagüeñas, se mantienen restricciones a la movilidad y al turismo -que afectan indirectamente a su demanda- y una alta incertidumbre económica y caída de renta -que le afecta
directamente-, con más de cinco millones de personas que no tienen trabajo y cuyas rentas se han reducido a una media de 864 (prestación contributiva media en enero de 2021).
¿Y qué ha hecho el Gobierno de España para intentar revertir esta situación? Nada a favor y mucho en contra: ha subido 3,4 céntimos los impuestos al diésel y un 5 % el impuesto de matriculación, por lo que ANFAC estima que el mercado no se
recuperará hasta 2023. La matriculación en 2021 no llegará al millón de turismos, un -20 % por debajo de las matriculaciones realizadas en 2019.
En el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que el futuro del sector de la automoción pasa por las energías limpias; ahora bien, esa transición tiene que ser progresiva, consensuada con el sector y realmente accesible para los
ciudadanos; circunstancias que no se cumplen en la actualidad.
Para revertir el envejecimiento de nuestro parque móvil, mejorar la seguridad, y bajar las emisiones en el transporte de personas y mercancías, con un coste razonable para todos los agentes implicados, es necesario acometer distintas
reformas que van desde fijar un marco laboral estable y competitivo en el sector del automóvil o una política energética que no se olvide de ninguno de los tres pilares fundamentales (seguridad del suministro, con el menor impacto medioambiental
posible y garantizando el menor precio posible tanto para empresas como para particulares) hasta el desarrollo efectivo de las infraestructuras de recarga de energías de cero y baja emisiones.
Y entre esas reformas necesarias, es clave modificar la tributación de los vehículos, reduciendo el peso de la tributación en la compra para reconducirlo al uso, reformando la tributación sobre el uso y fomentando la compra de vehículos más
eficientes que permitan mejorar la calidad -en términos medioambientales y de seguridad vial- de nuestro parque automovilístico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un paquete de medidas fiscales de apoyo al sector de la automoción que incentive la retirada de los vehículos más antiguos y su sustitución por vehículos nuevos, más seguros y menos
contaminantes, que incluya -entre otras-:
- Ayudas directas a la compra de nuevos vehículos de cero o bajas emisiones que serán mayores si se acompaña de la retirada de un vehículo de más de diez años;
- La exención en el IRPF de estas ayudas recibidas dentro de los planes de movilidad sostenible;
- La supresión del impuesto de matriculación, que será compensada con un impuesto medioambiental que se implantará de forma gradual y tras un período transitorio, que gravará sólo a los vehículos menos seguros y más contaminantes, para
favorecer la renovación del parque automovilístico;
- La ampliación de bonificaciones en el Impuesto de Circulación a vehículos eléctricos e híbridos de cero o bajas emisiones;
- La posibilidad de amortizar de forma acelerada las inversiones en vehículos eficientes para las flotas de las compañías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2021.-Tristana María Moraleja Gómez, María de la O Redondo Calvillo, Guillermo Mariscal Anaya, Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D.a Patricia Rueda Perelló, D.a María de los Reyes Romero Vilches, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.a Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.a María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley de apoyo a los tablaos flamencos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
I. Los espectáculos flamencos.
1. El flamenco es una expresión cultural española de primer orden consistente en la fusión de varias disciplinas artísticas: el cante, el baile y el toque (interpretación musical), lo que lo convierte en un arte único. Esta expresión
artística y cultural de profundo arraigo en España, la hace merecedora de las máximas protecciones. Así, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) ha distinguido al Flamenco como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, según su declaración durante la Quinta Sesión Intergubernamental celebrada en noviembre de 2010 15.
2. El flamenco tiene sus orígenes en Andalucía, Murcia y Extremadura, aunque se acabó extendiendo por la práctica totalidad de la geografía española, desarrollándose al mismo tiempo con las particularidades en cada región 16. Así, en
España, existen diversos eventos de flamenco, como el conocido Festival Internacional del Cante de las Minas (La Unión, Murcia), el Festival de Jerez, el Festival de Flamenco Porrina de Badajoz o la Bienal de Flamenco de Málaga, entre otros muchos
festivales y certámenes de gran importancia.
3. De igual forma, a nivel internacional también existen festivales como el Flamenco Festival USA en Nueva York y el Annuel Flamenco Festival de Boston (Estados Unidos) o el Festival de Flamenco de Nimes (Francia). A lo anterior se suman
las numerosas giras que hacen los artistas y compañías flamencas, cumpliendo así con una labor de embajadores de la Marca España y nuestra cultura.
