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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 205, de 18/01/2021
cve: BOCG-14-D-205
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de enero de 2021
Núm. 205
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000471 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV), Plural, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la realidad plurilingüe e igualdad
lingüística ... (Página34)
162/000483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a autorizar a las oficinas de farmacia a proveer el servicio de realización de test rápidos de antígenos ... (Página36)
162/000484 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa al acceso global a vacunas, medicamentos y diagnósticos en la lucha contra la COVID-19 ... (Página37)
162/000485 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la recuperación y refuerzo de la prestación económica por hijo o menor a cargo de la Seguridad Social ... (Página39)
162/000486 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación y destitución del Ministro de Justicia ... (Página42)
162/000487 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de una hoja de ruta de la transferencia de conocimiento ... (Página47)
162/000489 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la suspensión de la subida de los tipos de cotización a la Seguridad Social de los autónomos prevista para 2021 ...
162/000490 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas de control y fiscalización de las operaciones de apoyo público temporal en materia financiera con cargo al Fondo
de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que atraviesan severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de coronavirus (COVID-19) ... (Página49)
162/000491 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a que inicie un proceso de negociación bilateral con el Reino Unido al objeto de recuperar la soberanía española sobre el Peñón de
Gibraltar ... (Página52)
162/000492 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España ... (Página55)
162/000493 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre ayudas a la hostelería, al turismo y al comercio ... (Página58)
162/000494 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la puesta en marcha de una campaña de vacunación nacional contra el COVID-19 con suministros y recursos suficientes ...
Otros textos
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000005 Proposición de Ley para la regulación del personal longevo al servicio de las Administraciones Públicas (corresponde al número de expediente 120/000006 de la XIII Legislatura). Retirada ... (Página68)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
CALVO POYATO, Carmen (GS) (núm. expte. 005/000246/0001) 1 ... (Página19)
GONZÁLEZ TEROL, Antonio (GP) (núm. expte. 005/000155/0001) 1 ... (Página29)
MENA ARCA, Joan (GCUP-EC-GC) (núm. expte. 005/000251/0001) 1 ... (Página9)
PÉREZ DÍAZ, María Auxiliadora (GP) (núm. expte. 005/000152/0001) 1 ... (Página14)
ROMERO HERNÁNDEZ, Carmelo (GP) (núm. expte. 005/000230/0001) 1 ... (Página4)
VELARDE GÓMEZ, Martina (GCUP-EC-GC) (núm. expte. 005/000225/0001) 1 ... (Página24)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000471
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Grupo Parlamentario Plural. Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Grupo Parlamentario Republicano. Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Proposición no de Ley sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento y disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, excepto el punto 3, teniendo
en cuenta que no cabe instar al Gobierno a la realización de actuaciones que exceden de su competencia, y, en particular, en lo que a la Cámara pudiera referirse, a actuaciones que, siendo de la competencia de ésta, están cubiertas por el principio
de autonomía parlamentaria garantizado por el artículo 72 de la Constitución. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los grupos proponentes.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística, para su
debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Estado español debe cumplir los acuerdos y tratados internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, así como documentos consensuados por la sociedad civil, entidades de reconocimiento
internacional y expertos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos. También se debe garantizar la igualdad, la libertad y la justicia para toda la ciudadanía en un
Estado democrático basado en los valores de los Derechos humanos, la diversidad y el pluralismo. Un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística. Además, este Estado, que parte de una
tradición monolingüe en la administración central, debe ser consciente de la situación de discriminación a la que han sido sometidos los hablantes de estas lenguas y generar políticas activas de recuperación de su dignidad y autoestima que permitan
el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos.
Por todo ello y para garantizar una sociedad justa, realmente plural y democrática, con derechos y deberes efectivamente iguales para todos y no solo para aquellos que utilizan el castellano, los grupos parlamentarios presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Iniciar todas las acciones para que las lenguas propias distintas del castellano gocen del mismo reconocimiento y sus hablantes de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano.
2. Garantizar el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia, así como impulsar las medidas adecuadas para extender el conocimiento generalizado de las lenguas en sus respectivos
territorios.
3. [...].
4. Impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan.
5. Garantizar la igualdad lingüística, el Estado extendiendo deberes y derechos de los que hasta ahora solo se ha beneficiado el castellano, como son la capacitación en lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas,
incluida la de Justicia, su uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano.
6. Poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal, que afecta de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado, y emprender una política decidida para acabar con las discriminaciones
lingüísticas y para difundir el conocimiento y el respeto por todas las lenguas del Estado.
7. Permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción recíproca de medios de
comunicación dentro de esos espacios lingüísticos.
8. Respeto real, basado en derechos y deberes y en la actuación comprometida de todos los poderes del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2020.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Joan Baldoví Roda, Miriam
Nogueras i Camero y Ferran Bel Accensi, Diputados.-Íñigo Errejón Galván y Néstor Rego Candamil, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario Plural.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Sofía Fernández Castañón, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.-Albert Botran Pahissa, Diputado.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts Per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el Pleno
del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para autorizar a las oficinas de farmacias a proveer el servicio de realización de test rápidos de antígenos.
Exposición de motivos
La triple crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del COVID-19 ha puesto en jaque al mundo. En países en los que actividades económicas como la hostelería y el turismo también son tan prominentes, los efectos están
siendo extremadamente devastadores. Es por este motivo que aproximadamente un año después de la irrupción de este virus que ha cambiado profundamente nuestro modus vivendi, es necesario tomar decisiones excepcionales y urgentes que, en primer
lugar, refuercen y complementen las medidas sanitarias ya existentes. Ante la imposibilidad de aplicar medidas más restrictivas por la falta de liquidez del Gobierno para compensar los impactos económicos de estas, se deben adoptar, entonces,
medidas que faciliten la dinamización, de forma segura, de la actividad económica, de la que depende el futuro de muchísimas familias. Poner test de antígenos rápidos a disposición de la ciudadanía, a través de las farmacias, sería una medida
beneficiosa tanto a nivel sanitario como económico y social.
La Comisión Europea ha adoptado una recomendación para el uso en la Unión Europea de los test rápidos de antígenos. La Comisión afirma que deben seguirse estrictamente las instrucciones de uso del fabricante y que estas pruebas deben
realizarse por personal sanitario y de laboratorio capacitado para realizar la toma de muestras, la realización del ensayo, la interpretación de los resultados y la comunicación posterior a las autoridades de Salud Pública. Tanto es así que en
palabras de la Comisión se dice que 'Los Estados miembros deben garantizar capacidades y recursos suficientes para el muestreo, las pruebas y la notificación. Para garantizar estas capacidades, podría ser necesario capacitar a operadores de prueba
adicionales además del personal sanitario' COMMISSION RECOMMENDATION of 18.11.2020 on the use of rapid antigen tests for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection. (17). Brussels, 18.11.2020 C(2020) 8037 final. Por su parte, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que forma parte del grupo de expertos de diagnóstico in vitro de la CE, ha suscrito la recomendación.
Además, la (AEMPS) reconoce, apelando al artículo 24 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, que las farmacias están autorizadas a participar en campañas de salud pública:
'Las Administraciones sanitarias podrán prever la colaboración de las oficinas de farmacia, centros o establecimientos de veterinaria o de otros servicios sanitarios comunitarios en los programas de salud pública. Podrán realizar
actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades.'
Asimismo, de conformidad con el artículo 6.2.c) de la Ley 44/2003 del 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, corresponden a los farmacéuticos 'las actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación de
los medicamentos, así como la colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública'.
Por lo tanto, las farmacias tienen capacidad legal para formar parte de la red de prevención contra el COVID-19 y también tienen los sistemas informáticos y de comunicaciones seguras para que puedan asegurar la trazabilidad y coordinar la
recogida de los resultados, como ya hacen países como Francia, que han habilitado espacios en las farmacias e incluso algunas han habilitado carpas exteriores para llevar a cabo los test.
En medio de una segunda oleada de la pandemia, que ha sido tan devastadora como la primera, y, según los expertos, en vistas a una tercera oleada, sería injustificable prescindir de una herramienta como los test de antígenos rápidos y de la
accesibilidad y equidad que aportan las oficinas de farmacia, que, operando conjuntamente, pueden ayudar a mejorar la situación epidémica, especialmente durante las Navidades, una etapa en la cual abundan las reuniones familiares, que son una de las
principales fuentes de nuevos casos de COVID-19. El deber de todo ejecutivo es el de proteger a sus ciudadanos y, por tanto,
es esencial que se promueva el uso de medidas preventivas como la mascarilla, la higiene de manos, el distanciamiento social y también el test de antígenos rápidos en las oficinas de farmacia para que puedan tener acceso de manera regular,
controlada y segura a una prueba anti-COVID.
La presencia de oficinas de farmacia en el territorio aseguraría una capilaridad que sería de gran ayuda para llegar a un porcentaje muy elevado de la población, pues el 99% de la misma tiene una oficina de farmacia en su municipio. De esta
manera, se conseguiría algo no menor: la descongestión de unos sistemas de salud que llevan demasiados meses al límite.
En lo que respecta a Catalunya, solo con que una tercera parte de las oficinas de farmacia catalanas empezaran a formar parte de esta red de testeo masivo, la capacidad actual del sistema para realizar cribados se doblaría. Al inicio de la
crisis sanitaria, en Catalunya, las farmacias distribuyeron de forma controlada y equitativa más de 14 millones de mascarillas, ampliando así la capacidad del sistema para dar respuesta a los ciudadanos.
Ahora es imprescindible que las autoridades den el visto bueno para que puedan volver a hacerlo, convirtiéndose en un eslabón fundamental para la mejora de la situación previamente a la campaña de vacunación masiva.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Autorizar a las oficinas de farmacia a proveer el servido de realización de test de antígenos para a detección de SARS CoV-2 a las oficinas de farmacia que, voluntariamente, quieran participar en la campaña.
2. Promover la utilización de test de antígenos como una medida sanitaria adicional a las ya establecidas para la detección, vigilancia y prevención de la pandemia causada por el SARS-CoV-2: mascarilla, distancia, ventilación, gel
hidroalcohólico, limitación del número de personas reunidas y test PCR.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2020-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
162/000484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno del Congreso, relativa al acceso global a
vacunas, medicamentos y diagnósticos en la lucha contra la COVID-19.
Exposición de motivos
Son muchos los elementos que la pandemia de COVID-19 ha puesto sobre la mesa, reflotando debates e iniciativas que llevaban mucho tiempo siendo impulsadas por diferentes gobiernos, de la mano de movimientos sociales y colectivos, entre los
que se integran profesionales de la salud, investigadores, consumidores, pacientes y la sociedad civil. Todas ellas unidas por la necesidad de impulsar políticas públicas y presupuestarias dirigidas a fortalecer la innovación biomédica, junto con
la necesidad de transformar el modelo de innovación actual en uno adaptado a las nuevas necesidades, en el que las patentes no sean la única vía para la gestión de la propiedad intelectual e industrial.
Las innovaciones diagnósticas, terapéuticas y, ahora en el centro del debate público, las preventivas, con las vacunas como protagonistas, son bienes públicos sociales y globales para cuyo desarrollo y producción ha sido central la
dedicación de financiación pública. Sin embargo, el acceso global, justo y equitativo no puede quedar supeditado a la explotación en régimen monopolístico por medio de las patentes, por parte de las empresas que realizan la parte final de la cadena
de I+D.
La COVID-19 ha puesto de manifiesto tanto la necesidad de invertir en salud pública y global, así como la gran inversión pública que participa en muchas de las innovaciones que se han transferido a la industria para luchar contra este virus.
Con la pandemia, se ha evidenciado la importancia de dicha financiación en I+D biomédica y con ello, la participación de muchos actores, incluidos los gobiernos en la cadena de innovación, no solo en vacunas, tratamientos y diagnósticos para la
COVID-19, también en muchas otras enfermedades. Un esfuerzo público y colaborativo de profesionales sanitarios, investigadores y pacientes voluntarios que trabajan contrarreloj para encontrar soluciones clínicas que acaben con la pandemia.
Una de las propuestas más recientes ha sido la realizada por India y Sudáfrica en el seno de la Organización Mundial del Comercio. El propósito de dicha iniciativa es que sus Estados miembros puedan, suspender temporalmente y hasta
conseguir la inmunidad de grupo a nivel mundial, las patentes y otros derechos a la propiedad intelectual previstos en los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual ligada al Comercio). Esta iniciativa cuenta con
uno de los mayores respaldos por parte de todo tipo de actores sociales, humanitarios, científicos, profesionales y de derechos humanos. Así lo expresan reconociendo que en el contexto actual de emergencia mundial es fundamental que los Estados
miembros de la OMC trabajen juntos para asegurar que los derechos de propiedad intelectual no generen barreras para el acceso oportuno a servicios médicos asequibles, productos, incluidas vacunas y medicamentos, o para ampliar la investigación, el
desarrollo, la fabricación y el suministro de productos médicos esenciales para combatir la COVID-19'.
Esta solicitud de India y Sudáfrica desempeñaría un papel fundamental en el proceso de producción, distribución y acceso a las vacunas de COVID-19 a nivel global, paliando las distintas velocidades en el acceso a las mismas que aparentemente
se van a dibujar en el actual panorama global, a pesar de los intentos de algunas iniciativas internacionales como la facilidad COVAX.
