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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 185, de 24/11/2020
cve: BOCG-14-D-185
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de noviembre de 2020
Núm. 185
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001681 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conmemoración del 90 Aniversario de la Constitución de 1931 ... (Página4)
161/001682 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación de los lobbies ... (Página5)
161/001696 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024 ... (Página6)
161/001697 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la del COVID-19 ... (Página8)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno de la República Popular China a cumplir con los principios que rigen la Organización Mundial del Comercio ...
Comisión de Defensa
161/001680 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a regular el uso de las aeronaves de la flota oficial a disposición de los miembros del Gobierno ... (Página13)
Comisión de Interior
161/001678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al reacondicionamiento de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Cádiz ... (Página18)
161/001679 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la rehabilitación integral de la Comisaría de Distrito Centro, sita en la calle Leganitos de Madrid ... (Página21)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/001699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de los accesos en la red viaria en la provincia de Ourense ... (Página24)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/001684 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la defensa de la industria del metal en la Bahía de Cádiz y en la Bahía de Algeciras ...
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001675 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción de la Terapia Ocupacional y los centros ocupacionales en España ... (Página26)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la implantación de la economía circular en la alimentación ... (Página29)
161/001690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el fomento de la instalación de energías renovables en agricultura y ganadería ... (Página30)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/001686 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Estatuto Básico del Pequeño Municipio ... (Página40)
161/001695 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al desarrollo de las estrategias y planes necesarios para impulsar la protección de las personas
desplazadas por causas medioambientales ... (Página41)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la desinfección del transporte público urbano mediante luz UV-C ... (Página43)
161/001688 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la incorporación de la epidemiología genómica en España ... (Página46)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001687 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre promoción de Unidades de Igualdad en universidades ... (Página47)
161/001691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar la implantación en el municipio de Escúzar (Granada) del reactor de fusión nuclear ITER, conocido como IMIF DONES
... (Página48)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/001683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación de los lobbies ... (Página50)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001701 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos y la atención adecuada de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados
... (Página51)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001693 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a ayudas económicas a jóvenes para la obtención del permiso de conducir ...
161/001698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de los accesos en la red viaria en la provincia de Ourense ... (Página54)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Agricultura,Pesca y Alimentación
181/000618 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), sobre razones por las que el Gobierno ha decidido modificar la actual normativa para la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en estos momentos,
sabiendo que perjudica a numerosas explotaciones agrarias españolas ... (Página55)
181/000619 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), sobre medidas para proteger y promocionar la producción española de plátano de Canarias ... (Página56)
181/000620 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), sobre simplificación del sistema para que a partir del año 2023 los agricultores y ganaderos puedan recibir las ayudas sin tener que presentar formalmente una
solicitud ... (Página56)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000167 Pregunta formulada por los Diputados doña Ana María Zurita Expósito (GP), don Sebastián Jesús Ledesma Martín (GP), don Guillermo Mariscal Anaya (GP) y doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), sobre previsiones acerca de la partida
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para 'Acondicionamiento Playa de Valleseco' en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 (procedente
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/005974/0000). Retirada.... (Página56)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/001681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la conmemoración del 90 Aniversario de la Constitución de 1931, para su
debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
En el año 2021 se va a cumplir el 90 aniversario de la aprobación de la Constitución republicana de 1931.
La Constitución de 1931 supuso un avance de progreso que no se había alcanzado hasta entonces en la historia de nuestro país. Como antecedente inmediato que es de nuestro Texto Constitucional, gran parte de lo regulado en ella fue adoptado
posteriormente por la Constitución de 1978.
Por un lado, la Constitución de 1931 fue la primera Constitución de la historia de España que avanzó en la descentralización del poder, a través del reconocimiento de la autonomía política de las regiones (Estado regional), superando por
primera vez el Estado unitario, que había sido la forma de Estado de España en todas las Constituciones del siglo XIX.
Por otro lado, fue la primera Constitución plenamente democrática, al reconocer la soberanía popular, lo que se tradujo en el reconocimiento del sufragio universal pleno, posibilitando así por primera vez el derecho al voto de las mujeres,
la mitad de la población, que hasta entonces habían quedado excluidas del procedimiento electoral.
Además, fue la primera Constitución en establecer una amplia tabla de derechos fundamentales, que recogía no solo los derechos políticos y civiles clásicos, sino también derechos económicos y sociales. Y, sobre todo, fue la primera
Constitución en establecer un sistema de garantías de los derechos fundamentales, hasta entonces inédito, que culminaba en lo que para la época era una gran novedad: la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales, el antecedente inmediato
de nuestro actual Tribunal Constitucional.
Fue, por otra parte, la primera Constitución que recogió la laicidad del Estado, al proclamar que 'el Estado no tiene religión oficial', único antecedente histórico de nuestro actual Estado aconfesional.
Otras de sus características -el sistema parlamentario de Gobierno y el acento en la economía social- también pueden ser consideradas como elementos que luego fueron posteriormente recogidos en la Constitución de 1978.
En definitiva, nuestra actual democracia retomó, medio siglo después, el régimen democrático, descentralizado, laico y de libertades y justicia social que inauguró la Constitución de 1931. Frente a revisionismos históricos absolutamente
infundados, nuestra democracia debe reaccionar y reivindicar una Constitución que fue sin duda un ejemplo para su época y la base sobre la que se edificó nuestra actual Constitución de 1978.
En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el año 2021 emprenda una agenda de actos, eventos y exposiciones para conmemorar la aprobación de la Constitución de 1931.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2020.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de los lobbies, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La regulación de los lobbies y los grupos de interés aparece en todos sus informes como una recomendación recurrente del GRECO (Consejo de Europa) para España. Se trata, sin duda, de una de las lagunas más relevantes que nuestro país debe
cubrir para homologarse a las democracias constitucionales de nuestro entorno en materia de calidad democrática.
Que la labor de los grupos de interés se realice con la debida transparencia y regulación sería beneficioso para todos los actores en juego. Para los propios grupos de interés, pues les daría unas pautas claras de cómo deben actuar en su
relación con los poderes públicos. Para estos últimos, ya que les serviría para canalizar las demandas de la sociedad civil, lo que les ayudaría en la realización de sus objetivos. Y para la ciudadanía, que podría acceder a una información -la de
la relación entre los poderes públicos y los grupos de interés- que ahora permanece en la opacidad.
En la XII Legislatura (2016-2019) se produjo la tramitación de una reforma de Reglamento de la Cámara, que caducó con la legislatura. Se trataba de una reforma cuyo principal objeto era la creación de un Registro público de carácter
obligatorio en el que debían inscribirse los representantes de Grupos de interés que mantuvieran encuentros con los Diputados y el personal adscrito a su labor parlamentaria con el objetivo de trasladar sus intereses y propuestas.
Esta fórmula, la del Registro en el Parlamento, no ha sido la utilizada, sin embargo, por algunas Comunidades Autónomas, que han optado por la creación de un Registro de grupos de interés en la Administración, que luego, mediante convenio,
pudiera ser utilizado también por este último.
Junto a la creación del Registro, en la Administración o en el Parlamento, sería necesario regular, entre otras materias:
- Qué se considera grupo de interés y actividad de influencia.
- El código de conducta que deben cumplir los lobistas que se apuntan al registro.
- Un sistema de control y fiscalización que asegure que se cumple lo establecido por la ley: alerta, procedimientos de investigación, organismos encargados del control.
- La publicidad de los contactos mantenidos con grupos de interés durante la elaboración normativa y su participación previa en la elaboración de las normas.
- Un régimen sancionador contra lobistas y cargos públicos que incumplan la ley.
Nada de esto existe todavía. La situación actual se resume en que, pese a que determinadas CCAA han comenzado a regular la participación de los lobbies, carecemos todavía de una regulación a nivel estatal.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2020.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001696
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de comparecencia contenida en el punto 2 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este
acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el 'IV Plan Gobierno Abierto de España 2020-2024', para su debate en Comisión
Constitucional.
Exposición de motivos
La Constitución española garantiza a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de sus representantes libremente elegidos. En diferentes preceptos constitucionales -artículos 9.2,
23.1 y 105- se reconoce el derecho de participación en las decisiones públicas y todos los poderes públicos tienen el deber de promover y facilitar esa participación de la ciudadanía en la vida política, económica, social y cultural.
Lo cierto es que la sociedad en general ha venido expresando, cada vez con más intensidad, sus demandas de mayor transparencia en la vida política, más vías de participación, rendición de cuentas por parte de los gobiernos, integridad en el
funcionamiento de las instituciones y colaboración en las decisiones públicas. En respuesta a estas peticiones España se sumó en 2011 a la Alianza para el Gobierno Abierto y, desde entonces, se han desarrollado tres planes nacionales con
actuaciones que han permitido avances que favorecen un sistema de democracia participativa.
En el marco del Foro de Gobierno Abierto, que reúne a las Administraciones Públicas con las organizaciones de la sociedad civil, en un espacio de diálogo y deliberación sobre Gobierno Abierto, se han ido acordando los objetivos y prioridades
de gobernanza democrática para España de cara a los siguientes años.
Los anteriores Planes de Gobierno Abierto han servido para impulsar la aprobación de normativas, como la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la información y Buen gobierno, la puesta en marcha del Portal de Transparencia, la creación del
Consejo de Transparencia y el Observatorio de la Participación, un espacio participativo web de Gobierno Abierto, la carpeta ciudadana, etc.
El 14 de febrero de 2019 se aprobó el Documento Marco para la elaboración del 'IV Plan Gobierno Abierto de España', tanto por la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, órgano de cooperación entre las Administraciones Públicas, como por la
Comisión Permanente del Foro del Plan.
En este Documento se fijaron los objetivos generales y los criterios para el desarrollo de un proceso participativo para establecer su contenido. También se estableció una selección previa de propuestas ciudadanas que se recibieron como
consecuencia de un primer proceso de consulta pública.
La crisis provocada por la COVID-19 supuso el aplazamiento de la dinámica prevista para la elaboración del IV Plan que se retomó el 8 de junio de 2020 con la posterior celebración de los talleres deliberativos para debatir y priorizar las
130 propuestas de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas.
El resultado fue un ambicioso y acertado borrador de Plan que se sometió por parte de la Dirección General de la Gobernanza Pública a nueva consulta pública para la recepción de consideraciones, entre el 28 de septiembre y el 16 de octubre.
El Documento final del IV Plan se acaba de aprobar y se proyecta a cuatro años para el cumplimiento de 10 ambiciosos compromisos que se estructuran en torno a cuatro grandes objetivos:
- Profundizar en la transparencia, en el acceso a los datos abiertos y en la rendición de cuentas de las Administraciones Públicas.
- Impulsar y fortalecer la calidad de la participación en la gestión pública.
- Fortalecer valores éticos y mecanismos para afianzar la integridad de las instituciones.
- Sensibilizar a la sociedad y a las empleadas y empleados públicos sobre los valores del Gobierno Abierto.
Para llevarlos a cabo, se contemplan 110 iniciativas, 53 de las cuales, integradas en el compromiso 10 de iniciativas de ámbito autonómico y local, corresponden a las Administraciones Autonómicas y a la FEMP.
Entre las actuaciones que el Plan quiere promover e impulsar se pueden destacar las siguientes: Mejora de los sistemas de Integridad pública, Regulación de un registro de lobbies, modificar la ley de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones, Protección de las personas denunciantes, Observatorio de Buenas prácticas en Gobierno Abierto, desarrollo de una Plataforma de Participación en el Portal de Transparencia, sistema para mejorar la trazabilidad del
proceso de elaboración normativa o huella normativa, reforma de la Ley de Transparencia, Plan de mejora de la transparencia y de la Rendición de Cuentas mediante seguimiento periódico de cumplimiento de compromisos, mejora del Portal de
Transparencia con ampliación de la Publicidad Activa, crear una herramienta informativa de los Presupuestos, Laboratorios de innovación para promover la Participación en políticas públicas...
Dada la trascendencia del 'IV Plan Gobierno Abierto de España 2020-2024' por su incidencia en reformas y nuevos proyectos legislativos, impulso de iniciativas de las Administraciones Públicas, promoción de derechos constitucionales y
sensibilización en los valores democráticos, es oportuno establecer un vínculo de relación formal para el debate e intercambio de ideas entre los responsables gubernamentales del IV Plan y el Congreso.
De esa manera, y con la iniciativa que se propone, será posible dar a conocer a la sociedad española este trabajo, crear un cauce de colaboración para profundizar el Gobierno Abierto y la democracia participativa y favorecer la extensión de
buenas prácticas parlamentarías.
En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Remitir anualmente a la Presidencia y Grupos Parlamentarios del Congreso una Memoria informativa que detalle los avances y el estado de progreso de los diferentes compromisos y actuaciones recogidas en el IV Plan Gobierno Abierto de
España 2020-2024.
2. Comparecer en la Comisión correspondiente del Congreso, por medio de responsables del Plan Gobierno Abierto de España, para efectuar un seguimiento parlamentario del IV Documento, debatiendo la Memoria anual, en especial su contribución
a la calidad de la democracia, y evaluando el grado de cumplimiento de los compromisos y actuaciones contempladas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2020.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001697
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la del COVID-19.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 2 comporta una manifestación de voluntad de estudiar una serie de actuaciones y medidas que se adoptarían, en todo
caso, por el órgano competente y por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, 'la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la del
COVID-19', para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La aparición en España del coronavirus produjo uno de sus impactos iniciales en el Congreso, acordando el diez de marzo la Presidenta un cierre preventivo de actividades tras el contagio de diputados de VOX. A continuación, se procedió a
suspender Plenos y Comisiones y dictar servicios mínimos para los siguientes quince días, a la vez que se garantizaba disponibilidad ante situaciones o procedimientos urgentes. Todo ello de común acuerdo entre los Grupos en la Junta de Portavoces.
Las medidas de paralización quedaron confirmadas con la declaración del estado de alarma acordada por el Gobierno pocos días después. En todo el tiempo transcurrido durante el estado de alarma, el Congreso permaneció abierto, como
corresponde a una actividad esencial en un Estado de Derecho por parte de una institución garante de la democracia. En especial, en cuestiones como el pluralismo político, la función legislativa y el control al Gobierno.
La combinación de actividades presenciales con las telemáticas, por ejemplo en los Plenos, ha sido desde entonces una opción razonable ante la orden de confinamiento y las normas de protección sanitaria que alcanzan a la generalidad de los
diputados. Esa combinación, no ensayada hasta ahora, ha funcionado razonablemente bien. Lo cual es de importancia para la calidad de nuestra democracia también en situaciones de excepcionalidad. Se trataría ahora de plantearse la aprobación de
una regulación de las fórmulas de funcionamiento a seguir en este tipo de escenarios.
La Mesa y la Junta de Portavoces buscaron con acierto las fórmulas y mecanismos precisos, aprovechando las posibilidades que ofrecen los sistemas tecnológicos de comunicación, para que no se paralizase la función legislativa del Congreso.
Se trataba de poder debatir y autorizar en Plenos la convalidación de la legislación de emergencia aprobada por el Gobierno para combatir el coronavirus con medidas de actuación en el campo sanitario, sociolaboral y económico.
En concreto, la Cámara celebró distintos Plenos, tanto para autorizar la convalidación de los RDL del Gobierno sobre la declaración del 'estado de alarma' -en cumplimiento de los artículos 116 de la
Constitución y 162 del Reglamento del Congreso- como para aprobar otras medidas del Consejo de Ministros. Estos Plenos se desarrollaron con la presencia del Gobierno y una asistencia simbólica de diputados, utilizando la mayoría no presente
el voto telemático y siguiendo su desarrollo desde el Canal Parlamento disponible en la página web del Congreso. Esta presencia limitada de diputados en el Pleno con el fin de salvaguardar la salud pública de sus señorías sigue produciéndose en la
actualidad.
Además, se celebraron reuniones de diferentes Comisiones con presencia reducida a los portavoces y a los ministros comparecientes. Entre ellas la de la Comisión de Sanidad para el seguimiento de las medidas contra el COVID-19. Todas ellas
se pudieron seguir desde el Canal Parlamento. También se recuperó la sesión plenaria de control al Gobierno y de debate de distintas iniciativas, con presencia reducida de diputados según lo acordado.
Con las medidas de confinamiento y la imposibilidad de seguir con la actividad ordinaria del Congreso, la vía del teletrabajo ha servido para dar continuidad a parte de las tareas cotidianas de los diputados. La puesta en común de grupos
parlamentarios de trabajo ha sido posible por medio de aplicaciones tecnológicas que la Cámara ha puesto a disposición de sus miembros, lo que ha permitido celebrar encuentros virtuales y videoconferencias. Esa vía de la videoconferencia también ha
sido utilizada en las reuniones semanales del Presidente de Gobierno con los Presidentes de las CCAA o para las del Ministro de Sanidad con los Consejeros de los Gobiernos autonómicos.
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia global ha supuesto un reto para todos los Parlamentos del mundo, que han tenido que modificar sus normas internas de funcionamiento y priorizado el tratamiento de temas relacionados con la
COVID-19 en sus sesiones de Pleno. Y han utilizado el sistema de teletrabajo, celebrado reuniones telemáticas oficiales para garantizar la continuidad de sus sesiones, establecido una distancia personal de seguridad con ocasión de la celebración de
sesiones con votación, etc.
Se dispone de una amplia referencia de los cambios de Reglamento, resoluciones y medidas especiales adoptadas a lo largo de marzo y abril por señalados Parlamentos. Entre otros, los de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca, Canadá,
Gran Bretaña, Australia, Brasil, Argentina, Colombia o el propio Parlamento Europeo. Los análisis disponibles señalan que esos Parlamentos han aplicado fórmulas y adoptado acuerdos de funcionamiento provisional similares a los del Congreso en
España.
En todo caso, podemos reconocer el buen funcionamiento del sistema de votación telemática y se deberá analizar la conveniencia de su uso para la celebración de Comisiones en posibles situaciones de confinamiento.
En definitiva, contamos con la experiencia del funcionamiento en estos meses de un Parlamento cuasi virtual, las amplias posibilidades prácticas que ofrecen las tecnologías de la comunicación y las disposiciones que llegan de otros
Parlamentos sobre nuevos métodos de trabajo adaptados a un escenario de emergencia.
Lo anterior plantea la conveniencia de abordar el estudio de una regulación precisa del funcionamiento del Congreso para un escenario excepcional.
Esta regulación tendría que recoger el sistema de teletrabajo de los diputados con rendición de cuentas, el campo de utilización del voto telemático en los Plenos, el alcance de las aplicaciones de videoconferencia para celebrar reuniones y
Comisiones, la vía de presentación y desarrollo de las diferentes iniciativas parlamentarias, los plazos de las tramitaciones, los servicios mínimos que ha de prestar la Cámara y el aprovechamiento de la página web del Congreso para ofrecer a la
ciudadanía información transparente y accesible sobre las actividades, debates y acuerdos de la institución en una situación excepcional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda:
1. Manifestar, ante la situación de excepcionalidad que afecta al funcionamiento de la Cámara y en el escenario de un 'estado de alarma' que establece la medida sanitaria de confinamiento general para frenar la expansión del COVID-19, que
el funcionamiento del Congreso cumple una actividad esencial para la democracia como expresión del pluralismo político, la función legislativa y el control al Gobierno.
2. Estudiar las posibilidades de adaptar el Reglamento de la Cámara a un modelo de funcionamiento del Congreso para un escenario similar al de la crisis de la COVID-19, que incluya un plan de medidas
operativas y fórmulas de trabajo que garanticen el mantenimiento de las actividades parlamentarias imprescindibles, que establezca las condiciones para el desarrollo de las sesiones de Pleno y Comisiones, así como para el ejercicio de las
diferentes iniciativas parlamentarias, señale el papel que en cada actividad desarrollarán los sistemas tecnológicos y telemáticos y fije los servicios mínimos de la Cámara para el cumplimiento de las funciones de la institución y de los diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2020.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Ivan Espinosa de los Monteros y de Simón, D.a Macarena Olona Choclán, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y D. Alberto Asarta Cuevas, en sus condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a instar al Gobierno de la República Popular China a cumplir con los principios que
rigen la Organización Mundial del Comercio, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. Durante los últimos 27 años (1990-2017), la economía de la República Popular China ha crecido a un ritmo medio del 8 % 1. No obstante, estas espectaculares cifras no han venido acompañadas de una reforma política en dicho país.