4. También merece una mención especial la penetración del arte flamenco en Asia y más concretamente en Japón, donde desde 1991 existe la Asociación Nipona de Flamenco con sede en Tokio, cuya finalidad es la promoción del flamenco en este
país.
5. Sin embargo, todos estos eventos son de carácter puntual. Donde el flamenco mantiene una continuidad en sus representaciones es en los Tablaos flamencos, locales donde se representa este arte, se difunde y se comparte nuestra identidad
cultural. Su nombre proviene de la tarima de madera donde se representa el flamenco y que permite un sonido idóneo para el baile.
6. A lo largo del tiempo, los tablaos han jugado un papel fundamental para la conservación del flamenco y su difusión. Antes de la aparición de los primeros tablaos, en el siglo XIX, el arte flamenco surgía en celebraciones familiares
íntimas y espontáneas. Con los tablaos comienza a abrirse al público en general, hasta la actualidad en la que se sitúan como el lugar donde los artistas flamencos se desarrollan profesionalmente y consiguen una estabilidad laboral, puesto que los
espectáculos son permanentes y les permiten trabajar cuando no están de gira o participando en festivales. Así, según la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España ('ANTFES'), los tablaos proporcionan empleo de forma continuada o
intermitente al 90 % de los artistas flamencos 17.
7. Si a nivel nacional no existen dudas de la importancia de este arte, a nivel internacional el flamenco constituye una pieza fundamental de la 'Marca España'. Según la citada asociación, el número de turistas que reciben los tablaos es
de ocho millones anuales 18. Asimismo, el turista atraído por este tipo de espectáculos es de un de nivel adquisitivo alto o medio-alto, con un desembolso medio de unos 1.368 euros por persona.
15 https://ich.unesco.org/es/RL/el-flamenco-00363 [fecha de consulta:16 de marzo de 2021].
16 Idem.
17 https://www.antfes.com/copia-de-objetivos [fecha de consulta: 16 de marzo de 2021]
18 Idem.
8. En España, los grandes núcleos con tablaos son Madrid, Sevilla, Barcelona o Granada, pero existen tablaos prácticamente en todas las ciudades españolas a las que esta oferta turística les proporciona una gran riqueza. Por ejemplo, en
Madrid, gracias a los 21 tablaos que existían en 2019, se producían unos ingresos de aproximadamente 1.368 millones anuales 19.
9. Además de lo expuesto, los tablaos flamencos proporcionan beneficios a otros sectores como, por ejemplo, el transporte discrecional de pasajeros o el sector de la alimentación, teniendo en cuenta que muchos de estos locales tienen
servicio de restauración.
10. Asimismo, la artesanía y la industria textil y del calzado también obtienen grandes réditos de los espectáculos flamencos realizados en los tablaos ya que se requieren elementos muy específicos como son el vestuario (trajes de flamenco,
pendientes, mantones, peinetas...) y los instrumentos musicales (guitarras, castañuelas, cajones...).
II. Problemas que atraviesan los tablaos flamencos.
11. La irrupción del virus de Wuhan en 2020 ha supuesto una grave crisis para todos los sectores, la cual se ha visto agravada por la pésima gestión del Gobierno y las restricciones impuestas. El sector del flamenco, al que se le ha
impedido la celebración de festivales y de giras, también ha sido un gran perjudicado.
12. Por un lado, según la última Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) referida a enero de 2021 20, España recibió un 89,5 % menos de turistas internacionales. En la misma línea, la Encuesta de gasto turístico
(EGATUR) 21 referida al mismo periodo, muestra que el gasto de turistas extranjeros ha caído un 90,52 %. Y, respecto a los últimos datos disponibles de la Encuesta de turismo de residentes (ETR/Familitur) 22, referentes al tercer trimestre de 2020,
el turismo interior también disminuyó un 24,5 %.
13. Teniendo en cuenta que los turistas internacionales son alrededor del 70 % de su clientela, estos datos han impactado negativamente a los tablaos flamencos. Asimismo, las restricciones impuestas de forma heterogénea por las Comunidades
Autónomas han hecho que tampoco lleguen turistas residentes o que incluso estos establecimientos no pudieran abrir durante largos periodos de tiempo.
