CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 47

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA

Sesión núm. 10

celebrada el lunes,

26 de junio de 2017

en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:


Bloque I. Transporte:


- Informe de fiscalización de la imputación por la entidad 'Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea' (AENA) a cada uno de los aeropuertos de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a la Actividad Aeroportuaria, en los ejercicios
2009 y 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000002 y número de expediente del Senado 771/000001) ... (Página5)


- Informe de fiscalización de las relaciones económico-financieras existentes entre la entidad pública empresarial Renfe Operadora y la Administración General del Estado, ejercicios 2011 y 2012. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000054 y número de expediente del Senado 771/000053) ... (Página5)


- Informe de fiscalización de las operaciones patrimoniales y de constitución de Aena Aeropuertos, S.A. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000062 y número de expediente del Senado 771/000054) ... href='#(Página5)'>(Página5)


- Informe de fiscalización de las principales inversiones efectuadas por FEVE en el periodo 2005-2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000089 y número de expediente del Senado 771/000087) ... href='#(Página5)'>(Página5)

Página 2

- Informe de fiscalización de la actividad de ingeniería y economía del transporte, S.A. como medio propio y servicio técnico y como empresa asociada en el marco de la normativa de contratación aplicable a las empresas estatales (Real
Decreto Legislativo 3/2011 y Ley 31/2007). (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000100 y número de expediente del Senado 771/000100) ... (Página5)


- Informe de fiscalización de la actividad realizada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. en el periodo 2012-2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000144 y número de expediente
del Senado 771/000142) ... (Página6)


- Informe de fiscalización de los principales contratos celebrados por ADIF en la construcción de la línea de alta velocidad Barcelona-frontera francesa. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000197 y número de expediente
del Senado 771/000195) ... (Página6)


Bloque II. Tranvías locales:


- Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Parla. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000140 y número de expediente del Senado 771/000139) ... (Página12)


- Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Zaragoza. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000189 y número de expediente del Senado 771/000187) ... href='#(Página12)'>(Página12)


Bloque III. Crédito y subvenciones:


- Informe de fiscalización de la actividad crediticia del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2008. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000011 y número de expediente del Senado 771/000010) ... href='#(Página18)'>(Página18)


- Informe de fiscalización de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. ejercicio 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000022 y número de expediente del Senado 771/000023) ... href='#(Página18)'>(Página18)


- Informe de fiscalización del Instituto de Comercio Exterior y sus relaciones con las oficinas comerciales y con las direcciones regionales y territoriales, ejercicios 2005 a 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000025 y número de expediente del Senado 771/000024) ... (Página18)


- Informe de fiscalización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. en relación con la gestión de los riesgos asegurados por cuenta del Estado, ejercicio 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000027 y número de expediente del Senado 771/000026) ... (Página18)


- Informe de fiscalización del conjunto de la actividad de las entidades públicas empresariales y empresas estatales no financieras mediante las que se conceden ayudas o subvenciones a las empresas privadas, durante los ejercicios 2005-2011.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000032) ... (Página18)


- Informe de fiscalización de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., ejercicios 2012 y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000099 y número de expediente del Senado 771/000101) ... href='#(Página18)'>(Página18)

Página 3

- Informe de fiscalización de las ayudas, subvenciones, avales, préstamos, contratos, convenios o cualquier otra fórmula de apoyo económico, otorgadas por parte de las distintas administraciones públicas a la empresa Epsilon Euskadi, S.L. y
a la Asociación de Investigación Tecnológica y Aerodinámica Epsilon Euskadi, así como al proyecto Hiriko, las asociaciones Afypaida y Denokinn, y al resto de empresas relacionadas con el citado proyecto. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000120 y número de expediente del Senado 771/000122) ... (Página18)


- Informe de fiscalización de los gastos comprendidos en los programas y/o transferencias corrientes y de capital relacionadas con el apoyo a la internalización y atracción de inversiones extranjeras realizadas por las comunidades autónomas
o las entidades y sociedades públicas dependientes de ellas, y los programas de ayudas a las empresas vinculadas a dichos programas y transferencias. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000153 y número de expediente del Senado
771/000153) ... (Página19)


- Informe de fiscalización de la gestión y el control de los avales concedidos por la Administración General del Estado, ejercicios 2008-2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000175 y número de expediente del Senado
771/000175) ... (Página19)


- Informe de fiscalización de los avales, garantías y otros compromisos otorgados por las entidades del sector público empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000196 y número de expediente del Senado 771/000194) ... (Página19)


- Informe de fiscalización de la entidad pública empresarial Red.es y de su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A., ejercicio 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000031 y número de
expediente del Senado 771/000030) ... (Página19)


Bloque IV. Fondos:


- Nota sobre el Fondo para Aseguramiento Colectivo de los Cooperantes. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000087 y número de expediente del Senado 771/000086) ... (Página28)


- Informe de fiscalización del Fondo de Adquisición de Activos Financieros. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000029 y número de expediente del Senado 771/000028) ... (Página29)


- Informe de fiscalización del Fondo para la Promoción del Desarrollo, ejercicios 2012 y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000143 y número de expediente del Senado 771/000141) ... href='#(Página29)'>(Página29)


Debate y votación de las propuestas de resolución:


Bloque I. Electoral a Cortes Generales:


- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000164 y número de expediente del Senado 771/000167) ... href='#(Página34)'>(Página34)


- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000195 y número de expediente del Senado 771/000193) ... href='#(Página34)'>(Página34)

Página 4

Bloque II. Local:


- Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Ayuntamiento de Albacete. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000088) ... (Página36)


- Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Ayuntamiento de Badajoz. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000103 y número de expediente del Senado 771/000102) ... (Página36)


- Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Ayuntamiento de Santander. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000118 y número de expediente del Senado 771/000114) ... (Página36)


- Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 5.000 y 100.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000168 y número de expediente del Senado 771/000166) ... (Página37)


- Informe de fiscalización sobre los gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000149 y número de expediente del Senado 771/000149) ...
(Página37)


- Informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, periodo 2013-2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000163 y número de
expediente del Senado 771/000162) ... (Página38)


Bloque III. General local:


- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000142 y número de expediente del Senado 771/000140) ... (Página38)


Bloque IV. Fundaciones:


- Informe de fiscalización de la ejecución de los acuerdos tomados por el Consejo de Ministros en lo que se refiere a la reestructuración del sector público en el ámbito de las fundaciones desde el 3 de junio de 2011. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000135 y número de expediente del Senado 771/000131) ... (Página39)


- Informe de fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000185 y número de expediente del Senado 771/000183) ... href='#(Página40)'>(Página40)


- Informe de fiscalización de la Fundación Biodiversidad, ejercicios 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000154 y número de expediente del Senado 771/000154) ... (Página40)


- Informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000091) ... (Página40)

Página 5

- Informe de fiscalización de la gestión del patrimonio inmobiliario utilizado por las fundaciones del sector público estatal en la realización de su actividad, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000201 y número de expediente del Senado 771/000199) ... (Página40)


Bloque V. Electoral autonómico:


- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a la Asamblea de Extremadura de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000106 y número de expediente del Senado 771/000105) ... href='#(Página41)'>(Página41)


- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento de Cantabria de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000107 y número de expediente del Senado 771/000107) ... href='#(Página41)'>(Página41)


- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000108 y número de expediente del Senado 771/000106) ... href='#(Página41)'>(Página41)


- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento de La Rioja de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000109 y número de expediente del Senado 771/000108) ... href='#(Página41)'>(Página41)


- Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000113 y número de expediente del Senado 771/000113) ... href='#(Página41)'>(Página41)


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:


BLOQUE I. TRANSPORTE:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA IMPUTACIÓN POR LA ENTIDAD 'AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA' (AENA) A CADA UNO DE LOS AEROPUERTOS DE LOS INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES CORRESPONDIENTES A LA ACTIVIDAD AEROPORTUARIA, EN LOS EJERCICIOS
2009 Y 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000002 y número de expediente del Senado 771/000001).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS EXISTENTES ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE OPERADORA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, EJERCICIOS 2011 Y 2012. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000054 y número de expediente del Senado 771/000053).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES PATRIMONIALES Y DE CONSTITUCIÓN DE AENA AEROPUERTOS, S.A. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000062 y número de expediente del Senado 771/000054).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES EFECTUADAS POR FEVE EN EL PERIODO 2005-2012. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000089 y número de expediente del Senado 771/000087).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. COMO MEDIO PROPIO Y SERVICIO TÉCNICO Y COMO EMPRESA ASOCIADA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN APLICABLE A LAS EMPRESAS ESTATALES (REAL
DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 Y LEY 31/2007). (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000100 y número de expediente del Senado 771/000100).

Página 6

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. EN EL PERIODO 2012-2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000144 y número de expediente
del Senado 771/000142).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS CELEBRADOS POR ADIF EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000197 y número de expediente
del Senado 771/000195).


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.


Vamos a comenzar esta Comisión dando la bienvenida al señor Álvarez de Miranda.


Debatimos el primer bloque del orden día, que corresponde a informe de fiscalización de la imputación por la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, a cada uno de los aeropuertos de los ingresos, gastos e inversiones
correspondientes a la actividad aeroportuaria, en los ejercicios 2009 y 2010; informe de fiscalización de las relaciones económica-financieras existentes entre la entidad pública empresarial Renfe-Operadora y la Administración General del Estado,
ejercicios 2011 y 2012; informe de fiscalización de las operaciones patrimoniales y de constitución de AENA-Aeropuertos; informe de fiscalización de las principales inversiones efectuadas por FEVE en el periodo 2005-2012; informe de fiscalización
de la actividad de ingeniería y economía del transporte, S.A., como medio propio y servicio técnico y como empresa asociada en el marco de la normativa de contratación aplicable a las empresas estatales; informe de fiscalización de la actividad
realizada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre en el periodo 2012-2014; informe de fiscalización de los principales contratos celebrados por ADIF en la construcción de la línea de alta velocidad Barcelona-frontera
francesa.


Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.


Respecto al transporte aéreo y la actividad aeroportuaria, se incluyen dos informes referidos a la entidad pública empresarial AENA, actualmente Enaire, y a su filial AENA Aeropuertos, S.A. En el caso de AENA, el importe neto de su cifra de
negocios en los ejercicios 2009 y 2010 ascendió a 2868 y 2951 millones de euros respectivamente. Su actividad en materia de inversiones fue muy relevante, correspondiendo los principales proyectos ejecutados a distintas fases de la ampliación de
los aeropuertos de Málaga, Barcelona y Alicante y a expropiaciones, obras de mantenimiento y mejora e inversiones tecnológicas, en el de Madrid-Barajas.


Únicamente nueve aeropuertos en 2009 y once en 2010 obtuvieron beneficios. En general, los aeropuertos con beneficios fueron los que, teniendo un elevado volumen de actividad, no habían acometido procesos de ampliación o mejora, por lo que
sus costes de amortización y financieros no fueron muy relevantes. En cambio, los aeropuertos con peores resultados fueron los de Madrid-Barajas y Barcelona, debido a los elevados costes de esta índole. En la mayoría del resto de aeropuertos con
pérdidas, el déficit ha venido ocasionado por su escasa capacidad de generar ingresos, como consecuencia de su reducido volumen de actividad.


Respecto a las operaciones patrimoniales y de constitución de AENA-Aeropuertos, S.A., su entidad matriz, AENA, efectuó una aportación no dineraria consistente en el traspaso de todos los activos y pasivos relacionados con la gestión
aeroportuaria. Tanto los bienes de dominio público de los recintos aeroportuarios adscritos a AENA, como otros derechos sobre bienes inmuebles no adscritos, pasaron a ser propiedad de AENA-Aeropuertos. Esta última no disponía de un inventario de
las fincas de sus recintos aeroportuarios. No obstante, al cierre de 2013 figuraba como titular registral del 84 % de la superficie de tales recintos, con base jurídica suficiente para acreditar frente a terceros la titularidad de sus derechos
sobre los terrenos. La implantación del nuevo modelo de gestión aeroportuaria en el ámbito organizativo interno se llevó a cabo de manera paulatina, lo que implica que no se ha producido inmediatamente una separación completa en la gestión de AENA
y AENA-Aeropuertos.


Por lo que se refiere al transporte por ferrocarril, las relaciones entre la entidad pública empresarial, Renfe-Operadora y la Administración General del Estado, se articularon a través del contrato-programa 2006-2010 y del convenio
2011-2012. Las cuentas presentaban unos resultados de gestión con notables desviaciones respecto a los resultados previstos en el contrato-programa. En concreto, destaca

Página 7

la evolución del área alta velocidad a larga distancia, que alcanzó resultados positivos en 2009, un año antes de lo previsto, en contraposición al resto de áreas de actividad, que presentaron una evolución negativa. Renfe-Operadora no
respetó el compromiso de contener los gastos de personal, según lo previsto en el contrato-programa, vulnerando además la normativa presupuestaria aplicable. En el periodo 2005-2010, la entidad implantó un ERE al que se acogieron 2000 empleados,
límite máximo autorizado. Entre ellos, figuraban 24 trabajadores que habían reingresado procedentes de diversas situaciones, lo que supone un incumplimiento de lo acordado en el plan social, que los excluía expresamente del ERE. Respecto a FEVE,
cuya extinción se produjo a finales de 2012, se aprobaron sendos planes estratégicos, 2005-2009 y 2009-2012, con una inversión total prevista de 909 millones de euros.


En relación con la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos relativos a las inversiones realizadas, se observan numerosas deficiencias e irregularidades en los contratos de obra, por paralizaciones, facturación irregular y
resolución de contratos, así como en los de adquisición de tranvías y material de repuesto. También se advirtieron deficiencias en dos contratos de adquisición de trenes de tracción diesel, por un importe total de adjudicación de 68 millones de
euros; en el contrato para la construcción de un centro de formación de FEVE en Oviedo, cuyas obras no llegaron a iniciarse, y en la compra de un local de oficinas en Oviedo y de dos edificios en León, por precios superiores a los de mercado.


En relación con los principales contratos celebrados por ADIF en la construcción de la línea de alta velocidad Barcelona-frontera francesa, se adjudicaron un total de 323 contratos por 3186 millones de euros, si bien en la actualidad existen
actuaciones pendientes de concluir, e incluso paralizadas, fundamentalmente en la estación de La Sagrera, que también han sido fiscalizadas. Los precios previstos en la adjudicación experimentaron una desviación global del 18 %, debido a las
modificaciones y a las revisiones de precios, certificaciones y liquidaciones adicionales, lo que originó un coste final de 3760 millones de euros y un precio medio de 28,7 millones por kilómetro construido. Las bajas ofertadas en los contratos de
obras eran muy elevadas; sin embargo, en el 49 % de los contratos analizados se aprobaron modificados, lo que supuso un incremento del precio del 11,6 %. En las obras del entorno de la estación de La Sagrera se detectaron importantes diferencias
entre las obras realmente ejecutadas y las certificadas y abonadas, por importe de 117 millones de euros.


Por lo que se refiere a la actividad de Ingeniería y Economía del Transporte, Ineco, como medio propio y servicio técnico y como empresa asociada, su volumen de negocios procedía en su práctica totalidad de las entidades a las que servía
como tal. Cuando actuaba como empresa asociada, acordaba las tarifas con las entidades contrastantes mediante acuerdos marco que, por lo general, coincidían con las aprobadas por el Ministerio de Fomento para la actuación como medio propio, salvo
en el caso de AENA y AENA-Aeropuertos, S.A., en las que no existía esta convergencia.


Finalmente, La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre tuvo una actividad muy reducida, sin aumento significativo de nuevas infraestructuras y sin haber generado mayor aportación de financiación privada. En el caso de
unas obras que se realizaron antes de la firma del contrato, fue necesario proceder a la convalidación del gasto, por un importe de 6,6 millones de euros.


Con esto he terminado, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Respecto al informe de AENA, el primero sobre la actividad aeroportuaria 2009-2010, simplemente quiero señalar que haría falta un informe de auditoría de gestión más pormenorizado para saber si las inversiones realizadas durante los años
fiscalizados, 2009-2010, que es un periodo bastante pretérito, produjeron la rentabilidad esperada, tanto económica, como social y medioambiental. Me gustaría saber si las cuestiones que señala el Tribunal de Cuentas en sus recomendaciones y en las
conclusiones han sido subsanadas o si se siguen produciendo desde entonces, ya que, como digo, son informes de hace bastantes años.


Respecto al informe de la constitución de AENA-Aeropuertos, que es el momento de la privatización de AENA, simplemente señalaré que esa privatización supuso un empeoramiento de las condiciones de gestión de servicios, sobre todo de las
condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras. Creemos que

Página 8

haría falta un informe que profundizara un poco más en la deuda acumulada por AENA durante esos años, que fue en teoría, según salió en su momento en diversas noticias en prensa, el motivo de la privatización.