En julio de 2020 el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, publicó su 'Estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis del COVID-19'. En él se hace mención expresa a las políticas de propiedad
intelectual en el marco de las vacunas frente al COVID-19, afirmando lo siguiente: 'Es urgente y una prioridad asegurar el acceso universal y equitativo a la vacuna del COVID-19, y a todas las vacunas, y preparar a los sistemas de salud para su
distribución a toda la población, incluyendo los lugares más remotos y con especial atención a los colectivos que sufren discriminación o exclusión social y aquellos colectivos con discapacidad, garantizando el acceso a la misma de todas las mujeres
y niñas. En definitiva, es fundamental dar la consideración de bienes públicos a las futuras vacunas y tratamientos contra el SARSCoV-2. Con este fin, España será proactiva en promover políticas de propiedad intelectual que se orienten a facilitar
este acceso universal y equitativo, que apuesten por licencias abiertas, compartidas, no exclusivas a nivel mundial y no limitadas en el tiempo, especialmente en lo que concierne a resultados fruto del dinero público...'.
A esta propuesta para la suspensión de patentes y ciertos derechos de propiedad intelectual, liderado por Sudáfrica e India en el marco de la Organización Mundial del Comercio, han de añadirse otros dos ámbitos donde el debate en torno a la
construcción de nuevos modelos de innovación biomédica con protagonismo principal del sector público están muy activos: por un lado, la Organización Mundial de la Salud, con el COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), cuyo objetivo es generar un
pool de conocimiento de tecnologías COVID-19 donde se comparta de forma voluntaria los datos, las patentes, los procedimiento y líneas celulares de manera que se logre un acceso más equitativo a nivel global a productos y herramientas que permitan
hacer frente al COVID-19. Por otro lado, la Unión Europea, además de confirmar su aportación económica a la iniciativa COVAX para la distribución equitativa de vacunas frente al COVID-19 a nivel global, ha reflejado en diferentes documentos e
iniciativas la importancia de la acción coordinada de los países miembros de la UE en materia de investigación y política sanitaria, e incluso el Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión Europea y los países miembros la incorporación en sus
futuras iniciativas de financiación e inversión en medicamentos y tecnologías sanitarias de las salvaguardas en el ámbito de la propiedad intelectual (cláusulas de transparencia, accesibilidad, licencias no exclusivas,...) que puedan favorecer la
protección de la salud de la ciudadanía. De hecho, en repetidas ocasiones, líderes mundiales han hablado de vacunas y tratamientos como bienes públicos globales.
Estos tres ámbitos de iniciativa política mencionados (Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de la Salud y Unión Europea) señalan la necesidad de avanzar hacia modelos de innovación biomédica que, no solo en tiempos de
pandemia de COVID-19, pero con más intensidad en
situaciones como esta, transformen la gestión del conocimiento y la consideración de su titularidad, tomando como ejes centrales la transparencia en los procesos de I+D y en los procedimientos de fijación de precios, la introducción de
criterios de bien público en la incorporación de nuevas tecnologías. Tanto la estrategia de respuesta conjunta de la Cooperación Española a la crisis del COVID-19 como el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica recogen
algunas menciones y propuestas de acción vinculadas a estos aspectos.
Por todo ello, Más País, en el Grupo Parlamentario Plural, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un paquete de medidas para garantizar la centralidad del interés público en el tratamiento de las vacunas como un bien social, para fomentar el acceso global y equitativo en una
situación como la actual, así como para poder comenzar a construir un modelo de innovación biomédica basada en el conocimiento y en iniciativas públicas que reconozcan el papel del Estado en la cadena de valor de la innovación científica:
1. Apoyar desde el ámbito gubernamental la iniciativa de Sudáfrica e India en la Organización Mundial del Comercio, instando a la Unión Europea a modificar su postura y no bloquear dicha propuesta para que pueda salir adelante. Impulsar, a
nivel europeo, iniciativas que planteen explorar modelos alternativos al actual modelo de innovación biomédica basado en patentes, con el objetivo de asegurar el acceso a las innovaciones disruptivas, la mejora de la efectividad de los modelos de
innovación y la incorporación de los criterios de interés público en la adopción de estas innovaciones.
2. Reforzar el punto anterior mediante la implementación de la resolución aprobada por la Organización Mundial de la Salud para mejorar la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios y poner en marcha
todos los mecanismos necesarios para conocer los costes de I+D de las vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias en general, desglosados y detallados.
3. Mejorar los mecanismos de transparencia, tanto en el ámbito de lo relacionado con el COVID-19 como fuera de este, no solamente en materia de precios sino también en lo relacionado con los procesos de toma de decisiones de financiación,
aprobación y adquisición de tecnologías, medicamentos y vacunas.
4. Reforzar los posicionamientos reflejados en la estrategia de respuesta conjunta de la Cooperación Española a la crisis del COVID-19, incorporando de la manera pertinente a los procedimientos de financiación de nuevas tecnologías y
productos sanitarios los escenarios en los que la adopción de licencias obligatorias u otras salvaguardas para garantizar el acceso de la ciudadanía fueran indicados.
5. Apoyar el llamamiento de la OMS para lograr un acceso mundial equitativo a las tecnologías sanitarias contra la COVID-19 C-TAP.
6. Impulsar la financiación de titularidad pública en la I+D de medicamentos mediante la creación de una empresa pública que financie, coordine y desempeñe los procesos de investigación, desarrollo y producción de medicamentos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2020.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/000485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación y refuerzo de la prestación económica por hijo o
menor a cargo de la Seguridad Social, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La pobreza infantil en España es un problema muy preocupante. Uno de cada cuatro niños, algo más de dos millones, vive en hogares que no tienen los recursos suficientes para llegar a fin de mes. Un millón y medio ni tan siquiera tienen
recursos para cubrir sus necesidades más básicas, pues los ingresos del
hogar no superan los 370 euros al mes. Si hablamos de hogares monoparentales, esta pobreza extrema supera el 70 %, y en el caso de grupos de población especialmente vulnerables, la situación es todavía peor: según un estudio de la
Fundación Secretariado Gitano, el 89 % de los menores gitanos viven en hogares en riesgo de pobreza.
Hablamos de hogares que no disponen de recursos suficientes para cubrir adecuadamente las necesidades básicas de los niños y las niñas. Un estudio de Save the Children estima que estos gastos de crianza ascienden a los 479 euros mensuales
en el caso de niños y niñas menores de 3 años, y que van creciendo progresivamente hasta alcanzar los 588 euros en el caso de adolescentes de 13 a 17 años. Unas cifras que, pese a ser consideradas de mínimos, resultan directamente impensables para
muchas familias que viven en la pobreza.
Por otra parte, la pandemia de COVID-19 no está detrás de estas elevadas tasas de pobreza. España ya era el quinto país de la Unión Europea con más pobreza infantil, el tercero si solo se considera a los menores de 16 años. Pero la
pandemia ha empeorado todo: la crisis sanitaria puede elevar el número de niños y niñas que viven en la pobreza hasta los tres millones.
La realidad que desprenden estas estadísticas es muy preocupante, porque para cualquier menor, la pobreza tiene efectos devastadores, tanto en el presente como en el futuro. Por ejemplo, en la educación: en España, los alumnos de hogares
en situación de pobreza tiene cuatro veces más posibilidades de repetir curso, según indican los resultados del informe PISA.
Frente a estos niveles de pobreza y carencias estructurales que afectan a la población infantil, la respuesta que se ha ofrecido hasta la fecha desde nuestro sistema de protección pública ha sido muy insuficiente: la inversión española en
Infancia supone tan solo el 1,2% del PIB, la mitad del 2,4% en promedio de la Unión Europea. Unos niveles que no permiten abordar adecuadamente las desventajas en las que se traducen nuestras elevadas tasas de pobreza y desigualdad infantil, menos
aún corregirlas para garantizar la igualdad de oportunidades.
Una de las principales medidas en las que se materializaba esta inversión en infancia era la asignación económica por hijo o menor a cargo, más conocida como 'prestación por hijo a cargo', configurada como una prestación económica dentro de
las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva del sistema de la Seguridad Social. Hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, esta prestación, que recibían
más de 800.000 familias en toda España, se reconocía por cada hijo menor de dieciocho años, o mayor de dicha edad con una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de
la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, que formen parte de hogares que se encontrasen en situación de vulnerabilidad económica por no alcanzar un determinado
nivel de ingresos anuales.
Las cuantías de la prestación y los umbrales de renta del hogar para tener derecho a la misma serían las que para cada caso se determinasen anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el año 2020, al producirse una nueva
prórroga presupuestaria, estos importes se fijaron por el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero. Con carácter general, la cuantía de la prestación se fijó en 341 euros anuales para todos los hogares con ingresos inferiores a 12.424 euros anuales,
y, si se trata de familias numerosas, en 18.699,00 euros, incrementándose en 3.029 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido. Asimismo, se fijó una cuantía de 588 euros anuales para aquellos hogares en situación de especial
vulnerabilidad.
Desde hace tiempo, existían múltiples reivindicaciones, en su mayoría procedentes de ONGs y entidades de la sociedad civil que operan en el ámbito de la defensa y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, que clamaban por
la ampliación progresiva tanto de la cuantía como el público destinatario de la asignación económica por hijo o menor a cargo, al objeto de que esta prestación pudiese acabar llegando a todos los hogares en situación de vulnerabilidad económica con
la finalidad de acabar con la pobreza infantil en España.
Sin embargo, las últimas decisiones del Gobierno, paradójicamente, van en dirección contraria. Así se pone de manifiesto en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que en su disposición transitoria séptima contempla la integración de la
asignación económica por hijo o menor a cargo en el nuevo ingreso mínimo vital, salvo en el supuesto en que el menor tenga una discapacidad igual o superior al 33 %, estableciendo que tras su entrada en vigor no podrán efectuarse nuevas solicitudes
de reconocimiento de la prestación por hijo o menor a cargo en los demás supuestos, quedando a extinguir las que hubieran sido reconocidas hasta entonces.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos no compartimos la decisión del Gobierno de proceder a la supresión de la prestación por hijo a cargo por la vía de su integración en el ingreso mínimo vital. El Gobierno alega que ambas prestaciones
fines análogos, pero como hemos señalado reiteradamente desde este grupo y como ha sido puesto de manifiesto desde las entidades sociales de defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, esa afirmación no se ajusta a la realidad. Al
contrario, cada una de estas prestaciones responden a objetivos y cubren necesidades básicas diferentes. Por un lado, el ingreso mínimo vital garantiza unos ingresos mínimos a hogares que se encuentran en riesgo de exclusión social, que carecen de
ingresos o que no alcanzan para superar el umbral de pobreza severa, al objeto de que puedan ser destinados a satisfacer las necesidades vitales básicas de las personas que integran la misma unidad de convivencia. De ahí que su cuantía sea más
elevada y su público destinatario más reducido. Por otro, la prestación por hijo a cargo tiene por objeto prestar un apoyo económico a hogares con ingresos reducidos, en situación de pobreza relativa pero no necesariamente en riesgo de exclusión
social, para asegurar una adecuada atención a las necesidades básicas de los niños y niñas, contribuyendo con ello la igualdad de oportunidades.
La integración de la segunda en la primera provocará que todos los niños y niñas que viven en hogares que, atendiendo a sus condiciones personales y económicas, podrían ser beneficiarias de la prestación por hijo a cargo pero no del ingreso
mínimo vital, ahora, sin embargo, se vean privados de toda protección social. Estas circunstancias son las que para el Grupo Parlamentario Ciudadanos justifican que se garantice el mantenimiento de la asignación económica por hijo o menor a cargo
en el supuesto de hijo o menor sin discapacidad, revirtiendo con ello su integración en el ingreso mínimo vital.
Asimismo, atendiendo a las reivindicaciones de las entidades que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que se debe aprovechar el restablecimiento de esta
prestación para incrementar igualmente su cuantía, de modo que pase a fijarse, con carácter general, en 1.200 euros anuales, esto es, 100 euros al mes, por cada hijo o menor a cargo. Con ello se pretende asegurar un apoyo económico mínimo que
permita garantizar la cobertura de una parte significativa de los gastos asociados a la crianza de estos menores, con la finalidad de avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Además, esta cuantía se fija en
1.800 euros anuales (150 euros al mes) en el caso de aquellos hogares que por razón de sus bajos ingresos se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, pero que aun así no reúnan todos y cada uno de los requisitos exigidos para el ingreso
mínimo vital.
Y por último, consideramos asimismo necesario que se amplíen los umbrales que dan derecho a esta prestación, de manera progresiva, con el objetivo de alcanzar a todos los hogares que se encuentren en situación de pobreza relativa en nuestro
país. Además, se contemplará entre estos umbrales uno más elevado para el supuesto de familias monoparentales con dos o más hijos, como el que ya se contempla para familias numerosas con tres o más hijos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Adoptar de inmediato las medidas que permitan recuperar la asignación económica por hijo o menor a cargo de la Seguridad Social en el supuesto de menor sin discapacidad.
2. Establecer, coincidiendo con esta recuperación, una cuantía de la prestación de 1.200 euros anuales (100 euros al mes) por hijo o menor a cargo, con carácter general.
3. Establecer un umbral de ingresos más elevado para el supuesto de hijos o menos a cargo en familias monoparentales, como ya se contempla para las familias numerosas.
4. Promover, una vez recuperada, un incremento progresivo del umbral de ingresos que permiten acceder a esta prestación, atendiendo a la evolución socioeconómica y demográfica, a fin de mejorar su eficacia para luchar contra la pobreza
infantil y avanzar hacia una efectiva igualdad de oportunidades de la infancia y la adolescencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2020.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, D. José María Sánchez García, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D.ª Patricia de las Heras Fernández y D. Carlos José Zambrano García-Ráez, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reprobación y destitución del
Ministro de Justicia, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. La independencia del Poder Judicial.
La Constitución Española (CE) de 1978 establece en el artículo 117.1 que 'la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y
sometidos únicamente al imperio de la ley'. La independencia del Poder Judicial en el ejercicio de las funciones que le han sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de interferencia de cualquier otro ostentador del poder (el poder
legislativo y ejecutivo) constituye una de las piezas básicas de un Estado de derecho. Es indudable, por tanto, que el Poder Judicial debe gozar de los principios de independencia e imparcialidad.