Mientras el Producto Interior Bruto (en adelante, 'PIB') ha experimentado un crecimiento significativo, los ciudadanos chinos siguen sin poder ejercer sus derechos políticos. De hecho, el Partido Comunista Chino (en adelante 'PCCh') sigue
controlando manu militari todas las esferas de actividad de su población.
Esta mezcla entre un sistema económico capitalista y un gobierno totalitario ha dado lugar a un capitalismo sólo de nombre. Durante todo su período de crecimiento exponencial, el Gobierno chino se ha beneficiado del sistema internacional
liberal, el cual promulga el libre mercado y la eliminación de cualquier tipo de barrera al comercio. No obstante, todas las facilidades que se dieron a la República Popular China a estos efectos, como su inclusión en la Organización Mundial de
Comercio -el 11 de diciembre de 2001-, no han venido acompañadas de un proceso democratizador en dicho país.
Esta concepción se enmarca dentro de la filosofía del PCCh, resumida a la perfección por Den Xiaoping: 'Gato blanco o gato negro, da igual; lo importante es que cace ratones'. Así pues, el PCCh obvia que un sistema capitalista real y
total es una condición necesaria, que no suficiente, para la democracia.
A pesar de lo anterior, son muchas las críticas emitidas por diversos sectores o agentes económicos hacia la actual Administración de los Estados Unidos de América por la imposición de aranceles a determinados productos chinos. Sin embargo,
se hace la vista a un lado con el totalitarismo chino, no ya solo en lo político, sino también en lo económico.
Segundo. Las principales leyes que regulan la inversión extranjera directa en China son la Ley de Empresas Conjuntas de Capital con Inversión China y Extranjera, la Ley de Empresas Conjuntas Contractuales con Inversión China y Extranjera y
la Ley de Empresas con Inversión Extranjera, así como sus reglamentos y normas administrativas derivadas de las mismas. Por tanto, las empresas con inversión extranjera en China quedan regidas por esas leyes, reglamentos y normas, así como por la
Ley de Sociedades 2.
1 Milanovic, Branco: 'The clash of capitalisms: The real fight for the global economy's future', Foreign Affairs, 99(1), pp. 10-21.
2 Examen de las políticas comerciales de China. Elaborado por la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 14 de septiembre de 2018. (WT/TPR/S/375/Rev.1). Disponible: [en línea]:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s: WT/TPR/S375R1.pdf&O pen=True.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC), junto con el Ministerio de Comercio chino, publicaron recientemente las nuevas listas negativas (negative list) para la inversión extranjera en
China, las cuales entraron en vigor el pasado día 23 de julio de 2020.
En particular, dichas listas negativas contienen sectores económicos específicos en donde las empresas extranjeras tienen restringida o prohibida su inversión dentro de la República Popular China. Una de estas listas viene a regular las
industrias en las que las empresas no nacionales tienen, en general, prohibida o restringida su inversión (FI national negative list) dentro del territorio económico chino, mientras que la otra lista regula lo mismo, pero en las zonas de libre
comercio (FI FTZ negative list) que ha desarrollado China dentro de sus fronteras.
En este sentido, llama poderosamente la atención que algunos de los ámbitos en lo que se prohíbe la inversión extranjera sean los siguientes:
- Edición de libros, diarios, publicaciones, productos audiovisuales y publicaciones electrónicas;
- Servicios de vídeo a la carta y servicios de instalación de sistemas de recepción de señales;
- Servicios de noticias e información digitales, y servicios de difusión pública de información por Internet; e
- Institutos de investigación de ciencias sociales.
La prohibición a empresas extranjeras de invertir en estos sectores no es sino el ejemplo palmario del totalitarismo del régimen de Pekín.
Tercero. Con el objeto de evitar precisamente actuaciones de esta índole, la Unión Europea y la República Popular China iniciaron en noviembre de 2013 las negociaciones para un acuerdo de liberalización y protección de inversiones (CAI).
El objetivo del CAI es corregir la existente asimetría en el grado de apertura de ambas economías, garantizando un acceso real y efectivo de las empresas europeas a la actividad económica en China en condiciones de justa competencia (level playing
field), y asegurando a la vez que los inversores europeos estén protegidos ante situaciones de trato discriminatorio. Esto implica una cesión en el terreno económico por parte de China, sin necesidad de que la Unión Europea modifique su grado de
apertura, el cual es ya muy amplio.
En este sentido, el Gobierno español, mediante respuesta escrita del día 20 de octubre de 2020 (con registro de entrada n.º 65379), señaló lo siguiente:
'Hasta la fecha, se han celebrado 32 rondas de negociación, y se prevé seguir con el calendario de una ronda por mes en los próximos meses. Adicionalmente, se han celebrado una serie de encuentros a nivel político, el último de los cuales
fue el 14 de septiembre de 2020.
En los últimos encuentros bilaterales se ha observado un cambio de postura por parte de las autoridades de China, que parecen ahora menos reticentes a aceptar algunas de las propuestas más ambiciosas presentadas por la delegación europea.
Destaca el acercamiento de posturas en cuestiones fundamentales, como la transparencia en subsidios, la definición de empresas controladas por el gobierno o la transferencia forzosa de tecnología.'
Sin embargo, en relación con las medidas de protección frente a la inversión por parte de empresas extranjeras en los sectores económicos específicos detallados anteriormente, las cuales lesionan los derechos políticos -como el de
información- de los ciudadanos chinos, la respuesta del Gobierno español confirma que las empresas españolas no compiten en igualdad de condiciones con sus contrapartes chinas.
Concretamente, el Gobierno español señaló lo siguiente:
'Para primar la defensa de los intereses españoles en China, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo mantiene continua comunicación con la red de Oficinas Comerciales de España en China, las cuales informan de las barreras que sufren
las empresas españolas con intereses en el país asiático. De dicha comunicación se puede extraer la conclusión de que, si bien la inversión extranjera está liberalizada en un amplio número de sectores, existen numerosos impedimentos a una
competencia efectiva en el mercado, centrados en: la concesión de subsidios distorsionantes a empresas chinas; la primacía de empresas controladas por el gobierno; y los opacos procesos de concesión de licencias.'
Estas barreras no arancelarias son la forma mediante la cual el Gobierno chino ha desarrollado su política económica proteccionista. Frente a esto, por ejemplo, la Administración estadounidense decidió
poner coto a estas actuaciones. En particular, en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, elaborada en 2017, la Administración estadounidense apuesta por el 'Comercio Justo', término que ha sido utilizado en numerosas
ocasiones por el presidente de dicho país. Este concepto es mucho más complejo de lo que aparenta, pues lleva implícito una fuerte crítica a las instituciones que forman el sistema económico internacional y, en particular, a la Organización Mundial
del Comercio (OMC).
Sin embargo, este objetivo no ha sido exclusivo de la actual Administración estadounidense. El propio expresidente Obama, en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2015, asevera lo siguiente:
'Los Estados Unidos tienen una de las economías más abiertas del mundo. Nuestros aranceles son bajos, y no usamos la regulación para discriminar los bienes extranjeros. No ocurre lo mismo en todo el mundo, por lo que nuestra agenda
comercial se centra en reducir los aranceles de los productos estadounidenses, derribar las barreras a nuestros bienes y servicios, y establecer normas más estrictas para nivelar el terreno de juego de los trabajadores y las empresas
estadounidenses.'
Cuarto. El pasado 14 de septiembre tuvo lugar la reunión Unión Europea-China por videoconferencia en sustitución de la reunión de líderes de Leipzig, que se celebrará en una fecha aún por determinar. En dicha reunión participaron, por la
parte europea, la canciller alemana Angela Merkel, en calidad de presidencia rotatoria del Consejo, y los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen. Todos ellos en representación de los 27
Estados Miembros.
En esta reunión se abordaron temas de interés común con el objetivo de lograr una relación equilibrada y basada en la reciprocidad, la transparencia, y en un proceso libre e inclusivo en el que las empresas europeas y chinas compitan en el
mercado en igualdad de condiciones.
No obstante, llama la atención que el Gobierno español, en la ya referida respuesta de fecha 20 de octubre de 2020, manifieste lo siguiente:
'Con base en la experiencia histórica de empresas españolas en China, la eliminación de dichas barreras sería más eficiente que la consecución de una liberalización formal más ambiciosa en un sector concreto. En cualquier caso, los sectores
donde la inversión española en China es más presente se verían más beneficiados.'
La cita anterior ejemplifica la falta de voluntad que demuestra el Gobierno español a la hora de exigir al Gobierno chino que cumpla con los principios que sustancian la Organización Mundial del Comercio. Estos principios son, entre otros,
los siguientes:
- No discriminación: Un país no debe discriminar entre sus interlocutores comerciales y no debe discriminar entre sus propios productos, servicios o nacionales, y los productos, servicios o nacionales de otros países.
- Ser más abierto: La disminución de los obstáculos comerciales es una de las formas más evidentes de fomentar el comercio; esos obstáculos pueden consistir en derechos de aduana (o aranceles) o en medidas como la prohibición de las
importaciones o la fijación de contingentes que restringen selectivamente las cantidades.
- Ser previsible y transparente: Las empresas, los inversores y los gobiernos de otros países deben confiar en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales. Mediante la estabilidad y la previsibilidad se fomentan las
inversiones, se crean puestos de trabajo, y los consumidores pueden disfrutar plenamente de las ventajas de la competencia: la posibilidad de elegir y unos precios más bajos.
- Ser más competitivo: Desalentar, para ello, las prácticas 'desleales', como las subvenciones a la exportación y el dumping de productos a precios inferiores a su costo para obtener una mayor participación en el mercado. Las cuestiones
son complejas, y las normas tratan de establecer lo que es leal o desleal y la manera en que los gobiernos pueden responder, especialmente imponiendo derechos de importación adicionales calculados para compensar los perjuicios causados por el
comercio desleal.
Por su parte, cabe señalar que dentro de la Organización Mundial del Comercio, la Conferencia Ministerial es el órgano de adopción de decisiones más importante de dicha organización. En ella están representados todos los Miembros de la OMC,
los cuales pueden ser o bien países, o bien uniones aduaneras. La Conferencia Ministerial puede adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales.
Este órgano se reúne, habitualmente, cada dos años. No obstante, debido a la pandemia actual, dicho órgano no se reunió en 2019, siendo la última reunión en diciembre de 2017 (en Buenos Aires). Es precisamente en este marco donde la
Organización Mundial del Comercio debe intervenir para que el Gobierno de la República Popular China cumpla con los principios de la propia OMC.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en la próxima reunión de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, cualesquiera medidas que sean necesarias para que el Gobierno de la República Popular China cumpla con los principios rectores de
dicha organización, de forma que se garantice la competencia en igualdad de condiciones de las empresas españolas con intereses económicos en dicho país, así como el acceso de estas a las mismas oportunidades económicas de las que disponen las
empresas chinas.
2. Promover, en la próxima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que el Gobierno chino elimine de sus listas negativas los siguientes sectores económicos:
- Edición de libros, diarios, publicaciones, productos audiovisuales y publicaciones electrónicas.
- Servicios de vídeo a la carta y servicios de instalación de sistemas de recepción de señales.
- Servicios de noticias e información digitales, y servicios de difusión pública de información por Internet.
- Institutos de investigación de ciencias sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2020.-Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y Alberto Asarta Cuevas, Diputados.-Ivan Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Defensa
161/001680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Manuel Mestre Barea, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D.a María de la
Cabeza Ruiz Solás, D. Juan José Aizcorbe Torra, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Carlos José Zambrano García-Ráez y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a regular el uso de las aeronaves de la flota oficial a disposición de los miembros del Gobierno, para su
discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. El Gobierno de España tiene una flota aérea a su disposición.
1. El Gobierno de España tiene a su disposición una flota compuesta por diversos aviones y helicópteros. Su misión principal es transportar a la Familia Real y a los máximos dirigentes del Gobierno, tanto en territorio nacional como
internacional:
- El 45 Grupo de las Fuerzas Aéreas de España es una unidad operativa del Ejército del Aire español. Su flota está compuesta por siete aviones: cinco Dassault Falcon 900B y dos Airbus A310.
El coste aproximado de una hora de vuelo del Falcon 900B es de 5.600 euros, lo que incluye el salario del personal, el combustible y el mantenimiento. Todo ello se abona con cargo a las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa.
- Por otro lado, el 402 Escuadrón del Ejército del Aire, con base en Cuatro Vientos (Madrid), dispone de dos helicópteros Súper Puma para el transporte de personalidades de la Casa Real, Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios y otros
organismos oficiales. En total, desde su creación han realizado más de 43.000 horas de vuelo.
El coste aproximado de una hora de vuelo en estos helicópteros es de 5.000 euros.
2. Además, cada desplazamiento en una de estas aeronaves (ya sean aviones o helicópteros) origina el viaje de otros acompañantes, como asesores y escoltas, cuyo transporte, alojamiento y manutención también son pagados por el dinero de
todos los españoles.
Segundo. Todos los gobiernos han hecho un uso abusivo y para su beneficio personal de la flota oficial.
3. El 18 de febrero de 2005 el Consejo de Ministros aprobó el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado (BOE de 7 de marzo de 2005, ref. BOE-A-2005-3724) 1,
posteriormente derogado por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. La Exposición de motivos de la norma señala como una necesidad que:
'Los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y
guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas.'
4. Sin embargo, la concepción patrimonialista del Estado de los dos grandes partidos que han gobernado España y su deslealtad sistémica les hace ignorar las reglas que ellos mismos dictan y que, en teoría, les vinculan. Así, los diferentes
Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular han hecho un uso de los medios de transporte aéreo del Estado que en absoluto responden al compromiso con los debidos principios éticos y positivizados primero en el código y
luego en la Ley referidos.
5. Así, el número de vuelos (nacionales e internacionales) realizados por los diferentes Presidentes del Gobierno de España durante los últimos años ha sido el siguiente:
- Don José María Aznar López (1996-2004): 319 viajes.
- Don José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011): 339 viajes.
- Don Mariano Rajoy Brey (2011-2018): 260 viajes.
- Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón (junio de 2018-noviembre de 2019): 79 viajes.
6. Existen ejemplos de mala praxis en el uso del avión oficial Falcon por parte de todos los Gobiernos de la democracia. Así:
- Del registro total de vuelos realizados en el avión oficial Falcon 2 destaca que, de las 26 visitas realizadas por todos los presidentes democráticos a la ciudad de León, 24 fueron llevadas a cabo por don José Luis Rodríguez Zapatero.
Como bien se conoce, el señor Rodríguez Zapatero es originario de León y residía en esta ciudad antes de ostentar el cargo de Presidente del Gobierno.
- Diversas fuentes periodísticas 3 apuntaron en su momento que el señor Aznar López se trasladó por estos medios en más de 20 ocasiones a las Islas Baleares, destino de sus vacaciones. Asimismo, los medios indican 4 que el entonces
presidente del Gobierno y sus Ministros acudieron a varios mítines del Partido Popular en estas aeronaves.
1 https://www.boe.es/ buscar/ doc.php?id=B0E-A-2005-3724.
2 https://maldita.es/ app/ uploads/ 2020/ 07/ REGISTRO FALCON.pdf.
3 https://www.elconfidencial.com/espana/2010-06-16/los-socialistas-sacan-a-relucir-la-boda-de-la-hija-deaznar-para-no-regular-el-uso-de-los-falcon 243092/
4 https://cadenaser.com/ser/2009/05/30/espana/1243641013 850215.html.
- Don Mariano Rajoy Brey también frecuentaba su ciudad de residencia durante su mandato y sus Ministros hacían uso de la flota oficial para acudir a actos en sus ciudades natales durante el fin de semanas 7, 8.
Tercero. El uso de la flota para beneficio exclusivamente personal por el actual Presidente del Gobierno es obsceno.
7. El actual Gobierno ha superado todos los límites de uso de lo público para el beneficio personal. Desde que don Pedro Sánchez Pérez-Castejón accediera a la Presidencia del Gobierno, en junio de 2018, hasta mayo de 2019, el número de
vuelos realizados por el Presidente del Gobierno ascendía a la cantidad de 59, esto es, 4,92 vuelos al mes. Así, solo en 2018:
- El 30 de junio, ni siquiera un mes después de acceder al cargo, el señor Sánchez Pérez-Castejón y su mujer, doña Begoña Gómez Fernández, volaron en un helicóptero Súper Puma hasta La Rioja, donde estaban invitados a una boda.
- El 20 de julio, el matrimonio presidencial viajó de nuevo en el Falcon para asistir a un concierto en el Festival Internacional de Benicasim.
- Durante este año, llegó a utilizar hasta 5 veces en cuatro días el Súper Puma para trasladarse desde La Moncloa a la base aérea de Torrejón de Ardoz (entre ambos puntos hay una distancia aproximada de 25 kilómetros).
- A finales de año se movilizaron un Falcon 900B y un Airbus A310 para viajar de Madrid a Valladolid y acudir a la Cumbre Hispanoportuguesa. En el primer avión voló el señor Sánchez Pérez-Castejón, mientras que en el segundo viajaron sus
Ministros. Entre ambos puntos hay una distancia aproximada de 200 kilómetros.
8. En 2019 se continúa la misma tónica de uso de medios de transporte del Estado para viajes particulares que se disimulaban con eventos oficiales. En este sentido:
- El 4 de marzo viajó a Granada para iniciar la precampaña mediante un mitin junto con Susana Díaz. La coartada oficial fue la clausura de las jornadas Estrategia Española para la Inteligencia Artificial en I+D+i.
- El 6 de marzo se desplazó a Vitoria para un mitin con la líder del Partido Socialista vasco, doña Idoia Mendia Cueva. La coartada oficial fue la apertura de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático Change the Change en San
Sebastián y una visita a la Real Academia de la Lengua Vasca en Bilbao.
- El 13 de marzo acudió a Gijón para participar en un mitin junto con la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, doña Adriana Lastra Fernández. La coartada oficial fue un acto en la Casa Malva.
- El 25 de marzo viajó a Málaga en Falcon para acudir a un mitin con doña Susana Díaz Pacheco. La coartada oficial fue una visita al Campus de Excelencia Internacional del Mar de la Universidad de Cádiz.
- El día siguiente acudió a Salamanca (a dos horas de Madrid en coche) a un acto de precampaña en el Teatro Liceo con, entre otros, el líder del PSOE castellano-leonés, don Luis Tudanca Fernández. La coartada oficial fue un encuentro con el
rector de la Universidad de Salamanca y otro con jóvenes emprendedores.
- El 3 de abril se desplazó en avión oficial a Huelva, ya que tenía previsto acudir a Sevilla para entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, don Barack Obama, en el marco de la Cumbre Mundial de Turismo.
- Por último, el 9 de abril intervino en un acto del PSOE en León en compañía del expresidente don José Luis Rodríguez Zapatero. La coartada oficial fue una visita al Instituto Nacional de Ciberseguridad.
9. Los abusos de las aeronaves oficiales realizados por el actual Presidente del Gobierno incluyen los viajes junto a los miembros de su familia en verano. Así, el pasado 31 de julio de 2020 un avión Falcon 900B despegó desde Madrid con
destino a Lanzarote (destino habitual de vacaciones del señor Sánchez
7 https://www.elconfidencial.com/espana/2018-05-21/agenda-oficial-gobierno-ministros-gastos-viajes 1565863/.
8 https://ep00.epimg.net/descargables/2018/ 01/12/7472aa08a8c9c54aaeed457918ef340b.pdf.
Pérez-Castejón y su familia desde que este es Presidente) sin que se facilitaran detalles sobre el motivo del vuelo ni los pasajeros que volaron a bordo. Todo encaja cuando se conoció que el 4 de agosto de 2020, don Pedro Sánchez
Pérez-Castejón se trasladó en uno de estos aviones a Lanzarote para reunirse con su familia, que se encontraba allí desde el 31 de julio.
