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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 209, de 22/02/2022
cve: BOCG-14-CG-A-209
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SECCIÓN CORTES GENERALES
XIV LEGISLATURA
Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
22 de febrero de 2022
Núm. 209
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
161/003668 (CD)
663/000187 (S) ;Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la mejora en la información sobre cambio climático en RTVE ... (Página2)
661/001459 (S)
161/003703 (CD) ;Moción presentada por el Grupo Parlamentario del Senado Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, por la que se insta al Gobierno al ingreso de las televisiones públicas autonómicas en la Unión Europea de Radiodifusión
(UER) ... (Página4)
Comisión Mixta de Seguridad Nacional
661/001463 (S)
161/003711 (CD) ;Moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes y, en su caso, a tramitar una ley en la que se apruebe un protocolo de actuación que favorezca
una coordinación unificada absoluta en la ciberseguridad del ámbito público con el privado, así como a desarrollar una potente red nacional de ciberseguridad para empresas y autónomos ... (Página5)
Comisión Mixta para la Unión Europea
161/003665 (CD)
663/000186 (S) ;Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano y Euskal Herria Bildu, relativa a la situación política en Myanmar tras el golpe de estado de 1 de febrero de 2021 ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
161/003668 (CD)
663/000187 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plural.
Proposición no de Ley sobre la mejora en la información sobre cambio climático en RTVE.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2022.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País-Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión Mixta de Radio Televisión Española
sobre la mejora en la información sobre cambio climático en RTVE.
Exposición de motivos
Estamos, y así lo declaró el Gobierno el 21 de enero de 2020, en emergencia climática. Una emergencia que pone en peligro nuestra salud y la del planeta. Lejos de tratarse de una amenaza futura, estamos hablando de una amenaza real e
inmediata, cuyas consecuencias ya estamos sufriendo. España, por su orografía y situación geográfica, es uno de los países donde el cambio climático está golpeando más fuerte.
En este contexto de emergencia, la ciencia, la juventud y las organizaciones ecologistas llevan décadas reclamando una mayor acción climática por parte de los gobiernos. Aun así los acuerdos alcanzados en las Cumbres Climáticas han quedado
descafeinados cumbre tras cumbre, pero no cabe duda de que los principales avances se han logrado gracias a la presión social. Es por esto que la pedagogía y la concienciación frente a esta emergencia, a todos los niveles sociodemográficos, es tan
relevante.
En esta labor de concienciación y pedagogía, los medios de comunicación deben jugar un papel principal. Por ello es muy importante que, además de incluir en su programación espacios dedicados a valorar la riqueza de la biodiversidad y de
los entornos naturales, incluya en la generalidad de sus programas una visión transversal de las consecuencias climáticas de los sucesos y noticias que ocupan los espacios informativos y de entretenimiento. Por su parte y en particular, la radio
televisión pública tiene
la oportunidad de jugar un rol protagonista por su carácter intergeneracional, intercultural y su capacidad para llegar a todos los hogares de nuestro país.
A finales de 2018, la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y el Grupo de Investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación Social (MDCS) de la Universidad Complutense, reunieron a investigadores y profesionales de la comunicación,
con el objetivo de elaborar un decálogo de compromisos sobre cómo comunicar el cambio climático.
Ese decálogo incluía una serie de recomendaciones para tratar la información sobre el cambio climático, que incluía entre otras cuestiones promover la frecuencia y la continuidad de información sobre cambio climático de calidad, contar
también con sus causas y soluciones y propiciar un enfoque del problema desde el punto de vista de la justicia climática.
A continuación, se constituyó un Observatorio para analizar el tratamiento de esta cuestión en los numerosos medios que se comprometieron con el decálogo de recomendaciones, entre los que se encontraba RTVE. A lo largo de los últimos tres
años, el Observatorio ha presentado sucesivos informes fruto de la recogida de información sobre cómo los medios trataban las noticias con relación al cambio climático. Según el informe que corresponde al primer trimestre de 2021 se desprende,
entre otras cuestiones, que la frecuencia más frecuente en las piezas en las que se habla de cambio climático tiene de medio minuto, que sería recomendable incrementar las referencias a las alternativas de resiliencia ciudadana por desarrollar
comportamientos orientados a reducir la huella ecológica en la vida cotidiana, y que casi dos de cada tres registros sobre cambio climático (61,2 %), aparece en programas de noticias, quedando fuera de los programas de magazines e 'infoshows'.
Con todo, y a pesar de que se ha ampliado y mejorado el nivel de información en relación con el cambio climático y las posibles soluciones, en el ámbito de la televisión pública hace falta un mayor esfuerzo, así como desplegar una estrategia
global y continuada en el tiempo, donde la información sobre el impacto del cambio climático en nuestras vidas se trate de forma transversal, al igual que las posibles soluciones. De la misma forma que es importante la voz y participación
científica y de la ciudadanía.