El principio de independencia judicial, consagrado en la Constitución, se ve reflejado, igualmente, en el artículo 104.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ('LOPJ') que dispone que 'el Poder Judicial se organiza y
ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia'.
Segundo. Ataques del Gobierno a la independencia judicial.
En los últimos años el Gobierno de la nación no solo ha incumplido las exigencias del GRECO 1 para preservar la independencia del órgano de gobierno de los jueces 2, sino que además están siendo constantes los intentos de deslegitimar al
Poder Judicial. El objetivo, en definitiva, es acabar con la independencia de este poder del Estado, uno de los pilares básicos en los que se sustenta y fundamenta el Estado democrático y de derecho. Esta campaña de descrédito, peligrosa para el
buen funcionamiento de la democracia, se está llevando a cabo con la aquiescencia del Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.
i) Nombramiento de la Sra. Dolores Delgado García como Fiscal General del Estado.
El primer ataque a la independencia de la Justicia fue el nombramiento de la Sra. Dolores Delgado García, Ministra de Justicia en la legislatura XII y XIII, como Fiscal General del Estado, lo que supuso la pérdida de objetividad e
imparcialidad 3 de la Fiscalía. Con este nombramiento se puso fin a la tradición no escrita que había evitado que, desde el nombramiento del Ministro de Presidencia socialista, don Javier Moscoso del Prado Muñoz, como FGE en 1986, ningún Diputado o
Ministro en ejercicio hubiese ocupado
1 El GRECO fue establecido en 1999 por el Consejo de Europa para monitorear el cumplimiento de los Estados con los estándares anticorrupción de la organización. El objetivo de GRECO es mejorar la capacidad de sus miembros para luchar contra
la corrupción mediante el control de su cumplimiento de las normas anticorrupción del Consejo de Europa a través de un proceso dinámico de evaluación mutua y presión de grupo. Ayuda a identificar las deficiencias en las políticas nacionales
anticorrupción, impulsando las reformas legislativas, institucionales y prácticas necesarias. España se adhirió en el año 1999. (https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/what-is-greco).
2 Cuarta ronda de evaluación. Prevención de la corrupción respecto de miembros de Parlamentos nacionales, jueces y fiscales. GRECO.
3 Artículo 124.2 de la CE señala expresamente que 'El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de
legalidad e imparcialidad'. No olvidemos, en este punto, las palabras del presidente del Gobierno, Sr. Sánchez Pérez- Castejón, el 6 de noviembre de 2019 en Radio Nacional de España (RNE). En relación con su promesa electoral de retornar a España
al expresidente de la Generalidad de Cataluña y prófugo de la Justicia, don Carlos Puigdemont Casamajó, el presidente del Gobierno afirmó '¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? [El periodista contestó: 'Pues no sé... Del Gobierno']
Pues ya está'.
el cargo. Dejando a un lado la idoneidad de la Sra. Delgado García, claramente cuestionable 4, su nombramiento en 2019 ha supuesto un ataque flagrante a unos de los principios fundamentales de todo Estado de Derecho, la construcción y
mantenimiento de una Fiscalía General del Estado neutral e independiente, así como un claro incumplimiento a las recomendaciones del GRECO. Cabe recordar que, desde el año 2001, este órgano del Consejo de Europa ha manifestado reiteradamente su
preocupación con respecto al nombramiento e independencia del Fiscal General del Estado (FGE).
A pesar de este descrédito a la institución, el actual Ministro de Justicia apoyó el nombramiento de la nueva FGE, haciendo caso omiso a las continuas denuncias de la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, que ponían de manifiesto
una clara lesión al principio de separación de poderes y a la imparcialidad de la Fiscalía.
ii) Ataques del Vicepresidente Segundo a la justicia.
Es conocido públicamente la animadversión del Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Sr. Pablo Iglesias Turrión, hacia la Justicia y el Poder Judicial. En varias ocasiones, el Vicepresidente segundo ha
criticado públicamente a la Justicia y al ejercicio de sus funciones:
- En enero de 2020, Pablo Iglesias Turrión afirmó, en una entrevista a Antena 3, que 'la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos en referencia a la actuación a lo largo del procés' (nombre coloquial del juicio a
los líderes del proceso independentista catalán). El CGPJ, ante este ataque del Vicepresidente, apeló, a través de una declaración oficial, 'a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización
política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial'. El Ministro de Justicia, sin embargo, no defendió a los jueces y evitó pronunciarse
individualmente. Por el contrario, el Gobierno, en un comunicado público, amparó al Vicepresidente segundo y defendió su libertad de expresión, exigiendo, además, una renovación del Poder Judicial 5.
- Posteriormente, en abril de 2020, el Vicepresidente segundo volvió a criticar la función cié los jueces. Concretamente, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se condenaba Isabel Serra Sánchez, dirigente de
Unidas Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid, a 19 meses de prisión e inhabilitación del derecho al sufragio pasivo por un delito de atentado contra la autoridad. Pablo Iglesias Turrión publicó, en su perfil oficial de la red social Twitter,
y en relación con la condena de su compañera de partido, lo siguiente: 'Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren), pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan
impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso'. Ante esta acusación de parcialidad del Poder Judicial, vertida por el Vicepresidente segundo, el CGPJ volvió a emitir un comunicado
expresando su profundo malestar ante un nuevo ataque a la independencia judicial: 'La primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder judicial'. En este
caso, sin embargo, el Ministro de Justicia sí defendió las declaraciones de Pablo Iglesias. Durante una sesión de control al Gobierno, Juan Carlos Campo Moreno afirmó que las declaraciones del Vicepresidente segundo se enmarcan 'en el derecho
fundamental de la libertad de expresión que tenemos todos, también el vicepresidente segundo' 6. Se consumó, por tanto, un nuevo descrédito a la Justicia, dando más argumentos a la ciudadanía para su desconfianza.
4 Son de conocimiento público algunas conversaciones comprometidas de la Sr. Delgado García con personas investigadas por la Justicia, en las que se acusaba, impunemente, a compañeros de la carrera judicial y fiscal de tratar con menores en
Colombia. Es igualmente conocido las vejaciones vertidas a compañeros de partido, integrantes del Consejo de Ministros al que pertenecía por su orientación sexual.
5 https://elpais.com/politica/2020/01/15/actualidad/1579102943_695772.html.
6 https://www.abc.es/espana/abci-campo-ampara-ataques-iglesias-jueces-libertad-expresion-202004291217_video.html.
iii) Interferencias del Gobierno en la labor del CGPT.
El Pleno del CGPJ nombró, el 30 de septiembre del presente año 7, a 3 nuevos magistrados de la Sala Penal del Supremo y a los presidentes de la Sala Tercera, Cuarta y Quinta 8. Este nombramiento se produjo a pesar de las presiones recibidas
por el Gobierno de la Nación para que se paralizaran hasta que no se produjera la renovación del propio el CGPJ. Fue el Ministro de Justicia el que abogó, ante el posible nombramiento de los nuevos magistrados, por paralizar los mismos,
justificando esta decisión en que el órgano de gobierno de los jueces está en funciones desde hace dos años, aún a pesar de que el CGPJ está obligado a llevarlos a cabo 9. Incluso llegó a afirmar que 'el CGPJ está en descomposición' 10. Estas
declaraciones públicas del Ministro de Justicia supusieron una interferencia más en las funciones del Poder Judicial y otro ataque a su independencia.
iv) Primer intento de politizar el CGPJ.
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común registró en el Congreso de los Diputados, en octubre del presente año, una Proposición de Ley Orgánica para llevar
adelante su propósito de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el fin de eludir lo que han denominado, injustamente, el bloqueo de la oposición. El objeto de la proposición era rebajar la mayoría de tres
quintos necesarios para renovar a los 12 vocales del CGPJ -en funciones desde el año 2018-, evitando el necesario acuerdo con la oposición para tal nombramiento. La reforma situaría en la mayoría absoluta los votos necesarios para llevar a cabo la
deseada renovación. Para tal fin, el Gobierno decidió registrar dicha iniciativa a través de una proposición de ley orgánica, gracias a los grupos parlamentarios de los partidos políticos que sustentan el Gobierno de coalición, en lugar de un
proyecto de Ley. El objetivo era eludir los informes del Consejo de Estado y del propio órgano de gobierno del Poder Judicial 11, de manera que se diera celeridad a su tramitación en las Cortes Generales y evitar, así, el posible posicionamiento
contrario a su tramitación por parte de estos órganos, a pesar del carácter no vinculante de su Informe.
Por tanto, tras la calificación de la Mesa del Congreso, la proposición de ley orgánica solo necesitaría la conformidad del Gobierno para su toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados. En consecuencia, aprobada la
reforma, supondría, tal y como está redactada, otorgar plenos poderes discrecionales a los partidos que conforman el Gobierno para decidir quiénes estarían a cargo del órgano de gobierno de la justicia. Estamos, en definitiva, ante un claro fraude
de ley, que supone un nuevo ataque a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial, así como un intento manifiesto de politizar dicha Institución.
Este claro ataque al Poder Judicial ha provocado que el Consejo de Europa, a través del GRECO, intervenga, llamando la atención, una vez más, al Gobierno de España. En una comunicación oficial dirigida directamente al Ministerio de Justicia
12, dicho organismo europeo advirtió de que la propuesta de reducir la mayoría cualificada de 3/5 necesarios del Congreso de los Diputados a una mayoría absoluta -el Greco hace referencia a la misma como mayoría simple- para renovar el CGPJ y elegir
los nuevos vocales de este órgano de gobierno 'se desvía de los estándares del Consejo de Europa relativos a la
7 https://www.elperiodico.com/es/política/20200928/gobierno-nuevo-frente-nombramientos-cgpj-8131323.
8 Estos nombramientos se produjeron en un clima de tensión entre el CGPJ y el Gobierno, debido a la polémica suscitada por la ausencia de S.M. el Rey en la entrega de despachos de la nueva promoción de la carrera judicial. El ministro de
Justicia, refiriéndose al veto del Rey en una entrevista en RNE, explicó que la ausencia del Rey Felipe IV se decidió 'para velar por la convivencia y no añadir tensión ante la inminencia de la sentencia -sentencia de inhabilitación de Quim Torra,
ex presidente del gobierno de Cataluña-, y la cercanía del l-O'. (https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/rey-acto-jueces-barcelona-justicia-campo/5672017/).
9 Artículo 122.2 de la CE: 'El Consejo General del Poder judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en participar en materia de
nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario'. Artículo 560.1.2.ª de la LOPJ: '1. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones: 2.ª Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del
Tribunal Supremo'. El artículo 599.1.4.ª: '1. El Pleno conocerá exclusivamente de las siguientes materias: 4.ª Todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de
méritos'.
10 https://www.elindependiente.com/espana/2020/09/30/el-ministro-de-justicia-trata-de-paralizar-los-nombramientos-en-el-cgpj-hasta-el-ultimo-momento/
11 Artículo 561.1.ª de la LOPJ: 'Se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias: 1.ª Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder
Judicial'.
12 La carta se dirige a Ana Andrés Ballesteros como jefa de la delegación de España en Greco por parte del Ministerio de Justicia.
composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede suponer una violación de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa'.
Asimismo, señala el GRECO en la carta que 'los Consejos de la judicatura, en los Estados miembros donde existen, deben ser órganos independientes que buscan salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales lo
que, a su vez, es una condición sine qua non para una lucha eficaz contra la corrupción. Nuestros estándares disponen que al menos la mitad de los miembros del consejo sean jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial.
GRECO ha subrayado repetidamente que las autoridades políticas no deben participar en cualquier etapa del proceso de selección del turno judicial'.
Por último, recuerda el órgano del Consejo de Europa que nuestro país 'aún no ha implementado una recomendación emitida por GRECO para España, hace casi siete años, en su Cuarta Ronda de Evaluación. La recomendación pedía una evaluación del
marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y de su efectos sobre la independencia real y percibida de este organismo de cualquier influencia indebida, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas'.
No solo el GRECO se ha pronunciado en contra de la reforma planteada, sino que prácticamente toda la carrera judicial se ha mostrado en desacuerdo. Esta reforma no solo supondría 'una lesión a la separación de poderes e impediría la
independencia judicial de salir adelante', sino que además es claramente 'contraria a la Constitución'. En un comunicado oficial diferentes asociaciones judiciales han pedido al gobierno 'que acometan, de una vez, con la serenidad y el debate que
aquella requiera, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y adecúen el sistema de elección de los vocales judiciales a los estándares anticorrupción exigidos por Europa'.
A pesar de lo expuesto, el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, ha justificado públicamente la propuesta de reforma de la LOPJ presentada por los dos partidos que sustentan el Gobierno y, por tanto, el incumplimiento de las
recomendaciones del Consejo de Europa. En un acto público en Valencia, el pasado mes de octubre, señaló expresamente que 'La situación de rehén en la que está ahora mismo el CGPJ con un mandato prorrogado durante dos años se hace insostenible en
democracia y por tanto hay que buscar válvulas. ¿Qué significa esto? Poner una espoleta'.
No obstante, la tramitación de la reforma fue frenada por el Presidente de Gobierno, y así lo anunció en el debate de la moción de censura presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
v) Segundo intento de reforma de la LOPJ.