Cuarto. El uso por el Gobierno de la flota oficial a su disposición no está regulado.
10. El uso que realizan los miembros del Gobierno de las aeronaves oficiales no se encuentra regulado por ninguna norma. No obstante, el artículo 37 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno ('Ley de Transparencia') dispone que:
'Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y
demás leyes que resulten de aplicación.'
11. El Gobierno de España, desde la Presidencia de don Mariano Rajoy Brey, ha dificultado en numerosas ocasiones el acceso del público a los datos concernientes a los vuelos realizados a bordo de las aeronaves. Para ello, ha calificado la
información como 'materia clasificada con el máximo grado de protección'. Ello se apoyaría, según la postura gubernamental, en:
1) La Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales;
2) una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 23 de octubre de 2017 9; y
3) una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ('CTBG') de 15 de febrero de 2016 10.
12. Sin embargo, es necesario matizar cada uno de los apartados anteriores:
i) La Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales:
La norma supra no determina que todos los vuelos realizados por los miembros del Gobierno deban calificarse como materia clasificada, sino que:
'La calificación a que se refiere el artículo anterior [materia clasificada] corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor.'
Es decir, estos vuelos no son per se materia clasificada. Más al contrario, dicha calificación se acuerda por los propios miembros del Gobierno o del Estado Mayor del Ejército. Los acuerdos deben justificar los motivos por los que se
considera secreta esta información, si bien en la mayoría de los casos se hace una referencia genérica a motivos de seguridad.
ii) La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de 23 de octubre de 2017:
El fallo de la sentencia dispone que 'la información proporcionada no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes cuando se trate de viajes que hayan sido calificados como materia clasificada'. A contrario sensu, la sentencia no impide
facilitar los datos sobre los vuelos realizados ni de los pasajeros cuando estos no hayan sido calificados como 'materia clasificada', correspondiendo esta tarea de encuadramiento al propio Gobierno que va a hacer un uso abusivo de estos medios de
transporte o a la Junta de Jefes de Estado Mayor.
9 La sentencia dispone que: 'la información proporcionada no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido clasificados como materia clasificada'.
10 Resolución R/0509/2016: https://www.ecestaticos.com/file/22b7ba68576de261ebdfc9ef0754fbd0/1546440341-resolucion2016ctbg.pdf.
iii) La resolución del CTBG:
El 5 de noviembre de 2019 el CTBG, tras varias solicitudes interpuestas por otros grupos parlamentarios y ante la negativa a facilitar respuestas por parte de la Secretaría General de la Presidencia, indicó a este respecto lo siguiente 11:
'A nuestro juicio, y tal y como hemos manifestado en expedientes precedentes, no ampara la calificación con carácter general como secreto de toda información relativa a los desplazamientos del Presidente del Gobierno, más aún por cuanto gran
parte de los mismos son de conocimiento público por cuanto se incardinan en su actividad como Presidente.'
Este organismo independiente instó a la Secretaría General de la Presidencia a suministrar la información requerida, señalando que:
'Esta ausencia de justificación y la relevancia pública del conocimiento de la información solicitada como instrumento de rendición de cuentas, tal y como antes se han destacado, lleva a concluir a este Consejo de Transparencia, que no
procede la aplicación de ningún límite al acceso a esta información.'
Quinto. El uso de las aeronaves oficiales debe ser regulado para mejorar la transparencia y restaurar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.
13. El Grupo Parlamentario VOX considera que el uso abusivo por los altos cargos del Estado de las aeronaves de la flota oficial no es compatible con la necesaria honorabilidad y probidad de que deben hacer gala estas autoridades. La
utilización de estos vuelos para viajes ajenos a las funciones que estas personas desempeñan, ya sean personales o de partido, supone un gasto injustificado que no debe ser repercutido a los españoles.
14. Por ello, consideramos que es necesario encomendar a una norma la regulación del uso de esta flota por parte de las altas autoridades del Estado y, en particular, de miembros del Gobierno. Esta disposición deberá estar imbuida del
principio de transparencia consagrado legalmente y contendrá un procedimiento estricto para la calificación de un viaje de este tipo como materia clasificada. Asimismo, se establecerán umbrales objetivos (número de kilómetros del desplazamiento,
número de viajes realizados, número de acompañantes, etc.) que no podrán ser traspasados.
15. La norma supondría un paso más para restaurar la depauperada confianza de los ciudadanos en los poderes públicos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular el uso por los altos cargos de la Administración General del Estado de la flota oficial a disposición del Gobierno, para acabar con el uso particular o partidista llevado a cabo por
todos los Gobiernos de la democracia y, en particular, por los presididos por don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Esta regulación deberá contener, al menos:
1. El establecimiento de un numerus clausus de requisitos objetivos que deban concurrir para que el Consejo de Ministros o de la Junta de Jefes del Estado Mayor pueda calificar como materia clasificada los vuelos realizados por las
aeronaves de uso oficial.
2. El establecimiento de una distancia mínima de 250 kilómetros por debajo de la cual el traslado del alto cargo no podrá hacerse en avión, salvo imperiosa necesidad debidamente justificada.
3. La obligación de que, en caso de que se considere adecuada la calificación del desplazamiento como materia clasificada, el acuerdo del Consejo de Ministros o de la Junta de Jefes del Estado Mayor incorpore un informe con el coste que
para las arcas públicas ha supuesto el traslado realizado.
11 Resolución R/0565/2019: https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE2019/11.html.
4. Para aquellos vuelos que no cumplan los requisitos para ser calificados como materia clasificada, la publicación de un informe en el Portal de Transparencia con posterioridad a la realización del desplazamiento con, al menos, los
siguientes datos:
a. Ciudades de origen y destino.
b. Horas de vuelo.
c. Propósito del desplazamiento.
d. Fecha y hora de realización del vuelo.
e. Número de vuelos comprendidos en el desplazamiento.
f. Número de pasajeros.
g. Identificación de todos los pasajeros.
h. Coste extra que suponen las pernoctas, así como de las dietas de la tripulación si se diera el caso.
5. La elaboración de un mecanismo de cobros y reintegros para cualquier alto cargo de la Administración General del Estado que se demuestre que ha hecho un uso particular y ajeno a sus funciones de alguna de las aeronaves oficiales, así
como para aquellos acompañantes que hagan uso de las citadas aeronaves y no desempeñen ninguna función pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2020.-Eduardo Luis Ruiz Navarro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Juan José Aizcorbe Torra, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Juan Calvo Liste, Carlos José Zambrano García-Ráez,
Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y Víctor González Coello de Portugal, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/001678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ignacio Gil Lázaro, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, D. Agustín Rosety Fernández de Castro y D. Carlos José Zambrano García-Ráez, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley relativa al reacondicionamiento de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Cádiz, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Según datos extraídos de la página de la Dirección General de la Policía, nuestra Policía Nacional cuenta con 243 comisarías (provinciales, locales y de distrito) con una edad media que se aproxima a los 45 años.
En concreto, el 28 % de las dependencias policiales tienen más de 50 años. A mayor detalle, hay 21 que tienen más de 75 años de antigüedad, de las que 11 entraron en funcionamiento cuando reinaba el bisabuelo del actual Rey de España:
Morón (1920), La Laguna (1925), Palencia (1930), Igualada (1905) y Ferrol (1930), entre otras. El 44 % tiene entre 25 y 50 años, como las de A Coruña, Álava, Asturias, Barcelona, Cuenca, Girona Jaén, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Soria, Teruel,
Valencia, Vizcaya y Zamora y en torno al 27 % tiene menos de 25 años.
El informe elaborado por parte del Sindicato Unificado de Policía ('SUP'), sobre Deficiencias en Inmuebles de las Plantillas de la Dirección General de la Policía, de octubre de 2020, establece que las instalaciones en las que los policías
desarrollan su trabajo tienen suma importancia, pues es allí donde muchos de ellos pasan su jornada laboral (Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, Seguridad, Salas del 091-CIMACC, Brigadas operativas, etc.), y es allí donde reciben a muchos
ciudadanos que
acuden a realizar trámites documentales, por lo que el edificio donde trabajan los policías y su situación, habitabilidad, espacio, climatización, seguridad o accesibilidad tiene una importancia vital.
La antigüedad y la situación caduca, insegura e insalubre, en muchos casos, de los edificios y dependencias en los que nuestros agentes pasan la mayor parte de sus vidas, es altamente nociva, perjudicial y dañina para su salud, e insanas y
precarias las condiciones en las que prestan sus servicios.
Segundo. El departamento de Inspección y Servicios del Ministerio del Interior viene poniendo de manifiesto en los últimos tiempos el deterioro que sufren las instalaciones por la antigüedad de las mismas, y la insuficiencia de inversiones,
de forma que, por parte del Ministerio del Interior, con su inacción ante la dramática situación que viven las instalaciones y agentes de la Policía Nacional en el desempeño de sus funciones, está incumpliendo el mandato recogido en el artículo 40
de nuestra Constitución, pues han de ser los poderes públicos quienes 'velarán por la seguridad e higiene en el trabajo', así como lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen las normas de
prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, el cual dispone que 'la Administración del Estado adoptará las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y salud de los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades profesionales, dentro de las peculiaridades que comporta la función policial'.
La protección que se tiene que garantizar a todos los Agentes de la Policía Nacional, pasa indudablemente por las infraestructuras en las que desarrollan mayoritariamente su labor, como son las Comisarías. El buen estado de las mismas, o,
su reubicación si es necesario, dependería del Ministerio de Interior.
Tercero. La Dirección General de la Policía elaboró el 'Plan Director de Infraestructuras Inmobiliarias 2014-2023' ('Plan Director'), actualmente en vigor, que contempla un análisis de todas las edificaciones de Policía Nacional y las
inversiones necesarias para mantenerlas en un estado de uso adecuado, tanto para los funcionarios que desarrollan sus cometidos en ellas como para los ciudadanos que acuden a ellas. La financiación de esas actuaciones procede de los créditos
asignados a la propia Dirección General de la Policía en los Presupuestos Generales del Estado que, tal y como denuncian los sindicatos son claramente insuficientes para acometer el Plan. Dicho Plan Director condensa en un solo soporte la situación
actualizada de los edificios de la Dirección General de la Policía, clasificando el estado de los inmuebles en cuatro niveles: bueno, regular, malo o muy malo, considerando la Confederación Española de Policía ('CEP') que esa cuádruple
clasificación es más que optimista y que la realidad es que algunas de las instalaciones calificadas como regulares están mucho peor aún.
Además, el Consejo de Ministros de 18 de enero de 2019 aprobó el 'Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025' que, en el ámbito de la Policía Nacional, contempla 49 actuaciones por un importe de 275 millones de euros.
Este documento no sustituye a las capacidades presupuestarias de inversión de la Dirección General de la Policía en nuevas dependencias.
Según recoge el propio Plan Director, actualmente hay muchas comisarías y dependencias de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental que se encuentran en pésimas condiciones:
- Estado Malo: Comisaría de Distrito de Triana (Sevilla), Comisaría Local de Morón de la Frontera (Sevilla), CIE de Algeciras, Comisaría Provincial de Cádiz, Comisaría Local de La Línea de la Concepción, CIE de Tarifa, Comisaría Distrito
Este (Córdoba).
- Estado Regular: Calabozos BPSC, BPPJ y BPEF Sevilla, Comisaría Distrito Nervión (Sevilla), Comisaría Distrito Sur (Sevilla), Complejo Cortijo de Cuarto (Sevilla), Comisaría Local de Écija (Sevilla), Comisaría Local de San Juan de
Aznalfarache (Sevilla), Local Documentación, DNI, Armamento Avda. Fuerzas Armadas (Cádiz), Dependencias policiales en calle Acacias (Cádiz), Comisaría Local de El Puerto de Santa María, Comisaría Local de Jerez de la Frontera, Comisaría Distrito
Oeste (Córdoba), Oficina de Documentación de Ayamonte.
Cuarto. Los principales sindicatos en el Cuerpo Nacional de Policía, como la CEP, SUP y JUPOL, entre otros, han denunciado el mal estado de las infraestructuras policiales de varias comisarías y dependencias de la Policía Nacional de
Andalucía Occidental.
Así, el Informe sobre Deficiencias en Inmuebles de las Plantillas de la Dirección General de la Policía, de octubre de 2020, elaborado por el SUP, pone de manifiesto la importancia de dotar a la provincia de Cádiz de las infraestructuras
necesarias y suficientes para permitir que la Policía Nacional ejerza sus funciones de manera adecuada.
El estrecho de Gibraltar, ubicado al sur de la península, se ha convertido en una zona estratégica fundamental para el tráfico de drogas entre África y Europa. Desde la década de 1970, el narcotráfico hizo del estrecho de Gibraltar su base
de operaciones hacia Europa. Una serie de características, más allá de la cercanía entre ambos continentes -sólo les separan 14 kilómetros-, hacen de este espacio un punto estratégico tanto para el tráfico de sustancias estupefacientes como para la
inmigración ilegal.
España es uno de los principales puntos de entrada en Europa de droga proveniente de Marruecos, siendo la provincia de Cádiz el principal punto de acceso a España. Las tres circunstancias singulares como son el narcotráfico, la inmigración
ilegal y la operación Paso del Estrecho deberían ser aliciente para el Estado a la hora de dotar a la Policía Nacional de la provincia de Cádiz de las infraestructuras y medios materiales y humanos necesarios para poder afrontar esta problemática.
Quinto. Prueba de lo expuesto es la situación en la que se encuentra la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Cádiz, sita en Avenida de Andalucía. La Policía Nacional se vio obligada a abandonar de urgencia las instalaciones en 2016
debido al mal estado en que se encontraban las mismas. Si bien el Gobierno invirtió 1.500.000 euros en la remodelación de la fachada. Además, para reforzar la estructura del edificio se invirtió 6.000 euros en encapsulamiento de amianto. Sin
embargo, el edificio continuaba presentando problemas estructurales, lo que forzó la salida de la Policía Nacional de estas dependencias y un gasto de 18.000 euros de mudanza.
Mientras se realizaban obras en la comisaría de Avenida de Andalucía, la Dirección General de la Policía firmó un contrato de alquiler con Telefónica, trasladando los efectivos de la Policía Nacional de forma temporal a un edificio conocido
como 'el Pirulí'. Sin embargo, este edificio no reúne las condiciones mínimas adecuadas para los servicios prestados por la Policía. Según informó hace unos meses el portavoz del SUP, el nuevo edificio no es adecuado para la Policía Nacional
porque no dispone de calabozos ni de galería de tiro. Además, el contrato firmado con Telefónica establece una renta anual de 500.000 euros, lo que supone un dispendio de dinero público, pudiendo rehabilitar, por el contrario, las instalaciones
destinadas a los servicios policiales en la provincia de Cádiz.
Así lo denunció expresamente el portavoz del SUP: 'Lo que en principio iba a ser una obra de meses parece que lleva camino de convertirse en una chapuza interminable y en otro pozo sin fondo de dinero público. Si sumamos el total en estos
años rozamos los cinco millones de euros (...). Desconocemos a día de hoy cual será la decisión del Ministerio del Interior a tenor de los últimos acontecimientos, seguir gastando dinero en un proyecto desfasado, inoperativo y sin futuro o
decidirse ya por fin y apostar por la construcción de una comisaría nueva, que pueda acoger en un solo complejo todos los servicios policiales. Con solo poco más de lo que llevamos gastado tendríamos una magnífica Comisaría Provincial de nueva
construcción 12'.
En definitiva, se están realizando unas obras de reforma de la comisaría por una empresa externa. Obras que, por el momento, están paralizadas y en las que se ha gastado, aproximadamente, 3 millones de euros. Asimismo, se han gastado casi
dos millones y medio de euros por el alquiler del edificio de Telefónica desde 2016 que, como hemos mencionado, no posee las condiciones mínimas e indispensables para el ejercicio de las funciones policiales.
Sexto. Visto el reiterado abandono al que se somete a nuestra Policía Nacional sin que el Gobierno adopte las medidas necesarias, ya no solo para proteger su integridad y salud física personal sino su seguridad laboral, desde este Grupo
Parlamentario continuaremos exigiendo las condiciones mínimas indispensables para el correcto ejercicio de tan importantes funciones que desempeñan nuestros agentes. En este sentido, es fundamental rehabilitar de forma urgente la Comisaría
Provincial de la Policía Nacional de Cádiz, sita en Avenida de Andalucía, a fin de que nuestros agentes de Policía Nacional puedan seguir desempeñando correctamente sus funciones.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Tomar, con carácter urgente, las medidas necesarias ejecutar las obras de reacondicionamiento, rehabilitación y reformas que sean necesarias en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Cádiz sita
12 https://www.lavozdigital.eskadiziprovincia/lvdi-denuncian-nueva-paralizacion-obras-antiguacomisaria-202007031039 noticia.html
en Avenida de Andalucía, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salubridad en dichas dependencias policiales.
2. Dotar a la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Cádiz de suficientes medios humanos y materiales permanentes y necesarios para el desarrollo de las funciones de la Policía Nacional que en dicha Comisaría se llevan a cabo.
3. Dar efectivo, inmediato y total cumplimiento al Plan Director de Infraestructuras Inmobiliarias 2014-2023, de la Dirección General de la Policía.
4. Impulsar el cumplimiento del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2020.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Agustín Rosety Fernández de Castro y Carlos José Zambrano
García-Ráez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ignacio Gil Lázaro, D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, D.a Mireia Borrás Pabón, D.a María de la Cabeza Ruiz Solás, D. Juan Luis Steegman
Olmedillas y D.a Carla Toscano de Balbín, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la rehabilitación integral de la Comisaría de Distrito Centro, sita en la calle Leganitos de Madrid, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Según datos extraídos de la página de la Dirección General de la Policía, nuestra Policía Nacional cuenta con 243 comisarías (provinciales, locales y de distrito) con una edad media que se aproxima a los 45 años.
En concreto, el 28 % de las dependencias policiales tienen más de 50 años. A mayor detalle, hay 21 que tienen más de 75 años de antigüedad, de las que 11 entraron en funcionamiento cuando reinaba el bisabuelo del actual Rey de España:
Morón (1920), La Laguna (1925), Palencia (1930), Igualada (1905) y Ferrol (1930), entre otras. El 44 % tiene entre 25 y 50 años, como las de A Coruña, Álava, Asturias, Barcelona, Cuenca, Girona Jaén, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Soria, Teruel,
Valencia, Vizcaya y Zamora, y en torno al 27 % tiene menos de 25 años.
El informe elaborado por parte del Sindicato Unificado de Policía, sobre Deficiencias en Inmuebles de las Plantillas de la Dirección General de la Policía, de octubre de 2020, establece que las instalaciones en las que los policías
desarrollan su trabajo tienen suma importancia, pues es allí donde muchos de ellos pasan su jornada laboral (Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, Seguridad, Salas del 091-CIMACC, Brigadas operativas, etc), y es allí donde reciben a muchos
ciudadanos que acuden a realizar trámites documentales, por lo que el edificio donde trabajan los policías y su situación, habitabilidad, espacio, climatización, seguridad o accesibilidad tiene una importancia vital.
La antigüedad y la situación caduca, insegura e insalubre, en muchos casos, de los edificios y dependencias en los que nuestros agentes pasan la mayor parte de sus vidas, es altamente nociva, perjudicial y dañina para su salud, e insanas y
precarias las condiciones en las que prestan sus servicios.
Segundo. El departamento de Inspección y Servicios del Ministerio del Interior viene poniendo de manifiesto en los últimos tiempos el deterioro que sufren las instalaciones por la antigüedad de las mismas, y la insuficiencia de inversiones,
de forma que, por parte del Ministerio del Interior, con su inacción ante la dramática situación que viven las instalaciones y agentes de la Policía Nacional en el desempeño de sus funciones, está incumpliendo el mandato recogido en el artículo 40
de nuestra Constitución, pues han de ser los poderes públicos quienes 'velarán por la seguridad e higiene en el trabajo', así como lo dispuesto en el artículo 3.2 del RD 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen las normas de prevención de
riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, el cual dispone que
'la Administración del Estado adoptará las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y salud de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades
profesionales, dentro de las peculiaridades que comporta la función policial'.