En septiembre de 2021, y tras los cambios realizados por la nueva dirección de la Corporación de RTVE, se anunció la creación de un grupo de trabajo denominado 'Planeta Verde' que se encargaría de impulsar de forma transversal la información
sobre cambio climático en la radiotelevisión pública. Sin embargo, este grupo de trabajo aún no se ha puesto en marcha, a pesar de que la emergencia climática es uno de los grandes retos que debemos afrontar como sociedad.
Por todo ello, Más País-Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta de RTVE insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno de la Corporación, un grupo de trabajo que actualice el Manual de Estilo de RTVE para añadir la emergencia climática como una de las 'cuestiones sensibles' que requieren un tratamiento especial. Esta revisión tendrá
como fin introducir una mayor cantidad de información sobre la emergencia climática y el impacto de las acciones del ser humano en nuestro entorno, tanto en las secciones informativas como en los programas de entretenimiento, con especial atención a
los programas infantiles y/o educativos.
2. Poner en marcha el proyecto 'Planeta Verde' dentro del organigrama de RTVE, dotándolo de medios suficientes para poder transversalizar los contenidos y enfoques sobre cambio climático en todas las secciones y programas de RTVE, con
especial atención a las secciones informativas y previsiones o informaciones meteorológicas.
3. Crear un programa de formación y sensibilización, en el seno de la corporación de RTVE, para los trabajadores, trabajadoras y personal directivo en torno a la importancia que tienen los medios de comunicación a la hora de comunicar sobre
los efectos y posibles soluciones ante la crisis climática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2022.- Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
661/001459 (S)
161/003703 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa en su reunión del día 12 de diciembre de 2019, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
Moción en Comisión
Autor: Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.
Moción por la que se insta al Gobierno al ingreso de las televisiones públicas autonómicas en la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al
Congreso de los Diputados, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales).
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 7 de febrero de 2022.-P.D. El Letrado Mayor del Senado, Manuel Cavero Gómez.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, a instancia de la senadora Adelina Escandell i Grases, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, solicita la tramitación de la siguiente moción sobre el ingreso
de las televisiones públicas autonómicas en la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) para su debate en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
Exopoisición de motivos
Junto a la estipulación que la organización candidata ofrezca una programación variada y equilibrada para todos los sectores del público, incluyendo una oferta de interés específico para grupos minoritarios, los Estatutos de la EBU-UER
definen dos criterios básicos en los que interviene una definición propia y particular de la consideración de operador de 'servicios nacionales'; uno sobre contenidos y el otro sobre cobertura de emisiones. Tanto en un caso como en el otro, la
definición de servicios o coberturas de emisión de carácter nacional no es sinónimo de estatal, en aquellos casos en que en el interior de ese Estado coexistan más de un idioma propio territorialmente establecido. En ese caso, las áreas
lingüísticas conferirían el carácter 'nacional' a un operador de radio y televisión que cumpliera las condiciones establecidas en estos estatutos, y, por tanto, podría ser admitido como miembro de pleno derecho, aunque ni su programación ni su
ámbito de cobertura corresponda al conjunto del Estado al que pertenezca.
En el primer criterio básico, el de servicio audiovisual, el artículo 3/4.2 de los Estatutos de la EBU-UER define como carácter e importancia 'nacional' se entiende como un servicio cuya naturaleza es distinta a aquellas que podrían
definirse como transnacional, regional o local; especificando que 'cuando en un país hay dos o más áreas lingüísticas, este criterio se refiere individualmente a cada una de estas áreas'.
Respecto al segundo criterio básico, el de cobertura de emisiones, el artículo 3/4.3 de los Estatutos de la EBU-UER demanda que el candidato ha de garantizar que 'virtualmente' todos los hogares del territorio 'nacional' han de estar
técnicamente equipados para poder recibir sus emisiones, ya sea por ondas hertzianas, cable, satélite o cualquier otro medio de distribución de señal. Nuevamente, la EBU-UER indica que cuando habla de 'territorio nacional', se refiere
'separadamente a cada una de las áreas lingüísticas de un país'.
Moción
'La Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades insta al Gobierno español:
1. Promocionar y difundir la pluralidad de expresiones culturales en el mundo audiovisual, dando su apoyo a todos los medios de comunicación social públicos, sean estatales, autonómicos o locales.
2. Promover las relaciones de cooperación y colaboración internacional del conjunto de los medios de comunicación públicos existentes en el Estado ampliando y favoreciendo cuando esta aún no exista o sea limitada, la participación de estos
en organismos e instituciones internacionales vinculadas al mundo audiovisual.
3. Apoyar todas las iniciativas de ingreso, como miembros activos de la EBU-UER, que sean promovidas por corporaciones públicas de radio y televisión existentes en el Estado.
4. Mandatar a la Dirección General de RTVE, a que instruya a su representación en la EBU-UER, a dar su pleno apoyo y colaboración a aquellas otras corporaciones públicas audiovisuales que presenten la petición de ingresar como miembros de
pleno derecho.'