A pesar de las advertencias del Consejo de Europa sobre la reforma del Poder Judicial y la violación de los estándares de corrupción, el Gobierno está dispuesto a llegar hasta el final. Así de claro lo dejó el Ministro de Justicia en una
entrevista en Canal Sur al ser preguntado por la posible renovación del CGPJ y la supuesta negativa del Partido Popular. Juan Carlos Campo advirtió que si el Partido Popular mantiene su veto a la renovación de los vocales del órgano de gobierno de
los jueces, el Gobierno levantaría la suspensión de la tramitación de la reforma del CGPJ, impulsada por los Grupos parlamentarios de los partidos políticos que forman la coalición. Después de afirmar que era necesario 3/5 para la renovación de los
vocales del Consejo, señaló, ante la posibilidad de que no se avenga el Partido Popular a la renovación, lo siguiente: 'No contemplo esa posibilidad, pero ya que insiste, hay aparcada, de momento, tal como expresó el Presidente del Gobierno, una
proposición de dos grupos parlamentarios para poner el reloj en marcha de la democracia, la democracia no puede pararse (...) y lo hace a través de sus instituciones' 13.
Por último, y con el fin de presionar al Partido Popular para llevar a cabo la renovación del CGPJ, el Gobierno presentó, una vez más a través de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, una nueva proposición de Ley Orgánica de modificación de la LOPJ 14. El objeto de esta propuesta es implantar un régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones, cercando aún más la independencia del órgano de gobierno del Poder Judicial.
Destacan como puntos más relevantes la suspensión de la función de nombramientos por parte del CGPJ en funciones y la limitación de su potestad reglamentaria. Esta nueva proposición es claramente inconstitucional, pues trata de limitar e impedir al
CGPJ el ejercicio de funciones previstas en la Constitución, como es el nombramiento de las más altas funciones del Poder Judicial (artículo 122.2 de la CE). Sin embargo, es notorio que el fin
13 https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1651966&jwsource=cl.
14 https://elpais.com/espana/2020-12-02/psoe-y-podemos-aceleran-una-propuesta-para-limitar-al-poder-judicial-en-funciones.html.
último de esta iniciativa es superar el veto del Partido Popular a la renovación del CGPJ. Un ejemplo más de la deriva del actual Gobierno intentando por todos los medios influir en la composición de la cúspide judicial, politizando, en
definitiva, el gobierno de los jueces, y acabando, en última instancia, con la independencia Judicial.
Tercero. Reprobación y destitución del Ministerio de Justicia.
El artículo 1 del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003,
de 25 de julio, señala, en relación con las funciones del Ministro de Justicia, lo siguiente:
'El Ministerio de Justicia, cuyo titular es el Notario Mayor del Reino, es el departamento de la Administración General del Estado al que corresponde, dentro del ámbito de las competencias que le confieren las disposiciones legales vigentes,
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, especialmente en materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal; la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia, así
como la cooperación con las comunidades autónomas en coordinación con los demás departamentos competentes en la materia; la cooperación jurídica internacional; los derechos degrada y títulos nobiliarios y grandezas de España y la asistencia
jurídica del Estado.'
Por tanto, Juan Carlos Campo Moreno, como titular del Ministerio de Justicia, tiene como misión la defensa de la Administración de justicia, garantizando su independencia. Sin embargo, no solo ha hecho caso omiso a las continuas vejaciones
al Poder Judicial por parte de los socios de gobierno, sino que además ha alentado a los mismos a cumplir con sus objetivos, participando directa e indirectamente en sus actuaciones: defendió el nombramiento de la nueva FGE, la Sra. Delgado
García; justificó los ataques del Vicepresidente Segundo a la Justicia y al Poder Judicial; interfirió en las funciones del órgano de gobierno de los jueces, abogando por la paralización de los nombramientos de las altas funciones de la
magistratura; y alentó las reformas planteadas por los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos que conforman la coalición de Gobierno, con el fin de modificar la LOPJ y sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ. Incluso llegó
a afirmar, en la sede de la soberanía nacional, que España se encuentra ante 'una crisis constituyente', que requiere un 'debate constituyente' 15. No sabemos, a día de hoy, cuáles fueron las verdaderas intenciones del Ministro de Justicia con
tales declaraciones o bien si fue un simple lapsus involuntario 16.
En todo caso, estamos ante un ataque manifiesto del Gobierno a la independencia del sistema de justicia, uno de los fundamentos estructurales en los que se sustenta el principio de separación de poderes y el Estado de derecho. Y todo ello
se ha producido ante la pasividad y aquiescencia del Ministro de Justicia.
Los motivos expuestos son merecedores, por tanto, de una reprobación pública por parte del Congreso de los Diputados, así como de la destitución inmediata del Sr. Campo Moreno como Ministro de Justicia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Acuerda la reprobación del Sr. Ministro de Justicia por su apoyo a los continuos ataques a la separación de poderes que vienen protagonizando diferentes miembros del Gobierno y los Grupos Parlamentarios que conforman su mayoría en el
Congreso de los Diputados, socavando, en última instancia, la independencia e imparcialidad de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial.
15 https://www.abc.es/espana/abci-ministro-justicia-cree-espana-esta-crisis-constituyente-202006110212_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F.
16
2. Insta al Sr. Presidente del Gobierno a que destituya al Sr. Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 diciembre de 2020.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las Heras Fernández, Carlos José Zambrano García-Ráez y José María Sánchez García, Diputados.-Macarena
Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una hoja de ruta de la transferencia de conocimiento, para su
debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) ha alcanzado estándares de excelencia investigadora homologables a su posición económica y geopolítica en el panorama internacional. Sin embargo, esta excelencia en su
producción científica, sobre todo en lo que respecta a publicaciones científicas y a participación en programas internacionales de l+D+I, no se ha trasladado aún de forma efectiva al tejido productivo ni ha redundado de forma completa en la creación
de una economía robusta basada en el conocimiento.
Esta brecha, generada por un tejido productivo muy ligado al sector servicios, no solo lastra la competitividad de nuestra economía, sino que además nos convierte en un país dependiente de terceros, desprovisto de un papel clave en
tecnologías habilitadoras y conocimiento industrial propios, lo que deja a la economía española sin margen de reacción cuando tienen lugar crisis impredecibles como la acaecida como consecuencia de la COVID-19.
Uno de los déficits del SECTI es la insuficiente conexión del ámbito académico científico con el ámbito empresarial, como reflejan el Informe sobre España del Semestre Europeo 2020, que indica 'el bajo nivel de utilización de los
conocimientos disponibles por parte de las empresas españolas les impide participar en proyectos de innovación de mayor escala'. La Encuesta de Indicadores de Transferencia de Conocimiento e Innovación del año 2017 del Ministerio de Ciencia e
Innovación pone de manifiesto que del total de patentes solicitadas por el ámbito académico-científico (Universidades, OPls y Centros Tecnológicos) solo el 48 % de las solicitudes de patente tenían alguna cotitularidad, y de estas solo el 28 % era
con empresas. A esto hay que añadir la pequeña dimensión de gran parte de las empresas innovadoras en España, ya que las de menos de 250 trabajadores ejecutan el 50 % del gasto interno en l+D del sector empresarial. Esto supone que la mitad del
esfuerzo innovador empresarial de España descansa en empresas pequeñas, con menor músculo financiero para abordar inversiones y menor masa de capacidades y conocimientos tecnológicos, lo que dificulta que puedan abordar proyectos de gran tamaño o
alta intensidad de investigación. En este sentido, la colaboración público-privada y la transferencia de conocimiento son esenciales para dotar a las PyMEs españolas de una base más amplia de los conocimientos multidisciplinares necesarios para
innovar de manera exitosa.
Por tanto, uno de los primeros retos que España debe afrontar en el corto plazo, tal y como sugieren las recomendaciones del Semestre Europeo y buena parte de los estudios existentes, es el reto de trasladar los conocimientos científicos a
la sociedad, a través empresas existentes o la creación de nuevas empresas de base tecnológica.
La presente propuesta se presenta como una hoja de ruta para favorecer y provocar la transferencia de conocimiento y que quiere actuar sobre los diferentes elementos del sistema, tal y como se resumen a continuación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Favorecer la incorporación de personal de perfil investigador (doctores) y de la realización de tesis doctorales en las empresas mediante el reforzamiento de programas existentes y la dotación de personal investigador asignado en
proyectos de colaboración público-privada.
2. Modificar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, integrando y actualizando en un único cuerpo normativo elementos recogidos en otras Leyes como la Ley de Economía Sostenible. En esta modificación se deben recogen, entre
otros, aspectos como la necesidad de motivación de los investigadores para realizar transferencia de conocimiento y la mejora de los sistemas de seguimiento y evaluación de dicha trasferencia en línea con la experiencia internacional y garantizando
en todo momento la protección del interés público y la transparencia del sistema.
3. Financiar proyectos que requieran un componente de colaboración público-privada, con convocatorias como Misiones Ciencia e Innovación o Cervera.
Mejorar la formación de expertos en transferencia para reforzar y profesionalizar las Oficinas de Transferencia de Conocimiento.
Habilitar un fondo de capital-riesgo de transferencia para ayudar a la creación de empresas de base tecnológica (sociedad lnnvierte).
Puesta en marcha de financiación 'mezclada' (subvenciones + capital) para empresas de base tecnológica excelentes.
4. Explotar indicadores de transferencia de conocimiento a nivel nacional (SICTI) que permitan hacer seguimiento y evaluar las políticas públicas puestas en marcha en el ámbito de la transferencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2020.-Javier Alfonso Cendón, Helena Caballero Gutiérrez, Roberto García Morís, Sandra Guaita Esteruelas, Miguel Ángel González Caballero y Juan Francisco Serrano Martínez,
Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la suspensión de la subida de los tipos de
cotización a la Seguridad Social de los autónomos prevista para 2021, para su debate en el Pleno del Congreso.
Exposición de motivos
Los trabajadores autónomos son uno de los colectivos que están sufriendo especialmente las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria causada por la COVID-19, así como de las restricciones decretadas por las autoridades
sanitarias para tratar de controlar su transmisión. La gran mayoría se han visto obligados a cerrar sus negocios o a reducir notablemente su actividad, lo que en la práctica ha supuesto una cuantiosa reducción de sus ingresos y en no pocos casos el
cierre de negocios incapaces de resistir la asfixia de estos meses.
En el año 2018 se estableció, mediante un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones profesionales de trabajadores autónomos más representativas, la subida de los tipos de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA). Este acuerdo, que recogía el Real Decreto-ley 28/2018, preveía subidas en el tipo de cotización por cese de actividad y por contingencias profesionales en los siguientes ejercicios, que
implicaba que la cuota mínima mensual subiría de 283 a 289 euros y la máxima de 1.208,90 a 1.245,40. En concreto, los tipos de cotización por cese de actividad subirán 0,8 % en el 2020 al 0,9 % en el 2021. Sobre los tipos de contingencias
profesionales, éstos pasarían del 1,1 % del 2020 al 1,3 % del 2021.
Además, a este incremento habría que añadir la subida de las cuotas no aplicadas en los primeros nueve meses de 2020. Al no haberse aplicado desde enero, como se había previsto, la Seguridad Social lo cobrará ahora de forma retroactiva y la
misma se irá aplicando de forma progresiva durante 2021.
Este aumento de los tipos de cotización se produce en uno de los peores momentos para los autónomos. El acuerdo para adecuar los tipos al que se llegó 2018 se realizó en un contexto económico de crecimiento muy diferente al que nos
enfrentamos actualmente. Según el Barómetro Situación Autónomos de noviembre de 2020, presentado por la ATA, los autónomos estiman que la pérdida conjunta de este año superará los 60.000 millones de euros. Ante estas circunstancias la aplicación
de los aumentos en las cotizaciones supondrá una carga económica aún mayor para un colectivo ya muy afectado por la pandemia.
Desde el Grupo Ciudadanos consideramos que no podemos dejar de lado a una parte tan importante de nuestro tejido empresarial como son los autónomos, alrededor de 3,5 millones en España, por lo que exigimos al Gobierno que aplique medidas
efectivas y adecuadas al contexto económico en el que nos encontramos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suspender la aplicación de los incrementos en las cuotas de autónomos previstos en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, en tanto persista la emergencia sanitaria de la COVID-19 y
la economía comience a recuperarse, a fin de evitar perjuicios mayores a un colectivo ya especialmente golpeado por las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2020.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000490
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas de control y fiscalización de las operaciones de apoyo público temporal en materia financiera con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que atraviesan severas
dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de coronavirus (COVID-19).
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que las previsiones contenidas en la iniciativa procedería llevarlas a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a
trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas de
control y fiscalización de las operaciones de apoyo público temporal en materia financiera con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de
coronavirus (COVID-19), para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Con fecha 7 de julio de 2020 entró en vigor el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, (en lo sucesivo, el 'RDL'), en cuyo artículo segundo se procedía a la constitución
del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, fondo carente de personalidad jurídica (en adelante, el 'Fondo'), al amparo del artículo 137 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y con la finalidad de
dar apoyo financiero a las empresas no financieras que se hayan visto especialmente afectadas por el COVID-19. Se exige a estas empresas que así lo soliciten y que tengan la consideración de estratégicas 'para el tejido productivo nacional o
regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados', tal y como
afirma la Exposición de motivos del RDL.
En cuanto a los instrumentos de que dispone la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para el desarrollo de estas competencias que le son atribuidas por el RDL, podrán tomar forma de cualesquiera instrumentos de capital o de
instrumentos híbridos de capital, mencionándose expresamente en la Exposición de motivos del RDL la toma de instrumentos financieros, incluyendo deuda, instrumentos híbridos o participaciones en el capital social de las empresas anteriormente
referidas. En particular, según lo dispuesto en el apartado tercero del Anexo II de la Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento
del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, 'podrán consistir en la concesión de préstamos participativos, deuda convertible, la suscripción de acciones o participaciones sociales o en cualquier otro instrumento de capital'.
De acuerdo con el artículo 2 del RDL antes citado, 'se crea el Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas' como órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría
de Hacienda - si bien es cierto que no pueden obviarse las implicaciones que las actuaciones del mismo tendrán en el ámbito de competencias del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital -. La dotación inicial del Fondo asciende a
10.000 millones de euros, siendo el importe máximo por beneficiario, salvo casos excepcionales debidamente justificados, de 25 millones de euros.