La protección que se tiene que garantizar a todos los Agentes de la Policía Nacional, pasa indudablemente por las infraestructuras en las que desarrollan mayoritariamente su labor, como son las Comisarías. El buen estado de las mismas o su
reubicación si es necesario, dependería del Ministerio del Interior.
Tercero. La Dirección General de la Policía elaboró el 'Plan Director de Infraestructuras Inmobiliarias 2014-2023' ('Plan Director'), actualmente en vigor, que contempla un análisis de todas las edificaciones de Policía Nacional y las
inversiones necesarias para mantenerlas en un estado de uso adecuado, tanto para los funcionarios que desarrollan sus cometidos en ellas como para los ciudadanos que acuden a ellas. La financiación de esas actuaciones procede de los créditos
asignados a la propia Dirección General de la Policía en los Presupuestos Generales del Estado que, tal y como denuncian los sindicatos son claramente insuficientes para acometer el Plan. Dicho Plan Director condensa en un solo soporte la situación
actualizada de los edificios de la Dirección General de la Policía, clasificando el estado de los inmuebles en cuatro niveles: bueno, regular, malo o muy malo, considerando la CEP que esa cuádruple clasificación es más que optimista y que la
realidad es que algunas de las instalaciones calificadas como regulares están mucho peor aún.
Además, el Consejo de Ministros de 18 de enero de 2019 aprobó el 'Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025' que, en el ámbito de la Policía Nacional, contempla 49 actuaciones por un importe de 275 millones de euros.
Este documento no sustituye a las capacidades presupuestarias de inversión de la Dirección General de la Policía en nuevas dependencias.
Según recoge el propio Plan Director de Infraestructuras Inmobiliarias 2014-2023, de la Dirección General de la Policía, actualmente hay muchas comisarías de la provincia de Madrid que se encuentran en pésimas condiciones. Así, en una
triple clasificación son las siguientes:
- Estado Muy Malo: Comisaría Distrito Moratalaz, Comisaría de Distrito Centro.
- Estado Malo: dependencias policiales calle Tacona, Complejo policial Casa de Campo, Comisaría Distrito Retiro, Comisaría Distrito Salamanca, Comisaría Distrito Villa de Vallecas, Comisaría Distrito Carabanchel.
- Estado Regular: Jefatura Superior de Policía de Madrid, BPEF en calle Los Madrazo, BPEF en calle Luisa Fernanda, Dependencias policiales en Ginzo de Limia, Comisaría Distrito San Blas, Comisaría Distrito Puente de Vallecas, Comisaría
Distrito Ciudad Lineal, Oficina Documentación calle Luna, Oficina Documentación Arganzuela, Comisaría Distrito Chamberí, Comisaría Distrito Usera, Dependencias policiales Avenida General Perón, Comisaría Local de Fuenlabrada, Comisaría Local de
Leganés, Dependencias policiales en Polígono Industrial Móstoles, Comisaría Local de Parla, Comisaría Local de Pozuelo de Alarcón, Comisaría Local de Torrejón de Ardoz.
Cuarto. Los principales sindicatos en el Cuerpo Nacional de Policía, como la Confederación Española de Policía ('CEP'), el Sindicato Unificado de Policía ('SUP'), entre otros, han denunciado el mal estado de las infraestructuras policiales
de múltiples comisarías de Madrid, exhibiendo fotografías en las redes sociales que demuestran el mal estado de dichos lugares de trabajo, donde tienen que pasar muchas horas de servicio.
Así, el Informe sobre Deficiencias en Inmuebles de las Plantillas de la Dirección General de la Policía, de octubre de 2020, elaborado por el Sindicato Unificado de Policía, pone de manifiesto cómo la plantilla policial de Madrid ciudad es,
por su localización estratégica, la que dispone de un mayor número de instalaciones y dependencias policiales, tanto propias como compartidas con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, encontrándose en su territorio, desde el propio Ministerio del
Interior, hasta las diferentes Divisiones, Comisarías Generales o la Jefatura Superior de Policía con mayor carga de todo el país, debiendo dar lugar, dicha situación, a un mayor mantenimiento y cuidado de las instalaciones por parte de la Dirección
General de la Policía.
Denuncia dicho Informe que uno de los más graves problemas que se encuentran los agentes en todas las dependencias en las que desarrollan sus funciones es la climatización de las mismas, mucho calor en verano y mucho frío en invierno, lo
cual contraviene el Real Decreto 486/1997, de condiciones mínimas de Seguridad en lugares de trabajo.
Quinto. Prueba de lo expuesto es la mala situación que presentan las instalaciones de la Comisaría de distrito Centro, sita en el número 19 de la calle de Leganitos de Madrid.
La precaria situación en la que se encuentra dicha Comisaría ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de los sindicatos policiales, incluso ha originado un Informe por parte del Defensor del Pueblo, el cual recomendó al Ministerio del
Interior en 2013 que los funcionarios se trasladaran a otro edificio, dado que el actual no cumplía los requisitos básicos. El referido informe denunciaba la incorrecta ventilación, los malos olores, las humedades, el frío, la falta de higiene y de
espacio para almacenar documentos o la escasez de espacio en los calabozos, entre otros aspectos.
Desde entonces, se han llevado a cabo algunos arreglos en la misma, por ejemplo, en el último piso han reformado los vestuarios, si bien han dejado las taquillas viejas. Pero continúan las puertas reventadas, mesas partidas y ventanas
reforzadas con cinta policial para que no entre el frío. Tal y como señalan las asociaciones sindicales, no dejan de ser parches que no solucionan la falta de seguridad estructural del edificio a causa de las humedades en los sótanos. 'Los
ladrillos se están haciendo polvo literalmente', señalan desde el SUP, CEP y JUPOL. El suelo y el mármol de las paredes están en continuo riesgo de desprenderse y ocasionar accidentes, el suelo patina, falta luz, las ventanas no se pueden abrir
porque obstaculizan las escaleras, el material de primeros auxilios está caducado, hay botiquines vacíos y 'la totalidad de los aseos se encuentran deteriorados'.
Fotografías de dependencias de la Comisaría de Distrito Centro, sita en calle Leganitos, extraída de fuentes abiertas.
Por ello es necesario que de manera urgente se acometan las obres estructurales de carácter integral que dicho edificio necesita.
Sexto. Visto el reiterado abandono al que se somete a nuestra Policía Nacional sin que el Gobierno adopte las medidas necesarias, ya no solo para proteger su integridad y salud física personal sino su seguridad laboral, desde este Grupo
Parlamentario continuaremos exigiendo las condiciones mínimas indispensables para el correcto ejercicio de sus importantes funciones.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Tomar, con carácter urgente, las medidas necesarias para ejecutar las obras de rehabilitación integral y reacondicionamiento de la Comisaria de Distrito Centro, sita en la calle Leganitos de Madrid, con el objetivo de garantizar la
seguridad y la salubridad en dichas dependencias policiales.
2. Dotar a la Comisaría de los medios humanos y materiales permanentes y necesarios para el desarrollo de las funciones de la Policía Nacional en la misma, incluyendo en los Presupuestos Generales del Estado las partidas presupuestarias
necesarias para ello.
3. Dar efectivo, inmediato y total cumplimiento al Plan Director de Infraestructuras Inmobiliarias 2014-2023, de la Dirección General de la Policía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2020.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, Mireia Borrás Pabón, María de la Cabeza Ruíz Solás, Juan Luis
Steegman Olmedillas y Carla Toscano de Balbín, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/001699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de Ley sobre la mejora de los accesos en la red viaria en la provincia de Ourense, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En la actual coyuntura, en la que se persigue el fomento y la adecuación de la red viaria de nuestro país, nos encontramos con situaciones en las que el acceso a las carreteras, así como su recorrido, entrañan acciones peligrosas tanto por
su conformación como por su estado de conservación.
La distribución de la población española, desigual en su poblamiento, densidad y aglomeración ha derivado en un tratamiento escorado en la promoción, implementación y adecuación de su red viaria.
La provincia de Ourense encarna esa tipología básica de lo que se ha venido denominando 'la España vaciada' dentro de la ordenación territorial, y por consecuencia se ha visto traducida en una implementación menor de su red viaria.
Territorio con escasa población, concentrada en su mayor parte en pocos municipios; contiene una densidad muy baja y a la vez dispersa en núcleos de población distantes entre sí.
Todo ello ha tenido su plasmación en una escasa y en muchas ocasiones mal planteada implementación, obviando la misión principal de la red vial: la interconexión.
No se debe ni se puede olvidar a esa porción de nuestro territorio que forma parte intrínseca de nuestra red viaria, poblacional y sentimental; es nuestro deber moral y de justicia ejercer las acciones pertinentes para que su acceso a una
mejor comunicación sea posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar impulsando el proyecto para la construcción de enlace y reordenación de accesos de la carretera N-120, en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) con objeto de incrementar la seguridad en los accesos a la citada población.
2. En tanto se culmina el citado proyecto, implantar un sistema de advertencia dinámica en intersecciones, con objeto de reducir la siniestralidad en los citados accesos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2020.-José Carlos Durán Peralta, Adolfo Pérez Abellas y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/001684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la
Comisión de Industria, Turismo y Comercio, relativa a la defensa de la industria del metal en la Bahía de Cádiz y en la Bahía de Algeciras.
Exposición de motivos
Andalucía cuenta con un modelo productivo de alta dependencia del sector servicios, especialmente con las actividades relacionadas con el turismo, la hostelería y la construcción. Este modelo, con baja incidencia en la industria, que se
lleva urdiendo desde hace décadas conlleva que, pese a ser la tercera Comunidad Autónoma con mayor PIB de todo el territorio nacional, aportando 166.073M (contando también con las ciudades autónomas), sea la décimo séptima en PIB per cápita con
19.658, solo por delante de Extremadura y Melilla, según datos de 2019.
Este modelo productivo, además, lleva aparejado que Andalucía sea la cuarta CCAA con mayor tasa de desempleo (21.3 % de media), casi idéntica a Extremadura (21,4 %) y Canarias (21,6 %) según los datos de la EPA del segundo trimestre del
2020. Al mismo tiempo presenta unos altos índices de precariedad asociados a la temporalidad y parcialidad de los contratos de trabajo y un alto índice de desigualdad en el reparto de la riqueza.
La provincia de Cádiz es uno de los principales núcleos industriales de Andalucía y también de España. Las dos principales zonas industriales de la provincia son las dedicadas al sector del metal, ubicadas en la Bahía de Cádiz y la Bahía de
Algeciras, esta última dentro de la comarca del Campo de Gibraltar. En ambas encontramos grandes centros productivos con una fuerte estructura asociada de empresas auxiliares.
En la Bahía de Cádiz las actividades productivas del sector del metal son la construcción naval, la industria aeronáutica y la construcción de las plataformas offshore. Las principales empresas que operan en el entorno son Navantia (Cádiz,
Puerto Real y San Fernando), Alestis (Puerto Real), Dragados Offshore (Puerto Real) y Airbus (Puerto Real y Puerto de Santa María). El volumen de empleo generado por estas empresas y por todas las empresas de la industria auxiliar de estos grandes
centros productivos asciende a unos 20.000 puestos de trabajos directos e indirectos en una comarca de aproximadamente 450.000 habitantes, cuyo nivel de desempleo, del 30 %, es uno de los más altos de Andalucía y de todo el Estado.
En el Campo de Gibraltar, además de múltiples empresas del sector industrial ligadas a la actividad portuaria, petroquímica y energética, se encuentra el segundo foco de importancia para el sector del metal en la provincia. La principal
empresa que opera en la zona es Acerinox, dedicada a la fabricación de aceros inoxidables y aleaciones de níquel, situada en Palmones, termino municipal de Los Barrios. Junto a las empresas auxiliares del sector, Acerinox genera alrededor de 9300
puestos de trabajos directos e indirectos según la memoria de la Asociación de Grandes Empresas del Campo de Gibraltar. La actividad ligada al sector del metal es fundamental en esta comarca que cuenta con casi 270.000 habitantes y una tasa de
desempleo que ronda el 31 %, de nuevo una de las más altas no solo de Andalucía, sino del Estado y la Unión Europea. Sin embargo, los puestos de trabajo generados por el sector del metal en ambas comarcas están ligados a la precariedad. En
concreto, la discontinuidad de las cargas de trabajo provoca un alto índice de temporalidad en el empleo y un uso exacerbado de la subcontratación. En el caso de Navantia, empresa pública de importancia estratégica en la industria española, la
actividad subcontratada tanto en el campo de la construcción naval como de las plataformas offshore supera el 80 %; esta es la tendencia del resto de empresas mencionadas.
La excesiva subcontratación y temporalidad suponen un escollo para la actividad sindical y, por tanto, para el cumplimiento de los derechos ligados al Estatuto de los Trabajadores y al Convenio Colectivo. Esto no solo propicia el deterioro
de las condiciones laborales y de seguridad e higiene en el trabajo, sino que posibilita la aplicación de listas negras en la selección del personal que haya reivindicado cualquiera de las carencias mencionadas.
La enorme competencia entre empresas que quieren acceder a contratos de trabajo externalizado provoca que, en muchas ocasiones, estas oferten precios tan bajos que no les permitirán cumplir con las condiciones laborales del convenio. No
solo asistimos a la desaparición de bolsas de empleo con criterios objetivos, preceptivas en empresas públicas como Navantia sino a la reducción de las plantillas y el deterioro de las condiciones salariales de las mismas, y a la obligación de
aceptar una cantidad ilegal de horas extra que dotan sus condiciones de empleo de una gravísima precariedad, de modo que, al mismo tiempo, se impide la contratación del personal que sería necesario para trabajar en condiciones de seguridad.
En estos momentos, además, se vive en Cádiz una importante reducción de carga de trabajo que redundará en una enorme cantidad de despidos o en procesos globales de Expedientes de Regulación de Empleo. Esta masiva pérdida de empleo de las
empresas principales y auxiliares del sector del metal, por arrastre, afectará al consumo y a la ya precaria estabilidad económica de la provincia, que se ve abocada a vivir, desde este otoño, una situación desesperada que no tiene visos de
solucionarse.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Intensificar los mecanismos existentes en la actualidad para vigilar y garantizar los derechos de las personas trabajadoras y, en concreto, la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para identificar los posibles
incumplimientos y adoptar las medidas oportunas para el debido cumplimiento del Convenio Colectivo de la Industria del Metal por parte de las empresas, tanto principales como auxiliares, del sector del metal en la Bahía de Cádiz y de la Bahía de
Algeciras y, en particular, de todas las empresas que prestan servicios para Navantia en cualquier de sus tres centros de trabajo de la Bahía de Cádiz (Puerto Real, San Fernando y Cádiz).
2. Estudiar, en el marco de las previsiones del Convenio Colectivo, el establecimiento de mecanismos específicos de participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de la plantilla referidos a la creación y uso obligado de
bolsas de trabajo con criterios objetivos, tal como recoge el propio Convenio.
3. Declarar la actividad de la industria del metal en la provincia de Cádiz como sector estratégico para el sostenimiento de la economía regional y para la conservación del conocimiento que atesora su masa laboral, cuya pérdida nos
debilitaría como nación.
4. Reforzar la carga de trabajo con la firma de nuevos contratos en el corto y medio plazo, que garanticen el mantenimiento del empleo de los puestos de trabajo, y en caso de que esa posibilidad no se materialice, procurar desde las
administraciones públicas el encargo urgente de ensamblaje, construcción o reparación de estructuras que surjan de las necesidades de desarrollo sostenible de la nación, especialmente en lo referente a la producción de energías renovables.
5. Estudiar la posibilidad de la realización de una auditoría externa a Navantia para identificar el posible origen de las decisiones que han redundado en la merma de las condiciones laborales de la masa trabajadora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2020.-Isabel Franco Carmona y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.a Macarena Olona Choclán, D.a Rocío de Meer Méndez y D.a Cristina Alicia Esteban Calonje, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de la Terapia Ocupacional
y los Centros Ocupacionales en España, para su discusión en Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. La Terapia Ocupacional (en adelante, 'TO'), en virtud de lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como aquel 'conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines
terapéuticos, previene la enfermedad y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple las deficiencias incapacitantes y valora los supuestos del comportamiento y su significación profunda para conseguir las mayores independencia y
reinserción posibles del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social'.
La TO se ha consolidado en la sociedad moderna, a través del descubrimiento del valor real de las ocupaciones, como proceso terapéutico viable garantizando de forma efectiva la autonomía personal en las actividades básicas de la vida diaria
de los pacientes en aras de su bienestar y salud.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesionales Sanitarias 13 recoge en su artículo 2, punto 2.b), la profesión de Terapeuta Ocupacional como una 'profesión sanitaria titulada de nivel de diplomado'.
Asimismo, y en relación con las funciones de los terapeutas ocupacionales, el artículo 7 de la citada Ley, en su punto 2.c), señala que: 'Corresponde a los Diplomados universitarios en Terapia Ocupacional la aplicación de técnicas y la
realización de actividades de carácter ocupacional que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas o psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y estimular el desarrollo de tales funciones'.
Segundo. La derogada Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, introdujo en la legislación española un sistema de principios objetivos y medidas de carácter tuitivo para conseguir un tratamiento diferenciado de
los 'minusválidos' (personas con discapacidad 14), en orden a su participación en la sociedad, de acuerdo con las posibilidades personales de cada uno, con el objetivo de garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en la Constitución Española
de 1978 15.
El artículo 53 de la mencionada Ley estableció, a su vez, el servicio social de Centros Ocupacionales, a fin de garantizar a los minusválidos (personas con discapacidad 16), la realización de actividades o labores ocupacionales y la
prestación de los servicios de ajuste personal y social.
Posteriormente, el citado precepto fue desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, por el que se regulan los Centros Ocupacionales, aún vigente. Dicho norma reglamentaria define los Centros
Ocupacionales como 'un medio adecuado para la superación de los obstáculos que encuentran los minusválidos (personas con discapacidad 17) en el proceso de la integración laboral, cuando por su minusvalía no puedan acceder al empleo en una empresa o
en un Centro Especial de Empleo'. Concretamente, el artículo 2 del citado Real Decreto señala expresamente lo siguiente:
'Uno. Los Centros Ocupacionales constituyen un servicio social para el desarrollo personal de los minusválidos en orden a lograr, dentro de las posibilidades de cada uno, la superación de los obstáculos que la minusvalía les supone, para la
integración social.
Dos. Tendrán la consideración de Centros Ocupacionales aquellos establecimientos que tengan como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a los minusválidos, cuando por el grado de su minusvalía
no puedan integrarse en una Empresa o en un Centro Especial de Empleo.
Tres. Los Centros Ocupacionales no tendrán, en ningún caso, carácter de centros de trabajo para los minusválidos sujetos de este servicio social.'
13 En virtud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de nuestra Carta Magna: 'La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La
estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos'.
14 Disposición Adicional Octava. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
15 Artículo 49 de la CE: 'Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran
y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos'.
16 Disposición Adicional Octava. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
17 Ibid.
Posteriormente, y tras la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 'las referencias que en los textos normativos se efectúan a
'minusválidos' y a 'personas con minusvalía', se entienden realizadas a 'personas con discapacidad' 18. Así, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, se refiere, en su artículo 52, a los Centros Ocupacionales como aquellos centros que 'tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las
personas con discapacidad con el objeto de lograr su máximo desarrollo personal y, en los casos en los que fuera posible, facilitar su capacitación y preparación para el acceso al empleo. Igualmente prestarán estos servicios a aquellos trabajadores
con discapacidad que habiendo desarrollado una actividad laboral específica no hayan conseguido una adaptación satisfactoria o hayan sufrido un empeoramiento en su situación que haga aconsejable su integración en un centro ocupacional'.
Tercero. El objetivo fundamental de los Centros Ocupacionales es el aseguramiento efectivo de aquellos servicios personales y sociales relativos a la TO. En el caso de personas con discapacidad son fundamentales cuando su integración
laboral sea extremadamente complicada a consecuencia de su grado.
En cuanto al desarrollo de actividad de estos centros, y a tenor de lo referido por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad ('FAMMA') 19, se busca y pretende que la misma se asemeje al normal funcionamiento de cualquier
otro centro, a fin de asegurar la capacitación profesional efectiva de los pacientes, a través de la aplicación de tratamientos especializados en virtud del grado de discapacidad de cada uno.
