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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 97, de 12/12/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 97
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 93
celebrada el martes,
12 de diciembre de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día ... (Página5)
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que está abierto en el marco de la Unión Europea, así como de la posición del Gobierno y las
negociaciones al respecto. (Número de expediente 172/000093) ... (Página5)
Inclusión en el orden del día ... (Página5)
- Solicitud de prórroga de subcomisiones:
- Solicitud de prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral, constituida en el seno de la Comisión Constitucional, para la emisión de su informe hasta el 30/06/2018. (Número de expediente 154/000010) ...
- Solicitud de prórroga de comisiones de investigación:
- Solicitud de prórroga de seis meses del plazo para la finalización de los trabajos de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. (Número de expediente 152/000003) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 167-1,
de 13 de octubre de 2017. (Número de expediente 122/000134) ... (Página6)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 165-1, de 13 de
octubre de 2017. (Número de expediente 122/000132) ... (Página14)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la no consideración de unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 255, de 24 de noviembre de 2017. (Número de expediente 162/000506) ... (Página23)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a manifestar la necesidad de no discriminar el consumo de los productos de las empresas catalanas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 255, de 24 de noviembre de
2017. (Número de expediente 162/000514) ... (Página30)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de las pensiones de viudedad para personas con 65 o más años de edad con menores ingresos. (Número de expediente 173/000068) ... (Página38)
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los planes del Ministerio de Fomento para el impulso del Corredor Mediterráneo. (Número de expediente 173/000069) ... (Página46)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la política del Gobierno en materia de administración de justicia. (Número de expediente 173/000070) ... (Página52)
SUMARIO
Exclusión del orden del día ... (Página5)
Inclusión en el orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día de la interpelaciones urgente del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que está abierto en el marco de la Unión Europea, así como de la posición del Gobierno y las negociaciones al respecto.
Asimismo propone al Pleno la inclusión, como últimos puntos de la sesión del miércoles, de la solicitud de prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral, constituida en el seno de la Comisión Constitucional, para la
emisión de su informe hasta el 30/06/2018, así como de la solicitud de prórroga de seis meses del plazo para la finalización de los trabajos de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
Ambas propuestas son aprobadas por asentimiento.
La Presidencia informa de que todas las votaciones se realizarán en la sesión de mañana miércoles.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales ... (Página6)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor De Barrionuevo Gener, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Bataller i Ruiz y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Capdevila i Esteve, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Antón Cacho, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto. (Orgánica) ... (Página14)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). y Jordà i Roura,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página23)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la no consideración de unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva
... (Página23)
Defiende la proposición no de ley la señora Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ramírez Freire, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como la
señora Cotelo Balmaseda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Peña Camarero.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a manifestar la necesidad de no discriminar el consumo de los productos de las empresas catalanas ... (Página30)
Defiende la proposición no de ley el señor Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto, y Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, y el señor Zaragoza Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Rufíán Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Llorens Torres.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página38)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de las pensiones de viudedad para personas con 65 o más años de edad con menores ingresos ... (Página38)
Defiende la moción el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cano Fuster, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora
Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Simancas Simancas, así como para manifestar su aceptación o rechazo de que la votación de la moción se haga por puntos.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los planes del Ministerio de Fomento para el impulso del Corredor Mediterráneo ... (Página46)
Defiende la moción el señor Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Ruiz i Carbonell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barrachina Ros, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la política del Gobierno en materia de administración de justicia ... (Página52)
Defiende la moción el señor Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bataller i Ruiz y Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto, y Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana; los señores Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, y Molinero Hoyos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL PROCESO DE REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC) QUE ESTÁ ABIERTO EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA, ASÍ COMO DE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO Y LAS
NEGOCIACIONES AL RESPECTO. (Número de expediente 172/000093).
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:
- SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA ELECTORAL, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL, PARA LA EMISIÓN DE SU INFORME HASTA EL 30/06/2018. (Número de expediente 154/000010).
- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN.
- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SEIS MESES DEL PLAZO PARA LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA A LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR. (Número de expediente 152/000003).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 27
correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Asimismo, esta Presidencia propone al Pleno la inclusión, como últimos puntos de la sesión del miércoles, de la solicitud de
prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para la reforma electoral constituida en el seno de la Comisión Constitucional para la emisión de su informe hasta el 30 de junio de 2018 y de la solicitud de prórroga de seis meses del plazo para la
finalización de los trabajos de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Por otra parte, les informo de que en la sesión del día de hoy no habrá votaciones por coincidir con el Pleno del Senado, por lo que las mismas tendrán lugar en la sesión de mañana miércoles, al finalizar dicha sesión.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, LA LEY HIPOTECARIA Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ANIMALES. (Número de expediente 122/000134).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora, señorías, con el punto 1 del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de modificación del Código Civil, la Ley
Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor De Barrionuevo Gener.
El señor DE BARRIONUEVO GENER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de comenzar mi intervención sobre la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, permítanme
que salude a los representantes de la asociación Affinity que nos acompañan en la tribuna, con la que tantas veces nos hemos reunido. También quisiera agradecer a la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales que haya apoyado nuestra
iniciativa y animado al resto de grupos políticos a votar a favor de la misma.
Señorías, en el año 2015 fue el Partido Popular quien modificó los artículos 337 y 337 bis del Código Penal, agravando las penas por maltrato animal y tipificando como delito el abandono de los animales domésticos. Hoy damos un paso más al
presentar esta proposición de ley, con la que pretendemos que los animales domésticos dejen de ser considerados como cosas en nuestro Código Civil -dejen de ser considerados bienes muebles, como si fueran una silla o una mesa- y se recoja la
realidad social de considerarlos como seres vivos dotados de sensibilidad y, por tanto, sujetos de derecho bajo la protección de las leyes.
Esta reforma del régimen jurídico de los animales en el Código Civil que planteamos sigue las líneas marcadas por otros ordenamientos jurídicos próximos a nuestros códigos civiles para adaptarlos a la mayor sensibilidad social que existe hoy
en día hacia los animales y, por otro lado, para reconocer su cualidad de seres vivos dotados de sensibilidad, tal como recoge el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hay que decir que las primeras reformas de los códigos
civiles europeos, tanto la alemana como la austriaca o la suiza, utilizaban la formulación negativa al decir que los animales no eran cosas, no eran bienes. En la reforma que planteamos nosotros se ha optado por las fórmulas más recientes que
contienen el Código Civil francés, que fue modificado en el año 2015, y el Código Civil portugués, que fue modificado en el año 2017, por su similitud al derecho de la Unión Europea, que utiliza una descripción positiva a la esencia de estos seres,
diferenciándolos, por un lado, de las personas y, por otro lado, de las cosas y otras formas de vida, como por ejemplo las plantas.
Para cumplir los fines antes expuestos, la proposición de ley contiene tres artículos. El artículo primero, de modificación del Código Civil, que modifica los artículos 90, 94, 333, 334, 346, 355, 357, 349, 610 y 611 del mismo. El artículo
segundo, de modificación de la Ley Hipotecaria, concretamente el artículo 111, en el sentido de que, salvo pacto expreso o disposición legal en contrario, las hipotecas no podrán comprender los animales colocados o destinados en una finca dedicada a
la explotación ganadera, industrial o de recreo. Además, añade expresamente que no cabe pacto de extensión de la hipoteca a los animales domésticos. El artículo tercero, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
cambia la redacción del artículo 605 de este texto para que recoja la inembargabilidad de los animales de compañía, todo ello en atención al especial vínculo de afecto que los ligan a los familiares con los que conviven. Esa inembargabilidad que
propugnamos que recoja el artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no exonera la posibilidad de embargar los frutos que por estos animales se pudieran obtener, como por ejemplo el dinero que se consiga por premios o concursos de estos
animales, por la venta de las crías o bien si se llegaran a vender dichos animales.
Señorías, permítanme que les anuncie algunas de las modificaciones más significativas, además de las ya expuestas, que contiene esta proposición de ley referente a la modificación del Código Civil. La inclusión de un nuevo artículo 333, en
cuyo apartado 1 se reafirma que los animales no son cosas sino seres dotados de sensibilidad, lo que no implica que en determinados aspectos no tenga la aplicación supletoria el régimen jurídico de los bienes, siempre y cuando sean compatibles con
su naturaleza y con las disposiciones destinadas a su protección. El apartado 2 indica que el propietario de un animal podrá disfrutar y disponer de él, respetando siempre su cualidad de ser dotado como ser sensible, asegurando
el bienestar conforme a las características de cada especie. Con esto se acabó la frase de 'lo maté porque era mío'. El derecho de uso no ampara el maltrato, como tampoco el derecho de disponer del animal no incluye el abandono o el
sacrificio, salvo en los casos establecidos en la norma legal o reglamentaria. El apartado 3 se refiere a los gastos destinados a la curación de los animales heridos por un tercero. Dice que son recuperables por su propietario en la medida en que
hayan sido proporcionados y aun cuando estos hayan sido superiores al valor del animal. El apartado 4 pone de manifiesto que la relación del propietario con algunos animales tiene importantes connotaciones a efectos emotivos y sentimentales. Por
eso, en este apartado se valora de manera singular el daño causado tanto al animal de compañía por el sufrimiento que a este se infiere como el daño moral que se le causa al dueño o a las personas que conviven con el animal. Esto supone que al
animal que convive con un ser humano como animal de compañía se le concede un valor de afección superior o adicional no solo al de meros objetos o cosas, sino también al resto de los animales domésticos.
Otra de las novedades que trae esta proposición de ley es la modificación de los artículos 90 y 96 del Código Civil, dedicado a la regulación del destino de los animales de compañía y régimen de custodia en caso de nulidad matrimonial,
separación y divorcio, así como las medidas que respecto a los mismos se deben de adoptar, donde debe primar el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal. Por último, se ha introducido un precepto específico para el caso de
los hallazgos de animales, distinto al hallazgo de cosas que contempla el artículo 611 del Código Civil, que permite el derecho de retener a un animal cuando se sospeche que sufre malos tratos.
Señorías, como verán, se trata de una proposición de ley ambiciosa que impulsa el desarrollo de las normas que permitirán que nuestro Código Civil se equipare a los del resto de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, humanizándolo,
y donde a los animales domésticos se les reconozcan ciertos derechos, así como que sus propietarios adquieran una serie de obligaciones.
Termino agradeciendo la sensibilidad mostrada por los grupos en relación con esta iniciativa, en especial al Grupo Ciudadanos y a mi amigo Guillermo Díaz, y pido el voto favorable de sus señorías a la toma en consideración de esta
proposición de ley, sin perjuicio de las enmiendas que pudieran presentarse durante la tramitación de la misma.
Muchísimas gracias, señorías; muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
Nuestra Constitución, a diferencia de leyes fundamentales de otros grandes países, como es el caso de Alemania, no atribuye el bienestar animal como bien protegido, pero es patente el espectacular cambio social en las últimas décadas en
relación con el trato hacia los animales, así como su incorporación e integración en nuestro entorno y en la vida familiar y personal, además de su histórico uso tradicional en las tareas ganaderas, cinegéticas, deportivas, etcétera.
Aunque en los últimos años ha habido incorporaciones y reformas legales que precisaban, acotaban o expandían los conceptos y definiciones jurídicas y normativas respecto a los animales, la realidad es que persisten variantes y variables que
exigen la adopción de actualizaciones legislativas. Por eso, a Foro le resulta oportuna esta propuesta del Grupo Popular para abrir un trabajo que precise, desbride, despeje y aclare conceptos como animal de compañía o animal doméstico, cuestión
que, como señala certeramente la jurista Favières Català en sus cualificadas reflexiones como especialista, ya implica distinciones y exige definiciones, porque los animales de compañía son animales domésticos, pero no todo animal doméstico es
animal de compañía. Por ejemplo, son animales domésticos los que explotan los agroganaderos asturianos con enorme esfuerzo, pero es obvio que una vaca no es animal de compañía, aunque Rosa y Pinín, allá en el Prao Somonte, se esmerasen en cuidar la
suya hasta el punto de que Leopoldo Alas 'Clarín' nos relatase en su cuento inmortal escrito hace ciento veinticinco años que la Cordera -hasta donde es posible adivinar estas cosas- puede decirse que también quería a los gemelos encargados de
apacentarla.
