El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.— El
señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, salgan en
silencio, por favor.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado una enmienda a esta
moción consecuencia de interpelación, por iniciativa de los señores Mulet
y Navarrete. (Rumores).

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Mato, si
guardan ustedes silencio, por favor.

Comience, señoría.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Señorías, tal y como dije en la interpelación al ministro de
Energía, en la presentación del paquete de invierno, en noviembre del año
pasado, la Comisión Europea presentaba una serie de medidas encaminadas a
que Europa liderase la transición energética. Sus objetivos,
concretamente, eran cuatro: la reducción de las emisiones en un 40 % en
el año 2030; modernizar el crecimiento económico de la Unión; crear
empleo al tiempo que se lucha contra el cambio climático y garantizar un
precio asequible para un suministro básico como es la electricidad.

El comisario decía en aquel momento que el paquete de medidas iba
dirigido a crear un mercado fuerte, basado en la implantación de nuevas
tecnologías, a crear las condiciones adecuadas para los inversores, a
garantizar el abastecimiento de los ciudadanos y a mejorar el mercado
energético. Sin embargo, señorías, en España, después de seis años de
Gobierno del Partido Popular, se han desarrollado un conjunto de normas
que han pretendido cambiar todo el sistema energético español. Su
objetivo era —eso nos dijeron— estabilizar y abaratar los
precios de la energía. Pues bien, señorías, no solamente no se consiguió
el objetivo, sino que los precios no han dejado de subir y sigue habiendo
pobreza energética en nuestro país. Hay, según algunos datos, más de
cuatro millones de personas con dificultades para hacer frente a sus
recibos de luz y gas.

Ustedes acometieron el parón de las renovables y perdimos, a
contracorriente, tanto el liderazgo tecnológico como el económico y mucho
del empleo que habíamos generado en esta tecnología en la década
anterior. El resto de Europa, mientras tanto, invertía miles de millones
y generaba nuevo empleo, desarrollando tecnología y aprovechando fuentes
renovables para luchar eficazmente contra el cambio climático. Y ustedes
saben perfectamente que uno de los principales efectos de la entrada de
energías renovables en el sistema es el abaratamiento del precio en el
mercado diario. Les voy a dar un dato: solamente en el año 2016 las
energías renovables abarataron el precio del mercado eléctrico en 5370
millones de euros. Ello supuso un ahorro medio de 21,5 euros por cada
megavatio adquirido en el mercado diario. Ustedes frenaron el autoconsumo
y ahora, forzados por la Unión Europea, no les va a quedar más remedio
que derogar el impuesto al sol. Van a tener que permitir que ese
autoconsumo se produzca. En definitiva, señorías, lo que hicieron fue un
completo despropósito.

Pues bien, hoy cumplimos por los pelos con los límites de emisión
de gases de efecto invernadero y con la aportación que tenemos que hacer
de energía renovable al parque de generación; y lo hacemos a pesar de
ustedes, solo gracias al enorme esfuerzo que se realizó durante aquellos
años en los que gobernábamos los socialistas en España. ¿Saben por qué?
Porque ese es el camino correcto, el que nos pide que recorramos
precisamente la Unión Europea y que ustedes no quisieron recorrer.

En los próximos años, para cumplir nuestros objetivos de reducción
de emisiones, las energías renovables van a tener que aumentar
extraordinariamente el mix de generación de electricidad. Hoy las
renovables representan, aproximadamente, en un año medio de lluvia,
el 40 % de nuestra producción eléctrica. Para cumplir, va a ser necesario
que las energías renovables abastezcan, al menos, el 70 % de la demanda
de electricidad en el 2030. Nos queda un largo camino por andar,
señorías, y por ello presentamos esta moción.

La energía renovable ha demostrado que, además de abaratar el
precio de la energía, permite una mayor independencia energética, el
desarrollo de entornos rurales, la creación de nuevos sectores
industriales basados en la innovación y el desarrollo, así como la
generación de empleo de calidad. Y queremos que esa revolución energética
y tecnológica se aproveche más para los territorios que más los
necesitan. Por ello, señorías, solicitamos que en esa futura ley de
transición energética, en la que trabaja el grupo de expertos designado
por el Consejo de Ministros, se plantee una estrategia de transición
justa. Reclamamos, en definitiva, que el Gobierno habilite un nuevo
modelo de subastas con tecnologías renovables que se consideren
preferentes para los territorios más vulnerables, que se ubiquen donde
más necesidad haya por su acusada dependencia de las tecnologías
convencionales o por su situación socioeconómica. Con ello, señorías
—y termino—, la energía será más barata, reduciremos las
emisiones, generaremos empleo de calidad y tejido empresarial y, sobre
todo, seremos solidarios con quien más lo necesita. No dejaremos a ningún
territorio atrás.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mato.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.

El precio de los productos básicos ha ido aumentando en los
últimos años, y ahí no se ha tenido en cuenta si había crisis o no. En
cambio, escudándose en la crisis, el Gobierno del Partido Popular
propugnaba que en pro de la competitividad se debían reducir los sueldos.
Se decidía también no invertir en determinadas cosas o infrafinanciar a
las comunidades autónomas, sin arreglar el perverso sistema actual. Sin
embargo, una persona en su casa debía pagar cantidades altas por luz y
gas. Eso sí que no se controla, quedando siempre a voluntad de las
grandes empresas energéticas, de las puertas giratorias que controlan el
mercado de nuestro país. Y no solo la crisis, sino la política energética
del Partido Popular, que cree que todos los ciudadanos y ciudadanas
tenemos cajas B para pagar nuestros imprevistos, pretende hacernos creer
eso.

Seguimos a la cola de Europa, señorías, haciendo el ridículo.
Mientras la Agencia Internacional de la Energía apuesta con firmeza por
la energía solar, el Gobierno del Estado español, el Gobierno de M.
Rajoy, solo ha hecho que obstaculizar, entorpecer y poner un impuesto al
sol para que sus amigos, los de las hidroeléctricas, no dejen de tener
beneficios. Señores del Partido Popular, pueden bajar las décimas que
quieran el porcentaje que les marca Europa en materia de deuda, pero
cuando deciden crear un impuesto sobre el sol en el Estado más soleado de
toda la Unión Europea todo lo que han hecho para que parezcamos un Estado
serio se esfuma. Los socios del Estado español, como Francia, ya no les
creen. El presidente Macron exigía ayer una lista de acciones,
compromisos financieros concretos y menos declaraciones del presidente
Rajoy, pues, mientras el señor Rajoy vuelve a anunciar una ley del cambio
climático, el propio Ministerio de Energía informa que por culpa de la
falta de lluvia y de viento de este año hemos tenido que recurrir a la
generación de energías sucias. En el Estado con más insolación de Europa
casi el 70 % de la electricidad generada en 2017 ha provenido de fuentes
de energía no renovables. Los flujos financieros deben ser coherentes con
el camino hacia la baja emisión. Cada año España gasta más de 1000
millones de euros para sostener el uso de combustibles fósiles, señorías.
Dejen de faltar a la verdad cuando dicen que si se dejan las energías
sucias y hay un mal año de viento y lluvia la energía va a subir. No lo
dice solo Compromís. Hay un estudio científico de la Universidad Carlos
III que les recomiendo que lean estas navidades, pues después de leerlo
definitivamente apoyarán a las energías limpias y abandonarán
progresivamente las sucias.

Compromís está de acuerdo con esta moción presentada por el Grupo
Socialista, pero queremos aportar un poquito, y con nuestro texto
pretendemos mejorarla. Dice así: Tal estrategia de transición justa, u
otras medidas relacionadas con la futura ley de cambio climático y
transición energética, no dilatará el cumplimiento efectivo de los
objetivos de la Unión Europea en materia de clima y lucha contra el
cambio climático. Añadimos esta premisa, porque creemos necesario fundar
y apoyar nuestra futura legislación en la lucha contra el cambio
climático sin dejar de lado la problemática existente al respecto y la
amenaza que esto supone. ¿De acuerdo con la estrategia de transición
justa de acompañamiento a la ley de cambio climático y transición
energética? Por supuesto, pero el objetivo A de esta moción que nos
presenta hoy el Grupo Socialista no nos puede hacer perder el objetivo
final, el de la lucha mundial contra el cambio climático.

En definitiva, en Compromís queremos luchar contra el cambio
climático como un objetivo mundial y común, pero, por supuesto, sin dejar
a los más desfavorecidos por el camino. Esperamos que hoy se inste por
unanimidad al Gobierno para que cree esa estrategia. Y aquí estará el
Senado para controlar que lo haga.

Para dejar más tiempo a mis compañeros, ya anuncio el voto
positivo a la moción, sea aceptada o no nuestra enmienda.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Navarrete.

Para manifestar si acepta o no la enmienda, tiene la palabra el
senador Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño para decir que nuestro grupo va a
aceptar la enmienda, tanto por el enfoque como por lo que recoge el
propio texto.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mato.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Domínguez.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, debatimos hoy una moción consecuencia de interpelación
del Grupo Socialista sobre el modelo energético del Gobierno y su impacto
en los consumidores y en la competitividad de las empresas. Para Foro en
esta materia lo principal es el carbón. Nuestro compromiso con el carbón
es una constante en las acciones políticas de nuestro partido, que
defiende lo mismo en Madrid que en las cuencas mineras asturianas. Se
aproxima la fecha del punto final a la minería del carbón
—2018—, algo que Foro nunca compartió y contra lo que vamos a
seguir luchando. La protección de nuestro único combustible fósil
autóctono es una prioridad, como lo es en los países de la Unión Europea,
que lo tienen incorporado a su mix energético para no ver mermada su
soberanía energética. Si España, que dispone en abundancia de carbón,
renuncia a él, tendrá que comprar sus fuentes energéticas en otros países
y pagarlas al precio que ellos fijen. Somos un país muy dependiente de
fuentes energéticas del exterior que se tienen que pagar a precios muy
altos y condicionan y merman la competitividad de nuestras empresas y la
creación de puestos de trabajo. El Gobierno cuenta con el apoyo de Foro
para dar continuidad a la minería del carbón y a la alianza de España con
otros países europeos que promueven políticas en idéntico sentido.

Otro asunto que nos preocupa, y mucho, es el cierre de las
centrales térmicas. Que nadie se engañe: que Iberdrola haya anunciado el
cierre de Lada y Velilla es consecuencia directísima de la moción
energética aprobada hace poco más de un mes en el Congreso y que contó
con el respaldo de Podemos, PSOE y Ciudadanos. Votan aquí, en Madrid, una
cosa, y luego dicen otra en Asturias y en Castilla y León, echando la
culpa a los demás.

El cierre de las térmicas tendría unos costes sociales de
gravísimo calado en forma de pérdida de puestos de trabajo, desertización
industrial y penalización en la competitividad de las industrias de
consumo electrointensivo radicadas en Asturias, algunas de las más
importantes del país. Y el cierre de las térmicas acabará repercutiendo
en el recibo de la luz de las familias, los comercios y las empresas.
Lamentablemente, el Plan del carbón firmado por el Gobierno, empresas y
sindicatos, y aplaudido por el Principado, ha puesto de manifiesto su
ineficacia e inoperancia. Por eso, reclamamos que se haga efectivo el
concepto de reserva energética del carbón para evitar cierres de
explotaciones y la desertización de las comarcas afectadas. Nos parece
imprescindible la elaboración de un plan estratégico de la energía,
acordado con el mayor consenso por el conjunto del sector energético, de
forma integral para los quince próximos años. Necesitamos un nuevo
sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y
predecible, tanto en lo referente al resultado del mercado eléctrico,
como a los costes regulados y la carga fiscal.

Reclamamos la aplicación en España del estatus del consumidor
electrointensivo, reconocido por la Unión Europea, en cuyo marco
normativo se han habilitado las directrices sobre ayudas estatales en
materia de protección del medioambiente y energía, que contemplan la
aplicación de reducciones de la carga fiscal, el coste de acceso y uso de
las redes de transporte y distribución e incentivos a las energías
renovables.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra, en
primer lugar, la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero manifestar el apoyo de Coalición Canaria a esta iniciativa,
tal y como está recogida y planteada. Desde luego, los precios no han
bajado —desgraciadamente, no han parado de subir— y estamos
todavía ante un grave problema de pobreza energética en muchos hogares y
también ante un grave problema para la competitividad de las empresas.
Desde nuestro punto de vista, en España carecemos de una estrategia
energética que nos permita tener una mínima planificación a medio y largo
plazo, que dote de continuidad y seguridad tanto a las empresas como a la
industria y a los inversores y, desde luego, que evite la incertidumbre,
no solo a los inversores, sino a la ciudadanía respecto del gasto que va
a tener en su recibo de luz o de gas.

Debemos recordar los vaivenes recientes del Gobierno de España en
política energética, fundamentalmente, en materia de renovables. Ya se ha
dicho, señorías: cada vez que cambia el color del Gobierno —el PP o
el PSOE— no podemos estar recordando las historias o herencias que
unos se dejan a otros. Es necesario un pacto sobre la política y la
estrategia energética de España. Es estratégico que decidamos el mix
energético por el que queremos apostar y que apostemos todos a una para
conseguirlo.

Son muchos los interrogantes que se han planteado, que creo que
siguen sin respuesta; por lo menos, los ciudadanos no la tienen. ¿Por qué
estamos con los precios más altos de la Unión Europea? ¿Por qué,
desde 2016, mientras en España ha aumentado el precio, en otros países
tan diferentes, como Portugal o Inglaterra, ha pasado lo contrario, ha
habido una caída de los precios?

Señorías, ahora lo dice el ministro, pero en Canarias lo venimos
diciendo desde hace tiempo: las renovables abaratan los precios. Y yo me
pregunto, ¿a qué esperamos para dotarnos de una política energética que
permita un mix energético en el que las renovables ocupen cada vez un
mayor papel y apostemos por ellas? Nosotros, desde luego, no entendemos o
no reconocemos en la política energética actual una hoja de ruta clara.
Mientras otros países están en un proceso de transición para apostar por
un modelo energético menos contaminante, en España, con las decisiones
que se están tomando parece que queremos anclarnos en el modelo
energético viejo, basado en la generación de energías a través de
fósiles. Tenemos que generar un cambio. Además, desde nuestro punto de
vista tiene que haber una continuidad que dé seguridad a los inversores y
a la ciudadanía y, desde luego, que nos permita con toda claridad acabar
con la pobreza energética de algunos de nuestros hogares.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Julios.

Senadora Rivero, tiene la palabra.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies. Molt breument, perquè no tindré
temps.

El canvi climàtic és un problema i els experts ens han dit que
el 95 % d’aquest problema el creem nosaltres. No els podré llegir
això que els volia llegir perquè no tindré temps, però ja ho recollia el
preàmbul de la Llei de Canvi Climàtic que el govern català i el Parlament
van aprovar i que estar recorreguda pel Tribunal Constitucional com
gairebé totes. Aquesta és la voluntat. Ens van recórrer aquesta llei i a
canvi no en tenim una d’estatal que doni solució a aquest tema.
Vostès saben que si a Kyoto ja des de l’any 92, amb aquest
compromís de Kyoto, es feia palès que teníem un problema i que no el
compromís no havia funcionat. A l’acord de París vam tornar a
signar amb la incorporació dels Estats Units i la Xina perquè ja era
evident els efectes que tenia aquest canvi climàtic, i és cert que en
aquests moments no tenim encara aquí una llei de canvi climàtic. Allà ja
es deia que era molt important començar a treballar-hi.

Els direm que nosaltres estem d’acord amb què hi ha
d’haver una llei de canvi climàtic, ja hauria de ser aquí. Estem
d’acord amb el seu plantejament i els donarem recolzament, però
pensem que aquesta estratègia no ha de ser paral·lela, que aquesta
estratègia que vostès demanen realment ha d’estar incorporada en
aquesta llei de canvi climàtic. Per tant, se’ns fa difícil opinar
més d’això perquè el que voldríem és tenir un text de la llei de
canvi climàtic que realment donés solució.

Algunes incomoditats haurem de tenir per aplicar una llei de canvi
climàtic perquè si el s95 % del problema som nosaltres, haurem
d’estar disposats a assumir alguna incomoditat per aplicar-la
realitat. Si no, si comencem a tenir unes reserves prèvies per aplicar-la
como toca, com Déu mana, aleshores nosaltres mateixos ens estem posant un
problema perquè els efectes d’aquesta llei de canvi climàtic siguin
efectius, reals i ràpids.

Gracias. Intervendré muy brevemente.

El cambio climático es un problema, y los expertos nos han dicho
que el 95 % de ese problema lo creamos nosotros. Lo que quería leer
—no voy a tener tiempo para hacerlo— ya se recogía el
preámbulo de la Ley del cambio climático que aprobó el Parlamento de
Cataluña, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, como
prácticamente todas. Esa es la voluntad. Recurrieron esta ley y, a
cambio, no tenemos una estatal que dé solución a este problema. Ustedes
saben que desde el año 1992, con el compromiso de Kioto, era evidente que
teníamos un problema, y hoy sabemos que ese compromiso no ha funcionado.
Volvimos a firmar en el acuerdo de París, con la incorporación de Estados
Unidos y China, porque los efectos de este cambio climático ya eran
evidentes. Y es cierto: no tenemos todavía una ley de cambio climático,
aunque ya entonces se decía que era muy importante empezar a trabajar en
ella.

Nosotros estamos de acuerdo en que haya una ley de cambio
climático —ya debería estar aquí—. Estamos de acuerdo con su
planteamiento y les vamos a apoyar, pero pensamos que la estrategia que
ustedes piden no debe ser paralela, sino que tiene que incorporarse a esa
ley de cambio climático. Por eso se nos hace difícil opinar más al
respecto: porque quisiéramos tener una ley con un texto que realmente dé
solución.

Debemos tener en cuenta que si el 95 % del problema somos
nosotros, alguna incomodidad tenemos que estar dispuestos a asumir para
aplicar la ley. Si no, si empezamos a tener reservas previas para
aplicarla como es debido, estaremos planteando un problema, porque los
efectos de esa ley deben ser efectivos, rápidos y eficaces.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Acabe, señoría.

La señora RIVERO SEGALÀS: Acabo, president. D’acord, doncs,
que hi ha d’haver un acompanyament però al nostre entendre, aquest
acompanyament per a tot tipus de sectors, perquè no és només el sector
miner del qual vostè ha parlat més, sinó que hi ha altres sectors que
estaran realment afectats que també han d’estar incorporats a la
llei.

I no em referiré per falta de temps a la falta de pla energètic al
no compromís amb les renovables, al canvi de lleis que hi hagut en aquest
país a mig joc amb el tema de les renovables... tot això és dolent, però
aquí estem parlant ara d’una llei de canvi climàtic que no tenim,
per tant, poc podem opinar, i de què aquestes mesures
d’acompanyament ja havien de ser incorporades dins.

Moltes gràcies.

Acabo, presidente. Debe haber un acompañamiento, pero pensamos que
debe ser para todos los sectores, porque no solo está el sector minero,
del que usted ha hablado, sino que hay otros que también están afectados.
Y todos ellos tienen que estar incorporados a la ley.

Por falta de tiempo no voy a referirme a la falta de un plan
energético, a la falta de compromiso con las renovables, al cambio de
leyes en este país, al medio juego en el tema de las renovables... Todo
eso es malo, pero aquí estamos hablando de una ley de cambio climático
que no tenemos, así que repito que es difícil opinar, porque estas
medidas de acompañamiento ya deberían formar parte de ella.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, senatori jaun-andreok. Egun on,
mahaiburu jauna.

Senador Mato, en su momento, en la interpelación, seguimos su
intervención con mucho interés. Habló usted de muchas cosas; de hecho,
dio un repaso exhaustivo a los problemas que afectan a la política
energética del Estado español, problemas en muchos casos crónicos en la
política energética del Estado. Habló usted de precios, de pobreza
energética, de competitividad industrial, del precio de la bombona,
incluso de la generación descentralizada, de autoconsumo, de impuesto al
sol, de déficit energético, de litigios y arbitrajes internacionales, del
marco regulatorio de la seguridad jurídica, de la retroactividad, de las
primas, del déficit de tarifa y, por fin, del carbón. Pero,
desgraciadamente, siento decirle que la interpelación no me pareció mucho
más de lo de siempre: y tú más y tú más y tú más. Y digo
desgraciadamente, porque en la política energética del Estado eso es lo
que está sobrando.

