CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 52

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA

Sesión núm. 12

celebrada el martes,

26 de septiembre de 2017

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:


Bloque I:


- Informe de fiscalización de las cuotas a organismos internacionales y de las subvenciones y ayudas otorgadas con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los ejercicios 2008 y 2009. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000018 y número de expediente del Senado 771/000018) ... (Página5)


- Informe de fiscalización de la aportación complementaria para el desarrollo del programa comunitario Erasmus, ejercicios 2012 y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000096 y número de expediente del Senado
771/000095) ... (Página5)


Bloque II:


- Informe de fiscalización de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000207 y número de expediente del Senado 771/000206) ... href='#(Página13)'>(Página13)


- Informe de fiscalización de la gestión de los ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000213 y número de expediente del Senado 771/000208) ... href='#(Página13)'>(Página13)

Página 2

Bloque III:


- Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000024 y número de expediente del Senado 771/000021) ... (Página19)


- Informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000046 y número de expediente del Senado 771/000044) ... (Página19)


Bloque IV:


- Informe de fiscalización de la estructura del sector público empresarial estatal en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010 sobre extinción y fusión de sociedades estatales, ejercicios 2010 y 2011. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000035 y número de expediente del Senado 771/000034) ... (Página25)


- Informe de fiscalización de la ejecución de las distintas medidas destinadas a la racionalización y reordenación del sector público empresarial Estatal no financiero, adoptadas en los ejercicios 2012 y 2013. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000112 y número de expediente del Senado 771/000112) ... (Página25)


- Informe de fiscalización de las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo y del inventario del patrimonio inmobiliario de SEPES entidad pública empresarial del suelo, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000060 y número de expediente del Senado 771/000062) ... (Página25)


- Informe de fiscalización de las operaciones de compraventa de títulos representativos del capital social de empresas de capital mayoritariamente privado realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, durante el
ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000192 y número de expediente del Senado 771/000190) ... (Página25)


- Informe de fiscalización de las actividades realizadas por la empresa estatal Navantia, S.A. en el periodo 2007-2010 y de su situación financiera a 31 de diciembre de 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000028 y
número de expediente del Senado 771/000027) ... (Página25)


- Informe de fiscalización de la Agencia EFE y de sus sociedades dependientes, ejercicio 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000022) ... href='#(Página25)'>(Página25)


- Informe de fiscalización de la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000202 y número de expediente del Senado 771/000203) ... href='#(Página25)'>(Página25)


Bloque V:


- Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fondo de Garantía Salarial, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000069 y número de expediente del Senado
771/000066) ... (Página35)


- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000101 y número de expediente del Senado 771/000099)
... (Página35)

Página 3

- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Social de la Marina, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000200 y número de expediente
del Senado 771/000197) ... (Página35)


Bloque VI:


- Moción sobre el alcance del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000001 y número de expediente del Senado 773/000001) ... (Página42)


- Debate y votación de las propuestas de resolución:


Bloque I: Transporte.


- Informe de fiscalización de la Imputación por la Entidad 'Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea' (AENA) a cada uno de los aeropuertos de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a la actividad aeroportuaria, en los ejercicios
2009 y 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000002 y número de expediente del Senado 771/000001) ... (Página48)


- Informe de fiscalización de las relaciones económico-financieras existentes entre la entidad pública empresarial Renfe-Operadora y la Administración General del Estado, ejercicios 2011 y 2012. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000054 y número de expediente del Senado 771/000053) ... (Página48)


- Informe de fiscalización de las operaciones patrimoniales y de constitución de AENA-Aeropuertos, S.A. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000062 y número de expediente del Senado 771/000054) ... href='#(Página49)'>(Página49)


- Informe de fiscalización de las principales inversiones efectuadas por FEVE en el periodo 2005-2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000089 y número de expediente del Senado 771/000087) ... href='#(Página49)'>(Página49)


- Informe de fiscalización de la actividad de ingeniería y economía del transporte, S.A. como medio propio y servicio técnico y como empresa asociada en el marco de la normativa de contratación aplicable a las empresas estatales (Real
Decreto Legislativo 3/2011 y Ley 31/2007). (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000100 y número de expediente del Senado 771/000100) ... (Página50)


- Informe de fiscalización de la actividad realizada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. en el periodo 2012-2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000144 y número de expediente
del Senado 771/000142) ... (Página50)


- Informe de fiscalización de los principales contratos celebrados por ADIF en la construcción de la línea de alta velocidad Barcelona-Frontera francesa. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000197 y número de expediente
del Senado 771/000195) ... (Página51)


Bloque II: Tranvías locales.


- Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Parla. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000140 y número de expediente del Senado 771/000139) ... (Página51)

Página 4

- Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Zaragoza. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000189 y número de expediente del Senado 771/000187) ... href='#(Página52)'>(Página52)


Bloque III: Crédito y subvenciones.


- Informe de fiscalización de la actividad crediticia del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2008. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000011 y número de expediente del Senado 771/000010) ... href='#(Página53)'>(Página53)


- Informe de fiscalización de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. ejercicio 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000022 y número de expediente del Senado 771/000023) ... href='#(Página53)'>(Página53)


- Informe de fiscalización del Instituto de Comercio Exterior y sus relaciones con las oficinas comerciales y con las direcciones regionales y territoriales, ejercicios 2005 a 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000025 y número de expediente del Senado 771/000024) ... (Página53)


- Informe de fiscalización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. en relación con la gestión de los riesgos asegurados por cuenta del Estado, ejercicio 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000027 y número de expediente del Senado 771/000026) ... (Página54)


- Informe de fiscalización del conjunto de la actividad de las entidades públicas empresariales y empresas estatales no financieras mediante las que se conceden ayudas o subvenciones a las empresas privadas, durante los ejercicios 2005-2011.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000032) ... (Página54)


- Informe de fiscalización de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, Cofides, S.A., ejercicios 2012 y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000099 y número de expediente del Senado 771/000101) ... href='#(Página55)'>(Página55)


- Informe de fiscalización de las ayudas, subvenciones, avales, préstamos, contratos, convenios o cualquier otra fórmula de apoyo económico, otorgadas por parte de las distintas administraciones públicas a la empresa Epsilon Euskadi, S.L. y
a la Asociación de Investigación Tecnológica y Aerodinámica Epsilon Euskadi, así como al proyecto Hiriko, las asociaciones Afypaida y Denokinn, y al resto de empresas relacionadas con el citado proyecto. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000120 y número de expediente del Senado 771/000122) ... (Página55)


- Informe de fiscalización de los gastos comprendidos en los programas y/o transferencias corrientes y de capital relacionadas con el apoyo a la internalización y atracción de inversiones extranjeras realizadas por las comunidades autónomas
o las entidades y sociedades públicas dependientes de ellas, y los programas de ayudas a las empresas vinculadas a dichos programas y transferencias. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000153 y número de expediente del Senado
771/000153) ... (Página56)


- Informe de fiscalización de la gestión y el control de los avales concedidos por la Administración General del Estado, ejercicios 2008-2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000175 y número de expediente del Senado
771/000175) ... (Página57)


- Informe de fiscalización de los avales, garantías y otros compromisos otorgados por las entidades del sector público empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000196 y número de expediente del Senado 771/000194) ... (Página58)

Página 5

- Informe de fiscalización de la entidad pública empresarial Red.es y de su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A., ejercicio 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000031 y número de
expediente del Senado 771/000030) ... (Página58)


Bloque IV: Fondos.


- Nota sobre el Fondo para aseguramiento colectivo de los cooperantes. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000087 y número de expediente del Senado 771/000086) ... (Página59)


- Informe de fiscalización del Fondo de Adquisición de Activos Financieros. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000029 y número de expediente del Senado 771/000028) ... (Página59)


- Informe de fiscalización del Fondo para la Promoción del Desarrollo, ejercicios 2012 y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000143 y número de expediente del Senado 771/000141)... href='#(Página60)'>(Página60)


Se abre la sesión a las diez de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:


BLOQUE I:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS OTORGADAS CON CARGO A LOS CRÉDITOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN EN LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000018 y número de expediente del Senado 771/000018).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA APORTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA COMUNITARIO ERASMUS, EJERCICIOS 2012 Y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000096 y número de expediente del Senado
771/000095).


El señor PRESIDENTE: Buenos días.


Si les parece, vamos a comenzar la sesión dándole -como no puede ser de otra forma- de nuevo la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas, que comparece con un intenso orden del día. Así que, sin más dilación, pasamos al debate del
primer punto, el bloque I, que contiene el informe de fiscalización de las cuotas a organismos internacionales y de las subvenciones y ayudas otorgadas con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ejercicios 2008 y
2009; y el informe de fiscalización de la aportación complementaria para el desarrollo del programa comunitario Erasmus, ejercicios 2012 y 2013.


Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Buenos días.


Por lo que se refiere a la fiscalización de las cuotas a organismos internacionales y de las subvenciones y ayudas otorgadas con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el gasto derivado de la
participación en España en tales organizaciones representaba un 94% del total de las obligaciones reconocidas netas en los capítulos 4 y 7 del ministerio. Las denominadas contribuciones voluntarias para la financiación de organismos, programas y
entidades internacionales que realizan actividades de interés en el ámbito de los objetivos de la política exterior se comenzaron a tramitar a partir de 2009 como subvenciones directas de carácter excepcional, habiendo comenzado el ministerio desde
entonces a exigir a los beneficiarios la justificación de la aplicación de las mismas. Las obligaciones reconocidas para financiar las operaciones de mantenimiento de la paz, aprobadas por Naciones Unidas, fueron insuficientes para atender los
compromisos adquiridos. A finales de 2009 quedaba deuda pendiente

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de reconocimiento por 2,5 millones de dólares, posición que se agravó en los ejercicios posteriores, ascendiendo a 257 millones de dólares USA a finales de 2011.


Respecto a las subvenciones propiamente dichas en los ejercicios fiscalizados, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no había aprobado aún el plan estratégico exigido por la Ley General de Subvenciones. En las subvenciones
nominativas directas y en las de carácter excepcional se observaron diversas irregularidades, como la omisión del documento de concesión, la insuficiencia de la determinación del objeto de la misma, la ausencia de cualquier documentación
justificativa en tres casos por 550 000 euros y la justificación por un importe inferior al percibido en nueve casos. En los ejercicios 2007 y 2011 el ministerio aportó a la Fundación Onuart subvenciones destinadas a la financiación del proyecto de
remodelación de una sala de conferencias en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. La aportación prevista de 5 millones de euros en 2008 se elevó finalmente a 11,5 millones, debido al incremento del coste y al incumplimiento de las previsiones de
financiación por parte de las entidades privadas. Además de las aportaciones del ejercicio 2007, por importe de 3 millones de euros, se tramitaron indebidamente como contribuciones voluntarias a organismos internacionales sin que el ministerio
exigiera la justificación del empleo de los fondos. Tampoco existieron previsiones suficientemente fundadas acerca de la financiación total del proyecto, cuyo coste previsto de 16,6 millones de euros en 2008 se incrementó hasta los 20,4 millones,
según cálculos de la Fundación Onuart en marzo de 2011.


En cuanto a la justificación de la subvención, en la correspondiente a 2008 hay justificantes por 90 000 euros, que no coinciden con la finalidad para la que se concedió la subvención, y hay facturas en concepto de pagos de honorarios al
artista por importe de 1,5 millones de euros, cuya procedencia no ha podido determinarse. En los ejercicios fiscalizados, el ministerio gestionó once líneas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, habiendo reconocido obligaciones
por importe de 5,9 millones de euros en 2008 y 5,6 millones en 2009. El 75% de los importes corresponden a cuatro líneas de subvenciones, en las que se observaron deficiencias relativas a su justificación y, en su caso, al reintegro de la parte no
empleada. El Ministerio de Asuntos Exteriores también concedió subvenciones a entes públicos del sector público estatal, como el Consorcio Casa Árabe o la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, que
también presentaban ciertas deficiencias. Asimismo, el ministerio concedió subsidios a favor de españoles en el extranjero para la protección de situaciones especiales de necesidad que no tienen carácter de subvenciones. El principal importe de
los pagos realizados en firme en el ejercicio 2009 correspondió al abono de los gastos por el flete de tres aviones para la evacuación de españoles desplazados en Bangkok. El importe pendiente por el referido concepto, 242 522 euros, se imputó al
presupuesto de 2010, incumpliéndose el principio de temporalidad de los créditos establecidos en la Ley General Presupuestaria.


En relación con el informe de fiscalización de la aportación complementaria para el desarrollo del programa comunitario Erasmus, ejercicios 2012 y 2013, cabe reseñar la reducción de su dotación presupuestaria a lo largo del periodo
fiscalizado, habiendo alcanzado un grado de ejecución superior al 99%. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no facilitó a la Intervención General de la Administración del Estado la información legalmente prevista destinada a la base de
datos nacional de subvenciones, lo que redunda en un perjuicio de la transparencia que se persigue a través de este instrumento. Los convenios firmados entre el ministerio y las entidades colaboradoras presentaban diversas carencias, como la falta
de identificación en las bases reguladoras concretas, la omisión de las condiciones de entrega a los beneficiarios o la minoración de las obligaciones de justificación señaladas en las citadas bases. También había deficiencias en los convenios
suscritos entre el organismo autónomo de programas educativos europeos y los centros de enseñanza media, entre las que destacan la falta de celebración de los mismos entre las entidades colaboradoras y el órgano administrativo concedente, la
ausencia de condiciones y plazos de entrega de los fondos a los beneficiarios, y un plazo de presentación de la justificación de las ayudas de imposible cumplimiento al ser anterior a la propia firma del convenio. El abono de la aportación
complementaria a los estudiantes de los centros de enseñanza media presentaba retrasos debido, por una parte, al traspaso de los fondos en fases sucesivas y, por otro lado, a que el organismo autónomo recibió los fondos del ministerio en fechas
próximas al final de curso o una vez finalizado el mismo. En agosto de 2014, el ministerio había completado la comprobación de un 35% del total de las ayudas concedidas para el curso 2012-2013, por un importe de 12,7 millones de euros. Destaca la
remisión de documentación justificativa fuera de plazo, la omisión de los justificantes bancarios de pago individualizado para cada estudiante y la omisión de comprobación y control por el ministerio de las fechas de pago a los beneficiarios. Con
carácter general, los centros de enseñanza media no remitían

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al organismo autónomo de programas educativos europeos la documentación justificativa prevista en las bases sin que este último lo reclamara ni efectuase las comprobaciones previstas en los convenios, limitándose a los llamados controles
primarios establecidos en la normativa europea, cuyo alcance fue únicamente del 3% del importe total justificado en el curso 2012-2013. Con carácter general, los centros de enseñanza superior no efectuaron las devoluciones de las cantidades no
aplicadas a su finalidad hasta que no fueron reclamadas por el ministerio. Dichos reembolsos se han demorado debido al considerable tiempo transcurrido desde la fecha límite de justificación hasta el fin del procedimiento de comprobación, dilación
debida en parte a la falta de previsión en las bases reguladoras del momento en el que las entidades colaboradoras debían proceder a la devolución de las cantidades no empleadas. Así, el 93% y 97% de los reembolsos efectuados en los cursos
2010-2011 y 2011-2012, respectivamente, se realizaron una vez superado el plazo de justificación.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Hasta el Grupo Ciudadanos me da la sensación de que no hay nadie. Interviene por el Grupo Ciudadanos el señor Ten. Tiene usted la palabra.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


Bienvenido de nuevo, señor Álvarez de Miranda. Me gustaría sobre todo centrarme esta mañana en el primer informe. Dado que es un informe que acomete los ejercicios 2008 y 2009 -es cierto que hace casi diez años de esta información-, lo
alejado de estas fechas hace difícil saber si ahora la situación sigue siendo tan caótica como la ha descrito. El Gobierno, desde luego, no realizaba ninguna comprobación de la cuota comunicada por los organismos, limitándose a tramitar el pago del
importe señalado. Además, de los diecinueve expedientes de la muestra, en dieciocho casos -repito, en dieciocho de diecinueve- se pagó tarde, con un retraso promedio de ciento cinco días. Estos retrasos pueden acarrear sanciones, como es el caso
de 2011, en el que el Consejo de Europa reclamó intereses de demora. Entonces, yo pregunto: ¿Cuánto dinero les cuesta a los ciudadanos una administración ineficiente? Estas son las preguntas que debería contestar el informe del Tribunal de
Cuentas. Desde Ciudadanos siempre hemos insistido en la gestión. El informe, además, dedica un folio a las cuotas voluntarias, una partida de casi 12 millones de euros en 2008, usada para regar más de setenta organizaciones. Da la impresión de
que el ministerio da esas aportaciones de forma discrecional. ¿Cómo es que el Tribunal de Cuentas no fiscalizó de cerca esas subvenciones? Hay varios millones que van a organizaciones de cooperación en Latinoamérica. ¿Asegura alguien de que ese
dinero se destina a algo de provecho? Además, tenemos la experiencia, sobre todo en la Comunidad Valenciana, de cómo se han destinado estos fondos a la cooperación en Latinoamérica y están en proceso judicial todo este tipo de fraudes.


Algo parecido pasa con las subvenciones extraordinarias. Varios casos no aportaron la memoria de actividades de las justificaciones de pago exigibles. Los españoles estamos hartos de estos chiringuitos políticos. Me pregunto qué
consecuencias se derivaron de esos hallazgos del Tribunal de Cuentas ¿Nos puede dar un poco de información? ¿Se devolvió ese dinero, señor Álvarez de Miranda? No le extraña al Tribunal de Cuentas que en MAEC se realizase una subvención excepcional
de 190 000 euros a la Generalitat de Catalunya; era la única subvención que no iba a un organismo internacional, por ahora. Entonces me pregunto: ¿Para qué era? Y, si no se revisó, ¿por qué no se revisó?


El informe, como nos ha comentado usted, dedica algo de espacio a la Fundación Onuart. Hay que decir a la opinión pública que esto se calculó en 5 millones, como usted dice, y al final acabó, aproximadamente, en 20 millones de coste.
Estamos acostumbrados a esos sobrecostes de la obra pública.


En relación con las subvenciones en las que se recomienda fortalecer el control interno del MAEC, ¿no le llama la atención el Tribunal de Cuentas la absoluta falta de condiciones objetivas o de justificación mínima requerida para establecer
esas subvenciones nominativas en los Presupuestos Generales del Estado?


En cuanto a este informe, hay otra partida importante, que es la de las operaciones de mantenimiento de la paz. Es bien conocido que su pago contra el fondo de imprevistos es una práctica muy mejorable que esperamos que, con el saneamiento
de nuestras cuentas, pueda llevarse a cabo.


Finalmente y para terminar, en cuanto al informe de fiscalización del programa comunitario Erasmus, ha reflejado de nuevo la falta de transparencia, la falta de documentación, retrasos en la aportación de la documentación, omisión de
justificantes... Además, los centros de enseñanza superior no devolvieron de

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oficio las cantidades que no fueron empleadas. Y me pregunto: ¿No es más necesario, si cabe, el control del Tribunal de Cuentas en esta gestión? Porque vemos que las instituciones públicas no cumplen con su cometido y, desde luego, no
miran el dinero público como deberían hacerlo. Hablamos de recursos para sanidad, para la educación y para la justicia.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena.


El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.


Señor Álvarez de Miranda, gracias nuevamente por sus informaciones. Ya se ha comentado antes que en este bloque tratamos informes, por ejemplo, del año 2008, hace exactamente nueve años. Señor Álvarez de Miranda, creo que usted es
consciente de que la agilidad en el trabajo, en la acción fiscalizadora del Tribunal de Cuentas que usted preside dice mucho también de la voluntad política que tiene detrás el Tribunal de Cuentas. Al Grupo de En Comú Podem nos gustaría saber cómo
es posible que haya informes que tarden tanto en llegar a esta Comisión y, sin embargo en otros -como por ejemplo el procedimiento que usted ha abierto contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, sobre el proceso participativo del 9 de
noviembre-, sean ustedes tan ágiles; nos gustaría saber si detrás hay alguna voluntad política. Al Grupo de En Comú Podem no nos gustaría pensar que lo que están haciendo ustedes es el trabajo sucio al Gobierno del Partido Popular porque con eso,
señor Álvarez de Miranda, creo que usted es consciente de que pone en riesgo todavía más los principales cimientos de esta democracia.


Derivado de los informes que ahora trataremos, le pregunto si ustedes tienen previsto imponer alguna fianza solidaria -como han hecho con el expresidente Artur Mas, por ejemplo- a la Fundación Onuart, puesto que se ha gastado un 130% más del
dinero que previamente estaba previsto. Usted, señor Álvarez de Miranda, también tiene que ser consciente de que el procedimiento que ustedes han abierto en relación con el 9 noviembre puede poner en riesgo la credibilidad de un órgano tan
fundamental para la democracia, de un organismo independiente como debiera ser el Tribunal de Cuentas.


Dicho esto, del primer informe sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores nos preocupa la falta de transparencia, la opacidad que hay detrás de la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nos preocupa también la nula decisión basada en
elementos objetivos para poder llevar a cabo las diferentes subvenciones. Y hay un elemento que es fundamental que se desprende de todo este informe: ¿Cómo puede ser que el propio Gobierno, que el Ministerio de Asuntos Exteriores incumpla la Ley
General de Subvenciones? ¿Qué medidas, qué mecanismos piensa llevar a cabo el Tribunal de Cuentas para evitar que se siga vulnerando una ley tan importante? Detrás de la vulneración de esa ley hay grandes casos de corrupción que hoy estamos
averiguando en el contexto político del Estado español, por lo que nos gustaría saber qué medidas puede llevar a cabo el Tribunal de Cuentas para evitar que el propio Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, incumpla la Ley General de
Subvenciones.


Nos preocupa -y haremos una serie de propuestas de resolución- cómo puede ser que en los años en los que la crisis se estaba cebando más con las clases populares de este país, entre 2007 y 2011, se incrementase un regalo a la Organización de
las Naciones Unidas para la adecuación de la sala de los derechos humanos por parte de una fundación creada ad hoc. Parece que había la voluntad de disfrazar cómo se iban a llevar esa serie de trabajos en la sede de la ONU. Se incrementó el
presupuesto en un 130%, como decía antes. Supongo que esto, como siempre hace el Tribunal de Cuentas, ha sido llevado a fiscalía.


Nos preocupa también -porque está el Ministerio de Asuntos Exteriores detrás- que en ochenta y cinco de los expedientes haya falta de constancia de solicitud, omisión de declaraciones sobre la recepción de otras ayudas, falta de publicación
de resolución de concesión, imputación de concesiones al ejercicio siguiente del de la concesión y falta de justificaciones de gastos. En algunos casos estos fueron inferiores a los gastos de la subvención y, por tanto, es un dinero que no sabemos
dónde está, dónde fue a parar. En otros casos hay justificantes repetidos de otras subvenciones otorgadas por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y en algunos casos la acreditación de los gastos no es suficiente. En un caso, por ejemplo, un
beneficiario subcontrató la ejecución con otra empresa de su propio grupo. Son elementos tan aberrantes, llaman tanto la atención de este grupo parlamentario que nos gustaría, a través de informes posteriores -porque también sería importante como
ejercicio de esta Comisión realizar la trazabilidad de todos estos casos-, si se han seguido cometiendo o no.

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Acabo con el segundo elemento, también fundamental, que es la fiscalización del programa comunitario Erasmus en los ejercicios 2012 y 2013, también años críticos para las universidades, especialmente para las públicas, donde hemos visto que
muchos alumnos han sido expulsados; especialmente los pertenecientes a las clases populares han sido expulsados de su derecho fundamental a la educación pública, en este caso a la universitaria. De este informe se desprende que precisamente cuando
más falta hacían las becas para poder corregir los elementos de desigualdad existentes en nuestro sistema educativo, más se ha reducido el importe destinado a estas ayudas y mayor ha sido el grado de heterogeneidad de las mismas, detrás de lo cual
también hay un fomento de la desigualdad.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias.


Quiero manifestar también el agradecimiento del Grupo Socialista al señor Álvarez de Miranda por su dedicación a estos expedientes de fiscalización. Me voy a referir, en primer lugar, al expediente que hace referencia al programa Erasmus,
dado el gran impacto social de este programa en España y su ejecución en los últimos años. Hay que decir que, al formar parte de un programa europeo, la aplicación que se haga del gasto de la Administración del Estado sitúa a nuestro país en una
determinada relevancia internacional y, desgraciadamente, la imagen y la efectividad de este programa en España ha caído en picado durante estos años. Realmente, este informe de fiscalización es una radiografía perfecta de la ejecución del gasto
público en un programa, que, como digo, tiene un gran impacto social y entra de lleno en la igualdad de oportunidades en el sistema educativo y en el acceso a una educación europea internacional, que era la vocación de este programa.