En cuanto a los informes sobre FEVE, quisiéramos saber si con la integración de FEVE en ADIF y Renfe se han subsanado también los problemas, según las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, y se han empezado a aplicar las
recomendaciones. Creemos que el proceso de empeoramiento del servicio de FEVE, que ya se venía produciendo cuando era una entidad propia, no ha parado desde la integración en Renfe-Operadora y en ADIF. Queremos saber si se han solucionado los
problemas que ha señalado el Tribunal de Cuentas desde la integración.


Respecto a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, el Tribunal de Cuentas directamente recomienda la extinción de esta entidad. Se trata de un informe que hace alusión a los años 2012-2014. Queremos saber si el
Tribunal de Cuentas ha tenido la oportunidad de realizar fiscalizaciones posteriores o están en marcha y si algunas de la deficiencias detectadas en su momento han sido subsanadas, por ejemplo, el elevado gasto en dietas que se producía en las
reuniones del consejo de administración o la no inclusión de mujeres en el mismo, incluso entre los altos cargos de esta sociedad.


Esperamos que el presidente pueda responder a algunas de nuestras dudas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Del bloque de siete expedientes que hay en este primer punto del orden del día, en relación con el transporte, me gustaría destacar la complejidad de los mismos, el alto volumen de inversiones que significa y el periodo de años que cubren
algunos de ellos, en los que se hace todo el seguimiento desde el inicio hasta la puesta en marcha o el funcionamiento de las diferentes infraestructuras.


Dada la complejidad del tema y el poco tiempo del que disponemos, así como que tanto el presidente del Tribunal de Cuentas como el diputado que me ha precedido han hecho algunas observaciones, me centraré en aquellos expedientes en los que
se marcan salvedades o irregularidades tanto por el ministerio fiscal como por la Abogacía del Estado, en el sentido de lo que puede ser más llamativo desde el punto de vista del control parlamentario. Me ceñiré a los expedientes de
Renfe-Operadora, a las inversiones efectuadas por FEVE, a los contratos celebrados por ADIF en la construcción de la alta velocidad de Barcelona, y al expediente de Seittsa, porque aunque no tiene ninguna salvedad o irregularidad detectada llaman la
atención algunos parámetros de gestión.


En el caso de las relaciones entre Renfe-Operadora y la Administración General del Estado, que cubre un periodo que va desde 2006 hasta 2012, lo que pone de manifiesto este expediente, desde el punto de vista del control que tenemos la
responsabilidad de efectuar, es el cambio de modelo, la modernización de toda la gestión, tanto en Renfe como en la aeroportuaria, de manera que incluso se da un contrato-programa de 2006-2010 y un convenio con unas características diferentes
2011-2012.


En cuanto a las salvedades que ha citado el presidente del Tribunal de Cuentas, tengo que decir que hubiera sido deseable que el ERE que se realizó hubiera sido perfecto, pero consideramos que se trata de veinticuatro trabajadores de los dos
mil afectados durante un extenso periodo de años. El nivel de endeudamiento se sobrepasó como consecuencia de las restricciones presupuestarias del Gobierno, en el momento álgido de la crisis, obligando al operador a recurrir a los mercados de
crédito privado. En sentido positivo destaca el elevado grado de ejecución en el área de inversiones. La fiscalización realmente afecta a 5349 millones de euros, que fue el 92,7 % de lo previsto. En medio de estas dificultades de gestión y de las
salvedades que se puedan encontrar, creemos que la noticia positiva es el alto grado de ejecución en las inversiones que se habían previsto para ese periodo, repito, a pesar de las dificultades económicas. Da buena cuenta de la complejidad de la
gestión el hecho de que a partir de 2012 se estableció la reestructuración de Renfe-Operadora mediante la creación de las cuatro sociedades mercantiles. Mi grupo valora muy positivamente las tres grandes recomendaciones que hace el Tribunal de
Cuentas: la duración de los contratos-programa para sucesivas fiscalizaciones, la implantación de un sistema de contabilidad analítica, y las directrices para los patrocinios, que parece que muchas veces se controlan, pero no quedan documentalmente
registradas las contraprestaciones que deben quedar muy claras, sobre todo tratándose de administraciones públicas.


El expediente de las inversiones de FEVE es muy llamativo por el número de incidencias e irregularidades, pero me gustaría que me aclarara si efectivamente todas las diligencias que se instruyeron

Página 9

han sido archivadas. Hay ocho ejercicios fiscalizados para inversiones por 758 millones de euros, con un porcentaje de ejecución del 89 %. Llama la atención porque afecta a las ciudades de León, de Oviedo y de Avilés, también en diferentes
momentos con la Administración del Estado gobernada por diferentes partidos políticos. Por tanto, aquí no vamos a sacar los colores a los partidos políticos, sino a intentar valorar a través de estas fiscalizaciones cómo se puede mejorar la gestión
de las infraestructuras que tienen periodos de maduración muy largos, con procesos de adjudicación complejos, sobre todo con ese proceso de modernización que ha hecho que se desgajen los sistemas a través de diferentes tipos de entidades, y con
diferentes modelos de gestión a través de convenios o de contratos-programa. Con todo ese conjunto, nos gustaría acertar muy bien en las recomendaciones, tanto valorando las que ustedes realizan como las que nosotros podamos aportar, porque aquí se
ven algunas incidencias, desde el tema de la sobrevaloración de las tasaciones que se hicieron, al hecho de haber realizado cinco contrataciones que luego el Ministerio de Fomento tiró para atrás. Nos preocupa que se formalizaran cinco contratos
que luego fueron declarados nulos por el Ministerio de Fomento en septiembre de 2013, pero es que en mayo de 2015 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional lo anuló y ahora quedan pendientes 43 millones de euros en daños y
perjuicios al contratista, por lo que vemos muy positiva la tesis que ustedes apoyan de acudir a la vía jurisdiccional e intentar resolverlo.


Voy concluyendo, porque el número de expedientes es intenso. En el caso de Seittsa, me gustaría hacer una reflexión en torno a los gastos del consejo de administración. En esta etapa de Gobierno, en el Plan de modernización y
racionalización de las administraciones públicas, la vicepresidenta del Gobierno ha hecho mucho énfasis en el control de los gastos públicos. Llama la atención que en una empresa que el propio Tribunal de Cuentas cuestiona la necesidad de que siga
operando, dada la baja actividad y el desequilibrio que hay entre los miembros del consejo de administración y los propios trabajadores -prácticamente hay más consejeros que trabajadores, exagerando, pero muy poco, ya que son doce consejeros y
veintidós trabajadores- haya unas dietas de 123 000 euros al año, que dividido entre doce miembros da 10 250 euros de refuerzo salarial para los miembros del consejo de administración, cuando son todos personal de la Administración pública. Creo
que esta es una cuestión a replantear en los tiempos actuales, en primer lugar, porque está cuestionada la propia efectividad de la empresa y, en segundo lugar, por esta prima por participación. He entrado en la propia memoria de Seittsa y dice que
los consejeros acudían por responsabilidad al comité de auditoría y control -entiendo que tienen dietas aparte- y que el nivel de asistencia era del cien por cien. Eso no lo veo tanto como una muestra de responsabilidad como del incentivo que
recibían.


Por último, nos preocupa el informe de fiscalización de ADIF construcción de la línea de alta velocidad Barcelona-frontera francesa porque las irregularidades afectan a todos los ámbitos: contratos de obras, de servicios, de suministros,
etcétera. Creemos que de las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas dos son especialmente significativas: la importancia de la asistencia técnica para el control de obras y el hecho de que haya un responsable por parte del órgano de
contratación que supervise la actuación del director de obras, no por menoscabo o desconfianza, sino por lo que ustedes comentan de posibilidad de captura, dado el alto nivel de irregularidades que se han detectado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Acedo Reyes.


La señora ACEDO REYES: Muchas gracias.


En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas que haya acudido a dar cuenta de los diferentes expedientes. (El señor vicepresidente, Priego Chacón, ocupa la Presidencia). Como han comentado los portavoces que me
han precedido, teniendo en cuenta el grueso de los expedientes que vamos a tratar, intentaré hacer una breve reseña sobre cada uno de los informes de fiscalización que presenta el Tribunal de Cuentas y de algunas de las cuestiones que ha afirmado su
presidente.


Respecto al informe de fiscalización de AENA 2009-2010, se pone de manifiesto que haya una importante actividad inversora, muy elevada en ambos ejercicios, con operaciones de endeudamiento a largo plazo, y desde el año 2009 está totalmente
operativa la aplicación informática para la elaboración de cuentas, que creo que es algo muy positivo. En cuanto a las pérdidas globales, el resultado bruto de explotación fue positivo, pero sin el peso de la amortización y la deuda con las
entidades de crédito por las ampliaciones hubiese obtenido un beneficio en mayor número de aeropuertos, que solo han sido

Página 10

nueve en 2009 y once en 2010. Por tanto, hay una relación directa entre el nivel de beneficios y el tráfico de operaciones, lo que pone de manifiesto que sería interesante que en la toma de decisiones estratégicas y la planificación de las
diferentes inversiones se primaran aquellas con un mayor beneficio entre coste y rentabilidad.


Respecto al expediente relativo a las relaciones económico-financieras entre Renfe-Operadora y la Administración General del Estado, hay que decir que Renfe-Operadora fue creada en el año 2005 sustituyendo a Renfe. Aquí quiero destacar tres
cuestiones fundamentales. En primer lugar, que se producen desviaciones al alza por encima del 20 % en ambos ejercicios en cuanto al endeudamiento, teniendo que acudir a los mercados de crédito privado. En segundo lugar, que se producen
incumplimientos en la contención del gasto de personal, así como en el ERE que se produjo, pero, como ha dicho la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, en un marco de dos mil trabajadores veinticuatro no es especialmente
significativo, aunque está bien que se reseñe. En tercer lugar, hay importantes retrasos en la presentación y aprobación de las liquidaciones anuales respecto de la financiación de la Administración General del Estado, y esto creo que es importante
destacarlo.


En cuanto a los contratos que existen, que marcan un poco el devenir de las relaciones, es interesante el planteamiento que hace el Tribunal de Cuentas de que contemple tres ejercicios porque permitiría una mejor organización y ejecución
presupuestaria sin importantes desviaciones, así como la necesidad de establecer una contabilidad analítica que permita determinar objetivamente la totalidad de los costes e ingresos para una mejor toma de decisiones en los distintos aspectos
relativos a la gestión, con manual de procedimientos contables y administrativos.


Por último, con respecto a la responsabilidad social empresarial, serían interesantes los mecanismos de funcionamiento y control que permitan saber qué, cómo y para la consecución de qué objetivos se llevan a cabo los diferentes patrocinios.


Sobre las operaciones patrimoniales, quiero destacar la creación de una nueva sociedad, en la misma línea que marca el propio Tribunal de Cuentas de caminar hacia una mayor colaboración entre las entidades del sector público estatal y local,
así como los registros con AENA-Aeropuertos, S.A. en cuanto a la agilización de los procesos de inscripción de las fincas de las que son titulares. Respecto del inventario, que se mantenga actualizado para poder ser más efectivo en la toma de
decisiones y tener una mayor y mejor información.


En cuanto a la actividad de FEVE, de 2005 a 2012 es un periodo muy amplio. En el año 2012 se produce su extinción y asumen su actividad ADIF y Renfe-Operadora. Hay que destacar que es necesaria una mayor coordinación entre ADIF y
Renfe-Operadora, en tanto en cuanto asumen la actividad propia de FEVE, de cara a las nuevas actuaciones y explotaciones. También hay que adaptar su inventario a los activos correspondientes a FEVE tras su supresión, puesto que si no, no tenemos
una imagen real de lo que existe, y tender a eliminar, liquidar o resolver los contratos o convenios derivados de la antigua o de la extinta FEVE, para evitar las múltiples incidencias que se están produciendo, mediante una importante negociación
entre las partes.


Respecto a las actividades de ingeniería y economía del transporte, como marca el Tribunal de Cuentas, Ineco cumple con los requisitos para actuar como empresa asociada por el volumen de negocio en el año 2014, porque aunque se produjo una
bajada sigue cumpliendo con los requisitos que exige la normativa aplicable, y también como medio propio, tanto según el criterio del tribunal como de la propia directiva, que consideran la parte esencial del 80 % en función de las diferentes
variables de referencia. En cualquier caso, no se produciría un incumplimiento legal en 2013 y 2014, pero tomando como referencia los tres ejercicios anteriores sí. Por tanto, está dentro de lo que marca la normativa al respecto. El Grupo
Parlamentario Popular destacaría el establecimiento de mecanismos para implantar herramientas colaborativas entre Ineco y las entidades que sirven como medio propio y como empresa asociada, ya que permitiría un control mayor.


En la contabilidad de la sociedad sería interesante aportar información separada de cuándo actúa como medio propio...


El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Señora Acedo, tiene que ir concluyendo.


La señora ACEDO REYES: Disculpe, señor presidente.


... o como empresa asociada, así como la posibilidad de incluir el 40 % que se establece como límite general a la subcontratación como norma de rango legal o en los propios estatutos para que exista una mayor garantía de estabilidad.

Página 11

Como tengo que terminar, sobre el resto de expedientes comentaré la complejidad de la actividad en cuanto al tráfico de mercancías, de personas y el gran volumen de inversión hacen que se haga muy complicado todos estos expedientes. Creo
que en términos generales se ha hecho una gestión correcta, respetando la línea que marca el propio tribunal en sus recomendaciones para mejorar la gestión de las propias sociedades a las que hemos hecho referencia.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señora Acedo.


Para responder a los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.


De las recomendaciones que formula el tribunal resaltaré precisamente aquellas que hacen referencia a las propuestas de medidas que vayan a que en la planificación de este tipo de inversiones a realizar en ejercicios futuros se primen los
proyectos con mayores perspectivas de rentabilidad coste-beneficio, tanto en términos económicos como de servicio público. Esa es una de las cuestiones que planea sobre todos los expedientes que hoy se están viendo.


Me pregunta el señor González si de cada uno de los informes que se han presentado en el día de hoy existe información adicional que permita comprobar si han sido subsanados y cuál ha sido la evolución de AENA y AENA-Aeropuertos, la propia
gestión de FEVE y de la Sociedad de Infraestructuras del Transporte. Tengo que informar de que en el programa de fiscalización existe en la actualidad una fiscalización prevista sobre las sociedades públicas de integración del ferrocarril
participadas por ADIF-Alta Velocidad, y eso es lo que en nuestro programa permite hacer no solo un seguimiento, sino también otras actuaciones adicionales a las que se han presentado. Por supuesto, en el programa de fiscalizaciones del Tribunal de
Cuentas para el ejercicio siguiente está abierta la posibilidad de cualquier propuesta que vaya en este sentido, porque es indudable que las sociedades del transporte mueven una gran parte de recursos económicos y tienen alta incidencia tanto en
términos económicos como de servicio público.


En relación con la Sociedad de Infraestructuras del Transporte, ya que por parte de diferentes intervinientes se ha hecho una reflexión o se ha sacado a colación que el Tribunal de Cuentas propone su disolución, hay que advertir que no es
así, que no es directamente una propuesta de disolución. Lo que se está planteando es que, dada la limitada relevancia que la actividad y los costes que genera, se adopten medidas para optimizar los recursos asignados, y, si ello no es posible, se
proceda a su disolución; pero no hay que olvidar la posibilidad de que, efectivamente, esas medidas de optimización de los recursos puedan tener su cabida en la vida de esta sociedad.


En relación con las cuestiones que me plantea la señora Botella, y, en concreto, las responsabilidades que se derivan de estos informes, efectivamente, como ha sugerido con respecto a la Sección Enjuiciamiento del Tribunal, he de indicar que
se han abierto diligencias en relación con los informes correspondientes a las entidades Renfe-Operadora, FEVE y ADIF y que la mayoría de ellas han sido archivadas en distintas fases del procedimiento por inexistencia de responsabilidad, excepto las
relativas a la construcción de un centro de formación de FEVE y a las obras de construcción de la línea de alta velocidad Barcelona-frontera francesa, que actualmente se encuentran en tramitación y quizás son las más importantes de las que puedo
haberles presentado en el día de hoy.


Por su parte, el Ministerio Fiscal formuló peticiones de responsabilidad penal derivadas del contenido de los informes correspondientes a FEVE por presunta prevaricación y falsedad en documento mercantil y a ADIF por presunta falsedad
documental. Con respecto a este último informe, se siguen actuaciones penales en diversos juzgados de instrucción de Barcelona por presuntos delitos de malversación de fondos, cohecho y falsedad documental. Por lo que se refiere al resto de los
informes, la fiscalía no ha formulado petición de responsabilidad distinta a la de contable por no apreciar indicios de ningún tipo de responsabilidad en ellos.


En relación con otras preguntas que ustedes me han formulado, en concreto, sobre en Renfe-Operadora, quisiera matizar que, en un contexto de restricciones presupuestarias, ha de acudir al crédito privado, lo que repercute en su
endeudamiento, y quizás esta fuera una de las cuestiones que posiblemente no hubiese quedado suficientemente clara en mi exposición.