En definitiva, tanto los centros ocupacionales como los profesionales, que desarrollan su actividad laboral en los mismos 20, intervienen de forma activa en la construcción y desarrollo personal de sus pacientes, en aras a facilitar su plena
inclusión en la sociedad española.
Cuarto. Con el fin de institucionalizar la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y de la Administración General del Estado en la definición y coordinación de una política coherente de atención integral, la
Orden de 17 de junio de 1999 creó y reguló el Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad 21.
Actualmente, el Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad se encuentra regulado en el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad ('Real Decreto 1855/2009').
El artículo primero del Real Decreto 1855/2009 señala que el Consejo Nacional de la Discapacidad es 'el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, en el que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las
personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para la definición y coordinación de una política coherente de atención integral', y en particular, 'le corresponde la promoción de la igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad'.
Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Nacional de la Discapacidad desarrolla, entre otras, las siguientes funciones:
- Promover los principios y líneas básicas de política integral para las personas con discapacidad en el ámbito de la Administración General del Estado.
- Presentar iniciativas y formular recomendaciones en relación con planes o programas de actuación.
- Conocer y, en su caso, presentar iniciativas en relación a los fondos para programas de personas con discapacidad y los criterios de distribución.
- Emitir dictámenes e informes, de carácter preceptivo y no vinculante, sobre aquellos proyectos normativos y otras iniciativas relacionadas con el objeto del Consejo que se sometan a su consideración y, en especial, en el desarrollo de la
normativa de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
18 La Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 2001 (CIF-2001), sustituyó el término 'minusvalía', debido a la connotación peyorativa de esta palabra, por
'discapacidad', como término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.
19 http://famma.org/diccionario-tecnico/409-centro-cupacionalk-:text=Los %20Centros % 200cupacionales % 20son % 20establecimientos,un % 20centro % 20especial% 20de %20empleo.
20 Cuaiarán Yeregui O, Laparra Alguacil I, Arnedo Villanueva A, Loitegui Baciero A. Terapia Ocupacional en Discapacidad Intelectual. TOG (A Coruña). 2009 [23/10/20]; Vol 6, supl. 4: p 391-409.
21 Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad (derogada).
- Promover el desarrollo de acciones de recopilación, análisis, elaboración y difusión de información.
- Conocer las políticas, fondos y programas de la Unión Europea y de otras instancias internacionales y recibir información, en su caso, sobre las posiciones y propuestas españolas en los foros internacionales.
Quinto. En conclusión, la atención debida a las personas con discapacidad constituye un reto ineludible para los poderes públicos a nivel nacional. El artículo 14 de la Constitución Española 22 garantiza la igualdad de todos los españoles
ante la Ley. Por ese motivo, debemos asegurar, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas discapacitadas de España y adoptar cualesquiera medidas resulten necesarias con el fin de fomentar la creación de
nuevos Centros Ocupacionales encargados de llevar a término con éxito estos vitales objetivos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la creación de nuevos Centros Ocupacionales en España.
2. Elaborar, en el seno del Consejo Nacional de la Discapacidad y en coordinación con las Comunidades Autónomas, programas relativos al fomento de la terapia Ocupacional en todo el territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2020.-Rocío de Meer Méndez y Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre el Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición No de Ley para
promover la implantación de la economía circular en la alimentación, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU proponen para 2030 'la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de
producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas'.
Según los últimos datos, los hogares españoles tiraron a la basura 1.339 millones de kilos/litros de comida y bebida en 2018, un 8,9 % más que el año anterior. En los meses que abarcan primavera y verano, registrados con altas temperaturas,
se produjo la mayor subida de desperdicio (10,5 %).
La subida de los termómetros provoca mayor desperdicio de alimentos. Y viceversa. Así lo ha alertado el último informe especial sobre cambio climático y tierra del IPCC, el panel internacional de expertos que asesoran a la ONU. La pérdida
o derroche de alimentos -entre un 25 y un 30% del total que se produce en el mundo- es responsable de entre el 8 y el 10% de todas las emisiones de efecto invernadero que genera el ser humano, remarca el documento. Por eso, los expertos reclaman
atajar también este problema para luchar contra la crisis climática, además de modificar la dieta y un cambio del modelo energético.
Tenemos que tener en cuenta que el desperdicio alimentario supone entre un 10 y un 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero, un porcentaje muy elevado de emisiones si tenemos en cuenta
22 'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.'
que el sector marítimo emite el 3% del total de los gases de efecto invernadero y el de la aviación contribuyen entre un 5 y un 8 %. Es decir, el desperdicio alimentario supone casi más emisiones de gases de efecto invernado que el sector
de la aviación y el marítimo juntos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el desarrollo de una estrategia para reducir el desperdicio alimentario en nuestro país.
2. Impulsar campañas de promoción de los productos de (de kilómetro 0) con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo la huella de carbono y, por consiguiente, fomentar y favorecer los productos locales
de las diferentes comunidades autónomas.
3. Fomentar en los colegios públicos del país una dieta saludable basada en los productos locales de cada comunidad autónoma para fomentar la dieta saludable y, por ende, reducir la huella de carbono.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2020.-Daniel Senderos Oraá, Manuel Gabriel González Ramos, José Luis Aceves Galindo, Mariano Sánchez Escobar, Lázaro Azorín Salar, Montse Mínguez García, Herminio Rufino Sancho
Íñiguez, Javier Cerqueiro González, María Luisa Faneca López y Ariagona González Pérez, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre el Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
el fomento a la instalación de energías renovables en agricultura y ganadería, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La pandemia de la Covid-19 ha dejado muchas lecciones, entre ellas la necesaria apuesta por la soberanía alimentaria de las poblaciones y por el incremento de la autonomía energética. Cuando las fronteras se cierran y los traslados se
limitan, pueblos y ciudades deben ser capaces de proveerse de los productos básicos.
Tampoco es desdeñable reflexionar acerca de la urgente contribución nacional a la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, que exige acciones a muy diversos niveles. La progresiva sustitución de los combustibles fósiles
por fuentes de energías limpias y renovables en el ámbito rural puede convertirse en una aportación sólida y de impacto.
Las explotaciones agrícolas y ganaderas han adaptado sus dimensiones y capacidad de producción a la creciente demanda alimentaria. Las grandes instalaciones incorporan hoy adelantos tecnológicos que permiten la mejora de los cultivos y
atención al ganado en todas las fases del proceso. Y esta nueva mecanización eleva los consumos energéticos que su operatividad y rentabilidad requieren.
Así mismo, como sintetiza con gran acierto la estrategia 'De la granja a la mesa' incluida en el Pacto Verde Europeo -destinado a convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050- las oportunidades de las
renovables para el sector primario siguen ofreciendo un potencial casi sin explotar.
El documento propone a las instalaciones agropecuarias que aprovechen las oportunidades de reducción de las emisiones de metano del ganado, desarrollando la producción de energía renovable e invirtiendo en digestores anaerobios para la
producción de biogás a partir de residuos y desechos de la agricultura, como el estiércol.
En relación a la demanda energética del regadío, pieza fundamental del sistema agroalimentario que aporta más del 50? % de la producción final agraria utilizando solamente el 20? % de la superficie agrícola útil de nuestro país, con las
medidas de ahorro adecuadas, se podría alcanzar una reducción del 30 % en
su consumo de energía, derivado de su modernización por la consiguiente mejora del rendimiento de bombas, la adecuación de sus potencias a la variación de carga, el cambio de sistemas de riego por la migración de sistemas de aspersión a
sistemas de riego localizado, el uso de las tecnologías de comunicación (TIC) con el desarrollo de aplicaciones de software de gestión y telecontrol.
Las explotaciones agrarias deben contribuir a la disminución de la demanda de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la mejora de la eficiencia energética. Las medidas de ahorro en estas explotaciones están
dirigidas a la renovación de las instalaciones existentes, tanto de generadores de calor, como sistemas de climatización, iluminación, bombas u otros equipos consumidores, así como la sustitución de energía convencional en instalaciones térmicas por
otras que utilicen energías renovables térmicas (energía solar térmica, biomasa, residuos, energía geotérmica, o bomba de calor aerotérmica o hidrotérmica) que, reducirán el consumo de energía en un 30 %.
En este escenario, todas las acciones conducentes a fomentar la obtención de energías renovables en el sector primario se convierten en cauce para la reducción de las emisiones, el ahorro energético y consecuente rentabilidad económica de
los negocios y para una ganancia de autonomía de las explotaciones.
Esta nueva realidad repercutiría, además, en el aumento del atractivo y el interés por el medio rural como espacio para el sustento y la vida y, por ende, en el avance hacia la repoblación de la España vaciada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que habilite las líneas de financiación necesarias para la instalación de fuentes de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas, así como para la aplicación de
medidas de eficiencia energética en regadíos e instalaciones agrarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2020.-Ariagona González Pérez, Manuel Gabriel González Ramos, María Luisa Faneca López, José Luis Aceves Galindo, Lázaro Azorín Salar, Javier Cerqueiro González, Indalecio Gutiérrez
Salinas, Montse Mínguez García, Mariano Sánchez Escobar, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Senderos Oraá, Juan Francisco Serrano Martínez y Juan Luis Soto Burillo, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/001686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, D. Juan José Aizcorbe Torra, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Carlos José Zambrano García-Ráez y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reforma
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para su discusión en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. El consejo de transparencia y buen gobierno. Régimen legal.
El Título III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ('LTAIBG') crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ('CTBG'). El CTBG es un órgano independiente al que
se le otorgaron competencias de promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, de control del cumplimiento de las obligaciones
de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno (artículos 33 y 34). Se constituye, por lo tanto, un órgano de supervisión y control para
garantizar la correcta aplicación de la LTAIBG.
El CTBG es un organismo público independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Para la consecución de los fines señalados supra, el CTBG tiene encomendadas las siguientes funciones (artículo 38.1 LTAIBG):
'a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.
b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.
d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.
g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.
h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.'
El CTBG está compuesto por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y por el Presidente. Este último tiene encomendadas, entre otras, las siguientes funciones, según el artículo 38.2 LTAIBG:
'a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.
e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el procedimiento.'
Segundo. Estructura funcional y territorial.
Para respetar al máximo las competencias autonómicas, señala el Preámbulo de la LTAIBG, 'se prevé que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno solo tendrá competencias en aquellas Comunidades Autónomas con las que haya firmado Convenio al
efecto, quedando, en otro caso, en manos del órgano autonómico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume el Consejo'.
El artículo 24 de la LTAIBG regula el procedimiento para las reclamaciones ante el CTBG, señalando lo siguiente:
'1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 1.
Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar
afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez
se hayan notificado a los interesados.
1 Actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.
6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.'
Por su parte, la disposición adicional cuarta de la norma supra, dispone lo siguiente:
'1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en
su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, contra las resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones análogas al Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el
caso de esas mismas reclamaciones sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.
2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la
Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias.
3. Las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán designar sus propios órganos independientes o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, celebrando al efecto un Convenio en los términos previstos en el
apartado anterior.'
En la actualidad, las Comunidades Autónomas que han suscrito convenios con el CTBG, para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 LTAIBG, son:
- Principado de Asturias.
- Cantabria.
- La Rioja.
- Extremadura.
- Comunidad de Madrid.
- Castilla-La Mancha.
- Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El resto de las comunidades autónomas cuentan con órganos propios para la resolución de las reclamaciones estipuladas en al artículo 24. No obstante, pese a la existencia de esos convenios, las Comunidades Autónomas de Castilla la Mancha,
Madrid, Asturias y Cantabria no han constituido sus respectivos consejos de transparencia, pese a haber sido creados hace más de dos arios por sus leyes autonómicas. Ello, como indica la Declaración de la UNED de la RED de Consejos y Comisionados
de Transparencia, de 1 de octubre de 2020, es una 'muestra de incoherencia entre el sistema autonómico de transparencia que se dice y presume configurar por ley autonómica y el realmente no puesto en marcha, en la práctica'.
Tercero. Los acuerdos y las resoluciones del consejo de transparencia y buen gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 LTAIBG, el CTBG controlará el cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en el capítulo II de la LTAIBA, referido a la Publicidad Activa. El apartado
segundo del citado artículo señala expresamente que 'en ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar
resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan'.
De ello se desprende que las resoluciones son la traslación jurídica de la función de control que debe y tiene que ejercer el CTBG. Pero esas resoluciones, dictadas en pro de la transparencia en la actividad de la Administración Pública, de
control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así
como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno, no siempre son atendidas debidamente. Y, lo que es peor, en ocasiones ni tan siquiera se producen.
El problema es, pese a lo argüido en el expositivo anterior, que en aquellas comunidades autónomas que no hayan suscrito el convenio con el CTBG y no tengan un organismo constituido al efecto, el CTBG no podrá actuar. Este criterio fue
plasmado en el informe de la Abogacía del Estado con Ref. A.G. Entes Públicos 37/15 (R-384/2015), de 12 de junio de 2015. Dicho informe destaca, entre otros criterios expuestos, lo siguiente:
'Puesto que la asunción de competencias exclusivas confiere a las Comunidades Autónomas no solo el poder oponerse a que las normas del Estado incidan en esas materias sometidas a su competencia exclusiva con alcance de aplicación directa,
sino que también atribuyen a las Comunidades decidir si tales materias debe ser sometidas, por su parte, a reglamentación específica y en qué momento debe hacerse (Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 118/1996, de 27 de junio).
(...)
Si bien la anterior doctrina constitucional ha sido dictada para el caso de que una Comunidad Autónoma no ejerza las competencias normativas que la Constitución le reconoce, considera este Centro Directivo que la misma doctrina ha de
aplicarse al supuesto en que una Comunidad Autónoma decida no ejercer las competencias ejecutivas que le atribuye una ley, como es el caso de la LTAIBG.
En efecto, el planteamiento debe considerarse el mismo, de modo que el Estado no puede ejercer una competencia material atribuida por ley a las Comunidades Autónomas ante la inactividad de una o varias de éstas, porque con ello estaría
alterando las reglas de reparto de competencias contenidas en el Título VIII de la Constitución. Si una Comunidad Autónoma tiene libertad para decidir si legisla o no sobre una materia de su competencia, la misma libertad debe serle reconocida para
decidir sí ejerce o no una competencia ejecutiva o de autoorganización que le atribuye una ley, sin que el Estado pueda asumir esa competencia con carácter supletorio. Ello es así puesto que no existe en el elenco de títulos competenciales que el
artículo 149 de la Constitución reserva al Estado ninguno que permita la actuación de éste en sustitución de las Comunidades Autónomas y en defecto del ejercicio por estas últimas de sus competencias'.
Ello supone que no existe un organismo de control que pueda desarrollar, de manera efectiva, las competencias de control que la LTAIBG prevé para el CTBG o el órgano independiente que determinen las comunidades autónomas.
El mencionado informe, concluye señalando que 'la configuración de las reglas de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas como normas de orden público, la falta de una previsión en la LTAIBC que
automáticamente anude una consecuencia específica a la falta de ejercicio por una Comunidad Autónoma de las competencias que la propia ley les atribuye, y la inexistencia en el artículo 149 de la Constitución de título competencial alguno que
permita al Estado actuar en sustitución de una Comunidad Autónoma en defecto de ejercicio por esta de las competencias atribuidas por la ley, conducen a concluir, a juicio de este Centro Directivo, que, salvo que se valorase la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 155 de la Constitución (...) no existe ninguna otra medida que pueda adoptar ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para compeler a las Comunidades Autónomas a que ejerciten las competencias que les atribuye la
LTAIBG'.
En este mismo sentido se pronuncia la Declaración de la UNED de la RED de Consejos y Comisionados de Transparencia, de 1 de octubre de 2020. La Declaración destaca, además, una cuestión importante a que antes aludíamos: los Consejos de
Transparencia de Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias y Cantabria aún no se han constituido pese a haber transcurrido más de dos años desde su creación por las respectivas normas autonómicas.
Cuarto. Seguimiento del cumplimiento de las resoluciones del consejo de transparencia y buen gobierno.
El CTBG realiza un seguimiento de sus resoluciones, tanto de la Administración General del Estado ('AGE') como de las Administraciones Territoriales con convenio con el Consejo. Este seguimiento permite analizar el estado y el cumplimiento
de las resoluciones del CTBG. A continuación, se muestran dos tablas que recogen los datos de seguimiento de las resoluciones estimatorias del Consejo dictadas
en las reclamaciones formuladas en materia de derecho de acceso a información pública frente a Administraciones, órganos, organismos y entidades responsables de la información solicitada por la ciudadanía.
Fuente: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/Cumplimiento.html
Fuente: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/Cumplimiento.html
De estas tablas se desprende que, en los últimos cinco años, la AGE y las Administraciones Territoriales han empeorado considerablemente en lo que al cumplimiento de las resoluciones impugnadas se refiere. En el mismo sentido, se han
incrementado aquellas resoluciones sobre las que no consta cumplimiento y sobre las que han sido recurridas en vía contencioso-administrativa. Ello es doblemente grave si se tiene en consideración que el número de resoluciones dictadas también se
ha incrementado exponencialmente.
Del análisis, se podría concluir de manera objetiva, que la transparencia de las administraciones públicas es cada día más opaca, o menos trasparente, si se quiere.
En el primer año de existencia del CTBG, año 2015, de las 131 resoluciones dictadas, el 87,9 % fueron cumplidas por la administración central. Desde aquel año, el número de resoluciones dictadas ha crecido considerablemente, hasta llegar a
duplicarse en el año 2019.
No obstante, el incremento de resoluciones ha ido aparejado por un descenso en su cumplimiento. Así, a partir del 87,9 % del ario 2015, cayó un 82,5 % en 2016 (de 212 resoluciones); a un 83,9 % en 2017 (de 229 resoluciones); a un 82,1 %
en 2018 (de 288 resoluciones); a un 70,7 % en 2019 (de 290 resoluciones); hasta llegar a un 66 % de las 64 resoluciones, que hasta el momento ha emitido el CTBG en 2020.
Esta circunstancia se ha producido igualmente en relación a las Administraciones Territoriales. Así, en 2016, el porcentaje de cumplimiento era del 92,2 %, sobre las 119 resoluciones de los comisionados de las administraciones
territoriales. Ese porcentaje ha descendido hasta un 52,2 % sobre las 48 resoluciones emitidas en lo que va de ario 2020.
Quinto. Recursos humanos y económicos del consejo de transparencia y buen gobierno.
El CTBG cuenta con los siguientes recursos económicos, según el artículo 21 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, 'Estatuto'):
'a) Las asignaciones que anualmente se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
b) Las subvenciones y aportaciones que se puedan conceder a su favor, procedentes de fondos específicos de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.
c) Los bienes, derechos y valores integrantes de su patrimonio, así como las rentas y productos derivados de ellos.
d) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.'
En cuanto a las asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ('PGE'), el CTBG dispone, a fecha de hoy de 2.276.860 (Programa 921X). Esta ha sido la cantidad con que ha contado el CTBG en los ejercicios 2018, 2019, y en
el actual, al haberse prorrogado los PGE de 2018 a 2020. La asignación de los PGE de 2018, supuso una reducción del 22 % con respecto al ejercicio 2017, pese a haber registrado casi 300 reclamaciones más este año:
Esta cantidad es verdaderamente ridícula para la importantísima labor que realiza el CTBG. Más, si cabe, atendiendo a que el volumen de reclamaciones crece cada ario, mientras que la dotación de recursos económicos y de personal son los
mismos.
Concretamente, según señala la última Memoria Anual publicada en 2018, elaborada por el CTBG sobre el desarrollo de sus actividades y grado de cumplimiento ('Memoria Anual'), la plantilla de efectivos con que cuenta el CTBG es de 22
personas, todos ellos, funcionarios de carrera por expresa disposición estatutaria. Un número, que al igual que la dotación económica, resulta claramente insuficiente, como veremos seguidamente.
Sexto. Reivindicaciones del consejo de transparencia y buen gobierno.
