BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIII LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


30 de julio de 2019

Núm. 32

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el reconocimiento internacional de la República de Kosovo. Retirada ... (Página2)


162/000043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Centro de Inspección Fronteriza del puerto de Santa Cruz de La Palma ... (Página2)


162/000044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre financiación autonómica ... (Página3)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000015


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


Autor: Grupo Parlamentario Republicano.


Retirada de su Proposición no de Ley sobre el reconocimiento internacional de la República de Kosovo.


Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, en relación con las siguientes Proposiciones no Ley y, considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Pleno, ha acordado admitirlas a trámite conforme al artículo 194 del
Reglamento, entendiendo que, en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


162/000043


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Ana María Oramas González-Moro y doña Guadalupe González Taño, Diputadas de Coalición Canaria, integradas en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presentan, para su
debate en Pleno, la siguiente Proposición no de Ley sobre el Centro de Inspección Fronteriza del puerto de Santa Cruz de La Palma.


Exposición de motivos


El Centro de Inspección Fronteriza del Puerto de Santa Cruz de La Palma entró en funcionamiento el 22 de junio de 2016. Este Centro de Inspección Fronteriza es un Puesto de Inspección fronteriza para control fitosanitario (PIF-FITO) con una
superficie útil de 166,90 m2 y tiene como objetivo, como el resto de puntos de este tipo, realizar los controles e inspecciones tendentes a evitar la introducción o propagación de elementos nocivos para los vegetales y productos vegetales.

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Esta instalación es también fundamental para realizar los controles necesarios para la emisión de certificaciones fitosanitarias de exportación.


Desde sus inicios este Centro funciona con personal que se traslada desde Tenerife a demanda, cuando va a producirse una exportación o cuando se detecta alguna mercancía que lo necesite. Y nos consta la buena voluntad del personal de
Inspección fronteriza de Tenerife para cubrir ambas Islas, pero lo cierto es que este sistema es insuficiente y no se entiende que desde el año 2006 el Estado no haya sido capaz de cubrir la plaza de inspector o inspectora en la Isla de La Palma.


Setenta y cuatro plagas han entrado por las fronteras canarias en los últimos años, poniendo en riesgo tanto nuestras producciones como nuestro delicado equilibrio medioambiental.


Millones de euros ha costado y todavía cuesta luchar contra estas plagas, cuando sería mucho más barato y eficaz establecer en las Islas un adecuado control de fronteras. Por eso, tras veinte años de lucha, los canarios y canarias hemos
conseguido que nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 141, apartado 5, establezca lo siguiente: '5. Sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de control zoo-fitosanitario en puertos y aeropuertos del Archipiélago se
establecerán las medidas de cooperación entre la Comunidad Autónoma y el Estado en dicho ámbito, que garanticen el nivel sanitario en las Islas. Asimismo, en materia de sanidad vegetal se acordarán los correspondientes mecanismos de colaboración
entre la Comunidad Autónoma y el Estado que permitan el mantenimiento de status fitosanitario en las Islas Canarias' lo que supone una vía de arreglo a esta situación, mediante la colaboración entre Administraciones.


A todo lo dicho se une ahora un nuevo problema: la Directiva de Ejecución (UE) 2019/523 de la Comisión de 21 de marzo de 2019 que modifica los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE obliga a muchos productores canarios y por ende palmeros,
a emitir certificaciones fitosanitarias para zonas para las que antes no era necesario, es el caso de La Palma, y muchas otras producciones en toda Canarias.


Hasta tanto se produzca la ejecución de los mecanismos de colaboración establecidos en el artículo 141.5 es urgente la solución efectiva de este problema.


Por todo lo expuesto se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a firmar de forma urgente un convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias a fin de que se cubra por parte de ésta de forma inmediata el puesto de inspector o
inspectora en el Centro de Inspección Fronteriza de Santa Cruz de La Palma.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2019.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Guadalupe González Taño, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.


162/000044


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre financiación autonómica, para su
debate en Pleno.


Exposición de motivos


La Constitución Española (CE) recoge en el artículo 156 los principios que deben regir el sistema de financiación autonómica: 'Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con
arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles'.


En el artículo 157 de la CE se recoge que 'Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:


a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.


b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

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c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.


e) El producto de las operaciones de crédito'.


En el artículo 158 de la CE se recoge tanto la asignación en los Presupuestos Generales del Estado como el Fondo de Compensación Interterritorial.


