El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el primer punto: dictamen de
la Proposición de Ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3
desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la
demarcación hidrográfica del Guadalquivir.

A esta proposición de ley se han presentado doce enmiendas, del
Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Para la defensa de las enmiendas, y por un tiempo de diez minutos,
tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Bon dia. Gracias, presidente.

Doy por defendidas las enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Pasamos al turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Huelva tiene la
palabra.

El señor HUELVA BETANZOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. El día de hoy supone el comienzo del fin de
un hito importantísimo en la provincia de Huelva. Empezamos a vislumbrar
la consecución de un viejo sueño y de una eterna necesidad de nuestra
provincia. La transferencia hídrica sobre la que hoy debatimos tiene una
razón de ser principal, que no es otra que la de ejercer la
sostenibilidad de los recursos en un espacio privilegiado del que todo el
mundo habla, del que muchos presumen, pero que pocos conocen. La
protección de los ecosistemas es, ha sido y tiene que seguir siendo
compatible con las personas que lo habitan, y esto es lo que ocurre en
Doñana. Nadie como los habitantes de Doñana —nadie como sus
habitantes— para asegurar la pervivencia ecológica del parque
nacional. Señorías, la ecología es compatible con el desarrollo económico
y con el desarrollo social, y, nosotros, los que hemos vivido en Doñana
desde siempre, y los que nos han precedido durante siglos, sabemos que de
la relación entre los humanos y Doñana es de donde ha nacido el
maravilloso parque nacional que hoy tenemos. Porque, señorías, no ha
venido nadie de fuera a preservarlo, a conservarlo, a protegerlo; lo
hemos hecho siempre nosotros, y no lo habremos hecho excesivamente mal,
porque hoy en día es el territorio de mayor valor ecológico de
Europa.

Esta quizá sea una de las leyes con mayor contenido medioambiental
que vayamos a aprobar en nuestras vidas políticas, y todo ello con la
consecución de dos objetivos que, desde mi punto de vista, tienen que
primar en todas las acciones que hagamos. Esta ley, además del componente
ambiental, tiene un claro componente social. Antes he comentado que
Doñana no sería nada sin sus habitantes. Pues bien, esta ley fija la
población de Doñana al territorio. Esta ley hace que la comarca de Doñana
no sea un territorio inhóspito. Esta ley cumple con la salvaguarda
principal de abastecer del líquido elemento a los municipios de la
comarca del Condado de Huelva. Por lo tanto, es una ley medioambiental y
social; pero también cumple, porque cubre el flanco económico. Esta ley
viene a aportar agua a una agricultura de primor, una agricultura pionera
en Europa que usa la más alta tecnología de ahorro de agua en la
preservación del medioambiente, pero una agricultura que aporta
estabilidad económica, social y de futuro a una provincia que empieza a
despegar y que reclama su sitio sin desplazar a nadie.

Señorías, entendemos que estas enmiendas vienen dadas por el
profundo desconocimiento del territorio, y lamento decirlo así. A Doñana
no se le ayuda solo con la teoría, los estudios y los libros, también se
le ayuda y se le tiene que ayudar con la legislación, como estamos
haciendo en estos momentos, y bajando al terreno y conociéndolo.

Señor presidente, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Senador Guerra, ¿va a compartir el turno? (Denegaciones).

Muchas gracias.

Pasamos al turno de portavoces de los grupos parlamentarios, de
menor a mayor, por tiempo de cinco minutos.

Por el Grupo Mixto, ¿senador Navarrete? (Denegaciones).

Muchas gracias.

Por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra la senadora
Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Intervengo únicamente para manifestar nuestra abstención en este
proyecto.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Vasco en el Senado, ¿senador Cazalis?
(Denegaciones).

Muchísimas gracias.

Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora
Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Solamente quiero decir que no vamos a
intervenir en este momento.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la
palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente.

Señorías, sin el agua, Doñana está condenada a muerte. Cultivos y
espacio protegido deben vivir en equilibrio, y actualmente esta relación
y este equilibrio están francamente en mal estado. Tanto la comunidad
autónoma como el Gobierno nos proponen un trasvase, y consideramos que es
la vieja solución decimonónica. Para resolver el déficit hídrico la
solución no es incrementar la oferta de recursos hídricos, porque a largo
plazo el trasvase provoca el efecto contrario. Es una política arcaica,
practicada tanto por el PP como por el PSOE, con un enfoque productivista
muy peligroso. El agua es un patrimonio ambiental y un derecho humano. El
trasvase, en el fondo, es una idea perversa: alienta a quienes piden agua
de forma ilimitada, como si fuese un recurso ilimitado. Primero se nos
planteó el trasvase de 4,99 hm3 de agua superficial desde Chanza a
Piedras, y ahora, un trasvase de 19,99 desde la cuenca de los ríos Tinto,
Odiel y Piedras al Guadalquivir. Pero, de aquí a uno, dos o tres años,
¿cuánta agua más se pedirá? Seamos justas y responsables con las
generaciones venideras y con la tierra.

Señorías, nosotras estamos del lado de los agricultores y las
agricultoras responsables, que miran por el futuro de su familia y de su
entorno. No es razonable proponer un trasvase cuando en la zona
hay 3000 hectáreas de cultivos ilegales en zona forestal y 1000 pozos
ilegales que están llevando a una situación alarmante al acuífero de
Doñana. El trasvase no solucionará los problemas de contaminación del
agua, de pérdidas en los abastecimientos y el cierre de pozos y balsas
ilegales. La realidad es que los promotores de esta ley no quieren
solucionar los problemas de Doñana y su comarca pues ello implicaría
adoptar medidas tan impopulares como necesarias; para empezar, la
declaración del acuífero Almonte-Marismas como sobreexplotado y aplicar
un plan de ordenación de extracción. Pero no parece que esa sea la
intención.

En 2017 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizó un
informe, que, por cierto, fue ocultado a la Unesco, que reconoce que
siete sectores del acuífero están en situación de prealerta y nueve
sectores, en alerta. Y advierte que los niveles de agua subterránea
siguen bajando de forma alarmante a pesar de las lluvias.

Nuestro voto no puede ser favorable porque no se han estudiado
alternativas al trasvase, porque existen dudas científicas más que
razonables sobre las consecuencias ambientales que el trasvase tendrá en
Doñana, y porque el trasvase carece de estudios, análisis serios y
rigurosos de costes, beneficios y viabilidad necesarios.

Ante estas circunstancias, en nuestro grupo no apoyamos este
trasvase ni esta ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Guerra.

El señor GUERRA GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en Huelva tenemos la percepción de que, si bien la
geografía nos sitúa en un extremo de nuestro territorio, las decisiones
políticas, o más bien la falta de ellas, nos han relegado injusta e
injustificadamente a un rincón.

Huelva es una tierra privilegiada por la naturaleza, tanto por la
diversidad ambiental y el excepcional valor de sus espacios protegidos
—un tercio de su superficie—, como por la cantidad y calidad
de sus recursos. Y uno de ellos es el agua, hasta el punto de ser la
única provincia de nuestro arco mediterráneo y suratlántico excedentaria
en recursos hídricos esenciales para el desarrollo de cualquier
territorio. Ello ha permitido, gracias a la capacidad de trabajo,
emprendimiento e innovación de su gente, experimentar en las últimas
décadas un extraordinario desarrollo agrícola, hasta posicionarse en un
referente de la agricultura europea de calidad y vanguardia. Justamente
la finalidad última de esta proposición de ley es la preservación del
patrimonio natural y el sustento económico y laboral de una comarca
única, como es aquella que alberga el mayor humedal de Europa y uno de
los emblemas ambientales: Doñana. Precisamente por ello, se trata de una
iniciativa que ha concitado un alto grado de consenso social —no
olvidemos que Doñana nos pertenece a todos— y un amplio respaldo
político, lo cual agradezco.

Pero, para ser justos, y antes de pasar la palabra a mi compañero
Amaro Huelva, que tiene sus raíces precisamente allí, y supongo que
también la portavoz del PP, la señora López, a la que doy la bienvenida
después de tanto tiempo al Senado y le agradezco que haya hecho un alto
en la campaña, lo que creo que demuestra la mala conciencia del Partido
Popular por la falta de atención a este tema, para ser justos, digo, me
gustaría recordar que esta proposición de ley tiene su origen en una
propuesta del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía, fruto del
compromiso de este grupo político con Huelva, su patrimonio natural y su
agricultura, ante la urgencia de la situación y la inacción del anterior
Gobierno del Partido Popular, que tuvo siete años y medio para impulsarla
en el Consejo de Ministros, pero, como en otros tantos temas esenciales
para nuestra provincia, y a pesar de contar con una ministra onubense, no
lo consideró prioritario.

También lamentamos que la Mesa del Congreso haya tardado más de un
año en admitir a trámite su toma en consideración. Pero, afortunadamente,
estamos ante una nueva etapa, también para los regadíos de Huelva, y en
muy pocos meses, no solo se ha tramitado esta proposición de ley, sino
que se han resuelto y entregado las concesiones por veinte años para la
Comunidad de Regantes El Fresno, coincidiendo con otro tipo de medidas
importantes también implementadas por la Junta de Andalucía.

Todo ello abre un horizonte de esperanza y confianza para que
Huelva, haciendo un uso responsable y sostenible de sus recursos, pueda
desarrollar plenamente sus potencialidades y ofrecer oportunidades de
progreso y bienestar para su ciudadanía en todas y cada una de sus
comarcas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Huelva.

El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, presidente.

Señorías, como decía en mi anterior intervención, hoy es uno de
los dos días importantes que vamos a tener en la provincia de Huelva en
este mes, y también lo es para mí por lo que ha dicho el senador Guerra:
porque soy senador electo por la provincia de Huelva y estoy teniendo el
placer de defender esta ley, que va a suponer el respiro definitivo del
Parque Nacional de Doñana. Después de aprobar esta ley la semana que
viene en el Pleno, Doñana va a poder recibir el aporte de agua extra que
necesita para afianzar sus humedales. Si no lo conocen ustedes, les
invito a que lo hagan, pero, como decía hace unos momentos, Doñana no es
nada sin sus habitantes. La comarca de Doñana, la comarca del Condado de
Huelva y el acuífero del que se nutre el parque nacional están
necesitados de agua, de la transferencia de los 19,99 hm3.

La provincia de Huelva es una provincia excedentaria de agua en
una cuenca, la del Odiel, Tinto y Piedras, y necesitada de agua en otra,
como la del Gualdalquivir. Durante muchos años hemos reivindicado este
aporte hídrico, y en 2008 la ministra Narbona hizo un aporte de 4,99 hm3,
con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente, aunque algunos intenten
apropiarse de esa transferencia. Con la ley que hoy traemos, que está
entrando en su recta final, se suman 19,99 hm3, en los que se incluyen
los 4,99 —por eso tiene una disposición derogatoria única—.
La ley viene a solucionar los problemas reales: a garantizar el
equilibrio hídrico de su acuífero y de sus ecosistemas asociados, pero
también el abastecimiento de los municipios y el desarrollo de su
agricultura. La provincia de Huelva lleva mucho tiempo esperando, y
pensamos que después de más de veinte años hemos demostrado que tenemos
suficiente paciencia.

Hoy debo dar las gracias al consejero de Medio Ambiente por poner
a todo su equipo a trabajar en esta ley en el Parlamento de Andalucía, y
al Parlamento de Andalucía, por aprobarla y mandarla aquí, al Congreso y
el Senado.

Como decía, para mí es un placer defender esta iniciativa de mi
territorio, de mi comarca, que va a hacer que las mujeres y los hombres
que allí vivimos, nosotros y nuestros antepasados, podamos seguir
diciendo que nos dedicamos a la agricultura con toda la dignidad y que
Doñana está ahí y está así porque nosotros la hemos cuidado y trabajado
para que sea la reserva de la biosfera que hoy es. Por tanto, señorías,
me gustaría que los que piensan que aquello es una catástrofe lo
visitaran y pudieran ver de primera mano que es todo lo contrario: una
bendición. Por cierto, no sé si vieron ustedes ayer que se ha encontrado
un yacimiento arqueológico en la marisma con asentamientos humanos de
hace más de 5000 años, así que, en tanto tiempo, y teniendo en cuenta
cómo está Doñana en materia de salud ecológica, algo bien habremos
hecho.

Decía la señora Quetglas que no se han estudiado alternativas al
trasvase. Señora senadora, Doñana es el territorio más estudiado del
mundo, el más estudiado, por tanto, no hay que poner en duda que se han
pedido alternativas de todo tipo.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora López.

La señora LÓPEZ GABARRO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días. Hoy venimos a continuar haciendo justicia con Huelva,
con los agricultores de Huelva y en especial con los agricultores de la
comarca del Condado. Se trata de garantizar el agua en superficie que
necesitan para continuar con sus cultivos. Pero hay que hacer memoria y
ver dónde estuvieron algunos y dónde están ahora.

El primer trasvase, al que ha hecho referencia la portavoz de
Podemos, fue de 4,9 hm3, efectivamente. Esa ley del trasvase la dejó el
señor Zapatero guardada en un cajón; se aprobó, y la dejó guardada en un
cajón. En 2011, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de España, la
ejecutó, y hoy los agricultores tienen esos 4,9 hm3 gracias a un Gobierno
del Partido Popular. Lo digo, porque el señor Guerra decía que yo tenía
mala conciencia, y creo, señoría, que a usted le acaba de entrar, además
de la mala conciencia, dolor de tripa. (Risas).

Segunda cuestión, y me refiero a la portavoz de Podemos. Los
agricultores son los primeros que conservan y protegen Doñana y que
quieren conservarla y protegerla, y es totalmente compatible la
protección del medioambiente y la protección de Doñana con la agricultura
onubense.

Ha dicho usted, señora portavoz, que fue el Partido Popular el que
llevó los 4,9 hm3. Así fue; es más, el Gobierno de Rajoy ha invertido en
obras hidráulicas en la provincia de Huelva 200 millones de euros, y eso
ha convertido al Partido Popular en el partido del agua en la provincia
de Huelva.

