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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 87, de 21/03/2018
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 87
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 20
celebrada el miércoles,
21 de marzo de 2018
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:
- Moción sobre la reducción del plazo legal de rendición de la cuenta general del Estado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000232 y número de expediente del Senado 773/000009) ... (Página3)
- Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de
fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de control externo de las comunidades autónomas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000235 y número de expediente del Senado 771/000228) ...
- Informe de fiscalización de la contratación del Museo Nacional del Prado, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicios 2015 y 2016. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000234 y número de expediente del Senado 771/000232) ... (Página17)
- Informe de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones realizadas por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. relativas al Servicio Postal Universal. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000237 y número de expediente del Senado 771/000229) ... (Página23)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque I:
- Informe de fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000244 y número de
expediente del Senado 771/000234) ... (Página30)
Bloque II:
- Informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000222 y
número de expediente del Senado 771/000224) ... (Página30)
Bloque III
- Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000225 y número de expediente del Senado 771/000221) ... (Página31)
- Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000228 y número de expediente del Senado 771/000240) ... (Página32)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000229 y número de expediente del Senado 771/000239) ... (Página33)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000230 y número de expediente del Senado 771/000235) ... (Página33)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000239 y número de expediente del Senado 771/000237) ... (Página34)
- Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000224 y número de expediente del Senado 771/000222) ... (Página35)
Bloque IV:
- Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Jaén. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000226 y número de expediente del Senado 771/000219) ... (Página36)
Bloque V:
- Informe de fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2015, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000231 y número de expediente del Senado 771/000227) ... (Página37)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:
- MOCIÓN SOBRE LA REDUCCIÓN DEL PLAZO LEGAL DE RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000232 y número de expediente del Senado 773/000009).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Si les parece a todos ustedes, damos comienzo a la sesión de la Comisión. Quiero anunciarles previamente que hay un cambio en el orden del día. El punto que figura en el orden del día como 3.º se
debatirá como 2.º y, al contrario.
Sin más dilación y dándole la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas, que una vez más comparece en esta Comisión, pasamos al debate del punto 1.º del orden del día, que es la moción sobre la reducción del plazo legal de rendición
de la Cuenta General del Estado.
Tiene la palabra para exponer la moción el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Tanto la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas como el propio tribunal han venido pronunciándose a favor de la reducción legal del plazo de rendición de la Cuenta General del Estado a fin de que la
declaración sobre la misma pueda ser emitida en el ejercicio siguiente al que aquella se refiere. El pleno del Tribunal de Cuentas, haciéndose eco de estos planteamientos, ha aprobado la moción sobre la reducción del plazo legal de rendición de la
Cuenta General del Estado.
Con anterioridad, el tribunal había aprobado sendas mociones, una en 1996 y otra en 2005, referidas a distintos aspectos relacionados con la Cuenta General del Estado, en las que, entre otros extremos, se aboga por la reducción de los plazos
de rendición de la misma.
El tiempo transcurrido, más de veinte años desde que se fijaron en la normativa presupuestaria la mayoría de las plazos legales de rendición de cuentas, y la evolución experimentada en los sistemas de llevanza de la contabilidad y de
tramitación electrónica permiten su revisión y reducción para un mayor acercamiento de la fiscalización al ejercicio al que las cuentas correspondan.
La regulación vigente sobre el plazo de rendición al Tribunal de Cuentas por parte del Gobierno de la Cuenta General del Estado, formulada por la Intervención General del Estado, se encuentra tanto en el artículo 131 de la Ley General
Presupuestaria como en el artículo 33 de la Ley de funcionamiento del tribunal. Ambos preceptos establecen que la remisión de la Cuenta General del Estado al Tribunal de Cuentas tendrá lugar antes del 31 de octubre del año siguiente al que se
refiera, plazo de diez meses que ha permanecido invariable desde el año 1988.
El tribunal procede al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado al objeto de verificar si se ha elaborado conforme a las normas presupuestarias y contables, en particular las de consolidación del sector público. El pleno, oído
el fiscal, dicta la declaración sobre la misma, formulando a las Cortes las propuestas oportunas para la mejora de la gestión económico-financiera del sector público estatal, así como otras medidas.
Con la aprobación de la Cuenta General del Estado por los plenos de ambas Cámaras se cierra el ciclo presupuestario iniciado con la elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El control parlamentario del Ejecutivo en
relación con la ejecución presupuestaria se efectúa sobre la cuenta general rendida por el Gobierno al tribunal para su dictamen. En este proceso la Cuenta General del Estado constituye el documento informativo capaz de ofrecer una visión de
conjunto de la actividad desarrollada por todo el sector público estatal. Por ello, el plazo de rendición de la Cuenta General del Estado es determinante de la eficacia de los controles del tribunal y de las Cortes Generales para lograr en un
tiempo razonable los objetivos de interés público propios de la fiscalización de la cuenta general.
Aparte de las mociones citadas, en las declaraciones sobre la Cuenta General del Estado en los dos últimos ejercicios se propone a las Cortes que se fomenten las medidas legislativas tendentes a la reducción con carácter general de los
plazos establecidos en la actualidad para todos los trámites referentes a la cuenta general. Por su parte, los Plenos del Congreso y del Senado han instado a fomentar las medidas tendentes a la referida reducción de plazos. En este sentido, el
tribunal ha acortado en los
últimos años el plazo de emisión de su declaración al pasar de noviembre del segundo año posterior al que la misma se refería al mes de junio en los dos últimos ejercicios, plazo que se mantiene para la cuenta de 2016. El propósito es
emitir la declaración dentro del año siguiente al que la cuenta se refiera, como ocurre en los países de nuestro entorno.
Como consecuencia de todo lo expuesto y con la finalidad de mejorar la eficacia de la función fiscalizadora a través de un control más oportuno de la Cuenta General del Estado de cada ejercicio y del sector público estatal que se integra en
ella, el tribunal traslada a las Cortes Generales las siguientes propuestas de reforma normativa para que los órganos que constitucionalmente tienen atribuida en exclusiva la iniciativa legislativa puedan, si lo consideran oportuno, adoptar las
siguientes medidas. Primero, modificar la normativa presupuestaria contable y de elaboración de la Cuenta General del Estado con el fin de reducir tanto el plazo legal de rendición por el Gobierno al tribunal de la Cuenta General del Estado como el
plazo de rendición de las cuentas individuales aprobadas para que el tribunal pueda emitir la declaración en el año siguiente al ejercicio económico al que aquella que refiera y dotar a las Cortes, como viene reclamando, del correspondiente
pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado en exceso de dicho ejercicio.
En segundo lugar, modificar el artículo 33 de la Ley de funcionamiento del tribunal con el fin de actualizar su contenido en lo que se refiere al plazo de rendición de la Cuenta General del Estado para adaptarlo al nuevo plazo de la
normativa presupuestaria que resulte de la propuesta anterior.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Agradezco una vez más la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas en esta Comisión mixta y especialmente por este primer punto del orden del día, por esta moción, que es una iniciativa más que toma el Tribunal de Cuentas para hacer
unas recomendaciones sobre las cuales voy a hablar después.
Sin hacer ninguna referencia personal especial, debo manifestar que yo me incorporé a esta Comisión mixta ya hace unos cuantos años, en la anterior legislatura -y no me refiero a la corta sino a la anterior-, y una de las cosas que más me
llamó la atención es el retraso con que se veían los informes. No tenía mucho sentido ver en esta Comisión informes de hacía ocho o diez años; perdía prácticamente cualquier sentido. Es verdad que a lo largo de esta legislatura se ha hecho un
esfuerzo por parte del presidente y de todos los miembros de la Comisión para actualizarnos y ahora podríamos entender que estamos al día, lo que puede facilitar más nuestro trabajo y que sea más comprensible por parte de la sociedad, que es a quien
va dirigido.
Efectivamente, el tema que se nos plantea hoy y que, como se dice en la misma moción, sale de forma recurrente cada vez que se presenta una Cuenta General del Estado, es una cuestión que a mi grupo le preocupa. Nos parece acertado centrar
el debate y estas recomendaciones en la posibilidad de modificar la normativa a efectos de que cuando se proceda a la declaración de una cuenta general lo hagamos con el menor retraso posible, y es razonable poder hacerlo al año siguiente al que se
refiera. Por tanto, nuestro grupo acoge con interés esta moción. Vamos a hacer lo posible desde la modestia de nuestros ocho diputados para que esto tenga continuidad, no se quede en una moción y se acabe legislando al respecto. En todo caso, le
queremos hacer una serie de preguntas al presidente sobre la base de la experiencia del propio Tribunal de Cuentas. Cuando establecemos esta modificación de la normativa, esencialmente en los plazos, ¿qué plazos entiende usted que serían
razonables? Ahora estamos hablando del 31 de diciembre. ¿Sería muy ambicioso plantear que fuera a 30 de junio? Nos gustaría conocer su opinión. En cuanto a la modificación del artículo 33 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas,
¿cuál sería su propuesta, su sugerencia? ¿Podríamos acortar también los plazos que tiene el propio Tribunal de Cuentas? ¿En qué términos los podríamos acortar?
En todo caso, le agradezco la presentación de esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Bienvenido de nuevo, señor Álvarez de Miranda. Queremos expresar nuestro agradecimiento -el del Grupo Parlamentario Ciudadanos-, por un lado, al Tribunal de Cuentas por el esfuerzo que ha realizado durante todos estos meses y, por otro lado
y por supuesto, a esta Comisión y a su Presidencia que también ha hecho un esfuerzo para ponerse al día en todos los informes. Reitero también las palabras del anterior interviniente cuando comentaba todo el esfuerzo que se ha hecho; yo creo que
es fundamental que la sociedad conozca esa función fiscalizadora porque pondremos en valor las instituciones que hoy se presentan aquí.
Desde luego, ha sido una reivindicación clásica de los diputados acortar los plazos de ejecución de los informes. Es determinante, como usted ha dicho, para esos objetivos de fiscalización y somos conscientes de la dificultad y el enorme
trabajo que hay detrás de todo esto, pero también es importante poner en valor la transformación digital que están sufriendo las administraciones. De hecho, nuestro grupo parlamentario ha presentado distintas iniciativas para digitalizar la
Administración y estoy convencido de que ustedes así lo han hecho en el Tribunal de Cuentas. A mí me gustaría preguntarle, porque además usted ha comentado que han hecho un esfuerzo para presentar las cuentas -lo hacían en noviembre y ahora pasaban
a junio-, a qué ha sido debida fundamentalmente esa anticipación de las cuentas, si ha sido determinante la transformación digital del Tribunal de Cuentas o cómo lo han hecho para también trasladarlo a la Intervención General de la Administración
del Estado. Está claro que la Ley General Presupuestaria, en su artículo 131, establece esos plazos, lo sabemos, pero está claro que la última Cuenta General del Estado que se aprobó aquí, en el Congreso, fue la correspondiente a 2015. Tenemos que
hacer un esfuerzo; nosotros estamos de acuerdo con esta moción y damos la bienvenida a estas conclusiones.
No obstante, para terminar, sí que me gustaría -y ya se lo he comentado alguna vez- animar al Tribunal de Cuentas a proponer, a ver qué es lo que hace falta para también acortar los plazos sobre el sector público autonómico. El último
informe aprobado es el del ejercicio 2004 y el último informe del sector público local es de 2015. En nuestra opinión, contribuiría muy positivamente a la transparencia y a formar una visión coherente y completa del sector público. Lo ideal sería
que se puedan debatir y aprobar estos tres informes conjuntamente.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Quiero dar la bienvenida una vez más al señor Álvarez de Miranda.
El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en la sesión de 21 de diciembre de 2017 traer aquí esta moción para proponer la reducción del plazo legal de rendición de la Cuenta General del Estado. No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas
traslada al Congreso la necesidad de reducir el plazo de entrega de la cuenta general y nuestro grupo parlamentario lo agradece porque está de acuerdo en lo fundamental de lo que traslada el Tribunal de Cuentas en esta moción. Cabe recordar que
terminamos de aprobar la cuenta general de 2015 a finales de 2017 y es incomprensible para la ciudadanía y también para los diputados que estamos aquí, al menos para los de mi grupo, que la ejecución presupuestaria de un ejercicio -lo que es la
cuenta general- se debata y se apruebe dos años y medio después de haber sido ejecutado el presupuesto, cuando las empresas tienen que registrar sus cuentas en junio de cada año. Nosotros, cuando accedimos aquí, esto lo veíamos incomprensible
porque creemos que el sector público tiene que dar ejemplo y no al revés. Por eso consideramos que la cuenta general debe rendirse de una forma mucho más rápida.
Además, como dice el Tribunal de Cuentas, cuando se fijaron en la normativa presupuestaria los plazos legales de rendición de cuentas no se contaba con los avances que ha habido en materia de digitalización dentro de la Administración, que
pueden permitir la reducción de ese plazo sin mayor problema. El actual plazo de diez meses para la rendición de la cuenta se fijó en una reforma de la Ley General Presupuestaria en el año 1998 y no se ha modificado desde entonces. Por lo tanto,
parece que puede tener sentido realizar esta modificación legislativa a día de hoy para adaptarla a la nueva realidad de la Administración pública que, por cierto, no me cabe duda, sí se ha adaptado y se ha renovado para integrar e implementar los
nuevos sistemas de información.
Para facilitar una mayor eficacia del control externo es necesario que la declaración se pueda rendir aquí, como plantea el Tribunal de Cuentas, dentro del año posterior a la ejecución de ese presupuesto,
como ocurre en otros países de nuestro entorno, como Francia, Italia y Portugal. Por lo tanto, estamos de acuerdo en la moción que plantea el Tribunal de Cuentas de reducir el plazo legal y de modificar la normativa oportuna, en este caso
la normativa presupuestaria y la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Por tanto, votaremos a favor de esta moción y esperamos poder abordar en esta legislatura una reforma tanto de la Ley General Presupuestaria como de la Ley de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para implementar el contenido de esta moción, pero también para abordar una reforma que mejore el funcionamiento del mismo en diferentes aspectos.
Simplemente, me gustaría preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si tiene constancia de la opinión del Gobierno respecto a la modificación de esta normativa para mejorar los plazos de rendición de la cuenta general. Y no solo del
Gobierno, sino también de la IGAE, que es realmente quien más afectada se vería por esta modificación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente. Quiero agradecer también la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas y de los trabajadores y trabajadoras que nos asisten en esta sesión.
Parto de manifestar que nosotros en todas las cuentas generales hemos venido aportando, como propuesta de resolución, la reducción de los plazos a la hora de aprobar la cuenta general en el Parlamento. Por tanto, vamos en sintonía con el
contenido y el objetivo de esta moción. Pero, al mismo tiempo, tengo que decir que me suena un poco a un pulso permanente entre la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas. Voy a explicar por qué, y es lo que
me gustaría que se me aclarase por parte del presidente del tribunal.
