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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 152, de 02/10/2020
cve: BOCG-14-D-152
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
2 de octubre de 2020
Núm. 152
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados... (Página2)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000327 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Vasco (EAJ-PNV), Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Republicano, sobre rechazo a los planes de anexión de los territorios de
Cisjordania, del valle del Jordán y Jerusalén-Este anunciados por el Gobierno de Israel. Retirada de firma ... (Página8)
162/000387 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre ... (Página8)
162/000388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del Estado de Derecho y la unidad de España ... (Página11)
162/000389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un comité de expertos independientes para la evaluación de la gestión de la pandemia de COVID-19 en España ...
162/000390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la reubicación urgente de las personas refugiadas en Lesbos tras el incendio del campamento de
Moria ... (Página13)
162/000392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la habilitación de los profesionales de farmacia comunitaria para realizar cribados y rastreos en contagios de COVID-19 ...
162/000394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la preocupante situación de la industria básica y de sus puestos de trabajo como secuela del prolongado retraso del Gobierno en la aprobación del
Estatuto del Consumidor Electrointensivo ... (Página15)
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
Página
LÓPEZ ÁLVAREZ, MARÍA TERESA (GVOX) (núm. expte. 005/000312/0001)1 ... (Página3)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000327
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Retirada de su firma de la Proposición no de Ley sobre rechazo a los planes de anexión de los territorios de Cisjordania, del valle del Jordán y Jerusalén-Este anunciados por el Gobierno de Israel.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la firma de la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el 'Boletín Oficial de las Cortes Generales'.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a prorrogar los ERTEs más
allá del 30 de septiembre, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, cuyo plazo actual de vigencia expira el próximo 30 de septiembre, se vuelvan a prorrogar tan solo para unos pocos
sectores económicos.
Ante el rechazo frontal de patronal y sindicatos, el Ejecutivo insiste arbitrariamente en dejar fuera del esquema de protección del empleo a varios de los sectores más castigados por el azote del Covid-19, como son el comercio minorista o la
restauración, que actualmente suman más de 520.000 trabajadores en situación de ERTE por fuerza mayor.
De conseguir estos propósitos, el Gobierno estaría dejando en la cuneta a más de medio millón de trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. Las intenciones del Ejecutivo, de las que no son ajenas las habituales guerras internas en el
seno del Consejo de Ministros, se han dado a conocer, además, en un momento en el que los principales organismos económicos y servicios de estudios están revisando a la baja las ya deterioradas previsiones sobre la evolución a corto y medio plazo de
la economía española.
Tanto las estimaciones del Banco de España como las de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), por citar tan solo los dos últimos análisis publicados, prevén ya un desplome sin precedentes de la economía española superior al 12,5? %
del PIB para el conjunto de este año y unas cifras de desempleo cercanas al 20? % del conjunto de la población activa.
Estas previsiones anticipan un sombrío panorama sobre el horizonte del mercado laboral. La inconcebible parálisis estival y la dejación vacacional de funciones del Gobierno frente a la segunda oleada del virus acabaron por socavar la
percepción de la imagen internacional de España como destino seguro para el turismo durante los meses clave de la temporada alta, provocando una debacle sin precedentes en la primera industria económica nacional y sus sectores aledaños, fuente de
empleo de casi tres millones de españoles.
Exceltur, principal asociación del sector turístico, estima en casi 100.000 millones de euros las pérdidas que acumulará la industria turística a lo largo del presente ejercicio, lo que equivale a cerca del 8 % del PIB de 2019, teniendo en
cuenta el efecto derrama en otros sectores de la actividad productiva que el Gobierno pretende ahora marginar en la prórroga de los ERTE.