Por eso, senador Mato, en parte me sorprendió que en esta moción
su grupo planteara la confección de una estrategia de transición justa.
Al fin y al cabo, solo al final de su intervención —digamos que en
el tiempo de descuento, cuando el presidente le había dicho que
terminara— hubo una referencia a las familias y a los trabajadores
de las cuencas mineras. De ahí nuestra extrañeza. Usted es dueño de sus
iniciativas, es verdad —no voy a cuestionar lo que tiene que hacer
o dejar de hacer—, pero, vista la formulación de la moción,
habríamos preferido que hubiera incluido una parte expositiva para
aclararnos las dudas que todavía seguimos teniendo. Para aclarar, no
tanto el concepto de transición justa, que es conocido y claro —no
hace falta más que leer los documentos de la UGT para saber de qué
estamos hablando—, sino las puntualizaciones que incluye después y,
sobre todo, a qué se refiere con el concepto de estrategia de
acompañamiento.

Por eso, yo he venido hoy sin saber muy bien lo que tengo que
votar, se lo digo sinceramente. Al no tener la moción parte expositiva,
pensaba que en su intervención me iba a aclarar un poco más, pero no me
lo ha aclarado. Estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, estoy de
acuerdo con casi todos los conceptos que usted ha manejado
—probablemente los podríamos apoyar uno por uno en cualquier
caso—, pero no estamos hablando de transición justa, por lo menos
del concepto que existe de transición justa, que creo que es, no
incompatible con lo que usted ha dicho, pero otra cosa. Y me temo que lo
que ahora opino al respecto será parecido o lo mismo a lo que opine
cuando acaben los dos últimos turnos de portavoces.

Y espero —lo digo de verdad— que no vuelvan al y tú
más, que se olviden de ello. Vamos a empezar a construir. Dejemos ya de
decir quién fue el que lo hizo y quién lo deshizo; que cuando se hizo, se
hizo mal; que cuando se deshizo, se deshizo mal. Eso ya lo sabemos; lo
hemos oído cientos de veces, yo me he aburrido de oír eso en esta Cámara
en esta legislatura y en la anterior. Lo que tenemos que escuchar es lo
que vamos a hacer realmente con la transición energética sin ningún
apriorismo, sabiendo que es muy importante. Y en esto nos la jugamos,
porque no es cuestión de que tengamos o no carbón y energía atómica o no
atómica. La cuestión es que como la temperatura suba más de dos grados
antes de la fecha que tenemos fijada no vamos a poder echarnos atrás.
Entonces, repito, dejémonos ya del y tu más, y pongámonos a
trabajar.

También es cierto, senador Mato, que no nos gusta el fondo de la
propuesta tal y como está concebida en la parte dispositiva, porque
—vuelvo a repetirlo— no coincide con lo que usted ha estado
diciendo. No nos gusta, porque el concepto de transición justa ya está
incluido en los acuerdos de París de 2015 y en todos sus desarrollos, y
creemos que debe ser parte integrante, de forma transversal, de la ley de
transición energética y cambio climático en todos los aspectos. Por eso
no nos gusta el planteamiento: porque no queremos fiarlo a una estrategia
de acompañamiento. Evidentemente, la ley tendrá después un desarrollo
reglamentario, planes, etcétera, pero ahora no podemos hablar de
estrategia de desarrollo para, como usted dice, colectivos y espacios
especialmente vulnerables y dedicarnos a hablar todo el tiempo del
carbón. Creo que eso no nos hace ningún favor. Vuelvo a insistir en que
la única referencia previa que tenemos de lo que podría ser el concepto
de transición justa, que es hablar de que los trabajadores que están en
los sectores que pueden modificarse no tengan problemas y se genere más
empleo, vuelve a ser otra vez el carbón, para discutir el tema del
carbón.

Vamos a ver qué sucede en los próximos minutos, y veremos qué
hacemos, porque insisto en que, tal como está planteada la moción...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí.

No creemos que se pueda amparar, no solamente a la gente que está
en el carbón, sino a otros muchos trabajadores que van a sufrir mucho,
evidentemente, en la transición. Porque la descarbonización va a traer
descarbonización: todo lo que tenga que ver con la carbonización va a
tener que desaparecer, modularse o cambiar.

Por eso digo que no tengo muy claro qué vamos a votar y que
esperaremos hasta el final de la moción. También le digo que no vamos a
votar en contra. No estaría bien votar en contra de esta moción. Pero no
le aseguro cuál va a ser el voto del Grupo Vasco.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: Gràcies, senyor president. Senyories,
bon dia.

Què podem esperar d’un president del Govern espanyol que es
va atrevir a posar en dubte les conseqüències del canvi climàtic
basant-se en les afirmacions del seu cosí, basant-se en «las afirmaciones
de su primo». I després vindran els ministres aquí i ens parlaran de
serietats. Doncs, mirin, podem esperar que facin una reforma energètica
que penalitza les energies renovables, que penalitza i s’atreveix a
penalitzar l’autoconsum. El govern espanyol, amb una gran miopia
econòmica i ecològica contraposa els immediats interessos econòmics
privat als interessos públics, al medi ambient i al bé comú. Però aquesta
suposada contradicció no és tal perquè, en realitat, acaba costant més
car. D’una banda, i de forma directa, perquè hem pagat ja més
de 1000 milions d’euros de compra de drets d’emissió de gasos
d’efecte hivernacle, per seguir contaminant per sobre de les seves
possibilitats. I d’altra banda, perquè estem pagant les
conseqüències del canvi climàtic, en la factura sanitària, a les ajudes
per danys a la producció alimentària, o amb les reparació dels danys a
les infraestructures per uns fenòmens meteorològics cada vegada més
virulents. El govern se sotmet als interessos immediats de la indústria
pagant amb diners públics els costos externalitzats de la contaminació. I
aquests costos els estem pagant actualment nosaltres, però deixarem un
important deute econòmic i ecològic a les generacions futures, les estem
hipotecant. Aquests recursos no són només nostres.

El cost també, però, és d’oportunitat. La ceguesa de no
afrontar el canvi de model energètic i productiu suposa perdre
l’oportunitat de tenir una indústria avantguardista en energia
renovables, en producció sostenible i, fins i tot, en ecodisseny. Cal
afrontar urgentment el repte del canvi de model energètic i productiu que
tard o d’hora s’haurà de fer. No és una despesa sinó una
inversió. Repeteixin amb mi, no és una despesa, és una inversió. Una
inversió a nivell humà, ecològic, i econòmic de futur. I la major despesa
es produeix quan no afrontem el problema. De fet, l’Estat espanyol
era pioner en el desenvolupament d’energies renovables, però els
interessos econòmics d’un oligopoli elèctric que s’enriqueix
de manera escandalosa i immoral amb el contaminant status quo no només va
frenar el procés, sinó que a més va culpabilitzar injustament a les
energies renovables de l’encariment de la factura elèctrica. Una
factura elèctrica que és de les més altres d’Europa. Conseqüència:
continuem amb el contaminant model energètic, incloent, companys, el
contaminant carbó, i també generant deute elèctric per al present i per
futur.

Mentrestant altres països, com Alemanya, han apostat amb fermesa
per les energies renovables, incloent la fotovoltaica, tot i tenir unes
condicions climàtiques molt menys favorables que aquí. Incentiva a
empreses i particulars, inverteix en investigació i desenvolupament, i
els beneficis són indubtablement, com dèiem, ecològics però també
econòmics i, fins i tot, també, en termes d’ocupació. Al sector
renovables hi ha al voltant de 400 000 persones ocupades. Aquestes
oportunitats que estàvem explicant que l’Estat espanyol està
perdent. El govern de Rajoy, amb el seu afany de reactivar
l’economia, no ha estat capaç de tenir una visió de futur i apostar
pel canvi de model.






Contràriament, intentant complaure a un poder
econòmic tradicional, mancat d’innovació, paradoxalment està
hipotecant, com dèiem abans, el nostre futur —insisteixo—
humà, econòmic i ecològic. Davant d’això, nosaltres, amb tot el
dret del món, defensem una república catalana que tingui un horitzó
sostenible a curt termini, com feia la llei del canvi climàtic plantejada
i aprovada al Parlament i recorreguda pel Tribunal Constitucional, una
vegada més. Ni fer ni deixar fer. Ni deixar-nos aprovar la llei, ni
fer-ne una vostres desprès. Hem de seguir apostant per les energies
renovables en detriment dels contaminants fòssils, amb un model de
producció distribuït per garantir la proximitat i compatible amb
l’autoconsum. I amb economia, sobretot, productiva, que apunti a la
sostenibilitat i que apunti al futur.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Señorías, señor presidente, buenos días.

¿Qué podemos esperar de un presidente del Gobierno español que se
atrevió a poner en duda las consecuencias del cambio climático basándose
en las afirmaciones de su primo? Después vendrán aquí los ministros y nos
hablarán de seriedad. Podemos esperar que haga la reforma energética que
penaliza las energías renovables, que penaliza y se atreve a penalizar el
autoconsumo. El Gobierno español, con una gran miopía económica,
contrapone los inmediatos intereses económicos privados a los intereses
públicos, al medioambiente y al interés común. Pero esta supuesta
contradicción no es tal, porque en realidad contaminar acaba costando más
caro. Por un lado, y de forma directa, porque hemos pagado ya más de 1000
millones de euros de compra de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero para seguir contaminando por encima de nuestras
posibilidades. Y, por otro, porque estamos pagando las consecuencias del
cambio climático en la factura sanitaria, en las ayudas por daños a la
producción alimentaria o en los daños a infraestructuras por unos
fenómenos meteorológicos cada vez más virulentos. El Gobierno se somete a
los intereses inmediatos de la industria pagando con dinero público los
costes externalizados de la contaminación, costes que actualmente estamos
pagando nosotros. Pero vamos a dejar una deuda económica y ecológica
importante a las generaciones futuras. Las estamos hipotecando. Estos
recursos no son solo nuestros.

Y el coste es también un coste de oportunidades. La ceguera de no
enfrentarnos a este cambio supone no tener una industria puntera en
energías renovables y en diseño. Enfrentarnos al cambio de modelo
energético y productivo es algo que tenemos que hacer tarde o temprano, y
eso no es un gasto, sino una inversión. Repitan conmigo: no es un gasto,
es una inversión a nivel humano, ecológico y económico de futuro. Y el
mayor gasto se produce cuando no nos enfrentamos al problema. De hecho,
el Estado español era pionero en desarrollo de energías renovables, pero
los intereses económicos de un oligopolio eléctrico que se enriquece de
forma escandalosa e inmoral con este contaminante statu quo, no solo
frenó este proceso, sino que además culpabilizó injustamente a las
energías renovables del encarecimiento de la factura eléctrica, que es de
las más altas de Europa. En consecuencia, seguimos con el contaminante
modelo energético, incluyendo el contaminante carbón, y generando deuda
eléctrica para el presente y el futuro.

Mientras tanto, otros países, como Alemania, han apostado con
fuerza por las energías renovables, incluyendo la fotovoltaica, a pesar
de tener unas condiciones climáticas mucho menos favorables que las
nuestras. Incentiva a empresas y particulares e invierte en investigación
y desarrollo; y los beneficios, como he dicho, sin duda son ecológicos,
pero también económicos. Además, en términos de ocupación, en el sector
de las renovables hay unas 400 000 personas ocupadas. Estas son las
oportunidades que el Estado español está perdiendo. El Gobierno de Rajoy,
en su afán por reactivar la economía, no ha sido capaz de tener una
visión de futuro ni de apostar por el cambio de modelo, intentando
complacer a un poder económico tradicional sin innovación. Y,
paradójicamente, como digo, está hipotecando nuestro futuro humano,
ecológico y económico. Ante esto, nosotros, con todo el derecho del
mundo, defendemos una república catalana que tenga un horizonte
sostenible a corto plazo, como hacía la Ley del cambio climático
planteada y aprobada por el Parlamento y recurrida ante el Tribunal
Constitucional. Una vez más, ni hacer ni dejar hacer; ni dejarnos aprobar
la ley ni hacer una ustedes después. Pero tenemos que seguir apostando
por las renovables en detrimento de los contaminantes fósiles con un
modelo de producción distribuido para garantizar la proximidad y
compatible con el autoconsumo y con una economía, sobre todo productiva,
que apunte a la sostenibilidad y al futuro.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, senador Ayats.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
tiene la palabra la senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente. Buenos días.

Como sabemos, señorías, es urgente que actuemos contra el cambio
climático, y para luchar contra el calentamiento global es imprescindible
que realicemos una transición energética desde el actual modelo hasta uno
bajo en carbono. Por ello, es necesaria la aprobación de manera urgente
de una ley contra el cambio climático y transición energética que aborde
la adaptación a los impactos del cambio climático, establezca unos
objetivos ambiciosos de reducción de emisiones en todos los sectores
implicados y proponga una hoja de ruta clara para nuestro país. Pero la
transición energética trae consigo efectos colaterales de suma
importancia para la economía, porque exige el despliegue de medios
financieros, tecnológicos y sociales que contribuyan a la transformación
de nuestro actual modelo productivo en uno más eficiente y eficaz que sea
capaz de impulsar un tipo de desarrollo sostenible que sirva al bienestar
de las personas y atienda especialmente a los colectivos y los espacios
más vulnerables.

Sin embargo, el precedente de la actuación política del Gobierno
español en este sentido es alarmante, porque, por desgracia, las
políticas del Gobierno del Partido Popular en materia energética van
hasta ahora en dirección contraria. Por ejemplo, cuando hablamos de
colectivos vulnerables, la política del PP respecto a la pobreza
energética ha sido recurrir sistemáticamente ante el Tribunal
Constitucional toda normativa autonómica. Estoy hablando de las leyes
contra la pobreza energética tanto catalana como valenciana.

Si hablamos de cambio climático, le recordaré que en los últimos
presupuestos generales presentados por el Gobierno se plantea una
reducción de la partida de lucha contra el cambio climático del 45 %
respecto a 2016, es decir, se le dedica al cambio climático lo que cuesta
un kilómetro de AVE; este es el interés que muestra el Partido Popular
por un problema que pensamos es tan acuciante.

Señorías, nuestro grupo va a apoyar esta moción. Consideramos
indispensable una estrategia de transición justa en la Ley del cambio
climático y transición energética. La transición justa defendida desde
hace tiempo por el movimiento sindicalista internacional expresa la idea
de que la transición energética solamente tendrá éxito si es capaz de
respetar a los trabajadores de la industria de combustibles fósiles y de
canalizar las inversiones hacia la renovación de las regiones que
dependen de los sectores con altas emisiones de carbono.

Nosotras lo decimos con claridad: la transición energética ha de
hacerse poniendo en el centro a los y a las trabajadoras y a las comarcas
afectadas en este proceso, y es urgente contar con una estrategia de
transición energética porque en la actualidad están siendo las grandes
compañías eléctricas quienes están marcando el paso de esa supuesta
transición mediante el cierre de centrales y ERE de trabajadores sin que
previamente se haya generado alternativa alguna para la zona y para sus
habitantes.

En este momento, como saben ustedes, España está preparando su
normativa, y es momento de que esa Ley de cambio climático y transición
energética incorpore la transición justa. Ya se ha dicho —lo han
dicho los grupos anteriores a mi intervención—, más que como
acompañamiento de la ley, como propone la moción que nos presenta el
PSOE, nosotras pensamos que debe ser parte de la propia ley, y así lo
recoge el Acuerdo de París. Debemos avanzar ordenadamente hacia un futuro
sin carbón, pero es necesario garantizar el empleo de las cuencas
mineras. Para esa reconversión hace falta dinero público que vaya
destinado realmente a la reconversión real de la actividad productiva y
permita que sus habitantes tengan una vida digna, porque a pesar de las
cuantiosas ayudas recibidas durante los últimos años, este proceso de
reconversión no se ha producido y tanto PP como PSOE se niegan a realizar
una auditoría para que sepamos dónde ha ido a parar el dinero que hubiera
debido servir para reindustrializar nuestras comarcas mineras en muchas
ocasiones, comarcas que durante más de cien años han tenido como única
salida el monocultivo del carbón y actualmente están en un agujero negro
al que las han conducido políticas no acertadas hasta ahora.

Habría que revisar la aplicación real que ha habido en cada
territorio de los planes miner desde los años setenta y saber qué
proyectos han recibido las ayudas, cómo se han realizado y desenredar más
de una trama corrupta en la gestión de esos fondos, pues la opacidad y la
ineficiencia han sido muchas veces la nota dominante.

En definitiva, señorías, no podemos seguir eludiendo la transición
a un modelo bajo en emisiones de CO2, es urgente, y esa transición ha de
ser justa. La política en materia energética de los últimos gobiernos
españoles ha sido errática y ha contribuido poco a que haya más claridad
en el futuro de colectivos y zonas vulnerables.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Sí, señor presidente.

Como hemos dicho, en este momento España prepara y actualiza su
normativa, y es la hora de apostar con claridad y decisión por un nuevo
modelo de transición, y esta transición ha de ser justa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Jiménez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Señor Cazalis, voy a tratar de ser breve y explicarle por qué
motivo estoy aquí. En mi primera intervención yo le hablé del
abaratamiento de la energía que se produce con la incorporación de las
energías renovables. Y, efectivamente, cuando hablo de transición justa,
mi grupo no se refiere exclusivamente al carbón; se refiere al carbón, a
la energía nuclear e incluso a algunos territorios que por motivos
derivados del cambio climático se vean profundamente afectados en estos
dos últimos años en procesos de reindustrialización que son absolutamente
imprescindibles. Le pongo un ejemplo, usted no tuvo la oportunidad de
venir, pero nosotros estuvimos en El Bonillo, un ayuntamiento pequeño que
tiene más de 200 personas trabajando en este sector
generando 200 megavatios de energía eólica y 200 megavatios de energía
fotovoltaica.

Nos referimos a eso, señoría. Nos referimos a que la transición es
una excelente oportunidad para invertir esos recursos en solidaridad,
para redistribuir la riqueza que se genera en ese nuevo nicho de empleo
en todos los territorios, y hay algunos ejemplos. Y no le voy a hablar
del pasado, ya vendrá alguien después de mí que hable del pasado, estoy
completamente seguro. ¿Qué ha pasado con la plataforma solar de Almería?
Da pena ver que esa institución, que fue el centro de innovación más
importante en energía solar de toda Europa, hoy tiene una campaña abierta
en Change.org, depende del Estado y se está dejando morir.

Señora de Foro Asturias, ¿qué ha pasado con la Cidem? ¿Qué ha
pasado con la ayuda al carbón? ¿Qué ha pasado con los planes de
reindustrialización? Simplemente que en seis años de Gobierno no se ha
hecho absolutamente nada. Yo no estoy hablando de pasado, estoy hablando
del futuro. Seguimos tendiendo la mano. El mercado eléctrico requiere
políticas a largo plazo. Por tanto, señorías, la política energética
tiene que ser consensuada, tiene que tener una hoja de ruta acorde con
los compromisos adquiridos en materia ambiental que garantice
completamente el suministro y que además sea justa. Por eso me dediqué en
la primera parte de mi intervención a explicarles cómo abarata la energía
renovable el precio de la electricidad del consumidor final, porque eso
mejora la competitividad, permite reducir los niveles de pobreza
energética y además mejora mucho una problemática enorme que tenemos en
nuestro país: las industrias electrointensivas, a ellas también me quiero
referir.

Señorías, lo que pretendemos es que la nueva convocatoria para el
otorgamiento de energía renovable se haga teniendo en cuenta aquellas
zonas que presentan una mayor vulnerabilidad porque se ubican en zonas
altamente afectadas por la transición energética. Queremos que haya un
régimen retributivo que sea específico para contemplar esta situación, es
decir, adaptar el mercado a las nuevas necesidades de este país. Ya lo
sabemos, verán cómo voy a tener que oír hablar del déficit de tarifa, y
una y mil veces diré que el error monumental que cometió el Gobierno fue
frenar la incorporación de energías renovables a nuestro sistema de
generación. En el año 2030 tendremos que pasar del actual 40 % a un 70 %;
ya podemos correr, señorías.

Las tecnologías eólica y fotovoltaica hoy ya son competitivas con
las tecnologías convencionales. Si no hubiéramos tenido el camino
anterior, hoy no estaríamos aquí, lo dije en mi primera intervención y lo
vuelvo a decir. Solo única y exclusivamente, y a pesar del Gobierno,
únicamente por una apuesta que se hizo con anteriores gobiernos
socialistas, hoy podemos decir que vamos a cumplir con la incorporación
de energías renovables al sistema y que vamos a cumplir con nuestros
compromisos de descarbonización.

Es necesario seguir incentivando el uso de otras tecnologías que
puedan desarrollarse fácilmente, sobre todo en zonas mineras, que
disponen de mucha biomasa, o donde es posible incluso la geotermia como
energía térmica alternativa, y también la energía termosolar, que parece
que en este país no se habla de ella a pesar de que tenemos en
Extremadura la plataforma solar más grande de Europa. Se ha dejado morir,
a ustedes no les importa.