Muchas gracias.

Página 12

El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señor presidente.


BLOQUE II. TRANVÍAS LOCALES:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL TRANVÍA DE PARLA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000140 y número de expediente del Senado 771/000139).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000189 y número de expediente del Senado 771/000187).


El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Pasamos al segundo bloque, en el que se dará cuenta del informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Parla y del informe de fiscalización del desarrollo,
mantenimiento y gestión del tranvía de Zaragoza. Nuevamente, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas por tiempo de diez minutos.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias.


En el informe sobre el tranvía de Parla, el ámbito subjetivo incluía, además del ayuntamiento, al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que intervino en la tramitación y resolución del expediente. El Ayuntamiento de Parla efectúo
actuaciones encaminadas a establecer el tranvía como solución de movilidad interna, sin que se haya acreditado la existencia de estudios previos en los que se analizara este medio de transporte frente a otros alternativos. En el estudio de
viabilidad funcional y económica no se valoró el posible coste para la Administración de la inversión a realizar. En cuanto a la tramitación de los expedientes contractuales para el desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía, el pliego de
cláusulas administrativas particulares del contrato de concesión aprobado por el órgano de contratación adolecía de carencias e indefiniciones en determinados aspectos. El objeto del contrato de concesión comprendía la redacción del proyecto, la
ejecución de las obras y la explotación del servicio. Se disponía que dicho objeto era susceptible de ser ampliado mediante la presentación de mejoras, dejando margen de discrecionalidad a los licitadores para la formulación de aquellas en sus
ofertas. El sistema de retribución del concesionario fijado en el pliego del contrato dependía de la oferta realizada por el futuro adjudicatario y, sobre todo, de las mejoras en el objeto del contrato de concesión. Con respecto a la elaboración y
ejecución del proyecto constructivo y a la recepción de las obras, no se justificó debidamente ninguna de las modificaciones del contrato que resultaran de necesidades nuevas o causas imprevistas. Algunas de las referidas obras no se encontraban
previstas en el proyecto inicial y su relación funcional con el objeto principal del contrato de concesión era inexistente. El coste total por todos los conceptos generados en la construcción del tranvía ascendió a 130,7 millones de euros, de los
cuales 129,6 millones corresponden a las obras de construcción y al suministro de material móvil, habiéndose producido un incremento del 38,6 % con respecto al costo inicialmente previsto. Dado que se adjudicó la concesión en 2005, la situación
financiera del Ayuntamiento de Parla muestra un sucesivo empeoramiento de la situación deficitaria. Sólo mediante las oportunas modificaciones presupuestarias con ocasión de los préstamos especiales para pago a proveedores se fueron regularizando
en el presupuesto las facturas pendientes. A finales de 2014 quedaban pendientes de registro y de imputación al presupuesto 56 millones de euros. El importe total de los compromisos económicos del ayuntamiento devengados hasta 31 diciembre 2014
por todos los conceptos relativos al tranvía ascendía a 180,5 millones de euros. De esta cantidad se habían cancelado por abonos al concesionario 138,6 millones de euros, de los que 80,3 millones de euros fueron satisfechos en virtud de los
mecanismos de pago a proveedores.


Por lo que se refiere al tranvía de Zaragoza, en el ámbito subjetivo de la fiscalización, además del ayuntamiento de esta ciudad, está incluida la Comunidad Autónoma de Aragón en la medida en que contrató la elaboración de determinados
estudios y trabajos previos y que cofinanció parte de la obra. Se celebraron varios contratos de asistencia técnica para el desarrollo del estudio de viabilidad, el anteproyecto, el plan de explotación y el programa económico de una línea de
tranvía metro ligero norte-sur en Zaragoza, a los que se fueron agregando hasta cinco contratos más de asistencia técnica. En estos expedientes existen varias incidencias e irregularidades, como la insuficiente justificación de la necesidad de la
contratación, la falta de control de legalidad de algunos contenidos del pliego de cláusulas administrativas particulares y la insuficiente concreción de alguno de los criterios de adjudicación. A raíz de los estudios hechos, se consideró como
mejor modelo de gestión del servicio el llevado a cabo

Página 13

mediante una sociedad de economía mixta, con minoría de capital público, actuando el socio inversor privado como contratista de la obra y gestor directo del servicio. El modelo se configuró según un esquema de financiación privada que
pretendía evitar el impacto de las inversiones en el presupuesto y la consiguiente deuda en las cuentas públicas. El contrato fue adjudicado por un plazo de treinta y cinco años, con un presupuesto de obra cerrado de 225 millones de euros a riesgo
del oferente, una cifra máxima de pago por disponibilidad de 3,6 millones y subvenciones de capital por 128,7 millones. La sociedad de economía mixta formalizó sendos contratos para el diseño y la construcción de la infraestructura ferroviaria y
sistemas, así como para el diseño y el suministro de la electrificación. Esta subcontratación no se ajustó a la Ley de Contratos del Sector Público, que sólo permite en los contratos de gestión de servicios públicos la subcontratación de
prestaciones accesorias. Los costes totales incurridos hasta 31 diciembre 2014 por el ayuntamiento y la comunidad autónoma por la preparación, ejecución y explotación de la línea del tranvía ascienden a 114,5 millones seguros en concepto de
aportaciones por inversión y a 30,5 millones por aportaciones a la explotación. En general, las operaciones derivadas de la gestión del tranvía se registraron en el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, si bien este no informó de manera
completa en las memorias de las cuentas de las circunstancias del servicio ni de los compromisos derivados de la gestión del tranvía que afectaban a ejercicios posteriores. A los efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria, el Comité Técnico
de Cuentas Nacionales consideró que la propiedad económica de la inversión involucrada en el contrato de gestión del servicio público de tranvía era del ayuntamiento. En aplicación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión
Europea, SEC, la inversión pendiente de financiación pública debió registrarse como gasto del ayuntamiento, incrementando el déficit público. Así, el citado comité técnico incrementó la deuda financiera efectiva mantenida por el Ayuntamiento de
Zaragoza a 31 diciembre de 2015 en un importe estimado de 256 millones de euros.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señor presidente.


A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estimen convenientes, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios por tiempo de cuatro minutos. En primer lugar, el señor Ten, por el Grupo de Ciudadanos.


El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor Álvarez de Miranda.


Desde nuestro grupo parlamentario siempre vamos a insistir en que las inversiones públicas deberían contar con la debida planificación financiera y por eso insistimos sobre la oficina nacional de evaluación, una oficina sobre la que pudimos
hacer una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Popular en estos Presupuestos Generales del Estado y sobre la que entendemos que es de valiosa información para poder hacer un seguimiento de la eficacia de las inversiones y considerarlas
estratégicamente, no como sucede en el ejemplo del tranvía de Parla.


De estos dos informes destacamos que faltan estudios previos, controles de calidad y justificación de las modificaciones de los contratos. Y es que, según el Tribunal de Cuentas, el ayuntamiento encargó un estudio de viabilidad funcional
económica que no valoró el posible coste para la Administración. Quisiera preguntarle, señor presidente, si hay responsabilidades contables o penales, porque cuando empezamos a valorar estos proyectos y ejecuciones cada uno dice una cosa. El
informe del Tribunal de Cuentas dice que el coste total de las obras de construcción del tranvía -y así lo ha dicho su presidente hace un momento- pasó de 94 millones de euros iniciales a 130 millones, si bien en la conclusión 19 se dice que el
total de los compromisos económicos del ayuntamiento devengados hasta 31 diciembre 2014 por todos los conceptos relativos al tranvía ascendía a 180 millones de euros. Necesitamos que nos especifique si los 90 millones iniciales fueron después 130
millones y si llegamos a 180 millones. ¿Cuál es realmente el importe total del coste de esta inversión, señor presidente? ¿Qué balance principal haría de este tranvía? ¿Fue realmente una idea mala? Es decir, ¿fue una idea impulsada para una foto
y cortar una cinta antes de las elecciones? ¿Qué comparativa ha hecho, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas para valorar la eficacia y la eficiencia de esta inversión? ¿Podría incluir el Tribunal de Cuentas si esta inversión fue mala o buena? La
verdad es que se asemeja mucho al capitalismo de amiguetes, y es que en el informe no se nombra nunca a la empresa Globalvia, fundada y participada por FCC y Bankia. Informaciones periodísticas atribuyen a esta empresa concesionaria contratos por
toda España: tranvías, hospitales, puertos, esta firma es adjudicataria de una decena larga de contratos a favor del Partido Popular solo en la Comunidad de Madrid, incluido el tranvía de Parla. Mi pregunta es: ¿Conoce el Tribunal de Cuentas

Página 14

esta situación? Con todos los contratos que el Tribunal de Cuentas revisa, ¿se podría hacer una lista de proveedores habituales que normalmente incumplen los presupuestos iniciales, es decir, primero presupuestan una cantidad y luego
endosan al erario público modificaciones y sobrecostes? Me gustaría saber quién es realmente el principal responsable y, por supuesto, si es responsable el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.


En cuanto al tranvía de Zaragoza, desde luego, esta es una de las ciudades más endeudadas. En el informe se dice que se realizó un estudio previo sobre el mercado -en este caso se evaluó de manera preliminar-, pero, en principio, eran
500.000 euros y acabó costando 870.000. ¿Hizo alguna comprobación el Tribunal de Cuentas acerca de si realmente ese dinero se dedicó exclusivamente a estos estudios?


Para terminar, en opinión del Tribunal de Cuentas, ¿fue este un gasto suntuoso, innecesario o una buena inversión? Además, los informes de asistencia técnica nos dicen que se ha detectado una concurrencia de incidencias e irregularidades.
¿Qué es más probable, que estas exigencias legales sean difíciles de cumplir o que realmente estos sean agujeros por donde colarse la corrupción?


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Palencia.


La señora PALENCIA GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Egun on. Muchas gracias también al señor presidente del Tribunal de Cuentas.


Voy a empezar por el tranvía de Zaragoza. Según se desprende del informe, la ejecución de esta obra no supuso sobrecostes al ayuntamiento ni se desvió de lo presupuestado, pero me gustaría destacar que la tramitación administrativa fue
deficiente, no se aprobaron debidamente las modificaciones que se hicieron del proyecto según iba pasando la obra, y parece ser que fue debido al modelo de gestión, que se hizo a través de una empresa de economía mixta que dejaba el ayuntamiento con
solo el 20 % del poder de control, dejando el 80 % restante en manos de esta empresa, y se incumplió la Ley de contratos por parte de la empresa adjudicataria.


Me voy a centrar en el informe del tranvía de Parla, por parecerme muchísimo más grave lo que podemos deducir de él. Efectivamente, la primera adjudicación se hizo por 93,5 millones de euros y modificaciones posteriores no justificadas
debidamente provocaron un sobrecoste de 36 millones, haciendo que el coste final fuera un 39 % más alto que el inicialmente previsto. Además hay que destacar la responsabilidad contable en el sistema elegido para retribuir a la empresa
concesionaria y en la morosidad de algunos de los pagos. El procedimiento no se ajustó a lo regulado por la normativa de contratos, llevándose a cabo modificaciones no sólo al margen de toda publicidad y la debida concurrencia, sino, mucho más
grave aún, el gasto de algunas de las obras complementarias se aprobó por el ayuntamiento cuando estas ya estaban ejecutadas. Y la gestión posterior del servicio también demostró una deficiente planificación, ya que el impacto del servicio -y obra
en la Hacienda municipal- fue mayor del previsto. De esta forma, el déficit del ayuntamiento, unido a su incapacidad para aprobar nuevos presupuestos, generó una situación de imposibilidad para hacerse cargo de los pagos a acreedores, que a día
final del informe sigue siendo abultada, a pesar de haber aumentado el ingreso del tranvía por billetaje, reduciéndose así el déficit de servicio.


Finalmente, la deuda comercial fue convertida en deuda financiera, y aquí esta el quid de la cuestión por la que preguntaba el compañero de Ciudadanos antes. Debido a los sucesivos impagos, se ha elevado el gasto por intereses, y de esta
forma, el coste final se ha incrementado hasta superar esos 180 millones de euros que dice el informe; es debido a la deuda. En definitiva, cuando uno se enfrenta a este tipo de informes, que son bastante comunes, se pregunta si es posible tanta
negligencia, es decir, la falta de planificación acaba demostrada no solo en el momento de la proyección y licitación del proyecto; su ejecución es una suerte de consecución de modificaciones no necesariamente justificadas que supone un aumento del
presupuesto inicial, junto a una posterior gestión deficiente, lo que hace duplicar el gasto previsto inicialmente. Me parece obligada la pregunta, señor presidente, sobre si este caso pasó a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, y,
si es así, si ya se han determinado con nombres y apellidos los responsables de las irregularidades. Sesión tras sesión de la Comisión, vamos viendo en los distintos informes de fiscalización cómo organismos, empresas e, incluso, instituciones
incumplen la normativa de contratación pública, la misma que están obligados a cumplir, impunemente y sin ninguna consecuencia. Ante tal falta de responsabilidad que sería no ya deseable sino obligada en servidores

Página 15

públicos, tenemos el deber de proteger el uso indebido de fondos públicos con una legislación y una dotación de medios suficientes. Nuestro grupo cree necesario que el Tribunal de Cuentas y el resto de organismos, también las Cortes
Generales, deberían valorar la necesidad de una nueva ley de contratación pública que previera sanciones contundentes por los incumplimientos de la propia la ley, así como por el incumplimiento del principio de prudencia en la elaboración y
ejecución de los proyectos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señora Palencia.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.


El señor GALEANO GRACIA: Muchas gracias, señor presidente. También damos las gracias al presidente del Tribunal Constitucional. Y quiero destacar además el esfuerzo realizado con estos informes de fiscalización, aunque fundamentalmente
hablo del referido al tranvía de Zaragoza, proyecto cuyo desarrollo comprende un plazo de diez años, y los ciudadanos zaragozanos, como es mi caso, agradecemos este esfuerzo de fiscalización sobre un asunto que es de tanta importancia para nosotros.


Señorías, no cabe duda de que el contexto de ciudades españolas de principios del siglo XXI responde a unas necesidades de movilidad diferentes a las que teníamos en el pasado siglo XX, y ciudades como Zaragoza, Málaga, Murcia, Jaén no son
una excepción a este hecho, cuyos ayuntamientos -de diferente color político, por cierto- comienzan a evaluar las distintas opciones que se presentan para dar respuesta a una demanda de movilidad nueva y que recoge ese tipo de transporte colectivo.
El caso que nos ocupa y que conozco de primera mano es el de Zaragoza. La expansión de la ciudad en el eje norte-sur, con la creación de nuevos barrios, configurados además por una población muy joven, creo que es el escenario ideal para un cambio
de movilidad en este sentido, y es en este escenario donde se contextualizan diferentes estudios, como son los aludidos en este informe de febrero de 2001 que analizan diferentes opciones de transporte colectivo llegando a la conclusión de que el
metro ligero constituye la mejor solución operativa para la ciudad de Zaragoza por adecuarse a una serie de condiciones de capacidad, integración y costes, que no voy a detallar. Eso sí, desde el Tribunal de Cuentas se reconoce la importante
inversión necesaria que se debe llevar a cabo y, a pesar de lo que han dicho otros portavoces, sí existen diferentes informes, estudios previos para considerar tanto la viabilidad financiera como la necesidad que tiene esta población. Precisamente
en este escenario se consolida esa necesidad de unir los barrios del sur de la ciudad, como Valdespartera, donde vivo, y los del norte, como Parque Goya, con la zona centro, expulsando de esa manera y evitando el tráfico de vehículos privados, lo
que, como todos sabemos, se busca en cualquier tipo de ciudad moderna actual. El Tribunal de Cuentas achaca en algún caso excesivos informes externos, pero también se argumenta y se exige la necesidad de informes previos para acometer este tipo de
proyectos.


En cuanto al conjunto de recomendaciones, lo que considero más importante es que, sin lugar a dudas, se trata de un proyecto técnico complejo, con numerosas fases y, como ha dicho el propio presidente, la dificultad de que en su ejecución
intervienen varias administraciones. Pero, señorías, finalmente, se deja ver un escenario muy positivo en el conjunto del informe. Desde la sostenibilidad financiera que se pretende para considerar este tipo de opciones y proyectos para la
Hacienda municipal, hay que destacar que se estudió la colaboración público-privada a través de una sociedad mixta como la fórmula más conveniente, y, por otra parte, debido al volumen de dinero que supone una inversión de este tipo, se entendió la
necesidad de una colaboración con la Administración autonómica para acometer este proyecto. Como han dicho otros portavoces, el modelo final fue el de un contrato de gestión de servicios públicos bajo la modalidad de gestión indirecta, en la que
hay un socio inversor privado mayoritario que actúa como contratista de la obra. Aunque parezca mentira, señorías, en esta España del despilfarro y de las inejecuciones en plazo de determinados proyectos, tenemos en nuestras manos un proyecto que
se ejecuta en plazo y ajustándose escrupulosamente al presupuesto previsto; como digo, toda una excepción que viene a confirmar la regla. Además, del análisis del grado de utilización de este medio y las encuestas de calidad realizadas entre los
ciudadanos zaragozanos se observa claramente la respuesta positiva que ha tenido dicha oferta de transporte y lo necesaria que resultaba su ejecución.