Los plazos están establecidos a través de la Ley General Presupuestaria, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Hay dos plazos, uno que se establece a través de la Ley General
Presupuestaria, que dice que quien tiene que formular la cuenta es la Intervención General de la Administración del Estado y que tiene de plazo hasta el 31 de octubre del año siguiente. Ese es un primer plazo con el que contamos. Luego hay un
segundo plazo, el que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas que dice, en su artículo 10, que el Tribunal de Cuentas dispondrá de un plazo de seis meses desde que le llegue para realizar la correspondiente declaración y efectuar el
análisis previo y fiscalización, es decir, elaborar el documento y someterlo a pleno, y luego dispondrá de dos meses más para su presentación ante el Parlamento. Esos son los plazos establecidos: unos afectan al trabajo de la IGAE y otros afectan
al Tribunal de Cuentas. Evidentemente, la propuesta que se hace por parte del Tribunal de Cuentas parece que no afecta a su plazo sino al de la IGAE. Porque el objetivo, ¿cuál es? Ahí coincidimos, el objetivo es que se apruebe la cuenta incluso
antes de que se aprueben los presupuestos del año siguiente. ¿Por qué? Porque los presupuestos se aprobarán en diciembre definitivamente y de lo que se trata es de que a la hora de tener el debate y aprobación definitiva de los presupuestos
tengamos ya el certificado, la declaración, analizada en el Parlamento, de la cuenta general del año anterior. El objetivo es muy razonable. Y yo digo, si eso lo han conseguido Portugal, Alemania, Francia e Italia, ¿por qué no lo vamos a conseguir
nosotros? ¿Somos más torpes? ¿Tenemos menos tecnología? Ni somos más torpes ni tenemos menos tecnología, la cuestión es ponernos de acuerdo en los plazos que afectan a la IGAE y que afectan al Tribunal de Cuentas. En la moción se habla de eso,
de conseguir este objetivo y modificar la ley para reducir los plazos, pero ahí no se habla de reducir los plazos del Tribunal sino de reducir el plazo, que parece que es el único existente, de formulación por parte de la IGAE. Entonces mi primera
pregunta es cómo conseguimos el objetivo y cómo reducimos el plazo. El ideal sería una reducción hasta el mes de noviembre del año siguiente, no como ahora, que estamos hasta el mes de octubre de dos años posteriores. Sí, se ha avanzado algo y lo
hemos reducido hasta junio, pero seguimos estando dos años posteriores al ejercicio de la cuenta general. Yo creo que habrá que tocar los dos plazos para conseguir el objetivo, pero me gustaría conocer su opinión al respecto. ¿Cuál considera el
tribunal que sería...
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, hablando de plazos, está usted ya fuera de plazo.
El señor HURTADO ZURERA: Voy a concluir.
¿Cuál sería la reducción de plazos ideal -el total ideal lo sabemos, noviembre del año siguiente- para la formulación de la cuenta e ideal para el análisis, examen y declaración por parte del tribunal? Porque yo creo que se deben reducir
los dos plazos.
En segundo lugar, que nos preocupa también. ¿Esto puede dar lugar a que se incumpla aún más de lo que ya se incumple con la presentación de las cuentas generales? En 2015 no se presentan diez cuentas generales de distintas entidades; en
2014 no se presentan las de catorce entidades. Pero lo peor de 2015 no es eso, sino que setenta y dos entidades las presentan fuera de plazo. ¿Puede la reducción de plazos acarrear el riesgo de que en vez de setenta y dos nos pongamos en ciento
ochenta y dos, con lo cual el consolidado de la cuenta general no sea, digamos, el adecuado?
Concluyo, presidente. Eso hay que evitarlo. Creemos que es necesario reducir los plazos y, evidentemente, obligar a que cumplan con la presentación y aprobación de sus cuentas todas las entidades. Me gustaría saber cuál es la fórmula y su
opinión es fundamental: ¿hay que establecer un régimen sancionador o no hay que establecerlo?, ¿qué tipo de régimen sancionador o de qué forma nosotros podemos llegar a que la flexibilidad, la laxitud, la permisividad que existen ahora mismo de
alguna forma se erradiquen?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Juncal Rodríguez.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, presidente, y también deseo darle la bienvenida nuevamente al presidente del Tribunal de Cuentas.
Quería hacer una reflexión al hilo de todas las intervenciones. Desde luego, ante la posibilidad de que las cuentas pudiesen estar fiscalizadas no ya en noviembre sino en febrero creo que estaríamos todos encantados, porque este es más un
problema técnico que político. Como decía el presidente, la Comisión ha sido siempre insistente en el tema de la reducción de plazos y de ahí esta moción del tribunal, es decir que el tribunal funciona un poco por presión de esta Comisión. Si
analizamos la cuenta general, hay tres actores principales: la IGAE en primer lugar, el Tribunal de Cuentas en segundo lugar y la propia Comisión, esta Comisión, en tercer lugar. Y respecto a esa idea que tenemos de que los plazos se van más allá
de lo deseable, creo que tendríamos que hacer un examen de conciencia entre nosotros, entre los miembros de la Comisión -que nadie me lo tome como crítica-, porque muchas veces el propio funcionamiento del Parlamento -disolución de las Cortes,
etcétera- provoca retrasos y hemos tenido, bajo la dirección de nuestro presidente en esta legislatura, reuniones exhaustivas de esta Comisión que, como ha puesto de manifiesto también algún otro compañero, han significado prácticamente la puesta al
día de los expedientes pendientes que había. Si analizamos desde el 31 de diciembre, cuando finaliza el ejercicio, el plazo de la IGAE hasta formular presentar, cerrar la cuenta general, que es el 31 de octubre, vemos que ese plazo casi es similar
a lo que es el cierre de ejercicio y la presentación de cuentas de las sociedades mercantiles; estamos hablando de poca diferencia, teniendo en cuenta la complejidad del Estado, el número de entidades y su volumen, etcétera. Entonces, si pregunta
es la siguiente: si en 1988 se modificó la Ley General Presupuestaria -hace veinte años, es verdad- para aumentar en dos meses el plazo de rendición de la cuenta general sería por algo; se aumentó de ocho a diez meses porque sería insuficiente el
plazo. Si analizamos esos meses hasta octubre, ¿qué vamos a hacer, reducir los tres meses que tienen las entidades públicas para cerrar sus balances, que es hasta el 31 de marzo?
Respecto a la aprobación de las cuentas, hay otros factores, otras entidades como, por ejemplo, la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que tiene de plazo hasta el 7 de junio para incorporar los resultados de la
recaudación fiscal del ejercicio anterior; es decir, que la IGAE no tiene hasta el 7 de junio las cuentas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que son indudablemente una parte importante. Entonces, ¿qué queremos, calidad o
tiempo? Porque la siguiente pregunta es: indudablemente podemos dar menos plazo para la formulación de la cuenta general, pero nos encontraríamos que en muchos casos, como apuntaba el señor Hurtado, estaríamos fuera de plazo y sin las auditorías
correspondientes ya realizadas que entrega la IGAE al Tribunal de Cuentas. Con lo cual, podríamos tener una cuenta pero no tendría calidad técnica -es decir, mantener el principio de imagen fiel- en toda su gran extensión. Para mí es fundamental.
Hablamos de una reducción, pero vuelvo a insistir en que creo que el funcionamiento de esta Comisión es en parte culpable de esa sensación de retraso de las cuentas públicas o de la fiscalización de muchos sectores. Por tanto, creo que son temas
excesivamente técnicos como para no pedir un análisis o cómo podemos...
El señor PRESIDENTE: Señor Juncal, usted también está ya fuera de plazo.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Voy terminando, señor presidente. Le pido una prórroga de un minuto nada más para terminar.
Decía que no podemos perder en calidad, que no podemos perder en esa representación de la imagen fiel y que no debemos fijarnos solamente en los plazos, porque, vuelvo a insistir, habría que ver qué parte de culpa tiene esta propia Comisión
en ese retraso -yo entiendo, humildemente, que tenemos parte de culpa-. Por consiguiente, esta es la pregunta que hago al presidente del tribunal. Es decir, el Tribunal de Cuentas y la IGAE son los principales actores profesionales, porque después
aquí los políticos hacemos lo que hacemos. Yo vuelvo a insistir en los plazos y solamente pondré el ejemplo de lo que supuso de retraso la legislatura corta; cualquier disolución de las Cortes supone una parálisis durante cuatro o cinco meses de
esta Comisión que, por tanto, acumula trabajo. Simplemente quiero destacar -y con esto acabo, presidente, y termino la prórroga- la evolución del tribunal en cuanto al tiempo de realización de las cuentas generales, que ha disminuido muchísimo en
relación con años anteriores, pero indudablemente la cuenta general en su nueva formulación comprende muchas más operaciones y entidades. Por tanto, no nos desviemos y tengamos en cuenta si lo que queremos es calidad, fiabilidad en el análisis de
la cuenta general. Digo esto simplemente porque por esa dinámica que hemos generado -creo que la hemos generado desde aquí, desde la Comisión- de querer apurar plazos, podemos perder calidad en el principio de imagen fiel.
Nada más y muchas gracias por su prórroga, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.
Quiero hacer una precisión. Esta presidencia, desde que tiene memoria, ha convocado la Comisión siempre que ha habido la cuenta general y a una velocidad creo que desconocida en esta casa. En cualquier caso, también le manifiesto que estoy
dispuesto, si es necesario y sus señorías así lo juzgan, a convocar la Comisión en Semana Santa si viniera la cuenta general. No será este presidente quien deje de trabajar y de cumplir sus funciones.
Muchas gracias.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Señor presidente...
El señor PRESIDENTE: Déjelo, señor Juncal, usted ha manifestado una opinión y sencillamente yo manifiesto la mía.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Una precisión.
Yo precisamente destaqué que durante su Presidencia hemos hecho un trabajo intensísimo, que se ha avanzado y se han puesto al día los trabajos de esta Comisión.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.
El señor HURTADO ZURERA: Señor presidente, yo también quería hacer una aclaración y es que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir usted, señor presidente. Desde luego, aquí se ha puesto esto a debate con total inmediatez,
con lo cual no atribuyamos el debate de los plazos a cuestiones que están fuera de eso, porque los plazos para presentar y aprobar la cuenta general son los establecidos en la ley y justamente no estamos hablando de estos plazos, que se pueden
demorar como consecuencia de una legislatura fallida como la anterior.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.
En cualquier caso, les quiero hacer una precisión y ya acabo el debate: el trabajo es de todos ustedes, no solamente de esta presidencia.
Tiene la palabra, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Empezaré por una de las cuestiones planteadas, la pregunta sobre acortamiento de plazos y su referencia a la cuenta pendiente correspondiente al ejercicio 2016. Para información de la Comisión diré que la cuenta correspondiente a 2016 se
rindió en plazo legal, es decir, en octubre de 2017, y hoy mismo
he firmado y he enviado al Gobierno el anteproyecto sobre la cuenta general del Estado para que el Gobierno haga alegaciones y se apruebe la declaración que está previsto aprobar en el mes de junio. Es decir, que estamos operando dentro del
margen de los seis meses más dos a los que el señor Hurtado se refiere. Y estamos cumpliendo con lo que se espera que hagamos. Es decir, la IGAE ha cumplido con su plazo, que es el de octubre, y nosotros estamos cumpliendo con el plazo que se nos
asigna, que es de seis meses para hacer las comprobaciones.
Lo que formula el tribunal es que, a pesar de que esto es así, lo cierto, y es una realidad innegable, es que nuestro país tiene un sistema de rendición de cuentas que no es homologable con muchos países de nuestro entorno, en el sentido de
que finalmente la declaración de la cuenta general se puede aprobar en el mes de junio o en el mes de septiembre como muy pronto, cuando en otros países seis o siete meses antes, es decir, en octubre o en noviembre del año siguiente, se aprueba la
correspondiente cuenta general. Y ese es un déficit que tenemos que valorar. Bien es cierto, para ser absolutamente justos, que también los países de nuestro entorno, que aprueban esa cuenta general de una manera mucho más rápida, tienen un
control interno mucho menos eficaz y potente que el nuestro. Es decir, que yo lo que pueda decir en esta Comisión respecto de la cuenta general del Estado jamás tiene que entenderse como una crítica a la Intervención General de la Administración
del Estado que hace un servicio y que presta un servicio especialmente valioso, porque en realidad lo que hace la intervención, por mucho que diga que lo que hace es formar la cuenta general, es verdaderamente efectuando las labores de revisión y de
control externo de la cuenta general. Es decir, que cuando se forma la cuenta general la propia IGAE la ha auditado, y la ha auditado porque ha hecho todas las funciones de control financiero propias a una labor que en otros países podría verse en
el ámbito del control externo. Y el Tribunal de Cuentas lo que no pretende y lo que no quiere, y en ningún momento pretende, es que la labor de la cuenta general que elabora la IGAE se desarrolle con menor intensidad y que de esa manera o bien
tengamos, como ha dicho el señor Hurtado, más cuentas no rendidas o la rendición que se efectúe de esa cuenta general no tenga la calidad que tiene nuestra cuenta general. Porque sí que hay que decir muy alto que no es especialmente usual que
hayamos llegado a un nivel de presentar unas cuentas públicas consolidadas del sector público estatal con la complejidad que tiene esta cuestión en cualquier país. La consolidación del sector público no es una labor fácil y esto es lo que se ha
hecho en los últimos diez años en nuestro país.
Por tanto nuestras cuentas públicas son buenas cuentas públicas, tienen un buen nivel de fiabilidad en su presentación, y el único problema que yo planteo es que hay que intentar buscar un procedimiento para que estén antes, por lo menos
para que esté antes también nuestro trabajo, porque quizá todo el problema desaparecería o en buena parte desaparecería si no tuviera que esperarse a que la cuenta estuviera definitivamente formada y rendida al tribunal para que las cuentas
parciales que, como bien se ha dicho aquí, en ocasiones están formadas en marzo o en otras ocasiones están formadas y aprobadas en junio, estén a disposición del tribunal y así ir adelantando trabajo. Usted me ha preguntado cómo se puede reducir el
trabajo del tribunal y el trabajo del tribunal no se puede reducir porque fiscalizar una cuenta general del Estado en menos de seis meses es muy complicado, pero lo que sí que se puede es iniciar antes sobre la base de la revisión sobre estados
podríamos decir provisionales o cuentas individuales provisionales, de tal manera que el tribunal pudiera empezar a trabajar respecto a la cuenta general del Estado en el mes de marzo, abril, mayo o junio del ejercicio siguiente, y si luego la
cuenta es rendida en octubre o es rendida en agosto o en julio, lo cual tampoco sería un planteamiento imposible, podríamos aspirar a que en noviembre o diciembre de ese ejercicio las cuentas públicas del sector público estatal de nuestro país
estuvieran resueltas.
