BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


SECCIÓN CORTES GENERALES


XIV LEGISLATURA


Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS


25 de febrero de 2020

Núm. 10

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES


Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones


161/000071 (CD) 663/000001 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de la investigación en materia de prevención y abordaje integral de los trastornos adictivos ... href='#(Página2)'>(Página2)


161/000161 (CD) 663/000002 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de medidas con las que evitar situaciones de prostitución y tráfico de drogas que afectan a menores de
edad ... (Página4)

Página 2

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES


Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones


161/000071 (CD)


663/000001 (S)


La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley relativa al desarrollo de la investigación en materia de prevención y abordaje integral de los trastornos adictivos.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de la
investigación en materia de prevención y abordaje integral de los trastornos adictivos, para su debate en la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas.


Exposición de motivos


El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleva más de treinta años incluyendo las drogas como una de las variables por las que pregunta al realizar sus sondeos para conocer los principales problemas de la sociedad española.


Los primeros datos que ofrece el CIS en su página web al respecto corresponden a mayo de 1985, cuando el 17,5 % de los encuestados hizo referencia a las drogas como una de sus tres mayores preocupaciones. Desde entonces, los porcentajes han
evolucionado con una tendencia descendente, destacando cifras como el 49 % registrado en junio de 1988, el 35,8 % de septiembre de 1993 o el 23,2 % de marzo del año 2002.


Así, la inquietud mostrada por los españoles ante las drogas no supera el 1 % desde 2010, siendo 0,3 % el dato contemplado en el barómetro que el CIS hizo público el pasado 30 de julio de 2019 (el más reciente en el momento en el que se
redactó la presente iniciativa).


Esta realidad es fruto principalmente del trabajo desarrollado a lo largo de las últimas décadas por las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado frente al tráfico y la reducción de la oferta. De igual modo, la labor desempeñada por la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas desde 1985 ha sido cardinal desde la perspectiva de la prevención en el consumo y la sensibilización, la información y la

Página 3

formación de los ciudadanos en cuanto a los efectos nefastos que las adicciones, con o sin sustancia, pueden generar en su salud física y psíquica, así como en su vida personal, familiar y laboral.


Desde el año 2000, la citada Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas planifica su actividad y sus líneas de trabajo en el corto, el medio y el largo plazo mediante estrategias nacionales.


La última versión de estrategia nacional sobre adicciones, actualmente en vigor, es la relativa a los años 2017-2024. Entre las novedades que presenta con respecto a ediciones anteriores, destaca la prioridad que da en sus líneas de
actuación a la reducción de daños para conseguir una sociedad más saludable y segura; el carácter fundamental que otorga a la coordinación y al empoderamiento de los actores implicados para mejorar el diseño, la implementación y la evaluación de
políticas sobre las adicciones; la inclusión del enfoque de género para adaptar las medidas comprometidas a las características y necesidades específicas de la mujer, y, entre otros avances, la apuesta decidida por la investigación como objetivo
estratégico para agilizar la consecución de progresos en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las adicciones.


De forma literal, tanto la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, como el Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020 (el primero de los dos planes en los que se fracciona la propia estrategia para estructurar su aplicación),
especifican que 'la investigación sobre adicciones financiada desde las Administraciones Públicas debe alinearse con la estrategia definida en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, y con la Acción
estratégica en Salud recogida en el marco de dicho plan, impulsando el trabajo en redes de investigadores e instituciones, especialmente en grupos multicéntricos, y potenciando la presencia española en grupos de investigadores internacionales, con
el objetivo de incrementar la eficiencia en el uso de los recurso disponibles y la visibilidad'.


De igual modo, la Estrategia 2017-2024 concreta la necesidad de 'impulsar la actividad investigadora en áreas complementarias de interés al fenómeno de las adicciones, especialmente en el ámbito socio-sanitario y epidemiológico como, por
ejemplo, las diferencias de género, el perfil de nuevos consumidores, los consumidores crónicos y aquellos de edad avanzada desde una perspectiva de necesidades de atención, para adaptar los servicios existentes. De igual manera, se potenciará la
actividad investigadora en relación con los efectos del consumo de sustancias sobre la conducción y prevención de lesiones y fallecimientos por tráfico y otros accidentes, relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas, así como en el ámbito
laboral'.


Por todo ello, teniendo presente la existencia de ámbitos en los que existe margen de mejora en la lucha contra las adicciones en España como, por ejemplo, el consumo de tabaco y de cannabis (que han evolucionado al alza en nuestra sociedad
en los últimos años según la 'Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España' 2017-2018), y con el objetivo de continuar aminorando el protagonismo de las drogas como problema en la sociedad española


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'Las Cortes Generales instan al Gobierno a diseñar e implementar medidas específicas con las que desarrollar sinergias entre la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas y los Organismos Públicos de Investigación de la Administración
General del Estado, con el objetivo de agilizar la consecución de avances desde la investigación, el desarrollo y la innovación en todo lo relacionado con la prevención de las adicciones y la promoción de un abordaje (tratamiento, rehabilitación y
reinserción social) transversal, integral y multidisciplinar de los trastornos adictivos que permita reducir su impacto en la salud física y psíquica de las personas, así como en su vida personal, familiar y laboral.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Página 4

161/000161 (CD)


663/000002 (S)


La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley relativa al desarrollo de medidas con las que evitar situaciones de prostitución y tráfico de drogas que afectan a menores de edad.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2020.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de medidas con
las que evitar situaciones de prostitución y tráfico de drogas que afectan a menores de edad, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos


El 13 de enero de 2020 trascendió públicamente la existencia en Palma de Mallorca de un grupo de menores de edad acogidos en los centros del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que ejercen la prostitución a cambio de dinero,
regalos y drogas.


