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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 109, de 23/06/2020
cve: BOCG-14-D-109
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de junio de 2020
Núm. 109
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000984 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adhesión de España a la solicitud formulada por los Presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores de los Gobiernos de Australia, Canadá, Nueva
Zelanda y Reino Unido, ante el Secretario General de las Naciones Unidas ... (Página7)
161/000987 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el papel de España en Iberoamérica en relación a los Derechos Humanos ... (Página10)
161/000998 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de la Fundación Consejo España-Corea del Sur ... (Página13)
Comisión de Justicia
161/000994 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modernización y mejora de la jurisdicción social en Eivissa ... (Página15)
Comisión de Defensa
161/001010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la financiación de los Programas Especiales de Armamento y el I+D+i militar ... (Página16)
Comisión de Hacienda
161/001023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reducción del tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido, del 21 % al 4 %, a los productos sanitarios que sean hoy de uso
obligatorio o recomendable en la prevención del contagio por coronavirus, al menos, mientras el país se encuentre en situación de crisis sanitaria ... (Página18)
161/001024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido con relación a los requisitos que deben cumplirse para la recuperación del IVA de las
facturas consideradas total o parcialmente incobrables ... (Página19)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000986 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a iniciar una mesa de diálogo con todos los agentes del sector del transporte colectivo de viajeros por carretera ...
161/001009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre una mejora de la regulación del control y medidas de seguridad de las técnicas y modalidades del buceo ... (Página22)
161/001014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la toma de medidas para fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril ... (Página24)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/001004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la adopción de medidas efectivas contra la violencia en las aulas y el acoso ...
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de una campaña de información dirigida a pymes y autónomos, así como establecer protocolos de prevención de riesgos laborales que incluyan
la realización de test a todos los empleados previa incorporación a la vida laboral ... (Página27)
161/001022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a garantizar las protecciones socioeconómicas de los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales ... (Página28)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000993 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la continuidad de la planta de Alcoa en San Cibrao ... (Página30)
161/001008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre comercio mundial ... (Página31)
161/001011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el apoyo al sector del turismo y la hostelería en la provincia de Salamanca ... (Página32)
161/001015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las condiciones de acceso al Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización ... (Página34)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000988 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reforzar los Servicios Sociales tras el COVID-19 y consolidarlos como el cuarto pilar del Estado de Bienestar ...
161/000989 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la lucha contra el sinhogarismo ... (Página36)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modificación de la Ley sobre Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias ... (Página38)
161/001017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para apoyar y proteger el mercado gallego de la leche y sus derivados ... (Página39)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000991 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la despolitización y profesionalización de los directivos de la Administración General del Estado y del sector público empresarial y, en particular, de los
Directores Generales ... (Página42)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000996 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre rectificación de los límites de las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos de Tarragona y Castellón ... (Página48)
161/001001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación del mejillón ceba (Dreissena polymorpha) ...
161/001002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha, control y erradicación del helecho de agua (Azolla Filiculoides)...
161/001019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el derecho de la ciudadanía al acceso a la información sobre su consumo eléctrico bajo criterios de transparencia ...
Comisión de Cultura y Deporte
161/001000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la emisión de un documental sobre la historia de la banda terrorista ETA en la televisión pública francesa ... (Página53)
161/001025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la declaración de la Primera División Femenina como competición profesional ... (Página55)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000990 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a trabajadores sanitarios y socio-sanitarios ... (Página56)
161/000992 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la realización de una campaña institucional de comunicación para la prevención de los riesgos del COVID-19 ... (Página59)
161/001006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la realización de reconocimientos y homenajes en el Sistema Nacional de Salud a los profesionales sanitarios afectados por la pandemia
de COVID-19 ... (Página66)
161/001007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elección presencial de plaza MIR desde la transparencia y con seguridad ante la pandemia de COVID-19 ...
161/001021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública ... (Página68)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000983 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación de una aplicación centralizada que permita a las autoridades sanitarias tener un mejor control epidemiológico ...
161/000985 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el desarrollo de una instrucción para garantizar la seguridad del alumnado y el profesorado durante la celebración de la EBAU y la armonización de
contenidos y tasas a pagar para el curso 2020-2021 ... (Página73)
161/000999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la elaboración del Estatuto del Estudiante en Prácticas ... (Página74)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/001012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la del COVID-19 ... (Página76)
161/001013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al respeto de la presunción de inocencia en la actuación de los poderes públicos ... (Página78)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/001018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el refuerzo de la sensibilización y prevención de la violencia de género y el tratamiento informativo responsable de la violencia de género en el marco
de emergencia sanitaria COVID-19 ... (Página82)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000363 Pregunta formulada por el Diputado don Joan Baldoví Roda (GPlu), sobre colaboración entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana para garantizar el cumplimiento de toda la normativa ambiental respecto a todo aquello que supone la
ampliación norte del puerto de Valencia ... (Página83)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000359 Pregunta formulada por la Diputada doña Elena Castillo López (GP), sobre conformidad con la opinión del Ministro Garzón sobre la necesidad de un cambio estructural de nuestro país asociado al sector del turismo ...
181/000360 Pregunta formulada por la Diputada doña Elena Castillo López (GP), sobre conformidad con la opinión del Ministro Garzón sobre la necesidad de una tercera dimensión para el sector del Turismo, un sector a su modo de ver de bajo
valor añadido, estacional y precario ... (Página84)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000361 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), sobre posibilidad de que el Ejecutivo ordene la financiación del 50 % previsto por la Ley 39/2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, frente al 18 % que hasta ahora financiaba ... (Página84)
181/000362 Pregunta formulada por la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), sobre publicación de los informes de las Comunidades Autónomas con las cifras oficiales relativas a los centros sociosanitarios/residencias de mayores,
expresivos del destino de la financiación extraordinaria de 300.000 euros, contemplada en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020 ... (Página85)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000347 Pregunta formulada por el Diputado don José Manuel De La Vega Carrera (SGPS), sobre medidas preventivas para evitar la invasión del alga asiática (Rugulopterix okamurae) en el Mediterráneo ... (Página85)
181/000372 Pregunta formulada por el Diputado don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), sobre medidas preventivas que se van a tomar para generar empleo en España aumentando la producción del aguacate, a la vista del aumento de importaciones de
este producto por la Unión Europea procedente de países extracomunitarios ... (Página85)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000353 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre acciones que se van a tomar para proteger el Dominio Público Hidráulico, la calidad del aire y la de los suelos ... (Página86)
181/000354 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado (GP), sobre medidas de coordinación adoptadas entre el Gobierno autonómico y el de España en el derrumbamiento del vertedero de Zaldívar ...
181/000364 Pregunta formulada por el Diputado don César Sánchez Pérez (GP), sobre política de agua del Gobierno en relación al Memorándum Tajo-Segura ... (Página86)
181/000365 Pregunta formulada por el Diputado don César Sánchez Pérez (GP), sobre previsiones acerca de utilizar el modelo que propone Podemos para la gestión pública del agua ... (Página87)
181/000366 Pregunta formulada por el Diputado don César Sánchez Pérez (GP), sobre estado en el que se encuentra el Plan de Acción Forestal que necesita nuestro país ... (Página87)
181/000367 Pregunta formulada por el Diputado don César Sánchez Pérez (GP), sobre impulso de las políticas en materia de Economía Circular, habiendo paralizado la Estrategia de Economía Circular que dejó elaborada el Partido Popular ...
181/000368 Pregunta formulada por la Diputada doña Elena Castillo López (GP), sobre avenencia con las directrices básicas para la adecuación del marco regulatorio para la autorización de instalaciones de energía eólica marina y las energías
del mar ... (Página87)
181/000369 Pregunta formulada por la Diputada doña Elena Castillo López (GP), sobre barreras económicas, regulatorias o de otra índole que dificultan al Gobierno el despliegue de energía eólica marina y las energías del mar en España ...
181/000370 Pregunta formulada por la Diputada doña Elena Castillo López (GP), sobre puesta en marcha de una tramitación ágil de las instalaciones de eólica marina y energía del mar ... (Página88)
181/000371 Pregunta formulada por la Diputada doña Elena Castillo López (GP), sobre opinión sobre el papel que debe desempeñar nuestro país en el desarrollo global y europeo del potencial de las distintas formas de energías marinas ...
Comisión de Sanidad y Consumo
181/000348 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), sobre previsiones acerca de reforzar el sistema sanitario público mediante la implementación de las prestaciones sanitarias incorporando la fisioterapia
en la cartera de servicios comunes, tanto a nivel de atención primaria y comunitaria como hospitalario ... (Página88)
181/000349 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), sobre previsiones acerca de desarrollar a corto plazo el Decreto de especialidades en Fisioterapia y crear la Comisión Nacional de Especialidades, tal
como viene instando el Consejo General de la profesión, como medio de protección tanto del profesional sanitario como de los pacientes ... (Página89)
181/000350 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), sobre previsiones acerca de reforzar el adecuado despliegue de los profesionales de la Fisioterapia para atender las necesidades locales, lo cual
propiciaría el alta temprana de los pacientes, reduciendo así el nivel de ocupación de las escasas camas hospitalarias ... (Página89)
181/000351 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), sobre previsiones acerca de activar ayudas directas a pymes y autónomos sanitarios, así como de mantener las ayudas establecidas al menos hasta el
31/12/2020 para aquellos profesionales sanitarios que no hayan podido recobrar su nivel previo de actividad al estado de alarma decretado el 14/03/2020 ... (Página90)
181/000352 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), sobre previsiones acerca del reconocimiento legal de la reducción del IVA en los productos sanitarios derivados de las nuevas recomendaciones de
protección y seguridad frente al COVID-19 ... (Página90)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/000374 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro Navarro López (GP), sobre repercusión en el tejido empresarial y en su especialización tecnológica del 'aumento moderado' de la aportación española a la Agencia Espacial Europea que el
Ministro de Ciencia e Innovación solicitó en el mes de enero de 2019 ... (Página90)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas y D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adhesión de España a la solicitud formulada por los Presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores de los gobiernos de
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido, ante el Secretario General de las Naciones Unidas, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La reciente historia de Hong Kong ha estado presidida por una complicada situación política. Fue tras la Primera Guerra del Opio, cuando la isla de Hong Kong comenzó a ocupar un lugar en la historia, al ser cedida, con carácter
indefinido, por China a Gran Bretaña mediante el Tratado de Nanking de 1842.
Posteriormente, tras la Segunda Guerra del Opio, y en virtud de lo acordado en la Convención de Pekín de 1860, se añadieron nuevas cesiones a Gran Bretaña, a saber, parte de la península de Kowloon y la isla de Stonecutters. Así, la
superficie de la colonia aumentó de forma significativa, con la incorporación de los Nuevos Territorios, parte de la península de Kowloon y la Isla de Lantau, arrendados a Gran Bretaña por 99 años, que comenzarían a contar desde el 1 de julio de
1898, y hasta el 30 de junio de 1997.
Tras el establecimiento en 1912 de la República de China, Hong Kong se convirtió por primera vez en refugio político para los exiliados chinos procedentes del continente. En 1937, durante la guerra de China con Japón por Manchuria, se
convirtió de nuevo en lugar de asilo para cientos de miles de chinos desplazados por la invasión japonesa.
Durante la Segunda Guerra Mundial cayó en manos de los japoneses que la transformaron en centro militar de su campaña en Asia. Los británicos recuperaron Hong Kong en 1945 después de la rendición incondicional de Japón.
La revolución comunista de Mao Zedong triunfó en China en el año 1949, mientras que Hong Kong se desarrolló como un enclave capitalista en el continente asiático. La continua llegada de ciudadanos chinos desde el continente, proporcionó
mano de obra barata que posibilitó el rápido crecimiento, sobre todo de la industria manufacturera.
El consecuente desarrollo económico transformó a Hong Kong en una de las regiones más ricas y productivas de Asia y, como consecuencia, durante la década de 1970, aumentó la afluencia de refugiados
del continente. Igualmente, a principios de la década de 1980, empezaron a llegar grandes cantidades de refugiados desde Vietnam.
En 1982, dada la proximidad del fin del arrendamiento británico sobre los Nuevos Territorios (1 de julio de 1997), se dio comienzo a las conversaciones entre China y Gran Bretaña acerca del futuro próximo de Hong Kong. Así, por la
Declaración Conjunta firmada por China y el Reino Unido, el 19 de diciembre de 1984 en Pekín, China prometió que, bajo la política 'un país, dos sistemas', el sistema económico socialista de China no se aplicaría en Hong Kong, comprometiéndose a
respetar el sistema legal existente en Hong Kong antes del traspaso de soberanía por un plazo de 50 años, esto es, hasta el año 2047. Los habitantes de Hong Kong mantendrían así su propio sistema judicial, su moneda (el dólar hongkonés) y la
libertad de prensa; China, por su parte, se haría cargo de la política exterior y de la defensa del territorio.
En 1989, tras los sucesos de Tiananmen, se suspendieron los trabajos sobre la nueva constitución que regiría Hong Kong, y Gran Bretaña se negó a considerar una posible renegociación de la Declaración Conjunta. En el mes de abril de 1990 el
Parlamento chino aprobó la nueva constitución, la llamada Ley Básica.
Las relaciones entre China y Gran Bretaña por Hong Kong se deterioraron durante 1991 debido a los desacuerdos sobre la financiación de un nuevo aeropuerto en la Isla de Lantau, sobre el que finalmente se alcanzó un acuerdo en noviembre de
1994. Otro motivo de fricción, surgió a consecuencia de las reformas democráticas del gobernador británico, Chris Patten, en los últimos años de la soberanía británica. Hong Kong también vivió un momento delicado en mayo de 1992, cuando el
gobierno de la región inició la repatriación forzosa de todos los refugiados vietnamitas.
El 1 de julio de 1997, Hong Kong se 'reincorporó' a China como Región Administrativa Especial, régimen que finalizará en el año 2047, con la plena integración del territorio a China.
A día de hoy, Hong Kong se ha transformado en uno de los centros turísticos, industriales, financieros y comerciales más importantes del mundo, desempeñando el papel de nexo o puente, tanto para el comercio, como para la inversión de la
China continental.
Segundo. China respetó el acuerdo al que nos hemos referido en el expositivo primero durante la primera década, pero poco después dio comienzo un proceso de grave erosión de derechos y libertades, hecho explícito en un libro blanco
publicado en junio de 2014. 'En ese documento estratégico, el Partido Comunista de China expresaba su punto de vista sobre la operación de un país, dos sistemas', explicaba al medio El Pais 1, Antony Dapiran, abogado residente en el territorio y
autor del libro City of Protest: A Recent History of Dissent in Hong Kong. 'El lenguaje empleado era muy estricto y priorizaba un país por encima de dos sistemas. En ese momento se hizo evidente que Pekín estaba empezando a apretar su control'.
En septiembre de ese mismo año se desató la llamada revolución de los paraguas, una movilización que durante más de dos meses bloqueó el centro de la ciudad para reclamar la instauración de un sufragio universal efectivo, en lugar de que el jefe de
Gobierno fuera preseleccionado por el Partido Comunista de China.
'A partir de entonces, hemos visto en los últimos cinco años muchos pasos adelante en esta senda, como el secuestro de los libreros, la inhabilitación de los legisladores pro democracia, el veto a candidatos a las elecciones o el
encarcelamiento de los líderes de la revolución de los paraguas', añade Dapiran.
Ese fue el trasfondo de las protestas de 2019, cuyo germen fue la propuesta de una ley de extradición, que permitiría que los ciudadanos hongkoneses fueran juzgados en suelo continental, donde al imperio de la ley se superpone, como a todo
lo demás, el mandato del Partido Comunista. Las protestas fueron históricas: casi dos millones de personas en las calles, en un territorio de poco más de siete millones de habitantes, ocupación del Parlamento y la primera huelga general en cinco
décadas.
Tercero. Tras el progresivo descenso de las protestas de 2019, hubo un cierto grado de tranquilidad hasta hace, escasamente, una semana. El pasado 28 de mayo, el Parlamento orgánico del régimen chino aprobaba imponer a Hong Kong una
controvertida Ley de Seguridad Nacional que ha desatado una fuerte oposición en la ex colonia británica y entre la comunidad internacional. La aprobación de la misma se desarrolló sin ningún debate, por 2.878 votos a favor, uno en contra y seis
abstenciones.
El motivo de la fuerte oposición expresada por la comunidad internacional es, nuevamente, que se considera una violación del principio de 'un país, dos sistemas' que, como señalábamos, otorga a la
1 Jaime Santirso (19 de agosto de 2019) 'Hong Kong se resiste a ser China'. El País. www.elpais.com
ciudad autonomía y más libertades que al resto de China y que, en teoría, está vigente hasta el año 2047, en virtud del acuerdo de devolución suscrito con el Reino Unido.
Esta aprobación, conlleva que la Asamblea inste a su Comité Permanente a promulgar una Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong que, introducida en el Anexo III de su 'Constitución', sin pasar por el Parlamento local, penará la subversión,
la secesión, el terrorismo y las intromisiones extranjeras. Incluso el Colegio de Abogados de Hong Kong ha desmontado jurídicamente la potestad de Pekín para promulgar e implementar dicha normativa sin autorización del Parlamento local.
El anuncio de la promulgación de esta norma ha reactivado la revuelta por la democracia, que desde el año pasado, vive Hong Kong. Así, han comenzado nuevas protestas por el miedo a perder los derechos políticos, sociales y económicos que
caracterizan a esta ciudad, una de las más libres de Asia. Y ello porque la polémica ley prevé establecer en Hong Kong oficinas de la seguridad pública china, algo que horroriza a los habitantes de la ciudad por su fama de intimidar y hacer
'desaparecer' a los disidentes en el continente, donde la Policía puede retener legalmente a los sospechosos hasta seis meses para interrogarlos sin pasar por un tribunal, señalan diversas fuentes de información pública.
Los efectos económicos tampoco se han hecho esperar, pues la Bolsa ha sufrido las mayores pérdidas en los últimos cinco años. Y es que Hong Kong es todavía el enclave donde China se abre al resto del mundo. Más de un 60 % de su inversión
directa extranjera, llega al continente a través de la isla. Esto es factible en parte gracias al acta política promulgada por el Congreso de Estados Unidos en 1992, en virtud de la cual Hong Kong es reconocido como un territorio formalmente
independiente, con todos los derechos de una economía abierta. La retirada de esta normativa supondría un movimiento de enorme calado, ya que obligaría al sistema chino a reformarse. Pero Estados Unidos ya anunciaba el mismo día 28 de mayo, por
medio de su Secretario de Estado, Mike Pompeo, que ya no considera a Hong Kong un territorio autónomo de China y, en el mismo sentido, se pronunciaba su homologo Británico, Dominic Raab.
Cuarto. Las protestas de la comunidad internacional ante el quebrantamiento de los pactos por el gobierno comunista chino no se han hecho esperar. Tanto es así, que el pasado 2 de junio, los Presidentes de las comisiones de Asuntos
Exteriores de Australia (David Fawcett), Canadá (Michael Levitt), Nueva Zelanda (Simon O'Connor) y Reino Unido (Tom Tugendhat), dirigían una carta al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, solicitando que, en colaboración con el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se procediera a otorgar un mandato para el envío de un convoy especial a Hong Kong, acordándose el mismo en la 44a sesión regular o bien, en sesión especial.
En la referida carta, manifiestan que se está erosionando el imperio de la ley, el estado de derecho, y se ponen en peligro los derechos humanos de los ciudadanos de Hong Kong. Señalan que la imposición de la ley de Seguridad Nacional en
Hong Kong, sin la participación directa de sus ciudadanos, poder legislativo y judicial, supone el quebrantamiento del acuerdo suscrito entre el Reino Unido y China, que proporciona una serie de derechos y libertades, incluidos los del individuo, de
prensa, de reunión, y de asociación, entre otros, que se asegurarán por ley en Hong Kong. Así, concretamente, el artículo 27 de la Ley Básica de Hong Kong consagra los referidos derechos y libertades.
La Declaración Conjunta, señala igualmente que los dos tratados multilaterales de las Naciones Unidas que versan sobre derechos humanos (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales) continuarán en vigor.
Señalan, los que suscriben la referida carta, su grave preocupación por la trayectoria de abusos del Partido Comunista Chino ante los disidentes del régimen y sus postulados, como los ocurridos en Tiananmen, hace precisamente 31 años esta
semana.
Quinto. Finalmente, la carta termina con la solicitud de que la comunidad internacional se movilice con celeridad para asegurar un mecanismo de observación y transparencia que reporte sobre el impacto de esta nueva normativa impuesta
arbitrariamente por el gobierno chino en los derechos legalmente consagrados en Hong Kong. Y ello porque la Declaración Conjunta es un tratado internacional presentado ante las Naciones Unidas cuya observancia es un requerimiento internacionalmente
reconocido.
Así, ruegan al Secretario General que colabore activamente a fin de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas apruebe un mandato para el establecimiento de un enviado especial de las Naciones Unidas para Hong Kong.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados declara lo siguiente:
1. Manifiesta su reprobación pública al quebrantamiento por China de la Declaración Conjunta firmada con Reino Unido el 19 de diciembre de 1984, en virtud de la cual China se comprometía a respetar el sistema legal existente en Hong Kong.
2. Manifiesta su apoyo y adhesión a los países que suscriben la carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de fecha 2 de junio de 2020, haciendo suyas las declaraciones en ella manifestadas.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Reprobar públicamente el quebrantamiento de la Declaración Conjunta suscrita entre el Reino Unido y China con fecha 19 de diciembre de 1984, en virtud de la cual China se comprometía a respetar el sistema legal existente en Hong Kong.
2. Manifestar el apoyo y adhesión de España a los países que suscriben la carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de fecha 2 de junio de 2020, haciendo suyas las declaraciones en ella manifestadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2020.-Alberto Asarta Cuevas y Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el papel de España en Iberoamérica en relación a los Derechos Humanos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Derechos humanos, Estado de derecho y Democracia están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Una democracia efectiva exige la construcción y el mantenimiento de un marco complejo de derechos y libertades en el que la persona pueda
desarrollarse libremente. El diálogo y la cooperación son medios adecuados para prevenir violaciones de derechos humanos.
Pero la realidad es que millones de personas siguen exigiendo cada día el respeto de los derechos humanos, reconocidos en la Declaración Universal de 1948. Los derechos humanos son tan universales como sus amenazas y es necesario el trabajo
diario para que su plena implementación gane un nuevo impulso y aliento.
El Examen Periódico Universal, un mecanismo del Consejo de Derechos Humano de Naciones Unidas que evalúa cada cinco años los progresos en materia de garantías fundamentales de cada uno de sus 193 Estados miembros, publicó las recomendaciones
de su Grupo de Trabajo para España señalando, pese al buen resultado obtenido en cuanto al respeto y protección de los derechos humanos en nuestro país, los espacios de mejora al respecto. No podemos permitir políticas que supongan retrocesos en
avances conseguidos y debemos seguir trabajando en el respeto a la dignidad y a los derechos inalienables de todas las personas.
Pero también debemos seguir avanzando hacía una diplomacia basada en el compromiso de los derechos humanos, y España debe liderar la defensa de esos derechos en los foros multilaterales buscando respuestas en la esfera internacional a los
retos globales planteados en la actualidad. Asimismo, España debe cumplir con los objetivos expresados en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, como son, entre otros, la promoción y consolidación de
sistemas políticos
basados en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas; o el fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Por otra parte, en este mundo tan globalizado es imprescindible que la Unión Europea adopte una posición común para poder cumplir con lo dispuesto en el art. 21 del Tratado de la Unión Europea: 'La acción de la Unión en la escena
internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional'.
En un panorama internacional cada vez más convulso, con viejos y nuevos conflictos armados, graves crisis políticas y violencias extremas que amenazan los derechos de centenares de miles de personas, su integridad física e incluso sus vidas,
España debe ser más que nunca un agente activo. Y en ese panorama internacional Iberoamérica merece nuestra especial atención.
Iberoamérica está en plena ebullición política y social. Las crisis democráticas y humanitarias en varios países se han recrudecido y las protestas, los abusos sistemáticos y el auge de políticas autoritarias se suman a los tradicionales
problemas de desigualdad social, corrupción, violencia, degradación medioambiental y extremo enfrentamiento ideológico.
El año 2019 fue un año de protestas multitudinarias en toda la región. En muchos países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras y especialmente en Nicaragua y Venezuela, los principales protagonistas de estas movilizaciones
de origen e intensidad diversa fueron los jóvenes, las personas de bajos ingresos y las mujeres.
Y en muchos casos las autoridades recurrieron a la represión, el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos. Según Amnistía Internacional al menos 202 personas murieron violentamente en el 2019 en el contexto de estas
protestas.
Igualmente, con 208 homicidios, Latinoamérica y el Caribe ha sido la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Las personas que se dedican a proteger los derechos a la tierra, el territorio y el
medioambiente estuvieron especialmente expuestos a homicidios selectivos, criminalización, desplazamiento forzado y acoso.
En el 2019 millones de personas de la región buscaron seguridad fuera de su país de origen. Cuando el malestar social, la instabilidad política y la destrucción medioambiental en la región son aún mayores en 2020, la lucha por los derechos
humanos es más urgente que nunca.
España debe liderar, en su proyección exterior y en todos los foros internacionales en los que esté presente, el avance y la consolidación de la democracia en Iberoamérica. Un mundo más democrático es también un mundo más pacífico, más
respetuoso de los derechos humanos, más seguro y próspero.
Uno de estos foros internacionales es la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que este año, en noviembre, celebrará la XXVII sesión, por primera vez en Andorra. Esta edición de la Cumbre, que desde el año 1991 ha reunido a
los líderes de América Latina, España y Portugal, versará sobre Innovación para el Desarrollo Sostenible-Objetivo 2030. Constituye un espacio de cooperación que ha seguido funcionando y siendo útil durante estos 29 años, y siempre con el apoyo
español formalizado por la presencia del Jefe de Gobierno, el Presidente, y el Jefe del Estado, el Rey, el único mandatario que ha acudido de manera ininterrumpida a todas las cumbres desde el inicio de estas.
La coyuntura económica actual de la región, que probablemente se verá agravada por la lucha contra el COVID-19, no es favorable. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo dependiente de la Organización
de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, el crecimiento económico en el 2019 ha sido casi inexistente, un 0,1 %, y el 30,8 % de la población de Latinoamérica vivía por debajo del umbral de pobreza
en ese mismo año, con un 11,5 % en situación de pobreza extrema.
Millones de personas tratan de huir de la miseria y EEUU eleva muros. Por ello, la ratificación del Acuerdo Comercial Unión Europea-Mercosur, que España ha impulsado durante años, constituye una prioridad en el terreno comercial y
económico. Esta apuesta por el comercio internacional regulado, frente al proteccionismo y las guerras comerciales, que libera al 90 % los aranceles de los productos que intercambian estos dos mercados gigantescos, de más de 800 millones de
personas, creando un área de libre comercio que representará una cuarta parte del PIB mundial, es fundamental.
España puede y debe desempeñar un papel más activo, más influyente, propiciando un nuevo impulso político del conjunto de la comunidad internacional en sus relaciones con Iberoamérica generando la
colaboración necesaria que garantice la protección del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades siempre desde el respeto del Derecho Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el principio de la
soberanía de los pueblos.
Nuestras prioridades son claras: luchar contra la pena de muerte, persiguiendo el objetivo de su abolición universal; garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos; la protección de los individuos frente a cualquier
tipo de discriminación o delitos de odio, por razón de género, origen, lengua, religión, orientación sexual o identidad de género, por racismo, xenofobia u otro tipo de intolerancia; velar por los derechos de las personas con diversidad funcional o
los colectivos LGTBI; el logro de una igualdad de oportunidades real y efectiva; la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; e
implicar a las empresas en el respeto y promoción de los derechos humanos.
Es importante poner en valor la XXVI Cumbre Iberoamericana celebrada en La Antigua, Guatemala, en 2018, donde se aprobó el II Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana (PACCI) 2019-2022, que viene a apostar por las
prioridades anteriormente mencionadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en las actuaciones con Iberoamérica:
1. Impulse los espacios multilaterales como son el marco de la Conferencia Iberoamericana y las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y Gobierno como espacios de cooperación y de encuentro para lograr acuerdos que favorezcan la
aplicación de políticas en favor de los derechos humanos y de respeto al Estado Social y Democrático y de Derecho.
2. Siga incorporando los derechos humanos en las agendas políticas de todos los encuentros bilaterales, garantizando que las cuestiones relativas a los mismos son abordadas con continuidad en el tiempo y de forma efectiva.
3. Refuerce la promoción del pleno respeto de los derechos humanos en los acuerdos y convenios firmados con otros países en materias como Cooperación al Desarrollo, control migratorio e inversión empresarial.
4. Continúe apoyando la labor de los defensores de los derechos humanos en el mundo, garantizar su respeto, su protección real y efectiva, y denunciar su hostigamiento, intimidación y persecución.
5. Impulse cuantas medidas y acciones sean posibles y oportunas para conseguir en las Organizaciones Internacionales en las que España tiene presencia, una actuación de apoyo decidido, leal y sostenido en el tiempo a la protección de los
derechos humanos.
6. Actualice y haga cumplir el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que adapte y traslade los Principios Rectores de Naciones Unidas al marco nacional, de acuerdo con las peticiones de Naciones Unidas y de la Comisión Europea, y
que incluya medidas destinadas a prevenir, gestionar y reparar los efectos adversos que la acción empresarial pudiera tener sobre los derechos humanos.
7. Vele, en el seno de la UE, para que el comercio internacional sea respetuoso con el desarrollo humano y en particular cumpla con las normas y pactos internacionales de los derechos humanos, los derechos laborales, derechos sociales y
normas medioambientales vinculantes.
8. Active cuantos mecanismos de colaboración internacional sean necesarios para garantizar la protección del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2020.-María Olga Alonso Suárez, Diputada.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de la Fundación Consejo España-Corea del Sur,
para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
España tiene tres importantes vertientes geográficas de su acción exterior. En primer lugar, hacia el resto de Estados miembros de la Unión Europea, con los que es absolutamente prioritario mantener unas relaciones bilaterales fluidas y de
cooperación estrecha. En segundo lugar, hacia el resto de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con quienes compartimos importantes lazos históricos, económicos, sociales y culturales, así como un compromiso inequívoco con el multilateralismo y
la estabilidad internacional. Finalmente, hacia el Norte de África, región con la que nos unen intereses estratégicos en materia de seguridad, abastecimiento y estabilidad institucional. Por ello, estos tres vectores están siempre presentes en las
prioridades de la agenda exterior española.