Es verdad que esto puede parecer que es un pulso entre la IGAE y el tribunal, usted lo ha dicho así, y en parte posiblemente lo sea, porque indudablemente cada uno queremos hacer bien nuestro trabajo e indudablemente ustedes son los que a
nosotros nos han planteado una presión continua en esta materia. Recuerdo hace tres años que en una Comisión parecida a esta a mí se me preguntó por parte de alguno de ustedes: ¿cómo es posible que nosotros hayamos recibido el informe del Tribunal
de Cuentas Europeo -me refiero a fecha de noviembre- que se refiere a las cuentas del año anterior y sin embargo todavía no tengamos la cuenta general? Yo les doy ahora la explicación. Evidentemente la intervención o el control interno en la
Comunidad Europea no es equiparable a la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas Europeo tiene rendidas sus cuentas y seguramente -no les puedo dar el dato con precisión- disponen de esas cuentas desde marzo,
abril o mayo del ejercicio siguiente, y pueden desarrollar en un plazo razonable en seis meses todas sus operaciones de revisión y presentar el informe como lo hacen en octubre o noviembre del ejercicio siguiente al que se aprueba.
Quiero decir que el tribunal responde evidentemente a una presión que, por otra parte, está directamente vinculada con que en realidad -ya se lo he dicho en muchas ocasiones- la información que se deriva de la contabilidad presupuestaria, la
información sobre la cuenta general del Estado cada día tiene una importancia menor, porque en realidad en estos momentos lo que cuenta son las cuentas nacionales que en el mes de mayo o abril del ejercicio siguiente se aprueban por Eurostat, y da
pie a la posible aplicación de sanciones cuando se incumplen las reglas de déficit o las reglas de endeudamiento. Esas son, aunque no sea nuestro régimen presupuestario y nuestro régimen de control, hoy en día las cuentas que verdaderamente tienen
efecto importante sobre nuestro futuro. Y en esas cuentas nacionales indudablemente hay una pugna en el sentido de que las cuentas nacionales en términos de contabilidad nacional el Tribunal de Cuentas conoce de ellas cuando hay algún problema, y
viene aquí alguna gente procedente de la Unión Europea y nos pide explicaciones sobre determinados datos contenidos en ellas, cuando ni hemos participado en su revisión ni siquiera en su decisión desde el punto de vista metodológico. Es decir, son
cuestiones que están en el ámbito de la Intervención General de la Administración General del Estado, del Instituto Nacional de Estadística, del Banco de España, de entidades que hacen muy bien su trabajo, pero que el control externo de un país como
es el Tribunal de Cuentas no tenga ningún papel asignado en esa revisión no tiene mucho sentido. Discúlpenme todo esto porque no tiene nada que ver con lo que estamos viendo hoy aquí, discúlpenme el desahogo, pero ya que me han preguntado ustedes y
me han planteado el problema del pulso o no pulso entre la IGAE y el tribunal creo obligado ponérselo de manifiesto, porque es la realidad y ustedes tienen que conocerla. Por tanto el tribunal defiende su propuesta de reducción de plazos. Asimismo
defiende que esta reducción de plazos en absoluto tenga ningún posible efecto negativo en la calidad del trabajo que hace la Intervención General de la Administración del Estado, que elogiaré en todas aquellas oportunidades que tenga de
pronunciarme, porque es verdaderamente elogiable. Y yo creo que, por el buen funcionamiento de esta Comisión, por el buen funcionamiento parlamentario de tener pronunciamientos sobre la información presupuestaria cuando corresponda, les animo a que
efectivamente la modificación de plazos se pueda estudiar y ver en qué medida aprobarla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS FORMULADOS POR LOS INTERVENTORES LOCALES Y LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, ASÍ COMO SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE
FISCALIZACIÓN PREVIA, EJERCICIOS 2014 Y 2015, EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000235 y número de expediente del Senado 771/000228).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al segundo punto del orden del día, que como ya les he anunciado a sus señorías será el que figura en tercer lugar, y que corresponde al informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones
contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los
órganos de control externo de las comunidades autónomas.
Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.
Se trata de una fiscalización realizada en coordinación con la práctica totalidad de los órganos de control externo, los OCEX, de las comunidades autónomas. El Tribunal de Cuentas ha realizado los trabajos de las entidades locales de
aquellas comunidades que no tienen órgano de control externo, y también se ofrecen los resultados agregados a nivel estatal derivados de la coordinación de los trabajos realizados. La modificación aprobada en 2013 del artículo 218 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales estableció la obligación de remitir anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente de la entidad local y por el pleno de la corporación
contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos. La citada documentación debería ir acompañada en su caso de los informes justificativos presentados por la corporación local. A estos efectos el pleno del tribunal aprobó, el 30 de junio de 2015, una instrucción para
regular la remisión telemática de dicha información por parte de los interventores locales, así como los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa. A 31 de diciembre de 2016 el 54% de los órganos de intervención de las
entidades locales habían remitido la información relativa al ejercicio 2014 y el 55% correspondiente al periodo 2015. El 83% de las entidades locales en ambos ejercicios comunicaron que no se produjeron acuerdos contrarios a reparos, expedientes
con omisión del trámite fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos, lo que responde a la estructura del sector público local.
A medida que aumenta la dimensión del municipio mayor es el número de acuerdos y expedientes comunicados. La práctica totalidad de intervenciones, en el 96% en ambos ejercicios, comunicaron que no habían existido anomalías de ingresos.
Aunque la mayoría de las entidades locales desarrollaban una fiscalización previa plena, un 28% del total aplicaron un sistema de fiscalización limitada previa de requisitos básicos. De estas últimas únicamente el 29% realizaban actuaciones de
control financiero posterior, lo que constituye una debilidad de control interno. En la mayoría de las entidades locales que implantaron un sistema de fiscalización limitada previa, restringida a verificar la existencia de crédito y la competencia
del órgano, no se adoptaron acuerdos contrarios a reparos ni expedientes sin fiscalización previa. Esta situación es especialmente relevante en las entidades de mayor tamaño, puesto que ningún ayuntamiento de más de 50 000 habitantes, excepto uno
en 2015, ni la única diputación con dicha fiscalización limitada, comunicaron la existencia de tales acuerdos.
Esta situación supone para las entidades con fiscalización limitada previa una reducción de la efectividad de los controles de la intervención, especialmente sensible cuanto mayor es la dimensión de la entidad local y los recursos y la
complejidad de la gestión. La existencia de informes desfavorables sobre la aprobación y la liquidación fue muy reducida, representando apenas el 2% de los informes negativos comunicados. En cambio los informes desfavorables sobre las
modificaciones presupuestarias supusieron el 81% y el 89% en los ejercicios 2014 y 2015 respectivamente. A 31 de diciembre de 2016 se había recibido en la plataforma de rendición de cuentas una total de 35 639 resoluciones y acuerdos contrarios a
reparos, por un importe superior a 1300 millones de euros del ejercicio 2014 y unos 42 529 por una cuantía global cercana a 1900 millones correspondientes al ejercicio 2015. Los expedientes de contratación fueron los que registraron un mayor número
de acuerdos contrarios a reparos, el 44% en ambos ejercicios, si bien el mayor importe correspondía a los gastos de personal, con un 37% y un 28% en los ejercicios 2014 y 2015.
La causa más común de los reparos formulados fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, mientras que entre uno y otro ejercicio se triplicaron los motivos por la ausencia de fiscalización de los actos que dieron
origen a las órdenes de pago. Por lo que se refiere a los expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa se habían recibido en la plataforma de rendición de cuentas, a 31 de diciembre de 2016, un total de 5078 acuerdos correspondientes
al ejercicio de 2014 por un importe conjunto superior de 292 millones de euros y 5166 expedientes del ejercicio 2015 por una cuantía global superior a 339 millones. La mayoría de los reparos formulados se refieren a expedientes de contratación, en
concreto el 81% y el 85% del número total de expedientes de 2014 y 2015 respectivamente, y el 67% en cuanto al importe en ambos ejercicios. Al igual que los acuerdos contrarios a reparos la mayor parte de los expedientes comunicados por omisión de
fiscalización previa se referían a acuerdos del presidente de la entidad local.
En cuanto a las anomalías en materia de ingresos a 31 de diciembre de 2016 se habían recibido en la plataforma de rendición de cuentas 1161 expedientes del ejercicio 2014 por una cuantía global de 309 millones de euros y 2543 anomalías por
un importe total de 218 millones correspondientes al ejercicio 2015. No existía un comportamiento homogéneo sobre el tipo de ingresos que generaron las anomalías, puesto que en 2014 destacaron las deficiencias e irregularidades en los ingresos
procedentes de subvenciones y en los ingresos patrimoniales, mientras que en 2015 lo fueron en mayor medida los procedentes de impuestos y tasas. El informe contiene asimismo los resultados, tanto generales como particulares, del análisis realizado
sobre la muestra seleccionada de entidades locales de las comunidades autónomas sin OCEX. Con carácter general dieciocho de las entidades analizadas, el 38%, certificaron que no tuvieron acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos durante los ejercicios 2014 y 2015.
Finalmente se han observado diversas circunstancias sobre la organización y la carga de trabajo de la intervención local que afectan a la calidad del control interno, que figuran detalladas en el informe y se considera necesario subsanar.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Señorías, este informe es reflejo de una antigua reivindicación del colectivo de funcionarios locales con habilitación nacional que se sentían completamente desamparados, y a partir de 2013 -como ha comentado el presidente del tribunal-, con
la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, normalmente tienen una instancia a la que remitir las decisiones de un ayuntamiento tomadas a pesar de sus objeciones y advertencias. Es decir, posibles irregularidades
o deficiencias de la función interventora puestas de manifiesto, que han dado lugar a esos reparos, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
Según nos comenta en el informe el nivel de implantación ha sido muy significativo en los ayuntamientos de más de cien mil habitantes, estamos en un cien por cien, y usted ha comentado que a medida que aumenta el volumen del municipio
aumentan los reparos. Yo quería preguntarle, señor Álvarez de Miranda, primero, ¿considera el Tribunal de Cuentas que es solo cuestión de tiempo que veamos progresivamente que los ayuntamientos más pequeños cumplan con ese artículo 218 del texto
refundido que comentaba? ¿Podemos hacer algo más para facilitar ese cumplimiento? El Tribunal de Cuentas ya ha aprobado una instrucción que entiendo que tiene ese mismo objetivo. Por cierto, de estos reparos o irregularidades, ¿hay alguna
información de inicio de un procedimiento de responsabilidad contable? A 31 de diciembre, con datos de 2015, teníamos 42 529 resoluciones o acuerdos, y estamos hablando aproximadamente de 1900 millones de euros. En nuestra opinión desde luego esto
evidencia debilidades en las entidades locales.
En Ciudadanos creemos que estos funcionarios locales juegan un papel clave en la modernización de nuestro país. Quizá tanto maltrato -y pensamos que están maltratados estos funcionarios- explique el principio de que en esta legislatura
alrededor del 35%, es decir, 9039 plazas reservadas a estos funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, estaban sin cubrir. En nuestra opinión estas plazas tienen que cubrirse con urgencia. Nosotros ya
presentamos hace pocas semanas, y además lo teníamos en el punto 126 del acuerdo con el Partido Popular, una proposición no de ley que fue transaccionada con el mismo grupo -por cierto, el Partido Socialista votó en contra y Podemos se abstuvo-,
haciendo un refuerzo para esas posibilidades de provisión de puestos de trabajo eliminando esa libre designación, y desde luego a través de concurso de méritos y capacidad.
Yo le quería preguntar al Tribunal de Cuentas si usted piensa que los secretarios, los interventores y los tesoreros de la Administración local gozan de la independencia idónea para desempeñar sus funciones. ¿Cree, señor Álvarez de Miranda,
que la libre designación es el mejor método para proveer esos puestos de trabajo? Es decir, ¿cumplen con el mérito y la capacidad? Además hemos visto cómo los que se llaman ayuntamientos del cambio, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, se ha
producido un claro ejemplo de los problemas de la libre designación. Allí, por ejemplo, la interventora fue separada por la alcaldesa, Manuela Carmena, por motivos distintos a los técnicos, y además ha sido obligada a readmitirla por el Tribunal
Supremo. Por ello, yo insisto, si estos funcionarios se sienten maltratados, si estos funcionarios cumplen una función de independencia, y además usted me dice que a medida que aumenta el volumen del municipio aumentan los reparos, eso significa
que en aquellos municipios pequeños quizá estos funcionarios no se atrevan a decir los reparos o a decir realmente las irregularidades que se están cometiendo. Con esto no quiero demonizar, ni mucho menos, a los alcaldes de estos municipios, pero
es importante esa función de fiscalización. Por todo ello me gustaría que expresara su opinión, señor presidente.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos tiene la palabra la señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas. Como ya se ha citado anteriormente, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, a través de la modificación del artículo 218.3 de la Ley de Haciendas Locales,
es la que establece que los órganos de intervención de las entidades locales deben remitir cada año al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente-alcalde de la entidad local y por el pleno de la corporación
contrarios a los reparos formulados.
Durante los años a los que hace referencia el presente informe, que son 2014 y 2015, han sido el 54% y el 55% de los órganos interventores de las entidades locales los que han remitido la información exigida. Como primera reflexión nos
parece preocupante que solo un poco más de la mitad de las entidades obligadas cumplan con sus obligaciones, pese a que la mayoría de las entidades locales desarrollaban una fiscalización previa de carácter pleno. ¿Qué herramientas cree usted, como
presidente del Tribunal de Cuentas, que podemos aplicar desde esta Cámara, desde el Parlamento, para evitar que casi la mitad de los entes locales no remitan la información requerida?