Termino, señorías, el objetivo de esta moción es ofrecer
alternativas a territorios y compensar a los colectivos más vulnerables
afectados por dicha transición. Les tendemos la mano.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

El señor MATO ESCALONA: Termino, señor presidente.

Como no podía ser de otra manera, queremos que la implantación de
la tecnología renovable sirva para abordar la reindustrialización y
generación de empleo en las zonas más vulnerables y necesitadas, y
especialmente en las más afectadas por este proceso de transición.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mato.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Mateos Yuste.

El señor MATEOS YUSTE: Gracias, señor presidente.

En mi primera intervención en esta Cámara preveo que no voy a
defraudar a algunas de sus señorías, sino a todos. En primer lugar, no
vamos a entrar, como parece que algunos daban por hecho, en el tú a tú,
y, desde luego, señor Mato, no voy a hablar del pasado; a nosotros nos
preocupa más el futuro, porque es lo importante.

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy desarrolla una política
energética orientada a largo plazo, cuyos objetivos principales son:
impulsar la competitividad y la creación de empleo, procurar precios
competitivos de la electricidad para la industria, que la energía sea más
accesible para todos, garantizar la protección del consumidor vulnerable
de energía eléctrica y colaborar en la lucha contra el cambio climático
de forma eficiente, al tiempo que se garantiza la seguridad y la
estabilidad en el suministro. Una prueba de ello, señorías, es el anuncio
del Gobierno, que ayer aparecía en algún medio de comunicación,
garantizando que por cuarto año consecutivo va a congelar la parte de la
factura eléctrica que depende del Gobierno y que, como conocen sus
señorías, representa aproximadamente un 60 % del recibo. Estos son
hechos, señor Mato; sí nos preocupan los ciudadanos.

Con independencia de que nuestro grupo —al igual que el
Gobierno— coincide con lo expresado por el Grupo Socialista en que
nos jugamos mucho en el futuro de nuestro país si acertamos respecto a
las grandes decisiones en materia de política energética, les anuncio,
señorías, que mi grupo votará en contra de esta moción por dos motivos
fundamentales: primero, debe tenerse en cuenta que el llamado paquete de
invierno de la Unión Europea, cuyo contenido final condicionará la
planificación energética en el periodo 2020 en adelante, aún no está
cerrado y el Gobierno adapta su política de transición energética a los
objetivos fijados en el seno de la Unión Europea, como recordó en esta
misma Cámara hace pocos días el ministro de Energía.

Segundo, no parece consecuente con sus propias decisiones que el
Grupo Socialista traiga hoy esta moción olvidando la propuesta que su
grupo presentó en el Congreso de los Diputados a través de una
proposición no de ley el pasado 21 de junio. Dicha proposición no de ley
fue votada a favor, entre otros, por el Grupo Popular del Congreso. Como
bien conocen sus señorías, en la referida iniciativa se instaba al
Gobierno a fijar una posición común en materia de energía y clima; más
concretamente, se instaba al Gobierno a elaborar un informe que recogiera
el análisis de los posibles escenarios de transición energética, las
alternativas existentes y su correspondiente coste, teniendo en cuenta la
influencia de cambios tecnológicos y los compromisos climáticos. Dicho
informe deberá proponer unas conclusiones sobre los principales elementos
que debería contener una estrategia integral de transición energética
para el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de energía y
clima para 2030 y 2050 de la forma más eficiente y que garantice la
competitividad de la economía, el crecimiento económico, el empleo, así
como la sostenibilidad ambiental.

La proposición no de ley preveía la creación de una comisión de
expertos independientes y de reconocido prestigio. Esta comisión de
expertos que, como bien ha reconocido el señor Mato, ya fue creada por el
Consejo de Ministros el 6 de julio, podría recabar la información y
participación que considerase necesaria por parte de las comunidades
autónomas, entidades locales, representantes de la sociedad civil y los
agentes sociales y, al mismo tiempo, trabajar coordinadamente con el
grupo de trabajo interministerial para la coordinación de la elaboración
del anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética y del
Plan nacional integral de energía y clima. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

Contempla igualmente dicha PNL que el informe de los expertos y
del grupo de trabajo interministerial sea el fundamento para alcanzar una
posición consensuada en torno a la transición energética que permita
abordar de la forma más eficiente los compromisos del denominado paquete
de invierno de la Unión Europea y que contribuya al crecimiento económico
y al bienestar de los ciudadanos plasmándola en el Plan nacional de
energía y clima.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MATEOS YUSTE: Termino, señor presidente.

Eso es lo que deberíamos hacer y lo que vamos a hacer, señor
portavoz del Grupo Vasco.

El Grupo Popular considera que la moción que hoy nos trae el Grupo
Socialista no es consecuente con lo ya aprobado, por lo que les he
manifestado. Deberá ser en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda
Digital de la Cámara Baja donde se abra una ponencia para elaborar un
informe y proceder, en su caso, a la presentación de propuestas y
resoluciones. Ahí tendrá cabida seguramente la propuesta del Grupo
Socialista y cualesquiera otras para alcanzar un consenso.

No tengo ninguna duda de que llegaremos a un acuerdo que nos
permita alcanzar los objetivos de 2030 y 2050, pero consideramos que no
es este el momento de presentar la moción que hoy nos trae.

Por lo expuesto, señoras y señores senadores, mi grupo votará en
contra de esta moción.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MATEOS YUSTE: Termino diciendo a los señores del Grupo
Socialista: no sean tan impacientes, los tiempos en política son
importantes, mucho más cuando se trata de asuntos de futuro de tantísima
importancia para nuestro país. Como dice un viejo refrán extremeño: no
por mucho madrugar amanece más temprano.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateos.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de
la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249;
votos emitidos, 238; a favor, 99; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se han presentado seis enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto: cuatro
por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; una por iniciativa de
la senadora Domínguez de Posada y una por iniciativa de los senadores
Alegre, Crisol y Marcos. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el hemiciclo en
silencio. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador González
Cabaña. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la
Presidencia).

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero saludar a los representantes de la Policía
Nacional y Guardia Civil presentes en este Pleno. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría.

Por favor, guarden silencio.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Señorías, la moción del Grupo
Parlamentario Socialista pretende conseguir un pronunciamiento favorable
de esta Cámara sobre una de las cuestiones que más preocupa en estos
momentos a los miembros de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
a sus familias y, por ende, a una buena parte de la sociedad española, y
esa cuestión no es otra que la equiparación salarial con las restantes
policías del Estado español. Junto a ello planteamos otra cuestión que no
es menor, y es la mejora de los medios materiales necesarios para cumplir
la tarea que la sociedad les ha encomendado, así como las
infraestructuras —comisarías y cuarteles de la Guardia Civil—
necesarias para ese fin. Todo ello, sin olvidar tampoco la reposición de
unas plantillas que se han visto diezmadas desde el año 2011 hasta el
año 2017, como pone de manifiesto el déficit real de las plantillas
reales con respecto a los catálogos.

Si sus reivindicaciones son justas —como decía el señor
ministro en esta misma tribuna hace quince días—, hoy, con la
aprobación de esta moción, tenemos una magnífica oportunidad para
ponernos de acuerdo en pedir al Gobierno que atienda esas
reivindicaciones.

Señorías, hoy puede ser un gran día para la Policía Nacional y la
Guardia Civil, no lo dejemos escapar. Si —como también decía el
señor ministro— ellos son la salvaguarda de nuestros derechos,
convirtámonos nosotros hoy en la salvaguarda de los suyos, sobre todo de
uno: que a igual trabajo corresponde igual salario. Si, como decía el
señor ministro —aunque nosotros no lo compartimos—, las
negociaciones están muy avanzadas, ¿por qué vamos a perder la oportunidad
de dar hoy en esta Cámara un impulso definitivo para que la equiparación
total comience en el año 2018 y se vea culminada en el año 2020?

No pretendemos con esta moción privar al señor ministro y a su
Gobierno de la gloria de haber conseguido equiparar los salarios de la
Policía Nacional y la Guardia Civil con las restantes policías del
Estado. Queremos contribuir con nuestra propuesta a dar solución a un
problema que empieza a afectar a la estabilidad de la seguridad pública,
a pesar de la profesionalidad de guardiaciviles y policías
nacionales.

Cada vez que los grupos políticos del Congreso o del Senado
plantean la urgencia de la equiparación o la necesidad de conocer los
plazos y las cuantías anuales, el señor ministro, como si se tratara de
una reencarnación de Mariano José de Larra, contesta siempre: Vuelva
usted mañana. Debiera el ministro aprender de aquellos a quienes él mismo
manda: de los policías nacionales y de los guardiaciviles, que nunca nos
piden volver mañana cuando requerimos de sus servicios. Señorías, también
en este tema, la reciprocidad entre gobernantes y gobernados tiene que
imponerse.

Pero si la actitud del Grupo Popular va a estar en la misma línea
que la del ministro, queremos que sepan que con esta cuestión, volveremos
mañana, pasado mañana, la próxima semana y, si hace falta, también el mes
que viene. Lo que planteamos en nuestra propuesta de acuerdo no es
munición política, como dice el señor ministro. Nosotros, en política no
disparamos, nosotros hablamos y dialogamos. Lo que proponemos son
reivindicaciones de justicia salarial. Planteamos que esta equiparación
sea progresiva en los próximos tres años; planteamos que el complemento
específico, tanto general como singular, recoja las especiales
condiciones de peligrosidad en que estos agentes desarrollan su
actividad. También proponemos que las especiales condiciones de los
territorios, por ejemplo la insularidad, sean recompensadas
económicamente. Asimismo, pedimos, que la segunda actividad no suponga la
pérdida de poder adquisitivo que ahora se produce. Queremos que la
gratificación por horas extraordinarias sea acorde con la tenacidad que
conlleva realizarla.

Señorías, no es tan difícil si hay voluntad de hacerlo. Por ello
planteamos una propuesta económica de 1800 millones de euros para que en
tres años se resuelvan las cuestiones salariales y en cinco años haya una
mejora importante de los equipamientos y medios materiales, así como para
que la tasa de reposición se eleve de manera que las plantillas reales se
aproximen progresivamente a los catálogos virtuales.

Termino. Es nuestro deber hacerlo para que no sea realidad aquella
frase de Concepción Arenal que decía que en muchas ocasiones hacemos por
vanidad o por miedo más de lo que haríamos por deber.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador González
Cabaña.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra, en primer lugar, el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socialista que haya
presentado esta moción, porque entiendo que eso quiere decir que apoyará
los próximos Presupuestos Generales del Estado, que son los que prevén
esta equiparación.

Hemos presentado una enmienda fijando los importes de los tres
próximos años, de 500, 500 y 500 millones de euros, para la efectiva
equiparación. Y hemos presentado esa enmienda porque no podemos dejar al
albur de una nueva discusión cuánto dinero vamos a destinar. Estamos
completamente de acuerdo con la moción, pero hemos de fijar cuánto
dinero, igual que hemos hecho para los presupuestos de 2018 en el pacto
que tenemos con el ministro Montoro al fijar 500 millones para el primer
año. Lo que planteamos es ampliar este importe para los tres años.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Alegre.

Senador Navarrete, tiene la palabra. (Rumores).

Por favor, ¿pueden dejar de hacer corrillos? Es que si no es
imposible continuar con el debate. (Continúan los rumores). Por favor,
guarden silencio.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Voy a ser muy
breve para dejar más tiempo a mis compañeros del Grupo Mixto.

Compromís propone cuatro enmiendas, dos de modificación a los
puntos 1 y 3. En la relativa al punto 1 proponemos añadir en la frase que
dice «que en 2020 se alcance la equiparación total» la expresión «y
permanente». En el punto 3 pedimos insertar al final del texto:
«manteniendo constante tal cantidad para que el bienestar, seguridad y
calidad del trabajo de los policías y guardias civiles no se vea afectado
por periodos de crisis económica».

Estas enmiendas van en el sentido de evitar que el Gobierno de
turno, en el caso de futuras crisis económicas, se escude en ellas para
rebajar el salario, para volver a la desigualdad salarial. En la
exposición de motivos, el Grupo Socialista se escuda precisamente en esa
crisis económica para no haber equiparado los salarios en el 2005. Por
eso es por lo que hay que blindar esos salarios.

Las otras dos son de adición: la primera para la adición de un
punto más —nuestro punto uno— para unificar la cuantía de
criterios de asignación de la productividad de ambos cuerpos policiales;
y la segunda para aumentar la cantidad económica destinada a la acción
social de la Guardia Civil, con el fin de evitar la discriminación que se
produce en este sentido desde hace años.

Compromís espera que el Grupo Parlamentario Socialista acepte
nuestras enmiendas porque creemos que enriquecen y mejoran la moción y
para ver si de una vez por todas damos soluciones y dejamos de dar
excusas baratas y palmaditas en la espalda para después dar patadas a los
trabajadores de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Navarrete.

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, Foro manifiesta su apoyo y respaldo a la Policía
Nacional y a la Guardia Civil por su labor de defensa y protección de los
derechos y libertades de todos los ciudadanos y especialmente del Estado
de derecho, de la democracia y de la convivencia entre españoles. Por
eso, hemos formulado una enmienda a la moción del Grupo Socialista,
porque la Policía Nacional y la Guardia Civil necesitan algo más que
gestos simbólicos y buenas palabras. Se puede plantear una ley de
retribuciones específica para las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado que fije un techo para todos los cuerpos que operan en nuestro
territorio, homologue niveles, puestos de trabajo, jubilación,
etcétera.

Es incuestionable la profesionalidad del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil, su responsabilidad y la dedicación con la
que ejercen sus funciones. Estas condiciones deben ser directamente
proporcionales a la retribución y esta debe ser homogénea en todas las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De ahí que hayamos formulado
esta enmienda.

Es necesario dar a conocer a la sociedad civil la existencia de
una desigualdad retributiva entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado en relación con otros cuerpos autonómicos. La diferencia salarial
es injusta y se mantiene en el tiempo de forma discriminatoria, por lo
que en reconocimiento expreso a su profesionalidad y en virtud del
principio de no discriminación procedería iniciar los trámites de un
procedimiento que tenga por objeto equiparar las retribuciones de todas
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aras a evitar
discriminaciones en función del cuerpo o fuerza en el que se desempeñen
los servicios. Lograr dicha equiparación salarial es una forma de
dignificar a estos servidores públicos y defensores del Estado en lo que
supondría un paso en la búsqueda de un tratamiento igualitario y
justo.

Es bueno que se reconozca la labor desempeñada por los agentes del
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, pero este
reconocimiento no debe limitarse a palmaditas en la espalda o a algo
simbólico, sino que el Gobierno de España debe adoptar cuantas medidas
sean necesarias para iniciar el procedimiento correspondiente que tenga
por objeto la equiparación salarial, comprendiendo todos los aspectos
retributivos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Domínguez
de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para manifestar si acepta o
no las enmiendas, tiene la palabra el senador González Cabaña.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Intervendré muy rápidamente, señor
presidente.

En relación con la enmienda de Ciudadanos, que nosotros vamos a
aceptar, quiero decir que Ciudadanos ha convertido este asunto en una
jugada de póker, no aquí y ahora en el Senado, sino desde que el tema
está planteado en la opinión pública. Es una apuesta permanente para ver
quién da más. En ese sentido, le digo que igualamos la apuesta y que
queremos ver sus cartas. No vamos a tener ningún problema. Usted habla
de 500, 500 y 500. Nosotros hemos planteado 1800, que suma más de lo que
usted nos ha planteado.

En relación con Compromís, aceptamos —y ya se lo trasladamos
al senador Navarrete— todas las enmiendas, nos parecen lógicas y
están dentro de nuestro planteamiento.

Y en relación con la senadora de Foro, senadora Domínguez de
Posada, no podemos aceptar su enmienda, pero no porque no queramos. Nos
parece bien la idea de una ley de retribuciones de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, pero no podemos admitir que esa ley invada
competencias estatutarias. El texto de su enmienda habla de poner techo a
todas las policías del Estado, y la Ertzaintza, los Mossos
d’Esquadra y la Policía Foral son también fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado.

Si su enmienda va en otro sentido y usted me lo aclara, no
tendríamos ningún inconveniente. Yo intuía que su idea era hacer
homogéneas las retribuciones de todas las policías del Estado, pero
lógicamente siempre que eso no suponga la invasión de competencias
reservadas a las comunidades autónomas que lo tienen recogido en sus
estatutos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador González
Cabaña.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Señor González Cabaña, le agradezco la
aceptación de la enmienda y aprovecho para recordarle que nosotros hemos
jugado siempre con las cartas boca arriba. Ciudadanos ha sido el primer
partido que ha exigido la equiparación salarial con plazos y con cifras,
y seguramente la diferencia entre sus 1800 y nuestros 1500 se debe a que
nuestra propuesta de equiparación salarial habla solamente de recursos
humanos no de recursos materiales. Ahí está seguramente la diferencia que
nos separa.

Voy a ser muy breve. Si no hay esa primera parte, si no hay
esos 500 millones en los presupuestos del año 2018, no va a haber
Presupuestos Generales del Estado, al menos Ciudadanos no va a apoyar los
Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, como nosotros tenemos
ese compromiso ya cerrado, no esperaremos a ver qué pasa después; ya lo
tenemos acordado. Si al final los señores del Partido Popular se
retractan a la hora de redactar la propuesta de ley, nosotros no
votaremos.

Finalmente, de verdad, si no hay dinero en los presupuestos, todo
lo demás es un brindis al sol, sobre todo en materia del capítulo 1. Por
lo tanto, bienvenida esta moción, que les aproxima a dar su voto a los
próximos Presupuestos Generales del Estado para que se pueda cumplir la
petición que formulan.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Alegre.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Solamente quiero aclararle al senador González Cabaña que la
enmienda se refiere exclusivamente a una ley que homologue los niveles y
los puestos de trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ya
sé que hay comunidades, y no es nuestra intención inmiscuirnos en las
competencias autonómicas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Domínguez
de Posada.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, me gustaría mostrar mi más sincero reconocimiento
a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en particular,
por ser objeto de este debate, a la Policía Nacional y a la Guardia
Civil, que con su profesionalidad, su entrega y su vida defienden y
garantizan los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

En otro Pleno señalé que reconocer la labor de estos cuerpos
también pasa por reconocer su equiparación salarial, pues es de todos
conocida su retribución injusta en comparación con la peligrosidad y la
penosidad de su trabajo y en comparación con otros cuerpos policiales del
Estado.

Por todo ello, la Agrupación Socialista Gomera comparte y quiere
que se haga efectiva de una vez por todas una progresiva equiparación
salarial de los policías y guardias civiles con los otros cuerpos
policiales, con el objetivo de que en 2020 lleguemos a una equiparación
total.

Igualmente, la Agrupación Socialista Gomera comparte y apoya que
es necesario revisar los distintos complementos salariales en orden a la
geografía y a la realidad social en la que tengan su impacto
correspondiente. Y también es preciso el aumento de recursos materiales
para que desempeñen adecuadamente y en condiciones de seguridad sus
funciones.

Y, por último, apoyamos el incremento de la tasa de reposición y
mantenerlo para recuperar la plantilla perdida. En este punto me gustaría
poner de manifiesto que mi comunidad autónoma, Canarias, tiene un déficit
aproximado de 1500 efectivos. En el archipiélago prestan servicio un
total de 3673 policías nacionales y 3381 guardias civiles. Estos números
suponen 1075 agentes menos de los que figuran de forma oficial en el
catálogo. A lo que hay que añadir, conforme a datos proporcionados por
los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT, que las islas han perdido en
los últimos años 400 plazas de policías autonómicos y locales.

En el caso de Canarias, además, la Policía Nacional duplica su
déficit en relación con la Guardia Civil. Y, ante todos estos datos, el
Gobierno estatal ha reconocido que la Guardia Civil y la Policía Nacional
tienen a nivel nacional 22 000 efectivos menos que los que figuran en el
catálogo. En este punto me gustaría destacar que la Asociación Unificada
de la Guardia Civil señala que solo en agentes de este cuerpo el déficit
en el archipiélago canario está entre 800 y 1000 efectivos, en
contraposición con los datos señalados por el Ejecutivo central.

Hoy hay que afinar los datos y hay que trabajar juntos por la
equiparación salarial en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y
como creemos en ello, la Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor
de la presente moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Castilla.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Intervendré muy
brevemente, dado el tiempo que me queda.

La Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su
artículo 6 establece, entre otras cosas, que tendrán derecho a una
remuneración justa... ¿Han leído ustedes ese artículo? ¿Sabían que
existía? ¿O se acuerdan solo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
cuando les interesa? Creo que todos sabemos la respuesta.