Prosigue el apartado 17 del mismo precepto afirmando que 'Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y,
con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos.'
Sin embargo, resulta esencial según el parecer de los proponentes, que se mencione explícitamente al Congreso de los Diputados como órgano legitimado para conocer toda la información relativa a la actuación del Fondo y de los Ministerios de
Hacienda y de Asuntos Económicos y Transformación Digital en relación con el mismo, siéndole suministrada periódicamente la referida información sin perjuicio de que se le reconozca, también de modo expreso, la capacidad de solicitar ampliaciones de
la misma y cualesquiera otros datos que estime preciso.
Considerando la importancia del Fondo, de su dotación económica y de las empresas con importancia estratégica cuya preservación se trata de asegurar, resulta necesaria la adopción de medidas que, abordando la cuestión desde diferentes puntos
de vista, fiscalicen y controlen la correcta asignación de fondos a las empresas destinatarias y la adecuada aplicación de las cantidades recibidas por éstas a las finalidades que justifican la medida de apoyo financiero.
A estos efectos, hace referencia el artículo 2.5 del RDL a la obligación del Presidente del Consejo Gestor de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas y a la sujeción del Fondo al régimen de
presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Adicionalmente, el punto octavo del mismo precepto menciona la obligación de que todas las operaciones efectuadas con cargo al
Fondo sean registradas en una contabilidad específica, separada e independiente de la de los miembros del Consejo Gestor.
Sin embargo, estas medidas deben ir acompañadas de otras que coadyuven al cumplimiento de los fines pretendidos.
La primera de estas medidas es la relativa a solicitudes de información formuladas por la Comisión Europea a los Estados miembros. Esta medida se encuentra recogida en el apartado 11 (parágrafo 85) del Código de Buenas Prácticas para los
procedimientos de control de las ayudas estatales (2018/C 253/05), que en todo caso deberán ser atendidas por los destinatarios de las mismas. De forma análoga, se estima precisa por los proponentes que existan medidas análogas para asegurar el
suministro al órgano administrativo competente de la fiscalización de toda información relevante respecto de las ayudas recibidas por los beneficiarios.
Adicionalmente a lo anterior, y en el caso de que la información facilitada fuera insuficiente a los efectos pretendidos, el órgano encargado de la fiscalización deberá poder formular los requerimientos de información adicional que estime
precisos.
Consideran igualmente los proponentes que deben existir de forma simultánea medidas de fiscalización interna a las actuaciones realizadas en este sentido por la SEPI, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. A tal efecto, por un lado, sería conveniente la publicación en el Portal de Transparencia de informes periódicos de seguimiento de las actuaciones realizadas en relación con el Fondo, incluida información estadística sobre
los aspectos más relevantes de las operaciones y de los beneficiarios, como naturaleza de las operaciones, condiciones de las concesiones y plazos de reintegro. Por otro, sería conveniente la exigencia de comparecencias parlamentarias con
periodicidad al menos trimestral con la finalidad de exponer las líneas generales de las operaciones realizadas por el Fondo de la Ministra de Hacienda o de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ante la Comisión de Hacienda, la
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital o aquella otra que se estime competente.
Dada la naturaleza de los instrumentos concedidos a la SEPI para el desempeño de sus funciones, es adecuado a juicio de los proponentes la existencia de un examen de los procedimientos seguidos para la concesión de las ayudas a los
beneficiarios, las cuantías de las mismas, los plazos de reintegro y demás condiciones relevantes de las operaciones realizadas por el Fondo por auditores independientes. Su control debería abarcar tanto la actuación de la SEPI como órgano gestor
del Fondo como la actuación del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en relación con el Fondo. El informe que resulte de estas actuaciones debería ser publicado con periodicidad trimestral y
presentado ante el pleno del Congreso de los Diputados por la Ministra de Hacienda o la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar la adopción de las medidas de control y fiscalización de las operaciones de apoyo público temporal en materia financiera con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas
estratégicas que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de coronavirus (COVID-19) consistentes en:
1. Suministro puntual al Congreso de los Diputados de toda la información relevante de cada una de las operaciones realizadas, incluyendo la relativa a los beneficiarios de las ayudas, la estructura de capital de los beneficiarios, el
importe total de la operación, el tipo de instrumento empleado por el Fondo en apoyo a la solvencia del beneficiario (capital, deuda, instrumentos híbridos convertibles), el plazo previsto de vinculación del Estado en la operación, el coste
desglosado empleado en asesores para el desarrollo de la operación, la totalidad de la documentación remitida a la Comisión europea en materia de ayudas de estado en relación con la actuación del Fondo y cualquier otra información sensible que tenga
conexión con las operaciones descritas o modifique los datos anteriormente remitidos al Congreso de los Diputados.
2. Comparecencias parlamentarias con periodicidad al menos trimestral de la Ministra de Hacienda o la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital con la finalidad de que expongan las líneas
generales de las operaciones realizadas y la evolución en la gestión del Fondo y se someta al control parlamentario a través de la comisión competente por razón de la materia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2020.-María Elvira Rodríguez Herrer y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Santiago Abascal Conde, D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Manuel Mestre Barea, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Víctor
Sánchez del Real, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez y D. Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Presidente, Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a instar al Gobierno a que inicie un proceso de negociación bilateral con el Reino Unido al objeto de recuperar la soberanía
española sobre el Peñón de Gibraltar, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. La inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea -el 31 de diciembre de este año- está generando intensos debates tanto en el seno de las instituciones europeas como en Westminster. Uno de los puntos candentes de las
reuniones entre ambas partes es la consideración de fronteras exteriores de la Unión Europea aquellos territorios del Reino Unido que lindan terrestremente con el territorio comunitario. Esta situación afecta especialmente a Irlanda del Norte y al
Peñón de Gibraltar.
En el caso concreto de Gibraltar, el Gobierno español ha declarado lo siguiente:
'Tras el Brexit, los acuerdos UE-Reino Unido sobre Gibraltar necesitan del acuerdo previo de España, según establece la cláusula número 24 de las Orientaciones del Consejo Europeo para la negociación del Brexit al señalar que, una vez
producido, ningún acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre España y Reino Unido.
La aplicación específica a Gibraltar del Acuerdo de Retirada se rige por el Protocolo sobre Gibraltar anejo a dicho Acuerdo. Este Protocolo recoge por primera vez en el derecho básico de la Unión Europea, unas disposiciones relativas a
Gibraltar negociadas por España.
En cuanto a la relación futura, la UE ha dejado claro que 'Gibraltar no estará comprendido en el ámbito de aplicación de los futuros acuerdos entre la UE y Reino Unido' y que los 'acuerdos separados entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar
requerirán la previa aprobación de España'. Esto se recoge en una Declaración del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, que forma parte de lo acordado en el Consejo Europeo de 25 de noviembre' 17.
En concreto, el artículo 50 de la citada Declaración del Consejo Europeo y de la Comisión Europea destaca lo siguiente:
'Una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, Gibraltar no estará incluido en el ámbito de aplicación territorial de los acuerdos que se celebren entre la Unión y el Reino Unido. Ello no excluye, sin embargo, la posibilidad de que
se celebren acuerdos separados entre la Unión y el Reino Unido respecto de Gibraltar. Sin perjuicio de las competencias de la Unión y en pleno respeto de la integridad territorial de sus Estados miembros garantizada por el artículo 4, apartado 2,
del Tratado de la Unión Europea, dichos acuerdos separados requerirán un acuerdo previo del Reino de España' 18.
17 Página web de Presidencia del Gobierno. Disponible [en línea]: https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/gibraltar/Paginas/index.aspx
18 Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (Art. 50) de 25 de noviembre de 2018, EUCO XT 20017/18. Disponible [en línea]: https://www.consilium.europa.eu/media/37151/25-special-euco-statement-es.pdf
Segundo. A efectos de contextualizar la ya de sobra conocida situación geopolítica particular de Gibraltar, cabe destacar que el Peñón, desde los años sesenta, figura en el listado de las Naciones Unidas como uno de los 'territorios no
autónomos pendientes de descolonización'. Por su parte, resulta imperativo señalar que este vestigio colonial destruye la unidad nacional y la integridad territorial de España, además de contravenir lo establecido en la Resolución 1514 (XV) 1960,
sobre descolonización 19.En este sentido, España ha solicitado reiteradamente al Reino Unido entablar negociaciones, en cumplimiento de lo dispuesto por las Naciones Unidas, para llegar a una solución definitiva del contencioso de Gibraltar, única
colonia existente en Europa.
Así, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Naciones Unidas ha señalado reiteradamente que 'en el proceso de descolonización de Gibraltar, el principio aplicable no es el de libre determinación de
los pueblos sino el de restitución de la integridad territorial española. La cuestión de Gibraltar debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido. La ONU ha venido recomendando estas negociaciones,
ininterrumpidamente, desde 1965' 20.
La situación conflictiva entre España y el Reino Unido por la soberanía del Peñón tiene su origen en el Tratado de Utrecht, firmado por ambas naciones en 1713, como solución pacífica a la Guerra de Sucesión Española.
En concreto, mediante la firma del Tratado de Utrecht, España cedía a la Gran Bretaña 'la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen' 21. No obstante, el istmo (como las aguas adyacentes o
el espacio aéreo supra yacente) no fue cedido por España, quedando siempre éste bajo soberanía española. Además, el artículo X del citado tratado recoge tres condiciones en las que se encuadra la cesión, siendo las siguientes:
1. Se define el territorio cedido como la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, sin plazo de tiempo, pero 'sin jurisdicción alguna territorial'.
2. No se permite la 'comunicación abierta con el país circunvecino por tierra', salvo para el abastecimiento en caso de necesidad.
3. España tiene un derecho a 'redimir' la ciudad de Gibraltar, es decir, recuperar su soberanía, en caso de que Gran Bretaña quiera 'dar, vender o enajenar de cualquier modo' su propiedad.
En vista de lo anterior, la mera ocupación de facto continuada por los británicos del istmo y de las aguas adyacentes contraviene las condiciones acordadas en el Tratado de Utrecht para la adquisición de soberanía sobre ese territorio, -por
limitarse la cesión de soberanía únicamente a la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas-, además de resultar ilegítima con arreglo al Derecho Internacional. Por eso, España siempre ha señalado que la
ocupación del istmo es ilegal e ilegítima y, por tanto, ha reclamado siempre su devolución sin condiciones.
Por si esto no fuera suficiente, la intención del Reino Unido de dar un nuevo estatuto jurídico a Gibraltar fuera del marco descolonizador supone una acción de las previstas en el Tratado de Utrecht que habilitarían a España a redimir la
ciudad de Gibraltar, como se ha citado anteriormente. Así, la insistencia en la promesa unilateral del Reino Unido de atender a la voluntad de los gibraltareños de adquirir su propia autonomía implicaría tácitamente la 'enajenación' de la propiedad
británica.
Pese a que esa enajenación no se realizaría con respecto a otra potencia o Estado, sino con respecto a la propia población de Gibraltar, 'la retrocesión a España no depende según el Derecho Internacional de esa voluntad local sino de la
decisión de Gran Bretaña de cambiar el régimen de la propiedad de cualquier modo' 22.
Tercero. Además de encontrarse respaldada por la legalidad internacional, la posición española encuentra más motivos que los jurídicos para su justa reclamación. Según informaciones publicadas en prensa 'la Armada británica intensifica su
presencia en Gibraltar. En el último tramo de las negociaciones
19 Resolución 1514 (XV), Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, punto 6. 14 de diciembre de 1960. Disponible [en línea]: http://undocs.org/es/A/Res/1514(XV)
20 Extraído de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Disponible [en línea]: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Gibraltar/Paginas/Historia.aspx
21 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari19-2013-ortega-gibraltar-tratado-de-utrecht
22 Extraído de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Disponible [en línea]: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Gibraltar/Paginas/Historia.aspx
con España sobre el estatus del Peñón tras el Brexit coincide con un incremento de la actividad de la base que Londres mantiene en la última colonia de Europa' 23.
Así pues, el 16 de noviembre de 2020 salió de la base naval de Gibraltar el HMS Kent (F78), una fragata de la clase Duke de 133 metros de eslora que realizó 'ejercicios de superficie con maniobras de alta velocidad' en aguas que se
encuentran actualmente bajo soberanía en disputa entre España y el Reino Unido, y en los que también participó el buque HMS Pursuer (P273). Adicionalmente, poco después que el HMS Kent realizara sus ejercicios de maniobra, 'hizo entrada en
Gibraltar un barco de guerra de casi el doble de tonelaje, el HMS Dragon (D35), un destructor de última generación especializado en defensa aérea de la clase Daring y 155 metros de eslora' 24.
Sin embargo, estos no han sido los únicos atraques de buques militares en Gibraltar. A finales de noviembre, 'El submarino nuclear USS Seawolf ha vuelto a Gibraltar y, esta vez, ha entrado a puerto donde previsiblemente será sometido a
algún tipo de reparación, teniendo en cuenta las evoluciones anteriores tanto del sumergible como de los aviones militares que han llegado al Peñón' 25.
Estos hechos confirman la utilización de Gibraltar como 'taller de reparaciones para submarinos nucleares británicos y estadounidenses' 26. Por tanto, con este tipo de actuaciones, se confirma que Gibraltar es para el Reino Unido una base
militar que pone en riesgo a los españoles que viven en la comarca del Campo de Gibraltar de sufrir las consecuencias de un accidente nuclear.
Adicionalmente, lo anterior supone una fuerte contradicción con la política nacional española en materia nuclear, ya que España se autoimpone un uso muy restrictivo de la energía nuclear, la cual se prevé únicamente con fines civiles.