No voy a ir nunca en contra de los agricultores ni lo va a hacer
mi partido, por mucho que a algunos les duela. Hay razones de peso muy
claras. La primera ya se la he expuesto, los agricultores son los
primeros que defienden y protegen Doñana, y la segunda, es que estamos
hablando de pan de muchas familias. Fíjese usted, los frutos rojos en el
Condado de Huelva suponen el 80 % del PIB de esta comarca. Ahora bien,
hoy vamos a continuar con esta ley, que llegará al Senado, como ha dicho
el portavoz del PSOE, vuelvo a decir a los agricultores que tengan calma
y seguridad, como les he dicho siempre, que el Partido Popular tiene la
mayoría en el Senado y, por tanto, esta ley va a salir hacia adelante.
Pero después queda un paso muy importante. Esto ya le hemos vivido con el
primer trasvase. El PSOE aprobó la ley y la guardó en el cajón. Para que
llegue el agua, hay que hacer obras y estoy esperando a que el PSOE tenga
altura de miras en los Presupuestos Generales del Estado, porque si la
ley acaba otra vez, como hicieron en la primera fase, en un cajón, no
conseguiremos hacer justicia con los agricultores. Así que le espero en
los Presupuestos Generales del Estado.

Pero hay una segunda cuestión. Aquí, en esta ley se ha llegado a
un consenso entre PSOE y PP, y en el Congreso también con Ciudadanos. Yo
espero que ese mismo consenso lo tenga el Plan de la Corona Norte a nivel
andaluz. Señor Guerra, insisto, mala conciencia y vamos otra vez con el
dolor de tripas. Ustedes están quitando el pan a miles de agricultores
que llevan años cultivando sus tierras. Han decidido que ellos no tienen
derecho a agua y este partido defiende y va a defender que hay que
modificar el Plan de la Corona Norte. Yo pido encarecidamente al Partido
Socialista que, igual que aquí hemos llegado a un consenso y a un
acuerdo, que es lo que quieren todos los agricultores, insisto —y
espero verlo reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, porque
el PP sí cumplió e hizo el primer trasvase—, hagan ustedes lo mismo
con el Plan de la Corona Norte, no criminalicen a los agricultores.

Termino. Recuerdo a los dos portavoces del PSOE, compañeros de mi
provincia que están aquí, que fue precisamente el señor consejero al que
ustedes han alabado hoy el que llamó supuestos delincuentes a los
agricultores. Una de cal y otra de arena, no; se está, o no se está. Y
quien ha estado desde el principio, quien hizo el primer trasvase, quien
saca hacia adelante esta ley y quien va a modificar el Plan de la Corona
Norte se llama Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Procede ahora la votación de las enmiendas. Esta Presidencia
entiende, si están de acuerdo todos los portavoces, que podríamos
proceder a la votación en bloque de las doce enmiendas, ya que no se ha
pedido votación separada para ninguna de ellas. ¿Están de acuerdo?
(Asentimiento).

En ese caso, procedemos a la votación de las enmiendas números 1
a 12 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 20; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Procedemos ahora a la votación en su conjunto del texto remitido
por el Congreso de los Diputados.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 20; en contra, 2; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Por lo tanto, ha sido dictaminada por la Comisión de Transición
Ecológica la Proposición de Ley sobre la transferencia de recursos
de 19,99 hm3 desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y
Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.

Por último, procede la designación del miembro de la comisión que
llevará a cabo la presentación de este dictamen ante el Pleno del Senado.
¿Alguna propuesta? (Varios señores y señoras senadores: El presidente.).
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Asentimiento).

Muchísimas gracias por la confianza.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del
día.

Dictamen del Proyecto de Ley por la que se modifica la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; la Ley 21/2015,
de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que regula el
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.

A este proyecto de ley se han presentado sesenta y cinco
enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas números 1
a 23, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana —debo hacer
constar que en este ámbito se retiró la enmienda número 11—;
enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas
números 25 a 34, de los senadores Cleries i Gonzàlez y la senadora Rivero
Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria y las enmiendas
números 35 a 65, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.

Procederemos al debate de las enmiendas. En primer lugar, se
debatirán las enmiendas individuales por orden de presentación y, a
continuación, las de los grupos parlamentarios, de menor a mayor y por un
tiempo de diez minutos.

Procede ahora, por tanto, la defensa de las enmiendas números 25
a 34, de los senadores Cleries i Gonzàlez y la señora Rivero Segalàs, del
Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria.

Senadora Rivero, tiene la palabra.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Doy por defendidas las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Procede ahora la defensa de la enmienda número 24, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.

Senador Cazalis, tiene la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

Rápidamente. Presentamos la enmienda número 24, que propone
modificaciones técnicas para mejorar lo que se aprobó en el Congreso de
los Diputados en relación con el artículo 43, para que se pueda aplicar
la norma también a las DIA, a las declaraciones de impacto ambiental
anteriores a la Ley de 2013, pues según el artículo 43 solamente se
pueden aplicar a esa ley. Nuestra intención en el Congreso fue que
quedara recogido en una disposición adicional, pero creemos que así se
mejora la redacción y se evitan posibles problemas posteriores de
agravios entre unos días y otros porque se hayan presentado en distintos
momentos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Procede la defensa de las enmiendas números 1 a 23, excluida la
número 11, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Señoría, tiene la palabra.

La señora CORTÈS GÈS: Gracias, señor presidente.

Hemos presentado veintidós enmiendas, que damos por
defendidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por último, procede las defensa de las enmiendas números 35 a 65,
del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Senadora Quetglas, tiene la palabra.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente.

Nuestro grupo parlamentario ha formulado treinta y una enmiendas
con el firme y decidido objetivo de pulir y mejorar tanto la regulación
como la tramitación de los procedimientos de la evaluación ambiental.
Vamos a darlas por defendidas con carácter general, para no reiterar ni
repetir aquí lo que ya tienen sus señorías a su disposición en la
documentación de la comisión, pero sí señalaré que podemos agruparlas en
tres grupos.

El primero es un conjunto de enmiendas de carácter técnico, de
mejora de la técnica normativa o para corregir disfunciones en el
procedimiento de evaluación ambiental o erratas y omisiones del texto que
no reflejan en realidad una opción de política legislativa alguna, sino
la mejora de la calidad de la legislación ambiental. El segundo grupo lo
constituye un conjunto de enmiendas que suponen una modificación que
mejora las garantías de participación pública en el procedimiento, pero
que tampoco son una revolución que altere los esquemas de la Ley de
evaluación ambiental. Y el último paquete de enmiendas aporta sensibles
mejoras al articulado de las leyes que nos incumben y permite una mejor
consecución del objetivo de lograr un elevado nivel de protección del
medioambiente que inspiran la norma comunitaria y la legislación interna
de transposición.

Lamentaríamos profundamente que se rechazase de plano que esta
Cámara pudiera ejercer su papel estatutario y constitucional de Cámara de
segunda lectura, que permite corregir y mejorar el texto que remite el
Congreso, y que se hiciera invocando la urgencia de su tramitación porque
se ha sobrepasado con creces el plazo de transposición y corremos el
riesgo de sanción comunitaria. Porque ello no les impidió bloquear su
tramitación durante largo tiempo en la Mesa del Congreso. No se ha
iniciado ningún procedimiento de infracción del derecho comunitario ni la
Comisión Europea ha hecho público ningún apercibimiento al respecto. Como
mucho, la aceptación de enmiendas en esta Cámara retrasaría la aprobación
de esta ley al siguiente Pleno en el Congreso, es decir, a lo sumo dos o
tres semanas, que es poco o nada si la Directiva 2014/52 se tenía que
haber transpuesto el 16 de mayo del 2017. Si llevamos año y medio de
retraso, qué más dan tres semanas cuando podemos hacer las cosas
bien.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones). No hay turno en contra.

Por tanto, corresponde ahora la intervención de los portavoces de
los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de cinco
minutos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿desea intervenir, senador
Navarrete? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿desea intervenir, senadora
Rivero? (Denegaciones). Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, ¿desea intervenir,
senador Cazalis? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿desea
intervenir, senadora Cortès? (Denegaciones). Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias nuevamente, presidente.

Estamos hablando de la evaluación del impacto ambiental. Es una de
las técnicas de protección ambiental más consolidada y depurada, desde su
primera formulación en Estados Unidos en 1969 o en su formulación en la
Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo en 1992, como uno de
los principios básicos del derecho ambiental, el principio de
prevención.

El principio de prevención que inspira esta técnica traslada al
ámbito ambiental el principio conocido de más vale prevenir que curar.
Como profesional de la salud, no puedo más que aplaudir, por tanto, la
técnica de la evaluación ambiental.

Se nos dice que este proyecto de ley obedece a la necesidad de
transponer la Directiva 2014/52, y, para variar —ya lo hemos
comentado—, estamos fuera de plazo. En realidad, ni la directiva ni
el proyecto de ley introducen modificaciones significativas en la
regulación del instrumento. Además, el proyecto de ley permite que se
puedan evaluar proyectos ejecutados y declarados ilegales por la
justicia. Pocas ideas pueden ser más irreconciliables con la naturaleza
intrínsecamente preventiva de la evaluación del impacto ambiental. En
todo caso, ¿qué incidencia en el proceso de toma de decisiones va a tener
la variable ambiental? ¿Qué credibilidad o utilidad van a tener los
trámites de información pública?

En cuanto a la Ley de comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, se pretende reducir la cuantía de las acciones
impuestas. Señorías, no pretendan que les apoyemos en este proyecto de
ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senadora Quetglas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Lima.

La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.

Señorías, con la aprobación del texto que hoy debatimos, lo que
estamos haciendo, primordialmente, es cumplir con la obligación de la
transposición de la Directiva europea del año 2014 a nuestro ordenamiento
jurídico. Esta entró en vigor, tal como ha dicho la portavoz de Podemos,
en mayo de 2014 y su plazo de transposición para los Estados miembros
finalizaba el pasado 16 de mayo del 2017, por lo que ha pasado casi un
año y medio sin que se lleve a cabo. Además, se incorporan una serie de
modificaciones puntuales encargadas de dotar de seguridad jurídica a
todos los intervinientes en el proceso.

Es un texto que ha sido enriquecido durante su debate teniendo en
cuenta algunas de las enmiendas presentadas por el resto de grupos, que
han sido transaccionadas en su mayoría, como es el caso de proyectos con
estudios de impacto ambiental favorables que puedan estar incursos en
procedimientos judiciales; o la mejora de la información a toda la
ciudadanía, la rectificación en el texto para darle una mayor claridad o
la incidencia de la importancia no solo de nuestro medio, sino también
del paisaje y entorno del que disfrutamos y forma parte de nuestro propio
patrimonio.

Además, y como consta en la exposición de motivos de esta
modificación, esta se ejecuta de acuerdo con los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia, con dos objetivos claros: primero, conseguir una regulación
más eficaz del proceso de evaluación de impacto ambiental y, segundo,
aumentar la coherencia y las sinergias con otras legislaciones y otras
políticas de la Unión Europea, así como con las políticas y estrategias
establecidas por los Estados miembros en ámbitos de su competencia
nacional.

Del contenido resaltamos el refuerzo de los estudios de impacto
ambiental como instrumentos preventivos ante la amenaza y desafíos que
han ido aconteciendo durante los últimos veinticinco años de vigencia de
la primera normativa. Presta más atención a ciertas áreas que entendemos
que son importantísimas, como son la eficiencia de los recursos, el
cambio climático y la prevención de riesgos, para que pasen a estar
reflejadas en el proceso de evaluación; integrar y coordinar los procesos
de evaluación ambiental; definir explícitamente el concepto de evaluación
de impacto ambiental y delimitarlo como proceso a través del cual se
analizan los efectos significativos que tienen o pueden tener los planes,
programas y proyectos con respecto a —es muy importante y lo
señalamos— la población, la salud humana y, en definitiva, todo
nuestro ecosistema. El proyecto sometido a estudio debe contemplar
también los supuestos de vulnerabilidad en cuanto a accidente grave o
catástrofe. Y, sobre todo, también queremos resaltar la preservación de
la Red Natura 2000.

Por tanto, con su aprobación prestamos más atención a más áreas
medioambientales esenciales para la preservación de nuestro medio y nos
retamos a cuidarlo como responsabilidad máxima ante las generaciones que
nos sucederán. Como país miembro de la Unión Europea, debemos cumplir los
acuerdos a los que llegamos y debemos, además, ser capaces de
coordinarnos con el resto de Estados en una materia tan fundamental como
es la preservación de nuestro medio. Pero, sobre todo, debemos dar pasos
importantes hacia la prevención para evitar tanta cura, apostando de una
vez por todas por un desarrollo sostenible en el que el desarrollo de las
necesidades presentes no comprometa la capacidad del desarrollo de las
necesidades futuras.

Finalmente, es prioritario aprobar definitivamente el texto ante
el procedimiento de infracción comunitario abierto contra España por la
no transposición de la directiva. Por tanto, una vez transaccionadas
algunas de las enmiendas presentadas, debatida y ante la urgencia de su
aprobación, lo único que entendemos que resta es apelar a la
responsabilidad para su aprobación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Álvarez.

El señor ÁLVAREZ CABRERO: Gracias, señor presidente.

El texto jurídico propuesto que ahora se somete a la consideración
de las Cámaras fue uno de tantos que quedó paralizado tras el triunfo de
la moción censura. Ha estado seis meses paralizado, a lo que tenemos que
sumar las paralizaciones por el bloqueo al Gobierno en la anterior
legislatura, corta, y al principio de la actual.

La ecuación del texto persigue subsanar innumerables conflictos
surgidos en los últimos años en las tramitaciones tanto simplificadas
como ordinarias. Por eso, muchos proyectos empresariales se abandonaron,
acabaron en demandas o fueros desviados a otros países. La reformada
norma impone que se tengan en cuenta, en la labor de evaluación, la
salvaguarda del patrimonio arqueológico y arquitectónico en el caso de
España. Se pretende la integración de los procesos de evaluación con
otros procedimientos nacionales y, en el caso de la evaluación
simplificada, que se realice en el plazo prorrogable de treinta días. Las
autoridades competentes deben probar su objetividad para evitar
conflictos de intereses. Los motivos para la autorización o denegación
deben ser fundamentados, claros y transparentes.