Esta situación no es nueva. Ya en 2005 el Gobierno del Partido
Socialista inició un proceso de equiparación salarial que se paró, según
ellos, por culpa de la crisis. Y ahora nos vienen con esta enmienda.
En 2008, el Grupo Popular, entonces en la oposición, reclamó en el
Congreso una equiparación salarial. Háganme un favor, señorías, léanse
las dos, la que presenta hoy el Grupo Socialista y la que presentó en su
tiempo el Grupo Popular. Son tan similares que parecen copias. Señorías,
copiar de lo copiado y repetir lo repetido, ¿qué resultado ha dado?
Ninguna solución por parte de los dos partidos que hasta ahora se han
repartido el mando del Estado español.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan doce años
esperando esta equiparación salarial que nunca llega. Promesas y
compromisos incumplidos por las dos partes. Pero ¿se le dará solución
hoy, ahora, a esto? Esperemos que sí. ¿Defendemos la equiparación
salarial? Por supuesto que sí. En Compromís considerábamos que la moción
se quedaba corta e incompleta y con la aceptación de las enmiendas
—pues parece ser que el Grupo Socialista reconoce esas
inconcreciones— se mejora.

Por lo tanto, esperamos que salga aprobada por unanimidad en
beneficio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y porque se
lo merecen desde hace ya muchos años, en Compromís apoyaremos esta
moción.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Navarrete.

Tiene la palabra el señor Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Intervendré brevemente desde mi escaño para manifestar que
apoyaremos esta moción porque entendemos que es de justicia la
equiparación salarial de nuestras fuerzas, Guardia Civil y Policía
Nacional, con el resto de policías autonómicas. Creemos que hay un
déficit en ese sentido —así lo han manifestado ellos y ellas—
y creemos que debemos ser conscientes y partícipes de esas demandas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez
Cejas.

Tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

Efectivament, senyor González Cabaña, la professionalitat i la
perillositat de l’activitat policial, de qualsevol policia
—també l’autonòmica i les policies locals-—, han de
gaudir de les retribucions dignes i justes pel risc que comporta
precisament aquesta professió i la seva dificultat. Evidentment, ha
d’haver-hi justícia salarial, retributiva i evitar qualsevol
discriminació, com també és evident que en qualsevol millora, ja sigui
logística o material, per la realització de les tasques policials a
nosaltres ens hi trobaran perquè volem el mateix per al cos de Mossos
d’Esquadra i les policials locals.

Ara bé, dit això, jo sóc senadora del PDeCat, de Catalunya, i com
vostès saben el nostre país té competències en matèria de seguretat
ciutadana. Tenim una policia que és pròpia, el cos de Mossos
d’Esquadra i les policies locals, és a dir, la policia integral, i
tenim aquesta competència, ara intervinguda i controlada per
l’inconstitucional article 155. Precisament tenim aquestes
competències per poder fer l’exercici de les tasques policials
garantint també retribucions justes i vetllant perquè les dotacions
siguin les adequades, i així ha estat. Ara bé, per això tenim una policia
de primera, amb un sistema retributiu just i equitatiu, i d’això
n’estem satisfets. El que no tenim i, per tant, no n’estic
satisfets és que, per fer bé la nostra feina, és a dir, la de garantir la
seguretat ciutadana, no tenim la munició i l’armament necessaris,
no tenim la possibilitat de formar part d’Europol, amb els temps
que estem vivint, no tenim ni disposem de la informació fefaent per saber
que terroristes afincats a Catalunya són col·laboradors o confidents del
CNI, no tenim avui ni disposem de les competències que ens atorga
l’Estat d’Autonomia de Catalunya perquè estan controlades i
intervingudes per un article 155 que, com he dit, és
inconstitucional.

Mirin, per dignitat i responsabilitat ens trobaran en tot allò que
sigui òptim per arreglar i millorar les condicions patètiques i
lamentables que viuen els cossos i forces de seguretat de l’Estat,
però també per dignitat i responsabilitat deixi’ns fer bé la nostra
feina i no limitin la professionalitat del cos de Mossos d’Esquadra
per garantir la seguretat i la llibertat dels ciutadans i ciutadanes de
Catalunya.

La nostra causa, ara i avui, és demanar que ens deixin fer bé la
feina, que ens deixin fer bé la feina i alliberin, per causes injustes,
el conseller Forn i el major Trapero, els majors responsables
d’acabar amb la cèl·lula gihadista que va amenaçar Catalunya aquest
estiu. Ells van fer bona feina i per fer bona feina un està empresonat i
l’altre està defenestrat i apartat de les seves legítimes
responsabilitats. Potser la perillositat de les funcions policials a
Catalunya és que un major del cos de Mossos d’Esquadra faci fer la
seva feina reconeguda internacionalment i un conseller estigui a la presó
per vetlla i garantir els drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes
de Catalunya.

Moltes gràcies.

Efectivamente, señor González Cabaña, por la profesionalidad y la
peligrosidad de su actividad, cualquier policía, también la autonómica y
la local, debe gozar de retribuciones dignas y justas por el riesgo que
conlleva esta profesión. Además, debe darse una justicia salarial y
retributiva, y evitar cualquier discriminación. Y es evidente que nos van
a encontrar en cualquier mejora logístico-material para la realización de
las tareas policiales, porque queremos lo mismo para el cuerpo de los
Mossos d’Esquadra y las policías locales.

Ahora bien, dicho esto, yo soy del PDeCAT, vengo de Cataluña, soy
senadora de este grupo y, como saben ustedes, nuestro país tiene
competencias en materia de seguridad ciudadana. Tenemos una policía
propia, el cuerpo de Mossos d’Esquadra y las policías locales, es
decir, la policía integral. Ahora tenemos esa competencia intervenida y
controlada por el inconstitucional artículo 155. Tenemos esas
competencias para poder realizar el ejercicio de las tareas policiales,
garantizar retribuciones justas y velar para que las dotaciones sean las
adecuadas, y así ha sido. Por ese motivo, tenemos una policía de primera,
con un sistema retributivo justo y equitativo y estamos satisfechos con
ello. Lo que no tenemos y, por lo tanto, no nos sentimos satisfechos, es
la munición y el armamento necesarios para hacer bien nuestra labor, es
decir, para garantizar la seguridad ciudadana; no tenemos la posibilidad
de formar parte de Europol, con los tiempos que estamos viviendo; no
disponemos de información fehaciente para saber qué terroristas afincados
en Cataluña son colaboradores o confidentes del CNI; no disponemos hoy de
las competencias que nos otorga el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
porque están controladas e intervenidas por el artículo 155 que, como ya
he dicho, es inconstitucional.

Miren ustedes, por dignidad y responsabilidad, nos van a encontrar
en todo lo que sea óptimo para arreglar y mejorar las condiciones
patéticas y lamentables que viven los fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado. Pero también por dignidad y responsabilidad, déjennos que hagamos
bien nuestro trabajo y no limiten la profesionalidad del cuerpo de Mossos
d’Esquadra para garantizar la seguridad de los ciudadanos de
Cataluña.

Nuestra causa, ahora y hoy, es pedir que nos dejen hacer bien
nuestra tarea, que les dejen hacer bien su trabajo y liberen al conseller
Forn y al mayor Trapero, encarcelados por causas injustas, que son los
mayores responsables de acabar con la célula yihadista que amenazó y
atacó Cataluña este verano. Ellos hicieron bien su labor y, por hacer
bien su labor, uno está en prisión y el otro defenestrado y apartado de
sus legítimas responsabilidades. Quizá, la peligrosidad de las funciones
policiales en Cataluña sea que un mayor del cuerpo de Mossos
d’Esquadra haga bien su trabajo, reconocido internacionalmente, y
un conseller esté en la cárcel por velar y garantizar los derechos y
libertades de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Abad.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿va a intervenir alguien?
(Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿va a
intervenir alguien? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.

En todo lo que sea mejorar las condiciones sociolaborales de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nosotros vamos a estar,
obviamente, a favor. De hecho, nosotros ya hemos hecho propuestas
bastante parecidas en el Congreso. Esta es una reivindicación que viene
de largo —veintiséis años—. La reivindicación de la
equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
con fuerzas de seguridad de las comunidades autónomas viene de largo,
llevamos veintiséis años de reivindicaciones de las asociaciones y
sindicatos policiales, y la realidad es que la desigualdad es bastante
grande. Por ejemplo, un mosso o un ertzaina, cuando sale de la academia
gana unos 2000 euros, mientras que un guardia civil gana unos 1350 y un
policía nacional unos 1400. La brecha que existe oscila entre los 600 y
los 1000 euros. Y cuando se llega a la edad de jubilación, la brecha es
bastante grande; de hecho, puede haber pensiones de unos 2100 euros en
policías autonómicas y 1700 en policías o 1300 en guardias civiles. Es
bastante la diferencia y es bastante injusto cuando se desarrollan
funciones parecidas.

Señor González Cabaña, nosotros vamos a votar a favor y esperamos
que esta propuesta sea la definitiva y sea la buena. Nos veremos en los
presupuestos, que son realmente los que valen. Pero tenemos que recordar
que esta reivindicación viene de largo: hace ya veintiséis años. Ustedes
han estado en el poder bastantes años y en ese momento podían haberlo
solucionado y no lo hicieron. Ahora esperamos encontrarnos en los
presupuestos.

No olvidemos que la Guardia Civil no quiere que los partidos
políticos hablemos por ellos y reivindiquemos precisamente los derechos
que están pidiendo. Ellos están pidiendo tener derecho a la sindicación,
entre otras cosas, para poder reivindicarlos ellos. Y ahí sí que no
estamos de acuerdo, porque de hecho ya han votado en contra, junto con el
Partido Popular, a una proposición no de ley nuestra en el Congreso. Creo
que es el momento de que les concedamos el derecho que todo trabajador
tiene reconocido, y ellos también, en el artículo 28.1 de la Constitución
española.

También tengo que recordar que mientras estuvieron en el Gobierno,
en 2011, intentaron prohibir, junto con el Partido Popular, el derecho a
la manifestación, introduciendo una enmienda, precisamente en el Senado,
en la tramitación de la Ley de contratos del sector público. Menos mal
que eso lo tumbaron los tribunales.

Una cosa importante, cuando se tramitaban los Presupuestos
Generales del Estado para 2016 —nosotros ya estábamos aquí—
precisamente Compromís introdujo una enmienda para equiparar
salarialmente Guardia Civil y Policía Nacional, equiparación bastante más
pequeñita que la que pretende la moción que hoy nos trae aquí, y ustedes
se abstuvieron. ¡Vamos a ver qué nos encontramos ahora en el presupuesto
de este año!

Señor Alegre, las cartas bocarriba: ustedes votaron en contra
junto con el PP. ¿Cómo se explica eso?

Señor Cabaña, vamos a votar a favor, a ver si nos encontramos
también en los presupuestos.

Señores del Partido Popular, la actuación del Gobierno y la
actuación de su partido en este tema ha sido bastante hipócrita a lo
largo de los años, y esta reivindicación viene de hace veintiséis años.
Ha sido una actuación muy hipócrita. Y las faltas de consideración a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los últimos tiempos son
bastante grandes.

El director general de la Guardia Civil, don Arsenio Fernández de
Mesa, prometía que para los presupuestos de 2016 iba a estudiar la
equiparación entre ambos cuerpos y después votaron que no en el Senado;
el ministro Zoido decía a bombo y platillo que apostaba por la
equiparación salarial para ofrecer una media de unos 36,8 euros más al
mes, que es de risa, una tomadura de pelo; no hablan nunca de plazos ni
de compromisos con plazos, lo cual es no hablar de nada, ni de
compromisos reales; y el secretario de Estado de Seguridad, el señor
Nieto, decía que la media era mucho más elevada que la media de la
policía europea, cosa que es absolutamente falsa. Y no solo esto, sino
que, además, han sacado de las calles a 20 000 guardias civiles y
hay 14 000 policías nacionales menos; trabajan sin chalecos antibalas
porque no hay para todos, y eso que aún estamos en meses de alerta
antiterrorista, sin medios adecuados, sin tener claro los protocolos de
actuación que les den garantías jurídicas, como en Ceuta y Melilla,
jornadas laborales que no son dignas, dificultad para conciliar la vida
laboral, etcétera.

Señores del PP, dignifiquen las condiciones laborales y salariales
de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demuestren con los hechos
que realmente defienden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
más allá de declaraciones vacías, que son las que vienen a hacer.

Nosotros defendemos la equiparación salarial ya, porque se puede,
porque es justa; con plazos cortos, en tres años, se puede conseguir y,
por supuesto, lo defenderemos en los presupuestos.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Mora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
González Cabaña.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, presidente.

Señor Alegre —no está ahora mismo, pero se lo puede decir su
compañero de partido—, no sabía yo si era el jefe de gabinete de
Montoro o el portavoz del Grupo de Ciudadanos. (Aplausos). Aquí cada
portavoz que ha intervenido hasta ahora —y lo hará también el
portavoz del Grupo Popular— ha hablado de su libro. Yo creo que
libro, no hay más que uno en este tema y en este debate, y es el de la
equiparación salarial.

Ayer, el periódico El País publicaba una especie de homilía
firmada por el ministro sobre la equiparación salarial con el título:
Equiparación en marcha. Esas tres palabras me llamaron la atención e
incluso me llevaron al entusiasmo. Pero, como ocurre casi siempre, el
entusiasmo no es nada más que la antesala de la decepción, y así fue en
este caso, porque atendiendo a los significados de la palabra en marcha
en el diccionario —el título era equiparación en marcha—, uno
entendía que algo se había movido hacia delante en el tema de la
equiparación. Y a mí desde pequeño me han enseñado que cuando algo marcha
es que va bien. Pero nada más lejos de la realidad. Leyendo la tribuna
del ministro, que no era más que una mala transcripción de sus
intervenciones más recientes en esta Cámara, a la conclusión que yo
llegué rápidamente es que el artículo se debería haber llamado, en vez de
Equiparación en marcha, Equiparación en stand by, que es donde la tiene
el ministro. Era simplemente un intento del ministro, que no podía estar
hoy aquí, de irrumpir en este debate, aunque fuese en espíritu, pero
estar aquí.

Eso demuestra que la mera presentación de una moción como esta, de
un debate como este, ha puesto nervioso al ministro, y yo creo que
refleja también el nerviosismo del Gobierno en este tema. Pero eso ni es
bueno ni malo, depende de lo que a partir de hoy haga el Gobierno. En
lugar de concretar plazos y cuantías, como sí hacemos nosotros en esta
moción, vuelve a la carga con el señor Corcuera, a quien, por cierto, la
senadora Mora también ha sacado a bailar en su intervención, un ministro
socialista de hace treinta años.

El ministro culpabiliza sin nombrarlo al señor Zapatero y ataca a
este grupo parlamentario en su tribuna por el simple hecho de traer a
debate esta moción. Yo creo que el ministro perdió ayer en la tribuna una
gran oportunidad de concretar cuáles son las previsiones del Gobierno
para la equiparación real y total de Policía y Guardia Civil. Una vez más
asistimos a lo que más le gusta al ministro, la tocata y fuga, es un
entusiasta de la música de Bach. El señor ministro pretende convertir la
equiparación salarial en un compendio de las tres virtudes teologales:
fe, cuando simplemente es la economía; esperanza, cuando realmente se
trata de sus derechos; y caridad si el que tiene que presupuestar la
equiparación salarial es el señor Montoro. No hay otra.

Y llegados a este punto, uno no sabe con quién quedarse, a quién
creer, si al ministro Zoido de la tribuna de ayer con la Equiparación en
marcha o al ministro Montoro que en Jaén dice a los representantes
sindicales que habrá subida salarial, pero no equiparación. Va a resultar
que los que pretendían la estrategia de división entre las asociaciones y
sindicatos distanciándoles del Gobierno han lanzado un búmeran que se
está volviendo contra ellos y lo que está empezando a haber es división
entre ministros. Va a ser que sí.

Pero si en este tema de la equiparación seguimos en vía muerta,
otro tanto ocurre con los medios materiales. El parque móvil de los dos
cuerpos ha envejecido considerablemente en los últimos cinco años. Los
esfuerzos en la lucha contra los delitos informáticos se ven mermados por
la falta de tecnología suficiente. La alta preparación de policías y
guardias civiles es lo único que hace subsistir el sistema. Y claro, la
culpa como siempre, según el ministro, es de Corcuera y de Zapatero.

Decía el señor ministro en la interpelación de hace quince días
que había que votar para conseguir una equiparación justa. Pues bien, hoy
la ocasión la pintan calva. Votemos la moción de nuestro grupo
parlamentario con las enmiendas que hemos admitido —






por cierto,
señora Domínguez de Posada, no puedo admitir la suya porque no se puede
modificar— y veamos quién está por una equiparación justa y quién
no.

Decía también el señor Zoido que había que retratarse, como dicen
en Andalucía. Pues bien, nosotros hoy nos retratamos en esta Cámara, al
igual que otros grupos parlamentarios. El grupo que apoya al Gobierno, el
Grupo Popular, también puede retratarse. Es más, puede hacerse hasta un
selfie y meter al ministro con el photoshop, pero les digo que sean
consecuentes...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Termino, señor presidente.

Sean consecuentes. Apoyen también la propuesta de equiparación
salarial, porque, como les dije en la interpelación al ministro, esto es
una ola de ilusión que se está convirtiendo en un tsunami.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador González
Cabaña.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Pérez
Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente,
señorías. También quiero dar un saludo a los representantes de Policía y
Guardia Civil.

Con respecto a la moción presentada por el Grupo Socialista en la
que se insta al Gobierno a aprobar una serie de medidas que afectan a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, como consecuencia, a
incrementar partidas presupuestarias en los próximos Presupuestos
Generales del Estado, a nuestro juicio plantea cuestiones con las que
estamos de acuerdo en el fondo y que coinciden con el compromiso del
Gobierno y con lo que nos habían planteado asociaciones y sindicatos de
Guardia Civil y de Policía. Les quiero decir que esta moción la votaremos
con responsabilidad y siempre a favor de la Policía y de la Guardia
Civil. (Aplausos).

No coincidíamos con el texto de la moción que han presentado, pero
pensábamos votar favorablemente algunos de sus puntos. Hemos sabido de la
imposibilidad de hacerlo punto por punto y por esas razones y por las
discrepancias que manteníamos con el texto de su moción ayer mismo les
propusimos llegar a un acuerdo sobre la base de un texto bien claro que
recogía parte de los acuerdos ya adquiridos por el Gobierno en todas las
cuestiones que contiene la moción, pero rechazaron nuestra propuesta. Les
propusimos incorporar en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y
posteriores partidas presupuestarias necesarias para resolver
progresivamente los desequilibrios retributivos, y nos dijeron que no.
Les propusimos participar en el diálogo y negociación con asociaciones,
sindicatos y el propio Ministerio del Interior para analizar situaciones
laborales, geográficas, medios, presupuestos, cifras posibles, asignación
de complementos y otras circunstancias para permitir una mejor
catalogación, y nos dijeron que no. Y lo mismo les decíamos sobre cómo
resolver progresivamente las mejoras de instalaciones, medios,
infraestructuras y suficientes tasas de reposición de efectivos, y
también nos dijeron que no.

Nuestra intención era bien clara y pretendíamos pactar con el
Grupo Socialista un texto que pudiese contribuir a resolver
reivindicaciones antiguas ya planteadas, incluso en períodos del Gobierno
socialista, y no resueltas; treinta años para resolver cuestiones que en
los próximos presupuestos va a resolver el Partido Popular. Y lo
queríamos hacer sin demagogia, pero no quisieron. Ante esta cerrazón del
PSOE, les anuncio que vamos a presentar una moción en el próximo periodo
de sesiones que recoja nuestras propuestas sobre cómo abordar y resolver
estas cuestiones.

Nosotros creemos que su moción es una moción trampa, que pretendía
revolver y hacer ruido, que buscaba el voto negativo del Partido Popular,
que era electoralista y que perseguía, entre otras cuestiones, aspectos
tan claros como ese voto negativo popular a utilizar en la campaña
catalana. (Aplausos.— Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: ¡Sí señor! ¡Muy Bien!—
Aplausos). Una moción que hace populismo y el Partido Popular no va a
caer ni en su demagogia ni en su populismo. Yo le reto a que si quiere
apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado apoyen los
Presupuestos Generales del Estado. (Aplausos). Ahí es donde se va a
encontrar el Partido Popular.

Nosotros les pedimos que un partido que ha sido Gobierno, que es
alternativa de Gobierno y que ha tenido responsabilidades de Gobierno se
sume a las justas reivindicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado junto con el Partido Popular. Entre todos tenemos que abordar
y resolver estas situaciones. Insisto, en el Partido Popular creemos que
son reivindicaciones justas que hay que abordar con rigor y resolverlas
con seriedad ya que afectan a salarios, afectan a trabajo, afectan a
medios con los que trabajan, a las plantillas y que influyen de una
manera muy importante en sus familias. Frente a todo esto, en el Partido
Popular pretendemos dar soluciones a partir del próximo año.