Además, la Estrategia de Seguridad Nacional contempla, dentro del objetivo de 'No proliferación de armas de destrucción masiva', una línea de acción para 'garantizar la seguridad física de los materiales e instalaciones nucleares y radiactivos' 27.
En España, el órgano responsable de esta misión es el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En el caso que nos concierne, el CSN contempla que las disposiciones en materia de protección física serán de aplicación a lo siguiente:
'- Las instalaciones nucleares en las que se producen, procesan, utilizan o almacenan materiales nucleares o en las que se realiza su disposición final, incluidos los edificios y equipos relacionados.
- Los materiales nucleares durante su producción, utilización, manipulación, procesado, almacenamiento y transporte por el territorio español, o a bordo de un buque o aeronave bajo su jurisdicción, en tanto que dicho buque o aeronave esté
dedicado al transporte a territorio nacional o desde el mismo' 28.
Este último punto es el que reviste más relevancia, puesto que, como se ha expuesto anteriormente, el Tratado de Utrecht no le concede al Reino Unido aguas territoriales en el Peñón, más allá de las aguas interiores del puerto, por lo que el
tránsito de submarinos nucleares por esas aguas, que pertenecen a España pese a la usurpación británica, afecta a la propia Seguridad Nacional de España y se enmarca dentro de las líneas de actuación del propio Consejo de Seguridad Nuclear.
Cuarto. La situación actual del Peñón de Gibraltar se erige como el mayor punto de fricción entre el Reino Unido y el Reino de España. Dos países socios, aliados y amigos, que mantienen unas antiquísimas relaciones bilaterales que suponen
un pilar fundamental para la estabilidad de Occidente.
Por tanto, aunque el Reino de España debe ser consciente de la relevancia que Gibraltar supone para el Reino Unido en materia de seguridad y defensa, no es posible obviar el hecho de que está en juego la integridad territorial española,
elemento especialmente protegido por nuestra Constitución, además de por la doctrina de Naciones Unidas, la cual, en la ya citada Resolución 1514 (XV), señala que 'Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la
integridad territorial de un país es
23 ROJO, A.: 'La Armada británica intensifica su presencia en Gibraltar', La Razón, 17/11/2020. Disponible [en línea]: https://www.larazon.es/espana/20201117/falarchaljge3hvelh4m6jiz3cy.html
24 https://www.larazon.es/espana/20201117/falarchaljge3hvdh4m6jiz3cy.html
25 'El submarino nuclear USS Seawolf, en Gibraltar para probables reparaciones', noticiasgibraltar, 01.12.2020. Disponible [en línea]:
https://noticiasgibraltar.es/gibraltar/noticias/submarino-nuclear-uss-seawolf-gibraltar-para-probables-reparaciones
26 Ibídem.
27 Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, p. 94-95. Disponible [en línea]: https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf
28 Consejo de Seguridad Nuclear. Disponible [en línea]: https://www.csn.es/proteccion-fisica-de-instalaciones-y-material-nuclear
incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas' 29 . Adicionalmente, tal y como queda patente según los términos acordados en el Tratado de Utrecht, España está amparada por el Derecho Internacional para
recuperar la soberanía sobre el Peñón ante el grave incumplimiento por parte del Reino Unido de las condiciones pactadas en ese mismo tratado.
Por último, el hecho de que el Reino Unido esté utilizando la base militar de Gibraltar como taller o refugio de submarinos nucleares supone una grave amenaza para la Seguridad Nacional de España, en general, y para la seguridad de los
ciudadanos españoles que habitan la región, en particular.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a iniciar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido al objeto de recuperar la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar, al amparo de lo dispuesto por el Derecho
Internacional sobre esta cuestión, y adoptando todas las acciones diplomáticas que sean necesarias para la consecución de tal fin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2020.-Santiago Abascal Conde, Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Luis Gestoso de Miguel, Emilio Jesús
del Valle Rodríguez y Víctor Manuel Sánchez del Real, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
162/000492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de lucha contra la pobreza
y la exclusión social en España, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Cuando hablamos de pobreza, de personas vulnerables y exclusión social, hablamos de una realidad nacional y europea, acentuada como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19.
Para luchar contra la pobreza hay que hacerlo desde la coordinación entre los diferentes niveles de la Administración en la prestación de los servicios, el acceso unificado y a través de un sistema común de información.
El Grupo Parlamentario Popular defiende unos Servicios Sociales en clave de derechos y de atención centrada en la persona, para cuyo desarrollo es fundamental la coordinación entre las Administraciones Públicas y la alianza público-privada,
junto con las entidades del Tercer Sector.
La pobreza se debe abordar desde la integración de medidas articuladas por las Administraciones Públicas en cooperación con todos los agentes, destinadas a atender, de manera integral y coordinada, las necesidades de las personas y familias,
fomentando su inclusión.
Durante los últimos cinco años, coincidiendo con la recuperación económica, la tendencia ha sido descendente. Sin embargo, actualmente, con una cuarta parte de la población en riesgo de exclusión (26,1 por ciento), 12,3 millones de
personas, España es el séptimo país de la Unión Europea con más pobreza.
Si solo se tiene en cuenta la renta, el 21,6 por ciento de la población española está en riesgo de exclusión. Esto quiere decir que uno de cada cinco españoles vive con menos de 1.552 euros al mes en el caso de un matrimonio con dos niños o
de 739 euros para los hogares de una persona.
29 Resolución 1514 (XV), Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, punto 6. 14 de diciembre de 1960. Disponible [en línea]: http://undocs.org/es/A/Res/1514(XV)
Esta crisis económica está golpeando con mayor crudeza a los más vulnerables, especialmente a los niños y niñas, Save the Children ha señalado que espera que la tasa de pobreza infantil se dispare al 33 % este año. España tiene la tercera
tasa de pobreza infantil más alta de toda Europa, tras Rumanía y Bulgaria, con más de 2,1 millones de niños en esta situación. Los hogares con menores a cargo son los que están sufriendo en mayor medida los efectos de la crisis económica. Por
ejemplo, la organización ha calculado que el riesgo de pobreza de las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por una mujer, aumentará del 41,1 % hasta el 48 % por culpa de la COVID-19.
La realidad es que antes de la pandemia había un 27,4 % de menores en riesgo de pobreza o exclusión social y, según las previsiones, España cerrará 2020 con más de un 30 % de niños pobres.
Esta situación se observa igualmente con las personas con discapacidad: los datos de 2019 referencian que la Tasa AROPE es de 32,5 %, (una de cada tres personas con discapacidad), diez puntos por encima de las personas sin discapacidad
(22,5 %). Y esto ocurre con la tasa de riesgo de pobreza, de pobreza severa, y el desempleo, entre otras variables.
En España, la Tasa AROPE es 4,4 puntos porcentuales superior a la media de la UE y la séptima más alta de todos los países miembros. Por encima sólo están Bulgaria, Rumanía, Grecia, Letonia, Lituania e Italia.
Según los informes recientemente publicados por EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) en España, 'la mitad de los españoles, el 49,3 % no están preparados para afrontar una crisis porque viven al límite de sus
posibilidades'. Y según Intermón Oxfan 'la pobreza podría aumentar en España en más de 1,1 millones de personas por el impacto de la pandemia de COVID-19 y alertan de que, por primera vez en 20 años, la pobreza extrema crecerá'. Además, la
Encuesta de Condiciones de vida de 2019 hace incidencia sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza.
España, el peor país de la UE. Cada vez hay más voces en contra de las previsiones económicas del Gobierno: el Banco de España, la AIREF y la UE. La Comisión Europea rechaza las falsas previsiones del Gobierno y desvela que seremos el
peor país en déficit, paro y caída de PIB durante 3 años.
La tasa de desempleo no bajará del 17 % en 2021 según fuentes de Eurostat, y actualmente ya tenemos 1.200.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro. En los últimos días, la AIREF ha indicado que un 40 % de los hogares no
pueden frente a dos meses consecutivos sin ingresos.
La Exposición de motivos del Proyecto de Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital, establece que: 'la situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por el COVID-19,
exigen la puesta en marcha con carácter urgente de un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al régimen público de Seguridad Social
para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia'.
Un ingreso que tiene los mismos objetivos que los que ya están gestionando las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Sin embargo, el Gobierno de España no consensuó esta medida con las Comunidades Autónomas ni con las Entidades
Locales, ni ha contado con la opinión de estas Administraciones durante el proceso de elaboración de la norma que regula el Ingreso Mínimo Vital.
Esta situación está provocando duplicidades e ineficiencias en la gestión además de generar incertidumbre e inseguridad jurídica, sobre todo ante el caos en el que el Gobierno ha situado la tramitación de esta prestación, con los
consiguientes perjuicios que ello está ocasionando a cientos de miles de familias en especiales condiciones de vulnerabilidad. Más de 1,2 millones de solicitudes presentadas en estos últimos cuatro meses y únicamente se ha reconocido a 160.000
hogares. En octubre, dos de cada tres solicitudes estaban en el cajón. Y hay familias que han recibido 18,09 euros (una madre con tres hijos y sin más ingresos que los pagos por alimentos que le realiza su expareja de 525 euros mensuales).
Además, el ministro Escrivá ya ha indicado que un 35 % se va a dejar de cubrir este año, de los 850.000 hogares a los que pretendía llegar. Además, la solución no es la retroactividad del mismo, puesto que la situación actual es dramática para
muchas familias y necesitan percibirlo lo antes posible, ya que tienen que comer todos los días.
Pero es que, además, todo ello ha conllevado al colapso de la Seguridad Social, lo que ha supuesto retrasos en el reconocimiento y cobro de las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, etc.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo de 2019, acumula un año y medio de retraso y aún no se
ha desarrollado a pesar de encontrarse España en una situación de pandemia durante ocho largos meses, que está azotando a muchísimas familias españolas.
De hecho, en mayo de 2019 se publicaban las Observaciones que Naciones Unidas remitía a España a raíz de la segunda revisión sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se
instaba a nuestro país a velar por que la Estrategia nacional de reducción de la pobreza incorpore una perspectiva de discapacidad que incluya medidas específicas y una partida presupuestaria concreta.
Para desplegar la Estrategia se contempla la realización de Planes operativos de desarrollo, para definir las medidas concretas a ejecutar para avanzar en la consecución de cada una de las metas estratégicas, con la fijación de objetivos y
líneas de actuación; las áreas, organismos responsables y/o implicados en la ejecución; el presupuesto asignado; la actualización de los indicadores.
Además, para disponer de sistemas de protección social más eficaces y eficientes, los Estados miembros tienen que dar prioridad a la inversión social y a la modernización de sus estados de bienestar, así lo indica el Pilar Europeo de los
Derechos Sociales.
El pasado 7 de octubre, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó a bombo y platillo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y presentó los proyectos que se pondrán en marcha en los próximos tres primeros años
recogiendo el propósito de 'la reducción de las desigualdades sociales y de género y la erradicación de la pobreza en todo el territorio, en sus zonas urbanas y rurales', pero no explicita como piensa el Gobierno 'erradicar la pobreza en todo el
territorio', puesto que no recoge un proyecto concreto.
Además, la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 Ong, ha lamentado que 'el Gobierno no tenga en cuenta a las ONG de Acción Social en el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia'. El Gobierno deja fuera de
este Plan a las ONG que durante la pandemia están sosteniendo las necesidades de los más vulnerables, movilizando sus recursos propios, incluso cuando los servicios sociales se han visto desbordados.
Según los datos, España es un país en el que hay mucha desigualdad. Por tanto, la cohesión y la lucha contra la exclusión social tienen que formar parte de la agenda política y, por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el Plan operativo de desarrollo de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.
2. Marcar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia objetivos concretos, medibles y cuantificables con el objetivo de reducir las tasas de pobreza de España; incorporando actuaciones especificas que permitan reducir las
desigualdades sociales y de género y la erradicación de la pobreza en todo el territorio, en sus zonas urbanas y rurales, tales como:
- Articular medidas por las Administraciones Públicas en cooperación con todos los agentes, especialmente con las entidades del Tercer Sector y de la Discapacidad, destinadas a atender, de manera integral y coordinada, las necesidades de las
personas y familias, fomentando su inclusión.
- Reforzar la vinculación entre las políticas activas de empleo y medidas económicas de protección.
- Establecer un modelo avanzado en materia de inclusión social que mejore la calidad y el alcance de las intervenciones de los profesionales.
- Establecer medidas específicas dirigidas a reducir la tasa de pobreza y pobreza severa en las personas con discapacidad.
- Garantizar que el proceso de digitalización llegue a las familias en desventaja social y a los entornos rurales.
- Impulsar el emprendimiento y la generación de empleo, especialmente el empleo de los más jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad.
- Incrementar la inversión en infancia y familias, priorizando las familias numerosas y las monoparentales.
- Otorgar carácter prioritario para beneficiarse de estas medidas a aquellas familias con todos sus miembros en situación de desempleo.
- Contemplar un Plan de Inserción sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral.
3. Desarrollar alianzas entre agentes públicos y privados, a través de diálogo real y efectivo, para actuar proactivamente mediante modelos compartidos basados en la innovación social.
4. Agilizar la concesión del Ingreso Mínimo Vital, reforzando la transparencia y la diligencia en la tramitación del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2020.-Alicia García Rodríguez, María Teresa Angulo Romero, María del Carmen González Guinda, José Ignacio Echániz Salgado y Margarita Prohens Rigo, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espínosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Inés María Cañizares Pacheco, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, D.
Francisco José Contreras Peláez, D. Ignacio Garriga Vaz de Concicao y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley de ayudas a la Hostelería, el Turismo y el Comercio, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. La crisis de la hostelería, turismo y comercios.