El promotor debe incluir en el estudio que elabore un análisis
catalogado de la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o
catástrofes y sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Solo
quedarán excluidas del proyecto aquellas partes que afecten a la defensa,
si bien —para que alguna enmienda se dé por aludida— no se
refiere exclusivamente a la defensa nacional. Se limita la posibilidad de
la exclusión por el Gobierno o de las comunidades autónomas, suprimiendo
la posibilidad de que, mediante ley específica, se excluyan de
determinados proyectos. Asimismo, las administraciones públicas deben
garantizar que el personal que realiza la evaluación tenga conocimientos
y formación suficiente para evaluar o examinar los proyectos ambientales.
El órgano sustantivo incluirá en la autorización las medidas previstas
para compensar los efectos directos en el medioambiente. Se clarifican
las sanciones; se hace un importante hincapié en la identificación de
todas las personas interesadas, interconexionando los diferentes
registros; se modifica la Ley de montes para adecuarla a una sentencia
del Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias relativo a
los caminos naturales; se modifica la regulación del comercio de derechos
de emisión, sobre todo en su régimen administrativo, y los planes de
seguimiento de los operadores aéreos.

Señorías, en la línea de la lealtad y responsabilidad el Grupo
Popular no ha introducido ninguna enmienda al objeto de no demorar más la
tramitación del texto jurídico y no perjudicar innumerables iniciativas y
proyectos que serán evaluados, y no es retórica. Aquí, a mi izquierda,
tengo convenientemente identificadas todas aquellas reformas que se
podían haber hecho vía enmiendas y no las hemos presentado. Pero
imaginemos otro escenario, un escenario con el PP en el Gobierno. ¿No
presentaría enmiendas el PSOE?, cosa que ahora no ha hecho. ¿Votaría a
favor del proyecto, como hará ahora el Grupo Popular, en esa hipotética
situación? Las respuestas las conocemos sobradamente; de hecho, en
tiempos nos llamaban el partido de la lealtad y la coherencia.

A otros partidos —cuyas intervenciones no he escuchado hoy,
pero sí las de sus compañeros en la tramitación en la Cámara Baja—
les digo que no se escondan tras el telón del escenario criticando esta
ley y creando una adecuada posición a sus intereses partidistas ante los
colectivos de crítica con la misma. Sencillamente, si no les gusta, voten
en consecuencia aquí, y en la Cámara Baja después usando esa mayoría. Si
la misma mayoría es válida para cambiar un gobierno, también lo será para
algo mucho más sencillo como es modificar, o no votar a favor, este
texto. Coherencia.

El Partido Popular será responsable hoy con los intereses y
objetivos nacionales, cosa que no vemos en la mayoría denominada por
algunos —que conste que no lo dije yo— Frente Popular, que ni
está ni se les espera. Nosotros votaremos a favor porque es bueno y
necesario para el desarrollo ordenado de la política nacional,
independientemente de nuestros intereses y cabreos por la situación
política actual de esperpento creada por ustedes.

Concluyo, la responsabilidad debe presidir en el futuro las
decisiones de los órganos ambientales. Hay que ponderar aspectos como la
actual pérdida de la diversidad humana en el territorio rural, donde se
pueden enclavar muchos de los futuros proyectos. Si algunos partidos, a
la vista de ciertas enmiendas, pretenden que se retuerza más la soga de
los impedimentos, se equivocan. Los proyectos y sus evaluaciones deben
ponderar la posible pérdida de la presencia humana en el territorio, con
la consiguiente responsabilidad de custodia del mismo. Utilizar estas
herramientas como cribas de paso más fino contra el desarrollo rural
puede ser, además de incoherente con sus consignas a los ciudadanos,
demoledor para la interacción humana con el territorio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Procedemos ahora a la votación de las enmiendas y lo hacemos por
el orden de debate.

Se ha presentado una solicitud para votaciones separadas por parte
del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y vamos a
proceder, en primer lugar, a la votación de las enmiendas presentadas por
el senador Cleries i Gonzàlez y la senadora Rivero Segalàs, del Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria, que se corresponden con los números 25
a 34. De estas, se ha solicitado votación separada en dos bloques, uno
comprendería las enmiendas 31 y 33 y el segundo bloque, las números 25
a 30, 32 y 34.

Procedemos, pues, a la votación de las enmiendas 25 a 30, 32
y 34.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 21; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Procedemos ahora a votar las enmiendas números 31 y 33.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, procedemos a la votación de la enmienda número 24,
presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana, números 1 a 23. Les recuerdo que la enmienda
número 11 fue retirada. Procedemos a su votación en tres bloques.

El primero está compuesto por las enmiendas números 1, 12, 16
y 19. Procedemos a su votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

El segundo bloque está compuesto por las enmiendas
números 2, 7, 13, 14, 18 y 20.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 21; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el tercer bloque, correspondiente a las enmiendas 3 a 6, 8
a 10, 15, 17 y 21 a 23.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 21; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos, por último, a una única votación de las enmiendas
números 35 a 65, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 21; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Procedería ahora, por tanto, la votación del texto remitido por el
Congreso de los Diputados de este proyecto de ley en su conjunto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 22; en contra, 2; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda dictaminado por la
Comisión de Transición Ecológica el Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.

Procede, por último, la designación del miembro de la comisión que
llevará a cabo la presentación de este dictamen ante el Pleno del
Senado.

¿Alguna propuesta? (Denegaciones).

Muchas gracias por la confianza.

El señor PRESIDENTE: Procedemos ahora al debate de las
mociones.

Les recuerdo a sus señorías dos cuestiones: primero, que votaremos
cuando concluya el debate de las cuatro mociones, y segundo, que ha sido
retirada la moción 661/000882 del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, empezamos el debate de la primera
moción, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta
al Gobierno a la realización de estudios y otras acciones en los
acantilados de Peñíscola.

Para la defensa de la moción, y por un tiempo de diez minutos,
tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy en nombre de Compromís, mi formación, tengo el honor
de traer una moción a la Comisión de Transición Ecológica sobre uno de
los lugares más emblemáticos de la comarca del Baix Maestrat, aunque yo
diría más, de toda la Comunidad Valenciana o de todo el territorio del
Estado español. Estoy hablando de Peñíscola, conocida en el territorio
como la ciudad en el mar o ciudad del mar, que ha encandilado...
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdone, senador.

Señorías, ¿podríamos mantener un poco el silencio para poder
escuchar perfectamente al representante del Grupo Mixto? Muchas
gracias.

Tiene la palabra senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Como decía, que ha encandilado durante muchos años a propios y
extraños cuando la han visitado. No en balde, está continuamente en los
rankings de las poblaciones de máximo encanto del territorio español
cuando se hacen encuestas sobre ello. La ciudad en el mar siempre está
representada en esas listas.

La imponente visión del castillo es lo primero que cualquier
visitante le viene a la cabeza cuando le pregunta sobre esa ciudad. Tiene
unas características que la diferencian de pueblos de costa, pero eso no
quita que, siendo un espléndido lugar cultural para visitar, también
tenga un destino típico de la costa española: el sol, la playa, la
gastronomía, la tranquilidad y el medioambiente, por ser una de las
entradas naturales al Parque natural de la Sierra de Irta, una de las
pocas franjas costeras del Mediterráneo español sin urbanizar.

La ciudad en el mar ha encandilado a todas las civilizaciones que
dominaron el mar Mediterráneo —íberos, griegos, fenicios, romanos,
cartagineses, árabes—, incluso órdenes militares como los
templarios o la Orden de Montesa estuvieron radicados allí.

Ha habido famosos rodajes de televisión, como la película El Cid o
la serie Juego de Tronos, y, por supuesto, también ha estado la sede
pontificia de Benedicto XIII, el papa Luna, como es conocido el castillo
de la ciudad de Peñíscola.

Tiene una ubicación única, con un casco antiguo espectacular, con
su iglesia, con su castillo, situada en una pequeña península rodeada por
una muralla, gran parte de ella apoyada en un espectacular acantilado.
Les invito a los que no han disfrutado de esa visita a Peñíscola que no
pierdan la oportunidad de hacerlo.

Hasta aquí la propaganda del turoperador.

Las singularidades que he expuesto, señorías, han sido reconocidas
desde hace mucho tiempo por múltiples organizaciones y el Gobierno del
Estado español, por ejemplo, en el Decreto de castillos protegidos de
España del año 1949, o la declaración de monumento histórico-artístico
nacional de la ciudad de Peñíscola en el Decreto 3143 de la año 1972, en
el que en su exposición de motivos decía: «La ciudad de Peñíscola, de
singular emplazamiento en elevado peñón donde se yergue su fortaleza,
posee una serie de monumentos de notable valor artístico y caserío de
peculiar arquitectura, extendido en pintoresca agrupación, plaza fuerte,
rodeada de gruesas murallas que ciñen el peñasco y aprisionan su caserío,
lugar estratégico, codiciada en todo tiempo, fue morada de antiguos
pueblos colonizadores del Mediterráneo.» Con los árabes adquirió gran
importancia que tiene ahora, y llegó a tener entre sus servidumbres las
alquerías de Vinaròs y Benicarló. Albergó también órdenes militares, como
he dicho antes, la del Temple o de Montesa, y ha sido el castillo
pontificio y sede papal del papa Benedicto XIII, el papa Luna. Este
castillo fue construido de una sola vez encima de unos muros primitivos
de procedencia árabe. Tiene una hermosa construcción de fábrica de
sillería, con bóvedas de cañón apuntado y emblemáticas terrazas, que son
verdaderas plazas de armas, que constituyen un conjunto impresionante por
su grandiosidad. Los sillares de las murallas están cimentados encima de
la roca, característica importante que venimos a valorar en esta moción.
También tiene garitas de planta circular con cúpulas, que ostentan
grandes escudos de armas, que son realmente primorosos por su labrado y
trabajo en piedra. Igualmente tiene la ermita de la Virgen de la
Ermitana, del siglo XVIII, o la parroquial del siglo XIV. Allí se
conservan grandes restos sobre el papado del papa Luna y, por lo tanto,
tiene tanto una belleza histórico-artística como una belleza de
estructura.

Todas estas estructuras están situadas dentro del monumento
histórico-artístico, como he dicho anteriormente, ceñidas dentro de la
muralla, y que han sido declaradas por el ministerio de entonces, el
Ministerio de Educación y Ciencia, como conjunto histórico-artístico y
también con la obligación por parte del Estado español de la protección
de dicho conjunto. Esto, por un lado, la protección histórica. Por otro,
la Ley de costas nos dice que tendrán clasificación de obras de interés
general y de competencia de la Administración general del Estado todas
aquellas que se consideren necesarias para la protección, defensa y
conservación y uso del dominio público marítimo terrestre, cualquiera que
sea su naturaleza de los bienes que lo integren.

Pues bien, finalmente, para explicar el porqué de esta moción, el
pasado mes de agosto aparecieron tanto en redes sociales como en prensa
fotografías como esta, en la que se puede observar un gran
desprendimiento de grandes losas que forman parte del conocido como Pas
de la Girafa, que está situado debajo de las famosas escalinatas del
acceso al castillo del papa Luna desde el mar y que forman parte del
acantilado sobre el que se apoya la muralla exterior.

Por todo ello, lo que pide Compromís en esta moción es realizar de
forma urgente un estudio científico sobre el estado del citado acantilado
y sobre las acciones necesarias para la preservación de ese acantilado
que sostiene el casco urbano, casco antiguo, de Peñíscola; realizar
también de manera urgente las acciones necesarias que mande ese estudio
anterior para reparar los daños y preservar la estabilidad del acantilado
en cuestión y, por ende, la estabilidad del casco antiguo de
Peñíscola.

Soy consciente de que algunos senadores, en el turno de
portavoces, quizá me dirán, según las informaciones recibidas del
Ministerio de Transición Ecológica a través de su Dirección General de
Costas —porque así me lo han comunicado hace diez días a través de
una solicitud de informe—, por un lado, cosa que ya sabíamos todos,
que la responsabilidad del mantenimiento de esa parte del acantilado es
del Ministerio de Transición Ecológica y del departamento de Costas
—no podía ser de otra manera—. Pero somos conscientes de que,
si el acantilado sucumbe y cae, lo que hay encima es el monumento
histórico-artístico. Por lo tanto, creo que tendrían que coordinarse las
dos secciones de la Administración general del Estado para actuar de
forma conjunta y llegar a una entente cordial sobre qué hay que hacer con
ese acantilado, si hay que hacer alguna cosa, pero, ante las
informaciones fotográficas que hemos recibido, yo creo que es, como
mínimo, necesario mirárselo. Por otro lado, en ese mismo informe que me
transmitió la Dirección General de Costas se nos decía que, tras unas
consultas con el Ayuntamiento de Peñíscola, tanto con el alcalde como con
sus técnicos municipales, también con los técnicos del puerto de
Peñíscola, y después de algunas inspecciones oculares, no se apreciaba
desprendimiento reciente en la zona, lo cual nos sorprende. Tengan razón
el informe del Ministerio de Transición o las informaciones
periodísticas, las cuales simplemente por afinidad —porque yo soy
una persona a la que le gusta ir a navegar y por lo tanto he pasado
muchas veces por esa zona— tengo tendencia más a creer, porque
visualmente da esa sensación, da igual si creemos a unos o a otros, la
moción no pierde fuerza. Necesitamos ver si ese acantilado tiene riesgo,
necesitamos saber si ese acantilado puede provocar un desprendimiento que
ocasione un desmoronamiento de la muralla y del casco antiguo de
Peñíscola. Por tanto, creemos que tengan unos razón u otros, la moción es
lo suficientemente potente como para que el resto de grupos
parlamentarios apoyen esta moción, que simplemente pide proteger nuestro
patrimonio, tanto el costero como el patrimonio histórico-artístico del
Estado español. Por lo tanto, espero un apoyo unánime a esta moción por
toda la comisión, porque hay que salvaguardar esta joya del Baix
Maestrat.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Como saben, no se ha presentado ninguna enmienda a esta moción.
Por lo tanto, empezamos ahora el turno de portavoces.

Senador Navarrete, tiene derecho a un turno.

El señor NAVARRETE PLA: Como ya sabía que no había enmiendas, he
hecho todo el speech en la primera intervención y así, ahorramos
tiempo.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la
senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Intervengo para manifestar el apoyo del Partit Demòcrata a esta
moción.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra la senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Intervengo para manifestar el voto a favor
de esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente.