La Memoria Anual evidencia las diferentes carencias de que adolece el CTBG:
A) La falta de personal y de presupuesto. Así:
1. Respecto a la insuficiencia de personal, la Memoria Anual señala lo siguiente:
'La insuficiencia de los efectivos asignados al Consejo para atender adecuadamente la suma de funciones y tareas que acaba de describirse ha supuesto que, a 31 de diciembre de 2018, obligado a priorizar sus actuaciones y a administrar los
recursos disponibles, haya centrado su actividad, en las que pueden considerarse sus áreas primordiales de actuación: las actividades inmediatamente vinculadas con la tramitación y resolución de las iniciativas de la ciudadanía -especialmente la
resolución de las reclamaciones en materia de derecho de acceso- y las actividades vinculadas con la formación y la difusión y divulgación de los valores y principios de la llamada 'cultura' de la transparencia. Por supuesto, sin olvidar las tareas
y actividades relacionadas con la organización, funcionamiento y gobernanza del organismo (esenciales para el desarrollo del resto) o con la evaluación anual del cumplimiento de la Ley de Transparencia por los sujetos obligados y la elaboración de
la memoria de actividades que cada año ha de presentarse ante las Cortes Generales.'
En este sentido, debemos recordar que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional del Estatuto, que 'el Consejo se dotará exclusivamente mediante la redistribución de efectivos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, sus organismos y entidades públicas, y su funcionamiento se atenderá con los medios materiales y personales de que dispone actualmente la Administración'.
Por tanto, el coste de la ampliación de plantilla que ahora se propone para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no tiene por qué suponer un incremento neto de gasto público.
2. Respecto de la dotación económica, la Memoria Anual dispone, igualmente, lo siguiente:
'El nivel de ejecución alcanzado en 2018 (76,63 %) supera el 58,40 % ejecutado en el ejercicio 2017, a pesar de la prórroga de presupuestos y de la medida de control recogida en el apartado noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de
diciembre de 2017, en virtud de la cual se limitaba la posibilidad de iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto o de aprobar nuevos gastos de expedientes ya iniciados cuando se hubiera alcanzado el 50 % del crédito inicial disponible a
nivel de vinculación.
Tal y como se ha puesto de manifiesto en las memorias de ejercicios anteriores, no puede decirse que el presupuesto del organismo para 2018, como antes sucediera con los presupuestos de 2015, 2016 y 2017, constituya un documento
específicamente ajustado a las necesidades presupuestarias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ni haya sido en su totalidad formulado de acuerdo con las instrucciones de la Presidencia del mismo, lo que dificulta la ejecución del mismo.'
De ello se desprende que no solo es insuficiente la dotación económica, tanto por el montante total asignado como por la imposibilidad de ejecutarla, sino que no se ajusta a las necesidades del CTBG, por haberse desarrollado, entre otros
motivos, sin prestar atención a las instrucciones formuladas por la presidencia.
B) La atención de las Administraciones e instituciones públicas a los requerimientos y recomendaciones del CTBG y de los Comisionados.
Como indica la Declaración de la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, de 1 de octubre de 2020 2 ('Declaración de 1 de octubre de 2020'):
'No ha mejorado tampoco el grado de atención prestado por las Administraciones e instituciones públicas a los requerimientos y recomendaciones de mejora expresados por los Consejos y Comisionados reiteradamente en sus acuerdos y resoluciones
ni el nivel de cumplimiento de sus resoluciones, contestadas, incluso, en el ámbito judicial por algunas de las organizaciones o instituciones llamadas a ejecutarlas.
2 https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2020/Segundo-semestre/ 20201002.html#.X5FILtUzbct.
En este estado de cosas, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado se ve obligada a reiterar, en esta Declaración el contenido de sus precedentes Declaraciones de Cádiz y de Málaga.'
La declaración de Cádiz, a que hace alusión la Declaración de 1 de octubre de 2020, se refiere a la realizada, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, por parte de los representantes de los órganos de garantía de la
transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, con ocasión del IV Congreso Internacional de Transparencia. En ella, señalaban lo siguiente:
'Así, más allá de que todos los gobiernos, el estatal y los autonómicos, se hayan declarado comprometidos con la transparencia y el buen gobierno, lo cierto es que, pasada la efervescencia de la entrada en vigor de la ley, su implicación ha
ido perdiendo peso en estos últimos años, y los Consejos y Comisionados de Transparencia se han resentido especialmente por ello, al crecer exponencialmente la demanda de la ciudadanía de su amparo por la vulneración de su derecho a saber, sin que
reciban de los poderes públicos la adecuada dotación de medios para satisfacerla. Por ello, debemos llamar la atención pública y advertir de que dejar morir de inanición a los Consejos y Comisionados de Transparencia, encargados de defender los
derechos de la ciudadanía ante la opacidad de las administraciones públicas, es una decisión política que, si no responde a la intención de eludir su control, en cualquier caso, tiene ese efecto.'
En tal sentido, en la Declaración de 1 de octubre de 2020, reclaman la regulación legal de los incumplimientos de las resoluciones de los Consejos y Comisionados. Estos afirman que es necesario que estén dotados con un régimen sancionador,
basado en la figura legal de las multas coercitivas.
C) La vía contencioso-administrativa a que acuden los organismos y entidades estatales que deben, por imperativo legal, ejecutar las resoluciones del CGTB.
Así, indica la Memoria Anual que, a 31 de diciembre de 2018, desde el inicio de su actividad resolutoria, el CGTB había sido demandado en ochenta y ocho ocasiones ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. Ello lleva aparejado un
coste acumulado por el pago de estos servicios, más el coste del convenio de colaboración del organismo con el Servicio Jurídico -Abogacía del Estado- que, además de realizar la asesoría jurídica del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le
representa en los recursos promovidos por ciudadanos o por órganos de las AATT, respecto de los que no se plantea conflicto ninguno, asciende a la cantidad de 287.159,46 euros'.
Se trata de un gasto muy importante, que se sufraga con erario público, para la resolución de discrepancias de criterio entre organismos públicos. Ello, pone de relieve la necesidad de 'abordar la cuestión de una forma decidida para reducir
en lo posible la litigiosidad, potenciando al máximo nivel la autoridad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como órgano responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia a nivel estatal y legalmente autorizado (art. 38
de la norma) para adoptar criterios de interpretación de la Ley y recomendaciones para su mejor aplicación'.
D) Los grupos de presión y los altos directivos de la administración pública.
Entre algunas de las medidas propuestas en la Declaración de 1 de octubre de 2020, se encuentra la creación de un Registro estatal de intereses y grupos de interés, que en relación con la agenda de trabajo de los altos cargos de la
administración y de los responsables políticos, permita a la ciudadanía conocer las reuniones mantenidas por éstos con los grupos de presión e influencia.
Esta sería una medida realmente importante. Como indica el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, el Dr. Juli Ponce Solé, en su informe 'Grupos de Interés en Cataluña y Elaboración de Normas', es de vital
importancia 'afrontar el fenómeno de los grupos de presión, y su posible influencia indebida, desde la perspectiva de la prevención, dadas las limitaciones de la represión penal a posteriori'. En este sentido, señala que 'la ley estatal 19/2013
desaprovechó una magnífica oportunidad de incluir en el título dedicado el buen gobierno, o en un título independiente, una regulación de este fenómeno 3'.
3 En el mismo sentido, el TJUE en el caso T286/09, de 12 de junio de 2014, recalcaba la necesidad de hacer constar los contactos entre administración y privados.
Asimismo, el señalado informe recalca que el propio CTBG 'ha reconocido el derecho de los ciudadanos a saber quién se reúne con quién durante la tramitación de normas, lo que refuerza la idea de la necesidad de publicidad activa sin
necesidad de ejercicio del derecho de acceso, puesto que estamos ante una actividad relevante. La actividad de los lobbies tiene conexiones con la transparencia y el derecho de acceso a información, que quedan patentes cuando alguien quiere saber
qué miembro o miembros del sector público han mantenido reuniones y con qué personas del sector privado, un caso que ya ha dado lugar a alguna resolución de reclamación del consejo, favorable al acceso a esta información y a un criterio
interpretativo conjunto de este consejo y de la Agencia de Protección de Datos, de 2016, sobre Información relativa a las agendas de los responsables públicos.'
E) Por último, la reafirmación de la labor que desempeña el CTBG, desde su posición de independencia del gobierno y de las administraciones públicas, garantizando los derechos de los ciudadanos y promoviendo la implantación efectiva de la
cultura de transparencia en la vida pública.
En síntesis, la labor que desempeña el CTBG pone de manifiesto la imperiosa necesidad de que la política de transparencia y el libre acceso a la información, ha de configurarse como el principal e inexcusable requerimiento que debe dirigir y
regir la acción de todos los Gobiernos, Administraciones y Poderes Públicos.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas los principios fundamentales de su actuación, garantizando, a su vez, el acceso a la información pública a todos los ciudadanos, con el fin
de que puedan conocer en todo momento las actuaciones de sus representantes.
A tal efecto, se insta al Gobierno a llevar a cabo una reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Dicha reforma deberá recoger los siguientes extremos:
a) Potenciar la autoridad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para adoptar criterios de interpretación y recomendaciones para la mejor aplicación de la Ley como órgano responsable de garantizar el cumplimiento de la misma a nivel
estatal, de conformidad con su artículo 38.
b) Incorporar y regular un régimen sancionador, basado en la figura legal de las multas coercitivas, con el fin de mejorar el acatamiento de las resoluciones y recomendaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
c) Incrementar la dotación presupuestaria del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de conformidad con los criterios por éste expuestos en sus Declaraciones.
d) Incrementar el personal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de conformidad con los criterios por éste expuestos en sus Declaraciones.
e) Crear un presupuesto propio y segregado de la institución a la que se vincula, para favorecer la independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
f) Disponer la obligatoria presentación de los informes anuales que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elabore ante el Congreso de los Diputados para su sometimiento a debate y posterior presentación de propuestas de resolución.
g) Adaptar la actual normativa básica en materia de transparencia y acceso a la información a las necesidades actuales.
h) Promover, dentro del marco de los convenios suscritos, que las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias y Cantabria constituyan los Consejos de Transparencia que fueron creados por sus respectivas leyes autonómicas
hace más de dos años.
i) Crear un Registro estatal de intereses y grupos de interés que, en relación con la agenda de trabajo de los altos cargos y responsables políticos, permita a la ciudadanía conocer las reuniones mantenidas por éstos con los grupos de
presión e influencia.
j) Incorporar una regulación de los grupos de interés, sin perjuicio de su ulterior desarrollo reglamentario, que contemple:
- Las actividades permitidas.
- Su preceptivo registro en el Registro estatal de intereses y grupos de interés.
- Un código de conducta de obligado cumplimiento.
- Regular un trámite de mediación de los órganos garantes entre la Administración Pública y los demandantes de información en caso de conflicto que ofrezca un marco de relación mutua que permita acercar posiciones, acceder a la información
y, por consiguiente, reducir los conflictos existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2020.-Eduardo Luis Ruiz Navarro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Juan José Aizcorbe Torra, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Juan Calvo Liste y Carlos José Zambrano García-Ráez,
Diputados.-Macarena Olana Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre Estatuto Básico del Pequeño Municipio, para su debate en la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La realidad demográfica española y de su distribución en núcleos de población de muy diversa densidad plantea un problema para proveer de los servicios a los que toda la ciudadanía debe tener un acceso en condiciones de igualdad. Por ello,
las administraciones públicas, dentro de su respectivo ámbito competencial, deben tener una eficiencia en la distribución de los recursos, que haga que los servicios, de la Administración General del Estado, las CCAA y las entidades locales, lleguen
a todos por igual. Esta situación de desigualdad de oportunidades es una de las causas que han provocado la despoblación de los territorios de la llamada 'España vaciada'.
El marco legislativo general, en el ámbito del municipalismo, atiende esencialmente las necesidades de grandes ciudades, capitales de provincia, ciudades y pueblos de dimensiones medianos y grandes, pero no ocurre lo mismo con los pequeños
municipios. De los 8.131 municipios que hay en España, 5.002 tienen una población menor de 1.000 habitantes.
Las entidades públicas como las Diputaciones provinciales y otras creadas para mancomunar servicios han tratado de paliar las dificultades de los pequeños municipios para su propia administración.
Pero hay retos a los que los pequeños municipios, no pueden responder y para tratar de enfrentarse a ellos, todos ellos deben contar con mejores herramientas administrativas y sustento legal para conseguir sobrevivir frente a la despoblación
y a la tendencia global (no solo española) de la concentración en ciudades.
El Gobierno es muy consciente de esta realidad y por ello, la vicepresidenta cuarta y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha expresado 'la necesidad de un Estatuto Básico para los pequeños municipios que adecue la normativa
de procedimiento, contratación y funcionamiento a una realidad que no encuentra reflejo'.
Retos como el cambio climático o el propio reto demográfico, la digitalización de las administraciones públicas y su administración electrónica, o unos servicios públicos de calidad para poblaciones y colectivos de especial necesidad
(mayores) tienen que ser abordados en colaboración con los pequeños municipios, donde se cristalizan las soluciones para la población. Para ello tienen que tener unas normas de procedimiento administrativo, contratación pública o normas
presupuestarias ajustadas al tamaño de sus proyectos.
En la anterior crisis económica los pequeños municipios, se enfrentaron a dificultades a la hora de abordar las consecuencias de la misma. Es ahora el momento de favorecer que la salida de la crisis social
y económica que está provocando la COVID-19 sea una salida justa que incluya mejores herramientas para los pequeños municipios.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los trámites para la elaboración de un Estatuto Básico del Pequeño Municipio que contenga medidas dirigidas a mejorar el funcionamiento administrativo, procedimientos de contratación
y prestación de servicios por parte de los municipios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2020.-Antidio Fagúndez Campo, Diputado.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa al desarrollo de las estrategias y planes necesarios para impulsar la protección de las personas desplazadas por causas medioambientales.
Exposición de motivos
El cambio climático no tiene los mismos efectos en todo el planeta ni las mismas consecuencias a largo plazo para todo mundo. La relación entre el clima, el hambre, la pobreza y los conflictos provoca que la inseguridad alimentaria se pueda
convertir en una causa de desplazamientos, según apunta el informe de 2019 de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A finales del pasado año, 135 millones de personas de 55 países padecían inseguridad alimentaria aguda y el 80
% de las poblaciones desplazadas del mundo residían en éstos.
Ya hay más de 64 millones de personas desplazadas debido a los efectos del cambio climático, según Naciones Unidas, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que en 2050, en un mundo de 9000 millones de personas,
habrá entre 200 y 250 millones de personas desplazadas por motivos ambientales.
El cambio climático es un 'multiplicador de amenazas': contribuye a la inestabilidad económica y política, además de agravar sus efectos; intensifica desastres de aparición repentina, como inundaciones y tormentas, y también desastres de
aparición paulatina, como sequías y desmitificaciones. A su vez, estos desastres hacen que se pierdan cosechas, aumente el hambre y se agraven las condiciones de hacinamiento en los centros urbanos. Estas crisis enardecen el desasosiego político y
recrudecen los efectos de la guerra, lo cual produce más desplazamientos.
La población global sometida a desplazamientos forzosos se ha incrementado de manera sustancial durante los últimos dos decenios, cuando entre 1999 y 2011 las cifras de desplazados fluctuaban de forma estable. En 2013 se produjo la primera
solicitud de asilo por razones climáticas, por parte de loane Teitiota, ciudadano de Kiribati. Formulada a Nueva Zelanda, dicha solicitud fue rechazada ya que el requisito internacional para obtener la condición de refugiado no integraba el motivo
medioambiental como causa de asilo: el cambio climático no se incluye como definición de 'daño grave' en virtud de la Convención de Ginebra sobre el estatus de los refugiados.
Estimaciones del Panel intergubernamental del Cambio Climático ponen de manifiesto que, en ausencia de medidas de mitigación, es probable que el cambio climático desborde la capacidad de adaptación de los sistemas naturales, gestionados y
humanos. La magnitud del cambio climático podría llegar a un punto en que no fuera ya posible una adaptación efectiva, o lo sería con un costo social, medioambiental y económico muy alto.
Sequías e inundaciones, nuevas enfermedades y la desaparición de especies son solo algunas de las facturas que paga la naturaleza y quienes viven de ella en los países desindustrializados de menor renta per cápita, los más vulnerables al
calentamiento global, que además son los más expuestos a la contaminación generada por grandes empresas extractivistas (deforestación, suelos contaminados, etcétera). El calentamiento global también aparece entre los factores que, junto con razones
geopolíticas, origina conflictos tan sangrientos como la guerra de Siria {la subida del precio del trigo, debido a la escasez de lluvias en países productores, influyó en el estallido de ese y otros conflictos ligados a la Primavera Árabe). De los
50 países más afectados por el cambio climático, 36 están en África.
En la esfera de la seguridad internacional, el cambio climático ya está incluido en las agendas de numerosos Estados; en el caso de España, la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 ya contemplaba el cambio climático como 'el gran desafío
ambiental y socioeconómico del siglo XXI que plantea retos de gran trascendencia para la seguridad, como la escasez de agua potable, los importantes cambios en las condiciones de producción de alimentos, el incremento de la competencia por los
recursos energéticos y el aumento de determinadas catástrofes naturales -inundaciones, tormentas, sequías, incendios forestales u olas de calor-. Estos cambios ambientales también pueden exacerbar las presiones migratorias y, en consecuencia,
agudizar las tensiones en las zonas de tránsito y de destino e, incluso, la fragilidad de algunos Estados'.
También la OTAN en su Resolución 427 'El Cambio Climático y la seguridad internacional', insta a los gobiernos miembros de la Alianza a reconocer plenamente, en su política exterior y de seguridad, que los riesgos asociados al cambio
climático son importantes multiplicadores de las amenazas.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoce la existencia de desplazados ambientales e indica que la migración y el desplazamiento serán probablemente las principales
consecuencias del cambio climático, debido a los cambios en los patrones de clima extremo y eventos climáticos, que podrán ser graduales o repentinos.
Las repercusiones del cambio climático se han dejado sentir de forma incesante en la movilidad humana. Sin embargo, los movimientos migratorios acompañados de la necesidad de asilo y refugio se están produciendo por razones alejadas de la
Convención de 1951. La Convención de Ginebra en su artículo 1, define 'refugiado' como la persona que se encuentra fuera de su país de nacionalidad o de residencia habitual y tiene un fundado temor de persecución a causa de su raza, religión
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. No puede, o no quiere, acogerse a la protección de su país, o regresar a él, por temor a ser perseguido.
Uno de los principales problemas al que se enfrentan los refugiados climáticos es su invisibilidad. La Convención de Ginebra sobre los Refugiados Políticos no reconoce aún las causas climáticas para conceder el estatuto de refugiado. La
Organización Internacional para la Migración (OIM) prefiere hablar de 'migrantes ambientales' que define como aquellas personas que, por razones de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente, que afectan negativamente a sus vidas, se ven
obligados a abandonar sus hogares habituales, ya sea temporal o permanentemente, y que se desplazan ya sea dentro o fuera de su país. Países como Suecia o Finlandia son algunos de los que sí dan protección a estos migrantes ambientales. La
consecuencia de esto es evidente: al no ser reconocidos carecen de derechos como refugiados y además, difícilmente se puede analizar su situación ni plantear respuestas ante ellas.
La falta de reconocimiento dentro del ámbito de la Convención de Ginebra de 1951 de este nuevo tipo de categoría de persona desplazada provocó que, tras la Conferencia Nansen sobre Cambio Climático y Desplazamiento en el siglo XXI, que tuvo
lugar en Oslo en junio de 2011, Noruega y Suiza lanzaran la Iniciativa Nansen. Esta fue concebida como un proceso de consulta internacional que pudiese generar un consenso generalizado entre Estados interesados en abordar la cuestión de los
desplazamientos por razones medioambientales y del cambio climático. La iniciativa busca generar una agenda operativa cuya finalidad última es establecer consenso entre los Estados para la protección de los desplazados medioambientales en el
contexto de los desastres naturales y los efectos del cambio climático.