Palacio del Senado, 4 de febrero de 2022.-Adelina Escandell Grases, Senadora.-Mirella Cortès Gès, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.
Comisión Mixta de Seguridad Nacional
661/001463 (S)
161/003711 (CD)
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa en su reunión del día 12 de diciembre de 2019, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes y, en su caso, a tramitar una ley en la que se apruebe un protocolo de actuación que favorezca una coordinación unificada absoluta en la ciberseguridad del ámbito público con
el privado, así como a desarrollar una potente red nacional de ciberseguridad para empresas y autónomos.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta de Seguridad Nacional; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Congreso de los Diputados, a los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Sección Cortes Generales).
En consecuencia se ordena la publicación en la Sección Cortes Generales del BOCG, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 19 de diciembre de 1996.
Palacio del Senado, 9 de febrero de 2022.-P.D. El Letrado Mayor del Senado, Manuel Cavero Gómez.
A la Presidencia del Senado
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a iniciativa de Don Francisco Javier Márquez Sánchez, senador por Jaén, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Moción relativa a la
coordinación de ciberataques, para su debate en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
Exposición de motivos
En la actualidad existe un mercado en alza dedicado a la gestión de los datos personales que los usuarios de Internet dejan grabados al utilizar las diferentes plataformas on-line, cuando no son solicitados expresamente por las empresas a
los posibles usuarios y/consumidores para poder realizarles un marketing más personalizado que pueda mejorar la experiencia de usuario. A este rastro se lo conoce comúnmente como 'huella digital'.
Las grandes empresas tecnológicas capturan los datos de los usuarios en su interacción diaria con las diferentes plataformas digitales. Esta 'materia prima', que las personas proporcionamos de manera gratuita, es conocida por algunos
autores como 'excedente conductual'. Con estos datos constantes que aportamos, las tecnológicas van incrementando de forma paulatina el conocimiento que tienen sobre nosotros y van haciendo predicciones sobre nuestra conducta futura. Cuanto
mayores son los datos suministrados, mayor capacidad de predicción. De esa forma estas empresas obtienen una información muy precisa sobre nuestros hábitos y gustos de consumo, que son muy útiles para las empresas comercializadoras de productos o
servicios.
Como consecuencia de la coyuntura de crecimiento de este mercado, se ha producido a su vez un incremento de la ciber criminalidad, que conlleva, a su vez, una dificultad para la total atribución de los ataques, de la mejora de las tácticas y
procedimientos, así como del rendimiento económico obtenido por los cibercriminales, que han desarrollado diversas técnicas, a través de la tecnología digital, entre las cuales destacan las conocidas como 'botnet'. Una botnet, también conocida como
red de bots, es una red formada por gran número de equipos informáticos que han sido infectados por software malicioso que permite su control remoto. Los ciberdelincuentes toman así el control de cientos o miles de dispositivos conectados a la red
para enviar spam o virus con objeto de robar información o para realizar ataques de denegación de servicio distribuido. Todo ello sin el conocimiento de los propietarios de los citados equipos mientras se cometen actuaciones penalmente castigadas,
a través de ciberataques.
Entre estos ilícitos penales se encuentran con frecuencia el acoso digital a usuarios de Internet, la suplantación de Identidad con fines maliciosos, la falsificación de perfiles digitales, amenazas e injurias a terceros usuarios,
actuaciones constitutivas de violencia de género, la difusión de datos protegidos que pueden afectar a la salud, robo de datos de cuentas bancarias o de la seguridad social, estafas, robo de datos personales, etc.
Cada vez son más los cibercriminales que realizan ataques botnet para extraer información de personas físicas o jurídicas con la finalidad de utilizar ilícitamente los recursos de sus ordenadores. Según el Instituto Nacional de
Ciberseguridad de España las botnet tienen las siguientes finalidades: (i) ataques de denegación de servicio distribuido o DDoS, (ii) envío de spam, (iii) Fraudes publicitarios, (iv) minado de criptomonedas, (v) robo de información y (vi) venta y
alquiler de la botnet.
Esta situación se verá agravada como consecuencia del actual contexto geopolítico que vivimos al Este de Europa con el incremento de la tensión entre Rusia con otros países, entre los que se encuentran España, por la crisis de Ucrania, entre
otras. Es evidente que en esa tensión, el espacio ciber y sus ataques, o una guerra híbrida, son cuestiones estratégicas claves en la seguridad nacional de España.
Estos ciberataques conllevan muchos problemas, pero lo más importantes es que se puede producir una fuga de datos que las autoridades gubernamentales ignoren, y que algunas de las cuales pueden ser críticas. Sabido es de todos, la
existencia anual incrementada de ciberataques, algunos de los cuales han sido objeto instituciones públicas (como fue el caso del SEPE), por grupos presumiblemente también de Rusia. Pero, el grueso de ciberataques, los soportan numerosas empresas,
algunas de las cuales ponen en conocimiento de las autoridades el ataque sufrido, como legalmente es su obligación, pero otras silencian a las autoridades públicas la existencia del ciberataque para evitar daños reputacionales a la empresa atacada,
e incluso pagan rescates (generalmente en criptomonedas) para recuperar datos robados, sin que trascienda a la opinión pública. Dicho lo anterior, cada vez son más los casos en los que se produce la doble extorsión a las empresas: Pagan, pero a la
vez, los datos confidenciales de las mismas, son hechos públicos en la red.