Intervengo también para marcar nuestra posición de voto, que será
a favor de la moción que nos trae Compromís.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, he de decir en primer lugar que nos sumamos a la
valoración que hace la moción respecto de la importancia histórica,
arquitectónica y turística del casco antiguo y del municipio de
Peñíscola. Sin perjuicio de que el deslinde de la zona transcurre por el
pie de las murallas exteriores del castillo, por lo que estas, el
castillo y todo el núcleo quedan fuera del dominio público marítimo
terrestre, es importante tener en cuenta el estado de los acantilados que
se mencionan sobre los que se apoyan las citadas murallas. Respecto de
esto y de posibles desprendimientos, como ya ha dicho el proponente de la
moción, nosotros tenemos informaciones de que el Servicio Provincial de
Costas en Castellón ha mantenido comunicación con el Ayuntamiento de
Peñíscola y el puerto colindante, así como se ha visitado la zona, sin
que se haya percibido ningún desprendimiento reciente. Por lo tanto, al
parecer, están haciendo un seguimiento de la cuestión y es de esperar
que, al ser los responsables en la materia, tomarán las medidas que, en
su caso, sean necesarias en el tiempo que ellos crean conveniente.

Por otra parte, el castillo de Peñíscola es de titularidad
estatal, adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, gestionado
actualmente por la Diputación Provincial de Castellón —de hecho, la
diputación manda con regularidad proyectos de intervención en el castillo
para informe del ministerio—. Es de esperar que las instituciones
implicadas, que tienen conocimiento del tema, busquen la mejor
coordinación para afrontar el estado de los acantilados mencionados. Por
tal motivo, entendiendo la preocupación que expresa la moción respecto de
un conjunto de gran valor histórico y arquitectónico, pero a la vez
entendiendo que las instituciones responsables están informadas de la
problemática que ha provocado reuniones sobre el particular, creemos que
lo más lógico es que dejemos que sean ellas las que tomen las medidas que
en su caso sean necesarias, en los tiempos que estimen más convenientes y
no en los que vienen informados o vienen defendidos por la moción. Por
tal motivo, nuestra posición será de abstención.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular en el Senado, senador Fabra, tiene la
palabra.

El señor FABRA PART: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy tenemos que tratar una moción que habla, como bien ha quedado
claro, de un paraje singular en la Comunidad Valenciana y en España, un
paraje del que podemos sentirnos orgullosos y satisfechos todos los
valencianos y los españoles y que manifiesta la preocupación que tenemos
siempre de mantener en las mejores condiciones, tanto estéticas como de
seguridad, todo aquello que hace referencia a nuestro patrimonio
histórico. Por lo tanto, vista la preocupación que todos debemos tener
sobre el mantenimiento y conservación de este patrimonio
histórico-cultural y también ante el cariño y el sentimiento de orgullo
que tenemos por contar con una ciudad tan emblemática como Peñíscola,
anticipo que nuestro voto va a ser favorable.

Dicho esto, querría hacer una serie de matizaciones. En primer
lugar, la extrañeza. Me resulta curioso que, a la hora de poner los
puntos fuertes para poder actuar sobre el castillo, Compromís haga
referencia a que fue sede papal. Bienvenidos al hecho de tener un nuevo
argumento cara a tener en cuenta el valor histórico de cualquier tipo de
instalación. En segundo lugar —lo ha dicho ya el representante de
Compromís, el senador Navarrete— no ha habido ni una sola
incidencia que haya sido trasladada al ayuntamiento sobre esta cuestión.
Fíjese, un ayuntamiento de un municipio claramente turístico que tiene
como eje central el patrimonio histórico del asentamiento del pueblo es
el más preocupado para entender si hay alguna incidencia o no en todo
aquello que rodea al castillo. Pues no hay ni una sola incidencia
trasladada al ayuntamiento, ni por los técnicos ni por ningún ciudadano,
tampoco por Costas. Por lo tanto, aquí se descubre que Compromís es un
partido de las fake news, que lo único que busca es la desinformación, el
engaño y generar alarma sin ningún tipo de necesidad, porque ni las
autoridades pertinentes ni ningún ciudadano de Peñíscola han trasladado
al ayuntamiento ninguna incidencia sobre la situación de los acantilados,
tampoco del castillo ni de las murallas. En tercer lugar, es curioso, hay
a veces una cierta competencia por ver qué grupos son los que presentan
más preguntas a una institución como el Senado. Ante la presentación de
esta moción, he tenido la curiosidad de ver cómo había surgido y, como
también nos ha anticipado el señor Navarrete, en su día fueron hechas una
serie de preguntas. Compromís presume de que es uno de los partidos que
más preguntas hace en el Senado y, viendo este escrito, uno puede tener
la seguridad de por qué. En esta moción que se hace sobre el tema del
castillo de Peñíscola, de las murallas y del acantilado creo que la
pregunta podría ser tan sencilla como cuál es la situación o si realmente
ha habido un desprendimiento, sin embargo nos encontramos con que hay más
de cuarenta preguntas hechas sobre este tema. No son preguntas que puedan
ser interesantes para al final evaluar si el estado de las murallas es el
adecuado o no, sino que las preguntas son: en caso afirmativo de que se
haga un informe, ¿quién lo hará? ¿Cuándo se hará? ¿Por qué se hará? ¿A
qué se deberá? En el caso de que sea negativo: ¿por qué no se hace?
¿Quién será el responsable? ¿Cómo es posible que no se produzca? Tanto es
el afán que tienen por preguntar que incluso en la declaración de
argumentos aparecen interrogantes en fechas, en afirmaciones o incluso en
datos históricos. Esto pone de manifiesto que, para aprobar una moción,
en la que lo único que se busca es que se haga un informe para ver si
realmente están dañados los alcantarillados o las murallas, es
innecesario tener que buscar argumentos o fake news o abusar de algo que,
en una institución como el Senado, debe tener sentido y coherencia como
es la realización de preguntas. A pesar de todo, como les he anticipado
al principio de mi intervención, por el bien de Peñíscola y para
preservar las instalaciones motivo de orgullo de los valencianos y creo
que de todos los españoles, vamos a votar en sentido afirmativo la moción
que presenta Compromís.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Como ya anunciamos, procederemos a la
votación cuando concluyamos el debate de todas las mociones.

Pasamos ahora, por tanto, al debate de la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno
a la puesta en marcha de un plan estratégico de lucha y erradicación de
la planta camalote en el río Guadiana y a la realización de una auditoría
de los gastos generados en la lucha contra la misma por parte de la
Confederación Hidrográfica.

A esta moción no se le ha presentado ninguna enmienda. Por lo
tanto, en primer lugar se procederá a la defensa de la moción por tiempo
de diez minutos y, a continuación, iniciaremos el turno de
portavoces.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Sánchez.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Muchas gracias, señor presidente.

Como todos ustedes saben, este problema ha tenido repercusión no
solo en los medios de comunicación regionales, sino también nacionales. A
lo mejor no ha tenido la repercusión que han tenido otras catástrofes en
España y por eso en estos catorce años no hemos conseguido la
erradicación de esta planta en el río Guadiana

Desde hace aproximadamente catorce años, el río Guadiana, a su
paso por Extremadura, está sufriendo la colonización de una planta de
origen amazónico llamada camalote o jacinto de agua, una planta
totalmente invasora —de hecho, está considerado por la Unión
Mundial para la Naturaleza como una de las cien especies más invasoras
del mundo— que está provocando graves problemas medioambientales,
económicos y sociales. Actualmente hay 165 kilómetros de río afectado por
esta planta. Además, lo triste de esto es que no se vislumbra ninguna
solución clara ni a corto ni a medio plazo. ¡Cómo estaría el río
—imagino que alguno de ustedes han tenido ocasión de visitarlo, si
no, les invitaría a verlo— que algunos medios de comunicación le
han denominado el chapapote vegetal en el río Guadiana!

A parte del coste económico, donde parece ser que se llevan
gastados ya más de 30, 32 o 34 millones de euros, el principal riesgo del
camalote es, sin duda, ambiental, cuestión muy sensible para todos.
Desafortunadamente, el recién nombrado presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, aunque luego el hombre tuvo que pedir
disculpas, con todos los respetos, dijo que este era un problema
estético, de imagen. ¡Imagínense qué conciencia y qué conocimiento de lo
que está pasando allí!

Las zonas afectadas por el camalote sufren tasas de evaporación
entre tres y cuatro veces por encima de lo normal. La descomposición de
la planta provoca que se incrementen los niveles de sulfuro de azufre y
la demanda química de oxígeno, pudiendo contaminar el agua hasta el punto
de no poder ser usada ni siquiera para riego. Incluso la fauna como
mamíferos, aves y peces están desapareciendo como consecuencia de la
abundante presencia de esta planta y de su descomposición. La presencia
de la planta puede causar problemas de dimensiones incalculables si
llegase a las diferentes presas e invadiese los canales de riego de la
zona que alimentan cultivos de arroz, frutales, huertas, etcétera.
Incluso hablaríamos de una catástrofe de dimensiones incalculables si
llegara a la mayor presa de Europa, la presa de Alqueva, con una
superficie de 250 km2.

Por tanto, ya que la invasión de esta planta se ha considerado
como una catástrofe, instamos al Gobierno a poner en marcha en un plazo
inferior a dos meses un plan estratégico de lucha, de control, de
vigilancia y, lo que es más importante, de erradicación de la planta del
camalote en el río Guadiana. Pero este plan debe contemplar un avance en
las investigaciones que se han ido haciendo durante estos catorce años y
profundizar en el conocimiento de aquellos factores que están
incrementando la presencia de la planta en el río con el objetivo de
eliminarla de una vez por todas de la cuenca del río. Igualmente, en un
plazo inferior a dos meses, poner en marcha una auditoría de todos los
gastos ocasionados durante estos catorce años en la lucha contra el
camalote por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y yo
añadiría no solo para el control del gasto público, sino para saber qué
se ha hecho mal durante estos catorce años. ¡No concibo que en catorce
años se haya ido incrementando! Tenemos que saber qué hemos hecho para
poder corregir las cosas que no han salido bien y no han dado sus frutos
después de la enorme inversión de dinero público y, de una vez por todas,
llevar a cabo un plan integral a medio o a largo plazo, conocido por toda
la sociedad, para acabar con el camalote.

Para terminar, voy a hacer un resumen de lo que he leído sobre el
chapapote vegetal en el río Guadiana. Traducido en cifras, hay más
de 165 kilómetros afectados, más de 30 millones de euros gastados
y 40 000 hectáreas de regadío que están amenazadas. Ya está allí la
Unidad Militar de Emergencia con 120 efectivos, 120 operarios de Tragsa,
pero, lamentablemente, el chapapote va matando al río lentamente. O
ponemos en serio las medidas adecuadas para evitar esta catástrofe, o
llegará un momento en que el río Guadiana, como dicen en Extremadura que
aparece y desaparece, desaparecerá totalmente por la invasión de esta
planta.

Por mi parte, nada más.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto ¿va a intervenir, señor Navarrete?
(Denegaciones).

Por el Grupo Nacionalista ¿desea intervenir, senadora Rivero?
(Denegaciones).

Por el Grupo Vasco en el Senado ¿desean intervenir?
(Denegaciones).

Por el Grupo Esquerra Republicano, senadora Cortès, ¿desea
intervenir? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gràcies, president.

Señorías, nos llama poderosamente la atención esta moción que ha
presentado el Grupo Popular. Evidentemente, el jacinto de agua es una
grave amenaza ambiental como especie altamente invasora que es. ¡Y claro
que está en la lista de las cien especies más invasoras del mundo! ¿Pero
saben qué otras especies también lo están? El black bass, voraz
depredador de agua dulce, la trucha arcoíris. ¿Les hace falta que les
recuerde que ustedes impulsaron y aprobaron una ley para indultarlas?
¡Hace demasiado poco tiempo para que se hayan olvidado de ello!

La amenaza de especies exige actuaciones contundentes, así lo
exige la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, y la más
elemental aplicación de los principios de conservación y precaución, la
aprobación e implementación de estrategias de control y erradicación. En
definitiva, la moción no plantea nada distinto de lo que prevé la ley.
Por tanto, vamos a votar a favor, pero ya me dirán qué es eso de que
ustedes plantean auditar la gestión de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana cuando la presidían hasta hace pocos meses y desde hace
demasiado tiempo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Guerra.

El señor GUERRA GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

A finales de 2016 se aprobó por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana el documento denominado «Gobernanza y
estrategias para la lucha contra las especies invasoras en la cuenca del
Guadiana», el cual incluye un anexo específico, a modo de plan
estratégico, con la denominación de Estrategia para la especie invasora
camalote o jacinto de agua en la cuenca del Guadiana. A su vez, y dentro
de las actuaciones definidas por esa estrategia, se especifica la
necesidad de realizar más estudios con el fin de mejorar el conocimiento
del camalote, sus efectos y desarrollar nuevas técnicas de lucha, así
como la necesidad de su monitorización e inclusión en el Programa de
adecuación ambiental del Organismo de cuenca. Por otro lado, la rápida
proliferación de esta especie invasora en el tramo más occidental del río
Guadiana ha conllevado que durante estos últimos catorce años el
ministerio, hoy de Transición Ecológica, antes de Medio Ambiente, haya
realizado un importante esfuerzo inversor para tratar de minimizar la
presencia del camalote.

Las primeras inversiones, que se comenzaron a realizar a partir
de 2005, fueron financiadas con fondos de la Dirección General del Agua.
No obstante, desde el año 2013 las inversiones efectuadas en la lucha
contra el camalote se han financiado tanto con fondos de esa misma
dirección general como con fondos de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

En el caso de las inversiones de la Dirección General del Agua,
todas ellas son objeto del correspondiente control del gasto derivado de
la fiscalización previa de los expedientes de contratación tramitados por
esta unidad. En cuanto a las actuaciones financiadas con cargo a fondos
propios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, estas son
igualmente objeto de la oportuna fiscalización previa al hallarse
sometido el organismo de cuenca a dicho régimen desde el 1 de mayo
de 2014. Por tanto, no entendemos muy bien la auditoría que se pide.