Hay que recordarles que estas reivindicaciones se arrastran desde
los Gobiernos del Partido Socialista, incluso las creó el propio Partido
Socialista: recuerden ustedes 2005, cuando cometieron la torpeza de
mejorar una parte de la Policía generando agravios comparativos con la
Guardia Civil. Son situaciones injustas que, ya les digo, fueron creadas
por ustedes.

Y ha habido algo que me ha sorprendido, señor González Cabaña.
Usted dice que han presentado 1800 millones y esto no es verdad, señoría,
no es verdad. Mire, aquí tengo los documentos donde ustedes hablan
de 1 800 000 euros, 2 000 000, a mí no se me ha pasado. (El señor
González Cabaña: ¡No, no, no!). Hay que ser más serio a la hora de
plantear estas cuestiones y no confundirse en temas tan importantes.
(Aplausos).

Señor presidente, señorías, termino manifestando que votaremos en
consecuencia y con responsabilidad y, por respeto a las organizaciones de
Policía y Guardia Civil, frente a las trampas a que nos tiene
acostumbrado el Partido Socialista, lo haremos pensando en la
dignificación de la situación de estos cuerpos, que se comprobará en los
próximos Presupuestos Generales del Estado. Se lo digo, señorías,
votaremos con responsabilidad a esta moción.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.— El señor González
Cabaña pide la palabra.— El señor presidente ocupa la
Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador González Cabaña.
(Pausa).

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Ahora ya se oye. Hemos tardado más en
arreglar el micrófono que en lo que voy a decir. Voy a ser muy rápido,
aunque hable desde la tribuna.

Señor portavoz del Grupo Popular, hubo un error de transcripción
y, de acuerdo con el Reglamento, se presentó el escrito de rectificación,
que igual a usted no se lo han pasado —problema de su grupo—,
pero que está registrado y en el que se recogen 1800 millones. Luego de
demagogia, la de usted en estos momentos y con este tema.
(Aplausos.— Protestas).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González Cabaña. (El
señor González Cabaña pide la palabra).

Senador González Cabaña, queda aclarada la cuestión.
(Rumores).

Tiene la palabra, señor Pérez Lapazarán.

EL señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor presidente, yo pediría que leyesen
el último párrafo de la moción, pues ni tenemos ningún tipo de
rectificación ni hemos visto ninguna enmienda del Partido Socialista. Yo
pediría que se leyese, por favor, el último párrafo de la exposición de
motivos de esta moción del Partido Socialista. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Ruego al señor secretario primero de la Mesa que dé lectura a la
solicitud del senador Pérez Lapazarán.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Aznar Fernández): Sí, señor
presidente.

Dice así: «El coste económico de la moción, en cumplimiento del
artículo 175.2 del Reglamento del Senado, se estima en 1 800 000
euros».

Y ahora el escrito de rectificación: «Por el presente escrito se
comunica que el coste económico de la moción consecuencia de
interpelación 630/000056, relativa a la equiparación salarial entre los
cuerpos policiales del Estado, que figura por un error de transcripción
en el texto de la moción valorado en 1 800 000 euros, debería ser de 1800
millones de euros». (Fuertes aplausos). «Lo que se comunica a los efectos
oportunos en cumplimiento del artículo 175.2 del Reglamento del
Senado».

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Aclarada la cuestión, vamos a proceder a la votación de la moción
consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista con la
incorporación de las cuatro enmiendas de los senadores Mulet y Navarrete
y de la enmienda de los senadores de Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250;
votos emitidos, 240; a favor, 230; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada. (Fuertes
aplausos.— Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo en
silencio, por favor.

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto: dos por iniciativa de los
senadores Mulet y Navarrete, y una por iniciativa de los senadores
Alegre, Crisol y Marcos. (Rumores).

Comenzaremos cuando haya silencio en el hemiciclo, que todavía no
lo hay. Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio y guarden silencio.
(Rumores). Yo no tengo ninguna prisa.

Señorías, para la defensa de la moción, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Galván.

El señor GALVÁN PORRAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, me corresponde en nombre del Grupo Parlamentario Popular
hacer uso de la palabra para defender la moción que mi formación política
ha presentado, con objeto de que el Pacto de Estado social y político por
la educación refuerce y amplíe las competencias de la Alta Inspección
Educativa, de tal manera que disponga de los mecanismos para velar por
que los centros educativos desarrollen sus actividades con sujeción a los
principios constitucionales, con garantía de neutralidad ideológica,
respetando las opciones religiosas y morales a que hace referencia el
artículo 27.3 de la Constitución y con una efectiva realización de los
fines de la actividad educativa.

Actualmente, como todos ustedes saben, la Alta Inspección tiene
unas competencias que se centran especialmente en velar por que el
desarrollo de las políticas educativas con normativa básica se lleven a
cabo en las comunidades autónomas, así como en controlar que las
administraciones educativas en el ámbito autonómico completen el
currículum o desarrollen la normativa básica de acuerdo con lo marcado
por la normativa estatal. El detalle de estas competencias que acabo de
sintetizar se desarrollan en el artículo 150 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de educación. En dicho artículo, la Alta Inspección de
Estado encuentra la guía que dirige y rige su actividad diaria, así como
las especificaciones de los motivos funcionales a los que debe su
existencia; si bien también es cierto que la Alta Inspección del Estado
no tiene funciones de inspección educativa en las comunidades autónomas
respecto a la regulación, organización y funcionamiento de los centros
educativos en virtud de las transferencias en materia de educación
incluidas en las leyes orgánicas de los estatutos desarrollados en leyes
o reales decretos.

Y en esta dimensión concretamente en la que viene a incidir
nuestra moción, porque esa reducción competencial o funcional que en el
plano de lo práctico ha provocado la transferencia de competencias
educativas se ha demostrado perjudicial en las acciones de vigilancia y
supervisión del cumplimiento de nuestras leyes de mayor rango en algunos
centros educativos de nuestra nación. No les descubriré nada si les digo
que el amplio margen de confianza, traducido en cesiones competenciales
dadas por el Estado a las autonomías, en el ámbito educativo ha sido
traicionado por algunos de los ejecutivos encargados de la gobernanza de
ciertas regiones de España. Alguno de estos gobiernos autonómicos ha
permitido y alentado acciones de todo punto inadmisibles, por cuanto se
han basado en la transgresión de nuestros principios constitucionales y
de las leyes vigentes y en el fomento de adoctrinamiento como conducta
admisible y útil a la hora de inculcar una ideología basada en la
deformación de la historia y la promoción de realidades virtuales y
alternativas. (Rumores).

Por evidente que resulte, parece ser que hay personas y dirigentes
políticos que aún no han entendido, o no han querido entender, que la
principal labor de los representantes públicos con respecto a los niños
es la que se apunta en el artículo 2.º de la Convención sobre los
Derechos del Niño, de Naciones Unidas. Esto es, que los Estados miembros
han de ser garantes de la protección de los niños contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, actividades,
opiniones expresadas o las creencias de sus padres. Del mismo modo, hay
que subrayar que en el artículo 27 de nuestra Constitución queda apuntado
negro sobre blanco que la educación, entre otras cosas, ha de tener por
objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales; que los poderes públicos hemos de garantizar el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; o que los
poderes públicos hemos de inspeccionar y homologar el sistema educativo
para garantizar el cumplimiento de las leyes. Pese a todo, son múltiples
los ejemplos de promoción y ejecución de malas praxis en el ámbito
educativo por parte de altos cargos de gobiernos autonómicos, por
entidades vinculadas a esos gobiernos y por parte de ciertos funcionarios
públicos. Y por ello, también son incontables las denuncias formuladas
por docentes, padres, madres, y alumnos en este sentido.

Si entramos en el detalle de esas denuncias, podremos comprobar
las atrocidades que se vienen produciendo en algunos centros de España.
Niños hasta de educación infantil a los que se les obliga a entonar
himnos y canciones a favor de la independencia; realización de
comentarios supremacistas, insultos y vejaciones alusivos a España y a
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; proyección de videos en
los que se hace proselitismo del sectarismo; creación y utilización de
materiales en los que se pervierten y manipulan datos históricos;
degradación de niños y niñas por el mero hecho de ser hijos de sus
padres, de no declararse independentistas o de utilizar el castellano
para comunicarse con sus compañeros o profesores; difusión de la
propaganda independentista en las aulas y un larguísimo etcétera que hace
que no podamos permanecer inmóviles ante tal degradación de los derechos
ciudadanos en general y de los derechos de los niños muy particularmente.
(Rumores).

Con esta moción que presenta hoy el Grupo Popular pretendemos, por
tanto, que se detecten y enfrenten mucho antes las transgresiones de las
leyes vigentes en el ámbito educativo. Y para ello es imprescindible esta
ampliación de los márgenes competenciales de la Alta Inspección del
Estado, para que nuestros servidores públicos puedan trabajar sin tener
que sortear mil y un obstáculos a la hora de contribuir a la erradicación
de cualquier conducta o actividad dirigida al adoctrinamiento, a la
discriminación o a la promoción de las múltiples manifestaciones de los
delitos de odio que se están sufriendo en las aulas de ciertos centros
educativos del país.

Y como a veces lo mejor es un ejemplo vivido, les voy a contar,
para terminar, lo que a mí me ocurrió como director de un colegio público
en la provincia de Badajoz, como alcalde, como diputado provincial en el
año 2002. La inspectora, a mediados de curso, concretamente en el mes de
noviembre, me dice que mi mandato como director había cumplido y que
había un error. Esto se dijo en el claustro: la idea era nombrar un
director afín a la ideología de la inspectora de Educación. En el mes de
diciembre yo me dirigí a la Alta Inspección del Estado y a la Abogacía
del Estado. Recordemos que en el año 2003 había elecciones municipales.
Presenté el escrito ante dicha inspección del Estado y la inspección del
Estado hizo un informe, igual que la Abogacía del Estado, en el que
hablaba de la presunta intención de cometer varios delitos contra el
director del colegio de Calzadilla. Inmediatamente presenté todos estos
escritos ante la Delegación Provincial de Educación, antes de las
vacaciones de Navidad, y dicho hecho no se produjo en enero, como
pretendían, por encontrarse con estos informes de la Alta Inspección del
Estado. Esto era persecución política, buscaba que se hablara en otros
colegios que qué habría ocurrido con el director de Calzadilla cuando a
mitad de curso se le quitaba el cargo. (Rumores). Todo ello para incidir
en unas elecciones municipales, dejando al director de Calzadilla en mal
lugar.

Precisamente esto es lo que se debe evitar y para ello esta Alta
Inspección del Estado tiene que tener lo que marcamos como objetivo en
esta moción que presenta hoy el Grupo Popular: pretendemos, por tanto,
que se detecten y enfrenten mucho antes...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GALVÁN PORRAS: Acabo.

Decía que se detecten y enfrenten mucho antes las trasgresiones de
las leyes vigentes en el ámbito educativo y para ello es imprescindible
esta ampliación de los márgenes competenciales de la Alta
Inspección.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Galván.

Señorías, les informo de que no vamos a detener el Pleno a
mediodía y que todas las votaciones que haya a continuación, incluida la
de esta moción, se realizarán a partir de las cuatro de la tarde.

Vamos a entrar en el debate de las enmiendas. Para la defensa de
las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Con esta moción el Grupo Parlamentario Popular quiere que en el
futuro pacto de educación se incluya una ampliación de competencias de la
Alta Inspección Educativa. Pero, señorías, esta no es la cuestión, aunque
se podría estudiar. Hablémoslo entonces en el marco del pacto y
escuchemos a los consejeros de educación de las comunidades autónomas en
la ponencia de estudio del pacto educativo del Senado.

La cuestión es que se deben cumplir las leyes, concretamente el
título VII de la Ley Orgánica de educación, que no se ha cumplido. Lo que
se debe hacer es desarrollar un marco normativo para la Alta Inspección
Educativa y esto, a nuestro entender, no vulnera las competencias
autonómicas. Nosotros apoyamos una agencia independiente, que no dependa
de lo que inste el Gobierno de turno, que sea imparcial y que sus
informes sean públicos. Por eso, la enmienda de Ciudadanos expresa la
necesidad de desarrollar un marco normativo de la AIE.

Esperamos contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y
del resto de los grupos para nuestra enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador
Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Després de la intervenció del portaveu del
Partit Popular no sé, no sé què dir, m’he quedat estupefacte, la
veritat. Imagine que és que m’han alliçonat des de menut i no tinc
capacitat per a entendre eixes barbaritats que acabe d’escoltar.
Des del 155 veig que estan molt crescuts vostès, i ara és l’atac
sistemàtic a l’escola pública, l’atac sense cap tipus
d’escrúpols als docents, als professors i als mestres, l’atac
a la llibertat de càtedra, l’atac a l’Estat de les
autonomies, l’atac a l’educació transferida. Estan vostès
desbordats, veritablement, i fan un poquet de por i són realment
al·lucinants els arguments que hem d’escoltar. Vostès que ens volen
donar una visió nacionalista i rància que menysprea la diversitat i la
pluriculturalitat de l’Estat i l’excusa és controlar tot allò
que s’ensenya a les escoles, és un atac directament a l’Estat
de les autonomies i ara ja el «todo vale», ja poden atacar qui els done
la gana: els professors, els mestres, i ficar-los en la diana del seu odi
continu cap a tot aquell que no pense com vostès. Per això els demanem
que retiren tots eixos atacs que estan fent als sistemes educatius
públics de les comunitats autònomes. Curiosament són les comunitats
autònomes on tenim pluralitat lingüística. Volen casos i exemples
d’alliçonament? Vaig a llegir-los titulars de la premsa: «Un libro
de texto para niños tergiversa la historia de Federico García Lorca y
Antonio Machado. Federico García Lorca murió cerca de su pueblo durante
la guerra de España. Antonio Machado se fue a vivir a Francia con su
familia». Això a vostès no els pareix alliçonar, això a vostès els pareix
perfecte.

En el País Valencià fa poc van publicar: «La policía confirma
que 22 maestros de religión cobraron sin dar clases». Eixos no alliçonen,
els que expliquen mitologia fantàstica a les escoles públiques.

«Televisión Española coloca la bandera española en la emisión de
“Peppa Pig” o la “Patrulla Canina” el 12 de
octubre». Això no és alliçonar. «El canal infantil Clan TV reinventa la
historia de María Pita al ponerle una bandera española en las manos».
Això tampoc no és alliçonar. Tampoc serà alliçonar per a vostè
l’escàndol «El vídeo de niños jurando bandera en Ceuta indigna en
Twitter». Tampoc serà per a vostès alliçonar, un altre titular.

«Un libro de texto de Primaria elogia la Dictadura, el PP y a
Esperanza Aguirre. El libro se estudia en sexto curso de los colegios
públicos del programa bilingüe. La asociación de padres pide su
retirada». Per a vostès això no és alliçonar, mentre impartisquen i
imposen la seua visió rància d’allò que ha de ser Espanya això no
és alliçonar, ara quan ensenyem els xiquets a ser crítics, a tindre
esperit crític i simplement a poder rebre classes en la seua llengua, per
a vostè ja és alliçonar i atacar els xiquets. Per favor, deixen de jugar
en l’educació dels xiquets, deixen de jugar en l’ensenyament
públic, deixen de posar en la diana els professors i deixen de fer
demagògia, no tinguen eixa poca vergonya conforme la tenen. Són vostès
uns hipòcrites, no tenen vostès vergonya ni la coneixen.

Gràcies.

Después de la intervención del portavoz del Grupo Popular no sé
qué decir, me he quedado estupefacto. Imagino que me han aleccionado
desde pequeño y no tengo capacidad para entender las barbaridades que
acabo de escuchar. Desde el 155 veo que están muy crecidos y ahora están
en el ataque sistemático a la escuela pública, el ataque sin ningún tipo
de escrúpulos a docentes, profesores y maestros, el ataque a la libertad
de cátedra, al Estado de las autonomías y a la educación transferida.
Están ustedes desbordados. Dan un poco de miedo. Dicen cosas alucinantes
y dan argumentos alucinantes.

Ustedes nos quieren dar una visión nacionalista rancia que
menosprecia la diversidad y la pluriculturalidad del Estado, y la excusa
es controlar todo lo que se enseña en las escuelas. Es un ataque directo
a la escuela de las autonomías; ahora todo vale, pueden atacar a todos: a
profesores y maestros y ponerlos en la diana de su odio continuo hacia
los que no piensan como ustedes. Por eso les pedimos que retiren todos
los ataques que están haciendo al sistema público de las comunidades
autónomas; curiosamente, son las comunidades autónomas donde tenemos
plurilingüismo.

Si quieren ejemplos de aleccionamiento, les leeré titulares de la
prensa: «Un libro de texto tergiversa la historia de Federico García
Lorca y Antonio Machado: Federico García Lorca murió cerca de su pueblo
durante la guerra de España. Antonio Machado se fue a vivir a Francia con
su familia». Esto les parece a ustedes perfecto.

En el País Valenciano hace poco publicaron: «La policía confirma
que veintidós maestros de religión cobraron sin dar clases». Esos no
aleccionan. Los que explican mitología fantástica en las escuelas
públicas eso no es aleccionar.

«Televisión Española coloca la bandera española en la emisión de
“Peppa Pig” o la “Patrulla canina” el 12 de
octubre». Eso tampoco es aleccionar. «El canal infantil Clan TV reinventa
la historia de María Pita al ponerle una bandera española en las manos».
Tampoco será aleccionar para usted el escándalo «El vídeo de niños
jurando bandera en Ceuta indica en Twitter». Tampoco será para ustedes
aleccionar este titular.

«Un libro de texto de primaria elogia la dictadura, al PP y a
Esperanza Aguirre. El libro se estudia en 6.º curso de los colegios
públicos del programa bilingüe. La asociación de padres pide su
retirada». Para ustedes eso no es aleccionar, mientras impartan e
impongan su visión rancia de lo que tiene que ser España no es
aleccionar. ¿Cuando les enseñamos a los niños a ser críticos, a tener un
espíritu crítico, y a recibir clases en su propia lengua, eso es
aleccionar y atacar a los niños? Por favor, dejen de jugar con la
educación de los niños, con la enseñanza pública, dejen de poner en la
diana a los profesores y de hacer demagogia. No tengan esa poca
vergüenza. Son ustedes unos hipócritas, no tienen vergüenza ni la
conocen.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Tiene la palabra el senador Soler, para indicar si acepta o no las
enmiendas.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señores senadores, creo que falta la defensa de la enmienda del
senador Navarrete (El señor Mulet García: No, la he defendido yo).
Perdón, me dice el señor Mulet por señas que él defendía las dos.

Señor Mulet, no podemos aceptar ninguna de sus dos enmiendas. En
la primera, su señoría, o el señor Navarrete, dice que lo que tenemos que
hacer es respetar el marco constitucional autonómico, cosa que no solo
hacemos, sino que precisamente la Alta Inspección, en la reforma que
nosotros pretendemos, permitirá complementar la funcionalidad y la
relación entre las instituciones autonómicas y las instituciones del
Gobierno de España. Es algo que no debería contravenir su señoría, porque
todo lo que ha dicho su señoría que pueden ser cuestiones que se han
falseado, a través de la reforma que proponemos no solo tendrán las
instituciones autonómicas para reclamar, sino también la Alta Inspección
del Estado.

Con respecto a lo que usted ha dicho, han ido anécdotas sobre
libros de texto, muy bien extraídas, para utilizar como argumentario. Le
tengo que decir que no el Partido Popular, no Ciudadanos, sino un
historiador como John Elliott, que no coincide con ninguno de los dos
partidos que he citado en determinadas cuestiones relacionadas con el
tema que discutimos, así como otros hispanistas ingleses, denunciaban
escandalizados el tono y los textos de historia que se estaban
impartiendo en la enseñanza catalana. Decían que estaban totalmente
falsificados. No lo dice el Partido Popular ni Ciudadanos, sino John
Elliott. Mire usted, yo he sido estudiante y soy licenciado en Historia,
y creo que es uno de los hispanistas más grandes que ha dado el siglo XX
y el siglo XXI.