Señorías, las diferentes variantes en la legislación estatal y autonómica, e incluso en las ordenanzas municipales, reclaman claridad y también disponer de un marco homogéneo que permita avanzar en el régimen protector del animal de compañía
en España para evitar los tratamientos jurídicos desiguales en función del lugar de residencia. Mi voto, señora presidenta, será favorable a esta toma en consideración.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, en nombre de Compromís, quiero alabar el acierto y la oportunidad del texto que nos trae aquí el señor De Barrionuevo, y por extensión el Grupo Parlamentario Popular, que es una
aproximación muy interesante para que de una vez por todas consigamos pasar a considerar a los animales como lo que son, seres sintientes.
Nosotros entendemos que en esta proposición de ley, además, se consigue un efecto colateral importante que es, al menos sectorialmente, modernizar el contenido de nuestro vetusto Código Civil sobre el que -aprovecho para hacer una acotación-
deberíamos emprender una reforma en profundidad en algún momento, si bien vemos que por lo menos ahora, en esta cuestión, ustedes plantean introducir unas modificaciones muy interesantes. Quiero señalar especialmente la relativa a la situación en
que quedan los animales de compañía en casos de crisis familiar, la inembargabilidad de los mismos y también el régimen que se establece respecto a la apropiación de sus frutos, sobre el que ya le indico que en el momento correspondiente Compromís
posiblemente presentará alguna enmienda al respecto.
Como usted indica en su proposición, son conscientes de que esta materia también afecta a otros sectores de la legislación porque es una materia muy transversal, como la realidad poliédrica que se está regulando, y, por tanto, hace falta
mucha normativa, sobre todo de carácter administrativo. Por ello, les indico que nos gustaría ver en esta Cámara proposiciones relativas a la necesidad de ir superando el marco de la Ley de 2007 sobre las condiciones de transporte, experimentación
y sacrificio de los animales, no solo los de compañía. Asimismo, nos gustaría que se abordase ya la cuestión de la intervención de los animales en festejos y espectáculos públicos, sobre todo en aquellos que comportan tortura o muerte para el
animal. Creo que este es un momento en el que deberíamos abordar ese debate. En cualquier caso, esta iniciativa es bienvenida y les anuncio nuestro voto favorable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.
En primer lugar, déjenme que aproveche este momento para agradecer a la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales su labor y su trabajo siempre en defensa de los animales, de todos los animales. Ya les adelanto que vamos a votar a
favor de esta iniciativa porque creemos, y lo hemos defendido siempre, que una sociedad avanzada protege a sus animales y protege a sus seres queridos. Igualmente vamos a votar a favor porque el Código Civil de Cataluña prevé la calificación de
animales sintientes desde 2008 y tenemos una ley específica de protección de animales que los considera, como decía, seres sintientes. Vamos a votar a favor porque creemos que este es un primer paso interesante pero, como digo, es un primer paso.
Cuando uno lee el texto que ustedes presentan se lleva algún susto y algún disgusto porque, claro, uno lee: el derecho de disponer de animal no incluye el de abandono o sacrificio. Hasta aquí, bien, pero luego añaden: salvo en los casos
establecidos en las normas legales o reglamentarias. Entonces, ¿creemos que los animales son seres sintientes o solo a veces? ¿Creemos que siente un perro pero no siente un toro o creemos que sienten todos? Lo digo porque si lo que se quiere es
proteger a los animales, que consideramos seres sintientes, tendremos que considerar a todos los seres sintientes y no solo a aquellos que nos permiten seguir ganando votos en determinadas regiones por una cuestión estrictamente cultural que habrá
que abordar algún día.
Nosotros vamos a votar a favor porque creemos que sin duda es un primer paso interesante, pero les emplazamos a que hagan una reflexión que les lleve a redactar una ley más ambiciosa que proteja de verdad a todos los animales y a todos los
seres sintientes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Aprovecho, en primer término, para sumarme a la felicitación y bienvenida a las asociaciones que hoy nos acompañan. Respecto a la proposición que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular de modificación del Código Civil, la Ley
hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil a fin de incorporar en estas
normas del ordenamiento jurídico una nueva noción de los animales que los considere como seres vivos dotados de sensibilidad o, con más precisión, como seres sintientes, con sensaciones físicas y psíquicas complejas, con capacidad,
especialmente los animales de compañías, de desarrollar afectividades reconocibles hacia el entorno humano en el que viven y crecen.
Señorías, en esta Cámara, a principios de este mismo año, aprobamos por unanimidad una PNL en el sentido en el que ahora camina la proposición que se presenta para su toma en consideración, que ya adelanto que contará con nuestro apoyo. Se
incorpora así, con las reformas legales propuestas en el ordenamiento jurídico estatal en materia civil y patrimonial, una concepción de los animales acorde con lo que sobre ellos establece la ciencia como seres sintientes, coherente con la
sensibilidad social vigente sobre la protección de los animales, conforme con el ordenamiento jurídico de la Unión, con el de los países más avanzados de nuestro entorno y con el de algunas comunidades autónomas, singularmente la catalana, pionera
en esta nueva sensibilidad animalista. También es consecuente con la línea emprendida en el Código Penal en 2015, en su artículo 357 reformado, y con la misma Ley de protección de los animales a nivel estatal. Por último, también es congruente con
los lazos afectivos mutuos que con los animales de compañía entablamos los humanos, singularmente aquellos más necesitados de compañía, como los discapacitados, las personas que viven solas, los enfermos, los niños, etcétera.
Las reformas propuestas en el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Criminal giran en torno a la idea-fuerza contenida en la proposición no de ley que, como recordaba, aprobamos en este mismo Congreso a finales de
febrero de este año; la idea de que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y que los de compañía son, además, un tipo especial de aquellos por el especial vínculo de afecto que los liga a la familia con la que conviven, por lo que no
cabe su embargo. Ahora, con la proposición de ley, se avanza y desarrolla lo acordado en esta Cámara en febrero respecto a los animales de compañía, añadiendo que sobre ellos no caben los pactos hipotecarios y estableciéndose normas relativas a las
crisis de pareja cuando con ella conviva un animal de compañía, atendiendo a su bienestar y al interés de los miembros de la familia. Por su parte, respecto al conjunto de los animales, se introduce en el Código Civil como clave de bóveda un
artículo 333 nuevo que recoge aquella idea-fuerza de que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, añadiendo la consecuencia de que solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes en la medida en que este sea compatible con su
naturaleza y con las disposiciones vigentes relativas a su protección. Por ello, se modulan las facultades del propietario en cuanto a su uso, disfrute y disposición, en atención a esa misma naturaleza de seres vivos. También se adecuan, en
atención a esa misma condición, otros conceptos como la ocupación o la responsabilidad por daños -estableciendo también los morales cuando se trate de un animal de compañía-, los frutos, etcétera. Se adecuan también otras leyes, como la
hipotecaria, en atención a esa meritada naturaleza.
Señorías, como ya avancé al principio de nuestra intervención, el Grupo Parlamentario Vasco apoyará la iniciativa, pues, como ya se dijo en esta Cámara, de la capacidad de comprender el sufrimiento de otros seres vivos deriva la obligación
moral de evitarlo y mucho menos ampararlo en figuras del patrimonio cultural o artístico. Daremos nuestro apoyo a esta iniciativa, sin perjuicio de que en el trámite de enmiendas introduzcamos aquellas que consideremos oportunas, tanto desde un
punto de vista material como competencial.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta. Con su permiso, hablaré desde el escaño solo para decir que nuestro grupo no puede oponerse a la admisión a trámite de la proposición de ley que se nos presenta, con la
consideración previa de la no jurisdicción del Código Civil que se quiere reformar sobre el Principado de Cataluña. Los catalanes hacen cosas y para la legislación catalana los animales no son cosas, atendiendo a que el Código Civil catalán, en su
libro V, ya considera que lo animales no son cosas desde la Ley 5/2006. Admitimos la presunción de buena voluntad del proponente, aun cuando una primera lectura de la proposición muestra algunas serias deficiencias, lagunas terminológicas y
conceptuales; por ejemplo, respecto a la diferente respuesta etológica que pueden tener determinadas especies cuando se las somete a separación, o las terribles confusiones entre sensible y sintiente que ya se han destacado, o en cuanto a la
terminología de animales salvajes y animales silvestres.
Esperamos que sean reflexionadas con la misma amabilidad que se ha demostrado en este debate y corregidas en el periodo de enmiendas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Antes de nada, quiero agradecer a Avelino de Barrionuevo sus palabras y decir que un buen diputado trae una buena iniciativa, y sabe que me alegro de que sea él quien lleve este asunto.
El pasado mes de febrero, el Grupo Parlamentario Ciudadanos trajo aquí esta propuesta, que entró como una propuesta de Ciudadanos y salió como una propuesta de todos los grupos de esta Cámara. Pero no solo es ya una intención de los
diferentes grupos políticos sino que, junto con esa propuesta, entregamos casi 250 000 firmas en aquel momento que pedían estos cambios en el Código Civil y en otras leyes. Hoy, esa recogida de firmas que organizó el Observatorio de Justicia y
Defensa Animal tiene más de 350 000 signatarios. Ya hablamos en su momento de las consecuencias de este cambio y estos son los motivos por los que en Ciudadanos promovimos esta reforma. Uno, no es admisible que, en caso de divorcio, el animal de
compañía sume como el televisor o la nevera; esta reforma revierte esta situación. Dos, tampoco es de recibo que, en caso de embargo, se lleven a un perro a un refugio, separado de sus dueños, donde además no podrá ser adoptado puesto que está en
depósito judicial. Tres, existen casos como el que denunció la Fundación Affinity de un accidente de tráfico en el que los servicios de emergencia se llevan a los heridos y quedan en el coche las llaves, la mochila y Max, que es un perro que estará
herido y asustado pero que queda en el coche porque, a ojos de la ley, es una cosa más. Es importantísima la consideración que de los animales va a quedar en nuestra norma civil y así lo pedimos desde Ciudadanos en febrero. Los animales son seres
vivos dotados de sensibilidad. Este reconocimiento informará a todo nuestro ordenamiento jurídico. Es mucho más importante de lo que a priori pueda parecer. Hay otros casos en los que la legislación es insuficiente. Hace pocas semanas todos
vimos atónitos cómo unos tipos acorralaban a un jabalí en los Picos de Europa. Siete hombres pusieron contra un precipicio al animal, que se aferraba con las pezuñas; le pincharon con palos hasta que se despeñó; quedó convulsionando y agonizando
entre las rocas. ¿Saben qué pena contempla el Código Penal para una acción así? Ninguna. Los animales silvestres no están protegidos de la crueldad de los sociópatas que disfrutan con el dolor y el sufrimiento de otro ser vivo.