Han comentando algunos portavoces el caso de la irregularidad que expone el Tribunal de Cuentas en cuanto a la subcontratación que se lleva a cabo desde la sociedad mixta. En este sentido, quiero alegar lo mismo que el propio Ayuntamiento
de Zaragoza acogiéndose a una justificación de una respuesta sobre la queja que se formuló ante la Comisión Europea, que nos viene a decir que no cabe que haya ningún tipo de incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público en esta
subcontratación porque más bien

Página 16

se consideran que son medios propios de la sociedad mixta, de la propia contratista los que llevan a cabo la ejecución de estos proyectos. Dice el Tribunal de Cuentas, es cierto, que hay cuestiones formales, no demasiado transcendentes, que
afectan a la gestión de este proyecto. En cuanto a la recomendación sobre irregularidades que manifiesta el informe y de las que el Ministerio Fiscal se había hecho eco por su importancia, quiero anunciar a sus señorías -y que confirme el
presidente del Tribunal de Cuentas si es así- que el propio Ayuntamiento de Zaragoza recibió durante la semana pasada el archivo de las diligencias preliminares que se habían abierto en torno a una serie de irregularidades contables, como son
algunas referidas a revisión de precios, bonificaciones de un determinado hito constructivo y otras cuestiones de asistencia técnica, de manera que, como digo, creo que se dan por archivadas este tipo de diligencias. Por tanto, se trata de un
proyecto que viene a cubrir una demanda de movilidad objetivamente presente en la ciudad de Zaragoza, con una ejecución en plazos y costes escrupulosa y que, a pesar de algunos intentos de judicialización del proyecto, las causas han quedado
archivadas, en general. También estoy de acuerdo en que el volumen de dinero que se destina a esta inversión hace ver de alguna manera que los ayuntamientos necesitan de una nueva financiación local que les permita acometer proyectos, en geenral,
destinados al bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas.


En cuanto al tranvía de Parla, dos pinceladas. Comenté antes, a grandes rasgos, la colaboración habida entre la Administración autonómica y la Administración local en el proyecto de tranvía de Zaragoza. Todo lo contrario parece que ha
sucedido en el caso del proyecto del tranvía de Parla, una colaboración entre la Administración de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Parla que ha brillado por su ausencia y que desde el Grupo Socialista consideramos que no se ha
desarrollado de la mejor manera, sobre todo, por lo que se refiere a las subvenciones, donde aparece una clara discriminación del Ayuntamiento de Parla y de este medio de transporte en relación con otros medios de transporte de la propia Comunidad
de Madrid. Señorías, no puede haber discrecionalidad política en la concesión de subvenciones públicas, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda a raíz de esas subvenciones y, además, existen deudas reconocidas de la Comunidad de Madrid
con relación al Consorcio Regional de Transportes y el Ayuntamiento de Parla en este sentido. Por otra parte, quiero destacar que el tranvía de Parla se ha configurado como un metro ligero eficiente, con una demanda cada vez más numerosa entre los
ciudadanos parleños, que permite una mayor calidad de vida entre estos ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señor Galeano.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos también, como es habitual, la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas para la exposición de los informes.


Nos encontramos ante dos de ellos sobre los que comprendo la intervención del portavoz del Grupo Socialista, porque afectan de lleno a dos ciudades gobernadas durante el tiempo en que se analizan estas inversiones por Gobiernos de su
partido. Creo que no es discutible -vuelvo a entender el discurso del Grupo Socialista-, a raíz de la lectura de los informes y las propias conclusiones del presentado por el Tribunal de Cuentas, la falta de rigor a la hora de planificar y
ejecutar. Es verdad que es más grave el caso de Parla que el de Zaragoza en el sentido de que, aparte de los problemas de gestión en uno y otro caso y del cumplimiento en mayor o menor medida -más bien en menor medida- de la Ley de Contratos del
Sector Público a la que toda la Administración está sujeta, en Parla tenemos el agravante de un incremento muy importante del 40 % del coste de ejecución. Después hay mayores gastos respecto a la explotación, como muy bien define el informe del
Tribunal de Cuentas, puesto que ni en un caso ni en otro se calcularon las repercusiones económicas que iba tener la explotación del servicio. Y podría poner otro ejemplo como el tranvía de Jaén, que me cuentan que se puso a funcionar un mes antes
de las elecciones y ahora no funciona, Administración socialista eficiente. Me refiero a que la gestión ya sabemos que es complicada y esto le puede pasar a cualquiera, pero hay que preverlo, ya que la falta de rigor conduce a estas consecuencias
porque después, como pasa en los dos casos, comprometen de forma importante la financiación y la vida económica municipal. Indudablemente, es una inversión de un elevado coste para un ayuntamiento y es cierto que hay que solucionar los problemas de
transporte del siglo XXI, que no son los de los siglos XIX y XX, ni muchísimo menos, pero que requiere tener la información antes para saber a lo que nos vamos a enfrentar y si somos capaces o no de mantener el servicio sin comprometer el resto de
servicios municipales.

Página 17

En el caso de Zaragoza -aunque el compañero del Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado que el ayuntamiento recibió el archivo de las diligencias preliminares la semana pasada, yo no he tenido conocimiento de ese tema- la única duda que
había en cuanto a legalidad -otra cosa es la gestión que a raíz del informe cabe deducir que es bastante deficiente- era el pago por cumplimiento de plazos, pues se ha hecho un pago al socio contratista por cumplimiento del plazo. Yo estaba
tratando de buscar un cuadro que consta en el informe -ahora no lo encuentro-, pero me acuerdo de memoria y ahí viene señalado el plazo comprometido de fin de obra y el ejecutado y era el mismo día; es decir, premio por anticipado por cumplir con
la fecha. Entonces, parece que la duda en cuanto a ese pago era lo complicado. De todas maneras debo señalar, como ya ha hecho algún compañero de otro grupo, el obligado cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. Informe tras informe
vemos -y la verdad, me duele por haber sido alcalde- que a la Administración municipal le cuesta más. Es decir, por problemas administrativos, el interventor y el secretario quizás no tienen tantos apoyos como en la Administración Central o
Autonómica, este tipo de actuaciones se producen más en la Administración local. Respecto a los modificados, que apuntaba el compañero de Ciudadanos, a mí no me asustan siempre y cuando se atengan a la normativa que establecen como deben ser. Por
cierto, en Parla gobernaba el PSOE y no el Partido Popular, lo digo por la alusión que se ha hecho.


Finalmente, señor presidente, insisto como los demás compañeros en las actuaciones de responsabilidad judiciales, contables, que se pudieran derivar de este tipo de contratos en vista a lo que el Tribunal de Cuentas ha manifestado; es
decir, que el procedimiento no se sujetó a lo regulado en la normativa de contratos y las otras salvedades que se incluyen. En cuanto a las recomendaciones, le anuncio que las haremos nuestras y propondremos su aprobación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señor Juncal.


Para contestar a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.


Quiero indicar que el tribunal no ha hecho exclusivamente un informe sobre regularidad, sino que también incluye la fiscalización de la gestión. También quiero manifestar, aunque alguno de ustedes ha señalado la diferencia, que el coste
total de la construcción del tranvía de Parla era de 130 millones de euros, que son fundamentalmente las obras, hasta los 180 millones de euros en los que se incluyen los compromisos totales, es decir, compromisos de inversión y explotación. Por lo
tanto, el tribunal informa de ambos elementos por separado, pero hay que tener en cuenta el segundo para valorar el resultado del informe. Por otra parte, debo indicar que el coste de construcción del tranvía de Zaragoza se asumió por la sociedad
de economía mixta en la que la participación pública era minoritaria; sin embargo, la propiedad económica y el riesgo eran del ayuntamiento lo que ha llevado a que la repercusión en déficit y deuda se haya contabilizado al ayuntamiento. Y esto
conduce a la reflexión que hace el tribunal en los informes sobre los tranvías de Zaragoza y Parla, en los que se recomienda garantizar la disponibilidad de los recursos suficientes sin que quede comprometido el equilibrio financiero de las
entidades públicas promotoras del servicio y, por otra parte, sin que quede comprometida también la gestión de endeudamiento y déficit que corresponde a nuestro país ante los sistemas europeos de control de Eurostat cuando fiscaliza el endeudamiento
y el déficit de las administraciones públicas españolas.


Se ha hecho una referencia a que no se cita en el informe el nombre concreto de un proveedor, y esto ocurre no solo en este informe, sino en todos los informes. Es decir, el tribunal no hace referencia nominal a terceros que no sean
administraciones públicas, porque si lo hiciéramos entraríamos en contradicción con repetidas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en la medida en que ha habido ya casos en los que la cita nominal de un tercero lleva
aparejada la obligación de darle trámite de alegaciones o silenciar el nombre de ese tercero. Si ya nuestros informes resultan complicados de tramitar, y ustedes en muchas ocasiones han echado en falta que el tribunal actúe con mayor agilidad y
rapidez, si diéramos cuenta de un trámite de alegaciones para todos los terceros que se ven comprometidos por la realización de un informe, nuestros informes de fiscalización multiplicarían su tiempo de ejecución que se traduciría en un importante
retraso, y no parece que sea lo más adecuado. En todo caso, esa no sería la razón, sino sujetarse a la doctrina sobre la relación nominal de terceros en nuestros informes de fiscalización. Eso no quiere decir que cuando los expedientes se deriven
a cualquier fiscalía, al Ministerio

Página 18

Fiscal o a la Abogacía del Estado para que conozcan de estos asuntos, no se sepa perfectamente la identidad de las personas involucradas en este tipo de situaciones. Por lo tanto, no existe opacidad en los informes para aquellos que tienen
la función de determinar las responsabilidades que de ellos se deriven.


Ustedes me han vuelto a plantear el tema de las responsabilidades, y el Ministerio Fiscal no formuló peticiones de responsabilidad distinta de la contable, es decir, no se ha enviado ningún expediente por responsabilidad penal, y en ambos
informes se incoaron diligencias preliminares en la Sección de Enjuiciamiento. Han sido archivadas las correspondientes al tranvía de Zaragoza, mientras que las que se derivan del informe del tranvía de Parla se encuentran actualmente en
tramitación como actuación previa en la Sección de Enjuiciamiento.


Para terminar, expresaré únicamente una reflexión que me parece necesaria. Se ha hecho una referencia a los modificados que son una situación normal y, por lo tanto, no debe ser visto como algo anormal porque en muchos expedientes existen
modificados. Lo único que señala el informe es que cuando estos modificados han sido precedidos por bajas en la adjudicación, el tribunal siempre presta una especial atención a estos hechos porque representa una contradicción de términos. Aquel
que ha pujado en baja si luego recurre a una modificación, posiblemente no haya estudiado bien su oferta y quizás haya inducido a un error a la Administración que ha adjudicado el contrato.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señor presidente.


BLOQUE III. CRÉDITO Y SUBVENCIONES:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CREDITICIA DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) EN 2008. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000011 y número de expediente del Senado 771/000010).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. EJERCICIO 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000022 y número de expediente del Senado 771/000023).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR Y SUS RELACIONES CON LAS OFICINAS COMERCIALES Y CON LAS DIRECCIONES REGIONALES Y TERRITORIALES, EJERCICIOS 2005 A 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000025 y número de expediente del Senado 771/000024).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS ASEGURADOS POR CUENTA DEL ESTADO, EJERCICIO 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000027 y número de expediente del Senado 771/000026).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONJUNTO DE LA ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y EMPRESAS ESTATALES NO FINANCIERAS MEDIANTE LAS QUE SE CONCEDEN AYUDAS O SUBVENCIONES A LAS EMPRESAS PRIVADAS, DURANTE LOS EJERCICIOS 2005-2011.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000032).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., EJERCICIOS 2012 Y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000099 y número de expediente del Senado 771/000101).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS AYUDAS, SUBVENCIONES, AVALES, PRÉSTAMOS, CONTRATOS, CONVENIOS O CUALQUIER OTRA FÓRMULA DE APOYO ECONÓMICO, OTORGADAS POR PARTE DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A LA EMPRESA EPSILON EUSKADI, S.L. Y
A LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y AERODINÁMICA EPSILON EUSKADI, ASÍ COMO AL PROYECTO HIRIKO, LAS ASOCIACIONES AFYPAIDA Y DENOKINN, Y AL RESTO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL CITADO PROYECTO. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000120 y número de expediente del Senado 771/000122).

Página 19

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS COMPRENDIDOS EN LOS PROGRAMAS Y/O TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL RELACIONADAS CON EL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS REALIZADAS POR LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS O LAS ENTIDADES Y SOCIEDADES PÚBLICAS DEPENDIENTES DE ELLAS, Y LOS PROGRAMAS DE AYUDAS A LAS EMPRESAS VINCULADAS A DICHOS PROGRAMAS Y TRANSFERENCIAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000153 y número de expediente
del Senado 771/000153).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LOS AVALES CONCEDIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, EJERCICIOS 2008-2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000175 y número de expediente del Senado
771/000175).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS AVALES, GARANTÍAS Y OTROS COMPROMISOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL VIGENTES DURANTE LOS EJERCICIOS 2012 A 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000196 y número de expediente del Senado 771/000194).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES Y DE SU FILIAL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S.A., EJERCICIO 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000031 y número de
expediente del Senado 771/000030).


El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Pasamos al debate del bloque tercero que comprende los siguientes informes: Informe de fiscalización de la actividad crediticia del Instituto de Crédito Oficial, ICO, en 2008. Informe de
fiscalización de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A., ejercicio 2009. Informe de fiscalización del Instituto de Comercio Exterior y sus relaciones con las oficinas comerciales y con las direcciones regionales y territoriales, ejercicios
2005 a 2009. Informe de fiscalización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A., en relación con la gestión de los riesgos asegurados por cuenta del Estado, ejercicio 2009. Informe de fiscalización del conjunto de la
actividad de las entidades públicas empresariales y empresas estatales no financieras mediante las que se conceden ayudas o subvenciones a las empresas privadas, durante los ejercicios 2005-2011. Informe de fiscalización de la Compañía Española de
Financiación del Desarrollo, Cofides, S.A., ejercicios 2012 y 2013. Informe de fiscalización de las ayudas, subvenciones, avales, préstamos, contratos, convenios o cualquier otra fórmula de apoyo económico, otorgadas por parte de las distintas
administraciones públicas a la empresa Epsilon Euskadi, S.L. y a la Asociación de Investigación Tecnológica y Aerodinámica Epsilon Euskadi, así como al proyecto Hiriko, las asociaciones Afypaida y Denokinn, y al resto de empresas relacionadas con
el citado proyecto. Informe de fiscalización de los gastos comprendidos en los programas y/o transferencias corrientes y de capital relacionadas con el apoyo a la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras realizadas por las
comunidades autónomas o las entidades y sociedades públicas dependientes de ellas, y los programas de ayudas a las empresas vinculadas a dichos programas y transferencias. Informe de fiscalización de la gestión y el control de los avales concedidos
por la Administración General del Estado, ejercicios 2008-2013. Informe de fiscalización de los avales, garantías y otros compromisos otorgados por las entidades del sector público empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014.
Por último, informe de fiscalización de la entidad pública empresarial Red.es y de su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A., ejercicio 2010.


Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.


Los once informes de fiscalización que se presentan en este bloque se refieren a entidades públicas relacionadas con el crédito, seguros y avales y con la gestión de ayudas y subvenciones. Respecto a la actividad crediticia del Instituto de
Crédito Oficial, ICO, en 2008, la misma se realizaba fundamentalmente a través de las líneas de mediación y los préstamos directos. Los importes dispuestos en las líneas de mediación ascendieron a 9969 millones de euros, con un grado medio de
disposición del 71 %. No obstante, las destinadas a paliar los efectos de desastres naturales presentaban un porcentaje de disposición muy reducido, debido a la coexistencia con otras medidas de ayuda y a la dificultad de los

Página 20

damnificados para acceder a los créditos. La práctica totalidad de las propuestas de cancelación obligatoria en la línea ICO-Internacionalización no se habían llevado a efecto debido a la falta de emisión del acta de supervisión y a la
ausencia de la preceptiva comunicación, constituyendo una significativa debilidad de control interno. En relación con los préstamos directos, en varias operaciones no fueron tenidos en cuenta los informes de riesgos desfavorables, aunque no eran
vinculantes.


En el caso de la Compañía Española de Reafianzamiento, Cersa, su actividad se instrumentalizó a través de la firma de 22 contratos suscritos con sociedades de garantía recíproca. Las cuentas anuales de 2009 reflejan en todos sus aspectos
significativos la situación financiera y patrimonial y sus resultados, excepto por la inexistencia de normativa contable específica para las sociedades de reafianzamiento y ciertas incorrecciones. En materia de legalidad, los estatutos de Cersa no
regulaban, o lo hacían de manera imprecisa, materias como el régimen jurídico de la sociedad, las figuras del consejero delegado y la Comisión de Auditoría y Control y los órganos responsables de ciertas funciones.