Frente a la 'Uve' asimétrica de salida de la crisis proclamada a los cuatro vientos por el Gobierno -cuyas declaraciones públicas sobre el impacto económico y social del Covid-19 se han traducido invariablemente en equivocaciones,
ocultaciones, mantras voluntaristas y disparatados errores de cálculo-, lo cierto es que la economía española se distancia ya peligrosamente de la evolución del resto de las economías desarrolladas, siguiendo el camino opuesto a la recuperación del
crecimiento y el empleo que ya se vislumbra en nuestros socios y países vecinos, como ya constatan el Banco Central Europeo y la OCDE.
Todas las previsiones sobre el recorrido de la economía española coinciden en retrasar hasta 2023, o incluso 2024, la vuelta de la riqueza nacional a los niveles prepandémicos, por no hablar del mercado de trabajo, donde las proyecciones son
todavía más pesimistas.
España triplica la destrucción de empleo respecto a la media europea (-7,5 % respecto a la media del 2,7 % de la UE-27). Según la propia Comisión Europea, España liderará en 2021 la tasa de desempleo de toda la Eurozona, superando incluso
los niveles de Grecia, al tiempo que el Ejecutivo se dedica afanosamente a sembrar el mercado laboral de incertidumbre e inseguridad jurídica a cuenta de sus temerarias veleidades internas con respecto a la legislación laboral.
La derogación de la exitosa reforma laboral de 2012, que propició la creación de casi 3 millones de puestos de trabajo entre 2014 y 2018, y de la que la figura jurídica de los ERTE forma parte esencial, es ya moneda de cambio en las
negociaciones que ha entablado el Gobierno para recabar el apoyo de sus socios de investidura, principalmente Bildu, al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Un proyecto 'fantasma' de PGE, a día de hoy puramente imaginario, del que nadie
conoce una sola cifra, previsión o palabra, salvo el recurrente mantra desiderativo de 'presupuestos progresistas' con el que el Gobierno trata de parchear sus ya inocultables intenciones de congelar pensiones y el salario de los funcionarios o
subir las cuotas a los trabajadores autónomos ante el desplome de los ingresos públicos y la peor previsión de déficit público de todo el continente.
Incapaz de aprobar en más de dos años una sola reforma estructural destinada a estimular la capacidad de crecimiento de la economía española o a incentivar la creación de empleo, incapaz de planificar y ejecutar un plan coherente de
desescalada, incapaz de proteger la salud de los españoles, incapaz de articular una sólida coordinación institucional ante los devastadores efectos del Covid-19 en nuestra estructura sanitaria y nuestro tejido social, el Gobierno de Pedro Sánchez
se ha convertido, a ojos de todos los analistas, en la mayor amenaza sistémica para la economía, el empleo y el bienestar de los españoles.
Desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha tratado de compensar su incapacidad para llevar a cabo una política económica coherente y rigurosa, con una campaña propagandística mediante la que trató de
convencer a los españoles de que dispondrían de un escudo social frente al impacto de la crisis sanitaria y económica. Nada más lejos de la realidad: Su caótica incapacidad para tramitar la gestión del pago del Ingreso Mínimo Vital (menos
de un 10 % de los solicitantes lo han percibido), sus inquietantes anuncios sobre inminentes recortes sociales y sus regateos constantes en las negociaciones con los agentes sociales para prorrogar los ERTE, han puesto en evidencia la insolvencia
integral del Ejecutivo en las cuestiones más urgentes de política social frente a la crisis.
El Gobierno no puede escudarse en la carencia de recursos para marginar al comercio y la hostelería de la protección de los ERTE a partir del 30 de septiembre. No solo porque es él el único responsable de dejar a España sin colchones
fiscales frente a la crisis (a causa de los derroches de los viernes electorales que dispararon irresponsablemente el déficit público de 2019 hasta el 2,8 % del PIB), sino porque, además, tiene garantizada la recepción de más de 21.000 millones de
euros procedentes de los fondos SURE de la Comisión Europea para sufragar buena parte del coste de los mismos.