Hay que mencionar igualmente que a estas actuaciones hay que
añadir aquellas otras dirigidas a la lucha contra esta especie invasora,
que han sido objeto de financiación comunitaria y sometidas igualmente a
los correspondientes controles financieros derivados de la justificación
de gastos ante la Comisión Europea.

Tengo que decir igualmente que hasta la fecha actual, según la
información aportada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana se
llevan aplicados unos 45 millones de euros para la erradicación del
camalote. A pesar de ello parece evidente que el tratamiento seguido en
los últimos años para erradicar o al menos controlar el crecimiento de la
especie resulta insuficiente, por ello se ha diseñado una estrategia
conjunta para realizar una actuación urgente sobre los tramos afectados
del río que constituye un plan de choque coordinado por la delegación del
Gobierno en Extremadura y que desarrolla e impulsa la definida en su día
por la Junta de Extremadura y la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

Especialmente relevante es la intervención de la Unidad Militar de
Emergencias, a cuyos miembros quiero reconocer y agradecer la
extraordinaria labor que realizan, tanto en este como en otros muchos
casos, dando respuesta a una demanda recurrente desde 2015 de la Junta de
Extremadura ante la situación de emergencia y los daños producidos en los
ecosistemas fluviales, que siempre se encontró con la negativa del
Gobierno del Grupo Popular, que no consideró oportuna esa intervención
por no existir un peligro inminente para la población —y leo
palabras textuales de la respuesta dada por escrito por el anterior
Gobierno—, obviando el peligro para los bienes y el medioambiente
que ahora tanto preocupa al Grupo Popular.

De ahí que en este como en otros temas sorprenda la preocupación y
el repentino interés del Grupo Popular desde que está en la oposición,
sin duda un milagro obrado por la llegada del Partido Socialista al
Gobierno.

El nuevo Gobierno sí ha valorado en cambio la gravedad del
problema y ha dado una respuesta urgente, incorporando desde el pasado 15
de octubre efectivos de la UME para contribuir al desarrollo de esa
estrategia tan necesaria. La intervención de la UME en muy pocas semanas
ha servido, por tanto, para dos cosas: para retirar 3000 toneladas de
camalote, pero también para que los extremeños dejen de tener la
sensación de abandono por parte del Estado que han sentido durante los
años de Gobierno del Partido Popular.

En ese sentido nuestro voto va a ser contrario a la moción por su
presentación a destiempo, por su interés impostado, por ser innecesaria y
porque se está trabajando, como no se ha hecho hasta ahora, con recursos,
con determinación y con resultados evidentes; justamente lo contrario que
ocurrió durante los siete años y medio del Gobierno del Partido Popular,
ese que estaba hasta hace seis meses aunque a los miembros del Grupo
Popular les parezca que fue hace una eternidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Sánchez.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Muchas gracias, presidente.

¡Así es imposible llegar a un acuerdo! Cuando lo que aquí se
manifiesta es el interés particular, el «y tú, más», «el Partido Popular
esto o aquello» o «el Partido Socialista tal o cual»... es imposible
llegar a un acuerdo. Aquí priman más otros intereses partidistas que el
tema medioambiental o el tema social.

Pero vamos a ver, pedimos una auditoría sabiendo que del año 2004
al 2011 gobernó el Partido Socialista y que del 2011 hasta mediados
del 2018 gobernó el Partido Popular, que, como dice la portavoz de
Podemos, presidía hasta hace pocos meses. Pues sí, no nos importa quién
presidía, si lo hacía el PP, Podemos o el Partido Socialista; pedimos que
se haga una auditoría porque lo que queremos es resolver el problema. ¿Y
cómo vamos a resolver el problema con unas declaraciones como las que ha
hecho la delegada del Gobierno, que según dice usted ha puesto en marcha
el plan de choque, del que ahora hablaré? Lo que no se puede decir es que
la responsabilidad del dinero invertido es del anterior Gobierno. ¿Pero
qué altura política puede tener una delgada del Gobierno que echa las
culpas al anterior Gobierno? Si la sociedad está ya cansada de que nos
echemos las culpas unos a otros, si lo que quieren los extremeños es que
les resolvamos el problema del camalote. ¡Eso es lo que quieren los
extremeños! Pero ustedes erre que erre. Voten ustedes a favor de esta
moción porque, efectivamente, ¿qué miedo vamos a tener por pedir una
auditoría de estos catorce años? ¿Qué miedo hay que tener? Ninguno.

Pero hablemos del plan de choque que han puesto en marcha, y que
siempre es de agradecer: Control, vigilancia y erradicación. Mire
señoría, yo el lunes me puse las botas, me fui al río Guadiana, estuve en
la orilla, recorrí, no los 165 kilómetros del río Guadiana, pero sí
muchos kilómetros, y estuve con las máquinas y con los de las barcas, que
es como se ve el problema, in situ, para saber realmente de lo que
estamos hablando. A distancia no se puede ser consciente del problema.
¿No se da cuenta usted que el presidente recién nombrado ve aquello y
dice que eso es un problema de imagen? ¿Pero dónde estamos?, ¿cómo va a
ser esto un problema estético?

Y yo también agradezco la presencia de la Unidad Militar de
Emergencias, ¿pero sabe usted cuántos están trabajando en el río? 60.
Porque la Unidad Militar de Emergencias lleva una carpa, lleva cocineros,
lleva camareros, lleva una ambulancia, lleva médicos, lleva enfermeros,
etcétera. Y claro, en los titulares podemos leer: 120 efectivos de la
UME. Realmente, 60.

Pero ese no es mi problema. ¿Sabe usted lo que yo vi? Yo vi que
estaban extrayendo el camalote y vi camalote de hace años a un metro y
medio de la orilla del río. ¿Pero qué estamos haciendo? Si dicen los
científicos que la raíz dura 20 años en el agua y cuatro fuera de ella,
así que, cuando hay una crecida del río, ¡otra vez para adentro! Así que,
¿qué estamos haciendo? Así esto no terminará en la vida.

Por eso le estoy diciendo que nos pongamos de acuerdo, que hagamos
un plan integral de control de vigilancia y de erradicación, y si no,
como en Estados Unidos: una oficina exclusiva del camalote, pero, ¡ojo!,
fuera de la confederación, que me da que está viciada. Así que, una
oficina fuera de la confederación que dependa de otro organismo. Y
pongamos los mecanismos en marcha: Universidad de Extremadura,
científicos, y todos ahí a solucionar el problema.

Pero usted me habla del abandono del Gobierno del PP. ¿Pero dónde
estamos ya? Eso es del siglo pasado, esa es la política rancia que
ustedes utilizan. Eso es política rancia. ¿Cómo vamos a abandonar esto
nosotros si han sido los años en los que más se ha invertido? Pero algo
se ha debido hacer mal en la confederación, y me da igual quién gobierne.
Pongamos los mecanismos en marcha. 45 millones de euros invertidos. Así
estaremos toda la vida. ¿Sabe cuántos se han puesto en el BOE ahora? Y no
lo digo yo, lo dice todo el mundo: las asociaciones ecologistas, las
asociaciones civiles, la Asociación Ciudadana Salvemos el Guadiana. Ahora
vamos a comercializar con el chapapote. ¿Pero dónde se ha visto eso?
Habrá que crear unos cementerios y enterrarlo, habrá que hacer un plan
para terminar con ello. Cuando se crean intereses económicos en una
cuestión como esta, la erradicación va a ser muy difícil, y el BOE ha
sacado una licitación pública de más de seis millones de euros para que
se lo lleve la formación de biogás o de biomasa. ¡Que no!, ¡que no!, ¡que
eso no puede ser! Efectivamente he leído que tienen un permiso especial
de la Unión Europea, pero con estas cuestiones no se puede jugar ni se
puede comercializar, porque como le interese al que se está llevando el
camalote para biogás o para biomasa... ¿qué hacemos?, ¿le cortamos la
materia prima?

Y esto es sobre lo que quiero que reflexionen. Y perdón por el
tono, pero es que estas cuestiones son graves y son de interés, y yo creo
que todos tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no, nunca
terminaremos con esto, y gastaremos dinero público de todos los
españoles, de todos los extremeños o de la Unión Europea, me da
exactamente igual, y no le daremos solución. Porque, ¿usted qué cree que
están haciendo ahora? Vaya allí y véalo. En las zonas de Badajoz o
Mérida, donde la gente lo ve, se retira, pero vaya usted al río bajo: hay
de orilla a orilla; aquello es triste. Hay de orilla a orilla.

Pero si a mí me parece bien el plan de choque, no digo que no.
Ojo, no digo que no: el control, la retirada... Vayamos poco a poco, pero
tenemos que afinar y erradicarlo, si no, no terminaremos nunca con esto.
Y ya se lo he dicho antes: como en Estados Unidos, una oficina aparte.
Pero si yo sé que es difícil erradicarlo; si hay muchas enfermedades,
tanto de sanidad animal como de sanidad ambiental, que son difíciles de
erradicar, pero hay que intentarlo, y por lo menos utilizar el dinero
público con transparencia y con austeridad, y que se sepa dónde se está
gastando y quién se lo está llevando, ojo, legalmente, no nos
confundamos.

Esa es la idea de esta moción, señores portavoces, por eso les
pido que la apoyen para que pongamos en marcha un plan riguroso y serio
para que, de una vez por todas, podamos terminar con el camalote. No sé
en cuanto tiempo, porque no es fácil, pero ya hay investigaciones en todo
el mundo, por tanto, pongamos en marcha esas investigaciones para
terminar con ello de una vez por todas.

Y ojo con lo de la comercialización porque es un tema delicado.
Por tanto, si hay que corregir algo, corríjase.

Señor presidente, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al debate de la moción del
Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas para establecer mecanismos de compensación por
los costes adicionales incluidos en el precio de la electricidad
soportado por las industrias electrointensivas.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Aparicio por tiempo de diez minutos.

La señora APARICIO CALZADA: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías.

Nos encontramos ante una moción de urgente necesidad para mi
tierra, para Galicia, más concretamente para mi ciudad, A Coruña, también
para Avilés, en Asturias y, en general, para el conjunto de España, ante
el anuncio de Alcoa del cierre de sus plantas sitas tanto en A Coruña
como en Avilés, ante el anuncio de la puesta en la calle de 700
trabajadores, unos 400 en la ciudad de A Coruña y unos 300 en la planta
de Avilés, y ante la puesta en peligro de miles de empleos que dependen
de esta industria. Por ello, hemos de abordar este tema de un modo
urgente. Mi grupo y el partido al que represento vienen demandando, desde
la toma de posesión del señor Sánchez, una respuesta a la situación de la
industria electrointensiva.

Red Eléctrica de España ha completado el proceso de asignación del
servicio de gestión de la demanda para la interrumpibilidad, a través de
subastas competitivas, con la asignación de un total de 25 bloques de 40
megavatios y 320 bloques de 5 megavatios, lo que se traduce en una
potencia interrumpible, para el periodo comprendido entre el 1 de junio y
el 31 de diciembre de 2018, de 2,600 megavatios. En estas subastas, como
ustedes saben, los pagos por interrumpibilidad bonifican a las empresas
que están dispuestas a suspender su consumo en caso de necesidad. Pues
bien, la asociación de empresas con gran consumo de energía criticó el
resultado de esta última subasta porque la retribución que recibiría el
conjunto de las empresas electrointensivas en España, en 2018, no
superaría los 315 millones de euros, es decir, un 40 % menos que los 525
millones que recibieron el año pasado y advirtieron ya de que esto
repercutiría en la competitividad de estas industrias. Señores, ya nos
advertían de que esto que está pasando se veía venir.

En los últimos años, el Gobierno del señor Rajoy elaboró una
planificación diseñada sobre la base de un mix energético para garantizar
un precio razonable de la energía y, así, se consiguió un superávit, ya
que en 2011 se tuvo que asumir una situación de déficit de tarifa
de 30 000 millones de euros. Se activó un sistema de interrumpibilidad
compatible con la normativa comunitaria, por cierto, tal y como exige
Alcoa en estos momentos. En el año 2012, el Gobierno del PP validó un
sistema de puja que le daba garantía jurídica al sistema de la
interrumpibilidad. Ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se
contemplaba un préstamo de 131 millones de euros para compensar a ciertos
sectores industriales de los gastos que soportan en la factura eléctrica,
correspondiente a la promoción de energías renovables. En 2017 también se
produjo una modificación del sistema vigente para adaptarlo a lo
establecido por la Unión Europea y garantizar así una mayor concurrencia.
Ante la consecuencia inmediata de esta modificación, de la obtención de
una menor remuneración, el Gobierno del señor Rajoy, el del Partido
Popular —de ese que estamos orgullosos y no tenemos ninguna
vergüenza de haber estado en el Gobierno, como decía mi compañero
previamente—, volvió a dar una respuesta a las empresas
electrointensivas con la aprobación de un mecanismo de compensación,
validado por la Unión Europea, que permitía establecer ayudas para
compensar costes indirectos de emisión de CO2. Por ello, en los
Presupuestos Generales del Estado para 2018, en su disposición adicional
centésima cuadragésima quinta, se contempla un sistema de ayuda
compensatoria para los costes adicionales en el que incurren las
industrias electrointensivas y se consignaron 150 millones de euros, con
cargo a los recursos de la Secretaría de Estado de Energía, para la
financiación de dicho sistema de ayudas.

Asimismo —sigo hablando del Gobierno anterior, del Gobierno
presidido por el señor Rajoy—, se elaboró un proyecto de reglamento
para hacer efectivas estas ayudas, que está a la espera de la aprobación
por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y no
tenemos respuesta alguna del Gobierno central sobre el estado de
tramitación.

Ante esta situación, la industria electrointensiva exige medidas
urgentes para poner en marcha el mecanismo de compensación y, así, poder
alcanzar las mismas condiciones competitivas que sus principales
competidores europeos. Ayer, señorías, éramos conocedores de una nueva
subasta para adjudicar estos incentivos a las empresas que están
dispuestas a suspender su consumo en caso de necesidad. Dicha subasta se
celebrará del 10 al 14 de diciembre. Pero nos encontramos con que esta
subasta solo tendrá validez para los seis primeros meses del año 2019. No
sabemos qué tiene pensado el Gobierno central para después de esos seis
meses. ¿No ha visto qué ha pasado en esta industria por no ser
previsor?