Sin embargo, España también tiene vocación de potencia media global y, como tal, aspira a mantener relaciones bilaterales estrechas con socios estratégicos en todo el mundo. Por ejemplo, es claro el interés de España en mantener buenas
relaciones con Estados Unidos, un socio clave para la Unión Europea en materia de seguridad y de valores compartidos con el que España comparte un interés claro por la estabilidad en el Atlántico y en América Latina. Además, Estados Unidos tiene un
importante legado hispánico que España considera prioritario conservar y potenciar en el marco de nuestras relaciones bilaterales. Como respuesta a esta vocación de España, en nuestro país se ha impulsado la creación de la red de las llamadas
Fundaciones Consejo, promovidas y apoyadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Esta red aspira a impulsar la cooperación, tanto en el sector público como en el privado, entre España y algunos otros socios
estratégicos de nuestro país en el mundo.
De este modo, la red de Fundaciones Consejo suponen también un marco de colaboración público-privada donde las empresas ocupan un lugar prominente, aunando esfuerzos de diplomacia pública económica con el potencial de la diplomacia
corporativa. Estas fundaciones son financiadas por las organizaciones que forman parte de su patronato, y que incluyen tanto instituciones públicas como empresas y otras entidades de derecho privado como escuelas de negocios. La Fundación Consejo
España-Estados Unidos fue, precisamente, la primera en crearse en 1997, mostrando esa vocación atlántica de España que se mencionaba anteriormente. Tras ella, se procedió a la creación de las Fundaciones Consejo España-Japón (2001); España-China
(2003); España-Rusia (2007); España-India (2009); y España-Australia (2010). Además, esta red de Fundaciones Consejo se amplió progresivamente también a las relaciones con países clave con los que también compartimos espacio en la Comunidad
Iberoamericana de Naciones, naciendo así las Fundaciones Consejo España-México (2009); España-Brasil (2012); y España-Colombia (2015). Por tanto, esta red tiene un claro sesgo estratégico hacia el continente de Asia-Pacífico, que está ganando
además relevancia a nivel global en términos económicos y geopolíticos, y donde España tiene poca capacidad de proyección más allá de la que se tiene como parte de la presencia de la Unión Europea.
La pandemia de COVID-19 ha vuelto a poner en valor las necesarias buenas relaciones con países de Asia-Pacífico, que se enfrentaron en primer lugar a la expansión de esta enfermedad y que tomaron medidas que posteriormente tuvieron que ser
replicadas en los Estados miembros de la Unión Europea y que ahora empiezan a tomar algunos países de América Latina. Por ejemplo, la estrategia que Singapur y Corea del Sur han tomado para prevenir, controlar y erradicar la pandemia en sus
territorios ha sido repetidas veces citada como ejemplo para los países europeos. En los últimos días, incluso sus rebrotes y la forma en la que lidian con ellos se está convirtiendo en un espejo en el que nos miramos para poder prevenir posibles
situaciones similares en nuestro país.
En particular, Corea del Sur es un país de características similares a España, con una población de 51,6 millones de personas y un PIB per cápita de 31.362,75 dólares, según cifras de 2018, mientras que España tiene una población de 46,94
millones de personas y un PIB per cápita de 30.370,89 dólares. Además, España y Corea del Sur comparten espacios multilaterales de cooperación en el G20, donde nuestro país es invitado permanente, y gozan de buenas relaciones bilaterales. Sin
embargo, ha habido
iniciativas de cooperación que demuestran que hay espacio para mejorar esas relaciones. Por ejemplo, Corea del Sur forma parte del grupo informal MIKTA, una iniciativa de cooperación impulsada por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y
Australia que buscaba reforzar el papel que las potencias medianas juegan a nivel global frente a Estados Unidos y China, replicando a un nivel inferior la cooperación y el diálogo que se producen en el marco del G7. Pese a que España tiene y debe
mantener como prioridad maximizar su presencia global a través de la Unión Europea, no deja de ser significativo que un país que comparte tantas características con ese grupo como España no forme parte de esa iniciativa cuyo recorrido aún es
incierto.
En definitiva, la cooperación bilateral entre España y Corea del Sur debe reforzarse, especialmente en un contexto en el que esta pandemia de COVID-19 ha puesto en valor el flujo de información y la capacidad de aprender de las experiencias
de otros países. Corea del Sur ha tenido la capacidad de diseñar una estrategia de éxito en la contención de la enfermedad, haciendo uso de la tecnología y la innovación, y ahora -gracias a la estabilidad política que han traído aparejada las
últimas elecciones legislativas- también comienza a diseñar su plan de recuperación. Dada esta situación, tanto el sector público como el sector privado deben volcarse en mejorar nuestra relación bilateral con Corea del Sur, compartiendo
experiencias y aprendiendo de los errores y aciertos del otro para beneficio de las sociedades de ambos países.
Finalmente, en 2020 se cumplen 70 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Corea del Sur, lo que supone un hito en la cooperación bilateral entre ambos países y una oportunidad para estrechar aún más los lazos
que unen a nuestras sociedades, nuestras economías y nuestras culturas.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a:
1. Impulsar la creación de la Fundación Consejo España-Corea del Sur para dar un paso más en las buenas relaciones diplomáticas que unen a nuestro país con Corea del Sur, así como a nuestro sector privado con el de aquel país.
2. Ofrecer todo el apoyo necesario por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como por parte del ICEX, a la creación de esta Fundación Consejo y a la incorporación de empresas españolas y coreanas al
patronato y las actividades de la misma.
3. Realizar una cumbre bilateral de alto nivel entre España y Corea del Sur de forma anual, cuya localización deberá rotarse cada año entre territorio español y territorio surcoreano, para fijar prioridades políticas para la cooperación
bilateral en el próximo año y hacer seguimiento de los logros compartidos alcanzados.
4. Fomentar la presencia de empresas españolas en Corea del Sur, eliminando barreras al establecimiento de asociaciones estratégicas entre empresas de ambos países para facilitar la entrada en el mercado europeo de empresas surcoreanas y la
entrada en el mercado surcoreano para empresas españolas, con especial atención a las PYMES y start-ups.
5. Mantener, en el seno de las Naciones Unidas, reuniones periódicas entre las misiones de España y Corea del Sur para poder alinear prioridades y posiciones de forma continuada en lo referente a la paz, la estabilidad, la seguridad y el
fortalecimiento de la democracia liberal en el mundo, así como para buscar espacios de cooperación y alineamiento de posiciones de cara a las reuniones del G20.
6. Hacer de la cooperación cultural un eje importante de las actividades de la Fundación Consejo España-Corea del Sur, aspirando de forma particular a fomentar la cultura española y el aprendizaje del español en Corea del Sur, siempre en
línea con los planes de acción culturales del Instituto Cervantes y de sus prioridades para aquel país.
7. Eliminar barreras burocráticas para facilitar el flujo de profesionales cualificados, estudiantes y turistas entre ambos países mediante una homologación de títulos más rápida y la puesta en marcha de campañas turísticas conjuntas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Justicia
161/000994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley modernización y mejora de la
jurisdicción social en Ibiza, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La carga de asuntos acumulados en el Juzgado de lo Social de Ibiza antes de la paralización motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 ya obligaba a practicar señalamientos para la celebración de juicios a partir del año 2021. Gran parte
de esos asuntos acumulados están directamente relacionados con despidos improcedentes.
Según apuntan todos los operadores jurídicos el atasco en la tramitación de asuntos que sufre este órgano judicial es notable y susceptible de agravarse en un futuro muy inmediato. A esta situación de congestión acumulada hay que sumarle el
retraso que sufrirá motivado por todos los casos derivados de la conflictividad laboral que provocará de la crisis económica del COVID-19.
Y no solo se constata esta necesidad desde el ámbito jurídico, sino que también desde el ámbito judicial se apunta en la misma dirección. Así se desprende de las sucesivas memorias publicadas por el Tribunal Supremo de Justicia de las Islas
Baleares en las que reiteradamente, desde hace ya varios años, se viene proponiendo al Ministerio de Justicia la creación de un segundo juzgado de lo social en el partido judicial de Ibiza y Formentera.
Frente a esta situación el propio CGPJ insistió en la necesidad de un plan extraordinario de refuerzo en los juzgados de lo Social que acumulan mayor número de procesos de despido pendientes de resolver. Entre ellos se encuentra el de
Juzgado de lo Social de Ibiza que presenta una carga de trabajo que incrementa progresivamente y resulta difícil de asimilar con los medios personales y materiales que dispone en la actualidad.
No obstante, la buena voluntad del órgano de gobierno del poder judicial es cierto que la realidad que afronta hoy el Juzgado de lo Social de Ibiza se encuentra radicalmente agravada. A la problemática coyuntural de acumulación de asuntos
se suma ahora, además, una problemática estructural directamente relacionada con la necesidad de un espacio amplio y seguro donde poder concentrar la actividad del juzgado existente y la segunda unidad jurisdiccional que se reclama.
El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia actualmente en vigor y sujeto a tramitación parlamentaria se antoja insuficiente
para resolver la acumulación de asuntos que en los juzgados de lo social existen y se esperan.
Hace décadas que la sede del Juzgado de lo Social de Ibiza se encuentra en un piso de un edificio plurifamiliar. Los funcionarios, jueces y profesionales del derecho confiaban en poder ocupar en breve parte de las instalaciones de la
segunda fase en la nueva sede judicial recién construida en el centro de la ciudad. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no tiene todavía previsto fecha de ejecución de las obras de la segunda fase que permita concentrar definitivamente el resto
de órganos jurisdiccionales repartidos por la ciudad, entre ellos el Juzgado de lo Social.
A modo de conclusión, lo cierto es que se hace necesaria una actuación inmediata que posibilite la recuperación de la normalidad en la tramitación de los asuntos acumulados y generados por la crisis sanitaria. Esto pasa por la creación de
otra unidad judicial en el ámbito social, tal y como se viene reclamando por todos los operadores jurídicos y el entorno judicial, todo ello sin perjuicio de considerar la necesidad de habilitar nuevos espacios para garantizar la seguridad y la
eficiencia de un juzgado tan importante en situaciones de complejidad como la que atravesamos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta a la consideración de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Justicia a la creación de un segundo Juzgado de lo Social en el partido judicial de Ibiza y Formentera de acuerdo con las consideraciones contenidas en las sucesivas memorias del
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
2. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Justicia a acometer de forma inmediata el proceso para la ejecución de la segunda fase de la sede judicial de Ibiza a fin concentrar definitivamente en el mismo y único edifico la
actividad jurisdiccional del partido judicial.
3. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Justicia a habilitar y trasladar a un espacio seguro y suficiente las instalaciones del Juzgado de lo Social de Ibiza a fin de que pueda desarrollar con garantías sanitarias y mayor
eficiencia administrativa sus funciones mientras se mantenga la imposibilidad de traslado al nuevo edificio judicial.
4. El Congreso de los Diputados insta a reforzar con medios materiales y personales al Juzgado de lo Social de Ibiza a fin de poder asumir, en el menor tiempo posible, sobrecarga acumulada de asuntos en tramitación y los motivados por la
crisis sanitaria del COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-Luis Santamaría Ruiz, Miguel Ángel Jerez Juan y Carlos Rojas García, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/001010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Josep Nuet Pujals, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la financiación
de los Programas Especiales de Armamento y el I+D+i militar, para su debate en instancia en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El gobierno de José María Aznar, en el año 1998, impulsó una estrategia que tenía por objetivo potenciar la industria de defensa y, por ende, el aumento del gasto militar, que se concretó con el inicio de la estrecha cooperación entre los
Ministerios de Industria y Energía y el de Defensa: nacían así los Programas Especiales de Armamento (PEA).
Los Programas Especiales de Armamento se apoyaban en un complejo esquema de financiación: mediante un convenio a tres bandas entre ambos ministerios y las empresas militares, Industria y Energía era quien adelantaba, a través de créditos a
interés cero, dinero para la potenciación de la industria de defensa, a devolver en 20 años en concepto de I+D durante la fase de producción; una vez terminada dicha fase, la empresa debería retornar el importe del crédito, momento en el cual, en
efectuar la compra, sería el Ministerio de Defensa quien desembolsase el importe.
Así pues, el objetivo era mantener aparentemente austero el presupuesto de Defensa, mientras otros ministerios ocultaban el gasto militar, mientras se engrosaban los datos de inversión pública española en I+D, que por entonces relegaba al
Estado a la cola de los países de la OCDE.
Entre 1998 y 2016, Industria facilitó créditos a interés cero en concepto de I+D a empresas armamentísticas por valor de 17.487 millones de euros, atribuibles a 24 proyectos. El principal problema de los PEA, especialmente agudizado a raíz
de la crisis económica del 2008, ha sido el hecho de hipotecar del gasto futuro del Ministerio de Defensa, debido al alto precio de compra agravado por los sobrecostes asociados a la obsolescencia provocada por el largo tiempo contemplado en los
proyectos: en el mismo
periodo 1998-2016, el gasto llegó a los 36.539 millones de euros, lo que generó una importante deuda estatal para con las industrias militares.
Frente a las dificultades de Defensa para asumir dichos costes, como decíamos especialmente a raíz de la crisis de 2008, se impulsó un cambio de estrategia de los PEA en 2013: reprogramación de entregas y pagos con cargo a ejercicios
futuros con horizonte en el año 2030, reducción de programas y compromiso con las empresas armamentísticas de ayuda a la exportación de las armas reducidas. Según las informaciones, el coste final se situó en los 35.576 millones, de los cuales
habían sido abonados 7.931 millones euros, sin contar los 15.000 millones de euros que se condonaron asociados a los créditos de I+D a interés 0 proporcionados por Industria.
Es muy importante remarcar la importancia que los PEA han tenido dentro de la inversión pública del I+D en el Estado, y es que en 1999, por ejemplo, un 54 % de los recursos que el Estado aportaba al total de I+D iban orientados a los PEA,
tal y como se recoge en un estudio realizado por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau en 2017, superando así la inversión en I+D en el ámbito civil. Según recoge el mismo informe, entre 1999 y 2009 se mantuvo una media anual de hasta 1.150 millones
de euros, siendo especialmente importante la inversión durante el gobierno del PP entre 1999 y 2003: en dicho periodo, los créditos para I+D de Industria a los PEA aumentaron su valor en un 216 %, llegando a la cifra de 6.452 millones de euros,
cifras que disminuyeron con la llegada al gobierno del PSOE. Esta inversión en I+D es más que cuestionada por la comunidad científica, apoyándose en dos hechos principales: la transferencia de recursos públicos para la investigación en centros
civiles y militares privados, y el hecho de que no está demostrado que el apoyo en el I+D de empresas militares pueda tener aplicaciones en el ámbito civil, algo fácilmente demostrable si se atiende a las patentes registradas por dichas empresas.
Los PEA llevan años en el punto de mira, dándose el caso de que diversos grupos parlamentarios en el año 2014 aprovecharon el obscurantismo en relación a la forma de financiación de dichos planes, así como su utilidad para la seguridad
nacional en relación al volumen de gasto que implicaban (siendo dicha utilidad cuestionada por políticos y militares) para denunciar ante el Tribunal Constitucional la forma de llevar a cabo dichos pagos, dándoles la razón dicho tribunal en 2016.
Unos años antes, en 2008, se presentó una pregunta para averiguar las cuantías devueltas de dichos créditos, a lo cual el Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios respondió que, 13 años después, habían sido devueltos 81,45
millones de euros. En este futuro escenario post-pandemia, el objetivo principal de toda acción gubernamental debe de ir en la línea de fortalecer el sistema público, contando con el máximo de recursos posible para hacer frente a los verdaderos
retos globales que tenemos ante nosotros.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Enviar un informe a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados sobre la evolución de los Programas Especiales de Armamento desde que se pusieron en funcionamiento. Dicho informe deberá incluir las cuantías prestadas, empresas
destinatarias, a qué finalidades se destinaron los fondos, las cuantías devueltas, así como los responsables de las adjudicaciones y los costes totales de financiación.
2. Proponer un recorte de los Programas Especiales de Armamento y calendarizar la desaparición de los PEAs con el objetivo de liberar recursos para inversión social.
3. Enviar un informe a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados sobre la financiación pública del I+D+i militar en los últimos 15 años. Dicho informe deberá incluir las cuantías prestadas, empresas destinatarias, a qué
finalidades se destinaron los fondos, las cuantías devueltas, así como los responsables de las adjudicaciones y los costes totales de financiación.
4. Reclamar la devolución de todos los créditos realizados en el ámbito del I+D+i militar.
5. Concentrar la inversión de I+D+i en el ámbito civil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Hacienda
161/001023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la reducción del tipo impositivo aplicable en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, del 21 % al 4 %, a los productos sanitarios que sean hoy de uso obligatorio o recomendable en la prevención del contagio por coronavirus, al menos, mientras el país se encuentre en situación de crisis sanitaria, para
su posterior debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El pasado 10 de junio entró en vigor el Real Decreto-ley 21/2020, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este Real Decreto-ley regula las condiciones
que nos permiten volver a nuestras actividades habituales tras el fin del confinamiento domiciliario y la declaración del estado de alarma prevista para el próximo día 21 de junio. Se regulan así todas las medidas necesarias para prevenir el
posible contagio de un virus imprevisible que aún no está erradicado de nuestro entorno y para el que todavía no existe vacuna.
Aunque la vuelta a la normalidad vaya avanzando en todo el territorio, lo cierto es que nuestro país continúa en situación de crisis sanitaria. Por ello, entre otras medidas preventivas que eviten la aparición de nuevos brotes de infección,
el artículo 6 del citado texto normativo regula, bajo el título 'uso obligatorio de mascarillas', el deber de usar mascarilla para todas las personas a partir de los seis años, en toda situación y salvo contadas excepciones, incluida su utilización
en la vía pública y en espacios al aire libre.
El Gobierno no ha previsto, sin embargo, que este producto esencial sea provisto de manera gratuita a los ciudadanos, por lo que debe ser adquirido bajo precio. Siendo esto así, resulta ineludible la necesidad de regular los impuestos que
son de aplicación a un producto sanitario que es, hoy, no solo de uso obligado por ley, sino básico para la protección de la salud pública e individual de las personas.
Actualmente, las mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes y otros artículos de barrera frente al contagio, están gravados a un tipo del 21 % en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el tipo más alto. El IVA que por estos productos
sanitarios deben satisfacer los consumidores que, repetimos, es toda la población mayor de seis años sin excepción, es más elevado que, por ejemplo, la bollería industrial o las bebidas carbonatadas. Esta incongruencia rechazable para el más
elemental sentido común, ha sido ya denunciada por la propia sociedad civil y por diferentes sectores profesionales, como la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles.
En este contexto, parece que existiría amplio consenso para reducir el tipo impositivo de IVA aplicable a estos productos sanitarios obligatorios y esenciales, al tipo superreducido del 4 % en el que se encuentran todos los artículos
catalogados como 'de primera necesidad'. Si hubo consenso para reducir el IVA a los libros, revistas y periódicos electrónicos durante la pandemia, debería haberlo, con más razón, para la modificación del impuesto en este caso, pues pocas cosas
resultan hoy más necesarias e insustituibles que los elementos farmacéuticos de barrera, protección y prevención contra el contagio del coronavirus.
Por otro lado, no es desdeñable en absoluto la carga económica que esta nueva obligación, hoy por hoy ilimitada en el tiempo, supone para los bolsillos de una sociedad muy castigada por una crisis económica en la que ya estamos inmersos y
cuyo fin no se anticipa cercano.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reducir el tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido, del 21 % al 4 %, a los productos farmacéuticos que sean hoy de uso obligatorio o recomendable en la prevención del
contagio por coronavirus, como mascarillas, guantes, geles
hidroalcohólicos, caretas de protección y otros elementos de barrera útiles frente a la infección, al menos, mientras el país se encuentre en situación de crisis sanitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la modificación de la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido con relación a los requisitos que deben cumplirse para la recuperación del IVA de las facturas consideradas total o parcialmente incobrables, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La obligación de los sujetos pasivos de ingresar en la Hacienda Pública el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) cuando este ha sido repercutido pero aún no ha sido cobrado, genera unas importantes e injustificadas tensiones de tesorería en
los empresarios que se agudizan, de manera dramática, en tiempos de crisis como los que se avecinan.
Además, para poder recuperar ese impuesto en el caso de los créditos 'total o parcialmente incobrables', la ley exige el cumplimiento de unos requisitos gravosos que aumentan considerablemente los costes de gestión administrativa de las
facturas impagadas, y alargan extraordinariamente en el tiempo la recuperación de un IVA ya ingresado en el Tesoro pero aún no cobrado del cliente. Así, se exige, entre otros requisitos, que hayan transcurrido al menos 6 meses desde el devengo, o
un año en caso de grandes empresas, y que se haya instado al cobro de la factura mediante reclamación judicial; requisitos que imponen mayores cargas económicas y administrativas a unos empresarios con una economía ya posiblemente comprometida por
el impago de las facturas de las que son acreedores.
Si ya venía siendo un clamor desde hacía tiempo la modificación de la normativa del IVA en este punto, su necesidad se ha vuelto imperiosa a raíz de la profunda crisis económica en la que estamos inmersos y cuyo fin no se anticipa cercano.
Con la presente iniciativa se pretende instar al Gobierno a que modifique la ley reguladora del IVA con el fin de acortar sustancialmente los plazos en los que los sujetos pasivos pueden modificar su base imponible y, por tanto, recuperar el
IVA ya ingresado tras el impago de una factura, de manera que la misma pase a considerarse incobrable desde el momento en que no se ha producido su pago en los 30 ó 60 días legalmente previstos.
Asimismo, proponemos la eliminación del umbral de 300 euros mínimo que existe ahora para que resulte procedente la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones es un particular que no actúa como empresario o
profesional, ya que esto deja fuera multitud de operaciones diarias, en muchas ocasiones, de pequeños negocios que, con la actual redacción, se encuentran imposibilitados para recuperar un impuesto que sí han debido ingresar en las arcas del Estado.
Por último, se propone también la eliminación de la obligación de instar reclamación judicial previa contra el deudor, por suponer una gravosa carga para los acreedores que ya sufren un impago, sustituyéndose tal obligación por el intento
fehaciente de cobro de la deuda acreditado por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
Con estas medidas se pretende poner fin a una situación injusta y gravosa que se venía manteniendo en el tiempo, y modificar la ley en este punto para coadyuvar a otorgar pulmón financiero a unos autónomos y pequeños y grandes empresarios
que, muy especialmente ahora, están siendo severamente golpeados por una crisis económica de consecuencias imprevisibles.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el apartado Cuatro del artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en los siguientes extremos:
1. Considerar un crédito como parcial o totalmente incobrable desde el momento en que haya transcurrido, desde el devengo del impuesto repercutido, el plazo máximo de pago establecido en la normativa que resulte de aplicación, sin que se
haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo,
2. Eliminar la obligación de que la base imponible de la operación sea superior a 300 euros para el caso de que el destinatario de la operación no actúe en la condición de empresario o profesional,
3. Sustituir la obligación de que el sujeto pasivo haya instado a su cobro mediante reclamación judicial o por medio de requerimiento notarial, por una reclamación fehaciente que pueda acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en
derecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
por la que se insta al Gobierno a iniciar una mesa de diálogo con todos los agentes del sector del transporte colectivo de viajeros por carretera, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Motivación
Por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo se declara estado de alarma en todo el territorio de nuestro país con motivo de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 que ha supuesto un confinamiento permanente en el hogar de una buena parte
de la población desde el día señalado y durante casi dos meses, una reducción considerable de la actividad comercial, turística, hostelera y toda aquella actividad que supusiera aglomeración o concentración de personas en un mismo espacio físico así
como la disminución de la movilidad de las personas que quedaba condicionada a los supuestos establecidos en el Real Decreto mencionado.
Todas estas medidas se han tomado al objeto de evitar la propagación del virus al conocerse por la ciencia que el contagio se producía por contacto físico y se facilitaba en la cercanía por lo que uno de los sectores más afectados ha sido el
del transporte colectivo por ser un modo basado en mover muchas personas en espacio físico reducido, pero que a pesar de todo, teniendo en cuenta su carácter de servicio público en su variante por carretera ha mantenido determinada oferta durante el
estado de alarma para cubrir una movilidad de viajeros que sí tenían la necesidad y posibilidad de desplazarse por su actividad considerada esencial.
En este periodo los servicios de transporte colectivo de viajeros por carretera en todas sus variantes han sufrido un desplome de su demanda que va desde el 90 % de los servicios públicos de ámbito urbano e interurbano al 100 % de los
servicios discrecionales al cancelarse la actividad turística, ociosa, comercial y cultural o de servicio escolar por la suspensión de las clases en los centros escolares, lo que ha supuesto una práctica supresión en los ingresos de estas empresas,
que en muchos casos disponía de vehículos haciendo rutas de servicio público con apenas viajeros en cada una de ellos, y por tanto incurriendo en costes obligatorios por servicio público pero sin ingresos por viajeros.
Desde el gobierno de España se han tomado medidas encaminadas a sostener durante la pandemia a empresas y trabajadores a través de prestaciones, moratorias, créditos ICO, etc, que han podido paliar en parte esta situación para un sector, el
del transporte colectivo de viajeros por carretera que como cualquier otra actividad económica necesita de una demanda para mantener su oferta. La acción del gobierno ha supuesto para este sector mantenerse con vida durante la pandemia, reduciendo
sus costes de forma muy considerable asumiéndolos en buena parte el estado, con el propósito de dotar de oxígeno para poder reiniciar de nuevo la actividad en buenas condiciones, una vez finalizado el estado de alarma.
El sector del transporte colectivo de viajeros por carretera supone un nuestro país cerca de 100.000 empleos directos, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia a través de en torno a 3.500 empresas, pequeñas, medianas y grandes. Es un
sector que cubre tanto el servicio público de transporte urbano con empresas públicas o contratistas de servicio público, modalidad esta que rige en el ámbito interurbano con centenares de concesiones de transporte colectivo de viajeros por
carretera de ámbito intermunicipal, interprovincial e intercomunitario. Igualmente, estas empresas de carácter privado, son las encargadas de mover a cientos de miles de estudiantes de primaria y secundaria en el transporte escolar de nuestro país,
así como cubriendo los desplazamientos de miles de trabajadores en servicios de uso especial como a la población que contrata servicios de uso turístico o cultural. En definitiva, es un sector estratégico para la articulación social, económica y
territorial de nuestro país, pero también medioambientalmente pues su utilidad para reducir, tanto en ruido de coches como de los las gases de efectos contaminantes al trasvasar muchos viajeros del vehículo privado al transporte público con menos
emisiones por viajeros dado su carácter colectivo, cuestiones estas que están fuera de toda duda.
Después de semanas de pandemia por el Coronavirus, se va conociendo el funcionamiento del virus con más detalle, y la sociedad, tanto la administración, las empresas como la propia ciudadanía, va entendiendo y asumiendo que una nueva
normalidad nos acompañará hasta que no haya tratamiento y vacuna que permita vencer a este virus.
Esa nueva normalidad con la que conviviremos durante meses y quizás años tiene que ver con medidas higiénicas personales, de desinfección constante de espacios físicos y de mantenimiento de distancia personal que tendrán una especial
repercusión en la actividad del transporte colectivo que deberá tomar medidas para disminuir su posibilidad de desplazar personas a un 30 % de su capacidad real con todo lo que ello implica en la concepción de su negocio.
Desde el Gobierno de España, dado el carácter estratégico para el turismo, la educación y el servicio público de transporte, de un tejido empresarial muy apegado al territorio existente y del empleo que genera se debe impulsar un marco de
trabajo coordinado entre administraciones territoriales municipales, autonómicas y estatal, empresas y trabajadores para tomar las medidas y decisiones correctas en este nuevo escenario.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con el diálogo con el sector del transporte colectivo de viajeros por carretera, representado a través del Comité Nacional de Transporte por carretera, para, junto con Comunidades
Autónomas y Entidades locales, analizar la situación del sector y la toma de medidas de todo ámbito, normativas, fiscales, laborales, sociales, económicas y financieras al objeto de salvaguardar todo lo posible el tejido productivo y el empleo del
sector en el corto, medio y largo plazo teniendo en cuenta las circunstancias en las que se va a desarrollar la actividad económica y social de nuestro país en el futuro más próximo y con ello seguir trabajando para garantizar la viabilidad de
nuestro sistema de transporte público.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban e Ignacio López Cano, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para una mejora de la
regulación del control y medidas de seguridad de las técnicas y modalidades del buceo, para su debate en instancia en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En los últimos años ha crecido la consciencia social entorno a la necesidad de mejora de los sistemas de minimización y control de los riesgos laborales en cualquier actividad productiva. Algo que redunda en la salud, el bienestar del
trabajador y, obviamente, la calidad del empleo.
Esta consciencia social también se ha extendido a actividades que tienen la doble vertiente profesional y recreativa. En este sentido, la seguridad en el desarrollo de actividades físicas que implican riesgos para la salud y la integridad
de los que las practican -ya sea profesionalmente o por ocio- debe ser siempre una prioridad.
El buceo es una actividad regulada y que tiene aplicaciones en diferentes sectores profesionales, así como recreacionales y deportivas. Siendo una disciplina que conlleva grandes riesgos para la seguridad personal de quien la practica. Se
estima que es una de las profesiones con un índice de siniestralidad más alto. Según estudios recientes, la probabilidad de morir de accidente de trabajo de un buzo profesional es de entre 80 y 200 veces más que la de la fuerza laboral general de
todo el estado español. Y, si se compara con la minería el buceo continúa teniendo una probabilidad de muerte por accidente entre 4 y 14 veces más elevada. Entre 1989 y 2017 se calcula que ha habido 209 accidentes de buzos profesionales, 59 de
ellos con resultado mortal. Unas cifras inconcebibles para cualquier sector y a menudo obviadas o minorizadas por las empresas y lobbies que contratan trabajadores para hacer tareas subacuáticas. Por lo que respecta a la regulación, el Gobierno
aprobó un Real Decreto el pasado 2 de junio Real Decreto actualizar las órdenes por tener ya más de dos décadas y la evolución del mercado y los medios técnicos al alcance, diversas asociaciones y sindicatos del sector han detectado graves
inconsistencias y ambigüedades en la nueva regulación del buceo en materia de seguridad. Algunas de ellas no hacen más que generar inseguridad jurídica en relación a las medidas de control y exigencias procedimentales y materiales. Empeorando así
la regulación del 1997.