Europa es sensible a esta situación expuesta. De hecho, acaba de comenzar la revisión de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2016, recientemente traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico
mediante el RDL 12/2018, de 7 de septiembre, y su Reglamento 43/2021, de 26 de enero.
Pese a que la Directiva es reciente, sin embargo, la misma Comisión alerta en la exposición de motivos que, con el avance exponencial de la tecnología, la Directiva antes citada no había resuelto la ciberresiliencia empresarial, ni su
diferente implementación según los países, ni se ha mejorado la conciencia colectiva en materia de seguridad clber, ni se ha profundizado en la gestión de crisis colectiva. En definitiva, el uso de la tecnología para fines ilícitos va a mucha mayor
velocidad que la implementación de las leyes para evitarlos, quedando la Directiva desfasada.
Es entendible que las empresas quieran salvaguardar su reputación, pero es inaceptable desde el punto de vista de la seguridad nacional de un país, y más con la tensión que existe actualmente en la crisis de Ucrania, que en un momento de
auge de este tipo de actividades ilícitas, la Administración en general, y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en particular, desconozcan esta clase de sucesos, porque puede producir un evidente doble perjuicio a la seguridad nacional:
por una parte, una financiación de actividades delictivas al abonar posibles rescates que alimenta a su vez la realización de otras actividades criminales; y, por otra parte, la fuga de datos, sin conocimiento de las autoridades públicas de que se
ha producido, supone un boquete en la seguridad nacional del país, que desconoce qué clase de datos han robado los ciberdelincuentes, muchos de los cuales pueden poner en riesgo datos que vinculan un ciudadano con la administración, sin que ni uno
ni otro sepa que dicho dato ha sido robado, como cuentas de seguridad social, cuentas bancadas, o datos de empresas, etc.
Por tanto, en el ámbito de la Seguridad Nacional, debe garantizarse {y no meramente 'existir' como mero formalismo) una coordinación absoluta en la seguridad ciber del ámbito público con el privado, tanto en el desarrollo del plan de
seguridad que realice una entidad para proteger sus datos, como en su ejecución y tratamiento posterior si se ha producido un ataque.
Tenemos que distinguir entre la legítima política comercial de las compañías mercantiles y la política de seguridad nacional, y entender que las empresas ponen su mayor foco en la obtención de un beneficio económico más que en la seguridad
nacional del país, ya que esto último no es el cometido de aquellas, pero sí del Estado español. Es evidente que el sector privado puede y debe tener una opinión en materia de seguridad, pero la última palabra la tiene que tener las autoridades
públicas encargadas de la seguridad nacional de España. En ningún caso se puede adoptar medidas que puedan comprometer la seguridad de nuestro país o de sus infraestructuras críticas nacionales.
Las relaciones público privadas, en materia de ciberseguridad, son esenciales. Y para ello, la confianza entre ambos sectores se hace estrictamente necesaria, pues sin confianza y compromiso, no habrá seguridad en la red de España. No hay
seguridad sin confianza.
Y, por tanto, es imprescindible comprender que todo lo que se pueda conectar a la red, se conectará, especialmente con la implementación del 5G y con el internet de las cosas (IoT), lo que provocará una circulación de datos en la red
inimaginable a fecha actual que podrá poner en riesgo las estructuras nacionales críticas.
Por tanto, parece oportuno desarrollar una potente red nacional de ciberseguridad para empresas y autónomos, para que todas cumplan los parámetros mínimos en materia de seguridad nacional que España acuerde, y no que cada empresa vaya por su
cuenta en materia de seguridad ciber sin garantizar que una posible fuga de datos pueda poner en peligro datos críticos nacionales, fomentando una cultura de ciberseguridad conjunta a través de la práctica y entrenamiento, innovación y la adopción
de standards comunes, tanto en el sector público como en el privado.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone a la aprobación de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional la siguiente:
Moción
'La Comisión Mixta de Seguridad Nacional insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes y en su caso, a tramitar una ley, en la que se apruebe un protocolo de actuación que favorezca una coordinación unificada absoluta en la ciberseguridad del
ámbito público con el privado, con un estudio del mismo por medio de la presente Comisión, con un diálogo constante y fluido, a su vez, con el sector privado crítico en materia de seguridad de redes, así como desarrollar una potente red nacional de
ciberseguridad para empresas y autónomos, para que todas cumplan los parámetros mínimos en materia de seguridad nacional en el marco de la revisión de la Directiva NIS 2016 y normativa que la desarrolla en España, facilitando además para ello a los
recursos presupuestarios y humanos necesarios, fomentando una
cultura de ciberseguridad conjunta a través de la práctica y entrenamiento, innovación y la adopción de estándares comunes, tanto en el sector público como en el privado.'