14. Efectivamente, cuando comenzaron a levantarse las prohibiciones de movimiento después de la primera ola de la COVID-19, las limitaciones impuestas a los sectores de la restauración o de los espectáculos en vivo, hicieron que no se
pudieran reabrir los tablaos. De hecho, las especiales características de los mismos y la forma de desarrollarse el espectáculo flamenco (locales relativamente pequeños, sitos en el centro de ciudades sin posibilidad de instalar terrazas, con un
público junto y cercano al artista) han supuesto que no se permitiera su apertura o se permitiera en unas condiciones inviables económicamente.
15. Según se informa desde el sector, solo un 10 % de los tablaos abrieron en 2020 y solo durante algunos días señalados. Esto ha supuesto que la mayoría de los artistas flamencos no hayan podido trabajar y que cierren de forma definitiva
muchos tablaos emblemáticos, como es Casa Patas o Villa Rosa, fundado en 1911. El cierre de los tablaos supone el adiós a momentos mágicos, al sentimiento, a la pasión, al arte y a todas las emociones que despiertan los artistas en los tablaos
flamencos.
16. Precisamente, tablaos como el de Villa Rosa, que sobrevivieron a crisis anteriores, pese a los múltiples esfuerzos realizados, no han podido superar la presente situación debido a las políticas negligentes del Gobierno. Asimismo, los
que no cierran de forma definitiva, en general, no prevén reiniciar su actividad hasta otoño de 2021 como muy pronto.
17. Un problema añadido ha sido su posibilidad para optar a las ayudas concedidas desde el inicio de la pandemia. Al tratarse de un espectáculo con unas características únicas, los tablaos se incluyen en diferentes códigos de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas ('CNAE'). Así, los hay que se clasifican como restaurante con espectáculo, otros como academia, alguno como espectáculo en vivo, pero no hay una homogeneidad. Esta diversidad ha hecho que muchos no
se puedan acoger en un primer momento a las medidas establecidas en ayuda a empresarios y autónomos.
19 https://www.tourinews.es/espana/madrid-estudia-declarar-tablaos-flamencos-bien-interes-general 4460848 102.html [fecha de consulta: 16 de marzo de 2020].
20 https:/ /www.ine.es/ dyngs/ INEbase/ es/ operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
21 https:/ / www.ine.es/ dyngs/ INEbase/ es/ operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177002&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
22 https:/ / www.ine.es/ dyngs/ INEbase/ es/ operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176990&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
III. Medidas para los tablaos flamencos.
18. Lo primero que reivindican los tablaos flamencos es que se les permita abrir a su público cumpliendo los requisitos sanitarios necesarios. Mientras ello no sea posible, se necesitan ampliar los ERTE y establecer medidas económicas y
tributarias que hagan posible el mantenimiento de los mismos.
19. Así, por ejemplo, se hace necesario bonificar en su totalidad las cotizaciones a la Seguridad Social de los empleados que se encuentren en ERTE mientras no se pueda abrir con normalidad. Igualmente, debe eliminarse la obligación de
mantener empleados durante al menos seis meses a aquellos trabajadores que estuvieron en el ERTE. También se reclama una rebaja del IVA a las entradas a estos espectáculos. Esta medida situaría el IVA en el 4 %.
20. Asimismo, conviene hacer una revisión de los protocolos de seguridad sanitaria respecto a los tablaos y sus especiales características, equilibrando la protección y seguridad sanitaria con la pervivencia del sector.
21. Por último, en orden a impulsar la protección del flamenco, arte español, se hace muy necesaria su difusión y fomento. A este respecto, establecer un plan nacional que muestre y enseñe las particularidades de esta parte de nuestra
cultura sin duda atraerá a jóvenes. En este plan es imperativo establecer todo tipo de medidas de protección que aseguren la pervivencia del flamenco como arte y como principal reclamo turístico para España.
22. En definitiva, hay que destacar que los tablaos son el principal espacio donde el arte flamenco se exhibe con continuidad, donde los artistas perfeccionan su trabajo, donde se muestra y se conserva este arte para que perdure y se
transmita a las futuras generaciones. El flamenco, además de ser un reclamo turístico de primer orden, sustento de una amplia cadena de valor (artistas, músicos, técnicos de sonido, escenógrafos, artesanos, hosteleros...), es una parte fundamental
de nuestra cultura y legado que debe cuidarse y protegerse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el sostenimiento y pervivencia de los tablaos flamencos, y en concreto, a adoptar las siguientes medidas:
1. Prorrogar y flexibilizar los ERTE de suspensión de contrato o reducción de jornada hasta la finalización del Estado de alarma o al menos hasta septiembre de 2021, revisable en función de la evolución de la pandemia.