Habida cuenta que la seguridad debe ser siempre prioritaria es evidente que, algunas de las medidas contempladas en el nuevo Real Decreto, empeoran el control de los riesgos de la actividad y dejan a los buzos en una situación de grave
desprotección.
En concreto, el Subsector de Acuicultura de CCOO, sugiere la modificación y revisión de algunas de las medidas contempladas en el Real Decreto y que deberían tenerse en cuenta para redundar en una mejora de la seguridad de los practicantes
de la actividad del buceo tanto en modalidades recreativas, pero especialmente profesionales son:
- Controles al estado de salud de los buceadores:
Se eliminan los controles anuales y se sustituye por controles cada dos años un reconocimiento médico para el embarque.
- Planificación de la inmersión:
La falta de especificación de tablas para la descompresión que se van a usar para la planificación de la inmersión. Podría ser una temeridad sobreañadida fiar la planificación a los ordenadores de buceo que incluso especifican en su manual
de instrucciones que no son aptos para el buceo profesional.
- Sobre las condiciones climatológicas y el estado del mar:
El Real Decreto es ambiguo en este punto y no fija ni parametriza límites en relación a velocidad del viento, temperatura del agua, corrientes, altura de las olas, etc. Y deja la decisión en manos del
responsable de turno. Además, no se define correctamente el equipamiento y protección térmica adecuadas en función del rango de temperaturas.
- Sobre las señalizaciones y distancias de seguridad:
El Real Decreto refiere a un anexo que contiene también ambigüedades y en el que no se especifican los equipos concretos ni características definidas.
- Embarcaciones de apoyo y patrones de embarcaciones:
El Real Decreto no especifica las características que deben tener las embarcaciones en relación a capacidad, maniobrabilidad y velocidad. Parámetros determinantes para desarrollar las tareas de salvación, exilio y evacuación.
Debería incluirse, también, la obligatoriedad por parte del patrón de embarcación de tener formación sanitaria en actividades subacuáticas.
Sobre las reglas de seguridad para el buceo profesional:
- Cámaras hiperbáricas:
El Real Decreto es poco específico con la definición de las características de las cámaras hiperbáricas. Deberían tenerse en cuenta capacidades y parámetros operativos así como la formación específica que debería tener el personal que las
maneja.
- Técnicas de Buceo profesional:
Sería deseable que el equipo mínimo de personas en cualquier modalidad de buceo fuera de 5 para poder realizar una inmersión.
Buceo profesional autónomo.
Debería restringirse al máximo y autorizarse exclusivamente en casos excepcionales el buceo autónomo en la modalidad de buceo profesional y exigiendo medidas extremas de seguridad a tenor que esta es la variante con la siniestralidad y
peligrosidad más altas. No en vano cabe recordar que la seguridad del buzo se ve mucho menos comprometida en los casos en los que se les suministra el aire desde la superficie.
Así mismo sería deseable restringir el tiempo dentro del medio hiperbárico y determinar las condiciones de visibilidad y estado del agua con parámetros mínimos y máximos en los que se permita la actividad de buceo autónomo profesional.
- Seguridad para el buceo científico:
Deberían aplicarse las mismas reglas y normas que para el buceo profesional autónomo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Abrir un proceso de diálogo con los agentes sociales y expertos en riesgos laborales de los sectores profesionales que tienen el buceo entre sus actividades habituales para determinar un marco normativo que se ajuste a estándares mucho
más altos en materia de seguridad.
2. Aprobar una nueva normativa con las exigencias y especificaciones concretas evitando ambigüedades con tal de establecer parámetros objetivos que garanticen la seguridad de los buzos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/001014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Patricia de Las Heras Fernández, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la toma de medidas para fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril, para su discusión en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020 y las restricciones de movilidad han producido un fuerte impacto para el sector del transporte. Aunque se ha eximido al sector del transporte de mercancías de muchas
restricciones de movilidad, al ser considerada actividad esencial para garantizar el suministro de alimentos y otros productos básicos, este sector se ha visto afectado por la crisis originada por el virus SARS-CoV-2. No cabe duda de que el
transporte de mercancías ya sea por carretera, ferrocarril, vía marítima, vía aérea o cualquier otro medio alternativo ha sido fundamental durante el periodo del confinamiento, y seguirá siendo fundamental tanto a corto como medio y largo plazo.
Como se ha visto durante el confinamiento al que han sido sometidos los españoles durante el estado de alarma, este sector es básico para el abastecimiento de la sociedad. Sin el libre transporte de mercancías, habría sido imposible hacer
frente a las necesidades básicas de los ciudadanos. Pese a que pueda parecer que las mercancías se han visto afectadas de forma poco significativa durante este periodo de tiempo, la realidad es completamente diferente.
El transporte es un sector clave para la sociedad y la economía española. El transporte, incluyendo tanto los viajeros como las mercancías, representa casi el 5 % del Valor Añadido Bruto de la economía española. Asimismo, da empleo de
forma directa a más de 900.000 trabajadores, lo que supone más del 5 % del empleo total y genera un volumen de negocio por encima de los 99.000 millones de euros anuales. Sin olvidar los empleos y riqueza que genera de forma indirecta.
En cuanto a los datos del transporte de mercancías en nuestro país, según el Informe 2018 del Observatorio del Ferrocarril en España (OFE), los resultados de la distribución modal reflejan que España está lejos de alcanzar un equilibrio
modal similar al de la Unión Europea. En España predomina el transporte de mercancías por carretera con valores cercanos al 95 %, frente a los valores que rondan el 77 % de la Unión Europea. En cuanto al transporte ferroviario de mercancías,
España alcanzó un 4,3 % en 2018, cuota que se antoja muy baja comparada con el 17,3 % de los países de la Unión Europea, es decir, cuatro veces inferior.
En lo que respecta al transporte ferroviario de mercancías y el impacto que ha sufrido debido a la crisis provocada por el coronavirus, según datos de asociaciones relacionadas con el sector ferroviario, ha disminuido entre un 26 % y un 50
%, dependiendo del tipo de materia transportada. Durante años, el sector del transporte ferroviario se ha dejado de lado, olvidándose desde las diferentes administraciones de las recomendaciones europeas en cuanto al impulso de esta modalidad de
transporte. El transporte de mercancías por ferrocarril es esencial en los planes futuros de Europa para reducir las emisiones de gases contaminantes, ya que es una modalidad de transporte sostenible.
Es clave explorar y promover los sistemas intermodales, es decir, el transporte de mercancías a través de diferentes medios de transporte. Debido a la localización en España de las fábricas y polígonos industriales, alejados de las
infraestructuras ferroviarias, donde se hace muy difícil el transporte puerta a puerta, es fundamental complementarlo con el transporte por carretera. Por lo tanto, la clave está en la combinación eficiente de los diferentes medios para alcanzar el
mayor rendimiento.
Además del problema mencionado anteriormente, esta modalidad de transporte debe corregir otros asuntos. Entre ellos, destacan las diferencias de ancho de vía, electrificación y señalización de las vías que producen la segmentación de la
red, de forma que esta necesite de material rodante que se adapte a estas especificaciones. Los cánones ferroviarios también suponen un problema tanto actualmente como en su proyección para el largo plazo. La automatización de procesos y la
aplicación de la tecnología es también esencial para mejorar el rendimiento y la competitividad de este modo de transporte.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para impulsar el sector del transporte de mercancías por ferrocarril:
- Promover la renovación y mejora de los nudos ferroviarios, de forma que se incremente la categoría de carga por eje.
- Solicitar a la Unión Europea la cofinanciación de los proyectos de mejora de la infraestructura ferroviaria mediante los programas destinados a ayudas como el Fondo de Cohesión, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o las Ayudas de
la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T)
- Promover la eliminación de cualquier tipo de sobrerregulación en el sector que ralentiza y dificulta el desarrollo de este medio de transporte sostenible.
- Reducir los cánones, especialmente los relacionados con el pago de la infraestructura, y evitar el incremento progresivo previsto para los próximos 10 años, de forma que sea un medio de transporte competitivo.
- Fomentar los sistemas de intermodalidad, con especial relevancia para el transporte por carretera, de manera que se combinen los diferentes medios de transporte optimizando el rendimiento y eficacia de cada uno.
- Promover la innovación tecnológica y la aplicación de tecnologías de la información para aumentar la fiabilidad. Singularmente importante es la implementación de tecnologías relacionadas con la geolocalización y el seguimiento de envíos,
reduciendo de forma significativa los retrasos e incertidumbres.
- Implementar medidas destinadas a reducir las diferencias de ancho de vía, señalización, electrificación o de cualquier otra índole, para disminuir el problema de falta de interoperabilidad y la exigencia que acarrea, consistente en la
obligación de trabajar con material rodante ínteroperable.
- Automatizar ciertas actividades, tales como las relativas al servicio de maniobras en las terminales, de forma que se intenten disminuir los costes asociados al transporte de mercancías por ferrocarril, especialmente los asociados a la
disponibilidad geográfica.
- Evitar los recortes en las inversiones de los proyectos previstos, como el Corredor del Mediterráneo, para eludir desvíos innecesarios en el traslado de las mercancías e implementar de manera eficiente estos planes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Tomás Fernández Ríos, Cristina Alicia Esteban Calonje y Rubén Darío Vega Arias,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/001004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas efectivas contra la
violencia en las aulas y el acoso, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El estudio estatal sobre la convivencia escolar en la Educación Secundaria Obligatoria, elaborado en el año 2010, el último realizado, ya indica que el acoso escolar afecta al 4 % del alumnado en el conjunto del estado español.
Este estudio se llevó a cabo desde el grupo de trabajo constituido por la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. En este grupo participaron diecisiete representantes de cada una de las comunidades autónomas,
así como un representante de la Delegación Especial del Gobierno contra la violencia hacia las mujeres. El estudio se realizó desde una perspectiva integral de la convivencia, lo que permite evaluar los distintos componentes de la convivencia
escolar.
Es también una herramienta útil para evaluar los problemas y objetivos que más preocupan a la sociedad, como el acoso entre iguales, la indisciplina, la vinculación de los estudiantes con la escuela, el comportamiento disruptivo, la
situación del profesorado, la colaboración con las familias, la tolerancia o las condiciones que afectan al riesgo de violencia machista.
El objetivo de este estudio fue, en efecto, obtener un diagnóstico global de la situación actual de la convivencia escolar que pueda ser periódicamente utilizado para su seguimiento.
Hay otros estudios, como el informe de Save The Children, que elevan el porcentaje de acoso escolar y violencia en las aulas al 10 %. Indicando, según la Fundación Anar, que las niñas sufren mayor acoso escolar que los niños y que la
aparición de las redes sociales ha agravado el problema ya que el ciberacoso permite ataques durante las 24 horas del día, siete días a la semana.
Frente a esta situación, los gobiernos del Partido Popular no han cumplido con las obligaciones adquiridas y han renunciado a actuar transversal e integralmente contra el acoso escolar.
El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar no se reúne desde el año 2011, el grupo de trabajo para revisión de protocolos propuesto por el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, no se llegó a formar y el plan nacional por
la convivencia escolar no avanza.
En 2016, el entonces ministro de Educación íñigo Méndez de Vigo, propuso la creación de un registro de casos de acoso escolar y violencia en las aulas. El ministerio anunció la inclusión de este registro dentro del Plan de Convivencia
Escolar, entre otras medidas destinadas a combatir el acoso en las aulas. La formación específica de profesores, una guía para las familias de los alumnos y alumnas, la puesta en marcha de una red de escuelas 'tolerancia cero', un teléfono gratuito
de atención a las víctimas y la coordinación junto a las comunidades autónomas de un protocolo de convivencia escolar fueros medidas anunciadas y que jamás fueron desarrolladas.
Durante el curso 2015-16, se elaboró el Plan Estratégico de Convivencia Escolar mediante un proceso participativo coordinado por el ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación
Educativa. Con este motivo se ha creado un grupo técnico compuesto por representantes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de otros organismos gubernamentales. También se han incorporado las
aportaciones realizadas por este grupo técnico y por entidades del Tercer Sector que trabajan en el ámbito de la convivencia escolar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, de forma coordinada con las comunidades autónomas titulares de dichas competencia, un protocolo de actuación efectivo frente a casos de acoso escolar y violencia en las aulas que incluya, como mínimo, la necesaria formación del
profesorado, la atención al alumnado víctima de acoso escolar y violencia en las aulas.
2. Actualizar, en el marco del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, el Plan Estratégico de Convivencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2020.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan José Aizcorbe Torra y D.ª Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de una campaña de información dirigida a pymes y autónomos, así como establecer protocolos de prevención de riesgos laborales que incluyan la realización de test a
todos los empleados previa incorporación a la vida laboral, para su debate ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. Ante la emergencia nacional de la COVID-19, muchos sectores económicos se están viendo afectados, entre ellos, las empresas y los autónomos, siendo ambos el pilar indispensable de nuestra economía, y a su vez, los más desprotegidos
ante situaciones con efectos económicos adversos.
Actualmente, en España existen zonas que se encuentran en fases distintas de desescalada: algunos territorios están en fase 2 y otros en fase 3. Esto significa que poco a poco se va reanudando la actividad laboral y económica. En este
sentido, el objetivo es que en las próximas semanas se alcance lo que el Gobierno de España ha denominado 'nueva normalidad'.
A pesar de ello, hay algunos sectores que, pese a todo, siguen mayoritariamente paralizados y tienen unas expectativas bajas de que se reanude la actividad. Así sucede con aquellas actividades estacionales o que concentran a un elevado
número de personas como, por ejemplo, el sector de los feriantes o los sectores que dependen directa o indirectamente del turismo como las actividades de restauración o comercios en zonas de interés turístico.
Segundo. La inacción del Gobierno de España en la toma de decisiones adecuadas para evitar la pandemia, así como el consiguiente cierre de los negocios por imperativo legal, ha provocado que muchos autónomos y PYMES hayan sufrido un fuerte
impacto económico negativo.
En este punto es preciso recordar que, en España, los autónomos con PYMES sin asalariados representan en torno al 54 % de las empresas; las microempresas en torno al 40 %; las pequeñas en torno al 5,5 %; las medianas, 0,9 % y las grandes,
0,2 %. Además, las empresas con menos de 10 trabajadores representan el 95 % del total de las empresas en España.
Estos datos ponen de manifiesto el tejido empresarial español y la importancia de proteger a los autónomos y a las PYMES adoptando medidas en consonancia con sus intereses y que, en todo caso, facilite su crecimiento.
Tercero. En este sentido, la reanudación de la actividad y la vuelta a la normalidad, unido a las medidas de prevención sanitarias exigidas por el Gobierno de España está provocando desconcierto e incertidumbre en autónomos y PYMES.
Y es que desde que el Gobierno de España decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo de 2020, se han dictado un gran número de Órdenes Ministeriales con el fin de gestionar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, lo cual ha
ocasionado una proliferación de normas legales y reglamentarias que abocan a toda la población -y en especial a los legos en Derecho- en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica.
Esto revela que es preciso una campaña de información clara y precisa por parte del Gobierno de España dirigida especialmente a los autónomos y a las PYMES que, a priori, son los colectivos con menor capacidad logística y de recursos para
saber qué hacer, cómo, cuándo y dónde para reanudar la actividad observando todas y cada una de las medidas de prevención aprobadas por el Gobierno de España.
Cuarto. Por otro lado, la situación de emergencia actual ha generado un riesgo grave para la salud de los trabajadores y de las personas cercanas a los mismos.
Por este motivo, una campaña de información eficaz dirigida a los autónomos y PYMES también cumpliría con el objetivo de prevenir la salud de los trabajadores en el trabajo.
En este punto es preciso recordar que uno los objetivos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, LPRL) es 'la promoción de la mejora de las condiciones
de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo' (art. 5.1 LPRL).
Y que, entre los derechos de los trabajadores recogidos en esta disposición normativa, se reconoce tener una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo cual supone, a su vez, 'la existencia de un correlativo deber
del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales'. (art. 14.1 LPRL). También reconoce este derecho el Estatuto de los Trabajadores en los artículos 4.2 d), 5 b) y 13.4.
Por lo tanto, queda claro que informar clara y suficientemente a trabajadores y empresas y, especialmente, a autónomos y PYMES sobre los recursos, medidas y herramientas para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 también deriva de la
normativa laboral.
Quinto. Por todo ello, el Gobierno de España debe impulsar una campaña informativa dirigida especialmente a autónomos y PYMES cuyo objeto sea informar de las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus en el ámbito
laboral.
Esta campaña informativa debería tratar especialmente los distintos tipos de test existentes para detectar el contagio por el virus SARS-CoV-2, los lugares en los que pueden realizarse los test, informar de los costes económicos que supone
la realización de los test y, en definitiva, toda la información que ayude a los trabajadores y PYMES a la realización de pruebas diagnósticas de detección de la COVID-19 que, como se ha indicado, debe tratarse como una medida de vigilancia de la
salud amparada por la legislación vigente, respetuosa con la integridad física del trabajador, y proporcional al riesgo existente, que únicamente aporta beneficios en el ámbito laboral, y afecta a toda la sociedad en su conjunto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Elaboración de una campaña de información y publicidad de prevención del coronavirus en el ámbito laboral y dirigida especialmente a las PYMES y autónomos.
2. En particular, informar sobre los distintos tipos de test de contagio del coronavirus, lugares en los que puede realizarse la prueba, requisitos para su realización y el coste económico aproximado de la ejecución de estas pruebas. Todo
ello con el fin de dotar de seguridad y confianza a empresas y trabajadores como medida impulsora de la actividad económica.
3. Promover las reformas normativas pertinentes para incluir como gasto deducible en el Impuesto de Sociedades los gastos ocasionados por la realización de pruebas diagnóstico del virus SARS-CoV-2.
4. Promover las reformas normativas pertinentes para incluir como gasto deducible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los gastos ocasionados por la realización de pruebas diagnóstico del virus SARS-CoV-2.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2020.-Juan José Aizcorbe Torra y Mireia Borrás Pabón, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
garantizar las protecciones socioeconómicas de los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La tecnología ofrece nuevas formas de poner en contacto a trabajadores y clientes a través de plataformas de reparto online. Estas plataformas posibilitan la ejecución de diversos servicios a través de internet por medio de la coordinación
y gestión de las tareas mediante algoritmos automatizados.
Se calcula que el empleo en las plataformas digitales de reparto supera la cifra de 15.000 personas en el estado español.
Todo ello supone la creación de 'nuevos puestos de trabajo digitales' que como bien apunta UGT en su informe El trabajo en las plataformas digitales de reparto, 'constituyen un modelo de negocio basado en el desempeño de una actividad
eminentemente tradicional ya existente a la que no se aporta innovación alguna', puesto que las empresas que utilizan una plataforma digital para ofrecer sus bienes y servicios, actúan de intermediarias entre los clientes y la persona que realiza la
prestación. Desgraciadamente, en la mayoría de las ocasiones, dicha novedad tecnológica se utiliza en el ámbito de la prestación de trabajo como excusa para camuflar relaciones laborales haciéndolas pasar por mercantiles.
Una de las fórmulas más conocidas de las plataformas digitales que coordinan transacciones mediante el uso de algoritmos, son las de reparto de paquetería, mensajería y comida realizadas por los 'riders' que, mediante uso de su propio medio
de transporte individual -la mayor de las veces con una bicicleta- se encargan de repartir de la mercancía que los clientes han solicitado a través de plataformas como Deliveroo, Glovo o Uber eats. Pero también se da con plataformas que desempeñan
otras actividades: de transporte (Cabify y Uber), de limpieza y otros servicios a domicilio (Clintu, Flycleaners, GetYourHero, Mr, Jeff, Taskrabbit, Wayook.es), de cuidado de personas dependientes (Aiudo, Cuideo, Cuidum, Interdomicilio) o de guías
turísticos y agencias de viajes (Feel The City Tours, Frikitrip, Leaf.com, Ogo Tours, Plan & Go, Sandema).
Para un sector importante de las plataformas digitales, se ha convertido en el eje de su modelo de negocio, puesto que, bajo la apariencia de la creación de nuevas empresas tecnológicas, las personas trabajadoras pasan a ser trabajadores
intermediarios, etiquetados como autónomos, que son pagados por cada tarea completada, en lugar de ser empleados a través de contratos de trabajo regulares que incluyan una protección social.
Estos trabajadores, por tanto, acaban dependiendo de las tareas que le son asignadas por un algoritmo en las que se generan situaciones laborales muy precarias. Muchos de los trabajadores luchan por obtener un ingreso suficiente, incluso
cuando trabajan a tiempo completo, lo que les condena a la inseguridad e inestabilidad económica. En última instancia, la falta de contratación regular, supone la pérdida de garantías y derechos legales en materia de jornada, salarios, periodo de
descanso y permisos, vacaciones, salud laboral, y seguridad. Lo que significa que estos trabajadores y las trabajadoras están obligados a continuar trabajando cuando están enfermos o se ven abocados a dejar de tener ingresos cuando causan
enfermedad. Muchas plataformas tampoco están dispuestas a proporcionar formación profesional, ya que temen que, otorgando dicha capacitación, pueda obligarles a reconocerlos como empleados.
Otra particularidad de este tipo de trabajo es que pueden ser fácilmente reemplazados por otras personas, dado que, al no estar organizados y al ser considerados autónomos de su trabajo carecen de poder de negociación hacia la plataforma
para la que prestan el servicio. Esto genera dificultades a la hora de defender sus derechos. Los sindicatos organizados y las cooperativas de trabajadores pueden ser muy eficientes en el equilibrio de la distribución del poder entre empresa y
trabajador; pese a que algunas plataformas intentan evitar su desarrollo, así vemos a grupos de trabajadores autoorganizándose como es el caso de 'Riders por Derechos'.
Como bien apunta el informe 'El treball en plataformes digitals a la Comunitat Valenciana' elaborado por la Cátedra de Economía Colaborativa de la Universitat de València e impulsado por el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación,
LABORA, 'es de suma importancia regularizar la utilización incorrecta por parte de algunas plataformas de la figura del autónomo y reconocer la laboralidad de sus trabajadores y de los derechos laborales'.
Diferentes sentencias han dictaminado que los trabajadores de plataformas digitales deben ser reconocidos como empleados. Así lo especificó la primera sentencia que se dictaminó en el Estado español por el juzgado de lo Social número 5 de
Valencia que, consideró la relación entre los repartidores y la compañía Deliveroo como una relación laboral y no de transacciones entre autónomos y una empresa.
La pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto la dependencia que la sociedad tiene de estos trabajadores, que no cuentan con protección laboral. La crisis económica resultante que estamos presenciando afectará a los medios de vida en los
próximos años, de gran parte de la clase trabajadores, sobre todo si no se ponen las medidas necesarias de protección de los trabajadores y trabajadoras, se corre el riesgo de incrementar aquellas que ya son de por sí precarias.
Por todo ello, es necesario intensificar los controles y las inspecciones, pero también hay que profundizar en el desarrollo de otro tipo de modelo laboral que sea justo y respetuoso con los derechos de las personas que participan en ella.
Para asegurar que ningún trabajador sea forzado a ser precario o trabaje en intolerables condiciones de trabajo sin protección social ni independencia económica, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular las peculiaridades del trabajo realizado mediante plataformas digitales y aplicaciones móviles, con objeto de poner fin a la actual relación de trabajo no mercantil y acabar con la situación de proliferación de falsos autónomos
como consecuencia.
2. Dotar de más recursos humanos y económicos a la Inspección de Trabajo con el objetivo de incrementar la eficacia de la actuación inspectora para garantizar:
a) Una protección social básica en materia de jornada, salarios, periodo de descanso y permisos, vacaciones, salud y seguridad laboral;
b) El derecho a la negociación colectiva de los trabajadores sobre sus derechos laborales y capacidad para formar sindicatos y cooperativas de trabajadores;
c) El acceso a formación y capacitación profesional;
d) La empleabilidad adecuada por parte de las plataformas digitales y no bajo la fórmula de falsos autónomos;
e) Una regulación y una fiscalidad adecuadas de las plataformas digitales que refuerce la lucha contra la evasión fiscal;
f) La transparencia de los algoritmos y los criterios utilizados para determinar la distribución de tareas y el precio que se paga a los trabajadores vinculados a las plataformas digitales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-Joan Baldoví Roda, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley por la continuidad de la planta de Alcoa en San Cibrao, para su debate en la Comisión de Industria.
Exposición de motivos
Toda la comarca de A Mariña se está movilizando en los últimos días para evitar el posible cierre de la planta de Aluminio en San Cibrao, lo que supondría la pérdida de unos ochocientos puestos de trabajo entre empleos directos y de las
empresas auxiliares. Debe recordarse que Alcoa tiene más de mil trabajadores en las dos plantas, Alúmina y Aluminio, y las empresas auxiliares, más de setecientos. Por el momento, la empresa ha abierto un período de consultas, y baraja la
posibilidad de una reestructuración de la planta de San Cibrao, pero no se descarta ninguna posibilidad.
Alcoa ya comenzó en marzo una parada de las cubas en electrolisis, que aunque en aquel momento se anunció como temporal, parecía preludiar ya el camino hacia un posible cierre. A día de hoy ya están inactivas entre 18 y 21 cubas que no son
rebrascajadas y se retiran de la línea. Esta medida ya tuvo consecuencias directas en las empresas auxiliares con 43 trabajadores en ERTE.
El principal problema que amenaza la viabilidad de la empresa son los altos costes de la energía eléctrica, que resulta imprescindible para la producción en la planta de aluminio.
La solución al alto coste de la energía tanto para Alcoa, como para el resto de las empresas consideradas grandes consumidoras de energía en nuestro país, pasa por la puesta en marcha de una Tarifa Eléctrica Galega, como siempre ha defendido
el BNG. En Galiza somos exportadores de energía, soportamos los costes medioambientales de esa producción, por lo que sería de justicia, que en compensación, el territorio gallego pudiera regular su propio marco energético y que el coste fuera
menor para sus industrias y consumidores en general.
Además, otras medidas que podrían paliar la situación, como la reforma del Estatuto del consumidor electrointensivo, comprometidas por el Gobierno central y que aún no están vigentes, posibilitarían la adquisición de energía a bajo coste,
tema respecto al cual, la propia empresa ha lamentado públicamente que desde el Gobierno no se haya dado ninguna serial de cambio.
El Gobierno deberá poner en marcha medidas que supongan un abaratamiento del coste de la energía, para permitir la viabilidad económica y productiva de esta empresa y del conjunto de la industria electrointensiva.
En todo caso, ante el anuncio de cierre de la planta de Aluminio, y para evitar la catástrofe económica y social que tendría en toda la comarca, el Gobierno español deberá apostar por la nacionalización de la factoría, que ya en su día fue
pública y que nunca debió ser privatizada, asegurando así, los puestos de trabajo y el futuro económico del principal motor económico en A Mariña. Ni el marco normativo gallego, ni el del Estado, ni el de la Unión Europea impiden la nacionalización
de Alcoa, por lo tanto, esta solución solo necesita de la voluntad política de las Administraciones públicas, solución que permitiría preservar el empleo y salvar una comarca entera.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La intervención de Alcoa para retornarla al ámbito público, nacionalizando la planta, para así mantener los puestos de trabajo que dependen de la misma y el futuro económico y social de toda la comarca de A Mariña.
2. Posibilitar una Tarifa Eléctrica Galega que resarza a Galiza de los costes de producción, que permita a las familias beneficiarse de la riqueza energética de su país y al mismo tiempo favorezca la viabilidad de la industria asentada en
su territorio.
3. Poner en funcionamiento el Estatuto del Consumidor Electrointensivo que permita que factorías como Alcoa San Cibrao pueda mantener su actividad productiva sin pérdidas económicas y así garantizar el futuro de la factoría y de los puestos
de trabajo de la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plural.
161/001008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre comercio mundial, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo.
Exposición de motivos
El desafío para el comercio internacional va a ser enorme. En la última reunión del G-20, los países participantes acordaron seguir trabajando para lograr un entorno de comercio e inversión internacional que sea libre, justo, no
discriminatorio, transparente, predecible y estable, así como para mantener sus mercados abiertos. Asimismo, se acordó identificar acciones para seguir aliviando el impacto del COVID-19 en el comercio internacional, así como acciones, a largo
plazo, para apoyar al sistema multilateral de comercio y acelerar la recuperación económica. En dicha sesión del G-20, en nombre del Gobierno de
España, y en línea con la Unión Europea y sus otros Estados miembros presentes, se propusieron tres compromisos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender en los organismos y foros internacionales como el G-20:
1. Mantener una política comercial acorde con los acuerdos y normas de la Organización Mundial del Comercio, que eviten medidas restrictivas al comercio internacional, pues estas solo ahondarían el daño hecho a nuestras economías.
2. Revertir las medidas restrictivas al comercio internacional, tanto arancelarias como no arancelarias establecidas antes y durante de la pandemia, para que dichas políticas comerciales se alineen con las normas de la Organización Mundial
del Comercio.
3. Trabajar juntos para reformar y modernizar la Organización Mundial del Comercio, institución central del sistema multilateral de comercio, para adaptarla a los retos del comercio internacional del siglo XXI, así como para favorecer la
estabilidad y predictibilidad de las relaciones comerciales internacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-Alejandro Soler Mur, Adolfo Pérez Abellás, Sandra Guaita Esteruelas, Juan Bernardo Fuentes Curbero, Cristina López Zamora, Ana María Botella Gómez, María Luisa Faneca López, Patxi
López Álvarez, María Ángeles Marra Domínguez, César Joaquín Ramos Esteban, Germán Renau Martínez, María del Pilar Rodríguez Gómez y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/001011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo al sector del turismo y la hostelería en la provincia de Salamanca,
para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
El sector servicios es la piedra angular sobre la que pivota la economía de Salamanca y, dentro del mismo, el turismo y la hostelería son dos de sus partes fundamentales. Según datos de la EPA correspondientes al primer trimestre del año
2020, sobre el total de personas ocupadas en la provincia de Salamanca, el 75,4 % desarrollan su actividad en el sector servicios. En términos absolutos 14.849 personas están ocupadas en este sector.