Gracias a este informe de fiscalización, hoy sabemos que el presupuesto o la participación española dedicada al programa Erasmus, que era de 62,8 millones en el año 2011, cayó en el primer año del Gobierno del Partido Popular, en el año
2012, a 36,8 millones de euros, y que en el año 2014 fue de 18,4 millones de euros. Se trata de caídas espectaculares que, como vimos en todos los medios de comunicación, fueron muy impactantes. Pero, por si esto fuera poco, la cuestión de la
aportación complementaria a favor de los alumnos con menos recursos, tal y como ustedes han destacado en el informe, resulta realmente grave, porque pasó de representar el 31% total para los alumnos con menos recursos en el curso 2011-2012 al 18% en
esta evaluación. Asimismo, como ustedes han reseñado, se detecta que esta información no se pasó a la base de datos nacional de subvenciones. Realmente no nos extraña; es vergonzoso pensar que esta información pudiera haber sido conocida.


A partir de ahí, hay otro dato a destacar -por si no eran suficientes los enumerados-, como son las fechas de percepción de las ayudas por parte de los alumnos. Estamos hablando de alumnos especialmente desfavorecidos que no cuentan con
ingresos o con aportaciones familiares suficientes para desplazarse al extranjero, con lo cual contar con estos fondos con la debida anticipación era responsabilidad de las administraciones públicas. Pues bien, del informe de fiscalización se
desprende que en algunos casos se ha producido un retraso de hasta doscientos días en la percepción de las ayudas. El informe de fiscalización pone de relieve que no solamente podemos hablar de afección a la legalidad desde el punto de vista de
cómo se han tramitado las subvenciones, cuestión en la que ustedes detectan algunas incidencias, sino que esto afecta a los derechos de los ciudadanos, al derecho que tenían los jóvenes, tratándose de un programa europeo que precisa de la
cofinanciación de la Administración General del Estado, de disfrutar de estas percepciones, algo que nuestro grupo parlamentario se plantea desde el punto de vista de la política y de lo público, y celebra que esta fiscalización retrate la realidad
social de este país, que si en el año 2008 tenía un gasto medio en educación del 9,4%, en estos momentos está en el 8,2%, cuando la media europea se sitúa en el 11%. El reto, por tanto, es muy grande, y la ejecución de programas como Erasmus deja a
este Parlamento una responsabilidad política muy exigente en cuanto a la acción fiscalizadora del Gobierno.


Por otra parte, me gustaría referirme al segundo expediente, realmente complejo, en el que se ha reseñado un conjunto de circunstancias e incidencias. En este sentido, se pone de manifiesto la necesidad de extremar, como ustedes destacan,
los controles por parte de la Administración pública. Estamos hablando de un ministerio, el de Asuntos Exteriores, en el cual hay funcionarios públicos e interventores y donde uno presupone que en pleno siglo XXI hay un control del gasto. Es
verdad que estamos hablando de un periodo relativamente grande para nosotros, porque es de ocho años, pero contemporáneo al fin y

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al cabo, por lo que llama la atención que dichos controles no hayan funcionado y por parte de nuestro grupo somos partidarios de que se extremen al máximo. Asimismo, llama la atención la ausencia de hechos tan destacables como la existencia
de un plan estratégico, como establece la Ley General de Subvenciones, etcétera. También es verdad que estamos hablando de un Ministerio de Asuntos Exteriores que tiene que lidiar con hechos sobrevenidos de protección a los derechos de España y de
los españoles en el exterior, algo que a veces es difícil de anticipar, y puede que en algún momento el manejo de los fondos sea difícil de conciliar con la exigencia de legalidad que establece la Ley General de Subvenciones.


Por otra parte, nos gustaría saber si en ambos expedientes, tanto en el relativo al Erasmus como en el de los fondos de Asuntos Exteriores, el Tribunal de Cuentas va a continuar o ha continuado con las fiscalizaciones para poder realizar un
seguimiento -como también se ha dicho aquí- de las mejoras que se deberían haber establecido. También nos gustaría saber si se ha producido un retorno en cuanto al establecimiento de nuevas medidas correctoras respecto de las que ustedes habían
detectado, dada la antigüedad del periodo fiscalizado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.


Para finalizar el turno de intervenciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Aparicio Calzada.


La señora APARICIO CALZADA: Buenos días, presidente.


En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de nuevo del señor presidente del Tribunal de Cuentas y la labor llevada a cabo con relación a estos informes de fiscalización, así como realizar una pequeña muestra de apoyo y
reconocimiento a la labor del Tribunal de Cuentas, en la persona de su presidente, debido a las acusaciones que últimamente estamos escuchando en los medios de comunicación y las que tristemente hemos tenido que escuchar hace un momento en esta
sala.


Con respecto al primer informe de fiscalización, relativo a las cuotas a organismos internacionales y las subvenciones y ayudas otorgadas con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los ejercicios 2008 y
2009, es cierto que se trata de un informe de hace ya nueve años, con lo cual, me uno a lo dicho anteriormente por mi compañera, y es que me gustaría que respecto a este informe se haya evolucionado positivamente y las consecuencias y las
recomendaciones derivadas del mismo vertidas por el tribunal hayan sido ya puestas en práctica.


Con relación a las contribuciones obligatorias derivadas de la participación de España como país miembro de diversas organizaciones internacionales, es de destacar que en el año 2011 el Consejo de Europa tuvo que reclamar intereses de demora
sobre una deuda pendiente de 9 425 000 euros, intereses que ascendían a 316 millones de euros, punto que resulta bastante destacable. En cuanto a las operaciones de mantenimiento de la paz, aprobadas por Naciones Unidas, resulta llamativo que con
relación tanto a los importes correspondientes al año 2009 como a los establecidos a finales de 2011, hubo una situación deudora por parte de España que se agravó como consecuencia del incremento de las contribuciones a abonar y de las restricciones
presupuestarias. A finales de 2011 el importe de las contribuciones pendientes de reconocer ascendía a 256 millones de dólares. En cuanto a los análisis de las subvenciones nominativas y de carácter excepcional, las deficiencias más destacables
que podemos extraer de su informe se refieren a la omisión del documento de concesión y a la insuficiencia de la determinación del objeto de la subvención, así como en cuanto a las deficiencias relativas a la justificación vemos deficiencias que se
repiten a lo largo de todo el informe, como son la falta de aportación de documentación justificativa en distintas subvenciones, presentación de justificantes por importe inferior al de las subvenciones percibidas, omisión de algunos de los
documentos justificativos de los gastos o pagos realizados y un largo etcétera. También es de destacar el insuficiente seguimiento y control por parte del MAEC en relación con la justificación de estas subvenciones.


En cuanto a las subvenciones de carácter excepcional concedidas a la Fundación Onuart, destacamos que no hubo previsión suficientemente fundada acerca de la financiación total de un proyecto en concreto en el que iban a participar
instituciones tanto públicas como privadas o que el coste del proyecto se incrementó y se incumplieron las previsiones de financiación por parte de las entidades privadas. En cuanto al análisis de las subvenciones de concurrencia competitiva, es de
destacar que en los ejercicios fiscalizados el MAEC gestionó once líneas de subvenciones concedidas conforme al procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, y en los referidos ejercicios el MAEC no aprobó el plan
estratégico de subvenciones exigido por la propia legislación en su artículo 8. Son distintas

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y numerosas las deficiencias encontradas -pero por la premura del tiempo no puedo hacer referencia a todas-, como la no constancia del abono de intereses de demora correspondientes a la parte no empleada y reintegrada a una subvención,
presentación de justificantes por importe inferior al de las subvenciones percibidas, acreditación insuficiente de la relación de algunos de los justificantes presentados por las actividades subvencionadas, insuficiente detalle de los gastos
realizados por las instituciones y otra vez un largo etcétera.


En cuanto al análisis de las transferencias a entes del sector público estatal, en los ejercicios fiscalizados el MAEC concedió subvenciones a cuatro entes públicos por importe total de 7 400 000 euros en el año 2008 y 6 800 000 euros en
2009. Se centra el Tribunal de Cuentas más en lo transferido al consorcio de la Casa Árabe y la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. De nuevo volvemos a encontrar la falta de justificación, la falta de
control, no dejar constancia de registro de fechas, no acreditar pagos en efectivo de los gastos, tampoco se acredita la solicitud de ofertas a proveedores exigidas por la propia legislación, etcétera. En definitiva, me refiero, tal y como empecé,
a que desde el Grupo Popular esperamos que todas estas deficiencias detectadas hayan sido subsanadas a lo largo del tiempo debido a los ejercicios a los que estamos haciendo referencia.


En cuanto al informe del programa comunitario Erasmus, señora Botella, ya le gustaría al Partido Popular haber podido invertir mayor cantidad de dinero, pero es que nos encontramos con una situación que no nos gustaba -no esperábamos
encontrarnos con esta situación- de unas cuentas para nada saneadas y que nos impidieron poder invertir unas cantidades mayores que las que realmente pudimos invertir. Las obligaciones reconocidas en los ejercicios fiscalizados ascendieron a 52
millones de euros, lo que supone un grado de ejecución del 99,7%. Las bases reguladoras determinaron el coste máximo de ayuda mensual a percibir por alumno, previeron su compatibilidad con otras ayudas con el límite del coste total de la acción
subvencionada. Las bases reguladoras y las convocatorias de estas ayudas se han aprobado conjuntamente a través de distintas órdenes ministeriales. En los convenios firmados entre el ministerio y las entidades colaboradoras, respecto de las bases
reguladoras concretas es cierto que se realizó una remisión genérica refiriéndose a las bases vigentes para cada curso, por lo que no se hicieron referencias específicas a términos como plazos de entrega de los fondos a las entidades colaboradoras o
condiciones de entrega de los fondos a los beneficiarios. En relación con el procedimiento de pago de la aportación complementaria, la gestión del abono de la aportación complementaria a los estudiantes de los centros de estudios superiores se
realizó a través de las propias instituciones educativas, que actuaban de entidades colaboradoras. El número de días transcurridos entre la recepción de los fondos y su entrega a los estudiantes fue heterogéneo.


El señor PRESIDENTE: Señora Aparicio, tiene usted que ir acabando.


La señora APARICIO CALZADA: Voy terminando.


En definitiva, es cierto que se han observado por parte del tribunal algunas deficiencias en este informe y, al igual que en el anterior, debido a la antigüedad a la que nos estamos refiriendo con respecto a los ejercicios, desde el Grupo
Popular nos unimos a las recomendaciones realizadas por el tribunal en estos informes y esperamos que cuando hablemos de la fiscalización de los informes referidos al momento en el que nos encontramos ya hallemos subsanadas todas estas deficiencias.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra de nuevo el señor Álvarez de Miranda para contestar a las cuestiones planteadas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


Quiero prestar especial atención a cuestiones como la del retraso y también al planteamiento de la labor imparcial o no del Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su trabajo. En relación con el retraso, yo creo que ustedes conocen y han
vivido que en el último año o año y medio yo puedo haber presentado ciento y pico informes en esta Comisión, en jornadas maratonianas como la presente de presentación de múltiples informes, cuya principal finalidad era acabar con el retraso de
tramitación de esos informes, que es de exclusiva responsabilidad de esta Comisión. Estamos hablando de retraso en la presentación de informes y en la valoración de estos hechos cuando muchas de las fechas de aprobación de los informes que en buena
parte les presento hoy son de 2013, 2014 o 2015. Ello quiere decir que efectivamente la

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pérdida de vigencia de muchísimas de las cuestiones que aquí se ponen encima de la mesa es el resultado no exclusivamente, y me atrevería a decir no principalmente, de la labor del tribunal, que por supuesto es una labor que estamos
desarrollando con la mejor de las voluntades para conseguir que reduzca su plazo de ejecución, plazo de ejecución que no tiene ninguna prioridad no explicable. No se puede decir que unos trabajos se hacen rápidos y otros se dejan descansar en el
propio tribunal, porque lo primero que hay que hacer es no confundir el tipo de trabajos a los que nos referimos. No puede compararse un procedimiento de fiscalización, que son los que estamos viendo en esta Comisión, con la realización de un
procedimiento jurisdiccional, que es la otra gran función del Tribunal de Cuentas, que por otra parte no es competencia de esta Comisión, porque en ese terreno el tribunal actúa como tribunal propiamente dicho y tiene sus tiempos, tiene su
desarrollo y no guarda ninguna relación con lo que aquí estamos viendo de realización de fiscalizaciones.


Quiero dejar muy claro que el Tribunal de Cuentas no hace el trabajo sucio de nadie, para empezar porque nosotros no hemos abierto ningún procedimiento jurisdiccional. Esta es una cuestión que tiene que quedar muy clara. El tribunal no
actúa de oficio. La justicia del tribunal es una justicia rogada, es decir, hay alguien que solicita la apertura de un procedimiento. Hay en este caso unos actores públicos que han ejercido una acción pública, una acción popular. En el caso
concreto en el que se me ha echado en cara la celeridad en su tramitación son actores públicos, unas asociaciones catalanas, que han utilizado en su denuncia el planteamiento de una sentencia firme de un tribunal de justicia, el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, para ejercer una pretensión de responsabilidad. Lo único que les puedo decir es que no es una decisión definitiva, no podemos estar hablando de tiempos cuando es un procedimiento que ni siquiera ha empezado, está en sus
actuaciones previas. En dichas actuaciones previas lo que se ha desarrollado es la adopción de unas medidas cautelares por parte del delegado instructor solicitando el afianzamiento de las eventuales responsabilidades que algún día se podrían
pedir. Esta no es una cuestión que se haya hecho diferente que en cualquier otro procedimiento. Repasen ustedes los procedimientos de responsabilidad contable del tribunal de los últimos años y verán en cuántos casos se ha solicitado afianzamiento
y a qué personas se ha solicitado ese afianzamiento. Quizás se sorprenderían y posiblemente retirarían esa acusación absolutamente injusta de que, primero, nosotros hemos abierto cuando no lo hemos abierto porque la sección de enjuiciamiento -que
es independiente dentro del tribunal- actúa a instancia de aquellos que solicitan el ejercicio de una acción y que, en su día, serán los autores de una eventual demanda. Por lo tanto, no hay trabajo sucio, no hay falta de imparcialidad por parte
del Tribunal de Cuentas, por lo que esta cuestión creo que merece destacarse en esta Comisión.


Entro en concreto en el planteamiento de cuestiones que ustedes han formulado respecto de los expedientes que estamos viendo. El tribunal lo que ha puesto de manifiesto es que controlamos la correcta justificación y, en su caso, el
reintegro de los fondos que han podido ser consecuencia de actuaciones irregulares. En el programa de fiscalizaciones del tribunal se presta especial atención a estas áreas de riesgo como pueden ser el gasto de subvenciones y que, además, en el
programa de 2017 hay varias fiscalizaciones sobre ayudas y subvenciones, incentivos regionales a la localización industrial, ayudas sociales a personas con necesidades de atención integral sociosanitaria y ayudas relativas a la renta básica para la
emancipación de jóvenes y otros apoyos a la vivienda. En cada programa de fiscalización se pretende ir valorando diferentes ámbitos de la gestión de subvenciones que presenta muchas similitudes con las cuestiones que en este informe se ponen de
manifiesto, es decir, falta de justificación de las cantidades otorgadas o incorrecta justificación de las mismas. Derivado de estas fiscalizaciones, hay que poner en conocimiento de ustedes que se formularon peticiones de responsabilidad penal por
parte del ministerio fiscal en el caso de las cuotas a organismos internacionales de subvenciones por irregularidades en la concesión de estas ayudas -con esto contesto a las cuestiones planteadas por el señor Ten y por el resto de los miembros de
la Comisión- y también se formularon peticiones de responsabilidad tributaria por compensaciones no justificadas.


En el caso del desarrollo del programa comunitario Erasmus no se formuló petición de responsabilidad en el ámbito penal, pero sí se abrieron diligencias preliminares en la sección de enjuiciamiento sobre diferentes expedientes que, a día de
hoy, han quedado archivadas.


Con esto termino mi explicación, señor presidente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

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BLOQUE II:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000207 y número de expediente del Senado 771/000206).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000213 y número de expediente del Senado 771/000208).


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate correspondiente al segundo bloque que contiene el informe de fiscalización de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, ejercicio 2014, y el informe de fiscalización de la gestión
de los ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ejercicio 2015.


De nuevo, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para exponer dichos informes.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


El informe de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado del año 2014 fue aprobado por el pleno del tribunal en junio de 2017, mientras que el informe de la gestión de los ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ejercicio 2015,
se aprobó el 27 de julio de 2017. Ambas fiscalizaciones habían sido incluidas en el programa del tribunal para 2016, lo que denota una progresiva actualización de los periodos fiscalizados y la reducción de los plazos de ejecución.


En relación con el Boletín Oficial del Estado, los estados contables correspondientes al ejercicio 2014 expresan adecuadamente la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, conforme a los principios y normas contables de
aplicación. Existe una limitación por falta de colaboración de una entidad bancaria, lo que se solventó en gran parte mediante pruebas alternativas, pero sin poder asegurarse la total conformidad. El remanente de tesorería al cierre del ejercicio
2014 por importe de 104,3 millones de euros se considera excesivo. El tribunal ha recomendado en sus declaraciones anuales sobre la Cuenta General del Estado que se tomen medidas para reducir los remanentes de tesorería de los organismos públicos,
magnitud que no debería exceder del importe de sus presupuestos de gastos. En el caso del BOE, descartando la transferencia anual al Estado, el citado remanente no debería superar los 30 millones de euros. Los principales ingresos corresponden a
las tasas por la publicación de anuncios en el Boletín Oficial del Estado y de anuncios y actos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que ascendieron a 36 millones de euros, el 90% del total de derechos reconocidos en 2014. En ambas tasas
se aprecia un exceso de recaudación respecto al coste del servicio y no se ha elaborado la memoria económico-financiera que justifique su cuantía. Por otra parte, se ha aplicado el IVA sobre las mencionadas tasas, conforme a una orden ministerial
de 1999, previsión que, sin embargo, es contraria a la normativa reguladora de dicho impuesto.


Los derechos por facturación de la imprenta se formalizaron mayoritariamente mediante encomiendas de gestión, puesto que el BOE tiene la consideración de medio propio instrumental de la Administración General del Estado y sus organismos
autónomos. En materia de gastos de personal el estatuto de la entidad ha establecido un complemento de productividad para el que se ha diseñado un sistema adecuado de valoración individual del rendimiento en función de tres factores: cumplimiento
de objetivos de la unidad, valoración del rendimiento individual y asistencia. Sin embargo, se ha verificado su aplicación únicamente al personal laboral de convenio y para los funcionarios en un escaso porcentaje del 15% del complemento de
productividad. En cuanto al personal laboral fuera de convenio, los importes satisfechos superan los porcentajes máximos establecidos en sus correspondientes contratos. Adicionalmente, no se acreditaron los motivos o justificaciones de las
gratificaciones extraordinarias. Respecto a la contratación administrativa, son numerosos los contratos de adquisición de distintos tipos de papel a través de diferentes procedimientos, sin que conste justificación de esa diversidad que, en
principio, parece evidenciar una insuficiente planificación de las necesidades. Por otra parte, se han observado numerosas facturas relativas a adquisiciones de papel sin la tramitación de contratos, lo que pone de manifiesto la existencia de
posibles fraccionamientos del gasto, irregularidad que ya fue señalada en el informe de la intervención delegada del ejercicio 2013.

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Respecto a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, sus ingresos de gestión ordinaria ascendieron a 73,6 millones de euros, de los que el 93,5% proviene de las tasas afectadas a la entidad. Con carácter general, los procedimientos
utilizados para la gestión, recaudación y contabilización de las tasas se adecúan a la normativa aplicable, salvo la que se refiere a la tasa de prestación de servicios y realización de actividades en materia de navegación aérea. A este respecto,
al no haberse proporcionado la preceptiva memoria económico-financiera correspondiente a su creación y posteriores modificaciones, no se ha podido valorar la justificación de la cuantía de las 113 tarifas que contiene dicha tasa. Además, la
regulación no ha incorporado los numerosos cambios derivados de la normativa europea, lo que repercute en los hechos imponibles y las cuantías. El registro contable de la referida tasa no se ajusta al principio de devengo, dando lugar a que los
ingresos contabilizados por la misma en 2015, por importe de 2,9 millones de euros, no incluyan más que 400 000 euros devengados en el ejercicio. En cuanto a la tasa de seguridad aérea, no se había aprobado una normativa con instrucciones que
regulasen la colaboración de los gestores aeroportuarios en su devengo y cobro. Por otra parte, los ingresos de la tarifa por el uso de la red de ayudas de navegación aérea, conocida como tasa de ruta, y cuya recaudación efectúa Eurocontrol, se
perciben mediante transferencias realizadas por Enaire. Esta aplica las condiciones establecidas en un acuerdo de 1995, anterior a la creación de AESA, entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio
Ambiente y AENA y cuyas disposiciones resultan incompatibles con la normativa comunitaria. En virtud de dicho acuerdo, Enaire descontó 1,6 millones de euros por vuelos exonerados y 147 724 euros por el déficit de las escuelas de vuelo de Senasa,
conceptos respecto a los que al no tener funciones AESA no debería haberse detraído importe alguno.


En materia inspectora y sancionadora, AESA tiene asumidas las potestades que la Ley de Seguridad Aérea de 2003 atribuye al Ministerio de Fomento según lo previsto en su estatuto. Con carácter general, la entidad cumple adecuadamente con el
procedimiento sancionador habiendo iniciado 1021 expedientes en el ejercicio fiscalizado, de los que 966 dieron lugar a la imposición de multas por un importe conjunto de 5 millones de euros, la mayoría satisfechas en el ejercicio o en el periodo
voluntario de cobro a su cierre. En general las declaraciones de caducidad y prescripción son conformes con la normativa. No obstante, no se estima adecuado el criterio aplicado para aprovisionar las devoluciones de ingresos por sanciones al
realizarse por el porcentaje que representan las devoluciones sobre la recaudación neta en lugar de la recaudación bruta, por lo que se considera que la provisión está sobrevalorada en 434 352 euros. Asimismo, AESA percibe otros ingresos derivados
de convenios suscritos con otros organismos. Se ha observado que no se habían incluido entre los importes contabilizados los servicios prestados a la Agencia Europea de Seguridad Aérea en noviembre y diciembre por importe de 25 434 euros ni las
liquidaciones pendientes de cobro de los proyectos de hermanamiento o twinning, realizados a iniciativa de la Comisión Europea por 127 078 euros.


Finalmente, como resultado común de ambas fiscalizaciones se han detectado incumplimientos de la Ley de Tasas y Precios Públicos que obliga a considerar el principio de equivalencia en la determinación de las cuantías de las tasas. En el
caso del Boletín Oficial del Estado se incumplen en las tasas por la publicación de anuncios en el BOE y por la publicación de anuncios y actos en el Borme, en ambos por exceso. Y en el caso de AESA en la tasa de seguridad aérea por exceso y en la
tasa por prestación de servicios y realización de actividades en materia de navegación aérea por su carácter deficitario.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Ciudadanos no hay nadie.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


En referencia a los informes que acaba de exponer, llama la atención, en primer lugar, en el relativo al Boletín Oficial del Estado que haya dificultades por parte del Tribunal de Cuentas a la hora de acceder a los datos. Esto es algo que
también se señala en la moción que hoy se trae aquí y que luego debatiremos. Creemos que es totalmente intolerable que por parte de entidades del sector público se establezcan limitaciones a la hora de realizar la actividad fiscalizadora del
Tribunal de Cuentas. Llama la atención en el informe del BOE, pero también se produce en los informes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la mala cuantificación de las tasas. En el caso de la agencia del BOE genera un superávit y ese
superávit

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se está produciendo en el mismo momento en que se está recortando plantilla y precarizando las condiciones laborales de esta plantilla. Este es un fenómeno que a partir de 2011 se produjo sistemáticamente en muchas de las agencias públicas
dependientes del Estado. Esto sumado a la inconcreción de los planes estratégicos responde a una lógica de mal funcionamiento, de lo que llamamos austeridad mal entendida, haciendo que en muchos casos se recortara aquello que funcionaba bien y se
seguía dotando de los mismos recursos aquello que funcionaba mal, en muchos casos por intereses políticos. También llama la atención en el caso de AESA y Enaire la falta de adaptación a la normativa comunitaria, que no sé si podría suponer algún
riesgo de multa para España esta falta de adaptación. En el caso del BOE, también la posibilidad de fraccionamiento del gasto que señalaba el señor presidente del tribunal no sé si lo ha remitido a la fiscalía para ver si se puede derivar algún
tipo de acción legal.