2. Suspender, sin ningún coste, el abono de las cuotas de autónomos y cotizaciones de la seguridad social de empleados en ERTE mientras no se recuperen los niveles anteriores a la presente crisis y, como mínimo, hasta junio de 2021,
revisable en función de la evolución de la pandemia.
3. Eliminar la exigencia en relación con los ERTE por la que se obliga al mantenimiento del empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.
4. Promover la creación de un epígrafe específico en el sistema tributario español a fin de incluir en el mismo a los tablaos flamencos ante la Hacienda Pública mediante el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y su correlación con la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Para ello es necesaria la modificación de:
- Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Real Decreto 475/2007, 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).
5. Promover, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, con el fin de aplicar un tipo superreducido del 4 % de IVA a las entradas de los espectáculos flamencos de los tablaos.
6. Promover entre los Ayuntamientos y Administraciones competentes la flexibilización de los horarios de apertura y consumo, así como los requisitos para la instalación de terrazas, fijando los aforos en función de la distancia de
seguridad.
7. Promover acuerdos para que los Ayuntamientos y otras administraciones reduzcan o eliminen las tasas municipales al sector, así como la flexibilización del pago de estos tributos durante la vigencia de las restricciones.
8. Impulsar la creación de un plan sanitario que recoja unas guías de seguridad específicas para los tablaos flamencos de forma que la sociedad vea estos espacios como lugares seguros. Y, al mismo tiempo, se impulse la formación de los
trabajadores de los tablaos flamencos en seguridad sanitaria y en competencias turísticas y de digitalización.
9. Impulsar la creación de un Plan Nacional del Flamenco que logre la supervivencia de este arte como imagen de la cultura de España a través de su promoción turística con campañas publicitarias específicas y el fomento de su enseñanza en
centros educativos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás, y María de los Reyes Romero Vilches,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Josep Nuet i Pujals, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reprobación
de la Ministra de Defensa para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto en el último año la importancia de contar con una sanidad pública bien financiada, universal y que trate de manera igual a toda la ciudadanía. Asimismo, durante la pandemia, se ha apelado
constantemente a la responsabilidad de la ciudadanía para seguir las normas y, especialmente, para respetar los turnos para la vacunación contra la COVID-19, algo que no han hecho decenas de personas vinculadas (entre otros) al mundo de la política
y de los altos estamentos del Estado y la Iglesia, como es el caso de las Fuerzas Armadas.
El día 22 de enero, una noticia ocupaba los noticiarios: el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, así como otros altos mandos del Estado Mayor de la Defensa, habían sido vacunados. Una lista con más de 300 altos cargos caracterizados,
precisamente, por no hacer trabajo 'sobre el terreno', sino que formaban parte de la estructura operativa del EMAD. ¿Las consecuencias? La única dimisión del JEMAD, con todos los honores y reconocimientos, pues se le nombró miembro de la Asamblea
del Real y Militar Orden de San Hermenegildo y consejero de Defensa en la misión observadora permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y asesor para Asuntos de Seguridad Hemisférica, y la ocultación del listado de
nombres de los altos responsables vacunados de manera irregular, pues manipularon la Orden emitida por el Ministerio de Defensa sobre el protocolo de vacunación.
La reinterpretación de la Orden emitida por el Ministerio de Defensa sobre el protocolo de vacunación ha puesto en peligro más de 300 vidas, y esta acción debería tener consecuencias. Unas consecuencias que la Ministra se niega a llevar a
cabo. Es intolerable que éstas más de 300 personas sigan en el anonimato, sin asumir responsabilidades, y manteniendo su posición en el escalafón militar, y es más intolerable si cabe que lo hagan con el beneplácito de la Ministra de Defensa. Al
parecer, durante la pandemia todos éramos 'soldados', pero después solo algunos tenían derecho a la vacuna.
Pero este no es el único peligro que ha permitido la Ministra en los últimos meses. Y es que, pese a las investigaciones de civiles y periodistas, desde el Ministerio se han ignorado todas las muestras y exhibiciones de simbología neonazi y
fascista por parte de militares en activo, tanto de altos rangos (como un capitán del Ejército del Aire) como de militares de tropa. La Ministra y su Ministerio de Defensa no solo no han escuchado las peticiones de investigación de la presencia de
esta ideología en las filas de las
Fuerzas Armadas, sino que ha apoyado de manera acrítica y con argumentos vacíos a un cuerpo que, de forma manifiesta, ha demostrado la existencia de un problema a tratar.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Republicano presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados acuerda reprobar a la Ministra de Defensa, Margarita Robles.
2. Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a cesar a la Ministra de Defensa por mantener los altos cargos del Estado Mayor de la Defensa que, de forma irregular y desleal, se vacunaron en enero contra la COVID-19, y
por negarse a investigar y, eventualmente depurar, las responsabilidades por la existencia de grupúsculos extremistas en el seno de las FFAA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
162/000599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir a las academias de
idiomas en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los rankings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.
A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo cinco días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó
al ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.
Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos sólo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.
Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor
aún, es arbitrario porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el Anexo I del citado Real
Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.
Uno de estos sectores 'olvidados' es el de las academias de idiomas, un sector que se dedica a la actividad académica y que no han podido desde el inicio de la pandemia desarrollar su labor con normalidad y con posterioridad se ha visto
limitada por la necesidad de reducir los aforos para aulas, por
la dificultad de garantizar la duración de los contratos de sus curso, junto con los gastos de contrato de alquiler de instalaciones, de suministros, profesorado y personal que llevaron a realizar ERTES a sus trabajadores.
Se calcula que el 20 % de los centros ya no abrieron las puertas en septiembre y su facturación en formación continua para empresas ha caído más de un 70 %, en un marco de incertidumbre del futuro.
Además el plan de ayudas directas anunciadas por el Gobierno de España deja también fuera a uno de los sectores más afectados entre las academias de idiomas por la pandemia del COVID-19 como es el caso de las escuelas de español para
extranjeros, que han visto cómo sus centros se quedaban vacíos de alumnos, y que son parte esencial del turismo idiomático. Se trata de un sector, las escuelas de español para extranjeros, que basa el 85 % de su actividad en estudiantes de fuera de
España, y que ha experimentado con una la caída de un 82,6 % en 2020, y unas pérdidas acumuladas de más de 216.230.000 euros.
Por eso no se entiende que este sector, tan claramente perjudicado por la pandemia, haya sido excluido del listado de actividades susceptibles de recibir unas ayudas que se antojan imprescindibles para salvar empresas y empleos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir las Actividades de las academias de idiomas en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el Anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su supervivencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir al sector de las
estaciones de esquí y montaña en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los ránkings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.
A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo 5 días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó al
ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.
Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos sólo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de
solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.
Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor
aún, es arbitrario porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el Anexo I del citado Real
Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.
Uno de estos sectores 'olvidados' es el sector de las empresas gestoras de las estaciones de esquí y montaña de España, que como resultado y consecuencia de las restricciones impuestas por los distintos estados de alarma (suspensiones de
inicio de actividad, confinamientos perimetrales, restricciones de aforo y otras limitaciones de diversa índole), han generado una muy notable caída de la facturación de las mismas que, unido al incremento de gastos que han tenido que asumir para
integrar la normativa COVID-19 y la implantación de un nuevo protocolo en estos centros invernales y la forma de desarrollar su trabajo en unas circunstancias inéditas y muy adversas, desgraciadamente han derivado en su conjunto, en una erosión
tremendamente grave y negativa de todo el tejido empresarial asociado a la industria de la nieve y la práctica de deportes de invierno en nuestro país.
En este sentido, cabe recordar la importancia del segmento del turismo de nieve y de su impacto socioeconómico en los destinos de montaña españoles, donde en el periodo 2019-2020 a pesar de que la temporada se vio interrumpida por el virus,
se generaron unos ingresos de actividad cercanos a los 120 millones de euros, debiéndose destacar el incremento de gasto medio diario y alcanzándose la facturación por visitante más alta de la década con casi un total de cinco millones de usuarios.
En la misma dirección, sería oportuno destacar a través de la presentación de esta iniciativa, el potencial turístico y la determinante contribución de la práctica de deportes tales como el esquí, snowboard, etc., a la generación de riqueza
y bienestar en las comarcas de la España interior, luchando contra la despoblación y promoviendo el asentamiento en las áreas de montaña. En efecto, una de las singularidades que precisamente caracterizan a la industria del deporte blanco es su
inmensa capilaridad y su efecto de arrastre sobre toda la actividad productiva de los núcleos donde se asientan las estaciones, de modo y manera que conviene subrayar y poner en valor la relación de uno a seis entre la facturación directa de dichas
estaciones y la inducida en su entorno económico.