En estas circunstancias, el Ejecutivo carece de coartadas para llevar a cabo su pretensión de expulsar a empleados y autónomos vinculados a sectores críticos para la economía española del paraguas de los ERTE, una medida que, de aprobarse
finalmente, representaría uno de los mayores recortes sociales cometidos en nuestra democracia. De no rectificar, el Gobierno será el responsable directo de empujar por el abismo del ERE a cientos de miles de españoles acogidos a un ERTE. Según la
patronal del sector, más de 50.000 bares y restaurantes aún no han podido abrir sus puertas, a lo que hay que sumar las restricciones de aforo decretadas en los locales de determinados barrios y ciudades debido a la incontrolada propagación de la
segunda oleada del coronavirus. La Confederación Española de Comercio calcula que más de 150.000 comercios corren el riesgo de echar el cierre en nuestro país en caso de que el Gobierno siga adelante con su intención de discriminar a este sector de
la protección de los ERTE.
Como en tantas otras materias, son públicas y notorias las peleas intestinas en el seno del Gobierno a cuenta de la extensión de esta medida básica de protección del empleo. Estos enfrentamientos recurrentes en cada prórroga trimestral no
ocurrirían si el Ejecutivo se molestara en seguir el ejemplo del Gobierno alemán, que ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021 los ERTE (Kurzarbeit) sin hacer distinción de empresas o sectores y -como recuerda la patronal de los autónomos ATA-
con el 100 % de la exoneración de las cotizaciones. El Gobierno ha de escuchar a sindicatos y patronal, pensar en el interés general y proteger el empleo y el bienestar de cientos de miles de familias españolas.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, ante el inminente vencimiento de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor previsto para el 30 de septiembre, en el seno del diálogo social y en consenso con las organizaciones
implicadas, apruebe de manera urgente:
- Prorrogar los ERTE por fuerza mayor más allá del 30 de septiembre y hasta el 1 de abril de 2021, sin perjuicio de considerar una nueva prórroga si llegada esta fecha y valorando el devenir de los acontecimientos se estimase pertinente y
necesario.
- Prorrogar los ERTE por fuerza mayor, en los términos previamente referidos, a todos los sectores sin distinción.
Todo ello con la finalidad de salvaguardar el empleo y evitar la destrucción de puestos de trabajo, así como de garantizar y sostener el tejido productivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2020.-María Teresa Angulo Romero, Javier Bas Corugeira, Llanos de Luna Tobarra, Carolina España Reina, Belén Hoyo Juliá, Diego Movellán Lombilla, José Ortiz Galván, Carmelo Romero
Hernández y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa del Estado de Derecho y la unidad de España,
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
A lo largo del mes de septiembre de 2020, y cuando se cumplen tres años de los gravísimos hechos ocurridos en Cataluña, con la aprobación de un referéndum ilegal de independencia, su celebración, y la declaración unilateral de independencia,
en acciones condenadas como sedición y malversación por el Tribunal Supremo, el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos ha vuelto a reiterar su objetivo de continuar con la Mesa de negociación con quienes promovieron y llevaron a cabo
aquellos gravísimos atentados contra nuestro Estado de Derecho.
No solo eso, el Gobierno ha insistido en esta Mesa de negociación después de que los autores de aquellos hechos delictivos hayan reafirmado públicamente en varias ocasiones su voluntad de volver a atentar contra el Estado de Derecho.
El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no sólo mantiene su Mesa de negociación, sino que ha tomado la iniciativa para reactivarla. Ha sido el propio presidente del Gobierno quien llamó a principios de septiembre al presidente de la
Generalitat para acordar una próxima reunión. Y esa llamada siguió al acuerdo, a principios de septiembre en Moncloa, con Gabriel Rufián, portavoz de ERC, para reactivar esa Mesa como condición necesaria para un acuerdo sobre los Presupuestos.
Los independentistas catalanes han reiterado y clarificado en varias ocasiones que los objetivos de esa Mesa son la amnistía y el referéndum. Por parte del Gobierno, la portavoz, María Jesús Montero, ha afirmado que la Mesa tiene como
objetivo 'buscar una solución dialogada al conflicto'. Además, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado en entrevista periodística que 'las sentencias no resuelven problemas políticos', y que el Gobierno 'se propone reformar los
delitos de sedición y rebelión en el Código Penal'.