Básicamente, quería saber en el caso de la agencia del BOE si se ha seguido produciendo esta mala planificación de las tasas, la ausencia de objetivos y planificación estratégicos y si en los siguientes informes en los que se han iniciado ya
las fiscalizaciones oportunas se han seguido produciendo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mato.


El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.


En relación con los informes -y abundando en lo que ya se ha dicho-, en primer lugar, quería agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su presencia y preguntarle en qué medida la limitación a la fiscalización de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado ha sido esa falta de comunicación por parte de la entidad financiera y si podría detallar en qué sentido ha producido una limitación al informe. Se trata de los saldos de tesorería, según reza el informe, y por lo tanto
querría saber qué clase de limitación ha producido esta ausencia de información.


Respecto a lo que ya se ha dicho aquí del tratamiento de las tasas, es cierto que en el caso del BOE existe un tratamiento de las tasas que parece que no es el adecuado, pero hay que tener presente también que los beneficios del Boletín
Oficial del Estado en muchos casos compensan también algunas pérdidas de otras actividades de la agencia que también son bastante relevantes. Pongamos por caso la gestión editorial, la información y la difusión legislativa que en este caso tienen
pérdidas, pero se ven compensadas por esas tasas. Desde nuestro grupo entendemos que es quizá una interpretación excesivamente rígida de la Ley de Tasas puesto que una revisión a la baja, como parece intuirse del informe, podría producir un
desequilibrio en el sentido de que la revisión de las tasas a la baja debería evitar la aparición de beneficios globales excesivos en la agencia, pero, lógicamente, sin que llegase a implicar una aportación adicional del Estado para el mantenimiento
de dicha agencia. En ese sentido, creemos que estos pequeños desequilibrios se podrían corregir siempre y cuando no se necesiten mayores aportaciones por parte del Estado para esta agencia.


También querríamos señalar, y nos parece bastante importante, esa recurrencia sistemática a la subcontratación. Hemos visto -y aparece reflejado en el informe- que en el caso concreto del Boletín Oficial del Estado se aplica un recargo al
precio facturado que en ocasiones es mayor del 8%. Esto está provocando un encarecimiento del producto final y ahí sí que hay un beneficio sin ninguna causa para la propia agencia.


Otro asunto importante en relación con el Boletín Oficial del Estado es ese 85% del complemento de productividad al que usted se refería. Entendemos que si ese 85% se está pagando de forma sistemática quizá habría que revisar el salario que
se le está pagando al personal de la agencia y establecer otro tipo de objetivos, puesto que si la mayor parte del personal percibe esas cuantías seguramente tendrán que tener un salario distinto y marcarse otros objetivos y, por tanto, otros bonus.


Por último, nos parece raro que en el informe se concluya que los expedientes se encuentran completos y que se han tramitado de acuerdo con la normativa; sin embargo, usted mismo ha dicho que se ponían de manifiesto deficiencias,
irregularidades relevantes respecto al fraccionamiento de contratos, adquisición de papel, etcétera. Parece que hay una pequeña, vamos a llamar, contradicción en el informe porque se dice que todo se ha tramitado adecuadamente y, sin embargo, sí
que el tribunal también refleja que se han detectado determinadas cosas.


Con relación a las tasas de AESA, hay una cosa que nos ha llamado la atención cuando se dice que la tasa por prestación de servicios y realización de actividades no se correspondería fielmente con la actividad de la agencia. En todo caso
querríamos saber si en los sucesivos informes que ustedes hacen

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se ha solucionado, porque se hacía referencia a cambios normativos que la tasa no había recogido, a actividades realizadas que no se ajustaban a las tarifas, etcétera. Por tanto sería interesante saber si, a posteriori, esto se ha
solucionado o todavía sigue presentando estas deficiencias.


Para finalizar, en relación con la tasa en ruta se decía que financiaba indebidamente el déficit de las escuelas de vuelo deportivo, sin que la agencia verificase en ningún caso la corrección del importe y sin que entre sus competencias
figurase la de promover o favorecer la aviación deportiva. Esto, leído así, parece desprender la existencia de un perjuicio claro para los caudales públicos, y querríamos saber si esto se ha elevado a otros organismos para que se deriven las
posibles responsabilidades que pueda haber.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mato.


Para finalizar, tiene la palabra el señor Bravo Baena, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, quisiera agradecer de nuevo, como no podía ser de otra manera, al presidente del Tribunal de Cuentas y a sus miembros el trabajo con estos dos expedientes, y reiterar, como ha hecho mi compañera, el reconocimiento a su
trabajo y a su independencia -creo que en esta sala ha sido puesto en tela de juicio, y no debería ser así tratándose de órganos independientes, salvo que no creamos en nada-. Centrándonos propiamente en lo que son los informes, primero tendríamos
que entrar en ese análisis del Boletín Oficial del Estado. Hay que felicitar al tribunal, como no puede ser de otra manera, porque como bien se ha dicho acercamos los plazos: estamos hablando de informes de los años 2014 y 2015; ese era el
objetivo y lo ha conseguido, y eso es para felicitarles. Cuando entramos a la cuestión del BBVA, que es la entidad financiera que no les ha aportado datos, me gustaría matizar en este sentido una afirmación que ha hecho el diputado de Podemos
cuando dice: dificultad para acceder a los datos públicos del sector público. Yo creo que BBVA no es sector público, en todo caso es una entidad privada y en el informe además ustedes destacan, tanto en el de AESA como en el del BOE, la
colaboración que han tenido los órganos que componen la misma, con lo cual también hay que extender a ellos la felicitación. Respecto a lo del BOE, independientemente de que posteriormente tendremos el análisis de la moción y que ahí se podrán ver
estas cuestiones de alguna manera -los efectos que tiene su incumplimiento, las consecuencias sobre las que ustedes pueden actuar en relación con los mismos, etcétera-, mi pregunta es muy concreta: no se hace referencia en su informe a la entidad,
y sin embargo posteriormente las alegaciones sí las vemos en la contestación del BOE, y le quiero preguntar si eso atiende a una respuesta por protección de datos o simplemente porque ustedes han considerado mejor omitirlo.


Cuando se ha hecho referencia a la cuantificación de las tasas por parte de Podemos se ha hablado de ajuste de personal y de recortes, pero si se lee uno el expediente creo que ustedes dicen todo lo contrario y reconocen el esfuerzo de
ajuste de personal que se está haciendo, porque hay muchos recursos excedentes, es decir, no es que con ese dinero queramos recortar, no, todo lo contrario, lo que se dice es que, por el cambio a las nuevas tecnologías sobra personal y que hay que
reubicarlo, con lo cual en ningún momento ese recorte o ajuste de tasas que plantea el tribunal iría vinculado al personal. También me sorprende -me gustaría saber su explicación- el fraccionamiento. Usted vuelve a reiterar el fraccionamiento,
pero -lo ha hecho el compañero de Podemos y también el diputado del PSOE- si uno se lee las alegaciones -hay que leer el informe y también las alegaciones-, en la página 24 el BOE dice: sin embargo muchos encargos requieren papeles esenciales para
tiradas muy reducidas, lo que dificulta enormemente su adquisición mediante los medios habituales, teniendo que recurrir, de forma excepcional, a compras por caja fija de dichos materiales; más de 300 referencias distintas, cada vez que se hacen
los contratos se solicitan unos papeles especiales, lo que dificultaría la creación de stock de papel, que tendría muy poca salida. Evidentemente hay que controlar -incluso ellos dicen que revisarán su procedimiento-, pero hay que entender también
que lo que hace el BOE es algo especial -así lo explican-, y no creo que tengamos que ver ninguna sombra en algo tan normal como es la compra de papel.


Dicho esto quiero destacar también lo que ustedes afirman, la imagen fiel del patrimonio en el informe. En lo referente a la tesorería hace hincapié en lo desproporcionado por excesivo, ¿consideran ustedes que el cuadro aportado por el
propio BOE y la agencia es suficiente para la solicitud de lo que ustedes plantean? En cuanto a las gestiones de tasas es cierto que ustedes, tanto en AESA como en el BOE,

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hacen referencia a la necesidad de reducción, pero tengo entendido que esta no es una cuestión que ellos puedan hacer unilateralmente, en todo caso sería el Ministerio de Hacienda, y por eso le pregunto: ¿estos informes que se han remitido
al BOE y a AESA también son remitidos de manera conjunta al órgano que de alguna manera tiene que poner en valor los planteamientos que ustedes, con mucho sentido común, están exponiendo? ¿Se comunican al Ministerio de Hacienda o al órgano que
corresponda? Insisten también ustedes en una cuestión relativa al IVA, pero la agencia también contesta con una explicación jurídica que creo que parece lógica. En ese sentido, ¿por qué se mantiene? ¿Han notado ustedes alguna incidencia en la
repercusión o no repercusión del IVA teniéndose que hacer? Por último, en materia de BOE, en lo relativo a sus objetivos estratégicos y en atención a su apreciación en el sentido de que los indicadores son de eficacia, sin ninguna variable de
eficiencia y de economía, que creo que todos deberíamos intentar conseguir, no hay alegación, ¿qué plantea el tribunal que se podría hacer para mejorar esa cuestión, puesto que creo que es el objetivo para cualquier agencia?


Si nos centramos en AESA, en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, hablan ustedes igualmente de cumplimiento en la rendición de las cuentas, de un importante esfuerzo de transparencia publicando en la página web de AESA el plan de acción
anual y plurianual de 2015 a 2018; hacen referencia de nuevo a las tasas -no me voy a repetir-; hablan de un procedimiento recaudatorio, que tenemos constancia de que en el ámbito de AESA está siendo objeto de mejora para conseguir pulir todas
aquellas cuestiones que ustedes ya han puesto de manifiesto, incluso el cobro a extranjeros, que sabemos que entraña una cierta dificultad que se puede tener en esta materia. Respecto a Enaire y Senisa, que son las dos partidas que quizá pueden
chirriar, como ustedes plantean, por no ser puramente competencia de AESA, insisto en que si es una competencia que a ellos no les correspondería y que habría que cubrir en el caso de Enaire con partidas presupuestarias, ¿es el Ministerio de
Hacienda conocedor de esta situación para poder proceder a su corrección?


Otro problema que hemos detectado y que se repite de manera reiterada en los expedientes es la falta de comunicación o conexión con los órganos jurisdiccionales. ¿Qué vía encuentran ustedes que podemos tener? Porque distintas
administraciones e instituciones plantean esa dificultad y eso hace sin duda que la información que se pueda volcar no tenga veracidad, con lo que estamos perjudicando lógicamente el resultado final del análisis que hagamos.


En cuanto...


El señor PRESIDENTE: Señor Bravo, tiene usted que ir acabando.


El señor BRAVO BAENA: Voy a plantearle dos cuestiones al tribunal y con eso termino, si me da permiso el presidente.


Aprovecho para pedirle un pronunciamiento sobre el funcionamiento, desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas y su experiencia, desde la óptica de la eficacia, eficiencia y economía, de la figura de las agencias estatales. Y por último
le plantearía si no sería deseable que por parte del Tribunal de Cuentas -igual que hacen otras instituciones, como puede ser la Airef- tuviésemos una memoria anual en la que ustedes recogiesen, de manera resumida y breve, las principales
incidencias que ven en los distintos expedientes, que se repiten, y que sin duda permitirían mejorar el funcionamiento de la Administración. Ustedes tienen una visión muy amplia, muy concreta, con mucho análisis -hablamos de comunicación con los
órganos jurisdiccionales, el problema de la determinación de las tasas por exceso o por defecto, etcétera-, y creo que nos darían un valor muy importante, como hacen otra serie de agencias.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra, de nuevo, el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


En primer lugar, coincido plenamente con el señor González en que la mejora del deber de colaboración es un requisito absolutamente necesario para que la labor del tribunal o de cualquier órgano de control como el tribunal pueda desarrollar
correctamente su cometido. Es indudable -lo veremos en la moción posterior, en el último punto del orden del día- que la regulación del deber de colaboración experimenta una modificación muy importante en el año 2015, precisamente a raíz de la Ley
de

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Financiación de Partidos Políticos, en la que se establecen unas competencias en el ámbito del tribunal para solicitar información que no existían anteriormente.


En el caso concreto de lo que diferentes intervinientes han planteado, la falta de colaboración de una entidad financiera, lo ha planteado el señor Mato, también el señor Bravo y lógicamente lo ha planteado usted en el inicio de su
intervención, diré que esta entidad financiera no nos ha permitido realizar una completa comprobación de saldos y de autorizaciones para la disposición de fondos. ¿Por qué consideramos que merecía la pena incluirlo dentro del informe? Se trataba
de algo especialmente relevante por ser la entidad financiera que se ubica en la oficina donde está el propio Boletín Oficial del Estado, y que por tanto realiza buena parte de las operaciones a las que está vinculada.


En cuanto a por qué ha quedado identificada la entidad y si esto supone efectivamente una práctica no adecuada, ustedes saben -y yo creo que lo he dicho en otras ocasiones- que el Tribunal de Cuentas no identifica a las entidades privadas
que se recogen en sus informes, no lo hace desde hace muchísimos años, derivado además de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de julio de 2001, conocida como caso Ismeri, y por tanto nosotros no hemos incluido una referencia a
esta entidad. Lo que es evidente es que si quien formula las alegaciones lo hace, es responsabilidad de quien formula las alegaciones. Por tanto tampoco el Tribunal de Cuentas puede censurar unas alegaciones que ha formulado la propia entidad
fiscalizada. Creo que si la entidad privada considera que ha sido perjudicada, tiene la vía para poderlo plantear a la propia agencia.


En la contratación del Boletín Oficial del Estado, para precisar exactamente lo que ha dicho el tribunal, los expedientes son formal y materialmente bastante completos, lo que no obsta para que se hayan apreciado deficiencias y que estas
deficiencias queden detectadas. Lo que se ha señalado como una aparente contradicción no es más que un juicio que valora lo global de manera global, pero también entra al detalle de deficiencias concretas que puedan haberse visto en los
expedientes.


También quiero indicar que tiene relevancia la falta de colaboración de la entidad bancaria concreta en el caso del Boletín Oficial del Estado porque verdaderamente los fondos de tesorería que mantiene esta agencia son muy elevados, y
posiblemente una de las mayores o más importantes cuestiones que plantea el tribunal es que tener un remanente de tesorería de 104 millones de euros es algo excesivo, porque tiene incluso mayor magnitud que el propio presupuesto de gastos. Por
tanto la reducción de esos remanentes de tesorería son necesarios, y la verificación de los fondos líquidos y de tesorería de estas entidades adquiere una importancia especial que no solo se mide en relación con el peso que suponen dentro del activo
del balance o del conjunto de la entidad, sino que tienen importancia por las razones que les he manifestado. Las dos entidades tienen remanentes de tesorería elevados, y es un buen principio de eficiencia, de eficacia y de economía que se acomoden
estrictamente a manejarse con unos presupuestos y con unos remanentes de tesorería más ajustados.


El señor Bravo me pide un pronunciamiento general sobre las agencias estatales. Creo que sería razón suficiente una petición de esta naturaleza para hacer una moción. En estos momentos no le puedo anticipar nada, porque agencias estatales
hay muchas y de muy diferente tipo, pero sí creo que es una excelente idea poder valorar el funcionamiento de las agencias estatales de una manera global, y hacerlo a través de una moción, que es el procedimiento habitual para tratar estas
cuestiones.


Por otra parte, hace referencia a la existencia de una memoria anual. Nosotros presentamos una memoria anual, esa memoria anual no solo es una recopilación de los resultados de las fiscalizaciones del ejercicio, sino que entra en
valoraciones incluso de todo lo que es la política interna de la institución, el desarrollo de la misma, las cuentas rendidas, la actividad internacional, en fin todos los aspectos que la actividad del tribunal comporta, y la memoria anual se remite
a esta Cámara. Bien es cierto que no se trata parlamentariamente como los informes, porque no tiene esa consideración, pero sí que es un instrumento muy valioso para que ustedes tengan un conocimiento muy cabal de cuál es el funcionamiento de la
institución.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

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BLOQUE III:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000024 y número de expediente del Senado 771/000021).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL ADOPTADAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000046 y número de expediente del Senado 771/000044).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del tercer bloque del orden del día que contiene dos informes, uno referido a la fiscalización de la gestión económico-financiera de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y otro informe sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.


Para su exposición tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


El origen de estas fiscalizaciones se encuentra en la oportunidad de verificar la gestión llevada a cabo por los sujetos responsables de las medidas puestas en marcha con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. El tribunal ha aprobado sendos informes, dada la trascendencia económica y social de esta materia. El primero de ellos en relación con las actuaciones desarrolladas por
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Imserso, y los órganos competentes de las comunidades autónomas respecto a la gestión económico-financiera de las prestaciones por dependencia entre 2007 y 2010. El segundo de los informes se centra en
las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas en 2013.


Respecto a los resultados del primero de los informes de fiscalización cabe destacar el incumplimiento generalizado de los plazos máximos para el reconocimiento del derecho a la prestación de dependencia, y del calendario de aplicación
progresiva de la Ley de Dependencia. También hay que señalar la existencia de un significativo porcentaje de personas dependientes con derecho a percibir prestaciones que sin embargo no recibían ningún tipo de prestación. Se ha observado la falta
de homogeneidad entre los sistemas informáticos para la gestión de la dependencia utilizados por las distintas comunidades autónomas, y el sistema de información del sistema para la autonomía y atención de la dependencia gestionado por el Imserso,
así como la falta de integración en el registro de prestaciones sociales públicas de las prestaciones económicas derivadas de la situación de dependencia. Ello ha propiciado la deficiente actualización de la información en relación con el colectivo
de beneficiarios, con la existencia de personas fallecidas, duplicidades y falta de homogenización de datos entre las comunidades autónomas, circunstancia que ha ocasionado a su vez incidencias en el cálculo y en la liquidación de la aportación de
la Administración General del Estado, tanto en concepto del nivel mínimo de protección como en el de la financiación adicional acordada. Por otra parte, 14 comunidades autónomas incumplieron el plazo máximo de seis meses establecido en la ley para
el reconocimiento del derecho a la prestación de dependencia. El plazo medio de resolución se elevaba a 262 días, provocando un retraso en el reconocimiento de las prestaciones a que pudieran tener derecho las personas solicitantes en esta
situación. A 31 de diciembre de 2010 había un total de 231 055 personas con derecho a percibir prestaciones derivadas de la situación de dependencia que no recibían prestación alguna de este tipo, lo que equivale al 25,68% del total de personas con
derecho a ello. Esta situación se vio agravada a finales del año 2011, dado que el número de personas beneficiarias con derecho a percibir algún tipo de prestación y que sin embargo no se encontraban recibiéndola se elevó a 305 941, el 28,91% del
total.


Respecto al segundo de los informes, referido específicamente a las medidas de gestión y control de las comunidades autónomas, en especial en relación con el ejercicio 2013, responde a la finalidad de

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complementar los resultados de la fiscalización anterior. En dicho periodo cabe destacar la promulgación del Real Decreto 1051/2013, con objeto de regular en una única norma todas las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia,
estableciendo unos criterios mínimos y comunes de aplicación a todas las comunidades autónomas. A este respecto el desarrollo de la Ley de Dependencia por las comunidades autónomas, conforme al reparto competencial existente, produjo desde el
inicio una gran dispersión normativa muchas veces solapada con la normativa de los servicios sociales preexistente, que no se compadece con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que informa nuestro sistema. Las comunidades
autónomas deben introducir mensualmente la información que requiere el sistema Sisaat; no obstante todavía se constataban demoras excesivas por parte de las mismas, tanto por lo que se refiere al registro de expedientes nuevos como en la
actualización de los restantes datos que constan en aquel. Destacan en particular la demora en el registro de la Comunidad Valenciana, así como en menor grado por las comunidades autónomas de Cantabria, País Vasco, Comunidad de Madrid y Comunidad
Foral de Navarra, también con un retraso importante. Además continuaban produciéndose demoras por parte de las comunidades autónomas en las resoluciones de reconocimiento de la prestación, incumpliéndose el plazo de seis meses que prevé la ley
desde la presentación de la solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia. En su conjunto el plazo medio de resolución era algo superior a siete meses.


Se ha constatado que alguna de las comunidades autónomas no efectuaba el reconocimiento de la prestación hasta disponer de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva, lo que frecuentemente ocasionaba, al margen de la
retroactividad que correspondiera, una importante demora adicional en su efectividad. Se han observado deficiencias en la información registrada por las comunidades autónomas en el sistema Sisaat. Estas debilidades incluyen fechas de nacimiento o
de fallecimiento incorrectas, errores en los números de identificación, y en general falta de concordancia de datos entre el Sisaat y los registrados en los sistemas de información de las propias comunidades. No obstante, desde la realización del
anterior informe se había producido una sensible mejoría en cuanto al número de expedientes en los que se han observado discrepancias entre las bases de datos de las comunidades autónomas y el Sisaat. El Imserso y las comunidades han arbitrado
procedimientos mediante los cuales regularizan de forma continuada los efectos económicos que puedan producir tales discrepancias en el cálculo del importe del nivel mínimo de protección. Por otra parte, la financiación finalista de la dependencia
por parte de la Administración General del Estado experimentó una reducción de sus cuantías desde el ejercicio de 2011. A ello influyó en primer lugar la regularización de expedientes incorrectos efectuada como consecuencia de la fiscalización
relativa a los ejercicios 2007-2010, además de la reducción de las cuantías máximas de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar a cargo de las comunidades autónomas, establecida por el Real Decreto-ley 20/2012, que conllevó a la
disminución correlativa de los importes de nivel mínimo de protección a cargo del Imserso.


En cuanto a la gestión realizada por las comunidades autónomas estas carecían de sistemas de contabilidad analítica aplicables a los gastos de dependencia. En su gran mayoría tampoco disponían de los instrumentos necesarios para efectuar el
seguimiento contable de estos gastos, que tienen la consideración de financiación afectada, lo que les impide certificar con exactitud el importe total de los recursos destinados a la dependencia.


Respecto al seguimiento de las recomendaciones del anterior informe de fiscalización el Imserso ha introducido procedimientos de cruce de datos con bases públicas del Ministerio de Justicia, del Instituto Nacional de Estadística y de la
Policía Nacional, lo que ha permitido recuperar 39 millones de euros para el presupuesto del Estado. El resto de recomendaciones siguen vigentes; si bien, tanto el Imserso como las comunidades autónomas, han adoptado medidas para la corrección de
las debilidades detectadas.


Nada más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Estos informes vienen a poner, negro sobre blanco, lo que todo el mundo constata en el día a día, y es que a pesar de ser una ley muy necesaria y que desde luego sería el cuarto
pilar de nuestro Estado del bienestar, a la hora de implementar la Ley de Dependencia se ha producido una deficiente acción por parte de las comunidades autónomas y por parte del Estado, tanto en la dotación de fondos como en la gestión de los
mismos. El

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informe es claro respecto a que hay diferencias importantes entre las comunidades autónomas para el reconocimiento de derechos y de la situación de dependencia. De hecho, 14 incumplen el plazo máximo de reconocimiento de prestación, que
está actualmente en seis meses. Está claro que esto vulnera el artículo 14 de la Constitución y además genera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Asimismo los retrasos en la tramitación de las ayudas han contribuido a dar titulares como
los que facilitaba el otro día el Observatorio de Dependencia, que cifraba en más de cien mil personas que habían fallecido esperando a ver reconocida esa prestación. En ese sentido me gustaría preguntarle si el Tribunal de Cuentas tiene una cifra
exacta o puede acercarse a la exactitud del número de personas que han fallecido esperando su prestación, y que no la han podido percibir precisamente por haberse producido esos óbitos.