En la segunda enmienda dice que el Gobierno de España acosa o que
pone en la diana a los enseñantes catalanes. No, de ninguna manera. Lo
que pedimos, y vamos a hacer, es que, respecto a aquellos enseñantes que
utilicen su posición para instruir adoctrinando a los alumnos, sus padres
puedan reclamar ante distintas instancias, no solo la autonómica, sino
también la que está enmarcada en la Administración del Gobierno de
España, para poder defenderse de los posibles abusos. ¿O es que usted no
quiere que nosotros defendamos que los padres puedan tener la oportunidad
de defenderse de los abusos? Es algo a lo que usted no puede oponerse de
ninguna manera. Incluso usted ha denunciado una serie de abusos. También
estaría a su disposición para poder defenderse.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Termino.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Ciudadanos,
creo que las han presentado mal. Tendrían que haberlas presentado una por
una, porque no se puede negociar un bloque de cinco enmiendas, no se
puede estar de acuerdo con las cinco. Por tanto, no las podemos aceptar.
Hubiéramos rechazado las tres primeras por estar recogidas en nuestro
texto, y las dos últimas, que nos hubiera gustado incorporarlas con
algunos pequeños retoques de redacción, no lo podemos hacer porque
tendrían que permitirlo cuatro grupos parlamentarios, y por el tono y las
explicaciones que han dado otros portavoces no sería posible.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Estoy convencido de que Ciudadanos
coincide con nosotros y que, sea cual sea su voto, estará de acuerdo en
que esta moción que ha presentado el Grupo Popular es absolutamente
necesaria.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Soler.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señoría, los Gobiernos del Partido Popular y del Partido
Socialista, en ocho años, no han cumplido las competencias de la Alta
Inspección educativa. El Gobierno no puede permanecer inactivo y debe
velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes
en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos. Ese es el
espíritu de la enmienda de Ciudadanos, desarrollo y cumplimiento de la
Ley Orgánica de Educación y de la Constitución española.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Simplemente quiero explicar que las dos
enmiendas están firmadas por el señor Navarrete y por mí, así que
perfectamente puedo defenderlas sin tener que pedir autorización a
nadie.

En ningún momento he hablado de Cataluña, sino que estoy hablando
de ustedes, de lo que están haciendo ustedes. La Comunidad Valenciana
tiene muchos problemas, pero el principal problema que tenemos los
valencianos se llama Partido Popular, que es un partido que cuando ha
gobernado nos ha llevado al barraquismo absoluto en la educación pública,
y ahora que está en la oposición se dedica a acosar sistemáticamente a
los profesores, que simplemente están dando materias como lengua
propia.

Por lo tanto, les estamos criticando a ustedes, desde el robo de
Ciegsa a los ataques continuados a la educación pública, y pensamos que
esto es poner nuevamente a los pies de los caballos a los profesionales
de la educación, ponerlos en cuestión.

He puesto cinco anécdotas, igual que las que ustedes ponen y
magnifican cuando se trata de un caso en una comunidad autónoma que les
es molesta. Meter un mapa autonómico ya les genera una urticaria que es
preocupante, es digno de ver. Son ustedes realmente el problema, no lo
son ni los docentes ni los alumnos, son ustedes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Intervengo para manifestar el posicionamiento de mi voto. La
Agrupación Socialista Gomera va a votar en contra de esta moción, habida
cuenta de que entendemos que con ella se pretende, por un lado,
recentralizar las competencias educativas, que en su mayor parte están
repartidas en las comunidades autónomas, y en particular la comunidad
autónoma de Canarias tiene competencias en la materia, y dar mayor
competencia a la Alta Inspección. En este sentido, sería detraer
competencias de nuestra comunidad autónoma, con lo que no estamos de
acuerdo. Por otro lado, entendemos que con esta moción lo que se hace es
cuestionar la labor de todos los profesionales que desarrollan su labor
en el sistema educativo de forma generalizada, y creo que no procede en
estos momentos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

La semana pasada el Grupo Parlamentario de Ciudadanos del Congreso
defendió la toma en consideración de una proposición de ley para la
creación de lo que se denominaría agencia de alta inspección educativa,
una agencia independiente, y Foro discrepó de esa propuesta porque
consideraba que la educación nunca puede ser independiente de su gestión
y supervisión.

La moción del Grupo Popular que hoy se debate promueve el refuerzo
a la Alta Inspección educativa para que pueda llevar a término diferentes
medidas que van desde velar por el cumplimiento de los valores
constitucionales hasta la actuación, de forma rápida y eficiente, contra
cualquier tipo de actuación que no respete la neutralidad ideológica y la
libertad religiosa. La normativa básica que la Constitución otorga en el
ámbito educativo al Estado ha sido sistemáticamente incumplida, porque
hay quien ha querido legislar al margen de la ley, y lo que es peor,
construir un modelo educativo vulnerando la ley.

Ningún poder público puede utilizar la educación con fines
ideológicos y partidistas. La educación ha de ser un sistema moderno, no
puede ser el instrumento utilizado por algunos para fabricar una ficción
al margen de la ley. No podemos obviar que la exposición de motivos es un
reconocimiento pleno de la insuficiencia y, por tanto, del incumplimiento
de determinadas tareas encomendadas a la Alta Inspección educativa. Tanto
la LOMCE como la LOE no dedicaron mucho espacio para referirse a la Alta
Inspección educativa, si bien señalan cuáles son sus funciones y si se
cumplieran, algo que se viene reclamando desde hace tantos años tanto en
el Congreso como en el Senado, específicamente en sus respectivas
comisiones de Educación, no haría falta una agencia independiente, que a
la postre no lo sería, como propone Ciudadanos, y sería suficiente
—tiene que serlo— la aplicación de los fundamentos recogidos
en la Constitución española, en las diferentes leyes, en los reales
decretos y en las normativas que se han desarrollado para que todas las
comunidades autónomas tengan su correspondiente alta inspección.

Por tanto, señorías, votaremos a favor de la moción del Grupo
Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.

¿Alguna intervención más del Grupo Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la
palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.

Bé, el que li ha passat al senador Galván, des del nostre grup ho
lamentem, des del Partit Demòcrata lamentem que una qüestió tan sensible
com és la qualitat personal i la condició personal que té una persona,
doncs que es pugui afectar fent aquesta mena de sectarisme polític que
sembla que insinuava que va passar a Extremadura. Però, vaja, centrem la
qüestió perquè casos concrets, per lamentables que siguin, n’hi
poden haver molts, però centrem la qüestió.

Al Congrés, tant Ciutadans com el Grup Popular han presentat
iniciatives legislatives en aquest sentit, en el sentit de demanar,
d’unificar i d’emparar sobretot les funcions que tenen la
inspecció educativa de cada comunitat autònoma. Nosaltres considerem que
és una moció molt electoralista. El 21 de desembre hi ha eleccions a
Catalunya i tant Ciutadans com el PP estan fent un concurs per veure qui
és més espanyolista i qui s’emporta un grapat de vots. Considerem
que és molt trist però aquesta és la veritat. Vostès estan fent
electoralisme barat per aquest motiu. S’han inventat llegendes
negres i vostès mateixos se les han cregut, i sobre aquestes llegendes
negres després van elaborant tot un discurs.

A l’octubre d’aquest 2017 Ciutadans va presentar una
proposició de llei molt semblant al Congrés dels Diputats, que va ser
rebutjada, per cert. El Grup Popular també en va presentar una que també
va ser rebutjada. La pregunta que ens fem nosaltres és: quan la
Conferència de presidents autonòmics solemnement diu que hem de fer un
pacte per a l’educació. No l’hem de deixar treballar la
subcomissió que està treballant al Congrés, o hem d’anar fent
mocions alterant els treballs? Tenim dotzenes d’experts que han
donat la seva opinió sobre el Pacte d’Educació. I ara ve el Grup
Popular, perquè hi ha eleccions, el 21 de desembre ja haurà acabat això,
a dir que s’ha de vigilar i lligar curt les autonomies. Doncs això
és fals. Això és fals, i si ens atenem als fets, vostès veuran que hi ha
poquíssimes denúncies concretes sobre les qüestions a què vostè es
referia.

Vull recordar una cosa. L’article 131 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya vigent dóna la competència exclusiva a la
Generalitat de Catalunya. Per tant, vostès, quan estan fent això estan
qüestionant la llibertat de càtedra, la professionalitat dels docents, i
fins i tot el mateix cos d’inspecció. Vostès són molt
irresponsables fent aquestes coses i, a més a més, no pateixin perquè
el 21 de desembre tindran la resposta que es mereixen.
(Aplaudiments).

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo lamenta lo que le ha sucedido al senador Galván, una
cuestión tan sensible como la calidad y la condición de una persona
afectada por este tipo de sectarismo político —me parece que
insinuaba que había sucedido en Extremadura—. Pero no me centraré
en temas concretos, por lamentables que sean, sino en la cuestión.

En el Congreso, tanto Ciudadanos como el Partido Popular han
presentado iniciativas legislativas para pedir que se amparen las
funciones de la inspección educativa de cada comunidad autónoma. Nosotros
consideramos que es una moción muy electoralista, ya que el 21 de
diciembre hay elecciones en Cataluña y tanto Ciudadanos como el PP están
haciendo el concurso para ver quién es más españolista y quién se lleva
un puñado de votos. Es muy triste, pero esa es la verdad. Ustedes están
haciendo electoralismo con este motivo. Se han inventado leyendas negras
y ustedes mismos se las han creído, y sobre estas leyendas negras van
elaborando su discurso.

En octubre de 2017 Ciudadanos presentó una proposición de ley muy
parecida en el Congreso de los Diputados, que por cierto fue rechazada.
El Partido Popular también presentó una que también fue rechazada. La
pregunta que nosotros nos hacemos es que, cuando en la Conferencia de
presidentes autonómicos solemnemente dicen que hay que hacer un pacto
para la educación, ¿tenemos que dejar trabajar a la subcomisión del
Congreso o tenemos que ir haciendo mociones para alterar los trabajos?
Tenemos docenas de expertos que han dado su opinión sobre el Pacto por la
educación, y ahora viene el Grupo Popular, porque hay elecciones el 21 de
diciembre y habrá acabado esto, a decir que hay que vigilar y atar corto
a las autonomías. Pues bien, esto es falso, y si nos atenemos a los
hechos verán ustedes que hay poquísimas denuncias concretas sobre las
cuestiones a las que usted se ha referido.

Quiero recordar una cosa. El artículo 131 del vigente Estatuto de
Autonomía de Cataluña da la competencia exclusiva a la Generalitat de
Cataluña; por tanto, cuando ustedes están haciendo esto están
cuestionando la libertad de cátedra, la profesionalidad de los docentes e
incluso el propio cuerpo. Son muy irresponsables haciendo esto, pero no
sufran, que el 21 de diciembre tendrán la respuesta que se merecen.
(Aplausos).

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bagué.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Señorías del Partido Popular, la moción que hoy nos plantean es
inadmisible para todo ciudadano que defienda el Estado de las autonomías.
Entendemos que esta medida sobrepasa e invade, sin lugar a dudas, las
competencias que tienen las comunidades autónomas en la inspección
educativa, el órgano garante de velar y controlar el cumplimiento de las
leyes, reglamentos y disposiciones en sus respectivos territorios, tal y
como se recoge en la legislación actual. La Alta Inspección,
extralimitándose, no puede ni debe ampliar ni pretender reforzar su
cometido, utilizando como argumento el cuestionamiento y puesta en duda
del buen funcionamiento de las inspecciones educativas autonómicas, con
claros motivos que desvirtúan el carácter altamente técnico y cualificado
de los inspectores y las inspectoras en educación.

Señorías del Partido Popular, sabemos que la causa real de esta
iniciativa no es otra que el afán de control sobre las autonomías a causa
de la desconfianza o colisión de intereses con la Generalitat. ¿Y saben
qué genera la desconfianza? Genera mayores cuotas de rechazo. De nuevo se
vuelven a equivocar en el tratamiento de las singularidades de cada
territorio.

Señorías, en democracia es muy peligroso hablar de adoctrinamiento
en las aulas, máxime cuando se generaliza con esa facilidad con la que
muchas de sus señorías lo hacen, porque quizás se les olvida que dentro
del sistema educativo se encuentran miles de profesores, de familiares,
de trabajadores y trabajadoras que en algún momento se han podido sentir
agredidos con estas afirmaciones tan fáciles.

Por otro lado, Canarias reconoce el valor de la inspección
educativa como órgano propio de supervisión, asesoramiento y control de
los centros docentes, debiendo continuar la Alta Inspección con las
funciones propias actualmente establecidas en su normativa de
aplicación.

Por ello, nuestra posición —y voy finalizando— es
mantener las competencias de dicho servicio en las comunidades autónomas,
conforme al criterio descentralizador reconocido por la Constitución y
los estatutos de autonomía, línea seguida también por la mayoría de los
países de la Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Voy finalizando.

Como se imaginarán, nos opondremos rotundamente a esta moción, que
viene a suponer un retroceso claro en la independencia técnica y
profesional de la inspección educativa, máxime si tenemos en cuenta que
ni siquiera los delegados de la alta inspección en las comunidades
autónomas pertenecen al cuerpo de inspección, optando por una elección
ideológica que se aleja de los criterios objetivos de alta cualificación,
imparcialidad y neutralidad que deben observarse en dichos empleados
públicos. Sabemos que la recentralización es una palabra que les gusta
mucho tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, pero nosotros, como
nacionalistas canarios, nos opondremos siempre a estas medidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, presidente
jauna.

Voy a dejar para el final alguna respuesta a la intervención del
Grupo Popular.

Hace tan solo unos días, el 21 de noviembre de 2017, en el
Congreso, el portavoz del Grupo Popular decía: Creemos que es una
irresponsabilidad por parte de Ciudadanos —se refería a otra
propuesta— llevar adelante esta proposición de ley fuera de la
subcomisión si de verdad queremos que exista un pacto de la
educación.

Pues, perdónenme, pero en opinión de nuestro grupo hoy ustedes
caen en el mismo error porque, como ha dicho el senador Bagué, si estamos
en el seno del pacto de la educación, no entendemos esta moción, más allá
del oportunismo electoralista, puesto que es un fusilado de la PNL
presentada en el Congreso.

Aquí no se hace alusión a Cataluña, es cierto, y por tanto, como
educadora docente de Euskadi, puedo sentirme aludida respecto a las
acusaciones que aquí se vierten. Como educadora, profesora de religión, y
también como madre de esos hijos a los que usted aludía. Por
consiguiente, como no se menciona a Cataluña, podemos entender que se
refiere a cualquiera. E, insisto, consideramos que se trata de
oportunismo electoralista del momento.

Si la filosofía del pacto de la educación es esto que ustedes
citan, ya les han dicho esta mañana en el Congreso en nombre de mi grupo
y se lo repetimos ahora otra vez: no vamos a aceptar ni a permitir que se
merme la capacidad educativa de Euskadi, y mucho menos en un hipotético
pacto de Estado.






Mal camino llevan ustedes si esa es la búsqueda de
encuentro, de acuerdo y la búsqueda para conseguir un consenso. Mal
camino llevan ustedes.

No hay ninguna duda de que esta moción parece abrir una nueva vía
de injerencia en las competencias que en materia educativa corresponden a
las comunidades autónomas, en el proceso de recentralización y
uniformización de la enseñanza que se pretende utilizar con la vía de la
inspección educativa para llevar a efecto una nueva limitación de las
competencias autonómicas en materia de educación.

Decía el senador Soler que lo que quieren es preservar los
derechos de los padres. ¿Pero quién lo decide? Porque usted ha dicho: Más
allá de las autonómicas. Es decir, tiene que ser la estatal la que tenga
la capacidad. ¡Señorías, mayoría de edad! Le recuerdo al senador del
Grupo Popular proponente de la moción que en las transferencias no se
trata de confianzas. Esto no es un trato de confianza y, sin embargo,
usted ha dicho: Después del amplio margen de confianza... Pues no, cuando
hablamos de transferencias no hablamos de confianzas. Cuando el menor de
edad se porta mal viene el mayor de edad y le dice: Ojo, yo soy el
capacitado para imponer el criterio y decir qué es lo que no está bien, y
yo soy el que hago una defensa de los derechos de esos padres. Pues bien,
dependerá de los casos, pero si la competencia la tienen las comunidades
autónomas, démosles la mayoría de edad a las comunidades autónomas
porque, si no, si el mayor considera que no está bien, entonces se trata
de una injerencia, de una recentralización y de una uniformización, y no
de otra cosa.

Como se ha dicho, se demoniza la labor del profesorado, y es
cierto. Se dice al insinuarse explícitamente que están llevando a cabo
una labor de adoctrinamiento del alumnado. Se lo dije el otro día: basta
ya de este mantra, basta ya.

Además, que ante dicha situación ni profesoras ni profesores ni
direcciones de centros están actuando correctamente ni adoptando las
medidas necesarias. Dichas afirmaciones sirven para justificar que es
necesaria una mayor intervención estatal en las competencias educativas
de las comunidades autónomas porque, según se afirma, no están cumpliendo
con sus obligaciones.

Entendemos que el Gobierno central ha ido actuando en la dirección
de intentar ir reduciendo nuestras competencias en educación a base de
recursos —se lo he dicho muchas veces— y de la
judicialización de las decisiones adoptadas en materia educativa, como
nos ha ocurrido, entre otros, con los decretos curriculares, la
regulación de las evaluaciones o el sistema de becas, todavía recurrido,
y ayudas no universitarias, un pilar fundamental en la garantía de los
principios de igualdad y equidad en el acceso a la educación, esos que
tanto dicen preservar ustedes.

En definitiva, con esta moción intentan abrir una tercera vía de
intervención y de limitación del ejercicio de las competencias que en
materia educativa corresponden a las comunidades educativas. Por lo
tanto, con el respeto a las competencias que tenemos las comunidades, con
la reivindicación de que en ese ámbito competencial somos mayores de
edad, lo único que podemos observar es un nuevo deseo de
recentralización, de uniformización y de seguir manteniendo ese
mantra.

Señor proponente del Grupo Popular —discúlpeme porque no sé
su apellido en este momento—, le puedo contar luego, en el pasillo,
mi caso personal.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Finalizo, señor presidente.

Le acompaño y entiendo que lo que le ocurrió a usted no está bien,
pero no hagamos generalizaciones. Se lo repito, soy docente, profesora de
religión y madre de unos hijos que también son hijos de esos padres y
esas madres a los que usted aludía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra la senadora Azumar.

La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, senyor president,

Senadors, senadores, Tant l’alta Inspecció com la LOMCE són
les dues cares de la mateixa moneda; la LOMCE concreta el currículum
educatiu al mínim detall, i l’alta Inspecció és l’instrument
per assegurar que ningú es desvia d’aquest camí marcat, com un
tribunal de la inquisició educativa. Diuen, i cito textualment, que «les
denuncies i queixes rebudes a l’alta Inspecció semblen evidenciar
que, en alguns centres escolars, l’àmbit educatiu pot haver estat
utilitzat per a qüestions impròpies i, fins i tot, contraries als
principis i finalitats del sistema educatiu espanyol», i també que la
inspecció educativa no actua conforme a les competències que té
atribuïdes ni sobre la normativa educativa.

Tot això està pensat especialment per a Catalunya, on curiosament
moltes denuncies no arriben mai a la direcció del centre o a la inspecció
educativa però si al jutjat i a l’alta Inspecció. Fa anys que
acusen el sistema educatiu català d’adoctrinament, tot per intentar
justificar la desafecció que senten gran part dels catalans vers
l’estat espanyol, que no pas Espanya per més que ho repeteixin.
Volen fer creure que existeix una hipotètica manipulació de joves
generacions educades a les aules de Catalunya, això també inclou, a part
de l’hostilitat contra la presència del català com a llengua
vehicular, el qüestionament de continguts curriculars. Acusen el model
d’Escola Catalana, un model inclusiu i d’èxit avalat per
organitzacions internacionals en repetides ocasions, de ser adoctrinador
per que s’han obstinat a fer-ho creure per tapar els seus
fracassos, com fan sempre amb tot el que té a veure amb Catalunya: ho
utilitzen per tapar, la seva corrupció per exemple. Però ara han anat un
pas més enllà, acusen directament a docents d’incitar l’odi,
i els fan anar al jutjat. M’expliquen quin adoctrinament i
incitació a l’odi hi ha en que una classe de P3 tingui el nom de
«Els Castellers»? Per coses així hi ha docents que pateixen un procés
judicial. Vostès, senyors del Partit Popular, juntament amb els seus
amics del 155, els senyors de Ciutadans, permeten que una entitat de la
societat civil promogui les denuncies a centres i a docents. En resum,
han iniciat una cacera de bruixes en tota regla contra l’escola
catalana.

Però saben què passa? Que l’escola catalana no es toca,
perquè és un dels grans actius i tresors que tenim a Catalunya, que ha
permès cohesionar un poble tan divers com és el català i garantir un
assoliment de competències imprescindibles per a mantenir activat
l’ascensor social i garantir la igualtat d’oportunitats.