Ante la necesidad y obligación del Gobierno central de tomar las
medidas tendentes para garantizar la estabilidad de la industria
electrointensiva y, así, poder salvar los puestos de trabajo vinculados a
ella, presentamos esta moción.

Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone a
la Comisión de Transición Ecológica del Senado la aprobación de la
siguiente moción. La Comisión de Transición Ecológica del Senado insta al
Gobierno a: 1. Poner en marcha, antes del final de la anualidad
presupuestaria de 2018, la indemnización prevista en la disposición
adicional centésima cuadragésima quinta de la Ley 6/2018 de 3 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, por el monto
de 150 millones de euros. 2. Introducir, para el 2019 y el año siguiente,
un nuevo esquema de compensación por los costes adicionales incluidos en
el precio de la electricidad soportada por las industrias
electrointensivas. 3. Establecer todos los mecanismos de compensación
necesarios para que este tipo de industrias compitan en igualdad de
condiciones con sus homólogos europeos; y 4 —esto tiene que ver
mucho con mi ciudad—, adoptar todas las medidas necesarias para
evitar el cierre de las plantas de Alcoa de A Coruña y de Avilés,
garantizándose los más de 700 empleos directos, 400 en la planta de A
Coruña y 300 en la planta de Avilés.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senadora Aparicio.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el senador Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Yo estoy perplejo. Decir que, hoy por hoy, el problema de Alcoa
tiene que ver con un Gobierno que hace cinco meses llegó al país,
realmente, es demagogia bastante pobre. Por cierto, cuando hablábamos del
Gobierno de Rajoy, su compañero decía que estábamos hablando como del
Pleistoceno Medio. Pues no, efectivamente, solo hace cinco meses que
llegó un Gobierno nuevo que, por cierto, ha mantenido las subastas
exactamente igual que las había diseñado el anterior. Por lo tanto,
cuestionar hoy las subastas tampoco parece muy serio ni muy
razonable.

Pero creo que hoy no venimos aquí para debatir sobre la política
energética del Partido Popular, que será todo menos un éxito. Usted decía
que las empresas electrointensivas se habían quejado estos últimos meses.
No, las empresas electrointensivas fueron las primeras en salir clamando
contra el nuevo sistema de subastas que impuso el Partido Popular en el
año 2013. Por lo tanto, decir hoy que esto plantea un problema nuevo, no
es verdad. El problema de Alcoa es muy serio y este Gobierno ha trabajado
mucho, desde el primer minuto, a través de todos sus ministerios, para
poder buscar una solución para esas 400 familias, que no son de mi
ciudad, pero, como sabe, yo soy de Ferrol y también lo vivo en mi tierra.
Por lo tanto, creo que hay que hablar con seriedad y formalidad porque,
entre otras cosas —no sé si usted lo sabe, señora Aparicio—,
la propia empresa ha dicho que el problema que tenía Alcoa no era de
electricidad. Quiero que eso quede claro.

La enmienda va en el sentido de lo que pretende hacer el Gobierno,
que es lo que creo que tengo que defender hoy aquí, y es crear un
estatuto, con tiempo y con calma, para poder ofrecer a las industrias
electrointensivas un precio de la energía acorde, primero, con lo que nos
marca la Unión Europea y, segundo, un incentivo en relación con el CO2. A
este respecto le recuerdo que hay un proyecto de presupuestos para el
año 2019, que ya está presentado, que mantiene esos incentivos a las
emisiones de CO2. Pero hay que trabajar a medio y largo plazo en una
industria que nosotros creemos que es clave, como se ha demostrado con
una moción que hemos presentado los pasados días en relación con este
tema. Y le recuerdo, señora Aparicio, que yo, en esta comisión
concretamente y en el Pleno del Senado, presenté una batería de medidas
en nombre de mi grupo en relación con la industria electrointensiva, que
fueron votadas, sistemáticamente, en contra por su partido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Para la aceptación o rechazo de la enmienda, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Aparicio.

La señora APARICIO CALZADA: Gracias, presidente.

Señor Mato, no intente usted echar balones fuera. Evidentemente,
estoy hablando de su Gobierno porque —con todos los respetos—
dan ustedes miedo por la situación a la que están llevando a nuestro
país.

Señor presidente, ante todo —e independientemente de que mi
compañero, el señor Mato, y yo tengamos nuestras diferencias
ideológicas—, estoy contenta por la unidad de todos los grupos en
el apoyo a los trabajadores de Alcoa.

Señor presidente, mi grupo parlamentario no puede aceptar esta
enmienda, pues se trata de una enmienda de sustitución, el Grupo
Parlamentario Socialista ni siquiera la ha planteado como una enmienda de
adición. Digo esto porque —como acabo de exponer previamente—
nos encontramos ante una situación en la que es urgente actuar. No
podemos plantear esta moción y dejarla en manos de unos futuribles. En
este sentido, mi grupo parlamentario entiende que la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista no concreta absolutamente ninguna
medida a adoptar por parte del Gobierno y está en sus manos continuar con
las medidas adoptadas, que se encontraban en fase de elaboración por
parte del Gobierno anterior.

Señorías, la industria electrointensiva necesita de certeza, de
estabilidad y de medidas concretas tendentes a evitar situaciones como en
la que nos encontramos. Esta moción tiene que servir para que los 700
puestos de trabajo que están en peligro en las plantas de Alcoa de A
Coruña y de Avilés sean garantizados. Y este grupo parlamentario entiende
que, con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
—como he dicho anteriormente—, solo se les da más
incertidumbre y menos seguridad.

Señor presidente, a mi grupo parlamentario no le queda otra que,
finalmente, no aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista por eso, porque estamos hablando de un tema para el que
necesitamos medidas concretas y estabilidad, no futuribles.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones).

Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones).

Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea?

Tiene la palabra la senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente.

Señorías, mi grupo político ha asumido un fuerte compromiso con el
mantenimiento de la actividad y el empleo en Alcoa, con un apoyo claro a
los trabajadores y trabajadoras de la planta de A Coruña y de Avilés.
Consideramos que la decisión de la empresa de cerrar, tanto la
instalación de A Coruña como la de Avilés, es una grave
irresponsabilidad, ya que no ofrece alternativas para el tejido
productivo en Galicia y Asturias. También echamos en falta un pulso de
las administraciones públicas a la compañía Alcoa para que retire de
forma inmediata el expediente de regulación de empleo y se abra una mesa
de negociación con todas las partes implicadas para encontrar una
solución urgente que garantice el mantenimiento de la actividad
empresarial y del empleo en la zona. Por otra parte, obviamente,
entendemos que es clave proporcionar seguridad y permitir competir al
conjunto de las empresas electrointensivas. Para ello, las
administraciones llevamos tiempo exigiendo una tarifa competitiva.

Señorías, la oposición del Partido Popular ya viene siendo norma.
Primero dinamita la competitividad de nuestro tejido empresarial durante
sus siete años de Gobierno y, después, responsabiliza a quien recoge las
tempestades.

Les adelanto que votaremos a favor de esta moción, no sin destacar
que la misma no hace valer la responsabilidad del Partido Popular por
haber acortado los plazos de subasta del sistema de interrumpibilidad, en
lugar de dar garantía a las empresas para el mantenimiento de los puestos
de trabajo y, del mismo modo, por permitir consolidar inversiones que no
garantizan el mantenimiento del empleo en la zona y que tampoco cuentan
con un porcentaje de participación social y de los trabajadores. No
obstante lo cual, como ya les he anticipado, votaremos a favor de la
moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Como decía, señorías, el cierre de las plantas de Alcoa, tanto en
A Coruña como en Avilés, nada tiene que ver con el precio de la energía.
Desde hace más de veinte años, la empresa no ha hecho ni una sola
inversión en ninguna de esas plantas, mientras que, durante esos años, la
empresa recibió ingentes aportaciones por diferentes conceptos que la
propia ministra de Transición Ecológica valoró en una cuantía cercana
—solamente referida a energía— a los 1000 millones de
euros.

Por lo tanto, señorías, yo creo que el Gobierno está haciendo lo
que tiene que hacer: ha sentado a todas las partes, a todos los
interlocutores y los gobiernos autonómicos están en permanente contacto
con la ministra de Industria, además de con los sindicatos. Por lo tanto,
creo que la cuestión de Alcoa se ha de resolver con certidumbre
industrial para las familias que hoy dependen de dicha empresa, pero
insisto en que las ayudas que se han dado a las industrias
electrointensivas no tienen nada que ver con que hoy Alcoa se esté
planteando el cierre de estas dos plantas. Prueba evidente de ello es que
la planta de San Ciprián tiene los mismos costes energéticos —pues
fabrica aluminio y tiene un grandísimo consumo energético—, 1300
empleados y es —a juicio de la propia empresa— una empresa
que presenta beneficios y no tiene ningún problema. Por lo tanto, no es
adecuado tratar este debate en términos del coste de la energía. La
propia compañía —como decía— ha manifestado en varias
ocasiones que el cierre que ha planteado corresponde a problemas
estructurales intrínsecos, productivos y tecnológicos. A su juicio, estas
dos plantas son menos eficientes y competitivas. En este sentido, lo que
tendríamos que pensar, señorías, es si esos incentivos que hemos venido
dando a lo largo del tiempo han sido realmente eficaces y supervisados
por parte de los distintos gobiernos que han tenido responsabilidad en
los mismos.

Es la compañía —y a eso es a lo que se está dedicando el
Gobierno— la que debe explicar cuál es su política de inversión,
cuál ha sido su política de inversión en esas plantas y cómo hemos podido
llegar a esa situación, pero, también, entre el Gobierno y las
comunidades autónomas se deben proponer alternativas para la viabilidad y
el mantenimiento del empleo.

Señorías —lo decía anteriormente—, en 2018 se
transfirieron 78 millones de euros para compensar los costes indirectos
del CO2 incurridos por las grandes empresas industriales y se ha previsto
mantener este importe en el Proyecto de presupuestos para 2019. Los
grandes consumidores de electricidad, como Alcoa —ya se ha dicho
aquí—, son los únicos que pueden ofrecer al resto de consumidores
un seguro ante el riesgo de corte de suministro, así como el
procedimiento de interrumpibilidad, lo que ha permitido que España haya
disfrutado durante estos años de unos niveles de calidad importantes, no
sin un cuestionamiento por parte de la Unión Europea con relación a este
tipo de mecanismos.

Por lo tanto, el Gobierno está en constante comunicación y
conversaciones con la Comisión Europea para elaborar —tal y como ha
avanzado la enmienda que hemos presentado y según el anuncio del propio
Gobierno— un estatuto para la industria electrointensiva que
analice en detalle las particularidades de este sector industrial, que
permita establecer unos precios y una limitación al crecimiento de estos
precios que coadyuve y acompañe a estas industrias en el proceso de
transformación. Pero yo le voy a decir una cosa, señora Aparicio: he
repetido hasta la saciedad —hasta conseguir que el señor Nadal
entendiera lo que estábamos planteando— que si España hubiera
avanzado más en materia de energías renovables, el precio de la energía
para todos los consumidores sería mucho más bajo. Esa es una realidad
incontestable. Esa es una realidad que el Gobierno anterior,
obstinadamente, frenó. Ahora hay un Gobierno distinto, un Gobierno que
está trabajando, y el problema de Alcoa está en los ministerios a los que
le corresponde este asunto: el Ministerio de Industria y el Ministerio de
Trabajo, que son los que ahora tienen que dar certeza a las familias para
que haya un proyecto industrial como el que había, el que hay y el que se
debe mantener en Avilés y en A Coruña.

Mi grupo no va a ser obstáculo, ni mucho menos coartada, para que
ustedes digan que el problema lo está generando este Gobierno. Nosotros
nos vamos a abstener ante su moción porque entendemos que el Gobierno
tiene la responsabilidad de trabajar para garantizar el futuro y la
continuidad industrial tanto en Avilés como en A Coruña, pero le repito
el mismo argumento que le dije hace un segundo, si usted cree que una
empresa como Alcoa, un gigante industrial, toma la decisión de cerrar sus
plantas porque han llegado al Gobierno el señor Pedro Sánchez y un
Gobierno socialista, señoría, debería pensar si eso es hacer política o
si no es más bien hacer demagogia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Aparicio.

La señora APARICIO CALZADA: Gracias, presidente.

Me sorprende la postura y el sentido del voto del Grupo
Socialista; aunque en realidad no, porque últimamente su postura es no
votar, no decir nada no vaya a ser que metan la pata si dicen sí o si
dicen no; por eso, mejor se abstienen. Me parece que ninguno de los 700
trabajadores de Alcoa se merece que el Partido Socialista ni ningún
partido político se abstengan, porque está en juego la viabilidad de su
empresa y el tener garantizados sus puestos de trabajo.

Tal y como expuse al comienzo de la moción, nos encontramos ante
una moción urgente que tenemos que abordar con responsabilidad y con
obligación porque ahora estamos hablando de Alcoa, pero en un futuro
podemos estar hablando de las térmicas o de la industria de la
construcción. Mi compañero les puede hablar de la situación que están
viviendo en Gádor con Cemex. No estamos hablando única y exclusivamente
de Alcoa. A este respecto vuelvo a recalcar la unidad institucional de
todos los partidos, sin ir más lejos, puesta de manifiesto con la
declaración institucional que ayer se produjo en el Congreso de los
Diputados.

Señor Mato, mi grupo parlamentario no ha presentado esta moción
instando única y exclusivamente a garantizar los puestos de Alcoa. No,
señor Mato, no; mi grupo parlamentario ha presentado esta moción instando
al Gobierno a tomar medidas concretas para evitar situaciones como, por
ejemplo, la de Alcoa, porque queremos evitar que en el futuro haya más
Alcoas y más situaciones como esta.

Señorías, con las respuestas que nos dan, como he dicho antes, se
limitan a echar balones fuera: Yo acabo de llegar..., yo no tengo ninguna
responsabilidad… Se equivoca, señor Mato, se equivoca. Ustedes,
desde que llegaron al Gobierno no han tomado ninguna medida —bueno
últimamente han tomado medias medidas de las que ya hablaremos a
continuación— para solucionar los problemas del sector. Con el
Gobierno anterior del señor Mariano Rajoy, con el Gobierno anterior del
Partido Popular, siempre y, repito, siempre, y no se me caen los anillos
al decirlo, se han tomado medidas para intentar solucionar los problemas
del sector.