El turismo y la hostelería son por sí mismos ámbitos de actividad económica que debido a su importancia merecen ser tratados de forma separada del resto en la provincia de Salamanca y, por lo tanto, precisan de una consideración especial por
parte de las administraciones públicas ya que generan el mayor volumen de negocio y de empleo en Salamanca.
Según los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León en su Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León del año 2019, el sector del turismo y la hostelería en la provincia de Salamanca generó unos ingresos anuales de 478,9 millones
de euros, de los cuales, 175 millones fueron realizados a través de la restauración. Salamanca es la provincia de Castilla y León que más ingresos genera en concepto de turismo, lo que da una idea de la importancia de este sector no solo en la
economía de la provincia si no en toda la Comunidad Autónoma.
Salamanca recibió en el año 2019 a 1.479.704 turistas, de los que 1.043.747 eran españoles y 435.957 extranjeros. De ahí la importancia de Salamanca como referente en el ámbito del turismo de interior pero también como destino internacional
pujante con un incremento del 30 % de visitas de ciudadanos de otros países en los últimos años a pesar de no contar con un aeropuerto internacional.
En cuanto al empleo el número de trabajadores del sector fue de 10.291 personas en 2019, un 14 % de los trabajadores de la provincia de Salamanca. La pujanza del sector se demuestra con el incremento del 2,19 % de trabajadores de 2019
respecto al año anterior; o del 11 % en el número de empresas dedicadas al alojamiento; o también del 2,74 % a la restauración para el mismo periodo de tiempo.
Todos estos datos son indicadores de la importancia del turismo y la hostelería en la economía salmantina. Es por tanto lógico plantear que sea en estos sectores sobre los que se requiere un compromiso de todas las administraciones públicas
para impulsar medidas orientadas a encontrar una salida social y económica equilibrada.
Desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo el Gobierno de España ha impulsado diversas medidas con el objetivo de paliar el impacto negativo de la crisis en trabajadores, autónomos y empresas, generando un marco de
diálogo con las principales organizaciones y asociaciones representativas, llegando a acuerdos en los principales paquetes de medidas.
El turismo y la hostelería no son ajenos, no pueden serio, a esa situación. Hasta la fecha desde el Gobierno se han tomado las siguientes medidas de apoyo y reactivación a estos dos sectores:
- Línea de financiación prevista inicialmente para los afectados por la insolvencia del Grupo empresarial Thomas Cook.
- Línea de avales para garantizar la liquidez al conjunto el tejido productivo, con especial foco en pymes y autónomos.
- Línea específica de CERSA para fomentar la concesión de crédito de las entidades bancarias al contar con garantías de las Sociedades de Garantía Recíproca.
- Refuerzo de la protección de trabajadores y empresas a través de los ERTE que están permitiendo proteger a más de un millón de trabajadores en la hostelería y que se han ampliado hasta el mes de junio. En Salamanca hay 8.515 solicitudes
de ERTE en el sector de la hostelería.
- Prestación extraordinaria para autónomos por cese o reducción de actividad que beneficia a más de un millón de autónomos, siendo comercio, hostelería y turismo las actividades más beneficiadas.
- Aplazamiento del pago de impuestos y deudas con la Seguridad Social para pymes y autónomos. El aplazamiento de impuestos alcanza a alrededor de 400.000 pymes y autónomos por un total de 2.334 millones de euros.
- Moratoria para hacer frente al pago del alquiler de los locales comerciales.
Dentro del marco de interlocución con el sector, el pasado 4 de mayo la Ministra de Industria, Comercio y Turismo mantuvo un encuentro con un centenar de representantes del sector para atender sus demandas, encuentro que se suma a las
reuniones que se vienen manteniendo desde el Secretaría de Estado de Turismo para acordar medidas de protección de la hostelería y la restauración desde el inicio de la crisis sanitaria y de relanzamiento en la fase de desescalada.
El acuerdo e interlocución con el sector y las Comunidades Autónomas ha dado también sus frutos en la elaboración de varías guías, ya aprobadas por el Gobierno y publicitadas por el Ministerio de Sanidad el pasado día 10 de mayo. En
concreto, se han elaborado las 'Medidas para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios frente al COVID-19' para hoteles y apartamentos turísticos, albergues/hostels, alojamientos rurales, guías de turismo, balnearios, campings, restaurantes y
agencias de viajes.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe impulsando medidas de protección y de relanzamiento en la fase de desescalada al sector del turismo y la hostelería dentro de un marco de diálogo social con los representantes
del sector y con el resto de administraciones públicas implicadas, considerando la importancia que la hostelería y el turismo tienen en territorios cuya economía depende en buena medida de ellos como sucede en la provincia de Salamanca, para
permitir la recuperación del sector turístico y continuar la transformación del turismo español hacia un modelo de sostenibilidad socioeconómica, medioambiental y territorial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2020.-David Serrada Pariente, Diputado.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las condiciones de acceso al
Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La industria española genera en torno al 20 % del PIB de nuestro país y un fuerte efecto tractor sobre otros sectores, además de empleos de alta calidad en términos de salario, estabilidad y formación.
Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y la paralización de gran parte de la actividad económica de nuestro país asociada a dicha crisis, el sector industrial ha sufrido un gran revés en muchos y diferentes
aspectos de su funcionamiento (aprovisionamientos, logística, ingresos, etc.).
A pesar de ello, la industria española está siendo una palanca fundamental para combatir la pandemia, al posibilitar los servicios y productos esenciales que la sociedad española requiere para poder hacerle frente, por lo que se necesita más
que nunca un consenso para el apoyo institucional a las empresas que conforman nuestro tejido industrial.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el responsable del desarrollo de las políticas de reindustrialización y dinamización tecnológica de la industria de nuestro país, llevando a cabo actuaciones de apoyo dirigidas a potenciar,
regenerar y crear tejido industrial. A tal fin, una de las herramientas más eficaces con las que cuenta el citado Ministerio, es el Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización (en adelante REINDUS) concebido con fin de atenuar, y en
lo posible evitar, efectos adversos sobre el conjunto del tejido industrial de nuestro país, en particular, en aquellas zonas en las que puedan ser más intensos.
Sin embargo, los cambios normativos en las condiciones de acceso a estas ayudas desde la llegada del Gobierno actual, en concreto, en los avales exigidos, que se han incrementado desde el 41 % al 71 %, y los obstáculos para que accedieran a
estas ayudas los nuevos proyectos, están haciendo fracasar las últimas convocatorias del programa REINDUS.
Las previsiones para el programa de este año pueden hacer fracasar igualmente la convocatoria. En concreto, si se marcan plazos de finalización para los proyectos en diciembre del 2020 harían inviable su ejecución de teniendo en cuenta el
presupuesto de los proyectos y que la tramitación administrativa acabaría en torno a septiembre como mínimo. Así mismo si se determinase una cuantía máxima, los principales proyectos que desarrolla el sector que se acoge a este programa quedarían
excluidos.
De hecho, en la convocatoria del 2020, se prevé una ejecución de aproximadamente la mitad de los 400 millones disponibles en los PGE 2020 (prorrogados de 2018) porque las empresas no pueden afrontar estos avales.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la prórroga de todos los vencimientos del año 2020 del programa REINDUS cobrados en años anteriores. Esto se debería de realizar de forma automática, con mínima burocracia y aplazándolas, al menos, hasta junio de 2021.
2. Proceder a la devolución de avales de proyectos ya realizados, lo cual generaría liquidez inmediata en las industrias ya que los avales llevan implícita una pignoración alta.
3. Reducir los avales hasta el 10 %, cara a la Convocatoria REINDUS 2020, pendiente de publicar.
4. Establecer dos tramos de cantidades a conceder en las ayudas. Una por debajo de 800.000 con un interés del 0,1 % y otra por encima de 800.000 e con un interés del 1,1 %.
5. Flexibilizar y eliminar las trabas a Empresas de Nueva Creación (sin cuentas significativas) y al resto de Industrias, incorporando unos ratios razonables, lo cual supondría un gran apoyo dada la crítica situación que todas las empresas
industriales van a pasar durante 2020.
6. Tramitar la Convocatoria REINDUS 2019, pendiente de pago, a través del método Fast Track, valorando reducir avales y pago inmediato.
7. No limitar el plazo de ejecución para las ayudas del año 2020 a diciembre de 2020, pudiendo ser plurianual.
8. Simplificar y agilizar al máximo los trámites burocráticos asociados a la gestión de estas ayudas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-Guillermo Mariscal Anaya, Tristana Moraleja Gómez, María de la O Redondo Calvillo, Alberto Herrero Bono y Paloma Gázquez Collado, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para reforzar los Servicios Sociales tras el COVID-19 y consolidarlos como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
En 2006 se aprobó en España la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. A partir de ella se pretendía iniciar la construcción de ese cuarto pilar del Estado de Bienestar, que junto
a los servicios sociales públicos, debía cubrir las necesidades de las personas más vulnerables de nuestro país, y promover la inclusión y la cohesión social. Desgraciadamente, la crisis económica iniciada en 2008, y la falta de financiación,
especialmente las los recortes sufridos en 2012, ha impedido atender adecuadamente a este sector de la población, lo que hacía que se postergase también la puesta en funcionamiento del Sistema de Servicios Sociales, tan necesario para cubrir las
necesidades básicas de la ciudadanía en general, y de las personas que están en peligro de exclusión social en particular.
Esta situación, que se alargó hasta 2014, no afectó únicamente a las personas dependientes. A partir de 2010, muchos españoles y españolas sintieron de manera dramática el impacto de la crisis económica, cuando recibieron el azote económico
consecuencia tanto de una economía basada en el sector de la construcción, como en la especulación inmobiliaria, lo que llevó a las administraciones autonómicas y locales a priorizar las políticas de atención a las personas como una forma paliativa
de proteger a las familias, que no podían hacer frente a los gastos hipotecarios con salarios precarios, prestaciones por desempleo o ayudas asistenciales.
El alto índice de desempleo, el elevado número de personas paradas de larga duración y las finitas rentas mínimas de las comunidades autónomas, llevaron a muchos ciudadanos y ciudadanas a depender de las ayudas asistenciales de los servicios
sociales municipales.
Cuatro años después, en 2018, el indicador AROPE, todavía señalaba que la pobreza y la exclusión social era del 26,1 % en nuestro país, 2,8 puntos más alto que en el año 2007 y 4,2 puntos más alto que la media europea. Motivo por el cual,
en marzo de 2019, el Gobierno de España, con el objetivo de combatir la pobreza y la exclusión social, aprobaba la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Dos años después, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaraba la COVID-19, detectada por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, una pandemia.
A la crisis sanitaria se le añade la económica y social provocada por la hibernación de la economía, necesaria para controlar la pandemia y garantizar la vida de los y las españolas. Por este motivo, desde el primer momento, el Gobierno de
España ha decretado una serie de medidas para conseguir mantener
el mayor número de contratos posibles (ERTES), al mismo tiempo que se decretaban medidas sociales para acompañar a las personas más vulnerables. Medidas como la moratoria en el pago del alquiler y/o hipoteca, la garantía energética, o la
aprobación del Ingreso Mínimo Vital.
Medidas todas ellas que apuntan la necesidad de reforzar el Estado de Bienestar para poder garantizar la inclusión y cohesión social, y la igualdad de oportunidades al global de la ciudadanía. Para conseguirlo, es indispensable reforzar el
Sistema de Servicios Sociales, consolidándolo como cuarto pilar del Estado de Bienestar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a colaborar con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, para la puesta en marcha de medidas que refuercen el Sistema público de Servicios Sociales, y
entre otras:
- Reforzar el rol de los Servicios Sociales Municipales como interlocutores clave a nivel social, junto a las Comunidades Autónomas y a las entidades del Tercer Sector, de las consecuencias derivadas por la COVID-19.
- En línea con las medias de suplemento de crédito ya puestas en marcha por el actual Gobierno, crear un fondo no reembolsable para incrementar la dotación de financiación de las Comunidades Autónomas, y así hacer frente entre a otras
cuestiones, al gasto social derivado de la crisis por la COVID-19.
- Definir y configurar un nuevo sistema de servicios sociales de calidad, garantista y universal que amplíe y complemente su acción protectora, potenciando el avance del modelo de Estado Social que consagra la Constitución Española.
- Valorar, previo análisis de la situación actual del sistema de los servicios sociales en nuestro país, el establecimiento de una cartera mínima de servicios sociales comunes en todas las Comunidades Autónomas, en el marco de una nueva
normativa estatal de servicios sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Sonia Guerra López, Diputada.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de
Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad relativa a la lucha contra el sinhogarismo.
Exposición de motivos
El sinhogarismo es la expresión más extrema de pobreza, desigualdad y exclusión social. Es un fenómeno complejo por su multicausalidad, y que se visualiza en la carencia de una vivienda segura, adecuada, permanente y que proporcione un
marco estable de convivencia. Los últimos datos del INE sitúan el número de personas sin hogar en 31.000, mientras que otros organismos ponderan que podría haber alrededor de 40.000 personas viviendo en la calle, en viviendas inseguras o
inadecuadas. El 80 % de los afectados por este fenómeno son hombres, aunque el perfil de las personas sinhogar se ha ido transformando en las últimas décadas a causa de la extensión y crecimiento de la vulnerabilidad social, la precariedad laboral
y de la incapacidad de hacer efectivo el derecho una vivienda digna. Cada vez son más las mujeres (20 %), jóvenes, migrantes (46 %) y trabajadores pobres los damnificados por esta situación. El 35 % de las personas sin hogar se encuentra en esta
situación tras haber perdido su empleo, y el 44 % presentan situaciones cronificadas de sinhogarismo, esto es, llevan más de 3 años sin hogar.
A consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el gobierno se ha visto forzado a poner en marcha multitud de medidas de apoyo a los colectivos más vulnerables para evitar que, a
diferencia de la gestión que se hizo en la crisis del 2008, los costes económicos, sanitarios y sociales de la lucha frente a esta pandemia recaigan en exclusiva sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. La vulnerabilidad que
presentan las personas sin hogar frente al virus al no disponer de un lugar donde refugiarse y no poder cumplir con las recomendaciones de higiene y distanciamiento social, ha puesto en la agenda política la necesidad de desarrollar estrategias
específicas de atención a las personas sin hogar de manera urgente. A pesar del esfuerzo de las administraciones públicas por reforzar los centros para personas sin hogar con personal sociosanitario y habilitar amplios espacios de alojamiento y
comedores sociales, las estructuras institucionales, ya de por sí debilitadas resultado de la época anterior de recortes y privatizaciones, no han sido capaces de dar una respuesta eficiente a la actual crisis sanitaria. La escasez de recursos, de
personal y de previsión ha provocado el colapso y la aglomeración en los centros de acogida, aumentando el riesgo de contagio entre las personas residentes. En definitiva, esta crisis está dejando al descubierto la debilidad del modelo de atención
a las personas sin hogar basado en alojamientos temporales y colectivizados que perpetúan las situaciones de vida precarias y no ofrecen la protección del derecho a la vivienda, a la privacidad y a la inclusión.
Esta crisis nos brinda la oportunidad de revertir la tendencia que ha orientado las acciones de lucha contra el sinhogarismo, de marcado carácter asistencialista, limitadas a cubrir las necesidades básicas -alojamiento temporal,
alimentación, vestimenta, etc.- que a la provisión de un hogar definitivo y la reincorporación social de las personas sin hogar. Es necesario articular un modelo de atención al sinhogarismo basado en el derecho a la vivienda como principio rector
que dé respuesta al problema de exclusión residencial y que se aleje de lógicas asistencialistas y provisionales. El acceso una vivienda definitiva debe configurarse como un medio y no un fin para la protección y garantía de los derechos de las
personas sin hogar. El modelo Housing First es un proyecto de intervención muy extendido en Europa, y en algunos municipios de España, a través del cual se provee a las personas sin hogar con una vivienda. A diferencia de otros modelos (staircase
model), la asignación de la vivienda no está sujeta a la incorporación o asistencia a otros programas (drogadicción, asistencia sanitaria, etc) ya que la esencia del programa es la creencia de que es necesario cubrir las necesidades básicas de las
personas antes de atender a otras necesidades menos críticas (trabajo, prevención de la drogadicción, etc). Los resultados han demostrado que este modelo tiene un impacto positivo sobre la población atendida, mejorando su salud y calidad de vida
-reduciendo el índice de ingresos hospitalarios, los problemas con la policía y el consumo de drogas-, potenciando su autonomía y su integración social.
Entre las cuestiones que profundizan, aún más, la vulnerabilidad de las personas en situación de sinhogarismo y que requieren la incidencia de los poderes públicos, se encuentran los obstáculos que enfrentan para poder acceder a las
prestaciones sociales y económicas que cubren sus necesidades. Entre ellas, encontramos, la exigencia del Documento Nacional de Identidad, imprescindible para la mayoría de actos administrativos que se deben llevar a cabo para recibir las
prestaciones antes citadas y que, en general, estas personas pierden. Lo mismo ocurre con el empadronamiento, el cual, o no poseen o es difícil de conseguir, sobre todo cuando no se cuenta con una vivienda. Asimismo, la pérdida del padrón
obstaculiza el acceso a los servicios sociales municipales, que son esenciales para acceder a estas prestaciones. A esto hay que sumarle la obligatoriedad de contar con una cuenta bancaria, la cual es imposible de mantener para estas personas.
Otro aspecto que requiere atención por parte de los poderes públicos en el abordaje del fenómeno del sinhogarimo es que, con frecuencia, solo se aborde la expresión más visible del mismo, lo cual genera dos problemas fundamentales. Por un
lado, que no se planteen medidas dirigidas a las personas que viven en lugares con condiciones habitables inaceptables o a aquellas otras que sufren una situación clara de vulnerabilidad frente al problema de la vivienda y el alojamiento (amenazados
de desahucio, población institucionalizada sin vivienda, personas acogidas por amigos o familiares, etc). Por otro lado, este enfoque invisibiliza a una parte de la población que también es víctima de este fenómeno, aunque se manifiesta de una
manera más encubierta: las mujeres sin hogar. Las formas de exclusión residencial protagonizadas por mujeres suelen quedar ocultas dentro del ámbito privado ya que suelen optar por alternativas que eludan dormir en la calle o albergues,
recurriendo a sus propias redes informales. Otras, sin embargo, no tienen más remedio que optar por situaciones que ponen en peligro su bienestar físico o emocional. Por tanto, el modelo de atención al que debemos transitar debe incorporar
estrategias de visibilización, prevención y atención de estas manifestaciones de sinhogarimo encubierto.
La erradicación del sinhogarismo debe convertirse en una prioridad para este gobierno, y debe enmarcarse en un proyecto más amplio que tenga como objetivo la lucha contra los problemas estructurales
que causan la extrema pobreza. El sinhogarismo debe ser abordado como un problema de acceso a la vivienda, y cualquier acción ejecutada debe tener como prioridad la obtención de una vivienda digna, adecuada y estable, respetando siempre la
autonomía y el derecho a decidir de las personas sin hogar.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar y aprobar una nueva Estrategia Estatal para la Erradicación del Sinhogarismo que complete y mejore el contenido de la actual Estrategia Nacional Integral de Personas Sin Hogar 2015-2020. Esta estrategia debe articularse en torno
al fortalecimiento de actuaciones en la línea de Housing First, así como de un programa que garantice el acceso a prestaciones y ayudas de atención social para las personas sin hogar, y que disponga de suficiente dotación presupuestaria. La
tipología de situaciones a abordar será la que se denomina ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion).
2. Desarrollar una metodología estatal para conocer el número y las necesidades de apoyo de las personas afectadas por el sinhogarismo, realizar un seguimiento de la evolución de las personas en situación de sinhogarismo que han sido
atendidas con ocasión de la crisis del COVID-19 y una evaluación de la adecuación de los servicios que actualmente están a su disposición.
3. Incluir de manera transversal la problemática del sinhogarismo en todos los desarrollos legislativos en materia de vivienda, así como en el Plan estatal de vivienda, considerando la situación de especial vulnerabilidad de las personas
sin hogar y garantizando su protección preferente.
4. Garantizar el acceso y la continuidad al sistema sanitario de las personas sin hogar, y especialmente el acceso a una atención sanitaria adecuada en el ámbito de la salud mental.
5. Asegurar la coordinación en las diferentes administraciones públicas entre los servicios de vivienda y de servicios sociales, para abordar de forma integral la problemática del sinhogarismo.
6. Identificar, visibilizar y abordar adecuadamente la situación de las mujeres que se encuentran en situación de sinhogarismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la modificación de la Ley sobre Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
A efectos de la Ley 38/1994, se entiende por Organización Interprofesional Agroalimentaria, la constituida por organizaciones representativas de la producción, de la transformación y en su caso de la comercialización y distribución
agroalimentaria, de un sector o producto incluido dentro del sistema agroalimentario.
El sistema agroalimentario está formado por el conjunto de los sectores agrícola, ganadero, forestal y pesquero, así como por las actividades de comercialización, de transformación y comercialización de sus productos. Solo se podrá
reconocer una Organización Interprofesional Agroalimentaria por sector o producto, si bien la Ley reguladora considera una serie de excepciones para productos con mercados específicos o destinos diferenciados y para aquellos con derecho al uso de
figuras de protección de la calidad diferenciada.
Las Interprofesionales se constituyen para el cumplimiento de alguna o todas las finalidades establecidas en el artículo 3 de la Ley reguladora que son:
1. Velar por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria.
2. Mejorar el conocimiento, la eficiencia y la transparencia de los mercados.
3. Mejorar la coordinación de los diferentes operadores.
4. Mejorar la calidad de los productos en todas las fases.
5. Promover investigación y desarrollo.
6. Promocionar las producciones alimentarias.
7. Racionalizar, mejorar y orientar la producción a las necesidades del mercado y de los consumidores.
8. Promover la agricultura ecológica, la producción integrada y las figuras de calidad diferenciada.
9. Elaboración de contratos tipo agroalimentarios compatibles con la normativa de competencia nacional y comunitaria.
10. Medidas para regular la oferta, de acuerdo con la normativa de competencia nacional y comunitaria.
11. Negociación colectiva de precios cuando existan contratos obligatorios en los términos previstos en la normativa comunitaria.
12. Controlar y racionalizar el uso de productos veterinarios y fitosanitarios.
13. Realizar acciones de mejora medioambiental.
14. Promover la eficiencia en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria.
15. Realizar acciones de formación de los integrantes de la cadena.
16. Realización de estudios sobre métodos de producción sostenible y evolución del mercado.
17. Mejorar la cualificación profesional en el sector agroalimentario.
18. Cualquier otra que le atribuya la normativa comunitaria.
Cabe señalar que entre los países de la Unión Europea, los más competitivos en su estructura productiva, son aquellos en los que las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias han experimentado un desarrollo importante.
En definitiva las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias deben contribuir a la estructura del sector agroalimentario. Para que esto se lleve a cabo es necesario que las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias puedan
acometer más acciones de las ya previstas, sobre todo las relativas a la gestión y regulación de la oferta, y mejorar sus instrumentos de funcionamiento.
Por todo lo expuesto, el Grupo parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en el menor plazo posibles, los cambios normativos (Ley 38/1994, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias) necesarios para fomentar al máximo el grado de
implantación y representatividad, para actualizar las funciones que tienen previstas estas organizaciones, sobre todo, las relativas a la gestión y regulación de la oferta, de acuerdo con la normativa comunitaria de la PAC y la nacional y
comunitaria de competencia, y mejorar su funcionamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-Manuel Gabriel González Ramos, Diputado.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para apoyar y proteger el mercado gallego de la leche y sus derivados, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Entre los ganaderos gallegos hay una profunda preocupación por la presión existente en el mercado por la entrada en la Comunidad Gallega de productos lácteos y derivados de otros países a precio de saldo, que presionan a la baja los precios
de la leche y sus derivados.
El 25 de febrero de este año el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 5/2020 que contempla Medidas Urgentes para garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora de los productores y lograr el justo reparto de los
costes generales a lo largo de la cadena alimentaria.
El Decreto aprobado introduce el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, que se incluirá como un dato a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos agrarios y ganaderos. Se incorpora,
pues, como una cláusula obligatoria a incluir en los contratos la indicación expresa de que el precio pactado, entre el productor primario y su primer comprador, cubra los costes de producción.
Otra de las novedades de la norma es la prohibición de la venta a pérdidas y la destrucción del valor a lo largo de la cadena alimentaria. Para ello cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior
al coste efectivo de la producción.
El motivo principal de esta Proposición no de Ley, impulsada por el PSOE, ante la preocupación del sector ganadero en Galicia, es garantizar que las medidas adoptadas en el real decreto sean realmente efectivas, y que sean respetados los
objetivos marcados por el mismo para defender los intereses de los ganaderos.
El consumo de leche y productos lácteos en España tiene una estructura diferente a la del resto de los países de la UE debido a que el consumidor español se decanta en especial por la leche de consumo, principalmente de larga duración, así
como hacia un consumo más alto de yogures y quesos. Mientras mantiene un consumo inferior en mantequilla.
Los últimos datos ofrecidos por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicado en abril de 2020, reflejan la importancia del mercado de lácteos y derivados
en la Cornisa Cantábrica, siendo especialmente relevante en Galicia.
Según el informe citado, en el mes de abril de 2020, el censo de vacuno lechero en España es de 832.233 vacas en ordeño, siendo un 0,8 % menor que el censo registrado para el mismo mes en el año anterior. Con respecto al mes inmediatamente
anterior, se registra un aumento del 0,1 %.
El censo de novillas, tras una tendencia estable en la segunda mitad de 2019, en el mes de abril de 2020 alcanza 269.632 animales, lo que viene a resultar un 1,7 % menor que lo registrado en el mismo mes del año anterior. No obstante,
respecto al mes inmediatamente anterior, se registra un aumento del 0,7 %.
En cuanto a la distribución del censo por Comunidad Autónoma (en adelante CCAA), la que alberga mayor censo de vacas lecheras mayores de 24 meses es Galicia, que ha contado en el mes de abril con 327.308 animales (39 %), seguida de Castilla
y León con 95.274 animales (11 %) y Cataluña, en tercer lugar, con 80.807 animales (10 %). Le siguen Asturias (9 %), Cantabria (8 %), Andalucía (7 %), Castilla La Mancha (3 %), Navarra (3 %) y País Vasco (2 %) y otros 7 %.
En cuanto al número de ganaderos, con entregas declaradas en vacuno de leche en España, en el mes de febrero de 2020, fue de 12.686 lo que supone un descenso del 0,5 % con respecto al mes anterior y, además, resulta ser un 6 % inferior al
mismo mes del año anterior.
En cuanto a la distribución de los datos ganaderos con entregas por CCAA, se observa que la Cornisa Cantábrica concentra el 78 % del total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España. Galicia concentra un 56 %, Asturias 13 % y
Cantabria el 9 %. La cuarta comunidad autónoma en entregas es Castilla-León, con el 8 % del total.
Todos estos datos reflejan claramente el peso de la ganadería en Galicia, y la importancia que tiene para esta comunidad autónoma tomar medidas para conseguir un impacto positivo y fortalecer las explotaciones gallegas, siendo conscientes de
la importancia que tiene para el sector agroalimentario español el Comercio Exterior. España exporta más del 50 % de su producción, y en cuanto al sector lácteo y derivados, importa más productos de los que exporta.
Las organizaciones agrarias gallegas han observado que cada día son más los camiones cisterna franceses y portugueses que abastecen las plantas de envasado especulando con leche de saldo, procedente de sus excedentes comerciales, sin que la
Xunta de Galicia, competente en esta materia, adopte medidas al respecto.
En Galicia se ha cuantificado la entrada de hasta 30 camiones cisterna por semana (alrededor de un millón de litros) que cruzan la frontera española para abastecer el incremento de la demanda que se está dando en las superficies comerciales,
por los cambios de hábitos de compra en esta crisis. Esta circunstancia supone una presión de los precios de la leche y derivados a la baja, lo que dificulta la negociación de unos precios adecuados para el ganadero gallego.
Del mismo modo, países como Alemania, Francia y Holanda están importando hasta 950.000 kilos diarios de queso barato procedente de centros de producción de esos países debido al colapso de los mercados europeos, producido por la COVID-19.
Haciendo un análisis del mercado de precios de la leche, nos encontramos con que Galicia tiene un precio de la leche excesivamente bajo para el peso que tiene el sector en la economía de Galicia.
El año 2019 se inició con precios superiores a los registrados en 2018 y se mantuvieron así durante todo el año, siguiendo la tendencia estacional habitual.
En la UE 27, el último dato disponible, correspondiente al mes de febrero 2020, el precio del litro de leche (35,22 euros) es un 0,3 inferior al mes inmediatamente anterior. Además, respecto al mismo mes del año pasado es un 0,1 % superior.
En España, el último precio disponible es para el mes de febrero de 2020, situándose en 32,62 Euros/100 Kg (datos FEGA), de forma que no varía con respecto al mes inmediatamente anterior, y resulta ser un 1,8 % superior con relación al mismo
mes del año pasado.
Existen importantes diferencias de precios entre las diferentes comunidades autónomas, siendo Galicia (31,46 euros/100 kg) y Baleares (30,78 euros/100 kg) las que tienen los precios más bajos, mientras Canarias (43,69 euros/100 kg), Cataluña
y País Vasco (ambas 34,37 euros/100 kg) tienen los precios más altos.
En resumen, los porcentajes del mercado lácteo gallego (datos de mayo 2020), según la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, dependiente del MAPA, reflejan la importancia y el peso que tiene Galicia en este sector. Con
respecto a las comunidades autónomas, representa el 38 % de entregas de leche cruda, el 58 % de Ganaderos con entregas declaradas de leche cruda, el 39 % de censo de hembras de ordeño y el 39 % de censo de novillas.
Por todo ello, y para evitar factores que presionen los precios a la baja en este sector, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer públicos los datos de las importaciones de leche y derivados para poder conocer la dimensión del problema.
2. Hacer seguimiento de la trazabilidad de los camiones cisterna, procedentes de otros países, para impedir que la leche que transporten acabe envasándose como leche de origen España.