Por lo que se refiere al Instituto de Comercio Exterior, ICEX, en el área de gestión de personal se detectaron incumplimientos de la normativa de contratación de personal en el exterior. Respecto al abono de indemnizaciones por asistencia
al Consejo de Administración, se superaron las cuantías máximas autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Existía, además, un amplio margen para mejorar la eficacia y la eficiencia de las relaciones de coordinación
entre las oficinas comerciales y entre las direcciones territoriales y provinciales.


La fiscalización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Cesce, tuvo por objeto la vertiente de los riesgos asegurados por cuenta del Estado, concluyéndose que las cuentas representaban la imagen fiel de la referida
actividad. La modalidad de seguro a fiadores por riesgos de ejecución de fianzas registró en 2009 un aumento significativo, representando sus primas el 12,78 % de las devengadas en el ejercicio, debido en especial a dos pólizas de una misma
operación de exportación. La primera se suscribió sin someterse, en todos sus aspectos significativos, a lo previsto en las condiciones generales para esta modalidad de seguro; y se aceptó la cobertura de la segunda, a pesar de las reservas
manifestadas por los servicios técnicos.


Respecto a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, Cofides, la fiscalización integral incluyó también la gestión, por cuenta del Estado, de los fondos FIEX y Fonpyme. En la contratación de una herramienta informática no fueron
aplicados los principios de publicidad y concurrencia y existían debilidades en los procedimientos de gestión de préstamos. El Sistema General de Calidad no incluía procedimientos para el área económico-financiera y no se realizaban recuentos
físicos de los elementos que integraban el inmovilizado material e intangible. Los dos informes sobre avales concedidos por la Administración General del Estado y sobre avales y garantías otorgadas por las entidades del sector público empresarial
estatal indican la existencia de deficiencias desde el punto de vista de la información contable. En el ámbito de la Administración General del Estado no existía un modelo organizativo estable ni una definición de funciones y responsabilidades del
personal encargado de la gestión de los avales. En el sector público empresarial estatal había una carencia generalizada de normas escritas relativas al otorgamiento y a la emisión de las garantías por obligaciones de terceros y al posterior
control, seguimiento y valoración de los riesgos. Las garantías para obligaciones propias otorgadas por el sector empresarial se concentraron en once entidades y, en especial, en la empresa Navantia, S.A. Las garantías por obligaciones de terceros
son menos habituales, pero con un elevado riesgo.


Otro de los informes se refiere a la entidad pública empresarial Red.es y a su filial Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, Inteco. Las cuentas de 2010 de ambas entidades reflejan la imagen fiel de su situación financiera y
patrimonial y de sus resultados, si bien se detectaron errores de imputación temporal en el caso de Red.es. Existía un procedimiento de reintegro por alcance incoado por el contrato de construcción de la sede de Inteco, que recientemente ha dado
lugar a su absolución por la Sala de Justicia.


Finalmente, los tres informes restantes se refieren a distintas cuestiones relativas a la concesión de ayudas y subvenciones. En el caso de las entidades públicas empresariales y empresas estatales no financieras, en el periodo 2005-2011
comprometieron 8563 millones de euros en la concesión de préstamos bonificados y subvenciones a entidades privadas; y apoyaron otros proyectos por valor de 158,6 millones mediante la toma de participaciones sociales. Los instrumentos de apoyo
financiero empleados respetaron los límites que figuraban establecidos en el marco comunitario sobre ayudas públicas desde el punto de vista de la competencia.

Página 21

Respecto a las ayudas relativas a Epsilon Euskadi y al proyecto Hiriko, fiscalizadas a solicitud del Parlamento Vasco, se ponen de manifiesto significativas irregularidades, incluyendo incumplimientos de las bases reguladoras, convenios y
otros instrumentos. En el caso de Epsilon Euskadi, el proyecto recibió, al menos, 31,4 millones de euros, habiendo entrado en concurso culpable la empresa responsable. El Estado concedió en 2007 un préstamo reembolsable de 11,8 millones de euros,
sin responder a modalidad permitida alguna, y una subvención prepagable de 1,5 millones de euros sin garantías. En el proyecto Hiriko las administraciones públicas concedieron subvenciones por un total de 17,5 millones de euros. La entidad
promotora fue declarada en concurso y la fiscalía interpuso una querella por los delitos de malversación, falsedad documental, fraude, apropiación indebida y blanqueo de capitales.


Por último, el informe sobre los programas y transferencias relacionadas con el apoyo a la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras del sector público autonómico, que destaca la proliferación de la actividad exterior de
las comunidades autónomas por la ausencia de un desarrollo normativo estatal, hasta la aprobación de la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado. Cabe resaltar el reiterado incumplimiento del deber de colaboración del Gobierno de Navarra, que
no envió la documentación requerida y negó la competencia del Tribunal de Cuentas, apartándose de la doctrina del Tribunal Constitucional, lo que se pone en conocimiento de la Comisión Mixta, especialmente por tratarse de un informe solicitado por
ella, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señor presidente.


A continuación, turno de portavoces de los distintos grupos parlamentarios para fijar posiciones y formular preguntas. Entiendo que no hay intervención del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Pausa). Tampoco
hay intervención del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


Por tanto, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Álvarez de Miranda, de verdad le damos la enhorabuena porque ha hecho una valoración con sinceridad de todo lo que acontece en estos informes, Por otra parte, numerosos puesto que son once, y especialmente quiero felicitarle por el del
ICO. Como hemos expresado en muchas ocasiones, damos la bienvenida a que el Tribunal de Cuentas exprese su opinión porque para eso son expertos, y ayude a esta Comisión a apreciar la situación de los organismos fiscalizados que califica como
satisfactoria, que desde luego es lo que en cierta medida busca nuestro grupo parlamentario. En general el informe es muy positivo respecto al desempeño del ICO. En su día se publicó una noticia en prensa -que quizá no procede porque es de 2012, y
se ha comentado algo similar para otro instituto- sobre un gasto de 100 000 euros en indemnizar a dos directivas en enero y febrero de 2012 cuando realmente podría haber salido gratis al Gobierno de Mariano Rajoy con la modificación de la reforma
laboral.


En cuanto a Cersa, me gustaría que el tribunal me ayudase a entender qué hace realmente y si lo hace bien. Ciudadanos desde luego ha hecho bandera del apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos y, en este sentido, Cersa,
debería ser un actor clave, ya que se dedica a facilitar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos la obtención de ese tipo de financiación. En la página 23 nos dan un detalle de todo lo que ha hecho, de las operaciones formalizadas en
2009, del riesgo vivo a 31 de diciembre de 2009, pero me gustaría saber su opinión sobre si esto es mucho o es poco. Aquí falta una valoración similar a la que ustedes hacen respecto al ICO.


En cuanto al ICEX hay unas cuantas incidencias -yo diría que algunas son menores- y nos ha comentado algunas infracciones laborales. Me gustaría preguntarle si el ICEX es una herramienta eficaz al servicio de nuestra economía o realmente
estamos tirando el dinero. Insisto, el informe de fiscalización del auditor debe analizar la gestión pública y responder a todas estas necesidades. En lo que se refiere al CESCE, como comentaba en la anterior intervención, nos hubiera gustado que
incluyera el nombre de Sacyr. En este caso nos dice que no pueden dar publicidad a los proveedores, aunque evidentemente se puede transmitir a la fiscalía, pero nosotros somos el Parlamento, el organismo que está fiscalizando en este momento la
labor del Tribunal de Cuentas, y hay que buscar una fórmula porque es fundamental saber que estamos hablando del Canal de Panamá y de Sacyr. En este caso se le concedió un aval de 160 millones, estamos de acuerdo con usted en que era inevitable dar
ese aval debido al tipo de la operación, pero, como digo, nos gustaría buscar una fórmula.

Página 22

Por último, en cuanto a los informes del CDTI, IDAE, Enisa, Sepides, que comprometieron esos 8.563 millones, nos gustaría que nos diese alguna información sobre cuántas empresas se han beneficiado de estos fondos o, por ejemplo, de cuántos
empleos se han creado con estas inversiones o qué impacto económico han tenido. España ha sufrido durante los últimos años grandes recortes, y usted lo sabe, en investigación y desarrollo, estamos a la cola en competitividad respecto al resto de
países europeos. Por lo tanto, mi pregunta es ¿tiene nuestra economía y las entidades que han fiscalizado capacidad de canalizar más fondos? (El señor presidente ocupa la presidencia).


Para terminar, el Gobierno sabe que se ha comprometido con Europa y, además, con el pacto que ha firmado con Ciudadanos para los Presupuestos Generales del Estado, en una fiscalización de las subvenciones públicas en 2017 a cargo de la
AIREeF. Esa expenditure review en la que insistimos respecto a la gestión del gasto público. Mi pregunta, señor Álvarez de Miranda, es si no cree usted que el Tribunal de Cuentas tiene expertos profesionales suficientes para hacer esta labor de
fiscalización de las subvenciones públicas y ver realmente cómo gestiona el Gobierno el gasto público.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Tribunal de Cuentas, gracias por su intervención. Como avanzaba el portavoz de Ciudadanos, en esta sección se recogen once informes y es difícil condensarlo todo en una intervención de cinco minutos, pero vamos a
intentarlo. Respecto al informe de fiscalización del ICO para 2008, nuestro grupo considera necesario revisar la regulación de las líneas de mediación específicamente creadas para paliar los efectos de los desastres naturales, y en particular que
la disposición de dichas líneas se sujete a condiciones que las hagan más fácilmente accesibles a las personas damnificadas. Se debería homogeneizar el método de cálculo de las subvenciones otorgadas en relación con las líneas de mediación.
También son necesarios mecanismos de control interno para la adecuada integración de las actividades de las diferentes áreas del instituto.


En el caso del informe sobre la Compañía Española de Reafianzamiento S.A., Cersa, pensamos que habría que revisar el conjunto de normas internas implantadas teniendo en cuenta las debilidades de control y los incumplimientos detectados en el
informe. Con respecto al informe del Instituto de Comercio Exterior en los ejercicios de 2005 a 2009, nos preocupan los procedimientos de contratación de personal en el exterior. Creemos que los servicios centrales deberían controlar todo el
proceso para garantizar su actividad, y sobre este punto queríamos preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas. Por otra parte, creemos imprescindible regular de manera inequívoca el número de asistencias a consejos de administración del
instituto que den derecho al devengo de dietas. Finalmente, habría que reformar el manual de procedimiento de justificación de las ayudas para objetivar al máximo posible los procesos y evitar las irregularidades detectadas por el Tribunal de
Cuentas.


En cuanto al informe sobre Epsilon Eukadi, no conocía el caso y la verdad es que me ha sorprendido; el sueño de una escudería vasca de Fórmula 1, los acuerdos entre Ibarretxe y el Gobierno de Zapatero para destinar fondos y que todo acabará
con la sociedad quebrada, 48 millones de dinero público perdido, el empresario que dirigía el proyecto condenado y el presidente de Tribunal de Cuentas vasco denunciando censura por parte del PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Parece todo
bastante rocambolesco y merecedor de una novela negra. En lo que se refiere a las ayudas recibidas por Epsilon Euskadi y otros, habría que haber justificado los casos en los que se producía la subcontratación restringiendo su uso en lo posible,
para así respetar lo establecido en la Ley General de Subvenciones y evitar aumentos del coste de actividad que no aporten valor añadido al contenido de la misma. Por otra parte, consideramos que deberían de haberse establecido fórmulas de
coordinación, imprescindibles para garantizar la racionalidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos, de manera que las evaluaciones de los distintos proyectos por parte de una Administración fueran comunicadas a los demás, a efectos de su
consideración y en la misma línea se deberían haber establecido mecanismos eficaces de control y de revisión de las solicitudes de ayudas y subvenciones presentadas.


Con respecto al informe de fiscalización de los gastos comprendidos en los programas y transferencias corrientes y de capital, relacionadas con el apoyo a la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras realizadas por las
comunidades autónomas, queremos hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, que las comunidades autónomas deberían valorar la realización de una planificación

Página 23

presupuestaria que permita discriminar los programas y partidas exclusivamente destinados a las actuaciones de acción exterior, a efectos de un mejor control y seguimiento de los gastos incurridos. En segundo lugar, habría que establecer en
sus planes futuros de promoción exterior, promoción turística y cultural, exterior e internacionalización y atracción de inversiones extranjeras los indicadores oportunos que permitan el debido control y seguimiento de los logros u objetivos
alcanzados, que es un problema en muchos de los informes presentados. Y en tercer lugar, habría que atenerse estrictamente a los plazos de resolución y notificación de la concesión a los beneficiarios, así como también los beneficiarios tendrían
que exigir el cumplimiento del plazo de justificación para evitar con todo ello posibles solapamientos de subvenciones otorgadas en virtud de las convocatorias correspondientes.


Respecto a las entidades fiscalizadas en el informe de fiscalización de los avales, garantías y de otros compromisos otorgados por las entidades del sector público empresarial estatal para los ejercicios 2012-2014, también quisiéramos hacer
algunos apuntes. Por un lado, habría que disponer de normas escritas reguladoras del proceso de solicitud de autorización, emisión, control y seguimiento de las garantías emitidas, y por otro lado, el conjunto de las entidades que integran el
sector público empresarial estatal, sería positivo que dispusieran de un procedimiento de autorización previa por parte del Gobierno de los ministerios de tutela de las operaciones de formalización de garantías.


Para acabar, queríamos ver el informe de fiscalización de la entidad pública empresarial Red.es y de su filial el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación para el ejercicio 2010. Red.es e Inteco deberían completar la regulación
de los procedimientos internos de gestión de su actividad económica financiera y también habría que analizar la conveniencia de integrar los sistemas informáticos de gestión de las encomiendas y los convenios de colaboración con el sistema de
gestión económica financiera. En el caso específico de Red.es sería importante mejorar también la aplicación del principio de correlación de ingresos y gastos en la gestión de encomiendas y convenios de colaboración, cumpliendo la recomendación del
informe del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2002, que sigue sin cumplirse.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.


A continuación por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


Quiero agradecer la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas, de nuevo. Este bloque es de premio, con diez expedientes creo que hemos alcanzado el récord de inclusión de número de expedientes en un único punto del orden del día.
Esperemos que no sea en detrimento del análisis.


Estos son diez expedientes de cuestiones importantes en un periodo de tiempo crítico. Estamos hablando de concesiones a través de entidades públicas de ayudas, de subvenciones, de préstamos y de avales de distintas entidades públicas -como
he dicho- en un periodo crítico y en un periodo de crisis económica, donde estas herramientas son fundamentales y donde es importante que la lupa del Tribunal de Cuentas entre a analizar los pormenores, y sobre todo, la gestión que se ha hecho de
los fondos públicos a través de estas entidades.


Quiero destacar que según los diez informes del Tribunal de Cuentas lo que prevalece son escasas irregularidades, no solamente en la concesión, sino también en la gestión e incluso en la justificación de las ayudas y subvenciones. También
son escasas las salvedades en las contrataciones de estas entidades públicas tanto en las cuentas públicas como en la encomienda de gestión. Quiero destacar que algunas de estas entidades públicas han tenido informes de fiscalización previos o
anteriores del propio Tribunal de Cuentas con recomendaciones. Me satisface el hecho de que el propio Tribunal de Cuentas considere que esas recomendaciones han sido subsanadas y han sido tenidas en cuenta por estas entidades públicas. Quiero
destacar esa primera reflexión con relación a estos diez informes.


Ahora quiero centrarme en las responsabilidades tanto penales como contables que se hayan podido detectar en estos diez expedientes. La información de la que disponemos es que solamente hay una responsabilidad penal apuntada por el fiscal.
En concreto, se trata de una contratación eventual de una persona en el Instituto de Comercio Exterior, que teóricamente ha sido contratada con una baremación que hubo anteriormente por parte de un tribunal, aunque no se tenga constancia de que la
persona o las personas que estaban con anterioridad a la persona contratada hayan renunciado. Me gustaría saber en qué situación se encuentra esta presunta responsabilidad penal apuntada por el fiscal. A pesar de que en diez expedientes solo haya
esa observación penal o este indicio de responsabilidad penal, me gustaría saber en qué situación se encuentra y por qué se puede producir esto, porque es algo muy anómalo.

Página 24

Desde luego, si fuera una de las personas que voy por delante y no me contratan, pero contratan a alguien que va por detrás, no sé dónde iría, ni sé dónde se me escucharía, pero clamaría al cielo.