1. El sector turístico, la hostelería y el comercio están sufriendo una crisis sin precedentes en la historia de España. La situación sanitaria, social y económica provocada por el virus SARS-CoV-2, está abocando a estos sectores a una
situación dramática.
2. Asimismo, la lentitud, ineficacia e improvisación en la toma de medidas por parte del Gobierno, y la falta de homogeneidad en las restricciones de movilidad y aforos en las diferentes comunidades autónomas están condenando a una gran
parte del tejido empresarial de estos sectores a la desaparición.
3. Incluso los trabajadores y empresarios de los referidos sectores han tenido que soportar desprecios y declaraciones indignantes e irresponsables por parte del ejecutivo.
4. La realidad es que, como se analizará, estos sectores son clave para la recuperación económica de España y, ahora mismo, todos los trabajadores y empresarios están viviendo una situación social insostenible, puesto que no saben si mañana
van a poder conservar sus empleos y sustentar a sus familias. Hay que tener en cuenta que muchas medidas se han adoptado de un día para otro, sin dar un margen de reacción suficiente con el que organizar los negocios.
5. De hecho, asociaciones y algunos medios de comunicación han informado sobre casos de suicidios de integrantes del sector, motivados por esta situación extrema. Si no se toman medidas efectivas de forma urgente, lamentablemente, estas
situaciones se van a seguir produciendo 30.
A) Importancia del sector.
6. Pese a las opiniones de ciertos ministros, la realidad es que estos sectores han sido, son y serán esenciales para la economía española, tal y como demuestran las cifras del año 2019:
a) De acuerdo con la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras ('FRONTUR') realizada por el Instituto Nacional de Estadística ('INE'), en el conjunto del año 2019 visitaron España un total de 83,7 millones de turistas 31.
30 La desesperación que llevó a Raúl al suicidio: 'Mi marido era un currante, pero a los hosteleros no nos han dejado opción' (larazon.es); Bodegas Díaz Salazar: Se ahorca el dueño, segundo suicidio de un hostelero en Sevilla en un mes
(okdiario.com) [fecha de consulta: 23 de diciembre de 2020].
31 https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1219.pdf [fecha de consulta: 23 de diciembre de 2020].
b) Según la Encuesta de Gasto Turístico ('EGATUR') realizada por el INE, el gasto turístico en 2019 de los turistas internacionales que visitaron España alcanzó los 92.278 millones de euros, con Reino Unido, Alemania y Francia como
principales emisores de turistas 32.
c) Conforme a los datos de la Cuenta Satélite del Turismo de España ('CSTE'), publicada por el INE, el peso del turismo alcanzó en 2019 los 154.487 millones de euros lo que supuso el 12,4% del Producto Interior Bruto (PIB), generando 2,72
millones de puestos de trabajo, es decir, el 12,9% del empleo total 33.
Aportación de la actividad turística al PIB y al empleo
Porcentaje
Fuente: Cuenta Satélite del Turismo de España. INE.
d) De acuerdo con el 'Anuario de la Hostelería de España 2020', publicado por la Confederación Empresarial de Hostelería de España ('CEHE'), en 2019 la hostelería aportó a la economía española un total de 129.341 millones de euros, lo que
supuso un 6,2 % del PIB 34.
e) Igualmente, según el referido anuario de CENE, el sector hostelero está formado por más de 315.000 establecimientos, entre restaurantes, bares, alojamientos, pubs y cafeterías, donde el 90% son de restauración 35.
f) En relación con el empleo, el impacto de la hostelería también es considerable, dando trabajo a 1,7 millones de empleados, muchos de ellos jóvenes.
g) En cuanto al comercio, de acuerdo con la Estadística Estructural de Empresas del INE, en 2018 registró en España una cifra de negocios de 751.330 millones de euros, con un total de 744.063 empresas y una media anual de personal ocupado de
3.153.000 personas 36.
B) Caída del sector por la COVID-19.
7. Pues bien, de acuerdo con los últimos datos de la estadística FRONTUR del INE, hasta el mes octubre de 2020 llegaron a España 17,9 millones de turistas, mientras que para el mismo periodo de 2019 era de 74,7 millones, lo que supone un
descenso del 76 %.
32 https://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur1219.pdf [fecha de consulta: 23 de diciembre de 2020].
33 https://www.ine.es/cst_2019. pdf [fecha de consulta: 23 de diciembre de 2020].
34 Anuario de la Hostelería en España de 2020 elaborado por la CEHE (pág. 6).
35 Ídem.
36 https://www.ine.es/prensa/eesc_2018_d.pdf [fecha de consulta: 23 de diciembre de 2020].
Acumulado de llegadas de turistas internacionales. Comparativa 2019-2020 (*)
Miles
Fuente: Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras. INE.
8. Asimismo, según la Encuesta de Gasto Turístico del INE, el gasto acumulado en los diez primeros meses del año de los turistas internacionales alcanzó los 18.577 millones de euros, frente a los 81.839 de 2019, es decir, un 77,3 % menos
37.
9. En cuanto al turismo de residentes, la última Encuesta de Turismo de Residentes ('ETR/FAMILITUR'), también realizada por el INE, referida al tercer trimestre de 2020, refleja que en los nueve primeros meses de 2020 los viajes efectuados
por residentes bajaron un 45 %, con un descenso del 41,9 % de los viajes internos.
10. Igualmente, según esta encuesta del INE, el gasto total de los residentes en el tercer trimestre fue de 10.783 millones, lo que significa un descenso del 44,1 % con respecto al tercer trimestre de 2019, y una disminución del 22,4 % del
gasto total en los viajes con destino nacional 38.
11. Los últimos datos de la Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) publicados por el INE, reflejan el impacto de la crisis en los hoteles, puesto que en los primeros once meses de 2020 se han producido 88,4 millones de pernoctaciones,
lo que supone un 72,9 % menos que en el mismo período de 2019 39.
37 https://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur1020.pdf [fecha de consulta: 23 de diciembre de 2020].
38 https://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr0320.pdf [fecha de consulta: 23 de diciembre de 2020].
39 https://www.ine.es/daco/daco42/prechote/cth1120.pdf [fecha de consulta: 23 de diciembre de 2020].
Pernoctaciones acumuladas. Comparativa 2019-2020
Miles
Fuente: Coyuntura Turística Hotelera. INE.
12. Las cifras de negocios de estos sectores vuelven a reflejar datos tremendamente negativos, ya que de acuerdo con los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) del INE 40, la tasa anual de las agencias de viajes disminuyó un
87,3 %, los servicios de alojamiento un 78,5 % y el transporte aéreo un 69,2 %.
13. Las cifras de empleo también reflejan la mala situación, ya que más de 473.000 empleados pertenecientes a turismo, hostelería y comercio siguen en situación de ERTE 41. Asimismo, el descenso en el empleo en el segundo trimestre del
sector de la hostelería fue de 400.000 trabajadores con respecto a 2019.
14. Las previsiones del sector tampoco son positivas, así la CEHE en el Anuario 2020 citado anteriormente, calcula que al cierre del año habrán desaparecido aproximadamente 85.000 establecimientos, que pueden llegar a 100.000 en febrero.
En el conjunto del año está previsto una pérdida de entre 900.000 y 1.100.000 empleos directos e indirectos, afectando a 680.000 empleos directos.
15. Asimismo, según publicó el Anuario de la Hostelería en España de 2020 42, la facturación descendió un 50 %, con una pérdida que puede llegar a 67.000 millones de euros. Según este mismo informe, en el mejor de los escenarios, la
recuperación de las cifras de ventas no llegaría hasta finales de 2021 o principios de 2022 43.
Por último, conviene destacar antes de continuar con esta Exposición de motivos que, de acuerdo con el informe 'Actualización 240. Enfermedad por coronavirus (COVID-19)' de 30 octubre de 2020 del Ministerio de Sanidad (pág. 16), en los
establecimientos de restauración, sumando el ámbito laboral y social, sólo se habrían producido aproximadamente el 3 % de los casos de coronavirus. No obstante, ha sido el sector que más ha sufrido las restricciones del Gobierno. Dentro de este
sector, el ocio nocturno es uno de los grandes perjudicados, siendo el que más prohibiciones y restricciones ha sufrido.
40 Instituto Nacional de Estadística. Notas de prensa. Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Base 2015. Octubre de 2020.
41 Plan de refuerzo a la hostelería, el turismo y el comercio publicado por el Gobierno el 22 de diciembre de 2020 (pág. 6).
42 Anuario de la Hostelería en España de 2020 elaborado por la CEHE (pág. 31).
43 Ibid., pág. 33.
Segundo. Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
16. El 22 de diciembre de 2020, tras varios anuncios por parte del Gobierno, se aprueba el gran esperado plan de apoyo a la hostelería, comercio y turismo, cuyo reflejo normativo se encuentra en el Real Decreto Ley 35/2020, de 22 de
diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (el 'Real Decreto').
17. El Real Decreto ha sido calificado negativamente por todo el sector puesto que no se han reflejado las medidas que venían reclamándose desde hace meses, como, por ejemplo, las ayudas directas a pequeñas y medianas empresas ('PYMES') y
autónomos.
18. En definitiva, las medidas adoptadas por el Real Decreto son nuevamente insuficientes. Así, por ejemplo, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CENE), D. José Luis Yzuel, en manifestaciones a distintos
medios, ha calificado el plan como de una 'decepción absoluta y total', afirmando que 'de este rescate estrella sólo se beneficiará un 5 % de negocios'.
19. Entre algunas de las medidas del Real Decreto, se podría hacer referencia a las siguientes:
a) Alquileres. Se deja al libre pacto entre el arrendador y el arrendatario la negociación del abono del coste de arrendamiento, de forma que el tenedor sea quién asuma aplazar el coste del alquiler o la pérdida del 50 %, y financiar, con
ello, al Estado.
b) Ampliación préstamos ICO y modificación de condiciones. Nuevamente financiación, préstamos que el sector duda cuándo podrá o si podrá devolver.
c) Medidas fiscales, consistentes en aplazamientos y una mera subida de la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5 %.
d) Medidas laborales y seguridad social. Se extiende la Disposición Adicional la del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo a las actividades de 'Comercio al por mayor de bebidas',
'Restaurantes y puestos de comidas', 'Establecimientos de bebidas', 'Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales' y 'Actividades de juegos de azar y apuestas', y se establecen bonificaciones de la contratación de
trabajadores fijos discontinuos.
No obstante, el aplazamiento en el pago de las cotizaciones a la seguridad social se realiza con un coste del 0,5 %. Asimismo, nada se dice sobre la tan reclamada prórroga de los ERTEs más allá del 31 de enero de 2021.
e) Las agencias de viajes podrán utilizar el dinero de los préstamos concedidos del (ICO) para devolver los pagos realizados por los clientes para la realización de viajes que luego no se llevaron a cabo. Sin embargo, no se adopta ninguna
de las recomendaciones realizadas por Europa en su Recomendación (UE) 2020/648, de 13 de mayo de 2020, relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte
cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Tercero. Medidas adoptadas en el resto de Europa.
20. Ante la situación actual, en el estudio de las medidas a adoptar y a efectos de comparar la política seguida en España con las actuaciones del resto de países, debemos partir de tres premisas: (i) el gran peso del sector de la
hostelería, turismo y comercio en España 44, (ii) la situación del sector en nuestro país tal y como ha sido analizada en el Expositivo Primero y que (iii) España será el sexto país de la Unión Europea que más recibirá de Europa tal y como se afirma
por el Banco Central Europeo ('BCE') 45:
44 Como se indica en el Informe anual 2019 del Banco de España el peso de la hostelería, restauración, transporte u ocio representa en torno al 9 % de la economía de la zona euro, y su peso es mayor en economías como la española o la
italiana (pág. 62).
45 Gráfica extraída en el Boletín Económico número 6/2020 (pág. 94). Banco Central Europeo. Eurosistema.
Gráfico B
MRR reparto de subvenciones, neto de pagos esperados
21. Asimismo, hay que tener presente que en el informe del BCE en el que se recoge la gráfica anterior, precisamente se afirma que es fundamental 'ofrecer una respuesta europea coordinada al COVID-19 para evitar una recuperación desigual y
la fragmentación económica, promoviendo al mismo tiempo la resiliencia económica en los Estados miembros' 46. No obstante, al mismo tiempo, se constató que España había sido el país que menos ayudas directas ha dado a sus empresas en la pandemia
47.
22. Así, en varios países de la Unión Europea se están otorgando ayudas directas a empresas y autónomos en función de la facturación para el mismo periodo en el año anterior o para la satisfacción de gastos fijos de las empresas. Todo
enfocado como inversiones a futuro en el tejido empresarial del país. Veamos algunos ejemplos de medidas adoptadas 48:
a) Italia.
El gobierno italiano ha acordado ayudas directas de cuantía proporcional a sus pérdidas para PYMES, y concedió subvenciones directas de mil euros en mayo a autónomos con una reducción de ingresos superior al 33 %.
Asimismo, se han establecido subvenciones a fondo perdido para pymes y prestaciones a autónomos con un fondo de 50 millones de euros en 2020, a favor de empresas de alojamiento turístico, spas y balnearios para el ajuste a las medidas anti
COVID-19. 49
b) Francia.
En Francia, bares y restaurantes están incluidos en las ayudas de hasta 10.000 euros al mes para las empresas con menos de 50 trabajadores que sufran pérdidas de hasta el 70 % de sus ingresos. Si la caída de la facturación es del 50 %, las
ayudas mensuales serán de 1.500 euros.
Asimismo, se han establecido, entre otras medidas, un fondo solidario para empresas con hasta 20 empleados y una facturación de hasta 2 millones de euros, préstamos garantizados por el Estado y aplazamiento de vencimientos de crédito hasta
12 meses.