De igual manera, en el apartado del comportamiento del empleo, sumando contratos fijos y de temporada, las estaciones españolas dieron ocupación de manera directa a más de 3.000 personas y ello sin considerar el decisivo impacto indirecto
asociado a toda la cadena de valor de la industria del deporte blanco (se calcula que los empleos en los alojamientos y bares y restaurantes de la zona de influencia de las estaciones, proveedores del sector, escuelas y clubs de esquí, transporte
público, etc. rondan la cifra de otros 40.000 puestos de trabajo).
Por último, habría que subrayar el importante esfuerzo y el compromiso ejercidos a lo largo de todo el curso de la pandemia por parte de cada una de nuestras estaciones que para el beneficio de los aficionados a los deportes de invierno, han
llevado a cabo por iniciativa propia inversiones y mejoras de sus infraestructuras combinadas con medidas de prevención COVID-19 en sus espacios e instalaciones con el firme propósito de ofrecer y garantizar estaciones seguras y modernas en las
mejores condiciones para sus visitantes y trabajadores.
A fin de denunciar el abandono gubernamental efectuado al negocio del esquí y exigir simultáneamente por parte del Ejecutivo una inmediata rectificación y reconsideración y la habilitación de ayudas directas sin más demora de las que se
puedan beneficiar las estaciones de esquí y montaña y evitar con ello un eventual cese de actividad de las mismas,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir el sector de las estaciones de esquí y montaña en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el Anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su supervivencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ampliar -en cuantía y alcance-el
fondo de ayudas directas a empresas y autónomos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los ránkings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.
A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo cinco días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó
al ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.
Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos sólo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.
Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor
aún, es arbitrario porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el Anexo I del citado Real
Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado diferentes iniciativas mostrando, con datos concretos de la evolución del sector en el último año, lo arbitrario e injusto de dejar fuera de las ayudas a sectores tan importantes como el
vitivinícola, el calzado, la fabricación de muebles, las peluquerías y centros de estética o las autoescuelas -entre otros- a pesar de haber sufrido pérdidas incluso mayores que algunos sectores que sí se han incluido.
Aun así, debemos hacer dos reflexiones. La primera, es que sigue habiendo sectores que quedan fuera del listado de actividades susceptible de recibir ayudas y que, aunque a nivel nacional no hayan tenido un impacto negativo tan grande,
puede que a nivel territorial o por el tipo o tamaño de empresa sí que han tenido fuertes pérdidas derivadas de la pandemia, por lo que cumplen el resto de requisitos, muchas son viables y podrían salvarse si reciben ayudas directas. Sólo a modo de
ejemplo, ¿por qué se incluye en el listado de ayudas la elaboración de sidra pero no la fabricación de cerveza que tanto se ha visto afectada por la caída del turismo y el cierre de la restauración?, ¿por qué se incluye la 'reparación
y mantenimiento aeronáutico y espacial' pero no el 'mantenimiento y reparación de vehículos de motor'?, ¿por qué se excluye la 'venta de automóviles y vehículos de motor ligeros' a pesar del histórico desplome tanto en 2020 como en los dos
primeros meses de 2021?, ¿por qué se han olvidado del sector de organización de eventos y bodas que ha visto caer su facturación un 80 %?.
La segunda reflexión es que, si 7.000 millones de euros ya son insuficientes para ayudar a las empresas de los sectores incluidos en el anexo I del citado Real Decreto, si tenemos en cuenta las enormes pérdidas de todos los sectores
arbitrariamente 'olvidados' la cifra es aún más ridícula. La caída del PIB en 2020 fue de 125.000 millones de euros y el primer trimestre de 2021 tampoco va a ser positivo, por lo que la cuantía de las ayudas directas debe ser mucho mayor si no
queremos sufrir una avalancha de quiebras y un aumento aun mayor del desempleo, situación que ya afecta -de alguna u otra forma- a más de 6 millones de personas en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- No limitar la cuantía asignada al fondo de ayudas directas a empresas y autónomos para que, a través de las necesarias ampliaciones de crédito, pueda realmente cumplir el objetivo que persigue: garantizar la continuidad de empresas que
son viables y se han visto especialmente afectadas por la pandemia.
- Reservar un 10 % a todas aquellas empresas que, sin estar incluidas en alguno de los sectores del Anexo l del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19, cumplan el resto de requisitos exigidos en el citado Real Decreto y acrediten su viabilidad, a través del correspondiente plan de negocio y/o con la presentación de acuerdos extrajudiciales con sus acreedores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.