Por lo tanto, el Gobierno de España mantiene e impulsa una Mesa de negociación con los autores y defensores de graves delitos contra nuestro Estado de Derecho, que, además, proclaman su objetivo de volver a repetir tales delitos. La misma
creación y mantenimiento de esa Mesa vulnera nuestra Constitución y pone en cuestión las bases de nuestra democracia. Y lo anterior aún se agrava, cuando los objetivos de esa Mesa son, no Sólo claramente ilegales, sino también contrarios a la
unidad de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de Diputados insta al Gobierno a renunciar inmediatamente a la llamada Mesa de Diálogo con la Generalitat de Cataluña, a comprometerse a defender nuestro Estado de Derecho, a rechazar cualquier negociación con quienes proclaman
su voluntad de vulnerarlo, y a defender la unidad de España frente a quienes alientan y defienden su ruptura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2020.-Edurne Uriarte Bengoechea e Isabel María Borrego Cortés, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un comité de expertos independientes para la
evaluación de la gestión de la pandemia de COVID-19 en España, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La segunda ola de la pandemia de la COVID-19 está golpeando a España con dureza, disparando tanto las alarmas sanitarias como económicas. Con la cifra de más de medio millón de contagios, nuestro país no solo lidera el número de casos en la
Unión Europea, sino que también es el país con más contagiados por habitante. Además, nueve de las diez regiones europeas más afectadas por la pandemia son españolas, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. A fecha de
22 de septiembre de 2020, tres meses después del levantamiento del Estado de Alarma, la cifra de nuevos contagios proporcionada por el Ministerio de Sanidad roza los 11.000, mientras tenemos que lamentar la muerte de 241 compatriotas.
Con estos datos, resulta conveniente preguntarse por qué, tras someterse los españoles a uno de los confinamientos más duros de toda Europa, los indicadores sanitarios siguen siendo los peores de nuestro entorno. Es por ello que la gestión
de la pandemia precisa ahora más que nunca de una evaluación que permita dirimir cuáles fueron los errores en la respuesta durante la primera ola a efectos de evitar que estos puedan estarse repitiendo en la actualidad con nefastas consecuencias en
primer lugar para la salud, pero también para una economía ya muy maltrecha por la crisis económica provocada por la llegada del virus. En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos recoge el guante del grupo de expertos destacados en Salud
Pública publicado en la revista científica The Lancet. Un grupo de científicos españoles que ya solicitó una comisión para el estudio y evaluación de la pandemia el pasado mes de agosto, y que recientemente han vuelto a pedir al Gobierno de España
'identificar las debilidades' con el objetivo de 'evitar males mayores'.
Si en agosto ya era necesario respaldar dicha iniciativa, hoy es necesario que esta llegue a las instituciones para lograr el compromiso del Gobierno de España con esa comisión independiente, constituida por expertos nombrados tanto por el
Ejecutivo central como por los regionales, que permita conocer qué errores se han cometido con el único objetivo de que estos no se repitan. No se trata, pues, de encontrar culpables, sino de encontrar soluciones que se han vuelto inaplazables para
frenar la propagación del virus en esta segunda ola a efectos de seguir salvando vidas. Es una medida de carácter urgente, pues cada día que pasa sin tener los resultados de esa evaluación es un día perdido en el que pueden seguirse tomando medidas
ineficientes, o dejándose de tomar otras que deberían ser inmediatas.
Así pues, instamos al conjunto de fuerzas políticas representadas en la cámara, que a buen seguro comparten la finalidad de mejorar la gestión durante la primera ola para dejar de cometer errores irreparables, a apoyar la iniciativa ya
suscrita por expertos científicos para que España tenga una constituida con urgencia comisión independiente, cuyas conclusiones estén fuera de cualquier sospecha partidista o ideológica, para evaluar las actuaciones llevadas a cabo y, sobre todo,
cambiar todo aquello que no ha funcionado para que en los próximos días y semanas la respuesta a esta segunda ola no cometa los mismos errores.