Esta situación se hizo pública después de que una menor de trece años tutelada por el IMAS denunciase haber sido agredida sexualmente el pasado 24 de diciembre de 2019 por seis adolescentes con edades comprendidas entre los catorce y los
diecisiete años.


De acuerdo con la información publicada en los medios de comunicación, la menor escapó de su centro para acudir a un piso del barrio de Son Gotleu, en el que suelen reunirse las menores que se fugan de los centros del IMAS. Allí visitó un
bar propiedad de una mujer que supuestamente capta menores dispuestos a prostituirse para sus clientes. La menor acudió posteriormente a un piso del conflictivo Barrio de Corea en el que, según el testimonio de la propia menor, tuvo lugar la
agresión.


La del 24 de diciembre fue la tercera ocasión del año en la que la menor era ingresada en un hospital tras haber sido víctima de una violación (denuncia de los hechos incluida).


Según se ha publicado, este problema se ha producido, al menos, con 16 menores que los trabajadores del IMAS conocen y dicen haber reflejado en informes remitidos a los máximos responsables del propio IMAS (que tutela en total a más de 300
menores de edad).


Posibles negligencias por parte de los responsables del Instituto, carencia de medios para ejercer debidamente la tutela sobre todos los menores, ocultación de los hechos por parte del Gobierno autonómico para evitar el escándalo... los
medios de comunicación apuntan estas, entre otras causas, por las que pueden haberse producido situaciones como la descrita, y contra las que hay que poner medios eficaces.


Con ese propósito, y en total convergencia con los planteamientos contemplados en la Declaración de Estambul de 2011, el eje de actuación número 8 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsado en 2017 por el Gobierno del
Partido Popular, se centra en la lucha contra la trata de mujeres y

Página 5

niñas con fines de explotación sexual mediante acciones. Lo hace con medidas como la creación de una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual y el diseño de programas de prevención y detección.


En el mismo sentido, destacan los trabajos realizados hasta mayo de 2018 para aprobar una Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia. Se trata de una norma que el Gobierno del Partido Popular trabajó en colaboración
con instituciones como 'Save The Children' y la Cátedra Santander de la Universidad de Comillas y que estaba a punto de ser impulsada cuando el PSOE presentó su moción de censura. El Ejecutivo del PSOE no ha mostrado, desde junio de 2018, voluntad
alguna por desarrollar esa norma.


Un tercer eje de actuación para hacer frente a situaciones como la acontecida en Palma de Mallorca son los protocolos con los que cuenta el Observatorio de Infancia, que se puso en marcha en 1999. Los citados protocolos fueron desarrollados
desde la colaboración entre las Administraciones y distintas instituciones privadas para evitar situaciones de prostitución y tráfico de drogas que afectan a menores de edad.


Tanto las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como el trabajo realizado para impulsar la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, y los protocolos de control del Observatorio de
Infancia, han supuesto importantes avances en los últimos años para luchar contra situaciones como la denunciada en Palma de Mallorca en los últimos días.


No obstante, y como precisamente demuestra el caso de Palma de Mallorca, es necesario incrementar los esfuerzos realizados hasta la fecha para evitar que vuelvan a producirse nuevos casos.


Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha seis imprescindibles medidas para mejorar la protección de las niñas y adolescentes más vulnerables:


1. Aprobar con la máxima urgencia la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia.


2. Desarrollar, en toda su extensión, la totalidad de las medidas relativas a lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género del año 2017.


3. Revisar y actualizar los protocolos con los que cuenta el Observatorio de Infancia para evitar situaciones de prostitución y tráfico de drogas que afectan a menores de edad.


4. Facilitar los canales de denuncia, adecuándolos a las especiales circunstancias de las víctimas así como la información que tienen sobre dichas vías, por el hecho de ser menores.


5. Que, dentro de las especializaciones que se mencionan en el artículo 11 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, se fomente la especialización en menores dentro de las listas que los Colegios ponen a disposición
de las Comisiones de Justicia Gratuita, en aquellos casos en los que todavía no exista dicha especialización.


6. Y mejorar la formación especializada en menores que reciben jueces y fiscales, atendiendo a los nuevos riesgos que supone el acceso a contenidos de internet y el uso de las redes sociales en las relaciones personales desde muy corta
edad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2020.-Alicia García Rodríguez, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Margarita Prohens Rigo, María Sandra Moneo Díez y Pilar Marcos Domínguez, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.