Pero hay casos en los que la ley sí recoge una tipología penal para conductas de esta naturaleza, les contaré. Hace dos semanas ingresó en prisión la presidenta de una supuesta protectora en Torremolinos, Málaga, por exterminar a más de
2000 animales. De la investigación que hizo el Seprona se dedujeron los siguientes datos: primero, que administraban dosis insuficientes de eutanásico a los animales, que quedaban agonizando durante horas y los aullidos y maullidos eran escuchados
por todos los vecinos de la zona, de hecho fueron quienes denunciaron el asunto. Segundo, otras veces eran metidos en el congelador con vida todavía puesto que el eutanásico había sido insuficiente. Tercero, existían jornadas de exterminio que
duraban horas y que eran por todos sospechadas: cachorros, perros sanos, camadas de gatos, agonizando y siendo congelados en plena agonía por eutanásico insuficiente. (Muestra una foto). Aquí les muestro una de las fotos que tomó el Seprona de
esa investigación. La cantidad de animales exterminados nos daba para cien fotos como esta, en España en el siglo XXI. Pues bien, ¿saben qué condena ha recibido la propietaria de esta protectora? Tres años y nueve meses. ¿Pero saben que dos años
y nueve meses fueron por falsedad documental y que solo doce meses están relacionados con estos hechos? Es más, ¿les parece normal que nuestro Código Penal condene con el mismo rango de penas el hurto de una cartera que el exterminio de miles de
animales? Pues así es actualmente. El juez y el fiscal -en la sentencia y en los informes de la fiscalía- han pedido que se eleven las penas; nosotros lo pedimos antes del verano en la Comisión de Medio Ambiente. (Aplausos).
Tenemos pendiente otro asunto: el abandono, ya que 140 000 animales son abandonados todos los años en España. Una cifra vergonzosa; ya saben que los animales lo dan todo por sus dueños, todo. Tenemos el caso hace pocos meses de Polo, un
perro que en Baltimore cubrió con su cuerpo a un bebé de ocho meses durante un incendio. El cuerpo del animal protegió al bebé el tiempo suficiente para que llegaran los bomberos y pudieran rescatarlo en su domicilio. El animal murió. Lo más
curioso es que el animal tenía una ventana abierta por la que se podía haber salvado perfectamente y prefirió quedarse junto al bebé, que hoy afortunadamente vive. Pues bien, hay gente que deja a Polo en la carretera, y esa
gente merece nuestro desprecio y un castigo. A este respecto quiero señalarles que se acerca la Navidad, fechas en las que se hacen regalos, tengan presente que tener un animal es una responsabilidad, que un animal no es un juguete; las
modas no traen nada bueno en este tema. En 2005 hubo un problema muy serio con todos los niños del Reino Unido -por poner un ejemplo de Europa, donde también se dan estos problemas-, que querían lechuzas porque Harry Potter se comunica mediante
ellas. La lechuza es una rapaz que vive unos 30 años y se produjeron montones de abandonos de lechuzas, que se iban muriendo por las calles y por los bosquecitos del Reino Unido. Menos mal que la Rowling no quiso que los magos de Hogwarts se
comunicaran con escorpiones mensajeros. (Aplausos).
Para el bienestar de los animales y evitar su abandono hemos hecho más propuestas. Aparte de esta de que los animales dejen de ser considerados como cosas, aparte de elevar las penas para el caso de maltrato o de que haya penas en casos que
hoy no se conciben, hemos propuesto que no se exhiban animales en los escaparates, que no se den como premio o recompensa, que se hagan campañas de esterilización, que las políticas tiendan al sacrificio cero; queremos un registro de infractores,
que gente como esta propietaria de la protectora de Torremolinos no pueda acercarse a un animal nunca más en su vida. (Aplausos).
Voy terminando, presidenta. Ya vaticinamos una legislatura crucial en esta materia; vendrán más iniciativas. Votando hoy a favor de esta toma en consideración daremos un paso importante para tener un país mejor. Todos reconocemos el bien
en los animales, la nobleza y la lealtad que nos profesan. Yo no sé ustedes, pero si no hay perros en el cielo, yo cuando muera quiero ir donde ellos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero en primer lugar unirme al agradecimiento y dar la bienvenida a Affinity y a las organizaciones de defensa de los derechos de los animales que están hoy aquí con nosotros y también a la Asociación Parlamentaria de Defensa de
los Animales por el trabajo tan intenso y tan interesante que realizan. Además, quiero decir que esta modificación de la legislación española sobre la cuestión que hoy nos ocupa, que es que los animales dejen de ser cosas para pasar a ser
reconocidos como seres sintientes, viene avalada por decenas de miles de firmas de la sociedad civil. Una campaña de esas organizaciones es la que está delante y detrás de esta proposición que discutimos hoy. En ese sentido, no deja de
sorprenderme, a mí al menos, que esta propuesta venga de la mano del Partido Popular, que tan buenos momentos parlamentarios nos ha dado cuando defendía, por ejemplo, en este mismo estrado la necesidad de que se mantenga la legalidad de la
amputación del rabo de los perros con aquella exposición del diputado que hizo la defensa sobre el efecto látigo que tantas veces he recordado, cada vez que veo a mi perro menear el rabo. Todavía estoy a la espera de entender cuál es la
peligrosidad del efecto látigo. En todo caso, es una sorpresa agradable que el Partido Popular venga al lado de la defensa de los derechos de los animales.
Por otro lado, si esta proposición hubiera venido de la mano de algún partido de la oposición, seguramente se hubiera quedado bloqueada en la Mesa debido a alguna excusa presupuestaria, como ha ocurrido ya con 43 proposiciones de ley
diferentes que están bloqueadas y que no llegan al Pleno. Con este cambio los animales dejarán de ser cosas para pasar a ser reconocidos como seres sintientes y con ello se amolda la legislación española a la sociedad contemporánea y al
reconocimiento, afecto y respeto que estos seres vivos con los que compartimos la vida merecen. Por tanto, damos la bienvenida a esta propuesta para adecuar nuestro ordenamiento jurídico al principio constitucional establecido desde 2009 en el
artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce el estatus jurídico de los animales como seres sintientes o sensibles. Desgraciadamente, una vez más España llega tarde; llegamos tarde. Este anacronismo legal ya se ha
reformado en otros códigos civiles. Se ha mencionado el caso de Cataluña, que ya en el año 2006 hicieron esta reforma y reconocieron expresamente que los animales no son cosas, como también lo han reconocido ya el código civil francés, austriaco,
suizo o alemán, que han llevado a cabo las pertinentes reformas para cambiar el estatuto jurídico de los animales: de cosas a seres vivos dotados de sensibilidad. Nuestro Código Civil de 1889, recibido de la codificación napoleónica, seguía
petrificado y manteniendo el estatuto jurídico de los animales como cosas Este
vestigio del pasado chocaba con el mandato introducido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con los avances legales en materia de protección animal del resto de nuestra legislación.
Con estos mimbres, el Código Civil no era capaz de dar una respuesta adecuada a los múltiples conflictos actuales que se derivan de la convivencia entre personas y animales. Hay casos prácticos en los que se visibiliza la obsolescencia del
ordenamiento jurídico actual; por ejemplo, la dificultad de persecución en los casos de abandono. Ya se ha mencionado que entramos en el momento de la Navidad, momento en el que de manera irresponsable se regalan muchas veces animales que son
inmediatamente abandonados. Creo que es importante hacer un nuevo llamamiento a la racionalidad y a la responsabilidad porque en eso los animales tampoco son cosas, y además invitar a la adopción frente a la compra. Otra cuestión son los múltiples
conflictos que surgen entre las parejas que se separan por la tenencia del animal de compañía y la necesidad de establecer turnos de custodia en función de las necesidades del animal; las dificultades con el contrato de adopción de un animal de
compañía que se adopta en un albergue, refugio o protectora, o los problemas que se derivan de la compraventa de animales cuando luego tienen enfermedades y la práctica comercial es cambiarlo, como si fuera un objeto en vez de un ser vivo que debe
ser curado, y así sucesivamente. Ante esto, sin duda aplaudimos este avance y esperamos que no se quede en esta cuestión. Es necesario avanzar en una nueva reforma del Código Penal acorde con el nuevo bien a proteger, la vida y la dignidad de los
animales, así como la aprobación de una ley estatal de protección animal y la puesta marcha de la proposición no de ley aceptada en esta Cámara para la bajada del IVA veterinario, que sin duda haría más real la premisa del bienestar de los animales
como seres sintientes.
No puedo dejar de mencionar, ya que el Partido Popular parece acercarse a los defensores de los animales, algunos cambios que podría hacer el Ejecutivo. No son cambios especialmente radicales, pero serían significativos y permitirían que
nos tomásemos en serio su repentino interés por la defensa de los animales. Podría mencionar muchos, pero solo diré algunos, cuestiones como estas que voy a proponer que acercarían a nuestro país a un entorno en el que el bienestar de los animales
estaría mejor salvaguardado. Por ejemplo, eliminar la declaración de bien de interés cultural de los espectáculos taurinos más sangrientos, como el toro de Coria y otros; suprimir las subvenciones a los espectáculos en los que se maltrata y da
muerte a animales; evitar la emisión en las televisiones públicas de espectáculos sangrientos con animales; impedir el acceso a menores a estos espectáculos o poner freno a la importación de cachorros de países del este de Europa, de dudosa
legalidad. También les invito a evitar recurrir al Tribunal Constitucional todas aquellas iniciativas autonómicas que curiosamente pretenden avanzar en las autonomías en la defensa de los derechos de los animales, siendo el último recurso el
presentado contra la ley balear en materia de festejos taurinos. (Aplausos). Por último, creemos que en nuestro país es necesaria una ley básica de bienestar animal. Ahí es donde se debe avanzar.
Déjenme hacer una última acotación con respecto a la modificación de la Ley Hipotecaria. Nosotros compartimos absolutamente esta modificación que se plantea, pero también creemos que deben hacer una reflexión sobre la necesidad de modificar
la ley para frenar de una vez y para siempre en nuestro país los desahucios, que afectan a muchas personas. Es un tema que nos preocupa y esperamos que a ustedes les preocupe también.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Antón Cacho.
El señor ANTÓN CACHO: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
El Grupo Parlamentario Popular nos presenta para su toma en consideración una proposición de ley para la modificación del régimen jurídico de los animales en el Código Civil, en la Ley Hipotecaria y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta
cuestión fue debatida en esta Cámara en el mes de febrero con motivo de una proposición no de ley que fue aprobada con una transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Socialista esperaba que el propio Gobierno
hubiera presentado ya en septiembre un proyecto de ley con estas modificaciones, lo que nos hubiera permitido adelantar su aprobación y estar en estos momentos trabajando en posibles enmiendas como las que ya está proponiendo, entre otras, la
Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, a la que, por cierto, quiero agradecer su trabajo en la búsqueda del consenso parlamentario en estos temas. El Grupo Parlamentario Popular tiene todo el derecho -faltaría más- a presentar
proposiciones de ley, pero en este caso sospecho que ha pesado más la idea de gastar su cupo que cualquier otro objeto finalista de la misma.
Entrando en materia, y tal como quedó reflejado en el debate de febrero, el PSOE está totalmente de acuerdo con el fondo de esta propuesta. Nuestra legislación no se ha adaptado a la realidad social que ocupan los animales en este momento,
sigue tratándolos como cosas muebles y generando sufrimientos innecesarios en los conflictos patrimoniales. Es prioritario adaptar nuestra legislación reconociendo a los animales como seres sintientes y sensibles, tal y como recogen el Tratado de
la Unión Europea, muchas de las legislaciones de los países vecinos e incluso nuestras propias comunidades autónomas. Además, esta modificación legislativa viene siendo reivindicada y avalada por la sociedad. De hecho, como ya se ha indicado aquí,
el Observatorio Justicia y Defensa Animal lleva ya recogidas más de 350 000 firmas solicitando estos cambios. La sociedad actual identifica a los animales como seres vivos que merecen respeto y reconocimiento, con los que convivimos y compartimos
nuestros espacios. De hecho, el 40% de los hogares posee al menos uno de los 20 millones de animales de compañía contabilizados en España. Para hacernos una idea de la importancia del papel de los animales de compañía, en un reportaje publicado en
el periódico El Mundo este mismo fin de semana titulado 'La humanización de las mascotas' se viene a decir que cada familia gasta 1200 euros al año en mantener a un animal en su domicilio, llegando a ser considerado como hábito saludable tener un
animal de compañía en casa. Entre esta humanización por parte de los dueños y la cosificación de los animales de compañía en nuestra legislación hay un largo camino por recorrer que va más allá de la modificación y de la adaptación de estas tres
leyes que traemos hoy aquí, aunque como inicio las consideramos positivas.