46 Idem.
47 Ibid., pág. 85.
48 Información extraída del Informe anual 2019 del Banco de España (pág. 82) y de informaciones recogidas en medios de comunicación que se habrían basado en el informe realizado por COMPOTUR (alianza para la competitividad en Turismo
formada por Hostelería de España y Cerveceros de España.), al que no se ha podido tener acceso por lo que los datos podrían ser rectificados con posterioridad.
49 Los Planes Marshall de los países europeos para salvar su sector turístico, pág. 13.
b) Alemania.
Alemania prolonga hasta junio de 2021 las ayudas puestas en marcha al principio de la pandemia y que incluyen al sector hostelero. Ha establecido un paquete de 130.000 millones de euros entre 2020 y 2021, además de los 25.000 millones
destinados a la hostelería en julio y agosto, y ha propuesto paliar hasta el 75% de las pérdidas derivadas de las empresas afectadas, con una previsión de 10.000 millones de euros.
b) Reino Unido.
En Reino Unido, se aportan 3.000 libras para pagar gastos corrientes, como el alquiler del local y los suministros de luz y agua, y el gobierno británico también aporta dos tercios del salario de los trabajadores para ayudar a la hostelería.
e) Dinamarca.
Ayuda al pago de salarios por cese de actividad y concede un subsidio del 75 % de las pérdidas de los autónomos por 3 meses. Asimismo, contempló una subvención de costes fijos de PYMES con pérdidas de facturación de más del 40 %.
f) Bélgica.
En Bruselas, también aportan 3.000 euros a los establecimientos hosteleros que tengan que cerrar durante un mes por las restricciones fijadas por el gobierno belga en la capital comunitaria.
e) Luxemburgo.
En el caso del Gran Ducado, el gobierno ha aprobado medidas de apoyo de 20.000 euros al mes para microempresas, 100.000 euros mensuales para pymes y 200.000 para las grandes empresas. Luxemburgo dio luz verde a estas ayudas incluso sin
haber decretado el cierre total de los establecimientos hosteleros.
23. Sobre la concesión de este tipo de ayudas se pronunció el Gobernador del Banco de España, D. Pablo Hernández de Cos, en su intervención sobre los riesgos y vulnerabilidades para las empresas españolas durante la presentación de su
informe anual en el Congreso de los Diputados 50, realizando manifestaciones como las que siguen:
'Por este motivo, creo que tiene sentido valorar la posibilidad de disponer de actuaciones adicionales dirigidas a apoyar a las empresas que no impliquen un aumento de las obligaciones financieras, como, por ejemplo, ayudas directas o en
algunos casos inyecciones temporales de capital.
[...]
Al mismo tiempo -yo insisto en esta preocupación- a lo mejor hay que sustituir una parte de esas líneas de financiación para los casos que tengamos claros de empresas viables que queramos apoyar, porque el shock es esencialmente temporal y
no hay ningún elemento estructural de medio plazo con subvenciones directas o con apoyo directo de capital, porque si no, nos vamos a encontrar, insisto, con empresas muy endeudadas, peores perspectivas de demanda, al menos temporalmente, y las
vamos a acabar convirtiendo en insolventes. Este matiz me parece muy importante'.
24. Por último, destacar que no ha sido solo Europa, sino países como Estados Unidos los que han dirigido la mayoría de sus medidas para la lucha contra la pandemia a ayudas directas. Como expone el Banco de España:
'El paquete de política fiscal de Estados Unidos es particularmente relevante desde un punto de vista cuantitativo y se articula, principalmente, en forma de ayudas directas a hogares, empresas y Gobiernos estatales y locales. Se estima que
las medidas del Gobierno federal estadounidense tendrán un coste presupuestario total de más del 12 % del PIB, si bien se movilizarán recursos equivalentes al 14,7 % del PIB una vez se añaden las garantías concedidas a las operaciones de la
autoridad monetaria'.
50 Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 6 de octubre de 2020.
25. Pese a todo lo anterior, en España, son solo algunas Comunidades Autónomas las que han decidido otorgar ayudas directas a empresas del sector (por ejemplo, Murcia con el Plan Reactiva) 51. Con el nuevo Real Decreto-ley, la intención es
seguir delegando en éstas la concesión de este tipo de ayudas con todas las implicaciones que ello conlleva.
26. La realidad es que España está a la cola de los países avanzados en Europa en la concesión de ayudas directas a sus empresas que compensen las pérdidas originadas por las restricciones. Se estima que han sido apenas el 3 % del PIB; en
cambio, la ayuda se ha centrado en la concesión de créditos que las empresas de los diversos sectores dudan si podrán devolver.
27. Debido a todo lo expuesto y dado lo extraordinario de la situación actual, se hace necesario adoptar nuevas medidas tendentes a aliviar, siquiera de forma temporal, las cargas que se imponen a las empresas del sector hostelero,
turístico y del comercio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Establecer un plan nacional de ayudas directas para empresas del sector hostelero, turístico y otros comercios que se hayan visto gravemente afectados por la pandemia derivada de la COVID-19 y las restricciones impuestas, que contenga
medidas como las expuestas a continuación:
- Ayudas que cubran total o parcialmente las cuotas de arrendamientos del lugar del desarrollo de la actividad empresarial y/o profesional para aquellos que cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 3 del nuevo Real Decreto
35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. Ahora bien, modificando el supuesto contemplado en el apartado 3.1. c) de forma que se requiera una caída del 50 %
de la facturación en lugar del 75 % para el acceso a estas medidas.
- Ayudas directas que respondan total o parcialmente a los costes fijos derivados de suministros y tasas.
- Ayudas directas determinadas en función de la facturación de esas empresas sometidas a grandes restricciones para el mismo periodo del año anterior. Para ello, habrá de atenderse a las particulares restricciones impuestas en cada una de
las CCAA.
2. Prorrogar y flexibilizar los ERTEs de suspensión de contrato o reducción de jornada, hasta la finalización del Estado de alarma o al menos hasta junio de 2021, revisable en función de la evolución de la pandemia.
3. Suspender, sin ningún coste, el abono de las cuotas de autónomos y cotizaciones de la seguridad social de empleados en ERTE mientras no se recuperen los niveles anteriores a la presente crisis y, como mínimo, hasta junio de 2021,
revisable en función de la evolución de la pandemia.
4. Eliminar la exigencia en relación con los ERTE por la que se obliga al mantenimiento del empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.
5. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la modificación de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de aplicar un tipo reducido del 4 % al IVA turístico y la reducción generalizada de todos los tipos de IVA al mínimo del 15 % para incentivar el consumo.
6. Congelación de impuestos directos e indirectos que lastren la actividad de estos sectores.
7. Creación de bonos para familias y empresas que incentiven el consumo en el turismo, la hostelería y el comercio.
8. Promover ante los Ayuntamientos y Administraciones competentes la flexibilización de los horarios de apertura y consumo, así como los requisitos para la instalación de terrazas, fijando los aforos en función de la distancia de seguridad.
9. Promover acuerdos para que los Ayuntamientos y otras administraciones reduzcan o eliminen las tasas municipales al sector, así como la flexibilización del pago de estos tributos durante la vigencia de las restricciones.
51 Plan reACTIVA2020 de la Región de Murcia (regmurcia.es) [fecha de consulta: 27 de diciembre de 2020].
10. Creación de planes de formación para la Hostelería orientados a impulsar las capacidades de gestión financiera y profesionalización.
11. En concreto, para el subsector turístico de las agencias de viajes:
a) Conforme al apartado 19 de la Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión de 13 de mayo de 2020, relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte
cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19, promover con los intermediarios financieros el establecimiento de líneas de liquidez específicas para las agencias de viajes para atender las reclamaciones de reembolsos de billetes y bonos
cancelados. A tal fin, se utilizará la ayuda para hacer frente a la COVID-19 prevista en el marco del Instrumento de Garantía de Préstamo del Programa COSME, puesto en marcha por el Fondo Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, y otros
regímenes similares lanzados por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones.
b) Promover, en aplicación de los apartados 3 a 12 de la Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión de 13 de mayo de 2020, los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de
transporte cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19.
c) Condicionar el acceso a ayudas públicas por parte de los proveedores de servicios turísticos a que, tras la recepción de las oportunas ayudas, se cumpla la obligación de devolución de los importes procedentes de viajes cobrados de las
agencias de viajes.
d) Establecer la congelación de los seguros de caución requeridos para obtener las licencias de actividad como agencias de viajes mientras dure la crisis.
e) Incentivar fiscalmente la contratación de paquetes de viajes combinados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de enero de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás, Ignacio Garriga Vaz de Concicao, José María Figaredo Álvarez-Sala, Inés
María Cañizares Pacheco y Francisco José Contreras Peláez, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
162/000494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la puesta en marcha de una campaña de vacunación nacional
contra el COVID-19 con suministros y recursos suficientes para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 27 de diciembre de 2020 comenzaron a llegar las primeras vacunas contra la COVID-19 a las diferentes Comunidades Autónomas de nuestro País, un hito que fue reflejado en todos los medios de comunicación, recogiendo imágenes gráficas
de las primeras vacuna suministradas.
Desde entonces y hasta la fecha actual el ritmo de vacunación ha sido muy diferente dependiendo de la Comunidad Autónoma, pasando de datos en torno al 40-50 % de las dosis recibidas en Comunidades Autónomas como Asturias, Galicia o Castilla
y León a datos en torno al 5 % de las dosis recibidas en otras CCAA, evidenciando una enorme disparidad de resultados. Asimismo, resulta inconcebible que, a fecha de 7 de enero de 2021, tan sólo se hayan podido administrar un 18,7 % de las dosis
entregadas, según el informe de actividad de gestión integral de la vacunación contra el COVID-19 proporcionada por el Ministerio de Sanidad.
Los objetivos iniciales, en relación a la vacunación de la población, fijados por el propio Ministerio de Sanidad, hablaban de llegar al verano con al menos el 60 % de la población vacunada, lo que supone un ritmo de un millón de dosis
administradas cada semana. En consecuencia, las desigualdades regionales y una total falta de coordinación por parte del Gobierno Central, son las premisas que marcan un proceso
que, de seguir en esta línea y a este ritmo convierte en quimera las optimistas previsiones del Gobierno de España cuando hablaba de un gran porcentaje de población inmunizado de cara al verano.
Los profesionales sanitarios, colegios profesionales de médicos y enfermería, han recordado a lo largo de estos días la importancia de la vacunación, señalando que es importante acelerar el proceso de vacunación ante el repunte de casos que
estamos viviendo en los últimos días. Asimismo, tanto personal de enfermería como farmacéuticos y otros profesionales sanitarios han expresado su voluntad de participar de forma más activa en la campaña de vacunación contra el COVID-19, haciendo un
esfuerzo más en esta pandemia que tan dura ha sido para todos los profesionales de la salud. Para ello, es necesario que las administraciones se coordinen y establezcan un marco único de referencia que regule el papel que deben tener estos
profesionales, así como las condiciones en las que deben realizarlo.
Aunque la primera semana vacunación resultó ser una semana atípica marcada por los festivos de las fecha navideñas, y que además las características propias de la vacuna hacen que no se pueda ir tan rápido como en otras campañas de
vacunación, consideran que es imprescindible vacunar al mayor porcentaje de la población en el menor tiempo posible ante la amenaza de una inminente tercera ola que podría colapsar nuevamente los hospitales y centros de salud.
No puede ser que ante un auge constante de contagios y fallecidos, exista tan poca falta de información y rendición de cuentas por parte del Ministerio, además de encontrarnos inmersos ante un ministro actual de sanidad que, lejos de
explicar la evolución de la tercera ola de la pandemia, ha empleado estas navidades en anunciar su candidatura para las futuras elecciones autonómicas en Cataluña, siendo este acto un claro ejemplo de poca rigurosidad y compromiso en la gestión de
la pandemia. Esta inacción y concepción partidista del cargo es uno de los motivos por los que desde el GP Ciudadanos hemos solicitado la comparecencia en el Congreso del Ministro de Sanidad para que explique con la máxima claridad la situación del
plan de vacunación actual, y hemos solicitado además al Gobierno de España medidas para complementar los esfuerzos realizados por las Comunidades Autónomas para garantizar que hay suficiente personal formado administrando vacunas contra el COVID-19.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acelerar la campaña de vacunación incluyendo la posibilidad de vacunación los festivos y fines de semana, de manera que, se garantice a la mayor brevedad la vacunación de la totalidad de los grupos de riesgo, incluyendo a todo el
personal sanitario y socio-sanitario como colectivo sensible que está en primera línea de atención a pacientes con COVID-19.
2. Activar todos los recursos sanitarios disponibles, públicos y privados, para complementar los esfuerzos realizados por las Comunidades Autónomas en materia de rastreos y realización de pruebas de diagnóstico del COVID-19. Asimismo, a
dotar de los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar la atención psicológica a los profesionales sanitarios y socio-sanitarios que así lo soliciten.
3. Requerir la colaboración de todos los recursos sanitarios certificados para llevar a cabo y agilizar la campaña de vacunación, tanto públicos como privados, disponibles para ampliar la campaña de vacunación como son las fuerzas armadas,
además de otros profesionales sanitarios, incluidos farmacéuticos, dentistas y veterinarios, con el objetivo de planificar, coordinar y asegurar la efectividad del Plan de Vacunación nacional de la COVID-19.
4. Solicitar en el ámbito del Consejo Interterritorial de Salud la actualización de una estrategia nacional de vacunación que permita la coordinación y el trabajo conjunto de la administración central con las Comunidades Autónomas en lo
relativo a formación y disponibilidad de personal sanitario a fin de avanzar en la campaña de vacunación con la celeridad adecuada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000005
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa legislativa popular.
Autor: Don Manuel Nicolás Martos García de Veas.
Retirada de su Proposición de Ley para la regulación del personal longevo al servicio de las Administraciones Públicas.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.