Señor presidente, quiero destacar dos elementos que aparecen en el informe de fiscalización. El primero es que, respecto a los acuerdos contrarios a reparos de las entidades analizadas las infracciones de las normas de contratación y
personal fueron, tanto en 2014 como en 2015, las que centraron el mayor número de acuerdos contrarios a reparos. Y el segundo es que, respecto a los expedientes con omisión de fiscalización previa a la categoría en la que se aprobó un mayor importe
de expedientes con omisión de fiscalización previa entre las entidades de la muestra correspondió a los expedientes de contratación. Por ejemplo, se destaca que el Ayuntamiento de Santander ejecutó obras complementarias sin que el expediente de
modificación del contrato originario fuera tramitado de acuerdo con el procedimiento legalmente previsto; o la Diputación de Albacete, entidad que abonó conceptos retributivos que no estaban previstos en la normativa estatal. Tanto en 2014 como en
2015, y pese a la advertencia del interventor, incluso con un fallo judicial anulatorio, siguió pagando cantidades en concepto de horas extraordinarias y de complemento de nocturnidad. También destaca el Ayuntamiento de Toledo, que efectuó
contrataciones de personal temporal y aprobó modificaciones de contratos, pese a las advertencias de su interventor. Así pues desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea creemos que se deben afinar las herramientas legales y normativas para,
primero, exigir a los entes locales la fiscalización necesaria; y segundo, controlar efectivamente los acuerdos contrarios a reparos, la omisión de fiscalización previa y también las anomalías, que es cierto que son escasas, pero existen, en la
gestión de ingresos.
Querríamos saber, presidente, si a iniciativa propia del Tribunal de Cuentas se han iniciado informes de fiscalización específicos a aquellos entes locales en los que se han detectado irregularidades más alarmantes. Entendemos, tal y como
el Tribunal de Cuentas establece en sus recomendaciones, que es urgente identificar las causas estructurales organizativas y las prácticas de gestión que originen acuerdos que son objeto de reparo habitual por los órganos de intervención.
Para acabar, presidente, nos gustaría saber su opinión acerca de si la dotación de efectivos es adecuada y suficiente en los órganos de control interno de estas entidades locales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lima.
La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer el exhaustivo informe que se ha aportado por el Tribunal de Cuentas, con el apoyo también de los órganos externos autonómicos. Nosotros vamos a resaltar varios asuntos, coincidiendo también con el resto de portavoces que
han tratado este tema. Primero, el cumplimiento de la remisión de dicho informe. Aunque es cierto que se ha dicho que ha superado prácticamente el 50%, también es verdad que se pone en marcha la obligación de remisión en el año 2014, y por lo
tanto es coincidente con los años fiscalizados. La pregunta a este respecto es si ha aumentado esa remisión de informe en los años posteriores que se hayan podido comenzar a fiscalizar, y las medidas que se han tomado al respecto. Segundo, de los
informes remitidos durante estos ejercicios, en el segundo ejercicio aumentaron los acuerdos entre reparos formulados y sin el preceptivo informe de fiscalización previa, siendo relevante al igual que esa fiscalización previa, aunque en un 28% era
limitada, ciñéndose a requisitos básicos como la disponibilidad del crédito o la adecuación del órgano gestor, además de la falta de controles financieros a posteriori elementales para primar la eficacia, la eficiencia o la economía, finalizando en
este informe con la conclusión de que existe un control interno insuficiente. Creemos que va a jugar un papel importante
en este apartado -que quiero que sirva de reflexión a todos los miembros de la Comisión- la puesta en marcha del Real Decreto 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local;
además, nos satisface que se haya puesto en marcha con el consenso de la Federación Española de Municipios y Provincias y el conocimiento de las propias comunidades autónomas. En él se fijarán los estándares mínimos, una estructura común, así como
los mecanismos de colaboración y contratación entre el Estado y las entidades locales, a fin de homogeneizar procedimientos de control. Por parte del Grupo Socialista consideramos muy importante la divulgación, la información y sobre todo la
capacitación del personal que va a tratar directamente este expediente, que no repercuta para nada en la merma de la autonomía local y que los programas -en este caso, se ha consultado con muchísimos interventores qué opinaban sobre el trámite de
estos expedientes- que sirven de soporte a la contabilidad de las entidades locales los facilitase directamente el propio ministerio, lo que conllevaría un ahorro para los ayuntamientos y la homogeneización de los datos, además de la disponibilidad
de una consulta entre ambas administraciones cuando así se requiera.
El tercer apartado que resalto de este informe que se nos presenta es la insuficiencia de medios para ejercer la función interventora. Las entidades locales se encuentran con una compleja problemática respecto de la contratación de personal
funcionario y de apoyo para la mejora en la fiscalización y estructuración de estos departamentos. Pongo como ejemplo la tasa de reposición, la masa salarial, la contratación temporal limitada, excepcionalidad y urgencia, el cumplimiento del techo
del gasto o el uso del superávit. Por lo tanto, entendemos que es muy necesaria la flexibilización de estas medidas para propiciar la cobertura de estas necesidades básicas.
El cuarto punto que destacamos del informe son los gastos que ocasionaron un mayor número de reparos suspensivos, resueltos mediante acuerdo en contra del órgano competente, que fueron personal y contratación, lo que puede conllevar
responsabilidades contables o infracciones muy graves previstas en la Ley de Transparencia. En este caso, jugara un papel fundamental, en cuanto a las recomendaciones que se mencionan en el propio informe, la Ley 9/2017, de abril, que entró en
vigor el pasado 9 marzo respecto de la contratación pública, creando plataformas de contratos del sector público, la remisión de informes sobre contratación realizada en el año 2017, el Plan anual de contratación, la revisión de los contratos
menores y la celebración de contratos con concurrencia en caso de que se realicen simplemente como contratos menores o crear unidades de seguimiento y ejecución de dichos contratos. Entendemos que es importantísima la puesta en marcha, aunque
quiero reiterar lo que dije en el apartado anterior, que, obviamente, para poner todo esto en marcha es necesario tener una estructura consolidada para que las intervenciones puedan hacer su trabajo como es debido. Aunque todas estas actuaciones
llevarán a un mejor ejercicio del control público, sin duda supondrán una carga más para la escasa estructura y medios de los ayuntamientos, lo que conllevará una falta de agilización de todos los trámites en aquellas entidades más cercanas a la
ciudadanía, que son las entidades locales.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lima.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fole.
El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.
Bienvenido de nuevo, señor Álvarez de Miranda, a esta Comisión.
Trae un informe que consideramos de gran importancia porque muestra una tendencia, o más bien una realidad, de cómo afrontamos el control de las cuentas de nuestra Administración. A priori, todos exigimos un máximo control del dinero
público y su buen uso, pero después se demuestra que no todos ejercemos este mandato de igual forma. Ese informe fiscaliza, como dijeron mis compañeros, acuerdos contrarios a reparos formulados por los interventores locales, acuerdos como misión de
fiscalización previa y también anomalías en materia de ingreso. El informe de fiscalización contiene numerosos datos y gráficos referidos a los ayuntamientos de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia, que sería imposible
detallar en esta Comisión, pero me gustaría dar algún dato sobre ellos. Primero, ¿cuántas entidades locales lo comunican? El informe recoge que a 31 diciembre de 2016 la Plataforma de Rendición de Cuentas señala que en 2014 fue el 54% y en 2015,
el 55%, pero si vamos al cumplimiento del plazo, es decir, los que lo presentan en plazo, bajamos muchísimo más; así, en 2014 fue el 19% y en 2015 el 21%. Es decir, casi la mitad de las entidades locales no rinden las cuentas y la gran mayoría de
las que las rinden lo hacen fuera de plazo. El 38% de estas entidades locales certifican que no tuvieron acuerdos contrarios a informes de intervención. ¿Significa esto que el otro 62% sí los tuvieron?
Tampoco lo sabríamos porque dijimos que más del 50% no presentan las cuentas, por lo tanto, estamos en ese limbo de dudas sobre el grado de veracidad de las cuentas de las entidades locales. ¿Esta falta de presentación puede deberse al
tamaño de los ayuntamientos? En los ayuntamientos mayores de 300 000 habitantes, en el año 2014 lo presentan el 15% y en 2015, el 27%. Es decir, parece que no está directamente relacionado la capacidad o la posibilidad de personal que tenga los
ayuntamientos -que normalmente tienen los de mayor número de habitantes- con su obligación y voluntad de presentación.
En la Plataforma de Rendición de Cuentas se han recibido, como decía el presidente, 35 639 en el año 2014 y 45 529 en 2015, entre resoluciones y acuerdos contrarios a reparo. El 44% de ellos son expedientes de contratación referidos a
personal. Yo aquí reflejaría una duda y es que 2014 y 2015 fueron años electorales o preelectorales, y tal vez esto tenga algo que ver en la gran alusión a expedientes de contratación de personal. Si nos referimos a acuerdos tomados como misión de
fiscalización previa, que quiere decir que solo se verifica la existencia de crédito presupuestario, en el 62% no existen acuerdos contrarios en 2014 y en el 58% en 2015. ¿Respecto del otro 40%, por tanto, se toman acuerdos sabiendo que no existe
crédito presupuestario? Podemos decir que sí, pero volvemos a lo mismo: si no hay presentación de cuentas, nos volvemos a quedar en qué pasa con el otro gran porcentaje de entidades que no presentan esas cuentas. El 81% en 2014 y el 85% en 2015
son expedientes referidos a personal, contratación y subvenciones, siendo el 80% respecto de lo que es la cuantía económica de los mismos. También hay un dato significativo, que creo que es necesario resaltar, y es que solo el 10% de las entidades
locales efectúan un control financiero posterior sobre la ejecución de los acuerdos tomados.
Le formularé algunas preguntas: ¿No cree que, sobre todo en los casos de la fiscalización previa, debería justificarse o quizá exigirse con mayor detalle o responsabilidad las razones de por qué en los acuerdos plenarios se efectúa o se
decide tomar una fiscalización previa y no plena? También querría saber las razones por las que se adoptan esos acuerdos, en este caso el que aprueba y el que firma ese acuerdo contrario a los informes de intervención; me gustaría quizá una mayor
justificación y razonabilidad de por qué lo hacen. ¿Por qué se producen estos altos porcentajes de incumplimiento en la presentación y toma de acuerdos contrarios a reparos? ¿Por falta de medios humanos y técnicos para elaborar los informes por
parte de los departamentos de intervención? Queda meridianamente claro en el informe que evidentemente hay una gran falta de medios en este sentido y que, como decía el señor Ten, es una reivindicación de los funcionarios de las entidades locales.
¿También hay una cierta permisividad por parte de los regidores al incumplimiento? Si no se cumple, qué pasa, qué repercusión tiene ese incumplimiento, esa no presentación de cuentas. Respecto de la primera, detalla el informe del Tribunal de
Cuentas una insuficiencia de habilitados nacionales y personal de apoyo; muy importante también no solo la presencia o número de los habilitados nacionales sino de la estructura y del staff que tenga a su alrededor. Asimismo, hace referencia a la
cobertura de habilitados de forma provisional y temporal, quizá no una homogeneización de criterios, sino a la hora de resaltar, explicar y comunicar sus determinaciones al Tribunal de Cuentas. También hace referencia a acumulación de funciones
respecto a estos habilitados nacionales.
Las posibles soluciones a estos puntos, presidente, quedan claras también en sus recomendaciones, pero sí le haría una pregunta: ¿Cree que se debería dotar, aunque haya que hacer una reforma de la Función pública, a estos departamentos, que
cada vez cobran más importancia -sobre todo en grandes ciudades-, que son los departamentos de contratación y de subvenciones, de habilitados nacionales para garantizar un mayor trabajo y una mayor independencia?
El señor PRESIDENTE: Señor Fole, tiene que ir finalizando.
El señor FOLE DÍAZ: Acabo ya, presidente.
¿Debería estudiarse alguna otra medida para intentar cambiar esta actitud? Quizá, ahora que estamos hablando de a qué se puede dedicar el superávit, habría que plantear una serie de exigencias a la hora de poder hacerlo.
En resumen, señor presidente, volvemos a ver en los informes que no es bueno ni recomendable gastar más de lo que se tiene o incluso lo que no se tiene, a diferencia de lo que a veces otros grupos quieren creer, y que para ello es necesario
tener los medios de control y seguimiento que permitan detectar las desviaciones y corregirlas para poder aplicar los recursos de una forma más equitativa y racional. Por eso, asumimos las conclusiones y recomendaciones del informe, agradeciéndole
y felicitándole una vez más por su trabajo al frente del tribunal.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fole.
De nuevo tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda para contestar a las cuestiones que han planteado sus señorías.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Son muchas preguntas e intentaré contestar a algunas de ellas porque creo que todas no las voy a poder responder, aunque muchas de ellas plantean problemas comunes. Es indudable que en el informe late lo que en otros informes del sector
local se ha recogido de manera reiterada, que es la preocupación que supone ver la situación en la que se encuentra la función interventora local, la existencia de nombramientos accidentales, la posibilidad de declarar puestos vacantes y, por lo
tanto, ir a ocupación mediante otras fórmulas que no sean las normales, la ocupación por interinos o por funcionarios con habilitación nacional pero en régimen de acumulación, lo que les plantea a estos funcionarios la realización de unas tareas que
sobrepasan sus capacidades y su tiempo efectivo de trabajo; en definitiva, la prestación de un servicio, como es el de los funcionarios locales con habilitación nacional, que tiene grandes deficiencias de personal que, como ya les he dicho en otras
ocasiones, no se debe a una sola razón, sino a la acumulación de problemas que se han ido poniendo en este sentido, porque todo el mundo dice que hay que convocar plazas de funcionarios de estas características, pero el primer problema que aparece
cuando se plantea la posibilidad de hacer una convocatoria es que los intereses son contrarios; es decir, se quieren incluir en estas convocatorias determinadas cuestiones en las que se primen los intereses de una determinada comunidad o de un
determinado ayuntamiento o los propios de los colectivos afectados. Por lo tanto, cuando hay tanta dificultad de llegar a acuerdos para sacar adelante una convocatoria de esta naturaleza, el problema que surge es que las convocatorias se van
retrasando, y el retraso en las convocatorias de funcionarios locales de habilitación nacional está produciendo que se acreciente esta situación, lo que requiere una urgente toma de conciencia global para ponerle fin porque, indudablemente, la
Intervención local es la columna vertebral de la Administración local. Por lo tanto, reforzarla es fundamental.
Se ha dicho por parte de diferentes intervinientes que este es un instrumento, el de la comunicación de los informes contrarios a reparos, que refuerza el poder y la situación en la que ejerce su trabajo la Intervención local, y creo que es
así. El hecho de tener la posibilidad de remitir al Tribunal de Cuentas y a los órganos de control externo aquellos acuerdos que han sido adoptados con reparos formulados por parte de las intervenciones, refuerza la posición de la Intervención
local. El hecho de que en los primeros ejercicios, los niveles de rendición de este tipo de informes sean bajos es porque en general cualquier cambio en la Administración local requiere de tiempo para su efectiva aplicación; ocurre con las cuentas
generales y yo creo que también en este caso con este tipo de informes. ¿Qué se puede hacer ante este bajo nivel de presentación de estos informes? Lo mismo que se está haciendo con respecto a las cuentas, es decir, reclamar permanentemente a
todos los ayuntamientos y a todas las entidades locales que se pongan al día en su presentación, y en aquellos casos en los que no se ha llegado a producir, después de la acumulación de tiempo, una solución, proceder no a un régimen sancionador -por
el que alguno me ha preguntado-, dado que el Tribunal de Cuentas carece de régimen sancionador, sino simplemente al régimen general derivado del principio y de la institución de la colaboración, que son las multas coercitivas; multas coercitivas
que, por cierto, se encuentran pendientes de una actualización, algo que solicitó en su momento el tribunal a través de una moción, es decir, que se pudieran poner en el momento actual para que tuvieran un valor coercitivo y no quedasen
desautorizadas por su importe tan bajo.