Tal y como recoge el Partido Socialista en su programa electoral, consideramos que este Parlamento debe aprobar cuanto antes una ley marco de bienestar animal para garantizar de forma efectiva la protección y defensa de los animales, una ley
acorde con la legislación comunitaria e internacional y en coordinación con las comunidades autónomas, respetando, por supuesto, el ejercicio de sus competencias. Porque además de reconocimiento, los animales necesitan protección. La modificación
del Código Penal no ha conseguido erradicar los malos tratos, las muertes injustificadas y los abandonos de animales de compañía. Es habitual, como aquí ya se ha indicado, la publicación de noticias que encogen el corazón a cualquiera y que nos
hacen dudar de la humanidad de algunos individuos. A nuestro juicio, hay tres cuestiones prioritarias a desarrollar en esta ley marco. La primera sería la creación de un banco nacional de datos de dueños para poder evitar la adquisición de
animales por parte de personas sancionadas y el abandono en comunidades limítrofes. La segunda sería un plan de sensibilización y concienciación porque, más allá de buscar sanciones ejemplarizantes, sería preferible evitar la adquisición caprichosa
y compulsiva de animales de compañía que al final acaban convirtiéndose en una carga familiar. La tercera sería el reconocimiento y la regulación de las protectoras y refugios de animales. Su labor es imprescindible para conseguir el gran objetivo
de no sacrificar a ningún animal y buscar una segunda oportunidad para los animales abandonados. Desde aquí quiero agradecer en nombre de mi grupo la gran labor de los voluntarios y las voluntarias de las protectoras, que llevan décadas luchando
por los derechos de los animales. (Aplausos).
Como sociedad tenemos un enorme reto por delante respecto a los animales de compañía que pasa, por un lado, por erradicar cualquier tipo de maltrato y, por otro lado, por incorporar la presencia de estos a nuestro día a día de una manera
cívica y respetuosa con el resto de los vecinos. Espero y deseo que esta futura ley marco se apruebe lo antes posible y nos ayude a conseguir estos objetivos. Mientras tanto, el Grupo Parlamentario Socialista apoyará esta proposición de ley con la
intención de estudiar alguna aportación constructiva en el periodo de enmiendas.
Para terminar, en el reportaje al que hacía antes mención se citaban una serie de datos. Se hablaba de que una de cada cuatro personas entrevistadas había pensado regalar un perro o un gato estas Navidades. Sin embargo, otro dato era que
el 80% de los españoles no considera adecuado el regalo de un animal de compañía. Ante estos datos y teniendo en cuenta el tiempo que se nos viene encima, las Navidades, me gustaría que estas personas que tienen pensado hacer este regalo
reflexionaran primero, preguntaran y descubrieran si de verdad la persona que va a recibir este presente está preparada y quiere asumir la responsabilidad que conlleva mantener una mascota y, por último, en caso de que decidan hacer ese regalo, que
se pasen por una protectora o por un refugio y den una nueva oportunidad a un animal que ha sufrido, desde luego le va a ir bastante mejor que en un refugio.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000132).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la modificación de
los criterios de aplicación de la regla de gasto, de carácter orgánico.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Iglesias Turrión.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los ciudadanos nos ven debatir en este Congreso de muchas cosas, debatir con diferente tono sobre diferentes cuestiones, cuestiones ideológicas, cuestiones de matiz, y a veces es difícil distinguir las cuestiones que tienen mucho
alcance de las que no lo tienen. Por ejemplo, a veces los ciudadanos nos ven discutir de una PNL -una proposición no de ley- y eso a veces genera unas enormes expectativas en la gente, pero en la práctica el resultado de una proposición no de ley
puede ser ninguno, porque el Gobierno no tiene obligación en la práctica de llevar a cabo el contenido de una proposición no de ley. De hecho, podría decirse que nuestro sistema político está diseñado para establecer una preeminencia del Gobierno
con respecto al Poder Legislativo. Es algo curioso porque el nuestro no es un sistema político presidencialista; al presidente del Gobierno no lo eligen los ciudadanos, lo elige la única sede de la soberanía popular, que es el Congreso. Una de
las mayores expresiones de esa capacidad que tiene el Gobierno de situarse permanentemente por encima del Poder Legislativo, por encima de la expresión de la voluntad popular, es la prerrogativa del veto, que se ha convertido en la gran prerrogativa
del Gobierno en esta legislatura. En el último año el Gobierno del Partido Popular ha vetado cuarenta proposiciones de ley. En el último año se han vetado tantas proposiciones de ley como en los últimos cuarenta años de la democracia. Es desde
luego un problema de nuestro Gobierno con el Parlamento y un problema de nuestro Gobierno y de nuestro sistema político con la democracia que se trate de subvertir, aunque a veces sea legal, la única voluntad popular de nuestro país, que está
representada en esta Cámara.
Hay momentos, sin embargo, en los que el Parlamento es crucial, en los que el Parlamento es muy importante: cuando tiene que aprobarse la investidura de un presidente del Gobierno, cuando se tiene que producir la aprobación de los
presupuestos generales o cuando se produce una moción de censura. Son momentos en los que el Gobierno tiene que negociar con los representantes de la soberanía popular, son momentos en los que los representantes de la soberanía popular se pueden
hacer valer frente al Gobierno. Hay además momentos enormemente excepcionales en los que esta Cámara, el Congreso de los Diputados, puede dar una orden al Gobierno en forma de ley que incluso vaya en una dirección diferente a la voluntad del propio
Gobierno. Entonces ocurre algo excepcional, nada frecuente, y es que la sede de la soberanía popular le dice al Gobierno lo que tiene que hacer aunque el Gobierno no quiera, porque la sede de la soberanía popular no está en la Moncloa, está en el
Congreso de los Diputados.
Hoy, a pesar de la ausencia del Gobierno, que está en el Senado, estamos viviendo uno de esos momentos excepcionales en los que esta Cámara puede darle una orden al Gobierno, y además sobre un tema de Estado, precisamente porque afecta nada
más y nada menos que a la calidad de nuestro Estado del bienestar. Hoy debatimos una proposición de ley -esto sí se va a convertir en ley, a diferencia de las proposiciones no de ley- sobre la regla de gasto, y si la aprobamos -y parece que la
vamos a aprobar- eso será una orden al Gobierno. Tenemos una oportunidad histórica de modificar la regla de gasto. ¿Y por qué esto es tan importante? Permítanme que haga un repaso muy rápido de lo que empezó a ocurrir en este país y en muchos
países europeos en 2007: hubo una enorme crisis económica que puso en cuestión el modelo social europeo, fundamentado en políticas neoliberales, que se tradujo en el sufrimiento de buena parte de nuestros compatriotas, en el empobrecimiento de los
sectores populares, en la pérdida de expectativas de los sectores medios, en desahucios, en paro, en pobreza y en migración. Y las instituciones europeas dijeron que había que hacer dos cosas: la primera, recortes sociales y, la segunda, priorizar
el pago de la deuda respecto al pago de los créditos para hacer políticas sociales. Y obligaron a nuestro país nada más y nada menos que a hacer una reforma de la Constitución. Esa reforma de la Constitución que era tan difícil de hacer, esa
Constitución que era tan difícil de modificar, de pronto, en verano, por una instrucción del Banco Central Europeo, el Partido Socialista y el Partido Popular se ponen de acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución, lo que en buena
medida puso en cuestión el propio artículo 1.1 de la Constitución que dice que el nuestro es un Estado social. (Aplausos).
Hoy podemos contribuir a revisar y a solucionar aquella reforma de la Constitución de infausto recuerdo. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es simplemente el desarrollo del
artículo 135 de la Constitución y establece básicamente la estabilidad presupuestaria, es decir un principio máximo de la política económica y social de todas las administraciones públicas en España; ojo, de todas, de los ayuntamientos, de las
comunidades autónomas y también del Gobierno del Estado. Pero es una norma que tiene un elemento enormemente peligroso para la democracia y para la propia Constitución pues ataca a la autonomía de los entes locales, de los ayuntamientos, al
plantear algo tan extraño como que si un ayuntamiento tiene remanente en su tesorería, si ha ahorrado, si tiene superávit ese ayuntamiento no puede utilizar el dinero ahorrado para hacer políticas sociales propias de sus competencias. Algunas
preguntas al respecto. ¿Tiene esto sentido? Creo que nadie lo entiende; nadie entiende en España que un ayuntamiento bien gestionado, con unas cuentas públicas saneadas, con un nivel de endeudamiento razonable y que paga a sus proveedores en los
plazos exigidos por la ley no pueda gastarse el dinero que ahorra en servicios públicos. Sin embargo, tiene que darle el dinero al ministerio del señor Montoro para que el señor Montoro cuadre sus cuentas. Segunda pregunta, ¿la prohibición de
incurrir en déficit estructural la cumplen todas las administraciones? No, es sistemáticamente incumplida por la Administración Central gobernada por el Partido Popular. El señor Montoro ha incumplido todos y cada uno de los años en los que ha
gobernado su propia regla de gasto que obliga a los demás a cumplir. Es decir, ustedes han hecho una ley que se les aplica a otros pero no se les aplica a ustedes. Una vez el señor Rajoy me dijo desde esta tribuna un refrán castellano muy cruel
que en este caso se le puede aplicar: Consejos vendo que para mí no tengo. (Aplausos). Tercera pregunta. ¿Obliga el Gobierno a cumplir esta regla de gasto a todas las administraciones? No, no obliga a cumplir esta regla de gasto a todos los
ayuntamientos, sino solamente a los ayuntamientos que le da la gana. Les pondré dos ejemplos. Al Ayuntamiento de Madrid sí le obliga a cumplir esta ley, que el Ayuntamiento de Madrid cumple, pero aún así lo interviene. El Ayuntamiento de Madrid
ha conseguido tener superávit al mismo tiempo que ha reducido ya un 40% la deuda que dejó el Gobierno del Partido Popular, incrementando el esfuerzo inversor en un 102% y la inversión social en un 74%. Sin embargo, el Ayuntamiento de Jaén, que
incumple sistemáticamente la misma regla de gasto y que es el ayuntamiento de toda España que tiene más deuda por habitante, no es intervenido. Y para desgracia de los madrileños resulta que en la intervención sobre el Ayuntamiento de Madrid coloca
al mando del mismo al número dos del señor Montoro, un tal José Enrique Fernández de Moya, a la sazón exalcalde Jaén, municipio al que dejó con un agujero de 550 millones de euros. (Aplausos). Esto es lo que hace el Partido Popular con la regla de
gasto.
De todo esto se pueden extraer algunas conclusiones muy sencillas. La primera es que las políticas económicas del Partido Popular son un fracaso no porque sean de derechas, sino básicamente porque son ineficientes y porque incumplen sus
propias normas. Ustedes utilizan la regla de gasto no para aplicársela, sino para meter mano en los ayuntamientos que sí son eficaces. En segundo lugar, a ustedes no les importa la regla de gasto como tal, porque sistemáticamente la incumplen, les
importa tener un instrumento para atacar a los ayuntamientos que demuestran que se puede gobernar mejor que ustedes. Les daré algunos datos solamente del Ayuntamiento de Madrid. Miren, Gallardón y Botella dejaron la mayor deuda municipal de toda
España; sin embargo, en dos años el Ayuntamiento de Madrid reduce la deuda en 2000 millones de euros, aumenta el gasto social un 26% y elimina el copago impuesto por el Partido Popular para el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia a 40
.000 personas con bajos ingresos.