Asimismo, el fiscal y el abogado del Estado en algunos casos detectan tres responsabilidades contables. La primera se refiere también al Instituto de Comercio Exterior por pagos realizados por servicios, que no tienen una previa
contratación formal y de la que no se tiene constancia, aunque tampoco se tiene constancia en sentido negativo de que ese servicio se haya prestado. Me gustaría saber también la situación de esta responsabilidad contable detectada en el Instituto
de Comercio Exterior.


Donde más se detectan responsabilidades contables es en el expediente de Epsilon Euskadi y del proyecto Hiriko. En concreto, el ministerio fiscal detecta ocho supuestos de responsabilidad contable, que están valorados en 3 millones de euros
y que corresponden a subvenciones diversas de la comunidad autónoma. En el proyecto Hiriko han sido 18 millones los que pueden estar en el caso de responsabilidad contable también, correspondiente a subvenciones de distintas administraciones
públicas concedidas a este proyecto. Me gustaría saber la situación de esta responsabilidad contable, que es el expediente donde más irregularidades se ha podido detectar tanto por parte de la fiscalía como por parte del abogado del Estado.


En tercer lugar, hay otros casos de responsabilidad contable en el expediente de las transferencias corrientes y de capital relacionadas con el apoyo a la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras realizadas por las
comunidades autónomas. Yo quiero destacar que aquí se pone de manifiesto que puede haber responsabilidad contable. Me gustaría saber la situación de 3,6 millones de euros por gastos de cursos de formación concedidos por la Junta de Andalucía a
UGT, Comisiones Obreras y a la Confederación de Empresarios pendientes de justificar. Me gustaría saber la situación, pero además me gustaría poner de manifiesto que si se queda en esto, desde luego, es para evidenciar que la denuncia que en su día
interpuso el Partido Popular en Andalucía solo ha servido para que en cuatro años sucesivos haya habido insidias, calumnias y haya manchado el nombre y el prestigio de muchísimas personas, no solo de políticos sino también de funcionarios públicos
que han gestionado estos cursos de formación. Esas declaraciones decían que había un fraude de casi 2000 millones de euros en los cursos de formación en Andalucía y se abrió una investigación que ha quedado archivada en su totalidad. Sin embargo,
la mancha está ahí, el sufrimiento de esa familia está ahí, el padecer y el cuestionar social y públicamente la ética y la profesionalidad -insisto- de funcionarios públicos están ahí. En definitiva, yo creo que son artes que deberíamos erradicar
por el bien del prestigio de la Función pública y de la política.


También se pone de manifiesto en este expediente otro caso de posible responsabilidad contable de transferencia de la Comunidad de Madrid a la Asociación Plataforma Turística de Madrid por 6,5 millones de euros. Me gustaría saber -aquí no
ha habido tanta publicidad, pero duplica en cuantía económica a la que anteriormente he hecho mención- la situación.


Para concluir, cuestiones aparte de la responsabilidad contable y penal, quiero referirme al ICO. También el Partido Popular ha criticado mucho que las líneas directas del ICO eran un fracaso y por eso las eliminaron. Sin embargo, los
datos que aporta el Tribunal de Cuentas no van en ese sentido. El Tribunal de Cuentas habla de veinte líneas de mediación que aportaron en ese periodo de tiempo en torno a 10 000 millones de euros y que las líneas de ICO Directo, en ese mismo
periodo, concedieron hasta 6500 millones de euros. La valoración que hace el Tribunal de Cuentas de esas líneas directas es satisfactoria. Por tanto, ese fundamento que el Partido Popular ha argumentado para cargarse la línea directa que era el
único cauce de financiación que tenía en ese periodo de crisis las pequeñas y medianas empresas era una justificación, pero no es una realidad.


Con relación a los avales me gustaría saber algo más porque ha hecho mención el presidente del Tribunal de Cuentas a la escasa norma que existe en la concepción y en la gestión de estos avales, tanto por la Administración General del Estado
como por los entes públicos que también gestionan estos avales. Es evidente que es más preocupante cuando se ha multiplicado de forma exponencial los avales concedidos. Hay un dato que aporta el propio tribunal que dice en que en 2008 había 8 153
000 euros de avales y que en 2012 ya eran de 182 millones de euros. Es preocupante el aumento exponencial y el desierto, en cuanto a las normas reguladoras para la concesión de estos avales. Me gustaría preguntar en concreto por el aval concedido
al Consorcio Valencia 2007, que al parecer se había alterado el orden de prelación de los créditos en contra del ICO y a favor de una entidad financiera. Me gustaría saber en qué situación se encuentra, porque esto sí que es un perjuicio económico
sustancial.

Página 25

Asimismo, me preocupa la entidad pública empresaria Red.es en cuanto que aporta esos resultados negativos de los 44 millones de euros, según el tribunal. Es la única cuenta anual, en este caso de los diez expedientes vistos, que tiene
pérdidas y deberían de adoptarse las medidas pertinentes.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.


A pesar de los diez informes, si me permite, a usted le ha dado tiempo hasta a hablar de algún informe que no estaba en el orden del día. (Risas). Yo no dudaba de su capacidad de síntesis. (El señor Hurtado Zurera: ¿Como cuál?).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bravo Baena.


El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, presidente del Tribunal de Cuentas, por su enorme esfuerzo de síntesis en este alto número de expedientes, que son once.


Querría comenzar pidiendo disculpas al senador Martínez porque en mi última intervención hice una referencia a él, que era errónea por mi parte. Me puse en contacto telefónico para pedirle disculpas, pero creo que lo correcto, al igual que
hice la afirmación delante del resto de compañeros, era hacer públicas mis disculpas.


Dicho esto, entro de lleno en las afirmaciones que hace el portavoz del Grupo Socialista, al afirmar que de esos once informes -que da la casualidad que la gran mayoría les afecta a ellos, prácticamente nueve de once- se desprenden escasas
irregularidades, escasas salvedades en las contestaciones y escasas salvedades tanto en las cuentas públicas como en las encomiendas. Sinceramente, señor Hurtado, diputado del Partido Socialista, yo no puedo compartir eso y le voy a dar algunos
datos. Algunos expedientes son interesantes porque el otro día, cuando hablábamos de algunos informes, ustedes decían que nunca habían visto nada igual. Yo creo que aquí tienen alguno donde pueden encontrar algo incluso peor, si le sirve de ánimo.


La primera cuestión a destacar en cuanto al informe de fiscalización del ICEX, son las oficinas comerciales y demás, años 2005 a 2009. La primera cuestión a destacar por su aspecto negativo -y que no por repetido pierde su crítica- es la
distancia entre la fiscalización 2005-2009, el informe del Tribunal de Cuentas 2013 y la visión por parte de esta Comisión, año 2017. En algunos casos han transcurrido doce años, cualquier medida tendría dificultades. Estamos seguros que con las
medidas que están tomando, tanto el presidente del Tribunal de Cuentas como el presidente de la Comisión, seremos capaces de acortar los plazos y realmente tener efectos.


Vamos a las irregularidades. En el ejercicio 2009 se contabilizó gastos por importe de 4,4 millones de euros, que correspondían al año 2010. Que se retrasen gastos puede estar más o menos justificado, pero que se adelanten gastos, es
bastante más complicado; quizás sea algo de ingeniería, que yo no acabo de comprender. No ha imputado a presupuestos, o lo ha hecho incorrectamente, una serie de derechos y obligaciones -aparece recogido en el informe en el punto 2.5-. Mire a ver
si esto le parece una irregularidad importante: incumplimientos en la normativa del ICEX en disposición de fondos, mediante firmas solidarias en lugar de mancomunadas, mediante autorización de firmas por personas distintas del consejero responsable
o incluso con cheques firmados en blanco -a nosotros eso nos resulta suficientemente grave-.


En cuanto a la contratación del personal en el exterior se han observado, según dice el tribunal, niveles de incumplimiento en la fase de oposición, ni siquiera se puede opinar en cuanto a su objetividad, ya que en los expedientes examinados
no hay referencias ni al número de candidatos, ni a las pruebas realizadas, ni a los resúmenes de las entrevistas realizadas -está en la página 23, lo pueden comprobar-. En algunos casos la justificación del idioma no se exigía como requisito
imprescindible, o ni siquiera se baremaba. Si a ustedes les parece que no es importante que para trabajar en el exterior se exija el nivel de idiomas del país, evidentemente discrepamos. Como ha dicho el presidente del tribunal hablábamos de
dietas de consejeros por importe máximo, pero como bien explica el presidente en su informe esa referencia máxima que hacía el ministerio se entendía que era por un número máximo de comparecencias o de asistencias a consejos. Por tanto, parecía lo
más lógico haberlo repartido entre el número de asistencia. Sin embargo, a ustedes les ha dado igual, y lo que han hecho es pagarles el máximo que podía; daba igual si iban a cuatro consejos o si iban a doce.


Habla también de la necesidad de controles internos de forma favorable, con salvedades como facturas no contabilizadas, anticipos de gastos no autorizados, incidencia en la justificación de facturas,

Página 26

pago de facturas sin IVA -no sé si esto le resulta extraño- y compromiso de gastos previos a la preceptiva autorización. Por eso, presidente, me gustaría preguntarle si existe algún tipo de responsabilidad judicial, si se inició algún tipo
de control interno por parte de la entidad previsto por el tribunal ante las enormes incidencias, si existe alguna revisión próxima para evaluar este descontrol y qué opinión le merece la falta de control concreto en el exterior.


En cuanto a las sociedades de reafianzamiento frente a otros expedientes analizados, este se considera de lo más diligente -opinión del propio tribunal-, con lo cual la única puntualización que hace es la necesidad de mejorar el
funcionamiento interno y contable.


Vamos al ICO 2008, que también ha dicho que la línea directa fue todo un éxito. En este informe se ponen de manifiesto importantes irregularidades de gestión y de previsión, que en momentos como los que se vivieron en España y con una
importante crisis, quizás fuera esa falta de control, ese gasto injustificado o en algunos casos no gasto, el que llevó a que en el año 2012 estuviésemos próximos a la intervención.


¿Qué se utilizó en los controles internos? El proyecto Avanza, pero con una clara falta de actualización, insuficiente concreción de los procedimientos, inadecuada determinación de sus responsables, ausencia del sistema formalizado para la
comunicación. Como ve, es un auténtico ejemplo de eficacia y eficiencia. Además, las aplicaciones informáticas no se encontraron suficientemente desarrolladas. Usted hablaba también de las líneas, pues ¿sabe qué dice el tribunal? Que aquellas
líneas para acceso a los más damnificados -lo ha dicho el propio presidente- o no se podían acceder por la situación económica de las personas que tenían dificultad, o porque el procedimiento era tan enredoso que impedía el acceso. Nosotros creemos
que es necesario que aquellas personas que sufren daños por cuestiones de catástrofes tengan la mayor facilidad para acceder a la misma.


Le voy a hablar de la línea ICO Proinmed, programa de inversión de las empresas medianas. Usted ha sacado pecho aquí pero yo le voy a decir: ¿sabe por cuánto se dotaron? Por 2000 millones de euros. ¿Sabe cuánto se dispuso? Solo 49
millones de euros. Es decir, 2000 millones frente a 49 millones. Eso es apoyar a la pequeña y mediana empresa. ¿Sabe qué hicieron en el procedimiento? Que se formalizaron los préstamos después de realizarse las disposiciones. Primero, cojamos
el dinero, y después formalizamos el préstamo. Eso a nosotros, cuando menos, nos parece extraño. Estando de acuerdo con usted, señor Hurtado, en que pongamos en valor siempre el trabajo de los funcionarios. Generalmente, esto no se hace porque un
funcionario quiera hacerlo, lo hace porque un directivo, que generalmente no es funcionario, es quien decide que se trabaje de esta manera.


Se modifica el criterio de comprobación. En el año 2007 se decide elevar el número de comprobaciones, hacer más. Como se detecta que hay más irregularidades, ¿qué hacemos al año siguiente? Muy sencillo, para tener menos irregularidades,
bajamos el número de comprobaciones. Si hago menos comprobaciones, detectaré menos irregularidades. Esa es la tónica con la que se trabajaba en el ICO.


En cuanto a la tramitación de cancelación por fallidos, resulta que los plazos, no sé si para comunicar a las entidades financieras, eran 424 días, más de un año y tres meses para comunicar a las entidades financieras. Eso significaba que
en muchos casos el ICO tenía que asumir el coste de esos impagos. Pregunto al presidente del tribunal: ¿existe algún tipo de responsabilidad?, ¿se ha exigido alguna responsabilidad judicial?, ¿se ha exigido alguna responsabilidad a los
funcionarios, si existe, por algún tipo de responsabilidad por sus malas prácticas?


En cuanto a la Sociedad Española de Financiación del Desarrollo, ejercicio 2012-2013, el tribunal manifiesta una opinión favorable sobre las cuentas anuales. Además, dice que la gestión se ha verificado y se ajusta a los principios de
eficacia y eficiencia -2012 y 2013-. Asimismo, el propio tribunal dice que las recomendaciones que habían hecho en informes anteriores se han atendido diez de doce, por lo cual entiende el tribunal que es suficientemente satisfactoria.


En cuanto a las entidades públicas empresariales y empresas estatales no financieras, mediante las que conceden ayudas y subvenciones, años 2005-2011 -volviendo a repetir el efecto temporal, que ya hemos comentado anteriormente- dice que la
mala gestión y el retraso de la ejecución real de los convenios con las comunidades autónomas hicieron que el remanente de tesorería pasara de 86 a 618 millones. Claro, si no damos ayudas, evidentemente en tesorería tenemos más dinero. La mayor
parte del saldo de tesorería de 2011 figuraba invertido por CDTI en depósitos o suscripciones de renta fija a corto plazo. Mi pregunta al presidente del tribunal es la siguiente: ¿le parece correcto que se invierta ahí?, ¿no le parece más lógico
que ese dinero estuviera destinado al fin para el que se dotó en el CDTI? No todo es

Página 27

decir que vamos a gastar más. Hay que decir que vamos a gastar más, y gastarlo. Eso es lo que intentamos hacer desde el Partido Popular.


El propio tribunal en sus recomendaciones -y copio literal- dice que el CDTI para apoyar a proyectos I+D+i debería adecuarse a las necesidades reales de financiación del centro, que cuenta con una cifra creciente de reembolso de la
financiación concedida. Le damos mucho, decimos en los presupuestos que apoyamos mucho al I+D+i, pero como no tiene soporte tenemos que pedir que nos lo devuelva, tal como ha pasado en la legislatura 2012-2015. Ustedes dicen que han invertido más
que nosotros, pero se les olvida contar que hemos tenido que pedir el reembolso de todo ese dinero en I+D+i porque no estaba bien dado. A todas luces, eso es un engaño.


En cuanto a la fiscalización de la compañía española de Seguros de Crédito a la Exportación, Cesce, en 2009, hay que destacar que desde la última comprobación han transcurrido más de trece años. Entiendo que el propio tribunal compartirá
que sería deseable intentar...


El señor PRESIDENTE: Señor Bravo, debe ir concluyendo.


El señor BRAVO BAENA: Me queda un minuto.


El señor PRESIDENTE: Ha excedido con creces, incluso, el tiempo que ha utilizado el señor Hurtado.


El señor BRAVO BAENA: Nunca se me ocurriría gastar más tiempo que el señor Hurtado, con lo cual, corto aquí solo con dos frases, si me permite el señor Hurtado.


Opinamos que en general se hace una valoración positiva del funcionamiento de los sistemas de control, poniendo de relieve que hay que mejorar la constitución de un fondo de reserva. Me gustaría, ya que el tribunal lo dice, que se
reafirmara en esta cuestión. En segundo lugar, recomienda medidas tendentes a exigir que las distintas entidades sociedades del grupo fueran objeto de posible control fuera de España. ¿Cómo ve el tribunal que seríamos capaces de mejorar esa
cuestión?


Muchísimas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.


A continuación tiene la palabra, de nuevo, el presidente del Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Con una labor muy difícil porque me formulan ustedes muchísimos requerimientos y peticiones de aclaración que no voy a poder satisfacer, como ustedes comprenderán.
Generalmente, la mayor parte de las preguntas o de los requerimientos que ustedes me hacen es que reformule, o aclare, o profundice, lo que ya son conclusiones escritas de un informe. Los informes se meditan y se establece su elaboración durante un
largo periodo de tiempo; dicen lo que dicen y cualquier modificación requiere la acción de fiscalización, de revisión y de discusión interna para poderla precisar. Las precisiones que ustedes formulan desde un lado o desde otro me parecen muy
correctas, y seguramente tendrán gran parte de razón. Sin embargo, el tribunal ha llegado donde le corresponde llegar, y lo otro, posiblemente sea traspasar el margen de la actuación que le es propia.