También parece escandaloso -por lo menos desde nuestro punto de vista- que con unos recursos tan ajustados como los que figuraban en el año 2011 -ya sabemos todos que teníamos una crisis económica en ciernes, que tuvimos que hacer ajustes
graves para poder salvar a España de un rescate, todo ese tipo de elementos que ya hemos oído por activa y por pasiva- el Imserso estuviera pagando de forma indebida a las comunidades autónomas en concepto de nivel mínimo de prestación por 41 205
personas que ya habían fallecido. En este caso está claro que volvemos a ver aquello de lo que verdaderamente adolece nuestra Administración: de falta de coordinación, de colaboración, de gestión y de comunicación por parte de las distintas bases
de datos. Nos alegra que el Tribunal de Cuentas instara al Imserso a hacer ese cruce de datos por el que se recuperaron importes de más de 140 millones como consecuencia de liquidaciones indebidas. Nos parece también curioso que en este informe
precisamente ese elemento fuese subrayado y puesto en negrita por parte del Tribunal de Cuentas. Parece que cuando el Tribunal de Cuentas quiere desde luego puede hacer recomendaciones que son tenidas en cuenta por las administraciones; esperemos
que sigamos en esa línea.


Desde luego nosotros entendemos que la dependencia es el cuarto pilar del Estado del bienestar, por eso lo introdujimos en el acuerdo de las 150 exigencias que firmamos en el pacto de investidura con el Partido Popular. Lo que pasa es que
nos parece curioso que con una limitación como tenemos actualmente de fondos, cuando luchamos dentro de unos partidos por personas que nos preocupan sobremanera y se obtienen 130 millones de fondos adicionales más, que están introducidos en los
Presupuestos Generales del Estado, a la hora de la gestión, del día a día de las comunidades autónomas, veamos a todas luces que están siendo totalmente deficitarias. Volvemos a hablar de que tenemos sistemas informáticos que no tienen nada que ver
en función de las comunidades autónomas o en función del Estado, volvemos a ver retrasos continuados, volvemos a ver una falta de planificación y de gestión. Desde luego si llegan los fondos y la gestión no es óptima obtendremos el mismo resultado,
personas a las que no están reconociendo, y al final habrá que decir: mire usted, esto se agravó, según el informe, siendo más de 305 000 personas las que todavía esperaban por el reconocimiento de prestación, casi el 30%. Desde luego no podemos
darnos palmadas y no podemos estar alegres con esta situación.


Quería preguntarle también si en el desarrollo de la Ley de Dependencia por cada una de las comunidades autónomas, de conformidad con el reparto competencial existente, que sabemos todos que produce una excesiva dispersión de la normativa,
en algunos casos más de 670 normas por parte de las comunidades autónomas, más de 130 por parte del Estado, si ese exceso de caos legislativo fue uno de los motivos de la falta de gestión o de la falta de planificación o fue uno de los motivos por
los que precisamente el sistema a todas luces no funciona. Desde luego se constata que las excesivas demoras por parte de las comunidades autónomas, tanto en el registro de expedientes nuevos y de los otros relativos a sus trámites fundamentales
como en la actualización de los mismos, hace considerarnos que desde luego en el cuatrimestre de 2013 no se produjese esa incorporación de 67 468 personas. En las demoras desde luego estamos hablando de personas, estamos hablando de personas que
requieren una prestación que les garantice que puedan tener una vida digna, una vida mejor de la que tienen actualmente. Yo creo que cuando hablamos del Estado del bienestar tenemos que recordar que la dependencia, que es una ley que llevó en su
momento el Partido Socialista a las Cortes, tenía un espíritu -estoy seguro de que todos los partidos estaremos de acuerdo en que era fundamental-, pero luego no fue dotada presupuestariamente de forma óptima y, mucho peor, no fue gestionada de
forma óptima por parte de las comunidades autónomas. Desde luego yo creo que esto debería ser el foco en los próximos días.


Muchísimas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora Palencia.


La señora PALENCIA GARCÍA: Buenos días. Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda, por los informes que nos ha expuesto, que vienen a examinar la aplicación efectiva de una ley que, en su momento, consiguió dar visibilidad a una realidad que estaban viviendo miles de personas y que
suponía un avance importante en el Estado del bienestar y derechos sociales. La Ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia fue aprobada en diciembre de 2006 y más de diez años después persisten
muchísimos problemas, debilidades y deficiencias tanto en la gestión y control administrativo como en la gestión económica financiera, con una descoordinación entre las administraciones encargadas de llevarla a efecto.


De los informes deducimos varios problemas burocráticos. Destacamos los problemas en el Sistema de información para la autonomía y atención a la dependencia, el Sisaad, que produce deficiencias en cuanto a demoras de registros de altas y
bajas de solicitudes, resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones, así como modificaciones por revisión de grado o prestación, entre otros trámites burocráticos. Según el propio informe del Tribunal de
Cuentas, existe el riesgo de que la situación real de las personas dependientes no se corresponda con la información contenida en este sistema. Nos preocupa también el control contable del gasto destinado a la atención de la dependencia, para lo
cual el propio Tribunal de Cuentas recomienda determinadas actuaciones de comunidades autónomas. En definitiva, estamos hablando de problemas burocráticos y deficiencias contables que han producido un aumento en las listas de espera por
incumplimiento en catorce comunidades autónomas del plazo al que les obliga la propia ley. Según los informes presentados por usted, en 2010 eran unas 200 000 personas; en 2011 un número superior a 300 000 y en este momento superior a 350 000. El
propio Observatorio para la Dependencia cifra en 100 000 las personas que mueren sin recibir la atención a la cual tienen derecho por ley. Por eso, cuando hablamos de números, cuando hablamos de errores contables y burocráticos, estamos hablando de
la parte de la población más vulnerable, que no está recibiendo la atención debida.


La aprobación de esta ley fue todo un hito para aquellas personas que creemos en un modelo de Estado social. Consideramos que las administraciones deben corregir las graves anomalías provocadas por problemas burocráticos para que esta ley
sea eficaz, sostenible y una solución para las necesidades de una población, como he dicho antes, especialmente vulnerable. Por ello, no podemos dejar de añadir en esta intervención una cuestión que hemos conocido y que nos ha preocupado
especialmente. En 2017 y 2018, según ha publicado el propio Tribunal de Cuentas en su programa de fiscalización, no se prevé que las ayudas a la dependencia pasen control alguno de esta institución, a pesar de que lo hayan pedido tres consejeros.
Las recomendaciones contenidas en los presentes informes necesitan el seguimiento de esta institución, sobre todo cuando varias de ellas inciden en la necesidad de armonización y coordinación entre varias administraciones siendo de tan hondo calado
el objetivo de la ley y el colectivo al que va destinado. Nos gustaría que el presidente del Tribunal de Cuentas nos dé razones de esta decisión y desde nuestro grupo solicitamos que el Tribunal de Cuentas reflexione, rectifique y siga ejerciendo
el control debido a este respecto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ortega.


El señor ORTEGA FERNÁNDEZ: Buenos días.


Quiero agradecer desde el Grupo Socialista la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas en esta comparecencia. Abundando en lo que ya se ha explicado por parte del resto de grupos políticos, me gustaría destacar, en lo que se refiere
al primer informe, la campaña que en su día se hizo por parte del Gobierno filtrando el anteproyecto del informe; filtración interesada en la que se hablaba de más de treinta mil personas fallecidas que seguían cobrando indebidamente las ayudas a
la dependencia, lo cual provocó la publicación de una nota informativa precisamente por parte del Tribunal de Cuentas en la que se destacaba que no podía en modo alguno sustentarse el contenido del anteproyecto elaborado por ese tribunal. Esto
sirvió de coartada no para establecer los criterios para la corrección de esas importantes

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contradicciones y problemas que destaca el informe del tribunal, sino para reducir los recursos destinados a la aplicación de esta ley, para eliminar del alta en la Seguridad Social a los cuidadores de las personas dependientes y para
incrementar las tasas y precios públicos de los trámites necesarios para las personas dependientes.


En relación con el segundo informe, quiero destacar que aunque el mismo no lo reconoce explícitamente si se han producido importantes limitaciones al alcance de los trabajos desarrollados provocados por los déficits de información
cualitativa facilitada por las comunidades autónomas. Estas importantes limitaciones cuestionan la validez y desvirtúan los datos obtenidos en cuanto al coste-beneficio por comunidad autónoma, así como en cuanto al porcentaje de financiación de la
dependencia con cargo a la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Por tanto, las disparidades tan absolutas apreciadas carecen de validez dado que se han obtenido sin que se hayan contrastado de manera previa y
suficiente.


El desarrollo a que hace alusión el informe a nivel autonómico de esta ley ha provocado una elevada dispersión normativa, lo cual podría atentar contra el principio de igualdad de los ciudadanos en función de su territorio de residencia,
dado que si bien todas las comunidades autónomas valoran la capacidad económica de los beneficiarios, como exige la Ley de dependencia, los criterios de valoración y de copago de las prestaciones no son homogéneos. Se siguen produciendo importantes
retrasos en el reconocimiento de las prestaciones derivadas de la Ley de dependencia. Siguen existiendo múltiples diferencias entre los sistemas de información de las comunidades autónomas relativos a los beneficiarios y prestaciones derivadas de
la Ley de dependencia y la información existente en el sistema informático del Sistema para la autonomía y atención de la dependencia realizado en el Imserso, lo que provoca deficiencias en la información estadística existente a nivel nacional y en
la financiación finalista del estado de las prestaciones en la parte que le corresponde. La financiación finalista del Estado ha experimentado una reducción en sus cuantías desde el ejercicio 2011; ha disminuido un 23%, pasando de 1567 millones a
1206 millones de euros.


Todas las comunidades autónomas cumplieron con la obligación legal de financiar las prestaciones derivadas con una aportación al menos igual a la efectuada por el Estado en el concepto del nivel mínimo de protección. No parece mínimamente
coherente que el Tribunal Constitucional, en dos informes sobre la misma materia emitidos con un año de diferencia, ofrezca datos cualitativos tan dispares, siendo estos de tan grave e importante sensibilidad. Las recomendaciones formuladas en el
anterior informe siguen vigentes, si bien se ha tomado alguna medida de regularización y corrección. Cabe destacar entre las recomendaciones no implantadas que sigue sin regularse la obligación de remitir información de las prestaciones económicas
concedidas al amparo de la Ley de dependencia al registro de prestaciones sociales públicas, con el consiguiente riesgo de existencia de concurrencias no detectadas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortega.


Para finalizar, tiene la palabra la señora Antoñanzas.


La señora ANTOÑANZAS GARRO: Muchas gracias.


En el desarrollo de la Ley de dependencia por parte de las comunidades autónomas sí se observa un esfuerzo por refundir el Reglamento 39/2006 en un menor número de textos normativos, como es el caso del Real Decreto 1051/2013, de 27 de
diciembre, por el que se regulan esas prestaciones del sistema que unifica las normas relativas a prestaciones y servicios. También se han hecho otras modificaciones normativas destinadas a homogeneizar el sistema, así como para introducir nuevos
elementos de control que permitan disponer de información. Aunque las comunidades autónomas han conseguido reducir significativamente durante los años 2012 y 2013 el número de solicitudes pendientes de resolución en el reconocimiento de la
prestación, pasando de 305 901 a 31 de diciembre de 2011 a 190 503 a 31 de diciembre de 2013, la totalidad de las comunidades tienen en cuenta la capacidad económica de las personas dependientes a efectos de esa determinación de la cuantía.
Últimamente, las comunidades han dictado disposiciones que incorporan a sus respectivas normativas los criterios mínimos de cómputo de la capacidad económica señalada. También se han contrastado los datos obrantes en el Sisaad con los datos
facilitados por las comunidades autónomas correspondientes a los propios sistemas de información y, a la vista del resultado del análisis efectuado, desde la realización del anterior informe de fiscalización sobre la aplicación de la Ley de
dependencia se ha producido una sensible mejoría en cuanto al número de expedientes, en los que se han observado discrepancias entre las bases de datos de las comunidades

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autónomas y del Sisaad. Asimismo, el Imserso y las comunidades autónomas han aplicado los procedimientos mediante los cuales regularizan de forma continuada los efectos económicos que se pudiesen producir de estas discrepancias.


Se ha observado también en el proceso de regularización de los expedientes correspondientes a personas fallecidas duplicados o errores en la determinación de las cuantías, detectados por el Tribunal de Cuentas en el curso de la anterior
fiscalización. Este proceso de regularización ha afectado a todas las fases del procedimiento de las personas incluidas en el Sisaad. El Imserso también ha realizado el sistema de procedimiento de cruce de datos con las bases de datos del
Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional de Estadística, así como de la policía, para el control de los documentos de identificación de los beneficiarios de las prestaciones de la Ley de dependencia; como resultado de este procedimiento de
regularización, se han recuperado 39 millones para los Presupuestos Generales del Estado. Como consecuencia de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, se han adoptado medidas para esa regularización y corrección de las
situaciones irregulares detectadas.


Así como el Imserso realiza periódicamente cruce de datos, también el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha presupuestado y cancelado en el ejercicio 2013 la deuda pendiente de cobro con la Seguridad Social correspondiente a las
cuotas a cargo de los cuidadores no profesionales. También se advierten mejoras en las comunidades autónomas, aunque es verdad que persisten algunas debilidades y siguen las siguientes recomendaciones: reducir la excesiva dispersión normativa, dar
cumplimiento al plazo máximo de seis meses, actualización permanente del Sisaad y establecer la aplicación de los criterios mínimos para la determinación de la capacidad económica de los beneficiarios del SAAD y los criterios para su participación
económica en las prestaciones del sistema. Por último está la recomendación de incentivar las actuaciones y programas formativos previstos en los artículos 18.4 y 36 de la Ley de la dependencia, dirigidos a los cuidadores no profesionales, mediante
su adecuada cualificación profesional al fomento del empleo en el marco de los servicios de atención a la dependencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para responder a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


Estos dos informes, indudablemente, han dado lugar a un muy elevado número de noticias en prensa y de comentarios respecto de aquellas cuestiones más controvertidas que han quedado aquí señaladas en relación con cifras que el trabajo del
tribunal ha puesto encima de la mesa. Me refiero a cuestiones como pueden ser el incumplimiento de las comunidades autónomas en relación con la aplicación de la ley, el número de personas que no se encontraban adecuadamente identificadas en el
sistema y por otra parte el número de personas pendientes de recibir prestaciones, que quizá es el dato más preocupante que en este informe se ha presentado. Se ha señalado en el desarrollo de este debate que el número de personas pendientes de
recibir prestación pasó de las iniciales 231 000 a 305 000 y, afortunadamente -creo que en buena parte también por la publicación de este tipo de trabajo y por la acción correctora que se ha puesto en marcha-, han vuelto a reducirse, a 31 de
diciembre de 2013, a 190 503. Sin embargo, son cifras muy elevadas para no haberse resuelto de una manera más completa.


En relación con las preguntas que ustedes me formulan ¿en qué medida nos encontramos ante un problema de dispersión normativa, de déficit de coordinación, de falta de medios económicos para una de las fundamentales funciones del Estado del
bienestar? ¿Nos encontramos ante un problema de insuficiencia de medios o ante un problema de gestión? Yo creo que el informe del tribunal pone claramente el punto de vista en diferentes aspectos que tocan todas estas cuestiones. Es decir, hay
elementos de gestión de falta de coordinación y dispersión normativa que afortunadamente se están empezando a corregir y existen medidas para permitir una mayor coordinación tanto normativa como de acción y control, y tanto el Estado como las
comunidades autónomas deben volcarse en la acción de esa política.


Se ha planteado que el Tribunal de Cuentas tendría que haber seguido fiscalizando las ayudas a la dependencia en el programa de fiscalizaciones del año 2017, que es cierto que no fueron incluidas. El programa de 2017 es un programa muy
ambicioso en el que hemos pretendido hacer muchas fiscalizaciones, pero no hemos podido hacerlas todas. Eso no significa que en 2018 o 2019 este tipo de fiscalizaciones, que son tan importantes, no puedan volverse a incluir. Tenemos además en el
ámbito de la Seguridad Social un conjunto de fiscalizaciones -buena parte de las cuales se presentan en esta

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sesión y otras se están desarrollando y están en marcha- que son trascendentales para verificar y controlar la acción social del sector público y que están todas relacionadas con la política de subvenciones o con la percepción de algún tipo
de ayuda por parte de personas que se encuentran en situación de necesidad.


Hay que indicar que en el informe de 2014 se efectuó un seguimiento de las recomendaciones del informe anterior, concluyendo que tanto el Imserso como las comunidades autónomas habían adoptado medidas para la regulación y corrección de las
situaciones irregulares detectadas, así como ciertas modificaciones normativas. En este caso, el segundo informe advierte de una política de mejora que indudablemente tiene que seguir en ese curso, y en los próximos programas de fiscalizaciones el
Tribunal de Cuentas verificará que eso es efectivamente así.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


BLOQUE IV:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 30 DE ABRIL DE 2010 SOBRE EXTINCIÓN Y FUSIÓN DE SOCIEDADES ESTATALES, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000035 y número de expediente del Senado 771/000034).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS MEDIDAS DESTINADAS A LA RACIONALIZACIÓN Y REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO, ADOPTADAS EN LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000112 y número de expediente del Senado 771/000112).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO Y DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000060 y número de expediente del Senado 771/000062).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DE CAPITAL MAYORITARIAMENTE PRIVADO REALIZADAS POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, DURANTE EL
EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000192 y número de expediente del Senado 771/000190).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA ESTATAL NAVANTIA, S.A. EN EL PERIODO 2007-2010 Y DE SU SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000028 y
número de expediente del Senado 771/000027).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA EFE Y DE SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES, EJERCICIO 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000022).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000202 y número de expediente del Senado 771/000203).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del bloque IV, extenso bloque, que corresponde a los siguientes informes de fiscalización. Informe de fiscalización de la estructura del sector público empresarial estatal en relación con el acuerdo
del Consejo de Ministros de 30 abril 2010 sobre extinción y fusión de sociedades estatales, ejercicios 2010 y 2011. Informe de fiscalización de la ejecución de las distintas medidas destinadas a la racionalización y ordenación del sector público
empresarial estatal no financiero, adoptadas en el ejercicio 2012 y 2013. Informe de fiscalización de las inversiones en empresas del grupo

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asociadas a largo plazo y del inventario del patrimonio inmobiliario del Sepes, Entidad Pública Empresarial del Suelo, ejercicios 2010 y 2011. Informe de fiscalización de las operaciones de compraventa de títulos representativos del capital
social de empresas de capital mayoritariamente privado, realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en el ejercicio 2013. Informe de fiscalización de las actividades realizadas por la empresa Navantia, ejercicios 2007 a 2010,
y de su situación financiera a 31 diciembre de 2010. Informe de la Agencia EFE y de sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio 2009. Por último, informe de fiscalización de la entidad pública empresarial ICEX, ejercicio 2015.


Para su exposición, tiene de nuevo la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


Los dos primeros informes de este extenso bloque se refieren a los procesos de reestructuración del sector público estatal no financiero derivados del acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010, entre otros, además de otras
medidas dirigidas a la racionalización y reordenación del sector público empresarial y fundacional. Adicionalmente, se han analizado otros acuerdos del Consejo de Ministros, como son los de 16 de marzo de 2012 y de 20 de septiembre de 2013, así
como el Real Decreto 701/2013 relativo a la ejecución de alguna de las medidas incluidas en el informe de la comisión para la reforma de la Administración pública, denominado CORA.


Entre 2010 y 2011 se produjo una reducción neta de cuarenta y dos entidades del sector público empresarial no financiero, un 17% de las doscientas cuarenta y tres empresas preexistentes, con un ahorro estimado en gastos de personal y de
servicios exteriores de 331 millones de euros, sin bien solo veintiocho de las bajas fueron consecuencia del acuerdo de 30 de abril de 2010. Por su parte, en el periodo 2012-2013 el sector público empresarial disminuyó en veintitrés entidades, la
mayoría por la ejecución del acuerdo de 16 de marzo de 2012, hallándose pendientes varias operaciones a finales de 2015 que afectaban a un total de trece sociedades.


Respecto a los miembros de consejos de administración de las sociedades mercantiles, su minoración fue del 12,1% entre los ejercicios 2010 y 2011 así como se redujeron los consejeros de Puertos del Estado y de las autoridades portuarias en
un 36,5% y los de las entidades públicas empresariales en un 18,3%. En 2012 se estableció el número máximo de miembros de los consejos de administración en función del grupo de clasificación de las entidades, contando ochenta y ocho sociedades con
órgano colegiado a finales de 2012 de las ciento trece existentes a esta última fecha. En dicho periodo, el número de consejeros se ha reducido en un 20% para las sociedades mercantiles estatales y en un 2% para el resto de entidades del sector
público empresarial. El coste de las dietas por asistencia al consejo disminuyó de 13,4 millones de euros en 2009 a 9,6 millones en 2012. Únicamente estaban clasificadas en ese momento las sociedades participadas directamente por la Dirección
General de Patrimonio del Estado. Para las entidades públicas empresariales y restantes organismos públicos, en su gran mayoría, se abonaron dietas sin contar con la preceptiva autorización del Ministerio de Hacienda. En 2013 se fijó la cuantía
máxima anual por dietas para todas las sociedades clasificadas sin especificar el número de reuniones ni la dieta de asistencia individual por reunión, lo que motivó problemas de interpretación sobre las entidades autorizadas en 2012. Las dietas
por asistencia al consejo disminuyeron un 28% para las sociedades mercantiles y un 5,5% para las restantes entidades. Respecto a los puestos de directivos, solo cumplieron con la obligación de reducirlos en un 10% al menos antes de finales de 2010
las sociedades dependientes del Ministerio de Fomento. En el periodo 2012-2013 el nuevo régimen de contratación y retribución de los consejeros y personal directivo daba lugar a diferencias importantes entre las cuantías fijadas por cupos entre las
sociedades más elevadas y las entidades públicas empresariales más bajas. Se han detectado deficiencias e irregularidades con el fin de mantener las retribuciones en los máximos previstos.


En el informe relativo a Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo, se han fiscalizado las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo y el inventario del patrimonio inmobiliario. Sepes era titular del cien por cien del
capital de la Sociedad Pública de Alquiler constituida en 2015 con una duración de diez años, que generó cuantiosas pérdidas hasta su disolución en 2012. A 31 de diciembre de 2012, Sepes había aportado 53,5 millones de euros a la sociedad y, en
tanto no concluyera la liquidación total de la misma, podría verse abocado a aportar hasta 6,2 millones más. Por su parte, la sociedad Sepes Urbana se constituyó en 2009 y se acordó su disolución en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros de 30
de abril de 2012, liquidándose en 2011. En dos años originó un desembolso de 0,7

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millones de euros para Sepes. Respecto al inventario del patrimonio inmobiliario, a la fecha de fiscalización aún no se había completado íntegramente. A finales de 2011 no estaban valoradas contablemente ciento dos actuaciones de
adquisición de terrenos, de las cuales veintidós no se habían puesto a la venta, sin haberse realizado el análisis para depurar el inventario. Como consecuencia de los ajustes de valor de mercado, Sepes tuvo que reformular sus cuentas anuales de
2011, pasando de registrar pérdidas por 2,5 millones de euros a un total de 124 millones.


Por lo que se refiere a las operaciones de compraventa de títulos de empresas de capital mayoritariamente privado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, durante el ejercicio 2013 se han fiscalizado tres operaciones en
particular. En primer lugar, SEPI redujo su participación en EADS con la autorización del Consejo de Ministros para dar entrada en el consorcio de accionistas de control a una entidad pública alemana, obteniendo un beneficio neto de 485 millones de
euros. El nuevo acuerdo de accionistas fue beneficioso para SEPI al reconocerle el derecho de suscripción preferente y el de acompañamiento. Por otra parte, intervino en la venta directa por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, del
16,42% del capital de Hispasat a favor de Abertis, convirtiéndose en accionista de control. El sector público estatal mantiene una participación minoritaria en Hispasat, a pesar de haber propiciado la pérdida de control y de valor de la
participación al haber pasado a tener un accionista mayoritario. La tercera operación prevista en el Plan de reestructuración 20122017 del Banco Financiero y de Ahorro se refiere a la adquisición de la participación del Grupo BFA en el capital de
Indra Sistemas por importe de 337 millones de euros, precio que podría ser superior al que hubiera resultado de la colocación en el mercado, si bien estaba dentro de la horquilla de precios permitida.