Les doy unos datos muy concretos de lo que se podría hacer con 1000 millones de superávit que ha generado el ayuntamiento ahorrando: se podrían construir cuarenta escuelas infantiles; construir treinta centros de mayores; comprar
trescientos autobuses ecológicos; comprar quinientas viviendas para alquiler social; peatonalizar el equivalente a cinco Gran Vías; habilitar más de 200 kilómetros de carril-bici; crear más de cincuenta estaciones de biciMad; recuperar y hacer
accesibles todos los edificios municipales o reparar el pavimento de quinientas calles de Madrid. Pero no, hay que darle los 1000 millones de euros ahorrados por la administración de todos los madrileños al señor Montoro, ya que no le cuadran las
cuentas. (Aplausos). Lo mismo cabría decir si vemos los resultados de gestión de ayuntamientos como los de Cádiz, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Coruña.
Si contrastamos estos datos con los datos oficiales del Gobierno de España, lo que vemos es que en los últimos siete años el Gobierno del PP ha recortado un 70% la inversión en vivienda. Desde el año 2009, el Sistema Nacional de Ciencia ha
perdido 20 000 millones en dinero público. El Gobierno reducirá en 2018
-son datos oficiales- por tercer año consecutivo la proporción del producto interior bruto que destina a sanidad, a educación y a protección social. ¿Saben lo que revela el contraste de estos datos? El contraste entre quien es eficiente y
entre quien no lo es, el contraste entre quien gobierna bien y quien gobierna mal y la demostración de que hay alternativas a sus políticas, señores del Partido Popular.
Esta proposición de ley tiene el apoyo no solamente de los Gobiernos municipales que citaba, sino también de los Plenos de esos ayuntamientos, donde ha sido debatida una moción con el mismo contenido que esta proposición de ley. Está
apoyada casi al completo por los plenos municipales de Barcelona, Cádiz, Madrid, Oviedo, Palma, Valencia, Valladolid, Zaragoza; incluso Ciudadanos, que iba a votar con el Partido Popular, ha votado a favor de estas mociones en Madrid y Zaragoza.
Hoy podemos conseguir que haya cosas que cambien en este país, y hay que darle las gracias al Partido Socialista por empezar a rectificar apoyando esta moción que rectifica el error de la reforma del 135. Al Partido Socialista y a los demás grupos
con los que vamos a lograr la mayoría absoluta para dar una orden al Gobierno les pediría que reflexionaran con nosotros. Seguramente tenemos muchas diferencias, seguramente nos emocionamos con símbolos diferentes, seguramente hoy parece que esas
diferencias son insalvables, pero creo que hay algo mucho más importante que nuestras diferencias, señorías, y es construir un modelo social decente. Construyamos una alternativa de gobierno a la desastrosa gestión del Partido Popular y a su
corrupción.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Plantea el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos una profunda modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto orgánica que, de llevarse a efecto, desbarataría el conjunto de medidas que se han venido adoptando
durante los últimos años para evitar el descuadre de las cuentas públicas y, en consecuencia, se resentirían los pilares para que en España prosiga el crecimiento de la economía y se puedan generar más y mejores puestos de trabajo, objetivo
apremiante y prioritario de la política nacional.
A lo largo de nuestra democracia hemos sufrido crisis económicas lacerantes que hemos superado gracias a aplicar leyes para dotarnos de estabilidad y mantenerla, salvo en el período de gobierno del señor Rodríguez Zapatero, como relató con
pelos y señales su vicepresidente y ministro de Economía, señor Solbes. Pero también hemos alcanzado pactos útiles de calado histórico, como fueron los de La Moncloa en 1977, que permitieron hacer frente a una inflación cercana al 47%.
En Foro, que votó en contra de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, creemos que los grandes objetivos para defender la estabilidad y corregir el déficit pasan por cumplir y hacer cumplir las leyes. Lo que ahora se define
como regla de gasto lo que hace es limitar al crecimiento económico los recursos utilizables para cada ejercicio presupuestario porque, de incumplirse, incrementaría el exceso de gasto con grave daño para las cuentas públicas. Todo esto, además,
forjaría nuevas formas de privilegios económicos -los aplicados a las comunidades autónomas más incumplidoras ya son de auténtico escándalo- sin atender al principio constitucional de solidaridad que exige un equilibrio económico justo en todo el
territorio español.
Hoy Unidos Podemos propone un atajo y si aceptamos la toma en consideración que ha defendido el señor Iglesias Turrión entraremos más de lleno aún en el juego de los privilegios, justamente cuando lo que España necesita con urgencia, y muy
singularmente Asturias, es, además de estabilidad, un nuevo sistema de financiación para garantizar los servicios públicos esenciales con respeto escrupuloso a los mandatos en materia de igualdad y de solidaridad, en lugar de estas propuestas que
acabarían propiciando nuevas desigualdades, más agravios, ciudadanos de primera y de segunda y, en definitiva, agravios inaceptables.
Señora presidenta, votaré en contra de esta toma en consideración.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto también tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, señora presidenta.
Hoy hablaremos de paradojas, pero antes voy a dar un dato. El Partido Popular gobierna hoy a diez millones de ciudadanos, dieciséis millones menos que en 2011. En la Comunidad Valenciana han pasado de gobernar a cuatro millones de
ciudadanos a solo seiscientos mil. El Partido Popular es ese partido que se reclama como un partido serio y responsable, pero este partido serio y responsable es el responsable de quedarse con el 80% del déficit de todas las administraciones
públicas del Estado, y son justamente los ayuntamientos, que no tienen ningún déficit, los que le tienen que salvar la cara -y permítanme la expresión- o el culo en Europa a este Gobierno serio y responsable, pero que no es capaz de mantener ese
déficit. Ustedes critican a los ayuntamientos del cambio y son ustedes, precisamente, los que no son capaces de mantener el déficit a raya. Son ustedes ese Gobierno responsable que ha hecho que la deuda la cogieran al 69% y esté hoy al 100% del
PIB. ¿Qué ha pasado? Que este año pasamos a deber 1,12 billones de euros.
Segunda paradoja, los ayuntamientos absorben el 13% de los recursos. Los que venimos de los ayuntamientos sabemos que esa es la primera barrera a la que acuden los ciudadanos. En cambio, son las administraciones más cumplidoras, las que
controlan el déficit, las que pagan a tiempo. Por cierto, hoy se ha visto un ayuntamiento del cambio como el de Valencia que está teniendo registros negativos, es decir, que se adelanta a pagar a los proveedores, pero nuevamente ustedes intentarán
que esta propuesta no salga adelante. Lo intentaron y llegaron tarde por cuatro minutos y luego, evidentemente, harán filibusterismo político para que esto no se llegue a aplicar.
Conclusión -acabo-, los ayuntamientos tienen 6800 millones de euros que no pueden dedicar a políticas sociales porque el PP los necesita para salvar la cara en Europa. Me parece claramente injusto y, por tanto, evidentemente, Compromís, que
es una coalición profundamente municipalista, votará muy, muy, muy convencida a favor de esta propuesta.
Moltes gràcies. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Una semana más les debo recordar que el vicepresident Junqueras, el conseller Forn y Jordi Cuixart y Jordi Sánchez están en prisión por sus ideas políticas y, por tanto, son presos políticos. (Aplausos).
Dicho esto, señor Iglesias, vamos a votar a favor de su iniciativa sin ninguna duda pero, si nos lo permiten, vamos a presentar alguna enmienda porque, aunque compartimos el fondo, entendemos que algunos aspectos son técnicamente mejorables.
Simplemente quiero poner de manifiesto que esta reforma legislativa está en estos momentos aquí por el empecinamiento, por la obsesión, del señor Montoro de no cumplir sus propias promesas.
El problema que está representando la regla de gasto a las corporaciones locales en estos momentos se podría haber solventado con una interpretación diferente a la que hace la Intervención General del Estado en cuanto a la aplicación de la
propia regla de gasto en las corporaciones locales. Y en eso estábamos todos de acuerdo: estaba de acuerdo el ministerio, estaba de acuerdo la Federación Española de Municipios y Provincias, estaban de acuerdo las organizaciones municipalistas y
estábamos de acuerdo en la CNAL. El compromiso del ministro de modificar esta interpretación se remonta, que yo recuerde, a hace tres veranos, y a lo largo de estos tres años no es que haya sido incapaz -el ministro tiene capacidad para hacerlo-,
sino que le ha faltado la voluntad política por lo que ustedes manifestaban anteriormente, porque el superávit que obliga a tener a las corporaciones locales se lo apodera la Administración central, que es la incumplidora en cuanto a los objetivos
de déficit. Por tanto, no tengan ninguna duda de que van a contar con nuestro voto favorable. Estoy seguro de que esta iniciativa saldrá adelante hoy y que tendremos la oportunidad entre todos de mejorarla.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on, señorías; buenas tardes.
Las administraciones públicas -no solo las locales- han vivido inmersas en el proceso de consolidación de las cuentas exigidas en la senda del cumplimiento de los objetivos establecidos por la
Unión Europea en materia de déficit público y deuda pública, dentro del Pacto de estabilidad y el protocolo de déficit excesivo. Por tanto, las medidas establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera -con un enfoque incluso más restrictivo que el que ha utilizado la Unión Europea- continúan siendo un aspecto que a nuestro grupo le ha preocupado y le preocupa. Además, con la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria,
las administraciones públicas -todas, no solo las locales- se vieron sujetas no solo al límite de estabilidad presupuestaria y de endeudamiento, sino también al límite que conlleva la regla de gasto, puesto que la ley orgánica la sitúa, junto con el
límite de déficit y de deuda, en el mismo nivel en cuanto a la obligatoriedad de su aplicación y a las consecuencias de su incumplimiento. Sin embargo, esto no es así en Europa, donde no utilizan la regla de gasto con carácter sancionador. Solo
los objetivos de déficit y deuda tienen este carácter. En Europa, su incumplimiento no tiene consecuencias sancionadoras, que solo se desencadenan si hay una revisión del objetivo a medio plazo, y además no se aplica cuando el país -como he dicho-
tiene abierto un procedimiento de déficit excesivo.
Nuestro grupo entiende que la regla de gasto puede servir como una herramienta de carácter orientativo y, por ello, estamos de acuerdo en que hay que flexibilizarla, y así lo reivindican no solo otros grupos políticos sino también la Airef,
que se ha declarado, por un lado, incapaz de evaluar la regla de gasto y, por otro, manifiesta que la misma tiene que ser un instrumento de planificación. Por ello, también ha venido reclamando su reforma, para aplicarla, como hacen otros países en
Europa, y es que la reforma de la regla de gasto no significa no mantener la estabilidad presupuestaria, ya que entendemos que la deuda ha de mantenerse en un margen sostenible para asegurar que las administraciones dispongan de los recursos
adecuados. En la medida en que las administraciones van alcanzando sus respectivos objetivos de estabilidad a medio plazo, la regla de gasto se convierte en la principal limitación presupuestaria, ya que establece que el crecimiento del gasto
público anual no debe superar una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo; un límite que además es inferior al potencial real de crecimiento a medio plazo y que, por tanto, disminuye la capacidad de decisión de las administraciones.
Ahora bien, la proposición de ley que hoy nos traen, no nos engañemos, es principalmente consecuencia también del problema del Ayuntamiento de Madrid derivado de la aplicación de regla de gasto cuando hay otras administraciones públicas que
están afectas también por esta regla y, por tanto, con los mismos problemas. Lo digo porque ustedes no proponen modificación alguna, por ejemplo, para los Gobiernos autonómicos.