Coste económico: Al no disponer de los datos necesarios para realizar una estimación económica, será el ministerio correspondiente el que deba realizarla, dentro de la disponibilidad presupuestaria.
Palacio del Senado, 8 de febrero de 2022.-Javier Ignacio Maroto Aranzabal, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Comisión Mixta para la Unión Europea
161/003665 (CD)
663/000186 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano.
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Proposición no de Ley relativa a la situación política en Myanmar tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo,
dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2022.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de su Diputada Marta Rosique i Saltor y el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, a instancia del Senador Gorka Elejabarrieta Diaz, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del Reglamento del Congreso, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación política en Myanmar tras el golpe de estado del 1 de febrero de 2021 para su debate en instancia en la Comisión Mixta de la Unión Europea.
Exposición de motivos
El 1 de febrero de 2021, Tatmadaw, las fuerzas armadas de Myanmar dieron un golpe de estado en el país. Sucedió apenas tres meses después de las elecciones generales del 8 de noviembre de 2020, en las que La Liga Nacional para la Democracia
(LND), el partido de la entonces consejera de Estado y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fuera el vencedor.
Decenas de dirigentes del Gobierno fueron detenidos, entre ellos, Aung San Suu Kyi y el Presidente, Win Myint, y se declaró un 'estado de excepción' en el país birmano. El golpe militar fue liderado y organizado por Min Aung Hlaing, jefe de
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
La población birmana reaccionó de manera inmediata a este golpe militar. Las calles de varias ciudades empezaron a ser el punto de encuentro de miles de personas que diariamente se reunían para marchar contra el gobierno militar que se
impuso. Los movimientos de protesta contra los militares ganaron fuerza, pero a su vez encontraron como respuesta todo tipo de vulneraciones de derechos humanos.
En este sentido, la respuesta de la comunidad internacional tampoco se hizo esperar. Varias organizaciones intergubernamentales, incluidas las Naciones Unidas, la Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y la Unión Europea,
expresaron de manera inmediata su preocupación y pidieron diálogo entre ambas partes. Además de expresar su preocupación, el Consejo de Europa reunido el 22 de febrero de 2021 hizo públicas sus Conclusiones, entre las que figuraban el rechazó firme
al golpe militar, la solidaridad con la población birmana y la petición de la puesta en libertad de las y los dirigentes políticos detenidos.
El 1 de febrero de 2021, Tatmadaw, las fuerzas armadas de Myanmar dieron un golpe de estado en el país. Sucedió apenas tres meses después de las elecciones generales del 8 de noviembre de 2020, en las que La Liga Nacional para la Democracia
(LND), el partido de la entonces consejera de Estado y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fuera el vencedor.
Decenas de dirigentes del Gobierno fueron detenidos, entre ellos, Aung San Suu Kyi y el Presidente, Win Myint, y se declaró un 'estado de excepción' en el país birmano. El golpe militar fue liderado y organizado por Min Aung Hlaing, jefe de
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
La población birmana reaccionó de manera inmediata a este golpe militar. Las calles de varias ciudades empezaron a ser el punto de encuentro de miles de personas que diariamente se reunían para marchar contra el gobierno militar que se
impuso. Los movimientos de protesta contra los militares ganaron fuerza, pero a su vez encontraron como respuesta todo tipo de vulneraciones de derechos humanos.
En este sentido, la respuesta de la comunidad internacional tampoco se hizo esperar. Varias organizaciones intergubernamentales, incluidas las Naciones Unidas, la Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y la Unión Europea,
expresaron de manera inmediata su preocupación y pidieron diálogo entre ambas partes. Además de expresar su preocupación, el Consejo de Europa reunido el 22 de febrero de 2021 hizo públicas sus Conclusiones, entre las que figuraban el rechazó firme
al golpe militar, la solidaridad con la población birmana y la petición de la puesta en libertad de las y los dirigentes políticos detenidos.
El 1 de febrero de 2021, Tatmadaw, las fuerzas armadas de Myanmar dieron un golpe de estado en el país. Sucedió apenas tres meses después de las elecciones generales del 8 de noviembre de 2020, en las que La Liga Nacional para la Democracia
(LND), el partido de la entonces consejera de Estado y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fuera el vencedor.
Decenas de dirigentes del Gobierno fueron detenidos, entre ellos, Aung San Suu Kyi y el Presidente, Win Myint, y se declaró un 'estado de excepción' en el país birmano. El golpe militar fue liderado y organizado por Min Aung Hlaing, jefe de
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
La población birmana reaccionó de manera inmediata a este golpe militar. Las calles de varias ciudades empezaron a ser el punto de encuentro de miles de personas que diariamente se reunían para marchar contra el gobierno militar que se
impuso. Los movimientos de protesta contra los militares ganaron fuerza, pero a su vez encontraron como respuesta todo tipo de vulneraciones de derechos humanos.