3. Un mayor control de las Administraciones (Central y Autonómica) para evitar las prácticas comerciales, como la venta a pérdidas, por la incidencia que tiene en la cadena de valor de todo el sector lácteo, a través de la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo Lácteo. Y así, poner fin a estas prácticas ilegales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2020.-Javier Cerqueiro González, Ana Prieto Nieto, María Olga Alonso Suárez, Pilar Cancela Rodríguez, María Monserrat García Chavarría, María Ángeles Marra Domínguez, Uxía Tizón Vázquez,
Adolfo Pérez Abellás y Diego Taibo Monelos, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús Del Valle Rodríguez, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Eduardo Ruiz Navarro, D. José María Sánchez García y D. Pablo Juan Calvo Liste, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre la despolitización y profesionalización de los directivos de la
Administración General del Estado y del sector público empresarial y, en particular, de los directores generales, para su discusión en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. Consideraciones previas.
La emergencia de salud pública provocada por la epidemia de COVID-19 ha sacado a relucir muchos de los numerosos problemas que España sufre en su modelo institucional, en general, y en el sistema de toma de decisiones públicas, en
particular. La pobreza y debilidad de la respuesta a la emergencia ofrecida por el conjunto de los poderes e instituciones del Estado (incluyendo también los de las distintas regiones) no es fruto de la casualidad, sino el resultado combinado de
factores coyunturales y estructurales.
Entre los primeros, la irrupción en el Gobierno de gestores poco preparados, sin experiencia y cortoplacistas disminuye la calidad del sistema político y administrativo de nuestro país en todas las direcciones. Politiza el sector público,
empeora la gobernanza, penaliza la excelencia, anula los mecanismos de control e inutiliza las herramientas de apoyo a la función ejecutiva del Gobierno en la gestión del país.
La oposición debe tener como misión proponer las grandes reformas estructurales que necesita España en sus ámbitos político e institucional y que no se pusieron en marcha tras la profunda crisis de 2008. El objetivo debe ser que nuestro
país siente las bases de un sistema institucional fuerte e independiente que permita a nuestra Nación responder con eficacia, agilidad y buen hacer a desafíos como los presentados por la epidemia.
Es imprescindible aumentar los contrapesos entre poderes, incrementar la vigilancia recíproca de unos poderes sobre otros, reforzar la maltrecha independencia de las instituciones y de las personas que las ocupan, promocionar a los buenos
servidores públicos y construir un sector público para el siglo XXI. España no puede permitirse que un pobre Ejecutivo como el actual, poco capacitado en lo técnico pero ávido de colonizar todos los espacios de la cosa pública, suponga su ruina
democrática.
Una vez superado el primer envite de la emergencia de salud pública, nuestro país debe replantearse y examinar cuidadosamente sus cimientos institucionales. Deben sentarse las bases para que nuestra Nación disponga por fin de un tejido
institucional fuerte que le permita salir airosa y reforzada de los impactos y problemas que deba afrontar en el futuro.
En este sentido, resulta imprescindible 'fortalecer la neutralidad política de los altos funcionarios, delimitar las fronteras entre la política y la administración y favorecer la rendición de cuentas en los puestos de alta dirección, a fin
de alcanzar una mayor sostenibilidad de los objetivos de las políticas públicas a largo plazo' 2.
Segundo. Marco legal del directivo público.
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público contiene por vez primera en el ámbito legislativo una referencia a la figura del directivo público, al que se refiere en su Exposición de Motivos como aquel que
'está llamado a constituir en el futuro un factor decisivo de modernización administrativa, puesto que su gestión profesional se somete a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados en función de los
objetivos.'
2 El Estatuto del Directivo Público, FEDECA, Cuerpos Superiores de la Administración, septiembre de 2018.
Posteriormente, el artículo 13 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, TREBEP), establece lo siguiente:
'El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo,
entre otros, con los siguientes principios:
1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.
2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral
estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección'.
En el mismo año 2015 fueron aprobadas la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante,
LRJSP), que desarrollan parcialmente la figura del directivo público. En este sentido, el artículo 1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, enumera aquellos que son considerados altos cargos a los efectos de la propia Ley. El artículo 2 ibídem
preceptúa que el nombramiento de estos altos cargos debe hacerse entre personas idóneas de acuerdo con la legislación específica en cada caso:
'Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo.'
Para la apreciación de la concurrencia de la 'debida formación y experiencia en la materia', la Ley dispone que:
'Se tendrán en cuenta los conocimientos académicos adquiridos y [...] la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra.'
Actualmente, el referido artículo 13 del TREBEP sigue sin ser objeto de desarrollo, a pesar de que todos los expertos en la materia coinciden en señalar la necesidad de aprobar un Estatuto del Directivo Público que permita separar, de manera
clara y contundente, el proceso de selección y actuación de los órganos superiores de la Administración General del Estado de los correspondientes a los órganos directivos de dicha Administración, y que dote a estos últimos de la imprescindible
independencia, profesionalidad, estabilidad y calidad en el desempeño.
Tercero. Configuración jurídica de las direcciones generales.
La configuración jurídica de las Direcciones Generales se recoge en los artículos 55.3.b).2 y 66 LRJSP. El primero de ellos define el papel de sus titulares como personal directivo de la Administración General del Estado, mientras que el
segundo las conceptúa como los órganos principales de la gestión administrativa, diseñándolas como sumamente flexibles y con competencias abiertas.
En concreto, el artículo 66.2 LRJSP dispone:
'Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo Al, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo
que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia
de las
especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado.'
En este sentido, la doctrina administrativa señala que 'los directores generales, por su doble naturaleza, por su doble vertiente político-administrativa, al ser considerados altos cargos y, por tanto, personal de confianza política del
respectivo titular ministerial y titulares, a su vez, de la dirección de una unidad administrativa, representan el punto de conexión, el elemento de engarce entre la ejecución y verificación del cumplimiento de las directrices políticas
gubernamentales en su dirección general, así como el aseguramiento del correcto funcionamiento de la maquinaria administrativa. Aúnan, pues, la temporalidad, la celeridad y la contingencia de la dinámica política con la precisión, el rigor y la
eficacia que representa la Administración en la ejecución de políticas al servicio de los administrados 3'. Son, por ello, 'la principal fuente de información y de iniciativas de actuación 4', gracias a su contacto directo con el personal
funcionario de su departamento.
Cuarto. Uso y abuso de la excepción del artículo 66.2 LRJSP. Ejemplos paradigmáticos.
i. Uso y abuso de la excepción del artículo 66.2 LRTSP. Situación actual.
Los diferentes Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español han llevado a cabo un ejercicio abusivo de la excepción del segundo inciso del artículo 66.2 LRJSP y han convertido en ordinario, por la vía de los hechos,
lo que legalmente está concebido para ser extraordinario, 'circunstancia excepcional'.
Así, de las cinco Direcciones Generales exceptuadas de que su titular fuese funcionario en el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales se pasa a diez
en el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre y a nueve en el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio.
Sin embargo, el culmen del exceso se ha alcanzado con los nombramientos efectuados por la 'Coalición progresista' formada por el PSOE y Unidas Podemos.
Así, el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero excepciona 25 Direcciones Generales del requisito de que su titular deba tener la condición de funcionario del subgrupo A1 5.
Por ello, es indudable que el hecho de que un Gobierno disponga de 25 Direcciones Generales cuyo titular no requiera ser funcionario (casi la cuarta parte del total) hace que esto deje de ser 'excepcional' para convertirse en 'opcional',
esto es, en la norma.
Bien pudiera pensarse que el número de excepciones establecidas pone de manifiesto 'que lo pretendido por los redactores del Real Decreto pudiera ser crear una masiva reserva de puesto que permita satisfacer compromisos de colocación a favor
de personas que [...] no tendrían posible acceso al cargo de director general 6'.
Así, en función de la 'idoneidad' (o, más bien, de su ausencia) de las personas con quienes se provean las 25 plazas exceptuadas, podría sostenerse que se han utilizado para tales designaciones criterios ilegítimos, probablemente políticos o
de recompensa, en detrimento de razones técnicas y profesionales. Con ello se roza el fraude de ley y se troca en arbitrariedad la legítima discrecionalidad en el nombramiento de directivos públicos, buscando disfrazarlo con una pátina de
profesionalidad.
Lo anterior se une a una deficiente motivación vía Exposición de Motivos de un real decreto, que obvia la necesidad legal de una 'memoria razonada [de] la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia
excepcional'.
3 2DELGADO RAMOS, David (2011), Revista de Administración Pública, núm. 185, pp. 209-226.
4 3SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso (2009), Principios de Derecho Administrativo General, vol. I, Editorial Iustel, p. 420.
5 4Las 25 Direcciones Generales mencionadas anteriormente son: Comunicación, Diplomacia Pública y Redes; Infraestructura; Tráfico; Agenda Urbana y Arquitectura; Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas;
Política Energética y Minas; Oficina Española de Cambio Climático; Libro y Fomento de la Lectura; Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación; Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; Derechos de la
Infancia y de la Adolescencia; Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030; Derechos de los Animales; Migraciones; Inclusión y Atención Humanitaria; Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial; Diversidad Sexual y Derechos LGTBI;
Consumo; Diversidad Familiar y Servicios Sociales; Ordenación del Juego; Dirección General del Instituto de Turismo de España (Turespaña); Dirección General del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades; Presidencia del Centro
de Investigaciones Sociológicas; Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales; Dirección General del Instituto de la Juventud.
6 5Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3.ª, de 7 de diciembre de 2005.
ii. Ejemplos paradigmáticos.
Procede ahora dar cuenta de varios ejemplos paradigmáticos de la política de nombramientos de directores generales por parte del Gobierno de coalición:
- Doña María Teresa Pérez Díaz, nueva directora general del Instituto de la Juventud (INJUVE).
La señora Pérez Díaz es una persona muy cercana al ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, el señor Pablo Iglesias Turrión. Su única experiencia profesional consiste en haber trabajado en los programas presentados y dirigidos por el
propio vicepresidente segundo.
- Don Sergio Antonio García Torres, nuevo director general de Derechos de los Animales.
El señor García Torres ha cursado Estudios Superiores en Artes Aplicadas a la Escultura y ostenta una titulación en posicionamiento y manejo de redes sociales, concedida por el sindicato Comisiones Obreras. Además, está vinculado al partido
Unidas Podemos desde sus orígenes y es militante de diversos movimientos a favor de los derechos de los animales, además de dueño del bar vegano Pura Vida. Así, aboga por la creación de un Ministerio de Protección Animal y por la prohibición de la
caza y la tauromaquia.
- Doña Rita Gertrudis Bosaho Gori, nueva directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial.
Su experiencia laboral se limita a varios años como técnico auxiliar sanitario, si bien en su currículo (alojado en la web de transparencia de Podemos -partido en el cual milita-) no consta que recibiera formación específica de ninguna clase
para desempeñar dicha labor.
En relación con esta Dirección General, debe recordarse que la designada en primer lugar para ocuparla, doña Alba González Sanz, decidió dos días después de su nombramiento renunciar en favor de la actual titular para dar paso a 'mujeres
pertenecientes a colectivos racializados' (palabra esta última que ni siquiera aparece en el Diccionario de la Real Academia Española).
Asimismo, diversas informaciones periodísticas recogen que doña Rita Gertrudis Bosaho Gori ha pedido que se despoje a los blancos de sus privilegios en la España del siglo XXI y ha abogado por eliminar el llamado 'black friday' porque el
término 'black' (negro) para denominar una jornada en la que todo se vende a precios muy bajos 'supone un desprecio hacia nuestra raza'.
- Doña Beatriz Gimeno Reinoso, directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
La señora Gimeno Reinoso cursó estudios de filología semítica. No posee experiencia laboral alguna en el sector privado, sino solo en el sector público, donde siempre ha ostentado cargos políticos vinculados a la Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
Según recogen distintas informaciones periodísticas, doña Beatriz Gimeno Reinoso ha realizado declaraciones que rozan el paroxismo. Así, ha señalado que:
'La heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social con una función muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres a los hombres.'
También ha afirmado que los hombres son 'opresores, violentos y promiscuo' y ha manifestado que la igualdad pasa por 'la penetración anal [a hombres] por parte de mujeres'. De la misma manera, ha defendido el uso del velo y del 'burkini'
por parte de las mujeres musulmanas, no pareciéndole ello un atentado contra la dignidad de la mujer:
'El derecho a llevar la cabeza cubierta y a ocultar las formas corporales, por más sexista que sea, está protegido por la libertad religiosa y por el derecho a la propia imagen. El burkini es un traje muy parecido a los que viste la gente
que hace surf Exactamente ¿qué derecho o que norma se está vulnerando al vestirse toda entera de neopreno al ir a la playa?'.
- Por si los anteriores ejemplos no fueran suficientes, recientemente se ha conocido que el designado como director general de Agenda Urbana y Arquitectura, don José Ignacio Carnicero Alonso-Colmenares, en uno de los casos de uso
indiscriminado del artículo 66.2 LRJSP, es amigo desde la infancia del presidente del Gobierno, señor Sánchez Pérez-Castejón.
Todos los designados van a percibir, del bolsillo de todos los españoles, sueldos de en torno a 100.000,00 Euros. Sin duda, mucho más de lo que cualquier empleador del sector privado les habría abonado como salario, dadas su preparación y
competencias. Se usa así la Administración General del
Estado como agencia de colocación, dejando de lado a los excelentes y muy preparados funcionarios que forman parte del subgrupo A1.
Quinto. La creación de una entidad independiente como en el modelo portugués.
El sistema desarrollado en nuestro vecino Portugal desde 2012 a raíz de la suscripción del llamado 'Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality', se creó mediante la aprobación de la Ley 64/2011, de 22 de
diciembre, de modificación del reclutamiento, selección y provisión de cargos públicos, en virtud de la cual se constituyó la CReSAP o 'Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública', entidad independiente encargada de
proceder a la selección de los candidatos a ocupar los puestos directivos superiores tanto de la Administración General del Estado como del sector público empresarial.
La CReSAP funciona de la siguiente manera:
- Se formula, una vez finalizado el proceso de selección, una propuesta con tres candidatos al órgano de designación. El candidato finalmente nombrado dispone de un período de desempeño de cinco años.
- A la designación se acompaña la carta de missao, que constituye un compromiso de gestión en la que se definen los objetivos, debidamente cuantificados y calendarizados, que el candidato designado debe aceptar.
- En las empresas públicas, la CReSAP se limita a evaluar, de forma no vinculante, la idoneidad del candidato presentado por el órgano de designación al perfil del puesto convocado.
De esta manera, se encomienda a una autoridad distinta del órgano de designación del directivo la competencia para llevar a cabo la selección de este, partiendo de los principios de mérito, capacidad e idoneidad, y dentro de un procedimiento
público, transparente y competitivo. Los miembros de la CReSAP actúan de forma independiente en el ejercicio de sus competencias y no pueden solicitar ni recibir instrucciones del Gobierno o de cualesquiera otras entidades públicas o privadas.
Con el sistema expuesto, Portugal ha conseguido convertirse en un ejemplo internacional en la selección de directivos capacitados e independientes del poder político, al eliminar la discrecionalidad absoluta existente hasta entonces en la
designación del cuerpo dirigente de la Administración General del Estado.
Sexto. Conclusión.
El Grupo Parlamentario VOX considera que, en tanto el desarrollo legislativo del Estatuto del Directivo Público no se produzca, es necesario contener los excesos del poder ejecutivo en materia de nombramientos de altos funcionarios. En
particular, se hace necesario proscribir la excepción contenida en segundo inciso del artículo 66.2 LRJSP, en defensa de una Administración profesional, imparcial e independiente y al servicio exclusivo de los ciudadanos y del interés general.
Se pretende, con ello, dar un paso más para garantizar la absoluta tecnificación y la profesionalización de este personal, en particular, y del directivo público, en general, con las siguientes líneas generales:
- Mandato de cinco años, con el objeto de asegurar la estabilidad y el adecuado traspaso de poderes.
- Suscripción por el directivo de un contrato-programa (carta de missidó) con base en el cual se lleve a cabo una periódica evaluación de su desempeño.
- Objetivación de las causas de destitución del directivo público.
- Retribución adecuada del directivo público, con vinculación de una parte de esta a la evaluación obtenida y mejora de los mecanismos de atracción a la función pública y de motivación.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a profesionalizar y despolitizar los cargos directivos de la Administración General del Estado y del sector público empresarial y, en concreto, a lo siguiente:
1. Con carácter inmediato, reemplazar con funcionarios del subgrupo Al del Estado, de las regiones o de las corporaciones locales a aquellos directores generales que no reúnan 'la debida formación y experiencia en la materia, en función del
cargo que vayan a desempeñar' en atención a 'los conocimientos
académicos adquiridos y [...] a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra'.
2. Con carácter inmediato, auditar la conveniencia de que existan las 25 Direcciones Generales referidas excepcionadas del cumplimiento del requisito del artículo 66.2 LRJSP y suprimir las que desempeñen cometidos no indispensables.
3. Presentar ante las Cortes Generales un proyecto de ley que, al amparo del artículo 13 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, regule de forma integral
el régimen jurídico específico de los directivos de la Administración General del Estado y del sector público empresarial, derogándose todas las disposiciones normativas dispersas actualmente que les puedan afectar, y emulando el sistema de
selección y designación establecido por nuestro vecino Portugal a través de su Ley 64/2011, de 22 de diciembre, de modificación del reclutamiento, selección y provisión de cargos públicos. En particular, el proyecto de ley deberá recoger los
siguientes extremos:
a) Un Estatuto del Directivo Público de la Administración General del Estado y su Sector Público Empresarial, que regule de forma integral su régimen jurídico.
b) Un Código de Conducta del Directivo de la Administración General del Estado que garantice los principios de objetividad, profesionalidad, integridad y ejemplaridad.
c) La creación y regulación básica de una entidad independiente de selección de los directivos de la Administración General del Estado, así como de los responsables del sector público empresarial estatal afectados por el Real Decreto
451/2012, de 5 de marzo, similar en su funcionamiento a la 'Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública' portuguesa.
d) La designación del personal directivo atenderá a principios de mérito, competencia y capacidad, y a criterios de idoneidad y experiencia profesional, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
e) El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
f) La designación de los directivos habrá de hacerse por un periodo mínimo de cinco años, que dé estabilidad al puesto y asegure, en su caso, una transición ordenada entre Gobiernos.
g) El directivo deberá suscribir un contrato-programa (carta de missdo) con las líneas que habrá de seguir y los objetivos que deberá alcanzar durante su mandato quinquenal. Este documento servirá como base para llevar a cabo una periódica
evaluación de su desempeño.
h) Se elaborará una cartera común de formación del directivo público como requisito previo para poder concursar a un puesto de esta naturaleza, que garantice un conocimiento previo del directivo de determinados aspectos transversales a
cualquier función directiva y que no son de corte exclusivamente teórico o memorístico (planificación ética, buen gobierno, gestión de personal). La formación de los titulares podrá ser completada durante su mandato con otros cursos específicos más
relacionados con su área de actuación. La falta de realización de estos cursos impediría una prórroga en el mandato de dicho puesto.
i) El sueldo de los directivos no podrá superar, en ningún supuesto, el establecido para el presidente del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra disposición normativa al efecto. No obstante, es preciso proceder
a una mejora de la retribución de los puestos directivos de la Administración General del Estado, que haga más competitiva la misma. En ese sentido, en relación con la media de la OCDE, España paga peor a los Altos Funcionarios que el resto de
miembros de la organización y, sin embargo, mejor a los empleos de categoría inferior.
j) Ningún responsable sujeto a lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, podrá cobrar complemento variable en tanto en cuanto la entidad de cuyo cuerpo directivo forme parte tenga pérdidas en sus Cuentas Anuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2020.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, José María Figaredo Álvarez-Sala, Eduardo Ruiz Navarro, José María Sánchez García y Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Norma Pujol i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de rectificación de los
límites de las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos de Tarragona y Castelló, para su debate en instancia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El BOE número 132 de 2 de junio de 2007 publicaba el Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulaban las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos; y que determinaba su ámbito territorial y el de las aguas de su
competencia. Entre estas figuraban las de las Capitanías y Distritos de Tarragona y Castelló.
En esas mismas fechas se estaba procediendo a la tramitación de las autorizaciones administrativas de la planta de gas submarina y resto de instalaciones del proyecto Castor. El espacio marítimo donde se debía ubicar dicha planta de gas
correspondía a los dominios marítimos de Catalunya, de manera que de las 6.519 hectáreas autorizadas para la implantación del almacén, la mitad pertenecían a la Capitanía Marítima de Tarragona y el distrito Marítimo de Sant Carles de la Ràpita, de
acuerdo con lo establecido en el BOE anteriormente citado.
De manera sorprendente, y aludiendo a supuestos errores, el gobierno español publicó en el BOE número 56 de 5 de marzo de 2008 la corrección de errores del Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, de las Capitanías Marítimas y los Distritos
Marítimos modificando así los límites de las aguas marítimas de las capitanías de Tarragona y Castelló. El texto publicado rectificaba del Decreto de 2007 estableciendo que: 'en la fila correspondiente a Castellón, donde dice: '... hasta la línea
que parte con rumbo 135.º del Río Cenia...', debe decir: '... hasta la línea que parte con rumbo 123.º del Río Cenia... '. En la misma columna, en la fila correspondiente a Tarragona, donde dice: 'Desde la línea que parte con rumbo 135.º del Río
Cenia...', debe decir: 'Desde la línea que parte con rumbo 123.º del Río Cenia...'.
Ésta decisión arbitraria que se llevó a cabo sin expediente administrativo e imposibilitando el trámite de audiencia, modificaba las coordenadas marítimas de los límites establecidos anteriormente entre Castelló y Tarragona unos kilómetros
dirección norte haciendo así posible que (parte de) la instalación del proyecto Castor recayera en aguas administrativas valencianas. Ante ésta decisión, la Generalitat de Catalunya ya no podía ejercer sus competencias en el citada espacio marítimo
en materias tan diversas como medio ambiente, recursos pesqueros, acuicultura, patrimonio arqueológico, emergencias, protección civil, seguridad pública y salvamento marítimo. Este hecho además limitaba los principios de participación pública y
acceso a la información de la administración catalana por lo que respecta a la tramitación administrativa del proyecto Castor, en tanto que administración afectada.
Pocos meses después de modificarse los límites marítimos el gobierno español otorgó a Escal UGS, SL.; la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado ' Casto'', mediante la aprobación del Real
Decreto 855/2008 de 16 de mayo publicado en el BOE núm.136, de 5 de junio de 2008, previa autorización de la Comissió de Medi Ambient de les Corts Valencianes a quién la modificación de los límites marítimos otorgaba la plena competencia.
Posteriormente, el BOE de 17 de setiembre de 2008 publicó el anuncio de información pública del proyecto constructivo con la declaración de infraestructura de interés público.
El Dictamen de la comisión de investigación sobre el proyecto Castor llevada a cabo en el Parlament de Catalunya 261-00001/12, que se publicó en el BOPC 493 de 13 de diciembre de 2019, enumeraba las recomendaciones y conclusiones aprobadas
por la Cámara.
Entre las conclusiones aprobadas se encuentra la 3.1. Alteraciones i anomalías administrativas. En su apartado b) afirma: 'Aquel mismo año (2008), las competencias que tiene Catalunya en medio ambiente no pudieron aplicarse debido a que
el almacén, mediante una corrección de errores injustificada que modificaba los límites marítimos, pasó de estar de territorio catalán a territorio castellonense'.
En el apartado de las recomendaciones aprobadas la número 11.4 afirma: 'Requerimos al gobierno de Catalunya que proceda a reclamar al gobierno español que se deje sin efecto la corrección de errores
del Real decreto 638/2007, de 18 de mayo, de las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos, publicada al BOE del 5 de marzo de 2008 por el Ministerio de Fomento. Una corrección de errores que a efectos prácticos llevaban a cabo un
cambio competencial sobre la plataforma marítima del proyecto Castor entre la Generalitat valenciana y la catalana, a la vez que restringía la capacidad de participación en la tramitación del proyecto de esta última'.
Por todo lo manifestado, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a dejar sin efecto, de manera inmediata, la corrección de errores del Real decreto 638/2007, de 18 de mayo, de las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos publicada en el BOE
número 56, de 5 de marzo de 2008.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-Norma Pujol i Farré, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/001001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Manuel Mariscal Zabala, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso De Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención, lucha,
control y erradicación del mejillón cebra (Dreissena polymorpha), para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Desde hace varios años, España viene sufriendo la invasión de un bivalvo, el mejillón cebra (Dreissena polymorpha), que pone en riesgo tanto el ecosistema acuático, principalmente de agua dulce, como numerosas obras e
infraestructuras hidráulicas, embarcaciones, abastecimientos urbanos, agrícolas e industriales o desagües, compuertas o redes de riego.
Segundo. El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es un molusco bivalvo procedente del mar Negro y del mar Caspio, cuyo hábitat natural es el agua dulce pero con capacidad de resistir también en aguas salobres gracias a su gran
adaptabilidad. Aunque no es un molusco que destaque por su tamaño, se reproduce muy rápido y es capaz de generar enormes colonias en el lecho de los ríos.
Tercero. Los estudios realizados estiman que se introdujo en España a través de alguna embarcación infestada de esta especie o sus larvas presentes en las aguas de lastre. La principal zona española afectada es la cuenca del Ebro. Aunque
hay avistamientos de esta especie a principios del siglo XX, la primera vez que se detectó científicamente la presencia del mejillón cebra en nuestro país fue en 2001 en la zona adyacente al embalse de Ribarroja (Aragón-Cataluña). Sin embargo, ya
se han localizado importantes poblaciones de este bivalvo en el País Vasco y en Castilla-La Mancha.
Cuarto. Se trata de una especie animal de gran voracidad, capaz de acabar con otras especies de bivalvos gracias a su rapidez de reproducción y a su adaptabilidad a prácticamente cualquier medio. Además, debido a su tamaño, es capaz de
colonizar y expulsar especies autóctonas y devastar ecosistemas enteros. La práctica inexistencia de depredadores naturales agrava toda esta situación.
Quinto. Si el problema medioambiental que supone el mejillón cebra no fuese suficiente, se trata también de una especie que origina unos daños cuantiosos por su capacidad de obstruir embarcaciones, infraestructuras hidráulicas y agrícolas,
y sistemas de regadío y abastecimiento de agua, así como a las Cuencas Hidrográficas. Algunos estudios cifran en 1.600 millones de euros los daños que el mejillón cebra ha provocado en los últimos diez años.
Incluso, no puede olvidarse que es una plaga con un serio riesgo de salud pública. Por un lado, porque con su constante e intensa filtración purga el agua demasiado y acaba provocando que se desarrollen
más algas y plantas acuáticas con las enfermedades que ello conlleva. Y, por otro lado, porque cuando obstruye canales de abastecimiento hídrico puede transmitir enfermedades a los humanos.
Sexto. En el año 2013 se incluyó en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, lo que facilita combatir esta plaga. Sin embargo, desde entonces las Administraciones Públicas españolas no han prestado ni la atención ni las
soluciones adecuadas a este problema que, como hemos visto, tiene consecuencias económicas, para el ecosistema y de salud pública.
Tampoco ha funcionado la Estrategia Nacional para el control del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en España que se adoptó en 2007, y que se tenía que haber revisado cada tres años desde entonces, que ha fallado en la consecución de
todos los objetivos planteados en dicha Estrategia.
Séptimo. De esta forma, es fundamental adoptar una estrategia de erradicación de esta plaga que incida en la detección de colonias, a la destrucción de valvas y a la optimización de los tratamientos de control. Además, una Estrategia de
coordinación de todas las Administraciones Públicas implicadas y poner en marcha una serie de medidas que evalúen y estimen la cuantía de daños generada por este molusco. Los poderes públicos no pueden ignorar la grave amenaza que supone el
mejillón cebra para el ecosistema español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Adoptar un Plan Nacional específico de protección del ecosistema español frente a la invasión de este conocido bivalvo, el mejillón cebra (Dreissena polymorpha).
2. Promover el establecimiento y coordinación de planes de control y erradicación con las Comunidades Autónomas.
3. Reforzar el sistema de control de las embarcaciones y del agua de lastre.
4. Promover la prohibición en todo el territorio nacional el uso del mejillón cebra como cebo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, Manuel Mariscal Zabala, Ángel López Maraver y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.ª Magdalena Nevado Del Campo, D. Manuel Mariscal Zabala, D. Ángel López Maraver, D. Víctor Manuel Sánchez del Real, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de un Plan Nacional de prevención,
lucha, control y erradicación del helecho de agua (Azolla Filiculoides), para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Desde hace varios años España viene sufriendo la invasión de una planta, helecho de agua (Azolla Filiculoides), que pone en riesgo el ecosistema nacional y que se ha convertido en un verdadero problema para determinadas regiones
españolas.
El helecho de agua (Azolla Filiculoides) es una planta acuática procedente de Sudamérica, conocida por su capacidad de reproducirse muy rápido y por ser capaz de colonizar por completo enormes masas de agua. Se desconoce cómo se introdujo
esta planta en España, pero los estudios realizados estiman que pudo haber sido una introducción accidental desde Portugal (donde se encuentra más extendida) por medio de las aves y el viento, pero también puede deberse a su utilización como planta
decorativa en acuarios, jardines y charcas.
Segundo. Es una de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo y, en España, ha colonizado amplias zonas del Guadiana y del Tajo y provincias como Badajoz o Cáceres se encuentran en serio riesgo, además de extensos territorios en
Andalucía y Castilla-La Mancha.
En concreto, estas zonas del Guadiana y del Tajo son las más afectadas. Se detectó por primera vez en Badajoz en 1982 y años después en el Parque Nacional de Monfragüe y desde entonces ha sido una constante en Extremadura con importantes
brotes en los años 2000, 2009, 2010 y 2016, pero ninguno de ellos tan grande como el ocurrido hace unas semanas.
Tercero. El principal problema del helecho de agua reside en su potencial de reproducción y de crecimiento con capacidad de duplicar su biomasa en pocos días y con frenar la expansión de esta planta acuática es muy difícil.