Por otro lado, y respecto de la proposición de ley, cuando hablan de modificar el apartado 12.1 de la Ley de estabilidad para inaplicar la regla de gasto a aquellas corporaciones locales que cumplan con los principios de estabilidad
presupuestaria -entendida esta como el mantenimiento de una posición de superávit, equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera, que a su vez se entiende como el mantenimiento de un nivel de endeudamiento inferior al 110% de los recursos
corrientes y el mantenimiento de un plazo medio de pago a proveedores inferior a los treinta días-, quiero matizar que, por un lado, no establecen cuándo tienen que cumplir ese volumen de deuda y, por otro, que en Euskadi será el Consejo Vasco de
Finanzas, en virtud del Concierto Económico, y en su caso las diputaciones forales, las que fijen ese endeudamiento atendiendo a la reserva foral recogida en la disposición final tercera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera 2/2012.
Nuestro grupo votará a favor de la toma en consideración de esta PL porque compartimos su objetivo, pero propondremos enmiendas para, por un lado, salvaguardar el régimen económico-financiero y tributario vigente -la especificidad foral-,
tanto en la Comunidad Autónoma del País Vasco como en la Comunidad Foral de Navarra, y por supuesto para mejorar algunas cuestiones de la proposición de ley y las limitaciones que impone la regla de gasto.
Me gustaría recordar también al Gobierno que esta flexibilización de la regla de gasto se ha venido solicitando en numerosas ocasiones y que, además, este Gobierno se comprometió a su revisión en el primer semestre del año 2017. Por ello,
se estableció un grupo de trabajo entre el Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Autoridad Fiscal Independiente, si bien hay que decir que a día de hoy no hay propuesta alguna, y es que finaliza el año. Asimismo, quiero
recordarles que el superávit de las administraciones locales está siendo decisivo para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con Europa ya que estos están compensando los incumplimientos de la Administración central y la
Seguridad Social. Además, no nos olvidemos de que la Administración central ha incumplido, es decir, se ha saltado tres de los cuatro años que lleva en vigor, la misma regla de gasto que ahora impone a otros.
A pesar de todo lo dicho, desde nuestro grupo consideramos que esta flexibilización hay que realizarla con el debido consenso entre todos los grupos políticos y por ello les recuerdo nuevamente que la disposición final tercera de la Ley
Orgánica 2/2012 establece que en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud del régimen foral, su aplicación se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Concierto Económico que habrá que tener en cuenta en la necesaria colaboración
y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria. Por tanto, esta proposición de ley también deberá respetar en su caso el régimen foral.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordà Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda a totes i a tots. Gràcies, presidenta.
Senyores i senyors diputats, empiezo con dos afirmaciones incuestionables. La primera: Las normas de estabilidad presupuestaria -y concretamente la regla de gasto que nos ocupa hoy- no permiten devolver los superávits a la ciudadanía. La
segunda: Este retorno supone recortes sociales y pérdida de calidad de vida en tanto que podría usarse para mejorar los servicios públicos y para la ejecución de inversiones evidentemente prioritarias. Recordemos -porque vale la pena hacerlo, ya
se ha hecho por parte del proponente y vale la pena volverlo a hacer- que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español modificaron el artículo 135 de la Constitución una noche de verano, poniendo el retorno de la deuda a los bancos ante
cualquier otra prioridad económica y cualquier otra prioridad social. Este fue el origen de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que estrangula -y lo tenemos que decir alto y claro- a nuestros ayuntamientos.
Actualmente, con los datos del cierre del ejercicio de 2016, 223 municipios catalanes tienen deuda cero y, en su conjunto, todos ellos han conseguido reducir la deuda en más de un 25% en cuatro años. A pesar de ello, a pesar de este
esfuerzo, el Estado sigue ahogando a los municipios obligándolos a reducir aún más la deuda o a acumular superávits cuando es precisamente el Estado el que incrementa año tras año su endeudamiento aprovechando para centrifugar los objetivos de
déficit hacia los ayuntamientos. Es una denuncia que nos cansamos de hacer en esta tribuna. Por eso lo que está claro es que en el fondo de la cuestión hay un objetivo muy, muy claro, un objetivo de recentralización y reducción del sector público
mediante el ahogo económico a los municipios. Si bien la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Airef, define la regla de gasto como una herramienta que debe permitir acumular superávits en etapas de crecimiento económico para
utilizarlos justamente en etapas de recesión, entendemos que la recuperación macroeconómica, medida en términos del producto interior bruto, no se ha visto aún reflejada en las economías domésticas ni en las pymes, de forma que los ayuntamientos,
señorías, deben seguir aportando recursos para dar respuestas a las numerosas necesidades sociales existentes, así como implementar políticas de fomento del empleo y de actividad económica. Esta limitación, que podría tener un sentido en el ámbito
del Estado, no tiene, en cambio, ninguna lógica a nivel municipal cuando ya nos encontramos sujetos al cumplimiento del equilibrio entre ingresos y gastos no financieros y a la contención de la ratio de endeudamiento.
En definitiva, impedir que los ayuntamientos que sanean sus cuentas puedan mantener la calidad de vida de sus ciudadanas y de sus ciudadanos no es una medida de control económico -y esto también tiene que quedar claro-; es una medida de
control ideológico y político de un Gobierno que ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Es el mismo control ideológico pero a la vez también político, señoras y señores diputados, que han aplicado a la Generalitat de Cataluña,
porque, pese a la manipulación de la realidad que algunos pretenden hacer, en Cataluña hemos hecho los deberes y -debo decirlo- los hemos hecho muy bien. La gestión presupuestaria de la Generalitat era impecable antes de que ustedes intervinieran.
De hecho, el argumento para la intervención de las finanzas de la Generalitat el pasado 15 de septiembre, porque amenazaba la estabilidad presupuestaria, es -y cabe decirlo- rotundamente falso, ya que, según datos del propio Ministerio de Hacienda,
se hizo con un superávit de 140 millones de euros y con un déficit fiscal, también reconocido por el propio ministerio, de más de 16 500 millones de euros.
Termino. Todo esto, señorías -escuchen bien-, todo esto gestionado por el vicepresident Oriol Junqueras, el mismo que hoy ustedes mantienen en prisión y que ha demostrado sobradamente su capacidad de gestión, que ha demostrado sobradamente
su capacidad política, pero que a la vez ha
demostrado sobradamente su capacidad ética para ser un dignísimo president de la Generalitat de Catalunya.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
Un Estado del bienestar solamente es viable si podemos pagarlo. La proposición de ley orgánica que hoy nos trae aquí el Grupo Parlamentario de Podemos trata sobre la regla de gasto, pero en la práctica lo que supone es la supresión total o
parcial de ocho artículos fundamentales de dicha norma, sin que proponga flexibilizar la regla de gasto, cosa que en su origen proponía el Grupo Socialista y con lo que estamos de acuerdo -debería flexibilizarse y adaptarse a los cánones europeos-,
sino de inaplicar una regla fiscal obligatoria de la Unión Europea a los ayuntamientos que tienen superávit, es decir, a miles de ayuntamientos, a la mayor parte del sector público local. En nuestra opinión, es una medida que se sale claramente del
ámbito europeo, y no solamente ya es que se salga del ámbito europeo donde queremos estar -ahora los independentistas, por ejemplo, parecen estar en contra, pero los que creemos que Europa es un factor de estabilidad, crecimiento y bienestar también
tenemos que cumplir las reglas-, sino que incluso aunque no estuviésemos en Europa, habría que cumplir reglas fiscales. Y este no es un planteamiento particularmente de derechas, es un planteamiento de los años treinta, keynesiano; eso sí, hay que
ser keynesiano también en la parte del ciclo positivo, cuando hay crecimiento hay que tener superávit y ahora estamos en un 3%. Esto lo decía Gunnar Myrdal, del Partido Socialdemócrata Sueco en los años treinta. Tampoco es un tema tan complicado,
esto viene hasta en la Biblia cuando José recomendaba al faraón de Egipto que en época de vacas gordas se ahorrase para tener qué gastar en época de vacas flacas. Si no lo hacemos así, si establecemos el gasto sin reglas, ponemos en peligro el
Estado del bienestar. Si seguimos la idea de Podemos, volvemos a las andadas, a poner cada vez más, a que en el futuro haya subidas máximas de impuestos y recortes de gastos. Hay que tener reglas y no tenerlas lleva al caos presupuestario y a
problemas económicos graves. En este sentido, ustedes dicen que con cumplir la deuda y el déficit sería suficiente, pero la regla de gasto también hay que cumplirla; el crecimiento del gasto no puede ser exponencial. Es decir, si un ayuntamiento
-esto ocurrió muchas veces a lo largo de la crisis- tiene un ingreso adicional porque una vez vende unos terrenos, no puede establecer una estructura de gasto permanente; cuando se hace esto, los ayuntamientos acaban entrando en crisis y los
sacrificios al final los acaban pagando los ciudadanos. Un ejemplo: hoy se vota en el Senado lo que aprobamos aquí hace dos semanas sobre la modificación del cupo y del concierto vasco y en este sentido la Administración del Estado ha reconocido
una deuda de 1400 millones de euros con la Administración vasca porque parece que los números se hicieron mal. Este pequeño detalle, que nadie ha explicado, no ha llevado, por ejemplo, a que haya 1400 millones más de gastos y a que incumplamos los
objetivos de déficit, pura y simplemente porque hay una regla de gasto que impide al País Vasco, es decir, a las instituciones forales, gastarse inmediatamente estos 1400 millones de euros.
De lo que ha dicho el señor Iglesias, me gustaría matizar que el señor Montoro no recibe nada de los ayuntamientos. Los ayuntamientos están obligados a cumplir una regla de gasto pero el excedente no se lo quedan ni Montoro ni la Hacienda
estatal. En fin, lo más grave de todo, en cualquier caso, no son esas inexactitudes sino que esta norma que nos trae aquí Podemos desmantela todo el sistema sancionador de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y, por tanto, las
administraciones no estarían obligadas a cumplir. Se desmantelan las medidas coercitivas, las multas y las medidas de cumplimiento forzoso. Esto tiene el apoyo entusiasta de los independentistas porque, como dicen, estas medidas permitieron la
intervención de la Generalitat, es decir que, cuando el exvicepresidente Junqueras dijo abiertamente que no pensaba -envió una carta al Ministerio de Hacienda- cumplir con la legalidad presupuestaria, se pudo intervenir y con la propuesta de
Podemos, ahora parece que apoyada por el Partido Socialista, no se hubiese podido intervenir. Por cierto, el mismo Partido Socialista que en octubre de 2016, a unas propuestas similares de modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria, como entonces parece que estaba un poco menos podemizado, votó en contra, aunque ahora será el partido responsable de que la regla de gasto no se aplique en miles de ayuntamientos y, sobre todo, lo que es más grave, de desmantelar
todo el aparato que hace obligatorio a las administraciones públicas cumplir con la legalidad presupuestaria, es decir, cumplir con una recta administración de los recursos que, al final, provienen siempre de los ciudadanos.
Se ha hablado aquí del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, al igual que otros ayuntamientos del cambio, presume de buena gestión pero, al final, resulta que ejecuta masivamente su gasto en diciembre y, si no tuviese regla de
gasto, sencillamente cuando adquirió por 104 millones el pasado 28 de diciembre un palacete en la calle Alcalá al fondo buitre Blackstone, lo hubiese podido adquirir y no hubiese incumplido la regla de gasto, pero eso no significa que hubiese hecho
mejor gestión. La regla de gasto impide los dispendios pero lo que no garantiza, desgraciadamente, es buena gestión. Para eso hay que tener mejores equipos municipales.
En resumen, por todo lo anterior, en Ciudadanos estamos a favor del cumplimiento de las reglas europeas, estamos a favor de la estabilidad presupuestaria, estamos, en consecuencia, en contra de volver a las andadas, al gasto sin reglas y sin
control, porque creemos que es un error que siempre pagan los ciudadanos. Por todas estas razones, votaremos en contra de esta proposición de ley orgánica que trae Podemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo Jordán.