Me ha preguntado el señor Ten, del Grupo Ciudadanos, en relación con diferentes cuestiones. Una de sus preguntas ha sido si el ICEX sirve para algo, me ha parecido que me la formulaba de esa manera. El informe del ICEX, así como todos los
informes del ICEX que se han realizado a lo largo de su historia, que son bastante, es decir, ha habido una actividad fiscalizadora del tribunal respecto del ICEX bastante extensa, relatan la importante labor que desarrolla el ICEX precisamente en
el ámbito del comercio exterior y de las exportaciones. Mire usted si es importante su labor que todas esas estructuras de oficinas comerciales son copiadas por diferentes comunidades autónomas para desarrollar la propia labor de promoción de ese
comercio exterior. Eso no significa, o no supone, que la gestión del ICEX no contenga en sus aspectos administrativos y organizativos, como se han puesto de manifiesto, ciertas cuestiones, además de carácter histórico, que son francamente
mejorables desde el punto de vista de la disciplina de un organismo que tiene múltiples centros distribuidos en diferentes territorios en los que, por otra parte, les son de aplicación normativas diversas, y en las que intervienen circunstancias que
requieren una acción quizá más potente de revisión por parte del instituto.


En relación con la fiscalización de subvenciones, la que va a hacer la AIReF, me plantea si el tribunal podría hacer esta labor; yo no creo que podamos, es que ya la estamos haciendo. Es decir, el tribunal fiscaliza las subvenciones de la
Administración y las fiscaliza en todos los informes que nosotros

Página 28

desarrollamos. Además, fiscalizamos también no solo las subvenciones concretas sino los planes estratégicos de subvenciones que tienen los diferentes ministerios. Lo que ocurre es que posiblemente la metodología que se sirve para ver estas
subvenciones desde el punto de vista de la AIReF es la metodología propia de las cuentas nacionales, es decir, su efecto en el déficit y en el endeudamiento del sector público. Una cuestión que está perfectamente al alcance del Tribunal de Cuentas,
pero también es una cuestión que requiere pasos por parte de ustedes, y posiblemente del propio Gobierno, para que el Tribunal de Cuentas tenga todavía una presencia más creciente en ese ámbito de fiscalización, que es el propio de las cuentas
nacionales. No tiene mucho sentido que se pretenda que ese terreno esté vedado para el tribunal. Nosotros creemos que estamos perfectamente concernidos y llamados para poder participar en él, pero muchas veces se nos dice que esto es competencia
del Comité de Cuentas Nacionales, que es competencia de la AIReF -que para eso se ha creado-, o que es competencia de la Intervención General de la Administración del Estado que lleva precisamente la formulación de estas cuentas. Yo creo que no, y
perfectamente podríamos analizar, como así lo queremos hacer en todos los casos, tanto el déficit y el endeudamiento en términos de contabilidad nacional, del propio Estado, como de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.


Me ha planteado también, en relación con Cersa, si sirve o no sirve. Yo creo que la fiscalización la hemos valorado al nivel que la hemos podido valorar. Como usted sabe, en 2009 se reafianzaron operaciones por valor de 576 millones de
euros y, sobre todo, por avales financieros. El riesgo de las operaciones vivas al cierre del ejercicio era de 2055. Es un margen significativo, pero indudablemente quedan elementos que poder valorar sobre esa cuestión.


Me ha planteado el señor Martínez diferentes cuestiones respecto a los expedientes que estamos viendo. Quizás la que más le ha llamado la atención es la del proyecto Hiriko, así como también las referencias que hay a las dietas en los
diferentes consejos de administración que en estos expedientes se ven. Respecto a este tema no tengo nada más que añadir a lo que él ha manifestado.


El señor Hurtado me plantea una serie de preguntas sobre la situación de los expedientes en la Sección de Enjuiciamiento relativos tanto a los cursos de formación como a la plataforma turística de medios. No le puedo dar esta información.
No la tengo. Normalmente cuando vengo a esta Comisión siempre pido la información referida a todos los expedientes que figuran en ella para saber la historia que se lleva sobre estos temas en la Sección de Enjuiciamiento. Usted sabe perfectamente
que la Sección de Enjuiciamiento funciona de manera independiente del resto del tribunal y, por tanto, el presidente de la Sección de Enjuiciamiento nos aclara la situación de tramitación de los expedientes, que es lo único que podemos conocer, y yo
gustosamente se la ofrezco a ustedes, pero en estos casos concretos no dispongo de ella y no le puedo informar tampoco sobre el tema del Consorcio Valencia 2007. Lo que sí le puedo decir, en relación con este tema, es que lo que se dice es que la
cobertura se considera inadecuada y contraria al contrato de créditos suscrito por el ICO. Lo que ocurre es que yo no le puedo decir si sobre ello ha habido o no petición de responsabilidad. Creo que no la ha habido, pero tampoco se lo puedo
certificar al 100 %.


Me preguntan también en qué situación están estos informes, si ha habido cuestiones nuevas o que sean de interés de la Comisión, les puedo indicar que en el ICEX hay un informe que se ha aprobado recientemente en el que se valora
positivamente el seguimiento de las recomendaciones de este informe, para su información. También en el caso sobre el ICO indicarles que estamos realizando un nuevo informe, que está en proceso de realización, pero todavía no ha sido aprobado.


Quiero indicar también, en relación con las cuestiones que me plantean, por ejemplo, con el CDTI, lo que se recomienda en el informe es que se acompasen las aportaciones del Estado a las necesidades reales. Esta es una de las cuestiones que
quizá más importancia le damos en el informe. Respecto de Cesce, hay que señalar una cuestión que es positiva, es que se recomendaba modificar el procedimiento de registro del seguro por cuenta del Estado, cuestión que ya se ha abordado en la
última Cuenta General del Estado y que ha estado rendida y ha quedado solventada. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


BLOQUE IV. FONDOS:


- NOTA SOBRE EL FONDO PARA ASEGURAMIENTO COLECTIVO DE LOS COOPERANTES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000087 y número de expediente del Senado 771/000086).

Página 29

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000029 y número de expediente del Senado 771/000028).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, EJERCICIOS 2012 Y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000143 y número de expediente del Senado 771/000141).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del último punto del orden del día, el bloque IV, que aborda tres informes: el informe sobre el Fondo para Aseguramiento Colectivo de Cooperantes; el informe de fiscalización del Fondo de Adquisición
de Activos Financieros y el informe de fiscalización del Fondo para la Promoción del Desarrollo de los ejercicios 2012 y 2013. Tiene de nuevo la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas para la exposición de los mismos.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El aseguramiento colectivo de los cooperantes es una obligación que se atribuye a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, por el
Estatuto de los Cooperantes de 2006. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 acordó la creación del Fondo para el Aseguramiento Colectivo de los Cooperantes, atribuyéndole la promoción, contratación, gestión y administración de
las pólizas de seguros del personal cooperante. La constitución, organización y funcionamiento del fondo debía ser objeto de desarrollo reglamentario, pero este no se ha producido y el fondo no se ha creado aún, lo que ha motivado la presente nota.
En su lugar, la AECID ha sido la que ha contratado directamente los seguros colectivos de dos tipos: de asistencia sanitaria y de vida. La AECID abonaba las primas de todos los seguros y después repercutía, a cada promotora privada de cooperación,
solo el 50 % del importe correspondiente a sus respectivos cooperantes, en virtud de una disposición transitoria anterior a dicha contratación. Entre las deficiencias apreciadas en la gestión de los contratos de seguro, cabe destacar la incorrecta
custodia de la documentación; la existencia de errores en la facturación y en la repercusión de cuotas a las promotoras; y la incorrecta contabilización de los importes repercutidos a tales promotoras.


Por lo que se refiere al Fondo de Adquisición de Activos Financieros, constituyó uno de los primeros instrumentos contra la crisis, mediante su creación en 2008 y hasta su liquidación, acordada por el Consejo de Ministros en 2012, y
posterior extinción. No obstante, no se elaboraron documentos previos a la creación del fondo en los que se evaluarán las alternativas, sino que se creó directamente mediante decreto-ley, previa autorización comunitaria. A través de esta medida se
pusieron a disposición de las entidades financieras 19 335 millones de euros, lo que generó un efecto positivo, aunque coyuntural, en la evolución del crédito al sector privado residente, si bien dicha evolución fue posteriormente negativa por el
comportamiento del resto de los factores económicos.


La gestión del fondo se ajustó al marco normativo que regulaba su funcionamiento, así como a los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno. No obstante, en el caso de una entidad, en la primera subasta, y de tres en la segunda, las
cuantías adjudicadas superaron el denominado límite de cartera, por la aplicación errónea de los criterios de inversión y diversificación establecidos. La decisión de no convocar más subastas se justificó por la evolución de los mercados
financieros y por la puesta en marcha de otras medidas por el Gobierno, así como por la puesta en práctica de mecanismos alternativos de financiación para las entidades de crédito, derivados de las operaciones del Banco Central Europeo. Sin
embargo, en la motivación de la decisión no se acreditó la posible incompatibilidad del fondo con las nuevas medidas, ni las ventajas de estas sobre aquel para proporcionar liquidez al sector financiero, ni tampoco se analizaron los efectos sobre la
financiación y asunción de riesgos por parte del Tesoro Público. Las cuentas anuales del Fondo de Adquisición de Activos Financieros reflejaban la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera y de su resultado económico-patrimonial. No
obstante, había saldos incorrectamente clasificados como inversiones financieras a largo plazo, en lugar de a corto plazo.


Finalmente, en relación con el Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), se constituyó para canalizar la ayuda al desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en sustitución del Fondo de Ayuda al Desarrollo y
del Fondo para la Concesión de Microcréditos. En este fondo se observaron diversas irregularidades o debilidades de control interno. La documentación se encuentra dispersa en diferentes unidades y organismos y las oficinas técnicas de cooperación
en el exterior, dependientes del citado ministerio, no realizan un seguimiento adecuado de las operaciones financiadas. En general, no se realizaba un seguimiento individualizado de las entidades prestatarias de segundo nivel,

Página 30

por lo que no siempre se podía comprobar que los créditos se destinaron efectivamente al propósito para el que se concedieron. En una ocasión se concedió un préstamo a un fondo constituido en las islas Caimán y en otros dos casos a fondos
constituidos en la República de Mauricio, ambos paraísos fiscales. Aunque no estaban prohibidas, se considera que este tipo de operaciones deberían excluirse de forma categórica de la financiación española. Fonprode acordó no autorizar nuevas
operaciones de este tipo. Se otorgó una contribución al Banco Interamericano de Desarrollo, por 78 millones de euros, sin haberse firmado convenio alguno. Señor presidente, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene de nuevo la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.


Voy a empezar por el final. Señor Álvarez de Miranda, la verdad es que con 1261 millones de euros para la ayuda oficial al desarrollo, se situaba en mínimos históricos por un descenso acumulado de un 73 % desde 2008. Esto colocaba a España
en el puesto 26 de 28 de los países donantes según Oxfam Intermon. En aquella época, en el 2012, sabemos la situación en que estaba España, esta reducción evidentemente se debía a la crisis y se recrudecieron los recortes. A la vez, el Partido
Popular presentaba en marzo de 2012 una amnistía fiscal que, por el contrario, ha sido declarada nula por el Tribunal Constitucional este pasado 8 de junio. No quiero entrar en este tema porque no es el que nos ocupa, pero lo cierto es que me
gustaría saber cómo gestionábamos los recursos que dedicamos a la ayuda de promoción del desarrollo, porque además usted mismo nos ha comentado que habían registrado inadecuadamente, es decir, había unas lagunas, unas discrepancias, que algunos
préstamos se enviaron a paraísos fiscales, a las islas Caimán y a la República de Mauricio. Aunque fuera legal, no debemos caer en esos asuntos. Además, al reproche de que faltaban recursos personales, al reproche de que se utilizaban estos
recursos en paraísos fiscales, hay una nota sobre el Fondo para Aseguramiento del Colectivo de los Cooperantes, una disposición adicional, que es la que contempla la Ley 42/2006, en los Presupuestos Generales del Estado del 2007, que creaba el FACC
que era para la promoción y contratación de gestión y administración de las pólizas de seguros colectivas del personal cooperante. Sin embargo, a la fecha de esta fiscalización, no nos consta que se haya constituido. No sé si tiene usted alguna
información, señor presidente, sobre si ya se ha constituido.


Para terminar, en cuanto al informe de fiscalización del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, resaltar que se ha hecho aquí un análisis de ese primer instrumento que se puso en marcha en 2008 para hacer frente a esa crisis
financiera. El Gobierno socialista realmente todos sabemos que minimizó la crisis y quizás agravó la situación de nuestro sistema financiero. Desde luego, faltó un análisis de la situación, una sobreimprovisación. El resultado de limitar esa
compra de activos a la triple A lo que hizo, y se desprende de los informes, no sé si me equivoco, usted me lo podrá corregir, es que tan solo se utilizó un 50 % de la dotación del fondo.


Por último, como es la última intervención, le agradezco, señor presidente, la información que nos ha pasado aquí. Nuestro grupo parlamentario está muy interesado -y usted lo sabe-, insistimos en la búsqueda de esa labor fiscalizadora que
hace usted y sobre todo enfocado a la eficiencia y a la eficacia de las instituciones públicas, porque es la única manera de salvaguardar esas instituciones que realmente hacen una gran labor para el Estado. Además, ya le anunció a usted que
nosotros en estos próximos días vamos a presentar unas iniciativas parlamentarias. Estamos muy interesados en mejorar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y así se lo haremos llegar y así vamos a poder registrarlas en el Congreso en los
próximos días. Muchísimas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moreno.


La señora MORENO RUIZ: Señor presidente, muchas gracias.


Gracias reiteradas al presidente del Tribunal de Cuentas por su trabajo y por su presencia aquí. Haré unos breves comentarios sobre los tres informes que nos ocupan. El primero de ellos, aunque no sigo el orden que ha marcado el presidente
del Tribunal de Cuentas, será el del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, que merece una valoración positiva por parte de mi grupo político en dos sentidos. En primer lugar, por la oportunidad política de haber puesto ese fondo en marcha en
el año 2008 en unas circunstancias extremadamente complejas. Un fondo que supuso una importante ayuda para la liquidez

Página 31

del sector bancario y que no costó un solo euro a los contribuyentes. Sobre todo, que es lo que nos ocupa, queremos hacer una valoración muy positiva de la gestión pública del fondo, pues, pese a la urgencia de su constitución y a las
circunstancias tan extremas y difíciles como las de aquellos años, queremos destacar que el cumplimiento de la legalidad fue muy satisfactorio, según el informe, que las cuentas anuales fueron aprobadas, remitidas a la Intervención General del
Estado y al Tribunal de Cuentas en tiempo y forma, que las cuentas anuales han obtenido la opinión favorable, sin salvedades, y que ni el ministerio fiscal ni la Abogacía del Estado apreciaron indicios de responsabilidad penal o siquiera contable,
con lo cual entendemos que ha sido una gestión bastante ajustada a la legalidad, sobre todo, el motivo de los informes de fiscalización, y eso nos congratula.


En cuanto a los dos informes que vienen en este bloque y que tienen que ver con la cooperación al desarrollo, en primer lugar, precisamente por el fondo de la materia nos permite aplaudir y expresar la admiración del Grupo Socialista por el
trabajo que realizan los cooperantes españoles y demandar una mayor atención económica y presupuestaria por parte del Gobierno de España, pues, como ya se ha señalado aquí, las políticas de cooperación están en mínimos históricos que conviene
corregir en la medida de lo posible.


En cuanto al Fondo de Aseguramiento Colectivo de los Cooperantes parece claro que es necesario constituir válidamente dicho fondo, desarrollar la normativa habilitante, tal como ha señalado el tribunal. Me gustaría preguntarle al
presidente, porque he tenido ocasión de leer en la prensa la respuesta que da reiteradamente la agencia de que constituir el fondo dicen que es más caro, que costaría más recursos para llegar a menos sitios. No sé si esa respuesta que da la agencia
es correcta. Si no, habría que proceder a un cambio de la normativa que obliga a crear el fondo. Me gustaría simplemente profundizar sobre las ventajas del fondo o las ventajas del instrumento que está realizando en este momento la agencia.
Quiero decir que, desde luego, es urgente proteger adecuadamente a los cooperantes españoles. Sé que eso está en la intención de la agencia. Ahora mismo hay casi 3000 cooperantes españoles con presencia en todo el mundo y, desde luego, la
generosidad de los cooperantes merece una cobertura generosa por parte del Gobierno de España frente a tantos riesgos que asumen: accidentes, enfermedades y, desde luego, son más que frecuentes, secuestros, cuando no asesinatos. Por tanto, todo lo
que se pueda hacer aquí para mejorar la gestión y para mejorar esa cobertura será bienvenido. Por lo demás, hay también otros detalles de la gestión que mejorar que trasladaremos más adelante en nuestras propuestas de resolución.