Respecto al informe sobre las actividades realizadas por Navantia en el periodo 2007-2010 y su situación financiera a finales de este último ejercicio, la construcción y sostenimiento de buques de guerra, sistemas de armas y de armas supuso
la mitad de su volumen de ventas. Los pagos por el Ministerio de Defensa se realizaban a largo plazo una vez entregados los buques, sin devengar intereses a favor de Navantia en virtud de la financiación del Ministerio de Industria. A 31 de
diciembre de 2010 la situación financiera a corto plazo de Navantia era solvente, si bien su capacidad corriente mostraba una evolución claramente descendente. No obstante, el reducido patrimonio neto debido a las pérdidas continuadas y al descenso
de las ventas auguraba una situación financiera futura negativa. Los gastos de personal crecieron un 21,8% entre los ejercicios 2006 y 2010, siendo los incrementos retributivos en 2007 para ajustarse al IPC superiores en un 1,12% a lo pactado en
convenio colectivo. Al margen de los supuestos vinculados a la defensa nacional, Navantia adjudicaba la mayoría de los contratos mediante el procedimiento negociado sin publicidad, incluidos los de construcción y reparación de buques civiles, no
pudiéndose afirmar con certeza que cumpliera con los principios de publicidad, igualdad y no discriminación a que se encuentra sujeta.


En relación con el informe de la Agencia EFE y sus sociedades dependientes, se concluye que las cuentas anuales del ejercicio 2009 reflejaban fielmente su situación financiera y patrimonial, excepto por las provisiones contabilizadas por
futuros descuentos estimados sobre las que el tribunal no ha podido opinar. Tampoco se detectaron incumplimientos legales significativos, salvo determinadas incidencias en los ficheros de carácter personal que contravenían el Reglamento de la Ley
de Protección de Datos. Del seguimiento de las recomendaciones del anterior informe y de las correspondientes resoluciones de la Comisión Mixta se obtiene, en general, un resultado satisfactorio.


Finalmente, en el informe sobre la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, se considera que se ha cumplido la normativa en materia de contratación de personal y la relativa a la transparencia y acceso a la
información pública. No obstante, en los procesos de selección de becarios la empresa contratada tenía una participación que se estima excesiva. Las cuentas anuales del ejercicio de 2015 reflejaban adecuadamente la situación financiera y los
resultados y flujos de tesorería de la entidad. Además, el control sobre las oficinas económicas y comerciales es adecuado, subsanándose las deficiencias de auditorías anteriores.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra de nuevo el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.


De nuevo, doy las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por la claridad en la exposición de estos informes.

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Este bloque está compuesto por siete informes bastante heterogéneos, pero vayamos por partes. El primero de todos nos recuerda mucho a un informe similar que vimos en junio, que hablaba de la reestructuración del sector público en el ámbito
de las fundaciones. En ese informe de junio detectamos que solo había habido un cumplimiento del 60% de lo acordado en el Consejo de Ministros. En este caso, en el informe de fiscalización de la estructura del sector público empresarial de los
ejercicios 2010 y 2011, en la extinción y fusión de sociedades estatales, el Consejo de Ministros se basó principalmente en tres elementos. Uno eran las operaciones de fusiones y extinción. Aquí podemos detectar que sí se ha producido una
adaptación de dieciocho sociedades estatales -estiba y desestiba, la Sagep-, se ha producido la desaparición de cincuenta y cinco entidades, si bien es cierto que veintiocho fue a consecuencia de estas órdenes ministeriales. La segunda parte de lo
que proponía el Consejo de Ministros era la reducción, a 31 de julio, del número de consejeros de los consejos de administración. En este caso, podemos ver que se ha producido, aproximadamente, la reducción en un 15% de las sociedades mercantiles y
entidades públicas empresariales y de un 40% en las autoridades portuarias. Por último, el tercer elemento que se estaba planteando y que recomendaba el Consejo de Ministros en sus acuerdos, era la reducción, antes del 31 diciembre, del personal
directivo de las sociedades mercantiles estatales y de Puertos del Estado, y ahí al menos un 10% de los puestos directivos, a 31 diciembre, fueron reducidos. Todo esto llegó acompañado de unos ahorros en duplicidades que, desde luego, el ciudadano
esperaba en tiempo de crisis. Por ello, me gustaría preguntarle cuándo adelgazaremos las diputaciones provinciales. También instamos al Tribunal de Cuentas a que fiscalice el gasto de las diputaciones provinciales de acuerdo con el principio de
economía y buena gestión, con el fin de señalar los ahorros posibles. Porque, volvemos a insistir, los fondos públicos salen del bolsillo de los ciudadanos, por lo que no solo en tiempos de crisis sino también en tiempos de bonanza tenemos que ser
exhaustivos para que haya un control estricto y que se gaste el dinero en lo que es debido.


El siguiente informe habla de la fiscalización de la ejecución de las distintas medidas destinadas a la racionalización y reordenación del sector público estatal, esta vez en los ejercicios 2012 y 2013. Aquí se puede ver que también se han
producido ahorros, así como una eliminación de duplicidades, al menos en veintitrés entidades, afectando la reducción especialmente a las sociedades mercantiles estatales. Nos congratula ver que cuando el Gobierno quiere realmente eliminar
duplicidades, cuando quiere realmente controlar el gasto, optimizar el gasto, lo puede hacer. Es cierto que estos informes son de 2012 y de 2013, y que cuando llegamos a 2014 y 2015 de repente se detuvieron las reformas y el control del déficit
porque entramos en época electoral y había que actuar de otra forma.


El siguiente informe, el de la fiscalización de las inversiones en empresas del grupo y sociedades a largo plazo del Sepes, lamentamos decir que, a pesar de tener varias páginas dedicadas a la cuestión, no hemos podido comprender qué pasa
con la Operación Campamento; una operación que data de 2001 y que, más de dieciséis años después, sigue atascada. Nos gustaría saber si el Tribunal de Cuentas tiene algún conocimiento o información sobre cuánto empleo no se ha creado, sobre cuánta
riqueza no se ha creado; son 9 millones de metros cuadrados que están actualmente infrautilizados y que pertenecen al Estado. ¿A quién beneficia esta situación y, desde luego, quién se ha podido lucrar por el camino? Nos parece muy grave que
dieciséis años después estemos ante una operación atascada sin que podamos conocer exactamente los motivos.


Del informe de fiscalización de las operaciones de compraventa de títulos que pertenecían a la SEPI, se han producido tres operaciones, si bien yo me voy a centrar exclusivamente en la que tenga que ver con Hispasat. El Tribunal de Cuentas
pone en tela de juicio y ha cuestionado la venta de esa participación por parte del Estado a Abertis, sobre todo porque, como bien ha razonado e incluye el informe, se ha hecho sin una valoración mínima, sin tener una estrategia consistente y, desde
luego, el precio ha rozado el mínimo de la horquilla, con lo cual el propio tribunal reconoce que, seguramente, de cara al patrimonio estatal, se podría haber obtenido un mayor rendimiento de esas participaciones. Es curioso porque ahora
precisamente ese control de Hispasat por parte de Abertis es lo que está dificultando que se esté produciendo una OPA de Atlantia sobre Abertis, mostrando una cierta incongruencia o incoherencia.


Sobre Navantia solo puedo decir que en esta casa nos hemos cansado de aprobar resoluciones, de aprobar propuestas legislativas y no legislativas para que mejore la competitividad, pero lo que nos parece más grave es que Navantia sigue
teniendo problemas de liderazgo. Han pasado diez años desde el periodo fiscalizado y todavía hoy no tiene un plan estratégico de negocios, lo que nos preocupa sobremanera por el número de personas que están trabajando en esas instalaciones y por la
importancia que tiene a nivel estratégico. Esto suele ocurrir cuando hay algunos -y no quiero hacer énfasis en ningún

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partido determinado- que ven las empresas públicas como una herramienta de creación de empleo y no como una herramienta de creación de riqueza. Al final, cuando se tiene esa visión, ni se crea empleo ni se crea riqueza. Hay dos elementos
positivos en el bloque, que son el informe de la agencia EFE y de la entidad pública empresarial ICEX. En el caso de la agencia EFE, nos congratula saber que han asumido y corregido las deficiencias más graves que se habían detectado en el anterior
informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, con lo cual vemos que cuando una sociedad quiere hacer caso de las recomendaciones, se puede hacer y se pueden hacer los cambios necesarios para corregir las deficiencias que se estaban produciendo.
El caso del ICEX creo que es todavía más importante, sobre todo porque en las épocas de crisis, en las épocas de falta de competitividad, el aumento de las exportaciones por parte del sector español nos ha ayudado a que se hayan corregido
deficiencias en nuestras balanzas, en nuestra economía. No podemos olvidar que en 2016 España vendió al exterior mercancías por valor de 254 000 millones, un 1,7% más mercancías y servicios que nunca. Desde luego, esto nos tiene que hacer pensar
que, cuando queremos, España es un país potente, un país moderno y un país que puede tener mayor competitividad. En este informe queda relatado que las deficiencias que había tenido el ICEX han sido subsanadas en su mayor parte y, por tanto, nos
felicitamos de que así sea.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a hacer un repaso breve de los elementos más destacados de varios de los informes presentados y cerraré con lo que consideramos que son los cinco elementos problemáticos comunes al conjunto. En primer lugar, me referiré al informe de
fiscalización de la estructura del sector público empresarial estatal en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 abril 2010, sobre extinción y fusión de entidades estatales de 2010 y de 2011. Aquí encontramos, en primer lugar,
deficiencias de difusión en la instrucción del Consejo de Ministros de 30 abril de 2010. El informe describe cómo se ha llevado a cabo la racionalización -ese eufemismo- del sector público empresarial, sobre todo el proceso de supresión, fusión o
absorción de diferentes sociedades que formaban parte del sector en cuestión. En algunos casos se observa que carecen de autorización pertinente del Consejo de Ministros para su disolución o fusión y se observa que con la reducción de sociedades se
reducen también los puestos de trabajo, los consejos de administración y las dietas a percibir. Pero llama la atención que en una serie de casos el cobro de estas dietas no cumple con la normativa y se cobran sin la autorización pertinente del
Consejo de Ministros. No se cumple la igualdad de presencia de hombres y mujeres en los consejos de administración, de hecho solo se cumple en el 16% de las entidades, y a pesar de la contracción del sector público empresarial, se detectan todavía
duplicidades entre algunas de estas entidades que habría que superar.


Respecto del siguiente informe, que es el de fiscalización de la ejecución de las distintas medidas destinadas a la racionalización y reordenación del sector público empresarial estatal no financiero adoptadas en los ejercicios de 2012 y
2013, nos encontramos con la baja de treinta y una empresas y el alta de ocho nuevas sociedades estatales mercantiles. Sobre la cuantía de las dietas, cinco sociedades han incrementado las dietas de reunión, dietas pagadas en entidades del sector
público que no son sociedades; hay casi 3 millones de euros entre 2012 y 2013, de los cuales más de la mitad han sido sin autorización expresa del Consejo de Ministros. Igualmente, solo el 15% de las sociedades integrantes del sector público
empresarial estatal cuentan con representación equilibrada de hombres y mujeres. Respecto a la masa salarial del personal laboral de las sociedades, ha afectado al 67% del personal de estas sociedades y cuatro de las entidades no tienen aprobado un
plan de igualdad. En el informe de fiscalización de las inversiones en las empresas del grupo y asociadas a largo plazo y del inventario del patrimonio inmobiliario de Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo, en los ejercicios de 2010 y de
2011, nos encontramos con que las decisiones se han llevado a cabo sin un plan global. Además, respecto a las actuaciones de adquisición de suelo se manifiesta que, sobre las previsiones, no se habían cumplido los plazos de ejecución y, en
ocasiones, tampoco los costes previstos, que se habrían superado. Por otra parte, no se tiene al día el inventario, tal y como está requerido, y, de hecho, no existe una herramienta informática fiable para conocer el inventario real y su valor.
Respecto a Sepes Urbana, queríamos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas por qué cree que se creó esta sociedad, dado que está demostrado con el informe, por los resultados económicos y la actividad de la misma, que

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la creación de esta sociedad era innecesaria. Se creó en 2009 y se disolvió en 2010. Se deduce claramente que Sepes podría haber asumido o seguido con la actividad encomendada a Sepes Urbana.


En cuanto al siguiente informe, el de fiscalización de las actividades realizadas por la empresa estatal Navantia, S.A. en el período 2007 a 2010 y su situación financiera a 31 de diciembre de 2010, para empezar, queremos agradecer a
Ciudadanos el comentario `cuñado´ del día, como si la creación de empleo y la creación de riqueza fueran cuestiones contrapuestas y no compatibles entre ellas. Me ha sorprendido el comentario. Con respecto a este informe, hay una falta clara de
transparencia en la contabilidad y la documentación facilitada al Tribunal de Cuentas. Existen deficiencias de publicidad en la concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discreción. En la mayor parte de las ocasiones, los
contratos de Navantia se realizaron por el método negociado sin publicidad. Vemos que hay una pérdida de tesorería y de patrimonio que consideramos alarmantes, y también nos preocupa el aumento del negocio militar para armadas extranjeras, sabiendo
que el 50% de este sector de negocio es de la Armada española.


En relación con el último informe que queríamos comentar, el informe de fiscalización de la Agencia EFE y de sus sociedades dependientes en el ejercicio 2009, vemos que hay un cumplimiento generalizado de las recomendaciones de anteriores
informes del tribunal sobre medidas de control. De hecho, se han mejorado los controles internos, aunque hay excepciones. Hay falta de control en algunos sistemas de información; deficiencias de seguridad en los accesos a los sistemas de
información; algunos inventarios no pueden ser garantizados en valor y contenido; parte de los expedientes de los bancos se encuentran incompletos en relación con la información de los contratos de apertura de cuentas, poder de firma, modificación
de cuenta y condiciones de contratación. Queremos hacer notar que sigue habiendo una política económica muy restrictiva por los ejercicios en pérdidas económicas. La Agencia EFE debe seguir por el camino del cumplimiento de las recomendaciones del
Tribunal de Cuentas y hacer un esfuerzo para que dichos recortes provocados por unos resultados económicos negativos se reviertan, puesto que condicionan el derecho a la información, que es un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas.
Asimismo, nuestro grupo pide que se regularicen y se pongan en orden los distintos contratos entre la agencia y los encargos que puedan surgir del Gobierno.


En conclusión, vemos que en el conjunto de los informes tratados hay al menos cinco elementos a destacar. En primer lugar, el nivel de cumplimiento de la reducción de los consejos de administración y sus dietas. En segundo lugar, la
aceptación en las plantillas de la mal llamada racionalización de las empresas públicas. En tercer lugar, los incumplimientos en los inventarios patrimoniales. En cuarto lugar, un problema persistente de transparencia. Y en quinto lugar, el
cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre hombres y mujeres.


Es todo. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.


El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.


Doy las gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas por su comparecencia aquí, entre nosotros. Como han dicho algunos otros compañeros, vaya tocho de informes con los que nos hemos encontrado en este bloque. Hay una canción que
decía aquello de que me han robado el mes de abril; yo digo que me han robado el fin de semana porque he estado mirando esta cantidad tan extensa de informes. Agradezco, sin lugar a dudas, la tarea de los técnicos de la casa, pero lo cierto es que
cuando llego al último me cuesta una barbaridad asimilar la cantidad de información que hay. Menos mal que este fin de semana teníamos el tema catalán y de vez en cuando nos servía un poquito para animar la lectura. (Risas).


Al margen de esta consideración un poco cómica, voy a tratar de resumir lo expuesto en estos informes, lo que consideramos más importante en el Grupo Socialista. En primer lugar, la reestructuración del sector público que, como decía el
portavoz de Ciudadanos anteriormente, ya hemos analizado en alguna otra ocasión en un informe de años anteriores. En la racionalización del sector público, analizando los dos informes en su conjunto, vemos una tendencia positiva, una tendencia
hacia esa reducción. En el Grupo Socialista siempre nos preocupa este tema de racionalización y reducción cuando luego implica una falta de calidad en la prestación del servicio público. Ojo con estas cuestiones que a veces se entremezclan. Creo
que si el ciudadano exige esa racionalización, como han dicho anteriormente los portavoces, si se exige esa optimización del gasto público, del gasto de estas entidades, del mismo modo

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exige el ciudadano unos servicios públicos de calidad. Por tanto, debemos buscar ese punto de equilibrio, entre otras cosas, porque vemos con preocupación malas praxis en este tipo de racionalización, como directivos que cobran dietas que
no proceden; también algunos casos en los que se percibe íntegramente el complemento variable, a pesar de haber estado contratado solamente siete meses en el ejercicio 2012; cinco contratos de alta dirección, cuyas retribuciones eran superiores a
las máximas establecidas. Quiero decir que en esa reestructuración la tendencia es positiva pero desigual y con piedras en el camino.


Otro de los informes -disculpen si no sigo el orden-, es el de la Agencia EFE en el año 2009, en el que no cabe duda de que no solamente en el ámbito público sino también en el privado los medios de comunicación, en general, se enfrentaban a
una situación de ingresos publicitarios a la baja. Podemos criticar la situación de las cuentas de la Agencia EFE como entidad pública en aquellos momentos, pero no era una cuestión ajena al mundo privado. La crisis económica, la aparición de
nuevos canales de información dio lugar a una disminución de las cuentas en este tipo de medios. Hay una observancia de recomendaciones anteriores que consideramos positiva. Sí me gustaría incidir en este caso y señalar que hay un punto de
inflexión que se ha producido hace escasos meses a raíz de la consideración que ha hecho de la Agencia EFE la propia Comisión Europea -lo digo a efectos de temas de presupuestos y demás-, catalogándola como un servicio de interés económico general,
algo que se había pedido también desde las instancias directivas de la Agencia EFE, en comparación, por ejemplo, con otros organismos del entorno europeo. A partir de ahora, se le exige al Gobierno, a la Administración estatal, que contribuya con
una subvención y con unos, por así decirlo, presupuestos que permitan una mayor estabilidad a esta agencia. Nos gustaría saber en qué medida esta consideración va a permitir que la Agencia EFE cuente con un estatus y con una estabilidad que creo
necesarias, además de que a partir de ahora el tribunal tiene una misión que cumplir en cuanto a la fiscalización que suponga el cumplimiento de los objetivos de esas subvenciones y que estas subvenciones vayan encaminadas al cumplimiento de los
objetivos que se derivan de esta sentencia.


En relación con la venta de participaciones de SEPI, en lo que respecta a EADS es el propio tribunal el que recomienda al Gobierno, en la medida de lo posible y cuando sea factible, que tenga la intención de aumentar la participación que
aquí hemos visto disminuida. ¿Por qué decimos esto también en el Grupo Socialista? El consorcio EADS tiene unas fuentes de trabajo, unas fuentes de fabricación que en la comunidad andaluza aportan un valor económico y social considerable, y
pensamos que de alguna manera la Administración estatal debe tener un especial mimo hacia un sector estratégico como este, desde el punto de vista económico y laboral. Sabiendo la necesidad que había en aquel momento de plusvalías y de liquidez,
quizá es el momento de considerar en un futuro cercano el aumento de esa participación, al menos igualándola o acercándonos a lo que otros países, como Francia o Alemania, disponen.


La venta de la participación del INTA en el capital social de Hispasat es un viaje de ida y vuelta de la Administración auténticamente cómico: vendemos unas acciones, recuperamos... Si lo de EADS generaba dudas, la forma de proceder del
Gobierno en un sector estratégico -como han comentado también algunos portavoces anteriores- como es este tipo de operador, como es Hispasat, y más hoy en día, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, con esa posible OPA de la empresa italiana
frente a Abertis y las connotaciones que tiene, deja ver una falta de estrategia clara de la participación de SEPI en esta entidad, lo cual también -como digo- nos preocupa.


En el caso de la venta de acciones de Indra del FROB, lo que en un principio parecía una venta, por decirlo en términos económicos o bursátiles, un poco falta de rigor, el tiempo parece que le da un poco la razón y vemos un poco menos
problemática esta estrategia. Lo que se observa es que en momentos en que el déficit público es objeto de medidas por parte del Gobierno del señor Rajoy y faltan otra serie de medidas como reformas fiscales contundentes o evitar amnistías fiscales,
es muy fácil liquidar patrimonio público, y en estos casos a veces la liquidación de este patrimonio público implica una serie de consecuencias negativas. Ese es el punto de vista del Grupo Socialista que queremos exponer.


En cuanto al tema de Sepes y el patrimonio inmobiliario, una vez más nos encontramos ante unos momentos -que analizan estos informes- de dura crisis financiera y por supuesto inmobiliaria, y volvemos a lo mismo. Yo siempre digo que igual
que achacamos aquí críticas a esta gestión patrimonial desde lo público, hay que ver qué gestión patrimonial se hizo desde el ámbito privado, porque no fue un camino ni mucho menos de rositas, como todos conocemos. Hay actuaciones que, vistas con
perspectiva, desde un punto de vista ciudadano y de la sociedad, nos parecen a día de hoy criticables. La actuación en Ciudad Real industrial, esa adquisición de fincas a un precio superior al previsto, creo que a día de hoy

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es una actuación que no ha tenido ningún tipo de continuidad. Le pregunto si me puede confirmar el presidente del Tribunal de Cuentas que a día de hoy esta actuación está completamente parada. También la adquisición onerosa de suelo de
titularidad privada destinado a un tema tan sensible socialmente como es la vivienda de protección oficial, algo en lo que hay que incidir en cuanto a las responsabilidades que se han podido derivar. Y quiero destacar la falta de gestión adecuada
del patrimonio inmobiliario cuando no tenemos un inventario de este patrimonio a fecha de hoy, con lo cual, ¿qué política -entre comillas- comercial podemos hacer de ese patrimonio inmobiliario? ¿Qué promoción podemos hacer de sus ventas, de su
gestión si no contamos con un inventario, por así decirlo, adecuado? Hay una falta absoluta de desarrollo de una política en este sentido.


En cuanto al tema de Navantia -lo han comentado algunos otros portavoces-, qué podemos decir que no hayamos dicho en otras comisiones del propio Congreso. Es una situación delicada, fundamentalmente -no nos engañemos- por la falta de carga
de trabajo que esta entidad tiene en sus diferentes astilleros. Tenemos algunas previsiones o promesas de encargos: en la última comparecencia de la propia presidenta de la SEPI en la presentación de los presupuestos de 2017 se nos habló de
proyectos que vendrían, sin lugar a dudas, a paliar de alguna manera esta falta -como digo- de carga de trabajo y de viabilidad de esta entidad. Ojalá en la próxima fiscalización se hayan hecho realidad estos encargos y la situación de los
trabajadores de esta entidad sea mejor. Vemos con inquietud algunas situaciones de incumplimiento sobre todo de las condiciones salariales, de las retribuciones salariales de la cualificación más alta dentro de Navantia, al margen del personal
obrero. Hubo un incumplimiento del convenio colectivo de 2009. No sé exactamente en qué ha quedado esta situación sobre las retribuciones que se demandaron. Sé que fueron objeto de recurso ante los tribunales.


Para finalizar, en el caso del ICEX, las recomendaciones se han seguido de una forma bastante mayoritaria. Creo que el informe es bastante positivo y no veo razones para esgrimir preocupaciones añadidas, con lo cual con esto termino y no
voy a marear más a los asistentes.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano. Le garantizo que no era objeto de esta Presidencia ni de la Mesa amargarle los fines de semana. Ahora, le ha cundido porque ha utilizado usted exactamente el doble del tiempo. Así que
manifiéstese satisfecho.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Le doy nuevamente la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas a esta Comisión y le agradezco la exposición de sus informes.


Siguiendo, como decía el señor Galeano, del Partido Socialista, y todos los demás compañeros, este bloque bastante extenso, con relación a los acuerdos del Consejo de Ministros de 30 de abril, de extinción y fusión de sociedades del periodo
2010-2011 y la racionalización del sector público empresarial no financiero, acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de marzo, he de destacar que, salvo pequeñas incidencias, como uno o dos casos que ha citado de alguna retribución del consejo que
no eran acordes con lo estipulado, en general, hay que entender como muy positivo rebajar el saldo neto de 42 entidades, que supone un 17%; rebajar el 8,3% de los consejeros de las sociedades mercantiles; el 37% de los de Puertos del Estado y el
18% de entidades públicas. Creo que merece un reconocimiento al esfuerzo que se hace y, por otra parte, compensa desde el punto de vista económico, y además creo que podemos decir que no ha afectado a la relación de calidad de los servicios que se
prestaban por estas distintas entidades. En el sector público empresarial no financiero es importante también esa regulación del número de miembros del consejo que hacían los grupos, según el tipo de entidad y el importe de los mismos.