Los países industrializados son quienes más emisiones de gases de efecto invernadero han generado a lo largo de la historia con su modelo de producción y consumo: el 80 % de los GEi emitidos en los últimos 150 años provienen de los países
industrializados. Y lo siguen haciendo, junto con los 'países emergentes', como China, India o Brasil. Sin embargo, son principalmente los países situados en la zona intertropical los más afectados y amenazados por el cambio climático y donde,
además, mayoritariamente se encuentran los países más empobrecidos: las consecuencias del cambio climático las están sufriendo sobre todo las
personas más desfavorecidas y quienes menos han contribuido al cambio climático. Por ello, la comunidad internacional, especialmente las potencias industriales, debe asumir su responsabilidad en este sentido.
Además, según datos del Women's Environmental Network, hasta el 80 % de las personas desplazadas por el clima son mujeres, mientras que las comunidades indígenas son a menudo las más expuestas a fenómenos como la desaparición de ecosistemas
a causa del aumento del nivel del mar o del deshielo del permafrost -la parte profunda del suelo de las regiones frías permanentemente heladas-.
Según señalan diversas organizaciones, las mujeres son doblemente vulnerables. Primero porque después de los desastres, además de salir a trabajar o buscar dinero, sobre ellas recae generalmente la responsabilidad de continuar con
preocupaban la educación y la alimentación de su familia. Además, por otra parte, son doblemente víctimas del cambio climático y de la pobreza extrema al ser invisibilizadas y olvidadas.
El cambio climático es una cuestión de derechos humanos y los estados y las empresas tienen que actuar ahora para evitar daños mayores y proteger a las personas y las comunidades. Es necesario reconocer que deben tomarse todas las medidas
posibles para evitar el desplazamiento, pero también apoyar estrategias que garanticen que la gente que se ve forzada a hacerlo, lo haga de forma segura, con dignidad y en sus propios términos.
Por ello se presenta la siguiente
'El Congreso insta al Gobierno a:
Proposición no de Ley
1. Apoyar y promover la iniciativa Nansen, para impulsar las iniciativas pertinentes orientadas a facilitar y consensuar las prácticas y herramientas para la protección de las personas desplazadas entre fronteras por razones
medioambientales.
2. Cumplir los objetivos del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, y aumentar los esfuerzos para ir más allá del mismo, para evitar que el calentamiento global siga contribuyendo a amplificar las desigualdades existentes que
provocan, en consecuencia, un aumento de los desplazamientos forzados.
3. Tener en cuenta, a la hora de diseñar planes y programas de acogida, la especial vulnerabilidad de las mujeres ante los impactos del cambio climático que aumentan el riesgo de desplazamientos.
4. Garantizar los recursos suficientes a estos planes y programas para el adecuado cumplimiento del compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para promover
la inclusión de las personas refugiadas, desplazadas internamente y apátridas en los marcos nacionales de desarrollo, de manera que se incluya a las personas desplazadas por los impactos del cambio climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2020.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Ignacio Garriga Vaz de Concicao, D. Antonio Salvá Vero, D.ª Georgina Trías Gil y D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley relativa a la desinfección del transporte
público urbano mediante luz UV-C, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Desinfección mediante luz ultravioleta (UV-C).
La luz ultravioleta (UV) es una forma de luz invisible al ojo humano, que ocupa la porción del espectro electromagnético situada entre los rayos X y la luz visible, y que se divide en tres tipos de menor a mayor intensidad: UVA, UVB y UVC.
Esta última forma es la que se utiliza en los mecanismos de desinfección, ya que puede destruir el ADN de los microorganismos.
La luz UV-C, en el intervalo específico de sus longitudes de onda -el comprendido entre los 200 y los 300- se clasifica como germicida, es decir, puede inactivar microorganismos como bacterias, virus y protozoos, lo cual ha permitido la
adopción generalizada de la luz UV-C como una forma respetuosa con el medio ambiente, sin sustancias químicas y muy eficaz para desinfectar y proteger por ejemplo el agua frente a microorganismos perjudiciales.
Conviene señalar que esta radiación UVC puede resultar perjudicial para el ser humano, por lo que su uso debe de estar restringido a personal experto con las medidas de seguridad necesarias.
Los virus son sensibles a la luz ultravioleta que consigue destruir los ácidos nucleicos y dañar su ADN, dejándolos incapaces de realizar funciones vitales. Una investigación publicada en la revista Journal of Virological Methods analizó
qué ocurría con un coronavirus anterior al actual, el SARS-CoV-2, y concluyó que el virus se inactivaba por luz ultravioleta a 254 nm, tratamiento térmico de 65 °C en adelante y condiciones alcalinas (pH > 12) o ácidas (pH < 3). Asimismo, el
estudio 'Inactivation of Coronavirus with Ultraviolet Irradiation: What? How? Why?' 23 ya advertía que 'El nuevo coronavirus- 2019 (COVID-19) es un coronavirus con un virus envuelto y un ácido ribonucleico de sentido positivo de una sola cadena
(ARN) de origen animal perteneciente al grupo beta-coronavirus. Debido a que los virus pueden propagarse a todos los niveles y entornos, es difícil despejar el entorno. Para este problema, los investigadores trabajan en dispositivos UV hasta
llegar a un método seguro para limpiar el medio ambiente. Actualmente no hay ningún estudio para investigar la radiación UV en COVID-19. Pero, sobre la base de la literatura de revisión y la similitud del virus con otro mismo virus, COVID-19 son
sensibles al oxígeno, y los rayos UV podrían alterar la proteína pico (5) y alterar la genómica de este virus que el inactivado de este virus'.
Sin embargo, la luz UV-C produce una esterilización muy superficial, de modo que siempre queda algo de virus residual, puesto que, aunque es buen germicida, no tiene gran nivel de penetración.
Con relación a las ventajas de la desinfección por UV,-C se pueden señalar:
a) Ventajas relativas a los costes:
1. Los costes operativos de la desinfección por UV-C vienen dados por la sustitución anual de las lámparas y el consumo eléctrico.
2. Elimina o reduce el peligro inmediato para la seguridad que supone el gas de cloro, sin crear nuevos costes a largo plazo asociados al uso de productos químicos, el transporte y la distribución.
3. Con la desinfección por UV-C se minimizan y/ o eliminan los costes por respuestas a fugas, administración, gestión de riesgos y planificación de emergencias y formación de los operarios.
4. Los ayuntamientos no pagan primas por las significativas ventajas para la seguridad de la desinfección por UV-C.
b) Ventajas para la seguridad:
1. Se trata de un proceso libre de sustancias químicas que no añade nada allí donde se aplica, excepto luz UV-C.
2. No requiere transporte, almacenamiento ni manipulación de sustancias químicas tóxicas o corrosivas, lo que representa un beneficio para la seguridad de los operarios y la población circundante.
3. El tratamiento por UV-C no genera subproductos carcinógenos de la desinfección que puedan afectar negativamente.
4. La desinfección por UV-C es muy eficaz en la inactivación de una gran diversidad de microorganismos, incluidos patógenos resistentes al cloro como Cryptosporidium y Giardia.
23 (10.04.2020) Kiarash Shirbandi. Sara Barghandan. Omid Mobinfar& Fakher Rahim Ahvaz Jundishapur University of Medica! Sciences-Health Research Institute)
5. Se puede utilizar (sola o junto con peróxido de hidrógeno) para descomponer los contaminantes químicos tóxicos a la vez que desinfecta.
Segundo. El transporte público ha estado y está en el punto de mira durante toda la pandemia por la masificación, la falta de ventilación y la utilización de mascarillas inadecuadas o el uso incorrecto de las mismas, por lo que puede
resultar un foco de contagio y de transmisión comunitaria indubitado.
Como ya ha sido admitido por la comunidad científica española e internacional, el contagio por aerosoles, como las partículas potencialmente contagiosas que emitimos al hablar y exhalar aire, que pueden quedar suspendidas durante horas, es
especialmente relevante en espacios cerrados y sin ventilación.
En el mes de marzo, este tipo de tecnología se encontraba ya en proyecto de implantación en los Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), para la purificación del aire del interior de sus vehículos, si bien no estaba todavía prevista su
utilización para la desinfección de su flota de autobuses, habiendo quedado ya registrada la reducción de la afectación por gripe, al depurarse el aire circulante en dichos espacios.
Tercero. Recomendaciones sanitarias.
En el documento del Ministerio de Sanidad denominado 'Nota sobre el uso de productos que utilizan radiaciones ultravioleta C para la desinfección del SARS-Cov2' (25.06.2020) se recoge que 'Cada vez hay más pruebas de que el uso de la UV-C
como complemento de la limpieza manual estándar en los hospitales puede ser eficaz en la práctica'. Dicha Nota, cita, a su vez, el informe CIE (International Commission on Illumination) de 12 de mayo de 2020 24. En citado informe la CIE afirma que
'hasta la fecha, se ha demostrado que un GUV de 254 nm es eficaz para desinfectar las superficies contaminadas con el virus del Ébola (Sagripanti y Lytle, 2011; Jinadatha y otros, 2015; Tomas y otros, 2015). Otros estudios han demostrado la
eficacia del GUV durante un brote de gripe en el Hospital de Veteranos de Livermore (Jordania, 1961). Sin embargo, a pesar de las investigaciones en curso, actualmente no hay datos publicados sobre la eficacia de los GUV frente al SARS-CoV-2'.
Si bien, concluye señalando que 'los productos que emiten UV-C son extremadamente útiles para desinfectar el aire y las superficies, o para esterilizar el agua'.
Sin embargo, llama la atención en el informe del Ministerio de Sanidad los siguientes aspectos:
1. Que se haga más hincapié en los efectos secundarios derivados de un mal uso de los productos, que en sus efectos beneficiosos, reconocidos ya por la comunidad científica.
2. Que, una vez más, se confunda la ausencia de evidencia científica con la evidencia de ausencia, ya que no puede haber evidencia cuando no se han hecho los estudios pertinentes. Sin embargo, la utilidad de la UV-C como virucida, se puede
extrapolar de los estudios sobre Ébola y Gripe, máxime siendo el SARS-Cov-2 un virus RNA.
3. Que en el documento no se recojan conclusiones.
4. Que la ambigüedad del documento haya sido tomada por la prensa generalista como un veto del Ministerio a este tipo de productos 25.
De otra parte, en el documento 'Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-COV-2' 26 (30.07.2020), elaborado, en
coordinación, por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio para la Transición ecológica y el Reto demográfico, se afirma que 'La radiación ultravioleta corta UV-C ha sido ampliamente documentada como una tecnología complementaria válida para
inactivar todo tipo de patógenos incluidos los virus, en particular de alta efectividad sobre superficies. Asimismo, se señala que 'se recomienda su uso en baterías, evaporadores o conductos de los equipos de tratamiento de aire como medida
adicional o complementaria de desinfección de sus superficies, considerando un efecto moderado o bajo sobre flujos de aire'.
A juicio de este Grupo Parlamentario, estas contradicciones pueden generar una infrautilización del uso de la luz UV-C como virucida-germicida, lo que redundaría en un perjuicio de la salud pública mientras dure la epidemia por COVID-19.
24 http://cie.co.at/publications/cie-position-statement-use-ultraviolet-uv-radiation-manage-risk-covid-19-transmission
25 https://www.larazon.es/salud/20200703i/ehm54irkbf23hdbsiz7aiuis4.html.
26 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ Recomendaciones de ope racion y mantenimiento.pdf
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), todas las medidas que resulten de aplicación para la efectiva desinfección de los transportes públicos
urbanos -autobús, metro, tranvía- mediante la utilización de luz UV-C, siguiendo las recomendaciones técnicas del Ministerio de Sanidad y del Ministerio para la Transición ecológica y de Reto demográfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Ignacio Garriga Vaz de Concicao, Antonio Salvá Verd, Georgina Trías Gil y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley relativa a la incorporación de la epidemiología genómica en España, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
En la epidemiología genómica la elaboración de perfiles del genoma completo a gran escala permite identificar indicadores diagnósticos de enfermedades comunes y, por ende, definir los factores de riesgo y el avance de la enfermedad, así como
comprender por qué se obtienen respuestas distintas con el mismo tratamiento 27.
El informe del consorcio de secuenciación SeqCOVID ('Una Perspectiva Genómica de la Pandemia: Lecciones en Salud Pública') 28, realizado a partir de la información genómica de 2.170 pacientes de todo el país, revela que hay una variante
genética del virus que durante la primera ola llegó a representar el 60? % de los casos. Este informe, que fue entregado al Instituto de Salud Carlos III y al Ministerio de Sanidad, arroja los resultados de un análisis genético del virus que
permite conocer cómo entró y se expandió por España durante la primera ola.
Refiere el citado estudio que la primera oleada de la pandemia estuvo dominada por hasta nueve genotipos del virus, lo que ha permitido colocar a España como el segundo país europeo y cuarto del mundo en número de secuencias generadas del
virus: el genotipo SEC8, que representa como media el 30? % de las secuencias, llega a representar el 60 % las primeras semanas del mes de marzo. Concluye que no existe un paciente o a partir del cual el virus se haya extendido por la península,
sino que entró en su mayoría por Valencia y Madrid procedente de Italia.
Entre sus conclusiones indica que el confinamiento fue altamente eficiente y ayudó a evitar un gran número de casos y de fallecimientos, aunque, sin embargo, un control de fronteras más estricto unido a cierres de movilidad tempranos y
locales hubiera limitado, probablemente, la expansión del SEC8 y, por tanto, de la epidemia en España.
Entre las dificultades para la realización del proyecto destacan los problemas que han tenido para el acceso a muestras debido a que 'en época de pandemia el sistema nacional de salud está sobrecargado por lo que las muestras no pueden ser
remitidas para su análisis en tiempo real. No existen mecanismos que alivien la carga en el hospital de preparar muestras y datos asociados'. Además, señalan que 'no existe una red de interacción entre los hospitales y los centros de secuenciación
para recoger el porcentaje mayor de muestras posibles'.
27 European Network for Genetic and Genomic Epidemiology.
28 http s://digital.csic.es/handl e/10261/221802? fb clid=l wAR3Xwe0 kaS5 hG Zy2AQuNph2TrnhNfRlkivPcViluOHG Cwwcns3 KUYlKycE
Los autores concluyen que 'debemos, por tanto, avanzar hacia una estructura de datos digitalizada, centralizada y accesible que permita facilitar el análisis de cohortes como la presentada en este estudio'.
Por último, los autores reclaman no depender de proyectos de investigación concretos ni de la buena voluntad y esfuerzo de las unidades de microbiología clínica, y apuntan a la necesidad de un aumento presupuestario específico, tanto en
personal, como en aparataje y material fungible.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir de la epidemiología genómica a escala nacional, de tal manera que:
1. Se establezca una Red Española de Vigilancia de Genómica Microbiana, que permita la interacción entre laboratorios de genómica, microbiología, y departamentos clínicos y de medicina preventiva, tanto en hospitales públicos como privados.
2. Permita el acceso a muestras, para su análisis en tiempo real.
3. Se cree un sistema informático con estructura de datos digitalizada, centralizada y accesible que permita a los laboratorios de genómica el acceso a los datos de los pacientes para:
a) Implementar las variables de estudio.
b) Ligar los casos secuenciados con la información individual disponible en otras bases de datos y de esa forma realizar estudios estadísticos complejos, tal como sugieren los investigadores de SEQCovid.
4. Se implemente por el Gobierno la dotación presupuestaria suficiente, tanto en personal, como en aparataje y en material fungible, para cumplir los objetivos anteriormente expuestos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/001687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley en materia de promoción de
Unidades de Igualdad en universidades, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Los derechos conquistados por las mujeres en las últimas décadas han supuesto avances democráticos de incalculable valor en todos los ámbitos de la sociedad. Gracias a las luchas feministas, la igualdad entre mujeres y hombres constituye un
principio jurídico consagrado en el ámbito internacional y en el ordenamiento constitucional español. Más recientemente, las movilizaciones que han protagonizado las mujeres revelan que España se sitúa en la vanguardia del movimiento feminista
mundial.
Sin embargo, la realidad evidencia que aún sigue existiendo una desigualdad estructural entre mujeres y hombres que atraviesa todas las dimensiones sociales, una desigualdad de género que también opera en las universidades. A pesar de que
las universidades son instituciones que contribuyen a generar pensamiento crítico, progreso y transformación social, también forman parte de la sociedad y no escapan a sus contradicciones e injusticias.
La desigualdad de género en las universidades se manifiesta en numeroso ámbitos de la realidad académica: la diferente matriculación de mujeres y hombres en función del tipo de titulación, la menor presencia de mujeres en puestos de gestión
o en la obtención de cátedras, situaciones silenciadas de acoso a mujeres, el insuficiente número de estudios feministas y de género, etc.
El legislador estatal, en el marco de sus competencias, ha tratado de impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el conjunto del sistema educativo. Ya la Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las
Mujeres y la Protección a sus Víctimas, si bien de manera general, previó medidas de sensibilización e intervención en al ámbito educativo. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, más concretamente,
impulsó la igualdad de género en la educación superior, promoviendo la inclusión en los planes de estudio de enseñanzas en materia de igualdad, la creación de postgrados específicos y la realización de estudios e investigaciones especializadas.
Un avance indiscutible tuvo lugar con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuya disposición adicional duodécima creó las Unidades de
Igualdad: 'Las universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres'.
El trabajo de las Unidades de Igualdad de Género de las universidades españolas, como ha reconocido la CRUE, ha sido fundamental para avanzar en la implementación de la perspectiva de género en diversos ámbitos de la realidad universitaria,
destacando la elaboración de Planes de igualdad y de protocolos de actuación frente al acoso sexual y sexista.
Sin embargo, no puede obviarse que las universidades españolas han sufrido en los últimos lustros graves dificultades financieras que también han afectado a las Unidades de Igualdad, de manera que el personal de estas Unidades es claramente
insuficiente. En algunos casos, estas dificultades ponen en peligro la continuidad de sus imprescindibles tareas.
A raíz de estas insuficiencias, en la Declaración de Castellón, de 26 de noviembre de 2018, las rectoras de las universidades públicas españolas han considerado prioritario 'fortalecer las Unidades de Igualdad, tanto en su posicionamiento
institucional como en la competencia de sus estructuras'. Asimismo, el pasado 10 de septiembre, a propuesta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), se creó la Delegación de Políticas de Igualdad, cuya hoja de ruta aboga
por priorizar la promoción de la igualdad real en la agenda universitaria.
Sin perjuicio del respeto a la autonomía universitaria y de las competencias autonómicas que concurren en la materia, resulta necesario que el Gobierno de España contribuya a reforzar el papel de las Unidades de Igualdad de las universidades
españolas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Adoptar las acciones necesarias, en coordinación con las comunidades autónomas, en colaboración con la CRUE y dentro del marco de respeto a la autonomía universitaria, para potenciar las Unidades de Igualdad de las universidades españolas,
fortaleciendo su posición institucional y promoviendo que cuenten con medios personales y materiales adecuados y estables para el desempeño de sus funciones, con medidas tales como la creación de líneas de ayuda específicas o la promoción del
trabajo en red y en alianza con otros agentes administrativos y de la sociedad civil, a fin de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres y la implementación de la perspectiva de género en el sistema universitario
español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2020.-María Márquez Guerrero, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/001691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para impulsar la implantación en el municipio de Escúzar (Granada) del reactor de
fusión nuclear ITER, conocido como IMIF DONES para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El Gobierno de España tiene un firme compromiso con el desarrollo científico e innovador en nuestro país, contemplando en entre sus objetivos estratégicos lograr que el proyecto conocido como acelerador de partículas IFMIF DONES sea ubicado
en Granada, concretamente en el Polígono de Escúzar.
Se trata de una infraestructura perteneciente al proyecto de construcción del Reactor Termonuclear Experimental Internacional. Esta infraestructura científica es clave para el desarrollo de la fusión nuclear como fuente de energía y que
jugara un papel fundamental en la reconstrucción económica en nuestra provincia. Es el mayor proyecto científico que se esta realizando en el mundo para la obtención de una nueva fuente de energía, en el que participan Europa, EE.UU., Japón, Rusia,
China, Corea del Sur e India. Su objetivo es crear una fuente de energía no contaminante y con mínima huella ecológica (energía limpia e inagotable) que además crearía entorno a 1.000 empleos al año durante los próximos 15 años, ofreciendo una
magnífica oportunidad de trabajo para científicos e investigadores y posibilitando el retorno de muchos que tuvieron que salir fuera.