Me han planteado también si se han iniciado procedimientos derivados de este informe. Sí, hay inicios de procedimientos, se han incoado diligencias en el caso de la Diputación Provincial de Albacete por diferentes cuestiones, en el
Ayuntamiento de Almansa, en el Ayuntamiento de Illescas y en la Diputación Provincial de Cáceres; en cambio, no ha habido formulación de responsabilidades distintas a las contables. Hay reparos formulados en el ámbito de la contratación y,
seguramente, con la modificación de la Ley de contratos y con la entrada en vigor de esta nueva ley, las posibilidades de actuar dentro de la contratación de manera irregular van a ser más difíciles por la propia concepción de la ley y el efecto que
muchas medidas van a tener por la aplicación de normativa de mayor control.
Me han formulado preguntas en relación con la dotación de efectivos adecuados. Yo creo que es urgente que se produzcan las convocatorias masivas de este tipo de funcionarios. Existieron a finales de los noventa y principios de los dos mil.
Recuerdo convocatorias de esta naturaleza que proporcionaron un
volumen importantísimo de funcionarios que durante aquellos años surtió a buena parte de los ayuntamientos que requerían de estos esfuerzos. Hay que volver a este sistema y convocar de manera masiva y no conformarnos con medidas adicionales
para resolver problemas concretos.
Se me ha preguntado también si los secretarios gozan de independencia. La independencia es una cualidad personal con la que se debe acometer el ejercicio de cualquier responsabilidad que se asigne a un determinado cargo público. Yo creo
que los secretarios gozan de independencia. En el ejercicio de su trabajo nos hemos podido encontrar con cantidad de reparos y de decisiones formuladas por los interventores. Cuanto más se alejen los sistemas de provisión de puestos de trabajo de
la posible decisión directamente vinculada a la autoridad a la que controlan, más se refuerza su propia independencia. Usted sabía, señor Ten, que la contestación de esta pregunta se contenía perfectamente en su propia formulación. Es indudable
que, si el que se encuentra afectado por el ejercicio del control, no puede sacudírselo de encima, este será mucho más efectivo.
Pocas cosas más puedo decir. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO, DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, Y DE LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, EJERCICIOS 2015 Y 2016. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000234 y número de expediente del Senado 771/000232).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto número 3, que sería el informe de fiscalización de la contratación del Museo Nacional del Prado, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza,
ejercicios 2015 y 2016. Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda para exponer el informe.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
La realización del presente informe se deriva de la relevancia que supone la contratación de los museos estatales fiscalizados tanto por las especialidades de los contratos que celebran, vinculadas al servicio público que prestan los mismos,
como por su significativo número y el notable alcance del importe contratado.
En relación con el Museo Nacional del Prado se han fiscalizado treinta y cinco contratos formalizados en el ejercicio 2015 por un importe de 4,7 millones de euros, lo que representa el 81% del total adjudicado. En cuanto al ejercicio 2016,
se han fiscalizado veintiocho contratos por 21,7 millones, importe que supone el 97% del total contratado. En el caso del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se han fiscalizado veinticinco contratos, formalizados en el ejercicio 2015, por una
cuantía global de 5,6 millones de euros, importe que representa el 88% del total contratado. En el ejercicio 2016 la muestra analizada ha estado integrada por veintiséis contratos por importe de 3,4 millones, lo que supone el 83% del total
adjudicado. Con respecto a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza, dado el relativamente poco elevado número de contratos formalizados, se han examinado la totalidad de los contratos celebrados entre los ejercicios 2014, 2015 y 2016. En
concreto se han fiscalizado nueve contratos del ejercicio 2014, por un importe de 1,2 millones de euros; veintitrés contratos del ejercicio 2015, por un total de 2,4, y veinte contratos del ejercicio 2016 por un importe global de 3,7 millones.
Como resultados comunes a las tres entidades fiscalizadas estas han incurrido en diversos incumplimientos en la remisión de la documentación obligatoria. En especial, la Fundación Colección Thyssen Bornemisza no remitió las relaciones
anuales de contratos ni la totalidad de los extractos de los expedientes de contratación. Se han apreciado incidencias en relación con la justificación de la necesidad que motivó la contratación realizada, como la falta de determinación de la
naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir, así como el de su idoneidad y su contenido para satisfacerlas. En la determinación del presupuesto de licitación se han observado diversos expedientes -en el caso del Museo Nacional del Prado y en
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía- en los que no constaba justificación suficiente del importe en que se cuantifica el precio de licitación o la composición cualitativa del mismo. En aquellos supuestos en que dichos organismos emplearon
el procedimiento negociado no consta que hubieran negociado los términos de la contratación con los respectivos adjudicatarios. Respecto a los contratos de seguros celebrados, las entidades fiscalizadas, salvo el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, no
llegaron a elegir por sí mismas las correspondientes entidades aseguradoras. La selección de cada una de ellas se realizó a través de entidades dedicadas a la mediación de seguros.
A continuación, se resumen los resultados del análisis de las incidencias específicas relativas a cada uno de los museos. En el Museo Nacional del Prado se han detectado irregularidades en las previsiones contenidas en los pliegos como la
exigencia de estar en posesión de determinada clasificación que no era legalmente preceptiva. La mesa de contratación en varios casos aplicó criterios de valoración no recogidos en los pliegos o baremos de puntuación distintos a los definidos en
ellos, así como no consta que se comprobase la solvencia técnica o económica exigida. Respecto a la ejecución de los contratos, en un caso se modificaron las prestaciones comprometidas sin observar el procedimiento legalmente establecido para tal
tipo de modificaciones, lo que originó su resolución unilateral por parte del contratista. En el año 2016 tuvo lugar la adquisición de una relevante obra de arte, La virgen de la granada de Fra Angélico, por un importe de adjudicación de 18
millones de euros. Previamente, se formalizó un protocolo entre el Museo Nacional del Prado y los ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Hacienda y Administraciones Públicas para valorar las posibilidades de acometer la compra. A finales
de 2015 se formalizó un contrato para el depósito y el derecho de adquisición preferente de la obra. La Dirección adjunta de conservación e investigación del museo manifestó su conformidad con el precio ofertado y la Junta de calificación,
valoración y exportación de bienes del patrimonio histórico español emitió su informe favorable, al igual que la intervención delegada respecto a la concesión de un suplemento de crédito. No obstante, el hecho de que en las últimas décadas no
existiesen precedentes de venta o subasta de obra alguna del artista, constituía un elemento de incertidumbre sobre el precio pactado. Este montante fue fijado por la fundación vendedora, sin que conste la realización de actuaciones suficientes
orientadas a verificar la razonabilidad del precio solicitado por el vendedor, con la finalidad de haber obtenido alguna baja en el mismo. En todo caso, cabe destacar la financiación para tan extraordinaria obra ofrecida por la Fundación Amigos del
Museo del Prado por 4 millones de euros procedentes de aportaciones privadas.
Por su parte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha llevado a cabo la adquisición de obras de arte de diferentes autores -Constant y Ángel Bados, entre otros-, sin elaborar una memoria justificativa de la realización de tales
operaciones, aunque cuenta con el informe favorable de la Junta de calificación, valoración y exportación de bienes del patrimonio histórico español. En ninguno de los expedientes consta la existencia documentada de una tasación de las respectivas
obras efectuada por una entidad profesional independiente, ni hay evidencia de que se hayan realizado las actuaciones necesarias para verificar la razonabilidad del precio aceptado en dichas adquisiciones. Además, en la compra de una obra de León
Ferrari por 318 000 euros no figura el certificado de autenticidad ni tampoco se ha acreditado de forma indubitada la propiedad de la misma por parte del vendedor. Se han identificado casos en los que la actuación del órgano de valoración de las
ofertas adoleció de falta de transparencia y en otros supuestos no se observa que los adjudicatarios acreditasen contar con la solvencia requerida en los pliegos. Respecto a la ejecución de los contratos, a pesar de que en varios expedientes la
composición del equipo humano para la realización del servicio era condición esencial de la oferta, no consta que el museo hiciera las comprobaciones necesarias al respecto.
En cuanto a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza, en varios contratos de transporte especial de obras de arte figura una diversidad de subcriterios de valoración, sin que se asigne a cada uno de ellos la ponderación preceptiva
correspondiente. Algunos pliegos establecían que la oferta técnica y la oferta económica se presentasen en un sobre único para su apertura conjunta pese a incluir criterios de valoración subjetivos y objetivos. En este sentido, por parte del
órgano de valoración de las ofertas no se observaron las previsiones legales que permitiesen garantizar el pleno cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y transparencia. Entre ellas, destacan las relativas al conocimiento y
valoración por el órgano de selección de forma sucesiva y no simultánea de los elementos de la oferta no susceptibles de la aplicación de fórmulas y de los criterios valorables objetivamente. Respecto a la ejecución, se han advertido diversas
irregularidades en la emisión en varios casos de facturas por importe superior al pactado por la ampliación de las prestaciones objeto del contrato, aunque según las estipulaciones no podían llevarse a cabo. Finalmente, en un caso no se practicó la
correspondiente retención de IRPF pese a resultar legalmente exigible al ser el contratista seleccionado una persona física sujeto pasivo del impuesto.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Álvarez de Miranda.
La fiscalización de la que estamos tratando ahora mismo cubre la gestión de tres de los máximos referentes de nuestro turismo cultural: el Prado, que tuvo, vía Presupuestos Generales del Estado, una asignación de 46 millones; el Reina
Sofía, que tuvo una asignación de 38 millones, y la Fundación Thyssen Bornemisza, que tiene ingresos por 15,7 millones, de los cuales 5,2 son subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado. Las tres entidades públicas -dos organismos y una
fundación- tienen carácter de poder adjudicador, si bien el Prado resulta encuadrable en el concepto de administraciones públicas del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Esto es relevante ya que la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia ha dejado claro que la contratación pública sufre sobrecostes por falta de competencia estimados en un 25%. Como todo el mundo sabe, la contratación pública genera actualmente un volumen elevado del gasto que deriva del
funcionamiento de las entidades integrantes del sector público y la fiscalización de la contratación pública tiene su razón de ser en el mandato y en la exigencia material que se desprende del marco legal regulador de las funciones y actuaciones del
Tribunal de Cuentas. En este sentido, el informe de fiscalización que tenemos delante básicamente pretendía cubrir cuatro supuestos: primero, verificar el cumplimiento de la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la documentación; segundo,
analizar los pliegos; tercero, analizar la preparación y adjudicación de los contratos y, cuarto, comprobar la ejecución de los contratos. La Fundación Colección Thyssen Bornemisza no es la peor de las tres en cuanto a remitir información al
Tribunal de Cuentas. Tal y como nos ha comentado el presidente, sin embargo, no remitió las certificaciones anuales de contratos ni la totalidad de la documentación sobre los extractos de expedientes de contratación que se deben de remitir de forma
telemática. En este sentido, quería preguntar al señor Álvarez de Miranda si cree que influye en esto que su forma jurídica sea la de fundación frente a la de los otros dos museos, que son organismos adscritos al Ministerio de Educación. El
Tribunal de Cuentas ha encontrado varios tipos de deficiencias en la elaboración de los pliegos y luego en la recepción y valoración de las ofertas de los concursos. En varios expedientes del Prado se ha constatado que la apertura es incorrecta,
que hay otros expedientes que omitían los criterios de valoración o la acreditación de solvencia. Otra pregunta que tengo para el señor presidente del Tribunal de Cuentas es si cree que estas deficiencias han sido relevantes a efectos de haber
podido limitar sensiblemente la competencia en línea con lo denunciado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
Como comentario general, este informe enumera una serie de incidencias sin que se acompañe ninguna referencia en cuanto a su magnitud o gravedad; supuestos en los que se incurre, tal y como constata el informe, en infracciones legales, en
otros se carece de motivación, en el caso del Reina Sofía y del Prado hay unas deficiencias en cuanto a la legalidad de los contratos, en el caso del Thyssen se dice textualmente que hay pagos de facturas expedidas por precios superiores a las
contratados en cinco supuestos. Por tanto, eso debe dar lugar a la responsabilidad contable.
Llama la atención el caso de la adquisición de la Virgen de la granada, de Fra Angelico, por 18 millones y que, como ya ha dicho el presidente, se apunta que no consta la realización de actuación suficientemente orientada a la racionabilidad
del precio solicitado con el vendedor. Es verdad que algunas noticias de chat destacan que es un precio que podría ser una ganga, pero, como no se ha acreditado de forma clara y suficiente, podemos estar hablando ciertamente de motivaciones
deficientes a la hora de realizar esa compra.
En conclusión, falta de transparencia, falta de concurrencia, falta de motivación. Por todo ello, la pregunta final que le quería hacer al presidente es que, dado que el Tribunal de Cuentas fiscalizó a esta institución en el año 2013 y
luego en el 2015 y el 2016, si considera el Tribunal de Cuentas que hubo mejoras de un informe al otro y cuál fue el seguimiento de las primeras recomendaciones.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al presidente del Tribunal de Cuentas.
En mi grupo tenemos una sensación un poco agridulce con este informe de fiscalización. Estamos muy de acuerdo y además nos parecen bastante preocupantes las conclusiones y recomendaciones
establecidas en relación con la contratación, sobre todo de personal. Entendemos la necesidad -además lo recoge así el informe- de hacer un mayor esfuerzo en la justificación de la necesidad de los contratos y de la insuficiencia o falta de
idoneidad de los recursos internos con los que cuenta para cubrir dichas necesidades; la necesidad de realizar estudios objetivos y comparativos de costes para el caso de que la prestación pudiera hacerse con medios propios, bien mediante la
adecuada especialización y formación de su propio personal, bien mediante la ampliación de la plantilla en lugar de acudir sistemáticamente a la vía de contratación externa. Nos parece además fundamental, porque es una crítica que se viene haciendo
bastante en el caso de los tres museos -Reina Sofía, Prado y Thyssen-, la necesidad de acabar con las externalizaciones, con las contrataciones externas, que es una forma de semiprivatización y aprovechar mejor los recursos propios. Además, en esos
recursos propios, la consolidación de los mismos y garantizar la formación y la especialización adecuada redunda en beneficio de todos y todas porque estamos hablando de museos de una alta importancia y de llegar de la manera más asequible a la
cultura. Sin embargo, hay una parte que no podemos compartir, o por lo menos en su totalidad, sobre la fiscalización que se hace respecto a los gastos y sobrecostes. Entendemos que es un informe muy cuantitativo pero poco cualitativo y aquí nos
preguntamos si quienes realizan este informe tienen en cuenta las características singulares y especiales del sector cultural.