Cuarto. Por estos motivos, diversos países ya la han clasificado como una especie agresora invasiva. Cuando coloniza una zona, cubre completamente las masas de agua de allí donde se introduce, forma una suerte de tapiz flotante que impide
que los rayos solares penetren al agua alterando la composición de fitoplancton, que a su vez altera la estructura natural de ríos y lagos. Además, el helecho de agua consume mucho oxígeno y provoca que otras especies vegetales o animales (como
anfibios y peces) desaparezcan al poco tiempo o se desplacen a otras zonas.
Si el problema medioambiental que supone el helecho de agua no fuese suficiente, se trata también de una especie que origina unos daños cuantiosos tanto por su impacto como por los métodos para retirarla.
Quinto. En España, el helecho de agua (Azolla Filiculoides) se trata de una especie incluida en 2013 en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, y su comercio se encuentra prohibido. Sin embargo, desde entonces las Administraciones
Públicas españolas no han prestado ni la atención ni las soluciones adecuadas a este problema con graves consecuencias para el ecosistema. En algunos casos se trata de liberaciones accidentales, pero en otros es producto del comercio ilegal de esta
planta.
Sexto. Como hemos visto, una vez que el helecho de agua (Azolla Filiculoides) se introduce en un ambiente natural, puede alterar y devastar el ecosistema. De esta forma, es fundamental adoptar una estrategia de erradicación de esta plaga
que incida en su retirada y en el control de las embarcaciones para evitar que se expanda. Además, una Estrategia de coordinación de todas las Administraciones Públicas implicadas y poner en marcha una serie de medidas que evalúen y estimen la
cuantía de daños generada por esta planta. Los poderes públicos no pueden ignorar la grave amenaza que supone el helecho de agua (Azolla Filiculoides) para el ecosistema español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover un Plan Nacional específico de protección del ecosistema español frente a la invasión de esta conocida planta, el helecho de agua (Azolla Filiculoides).
2. Promover un Programa Nacional de Erradicación o Control del helecho de agua con las Comunidades Autónomas, adoptando medidas urgentes tendentes a impedir de manera eficaz su transmisión o propagación al resto del territorio nacional.
3. Reforzar el sistema de control de las embarcaciones y del agua de lastre.
4. Reforzar el sistema de control del comercio de especies ilegales como el helecho de agua.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Magdalena Nevado del Campo, Manuel Mariscal Zabala, Ángel López Maraver y Víctor Manuel Sánchez del Real, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/001019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el derecho de la ciudadanía al acceso a la
información sobre su consumo eléctrico bajo criterios de transparencia, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Una democracia de calidad se construye en torno a varios pilares: unas sólidas instituciones democráticas que se dividen el poder, en un sistema de frenos y contrapesos; el origen democrático de todos los poderes del Estado; y la
existencia de derechos de ciudadanía garantizados judicialmente, que no solo deben respetar las instituciones públicas, sino también todos los entes que, aun siendo privados, tienen suficiente poder para condicionar la vida de los ciudadanos.
El sector energético es un ámbito estratégico nacional, fuertemente enraizado en el modelo económico y social de nuestro país, al igual que ocurre en el resto de naciones del entorno comunitario.
Tras un periodo de alta regulación, los últimos Gobiernos han iniciado una paulatina liberalización del sector basada en la separación de actividades de generación, transporte, distribución y comercialización, acorde a las indicaciones
emanadas por las directivas europeas.
Sin embargo, esta separación no ha sido completa y se mantienen grupos empresariales con intereses comunes y gran capacidad de presión en las distintas fases del negocio energético, en un contexto en el que la electricidad se ha convertido
en un recurso de primera necesidad y en un vector de igualdad/desigualdad y de bienestar/vulnerabilidad de primer orden.
En este escenario, la gestión de la información se presenta como uno de los pilares para la modernización del sector eléctrico y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, que aporten a las familias ya no solo la provisión de energía
necesaria en sus vidas sino otros productos y servicios relacionados.
La Ley del Sector Eléctrico, en su Artículo 40.2.g, recoge entre las funciones del gestor de la red la de 'facilitar los datos de consumo a los sujetos en los términos que reglamentariamente se establezcan'.
Asimismo, la propuesta de la Directiva Europea COM(2016) 864 en su artículo 20 defiende que 'los sistemas de medición miden con precisión el consumo real de electricidad y proporcionan a los clientes finales información sobre el tiempo real
de uso. Dicha información se pondrá fácilmente a disposición de los clientes finales, sin costo adicional y casi en tiempo real, para brindar soporte a los programas automatizados de eficiencia energética, respuesta a la demanda y otros servicios'.
Por lo tanto, el acceso a la información de contadores digitales se configura como un derecho de la ciudadanía en tanto que consumidora de energía, al igual que su potestad para ceder esos datos a terceras partes tal como marca la
legislación española (Ley Orgánica 3/2019, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).
En la actualidad se detecta una evidente dificultad de alcance al dato de consumo por parte del usuario, tanto en el ámbito del hogar por ausencia de dispositivos 'inteligentes' como al acceso remoto on line.
Si bien es cierto que el consumidor puede acceder a través del portal web de la compañía distribuidora, el proceso es complejo y confuso, al utilizarse en ocasiones distintas marcas de comercialización dentro de un mismo grupo. Además, los
datos se ofrecen en una curva con información agregada por horas y hasta con un mes de retraso, con lo que se pierde una parte importante de las potencialidades de ahorro de energía y se desincentiva la participación activa del consumidor en el
mercado eléctrico.
Las principales compañías distribuidoras tampoco facilitan la cesión de datos de consumo a terceras partes, pese a contar con el consentimiento de los consumidores titulares de dichos datos, dificultando así primero la posibilidad de
analizar estos datos por parte de expertos en optimización energética, y después la propuesta de medidas de ahorro en términos de consumo y, por tanto, de gasto en la factura.
Es importante recalcar que el acceso a la información no debe exclusivamente su pertinencia a cuestiones económicas o de responsabilidad ambiental de las familias; se trata del derecho de las personas consumidoras a recibir una información
correcta, objetiva, cierta, eficaz, comprensible y suficiente de todos los productos, bienes y servicios puestos a su disposición, tal y como recoge el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Se trata por tanto de una cuestión directamente vinculada a la transparencia necesaria de las empresas en su relación con los usuarios y a los niveles de Democracia a los que debemos aspirar como sociedad moderna. Los datos de consumos,
franjas horarias, origen del gasto, etc, deben ser accesibles a las personas en primer lugar por derecho propio y además para actuar acorde a su criterio y conveniencia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que garantice el acceso a la información de contadores digitales de consumo eléctrico en tiempo real o casi real para facilitar y permitir, en base a la transparencia, la toma de decisiones
de la ciudadanía respecto a sus gastos, contratos y alternativas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-Ariagona González Pérez, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Luc Andre Diouf Dioh, Héctor Gómez Hernández y María Tamara Raya Rodríguez, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas
Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura y Deporte
161/001000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. José Ramírez Del Río, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Francisco José Contreras Peláez, Don Pedro Requejo Novoa, Don Francisco José Alcaraz Martos, D.ª Teresa López Álvarez y D. Antonio Salvá Verd, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la emisión de un documental sobre la historia de la banda terrorista ETA en la televisión pública francesa, para su debate ante la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Primero. La banda terrorista ETA ha tenido como principal objetivo desde su constitución la construcción de un Estado socialista en el País Vasco, independiente de los Estados español y francés. Nació como una supuesta alternativa
ideológica a los postulados del PNV, con cuatro pilares básicos: la defensa del euskara, el etnicismo (como fase superadora del racismo), el antiespañolismo y la independencia de los territorios que, según reivindican, pertenecen a 'Euskadi':
Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra (en España), Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa (en Francia).
Se autodefinían como una 'organización clandestina revolucionaria' que defendía la lucha armada como el medio de conseguir la independencia del País Vasco. Sus integrantes, consecuentemente, utilizaron el asesinato, el secuestro y la
extorsión económica para tratar de lograr ese fin.
El primer asesinato de la banda terrorista tuvo lugar el 7 de junio de 1968, cuando José Antonio Pardines Arcay, agente de la Guardia Civil, fue asesinado a manos de los militantes de ETA, Javier Etxebarrieta e Iñaki Sarasketa, a pesar de
que, ya el 18 de julio de 1961, se produjo el intento fallido de descarrilar un tren ocupado por personas que se dirigían a San Sebastián.
Pero la acción de esta banda terrorista no se limitaba a los ataques armados, sino que estaban presentes igualmente en el escenario político. Y ello a través de diferentes partidos políticos que fueron sucesivamente ilegalizados por el
Tribunal Supremo mediante Sentencia después confirmada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Segundo. En este contexto, el pasado 27 de abril, la cadena pública FR 3 emitió un 'documental' titulado Pays Bas que et Liberté, un long chemin vers la paix, de 50 minutos de duración y financiado por France Télévisions con la
participación de Public Sénat, el apoyo del Centre National du Cinéma et de l'Image Animée y de la región Nouvelle Aquitaine.
En él se expresan dos exministros franceses, los Sres. Pierre Joxe y Christiane Taubira, un ex presidente de tribunal (Sr. Serge Portelli), un senador por el País Vasco francés del partido Les Républicains (Sr. Max Brisson), el alcalde de
Bayona, Sr. Jean René Etchegaray, dos profesores de universidad (Sres. Xavier Crettiez y Jean Pierre Massias), Sr. Gabriel Mouesca (miembro histórico de
Iparretarrak) y los etarras Sr. Eugenio Extebeste (Antxón) y Sr. Josu Urrutikoetxea (Josu Ternera), entre otros.
Este 'documental', con mero fin propagandístico y de blanqueamiento de facto de los crímenes cometidos por la Banda Terrorista ETA durante su deleznable trayectoria, defiende la tesis de que ETA merece reconocimiento por sus denodados
esfuerzos hacia la paz. En la misma línea, interpreta el franquismo y la Guerra Civil española como estrategias contra los vascos y se desliza por la pendiente de los estereotipos para atribuir una antipatía visceral contra los vascos por parte de
los demás españoles. Incluso algunos de sus participantes aseguraron en este 'documental' tendencioso que el Estado español no había superado realmente el franquismo.
Además, el 'documental' no hace referencia a las víctimas de ETA: no se hace mención alguna al número de heridos, secuestros, asesinatos, ni extorsionados con el denominado Impuesto Revolucionario, que se utilizaba para financiar
ilícitamente a la banda terrorista.
A título de ejemplo, el 'documental' indica que el Sr. Josu Urrutikoetxea (Josu Ternera) habría sido condenado únicamente por intentar negociar con el Estado español, cuando la realidad es que fue condenado a prisión por ser uno de los
responsables de los atentados de la plaza de la República Dominicana en Madrid (Julio 1986), de Hipercor (julio de 1987) y de la Casa Cuartel de Zaragoza (diciembre de 1987).
Por todo esto, no es de extrañar que la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, la Sra. Maite Pagazaurtundua, haya señalado que el documental 'justifica los asesinatos de
ETA, legitima la persecución y atenta contra la reputación democrática de España'.
Tercero. En relación con este documental, el pasado 21 de mayo de 2020, el grupo 'Foro de Profesores' emitió un comunicado que cuenta con 340 firmas de profesores de España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Australia, y en el que
denuncia el documental emitido por la televisión pública francesa.
En concreto, el 'Foro de Profesores' denuncia la financiación pública en Francia y la participación de ex altos cargos y profesores y destaca que la insolvencia histórica del documental, toda vez que no aparecen historiadores entre los
intervinientes. 'Entre las fuentes no figura el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco, una institución con el balance más serio y nutrido de publicaciones sobre la historia vasca reciente' y concluye que
'no hay aval académico para una narrativa que, multiplicada por las voces indistinguibles de los protagonistas, replica la vulgata abertzale'.
Para esta asociación, el director escogió unos datos que son más próximos a Euskal Memoria Fundazioa (una institución creada desde el nacionalismo vasco radical dos años antes de que ETA anunciara el fin de su actividad y financiada con
dinero público francés) que a historiadores y estadistas de prestigio.
El comunicado de 'Foro de Profesores' también denuncia la banalidad con la que trata a una banda terrorista que ha asesinado a más de 800 personas. Una de las exposiciones de este material, como hemos comentado anteriormente, se centra en
justificar la historia de la banda terrorista como una supuesta respuesta a la represión del franquismo, sin tener en cuenta que el 95 % de los asesinatos de ETA tuvieron lugar después de 1975.
Finalmente, el 'Foro de Profesores' pide que ninguna otra película de propaganda apologética de los antiguos terroristas de ETA, plagada de mentiras empeñadas en constituirse, con dinero público francés, en verdades oficiales del
nacionalismo vasco, reciba en Francia apoyo institucional y académico.
Por otro lado, la eurodiputada Maite Pagazaurtundua ha remitido diversas cartas a miembros del Gobierno y de la diplomacia española solicitándoles que impidiesen la difusión del citado documental en el que se justifican los asesinatos de
ETA, se legitima la persecución y se atenta contra la reputación democrática de España. Esta denuncia se debe, como ha comentado la propia eurodiputada, a que 'está en fase de venta a otros canales internacionales, por lo que el riesgo de que
aumente su difusión es muy alto'.
Ante esta situación, el Gobierno español, en defensa de los derechos e intereses de las víctimas y, en general, de toda la sociedad española debe exigir a la República francesa las explicaciones pertinentes por la difusión de este documental
y, en su caso, utilizar los instrumentos de que dispone para evitar su difusión posterior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
- Transmitir queja diplomática a la República Francesa por la emisión en su canal de televisión público FR 3 del documental 'Pays basque et liberté. Un long chemin vers la paix' dirigido por el Sr. Thomas Lacoste.
- Promover en el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y otros organismos supranacionales el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de la ETA.
- Suprimir las subvenciones a material gráfico que pretenda blanquear la barbarie sufrida por las víctimas del terrorismo en ambos Estados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-José Ramírez del Río, Francisco José Contreras Peláez, Mireia Borrás Pabón, Pedro Requejo Novoa, Francisco José Alcaraz Martos, Antonio Salvá Verd y María Teresa López Álvarez,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración de la Primera División Femenina como
competición profesional, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El pasado 22 de mayo, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino presentó una solicitud al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que la Primera División Femenina sea calificada como competición profesional. Según el artículo 46 de la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la calificación como competición profesional corresponde al CSD,para lo que será necesario acreditar, entre otros criterios, 'la existencia de vínculos laborales entre Clubes y deportistas y la importancia y
dimensión económica de la competición.'
El día 9 de junio, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades emitió una nota, tras una reunión con la Asociación de Futbolista Españoles, en la que hacía público el compromiso de Beatriz Gimeno, directora de esta
institución, de apoyar la petición para que la Primera División Femenina adquiera cuanto antes la categoría de profesional.
Un día más tarde, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitía un comunicado mediante el cual declaraba competiciones profesionalizadas a la Primera y Segunda División femeninas. Esta modificación, vía estatutos de la propia RFEF,
supondrá que en las bases de la competición habrá una serie de 'requisitos sobre la profesionalidad de las futbolistas y que se fijarán unas condiciones mínimas de carácter laboral que deberán reunir los participantes.'
Sin embargo, la decisión adoptada por la RFEF únicamente tiene efectos internos y organizativos, tal y como reconoce la propia Federación, ya que el actual marco normativo únicamente distingue entre competiciones profesionales y no
profesionales.
En primer lugar, creemos que en estos momentos la Primera División femenina cumple todos los requisitos previstos en la Ley del Deporte para ser calificada como competición profesional si atendemos a las condiciones laborales, los niveles de
ingresos y audiencia alcanzados en estos últimos años por la competición. En segundo lugar, la declaración como competición profesional de la Primera División Femenina ayudaría a los clubes de la competición a gestionar sus propios recursos, lo que
sería una herramienta muy potente para facilitar el desarrollo profesional de las futbolistas.
Por último, si el CSD apoyara la solicitud mencionada anteriormente, se estaría dando un paso muy importante para alcanzar la igualdad efectiva en el mundo del deporte.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a aceptar, a través del Consejo Superior del Deporte, la solicitud presentada por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino para ser calificados como competición profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Ignacio Garriga Vaz De Concicao y D. Antonio Salvá Verd, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en el artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a trabajadores sanitarios y socio-sanitarios, para su discusión en Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. La enfermedad por el Coronavirus de Wuhan, denominado SARS-CoV-2, siendo posteriormente bautizada la patología que cursa como COVID-19, (Coronavirus Disease of 2019). La COVID-19 es la mayor amenaza que ha tenido España desde la
Guerra Civil, y no solo ha amenazado y amenaza nuestra salud, sino también nuestra economía, y lo que es peor, nuestra libertad, restringida esta mediante la aprobación del estado de alarma tras la declaración de la pandemia el 11 de marzo de 2020
por la Organización Mundial de la Salud. Es absolutamente necesario que hagamos frente a esta situación de forma decidida, porque lo que para otras naciones es un problema grave, para España puede significar la ruina y la ruptura de nuestra forma
de vivir.
Se ha demostrado la insuficiente protección de nuestros sanitarios y del personal al servicio de la administración sanitaria y socio-sanitaria. También ha quedado demostrada la escasez de recursos, la ineficaz respuesta científica -no por
falta de conocimiento ni de personal cualificado, sino por la falta de inversión y de dotación de los recursos necesarios, la falta de medios para atender urgencias y emergencias, y por supuesto la imprevisión y falta de coordinación y gestión
eficaz ante una pandemia o emergencia nacional del orden sanitario como la que ahora afrentamos.
La 'fuga de cerebros' de la última década en los perfiles sanitarios ha quedado patente en estas fechas recientes, y se ha puesto de manifiesto cuando los mayores expertos en investigación en infectología, virología y especialidades conexas,
así como el personal de enfermería, nos referían sus experiencias desde UK y desde Estados Unidos y Alemania, teniendo el Ejecutivo que ordenar la incorporación de estudiantes del último ciclo y especialistas MIR que, sin el reconocimiento de su
especialidad, han sido contratados temporalmente como si de médicos sin cualificación específica se tratara.
Segundo. Asimismo, los profesionales de la Sanidad llevan años soportando unos salarios indignos de sus respectivas profesiones y cualificaciones profesionales, tal y como ha sido y es reclamado por las principales organizaciones de
profesionales (Colegios, Consejos generales, asociaciones y sindicatos).
Distintos informes permiten conocer algo más sobre la realidad laboral de estos colectivos y su situación en relación con otros países de nuestro entorno, revelando que los salarios medios de los médicos se encontraba en 53.000 euros
anuales, variando a 54.000 euros en caso de especialistas y a 51.000 euros, para el caso de los profesionales de la atención primaria. También se refleja la brecha salarial, en relación al género: El 47 % de las mujeres cobran, de media, menos de
45.000 euros frente al 28 % de los hombres. Y un 27 % cobra más de 55.000 euros anuales, frente a un 52 % en el caso de los hombres.
La subida de sueldo para los empleados públicos, entre los que se encuentran los profesionales del Sistema Nacional de Salud, se encuadra en los acuerdos firmados con los sindicatos en 2018, y ratificado en 2019, y suponía un aumento
salarial de unos 65 euros mensuales para los médicos y 50 euros para los profesionales de Enfermería. Para el grupo A, del que forman parte los médicos especialistas y facultativos en general, el aumento de sueldo del 2 % supone un incremento
salarial de unos 900 euros brutos al año. Por su parte, para el grupo A2, en el que están incluidos, entre otros, profesionales de Enfermería, matronas y fisioterapeutas, el aumento supone unos 700 euros brutos extra al año. Para el grupo C1,
entre los que se incluyen, por ejemplo, los técnicos de radiodiagnóstico o de documentación sanitaria, el aumento supone un incremento salarial de 560 euros anuales y para el grupo C2, donde se encuentran los Tcaes o los técnicos de farmacia, supone
460 euros adicionales. Para el grupo E, donde están los celadores, la subida es de 380 euros.
Tercero. El Gobierno de España hasta ahora solo ha basado su estrategia en el confinamiento, las cuarentenas y en el aislamiento de toda la población. Sus protocolos de actuación solo han incluido a los sintomáticos graves, y no se ha
dictado la obligatoriedad de hacer PCR a los que han sido contactos con casos confirmados. Dado que se estima que un 20-40 % de los casos son asintomáticos, pero contagiosos, esto explica el que España tenga la mayor tasa de infectados del mundo, y
que la sobrecarga del sistema haya hecho que seamos el segundo país con más fallecidos por habitante, y eso aceptando las cifras oficiales e irreales del Gobierno.
Todo ello, ante la informada falta de kits de diagnóstico y reactivos y la falta de laboratorios para su efectiva realización a la población de forma masiva por parte del Gobierno español, debe ser remediado cuanto antes. España está en
condiciones de poder proveer este número de tests, si como hemos indicado en anteriores iniciativas parlamentarias, el Gobierno de la Nación utiliza los recursos del SNS, los de 326 laboratorios científicos de Universidades y Centros de
Investigación, y hace uso del servicio de los laboratorios de empresas privadas.
En este sentido, desde la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) y empresas del sector ofrecieron hace meses una respuesta conjunta y coordinada a las dificultades manifestadas por el Gobierno en la crisis de la Covid-19, para la
adquisición de material de tests de detección masivos a la población. Este conjunto de entidades proponía impulsar el diagnóstico del Covid-19 y poner en valor las capacidades de producción del sector en nuestro país, que alcanza los 745.500 tests
PCR semanales, y que podría doblarse con una planificación mensual, siempre que existiese el compromiso de compra por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Huelga decir que desde la publicación de la Orden SND/ 344/ 2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, se dispone la obligación y la disponibilidad para los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico privados para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico existentes. En este sentido, debe
autorizarse a dichos laboratorios privados para que realicen los tests que sean encargados por cualquier institución o facultativo, ya sean en el ámbito público como privado, modificando las 'directrices, instrucciones y criterios acordados al
efecto por la autoridad sanitaria competente' que, aún cuando no han sido publicadas (en la ya reiterada falta de transparencia que el estado de alarma ha puesto de manifiesto), se han traducido en indicaciones vía email a todos los facultativos
médicos de atención primaria/ especializada -desde las Gerencias y Consejerías de Sanidad correspondientes- 'recomendando' la inadmisión de llamadas telefónicas de pacientes que solicitaran la prescripción facultativa de las citadas pruebas
diagnósticas, e indicando a estos mismos pacientes, caso de que la consulta llegara al médico prescriptor, que no estaban autorizados a su prescripción (aún en el caso de pacientes recientemente hospitalizados por COVID-19 a los que no se realizó
tests PCR de confirmación de superación de la enfermedad ni tests serológicos de confirmación de existencia de anticuerpos).
En virtud de todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas y actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de las siguientes actuaciones:
1. Promover en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la mejora y equiparación de la retribución económica de todos los médicos, independientemente de su especialidad.
2. Recuperar el potencial humano y profesional sanitario que se ha visto obligado a abandonar nuestro país en busca de mejores oportunidades.
3. Realizar las siguientes pruebas al personal del ámbito sanitario y del ámbito socio-sanitario.
a) Se hará PCR y serología por ELISA a todo el personal sanitario y socio-sanitario, comenzando por aquellos trabajadores con más exposición a los enfermos (médicos, enfermeras y auxiliares de clínica, celadores de riesgo, farmacéuticos,
técnicos de laboratorio...) y continuando por celadores, personal administrativo y otros. Este cribado se repetirá cada dos meses si se mantiene la epidemia.
b) A todo personal sanitario que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado, se la realizará PCR y test de ELISA IgM e IgG en caso de que no tuviese en ese momento adecuada protección ( EPI, mascarillas tipo FFP2 o superior para
situaciones sin generación de aerosoles, o FFP3 y pantalla en caso de situaciones con generación de aerosoles). El análisis se hará en 24 horas. Mientras se recibe el resultado será sometido a aislamiento y será dado de baja. Se reincorporará de
alta si está asintomático y la PCR es negativa.
c) A todo personal sociosanitario que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado, se le realizará PCR y test de ELISA IgM e IgG en caso de que no tuviese en ese momento adecuada protección (mascarillas tipo FFP2 o superior). El
análisis se hará en 24 horas. Mientras se recibe el resultado será sometido a aislamiento y será dado de baja. Se repetirá la PCR cada 5 días. Se reincorporará de alta si está asintomático y la PCR es negativa.
d) El personal sanitario y socio-sanitario que resulten casos confirmados y no requieran ingreso hospitalario, serán manejados de la misma forma que la población general en cuanto al aislamiento. Para la reincorporación a su puesto de
trabajo será necesario que la PCR sea negativa, además de la resolución de síntomas al menos 3 días antes del alta.
- En caso de que sea negativa, el profesional se reincorporará al trabajo haciendo uso de mascarilla quirúrgica hasta pasados 14 días desde la fecha de inicio de síntomas.
- En caso de que la PCR siga siendo positiva el trabajador no podrá reincorporarse a su puesto de trabajo y se le dará una nueva cita para repetir la PCR.
e) El personal sanitario y socio-sanitario que resulten casos confirmados y requieran ingreso hospitalario, serán manejados de la misma forma que la población general en cuanto al aislamiento. Para la reincorporación a su puesto de trabajo
será necesario que la PCR sea negativa, además de la resolución de síntomas al menos 3 días antes del alta.
- Durante su ingreso, se harán tests de PCR y serología por ELISA a sus familiares.
- Deben tener una PCR negativa al alta.
Si la PCR sigue siendo + y se precisan camas en el hospital, y es preciso dar el alta: Se hará alojamiento en hoteles, en plantas aisladas, preferiblemente accesibles sin usar el ascensor y con un sistema de aire acondicionado con
renovación continua, y sistemas de desinfección de aire adecuados (filtros HEPA, ULPA, jónica, catalítica o UV).
En caso de que la PCR siga siendo positiva el trabajador no podrá reincorporarse a su puesto de trabajo y se le dará una nueva cita para repetir la PCR.
4. Potenciar la atención primaria para que sea posible la toma de muestras en condiciones de seguridad.
5. Potenciar la atención primaria para poder realizar el seguimiento de los casos confirmados que estén aislados y para realizar un seguimiento de los contactos estrechos de casos confirmados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Ignacio Garriga Vaz de Concicao y Antonio Salvá Verd, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y de Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la realización de una campaña institucional de comunicación para la prevención de los riesgos del COVID-19, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. ¿#Salimosmásfuertes?
El 25 de mayo de 2020 el Gobierno puso en marcha una nueva campaña institucional de difusión nacional con el eslogan '#SalimosMásFuertes'. Su objetivo, según consta en el sitio web de la Presidencia del Gobierno, es 'agradecer a toda la
ciudadanía su responsabilidad y esfuerzo para vencer al COVID-19' en el contexto de transición hacia la llamada 'nueva normalidad'. El vídeo 7 que resume la campaña, alojado en la misma página web, contiene frases como las siguientes:
- 'Aguantar no es fácil' pero 'lo hemos hecho siempre, porque aquí no somos muy de rendirnos'.
- 'Después de tantos días ya solo piensas en ganar, en fijarte en las cosas que empiezan a cambiar'.
- 'Y te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Solo que ahora lo sabes'.
- 'Esa es la fuerza con la que vamos a salir'.
Segundo. Encaje de la campaña en el plan de publicidad y comunicación institucional 2020.
La campaña institucional '#SalimosMásFuertes' se estrenó, como hemos apuntado, el 25 de mayo. Este dato es relevante puesto que, hasta el día siguiente, 26 de mayo, no fue aprobado por el Consejo de Ministros el Plan de Publicidad y
Comunicación Institucional de 2020, redactado al amparo del artículo 12 de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional ('LPCI').
Las fechas mencionadas indican que:
i. o bien la campaña '#SalimosMásFuertes' no fue realizada en el marco de un Plan aprobado, en cuyo caso se desconocería su respaldo legal;
ii. o bien la antedicha campaña fue incluida en el Plan de 2020, a pesar de que su realización fue previa a la aprobación de este. En tal caso, suponemos se trata de una de las dos detalladas en el Cuadro 5.1 del Plan: 'Campaña de
prevención del COVID-19 durante la fase de transición hacia la Nueva Normalidad' o 'Campaña informativa de refuerzo sobre recomendaciones y prevención frente al COVID-19'. Cualquiera de ellas tiene un coste cercano a los 5 millones de euros.
Tercero. Una campaña institucional de fines dudosos.
No podemos perder de vista que la publicidad y comunicación institucionales 'deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes,
y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos'. Así lo afirma la Exposición de Motivos de la LPCI, cuyos artículos 3 y 4 desarrollan dicho principio mediante un listado numerus clausus de requisitos y prohibiciones,
respectivamente, de las campañas institucionales.
Concretamente, el artículo 4.1.a) dispone que:
'No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo 1 de esta Ley', es
decir, por la Administración General del Estado y demás entidades integrantes del sector público estatal.
La campaña '#SalimosMásFuertes' incumple claramente este principio legal, toda vez que se dedica a ensalzar la labor de gestión del Gobierno y da a entender, mediante un mensaje ideal, que la emergencia de salud pública y la crisis económica
han finalizado.
En un contexto real de decenas de miles de muertos, de falseamiento público de los datos de defunciones y de contagios, de ocultación de información epidemiológica relevante, de entierro de las
7 https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/covid19/Paginas/2020/250520-salimosmasfuertes.aspx
obligaciones públicas de transparencia, de proliferación de normas de más que dudosa legitimidad disueltas en el maremágnum legislativo sanitario y de deterioro de la calidad institucional y de la separación de poderes, hablar de 'salir más
fuertes' es, sencilla y llanamente, mentir a todos los españoles. En otras palabras, es querer disfrazar bajo la pátina de unas palabras amables y de un mensaje sensiblero la cruda realidad de que nuestro país ha sufrido un durísimo golpe sanitario
y económico que la errática gestión del Gobierno no ha hecho sino acrecentar y del que solo hemos sufrido el principio.
Cuarto. Ejemplos de campaña institucional útil a los ciudadanos.
Esta campaña negacionista de la realidad, utopía orwelliana en toda regla, nos confirma que no podemos fiarnos del mensaje de quienes nos gobiernan. El Ejecutivo ha perdido, sin duda, la oportunidad de aprovechar la coyuntura para
desarrollar una buena campaña institucional a nivel nacional, una que verdaderamente hubiera servido para 'advertir a los ciudadanos de la adopción de medidas de seguridad pública' o 'preventivas de riesgos' y que se hubiese ajustado además a 'las
exigencias derivadas de los principios de interés general (...), veracidad y transparencia', principios todos ellos recogidos en el mencionado artículo 3 LPCI.