Por seguir el orden que siguió el presidente, en cuanto a Sepes, lamentablemente, el informe de Sepes -lamentablemente, insisto- se refiere a la situación en unos años donde no funcionaba bien la Sociedad Estatal Pública de Suelo. No
funcionaba bien, no había plan de empresa, las situaciones urbanísticas, industrial o residencial, eran individuales, es decir, no había una línea de trabajo en función de las solicitudes de los distintos ayuntamientos; había una debilidad de los
inventarios, y digo debilidad por no decir una existencia muy deficiente; el fracaso de la Sociedad Pública de Arrendamientos que, prevista para diez años, al quinto año concurren las causas de disolución de la Ley de Sociedades Anónimas, y Sepes
Urbana tiene que reformular sus cuentas con unas pérdidas

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de 124 millones. Indudablemente, la crisis en 2010 ya afloraba, pero, indudablemente, refleja una mala gestión.


El otro informe se refiere a la compraventa de los activos financieros de la sociedad pública SEPI 2013 -a lo que también se ha hecho referencia-, que es una manera, en época de crisis, de tratar de buscar economías por donde se pueda. No
estoy de acuerdo con alguna aseveración que se ha hecho aquí de que se había relajado el control del déficit en los años posteriores -lo decía el señor Ramírez-. Precisamente, en 2014 y 2015 hemos ido rebajando el déficit público y, como todo el
mundo sabe y comprende, es mucho más fácil bajar al principio, cuando estás en un déficit del 11%, que ajustar cuando ya estás en un déficit del 2 o 3%. Se hizo en ese año 2013, se sacó una liquidez que vino bien a la Administración, y las
aportaciones que hace el Tribunal de Cuentas en cuanto a incrementar la participación en Airbus, si se da la oportunidad por el tema de los intereses empresariales que hay en el país, es una opinión, y en función de la situación, el Gobierno de
turno tendrá que tomar esa decisión.


En cuanto a Navantia, es un tema que todos ustedes saben que me duele especialmente y, por desgracia, se refleja en ese periodo 20072010 donde se venía avanzando lo que se iba a convertir en la situación actual, es decir, unas desviaciones
importantes en los presupuestos operativos anuales de 2007, 2008 y 2009 con significativos descensos de los ingresos que anunciaban las aportaciones de capital que SEPI ha tenido que hacer. Se denuncia la subactividad que todos conocemos y se
denuncia también la falta de competitividad, porque se produce un incremento de ventas pero también se produce un incremento de pérdidas. Hay dos cuestiones sobre las que me gustaría que el presidente pudiera aportarme algo. Se hace referencia a
las comisiones pagadas a Venezuela a un 3%, cuando lo habitual de esas comisiones en ese tipo de negocios era un 1%. Sé que existe algún contencioso o procedimiento judicial, pero no tengo mayor información. No sé si la fiscalía del Tribunal de
Cuentas actuó o no. Quiero que me aclare también un tema que ha saltado después pero al que hace referencia el informe del Tribunal de Cuentas; los que conocemos el lenguaje del tribunal sospechamos que vieron algo. En una de las recomendaciones
que hace al submarino S80 -que después nos enteramos al cabo de unos años que no flotaba- dice el tribunal en 2010 que las obligaciones de confidencialidad no permitan dilución de las responsabilidades. Me imagino y quiero entender que cuando el
tribunal hace ese tipo de recomendación es porque algo ha visto.


La agencia EFE estaba en una situación que podríamos calificar de normal, pero en 2009 con la crisis empieza a entrar en unas pérdidas importantes y su situación financiera se complica, pero, con excepciones menores en inventarios y arqueos
de cajas, la situación financiera se refleja fielmente y esa es la opinión del tribunal. En el ICEX ocurre lo mismo. Es un informe limpio, la propia Intervención General de la Administración del Estado da la opinión favorable y la redacción de su
situación financiera está fielmente representada en todos sus aspectos significativos. Por lo tanto, nos congratulamos de que por lo menos haya algún que otro informe que no tenga salvedad de ningún tipo ni presente ninguna pega.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.


Tiene de nuevo la palabra del señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


Son muchas las materias y es complicado dar contestación a todas, porque son siete informes y cada informe incorpora un importantísimo volumen de asuntos relacionados con la gestión de todas estas entidades. Necesariamente tendré que
ceñirme a algunos de los planteamientos que me han formulado para intentar darles explicaciones en lo que puedo explicarles, porque los informes dicen lo que dicen y no cabe ir más allá por mi parte de lo que el propio informe desarrolla. Su
contenido en ocasiones es muy claro y creo que les permite valorar y establecer los juicios que estimen oportunos sobre la gestión pública que corresponde a cada una de las entidades que han sido fiscalizadas.


Una primera cuestión es que se me solicita por parte del señor Ramírez continuar por la senda iniciada en la fiscalización de este tipo de sociedades. Quiero indicarle que en el programa de 2017 está prevista y está en marcha la
fiscalización sobre el patrimonio inmobiliario de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. El departamento séptimo de fiscalización del tribunal, que fiscaliza a las entidades

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locales, siempre tiene actuaciones a desarrollar en el ámbito de las diputaciones provinciales y la prestación de servicios de estas entidades precisamente a las entidades locales menores, que es lo que justifica en buena parte su
existencia.


También quiero referirme a algunos de los comentarios que se han hecho, aunque salte un poco de temas. Por ejemplo, refiriéndome al caso de Hispasat, creo que es muy difícil valorar si se habría podido obtener un precio mayor mediante su
colocación en el mercado de valores. Por eso siempre se habla en situación de hipótesis y con la cautela necesaria. La opinión del tribunal es señalar lo que ha ocurrido e indicar que el precio estaba dentro de la horquilla prevista. Por parte
del señor Galeano se ha hecho referencia, tanto en esta como en otras operaciones relacionadas con SEPI, al elemento de falta de estrategia de SEPI al abordar estas decisiones. Creo que los informes lo primero que relatan es que SEPI actúa en estos
casos cumpliendo acuerdos del Consejo de Ministros. No sigue una estrategia empresarial que se haya podido torcer o que no cumpla con su propia coherencia interna. Son acuerdos del Consejo de Ministros en los que creo que hay elementos importantes
que seguramente llevan a este tipo de decisiones. El señor Juncal creo que de una manera muy precisa ha señalado que indudablemente los aspectos de déficit público seguramente han tenido mucho que ver a la hora de adoptar este tipo de decisiones.
Por otra parte, en el caso concreto de la venta de las acciones de EADS indudablemente ha habido una reducción de la participación, pero hay que tener en cuenta que las condiciones del acuerdo son mucho mejores que las que existían en los acuerdos
anteriores. Es decir, se puede haber perdido porcentaje de participación en el proyecto, pero se han mejorado las condiciones en las que se encuentra situada SEPI dentro de ese proyecto.


También me han hecho varias peticiones de información en relación con Sepes: para qué se crea Sepes y cuáles son las principales conclusiones del tribunal respecto a este informe. Hay que indicar que el objeto del informe en el caso de
Sepes no era la operación Campamento, sin perjuicio de que se hayan incluido referencias al convenio con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa a efectos exclusivamente del inventario del patrimonio inmobiliario de Sepes. La
creación de Sepes perseguía una mayor agilidad y eficacia en la política de suelo para fines de interés social, especialmente vivienda protegida y naves para la pequeña industria. Sin embargo, los procesos de reestructuración empresarial llevaron a
su disolución en apenas dos años muy posiblemente porque el mercado inmobiliario no ha permitido el desarrollo adecuado de la gestión en los términos en los que estaba proyectado. Bien es cierto que, de todos los informes que he presentado, el caso
de Sepes es el único en el que se ha formulado una petición de responsabilidad penal por deficiencias advertidas en la adquisición onerosa de suelo de titularidad privada destinado a VPO y que pudieran ser constitutivas de posibles delitos de
prevaricación y malversación. Por lo tanto, la fiscalía en ese caso ha actuado y seguramente en los procedimientos que se deriven de esta situación se podrá valorar de una manera más concreta lo que yo les acabo de indicar.


En relación con la Agencia EFE, el tribunal ha reiterado sistemáticamente que se regulen el alcance y el carácter de la retribución de los servicios de la agencia con arreglo a los contratos de prestación de servicios de cobertura
informativa. Es necesario un equilibrio por el que se atiendan efectivamente los servicios de interés económico general que se han puesto de manifiesto, especialmente por el señor Galeano, pero teniendo en cuenta el hecho de que existen otras
agencias privadas de información que no pueden verse en situación de desventaja competitiva y que tienen todo el derecho del mundo a solicitar que el mercado funcione de una manera adecuada en ese sentido.


No tengo información sobre las comisiones de Venezuela -lo siento, señor Juncal, no le puedo dar datos en relación con este tema- ni tampoco del submarino S-80, pero le puedo indicar que no ha habido, como usted conoce, peticiones de
responsabilidades por estos asuntos. Bien es cierto que en el caso del submarino S-80 y de toda la actividad de Navantia en el ámbito militar ustedes tienen el informe elaborado por el tribunal sobre todos los programas de inversiones militares,
donde creo que se hizo y se ha hecho un esfuerzo muy importante de fiscalización de esos programas por primera vez, y tanto los de carácter internacional como los específicos de ámbito nacional creo que han sido fiscalizados con una intensidad y una
profundidad que en el futuro podrá seguir realizándose.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

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BLOQUE V:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ABONADAS POR EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000069 y número de expediente del Senado
771/000066).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000101 y número de expediente del Senado 771/000099).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DEUDORES POR PRESTACIONES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000200 y número de expediente
del Senado 771/000197).


El señor PRESIDENTE: El bloque V del orden del día, que corresponde a la fiscalización sobre la gestión y control de prestaciones abonadas por el Fondo de Garantía Social, ejercicio 2013, al informe de fiscalización de los procedimientos de
gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas y al informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Social de la Marina, correspondiente al ejercicio
2015, serán expuestos por el presidente del tribunal. Tiene usted la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


Los tres informes presentan aspectos relacionados puesto que hacen referencia a la fiscalización de los procedimientos de gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fondo de Garantía Salarial, a los sistemas de detección,
reclamación y recuperación del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, y de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas y a los procedimientos de control del Instituto Social de la Marina de los deudores por prestaciones indebidamente
satisfechas.


Respecto al Fogasa, cabe destacar el incremento interanual en un 67% a finales de 2013 de los expedientes de prestaciones de garantía salarial pendientes de resolver, así como el aumento en los plazos medios de tramitación a raíz del
incremento de empresas desaparecidas durante la crisis económica sin haber abonado a los trabajadores los salarios e indemnizaciones correspondientes. Esta situación denota una falta de previsión del organismo, que debería haber adoptado medidas
urgentes y extraordinarias para paliar los efectos del progresivo y predecible aumento de solicitudes de prestaciones, destacando en particular la insuficiencia de personal de unidades administrativas periféricas. La asistencia a los juicios
indirectos por los letrados del fondo en los ejercicios 2012 y 2013 se situó a un escaso 30% del total. El 56% de los juicios a los que asistieron en el mismo periodo concluyó con sentencias favorables al organismo, lo que indica que la
participación de los letrados en los juicios es un instrumento útil para la gestión más eficiente de los recursos públicos. Resulta significativa la insuficiente dotación presupuestaria para el pago de las prestaciones de garantía salarial, dado
que los créditos iniciales para el año 2013, 843 millones de euros, tuvieron que ser incrementados en 531 millones, el 63%, durante el ejercicio. Fogasa no tiene establecido un procedimiento que le permita conocer la totalidad de empresas
declaradas en concurso, ni existe un cauce de comunicación formal entre las unidades periféricas y la Administración concursal, lo que conlleva un riesgo para los fondos públicos ante la posibilidad de no incluirse en la liquidación definitiva del
concurso los créditos a favor del organismo o bien por la posible existencia de pagos duplicados a los trabajadores. Las medidas adoptadas para hacer frente a la gran acumulación de expedientes pendientes de resolver, tales como la contratación con
empresa privada, el empleo de personal interino o el abono de retribuciones por los expedientes instruidos fuera de horario laboral, no fueron suficientes para paliar dicha situación.


En cuanto a las actuaciones de Fogasa para la recuperación de las prestaciones de garantía salarial, no existía un criterio homogéneo para la comunicación a las empresas por parte del organismo de la deuda que mantenían con el fondo. A
pesar del saldo de los deudores por subrogación del Fogasa, que ascendió a 7041 millones de euros a finales de 2013, las actuaciones para su recuperación fueron muy escasas y con pocas garantías de cobro, dada la antigüedad de la deuda y la
situación de las empresas. El índice de cobro de estas deudas fue del 1,5%. Respecto a la encomienda de gestión formalizada con

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una empresa pública, la práctica totalidad de las actividades de esta estaban relacionadas con trabajos agrícolas, ganaderos y forestales, muy alejadas de la actividad administrativa propia del Fogasa, lo que induce a considerar que desde el
punto de vista de la legalidad vigente no debió aceptarse como encomendable la contratación y realización de la citada encomienda. La gestión efectuada en 2013 exclusivamente por Fogasa fue más eficiente que con la empresa encomendada.


Por lo que se refiere a los dos informes sobre los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas y de los deudores por prestaciones del Instituto Social de la Marina, se han apreciado
deficiencias en el registro contable, como el tratamiento de los reintegros percibidos, que se consideran siempre como un menor gasto, lo que se aparta del criterio contable general.


En el caso del SEPE, existen lagunas en algunos trámites del procedimiento de gestión de los cobros indebidos de prestaciones derivadas de la falta de integración de las aplicaciones utilizadas. Se han proporcionado al tribunal hasta tres
cifras distintas en relación con el número de deudores y el saldo de la deuda por cobros indebidos de prestaciones a 31 de diciembre de 2013, en función de la fuente de información, los servicios centrales y el inventario de deudores elaborado por
las propias direcciones provinciales. Respecto a las bases de datos soporte del inventario de deudores por cobros indebidos, la información presentaba incoherencias, inconsistencias y errores. Una de las incidencias más significativas es la
existencia de deuda prescrita, presumiblemente por el transcurso de más de cuatro años para su reclamación, por importe de 81,6 millones de euros, un 10% del saldo total. Además, la información de las bases de datos de las direcciones provinciales
no refleja la situación real de la deuda viva en 2013. Entre las carencias significativas en la actuación del SEPE, este no disponía de información de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Fogasa, del Registro Civil, de los servicios de
empleo autonómicos e, incluso, del Consejo General del Poder Judicial, lo que dificulta detectar posibles cobros indebidos de prestaciones.


Respecto al Instituto Social de la Marina, el deficiente control para determinar el fallecimiento de los perceptores de una pensión era debido, fundamentalmente, a las carencias de la información sobre defunciones remitida por el Instituto
Nacional de Estadística y a no tener establecido un procedimiento para el control de evidencia de los beneficiarios, más allá de ciertos controles aislados. Las deficiencias en el control de pensionistas fallecidos ocasionaron la prescripción del
derecho a reclamar la deuda a entidades financieras a través del procedimiento de recesión bancaria, por un importe superior a 400 000 euros entre 2012 y 2015, debido al transcurso de más de cuatro años desde el fallecimiento. La aplicación
informática Midas, utilizada para la gestión de la deuda, presentaba carencias que dificultan el control de los deudores por prestaciones y así la aplicación no conservaba información histórica de la deuda remitida para la gestión de cobro ni
incluía la fecha límite del expediente, lo que dificulta el control de la capacidad del procedimiento. Tampoco disponía de controles o filtros que la relacionen con alguna aplicación o procedimiento de tramitación de solicitud de prestaciones
económicas de manera que se generase una alerta en el caso de que un deudor obtuviese una prestación posterior con objeto de impedir el pago de la misma sin haber compensado la deuda total o parcialmente. Además, las direcciones provinciales no
aplicaban criterios uniformes ante supuestos similares, debido a que la dirección del instituto no homogeneizaba ni coordinaba las actuaciones de aquellas en la tramitación del procedimiento, más allá de dictar instrucciones sobre aspectos parciales
del mismo. En cuanto a la recuperación de la deuda por cobros indebidos de prestaciones, cabe destacar las diferencias entre la información proporcionada por el instituto sobre las deudas remitidas a la Tesorería General de la Seguridad Social para
su cobro y las que esta entidad gestora afirmaba estar gestionando para aquel.


Por lo que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones de la comisión mixta, relativas a fiscalizaciones anteriores, se ha efectuado en el informe relativo al Fogasa, no habiéndose adoptado varias de las modificaciones
normativas y de organización propuestas para la mejora de la gestión y el control de la deuda derivada de las prestaciones satisfechas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero dar las gracias al señor Álvarez de Miranda, por sus explicaciones, como siempre, didácticas y sencillas en la fiscalización de estos informes. Nos encontramos con tres informes en este bloque, el

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primero de los cuales habla sobre el Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, en el ejercicio 2013. Está claro que la crisis económica ha disparado el número de expedientes de tramitación por parte del Fogasa un 295% entre 2007 y 2013, todo ello
sin que se hayan incrementado las plantillas, lo cual lógicamente ha disparado el periodo de tramitación de los expedientes hasta alcanzar los 201,52 días.


Para paliar este tipo de situación, en lugar de hacer lo óptimo, que sería contratar más personal funcionario, personal que pertenezca a la casa y que cuente con la formación adecuada y ofrezca las garantías legales que tienen que tener, se
expidió una encomienda de gestión, opción que ya ha dicho el tribunal que no era la óptima a la hora de desarrollar la tramitación de los expedientes en tiempo y forma, con Tragsatec.


Todos sabemos que Tragsatec es una empresa cuyo trabajo principal está relacionado con el sector agrícola, con el sector ganadero, y que presenta ciertas carencias en cuanto a la actividad administrativa. Todo ello, además, queda empañado
con el hecho de que en las encomiendas de gestión -ya hemos hecho una denuncia a este respecto- hubo indicio de extralimitación de las funciones de apoyo que estaban encargadas, lo cual puede producir reconocimiento y denegación de prestaciones de
garantía salarial anulables -es decir, alguien desde un punto de vista de agraviado puede interponer demandas por esta cuestión-, y además con un coste más que elevado, ya que el coste por la tramitación de un expediente por parte de los
funcionarios del Fogasa ascendía aproximadamente a 1,85 euros, frente a los más de 21,70 euros que facturaba Tragsa a Fogasa; es decir, una diferencia de más del 1000%, con lo que, volvemos a lo mismo. Si tenemos un problema con el personal que
tiene que gestionar los expedientes, lo que tenemos que hacer es sacar una oferta pública de empleo que complemente las plantillas en lo que hace falta y no dejar que se produzcan duplicidades u otro tipo de dispendios, que es lo que luego el común
de la gente nos echa en cara.


El segundo de los informes, el de fiscalización de los procedimientos de gestión y control, creo que es el más escandaloso y sangrante. El SEPE cifraba en 324 814 los deudores y en 582,3 millones de euros la deuda por cobros indebidos de
prestaciones, pero lo peor de todo eso es que luego las direcciones provinciales reducían la cifra a 320 396 deudores y 562,9 millones de euros de deuda y el Tribunal de Cuentas en su fiscalización elevó la cifra a 418 272 deudores y a una deuda de
769,1 millones de euros. Todos estos parecen los datos de una manifestación en la que se ponen en entredicho las controversias entre la delegación del Gobierno, los medios de comunicación y la organización convocante.


Aunque puede resultar grotesco, la realidad es que estamos hablando de fondos estatales destinados a prestaciones por desempleo. Estas contradicciones nos parecen a todas luces escandalosas y están provocadas por aquello de lo que en
general adolece nuestra Administración: una falta de control eficiente por parte del SEPE y una inadecuada gestión de cobros indebidos -el presidente calificaba de exiguo el índice de recobro con relación a los cobros indebidos-, cuestión que por
lo que estamos viendo no ha sido subsanada, dado que, como se nos ha dicho, no se han adoptado ciertas recomendaciones importantes en los informes previos en el ejemplo de Fogasa. Pero, si hablamos de SEPE, no puede ser que el país de la Unión
Europea que ha tenido más tiempo un índice de paro por encima del 20% siga teniendo una gestión tan desastrosa respecto a los medios puestos a disposición de las personas con desempleo, cuestión en la que ya deberíamos ser expertos.


¿Qué produce esta incoherencia? Esta es una pregunta que le quiero hacer al presidente del tribunal. Usted nos ha dicho que hay falta de coordinación, que hay falta de medios, que los sistemas informáticos siguen teniendo problemas, que no
se adaptan y que no cuenta, por ejemplo, con elementos tan fundamentales en un expediente como la fecha de inicio, etcétera, lo cual nos parece escandaloso y que tendría que ser subsanado. Otra cuestión que estamos viendo en los informes es que el
SEPE no colabora con otras instituciones. Volvemos a poner encima de la mesa la falta de coordinación, de colaboración con el resto de instituciones públicas, como ocurre con la Tesorería General de la Seguridad Social, que cuenta con un fichero de
inscripción de empresas que podría actualizar respecto a las personas que se dan de baja o a las que son insolventes; o con el Fogasa, con el que tampoco tiene coordinación; o con el mismo Registro Civil, que permite detectar qué personas han
fallecido. Me parece algo que tenemos que declarar como escandaloso.


Tampoco se trabaja de forma coordinada con los servicios de empleo autonómicos. Parece que estamos en los reinos de Taifas y que tenemos diecisiete SEPE, donde cada uno de los servicios públicos de empleo autonómicos hace su gestión a su
manera y con sus propios programas. Desde luego, yo creo que el SEPE nacional, que tiene que tener una cierta coordinación y eliminar este tipo de incoherencias, no lo está haciendo. Todo esto dificulta que el SEPE detecte posibles cobros
indebidos. Las aplicaciones

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informáticas, como se ha recalcado, son diferentes, no tienen toda la información necesaria, y eso produce errores, datos duplicados, riesgos e ineficiencias. Cuando hablamos de fondos dedicados a la lucha contra el desempleo, hay que ser
todavía más cuidadosos, más rigurosos.


Además, los servicios centrales del SEPE no cumplen su función principal de homogeneizar y coordinar las direcciones provinciales, más allá de dictar instrucciones -y cito textualmente- parciales sobre cómo recuperar prestaciones pagadas
-viendo el nivel de recuperación, podemos decir que tampoco lo están consiguiendo- y además no utilizan con carácter general la información de que disponen. Desde luego, este informe es para mí el más escandaloso de hoy con mucha diferencia.
Asimismo, los bancos privados que colaboran con el SEPE para recuperar los cobros no cumplen con sus obligaciones de información, lo que hace que un porcentaje elevado de los ingresos presenten errores. Aquí volvemos a hablar de la falta de
colaboración y de obligatoriedad por parte de las empresas privadas de colaborar con el Tribunal de Cuentas, algo a lo que deberíamos poner solución de una vez por todas en esta legislatura.


En el caso del informe de fiscalización de los procedimientos de gestión del Instituto Social de la Marina, aunque solo hablan de 8 casos encontrados de personas fallecidas, por lo que el número de beneficiados del instituto es bastante
menor que el de prestaciones generales, también habría que eliminarlos. Solo hay 8 frente a los 41 205 que se han detectado en el SEPE, pero yo creo que no debería haber ninguna persona que esté cobrando prestaciones de manera indebida, en este
caso estando fallecida. Yo creo que la colaboración con el conjunto de los registros, la coordinación con ellos y la utilización de la información de la manera más óptima nos hará acabar con esta ineficiencia y con los cobros indebidos de una vez
por todas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora García.


La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas, aunque la verdad es que estos informes ponen los pelos de punta. Han hecho un trabajo magnífico, pero los resultados son altísimamente preocupantes y altísimamente escandalosos.
En nuestra generación, en la que hemos llegado a las más altas cotas de tecnología, que el Instituto Social de la Marina no pueda coordinarse con nadie -porque parece ser que no se coordina con nadie-, que no sea capaz de saber quién fallece y quién
no fallece y que no sea capaz de establecer mecanismos para recuperar millones de euros que harían falta para otra serie de cosas, resulta verdaderamente escandaloso.


En el caso del cobro de reintegros por prestaciones por desempleo ocurre tres cuartas de lo mismo. Estamos hablando de que no se puede coordinar con nadie, de que no son capaces de encontrar los datos necesarios, de que hay deficiencias en
la información, en la gestión de aplicaciones informáticas, en cruces con otras bases de datos. Quiero dejar aparte al Fogasa, pero entiendo que tanto en el caso del reintegro de prestaciones por desempleo como en el del Instituto Social de la
Marina cabe preguntarse, en primer lugar, si se va a hacer algo para poner en marcha alguna de las medidas correctoras que llevan años planteando ustedes mismos desde el Tribunal de Cuentas con relación a las deficiencias en coordinación, y sobre
todo si se va a elevar a alguna administración competente la petición de que tomen cartas en el asunto. Porque esto no es cuestión de estar recomendándoles que mejoren otros diez o veinte años, sino que se tendrán que tomar medidas de manera
urgente, porque en esta fiscalización -por ejemplo en el caso de las prestaciones- hablamos de las indebidamente percibidas, pero estas solo son un 3%. Sería interesante -no sé si se hace la fiscalización para el resto de las prestaciones- saber
cómo son los procedimientos para el resto de prestaciones por desempleo, estas sí, debidamente percibidas, si son lo suficientemente eficaces y eficientes, y pedir una valoración de los hechos, tanto en el caso de las prestaciones como en el de la
Marina.