Teniendo todo ello presente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de constituir una Comisión de Expertos formada por profesionales independientes, españoles e internacionales, para que realice un análisis externo, objetivo e imparcial sobre la gestión
de la crisis sanitaria de COVID-19 en nuestro país por parte del Gobierno de España y las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objetivo de elaborar un informe, con carácter constructivo, libre de ideologías y
sin ánimo de revanchismo político, que acredite las carencias detectadas y que desarrolle las recomendaciones necesarias para mejorar la respuesta frente a esta segunda ola de la pandemia y ante los futuros rebrotes que puedan suceder.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2020-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en Pleno, relativa a la reubicación urgente de las personas refugiadas en Lesbos tras el incendio del campamento de Moria.
Exposición de motivos
En la madrugada del pasado miércoles 9 de septiembre varios incendios asolaron el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, destruyendo tiendas de campaña, barracones y centros médicos y de asistencia de las ONG. Las casi
13.000 personas refugiadas que habitan el campamento, de las que cerca de 6.000 son menores, llevan días a la intemperie y con escasez de agua y comida, en lo que se constituye una nueva situación de emergencia humanitaria. Dado lo imposible de
permanecer en el propio campamento, las personas se amontonan en los márgenes de la carretera que lleva a Mitilene, la capital de la isla, alrededor del propio asentamiento. Estos hechos se suman al brote de COVID-19 detectado en el campamento días
antes, con un gran componente de riesgo por las malas condiciones de habitabilidad del recinto, que solo está preparado para alojar a 3.000 personas y carece de condiciones de higiene y seguridad adecuadas.
Tanto las ONG que operan en el terreno como el Parlamento Europeo habían alertado ya sobre la fragilidad del asentamiento ante posibles brotes de coronavirus. El propio Parlamento Europeo pidió en fechas recientes la evacuación de los
campos de refugiados de las islas griegas para prevenir contagios ante sus precarias condiciones e instó a Bruselas a dar una respuesta inmediata ante la emergencia. Y una semana después de hacer ese llamamiento, urgió a la Comisión Europea a dar
un nuevo impulso al Pacto de Migración y Asilo. Las organizaciones humanitarias realizaron llamamientos similares.
A estas circunstancias se suma el hecho de que ciertos grupos de habitantes locales de la isla, a los que se han unido incluso camiones enviados por el propio alcalde de la población de Mitilene, están bloqueando los accesos al campamento y
sus alrededores, incluyendo el de miembros de las ONG que acuden a prestar ayuda humanitaria, a la vez que obstruyen la salida de los propios refugiados. También se ha instalado un cordón policial que bloquea entradas y salidas.
El Gobierno griego ha declarado el Estado de Emergencia en Lesbos para los próximos cuatro meses, además de anunciar medidas urgentes para el realojo de los migrantes en carpas y barcos militares. También ha enviado refuerzos policiales a
la isla para mantener el orden público. La Comisión Europea, por su parte, ha anunciado la financiación del traslado urgente de los 400 menores no acompañados para su realojamiento en la península griega.
Las personas migrantes y refugiadas allí alojadas están padeciendo las limitaciones de la política migratoria europea -con campamentos superpoblados y sin unas condiciones mínimas de habitabilidad, agua o higiene-, que no suponen una
solución a las necesidades de estos miles de personas que huyen de la guerra y la pobreza. La pandemia y los desafíos adicionales que presenta no hacen sino agravar la horrible situación de partida de estas personas. Tras la destrucción del
campamento de Moria, tanto los lugareños como los solicitantes de asilo están aún más expuestos al virus.