Voy a poner un par de ejemplos que nos han parecido muy llamativos. Se habla de sobrecostes a la hora de elegir un cuadro de Picasso u otro; puede haber sobrecoste, pero es que si se necesita una obra en concreto creemos que es esa obra y
no cualquier otra, por mucho más barata que fuera, la que se necesita para una determinada exposición. Otro de los casos de sobrecoste que citan es el de un billete de avión que hay que volver a comprar porque el avión anterior no tenía las
características necesarias por tener la bodega más pequeña de lo que el cuadro requería. Tampoco entendemos que sea un sobrecoste. Desde luego, puede ser un desacierto o un error, pero si se tiene que viajar de una determinada manera y además
tiene que llegar en una fecha, es entendible que se tenga que comprar. Los ponemos como ejemplos porque aparecen en el informe y creemos que sería necesario -se lo lanzamos a usted- que hubiera criterios quizá más flexibles que tengan en cuenta
estas características especiales del sector cultural, porque cualquiera que lea este informe -de hecho, se ha filtrado en la prensa el informe hecho a los tres museos- puede tener la sensación de absoluto desbarajuste y de algunas cosas más graves
que no voy a decir. Creo que la protección de lo público es fundamental, y más en el sector cultural.
Por último, me referiré a una cuestión que también es una reflexión-pregunta. Es preocupante que no haya un apartado de seguimiento en las recomendaciones. Entendemos que debería haberlo porque en algunos casos existen incidencias, además
bastante recurrentes. En el caso de las contrataciones y externalizaciones lo señalaron en el informe anterior del Tribunal de Cuentas 2012-2013 y creemos que sería especialmente importante que hubiera una vigilancia sobre qué está ocurriendo con
las externalizaciones en los museos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también al señor Álvarez Miranda por esta comparecencia.
Nosotros vamos a hacer un estudio del compendio de irregularidades jurídicas que entendemos que se han detectado por parte de esa función fiscalizadora que corresponde al Tribunal de Cuentas, sometiendo la actividad económica y financiera
del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión y que entendemos que han quebrado estos supuestos como el principio de igualdad, no discriminación y competencia con absoluta claridad y eso, evidentemente, nos preocupa porque
estamos hablando no en vano de organismos públicos. Sobre su naturaleza jurídica, dos de ellos -el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía- entendemos que son organismos públicos y se nutren también de fondos de
presupuestos del Estado: 46 millones de euros en el caso del Museo del Prado, en el caso del Museo Nacional Reina Sofía 38 millones de euros; y en el caso de la Fundación Thyssen algo más de 15 millones de euros. Por tanto, es muy importante esta
labor fiscalizadora y el sometimiento al rigor de la ley de todas sus actuaciones. Así comprobamos, por ejemplo, como he dicho, que se produce un compendio de irregularidades extraordinarias.
En el caso del Museo Nacional del Prado, vemos que los extractos de los expedientes de contratación que han sido remitidos no han sido completos, nos encontramos con la inexistencia de actas de selección
o de publicaciones en diarios oficiales; presentan también una insuficiencia en la justificación de la necesidad de contratación. Hay una justificación insuficiente de la cuantificación del precio de licitación. En cuanto a las
deficiencias que se pueden observar en la mesa de contratación, vemos que hay una aplicación de criterios y de baremos de valoración que no están previstos en los pliegos, lo cual nos parece de una extraordinaria gravedad. Se produce la aceptación
de posibles bajas temerarias sin verificar. Hay aceptación de ofertas que no justifican la solvencia técnica o la solvencia económica. En los contratos adjudicados por el procedimiento negociado no se justificaron, ni en los pliegos ni en el
procedimiento de adjudicación, los criterios y aspectos técnicos y económicos que hay que negociar. También se permite que los adjudicatarios no justifiquen estar al corriente de pago en la Seguridad Social o en las obligaciones tributarias. En lo
que se refiere a la ejecución de los contratos, vemos también que hay modificaciones de las prestaciones establecidas en el contrato sin aceptación por parte del adjudicatario. Nos encontramos con la inexistencia de actas de recepción de
suministros o de falta de certificación de conformidad con el servicio prestado. Vemos también, como usted ha dicho, que hay una adquisición de una obra, Virgen de la granada, de Fra Angelico, por un importe de nada más y nada menos que 18 millones
de euros y no se ha realizado ningún estudio previo para garantizar la racionabilidad del precio solicitado por el vendedor y que fue finalmente aceptado.
Si continuamos con el Museo Nacional del Centro Reina Sofía, observamos también una insuficiencia en la justificación de la necesidad de contratación; en la adquisición de obras de arte no se ha procedido a realizar tasaciones previas para
fijar la razonabilidad en los importes solicitados por los vendedores y también hay una justificación insuficiente de la cuantificación del precio de licitación. En los contratos adjudicados por procedimiento negociado no se justificaron los
aspectos técnicos o económicos efectivamente negociados. Igualmente, tampoco se exige a los adjudicatarios que estén al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Finalmente, en lo que se refiere a la Fundación de la Colección Thyssen, esta fundación tampoco ha remitido en tiempo y en forma las relaciones preceptivas de los contratos ni la totalidad de los documentos integrantes de los extractos de
los expedientes de contratación. También vemos que hay una insuficiencia en la justificación de la necesidad de contratación, vemos también deficiencias en el contenido de los pliegos y una ausencia de especificación de los medios para acreditar la
solvencia económica, financiera y técnica. Nos encontramos con el establecimiento de criterios y subcriterios sin ponderar, aceptación de mejoras sin especificación de su contenido y método de valoración.
En cuanto a las deficiencias que se observan, también en las actuaciones de la mesa de contratación podemos ver, por ejemplo, la apertura simultánea de sobres de contenidos de elementos subjetivos y objetivos, informes de valoración de las
ofertas no justificados y la no motivación de la aceptación y valoración de las mejoras formuladas por los licitadores. Igualmente, tampoco se exige la justificación de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social. Como usted también ha dicho, hemos visto que hay pagos de facturas expedidas por precios superiores a los contratados, se da en cinco supuestos, e incluso tampoco se practican las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas
físicas. En definitiva, nos encontramos con un compendio, un resumen de irregularidades jurídicas profundas y entendemos que estas contrataciones presentan claramente vicios de nulidad o, en su caso, de anulabilidad.
Le quería preguntar si a usted le consta, porque el propio artículo 23 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, que regula el Museo Nacional del Prado exige también la intervención de la Administración General del Estado, que se haya producido
también esta intervención a la vista de este conjunto y de esta suma de irregularidades, si le consta también la existencia de haber tenido algún expediente por responsabilidad contable y si posteriormente se ha hecho algún seguimiento de las
recomendaciones establecidas por este alto tribunal en atención, sobre todo, al gran cúmulo de irregularidades jurídicas que presentan estos procedimientos de contratación, que, como digo, pueden ser radicalmente nulos o, cuando menos, anulables.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Antoñanzas.
La señora ANTOÑANZAS GARRO: Muchas gracias, presidente.
El Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de la contratación del Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional de Arte Reina Sofía y la Fundación Thyssen para los ejercicios 2015 y 2016 ha cuestionado la adquisición por parte del
Museo Nacional del Prado del cuadro de Fra Angelico, Virgen de
la granada, por 18 millones de euros, por llevarse esta a cabo, y siempre en palabras del mencionado informe, sin que en los antecedentes de la operación obre una tasación profesional independiente ajena a los intereses comerciales y sin que
conste haber tenido lugar negociación alguna que hubiese abierto la posibilidad de obtener una bajada de precio. La ausencia de tasaciones en el proceso de adquisición de dicha obra de arte por parte del Museo del Prado en el fondo no es tal y no
supuso una infracción, ya que la entidad contaba con un informe favorable fechado el 19 de enero de 2016, emitido por la Junta de calificación, valoración y exportación de bienes de patrimonio histórico español, la cual es el órgano consultivo y
colegiado del Estado que desarrolla las funciones de asesoramiento a la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, informando sobre la conveniencia de conceder autorizaciones para la exportación e importación de bienes culturales y
emitiendo propuestas para su adquisición por parte del Estado de bienes para que se incorporen a las colecciones de museos, archivos y bibliotecas estatales.
A la vista de dicho informe favorable, en documento emitido en la misma fecha se autorizó la compraventa de la obra por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El artículo 8 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de
desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dispone que corresponde a la Junta de calificación, valoración y exportación de bienes de patrimonio histórico español la relación de dichos bienes, valorar los
bienes que el Ministerio de Cultura proyecte adquirir con destino a bibliotecas, archivos y museos cuando estos carezcan de sus órganos propios de valoración e informar del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por la Administración del
Estado en los términos previstos en este real decreto. Por tanto, es evidente que no era necesario ningún otro informe de valoración ni ninguna tasación independiente en la medida que existe un órgano expresamente previsto en la ley para realizar
dichas valoraciones que quedan, por tanto, amparadas en el marco de la legalidad.
Sin aventurar cifras, pero reconociendo que todos los expertos la sitúan muy por encima de los 18 millones de euros, recordaba el anterior director del museo que hace poco se han pagado 170 millones por dos retratos de Rembrandt o 100
millones por una de las poesías de Tiziano. El presidente del patronato añadió que supone un precio de compra muy ventajoso, ya que fue tasada en unos 40 millones de euros a efectos de seguro cuando se le dio permiso de exportación temporal para su
participación en la exposición de obras de la Casa de Alba que se celebró en el Museo de Dallas.
Estamos de acuerdo con aquellas recomendaciones realizadas por este tribunal en lo referente al cumplimiento de los procedimientos de contratación pública, ya que hay que garantizar la solvencia económica, financiera y técnica de los
licitadores que concurran, con ello se garantiza un contrato seguro, así como la exigencia de la publicidad y la transparencia. Finalmente, la actualización de sus instrucciones internas en lo dispuesto en la ley, cuestión que ya vienen cumpliendo
desde hace años los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Antoñanzas.
Para finalizar, tiene la palabra de nuevo el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
En relación con una de las primeras preguntas, si la forma jurídica influye en el caso del museo Thyssen-Bornemisza, entiendo que no debería influir en el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información, pues dicho cumplimiento
se contiene en las propias instrucciones que se encuentran habilitadas y, por tanto, son fácilmente interpretables.
Ha habido diferentes preguntas relativas al seguimiento de las recomendaciones. Me han preguntado si ha habido mejora y seguimiento en relación con esta materia. También lo preguntó la señora García. Quiero indicar que los informes
previos que había sobre los diferentes museos eran integrales, por lo que recogían recomendaciones también integrales de la gestión de cada uno de sus museos. Al abordar este informe, el informe se quedó exclusivamente referido a un seguimiento de
lo que es la contratación de las tres entidades. Quedaría pendiente para la propia revisión de cada uno de los museos efectuar el seguimiento de las recomendaciones que en los mismos se contenían. Por tanto, no existe seguimiento de
recomendaciones, pero porque no estamos haciendo una revisión integral de los tres museos, sino exclusivamente una muy selectiva de la contratación de obras de arte que han tenido en los ejercicios fiscalizados.
La señora Antoñanzas me ha formulado otra pregunta. No tenemos constancia de la intervención de la Administración General del Estado en relación con el Museo del Prado, por lo que no le puedo dar datos relativos a esta cuestión.
La señora García ha manifestado que el trabajo realizado por el tribunal podría calificarse de muy cuantitativo y no cualitativo y de alguna manera reclamaba criterios más flexibles a la hora de abordar cuestiones que, por otra parte, hay
que reconocer que son realmente complejas. Son realmente complejas porque en la valoración de las obras de arte nos podemos encontrar con mercados en los que desde hace muchísimos años no existe la posibilidad de adquisición de las mismas y, por
tanto, las especulaciones que puedan hacerse en relación con los eventuales precios tienen mucho de la propia opinión subjetiva de cada uno que valore este tema. En todo caso, está claro que el Tribunal de Cuentas no pretende ejercer ninguna
autoridad en materia de conocimiento de los mercados de las obras de arte que no nos corresponde. Lo que sí hacemos es una reflexión sobre que la existencia de una eventual valoración externa hubiera aportado una mayor claridad a la determinación
del precio de una cierta obra, teniendo en cuenta que, por supuesto, lo manifestado por la señora Antoñanzas es como es. En definitiva, la Junta de calificación, valoración y exportación es la que determina el precio y da la autorización para la
adquisición. Eso lo reconoce el propio informe, no lo pone en duda. No establece que se haya incumplido ninguna exigencia legal en este procedimiento, sino que exclusivamente hace una valoración sobre que mayores prevenciones en este caso hubieran
dado la posibilidad de que pudiéramos hablar de si la obra se ha adquirido con un eventual sobrecoste o todo lo contrario, como aquí también se ha dicho, que ha sido una adquisición ventajosa, y, por lo tanto, únicamente queda nuestro informe en ese
sentido.
Respecto de las cuestiones que recogemos en el informe, es que efectivamente en los procedimientos de contratación de los tres museos hemos advertido deficiencias en la preparación y en la adjudicación de los contratos, y estas deficiencias
son las que se han llevado a nuestro informe con la finalidad de que el procedimiento aplicado en esta materia sea rectificado y pueda mejorarse su gestión. En todo caso, también hay que advertir que no nos hemos pronunciado sobre la existencia de
restricciones a la concurrencia de esa contratación, no hemos llegado a plantear esta cuestión con carácter general, como así se nos ha solicitado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. RELATIVAS AL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000237 y número de expediente del Senado 771/000229).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, el debate correspondiente al informe de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2016 de las actuaciones realizadas por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
relativo al servicio postal universal.
Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda para exponer el informe.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda): El servicio postal universal es regulado por la denominada Ley postal de 2010, en la que se designa a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos como el operador al que se
encomienda su prestación. La financiación de la Administración General del Estado a Correos por la carga financiera derivada del servicio postal universal se ha efectuado mediante transferencias de recursos presupuestarios. Actualmente están
pendientes de liquidación definitiva las asignaciones a Correos correspondientes a los años 2011 a 2016. En los presupuestos del Ministerio de Fomento se han consignado 180 millones de euros en los ejercicios 2015 y 2016 para los pagos a cuenta a
favor de Correos por la compensación en la prestación de dicho servicio postal universal. En los Presupuestos Generales del Estado se asignaron 920 millones en total para compensaciones del periodo 2011 a 2016, si bien los pagos se dilataron en el
tiempo, llegando a haber saldos pendientes superiores a 200 millones.