Señorías, esta puja, ayer conocida, no sirve en modo alguno de
referencia realista para dar respuesta a la situación del sector en el
año 2019. ¿Por qué no convoca el Gobierno una puja de interrumpibilidad
dando continuación al plan que tenía el anterior Gobierno, que era dejar
diseñada una puja para tres años? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué medidas va a
tomar el Partido Socialista? No nos lo han dicho. Señor Mato, usted ni me
ha contestado ni se ha centrado en ninguna de las propuestas que mi grupo
parlamentario hace por medio de esta moción. Única y exclusivamente
vuelve a la política de balones fuera diciendo que esta moción no tiene
que presentarse en esta comisión, sino en la de Industria, que es donde
está usted.

Señor Mato, la impresión que tengo es que en su Gobierno han
estado, al principio, lanzándose la pelota de una ministra a otra: Es
tuyo, no es mío...; y esto no, porque este problema es de todos los
españoles, ya que, como he dicho, ahora estamos hablando de Alcoa y en el
futuro... y mi grupo parlamentario no quiere que en el futuro se tenga
que hablar de otras situaciones similares.

Señorías, sí, esta situación se venía venir. Nuestro presidente,
porque los dos somos gallegos, el señor Alberto Núñez Feijóo, ya
advirtió, en la reunión que tuvo con el señor Sánchez en julio, de los
problemas que tenía la industria por la interrumpibilidad, y lo hizo,
concretamente, pensando en Alcoa. ¿Qué pasa, que todo el mundo lo veía
venir menos el señor Sánchez? Y sí, señor, se veía venir, porque de un
tiempo a esta parte le repito que no han tomado ninguna medida, porque ha
faltado iniciativa política al respecto. Han faltado las respuestas del
Gobierno central, han faltado, señor Mato.

Señores socialistas, en manos de su Gobierno está —espero
que sea un Gobierno de todos, aunque últimamente tenemos bastantes dudas
de que lo sea— proseguir con el sistema de ayudas compensatorias
por el coste de emisiones indirectas de CO2, que está autorizado por
Bruselas y beneficiaría a Alcoa. Este ha sido, como sabemos, un punto de
acuerdo y un compromiso del ministerio, pero, señorías, tenemos miedo de
que las medidas a adoptar sean, como he dicho antes, medias medidas, que
es lo que han hecho con la puja ayer conocida. Necesitamos certezas,
señor Mato, para el sector y con las medidas que están tomando no las
hay. Por eso, les reitero, si usted puede trasladarle a alguien mi
humilde posición, que se tomen medidas contundentes que sean certezas a
largo plazo, porque no podemos ser cortoplacistas porque el sector no se
lo merece. Le recuerdo que depende del Gobierno impulsar ante la
Dirección general de competencia de la Unión Europea la tramitación de un
nuevo reglamento, que dejó elaborado el Gobierno del señor Mariano Rajoy,
para hacer frente a las ayudas compensatorias por energías renovables en
determinados sectores de la industria y que contaba con una cuantía
de 131 millones de euros. Señor Mato, no sabemos nada de cómo está ese
tema y les preguntamos a ustedes porque están en el Gobierno y son los
que tienen que encargarse y responsabilizarse de su tramitación.

Este grupo parlamentario y mi partido quieren concretar con
ustedes, como he dicho antes, las medidas que su Gobierno piensa
implantar para dar la respuesta que el sector necesita. No queremos, como
he dicho antes, que en el futuro tengamos que hablar, al igual que lo
estamos haciendo hoy de Alcoa, de centrales térmicas o de otras empresas
del mismo sector.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

La señora APARICIO CALZADA: Sí, ya voy terminando, señor
presidente.

Señorías, en mi grupo parlamentario solicitamos del Gobierno la
creación de un marco energético que garantice la viabilidad y
competitividad de la industria, porque no queremos movernos en un marco
de confusiones, incertezas e inestabilidad o de rectificaciones
continuas, que es a lo que ustedes nos tienen acostumbrados.

Para finalizar, señor presidente, este grupo parlamentario, además
de las medidas concretas planteadas, solicita, ya que el señor Mato
quería remitir esta moción a la Comisión de Industria, al Gobierno
central que haga todo lo posible, como lo están haciendo en todas las
administraciones públicas, para que sea levantado este expediente de
extinción de empleo, y que lo haga por sus trabajadores, por sus
familias, porque como decimos en Galicia...

El señor PRESIDENTE: Señorías, debe concluir.

La señora APARICIO CALZADA: ... y en Avilés: Alcoa non se pecha,
Alcoa no cierra.

Gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Procedemos ahora al debate de la moción del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se
insta al Gobierno a que las instalaciones de la Administración General
del Estado se suministren con energía eléctrica de origen renovable e
incorporen criterios de eficiencia energética.

A esta moción le ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario
Popular.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora
Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, como todos y todas sabemos, gran parte de las emisiones
contaminantes y de los gases de efecto invernadero que recibe nuestra
atmósfera provienen de los procesos asociados a la producción,
transformación y uso final de la energía que utilizamos. La quema de
combustibles fósiles que se utilizan para calefacción, electricidad,
transporte o industria supone alrededor de dos tercios de las emisiones
de gases de efecto invernadero mundiales y en Europa un 78 % de las
emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero totales que se
detectaron en 2015 van ligadas a estos procesos. Podemos afirmar, por
tanto, que los procesos energéticos tienen un impacto directo en el
cambio climático. Es urgente la transformación de este modelo para que
esas necesidades energéticas que tenemos sean satisfechas de forma
medioambientalmente sostenible. No hay otro camino más que la transición
a un modelo ecológico y limpio. Se impone, por tanto, la creación de
alternativas solventes que favorezcan, impulsen y desarrollen esta
transición.

De ahí que pensamos que la moción que hoy traemos contribuye a dar
un impulso decidido en esa dirección.

Como es obvio, la satisfacción de las necesidades energéticas del
parque inmobiliario de la Administración General del Estado, es decir, de
sus distintas sedes, edificios, instalaciones y demás, tiene una
importante repercusión el clima, y así se ha estimado que, en Europa,
cambiar la contratación pública energética por suministro de energía
renovable permitiría reducir 60 millones de toneladas de CO2, es decir,
el 18 % de las cuotas asignadas a la Unión Europea por el Protocolo de
Kyoto. La contratación pública, además, no es solo un instrumento de
gestión de las administraciones públicas mediante el cual se regula la
ejecución de la obra pública, el abastecimiento de bienes o la prestación
de servicios públicos destinados a garantizar el bienestar de la
ciudadanía y el funcionamiento de la propia Administración, sino que
también permite a la Administración pública ser un referente y ejemplo en
la transición energética que tanto necesitan nuestro país y nuestro
planeta, porque la contratación pública es también un instrumento de
participación activa en el mercado y de fomento e incentivo de la
inversión en tecnologías bajas en carbono.

La Comisión Europea define la compra pública verde como un proceso
por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías,
servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo
de vida, en comparación con el de otras mercancías, servicios y obras con
la misma función primaria que se adquiriría en su lugar. La inclusión de
criterios medioambientales en las contrataciones públicas es una ayuda
fundamental para conseguir los retos ambientales actuales y futuros, ya
que estas compras favorecen la reducción de la huella de carbono, unidad
a medidas de compensación, la reducción del ciclo de vida de los
productos, la reducción de la contaminación atmosférica, las buenas
prácticas agrícolas, con el consumo de productos ecológicos, y la
adaptación al cambio climático, contribuyendo a frenar así la
deforestación y evitando directamente las emisiones fruto de los proceso
productivos. Además, la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del Sector Público, supera, por fin, el criterio de oferta
económicamente más ventajosa por el de mejor relación calidad-precio y,
por tanto, obliga a las administraciones públicas y a las empresas
licitadoras a considerar en los procesos de contratación la toma en
cuenta de aspectos medioambientales, como la utilización por el licitador
de energía renovable en la ejecución del contrato, así como el empleo de
medidas de ahorro y eficiencia energética, lo que puede ser conseguido
con el suministro de comercializadoras de electricidad 100 % verde. Por
lo tanto, no solo la realidad climática reclama actuaciones públicas
urgentes y ejemplificadoras, sino que el contexto político europeo y el
marco jurídico son propicios para impulsar que los edificios, sedes,
equipamientos y demás instalaciones de la Administración General del
Estado y de su sector público institucional contraten su suministro
eléctrico de origen 100 % numerable. Las experiencias al respecto son ya
abundantes y las administraciones públicas que han abordado la
contratación del suministro eléctrico 100 % renovable en ayuntamientos y
grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Santiago de
Compostela o, incluso, pequeñas localidades, como Limpias, en Cantabria,
o San Pelayo, en Valladolid, son ejemplos a seguir. Son destacables
también los ejemplos de la Asociación Catalana de Municipios, a la que
están adheridos 557 consistorios catalanes, con una población de 3,4,
millones de habitantes, o el Cabildo de Gran Canaria o la propia oficina
del Defensor del Pueblo.

Por otra parte, señorías, no podemos olvidar que la eficiencia
energética está considerada hoy en día como una de las mejores
alternativas para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y
reducir, como hemos dicho, las emisiones de gases de efecto invernadero,
para poder alcanzar un crecimiento sostenible. En este sentido, el
artículo 5.5, de la Directiva 2012/27/UE, rubricado, de eficiencia
energética, función ejemplarizante de los edificios de los organismos
públicos, obliga a elaborar y a hacer público el inventario de los
edificios con calefacción o refrigeración de las administraciones
centrales cuya superficie útil sea superior a 250 metros cuadrados y
obliga también a que, al menos, el 3 % de la superficie total de los
edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tengan
propiedad y ocupen su Administración Central se renueve cada año, para
garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia
energética que se establecen en la Directiva 2010/31/UE, relativa a la
eficiencia energética de los edificios.

La Administración General del Estado dispone en nuestro país de
más de 10 000 edificios, según datos del Portal de transparencia del
Ministerio de Hacienda y Función Pública; de ellos, según consta en el
inventario de 2016 de los edificios de esta Administración General del
Estado, 2142 disponen de más de 250 metros cuadrados útiles. La
asociación Greenpeace ha puesto en marcha un proyecto denominado Solar
Maps, a partir del cual se estima que el potencial solar de producción
eléctrica de solo 917 edificios de la Administración General del Estado,
y ya hemos dicho que dispone de cerca de 10 000, es de 93 457 gigavatios
hora/año, lo que supondría un ahorro de más de 320 millones de euros, en
una estimación a 25 años para las cuentas públicas y de 36 239 toneladas
de CO2 al año. Señorías, de los 15 edificios ministeriales que tenemos en
nuestro país solo cuatro cuentan con energía solar. Estamos aprovechando
tan solo el 1,25 % de su potencial solar, según datos de Greenpeace
en 2018. El potencial de mejora es, por tanto, enorme. La progresiva
instalación de instalaciones solares en las cubiertas de los edificios de
la Administración General del Estado es esencial y necesaria para no
desperdiciar las excelentes oportunidades, tanto de carácter económico y
ambiental como de ejemplaridad pública y compromiso con la transición
energética que supone. Estamos, por tanto, ante un elevado potencial de
ahorro energético que resulta imperativo aprovechar al máximo. La
Administración General del Estado puede y debe coadyuvar a la Ley de
cambio climático y transición energética y ser motor de impulso a esa
transición tan necesaria. Puede hacerlo mediante la compra verde de su
suministro eléctrico y mediante la implementación de medidas de ahorro y
eficiencia energética, aprovechando el enorme potencial solar de las
cubiertas de sus edificios para la instalación de sistemas de generación
de energía renovable, tanto para satisfacer sus propias demandas
energéticas como para verter a la red el excedente de energía
limpia.

Por estos motivos, señorías, pedimos el apoyo de los grupos
parlamentarios a esta iniciativa que pensamos que dirige la acción hacia
la necesaria transición energética.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Pascual.

El señor PASCUAL MADINA: Gracias, señor presidente.

Presentamos esta enmienda porque nos parece que la moción del
Grupo Podemos tiene sentido, que está bien. Pero hay una parte de esa
moción que no procede de ninguna manera e, incluso, podríamos valorar si
es legal o no; me refiero a la obligación de contratar con
suministradoras eléctricas comercializadoras que tienen certificado lo
que ellos dicen que es energía verde. Entendemos que esto no procede y,
por eso, hemos presentado esta enmienda que sustituiría los puntos 1 y 2
de la moción. Nosotros queremos también que todo esto que ha contado
usted al final, la implantación en cubiertas de energía solar,
aprovechando más la energía térmica solar, que es un potencial muy
grande, las pruebas eólicas..., se produzca y que, además, sea la
Administración General la que dé ejemplo usándolas y fomentándolas, pero
el tema de la contratación no procede. Nuestro punto diría que hay que
continuar fomentando que el suministro eléctrico en edificios, sedes,
equipamientos y demás instalaciones de la Administración General del
Estado proceda de fuentes de energías renovables, de acuerdo con las
posibilidades que permitan los avances tecnológicos.

El punto 3 se quedaría igual, porque creemos que es muy razonable,
además de que está incluido en la Directiva de eficiencia energética
europea que ya obliga, de alguna manera, a la Administración General del
Estado a aumentar su eficiencia energética en los edificios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para el turno de aceptación o rechazo de la enmienda, Por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente.

Primeramente agradezco al senador del Grupo Popular la
presentación de la enmienda. Pensamos que nos da claves interesantes para
abrir espacios de diálogo, que son siempre positivos y que pueden
redundar en mejoras. Pero nos vemos obligados a rechazar la enmienda
porque parte de una premisa continuista con un tipo de políticas que no
compartimos, porque no estamos detectando que se quieran hacer compras
verdes. Es decir, nosotros pensamos que no se está desarrollando una
política pública estatal de compra pública verde. Por lo tanto, nos
parece que no hay que dar continuidad a algo que no existe, sino que hay
que iniciar el proceso y hacerlo a la velocidad que creemos que nuestro
planeta está reclamando, con voluntad política, que claro está tiene que
ponerse sobre la mesa, porque, además, técnicamente es posible. No es que
nosotros digamos que la energía que se compra por esas comercializadoras
es cien por cien renovable; lo dice la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, como usted sabe, señoría. Por lo tanto, técnicamente es
posible, es viable, es una solución, pensamos, francamente positiva para
este problema. Por ello, rechazamos la enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Comenzamos el turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, senador Navarrete, ¿desea
intervenir? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Nacionalista, senadora Rivero, ¿desea intervenir?
(Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿alguna intervención?
(Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, senadora
Cortès, ¿desea intervenir? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente.