Las decisiones políticas que tanto la UE como gobierno griego han llevado a cabo a este respecto no se están mostrando ni adecuadas ni eficaces para dar respuesta a las necesidades de estas personas, dando como resultado también un aumento
de las cifras de detenidos, abandonados en alta mar o fallecidos que intentaban pisar suelo comunitario. Por ello urge poner fin a esta situación y abordar la cuestión desde una perspectiva de derechos humanos y reparto de responsabilidad entre los
Estados miembro.
Ante este estado de las cosas, es necesario tomar medidas inmediatas. Acciones diseñadas bajo criterios de salud pública y observación estricta del respeto a los derechos humanos, con el traslado inmediato de los solicitantes de asilo a
refugios adecuados en el continente y, principalmente, en el resto de estados miembros de la UE. Es necesaria una política migratoria común y un sistema de asilo que funcione bajo los principios de la solidaridad real; solidaridad entre Estados
Miembros, solidaridad con las comunidades locales y solidaridad con las personas más vulnerables.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar de manera urgente, en el marco de la Unión Europea, una solución europea para abordar la reubicación, en condiciones dignas, de las personas refugiadas en el campamento de Moria, en la isla de Lesbos, con el siguiente esquema de
actuaciones de emergencia:
a. Evacuar prioritariamente a los colectivos más vulnerables, entre ellos los niños y niñas no acompañadas, y facilitar su traslado a lugares seguros antes de ser reubicados en otros Estados Miembro de la UE;
b. Iniciar una investigación sobre las causas fundamentales de esta situación;
c. Proteger a los solicitantes de asilo contra ataques violentos;
d. Facilitar el acceso y atención de las organizaciones de la sociedad civil a las personas necesitadas, en particular para brindar atención médica de emergencia, alimentos, agua y otros materiales esenciales;
2. A nivel estatal, establecer un plan que permita, al menos, cumplir con los compromisos adoptados por el Gobierno de España con relación a los cupos de acogida de personas solicitantes de asilo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2020.-Enrique Fernando Santiago Romero, Lucía Muñoz Dalda y Gerardo Pisarello Prados, Diputados.-Antonio Reino Gómez-Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
162/000392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la habilitación de los profesionales de farmacia comunitaria para
realizar cribados y rastreos en contagios de COVID-19, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los profesionales sanitarios han estado desde en todo momento en la primera línea de lucha contra la pandemia de COVID-19. Prueba de este sacrificio son los casi 60.000 sanitarios que han resultado contagiados, el 8,7 % del total de
contagios, y más de 60 los fallecidos desde el estallido de la crisis sanitaria. Unas cifras de difusión sin comparación en otros países de nuestro entorno, que no sólo dan cuenta de la implicación que nuestros profesionales han tenido frente a la
pandemia, sino también el grado de exposición al que han estado injustamente sometidos por la falta de equipos de protección individual durante buena parte de esta pandemia.
Entre los anteriores también se incluyen a los profesionales farmacéuticos, cuya implicación y dedicación han sido completas durante esta crisis sanitaria, y que han desempeñado un papel fundamental en la atención directa a la ciudadanía
desde las farmacias comunitarias. La actual crisis sanitaria ha supuesto una muestra definitiva de que las labores de los profesionales farmacéuticos superan con creces la dispensación de medicamentos y productos sanitarios, siendo su papel
esencial para el adecuado desarrollo de las políticas de salud pública.
En este contexto, desde la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) han planteado profundizar en esta implicación de los profesionales de la farmacia en materia de salud pública para contribuir a reforzar la lucha contra la
COVID-19. En ese sentido, solicitan que se habilite a los 80.000 profesionales que prestan servicios en las más de 22.000 farmacias comunitarias de España para que puedan realizar cribados, incluidas PCRs, del mismo modo que ya realizan otras
pruebas, como colesterol o embarazo. También plantean que estos profesionales puedan dedicarse a realizar labores de rastreo en casos de contagio de coronavirus, en coordinación con los equipos de atención primaria dentro del ámbito de actuación de
aquellos. Se trataría en ambos casos de un refuerzo cualificado que podría contribuir de manera determinante a la eficacia de las políticas para el control de la pandemia.