En este sentido, la respuesta de la comunidad internacional tampoco se hizo esperar. Varias organizaciones intergubernamentales, incluidas las Naciones Unidas, la Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y la Unión Europea,
expresaron de manera inmediata su preocupación y pidieron diálogo entre ambas partes. Además de expresar su preocupación, el Consejo de Europa reunido el 22 de febrero de 2021 hizo públicas sus Conclusiones, entre las que figuraban el rechazó firme
al golpe militar, la solidaridad con la población birmana y la petición de la puesta en libertad de las y los dirigentes políticos detenidos.
Desde el 1 de febrero de 2021, la Unión Europea ha impuesto sanciones selectivas al Ejército de Myanmar, sus líderes y entidades. El 19 de abril de 2021, el Consejo de Europa hizo públicas una serie medidas restrictivas contra once personas
responsables del golpe militar perpetrado en Myanmar. Diez de las once personas a las que se aplican estas medidas pertenecen a los más altos grados de las fuerzas armadas de Myanmar, entre ellos el comandante en jefe, Min Aung Hlaing, y el
vicecomandante en jefe,
Soe Win. La undécima persona es el nuevo presidente de la Comisión Electoral de la Unión, incluida en la lista por su papel en la anulación de los resultados de las elecciones de noviembre de 2020 en Myanmar.
Las personas que figuran en esta lista tiene la prohibición acceder al territorio de la Unión Europea o transitar por este, además se decretó la inmovilización de bienes fondos o recursos económicos que esas personas tengan en la Unión
Europea.
Otras medidas que se han puesto en marcha incluyen el embargo de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna, la prohibición de la exportación de productos de doble uso para su utilización por las fuerzas armadas y
la policía de fronteras, restricciones a la exportación de equipos para supervisar las comunicaciones que puedan utilizarse con fines de represión interna, y la prohibición de impartir formación militar al Tatmadaw y de cooperar militarmente con él.
En la lista hecha pública por el Consejo Europeo el 19 de abril de 2021 también figura la inclusión de catorce personas por la comisión de actos atroces contra la población rohinyá. Junto con las nuevas inclusiones, el número total de
personas incluidas en la lista asciende a veinticinco.
Además, la Unión Europea detuvo la ayuda financiera al Gobierno de la junta militar y congeló todo tipo de ayuda que podría considerarse como una legitimación del régimen militar.
El 5 de mayo de 2021 los Ministros y Ministras de Asuntos Exteriores y de Desarrollo del G7 manifestaron públicamente su rechazo en los términos más enérgicos, al golpe militar en Myanmar, reafirmando su solidaridad con los miembros del
Comité de Representación del Parlamento de la Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), así como los miembros del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), el Movimiento de Desobediencia Civil (CDM).
Paralelamente, durante este periodo se ha producido un extenso diálogo entre las distintas fuerzas democráticas de Myanmar, como el CRPH, las organizaciones étnicas armadas (EAO), el CDM, entre otras. Como resultado de este proceso de
diálogo, se ha promulgado una Carta que refleja los intereses colectivos del pueblo de Myanmar, con especial hincapié en la construcción de la paz como eje de la construcción del Estado.
La Carta establece los principios fundamentales y la hoja de ruta para atender los legítimos reclamos de todo el pueblo de Myanmar a través de la democracia federal. El 16 de abril de 2021, el CRPH anunció la formación de un Gobierno de
Unidad Nacional establecido desde el exilio. Los 34 miembros de su gabinete son parlamentarios, tecnócratas, líderes de la sociedad civil y activistas de diversas etnias, que han formado el gobierno más diverso e inclusivo en la historia del país.
Duwa Lashi La, presidente de la Asamblea Consultiva Nacional de Kachin, fue nombrado vicepresidente pero actúa como presidente interino, ya que el presidente designado, U Win Myint, permanece detenido por la junta.
Por otra parte, el 24 de abril de 2021 se celebro en Yakarta una reunión de dirigentes de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), en la cual alcanzo un consenso que la Unión Europea calificó como un paso importante y
positivo, tal y como publicó en una declaración oficial el 30 de abril de 2021. La declaración de Yakarta solicitaba el cese inmediato de la violencia en Myanmar y pedía que se iniciará un diálogo constructivo entre todas las partes entre otras
medidas.
Así mismo, la Unión Europea manifestó su disposición a respaldar a la ASEAN a la hora de facilitar un diálogo constructivo con todas las partes interesadas con vistas a que Myanmar vuelva a la senda democrática, a la vez que expresaba su
solidaridad con quienes defienden y trabajan por una democracia integradora y por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En este contexto, la Unión Europea ha acogido con satisfacción la labor del Comité Representante de
Pyidaungsu Hluttaw, así como del Gobierno de Unidad Nacional y otras fuerzas en favor de la democracia que están trabajando en pro de una solución pacífica de la crisis actual.