Estos 3 artículos de la CE esbozan el sistema de financiación autonómica que posteriormente se desarrolla en la correspondiente Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Hoy sigue vigente la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Una ley que se aprobó por un gobierno socialista, con el
apoyo de los nacionalistas, sin el consenso necesario y con el voto en contra del Partido Popular.


Con la crisis económica, primero negada y luego mal gestionada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, se produjo una caída de los ingresos tributarios de casi 60.000 millones de euros en solo 2 años, entre 2007 y 2009, que afectaba
directamente a las CC.AA. a través de los tributos cedidos y que, junto a la imposibilidad de acudir a los mercados financieros -cerrados para este nivel de administración pública- provocaba su asfixia financiera y la incapacidad de éstas para
prestar los servicios básicos que tienen transferidos (educación, sanidad, servicios sociales, etc.).


En este escenario, la prioridad del Partido Popular fue evitar la quiebra de nuestras CC.AA. que, sin duda, hubiese forzado el rescate de todo el país. Para ello, se adoptaron medidas con 3 objetivos.


El primero, proporcionar liquidez a las administraciones territoriales para garantizar que los ciudadanos no se viesen afectados en temas tan importantes como la sanidad o la educación; y aquí se encuadran los Planes de Pago a Proveedores,
el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), las líneas ICO y otras medidas extraordinarias de liquidez, que garantizaron la prestación de servicios esenciales por parte de las administraciones territoriales y permitieron mantener miles de empresas y más
de 400.000 empleos en los peores años de la crisis.


El segundo, establecer el marco para garantizar la sostenibilidad de las CC.AA. a través, entre otras, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibílidad Financiera.


El tercero, incrementar los Recursos del Sistema de Financiación de las CC.AA., un 23,4 % entre 2011 y 2018, como paso previo para avanzar en un nuevo modelo de financiación autonómica cuyo estudio se encargó a un grupo de expertos. Así, la
financiación ordinaria pasó de 84.094 millones de euros en 2011 a 103.817 millones de euros en 2018. Es el círculo virtuoso del crecimiento y la creación de empleo que permite aumentar la recaudación tributaria a pesar de bajar impuestos todos los
años entre 2015 y 2018.


Este incremento en la financiación ordinaria, del que se beneficiaron todas las CC.AA. sin excepción, no impidió que se criticara duramente al Partido Popular. Especialmente beligerante fue la actual Ministra de Hacienda, quien siendo
Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía reclamaba, a principios de 2018, 4.000 millones de financiación adicional para Andalucía (16.000 millones para el conjunto de España), decía que supeditar la financiación autonómica a la aprobación de
los presupuestos era un 'chantaje inaceptable' y exigía que se abordara urgentemente un nuevo modelo de financiación autonómica.


En esas mismas fechas, Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, afirmaba en un comunicado que 'insinuar siquiera que las entregas de dinero a las comunidades estarán supeditadas a la aprobación de los Presupuestos
supone una deslealtad institucional inaceptable, una irresponsabilidad y una ruptura de las normas mínimas del Estado de las Autonomías'.


Por eso no se entiende que el mismo partido socialista, con la Ministra de Hacienda a la cabeza, haya cambiado radicalmente su posición ahora que son Gobierno y mantenga bloqueados 6.674 millones de euros que pertenecen a las Comunidades
Autónomas y a las dos ciudades con Estatuto de Autonomía -Ceuta y Melilla-, en concepto tanto de entregas a cuenta de 2019 como de liquidación definitiva correspondiente al año 2017, y que son vitales para que éstas puedan prestar adecuadamente los
servicios que tienen transferidos: educación, sanidad y servicios sociales, incluyendo dependencia.


Los españoles no pueden sufrir las consecuencias de un gobierno socialista que, primero, fue incapaz de recabar los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Segundo, decidió -alentado por unas
encuestas que le favorecían- adelantar las elecciones generales anteponiendo los intereses personales y partidistas a los intereses generales de los españoles. Y tercero,

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mantiene el bloqueo institucional como mínimo hasta finales de julio intentando desgastar a quienes, en teoría, son sus socios preferentes.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente


Proposición de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Adoptar cuantas medidas sean necesarias para que las Comunidades Autónomas reciban, de manera urgente, los recursos financieros que les corresponden incluyendo las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación definitiva de 2017.


- Compensar los 2.496 millones de euros de desfase del IVA que se generaron tras la implantación del Sistema Inmediato de Información (SII), tal y como se hacía con la Proposición de Ley del PP cuya toma en consideración se aprobó por amplia
mayoría de la Cámara en diciembre de 2018.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2019.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputado.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.