Teniendo todo ello presente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que con carácter urgente adopte todas las medidas necesarias para habilitar que los profesionales farmacéuticos puedan realizar cribados de COVID-19, incluidas PCRs, desde las
oficinas de farmacia comunitaria, y dedicarse a labores de rastreo de casos sospechosos o confirmados de contagio por coronavirus en coordinación con los equipos de atención primaria de los servicios públicos de salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2020-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la preocupante situación de la industria básica y de sus puestos de trabajo como secuela del prolongado retraso del Gobierno en la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo celebrada en el Congreso el pasado 9 de septiembre de 2020, el secretario general de Industria y Pequeña Empresa, señor Blanco Díaz, hizo referencia al estatuto de los
consumidores electrointensivos, que -según sus palabras-- 'esperamos aprobar en octubre'.
Posteriormente y tras un encuentro digital en el que participó el mismo secretario general, se avanzó la intención del Gobierno de rechazar la compensación a la gran industria en el referido estatuto electrointensivo, lo que ha disparado la
preocupación por la alta probabilidad de que se acabe por no reconocer a la industria básica de la que dependen miles de empleos y que es crucial para la economía de algunas Comunidades Autónomas, caso de Asturias, Galicia y Cantabria.
Como refleja reiteradamente el barómetro energético de España, cabe recordar que la industria básica es la que más electricidad consume y de ahí que le afecte el alto precio de la energía que tiene que costear lo que, desde hace tiempo,
afecta a su competitividad y amenaza a la supervivencia del sector y a los puestos de trabajo.
Fuente: Barómetro energético en España AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía). Actualizado a 21 de septiembre de 2020.
Si bien hace dos años el Gobierno se comprometió a la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, desde el propio Ejecutivo se ha venido pidiendo 'paciencia' a las empresas afectadas a la par que les reclamaba un esfuerzo para
aumentar su inversión y crear empleo. La realidad es que se está produciendo el efecto contrario y se están produciendo reajustes en las plantillas, problemas agudizados por las restricciones derivadas de la pandemia que, como en todos los sectores
de la economía española, han mermado gravemente la capacidad de producción y puesto en riesgo planes de sostenibilidad y el empleo. La incertidumbre es máxima para miles de familias y grandes comarcas de población.
Pero no solo la industria básica tiene graves problemas de competitividad. También los tiene la gran industria que observa como otros países europeos competidores reciben de sus gobiernos importantes medidas de apoyo, caso muy reciente de
Alemania que aplicará -desde 2020- una desgravación parcial sobre el impuesto que sus grandes empresas pagan por sus emisiones de CO2. Tal medida supondrá el consiguiente recorte en su factura eléctrica ya que la tasa sobre el CO2 está incorporada
en el recibo eléctrico con lo que los productos elaborados por la industria alemana tendrán costes aún más baratos y, por tanto, mucho más competitivos que los fabricados en España.
Por todo ello, Isidro Martínez Oblanca, diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso presenta para su debate y votación en el Pleno del Congreso de los diputados la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar urgentemente el Estatuto del Consumidor Electrointensivo e incorporar entre sus medidas aquellas que permitan compensar a la industria básica los costes de producción derivados del alto precio de la energía con el fin de
garantizar la supervivencia del sector y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
2. En defensa del empleo y de la economía de grandes áreas de población, atender las alegaciones formuladas por Comunidades Autónomas, organizaciones sindicales y patronales, asociaciones de grandes consumidores energéticos y partidos
políticos en defensa de la industria que está afectada por la alta factura eléctrica y que lleva años reclamando un precio competitivo, estable y predecible, homologándolo al de sus competidores internacionales.
3. Aplicar medidas similares a las que otros países europeos homólogos a España ya están incorporando en sus normativas y regulaciones para favorecer la competitividad de su industria mediante el abaratamiento de los costes energéticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2020.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Tomás Guitarte Gimeno, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.