Por último, en cuanto al Fondo para la Promoción del Desarrollo de los ejercicios 2012 y 2013, aquí sí que hay mucho que mejorar. Tanto el ministerio fiscal aprecia la existencia de responsabilidad contable. Hay muchísimas recomendaciones
del Tribunal de Cuentas y muchísimas líneas de debilidades en la gestión que conviene corregir. Me sumo también al rechazo, tanto a las aportaciones a organismos multilaterales, a entidades financieras y fondos a través de cuentas fiduciarias, que
parece ser que complican bastante la supervisión y el control de los fondos aportados. Aunque nos consta que ya no se conceden ayudas ni aportaciones a operaciones con fondos en países calificados como paraísos fiscales, sé que eso ya no ocurre,
pero conviene elevarlo a rango normativo para evitar que en el futuro se puedan reproducir actuaciones de ese tipo que, sobre todo, en los tiempos que corren y con todo lo que ha llovido en los últimos años parece bastante poco ético y estético que
no se cuide esa colaboración con fondos constituidos, como en este caso en Panamá o en la República de Mauricio. Por lo demás, muchas gracias, espero si puede aclararme lo del fondo del seguro de cooperación, se lo agradecería. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández tiene la palabra.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Procede una vez más agradecer su exposición al presidente del Tribunal de Cuentas y al propio tribunal su labor en este caso sobre la fiscalización de estos tres fondos públicos. El primero de ellos no nacido y el segundo de ellos ya
liquidado. En primer lugar, el Fondo para Aseguramiento Colectivo de los Cooperantes hay que empezar a resaltar un hecho esencial, puesto ya de manifiesto tanto en el informe como en las propias palabras del presidente. Este fondo, aunque se creó
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, sin embargo, esta ley derivaba, tanto la constitución como la organización y funcionamiento de este fondo, a una norma reglamentaria posterior que no se llegó a elaborar. Por eso, al no
haberse constituido el Fondo para el Aseguramiento Colectivo de los Cooperantes ha tenido que ser la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo la que ha contratado directamente

Página 32

los seguros colectivos de los cooperantes, a los que también desde aquí nos sumamos a felicitar su labor. Al no presentarse las cuentas de este fondo, el Tribunal de Cuentas, en lugar de un informe de fiscalización propiamente dicho, ha
elaborado lo que se ha denominado unas notas sobre ese fondo y lo hecho con los datos contables proporcionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Por eso, la recomendación más importante entendemos, recogida
por el Tribunal de Cuentas, es precisamente la que se dirige a la Agencia Española de Cooperación para que o bien se constituya el Fondo para el Aseguramiento Colectivo a los Cooperantes o bien, si se estima que no es el instrumento de gestión más
adecuado, se promueva la modificación legislativa que prevé la constitución de este fondo. Mientras siga operando la agencia, ésta debe seguir las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en esta nota o informe.


En segundo lugar, el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, en este caso nos encontramos en el caso contrario. Así como antes veíamos un fondo que no había nacido, en este nos encontramos con un fondo que se ha liquidado, que se crea
en el año 2008 y que se liquida en el año 2012. De ahí que las recomendaciones que se formulan en el informe se realizan en la medida en que la Administración General del Estado pueda poner en funcionamiento otros instrumentos de similar naturaleza
o que precisen la colaboración del Banco de España o de otras instituciones. No sé si las circunstancias fácticas que rodean estos fondos son una casualidad o el reflejo de las incertidumbres que pesan sobre este tipo de fondos. En cualquier caso,
lo que está claro es que condicionan o mediatizan completamente los informes del Tribunal de Cuentas.


El tercero de los fondos es el Fondo para la Promoción del Desarrollo, este es un fondo que efectivamente está constituido y en funcionamiento. Que se crea bajo el marco normativo de la Ley, de 7 de julio de 1998, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, y aquí se analizan precisamente dos ejercicios, el 2012 y el 2013, que hay que recordar que son los ejercicios tremendamente complicados, cuando España se encontraba en una enorme crisis económica y que se hace
frente a la crisis precisamente en los ejercicios a los que se refiere este informe. Este hecho pone de manifiesto el compromiso de España con la cooperación al desarrollo incluso en momentos de extrema dificultad para nuestro país. Hay que
recordar que los años 2012 y 2013 son aquellos en los que el Gobierno del Partido Popular tuvo que tomar medidas muy difíciles para ganarle el pulso a una de las mayores crisis económicas de nuestra historia. En estas circunstancias tan complicadas
se mantuvo el Fondo para la Promoción del Desarrollo, lo que pone de manifiesto la solidaridad del Estado español incluso en los momentos más difíciles para nuestro país. Por eso nosotros en este tema preferimos ver el vaso medio lleno, aunque
algunos se empeñen en verlo siempre vacío o medio vacío.


En términos generales, el informe refleja un funcionamiento correcto del fondo. Si bien, como es habitual en este tipo de informes, se pone especial énfasis en aquellas cuestiones en las que se aprecian irregularidades o debilidades, pero
sin perjuicio de estas debilidades puestas de manifiesto en el informe, el tribunal considera expresamente que las cuentas anuales representan fielmente la situación financiera de la empresa correspondiente a los ejercicios fiscalizados, así como
los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería correspondientes a dichos ejercicios, y todo ello de conformidad con el marco normativo y los principios y criterios contables que resultan de aplicación. Además para mí es especialmente
relevante -y hay que destacar- cómo el fondo va mejorando su actuación con la propia experiencia que va adquiriendo. En este sentido, hay que resaltar como el Comité de Ayuda al Desarrollo, en esa reunión de 11 de diciembre de 2012, decidió no
autorizar nuevas operaciones que supusiesen la toma de participaciones de fondos que operasen en países calificados como paraísos fiscales por la normativa española. A partir de esa fecha ya no se ha vuelto a realizar ninguna operación en este tipo
de países. Aunque hay que atender a la recomendación del Tribunal de Cuentas de que se promuevan las reformas legales necesarias para establecer como no financiables este tipo de operaciones. En esta labor de mejora permanente del fondo entiendo
que deben enmarcarse las recomendaciones que realiza el Tribunal de Cuentas en su informe respecto al funcionamiento del fondo.


Como es la última intervención en este periodo de sesiones, quisiera aprovechar para agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas la exposición no solo de estos informes, sino la totalidad de ellos y el enorme esfuerzo que ha realizado
para atender y poder responder a todas las preguntas y consideraciones que le hemos hecho todos los grupos. En este capítulo de agradecimientos, quisiera agradecer la labor del presidente de la Mesa y de la Mesa en general, así como de la letrada,
por haber impreso un ritmo de trabajo a esta Comisión muy importante que nos permite actualizar el análisis de los informes del Tribunal de Cuentas y que a partir del próximo periodo de sesiones tengan esa mayor eficacia por ser más

Página 33

próximos al momento que se fiscaliza. Aprovecho también para agradecer a todos mis compañeros del Grupo Popular el trabajo realizado, su colaboración y les felicito por todo lo que han trabajado durante este periodo de sesiones.
Agradecimiento que quiero hacer también extensivo al resto de miembros de esta Comisión. Gracias al trabajo de los miembros de la Comisión empezaremos un nuevo periodo de sesiones donde ya analizaremos informe del Tribunal de Cuentas mucho más
próximos a la fecha en la que fueron objeto las distintas fiscalizaciones. Desearles a todos unas felices vacaciones de verano. Un descanso veraniego que los miembros de esta Comisión al menos se han ganado a pulso. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


Estoy convencido de que el trabajo es de todos y el éxito también será de todos. Para finalizar tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.


De los tres fondos que son el objeto de este punto del orden del día, quiero indicarles que, efectivamente, como ustedes han formulado, para el Fondo de Aseguramiento Colectivo de los Cooperantes lo que el tribunal reclama es que se
constituya o se modifique. La situación actual de falta de constitución y, por otra parte, de indefinición de cuál es su situación legal, no ayuda ni a los cooperantes ni a un adecuado control de los fondos públicos que le corresponde al tribunal y
a los órganos de control interno. Por tanto, la recomendación es clara, aunque también es cierto que la gestión, el aseguramiento colectivo de todos estos cooperantes, está en manos de la AECID, de la cooperación, por tanto esa situación no corre
riesgos, pero la constitución del fondo es una necesidad urgente.


Respecto del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, las recomendaciones que formula el tribunal, este fondo ya ha sido liquidado, pero sí que sirven un poco para establecer que la colaboración entre la Administración General del Estado
y un tercero, que la formalización de las obligaciones de cada una de las partes y los servicios a prestar queden adecuadamente registradas y establecidas para que no existan dificultades de identificación en la labor de control.


Respecto del Fonprode, es decir, de las ayudas de promoción del desarrollo, el tribunal ha hecho hincapié en algo que ya lo hizo en informes anteriores como fue el correspondiente a los microcréditos, que se presentó a esta Comisión en el
pasado, y los informes anteriores también del fondo, para que se efectúe un seguimiento más apropiado, más detallado, de los destinatarios de los créditos concedidos, en definitiva, del segundo nivel detrás de los primeros perceptores de estos
fondos, para evitar que a través de cuentas fiduciarias, estas operaciones no acaben en los destinos que efectivamente se han promovido por parte del Fondo de Promoción del Desarrollo.


Las recomendaciones que formula el tribunal instan al cambio legislativo para que la normativa reguladora del Fonprode contenga también una mención expresa para calificar como operaciones no financiables aquellas que impliquen la toma de
participaciones en fondos que operen en países calificados por la normativa española como paraísos fiscales. No se está haciendo. En definitiva, se ha establecido su no procedencia. Pero yo creo que la mención expresa que reclamaba la señora
Moreno en la legislación en vigor sería muy apropiada.


En relación con lo que ha planteado el señor Fernández, ha hecho un análisis bastante completo de los tres fondos, incluso también de las posibilidades de gestión que se derivan de ellos. En cuanto a su reflexión final respecto al trabajo
que hemos desarrollado todo este trimestre, que creo que ha sido un trabajo muy intenso, indicarles que para el Tribunal de Cuentas no es plato de gusto presentar veinte informes en un día, por lo que ello pueda representar de falta de sensibilidad
en lo que representan cada uno de estos informes, porque indudablemente llevan un gran trabajo detrás de sí y requerirían también un análisis más sosegado. Pero entendemos perfectamente las razones que han motivado la iniciativa desarrollada por la
Mesa de la Comisión de ponernos al día, porque esa era la principal asignatura que teníamos pendiente. Yo le quiero agradecer también al presidente de la Comisión que haya liderado esta propuesta de revisión de todos estos informes y espero que, a
partir de ahora, el estudio de cada uno de los informes pueda ser más detallado y que dé mejores resultados en las propuestas de resolución y en el análisis que podamos realizar en esta Comisión mixta. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Álvarez de Miranda.


Vamos a suspender la Comisión durante unos minutos para despedir al presidente del Tribunal de Cuentas y, evidentemente, reanudaremos para votar. (Pausa).

Página 34

DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


BLOQUE I. ELECTORAL A CORTES GENERALES:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000164 y número de expediente del Senado 771/000167).


El señor PRESIDENTE: Señorías, si les parece, vamos a proceder a efectuar la votación de las distintas propuestas de resolución, comenzando por el informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 2015.
Propuestas 1 y 3, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta 2, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 4, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas 5 a 9, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Les recuerdo que las propuestas 16 a 20, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, se han modificado en los términos acordados por la Mesa.


Votamos las propuestas 10, 11, 12, 13, 14 y 15.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta 18, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se vota la propuesta 19, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Se vota el resto de propuestas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta 21, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DE 26 DE JUNIO DE 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000195 y número de expediente del Senado 771/000193).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016.


Propuestas 1 y 3, del Grupo Mixto.

Página 35

Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta 2, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, propuesta de resolución número 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuestas 5, 8 y 9, del mismo Grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas 6 y 7, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Votamos el resto de propuestas.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuestas 11 a 15, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Las propuestas 22 a 26, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, se tramitan en los términos acordados por la Mesa. Se propone la votación de las propuestas 16, 17, 18, 19, 20 y 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta 24, del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 25, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos el resto de propuestas del Grupo de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta 27, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Página 36

BLOQUE II. LOCAL:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 100.000 HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000088).


El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al segundo bloque. Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100 000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de
control externo propio. Ayuntamiento de Albacete. Propuestas 1 a 5, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas 6 a 11, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta 12, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 100.000 HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000103 y número de expediente del Senado 771/000102).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100 000 habitantes de las comunidades autónomas sin órganos de control externo propio. Ayuntamiento de
Badajoz. Propuestas 1 a 3, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta 4, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos el resto de propuestas del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta 9, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 100.000 HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000118 y número de expediente del Senado 771/000114).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización por el mismo concepto que los anteriores correspondiente al Ayuntamiento de Santander. Propuestas 1 a 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Página 37

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas 4 a 9, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta 10, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN COMPRENDIDA ENTRE 5.000 Y 100.000 HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000168 y número de expediente del Senado 771/000166).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 5000 y 100 000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Propuestas
de resolución 1 a 6, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuestas 7 y 8, del Grupo Parlamentario Socialista, habiéndose retirado la 9.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuestas del Grupo Confederal de Unidos Podemos. Se ha retirado la 15. Luego, se vota las propuestas 10 a 14 y 16 a 20.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta 21, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS GASTOS EJECUTADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES SIN CRÉDITO PRESUPUESTARIO, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000149 y número de expediente del Senado 771/000149).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre los gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario correspondiente al ejercicio 2013. Propuestas 1 a 4, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuestas 5 y 7 a 10, habiéndose retirado la 6, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuestas del Grupo Confederal de Unidos Podemos; propuestas 11 a 18.

Página 38

Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta 19, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, PERIODO 2013-2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000163 y número de
expediente del Senado 771/000162).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, periodo 2013-2014. Propuesta 1, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Propuestas 2 a 9, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas 10 a 15, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuesta 16, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


BLOQUE III. GENERAL LOCAL:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000142 y número de expediente del Senado 771/000140).


El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al tercer bloque. Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2014. Propuestas 1, 2, 7 y 8, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuestas 5, del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 6, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto de propuestas del Grupo Parlamentario Mixto.

Página 39

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 9; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta 9, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas 10, 11 y 12, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuestas 13 a 18, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta 19, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Propuesta 20, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuestas 21 a 27, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Propuestas 28 y 29, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


BLOQUE IV. FUNDACIONES:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO DE MINISTROS EN LO QUE SE REFIERE A LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LAS FUNDACIONES DESDE EL 3 DE JUNIO DE 2011. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000135 y número de expediente del Senado 771/000131).


El señor PRESIDENTE: Cuarto bloque. Informe de fiscalización de la ejecución de los acuerdos tomados por el Consejo de Ministros en lo que se refiere a la reestructuración del sector público en el ámbito de las fundaciones desde el día 3
de junio de 2011. Propuestas 1 y 2, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta 3, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Página 40

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000185 y número de expediente del Senado 771/000183).


El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III correspondiente al ejercicio 2014. Propuestas 1 a 4, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas 5 a 7, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Las propuestas del Grupo Confederal de Unidos Podemos han sido retiradas. Por tanto, procedemos a votar la número 10, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, EJERCICIOS 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000154 y número de expediente del Senado 771/000154).


El señor PRESIDENTE: El siguiente informe es de fiscalización de la Fundación Biodiversidad, ejercicios 2013 y 2014. Propuesta 1, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


El Grupo Confederal de Unidos Podemos ha retirado las números 2 y 3. Por tanto, votamos la número 4, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000091).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización de la Fundación Thyssen-Bornemisza, ejercicio 2013. Propuestas 1 y 2, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Las propuestas 3 y 4, del Grupo Confederal de Unidos Podemos han sido retiradas. Por tanto, votamos la número 5, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO UTILIZADO POR LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL EN LA REALIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000201 y número de expediente del Senado 771/000199).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización de la gestión de patrimonio inmobiliario utilizado por las fundaciones del sector público estatal en la realización de su actividad, ejercicios 2014 y 2015. Propuesta 1, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Página 41

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Propuesta 2, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


BLOQUE V. ELECTORAL AUTONÓMICO:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000106 y número de expediente del Senado 771/000105).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CANTABRIA DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000107 y número de expediente del Senado 771/000107).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000108 y número de expediente del Senado 771/000106).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LA RIOJA DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000109 y número de expediente del Senado 771/000108).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES DE LAS ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000113 y número de expediente del Senado 771/000113).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último bloque, del que se votarán los informes de forma agrupada. Corresponden a las elecciones a la Asamblea de Extremadura de 2015, al Parlamento de Cantabria del año 2015, a la Asamblea de Murcia del
mismo ejercicio, al Parlamento de La Rioja de 2015 y a las Cortes de Castilla-La Mancha de 2015. Propuestas 1 a 5, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuestas 12, 13 y 14, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta 15, del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos el resto de propuestas del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Propuesta 17, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, en la línea que han hecho ya algunos portavoces y el propio presidente del tribunal, no me queda más que agradecer a sus señorías el intenso trabajo efectuado durante este periodo de sesiones,

Página 42

que no me cabe la menor duda de que hará que en el próximo ya no se vuelva a repetir aquello de que lleva retraso la Comisión del Tribunal de Cuentas. Muchas gracias, señorías, y buen verano a quien lo tenga; no me atrevo a decir que
felices vacaciones todavía.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y cinco minutos de la tarde.