El caso del Fogasa -de hecho lo ha recogido la prensa- es un escándalo total: el fraude en la percepción de prestaciones, la falta de letrados que impide que haya control, esa falta de control... Tenemos los dos extremos, los cobros
fraudulentos por un lado y trabajadores que esperan de media doscientos días para cobrar y en algunos casos 390 días, lo que hace que un informe del Defensor del Pueblo diga que estamos llevando a la exclusión social a determinados trabajadores, lo
cual es a todas luces una barbaridad. Ante el colapso que se avisa en 2008 de que va a venir una crisis y lo vamos a pasar muy mal en el Fogasa para poder tramitar todos los expedientes y garantizar los cobros de los

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trabajadores, hacen una encomienda de gestión que, aparte de ser manifiestamente mejorable, es antieconómica, se extralimita en funciones y no solo no disminuye, sino que aumenta la lista de instrucción de expedientes, elevan la diferencia
del coste medio por expediente entre un funcionario y un empleado en un 1077%... En fin, es todo bastante desastroso. Aquí la pregunta ya no es si tienen la comunicación por parte del Fogasa de por qué no han atendido a las recomendaciones del
Tribunal de Cuentas o si van ustedes a hacer algo para seguir estas recomendaciones o por qué no lo han hecho, sino algo que me parece más preocupante, y es si se van a dirimir las responsabilidades pertinentes. ¿Por qué el Fogasa contrató una
encomienda de gestión que a todas luces no era encomendable? Se lo dio a Tragsa cuando hay un informe que dice que no se le debería haber dado. Nuestro Grupo Unidos Podemos considera que quizá el Tribunal de Cuentas debería dirigirse a algún
organismo superior y competente que fuera capaz de poner en marcha el mecanismo para dirimir las responsabilidades y saber por qué se aprobó esa encomienda de gestión, que creo que es la gran pregunta que trasluce tras este informe. En general, una
cuestión que recordamos en casi todas las comisiones es la necesidad de poder contar con comparecencias de cada uno de los organismos de los que se informa, porque serían ellos los principales actores para explicarnos por qué no se ponen en marcha
las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moreno.


La señora MORENO RUIZ: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al presidente del Tribunal de Cuentas siempre por su trabajo solvente y complejo.


Ya se han señalado aquí muchos pormenores de las importantes y graves deficiencias que se han detectado tanto en la gestión del Fogasa como en la gestión de prestaciones por desempleo indebidamente percibidas o en la gestión de los deudores
del Instituto Social de la Marina. Por tanto, yo no voy a profundizar en esos pormenores, más allá de las puntualizaciones que realizaremos en las oportunas propuestas de resolución. Lo que sí quisiera señalar son tres elementos que parecen
comunes a estos tres organismos, que es donde me quiero detener muy brevemente. El primer elemento común a todos ellos es una falta clamorosa de personal en dichas instituciones, especialmente llamativa en el Servicio Público de Empleo Estatal,
totalmente desbordado tras diez años de crisis económica. Al Servicio Público de Empleo no llegan los funcionarios ni tampoco la primavera del empleo, como lamentablemente la ha denominado la ministra Báñez, pues con casi cuatro millones de parados
y una tasa de actividad muy por debajo del 60% no deberíamos frivolizar con estas cosas, y el reflejo de ese colapso está en esta gestión, tanto del SEPE como del Fogasa. La inasistencia a juicio de los letrados, la falta de letrados en el Fogasa,
es algo inaceptable, y desde las propuestas de resolución vamos a intentar, con la a veces escasa fuerza que producen las resoluciones de esta Comisión, que se vayan corrigiendo estas cuestiones. Efectivamente, la Administración General del Estado
tiene que ser más flexible y en cada momento tiene que dotar a aquellos entes de gestión que en cada momento necesitan más dotación.


El segundo elemento común que podríamos encontrar es la falta de coordinación entre distintos entes y distintas instituciones públicas. Las comunidades autónomas, los servicios de empleo, la Tesorería General de la Seguridad Social, el
Registro Civil, el Fogsa y el Instituto de la Marina parecen entes que pertenecieran a Estados distintos, como ya se ha señalado aquí. Todo eso dilata los procedimientos, favorece las prescripciones, impide la detección de fraudes o de pagos
indebidos y, desde luego, merece la pena abundar en un esfuerzo telemático, en un esfuerzo informático que en el siglo XXI es más que viable.


El tercer y último aspecto que quiero señalar es que los tres son ámbitos que se prestan a la pérdida económica, al fraude, a la percepción indebida de prestaciones, como bien señalan en algunos casos graves el propio Tribunal de Cuentas o
el ministerio fiscal. Por eso, sin duda es importante mejorar la dotación de personal y la coordinación de estas instituciones, pues el presupuesto social debe administrarse siempre con la máxima eficiencia. Pero no quisiera terminar sin poner de
manifiesto que, dada la falta económica que tienen todas las administraciones, si hay que priorizar el gasto en recursos humanos de la Administración General del Estado priorícese en Hacienda pública, priorícese en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, pues es en la lucha contra el fraude fiscal donde más justicia social se consigue y donde más recursos se consiguen para las arcas del Estado, pues, siendo ambos fraudes indeseables, las cifras del fraude social palidecen
ante las cifras del fraude fiscal, amnistías incluidas.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fole.


El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.


No quiero dejar de agradecer la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas, presencia que ya se está convirtiendo en un clásico dentro de esta Cámara, y lo digo con todo el respeto y con todo el agradecimiento, por supuesto, porque eso
es muestra del gran y arduo trabajo que hace el Tribunal de Cuentas y que trae a esta Comisión para darnos cuenta de esa fiscalización y de cómo están la actualidad y la realidad de los diferentes órganos y administraciones que fiscaliza.


Se traen a esta Comisión una serie de expedientes de gran importancia para evaluar el grado de cumplimiento y eficacia, como decía, de las administraciones, en este caso de estos organismos autónomos. Es complejo acertar con la forma de
analizar estos informes por su amplitud, por su gran cantidad de datos, que de una forma muy clara y precisa siempre nos aporta el presidente, si debemos centrarnos en algún tema importante de alguno de los expedientes o buscar quizá puntos en común
que pueda tener cada uno de ellos. En este caso, como vienen muchos puntos, he intentado buscar esos puntos en común a los que también hace referencia el tribunal en sus consideraciones y conclusiones. De estos tres organismos, el Fogasa tiene
como objetivo garantizar y anticipar a los trabajadores el cobro de sus remuneraciones e indemnizaciones pendientes de pago en caso de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra de las empresas; al Servicio Público de Empleo Estatal, como organismo
autónomo de la Administración General del Estado, se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de las políticas de empleo, y por último está el Instituto Social de la Marina como entidad gestora del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, organismos autónomos todos dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, organismos que afectan a miles de trabajadores y mueven y gestionan miles de millones de euros que en
momentos de crisis, como son los que se fiscalizan, adquieren aún mayor importancia. Recordemos que el Fogasa supera los 1300 millones de euros, el SEPE llega casi a los 30 000 y el Instituto Social de la Marina supera los 1700. Podríamos resumir
en los tres expedientes conclusiones similares también por parte del Tribunal de Cuentas, como la necesaria implantación y mejora de nuevos sistemas de aplicaciones informáticas -el SIG, en el caso de Fogasa y el Midas, en el caso del Instituto
Social de la Marina-, con graves carencias como expone de forma clara el informe; la necesidad de definir procedimientos y protocolos de actuaciones comunes; la creación de unidades de control, en el caso de Fogasa; incrementar y, sobre todo,
coordinar los recursos humanos; y establecer mecanismos de comunicación y de intercambio de información entre los distintos organismos y administraciones. Por tanto, es difícil resumir los extensos y clarificadores informes del Tribunal de
Cuentas, que llegan a incluir más de medio centenar de conclusiones y otras muchas consideraciones y recomendaciones. Es curioso, como también han dicho otros compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, que en el siglo XXI, siglo de
las nuevas tecnologías, de los procedimientos, de los protocolos, de las mejoras y de la comunicación sean estos precisamente los puntos más flojos y de necesidad entre los organismos autónomos y en los que hace especial hincapié el Tribunal de
Cuentas en sus consideraciones y conclusiones. Si hacemos un análisis de las recomendaciones, a Fogasa: incremento de los recursos humanos, unidad de coordinación de las unidades periféricas de actuación, mejora de la comunicación con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, revisar financiación del organismo y modificación de su reglamento ya que viene del año 1985. Respecto al ISM: adecuar operativa contable, mejora del registro de deudores y mejorar comunicación -una vez más-
con entidades financieras. A la SEPE: homogeneizar marco contable, creación de enlaces entre distintas aplicaciones informáticas -una vez más-, una base de datos integrada de todos los procedimientos de gestión y un plan de formación del personal.
En este punto, señor presidente, quisiera hacerle una pregunta. Se evidencia en muchos informes, no solo en estos, esa falta de comunicación, que repercute en que la información de cada uno de estos organismos autónomos o administraciones no
refleje la imagen fiel del organismo. Quizás, debido a esta carencia tan evidente y recalcada en los diferentes informes, estamos haciendo consideraciones de unos organismos de los que no conocemos su situación real.


Todos los organismos han presentado alegaciones a las conclusiones y recomendaciones y los tres han reflejado su situación actual y lo que creen que deben plantear para su situación futura, coincidiendo muchos de esos aspectos con las
consideraciones que plantea el Tribunal de Cuentas. Se reconoce lo

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dicho en las recomendaciones pero, como también es normal, se asevera por parte de cada uno de los organismos que se están llevando a cabo actuaciones para mejorar año a año -tras informes de otros años del tribunal- esas carencias. En
Fogasa hay una recomendación...


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Fole.


El señor FOLE DÍAZ: Acabo ya, señor presidente, solo un minuto.


... sobre la modificación del real decreto y hay una encomienda en este caso para ello. El ISM, ante la modificación del registro contable de los deudores por cobros indebidos, lo reconoce pero dice que no es su competencia y respecto a la
creación de una base de datos única en el SEPE, plantea que es mejor realizar enlaces internos de cada una de las ya creadas. Así, la fiscalización del Tribunal de Cuentas en sus conclusiones y recomendaciones encamina, una vez más, y mejora el
funcionamiento de estos organismos. Se ve que no son conclusiones de gran complejidad, pero todas llevan presupuesto, como es natural: recursos humanos, nuevas tecnologías, formación, comunicación, coordinación. Deberíamos plantearnos como
reflexión que, a lo mejor, hay que hacer una fiscalización transversal de toda la Administración General del Estado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fole.


A continuación, tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez De Miranda García): Gracias, presidente.


En relación con sus intervenciones respecto de los tres informes que les he presentado, no tengo muchas cosas que decir respecto de sus valoraciones, porque inciden en aspectos propios que los informes detallan y en las que el tribunal no va
a presentar conclusiones diferentes de las que ya ha formulado. Únicamente efectuará el seguimiento de las recomendaciones y de la situación posterior en ulteriores procedimientos de fiscalización. Sí me interesa recalcar, en relación con la
última intervención, que el tribunal siempre pretende hacer una labor proactiva. No se trata solo de señalar deficiencias legales o contables, sino también de evaluar procedimientos de gestión y control y proponer recomendaciones de mejora, y así
lo hemos hecho en estos tres informes; recomendaciones de mejora que, como bien ha dicho el último interviniente, coinciden en estos casos con aquellas valoraciones que los gestores han realizado con posterioridad de cuáles son sus intenciones de
modificación de las malas prácticas que se han puesto de manifiesto.


En la medida en que son informes verdaderamente difíciles -creo que de los presentados en el día de hoy son de los más complicados a la hora de su gestión-, quería indicarles que, en relación con el informe de fiscalización de Fogasa, se
incoaron diligencias preliminares en la sección de enjuiciamiento que, posteriormente, fueron archivadas. También se han incoado diligencias preliminares derivadas del Instituto Social de la Marina que están en tramitación por deficiencias en los
procesos de retrocesión bancaria de prestaciones por carencias en el control de vivencia de los pensionistas. Por otra parte, a los efectos de que ustedes lo conozcan, se formularon peticiones de responsabilidad penal en relación con el informe
sobre Fogasa por la existencia de empresas ficticias sin actividad, creadas con el único objetivo de que los trabajadores perciban ayudas y derechos sociales, en particular las prestaciones de garantía salarial. Asimismo, hubo peticiones de
responsabilidad de carácter tributario ya que un conjunto importante de trabajadores percibieron en 2013 prestaciones por un importe de 5,5 millones de euros y no se tiene constancia de que se informara a la Agencia Tributaria de la obtención de
rendimientos de trabajo no declarados. De esta manera, el tribunal facilita un tratamiento uniforme y coordinado de las actuaciones de fraude fiscal frente a fraude social, como aquí ya se ha manifestado. En todo caso, el Tribunal de Cuentas, al
priorizar sus actuaciones de fiscalización, presta una atención muy importante a la acción de la Agencia Tributaria en la que hay presentados varios informes respecto de su actuación y hay alguno pendiente de su presentación.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

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BLOQUE VI:


- MOCIÓN SOBRE EL ALCANCE DEL DEBER DE COLABORACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN FISCALIZADORA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000001 y número de expediente del Senado 773/000001).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al último bloque de la primera parte del orden del día, presentación de informes, el bloque VI, que tiene como objeto la moción sobre el alcance del deber de colaboración de las personas físicas y
jurídicas, públicas y privadas, con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.


Tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


Esta moción se aprobó en el año 2011, el 24 de febrero de 2011. Quizás es uno de los casos más llamativos de retraso en su presentación ante la Comisión mixta no por el tiempo transcurrido, sino por la materia a la que hace referencia, es
decir, en aquella moción valorábamos cómo mejorar verdaderamente el trabajo del tribunal. Las propuestas de la moción dirigidas al perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración se han visto afectadas por diversas reformas
legislativas producidas con posterioridad a la aprobación de la moción. Entre ellas cabe destacar, por su relevancia, la efectuada por la Ley orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos
políticos, al haber dado nueva redacción, entre otras disposiciones, al artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas que se refiere, precisamente, al deber de colaboración. Sin embargo, hay varias medidas propuestas en la moción que no han
sido recogidas en reforma legislativa alguna y a las que haré especial referencia en la presente exposición y cuyo contenido se reitera para obtener la máxima eficacia posible en el ejercicio de la función fiscalizadora y, por tanto, el más
eficiente control de la gestión económico-financiera del sector público, que es un elemento esencial de la credibilidad de nuestras finanzas públicas.


El deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas constituye uno de los presupuestos básicos sobre los que se sustenta el ejercicio de su función fiscalizadora, ya que de este deber se deriva la obligación de suministrar al tribunal
cuantos datos, estados, documentos, antecedentes o informes solicite el mismo relacionados con el ejercicio de dicha función fiscalizadora. Las propuestas que contiene la moción son sencillas, concisas y definidas y se refieren a aspectos muy
precisos de preceptos legales concretos. No se trata, por tanto, de propuestas vagas o genéricas, pues se encuentran perfectamente individualizadas. No obstante, la moción se ha limitado a exponer el sentido de las reformas que a juicio del
Tribunal de Cuentas deberían estudiarse por las Cortes Generales sin que contengan ningún texto normativo determinado en aras del respeto debido a la autonomía legislativa de estas Cámaras.


Las propuestas. Como ya se ha indicado en la presentación de las propuestas, se destacarán aquellas que aún no han sido adoptadas desde la aprobación de la moción, sin perjuicio de hacer mención a algunas de las modificaciones legislativas
posteriores en esta materia. Un conjunto de propuestas se refiere a la necesidad de modificar diversos preceptos que limitan o restringen al tribunal el acceso a información relevante para el ejercicio de sus funciones de la que disponen
determinados órganos, organismos y entidades públicas. En este sentido, se propone modificar la redacción de sendos artículos de la Ley General Tributaria y del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en concreto los que exceptúan
el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria social o laboral cuando su cesión tenga por objeto la colaboración con el Tribunal de Cuentas, si bien restringida al ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria o de la Administración de la Seguridad Social. Es cierto que tras la reforma operada por la Ley Orgánica 3/2015 se habilita al tribunal para celebrar convenios de colaboración con la Administración General del Estado
y demás entidades para el acceso a la información de que dispongan, pero para ello se remite a la normativa especial que regula la información a suministrar. Esto implica la posibilidad de que se limite la cesión de información relevante para el
ejercicio del control cuando el sujeto fiscalizado no sea la Agencia Tributaria o las entidades de la Seguridad Social, lo que impediría su utilización como elemento de contraste de la información de las entidades fiscalizadas en materia fiscal o
social.

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Cabe destacar que la restricción de acceso que existía en relación con los datos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España sobre el endeudamiento de las administraciones públicas -a las que también aducía la moción- fue
subsanada por la Ley Orgánica 5/2012 al exceptuarse del deber de secreto a las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar para el cumplimiento de sus funciones al Tribunal de Cuentas. No obstante, no se ha recogido una previsión
similar en lo relativo al acceso a la Central de Información de Riesgos de las entidades locales regulada por el Real Decreto 1463/2007. Otro grupo de propuestas de la moción se refiere a la modificación de diversos apartados del artículo 30 de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con el fin de actualizar y perfeccionar el deber de colaboración con el tribunal en línea con la más actualizada legislación reguladora de los órganos de control financiero de la
Administración. Es preciso destacar que alguna de estas modificaciones han quedado recogidas tras la mencionada reforma del artículo séptimo de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, extendiéndose el deber de colaboración
en dos vías: En el ámbito subjetivo el tribunal podrá exigir la colaboración de todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que están obligadas a prestársela. Esta modificación de la ley de 2015 supone verdaderamente un antes y un
después en la historia del Tribunal de Cuentas, porque antes se encontraba estrictamente vinculada a la información que deban rendir las entidades del sector público. Por otra parte, en el ámbito objetivo el deber de colaboración se refiere a
cuantos datos, estados, documentos, antecedentes o informes que solicite el tribunal relacionados con el ejercicio de sus funciones fiscalizadora o jurisdiccional.


Existe una referencia expresa en la actual normativa vigente a la obligación de las entidades de crédito de colaborar con el Tribunal de Cuentas, facilitando la documentación e información que le sea requerida. En particular, se establece
una regulación detallada del suministro de información sobre cuentas que se refieran a fondos de los partidos políticos y sus fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos. Sin embargo, donde no ha habido avance alguno es en lo
relativo a la regulación del procedimiento para la exigencia del cumplimiento del deber de colaboración. En concreto, en la redacción del artículo 30, apartados 2 y 5 de la ley de funcionamiento que se mantiene idéntica a la que tenía cuando se
aprobó la moción del tribunal. En concreto, se aboga por una reforma del procedimiento para recabar la colaboración de las personas obligadas a ello, así como por la modificación del régimen de multas coercitivas. En el primer aspecto, se propone
un procedimiento en el que correspondería a los consejeros de la sección de fiscalización efectuar los requerimientos ordinarios de colaboración en el ámbito de sus competencias y reservando los formulados por el presidente del Tribunal de Cuentas
para los casos en que sea necesario efectuar requerimientos extraordinarios derivados del incumplimiento de un requerimiento ordinario previo efectuado por un consejero o consejera. Por otra parte, se insta a la actualización de los importes de las
multas coercitivas cuyas cuantía actuales -fijadas en 1988- oscilan entre 60 y 901 euros. En la moción se sugiere que procedería su elevación a importes de entre 600 y 9000 euros.


Finalmente, se propone el reforzamiento, la mejor sistematización y la clarificación de su naturaleza respecto de los procedimientos coercitivos para la exigencia efectiva del deber de colaboración, incluyendo para mayor seguridad jurídica
la mención a que los mismos son de aplicación a todos los supuestos de falta de colaboración con el Tribunal de Cuentas, deriven estos de la aplicación directa de la ley de funcionamiento o bien de cualquier otra ley que habilite al tribunal a
solicitar dicha colaboración.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Dado lo avanzado de la mañana, les rogaría que se ciñeran en este último punto al tiempo establecido.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Seré muy breve. Esta moción se presenta -como decía el presidente del tribunal- con retraso. Él hablaba de 2011, pero realmente el pleno del Tribunal de Cuentas acordó por unanimidad en su sesión de 27 de noviembre de 2008 realizarlo
inicialmente, aunque luego es cierto -cuando se lee la moción- que se hicieron modificaciones en ese sentido. Nos congratula saber que la ley de 2015 ha paliado parte de las deficiencias y debilidades que tenía el Tribunal de Cuentas, pero sabemos
que seguimos teniendo problemas a la hora de exigir el deber de colaboración de instituciones públicas y privadas. También quería preguntarle antes de nada a qué se debe el retraso que se ha producido entre 2011 y 2017 para proponer estos cambios
que a todas luces habrían mejorado la colaboración entre administraciones para

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la lucha contra el fraude y la corrupción. El informe además justifica que la mejora del ejercicio de la función fiscalizadora habilitando la colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de órganos y personas públicos y privados podría
proporcionar acceso a datos de los objetos fiscalizados que son relevantes para el ejercicio de la función principal fiscalizadora que tiene el tribunal. Hablando claro, hay leyes clave que excluían esa colaboración, como por ejemplo la Ley de la
Agencia Tributaria, la Ley 58/2003, que en su artículo 95.1 solo obligaba a la Agencia Tributaria a dar la información siempre y cuando fuese la propia Agencia Tributaria la que fuese en ese momento fiscalizadora. Y también la Ley General de la
Seguridad Social, en el artículo 66.1 g) hablaba de lo mismo, solo obligaba a colaborar con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la propia Seguridad Social. Desde luego, a todas luces esto es de
locos.


Estamos totalmente de acuerdo e insistimos en la necesidad de reformar también la Ley del Tribunal de Cuentas para dotarlo de las necesarias competencias y poderes necesarios para desempeñar su función sin paliativos, para que puedan tener
la función de control teniendo acceso a toda la información pertinente y necesaria de cualquier organización pública y privada. Estamos totalmente de acuerdo con que hay que elevar las multas coercitivas, porque si por un lado obligamos al deber de
colaboración pero no mejoramos ese procedimiento para su exigencia, básicamente hacemos un pan con dos tortas. Se trata de aportarle herramientas para que esa función principal que tiene el tribunal pueda llevarse a cabo. Lo último que quería
preguntarle es: ¿Qué perjuicios cree el presidente que se han derivado de esta falta de acceso a la información que se está exigiendo en esta moción?


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


El Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador del sector público debería tener acceso sin ningún tipo de inconveniente a toda la información relevante para realizar su auditoría del sector público y sorprende que no lo tenga,
derivado de la actual legislación, y sorprende también que las propias entidades que son fiscalizadas no colaboren y no pongan más de su parte para facilitar esta tarea de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. Nosotros compartimos la
esencia y casi todas las propuestas que traslada el Tribunal de Cuentas en su moción pero lamentamos que no se haya traído previamente y que exista este retraso que ha comentado anteriormente el portavoz de Ciudadanos. También nos gustaría, como ya
señalamos anteriormente, que el Tribunal de Cuentas actuara en todos los casos con la misma diligencia -hablando del tema que procede por motivos de actualidad durante esta semana- que en el enjuiciamiento contable de los responsables y
organizadores de la consulta del 9 de noviembre, porque sorprende que en un país -lo trasladamos aquí porque creemos que gran parte de la ciudadanía de nuestro país lo siente- en el cual la CNMC cifraba en 40 000 millones de euros el coste de la
corrupción basada en los sobrecostes anuales, lo que supone un grave perjuicio para los ciudadanos y las arcas públicas, o los 40 000 millones de euros que se han gastado en rescate bancario no haya más procesos de enjuiciamiento contable o, al
menos, que nadie los conozca. Creemos que es una información relevante que el Tribunal de Cuentas debería trasladar a la ciudadanía, porque el único caso reciente, que también saltó a la prensa relacionado con este tema, es el de Alfonso Alonso y
Manuel Maroto en el Ayuntamiento de Vitoria, que al final fueron absueltos por el propio Tribunal de Cuentas y que supuestamente habían pagado 393 000 euros de más en un alquiler. Creemos que es una información que la ciudadanía tiene que conocer;
por qué hay tan pocos casos de enjuiciamiento contable y por qué algunos se trasladan con más diligencia que otros o, en el caso de que no sea así, la explicación conveniente del Tribunal de Cuentas.