Por último, la Unión Europea subrayó la necesidad de respetar los resultados de las elecciones del 8 de noviembre de 2020, reiterando sus llamamientos a la junta militar para que ponga fin de manera inmediata a todos los actos de violencia,
actúe con la máxima contención y respete el Derecho internacional y los derechos humanos, y en concreto ponga fin a las detenciones arbitrarias y la tortura, devuelva la potestad al Gobierno civil electo y libere inmediatamente y sin condiciones a
todas las personas detenidas arbitrariamente en relación con el golpe de Estado, incluidos el presidente Win Myint y la Consejera de Estado Daw Aung San Suu Kyi.
'Desde que el ejército tomo el poder, la población de Myanmar soporta penalidades extremas. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Muchas pasan hambre y se enfrentan a la terrible realidad de tener que
sobrevivir sin atención de la salud ni asistencia médica incluso
cuando la pandemia continúa', expresó Emerlynne Gil, directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional.
En concreto, desde la toma militar de febrero del pasado año, y según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 2.200 casas y otras propiedades civiles han sido incendiadas o destruidas y cerca
de 320.000 personas se han tenido que desplazar de manera forzosa en el interior del país, principalmente de minorías étnicas. También se han registrado detenciones y encarcelamientos arbitrarios generalizados, con denuncias de tortura, contra
defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y políticos. Según los datos recogidos por la Asociación birmana de ayuda a las presas y presos políticos, durante el pasado año fueron arrestadas más de 11.000 personas, muchas de las
cuales continúan a la espera de juicio. También han documentado 1.400 asesinatos por parte de las fuerzas militares durante este periodo.
'La situación humanitaria y de seguridad en Myanmar sigue siendo volátil, y los civiles son los más afectados por los enfrentamientos armados en curso. En los estados de Kayin y Kayah, así como en las regiones de Magway y Sagaing, los
enfrentamientos se han intensificado, lo que ha provocado un aumento de las bajas civiles, la destrucción de propiedades civiles y el desplazamiento interno y transfronterizo', ha resaltado la OCHA en un comunicado oficial ante la opinión pública al
comienzo del presente año.
Los organismos de trabajo en el ámbito humanitario, estiman que para este año 2022 cerca de 14,4 millones de personas tendrán necesidades humanitarias y han estimado un cálculo de 6,2 millones en 'asistencia urgente'. Para satisfacer estas
necesidades, según sus cálculos se requerirán 724,5 millones de euros.
Durante este año se han producido todo tipo de vulneraciones de Derechos Humanos denunciadas por organismos como Naciones Unidas, el último, en la época navideña donde fallecieron calcinadas como consecuencia de un ataque en la localidad de
Moso, 35 personas, entre ellas 2 trabajadores de la organización Save The Children. Un hecho que ha causado gran conmoción en la comunidad internacional. Martin Griffiths, secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y coordinador de la
Ayuda de Emergencia de la ONU, se mostró 'horrorizado' por la matanza, a la vez que exigía responsabilidades a la junta militar por los hechos acontecidos.
En este sentido, Naciones Unidas advierte del deterioro de la situación humanitaria y de la seguridad en el sureste de Myanmar, particularmente en los estados de Kayah y Kayin, tras la reciente escalada en los combates en las últimas
semanas. El portavoz de la Secretaría General, Stephane Dujarric, ha pedido 'acceso humanitario seguro y sin obstáculos' a los trabajadores de Naciones Unidas que se encuentran realizando labores humanitarias en la zona. 'Si bien los socios
locales continúan brindando asistencia crítica para salvar vidas donde sea posible, varios socios humanitarios tuvieron que suspender las operaciones en diciembre debido a la inseguridad', ha manifestado Dujarric.
Ante esta última masacre ocurrida el pasado mes de diciembre, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, hizo público un comunicado el pasado 30 de diciembre, afirmando que se
requiere una mayor acción preventiva internacional en Myanmar, incluido un embargo de armas. 'Los recientes ataques contra civiles en muchas partes de Myanmar, y más recientemente en los estados de Kayah y Karen, han provocado el desplazamiento de
miles de personas', aseguró el alto representante. Así mismo, recordó que el 24 de diciembre, 'el espantoso acto de violencia, perpetrado por el régimen militar en el estado de Kayah' dejó muertas e incineradas a más de 35 personas, incluidas
mujeres y niños, así como trabajadores humanitarios.' Borrell señaló que estos hechos demuestran la urgente necesidad de exigir responsabilidades a los máximos dirigentes. 'Atacar a civiles y agentes humanitarios es inaceptable y una flagrante
violación de los derechos humanos y del derecho internacional, incluido el derecho humanitario', agregó Borrell.
El jefe de la diplomacia europea subrayó la necesidad de 'garantizar el acceso humanitario pleno, seguro y sin trabas a todas las personas necesitadas, y la plena protección del personal humanitario y médico'.
Según Borrell, la Unión Europea asignó 24,5 millones de euros en ayuda humanitaria para abordar las necesidades inmediatas de las comunidades desplazadas y afectadas por los conflictos y la pandemia, así como 65 millones de euros en apoyo a
las necesidades básicas de la población civil, incluida la educación y los medios de vida.