Voy a darles, al hilo de la exposición que acabamos de hacer sobre
las enmiendas, algunos datos para la reflexión que deberíamos poner sobre
la mesa. El primero sería que las emisiones de gases de efecto
invernadero de nuestro país aumentaron un 4,5 % el año pasado. El segundo
es que, con el modelo actual, importamos el 72,3 % de la energía, 20
puntos más que la media europea. Y el tercero es que España aún no
alcanza el objetivo de 20 % de consumo energético de fuentes renovables.
Con este panorama, señorías, no solo consideramos necesarias medidas como
la que hoy traemos a esta comisión, sino que además pensamos que
deberíamos estar planteándonos medidas más ambiciosas de intervención
pública en materia de generación y abastecimiento eléctrico, como, por
ejemplo, la creación de operadores públicos a semejanza de lo que ha
hecho Barcelona con su operadora Barcelona Energía. Esta no solo abastece
desde el pasado 1 de julio el equipamiento y alumbrados del ayuntamiento,
sino que, desde esta misma semana, suministra también a los hogares que
quieran contratarlo. El ejemplo de Barcelona Energía es un referente de
trabajo para la soberanía energética, para que se reduzca nuestra
dependencia tanto de los oligopolios energéticos como del extranjero. Las
instalaciones del consistorio, de momento, ya se autoabastecen en 3908
puntos de suministro municipales.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid es otro ejemplo en este
sentido. Desde el día 1 de enero de 2017, toda la energía que circula por
los 1300 puntos de suministro eléctrico que hay en los edificios
municipales es íntegramente de origen renovable, mezcla de hidráulica,
eólica y solar. El resultado: cero emisiones de CO2 y cero residuos
radiactivos.

Con el acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica
renovable de edificios municipales y equipamientos del Ayuntamiento de
Madrid y sus organismos autónomos, acuerdo que además se presentó
dividido en cuatro lotes por un importe total de 82 millones de euros, se
produjo un cambio trascendental en las políticas económicas y
medioambientales. El acuerdo contemplaba como criterio de solvencia
técnica que las empresas que se presentaran al proceso tenían que contar
con la certificación emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia de que solo comercializarían energía de origen cien por
cien renovable.

Este contrato también tiene un impacto positivo al mejorar el
acceso de las pymes a la contratación municipal de energía. Al
presentarse dividido en cuatro lotes, pequeñas y medianas empresas pueden
entrar también a formar parte de estos acuerdos. Además, este contrato
presta particular atención a las personas en situación de pobreza
energética e incorporar, como criterio de adjudicación, la alfabetización
energética a través de jornadas de formación, tanto para empleados
municipales como para ciudadanos, sobre eficiencia energética y energía
renovable.

Estos son ejemplos, señorías, que marcan un deseable horizonte
para la necesaria transición energética. Como hemos visto, no solo son
posibles, sino que ya son realidades que se están llevando a cabo. Sin
embargo, y ciñéndonos al objetivo concreto de esta moción, les diré que,
siendo, como hemos dicho, técnica, comercial y políticamente viable que
los edificios e instalaciones públicas se suministren con energía cien
por cien debidamente certificada por un operador independiente como es la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Administración
General del Estado debe actuar con ejemplaridad apostando por un futuro
energético descarbonizado y cien por cien limpio y no contaminante,
porque es posible, al existir administradoras en condiciones de
suministrar esa energía certificada; porque es imperativo, pues España ha
suscrito compromisos internacionales de reducción de gases de efecto
invernadero que hay que cumplir, y este es un modo para hacerlo, y, por
último, porque es necesario e imprescindible cuando vivimos una situación
de emergencia climática que tozudamente el día a día y los informes
científicos desgraciadamente nos recuerdan.

Hay que actuar, y hay que hacerlo ahora, porque con este tipo de
medidas vamos definiendo un horizonte y unas líneas de actuación que van
en un claro sentido de transición hacia un modelo limpio, económico y
medioambientalmente sostenible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Pues claro que hay posibilidad para el acuerdo, señora Jiménez.
Aquí se ha dicho que no la había, pero sí que la hay. Le avanzo que mi
grupo va a votar favorablemente a la moción que presenta. Y lo va a hacer
porque es perfectamente asumible con la una nueva estrategia que, en
relación con la eficiencia energética y con la protección del medio
ambiente, este Gobierno plasmará en la futura Ley de cambio climático y
en el Plan nacional integrado de energía y clima 2021-2030.
Concretamente, se busca la reducción de los objetivos difusos, tal cual
nos hemos comprometido con nuestros socios y aliados: un 20 % en el 2030
en relación con los valores de 1990. De hecho, la ministra Ribera, hace
pocos días, en la reunión del Consejo de Energía de Luxemburgo, dejó
claros cuáles eran los objetivos del Gobierno.

Como he dicho, el Gobierno va a presentar en breve el Plan
nacional integrado de energía y clima 2021 y 2023, para avanzar en la
descarbonización del sistema energético, sentando así las bases para
consolidar una trayectoria acorde con la neutralidad en carbono en el
horizonte 2050, tal y como nos hemos comprometido en la Cumbre de
París.

Pero, señorías, partimos, es cierto, de un escenario complicado.
En el año 2017, las emisiones en España fueron un 18 % superiores a las
de 1990. Además, en el año 2027, las emisiones aumentaron un 4,46 %
respecto al 2016, tal y como dijo mi compañera. Esto representa el mayor
incremento en las emisiones de CO2 desde hace quince años. Hemos dado
pasos para atrás en esta materia y, por lo tanto, es urgente tomar este
tipo de medidas, especialmente cuando contamos con un potencial en
materia de renovables, que hemos defendido sistemáticamente en esta
Cámara, que permite la transformación de nuestro sistema, de un mix
energético con una fuerte dependencia exterior y de los combustibles
fósiles, en un mix energético fundamentalmente dotado de energía limpia.
Y, por lo tanto, es imprescindible que la Administración General del
Estado tenga un papel ejemplarizante.

En esta materia en concreto, cabe reseñar lo que está haciendo el
Gobierno desde el primer día.

Yo quisiera poner de manifiesto hoy aquí que el Gobierno ha
presentado hace pocos días el Plan de contratación pública ecológica, que
ha sido sometido al trámite de información pública y remitido para
observaciones a todos los departamentos de la Administración General del
Estado. Esto lo ha hecho el Gobierno el primer día. En breve, dicho
acuerdo se elevará al Consejo de Ministros.

Por lo que respecta a la compra de electricidad, de la que aquí se
ha hablado, se transcribe en ese propio Plan de contratación que la
compra de energía eléctrica obligatoriamente tendrá que proceder, al
menos en un 50 %, de fuentes renovables y que este porcentaje se
incrementará año a año hasta llegar al 100 % en el año 2025. Por lo
tanto, el Gobierno ya está trabajando desde el primer día en esta
materia.

El plan recoge también que la energía cuente, tal y como proponía
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia, con
garantía de origen acreditado y será esta misma entidad la que
precisamente tenga que garantizar que esta energía corresponda
efectivamente a una fuente de energía limpia. Por otro lado, en el propio
Plan de contratación pública ecológica de la Administración General del
Estado se recogen numerosas materias que no tienen que ver solamente con
la electricidad y, como criterios generales de actuación, se dice que la
contratación pública tendrá que valorar la materia de la ecología, la
vida útil del material inventariable, criterios de circularidad en
relación con todos los bienes y servicios y, por supuesto, la huella de
carbono en todos los productos y materiales que compre la Administración
General del Estado.

Por lo tanto, señorías, queremos ponerle freno a ese incremento en
las emisiones de CO2 , queremos que la Administración General del Estado
juegue su papel ejemplarizante y a eso es a lo que se ha dedicado el
Gobierno desde que ha llegado, a poner de nuevo en marcha el IDAE, a que
se sigan teniendo criterios de eficiencia energética en la construcción y
remodelación de los edificios de la Administración General del Estado y a
que, en definitiva, la economía a partir de hoy tenga en cuenta la
protección del medioambiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Pascual tiene la
palabra.

El señor PASCUAL MADINA: Gracias, señor presidente.

Señora Jiménez, lamentamos que no haya aceptado nuestra enmienda.
Mi grupo se va a abstener porque lo único que nos diferencia es el tema
de la compra de energía. Ya ve cómo el Gobierno, aunque va a votar a
favor, inicialmente va a poner que sea un 50 %. Suponemos que lo que
harán a partir de ahora será contratar toda la energía renovable,
desconectarse del sistema, porque es la única manera de no engañar a los
españoles diciendo que se está consumiendo energía verde, cortarán y
dirán a las suministradoras que rescinden sus contratos; no sé cómo lo
harán, la verdad. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que uno está
consumiendo solo energía verde está bien como instrumento publicitario,
pero no es nada riguroso. Es cierto que se certifica que una
comercializadora solo suministra energías renovables, pero hay que
entender el por qué. Es porque esa suministradora tiene contratos
bilaterales con ciertas generadoras que quizá solo tienen energía solar o
solo tienen energía eólica, etcétera, pero lo que realmente están
consumiendo en un mix energético nacional. Esa es la realidad. Tampoco es
que sea mentira del todo, pero yo les pregunto a los senadores: ¿qué
pasaría si todo el mundo quisiera consumir energía verde? Que no se
podría. Es más, ¿qué pasaría si las diez o doce empresas
electrointensivas de España quisieran consumir energía verde? Que usted
no podría consumirla. Entonces, ¿qué es verdad? Es verdad un mix
energético nacional en el que están integrados una serie de generadores
que, efectivamente, son generadores renovables. Esto es así. Por lo
tanto, cuando yo digo que a ver qué hace el Gobierno a partir de ahora,
pues es así también. Además, usar este argumento es como dividir entre
buenos y malos; es decir, yo soy el verde, yo miro por el planeta, yo
miro por el futuro de nuestros hijos y ustedes son malos, sucios y
asquerosos. (Risas.— Rumores). No, señora Jiménez, permítame lo de
asquerosos dicho de una manera amable y coloquial. Tampoco es verdad, no
vamos a dividir a la gente entre buenos y malos. Porque, insisto, ¿qué
pasaría si las diez empresas electrointensivas de España contrataran
—que podrán, entiendo yo— energía verde? ¿Que se acabaría la
energía verde? ¡No, hombre no!, eso no funciona así.

Nosotros queremos ser un poco más responsables y hacer las cosas
bien, y nos vamos a abstener porque si el Gobierno quiere decir a los
ciudadanos que va a hacer eso, el Gobierno lo hará y dirá lo que quiera.
Además, es en el único punto en el que no estamos de acuerdo. Toda la
exposición: instalación de autoconsumo, eficiencia en los edificios,
etcétera, es la línea, no de su partido ni del Partido Socialista ni de
cualquier otro, sino de todo el mundo sensato y por la que se va a ir sí
o sí.

Le voy a hacer algunas preguntas: ¿qué es verde? ¿El mayor
problema que tiene la humanidad hoy son las emisiones de CO2? ¿La energía
nuclear es una energía verde porque no emite CO2? Son preguntas que dejo
en el aire. En una noche de calma anticiclónica, ¿cuál es la energía
verde? ¿Las farolas las vamos a pagar o vamos a consumir energía sucia?
(Risas.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, no entremos en debate.

El señor PASCUAL MADINA: Ustedes se ríen, pero la pregunta es
propicia. El Gobierno vota que sí y lo explicará como lo quiera
explicar.

Por lo demás, ¿qué tiene que hacer el Gobierno? Lo que tiene que
hacer el Gobierno es una política energética sensata, seria, de
potenciación de las energías renovables y poco a poco ir eliminando del
sistema las energías que emiten CO2 y de esa manera luchar contra el
cambio climático. Eso es lo que tiene que hacer. Pero querer ideologizar
la compra de energía, que es lo que se está haciendo con esto, no nos
parece propio. Este Gobierno con su política energética está haciendo
muchísima ideología, y yo insisto, y siempre lo digo, en que la ideología
ha costado mucho dinero al bolsillo de los españoles, muchísimo muchísimo
dinero, y nos tememos que va a seguir costando dinero. Por eso, nosotros
ponemos ese punto de racionalidad con esta abstención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Acabado el debate de las distintas mociones, procedemos a su
votación.

El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al
Gobierno a la realización de estudios y otras acciones en los acantilados
de Peñíscola. (Rumores). Señorías, por favor, guarden silencio. Esta
moción, como saben, no tenía ninguna enmienda, por lo tanto, votamos el
texto tal y como se presentó por el Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 21; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, votamos la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al
Gobierno a la puesta en marcha de un plan estratégico de lucha y
erradicación de la planta Camalote en el río Guadiana y a la realización
de una auditoría de los gastos generados en la lucha contra la misma por
parte de la Confederación Hidrográfica.

A esta moción tampoco se presentaron enmiendas, por lo que votamos
el texto tal y como se presentó por el Grupo Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 18; en contra, 6; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor PRESIDENTE: Procedemos ahora a la votación de la moción
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas para establecer mecanismos
de compensación por los costes adicionales incluidos en el precio de la
electricidad soportados por las industrias electrointensivas.

Hubo una enmienda del Grupo Socialista que no fue aceptada. Por lo
tanto, procedemos a votar con arreglo al texto original presentado por el
Grupo Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 20; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor PRESIDENTE: Por último, votamos la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea por la que
se insta al Gobierno a que las instalaciones de la Administración General
del Estado se suministren con energía eléctrica de origen renovable e
incorporen criterios de eficiencia energética.

A esta moción se presentó una enmienda que no fue aceptada por el
Grupo proponente. Por lo tanto, procedemos a la votación de la moción en
los mismos términos en los que fue presentada.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor
12; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, no sin antes
recordar a los portavoces y a los miembros de la Mesa que se queden un
segundo, por favor.

Eran las trece horas y quince minutos.