Entrando en la moción que presenta, consideramos fundamental reformar la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas y todas las leyes que puedan tener relación con la actividad fiscalizadora de dicho tribunal. Tomaremos buena nota de la
moción que traslada porque creemos que hace falta una reforma del propio tribunal para facilitar su fiscalización, pero también para garantizar su independencia y facilitar el proceso de auditoría del sector público que realiza. Creemos, como
decía, que hay que modificar el propio sistema de elección del Tribunal de Cuentas para facilitar y asegurar la independencia del mismo y pueden contar con nuestro grupo parlamentario para trabajar en esta necesaria reforma de la Ley de
funcionamiento y también del resto de leyes que puedan facilitar una fiscalización del sector público adecuada.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


Quiero agradecer, de nuevo, la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas.


Con esta moción, el Tribunal de Cuentas pide colaboración al legislador en cuanto a facilitarle herramientas y perfeccionarle aquellas con las que cuenta en este momento para abordar de forma eficaz la función de fiscalización y control que
le corresponde. Sin ningún tipo de pero siempre va a contar el Tribunal de Cuentas con la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista, e incluso le animamos a que mociones de este tipo puedan venir con más prontitud -que no tengamos que esperar
prácticamente seis años para debatirlo y aprobarlo- para mejorar, en la medida en que considere el Tribunal de Cuentas, la legislación y los mecanismos adecuados para una fiscalización eficaz y completa. Por tanto, por nuestra parte colaboración
total y absoluta. ¿Qué le pedimos nosotros al Tribunal de Cuentas? Por una parte le pedimos que no haya un céntimo público que quede sin fiscalizar, es decir, que se fiscalice el universo total y absoluto de los recursos públicos en este país por
parte del tribunal y que nos dé garantías y confianza en que el dinero público se dedica a lo que se tiene que dedicar única y exclusivamente. Por otra parte, le pedimos que cualquier céntimo que se gaste de forma ilegal e indebida lo consigamos
recuperar. Es una función fundamental poder recuperar el dinero público que se gaste de forma indebida. Esto viene a colación de las referencias que se están haciendo. Yo no podría cuestionar jamás cualquier actuación que signifique poder
recuperar ese dinero público, sea del señor Mas o sea del señor 'menos'. Por eso animamos y estamos dispuestos a colaborar para que el Tribunal de Cuentas recupere todo céntimo que se gaste de forma indebida. Aplaudimos todas las actuaciones que
vayan en ese sentido para que consigamos hacer realidad ese segundo objetivo que proponemos; por una parte, control sobre todo el gasto público y, por otra parte, recuperar en su totalidad el dinero que se gaste de forma indebida.


Respecto a la propuesta que nos hace, es evidente que ha habido un avance en 2015, pero seguimos sin contar con la herramienta adecuada. El propio tribunal dice que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la propia Seguridad
Social se deben implicar en posibilitar los datos de determinadas entidades que no tienen por qué estar siendo fiscalizadas pero que han tenido algún tipo de relación con otras entidades objeto de fiscalización. Por otra parte, acceder a la Central
de información de riesgos, a la que todavía no puede acceder -sí ya a la del Banco de España-, de las entidades locales del Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos dispuestos a abordar en una futura reforma de la Ley de funcionamiento del Tribunal
de Cuentas, en la que estamos trabajando, esa posibilidad y ese requerimiento, y coincidimos en que es necesario el procedimiento ordinario que no está establecido en estos momentos; existe un procedimiento extraordinario para requerir el
cumplimiento de una información precisa para el tribunal, pero no existe el procedimiento ordinario ni existe tampoco la fuerza de un régimen sancionador adecuado a las nuevas circunstancias y a la nueva realidad.


Nos hacemos eco de todas y cada una de las sugerencias y propuestas que se integran en esta moción e, insisto, animamos al Tribunal de Cuentas a que siga aportando ideas y promoviendo cambios normativos para que la herramienta de la que
dispone el propio tribunal sea la idónea para controlar el dinero público y para recuperar el dinero público que se haya gastado de forma indebida.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Acedo.


La señora ACEDO REYES: Muchas gracias. Buenas tardes.


En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas que acuda a la Comisión mixta para informarnos de todos estos expedientes de fiscalización.


En relación con la intervención del diputado de Podemos, quiero decirle que el Tribunal de Cuentas publica un libro anual donde explica la actividad de enjuiciamiento y todos los casos de enjuiciamiento. Sería interesante que se lo leyesen
e informásemos nosotros a la ciudadanía y no llevarle la comunicación al Tribunal de Cuentas o pretenderlo.


Respecto a la moción que se presenta hoy aquí, el pleno del Tribunal de Cuentas, por unanimidad, nos plantea la posibilidad de llevar a cabo algunas modificaciones legislativas o algunas propuestas de medidas conducentes a un mayor control o
mejora de la gestión económica financiera del sector público. Como recoge la moción, la Constitución establece que el Tribunal de Cuentas es el órgano supremo de fiscalización de las cuentas y de la gestión pública económica del Estado, así como
del sector público.

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El deber de colaboración es, en cualquier caso, el presupuesto básico sobre el que se sustenta el ejercicio de su función fiscalizadora y de ahí viene derivada esa obligación tanto de las personas físicas como jurídicas, así como públicas y
privadas, de aportar cuanta información, documentación y datos sean necesarios para llevar a cabo la referida función fiscalizadora. Una función fiscalizadora que es permanente y, por tanto, ese deber de colaboración ha ser permanente. Esto viene
regulado ya en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y también en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, tal y como afirma el propio tribunal. Digo esto porque se ha comentado algo al respecto en varias intervenciones y el propio
tribunal en esta moción afirma que el deber de colaboración en la mayoría de los casos está plenamente cumplido, por tanto, que existe una real y efectiva colaboración por parte de todos los organismos y entidades, salvo excepciones. Esta moción,
ante posibles contradicciones, incongruencias o vacíos legales de nuestro ordenamiento jurídico respecto del ejercicio fiscalizador real y efectivo de esta función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, plantea algunas posibles modificaciones a las
que ya ha hecho referencia el presidente del tribunal aquí y que no voy a volver a repetir, pero sí me gustaría dejar claro en este sentido lo que el Grupo Parlamentario Popular considera. Desde que se aprobó en el año 2008, aunque definitivamente
se aprobó en el año 2011, el tribunal planteaba posibles modificaciones a este respecto para mejorar la función fiscalizadora del mismo.


El Grupo Parlamentario Popular y el Ejecutivo han desarrollado la mayor función legislativa para el mejor y mayor control económico financiero del Estado que nunca se había llevado a cabo. Consideramos que la labor fundamental del Tribunal
de Cuentas en el control económico y financiero de la actividad de las administraciones públicas y entidades dependientes ahora es real y efectiva, cumple perfectamente su objetivo, es fundamental este control en el Estado, pero el Grupo
Parlamentario Popular ha aprobado multitud de medidas dirigidas a que este control sea cada vez mayor. Por tanto, estamos completamente alineados con lo que marca esta moción. Además, hemos adoptado multitud de medidas encaminadas a la mejora de
los mecanismos de fiscalización y el control de las actividades de las administraciones públicas. También hemos aprobado la Ley de transparencia y buen Gobierno, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, así como
diferentes artículos introducidos en diferentes modificaciones legislativas que hemos llevado a cabo durante estos años en el Gobierno de España a través de las Cortes Generales, favoreciendo un mayor y mejor control de las administraciones
públicas, entidades dependientes y similares. Evidentemente tenemos que seguir trabajando en este sentido, como hasta ahora, pero salvaguardando también el derecho individual al honor, a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal,
así como el deber de secreto y confidencialidad de los funcionarios y de las administraciones públicas en el tratamiento y la utilización de dicha información y dichos datos. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular, haciendo compatible estos
derechos con el deber de colaboración, tan importantes unos como otros, está completamente comprometido a seguir trabajando en este sentido, poniendo en marcha esos medios y mecanismos necesarios para garantizar una Administración cada vez más
transparente y accesible al ciudadano.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar, tiene la palabra de nuevo del señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Sí, presidente, para dejar muy claro, y además desde el principio, que no son cuestiones que esté improvisando en la actualidad, sino que ya me manifesté en su momento
en el año 2012 y también en el año 2015, cuando se produjeron las reformas legislativas que afectaban al deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas, señalando los importantes pasos que se estaban dando e indicando además la labor del tribunal,
especialmente con la reforma de 2015 y su equiparación mediante esa reforma con las competencias que tenía la Intervención General de la Administración del Estado. Ustedes seguramente me habrán escuchado aquí en su día que no era razonable que la
Intervención General de la Administración del Estado tuviera una capacidad superior de requerir la colaboración de terceros mientras que en la legislación del tribunal se encontraba más limitada. La Ley del año 2015 acaba con esa situación y
equipara perfectamente al tribunal con las funciones de colaboración o con el derecho a poder solicitar y acceder a toda la información que el sector público pueda tener y también personas privadas en relación con la gestión del sector público. Con
esto quiero decir que el núcleo fundamental de esta moción verdaderamente está cumplido. Es un objetivo cumplido y fue un objetivo cumplido en 2012 y en 2015. También en el año 2012, y especialmente en el año 2015, se abrieron vías en la búsqueda
de soluciones para la falta señalada por

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el Tribunal de Cuentas de colaboración de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social. Bien es cierto que nosotros siempre manifestamos que la mejor manera de resolver este problema no era la vía de los convenios de colaboración, sino la
de la propia modificación legal y establecer en la Ley General Tributaria y en la Ley de la Seguridad Social lo mismo que se había aprobado para la normativa del Banco de España. Es decir, que en el caso de los procesos de fiscalización llevados a
cabo por el Tribunal de Cuentas, el acceso a la información tenía que ser pleno y total. Ese es el punto en el que posiblemente ahora nos encontramos y en el que ustedes podrían perfectamente plantear una muy buena aportación a la gestión del
Tribunal de Cuentas si se procediera a modificar esos artículos concretos de las leyes para dotar a esta institución de la plena capacidad fiscalizadora.


Por otra parte, el complemento necesario del deber de colaboración no es tanto un régimen sancionador. Sinceramente, nosotros no queremos un régimen sancionador, lo que sí creo que es necesario es un régimen de multas coercitivas, es decir,
conseguir que aquellas personas que no colaboran y que no prestan la colaboración con el Tribunal de Cuentas puedan ser multadas hasta que efectivamente cumplan con ese deber y restituyan la información que es necesaria para poder ejercer las
funciones del tribunal. Por tanto, consideramos que la actualización de las multas coercitivas y la clarificación del procedimiento para su exigencia es una necesidad que deberá abordarse en las futuras reformas. Vuelvo a insistir en ello porque
se ha utilizado esta oportunidad para sacar aquellos aspectos que señalan la diligencia del tribunal en unos casos frente a la falta de diligencia en otros. Quiero hacer la advertencia de que no se pueden comparar los procedimientos de
fiscalización con los procedimientos jurisdiccionales. Por otra parte, no se puede comparar, y no se debe comparar, lo que es la realización de una actuación previa de instrucción, es decir, que ni siquiera ha empezado el procedimiento
jurisdiccional, en el plazo de tiempo que se realiza, con el desarrollo de un proceso de fiscalización. No se puede hacer porque son cosas absolutamente diferentes.


También hay que dejar muy claro que el tribunal actúa y desarrolla su trabajo con rigor, con imparcialidad y con objetividad y que tratamos lo mismo unos casos que otros. Es decir, si el delegado instructor considera que debe aplicarse una
medida cautelar para la exigencia de depósito o aval de unas determinadas cantidades, se hace para unas personas y para otras, con independencia de que después, cuando finalice el procedimiento, lo hará de una manera o de otra en función del propio
desarrollo del proceso y no podemos anticipar cómo van a finalizar los que están en estos momentos iniciándose. Lo que está claro es que el tribunal actúa con rigor, con imparcialidad y objetividad y, por otra parte, que el tribunal no decide la
apertura de procedimientos jurisdiccionales. Se dice ¿por qué no hay más procedimientos jurisdiccionales para los sobrecostes, para los 40 000 euros del rescate bancario, para los sobrecostes del AVE o cualquier otro tipo de sobrecoste? Ustedes
saben perfectamente que la función del Tribunal de Cuentas es administrar esos procedimientos jurisdiccionales, pero tienen que iniciarlos los que están legitimados, es decir, la Administración perjudicada, la fiscalía, la Abogacía del Estado y
cualquier actor público que desee realizarlo. Ustedes se preguntan cómo es posible. Pues pregúntese ustedes por qué determinadas acciones públicas no se han realizado. Porque normalmente, cuando uno se enfrenta al ejercicio de una acción pública,
tiene que tener un soporte, como por ejemplo una sentencia de un tribunal superior de justicia de una determinada comunidad autónoma; un soporte lo suficientemente importante como para que el inicio de ese procedimiento jurisdiccional esté bien
encaminado.


Yo quiero hacer una necesaria defensa de la independencia del tribunal y de sus miembros; independencia que implica que el tribunal no cumple instrucciones, no recibe instrucciones y además, si las recibiera, no las aceptaría. Tanto es así
que en el ámbito jurisdiccional yo les puedo decir todo esto, pero no participo en absoluto en el desarrollo de la propia actividad jurisdiccional, porque ustedes deben saber que la Sección de Enjuiciamiento funciona autónomamente, establece sus
criterios como tribunal de justicia y ejerce su jurisdicción. Por tanto, ni el Pleno del tribunal ni cualquier órgano del tribunal que no sean los propios de la Sección de Enjuiciamiento tienen nada que decir en el desarrollo de sus funciones, pero
antes de poder criticar una determinada resolución léanse ustedes las actas de liquidación provisional y vean ustedes si esas actas están suficientemente justificadas o no; encuentren ustedes los fallos a esas actas de liquidación, si los tienen.
En todo caso, sepan ustedes que cualquier actuación jurisdiccional está sujeta a posibles recursos. Los recursos permiten a cualquier persona ejercerlos en las diferentes instancias y, en el caso de la jurisdicción contable del tribunal, también
por supuesto en casación ante el Tribunal Supremo. Por lo tanto, dejen trabajar a los tribunales de justicia y respeten su trabajo, porque lo merece.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.


Vamos a suspender por dos minutos la sesión para despedir al presidente del Tribunal de Cuentas, no sin antes darle las gracias por el importante esfuerzo que ha hecho una vez más para que de una vez por todas en esta Comisión se deje de oír
aquella frase de que llegan tarde los informes. (Pausa).


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


BLOQUE I: TRANSPORTE.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA IMPUTACIÓN POR LA ENTIDAD 'AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA' (AENA) A CADA UNO DE LOS AEROPUERTOS DE LOS INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD AEROPORTUARIA, EN LOS EJERCICIOS
2009 Y 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000002 y número de expediente del Senado 771/000001).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las propuestas de resolución. En primer lugar, informe de fiscalización de la imputación por la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea a cada uno de los aeropuertos de los ingresos,
gastos e inversiones correspondientes a la actividad aeroportuaria, ejercicios 2009 y 2010.


Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de propuestas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS EXISTENTES ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, EJERCICIOS 2011 Y 2012. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000054 y número de expediente del Senado 771/000053).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las relaciones económico-financieras existentes entre la entidad pública empresarial Renfe-Operadora y la Administración General del Estado, ejercicios 2011 y 2012.


Propuesta número 1 de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 2 del mismo grupo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta números 3 a 5 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


La propuesta número 6 del Grupo Parlamentario Popular ha sido retirada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES PATRIMONIALES Y DE CONSTITUCIÓN DE AENA-AEROPUERTOS, S.A. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000062 y número de expediente del Senado 771/000054).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las operaciones patrimoniales y de constitución de AENA-Aeropuertos, S.A.


Propuesta numero 1 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Resto de propuestas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 5 y 6 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 7 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES EFECTUADAS POR FEVE EN EL PERIODO 2005-2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000089 y número de expediente del Senado 771/000087).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las principales inversiones efectuadas por FEVE en el periodo 2005-2012.


Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. COMO MEDIO PROPIO Y SERVICIO TÉCNICO Y COMO EMPRESA ASOCIADA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN APLICABLE A LAS EMPRESAS ESTATALES (REAL
DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 Y LEY 31/2007). (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000100 y número de expediente del Senado 771/000100).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la actividad de ingeniería y economía del transporte, S.A., como medio propio y servicio técnico y como empresa asociada en el marco de la normativa de contratación aplicable a las empresas
estatales. Real Decreto Legislativo 3/2011 y Ley 31/2007.


Propuestas números 1 a 3 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. EN EL PERIODO 2012-2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000144 y número de expediente
del Senado 771/000142).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la actividad realizada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., período 2012 a 2014.


Propuesta número 1 del Grupo Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 2 del Grupo Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Resto de propuestas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 13; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


La número 9 del Grupo Parlamentario Popular ha sido retirada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS CELEBRADOS POR ADIF EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000197 y número de expediente
del Senado 771/000195).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los principales contratos celebrados por ADIF en la construcción de la línea de alta velocidad Barcelona-frontera francesa.


Propuesta número 1 del Grupo Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Resto de propuestas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuestas números 7 a 10 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 11 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


BLOQUE II: TRANVÍAS LOCALES.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL TRANVÍA DE PARLA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000140 y número de expediente del Senado 771/000139).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Parla.


Propuestas números 1 a 3 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuestas números 7, 9 y 11 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 5; en contra, 16; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de propuestas, las números 4, 5, 6, 8, 10 y 12, de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 13 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 27; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 14 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000189 y número de expediente del Senado 771/000187).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Zaragoza.


Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; en contra, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Propuestas 4 a 12 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 13; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 13 del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 27; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 14 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 27; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

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BLOQUE III: CRÉDITO Y SUBVENCIONES.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CREDITICIA DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) EN 2008. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000011 y número de expediente del Senado 771/000010).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del ICO correspondiente al año 2008.


Propuestas número 1 a 6 del Grupo Confederal Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 32; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuestas número 7 a 11, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor; 33.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.


Propuestas números 12 a 15 -puesto que la 16 ha sido retirada-, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A., EJERCICIO 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000022 y número de expediente del Senado 771/000023).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Compañía Española de Reafianzamiento S.A., ejercicio 2009. Propuestas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 3 y 4, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR Y SUS RELACIONES CON LAS OFICINAS COMERCIALES Y CON LAS DIRECCIONES REGIONALES Y TERRITORIALES, EJERCICIOS 2005 A 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000025 y número de expediente del Senado 771/000024).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Instituto de Comercio Exterior y sus relaciones con las oficinas comerciales y con las direcciones regionales y territoriales, ejercicios 2005 a 2009.


Propuestas números 1 a 4, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.


Grupo Socialista, propuestas número 5 a número 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.


Propuestas números 8, 9 y 10, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.


Propuesta número 11, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


La número 12 ha sido retirada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS ASEGURADOS POR CUENTA DEL ESTADO, EJERCICIO 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000027 y número de expediente del Senado 771/000026).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. en relación con la gestión de los riesgos asegurados por cuenta del Estado, ejercicio 2009.


Propuestas número 1 a número 5, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 6 a 11, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta número 12, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 27; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONJUNTO DE LA ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y EMPRESAS ESTATALES NO FINANCIERAS MEDIANTE LAS QUE SE CONCEDEN AYUDAS O SUBVENCIONES A LAS EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE LOS EJERCICIOS 2005-2011.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000032).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del conjunto de la actividad de las entidades públicas empresariales y empresas estatales no financieras mediante las que se concede ayudas o subvenciones a las empresas privadas durante los
ejercicios 2005 a 2011.

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Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 9 en contra, 17; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 2, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., EJERCICIOS 2012 Y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000099 y número de expediente del Senado 771/000101).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, Cofides, S.A., ejercicios 2012 y 2013.


Propuestas números 1 a 3, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,


33; a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 6, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS AYUDAS, SUBVENCIONES, AVALES, PRÉSTAMOS, CONTRATOS, CONVENIOS O CUALQUIER OTRA FÓRMULA DE APOYO ECONÓMICO, OTORGADAS POR PARTE DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A LA EMPRESA EPSILON EUSKADI, S.L. Y
A LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y AERODINÁMICA EPSILON EUSKADI, ASÍ COMO AL PROYECTO HIRIKO, LAS ASOCIACIONES AFYPAIDA Y DENOKINN, Y AL RESTO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL CITADO PROYECTO. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000120 y número de expediente del Senado 771/000122).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las ayudas, subvenciones, avales, préstamos, contratos, convenios o cualquier otra fórmula de apoyo económico, otorgadas por parte de las distintas administraciones públicas a la empresa
Epsilon Euskadi, S.L. y a la Asociación de Investigación Tecnológica y Aerodinámica Epsilon Euskadi, así como al proyecto Hiriko, las asociaciones Afypaida y Denokinn, y al resto de empresas relacionadas con el citado proyecto.


Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 56

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de propuestas del mismo grupo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.


Propuestas números 7 a 9, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad quedan aprobadas.


Propuestas números 10, 11 y 12, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.


Propuesta número 13, del mismo grupo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS COMPRENDIDOS EN LOS PROGRAMAS Y/O TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL RELACIONADAS CON EL APOYO A LA INTERNALIZACIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS REALIZADAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
O LAS ENTIDADES Y SOCIEDADES PÚBLICAS DEPENDIENTES DE ELLAS, Y LOS PROGRAMAS DE AYUDAS A LAS EMPRESAS VINCULADAS A DICHOS PROGRAMAS Y TRANSFERENCIAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000153 y número de expediente del Senado
771/000153).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los gastos comprendidos en los programas y/o transferencias corrientes y de capital relacionados con el apoyo a la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras realizados por
las comunidades autónomas o las entidades y sociedades públicas dependientes de ellas, y los programas de ayudas a las empresas vinculadas a dichos programas y transferencias.


Propuestas números 1 a 5, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 5; en contra, 17; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 6 a 11, del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 12, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 57

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 9; en contra, 18; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 13, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; en contra, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta número 14, del mismo grupo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.


Propuestas 15 a 17, del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 27; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LOS AVALES CONCEDIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, EJERCICIOS 2008-2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000175 y número de expediente del Senado
771/000175).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la gestión y control de los avales concedidos por la Administración General del Estado, ejercicios 2009 a 2013.


Propuestas número 1 a número 6, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 7 a 13, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 13; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 14 a 20, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 16; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Hay empate. El presidente no ha votado. (Risas). La propuesta se entiende desestimada según el voto ponderado; 283 y 265.


Propuesta número 21, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Página 58

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS AVALES, GARANTÍAS Y OTROS COMPROMISOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL VIGENTES DURANTE LOS EJERCICIOS 2012 A 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000196 y número de expediente del Senado 771/000194).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los avales, garantías y otros compromisos otorgados por las entidades del sector público empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014.


Propuestas números 1 a 3, del Grupo Confederal Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 18; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 4 a 7, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 8, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES Y DE SU FILIAL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S.A., EJERCICIO 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000031 y número de
expediente del Senado 771/000030).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Entidad Pública Empresarial Red.es y de su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A., ejercicio 2010.


Propuestas números 1 a 4, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas.


Propuesta números 5 a 7, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 8, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos; 33; votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Página 59

BLOQUE IV: FONDOS.


- NOTA SOBRE EL FONDO PARA ASEGURAMIENTO COLECTIVO DE LOS COOPERANTES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000087 y número de expediente del Senado 771/000086).


El señor PRESIDENTE: Nota sobre el Fondo para aseguramiento colectivo de los cooperantes.


Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuestas números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Hemos pedido votación separada.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Entonces votamos en primer lugar la propuesta número 2, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 11; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 3, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuestas números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta número 6, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000029 y número de expediente del Senado 771/000028).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Fondo de Adquisición de Activos Financieros.


Propuesta del Grupo Parlamentario Popular, única.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 27; en contra, 1; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Página 60

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, EJERCICIOS 2012 Y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000143 y número de expediente del Senado 771/000141).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Fondo para la Promoción y el Desarrollo, ejercicios 2012 y 2013.


Propuestas números 1 a 3, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas números 4, 5 y 6, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta número 7, del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 8, del mismo grupo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta número 9, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Propuestas números 10 y 11, del mismo grupo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Popular, se han retirado las propuestas 14 y 17; por lo tanto, se votarán la 12, la 13, la 15 y la 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.