La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señora presidenta.
Señores y señoras diputadas, si el señor Montoro y el Gobierno del Partido Popular hubiesen hecho caso a la FEMP y a los ayuntamientos, hoy no estaríamos debatiendo esta toma en consideración y esta iniciativa parlamentaria no hubiese
llegado al Congreso.
Señor Iglesias, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, pero le anticipamos que vamos a enmendarla con la finalidad de mejorarla sustancialmente porque creemos que debe ir en la
línea de las reivindicaciones planteadas por la Federación Española de Municipios y Provincias que representa, como usted bien sabe, a la mayoría de los ayuntamientos españoles. Porque, además, entre la barra libre que ustedes plantean en esta
iniciativa y la ley seca que aplica el señor Montoro hay un planteamiento intermedio y responsable, que es el que nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a defender. (Aplausos).
Respecto a la referencia que ha hecho el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, quiero recordarles que ustedes son uno de los partidos más antimunicipalistas. (Rumores). He de recordarles también que una de las medidas que defendían
ustedes era la eliminación de ayuntamientos. A ver cómo se lo van a explicar a los alcaldes y concejales. (Aplausos). Ustedes han acusado de despilfarrar a unas administraciones que han sido ejemplares con el superávit. Ustedes han dado la
espalda a miles de ayuntamientos. Supongo que les parecerá que la Comunidad de Madrid tiene una mejor gestión cuando no ha hecho más que multiplicar la deuda.
Vamos al tema que nos ocupa hoy en este debate. Hace unos días el Grupo Parlamentario Socialista construyó un consenso parlamentario en esta Cámara para modificar la regla de gasto. Hoy seremos coherentes y seremos responsables. No nos
gusta el planteamiento que hace Podemos, pero queremos convertirlo en una oportunidad. Con su debate vamos a abrir una vía para reformar lo que piden miles de ayuntamientos y que afecta a millones de ciudadanos, y hoy volvemos a poner de manifiesto
nuestro rotundo rechazo a la falta de receptividad que ha tenido el Gobierno del Partido Popular hacia la FEMP a la hora de dar respuesta a los ayuntamientos, a los problemas que afectan día a día a los que viven en los municipios, y también nuestro
rotundo rechazo a la falta de respeto del señor Montoro, que no ha cumplido con el compromiso de mantener un diálogo permanente con la FEMP para buscar soluciones en materia de déficit, de regla de gasto, de superávit y de endeudamiento. El
ministro de Hacienda sabe mejor que nadie que las entidades locales son la única Administración pública que viene cumpliendo escrupulosamente y desde hace ya varios ejercicios con los criterios de estabilidad, de déficit, de deuda y de techo de
gasto.
Lo volvemos a resumir con brevedad: se han alcanzado 25 000 millones de euros de superávit acumulados en los últimos años por todas las entidades locales, y el año pasado se llegó a un superávit de 6 847 000 millones de euros, que
representa un 0,61% del PIB. Los ayuntamientos -insistimos- han cumplido de manera ejemplar la gestión con los criterios de estabilidad ¿Y por qué ha sido esto? Por un esfuerzo sostenido y por una excelente gestión de los recursos públicos. Los
ayuntamientos han vuelto a demostrar una vez más, como lo vienen haciendo desde el año 1979, que son una administración confiable e imprescindible en la prestación de servicios públicos para la ciudadanía, todo ello a pesar de la política
antimunicipalista del Gobierno del Partido Popular. Y con nuestro apoyo a la toma en consideración de la iniciativa que hoy debatimos reivindicamos también una vez más la autonomía local consagrada en el artículo 140 de la Constitución española.
Por este motivo, señor Iglesias, no se equivoque, no se confunda de batalla, esto no va en contra de la estabilidad presupuestaria; los ayuntamientos quieren unos criterios razonables para aplicar la regla de gasto. Nosotros hablamos en
nombre de todos los ayuntamientos, no solamente de unos cuantos. Parece que usted habla solamente de los ayuntamientos gobernados por las confluencias de Podemos. Y una puntualización: abril de 2012, el Partido Socialista fue el único grupo de
esta Cámara que votó en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establecía las bases para el déficit cero y de la regla de gasto. Es así. Y los ayuntamientos cumplidores, señor Iglesias, que son la mayoría, piden al Gobierno
flexibilidad y quieren adecuar la regla de gasto. Los alcaldes y las alcaldesas de todos los partidos, incluidos los del Partido Popular, quieren reinvertir el superávit en iniciativas urgentes e importantes para sus vecinos y para sus vecinas y
quieren impulsar planes de empleo, políticas sociales y educativas, programas de igualdad y políticas para la juventud. Es el Gobierno del Partido Popular el que está frenando e impidiendo a los ayuntamientos desarrollar muchos de estos programas.
En definitiva, lo que pretendemos apoyando esta iniciativa es reinvertir, que logremos que con ese superávit se reinvierta en políticas para las personas, para la gente y el Gobierno del Partido Popular lo está impidiendo aplicando una regla
de gasto restrictiva Y a los hechos me remito. El señor Montoro no se ha ocupado de los ayuntamientos, se lo hemos dicho varias veces, es un ministro antimunicipalista. (Rumores). Se ha ocupado más -y vuelvo también a insistir en ello- de atender
a los bancos y las amnistías fiscales antes que a los ciudadanos y a los ayuntamientos. Insisto también en que este Gobierno ha incumplido los ejercicios presupuestarios de los años 2014, 2015 y 2016. Y ante lo que repite constantemente el señor
Montoro, queremos volver a aclarar que la Unión Europea no nos exige la aplicación de una regla de gasto, sino el cumplimiento de unos objetivos de estabilidad y Europa tiene una regla de gasto menos restrictiva que España. La Unión Europea
establece el marco general de la regla, pero los criterios con los que se aplica son competencia de cada Estado. Por ello, los socialistas discutimos los criterios de aplicación de la regla de gasto y eso depende del Gobierno.
En resumen, estamos de acuerdo en la toma en consideración de esta propuesta porque los socialistas siempre hemos estado al lado de los ayuntamientos. Por ello insistimos también en pedir al Gobierno que acometa un cambio para flexibilizar
la regla de gasto; hablamos de flexibilizar, no de eliminar. Y al señor Iglesias le damos la bienvenida al club que defiende los intereses de los ayuntamientos. Le aseguro que los socialistas llevamos muchos años dentro. La iniciativa que
ustedes han planteado coincide, en parte, con muchos de los planteamientos de la FEMP, de los ayuntamientos y del Grupo Parlamentario Socialista. Por eso, vamos a votar a favor de la toma en consideración y vamos a intentar que en las próximas
semanas trabajemos todos juntos, todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de mejorar sustancialmente el texto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Marí Bosó.
El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora presidenta.
Señor Iglesias, al inicio de su intervención usted nos ha sumergido en la teoría del parlamentarismo y ha enumerado los distintos momentos en que prevalece el Parlamento sobre otros poderes del Estado. Si me permite la broma, yo le diría
que en este año y medio usted ha utilizado todos los momentos habidos y por haber, el de la investidura, el de la censura... Pero le falta uno, le falta el momento de la flexibilidad, le falta el momento de la transigencia, el momento del acuerdo;
le falta el momento que usted coincidirá conmigo en que es el momento esencial en el parlamentarismo, que es acordar, transigir y sujetar las leyes al principio fundamental de la mutua avenencia. Le recomendaría que use más ese momento. Y en otro
momento le explicaremos -si nos lo permite, con humildad- por qué el Gobierno central no ha incumplido la regla de gasto durante estos años.
Con esta proposición de ley pretenden la derogación de la regla de gasto, pero no es sorprendente que lo hagan porque nos tienen habituados a proponer derogaciones sin ninguna alternativa creíble. Por derogar, señoría, que no quede.
Sorprende más -dicho sea con respeto- que el Grupo Socialista, que se pretende el primer partido de la izquierda, comparezca en este debate como subalterno del segundo partido de la izquierda. No se entiende, señorías, que el partido que hizo las
políticas de modernización de nuestro país para la adhesión de España a las comunidades europeas lance esta tarde un mensaje tan equivocado a nuestros socios y, creyendo que perjudica al Gobierno, perjudique a todos nuestros conciudadanos.
(Aplausos). Decía, señorías, que el Grupo Confederal de Unidos Podemos propone la
derogación de la regla de gasto. Señor Iglesias, es hora de que su grupo, en lugar de derogar, proponga acordar algo. La pregunta es: ¿qué proyecto político puede proponerse a los ciudadanos sobre la base de la exclusión de la mayoría,
sobre la base de la exclusión de unos y solo para los otros? ¿Qué país podemos construir juntos, si es que les interesa que construyamos juntos un país, sobre la base del permanente reproche y la derogación? Si se quiere construir algo es
necesaria la conciliación, la transigencia, el acuerdo, pero no porque estas cualidades constituyan un fin en sí mismo, sino porque son las que permiten recoger la aspiración mayoritaria de los españoles de seguir progresando. La proposición que
ustedes traen hoy a esta Cámara no persigue eso, sino que trata de asegurarnos todas las verdades absolutas e incluso trata de reescribir la historia de esta crisis con el engaño de que las mismas políticas equivocadas que la agravaron son las que
nos hubieran permitido vivir en el país de las maravillas. ¡Qué gran falacia, señoría! ¡Qué gran falacia!
Hoy todo es diferente, señoría, es verdad. Hoy hay crecimiento y generación de empleo donde antes había recesión y paro. Después de cinco años de subidas -fíjese, después de cinco años de subidas-, llevamos ya tres años reduciendo la
desigualdad, como demuestra el índice de Gini. Llevamos ya dos años reduciendo la exclusión social en nuestro país, como demuestra el indicador Arope para 2015. Y aunque queda mucho por hacer, todo ello es gracias a haber vuelto al crecimiento y a
la generación de empleo. Estas son, señorías, las políticas sociales que, en lugar de llenarse la boca con la gente, piensan y benefician a la gente; estas son las políticas eficaces que garantizan la protección y el progreso de todos. Hoy las
cuentas públicas de nuestras administraciones locales tienen 6800 millones de superávit cuando antes tenían 8000 millones de déficit. Hoy el nivel de endeudamiento es del 2,7% de nuestro PIB después de haber tenido que sacar de los cajones 30 000
millones de euros de facturas impagadas en 2011 y en 2012. Hoy la situación -sí, señorías- es diferente, y lo es gracias al esfuerzo de los españoles y también, aunque les sepa mal, gracias a que acompañando a ese esfuerzo ha estado el Gobierno del
Partido Popular haciendo las reformas estructurales necesarias.
Entre las diferentes medidas que se han adoptado, ajustando y balanceando muy bien sus efectos, están las reglas de consolidación fiscal, en concreto la regla de gasto. No podemos volver a los viejos eufemismos de la izquierda sobre la
necesaria consolidación a lo largo del ciclo. Hay que leer la parte de Keynes que a ustedes no les gusta leer, que justifica la regla de gasto y señala que es necesario que los gastos que están haciendo nuestros ayuntamientos los soporten ingresos
ciertos en nuestro país. Es verdad que se debe utilizar el dinero de nuestros ciudadanos en hacer escuelas y hospitales y en proteger nuestras políticas sociales para mejorar y ampliar nuestro Estado del bienestar. Pero cuando ustedes reivindican
el Estado del bienestar con sus políticas equivocadas, ¿saben qué pasa, señorías? Que el Estado del bienestar acaba saliendo por la puerta de atrás y llegando al colapso. (Aplausos).