Fa temps que els senyors del bloc del 155 desenvolupen una
estratègia d’assetjament i difamació del model d’escola que
té com a objectiu la imposició d’un model de segregació als centres
catalans per tal d’instrumentalitzar la llengua i fer una guerra
identitària. Vostès volen construir un model educatiu que separi els
alumnes per raó de llengua i divideixi els estudiants, però a Catalunya
apostem i defensem un model integrador que aposti per la coeducació i
permeti superar bretxes lingüístiques, econòmiques, culturals o
religioses; perquè som un sol poble, i el poble de Catalunya no permetrem
que ens toquin un dels nostres tresors més valuosos per l’equilibri
i la cohesió social. No permetrem més atacs cap als nostres professionals
docents, famílies o altres actors de la comunitat educativa que
s’han d’enfrontar cada dia a acusacions falsàries de
manipulació i adoctrinament. La defensa d’aquest model és compartit
per una amplíssima majoria de la societat catalana, més enllà de les
opcions polítiques de les famílies i del conjunt de la ciutadania.

Pretendre trencar aquest consens i generar un problema on no
n’hi ha és una irresponsabilitat que situa a aquells qui ho
defensen al marge de la centralitat i del sentit comú.

Així que ho tornem a repetir, no ens cansarem de dir-ho:
l’escola catalana no es toca. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Senadoras y senadores, tanto la inspección como la LOMCE son dos
caras de la misma moneda: la LOMCE concreta el currículo educativo al
mínimo detalle y la inspección es el instrumento para que nadie se desvíe
del camino marcado, como un tribunal de inquisición. Se dice que las
denuncias y quejas recibidas por la Alta Inspección muestran que, en
algunos centros, el ámbito educativo se ha podido utilizar para
cuestiones impropias y contrarias a principios y finalidades del Estado
español y, además, que no se actúa conforme a las competencias atribuidas
según la normativa educativa.

Todo está pensado de manera especial para Cataluña, donde,
curiosamente, muchas denuncias no llegan a la dirección del centro o a la
inspección educativa, pero sí al juzgado y a la Alta Inspección. Hace
años que acusan al sistema educativo catalán de adoctrinamiento para
justificar la desafección que los catalanes sienten respecto al Estado
español, que no España, por mucho que lo repitan. Quieren hacer creer que
existe una manipulación de las distintas generaciones educadas en las
aulas de Cataluña, y esto incluye también, aparte de la hostilidad contra
la existencia del catalán, el contenido curricular. Acusan al modelo de
escuela catalana, inclusivo, de ser adoctrinador porque se han obstinado
en hacerlo creer, como hacen siempre con todo lo que tiene que ver con
Cataluña. Lo hacen para tapar, por ejemplo, su corrupción. Pero ahora han
dado un paso más allá y acusan a los docentes de incitar al odio, los
llevan a los juzgados. ¿Qué adoctrinamiento hay en que una clase de P3
tenga el nombre de castellers? De eso los acusan. Ustedes, señores del
Partido Popular, junto con sus amigos del 155, los señores de Ciudadanos,
permiten que una entidad de la sociedad civil promueva denuncias a
centros y a docentes. En resumen, han iniciado una caza de brujas en toda
regla contra la escuela catalana.

Pero ¿saben ustedes qué sucede? Que la escuela catalana no se
toca, porque es uno de los grandes activos y tesoros que tenemos en
Cataluña, porque ha permitido cohesionar un pueblo en torno al catalán y
enseñar unas competencias indispensables para la cohesión social y para
garantizar la igualdad de oportunidades.

Hace tiempo que el bloque del 155 tiene una estrategia de asedio y
difamación de la escuela, que tiene por objetivo la imposición de la
segregación en los centros catalanes para instrumentalizar la lengua.
Ustedes quieren construir un modelo educativo que separe a los alumnos
por razón de lengua y divida a los estudiantes, pero en Cataluña
apostamos y defendemos un modelo integrador que apueste por la educación
y permita superar brechas educativas, culturales o religiosas, porque
somos un solo pueblo, y el pueblo de Cataluña no va a permitir que se
toquen sus tesoros más valiosos. Por equilibrio social no vamos a
permitir más ataques a nuestros profesionales docentes, familias u otros
actores de la comunidad educativa, que cada día tienen que enfrentarse a
acusaciones falsa de adoctrinamiento. La defensa de este modelo catalán
es compartida por una amplia mayoría de la sociedad catalana, más allá de
las opciones políticas de las familias y del conjunto de los
ciudadanos.

Pretender romper este consenso y generar un problema donde no
existe es una irresponsabilidad que sitúa a aquellos que lo defienden al
margen del sentido común. Por eso, repetimos y no nos cansaremos de decir
que la escuela catalana no se toca. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azamar.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Presidente jauna, arratsalde on.

Señorías, ustedes han perdido el norte. Bueno, el norte, el sur,
el este y el oeste. Presentando esta moción demuestran estar más perdidos
que un elefante en una cacharrería, y así es. En plena dinámica de
trabajo en las comisiones del pacto educativo tanto en el Congreso como
en el Senado, ustedes empiezan a cerrar las puertas a acuerdos
presentando iniciativas que destruyen puentes de consenso en la necesaria
y deseada reforma educativa. Lo normal sería debatir la función de la
inspección en la subcomisión del pacto y no en el Pleno, pero no, se
presentan aquí planteando un problema que no existe, quizá para tapar su
incompetencia. Pretenden usurpar las funciones de los inspectores de
oficio y dar más competencias a la Alta Inspección.

Señorías, a nuestro juicio quieren acabar con las competencias
educativas de las comunidades autónomas, recentralizar los servicios
educativos y también, una vez más, volver a hablar del monotema del
adoctrinamiento, inexistente, y de Cataluña, coincidiendo con la campaña
electoral. Esta moción y su defensa destilan menosprecio, burla,
grosería, desconsideración, descaro, atrevimiento, insolencia,
desvergüenza, cinismo y desfachatez. (Aplausos). Seamos claros: ustedes
siempre han atacado el modelo de éxito no solo educativo, sino social, de
la escuela catalana; no han tolerado ni la diversidad ni la inmersión
lingüística ni la educación en valores democráticos.

El modelo de escuela catalana es un modelo de éxito educativo, un
ejemplo de cohesión social. Seguramente la Ley de educación de Cataluña
es mejorable en muchos aspectos como, por ejemplo, en la concertación con
centros que segregan por sexo o de inspiración religiosa, pero hasta hoy
los cimientos del sistema no pueden ponerse en duda. Ustedes pretenden
saltarse los límites competenciales educativos de las comunidades
autónomas, y lo que es peor, pone de manifiesto el sentido soberbio con
el que ustedes gobiernan. No se puede gobernar con desconfianza, soberbia
y los instrumentos pensados para otros menesteres.

El lunes, en la Comisión del pacto educativo, hablábamos de
confianza, hablábamos de lealtad, hablábamos de voluntad; escuchábamos
también que el pacto debe ser social, político y territorial. ¿En qué
queda todo ello? ¿Qué pacto transformador desean ustedes cuando las
primeras iniciativas que presentan van en la línea de crear una policía
política dentro de la educación?

Señorías, la Alta Inspección no está pensada para supervisar las
escuelas. Esa es una función que corresponde a los inspectores de cada
comunidad autónoma. Las competencias de la Alta Inspección consisten,
fundamentalmente, en comprobar que los programas educativos y la
legislación de cada comunidad no choque con las leyes y con los
currículos estatales. La propia Unión Sindical de Inspectores de
Educación ve como un error que la Alta Inspección interfiera en las
tareas adjudicadas a la inspección territorial.

Señorías, cuánto desearía para ustedes, que son tan religiosos,
que se les apareciera la Virgen de Montserrat, la del Rocío o la Almudena
y les marcara el camino y les soplara al oído que el PIB en educación
debe ser el 6 %; que todas las personas, desde que nacen, tienen derecho
a una educación gratuita; que deben creer en que una de las funciones de
la educación es superar las desigualdades de nacimiento; que hay niños y
niñas con hambre de saber a quienes se debe ayudar a que las sacien.

Señorías, resumiendo: uno, esta moción se mueve en el terreno de
una dinámica recentralizadora del Estado, auspiciado por PP y Ciudadanos,
con el tema de Cataluña de por medio. Dos, la moción introduce una
sospecha en la Inspección educativa y crea una duplicidad, porque
pretende que el ámbito propio de esta, que son los centros educativos
ahora, dentro de una desconfianza, pase a ser también ámbito de actuación
de la Alta Inspección. Y tres, es una intromisión y una desautorización
de la Inspección Educativa en toda regla, al servicio de una determinada
concepción de España, la del PP.

Señorías, salvando las distancias: fuera la Inquisición.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la senadora Delgado.

La señora DELGADO OVAL: Buenas tardes, señor presidente.

Señorías, parece que vivimos un déjà vu porque hace unas semanas,
señorías del Grupo Popular, se debatían en el Congreso esta misma
iniciativa, también presentada por ustedes, y la proposición de ley de
Ciudadanos con el objetivo de externalizar la Alta Inspección educativa.
En este asunto caminan ustedes juntos pero lejos de la comunidad
educativa, y lo vuelven a hacer hoy aquí, en el Senado.

El artículo 27 de la Constitución, al que hacía referencia el
senador Galván, establece que los poderes públicos inspeccionarán y
homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las
leyes —claro está, el Estado a través de la Alta Inspección y las
comunidades autónomas a través de la Inspección educativa ordinaria, cada
una en el ámbito de sus competencias—. Porque quiero recordarles,
señorías del Grupo Popular, que estamos en un sistema de
descentralización educativa basado en la Constitución, en los estatutos
de autonomía y también, desde luego, en un sistema administrativo. Las
competencias de educación fueron transferidas a las comunidades
autónomas. No parece, por tanto, razonable que el Estado quiera invadir o
asumir competencias transferidas.

Hoy ustedes traen aquí una propuesta tremendamente irresponsable y
oportunista, que demuestra un gran desconocimiento de la realidad
educativa de nuestro país. ¿Por qué? Porque dicen ustedes que hay un
problema de adoctrinamiento en las aulas o centros educativos, pero
ustedes mismos reconocen que es en algunos centros, y así y todo están
generalizando, cuando ha habido casos puntuales, casos muy concretos
donde está claro que hay que actuar con la máxima contundencia. Pero es
que la comunidad educativa ha reaccionado, han reaccionado los docentes,
los equipos directivos y han dado muestras de integración y respeto. Y
existen mecanismos ordinarios para asegurar y garantizar que cada centro
educativo cumpla con la ley. Por tanto, no procede lo que ustedes
proponen, no procede reforzar y ampliar las competencias a la Alta
Inspección, porque ustedes, al plantear esta propuesta de una manera tan
desafortunada, están poniendo en tela de juicio de una forma muy
peligrosa al profesorado, generando un clima de sospecha sobre el buen
hacer de los centros educativos y los docentes de este país.

El Grupo Parlamentario Socialista les recuerda cómo los y las
docentes han mantenido a flote la escuela pública a pesar de los recortes
del Gobierno del Partido Popular. No sé de qué centros habla el Partido
Popular, no sé a qué centros se refería el senador Galván, pero desde
luego no a los centros de los que hablamos nosotros, donde tantas marías,
pedros, juanes, antonios por toda España han enseñado matemáticas, lengua
o inglés, se han ido de intercambio al extranjero con nuestros hijos, se
han preocupado por sus problemas y han intentado darles solución.

Es muy grave lo que ustedes están haciendo, están ustedes
simplemente en el oportunismo político, y lo más triste y grave es que lo
hacen utilizando a nuestros niños y niñas.

La realidad es que ustedes y Ciudadanos están en la competición
particular de restar competencias a las autonomías y recentralizar la
educación. ¡Basta ya, señorías, basta ya de utilizar la educación como
arma política!

En el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el objetivo
del sistema educativo debe ser la formación integral de nuestros niños y
niñas, pero para eso tiene que haber confianza en los docentes, en los
equipos directivos y en la inspección educativa ordinaria, y con esta
iniciativa cuestionan ustedes todo. Están en plena campaña electoral
catalana y esta iniciativa forma parte de una deleznable campaña
mediática por captar un puñado de votos tratando de aparecer como los más
intransigentes frente al independentismo catalán. Esta iniciativa también
es una bofetada al pacto educativo. Les recuerdo que en esta Cámara se
está trabajando en la ponencia de estudio para el Pacto educativo. Por
tanto, ¿no sería más razonable, si ustedes creen que hay que reformar la
Alta Inspección, que lo planteen en dicha ponencia?

En el Grupo Parlamentario Socialista aprovechamos para pedirles
que se impliquen en alcanzar un pacto educativo que no solo debe ser
político, deben estar la comunidad educativa y las comunidades autónomas.
Nosotros, sinceramente, estamos en ello y ustedes, con esta moción,
muestran lo contrario. Esta moción no aporta ninguna solución, solo es
oportunismo e ideología. Porque, señorías, para las situaciones que se
denuncian hay mecanismos perfectamente establecidos que no requieren más
que la correcta aplicación. La Alta Inspección no está pensada para ir a
los centros educativos —porque no tiene atribuciones ni
competencias—, esas funciones ya las desempeña la inspección
ordinaria de las comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Por tanto, con nuestro voto, señorías del
Partido Popular, no cuenten para poner en cuestión la labor del
profesorado de este país y restar competencias a las autonomías.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Delgado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Soler.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias, señor presidente.

Señorías, y empiezo por el final, a lo largo de mi vida política
siempre me he fijado, me he dado cuenta y he llegado a la conclusión de
que cuando un contrincante acusa de oportunista a otro es que
generalmente el acusado suele estar acertando en algo y molestando al que
es acusador porque no tiene argumentos suficientes para ello. Muchas de
las cosas que hemos propuesto creo que no tienen ningún sentido
oportunista, sino que vienen a reflejar una necesidad y una demanda en un
amplio espectro de la sociedad española.

No tenemos ninguna obsesión ni ganas de invadir las competencias
de las comunidades autónomas. Señorías, yo creo que el mapa autonómico
español ha dado un buen resultado en los últimos treinta y cinco años,
pero también pienso que hay una serie de cuestiones que no tienen una
buena solución en este momento, y es probable que una de ellas sea esta,
que la Alta Inspección no tiene bien desarrolladas sus atribuciones y que
puede colaborar a que la enseñanza, la educación, sea un escenario
todavía más justo.

¡Por supuesto que hay adoctrinamiento en algunos casos, por
supuesto que hay abusos! ¿O es que no hay abuso en el caso del hijo del
guardiacivil que el otro día en Cataluña fue acusado por un profesor
sobre lo que había hecho su padre? Ese señor es un abusador y ese señor
no puede estar cubierto y tener a su servicio una laguna legal que no les
permita a los padres llegar donde tengan que llegar para que eso no se
produzca en las aulas. Y eso ha sucedido no una ni dos ni tres veces,
bastantes veces, y no en todas. Por supuesto, no todo el mundo es malo,
en la comunidad educativa como en el resto de la sociedad hay buenos,
malos y regulares. Y nosotros lo que queremos es que la Alta Inspección,
en aquellos casos en que existan injusticias, tenga la posibilidad de
llegar a arreglarlas. Esa es nuestra intención y la intención de esta
moción, en la que en todo momento pedimos que se atengan a lo que es el
dibujo arquitectónico e institucional-constitucional. Por lo tanto, no
tengan ustedes miedo: ni nos vamos a meter con la comunidad educativa
—por supuesto que no, pero sí con las cuestiones malas que se
produzcan en su seno— ni nos vamos a cargar la Constitución; para
eso ya están otros.

Y, por favor, señorías, señor Mulet, senador Mulet, no me diga que
me refería a Cataluña, si me refería al Reino de Valencia, donde están
ahora mismo instruyéndose en muchísimos colegios libros que hablan de
Països Catalans, cosa que no ha existido nunca (Aplausos), cosa que no ha
existido nunca. Y no es un adoctrinamiento, es una inmersión en la
leyenda, en la leyenda interesada. ¿Y cómo cuentan la historia de Jaume I
el Conqueridor? Por favor, si hay miles de libros en los que se está
falsificando la historia. (Aplausos). Esto se está produciendo, esto es
real, son libros que están ahora en muchos colegios en el Reino de
Valencia, en muchísimos. (El señor Mulet García: No, no). Por lo tanto,
creemos que no se está solucionando debidamente con la arquitectura
institucional que tenemos en este momento; ayudamos a que eso se
solucione dándole unas nuevas funciones a lo que es la Alta Inspección
que está en la Constitución; repito, está en la Constitución la Alta
Inspección de la educación.

Por tanto, señorías, creo que nuestra moción merece su apoyo,
porque no es para atacar a la comunidad educativa, que en muchísimas
ocasiones, la inmensa mayoría, probablemente, actúa con toda corrección,
con absoluta corrección, sino para aquellos casos que se han producido
—y los hechos son ciertos, son contrastables y se pueden
enseñar—, en donde justamente la inspección de la comunidad
autónoma parece que no ha llegado bien, o no ha llegado a tiempo, o no lo
ha resuelto como los padres creen que lo debieran resolver.

Por lo tanto, señorías, creemos que nuestra moción merece el apoyo
de todos los grupos de esta Cámara, porque va en favor de la protección
de los niños, para que no sean manipulados, para que no sean perseguidos
por la profesión de sus padres, para que no sean adoctrinados y para que
no se les insuflen leyendas como la de los Països Catalans, que muchas
veces aparecen en los libros de la educación del Reino de Valencia, y
está muy mal porque eso no es así ni tampoco la historia que cuentan de
Jaime I el Conquistador.

Señorías, hagan el favor de tener en cuenta...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: ... que esto es en pro de la
comunidad educativa, en pro de los niños y en pro de los derechos de los
niños y de los padres.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Soler.

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: Se han presentado a esta moción siete
enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los
senadores Mulet y Navarrete; una del Grupo Parlamentario Nacionalista
Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria; una
del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y una del
Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Valverde.

El señor VALVERDE MENCHERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, todo el mundo sabe que la inestabilidad y la
incertidumbre menoscaban la capacidad económica de los territorios y, por
tanto, también los niveles de vida de los ciudadanos, dañando su
capacidad de crecimiento y la creación de empleo.

Todo responsable público que merezca así llamarse tiene la
obligación de reducir y de minimizar la inestabilidad como un intangible
de enorme valor para beneficiar así al conjunto de los ciudadanos y, por
extensión, al interés general.

La inestabilidad política y la inseguridad jurídica degradan la
imagen de un territorio, dentro y fuera, desalientan las inversiones y
ponen en serio riesgo su economía. Un Estado de derecho fuerte, que
ofrezca seguridad jurídica, es una de las mejores garantías para el
crecimiento; procurarlo es proporcionar a los ciudadanos la herramienta
para que con su mejor esfuerzo individual se pueda generar la confianza
suficiente para el beneficio de todos. Con la inestabilidad política de
un territorio, automáticamente se produce el efecto negativo en la
economía y en cómo percibe y recibe el mercado a ese territorio
inestable; esta debilidad perjudica a todos pero principalmente a los que
más han de esforzarse día a día para salir adelante: a los más
desfavorecidos.

Por ello es obligación de cualquier Gobierno proporcionar a la
ciudadanía un marco fiable, claro y estable, para que los agentes
económicos puedan llevar a cabo sus operaciones con un mínimo de
garantías. Es por el contrario una farsa y un fraude a los ciudadanos
hacer lo opuesto, provocar esa inestabilidad, argumentando razones de
identidad en nombre de quienes no la comparten, justificándolo además con
el falaz argumento de que esa identidad propia es compartida por toda la
población de un territorio que además configura una patria independiente
y que ha sido maltratada y anulada por otra identidad a la que no se
pertenece. Nada más alejado de la verdad.

Por tanto, no se pueden entender ni justificar desafíos al Estado
de derecho que ponen en riesgo la estabilidad política y económica y
hacer así pagar por ello a toda la sociedad pero principalmente, como
decía anteriormente, a los más débiles. No solo es una falacia, sino un
enorme fraude e irresponsabilidad política; irresponsabilidad histórica
que se analizará en el futuro como uno de los mayores atentados a la
concordia, al bienestar y al desarrollo de las generaciones presentes y
también futuras de catalanes y del conjunto de los españoles.

No podemos manipular y secuestrar la identidad cultural de cada
persona, en todo caso, la identidad cultural es una concepción personal,
que uno se va haciendo con el paso del tiempo y con las experiencias
vividas, con lo que suma a su vida y con lo que rechaza, como refería
recientemente el artista Eduardo Arroyo. Y es todavía más dañino intentar
hacer creer al conjunto de la ciudadanía, incluso con demostradas
acciones de adoctrinamiento, que esa identidad cultural es preeminente y
muy diferente a la del conjunto de los españoles. Contraponer estas
identidades ha sido una irresponsabilidad que ha acabado perjudicando a
todos. Todas las decisiones, incluyendo las económicas y financieras,
están muchas veces condicionadas por nuestra identidad, entendiendo por
ésta la forma en la que pensamos, por cómo debemos comportarnos, por cómo
deben hacerlo los demás y cómo ello nos conduce a tomar decisiones en un
sentido u otro. Las identidades de pertenencia nos pueden llevar a tomar
decisiones económicas en contra de supuestas identidades que creemos
confrontadas a las nuestras, decisiones en muchos casos irreflexivas o
tomadas con escasa información objetiva.