Por último, es importante destacar dos resoluciones que han tenido un gran impacto a nivel internacional, en relación al golpe militar en Myanmar. La primera de ellas, la moción aprobada por unanimidad el 5 de octubre de 2021 en el Senado
de la República francesa, que convierte al Estado
francés en el primer Estado reconocer y apoyar oficialmente el Gobierno de Unidad Nacional (GUN). Una propuesta que además, rechaza el golpe militar, insta al Gobierno francés a exigir con mayor firmeza el respeto de los resultados de las
elecciones generales de noviembre de 2020, el fin del estado de excepción y la liberación inmediata e incondicional de las presas y los presos políticos detenidos.
La segunda de las resoluciones, es la aprobada en el Parlamento Europeo, el 7 de octubre de 2021, aprobada con 647 votos a favor, dos en contra y 31 abstenciones, solicita la liberación inmediata del Presidente, la Consejera de Estado y
todos los detenidos. La resolución también pide a los militares en el poder que respeten plenamente el resultado de las elecciones de 2020.
Además de estos dos puntos, el Parlamento Europeo rechaza de manera firme la toma de posesión militar del 1 de febrero. La resolución pide 'el restablecimiento inmediato del gobierno civil, el fin del estado de emergencia, el fin del uso de
la violencia contra los manifestantes pacíficos, el respeto del derecho a la libertad de expresión y de asociación, y que se permita a todos los parlamentarios elegidos asumir sus mandatos'.
Esta resolución solicita a la delegación de la Unión Europea en Myanmar y a las embajadas de los Estados miembros, que sigan de cerca la situación de los derechos humanos y de la salud en Myanmar, especialmente de los líderes políticos y
otros detenidos.
El Parlamento Europeo afirma que apoya a la CRPH y a la NUG como 'el único representante legítimo de los deseos democráticos del pueblo de Myanmar' y pide a la ASEAN y a la comunidad internacional que los involucren en el diálogo político
para resolver la crisis.
La moción se produjo unos días después de que el representante Gregory W. Meeks (demócrata de Nueva York) presentara en la Cámara de Representantes la ley Burma Unified Through Rigorous Military Accountability (BURMA) de 2021. Copatrocinada
por el representante Steve Chabot (R-OH) y el senador Benjamín L. Cardin (D-MD), la ley pretende 'apoyar y proteger al pueblo birmano y enviar una señal clara a los militares birmanos'.
Finalmente, ante la grave crisis sanitaria mundial producida por la COVID-19, en relación a Myanmar, la directora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional, Ming Yu Hah, ha declarado: 'La propagación de la COVID-19 en Myanmar
agrava la crisis humanitaria y de derechos humanos del país, y es un crudo ejemplo de la ruinosa mala gestión de Myanmar por el ejército y de su enorme coste en vidas humanas'.
'Las autoridades militares, con la persecución implacable del personal médico, al que amenazan y detienen, han destrozado el sistema sanitario, que ya era frágil, durante una pandemia global. Es inadmisible y era evitable.'
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta Congreso-Senado insta al Gobierno a:
1. Manifiesta su firme rechazo al golpe militar dado por el Tatmadaw, las fuerzas armadas de Myanmar, el 1 de febrero de 2021. En este sentido, insta al Tatmadaw a respetar el resultado de las elecciones democráticas del 8 de noviembre de
2020.
2. Solicita la liberación inmediata e incondicional del presidente Win Myint, de la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y de todas las demás personas que han sido detenidas de manera arbitraria.
3. Manifiesta su respaldo al Comité de Representación de la Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), a las organizaciones étnicas armadas (EAO) y al Movimiento de Desobediencia Civil (CDM), así como el reconocimiento expreso al Gobierno de Unidad
Nacional (GUN).
4. Insta al Gobierno a manifestar su respaldo a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), para apoyar la implementación de los cinco puntos de consenso, acordados el pasado 24 de abril de 2021. En particular para asegurar que
el Gobierno de Unidad Nacional sea incluido en el proceso de implementación.
5. Reitera su apoyo a la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación preliminar sobre los crímenes cometidos contra la población rohinyá y a cualquier iniciativa que contribuya a exigir responsabilidades
a los responsables de las vulneraciones de derechos humanos en Myanmar, incluidos los generales Min Aung Hlaing y Soe Win.
6. Insta a los diferentes organismos de la Unión Europea a reforzar la ayuda humanitaria en Myanmar.
7. Insta a la Unión Europea a continuar con las sanciones y restricciones puestas en marcha hacia los miembros del Tatmadaw, a la vez que solicita el embargo de armas en el país.
8. Trasladará la presente resolución a los miembros del Gobierno de Unidad Naciones, al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos,
a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea, al secretario general de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), al relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en
Myanmar, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como a la CRPH.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2022.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Gorka Elejabarrieta Díaz, Senador.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.