Granada merece ser la provincia escogida para albergar este gran proyecto entre muchas otras razones porque cuenta con una Universidad de las de mayor prestigio de España (la cuarta en número de alumnos/as) en la que año tras año se forman
entorno a 70.000 universitarios y que alberga una larga trayectoria de casi 500 años de historia.
Asimismo señalar que el municipio de Escúzar en Granada es el lugar idóneo, porque no solo cumple con los requisitos para albergar el acelerador de partículas, sino que cuenta con una magnifico polígono industrial muy bien comunicado desde
el punto de vista de la accesibilidad y por su ubicación estratégica y además dispone de un ecosistema científico y tecnológico que actuará de dinamizador de la actividad que se desarrolle dentro y entorno al acelerador. Granada es la única opción
que aspira a esta elección y ha formalizado correctamente su candidatura para albergar la instalación Internacional de Materiales de fusión (IFMID-Dones).
A todo esto se suma que todos los estamentos políticos y económicos apoyan 'sin fisuras' este proyecto que ha presentado el Gobierno de España con el apoyo de la Junta de Andalucía, junto al resto de los miembros de la Comisión creada para
impulsar la candidatura española: el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de la Universidad de Granada, el Ayuntamiento y la Diputación de Granada, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, la
Confederación Granadina de empresarios, la Asociación Española de la Industria de la Ciencia y la Plataforma Tecnológica Española de la Industria de la Ciencia.
Asimismo, el Ayuntamiento de Escúzar ya ha expresado su disposición para apoyar este proyecto con la oferta de cesión de terreno y con la colaboración del Parque Metropolitano y Tecnológico de Granada ubicado en este municipio, lugar elegido
por la Comisión Técnica europea que estableció como el más adecuado para instalar este proyecto.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar con la estrategia de atracción de grandes instalaciones y proyectos científicos internacionales para el desarrollo científico de nuestro país, realizando las actuaciones necesarias en la Unión europea para que Granada sea
elegida sede la instalación del proyecto del acelerador de partículas IFMIF DONES.
2. Constituir un consorcio que sea el instrumento de gestión del proyecto de colaboración con el gobierno autonómico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2020.-Elvira Ramón Utrabo y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/001683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de los lobbies, para su debate en la Comisión para la auditoría
de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
La regulación de los lobbies y los grupos de interés aparece en todos sus informes como una recomendación recurrente del GRECO (Consejo de Europa) para España. Se trata, sin duda, de una de las lagunas más relevantes que nuestro país debe
cubrir para homologarse a las democracias constitucionales de nuestro entorno en materia de calidad democrática.
Que la labor de los grupos de interés se realice con la debida transparencia y regulación sería beneficioso para todos los actores en juego. Para los propios grupos de interés, pues les daría unas pautas claras de cómo deben actuar en su
relación con los poderes públicos. Para estos últimos, ya que les serviría para canalizar las demandas de la sociedad civil, lo que les ayudaría en la realización de sus objetivos. Y para la ciudadanía, que podría acceder a una información -la de
la relación entre los poderes públicos y los grupos de interés- que ahora permanece en la opacidad.
En la XII Legislatura (2016-2019) se produjo la tramitación de una reforma de Reglamento de la Cámara, que caducó con la legislatura. Se trataba de una reforma cuyo principal objeto era la creación de un Registro público de carácter
obligatorio en el que debían inscribirse los representantes de Grupos de interés que mantuvieran encuentros con los Diputados y el personal adscrito a su labor parlamentaria con el objetivo de trasladar sus intereses y propuestas.
Esta fórmula, la del Registro en el Parlamento, no ha sido la utilizada, sin embargo, por algunas Comunidades Autónomas, que han optado por la creación de un Registro de grupos de interés en la Administración, que luego, mediante convenio,
pudiera ser utilizado también por este último.
Junto a la creación del Registro, en la Administración o en el Parlamento, sería necesario regular, entre otras materias:
- Qué se considera grupo de interés y actividad de influencia.
- El código de conducta que deben cumplir los lobistas que se apuntan al registro.
- Un sistema de control y fiscalización que asegure que se cumple lo establecido por la ley: alerta, procedimientos de investigación, organismos encargados del control.
- La publicidad de los contactos mantenidos con grupos de interés durante la elaboración normativa y su participación previa en la elaboración de las normas.
- Un régimen sancionador contra lobistas y cargos públicos que incumplan la ley.
Nada de esto existe todavía. La situación actual se resume en que, pese a que determinadas CCAA han comenzado a regular la participación de los lobbies, carecemos todavía de una regulación a nivel estatal.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2020.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas necesarias para garantizar la protección de los
derechos y la atención adecuada de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
Sorprende que desde determinados sectores y formaciones políticas se culpabilizase a los niños, niñas y adolescentes migrantes tutelados, de la autoría de los altercados, actos vandálicos y saqueos que se cometieron durante aquellas
jornadas. No es la primera vez que estos menores, mal llamados 'menas' (acrónimo de menores extranjeros no acompañados), sean utilizados como chivos expiatorios de la criminalidad. Llama la atención esta fijación, no obstante, dado que no existe
ningún fundamento que permita concluir con tal asertividad que estos menores cometan los delitos que de manera recurrente algunos les imputan.
Los pocos datos disponibles a nivel nacional se refieren al conjunto de los menores extranjeros, sin diferenciar aquellos no acompañados que son tutelados por las Comunidades Autónomas. La estadística oficial muestra que no hay una relación
directa entre el aumento del número de niños, niñas y adolescentes que migran solos y los índices de delincuencia. Las memorias de la Fiscalía recogen que en el periodo que va entre 2012 y 2018, mientras el número de menores extranjeros no
acompañados pasó de 3.261 a 13.796, un crecimiento del 323 %, el número total de menores extranjeros que fueron detenidos e investigados cayó un 32 %, según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. En la memoria de 2018,
de hecho, la Fiscalía concluía que no puede establecerse ninguna relación entre esta mayor presencia de estos menores no acompañados, que registró niveles máximos ese año (más de 7.000 entradas) y la evolución de la criminalidad entre los menores de
origen extranjero, ya que el número de los que fueron detenidos e investigados cayó a mínimos de la serie histórica.
Sin embargo, esta falta de pruebas no parece hacer mella en una creencia que combina el temor y la inseguridad que genera la criminalidad que se produce, sobre todo, en entornos socioeconómicos vulnerables, con los prejuicios y la
intolerancia que son azuzados desde determinados sectores políticos populistas, que tratan de rentabilizar el miedo convirtiéndolo en odio a través de un colectivo vulnerable al que poder culpabilizar. Así sucede, por desgracia, con estos menores
tutelados. Pero resulta muy difícil dibujar a todos y cada uno de estos niños, niñas y adolescentes como criminales. Por ese motivo, para que ese proceso de estigmatización resulte efectivo, previamente se ha despojar a estos menores de su
infancia y su adolescencia, como primer paso para despojarlos de su personalidad. No por menores se hace referencia a ellos siempre tras el parapeto de un acrónimo, 'mena', como si al utilizar este término con profusión se lograse encubrir que en
realidad se está hablando de niños, niñas y adolescentes, que están sometidos a la tutela de la administración porque están solos y no cuentan con ningún familiar ni referente adulto en nuestro país, al que llegan en circunstancias muy difíciles, a
veces tanto como las que les llevaron a abandonar su lugar de origen.
Todo esto, por supuesto, no quiere decir que muchos de estos menores no vivan en condiciones muy complicadas, lo que exacerba las posibilidades de que algunos de ellos acaben incurriendo en comportamientos que sean calificables como algún
tipo de infracción, en su mayoría leves, como hurtos y lesiones. Unas situaciones que ni mucho menos son exclusivas de los menores extranjeros, sino que afecta sin importar su origen a todos los adolescentes y jóvenes que viven en entornos
socioeconómicos más vulnerables. Estas dificultades, por otra parte, crecen cuando se trata de menores tutelados por la administración en centros residenciales, ya que unen a las asociadas circunstancias específicas de vulnerabilidad las que se
derivan de la situación de desamparo en la que se encuentran, no pocas veces por causas muy traumáticas.
Por si lo anterior no fuera suficiente, las privaciones que padecen estos menores se ven acrecentadas por la falta manifiesta de medios humanos y materiales suficientes para garantizar su adecuada atención en los centros en los que residen.
Son numerosos los casos, constatados entre otros por el Defensor del
Pueblo, en el que estos menores viven hacinados, en centros que no reúnen las condiciones de habitabilidad, salubridad, climatización o ventilación óptimas -algo especialmente preocupante en un contexto como el actual, marcado por la
emergencia sanitaria causada por la crisis de la COVID-19- y en los que los profesionales que prestan servicios en los mismos se ven habitualmente desbordados en número respecto de los jóvenes tutelados que tienen bajo su responsabilidad y a los que
no siempre pueden vigilar o atender de manera personalizada como querrían y sería conveniente.
Esta falta de medios obedece, en primer lugar, a una inversión que tradicionalmente ha estado muy por debajo de los niveles suficientes para atender las necesidades existentes, sobre todo en momentos en los que la presión sobre los centros
se ve acrecentada por el incremento en el número de estos menores no acompañados que llegan a territorio español. También al escaso apoyo que hasta hace no demasiados años se prestaba al acogimiento familiar como opción preferente para la atención
de estos menores. Ahora bien, esta falta de inversión también se aprecia respecto de las políticas que deberían ponerse en marcha para promover su inclusión social y facilitar su tránsito a la vida adulta. Estas no siempre existen, o son
insuficientes o ineficaces, lo que provoca que para muchos de estos jóvenes, algunos de los cuales han vivido durante la mayor parte de su vida en España, se enfrenten a un punto de inflexión vital cuando cumplen la mayoría de edad: ese momento en
el que dejan de estar bajo la protección de la administración, expuestos a una sociedad que en muchos aspectos les resulta extraña y para la que ellos también lo son y para las que, por desgracia, muchas veces no se les ha preparado para poder
labrarse un futuro por sus propios medios.
Pero las carencias en la atención que se dispensa a estos menores también se deben la falta de implicación, coordinación y colaboración entre las instituciones públicas, que ha provocado que no pocas veces los territorios más expuestos a la
llegada de migrantes -Ceuta y Melilla, Canarias, Andalucía o Baleares-, en la mayoría de casos únicamente con finalidad de tránsito hacia otro destino definitivo, sean quienes tengan que hacer frente en solitario, con sus medios propios y sin ayuda
ni apoyo por parte del resto de Comunidades Autónomas ni del Estado, de la atención de estas personas. Una asunción de responsabilidades, muchas veces fortuita, que resulta más compleja en el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados, no
solo por las cautelas, precauciones que han de tomarse y las especialidades que han de seguirse en los procesos para su identificación, sino también por la tutela que se constituye para estos menores a cargo de la administración que queda encargada
de esta acogida.
También en estos procedimientos de acogida resulta patente la falta de medios para asegurar una atención adecuada y con todas las garantías debidas en todo momento y circunstancia. Desgraciadamente, no siempre es así, como atestigua el
trato sufrido por niños, niñas y adolescentes que, una vez recibidas por las autoridades, son separados para su identificación de las personas que identifican como sus padres, madres o familiares. Una actuación traumática que, aun cuando la
relación de parentesco no fuese cierta, resulta en todo caso innecesaria. Algo similar puede decirse respecto de los procedimientos para la determinación de la edad de estos menores, no pocas veces demasiado invasivos y poco respetuosos con la
presunción de minoría de edad que debería regir este tipo de actuaciones.
Desde Ciudadanos consideramos necesario, por supuesto, que se doten los recursos y los medios humanos y materiales que sean necesarios para garantizar una adecuada atención de estos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, tanto
en el momento de su acogida como en su posterior estancia en centros de menores tutelados. Pero no creemos que los problemas que aquejan a las políticas desplegadas respecto a estos menores guarden relación únicamente con una falta estructural de
recursos. Resulta igualmente preciso un replanteamiento profundo del modelo de acogida, protección, atención e integración que se ofrece a todos estos niños, niñas y adolescentes. No podemos seguir descargando toda la responsabilidad en un modelo
fragmentado, descoordinado y despersonalizado.
Desde Ciudadanos creemos que tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo, donde el Estado asuma directamente las competencias en la primera acogida de estos menores, incluida la realización de las oportunas pruebas para su identificación y la
atención de sus necesidades básicas, así como posteriormente encargarse de la determinación y posterior traslado de estos menores a los recursos disponibles de las Comunidades Autónomas, existentes en todas ellas y repartidos por todo el territorio
formando un entramado integrado y coordinado, primando en todo momento el acogimiento familiar siempre y tan pronto como sea posible en todos los casos. Un modelo, también, en el que se apueste de manera decidida por la integración ya incluso antes
de iniciar el tránsito a la vida adulta, con la finalidad de que estos menores, en todo lo posible, puedan vivir su infancia y adolescencia y desarrollarse de forma libre y plena.
Teniendo todo ello presente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos y la atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, incluidas
las tendentes a alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos prioritarios:
1. Garantizar la protección de estos menores frente a las campañas de estigmatización, los discursos de odio y los delitos discriminatorios de los que son víctimas de modo recurrente, empezando por desterrar el uso del término 'mena' en la
documentación, información y comunicación institucional, así como en las declaraciones que efectúen cargos públicos.
2. Potenciar el acogimiento familiar, tanto temporal como, sobre todo, permanente, como opción preferente para procurar la protección, cuidado y atención de estos niños, niñas y adolescentes, así como la más adecuada para promover su plena
inclusión social, estableciendo los incentivos adecuados para atraer cada vez más familias de acogida.
3. Asegurar la adecuada dotación de recursos y medios humanos y materiales en los centros residenciales de menores tutelados de responsabilidad pública, de modo que estas instalaciones reúnan las condiciones óptimas de habitabilidad
(seguridad, salubridad, climatización, ventilación, etc.) y cuenten con el personal necesario para atender de manera adecuada y personalizada a los niños, niñas y adolescentes que residan en ellos.
4. Impulsar una revisión profunda del modelo de acogida, atención y protección de menores migrantes no acompañados, de modo que el Estado asuma las competencias sobre la primera acogida de estos niños, niñas y adolescentes, así como sobre
la posterior distribución de responsabilidades sobre los mismos entre las diferentes Comunidades Autónomas, en función de criterios objetivos y buscando un reparto equilibrado atendiendo a los recursos disponibles y las responsabilidades asumidas
por cada una.
5. Desarrollar políticas eficaces para la integración social de estos niños, niñas y adolescentes, ya con anterioridad a que se inicie el tránsito hacia la vida adulta propiamente dicho, a través de acciones para la inserción social y
formativa desplegadas en el marco de itinerarios personalizado para cada uno de estos menores, elaborados desde los servicios sociales comunitarios, en coordinación con los centros escolares y en colaboración con las entidades del Tercer Sector de
Acción Social en el ámbito de la infancia y la adolescencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2020.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición No de Ley relativa a ayudas económicas a
jóvenes para la obtención del permiso de conducir para su tramitación en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Como consecuencia del impacto del COVID-19 en nuestra economía, el gobierno central ha puesto en marcha un paquete de medidas sociales para minimizar el impacto económico de la pandemia en los sectores más vulnerables de la población y poder
así reactivar nuestra economía. Sin embargo, es necesario seguir apostando por implementar nuevas medidas sociales que ayuden a otros sectores de la población que sufren doblemente esta situación. El paro juvenil (menores de 25 años) en España es
actualmente de los más alto de la zona euro, cuestión que sumada a la situación generada por el COVID-19, hace que nuestra juventud lo tenga más complicado para acceder a un puesto de trabajo digno en un mercado laboral tan precarizado.
En otros países de la UE han apostado fuerte en la puesta en marcha de ayudas sociales dirigidas especialmente a la juventud, que incentiven su incorporación al mercado laboral. Desde Unidas Podemos creemos que no debemos dejar que la
generación que está llamada a liderar el futuro de nuestro país se sienta abandonada. Estamos ante la generación más preparada de la historia y, sin embargo, cada vez lo tienen más complicado para acceder a su primer empleo que les garantice un
proyecto vital de futuro.
Por otro lado, el número de permisos de conducir obtenidos ha bajado en los últimos años, lo que supone una situación económica negativa para las empresas de autoescuelas. Una medida de ayuda a la obtención de estos permisos de conducir
para jóvenes supondría una situación de alivio especialmente para los jóvenes de la España vaciada, donde este permiso se hace imprescindible, e incluso puede ser una herramienta para la búsqueda de empleo. Reactivar la economía y poner en marcha
medidas que faciliten y ayuden a nuestra juventud a conseguir un empleo con la obtención del permiso de conducir es el objetivo de esta propuesta.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar ayudas económicas a jóvenes de hasta 25 años para la obtención del permiso de conducir con las siguientes características:
1) Que de dicha medida se beneficien especialmente jóvenes en situación de desempleo y dentro de esto, los que tengan mayor dificultad económica.
2) Que la financiación de estas ayudas vaya a cargo de la recaudación que la Dirección General de Tráfico realiza en concepto de sanciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/001698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición No
de Ley sobre la mejora de los accesos en la red viaria en la provincia de Ourense, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
En la actual coyuntura, en la que se persigue el fomento y la adecuación de la red viaria de nuestro país, nos encontramos con situaciones en las que el acceso a las carreteras, así como su recorrido, entrañan acciones peligrosas tanto por
su conformación como por su estado de conservación.
La distribución de la población española, desigual en su poblamiento, densidad y aglomeración ha derivado en un tratamiento escorado en la promoción, implementación y adecuación de su red viaria.
La provincia de Ourense encarna esa tipología básica de lo que se ha venido denominando 'la España vaciada' dentro de la ordenación territorial, y por consecuencia se ha visto traducida en una implementación menor de su red viaria.
Territorio con escasa población, concentrada en su mayor parte en pocos municipios; contiene una densidad muy baja y a la vez dispersa en núcleos de población distantes entre sí.
Todo ello ha tenido su plasmación en una escasa y en muchas ocasiones mal planteada implementación, obviando la misión principal de la red vial: la interconexión.
No se debe ni se puede olvidar a esa porción de nuestro territorio que forma parte intrínseca de nuestra red viaria, poblacional y sentimental; es nuestro deber moral y de justicia ejercer las acciones pertinentes para que su acceso a una
mejor comunicación sea posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar impulsando el proyecto para la construcción de enlace y reordenación de accesos de la carretera N-120, en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) con objeto de incrementar la seguridad en los accesos a la citada población.
2. En tanto se culmina el citado proyecto, implantar un sistema de advertencia dinámica en intersecciones, con objeto de reducir la siniestralidad en los citados accesos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2020.-José Carlos Durán Peralta, Adolfo Pérez Abellas y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a don Luis Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno ha decidido modificar la actual normativa para la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en estos momentos sabiendo que perjudica a numerosas explotaciones agrarias españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.
181/000619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a don Luis Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas está impulsando el Gobierno para proteger y promocionar la producción española de plátano de Canarias, producto reconocido desde 2013 con el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.
181/000620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Diputado don Ricardo Chamorro Delmo, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a don Luis Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señala en la nota de prensa de 21 de octubre de 2020, que 'a partir de 2023, los agricultores y ganaderos podrán recibir las ayudas, sin tener que presentar formalmente una solicitud'.
¿Puede explicar el Ministro el modo en que se va a simplificar un sistema que con el tiempo solo gana complejidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000167
En la sesión de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del día 17 de noviembre de 2020, ha quedado retirada por manifestación de voluntad de los Diputados doña Ana María Zurita Expósito, don Sebastián Jesús Ledesma Martín,
don Guillermo Mariscal Anaya y doña María Auxiliadora Pérez Díaz (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) la pregunta sobre Previsiones acerca de la partida del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Canarias para 'Acondicionamiento Playa de Valleseco' en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/005974/0000)
(núm. expte. 181/167) 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 86, de 20 de mayo de 2020.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.