Así lo han hecho otros países como Italia, que ha diseñado una campaña dirigida a prevenir a los ciudadanos frente al peligro real del nuevo coronavirus y a exhortarles a no decaer en el cuidado de las medidas sanitarias recomendadas. El
vídeo creado para la campaña alterna imágenes de jóvenes divirtiéndose en la calle con otras de enfermos intubados o monitorizados en Unidades de Vigilancia Intensiva. Mientras, de fondo, se escucha el siguiente mensaje:
'No hace falta mucho: unos centímetros de menos, un descuido, una palmada en la espalda, un saludo más cálido, unas risas inocentes o un apretón de manos. Cualquier ligereza.., y todo se detendrá de nuevo. La COVID-19 se combate en los
hospitales, pero sobre todo fuera' 8.
Mostramos a continuación diferentes capturas de pantalla del vídeo emitido por la Región del Véneto, en Italia:
8 https://youtu.be/2jc25B7sBiM?'Basta poco. Qualche centímetro in meno, una svista, una pacca sulla spalla, un saluto più caloroso, una risata innocente, una stretta di mano. Una leggerezza. E tutto tornerà a fermarsi. Il COVID-19 si
combatte in ospedale, ma soprattutto fuori' (la traducción es nuestra).
Incluso en España se han emitido durante la 'desescalada', aunque solo con alcance autonómico, algunos vídeos que respetan mucho más los preceptos de la LPCI porque están verdaderamente 'al servicio de las necesidades e intereses de los
ciudadanos'. Destacan entre ellos el de Asturias 9 y el de Valencia 10. Ambos, en escasamente un minuto:
- recogen testimonios de personas que han sufrido la enfermedad del coronavirus y recomiendan, provistos de mascarillas, ser prudentes;
- ensalzan la actitud de aquellos que han cumplido con las medidas de seguridad durante el confinamiento;
9 https://youtu.be/H8gFSb5cBxs
10 https://youtu.be/b4hI7Too1Rc
- incluyen mensajes de prevención tales como 'ahora es el momento de no bajar la guardia', 'respetemos las medidas de seguridad para cuidarnos y cuidar de los nuestros' o 'la desescalada también es nuestra responsabilidad';
- facilitan páginas web donde informarse sobre las medidas de seguridad aplicables durante la desescalada.
A continuación se muestran imágenes de los vídeos de las campañas asturiana y valenciana:
España necesita una campaña de comunicación institucional de difusión nacional que no pretenda ocultar la realidad y que no permita que el deseo de dar una buena imagen de la gestión gubernamental durante la pandemia prevalezca sobre el bien
de la salud pública ciudadana.
¿O a alguien se le ocurre que una ciudad de un país en guerra que acaba de sufrir un duro bombardeo en el que han muerto decenas de miles de personas y que muy probablemente sufrirá un ataque similar en el futuro próximo pueda decir,
inmediatamente después de finalizado el bombardeo y en medio de la destrucción, que ha salido más fuerte?
En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a preparar y difundir, en el marco del vigente Plan de Publicidad y Comunicación Institucional y dentro de las partidas en él asignadas al Ministerio de Sanidad para la prevención frente a la
COVID-19, una campaña que verdaderamente responda a dicho objetivo.
Más concretamente, esta campaña deberá contener lo siguiente:
- Alusiones a la gravedad del coronavirus mediante: (i) testimonios de enfermos recuperados, de familiares de fallecidos y de sanitarios; (ii) grabaciones tomadas en servicios hospitalarios de Urgencias y de Vigilancia Intensiva; (iii)
mención de las cifras reales de enfermos y fallecidos en España; (iv) consecuencias de la COVID-19, con especial mención al desconocimiento existente sobre la enfermedad; y (y) cualesquiera otros recursos similares a tal efecto.
- Recomendaciones concretas y actualizadas para la prevención de nuevos contagios y la actuación frente a ellos, a fin de concienciar a la población de que la lucha contra la epidemia aún no ha terminado y de que la destrucción del virus
depende, en gran parte, de la actitud y la responsabilidad individual.
- Ofrecimiento de una página web, teléfono de atención o aplicación móvil donde recabar ulterior información de interés en materia de protección contra la COVID-19 y de los recursos sanitarios públicos y privados disponibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la realización de
reconocimientos y homenajes en el Sistema Nacional de Salud a los profesionales sanitarios afectados por la pandemia de COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Los profesionales sanitarios son el principal activo del Sistema Nacional de Salud y una de las principales razones por las que la sanidad española es considerada como un modelo a seguir en todo el mundo.
Médicos, enfermeras, farmacéuticos, fisioterapeutas... se encuentran entre las profesiones mejor valoradas en nuestro país desde hace años y su desempeño diario en las consultas ha resultado y resulta esencial, entre otras cosas, para que
los españoles seamos los ciudadanos con la mayor esperanza de vida al nacer de toda la Unión Europea.
Esta realidad se ha visto reforzada en los últimos meses, durante la crisis generada por la pandemia de COVID-19, lo que ha servido para demostrar, una vez más, que la vocación, el esfuerzo y la dedicación mostrada por los profesionales del
SNS para preservar la salud de los españoles no conoce límites por muy adversas que sean las circunstancias.
Saturación sin precedentes de los servicios, carencia continuada en cantidad y calidad de equipamientos de protección individual, acceso minoritario a la realización periódica de pruebas
diagnósticas fiables y efectivas, promesas incumplidas en la contratación de personal de refuerzo, ausencia de compensaciones económicas extraordinarias..., son arduas y numerosas las deficiencias sufridas por los profesionales sanitarios
durante el estado de alarma -con el Ministerio de Sanidad como autoridad competente- que fue declarado oficialmente por el Gobierno el pasado 14 de marzo.
Fruto de esta realidad, España es el país del mundo con mayor número de profesionales sanitarios contagiados por COVID-19, con cifras que superan los 51.000 afectados de acuerdo con los datos oficiales más actualizados en el momento en el
que se elaboraba la presente iniciativa.
A pesar de esta realidad, el Gobierno se ha limitado a destacar en sus discursos la labor desempeñada por los profesionales sin acceder a convertir en acciones tangibles solicitudes planteadas desde los consejos de colegios profesionales,
las sociedades científicas o los sindicatos como, por ejemplo, la elección presencial de las plazas de formación sanitaria especializada correspondientes a la convocatoria 2019-2020 o el reconocimiento a todos los efectos del contagio por COVID-19
como enfermedad profesional.
Por todo ello, y teniendo presentes iniciativas como las desarrolladas por la Junta de Castilla y León, donde se están modificando los nombres de los centros de salud de la Comunidad Autónoma para homenajear a los profesionales sanitarios
fallecidos a causa de la pandemia,
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y desde la total coordinación con las Comunidades Autónomas, iniciativas con las que homenajear y poner en valor
el encomiable trabajo realizado y la función esencial desempeñada por los profesionales sanitarios en todo el territorio nacional para contener la pandemia y favorecer el mejor tratamiento y cuidado posibles de los ciudadanos afectados por
COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Elvira Velasco Morillo y Paloma Gázquez Collado, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elección presencial de
plaza MIR desde la transparencia y con seguridad ante la pandemia de COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Uno de los motivos esenciales por los que los profesionales sanitarios son el principal activo del Sistema Nacional de Salud, se encuentran entre las profesiones mejor valoradas de España y son solicitados por los países de todo el mundo es,
sin duda alguna, el modelo de formación MIR.
A pesar de ello, y del mismo modo que ha ocurrido en muchos otros ámbitos, la crisis generada por la pandemia de COVID-19 ha alterado la gestión de la convocatoria de las plazas de formación de este año.
En primer término, tras la celebración del examen el pasado 25 de enero y coincidiendo con el inicio de la pandemia, se paralizó la elección de las plazas y la posterior incorporación de los aspirantes.
Posteriormente, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden SND/411/2020, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden SCB/925/2019, de 30 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de
pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la
Biología y la Física, el Gobierno planteó que, por primera vez la elección sería telemática para garantizar la seguridad ante el COVID-19.
Esta decisión por parte del Gobierno provocó protestas virtuales por parte de los opositores, en las que se han mostrado especialmente críticos con el Ejecutivo -concretamente con el Ministerio de Sanidad y su Dirección General de Ordenación
Profesional- por 'la falta de transparencia en la tramitación de expedientes académicos, el desconocimiento de los plazos para la elección de las plazas, falta de equidad en la baremación de los méritos e incertidumbre en la garantía de la elección
de la propia plaza mediante la vía telemática'.
A pesar de estas críticas y de las solicitudes reiteradas por parte de los referidos opositores al Ejecutivo para que rectificase e impulsase 'una elección justa, con total garantía, en igualdad de condiciones y segura con un sistema
presencial -o una alternativa que posibilite la confirmación en tiempo real- que se adapte a la situación' generada por la pandemia, la referida Dirección General de Ordenación Profesional emitió el pasado 8 de junio la resolución por la que 'se
convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020 a las plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de
Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física' fijando el inicio del proceso para los graduados en Medicina el próximo 2 de julio y su incorporación en los respectivos centros de trabajo entre el 21 y
25 de septiembre, ratificando la elección telemática e ignorando las quejas y propuestas planteadas por el conjunto de los representantes de los profesionales sanitarios.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que el estado de alarma vigente desde el pasado 14 de marzo concluirá a las 00:00 horas del próximo 21 de junio, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, con arreglo a lo establecido en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, a habilitar la elección presencial de las plazas de formación sanitaria especializada de la convocatoria 2019/2020 para las titulaciones universitarias de grado, licenciatura y diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito
de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, poniendo en práctica para ello cuantas medidas sean pertinentes para garantizar transparencia, igualdad de condiciones y seguridad frente a la pandemia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2020.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, José Ignacio Echániz Salgado, Elvira Velasco Morillo, Eduardo Carazo Hermoso y Diego Gago Bugarín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) desde su creación en 1985 ha tenido su sede en Granada y es un organismo de enorme prestigio no solo en Andalucía sino también a nivel nacional e internacional, llevando a cabo una labor
fundamental en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Sanitario Público.
Su actividad ha resultado de vital importancia en la formación de profesionales para todos los ámbitos de la gestión sanitaria. La creación de foros de debate permanente y de proyectos de innovación la han convertido en una referencia
siendo un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud -uno de los doce que la OMS tiene en España- y de la Organización Panamericana de la Salud, entre otros.
Asimismo, su vinculación con la Universidad de Granada desde hace más de 30 años le ha otorgado una acreditación que beneficia a todos sus programas formativos dado que ésta reconoce como propios cursos Máster y Expertos impartidos por la
EASP. Gran número de instituciones y universidades nacionales y de otros países mantienen también convenios de colaboración con la EASP.
La Escuela, además de su actividad en Andalucía, trabaja también para sociedades profesionales, hospitales y servicios regionales de salud de toda España así como para terceros países a través de proyectos de la Unión Europea, la
Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial. En la Escuela se integran, a través de sus proyectos de Docencia, Consultoría e Investigación, los enfoques de salud pública y de gestión, desarrollando un proceso continuo de actualización
del conocimiento en respuesta a las variaciones en las demandas sociales y a la evolución de los sistemas sanitarios.
Por todo ello, la EASP es considerada como una institución del máximo nivel dentro del Sector Sanitario nacional, como referente en la promoción de la salud, en investigación, en la prevención de enfermedades, en definitiva, un actor
esencial en la búsqueda de la excelencia de los Sistemas Sanitarios Públicos, necesarios en su consolidación como vector esencial en las políticas de bienestar social. Es en definitiva, un centro de un reconocido prestigio que goza de una identidad
propia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados:
1. Reconoce y considera imprescindible la labor que la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Granada, ha venido desarrollando desde su creación en 1985, en favor de la formación, la cooperación internacional, investigación,
innovación, consultoría nacional e internacional y su valiosa contribución al fortalecimiento de los Sistemas Sanitarios en Andalucía, España, Europa e Iberoamérica.
2. Insta al Gobierno Central a reforzar la cooperación con el Gobierno de la Junta de Andalucía para la generación de nuevos proyectos de conocimiento implementando la colaboración entre las organizaciones sanitarias, promoviendo espacios
de intercambio de experiencia e información, de cara a potencial las políticas de Sanidad, del que es un exponente destacado la EASP de Granada preservando su identidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-Elvira Ramón Utrabo, José Antonio Rodríguez Salas y María Inmaculada Oria López, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón y D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de una aplicación centralizada que permita a las autoridades sanitarias tener un mejor control epidemiológico, para su debate ante la Comisión
de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. Ante la emergencia sanitaria nacional de la COVID-19, se ha mostrado mucha solidaridad y flexibilidad por parte de nuestra industria. España tiene una red de telecomunicaciones de gran capacidad y es una de las más densas de
Europa. Además, es la duodécima potencia mundial en publicaciones científicas y cuenta con centros científicos y de investigación en la élite internacional. El objetivo es conseguir que esta excelencia científica se traspase a la industria tanto
en el ámbito profesional como social.
Actualmente, se presenta una gran oportunidad desarrollando soluciones con la red 5G, que hará posibles importantes cambios en el ámbito social y de la salud. En el caso de la salud, tanto en la monitorización como en el diagnóstico y el
tratamiento, y en el área social, con los robots que ayudarán a asistir a la gente mayor utilizando inteligencia artificial con aprendizaje, adaptándose a cada persona. La tecnología 5G es un posicionamiento estratégico de la Unión Europea y
también será un habilitador de la tecnología Blockchain y de la Inteligencia Artificial. Además, en la Unión Europea, el 5G hará posible la creación de 2,3 millones de puestos de trabajo y viviremos una etapa en la que se combinará lo presencial
con lo virtual, siempre con un grado de seguridad superior y con las precauciones adicionales. Se utilizarán los datos de ubicación y los datos de salud para permitir la trazabilidad, enviar alarmas, acompañar a los usuarios y relacionar
rápidamente a las personas con emergencias cuando sea preciso.
Segundo. Las aplicaciones de teléfonos móviles para rastrear los casos sospechosos de la COVID-19 se están planteando como una estrategia efectiva para evitar una nueva propagación de la enfermedad, pero también han sido cuestionadas por
poder llegar a suponer un riesgo para las libertades individuales. En muchos lugares del mundo, se están explorando los carnés víricos o epidemiológicos, como si fuera la cartilla de salud actualizada en el móvil. Por ejemplo, a través de una App,
los datos de ubicación de los usuarios podrían ser útiles para guiar y sugerir rutas alternativas dentro del espacio donde haya menor concurrencia de personas. El sistema europeo, con su modelo de protección de datos y de sociedad del bienestar
debe ser el modelo de referencia del futuro del humanismo tecnológico, generando ventajas competitivas, anticipando los efectos sociales y minimizando los efectos negativos.
Por ejemplo, en países como Reino Unido, se ha implantado un pasaporte de salud digital COVI-PASS, que muestra tanto el historial de pruebas de la COVID-19 como su respuesta inmunológica y otra información de salud relevante. Este pasaporte
permite que cualquier usuario pueda obtener información instantáneamente en movimiento, y además se puede distribuir de varias maneras según las interacciones demográficas del usuario; por lo tanto, es necesario que cada ciudadano pueda contar con
información actualizada y autenticada, que facilite de manera segura el regreso al trabajo y a la vida.
COVI-PASS está equipada con un encriptado de grado militar y tiene más de 2.2 quintillones de variaciones de códigos correspondientes de forma segura a pruebas certificadas, puede escanearse a distancia, incluso en algunos usos a más de 100
metros y aplicarse en tamaños de hasta 100 micras. También presenta corrección de errores donde el código aún funciona cuando está parcialmente dañado. Por último, la velocidad de escaneo de COVI-PASS es hasta 10 segundos más rápido que otras
tecnologías lo que supondría un gran ahorro de atención médica.
El funcionamiento de COVI-PASS es el siguiente:
1. El profesional de atención médica autorizado crea una nueva cuenta de Digital Health Passport completando los campos de datos únicos de las personas, en caso de que el usuario se haya registrado en su hogar, el profesional de la salud
simplemente puede escanear los VCode para proceder a autenticar y asignar el kit de prueba COVID-19, o bien escaneando el VCode o escribiendo el número de serie.
2. Posteriormente el profesional administra la prueba y carga el resultado al finalizar. El pasaporte COVI-PASS asigna a los usuarios un VCode lo que les permite el acceso autenticado para los protocolos de regreso al trabajo.
Por lo tanto, el VCode garantiza un retorno seguro al trabajo y a la reintegración social, y, además, es muy superior a todas las demás tecnologías y soluciones, ya que puede escanear fuera de la zona de distancia de seguridad de 2 metros lo
que permite controles seguros a todos los ciudadanos. En este sentido, una vez escaneado el pasaporte de salud COVI-PASS, muestra información segura mediante el acceso basado en permisos, sin rastrear los movimientos del individuo y preservando así
sus protecciones y configuraciones de privacidad. El profesional de atención médica dispondrá de información relevante al escanear los usuarios COVI-PASS, y el resultado de la prueba rápida de COVID-19 se verá reflejado en el sistema de semáforo en
verde (negativo) o rojo (positivo) bajo demanda.
Tercero. En cuanto a la utilización de apps en otros países de Europa, como es el caso de Francia, el secretario de Estado de Digitalización, ha defendido la elección del modelo centralizado, implantado, como hemos mencionado anteriormente,
en Reino Unido. Por su parte, la app francesa, StopCovid, se basa en el protocolo ROBERT, desarrollado en el consorcio en el que también participa España. Para el secretario francés, la salud pública es una prerrogativa soberana del Estado y
Francia disfruta de los mecanismos de control propios de una democracia.
Sin embargo, el caso alemán es uno de los más paradójicos. La señora Angela Merkel optó en un principio por continuar en el consorcio PEPP-PT, pero, pocos días después, el Gobierno decidió cambiar y abrazar la alternativa descentralizada,
el DP-3T, cuyo desarrollo lo han liderado un equipo de investigadores suizos.
Todas estas apps implantadas tanto en Francia, Alemania y Reino Unido, serán de uso voluntario. La Comisión Europea ha validado ambos enfoques, tanto el centralizado como el descentralizado, siempre que respeten unas garantías.
Cuarto. España sigue buscando una app que ayude a rastrear los contactos de los infectados de coronavirus para mejorar la detección precoz de contagios. Esta medida ya se ha puesto en marcha desde el Gobierno y algunas autonomías a través
de profesionales especializados en vigilancia epidemiológica, pero podría ser mucho más ágil si se implementa un modelo que sea interoperable en la práctica totalidad de la Unión Europea.
Una de las alternativas para conseguir apps de rastreo que garanticen la privacidad de los ciudadanos es a través de códigos encriptados que los móviles de los usuarios podrían enviar a través de Bluetooth. De esta manera, una terminal
podría emitir y recibir seriales de los dispositivos cercanos, y en caso de que un usuario se cruce con un caso positivo de COVID-19, podría saberlo y de esta manera confinarse en casa para evitar contagiar a nadie más.
En este sentido, se ha seguido con especial interés el caso de Singapur y su app, TradeTogether, posiblemente, el primer país del mundo en implementar una tecnología para rastrear contactos físicos y tratar de cortar lo antes posible cadenas
de contagios de coronavirus. Por lo tanto, gracias a su gestión, se ha convertido en uno de los ejemplos para todo el mundo a la hora de combatir la COVID-19.
Singapur ha desarrollado una app móvil que permite rastrear nuestros 'contactos' con otros usuarios a menos de un metro, siempre y cuando la otra persona también lleve la app en su móvil; de esta manera, ambas apps intercambian un
identificador cifrado, creándose una red de contactos para establecer una ruta trazable entre posibles casos sospechosos de la COVID-19. De modo que, si alguna de las personas da positivo en una prueba de la COVID-19 o manifiesta sintomatología, es
la alternativa más rápida y eficiente para rastrear la cadena de transmisión y poder identificar a los portadores del virus, procediendo a su aislamiento y tratamiento.
El funcionamiento se lleva a cabo de la siguiente manera:
- Por un lado, mediante operaciones centralizadas de localización de contactos, cuando una persona es positiva en COVID-19 será contactado por el equipo de localización de contactos del Gobierno a cargo del Ministerio de Sanidad. Por lo
tanto, todas las operaciones de rastreo están centralizadas en este equipo.
- Por otro lado, el rastreador de contactos le pedirá a la persona que recuerde todos los lugares en los que ha estado en los últimos 14 días, así como las personas con las que ha estado en contacto. El objetivo de este proceso es
identificar a todos los contactos cercanos que pueden haber estado expuestos al virus, para establecer enlaces entre grupos de casos COVID-19. Mediante esta aplicación basada en Bluetooth, se registra con qué personas ha estado en contacto, pero no
dónde.
Asimismo, la app singapurense cuenta con una gran seguridad a la hora de establecer conexión con los servidores del Gobierno, ya que solo se realiza al principio y durante la identificación de la instalación, a no ser que autoricemos el
envío de esta información en caso de ser positivo en COVID-19 para la puesta en marcha del protocolo de prevención. La app no tiene acceso ni requiere datos de ubicación, la identidad nunca se revela a otros usuarios y los registros solo se
cargarán durante el seguimiento de contactos. Además, los identificadores individuales que entregamos a otros usuarios en momentos de cercanía se pueden renovar cada cierto tiempo, evitando de este modo que los hackers puedan rastrear los
movimientos.
El éxito de la aplicación depende significativamente de que suficientes personas utilicen la aplicación, de lo contrario, la posibilidad de contacto entre las personas que tienen la aplicación será baja. Además de los medios generales y la
publicidad en las redes sociales, el Gobierno de Singapur también trabajó con grupos organizados, como grandes empleadores y sindicatos, para alentar a sus miembros a descargar y usar la aplicación, muchas organizaciones públicas y privadas se han
unido voluntariamente después de ver lo útil que sería para su personal y el bienestar de la población en general.
Para implementar este tipo de aplicación en España, habría que lograr acceder al código fuente de la aplicación para así adaptarla a nuestro país, tanto en idioma como en localización, por ejemplo, permitiendo que el código se pueda utilizar
por otros en la modalidad de obras derivadas.
Por lo tanto, existen dos alternativas: la app que centraliza los códigos que envían los móviles en un servidor único, que puede ser de propiedad gubernamental, como la app de Reino Unido, y por otro lado una app que mantenga los datos
descentralizados, evitando que toda la información se acumule en un único servidor.
Quinto. La tecnología es vital para la desescalada, ya que ayuda a la detección precoz de contagios y a evitar rebrotes que obliguen a los ciudadanos a volver a confinarse. Si la digitalización y la innovación ya eran fundamentales, ahora
con la situación post-COVID-19 lo serán aún más, estamos viviendo lo trascendente que es tener una teleasistencia y una telesanidad de calidad y lo necesaria que es la educación on-line a distancia.
Actualmente las empresas y las instituciones necesitan de la tecnología para controlar que se cumplen las distancias de seguridad, como el aforo y el distanciamiento social. Estas medidas de seguridad y prevención son aplicables tanto en
empresas, como en comercios, supermercados, cines, museos, bares, restaurantes, hoteles, recintos feriales, aeropuertos y en dependencias administrativas.
De acuerdo a lo anterior, una solución tecnológica adecuada podría ser la elaboración de pequeños dispositivos que permitan al ciudadano llevarlo en el bolsillo, de tal manera que, cuando alguien entre a cualquier establecimiento se le haga
entrega del dispositivo para llevar un control del aforo. Además, se puede añadir varios indicativos, tanto para controlar el máximo del aforo como para guardar el distanciamiento social. Por ejemplo, mediante una luz roja se puede reflejar en la
pantalla el aforo máximo permitido dentro del establecimiento, o mediante un pitido cuando alguien está a menos de dos metros de otra persona. Estos parámetros deben ser totalmente configurables para las diferentes casuísticas, por ejemplo, cuando
varias personas acuden juntas a un establecimiento porque pertenecen a la misma familia.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Vox, consideramos necesario impulsar proyectos de I+D+i que permitan que la utilización de la tecnología esté al alcance de todos los ciudadanos en esta transición a la normalidad, para llevar a cabo un
control y seguimiento eficiente de estas medidas de seguridad.
Sexto. Por último, es preciso hacer referencia al papel de las redes sociales en países como Taiwán, Singapur o Corea del Sur, que han conseguido mantener una cifra de letalidad por cada cien mil habitantes muy baja si la comparamos con la
de algunos países europeos, como España o Estados Unidos. Todos estos países tienen en común un factor fundamental, pusieron sus redes 4G o 5G rápidamente a dar soporte a herramientas tecnológicas, para trazar contactos, bien vía bluetooth o vía
localización, de forma precisa para seguir la pista a los posibles focos, aislando rápidamente tanto a asintomáticos como a pacientes que muestran sintomatología. El tiempo juega un papel fundamental, ya que mientras una red Wifi permite unas 250
conexiones por punto de acceso, el 4G puede acomodar hasta 10.000 y el 5G multiplica esto exponencialmente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Desarrollar, de acuerdo con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, una aplicación (app) centralizada que facilite la gestión
personal de los datos de salud, combinando las virtudes y la tecnología de alguna de las apps ya desarrolladas con éxito en otros países como Reino Unido o Singapur, de acuerdo y respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ('Reglamento General de Protección de Datos').
2. Que en el desarrollo de esta app se tenga en cuenta no solo la gestión de la COVID-19 actual, si no también se estructure de manera suficientemente flexible en su desarrollo y configuración como para gestionar futuros rebrotes de este o
cualquier otro virus, así como de otras posibles amenazas sanitarias.
Esta app debe permitir a las autoridades sanitarias llevar un mejor control epidemiológico y ofrecer información suficiente para prevenir y gestionar crisis sanitarias.
3. Que una vez finalizada la pandemia de la COVID-19 y en base a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, se permita a los ciudadanos recuperar el control de sus datos personales, sin tener que esperar una respuesta
activa por parte del Gobierno. De este modo, todos aquellos ciudadanos que en algún momento de la crisis sanitaria hayan descargado y utilizado alguna de estas aplicaciones de forma voluntaria podrán reclamar su derecho de oposición para que dejen
de utilizar los datos e inicien los procedimientos oportunos para su supresión.
4. Impulsar la elaboración de proyectos en I+D+i para que todas las empresas y autónomos puedan contar con los medios tecnológicos suficientes y necesarios que les permitan, tanto a los empresarios como a los ciudadanos, cumplir con la
normativa de medidas de seguridad y sanitarias y trabajar en la prevención de cara a la transición a la normalidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2020.-Mireia Borrás Pabón y Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de una instrucción para garantizar la
seguridad del alumnado y el profesorado durante la celebración de la EBAU y la armonización de contenidos y tasas a pagar para el curso 2020-2021, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Debido a la existencia de una Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) distinta en cada comunidad autónoma y la existencia de personal corrector distinto en cada una de ellas, España presenta diferencias significativas
entre comunidades que, además, no parece ser coherente con los resultados de los estudiantes en esa comunidad a lo largo de su vida académica, ni en las evaluaciones continuas ni en pruebas externas estandarizadas.
Las diferencias que existen entre en el contenido de los diferentes exámenes de Selectividad tiene profundas implicaciones en los resultados finales y, por tanto, en las posibilidades de acceso a la universidad y de movilidad de los
estudiantes. No solo supone una profunda injusticia la aparente inequidad en la evaluación, sino que además los resultados adolecen de transparencia al no ser estos publicados por centro educativo en un gran número de Comunidades Autónomas. En
estos momentos, los estudiantes y familias no pueden conocer con anterioridad a la elección de centro cuál ha sido el histórico de resultados y del porcentaje de aprobados en cada institución de esa comunidad.
Por otra parte, la celebración de la EBAU este año será el primer acto multitudinario que se celebre en España desde que se decretó el estado de alarma en el mes de marzo. Este año, la Selectividad concentrará a más de 200.000 alumnos en
institutos, facultades y otras instalaciones de toda España. Sin embargo, en estos momentos existe un gran malestar por parte de las comunidades autónomas y los campus universitarios con el ministro de Universidades, Manuel Castells, al que acusan
'de haberse puesto de perfil y, amparándose en el principio de autonomía universitaria, no ha querido redactar un marco común con medidas concretas para prevenir posibles contagios'. Hasta el momento, las comunidades autónomas únicamente han
recibido un documento firmado por los ministerios de Sanidad y Educación 'con unas recomendaciones de mínimos que no están claras'.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar de manera inmediata unas nuevas instrucciones sobre cómo debe realizarse la EBAU teniendo en cuenta el contexto actual de crisis sanitaria provocado por el COVID-19, que deberá contener un conjunto de reglas concretas que
tendrán que ser adoptadas por parte de las Comunidades Autónomas y las Universidades para garantizar la seguridad del alumnado y el profesorado y el resto de profesionales presentes en los centros educativos e instalaciones durante la celebración de
la prueba.
2. Abrir un proceso de negociación, en el seno de la Conferencia Sectorial, para desarrollar un sistema de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad homogéneo que garantice la igualdad tanto en los contenidos como en los
criterios de evaluación y corrija los desajustes territoriales que existen tanto en los resultados como en el consecuente acceso a la universidad.
3. Instar a las Comunidades Autónomas a que desarrollen mecanismos de publicidad para las notas medias agregada por centro educativo de la Evaluación del Bachillerato para Acceso a la Universidad en los boletines oficiales de cada Comunidad
Autónoma y a habilitar un portal web donde esta información se encuentre disponible para que estudiantes y familias puedan consultar los datos.
4. Abrir un debate en el seno de la Mesa Sectorial para armonizar las tasas de pago por acceder a las pruebas de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) por las Comunidades Autónomas, estableciendo unas horquillas en
base al coste operativo de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración del Estatuto del estudiante en prácticas,
para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El ranking universitario de Quacquarelli Symonds (QS), una de las tres clasificaciones más prestigiosas del mundo, solo incluye a dos universidades españolas, la Universidad de Barcelona y la Autónoma de Madrid, entre las 200 mejores del
mundo. Por su parte, en la clasificación elaborada por la U-Multirank, impulsada por la Comisión Europea, solo aparece la Universidad Pompeu Fabra en el puesto 41.º de 100.