Por lo que se refiere al grado de cumplimiento y ejecución de lo establecido en la Ley postal, aunque esta entró en vigor en 2011, en ella no se estableció un plazo para la elaboración, aprobación e implementación de los elementos básicos
previstos en la misma para la prestación del servicio postal universal y para fijar su financiación. En el informe se recogen los principales aspectos de la Ley postal
que no han sido objeto de desarrollo hasta el momento. Entre ellos, destaca la falta de elaboración y aprobación por el Gobierno de un nuevo plan de prestación del servicio postal universal, ello se considera especialmente necesario para
fijar definitivamente las compensaciones por la carga financiera injusta y evitar la apertura de otro procedimiento de revisión por la Comisión Europea sobre las ayudas concedidas a Correos a partir de 2011. Además, no se ha formalizado el contrato
en el que se establezca la extensión, con especial atención a las zonas rurales, de la modalidad de prestación del sistema de financiación de los giros postales que han dejado de formar parte del servicio postal universal. Tampoco el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha desarrollado los principios, criterios y el sistema de imputación de costes que deba observar la contabilidad analítica de Correos. Ante la falta de formalización del contrato de prestación de servicios y de
un nuevo plan de prestación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha revisado los cálculos del coste neto efectuado por Correos relativo al ejercicio 2011 y siguientes.
Asimismo, la comisión debía gestionar el fondo de financiación del servicio postal universal que no ha sido puesto en marcha, lo que supone que se está produciendo un ahorro de costes para los operadores privados, si bien por un importe no
muy significativo. El sistema de contabilidad analítica de Correos desarrollado por la propia entidad se basa en la distribución de la totalidad de los costes de la contabilidad financiera y el 56% de los costes totales se concentraba en la
actividad de distribución y reparto de los envíos. Los ingresos netos obtenidos resultaban inferiores a los que se derivarían de la aplicación de las tarifas aprobadas, puesto que una alta proporción de los servicios prestados se facturan de
acuerdo con tarifas pactadas individualmente con determinados clientes. Las pérdidas del ejercicio 2016 imputables a los servicios postales se elevaban a 249 millones de euros, de los cuales 145 millones se generaron en los productos universales,
fundamentalmente en la carta ordinaria. En este período el 75% de los servicios prestados por Correos correspondían al servicio postal universal. A partir de la revisión realizada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había
aprobado las resoluciones sobre la contabilidad analítica de Correos de los ejercicios 2011 a 2013 y estaba en fase de alegaciones la correspondiente al ejercicio 2014. La citada comisión también elabora anualmente un informe de indicadores de
control de calidad, poniendo de manifiesto que Correos no está cumpliendo los objetivos sobre porcentajes de cartas y paquetes que han de ser entregados en los plazos fijados, empeorando cada ejercicio su resultado con respecto al anterior.
Para analizar correctamente el modelo de descuentos aplicado debe tenerse en cuenta que la estructura de Correos está diseñada para un volumen de actividad superior al existente en la actualidad. En este sentido, a los clientes con
contratos se les aplican unas tarifas con descuentos distintas de las oficiales, habiendo obtenido una reducción media del 49% en 2015 y del 51% en 2016. Para los mayores veinte clientes los descuentos fueron del 57% y del 59%. Finalmente, las
principales deficiencias observadas consisten en el otorgamiento de descuentos superiores a los máximos del modelo, la aplicación de nuevas condiciones de facturación previa a la formalización de los nuevos contratos y el disfrute de rápeles
adicionales por volumen de pedido a pesar de que el volumen de actividad es uno de los parámetros del modelo de descuentos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
Gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por la explicación del presente informe; informe que cubre la actividad desarrollada para la prestación del denominado servicio postal universal por parte de Correos, por la cual recibía del
Ministerio de Fomento transferencias en compensación del coste neto de ese servicio a fecha 31 de diciembre de 2016. Para nosotros las preguntas más interesantes a resolver serían dos. La primera es si ha garantizado el Gobierno el equilibrio
entre la prestación del servicio postal universal y la libre competencia en el sector. La segunda y definitiva es si es el servicio postal universal eficiente. A juzgar por las deficiencias señaladas en el informe, la respuesta rápida sería que
no. El informe desde luego demuestra con una claridad y, si me lo permiten, con una contundencia inusual que tal y como estaban las cosas sería muy posible ser multados por la Comisión Europea por ayudas del Estado a Correos. Debe tenerse en
cuenta que la Dirección de Competencia de la Comisión Europea está investigando precisamente una serie de ayudas públicas recibidas por este ente, Correos, durante el periodo 20042010. En ese sentido, quería hacer al presidente otra pregunta, que
es si en opinión del
Tribunal de Cuentas el riesgo de ser multados por Europa por falta de competencia en el acceso a los servicios postales sigue existiendo y, si es así, si ese riesgo a su parecer es elevado. En nuestra opinión, desde luego es gravísima la
advertencia hecha en su fiscalización de que Correos aplica descuentos a grandes clientes superiores al 51%, que podrían considerarse incluso como comportamientos predatorios ya que la entidad da pérdidas.
La responsabilidad del Gobierno en el caos del servicio postal universal es evidente, ya que en los ejercicios fiscalizados no se había aprobado por parte del Gobierno el plan de prestación del servicio postal universal en el que se
establecen las condiciones de prestación y financiación, no se había firmado el contrato regulador entre la Administración General del Estado y Correos y no se había desarrollado la previsión contenida en la Ley postal que establece que el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas elaborará y desarrollará los principios, criterios y sistemas de imputación de costes que debe observar la contabilidad analítica de Correos. Vamos, la dejación de obligaciones y de necesidades por parte del
Gobierno a la que estamos últimamente acostumbrados. En 2016 los criterios de imputación de costes fueron decididos por Correos sin que hubieran sido revisados y validados por el ICAC o por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tal
y como nos ha relatado el presidente del Tribunal de Cuentas. De hecho, las variaciones en la aportación del Estado de 518 millones en 2014 a 180 millones en 2016 sumieron a Correos en sus mayores números rojos desde 2001. La plantilla media se ha
recortado en unos 15 000 trabajadores y es actualmente, con unos 50 000 trabajadores, la mayor empresa pública por número de empleados. Eso sí, los funcionarios ya representan poco menos del 30% de la plantilla, aunque el coste de personal sigue
suponiendo el 72% del gasto de la cifra de negocios del grupo en 2016, que era de 1761 millones. Por compararlo con otra empresa, Amazon España, en 2016, ingresó más de 100 millones de euros, con una plantilla de 1195 personas y un gasto en
personal sobre el 44% de los ingresos. Le quiero hacer una pregunta al presidente del tribunal, y es si mantienen su recomendación número dos, la cual era que teniendo en cuenta la madurez en que actualmente se encuentra el sector postal en nuestro
país, si sería conveniente que Correos fuera progresivamente adoptando las medidas organizativas necesarias tendentes a adaptar y racionalizar su estructura a la vigente situación de caída de la demanda.
En nuestra opinión, la liberalización del sector de Correos, fruto en última instancia de pertenecer a la Unión Europea, es evidente; es un ejemplo de dejadez y falta de espíritu reformista del bipartidismo. No reforman porque su interés
es mantener el statu quo preexistente, los chiringuitos, las áreas de influencia, pero eso va en detrimento de los consumidores y también de los trabajadores. Nada ganarán los trabajadores de las empresas que pierdan el tren de la competitividad a
cambio de recibir subvenciones públicas que puedan reducirse drásticamente, como sucedió en la crisis. No aprendemos nada de las lecciones recientes. DHL es una empresa puntera en innovación y calidad y es de propiedad pública, de la empresa de
Correos alemana Deutsche Post, pero ese no es el modelo del bipartidismo; su modelo es realizar cuantos menos cambios mejor para las cosas si van mal, y si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no funciona, mejor, y así hasta que la
cosa aguante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
En este informe se pretende verificar el grado de cumplimiento y ejecución de lo establecido en la Ley postal por Correos y por los entes públicos con los que se relaciona, así como analizar las razones por las que no se ha producido su
desarrollo y valorar dichos efectos. También se han verificado y analizado los procedimientos utilizados por Correos para la elaboración de la contabilidad analítica y para el cálculo del coste neto del servicio público universal, y se ha analizado
el cumplimiento de las recomendaciones señaladas en informes anteriores.
De todo lo actuado por el tribunal, lo que viene a ser más significativo es la desidia del Gobierno en elaborar y aprobar un nuevo plan de prestación del servicio público universal que establezca las condiciones de prestación de este
servicio, el procedimiento para la evaluación del coste, su forma de financiación y los criterios que han de tenerse en cuenta para determinar la contribución de dicha financiación del Estado, así como del correspondiente contrato regulador entre la
Administración General del Estado y Correos. Digo desidia porque la normativa básica para la prestación del servicio postal universal se estableció en la Ley postal de 2010 que, a su vez, trasponía al ordenamiento nacional la
directiva europea de 2008 para los servicios postales en el mercado interior de la Unión Europea. Pero el Gobierno, lejos de actuar con la dirigencia obligada, reconoce la situación anómala y el Ministerio de Fomento no objeta nada sobre el
informe que hoy tratamos, y dice en sus alegaciones al propio informe que el pasado mes de junio de 2017, esto es, siete años después de la entrada en vigor de la norma que obligaba a ello, se constituyó un grupo de trabajo con el objetivo de
elaborar el borrador de un plan de prestación que pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros. Es muy grave este retraso, puesto que mientras siga sin dotarse de los recursos y de la innovación necesaria a Correos para ser competitivo en un
contexto privatizador, es imposible poder mantener el servicio postal universal en las condiciones de calidad y de frecuencia deseadas. Además, pueden darse otras consecuencias, como ya ha comentado el portavoz de Ciudadanos que me ha precedido en
el uso de la palabra, pueden abrirse procedimientos de revisión por parte de la Comisión Europea que deriven en sanciones por concesión de ayudas a la Sociedad Estatal de Correos, ya que a día de hoy, gracias -repito- a la desidia en sus funciones
como Gobierno, estas ayudas no están soportadas por una metodología de cálculo objetiva, pudiendo ser declaradas contrarias a la normativa europea. También nos parece de gravedad que el sistema de contabilidad analítica implantado por Correos no
haya sido validado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ni haya sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Intervención General de la Administración del Estado, tal y como establece la ley.
Preguntamos al presidente si se ha incoado algún expediente a este respecto.
Para concluir, diré que nuestro servicio de Correos está en grave peligro, en una situación deficitaria debido a la falta de diligencia del Gobierno y a la falta de iniciativas para adaptar el servicio a la evolución del mercado,
diversificando actividad en paquetería, en logística y en servicios financieros para compensar la pérdida de negocio en carta tradicional, tal y como han hecho los servicios postales de los países a los que queremos parecernos en Europa. En este
aspecto llevamos décadas de retraso, lo que, como ya he dicho, pone en grave peligro que nuestro servicio postal universal siga garantizando la frecuencia y la calidad que necesitan las personas, también las que viven en las zonas menos habitadas,
porque la conectividad postal es fundamental para el desarrollo de todo el país, especialmente en las zonas rurales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, señorías, el expediente que ahora evaluamos nos llena de preocupación. Hemos oído a los portavoces que nos han precedido la delicada situación en la que se encuentra ahora mismo la Sociedad Estatal
de Correos, derivada de la irresponsabilidad del actual Gobierno del Partido Popular a la hora de asumir unas responsabilidades que vienen marcadas por la ley.
Hemos tenido ocasión de oír al portavoz de Ciudadanos desviar la atención hacia un modelo de bipartidismo, etcétera. No, esta es una cuestión de responsabilidad de Gobierno, un Gobierno que tiene nombre y apellidos. Hay una ley de 2010 que
entró en vigor en 2011 y que está para cumplirla, pero, desgraciadamente, el Gobierno decidió no cumplirla. Un informe del rigor de los emitidos por el Tribunal de Cuentas manifiesta en seis apartados muy concretos, tanto en sus conclusiones como
en sus recomendaciones, el papel clave que juega a nivel jurídico y de vulneración de posible alteración de la competencia en España la elaboración del plan de prestación del servicio postal universal. ¿Qué ocurre? Que al no estar realizado dicho
plan de servicio postal universal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que tiene encomendada la regulación del mercado postal, no puede ejercer como debe ser su papel en la regulación de dicho mercado. Por una parte se está
asfixiando a la sociedad estatal y se está poniendo en peligro un servicio público de la magnitud que supone un servicio postal universal, un servicio esencial que en España abarca a más de 8000 municipios que diariamente están conectados por esta
red, además de afectar a sus 57 000 trabajadores, y nos estamos arriesgando a una multa millonaria porque ya venimos advertidos. Aun queriendo hacerlo bien en un determinado momento en el que empezó la liberalización de servicios en el periodo 2004
a 2010, se pusieron en marcha unas ayudas de mantenimiento del servicio postal. Esto nos llevó a una apertura de procedimiento por parte de la Comisión Europea, es decir, estamos advertidos. Hay un advertimiento que, según el informe del Tribunal
de Cuentas, puede englobar 400 millones de euros que, además, no han sido provisionados. Esta era una de las preguntas que queríamos hacer al señor presidente, qué valoración hace el Tribunal de Cuentas de
que Correos no haya provisionado esos 400 millones de euros en los que estimativamente podría estar valorada esta lesividad a la competencia.
Durante siete años no se ha cumplido el plan de prestación que marca la ley. El plan de prestación al que se están refiriendo el Gobierno y Correos es el del año 2000, el anterior. Otra pregunta que queremos hacerle al presidente del
Tribunal de Cuentas es qué explicación se le puede dar a que el Gobierno no lo haya puesto en marcha. Ustedes han manejado toda la información que, además, viene como consecuencia de un informe anterior de fiscalización de los años 2008 y 2009 en
el que ya se hizo una recomendación por parte del Tribunal de Cuentas, y esta Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas instaba a que se realizara porque estaba en fecha de cumplimiento de la ley ese plan de prestación. ¿Cuál es la razón oculta o no
de que no se haya puesto en marcha ese plan? Además, se ha creado recientemente -y parece una broma-, en junio de 2017, un grupo de trabajo en el que están integrados los diversos actores, incluida la CNMC, para ver si se pone en marcha. Pero en
las diversas preguntas parlamentarias que este Grupo Parlamentario Socialista ha realizado al Gobierno, este ha tenido buen cuidado de no decir en qué fecha. No sé si el Tribunal de Cuentas, en la información de la que dispone, puede tener una
referencia de qué fechas podríamos estar hablando. Nos preocupa que haya -al parecer se deriva de estos informes- unos potenciales beneficiarios de este caos en el que está sumida la gestión de la sociedad estatal, que serían los grandes operadores
privados y los grandes clientes, y hay algunas pistas que se dan a lo largo del informe del Tribunal de Cuentas. Querríamos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si entiende y en qué medida los grandes beneficiarios de esta falta de
provisión de ese plan de prestación de servicios -ojo, que el Tribunal de Cuentas dice que se haga de una vez por todas con una contundencia destacable- serían estos grandes operadores y estos grandes clientes.