Y claro que hay responsables de todo esto que puedan inducir a una
sociedad a elegir tomar estas decisiones de confrontación, de presentar
esas identidades como contrapuestas. Ello puede conducir a la gente a
tomar decisiones de consumo, posiblemente irreflexivas, contra aquellos
productos y servicios cuyo origen es el de aquellas supuestas identidades
que ofenden a la identidad propia, a la de todos, sobre todo si se
repiten expresiones como «España nos roba» o, como ha dicho aquí el señor
Cleries, «Estamos cansados de pagar la fiesta», o como más recientemente
algunos dirigentes de la CUP, socios del ex gobierno de la Generalitat,
pidiendo el boicot para productos españoles.

La irresponsabilidad de quienes han gobernado Cataluña hasta la
puesta en marcha de la aplicación del artículo 155 ha conseguido con su
desafío crear tal inestabilidad, incertidumbre e inseguridad que han
provocado una fractura social sin precedentes, con graves perjuicios al
bienestar y desarrollo de catalanes y del conjunto de españoles. (El
señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). Y no lo dice el
PP, lo dicen la patronal Fomento del Trabajo de Cataluña, el presidente
de la Cámara de Comercio de España, el catalán José Luis Bonet, el
presidente de los empresarios catalanes o catalanes por mayoría
abrumadora en recientes encuestas que hemos conocido en un medio de
comunicación como La Vanguardia. El temor a una DUI; el anuncio por parte
del ex vicepresidente de la Generalitat de que la Agencia Tributaria
catalana aspiraba a recaudar todos los impuestos; el anuncio de una
dirigente de la CUP, socios del ex gobierno de Cataluña, de que querían
provocar un corralito; el desafío independista fuera de la ley. En
definitiva, el pulso a nuestro Estado de derecho, a nuestro ordenamiento
jurídico, a nuestro marco de estabilidad no ha hecho más que dañar el
interés general de la inmensa mayoría y particularmente de los catalanes,
y dentro de éstos, repito de nuevo, a los más débiles y desfavorecidos,
en un acto de irresponsabilidad tan mayúsculo que será recordado siempre,
y más si cabe cuando asistimos atónitos a ser sabedores del conocimiento
previo que los que diseñaron esta hoja de ruta de este disparatado
proceso tenían de las consecuencias que se podían producir, incluso de
información todavía más delicada: pérdida de la Agencia Europea del
Medicamento; 3000 empresas huidas; fuerte impacto con desplome de datos
en la industria y los servicios; más paro, menos empleo, menos autónomos;
fuerte caída de las ventas del comercio comparadas con el resto de
España; importantes caídas del turismo con bajadas de ingresos
multimillonarias; impacto sobre la venta de viviendas con importante
caída de la demanda; frenazo a las inversiones del exterior; disminución
del capital extranjero invertido, etcétera. Estas son solo algunas de las
nefastas consecuencias, las más llamativas, de la tremenda
irresponsabilidad de los ex gobernantes de la Generalitat, que,
afortunadamente, ha sido amortiguada y frenada en sus consecuencias con
la aplicación del artículo 155 y la posibilidad, gracias a la decisión
del Gobierno de Mariano Rajoy de convocar elecciones —estas sí
legales y de verdad, y con todas las garantías—, de que los
catalanes expresen con libertad y seguridad jurídica lo que quieran,
siempre respetando el marco de nuestro ordenamiento constitucional. Todo
lo que conforma nuestro Estado de derecho, también este Parlamento en
representación de una amplísima mayoría de españoles y, por supuesto, el
Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, han hecho lo que debían,
lo que les correspondía, según sus responsabilidades adquiridas:
garantizar la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la
certidumbre en Cataluña y España que necesitan, para beneficiar al
conjunto de los españoles y los catalanes.

Señorías, no sé si este sentido de la responsabilidad y del
Gobierno y del partido que lo sustenta por haber estado, como siempre sin
vaivenes, en el mismo sitio, en el de la ley, y en defensa del interés
general, será tenido en cuenta en las próximas elecciones del 21 de
diciembre o por el conjunto de los españoles en próximas convocatorias
electorales, pero lo que sí sé es que los representantes de mi partido y,
particularmente, mis compañeros y compañeras en esta Cámara, estamos
orgullosos de haber asumido esa responsabilidad histórica a la que nunca
debiéramos haber tenido que llegar, así como de la manera en que se está
actuando y gestionando ante esta situación por parte del Gobierno de
España. Tampoco tengo dudas de que si no es ahora, algún día será
mayoritaria y ampliamente reconocida la labor del Gobierno de España que
hizo en este tiempo crucial de nuestra historia reciente.

Señorías, continuando con este sentido de la responsabilidad que a
todos nos concierne, solicitamos el apoyo de la Cámara a esta moción y,
por tanto, a todos los grupos. Su contenido, en resumen, es el apoyo a
todos los empresarios y trabajadores catalanes que están pasando por
estas difíciles circunstancias; la apuesta por que el Gobierno resultante
de las elecciones del 21 de diciembre genere la seguridad jurídica dentro
del marco estatutario y constitucional que permita que aquellas empresas
huidas puedan ver las condiciones oportunas para regresar; una llamada a
todos para rechazar cualquier idea de boicot a productos catalanes;
instar al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que todas las
comunidades autónomas, y en especial el Gobierno surgido de esas
elecciones en Cataluña, participen en el proceso de negociación de una
nueva financiación autonómica, abandonando este nuevo Gobierno cualquier
incertidumbre en torno a la idea de una agencia tributaria propia que
usurpe competencias a la estatal; invitar al nuevo Gobierno de Cataluña a
recuperar la relación con los agentes sociales y sindicatos y patronal,
siempre dentro de la ley como marco de actuación.

Señorías, nosotros queremos y esperamos este sentido de la
responsabilidad de la inmensa mayoría de esta Cámara.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Valverde.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Mulet. (Rumores).

Señor Guardingo, ¿qué ocurre?

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: ¿No hay una transaccional?

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Yo no tengo ninguna
transaccional. Si hay transaccional se puede eliminar el debate de las
enmiendas, pero aquí no ha llegado nada.

El señor MULET GARCÍA: Faltan firmas.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Si va a llegar la
transaccional y quieren que eliminemos el debate de las enmiendas y
pasemos al turno de portavoces, yo estaré encantado.

¿Podemos llegar a ese acuerdo?

El señor MULET GARCÍA: Yo quiero defender mis enmiendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, en principio el
señor Mulet las quiere defender. El que no quiera defenderlas que no las
defienda.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Nosotros obviamente no estamos en contra de
la moción, no estamos en contra de la transaccional. Hemos facilitado
nuestro no boicot a la firma de esta transaccional para que se pueda
llegar a un acuerdo por simple cortesía parlamentaria. Nos gustaría que
el Partido Popular también tuviera ese tipo de cortesía parlamentaria
cuando le pedimos su voto para nuestras transaccionales que nos niega
sistemáticamente, cuando le pedimos declaraciones institucionales
asépticas, que tampoco no las firma nunca, o después, cuando vamos a
presentar una toma en consideración de una proposición de ley; nos
gustaría que tuvieran esa misma cortesía parlamentaria. Que cada uno vote
lo que quiera, pero al menos que nos dejen tramitar las iniciativas. Por
eso nos gustaría que intercediera la señora Serrano para conseguir que su
partido aceptara la toma en consideración de nuestra proposición de ley
por la misma cortesía parlamentaria que hoy hemos mostrado.

Com es nota que estem en campanya electoral, és la segona vegada
que parlem ací del no-boicot als productes catalans i cada cop que parlem
del no-boicot a productes catalans estem fent boicot als productes
catalans perquè estem posant el focus en la gent per a recordar-los que
els catalans són molt dolents i que fa falta o fer boicot o fer el mínim
possible.

El principal atac que s’ha fet a les empreses catalanes ha
sigut el Decret llei del Partit Popular, el qual va posar una catifa roja
perquè pogueren escapar-se totes les empreses des de Catalunya. I això ha
sigut contínuament notícia en els telediaris. Mentre s’ha parlat de
Catalunya, abans tenien Veneçuela, sempre era molt recurrent poder parlar
de Veneçuela, ara es parla de Catalunya. I mentre es parla de Catalunya,
són 24 hores de notícies de Catalunya, i titulars com «La imagen de
Cataluña se hunde por la huida de las empresas» ajuden a no parlar
d’altres titulars en la premsa. Portem dos mesos en els quals
únicament es parla de Catalunya i mentre es parla de Catalunya, per
exemple, s’han ocultat altres titulars de premsa com que «La
Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato»;
mentre es parla de Catalunya i si fem boicot o no fem boicot als
productes catalans no ha sigut notícia que «La Fiscalía Anticorrupción
afirma que queda plena y abrumadoramente acreditada la caja B del Partido
Popular»; mentre parlem de Catalunya no ha sigut titular que «Arranca el
juicio contra Chaves y Griñán»; mentre es parla de Catalunya no ha sigut
notícia que «Anticorrupción pedirá la imputación de Gallardón por
prevaricación y falsedad documental»; mentre es parla de Catalunya no ha
sigut notícia que «A juicio 12 miembros del colectivo hip-hop La
insurgencia por algunas de sus letras»; mentre es parla de Catalunya no
ha sigut notícia que «La fiscal ve abrumadoramente acreditada la
existencia de una caja B en el PP»; mentre es parla de Catalunya no es
parla que «El Senado aprueba el CETA con la abstención del PSOE»; mentre
es parla de Catalunya no es parla que «Finaliza el plazo de acogida de
refugiados y Europa no cumple»; tampoc es parla que «Estrasburgo condena
a España por dos devoluciones en caliente en Melilla»; que «La Fiscalía
rebaja a 3 años de cárcel la petición para Jaume Matas por el caso Palma
Arena»; mentre parlem de Catalunya i de les empreses i del boicot no
parlem que «La Fiscalía concluye que Correa creó un sistema duradero de
sobornos para el Partido Popular»; mentre es parla de Catalunya no parlem
d’«Incautado el botín de Ignacio González»; que «La Fiscalía acusa
a un senador del PP de amañar contratos por más de 800 000 euros desde
una alcaldia»; mentre parlem de Catalunya no parlem que «Sube el precio
de la luz hasta convertirse en el octubre más caro de los últimos seis
años»; mentre parlem de Catalunya no parlem que «El precio de la
electricidad alcanza en la tarde de este lunes su nivel más alto del
año»; mentre parlem de Catalunya no es diu que «El PP alega prescripción
para ser absuelto por lucrarse por la Gürtel»; mentre hi ha titulars de
Catalunya no ixen els titulars que «El Gobierno admite ante Bruselas que
sólo hay hucha de las pensiones para un año más»; tampoc no és notícia
que «Entre dos y tres puntos de PIB serán el nuevo recorte del Gobierno
en gasto social para 2018».

Mentre parlem de Catalunya no es parla que «El Banco de España da
por perdidos 42 590 millones de dinero público, de los que aportó para el
rescate bancario»; mentre es parla de Catalunya, no va ser titular la
multitudinària manifestació que es va fer en València per una millora del
finançament; que «Anticorrupción pide la condena del Partido Popular por
lucrarse con la Gürtel»; que «El Estado perderá más de 14 000 millones
con la venta de Bankia y BMN»; tampoc ha sigut notícia que «Aprobada la
Renta de Inclusión Valenciana, que establece hasta 495 euros por
titular»; no ha sigut notícia tampoc que Francisco Camps ha estat imputat
pel cas de la Fórmula 1; mentre s’ha parlat de Catalunya no ha
sigut notícia que «El Supremo abre una causa contra una senadora del PP
por contratar con la Púnica»; mentre parlem de Catalunya no es parla que
«El desempleo aumenta en octubre hasta rozar los 3,4 millones de
parados».

I ja no em queda més temps per a dir-los però això el tema de
Catalunya imagine que continuarà sent ací notícia durant molt de temps,
vénen eleccions, després d’eleccions continuarem parlant de
Catalunya, «que se rompe España», i mentre la televisió pública
—eixa que vostès tan alegrement manipulen— i la premsa del
règim no donarà titulars com els que realment importen als ciutadans. Per
tant, continuem parlant de Catalunya, que segurament serà molt
fructífer.

Gràcies.

¡Cómo se nota que estamos en campaña electoral, es la segunda vez
que hablamos aquí del no boicot a los productos catalanes! Cada vez que
hablamos de esto estamos haciendo boicot a los productos catalanes,
porque estamos poniendo el foco para la gente, y recordándoles, en que
los catalanes son muy malos y que hace falta hacer boicot o el mínimo
posible.

El principal ataque que se ha hecho a las empresas catalanas ha
sido el decreto ley del Partido Popular que puso una alfombra roja para
que pudieran irse todas las empresas de Cataluña. Eso ha sido
continuamente noticia en los telediarios. Antes tenían Venezuela; siempre
era muy rentable hablar de Venezuela; ahora se habla de Cataluña.
Mientras se habla de Cataluña —son 24 horas de noticias de
Cataluña, con titulares como que la imagen de Cataluña se hunde por la
huida de las empresas—, no se habla de otros titulares que hay en
la prensa. Llevamos dos meses en los que únicamente se habla de Cataluña.
Mientras se habla de Cataluña, por ejemplo, se han ocultado otros
titulares de prensa como que la Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir
la causa por el blanqueo contra Rato. Mientras se habla de Cataluña y de
si hacemos boicot o no a los productos catalanes, no ha sido noticia que
la Fiscalía Anticorrupción ha afirmado que queda plena y abrumadoramente
acreditada la caja B del Partido Popular. Mientras hablamos de Cataluña,
no se ha dicho que ha arrancado el juicio contra Chaves y Griñán.
Mientras se habla de Cataluña, no es noticia que Anticorrupción ha pedido
la imputación de Gallardón por prevaricación y falsedad documental.
Mientras se habla de Cataluña, no se ha hablado de la imputación de 12
miembros del colectivo de hip-hop La insurgencia por algunas de sus
letras. Mientras se habla de Cataluña, no se ha hablado de que la fiscal
ve abrumadoramente acreditada la existencia de una caja B en el PP.
Mientras se habla de Cataluña, no se ha hablado de que el Senado aprueba
el CETA con la abstención del PSOE; no se ha hablado de que finaliza el
plazo de acogida de refugiados y Europa no cumple. Tampoco se ha hablado
de que Estrasburgo condena a España por dos devoluciones en caliente en
Melilla; de que la Fiscalía rebaja a tres años de cárcel su petición para
Jaume Matas por el Palma Arena; de que la Fiscalía concluye que Correa
creó un sistema de sobornos a cargos del PP; no se ha hablado de que se
ha incautado el botín de Ignacio González; de que la Fiscalía acusa al
senador del PP de amañar contratos por más de 800 000 euros; de que sube
el precio de la luz, hasta convertirse en el octubre más caro de los
últimos seis años. Mientras hablamos de Cataluña, no se ha hablado de que
el precio de la electricidad alcanza la tarde de este lunes el nivel más
alto del año; no se ha hablado de que el PP alega prescripción para ser
absuelto por lucrarse por la Gürtel; de que el Gobierno admite ante
Bruselas que solo hay hucha de las pensiones para un año más. Tampoco se
ha hablado de que entre 2 y 3 puntos del PIB será el nuevo recorte del
Gobierno en gasto social para 2018.

Mientras hablamos de Cataluña, no se habla de que el Banco de
España da por perdidos 42 590 millones de euros de dinero público, de los
que aportó para el rescate bancario. Mientras se habla de Cataluña, no
fue titular la multitudinaria manifestación en Valencia por la mejora de
la financiación ni tampoco que Anticorrupción pidiera la condena del
Partido Popular por lucrarse con la Gürtel, o que el Estado perderá más
de 14 000 millones con la venta de Bankia y BMN. Tampoco ha sido noticia
la aprobación de la renta de inclusión valenciana, que establece
hasta 495 euros por titular. No ha sido noticia tampoco que Francisco
Camps ha sido imputado por el caso de la Fórmula 1. Mientras se habla de
Cataluña no ha sido noticia que el Tribunal Supremo ha abierto una causa
contra una senadora del PP por contratar la Púnica. Mientras hablamos de
Cataluña no se dice que el desempleo ha aumentado hasta llegar a 3,4
millones de parados.

Por lo tanto, me imagino que el tema de Cataluña continuará siendo
noticia mucho tiempo, durante las elecciones y también después de estas
porque se rompe España. Mientras, la televisión pública —esa que
ustedes manipulan alegremente— y la prensa del régimen no darán los
titulares que le importan a la gente. Por tanto, hablemos de Cataluña,
que será muy fructífero.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Voldria dir-los que el meu grup parlamentari ha presentat una
esmena, que entenc que queda viva, perquè nosaltres no hem signat cap
transaccional. Per tant, no es tracta de defensar-la si es vol, sinó que
tenim el dret de fer-ho.

Tampoc se’ns ha vingut a parlar de cap transaccional perquè
amb els independentistes no es dialoga, no s’hi parla, se’ns
obvia. Aquesta és una demostració més d’allò que està passant a
Catalunya pel menysteniment constant i una falta de diàleg aplicada als
governs, als parlaments, també als polítics. Si bé els governs es poden
exiliar o tancar a la presó, les idees no. Tot i així, semblaria que
estem en una campanya que s’han muntat vostès des d’aquí i la
vénen a fer aquí perquè segurament aquí els escoltarà més gent de la que
els escolta a Catalunya. En aquest moment vostès a Catalunya representen
un 8 %. Vostès —que no els ha votat ningú— estan al front de
la Generalitat de Catalunya. El seu partit, encara que tingui un 8 %,
està al front de la Generalitat de Catalunya. Han aplicat de forma
il·legal, al nostre entendre, aquest 155 i ara ja ho tenen. Ja veuen el
pa que s’hi dóna.

Per això pensem que vostès han portat aquí aquesta iniciativa per
ajudar les empreses de Catalunya i perquè no es faci més boicots i hi
hagi un bon finançament. Ara, vostès que estan a la Generalitat entenen
que no és fàcil fer la feina quan es pateixin tants incompliments i, a
més a més, un mal finançament —caducat de fa quatre anys—, a
més d’haver passat un període de crisi absoluta amb aquesta
deslleialtat. Per això vostès porten aquesta iniciativa. Com que
nosaltres pensem que vostès aquesta iniciativa la porten, tal com diu la
part dispositiva, perquè realment els importen les empreses catalanes i a
nosaltres també, pensem que, encara que vostès no vulguin parlar amb
nosaltres, ens podrem posar d’acord. Miri, encara que vostè no
vulgui parlar amb nosaltres, ens podrem posar d’acord quan es
tracti de coses que vagin bé a Catalunya. A més a més, li diré una cosa:
estem disposats a donar-li idees —perquè la seva moció no diu res,
no diu res— que vostès poden fer —i ja podien haver
fet— per ajudar els empresaris de Catalunya. Més enllà que tenim el
dret de fer-ho, sap més el ruc a casa seua que l’espavilat a casa
dels altres. Per tant, escoltar sempre va bé. Però ara vostès ho saben
perquè ho estan patint.

Ja veuen que bé que es fan les coses. Les coses s’han fet bé
fins ara i vostès també ho diuen aquí. Vostès reconeixen que hem estat
capdavanters, que les empreses han estat pioneres i que ho han fet tan bé
que eren un exemple per a tot Catalunya i, miri, tot plegat això, una
economia consolidada i tan bona com fins ara, que ha aguantat set anys
d’un procés, com diuen vostès, tan pervers, ara tot d’un
plegat es fa malbé. No s’han plantejat vostès que potser la seva
arribada a cops de porra hi té alguna cosa a veure? No s’han
arribat a plantejar vostès que potser l’aterrament del senyor
Montoro als comptes de la Generalitat de Catalunya hi té alguna cosa a
veure? No s’ho poden plantejar, que alguna cosa potser també han
fet vostès? Plantegin-s’ho i parlem-ne, nosaltres estem disposats
també a fer autocrítica, i tant que sí, sempre que sigui per millorar
Catalunya. I vostès què estan disposats a fer? Venir a presentar
iniciatives provocadores aquí? Venir a jalear i a aplaudir aquestes
iniciatives que porten aquí per anar fent mantres contra Catalunya i tot
el que s’ha bastit a Catalunya, que ha aportat tanta prosperitat,
que ha estat un motor econòmic per a tothom, per a Catalunya i també per
a la resta de territoris. Això és el que vostès volen fer per a les
empreses catalanes? Doncs no. Per aquí no anem bé.