Esta situación responde a múltiples factores, como la falta de financiación pública, la ratio de alumno por profesor, el bajo número de alumnos internacionales que acogen las universidades españolas y de manera destacada, la desconexión que
existe entre las Universidades y el mercado laboral de nuestro país.
Según los datos de los que disponemos, el número de jóvenes en paro menores de 25 años subió en 23.400 personas durante el primer trimestre del año, un 5 % respecto al trimestre anterior, situando la tasa de paro juvenil en el 32,99 % al
cierre del primer trimestre. Durante septiembre de 2019, España sumó un trimestre completo con la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) más alta de toda la eurozona, superior al 32,7 %, según los datos de Eurostat.
Una de las medidas que podría ayudar a mejorar esta situación sería la elaboración de un Estatuto del estudiante en prácticas que facilitara la inserción de forma estable en el mercado laboral del alumnado a través de las empresas donde
realizan estas actividades formativas.
En la actualidad, el concepto de prácticas no laborales o prácticas formativas elude una multiplicidad de supuestos, tanto regulados como no. La normativa actual distingue dos grandes grupos: el primero, prácticas no laborales para
personas en periodo de formación y prácticas no laborales dirigidas a titulados; el segundo, las prácticas no laborales promovidas y dependientes de las entidades educativas, ministerios y consejerías de Educación, prácticas laborales dependientes
de los servicios de empleo estatales y autonómicos, y
prácticas formativas promovidas por otro tipo de fundaciones y por empresas. Dentro de las prácticas en periodo de formación, de forma global podemos diferenciar, en primer lugar, las prácticas de los alumnos de formación profesional, que
son tres tipos: el módulo formativo de formación profesional, la formación en alternancia y la formación profesional dual; en segundo lugar, prácticas externas de estudiantes universitarios; en tercer lugar, prácticas externas previstas en el
subsistema de formación profesional para el empleo.
Sin embargo, esta amplia regulación de las diversas modalidades de prácticas no laborales no alcanza los objetivos deseables. La regulación contempla de forma poco rigurosa, dispersa y fragmentada determinados requisitos formales que debe
cumplir la actividad de los estudiantes en prácticas y no definen las notas sustantivas básicas susceptibles de prueba, propias de una práctica no laboral. Por todo ello, ha tenido que ser la jurisprudencia la que, de forma también incompleta, ha
tenido que fijar una serie de criterios sustantivos haciendo jugar la presunción contenida en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, la presunción de laboralidad de los servicios retribuidos por cuenta ajena realizados dentro del ámbito de
organización y la dirección de un empleador o empresario.
Estos condicionantes nos obligan a avanzar hacia una regulación conjunta que tenga en cuenta las diferentes situaciones de prácticas no laborales contempladas en la regulación actual y sus deficiencias para después, mediante el análisis de
la jurisprudencia, alcanzar una definición sustantiva de práctica no laboral que nos permita distinguirla del servicio laboral.
Por todo ello, es necesario crear una figura fronteriza mediante el Estatuto del estudiante en prácticas, dentro del marco jurídico laboral, que englobe las diferentes situaciones de prácticas no laborales en su conjunto, de modo que las
becas dudosas dejen de tener razón de existir y los estudiantes en prácticas queden más y mejor protegidos.
De manera paralela, es necesario dotar a las Administraciones Públicas de los medios y recursos necesarios para acumular toda la información en relación a los convenios que se establezcan entre las Administraciones educativas y las empresas
para realizar estas prácticas, de tal manera que podamos ser capaces de evaluar el grado de inserción laboral del alumnado a través de este instrumento.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Elaborar un nuevo 'Estatuto del estudiante en prácticas' dentro de la normativa laboral donde:
a) Se lleve a cabo una definición nítida de las características de la actividad formativa de las prácticas en empresas a fin de poder distinguirlas de las prestaciones personales remuneradas en régimen de dependencia y ajenidad propias de la
relación laboral.
b) Se concrete de forma precisa la distinción material entre la práctica no laboral y el trabajo por cuenta ajena mediante una definición sustantiva de los diferentes modelos de prácticas, siguiendo los criterios jurisprudenciales.
c) Establezca mecanismos para fomentar la contratación de estudiantes en prácticas una vez finalice la actividad formativa, impidiendo la sustitución del estudiante por otro nuevo en el mismo puesto y fijando unas cuotas que regulen el
número de estudiantes en prácticas que se incorporarán a la empresa con un contrato laboral una vez se extinga esta relación.
2. Ampliar a los estudiantes universitarios y de Formación Profesional, que hayan superado al menos la mitad del plan de estudios, la posibilidad de participar en esta actividad formativa, de manera que se les permita realizar prácticas
extracurriculares durante su formación.
3. Reglamentar y dotar de medios económicos y humanos a la administración para la creación de un sistema estadístico que permita monitorear las condiciones de los convenios de prácticas en empresas y el número real de estudiantes en
prácticas existentes con independencia de la naturaleza jurídica de su relación laboral con la empresa para la que prestan servicios, así como incluir en las estadísticas y encuestas realizadas por el SEPE los datos relativos a los personas
participantes en prácticas no laborables, incluidas las prácticas académicas curriculares y extracurriculares en la Encuesta de Población Activa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la del COVID-19.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 2 comporta una manifestación de voluntad de estudiar una serie de actuaciones y medidas que se adoptarían, en todo
caso, por el órgano competente y por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión para la auditoría de la calidad
democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/001012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, 'la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la del
COVID-19', para su debate en la Comisión de Calidad Democrática, contra la corrupción y reforma institucional y legal.
Exposición de motivos
La aparición en España del coronavirus produjo uno de sus impactos iniciales en el Congreso, acordando el diez de marzo la Presidenta un cierre preventivo de actividades tras el contagio de diputados de Vox. A continuación, se procedió a
suspender Plenos y Comisiones y dictar servicios mínimos para los siguientes quince días a la vez que se garantizaba disponibilidad ante situaciones o procedimientos urgentes. Todo ello de común acuerdo entre los Grupos en la Junta de Portavoces.
Las medidas de paralización quedaron confirmadas con la declaración del estado de alarma acordada por el Gobierno pocos días después. En todo el tiempo transcurrido, el Congreso ha permanecido abierto, como corresponde a una actividad
esencial en un Estado de Derecho por parte de una institución garante de la democracia. En especial, en cuestiones como el pluralismo político, la función legislativa y el control al Gobierno.
La combinación de actividades presenciales con las telemáticas, por ejemplo en los Plenos, ha sido una opción razonable ante la orden de confinamiento y las normas de protección sanitaria que alcanzan a la generalidad de los diputados. Esa
combinación, no ensayada hasta ahora, ha funcionado razonablemente bien. Lo cual es de importancia para la calidad de nuestra democracia también en situaciones de excepcionalidad. Se trataría ahora, en caliente, de plantearse la aprobación de una
regulación de las fórmulas de funcionamiento a seguir en este tipo de escenarios.
La Mesa y la Junta de Portavoces han buscado con acierto las fórmulas y mecanismos precisos, aprovechando las posibilidades que ofrecen los sistemas tecnológicos de comunicación, para que no se
paralizase la función legislativa del Congreso. Se trataba de poder debatir y autorizar en Plenos la convalidación de la legislación de emergencia aprobada por el Gobierno para combatir el coronavirus con medidas de actuación en el campo
sanitario, sociolaboral y económico.
En concreto, la Cámara ha celebrado distintos Plenos, tanto para autorizar la convalidación de los RDL del Gobierno sobre la declaración. del 'estado de alarma' -en cumplimiento de los artículos 116 de la Constitución y 162 del Reglamento
del Congreso- como para aprobar otras medidas del Consejo de Ministros. Estos Plenos se han desarrollado con la presencia del Gobierno y una asistencia simbólica de diputados, utilizando la mayoría no presente el voto telemático y siguiendo su
desarrollo desde el Canal Parlamento disponible en la página web del Congreso.
Además, se han celebrado reuniones de diferentes Comisiones con presencia reducida a los portavoces y a los ministros comparecientes. Entre ellas la de la Comisión de Sanidad para el seguimiento de las medidas contra el COVID-19. Todas
ellas se han podido seguir desde el Canal Parlamento. También se ha recuperado la sesión plenaria de control al Gobierno y de debate de distintas iniciativas, con presencia reducida de diputados según lo acordado.
Con las medidas de confinamiento y la imposibilidad de seguir con la actividad ordinaria del Congreso, la vía del teletrabajo ha servido para dar continuidad a parte de las tareas cotidianas de los diputados. La puesta en común de grupos
parlamentarios de trabajo ha sido posible por medio de aplicaciones tecnológicas que la Cámara ha puesto a disposición de sus miembros, lo que ha permitido celebrar encuentros virtuales y videoconferencias. Esa vía de la videoconferencia también ha
sido utilizada en las reuniones semanales del Presidente de Gobierno con los Presidentes de las CCAA o para las del Ministro de Sanidad con los Consejeros de los Gobiernos autonómicos.
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia global ha supuesto un reto para todos los Parlamentos del mundo que han tenido que modificar sus normas internas de funcionamiento y priorizado el tratamiento de temas relacionados con la
COVID-19 en sus sesiones de Pleno. Y han utilizado el sistema de teletrabajo, celebrado reuniones telemáticas oficiales para garantizar la continuidad de sus sesiones, establecido una distancia personal de seguridad con ocasión de la celebración de
sesiones con votación, etc.
Se dispone de una amplia referencia de los cambios de Reglamento, resoluciones y medidas especiales adoptadas a lo largo de marzo y abril por señalados Parlamentos. Entre otros, los de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca, Canadá,
Gran Bretaña, Australia, Brasil, Argentina, Colombia o el propio Parlamento Europeo. Los análisis disponibles señalan que esos Parlamentos han aplicado fórmulas y adoptado acuerdos de funcionamiento provisional similares a los del Congreso en
España.
Durante las pasadas semanas y desconociendo cuándo se podrá volver a la plena normalidad en el Congreso, se ha producido alguna discusión sobre cuál debía ser, mientras tanto, el alcance de su actividad. En todo caso, podemos reconocer el
buen funcionamiento del sistema de votación telemática y se deberá analizar la conveniencia de su uso para la celebración de Comisiones en situación de confinamiento.
En definitiva, contamos con la experiencia del funcionamiento en estas semanas de un Parlamento cuasi virtual, las amplias posibilidades prácticas que ofrecen las tecnologías de la comunicación y las disposiciones que llegan de otros
Parlamentos sobre nuevos métodos de trabajo adaptados a un escenario de emergencia.
Lo anterior plantea la conveniencia de abordar el estudio de una regulación precisa del funcionamiento del Congreso para un escenario excepcional.
Esta regulación tendría que recoger el sistema de teletrabajo de los diputados con rendición de cuentas, el campo de utilización del voto telemático en los Plenos, el alcance de las aplicaciones de videoconferencia para celebrar reuniones y
Comisiones, la vía de presentación y desarrollo de las diferentes iniciativas parlamentarias, los plazos de las tramitaciones, los servicio mínimos que ha de prestar la Cámara y el aprovechamiento de la página web del Congreso para ofrecer a la
ciudadanía información transparente y accesible sobre las actividades, debates y acuerdos de la institución en una situación excepcional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda:
1. Manifestar, ante la situación de excepcionalidad que afecta al funcionamiento de la Cámara y en el escenario de un 'estado de alarma' que establece la medida sanitaria de confinamiento general para frenar la expansión del COVID-19, que
el funcionamiento del Congreso cumple una actividad esencial para la democracia como expresión del pluralismo político, la función legislativa y el control al Gobierno.
2. Estudiar las posibilidades de adaptar el Reglamento de la Cámara a un modelo de funcionamiento del Congreso para un escenario similar al de la crisis de la COVID-19, que incluya un plan de medidas operativas y fórmulas de trabajo que
garanticen el mantenimiento de las actividades parlamentarias imprescindibles, que establezca las condiciones para el desarrollo de las sesiones de Pleno y Comisiones así como para el ejercicio de las diferentes iniciativas parlamentarias, señale el
papel que en cada actividad desarrollarán los sistemas tecnológicos y telemáticos y fije los servicios mínimos de la Cámara para el cumplimiento de las funciones de la institución y de los diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, D. Juan José Aizcorbe Torra, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Carlos José Zambrano García-Ráez y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al respeto de
la presunción de inocencia en la actuación de los poderes públicos, para su discusión en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
Primero. La presunción de inocencia como garantía básica de un sistema democrático.
El inciso final del artículo 24 de la Constitución Española afirma que 'todos tienen derecho (...) a la presunción de inocencia'.
Este texto supuso el reconocimiento, por primera vez en la historia de España, de la presunción de inocencia como derecho con rango constitucional. En tal sentido, el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece lo
siguiente:
'toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa 11.'
Es, por tanto, 'un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata' (STC 31/1981, de 28 de julio, FJ 2).
La presunción de inocencia se configura como una garantía básica del sistema democrático y, más concretamente, del proceso penal (SSTC 34/1996, de 11 de marzo, FJ 3; o 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 3). Constituye un límite en doble
sentido:
1. Por un lado, para el legislador, que no podrá configurar normas penales que contengan presunciones de culpabilidad, atribuyendo al acusado la carga de probar su inocencia.
2. Por otro lado, para los poderes públicos en general, debido a la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, que consiste en 'el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter
delictivo o análogos a estos' (STC 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2). De acuerdo con ello, esta conquista del Estado de derecho y principio fundamental de un sistema democrático resultaría vulnerado con las declaraciones públicas de culpabilidad
realizadas por autoridades no judiciales antes de existir una condena.
11 1El artículo 10.2 de la CE señala 'que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España'.
La presunción de inocencia como derecho fundamental se reconoce también en el ordenamiento jurídico internacional (artículos 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). Y, en
este segundo sentido -vital para lo que nos ocupa-, es muy revelador el ordinal 300 de la Observación General N.°32 del Comité de Derechos Humanos, de 23 de agosto de 2007:
'Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado.'
Segundo. La delegación del gobierno contra la violencia de género.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es un órgano directivo, con rango de Dirección General, dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género e incardinada orgánicamente en el Ministerio
de Igualdad. Su función es:
'proponer la política del Gobierno contra las distintas formas de violencia contra la mujer e impulsar, coordinar y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia' (artículo 3 del Real Decreto 200/2012, de 23 de enero,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales).
Tercero. Vulneraciones de la presunción de inocencia por la Delegación del Gobierno en su cuenta de Twitter.
Desde noviembre de 2017 existe en Twitter una cuenta oficial de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
La referida cuenta de Twitter (repetimos, cuenta oficial en una red social de un poder público, precisamente el encargado de acabar con la mal llamada 'violencia de género' por la vía penal), publicó el 1 de junio de 2020 la siguiente
información:
Tras un aluvión de críticas que cuestionaban que, desde un poder público, se obviara de manera tan manifiesta el derecho a la presunción de inocencia, este fue el único argumento ofrecido por la Delegación autora del tuit:
Ambos tuits de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género incumplen flagrantemente todas las antedichas prescripciones normativas y jurisprudenciales en torno a la presunción de inocencia. Y ello por varias razones:
- no ha recaído sentencia condenatoria en el asunto en cuestión. Es más, ni siquiera se tiene constancia de que se haya dictado auto de diligencias previas, con el que se inicia la fase de instrucción;
- a pesar de que en el tuit utilice el término 'presuntamente', el juicio de valor implícito en la publicación es obvio. Esta conclusión se infiere, entre otros, de los siguientes datos: (i) se califica jurídicamente como 'asesinato' la
defunción de la vecina de Esplugues de Llobregat; (ii) se encasilla ese 'asesinato' dentro del ámbito de la 'violencia de género'; (iii) se tiene por probada tanto la autoría del delito como la relación de afectividad que unía a víctima y agresor;
y (iv) todo ello, porque la fallecida 'tenía dos hijos mayores de edad y hay constancia de denuncias previas por violencia de género', sin esperar a que la persona sea sometida a 'un proceso público con todas las garantías'.
Cuarto. Contumacia y reincidencia del Gobierno en la vulneración de este derecho.
El fenómeno descrito ya se ha producido en otras ocasiones por parte de los poderes públicos, muestra de la reincidencia del Gobierno en la actitud de menosprecio del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Así ha ocurrido
recientemente con el caso de la defunción de una mujer en diciembre de 2019 en Madrid, denunciada públicamente en los siguientes términos por doña Carmen Calvo Poyato y, al hilo de esta, por don Pedro Sánchez Castejón:
Ambos dirigentes políticos califican la defunción de la madrileña como 'asesinato' por 'violencia de género' o 'asesinato machista'. Difaman indefectiblemente a la pareja de la difunta. Sin embargo, poco después de estas graves
acusaciones, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 10 de Madrid ha acordado archivar la investigación del asunto y poner en libertad al acusado. La autopsia de la difunta certifica que su fallecimiento se debió a un infarto de miocardio 12.
Sin embargo, la condena pública de su pareja no ha sido objeto de 'absolución mediática' posterior, ni menos aún de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por las manifestaciones de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del
Gobierno, y doña Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta primera.
Quinto. Conclusión: el Gobierno tiene que respetar la presunción de inocencia.
Este tipo de pronunciamientos irrespetuosos del derecho a la presunción de inocencia, llevados a cabo con anterioridad a que el poder judicial se pronuncie siquiera indiciariamente, tienen un efecto último: de facto, colaboran en el juicio
mediático del sospechoso (muchas veces ni siquiera imputado), que difícilmente puede luego rectificarse, incluso aunque este resulte absuelto en sede judicial. En las redes sociales, esa persona es y será una asesina o, cuando menos, se cernirán
sobre ella la duda y la sospecha. En el caso del acusado de Madrid, posteriormente absuelto tras el oportuno proceso judicial, ¿qué efectos nocivos no tendrá sobre él el hecho de que el propio Presidente del Gobierno haya aludido a él como un
'asesino' por 'violencia de género'?
Los poderes públicos deben, en definitiva, abstenerse de hacer declaraciones sobre los presuntos delitos que contengan implícitos juicios de valor sobre los mismos. Estas manifestaciones suponen un quebranto de un derecho fundamental que
causa un daño irreparable a quien lo sufre. En especial, el Ejecutivo ha de sujetar su actuación al respeto del derecho fundamental a la presunción de inocencia. De lo contrario, estaría incurriendo por la vía de los hechos en una extralimitación
de competencias, pues 'juzgar y hacer ejecutar lo juzgado' corresponde solo, en virtud de la arquitectura de nuestro Estado de Derecho, al poder judicial.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados declara lo siguiente:
1. El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español y sede de su Soberanía, declara que el Poder Ejecutivo y todas las Administraciones Públicas tienen el deber de respetar con pulcritud el derecho fundamental a la
presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución y, por consiguiente, el deber de abstenerse de prejuzgar públicamente los resultados de un juicio, sujetando a esta obligación cualesquiera actuaciones que desempeñe en el
ejercicio de sus funciones legalmente reconocidas.'
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
2. Respetar con pulcritud el derecho fundamental a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución, y, por consiguiente, abstenerse de prejuzgar públicamente los
12 https://www.elmundo.es/madrid/2020/03/03/5e5e5b2621efa0a0798b463f.html
resultados de un procedimiento jurisdiccional, sujetando a esta obligación cualesquiera actuaciones que desempeñe en el ejercicio de sus funciones legalmente reconocidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan José Aizcorbe Torra, José María Figaredo Álvarez-Sala, Carlos José Zambrano García-Ráez, Pablo Juan Calvo Liste y María de la Cabeza Ruiz Solás,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/001018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el refuerzo de la sensibilización y prevención de la violencia de género y el
tratamiento informativo responsable de la violencia de género en el marco de emergencia sanitaria COVID-19, para su debate en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Exposición de motivos
Ante la crisis sanitaria que está afectando a todo el mundo por la COVID-19 casi todos los países, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, han impuesto medidas de distanciamiento social y confinamiento. La
situación de aislamiento domiciliario es una situación terrible que puede tener graves consecuencias para muchas mujeres que se encuentran atrapadas con sus maltratadores.
Según datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas al Servicio 016 de Información y Asesoramiento legal en materia de violencia de género han aumentado un 47,3 % y las consultas online se han incrementado un 650 % si comparamos los datos
del 1 al 15 de abril de 2019 con las cifras del 1 al 15 de abril de 2020. Estos datos ponen de manifiesto que existe una mayor necesidad de atención a las víctimas de violencia de género en situación de confinamiento y evidencia el obstáculo que el
aislamiento domiciliario supone para acudir a los servicios de atención a pedir ayuda.
Y para que eso se produzca, para que las mujeres víctimas de violencia machista sean capaces de denunciar su situación, se sientan protegidas para poder denunciar, debemos actuar como una sociedad solidaria y empática, como una sociedad que
entiende, comprende que todas y todos debemos proteger como comunidad a las mujeres y a sus niñas y niños víctimas de violencia de género.
Como sociedad debemos estar bien formados e informados sobre igualdad y violencia de género. La formación y la información que recibimos a través de los medios de comunicación, escritos, audiovisuales y digitales, y también a través de la
publicidad, debe ser con una perspectiva de género transversal, con conocimiento y respeto a las leyes vigentes. Debemos recibir un tratamiento informativo de la violencia de género responsable, fidedigno y basado en datos objetivos y contrastados
-alejada de la reproducción de roles y de estereotipos.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es muy clara en esta materia, señalando que los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda
discriminación entre ellos. Además, indica que la difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las
mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. Asimismo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres señala que todos los medios de comunicación social respetarán la igualdad entre mujeres y hombres,
evitando cualquier forma de discriminación. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género lo apunta claramente en los puntos 1.2 y 1.4 que especifican el trabajo de las campañas públicas en prevención y sensibilización y el trabajo de los medios
de comunicación, así como en el sector audiovisual.
La responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento informativo de la violencia de género es innegable. Frivolizar en las informaciones sobre agresiones y asesinatos o culpabilizar a las víctimas solo contribuye a perpetuar
las causas de la violencia. En una situación de especial vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencia machista como es la ocasionada por la pandemia, el Gobierno ha hecho un llamamiento particular a la responsabilidad del entorno de las
víctimas.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar la sensibilización y prevención de la violencia de género y el tratamiento informativo responsable de la violencia de género en el marco de emergencia sanitaria de la COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-María Guijarro Ceballos y Lidia Guinart Moreno, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000363
Grupo Parlamentario Plural-Diputado de Compromís
Pregunta oral con respuesta oral en Comisión
El Diputado de Compromís Joan Baldoví Roda, presenta, al amparo del artículo 188 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente pregunta solicitando su respuesta oral en Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
Texto:
¿Está trabajando conjuntamente el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana para garantizar el cumplimiento de toda la normativa ambiental respecto a todo aquello que supone la ampliación norte del puerto de Valencia, incluida, en su
caso, la renovación del estudio de impacto ambiental, a fin de asegurar que cualquier actuación se produzca con todas las garantías necesarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-Joan Baldoví Roda, Diputado.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000359
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Diputada doña Elena Castillo López.
Texto:
¿Comparte usted la opinión del ministro Garzón sobre la necesidad de un cambio estructural de nuestro país asociado al sector del turismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-Elena Castillo López, Diputada.
181/000360
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Diputada doña Elena Castillo López.
Texto:
¿Comparte usted la opinión del ministro Garzón sobre la necesidad de una tercera dimensión para el sector del turismo, un sector a su modo de ver de bajo valor añadido, estacional y precario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-Elena Castillo López, Diputada.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Diputado doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputado del Grupo Parlamentario VOX (G.P. VOX).
Dirigida a Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, don Pablo Iglesias Turrión.
Texto:
Dada la precaria situación de nuestra España vaciada y rural y de nuestros mayores y dependientes, agravada enormemente en esta grave crisis sanitaria, económica y social, ¿procederá el Ejecutivo en este ejercicio presupuestario, desde su
Ministerio, a ordenar la financiación del 50 % previsto por la Ley 39/2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, frente al 18 % que hasta ahora financiaba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
181/000362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Diputado doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputado del Grupo Parlamentario VOX (G.P. VOX).
Dirigida a Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, don Pablo Iglesias Turrión.
Texto:
¿Cuándo publicará el Gobierno y, en concreto, su Ministerio, los informes por CC.AA, con las cifras oficiales relativas a los centros socio-sanitarios/residencias de mayores expresivos del destino de la financiación extraordinaria de
300.000.000 contemplada en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020; concretando el destino a contratación y refuerzo de plantillas en centros públicos, privados y concertados; a adquisición de equipos personales de protección y, en su caso, el
destino de dichas partidas a la coordinación de las intervenciones de la UME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Diputado don Rubén Darío Vega Arias, Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministro de Agricultura, don Luis Planas Puchades.
Texto:
¿Qué medidas preventivas está llevando a cabo el Gobierno de España para evitar la invasión del alga asiática (Rugulopterix okamurae) en el Mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2020.-Rubén Darío Vega Arias, Diputado.
181/000372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Diputado don Rubén Darío Vega Arias, Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministro de Agricultura, don Luis Planas Puchades.
Texto:
¿Qué medidas preventivas va a tomar este Gobierno para generar empleo en España aumentando la producción del aguacate a la vista del aumento de importaciones de este producto por la Unión Europea procedente de países extracomunitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-Rubén Darío Vega Arias, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000353
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Diputada doña Paloma Gázquez Collado.
Texto:
El pasado 6 de febrero se produjo el derrumbamiento del vertedero de Zaldíbar, que al margen de otros graves problemas, llevó aparejado la desaparición de dos personas. Por ello, se plantea la siguiente pregunta:
¿Qué acciones va a tomar el Gobierno de España para proteger el Dominio Público Hidráulico, la calidad del aire y de los suelos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
181/000354
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Diputada doña Paloma Gázquez Collado.
Texto:
El pasado 6 de febrero se produjo el derrumbamiento del vertedero de Zaldíbar, que al margen de otros graves problemas, llevó aparejado la desaparición de dos personas. Por ello, se plantea la siguiente pregunta:
¿Qué medidas de coordinación entre el Gobierno Autonómico y el de España se han adoptado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Diputada.
181/000364
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Diputado don César Sánchez Pérez.
Texto:
¿Cuál es la política de Agua del Gobierno en relación al Memorándum Tajo-Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2020.-César Sánchez Pérez, Diputado.
181/000365
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Diputado don César Sánchez Pérez.
Texto:
¿Va a utilizar el Gobierno el modelo que propone Podemos para la gestión pública del agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-César Sánchez Pérez, Diputado.
181/000366
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Diputado don César Sánchez Pérez.
Texto:
¿Cuál es el estado en el que se encuentra el Plan de Acción Forestal que necesita nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-César Sánchez Pérez, Diputado.
181/000367
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Diputado don César Sánchez Pérez.
Texto:
¿Cómo pretende el Gobierno impulsar las políticas en materia de Economía Circular habiendo paralizado la Estrategia de Economía Circular que dejo elaborado el Partido Popular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-César Sánchez Pérez, Diputado.
181/000368
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Diputada doña Elena Castillo López.
Texto:
¿Está el Gobierno de España de acuerdo con las directrices básicas para la adecuación del marco regulatorio para la autorización de instalaciones de energía eólica marina y las energías del mar en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-Elena Castillo López, Diputada.
181/000369
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Diputada doña Elena Castillo López.
Texto:
¿Cuáles son las barreras económicas, regulatorias o de otra índole que dificultan al Gobierno el despliegue de energía eólica marina y las energías del mar en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-Elena Castillo López, Diputada.
181/000370
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Diputada doña Elena Castillo López.
Texto:
¿Valora el Gobierno de España la puesta en marcha de una tramitación ágil de las instalaciones de eólica marina y energía del mar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-Elena Castillo López, Diputada.
181/000371
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Diputada doña Elena Castillo López.
Texto:
En su opinión, ¿qué papel debe desempeñar nuestro país en el desarrollo global y europeo del potencial de las distintas formas de energías marinas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-Elena Castillo López, Diputada.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/000348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Don Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a Ministro de Sanidad, don Salvador Illa Roca.
Texto:
Puesto que los fisioterapeutas son esenciales para la rehabilitación de pacientes y afectados por la COVID-19, ¿se está planteando el Ejecutivo reforzar el Sistema Sanitario Público mediante la implementación de las prestaciones sanitarias
incorporando la Fisioterapia en la Cartera de servicios comunes, tanto a nivel de Atención Primaria y Comunitaria como hospitalario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado.
181/000349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Don Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a Ministro de Sanidad, don Salvador Illa Roca.
Texto:
Los fisioterapeutas prestan sus servicios en el ámbito privado mediante la especialización de facto, en determinados pacientes en función de sus concretas patologías. Con el fin de garantizar este servicio especializado, ¿tiene el Ejecutivo
previsión a corto plazo de desarrollar el Decreto de especialidades en Fisioterapia y crear la Comisión Nacional de Especialidades, tal y como viene instando el Consejo General de la profesión, como medio de protección tanto del profesional
sanitario como de los pacientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado.
181/000350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Don Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a Ministro de Sanidad, don Salvador Illa Roca.
Texto:
Puesto que los fisioterapeutas son esenciales para la rehabilitación a medida que los pacientes pasan de la fase aguda a la fase posaguda de la COVID-19, ¿se está planteando el Gobierno reforzar el adecuado despliegue de los profesionales de
la fisioterapia para atender las necesidades locales lo cual propiciaría el alta temprana de los pacientes, reduciendo, así, el nivel de ocupación de las escasas camas hospitalarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado.
181/000351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Don Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a Ministro de Sanidad, don Salvador Illa Roca.
Texto:
¿Activará el Ejecutivo ayudas directas a PYMES y autónomos sanitarios, y mantendrá las ayudas establecidas al menos hasta el 31 de diciembre de 2020 para aquellos profesionales sanitarios que no hayan podido recobrar su nivel previo de
actividad al estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado.
181/000352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Don Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a Ministro de Sanidad, don Salvador Illa Roca.
Texto:
¿Se prevé el reconocimiento legal de la reducción del IVA en los productos sanitarios derivados de las nuevas recomendaciones de protección y seguridad frente a la COVID-19?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputado.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/000374
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Diputado don Pedro Navarro López.
Texto:
¿Cuál ha sido la repercusión en nuestro tejido empresarial y en su especialización tecnológica del 'aumento moderado' de la aportación española a la Agencia Espacial Europea que el señor Ministro de Ciencia e Innovación solicitó en el mes de
enero de 2019?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2020.-Pedro Navarro López, Diputado.