Otra cuestión que nos preocupa porque no se ha puesto en marcha es el Fondo de financiación del servicio postal universal. Este fondo supone -también lo dice el tribunal- un ahorro significativo para los grandes operadores postales del
país. Quisiera saber en qué términos se puede fijar este ahorro significativo y si el Tribunal de Cuentas considera que hay margen de mejora o de aumento de la aportación que correspondería por ley a los titulares de las autorizaciones
administrativas singulares, transcurridos siete años desde la aprobación de la ley, porque aunque no se haya puesto en marcha, quizá sí habría margen de mejora para esa aportación.
Por último, entre las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas con un carácter cualitativo es animar a esa reorganización de la entidad, a esa restructuración. No dice, por supuesto, en qué términos, pero sí que puede ser la clave de
la competitividad del servicio postal universal y de la propia sociedad de Correos. Mi pregunta es: ¿Entiende el Tribunal de Cuentas que, puesto que Correos como operador, ahora mismo, el encargo o la misión que tiene es por quince años, podría
adelantarse una decisión o una propuesta por parte del Gobierno de una posible privatización de la entidad y esa pueda ser una de las razones por las que no se ha acometido todo el desarrollo reglamentario que corresponde a esta ley? Eso podría
poner en marcha la orientación o la viabilidad de la propia Sociedad Estatal de Correos. A nosotros, como grupo parlamentario, nos preocupa mucho, por ello, hemos presentado dos proposiciones no de ley en la Comisión de Fomento para animar a la
necesaria puesta en marcha de ese plan y todas las mejoras consiguientes, y vamos a seguir muy de cerca las recomendaciones que ha presentado el Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.
Para finalizar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Aparicio.
La señora APARICIO CALZADA: Buenas tardes.
Quiero dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por estar aquí, como hace puntualmente, dando cuenta de la fiscalización de los distintos informes.
En primer lugar, me gustaría aludir a lo que ha dicho nuestra compañera la diputada señora Botella, que dice que la situación actual de Correos tiene un Gobierno con nombre y apellidos. Pues bien, dentro de esa, como dice, advertencia que
realiza la Comisión Europea, si la memoria no me falla, el señor Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno desde el 16 de abril de 2004 al 21 de diciembre de 2011 y si le tenemos que buscar nombre y apellidos a ese Gobierno es el Partido
Socialista cuando la Comisión Europea inicia la investigación de las ayudas del Estado concedidas a Correos entre los años 2004 a 2010.
Entrando ya en el propio informe, este incluye una serie de recomendaciones, entre ellas -voy a leerlas-, la adopción progresiva de aquellas medidas organizativas tendentes a adaptar y racionalizar la estructura de Correos a la actual
situación de caída de la demanda de los servicios postales tradicionales, así como otras medidas deseables para garantizar la viabilidad futura de esta sociedad como, por ejemplo, la diversificación de sus servicios, el mantenimiento y mejora en la
caída de sus productos y en su política comercial la reorganización y racionalización de los centros y plantillas, y además, que sería aconsejable que la verificación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la contabilidad
analítica se realizara con mayor antelación. Pues bien, ante tales recomendaciones, consideramos necesario indicar lo siguiente. La prestación del servicio postal universal, cuyo operador designado es la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos,
no solo es una obligación de la Ley postal de 2010 sino un servicio esencial que, como servicio público, puede devenir en algunos casos deficitario. De ahí la necesidad de su financiación o, en su caso, del recorte del servicio postal universal,
cuyo coste de oportunidad, a nuestro entender, es dudosamente rentable ya que el Estado tendría que asumir la pérdida de miles de empleos que se produciría. El propio informe señala que los costes de personal representaban el 72% de los costes
totales en 2016. Por tanto, resulta muy difícil, a nuestro entender -con todo respeto al informe del Tribunal de Cuentas-, aplicar estas recomendaciones desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista social por la pérdida de empleos que se
ha señalado y por la repercusión en el propio servicio, que se vería perjudicado, ya que parece no tenerse en cuenta, como ocurre en otros servicios esenciales como puede ser la sanidad o la educación, la dispersión demográfica que tenemos en
España. Precisamente por eso se ha establecido el sistema postal universal, para que el servicio llegue a todos los españoles. El recorte perjudicaría a dicho servicio sin ninguna duda, convirtiendo a unos beneficiarios de primera y a otros de
segunda ya que habría españoles a los que les llegarían los servicios con mucho retraso o con poco retraso. Por otra parte, el propio proceso de reducción de personal implicaría unos costes de despido y reestructuración que seguramente serían
difíciles de asumir. Aquí me gustaría resaltar, como ha puesto de manifiesto esta mañana el ministro Montoro, que en el 2015 se produjo la creación de 1606 puestos de trabajo fijos y estamos en el proceso de ingreso de personal laboral fijo en 2016
de 1345 trabajadores y en 2017 de 1869, con lo cual la viabilidad a nivel laboral el señor Montoro nos la ha dejado clara. No parece tenerse en consideración que el servicio de reparto de paquetería está experimentando un gran auge en la actualidad
debido a las compras por Internet, que cada vez están más generalizadas. Yo creo que debería insistirse más en el estudio de estas posibilidades que en recomendar de manera genérica una racionalización de la estructura por la caída de la demanda
tradicional cuando hay unos nuevos sistemas, están emergiendo nuevas oportunidades que creo que se están explotando y que aún debe hacerse más.
Respecto al propio informe y su forma de llegar a los resultados expuestos, me gustaría hacer las siguientes matizaciones. En las conclusiones afirma el informe que el sistema de contabilidad de costes aplicado por Correos durante el
periodo fiscalizado, al cierre de los trabajos de esta fiscalización, ha sido determinado por la propia entidad en función de su conocimiento del negocio y de las solicitudes de documentación adicional realizadas por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en los informes de revisión de contabilidad analítica. A la vista de este párrafo que acabo de leer, si las conclusiones se han basado en la información analítica generada por Correos, estas serían cuestionables en su
totalidad ya que el riesgo de sesgo es muy amplio al no poder dejarse la determinación de un sistema de contabilidad de costes a criterios como, por ejemplo, el conocimiento del negocio y las solicitudes de documentación adicional. Quizá -desde mi
humilde opinión- debería haberse realizado un trabajo más exhaustivo para el análisis de esa contabilidad, ya que pueden producirse situaciones que no hayan sido correctamente valoradas, lo que implicaría que las conclusiones podrían ponerse en
duda. Además, el propio informe continúa diciendo que, ante la falta de formalización del contrato de prestación de servicios y de un nuevo plan de prestación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que no puede realizar la
revisión de dichos cálculos, encontrándose pendientes de revisión y aprobación los correspondientes al ejercicio 2011 y siguientes, lo que no ha impedido que se pueda realizar la liquidación de las aportaciones de la AGE por la prestación del
servicio postal universal. Nuevamente nos surge una duda en cuanto a la base que ha permitido realizar dicha liquidación. Si, tal y como se afirma en el informe, están pendientes de revisión y aprobación por la propia comisión nacional los
cálculos de coste neto y por lo tanto la determinación de la carga financiera. ¿Podemos considerar así que las conclusiones pueden dar lugar a recomendaciones como las que nos han presentado por medio de este informe?
El señor PRESIDENTE: Señora Aparicio, vaya acabando, por favor.
La señora APARICIO CALZADA: Sí, voy terminando, me queda un poquito solo.
Finalmente, se afirma que el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de Correos en el ejercicio 2016 presenta unas pérdidas de 52 millones de euros. Teniendo en cuenta que las actividades no imputables al servicio postal han generado
un beneficio de 197 millones y las pérdidas totales de la contabilidad analítica suman 249 millones, entendemos que nuevamente las conclusiones se basan en datos no apropiados. En cualquier caso, no es procedente basar las recomendaciones en el
hecho de que se produzcan unas determinadas pérdidas, pues debe tenerse en cuenta la importancia del servicio que se presta y si este es de carácter esencial. Evidentemente, en todos los casos en que se prestan servicios públicos esenciales se
pueden producir pérdidas y ello no implica que planteemos que se produzcan reestructuraciones que tienen efectos sociales en el propio servicio que se presta. Por tanto, las recomendaciones deben realizarse de una manera ponderada, valorándose
todos los aspectos que entran en juego.
Quiero finalizar diciendo, como ha manifestado nuestro ministro Montoro, que el presente y futuro de Correos está garantizado, tanto el servicio público como la viabilidad económica del mismo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aparicio.
Para dar cuenta de las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Una única cuestión. El carácter ponderado de nuestro informe se puede apreciar precisamente porque recibe críticas desde diferentes posiciones, en la medida en que
ustedes están en una pugna política muy legítima, y el tribunal lo que pretende es sacar adelante su expediente de la manera más profesional y técnica posible, siendo además una tarea realmente difícil cuando nos encontramos con una situación como
la que atraviesa Correos, que se ha ido deteriorando a lo largo de los años y que además se encuentra en una encrucijada en la que se hace urgente la adopción de medidas; por otra parte, no resultaría de utilidad ni aportaría nada que el tribunal
valorara el eventual riesgo de la aplicación de multas porque yo creo que no sería conveniente que entráramos en ese terreno. El informe es lo suficientemente contundente, como usted bien ha dicho, como para que se tengan en consideración aquellas
cuestiones que incorpora, pero sin que se efectúe ese tipo de valoraciones. Tampoco tiene sentido que el tribunal se pronuncie sobre una posible privatización de Correos. Esta es una medida fundamentalmente política. Corresponde al Ejecutivo
poder valorarla o no. Evidentemente yo no creo que usted la haya formulado, sino que simplemente pregunta para intentar averiguar o interpretar lo que pretende hacer el Gobierno. Lamentablemente yo no ejerzo ni de intérprete ni de portavoz del
Gobierno, no me corresponde hacerlo.
Yo pienso que el informe del tribunal contiene muchísimos elementos para que ustedes saquen todas las conclusiones que estimen oportunas, incluso que para lleguen a criterios contrarios al propio informe, como hace la señora Aparicio. No es
fácil hacer una valoración de esta situación porque nos encontramos con un primer problema, y es que la ausencia del plan de prestación del servicio postal universal es un elemento que afecta a todo este proceso de una manera muy grave. Llevamos
mucho tiempo sin haberlo abordado. Posiblemente es difícil llevar a efecto este plan de prestación del servicio postal universal cuando existe una situación de una dimensión excesiva de la entidad que podría llevar aparejada a lo mejor decisiones
difíciles de poder abordar, pero entiendo que esas decisiones en todo caso corresponden al ámbito de la política y afortunadamente para mí no tengo que entrar en esas materias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente, sobre todo por el esfuerzo que de nuevo ha hecho hoy.
Si les parece a sus señorías, interrumpimos dos minutos la sesión para despedir al presidente y procedemos a la votación. (Pausa).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000244 y número de
expediente del Senado 771/000234).
El señor PRESIDENTE: Si les parece, procedemos a la votación.
Informe de fiscalización correspondiente al bloque I, de contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 2014 y 2015.
Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 19; en contra, 9; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 2, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 19; en contra, 9; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 3 a 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 6, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 14; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de propuestas del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
BLOQUE II
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000222 y
número de expediente del Senado 771/000224).
El señor PRESIDENTE: Propuestas del bloque número II, informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales.
Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 2 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 27; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas número 4 a número 7 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas número 9 y número 10 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 21; en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
BLOQUE III
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000225 y número de expediente del Senado 771/000221).
El señor PRESIDENTE: Bloque número III. Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicio 2015.
Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas número 5 a número 10 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas número 11 a número 17 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000228 y número de expediente del Senado 771/000240).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicio 2015.
Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 3 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 5 a número 10 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas 11 a 17 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Señorías, hay que repetir la votación, puesto que ha habido un error en la misma y es imposible, si no, resolverla.
Votamos de nuevo las propuestas números 11 a 17 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000229 y número de expediente del Senado 771/000239).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicio 2015.
Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 3 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 5 a 10 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 11 a 17 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000230 y número de expediente del Senado 771/000235).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicio 2015. Grupo Parlamentario Ciudadanos, propuesta número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor 11; en contra, 17; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 5 a 10 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 11 a 18 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000239 y número de expediente del Senado 771/000237).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicio 2015. Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 3 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 10; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 4, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 27; en contra, 1; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 5 a 10 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 11 a 15 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000224 y número de expediente del Senado 771/000222).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicio 2015. Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 3 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 27; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 5 a 10 del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 11 a 15 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
BLOQUE IV:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL TRANVÍA DE JAÉN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000226 y número de expediente del Senado 771/000219).
El señor PRESIDENTE: Bloque IV. Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Jaén. Grupo Parlamentario Ciudadanos, propuesta de resolución número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada.
Propuesta número 4 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 19; en contra, 9; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 19; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas número 6 y 7 del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 8 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 9 del Grupo Confederal de Unidos Podemos. Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
BLOQUE V:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2015, CON ESPECIAL ATENCIÓN A ENTIDADES CON INCUMPLIMIENTOS REITERADOS DE DICHA OBLIGACIÓN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000231 y número de expediente del Senado 771/000227).
El señor PRESIDENTE: Último bloque, el V. Informe de fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2015, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación.
Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 2 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada.
Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 4 a 19 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 31; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, quedan aprobadas.
Grupo Confederal de Unidos Podemos. Propuesta número 21.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Se vuelve a repetir la votación por el mismo criterio que antes. (El señor Hurtado Zurera: No se tiene que volver a repetir). Sí, sí. Señor Hurtado, luego lo hablamos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32, a favor, 16, en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Vuelve a haber un error. A efectos formales, suspendo la sesión. (Pausa).
La vuelvo a reanudar y volvemos a votar. Espero que sus señorías estén atentos y no generemos el problema. (Risas.) Advierto de que si hay una equivocación -me dice la señora letrada- se entiende rechazada.
Votamos de nuevo la propuesta número 21 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 14, en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de propuestas del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 31; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 25 del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 4; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión y les agradezco el esfuerzo del día de hoy.
Eran las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.