El Gobierno del Partido Popular ha hecho en estos años las políticas que permiten que hoy los ayuntamientos atiendan mejor las necesidades de sus ciudadanos. Lo hemos hecho con reglas como la regla de gasto, ajustándola y flexibilizándola,
porque hicimos las inversiones financieras sostenibles y permitimos invertir el remanente de 2016 en 2017 y 2018. Lo estamos haciendo ahora también, de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la mesa de la Comisión Nacional
de Administración Local. Por eso y porque es firme el compromiso del Grupo Parlamentario Popular con todos aquellos que precisan de unas administraciones locales que atiendan sus necesidades, les pedimos, señor Iglesias, que retiren esta
proposición de ley de derogación y que nos acompañen en la mesa de la Comisión Nacional de Administración Local, en la mesa de la negociación y del acuerdo. Es más difícil que derogarlo todo, seguro que es más complejo y exige abandonar las
verdades absolutas, pero merece la pena para seguir construyendo juntos, si así ustedes lo desean, un país más próspero y más inclusivo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA NO CONSIDERACIÓN DE UNIDAD DE CONVIVENCIA EN DETERMINADAS SITUACIONES, A EFECTOS DEL ACCESO Y MANTENIMIENTO EN EL PERCIBO DE LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SU MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA.
(Número de expediente 162/000506).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la no consideración
de unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la
señora Peña Camarero.
La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidenta. Muy buenas tardes.
Julia y Encarna son dos hermanas que decidieron vivir juntas en los últimos años de su vida en una residencia de Almazán, en Soria. Julia se rompió la cadera y dejó Madrid para ir a esa residencia con su hermana, pero la convivencia poco
les duró. Julia se enteró de que Encarna perdería su pensión no contributiva de 380 euros porque, al vivir juntas en la misma residencia, la suma de los ingresos de las dos -los de Encarna con su pensión no contributiva y los de Julia con su
pensión de viudedad- superaba los ingresos exigidos. La política de este Gobierno ha supuesto una doble consecuencia para estas hermanas: la primera, tener que abandonar la residencia de mayores al no poder sufragar los gastos derivados de la
misma y, la segunda, dejar de convivir con su hermana en unos momentos de la vida en que resultan tan necesarios los lazos familiares y de ayuda mutua. En definitiva, este Gobierno las ha abocado a vivir separadas o a perder su pensión.
A la vista de esta injusticia, en el Grupo Parlamentario Socialista entendimos que este Parlamento no podía estar ausente ante esta realidad y que teníamos que dar una respuesta urgente. Les presentamos una reforma legal que impedía que
estas situaciones acabaran en separación familiar o pérdida de pensiones. Y aquí llegó nuestra sorpresa. Ante un hecho de fácil solución, el Gobierno del Partido Popular y sus alumnos más aventajados de Ciudadanos vetaron no solo que hermanas como
Encarna y Julia puedan acabar su vida juntas, sino que con su voto en contra no han permitido ni que debatamos cómo hacerlo. Esto es lamentable y miserable, porque económicamente no tiene ninguna trascendencia en comparación con el sufrimiento que
les hacen vivir. Lo vetaron simplemente porque cuatrocientas personas de avanzada edad y dependientes suponen un gasto que este Gobierno dice que no puede cubrir. Así que, señores y señoras del Partido Popular, se les ve el plumero porque, una de
dos: o mienten y la recuperación económica que tanto pregonan no es tal o se muestran como son cuando realmente dicen lo que piensan o, como en este caso, cuando escriben lo que piensan y no se les mueve un pelo mientras recortan una y otra vez a
los que menos tienen en este país. Con esta actuación, además, el Gobierno conculca un derecho subjetivo que emana del artículo 41 de la Constitución y de la propia Ley de regulación de las pensiones no contributivas. Con este atropello el
Gobierno deja sin protección a las personas mayores más vulnerables, aquellas que se encuentran en una situación de necesidad por carecer de recursos económicos propios.
Fíjense qué error el nuestro al creer que el sentido común imperaba en esta Cámara, porque entendíamos que esta situación de desprotección se debió simplemente a una interpretación errónea de la norma. Queríamos, por tanto, perfilar con
precisión lo que debía entenderse como unidad económica de convivencia. Porque, que quede claro, no queremos establecer una excepción a la norma fuera del Pacto de Toledo, no. No queremos, como dice la política de nuevo cuño, más sentencias y
abocar a nuestros mayores al juzgado. Lo que queremos es modificar la ley, lo que queremos es evitar una interpretación que curiosamente se produce por el Gobierno del Partido Popular, que continúa con sus recortes a los más desfavorecidos.
Y de repente este Gobierno nos explica su veto, un veto que explica claramente que ustedes realizan este recorte a nuestros mayores con pleno conocimiento. Dicen que se incrementa el gasto público y que no tienen 13 míseros millones de
euros. Señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, ¿saben qué supone este veto para las personas mayores sin recursos económicos suficientes? Pues al menos tres cosas: en primer lugar, dejar las residencias al no poder sufragar los gastos,
arrojándolas a la falta de cuidados; en segundo lugar, dejar de convivir con sus seres queridos, privándoles del afecto y sumergiéndoles en la soledad, y en tercer lugar, una mayor situación de vulnerabilidad y desprotección. Así que frente a su
no, se acaban de registrar en esta Cámara 135 000 mil firmas recogidas; frente a su no, hemos recurrido al Tribunal Constitucional, y frente a su no, les proponemos hoy que por fin recapaciten, porque el objetivo de esta iniciativa a debate hoy es
evitar que familiares, hermanos, sobrinos, que viven en la misma residencia o en viviendas tuteladas, tengan que separarse para mantener su pensión, evitando lagunas en la cobertura social o interpretaciones jurídicas que provoquen una mayor
situación de vulnerabilidad de estas personas mayores. Una residencia, como no debería decir la ley, no es un domicilio particular, y menos si cada persona se lo paga con sus propios recursos.
Insisto, señorías del Partido Popular, esto no va de hacer excepciones a la sacrosanta unidad de criterio de la caja del sistema, sino de evitar una interpretación, por no decir una actuación contra legem. Así que espero que, ahora sí, se
sumen a esta propuesta, porque si no el rojo bermellón de sus mejillas, señores del Partido Popular y Ciudadanos, hoy será de escándalo. ¿O qué les van a decir esta vez, que mientras el ministro de Guindos dice que la economía se recupera en este
país, cuatrocientas personas tienen que dejar de cobrar su prestación no contributiva de 368,90 euros por vivir sus últimos días junto con sus familiares? ¿O que lo hacen porque este Gobierno, que, según dicen, crece al 3%, no puede hacerse cargo
del 0,1% total de personas beneficiarias de esta concreta situación? ¿O que mientras la ministra Báñez habla de la primavera del empleo y desperdicia 2000 millones de euros de la caja única de bonificaciones impropias, no tiene 13 millones para
decenas de hermanas como Julia y Encarna, cuya prestación sí que es objeto de la caja de la Seguridad Social? Quizá tengan que explicar también el golpe de muerte que acaban de asestar a la hucha de las pensiones y que además para la paga extra de
este año tienen que pedir créditos extraordinarios mientras condenan a los pensionistas a perder mes a mes capacidad de compra y poder adquisitivo.
Pero no se van a salir con la suya, yo siempre se lo digo desde aquí. Hay solución y hay futuro para unas pensiones suficientes y públicas, lo hay, por mucho que ustedes demonicen el sistema de este país, un país donde el refranero es
sabio, y ya se sabe que cuando en la misma frase se habla de PP y pensiones, piensa mal y acertarás. Así que lo que hagamos hoy de nada sirve ya para que Encarna y Julia acaben su vida juntas, pero en la mano de todos ustedes está hoy que no haya
más Encarnas ni más Julias separadas en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes a todos y a todas.
Señora Peña, la verdad es que estamos cuando menos sorprendidas con la PNL que traen a debate hoy aquí, porque convendrá conmigo que un caso particular, muy respetable, de dos ancianas que viven por desgracia en una residencia de ancianos es
un caso que tenemos que atender, pero entenderá que en el maremágnum que tenemos en el sistema público de pensiones es auténticamente anecdótico.
Ustedes en su iniciativa nos hablan de reforzar el principio de solidaridad. Señora Peña, estará de acuerdo conmigo en que todo lo que ha pasado en este país desde el año 1985, desde el Pacto de Toledo, pasando por la última de las reformas
del Partido Socialista y culminando con el hachazo del Partido Popular al sistema público de pensiones, no ayuda demasiado a que podamos hablar hoy de reforzar el principio de solidaridad en las pensiones en nuestro país. Es más, deberíamos hablar
de un fenómeno que se está produciendo que tiene que ver con la solidaridad inversa. ¿Qué es esto? Es algo tan sencillo como que lamentablemente los trabajadores y trabajadoras que menos tienen son los que proporcionalmente más aportan para pagar
las pensiones en nuestro país. Por tanto, señora Peña, insisto, estamos sorprendidas.
En segundo lugar, señora Peña, nos sorprende su propia iniciativa porque, como usted sabe, el problema de esta iniciativa tiene que ver con una norma que usted invoca en la PNL que es la Ley 26/1990, justamente de marchamo socialista y en la
que se dispone lo que entendemos por unidad de convivencia. Entonces ya las distintas opciones de izquierdas cuestionaron lo que entendían ustedes por unidad de convivencia y por el modelo que entendíamos estaba viciado, porque hablaba de un modelo
que no tiene que ver con un sistema público de Seguridad Social sino con un modelo familiarista y asistencialista que no compartíamos entonces y que mucho menos compartimos hoy, señora Peña. Hoy la iniciativa que ustedes nos traen reproduce un
modelo que nada tiene que ver con la vida del siglo XXI. En su iniciativa expone que sigamos defendiendo un modelo basado en esa unidad de convivencia y que tengamos en cuenta las rentas familiares para que fundamentalmente las mujeres -que son las
beneficiarias del 80% de las pensiones no contributivas- puedan tener derecho a una miseria. Nosotras, las mujeres y hombres este grupo confederal, les decimos que no estamos de acuerdo y por eso les presentamos una enmienda en este sentido. No
estamos de acuerdo porque justamente creemos que ha llegado ya la hora de que para tener acceso a una pensión no contributiva no tengamos que depender de las rentas de la familia, sino que podamos ser libres e independientes y se computen
exclusivamente las rentas de las mujeres y de los hombres beneficiarios de las pensiones. (Aplausos). De lo contrario, señora Peña, nos están
hablando de la intervención pública de un Estado que se incorpora a las vidas privadas y que no compartimos, que es añeja, que no tiene nada que ver con lo que piden las mujeres en nuestro país, que no tiene nada que ver con lo que piden las
coordinadoras de pensionistas, con lo que piden los sindicatos, con lo que pide el Cermi. Escuchen al Cermi cuando les dicen que, por favor, dejen de computar las rentas de la unidad familiar para empezar a computar exclusivamente las rentas,
también los salarios, el capital mobiliario e inmobiliario exclusivamente de la persona de que se trate.
Señora Peña, el problema que tienen las pensiones no contributivas en nuestro país, siendo el gasto pequeño, de 2500 millones de euros -no está la señora Báñez, pero son una cantidad pequeña, es que no sé si sabe que a día de hoy ascienden a
368 euros al mes, 5000 euros al año. Lo que solicitamos en la segunda de nuestras enmiendas es, por lo menos, incrementar estas pensiones no contributivas, como mínimo, al Iprem. Hablamos de 547 euros al mes. Es una miseria, señora Peña, nadie
puede vivir en este país con 368 euros al mes. Por lo menos nosotras creemos que no es digno ni defendible hablar de esto hoy en la PNL que ustedes traen a debate. Nos gustaría que hablasen de estas cuestiones, por eso también nos gustaría que
acogiesen las enmiendas que les proponemos.
Para terminar, el caso de las dos mujeres que usted relata en su PNL -supongo que lo sabrá- está resuelto por el Tribunal Supremo hace muchísimos años. Supongo que también sabe que el Tribunal Supremo ha dicho que, a pesar de la concepción
asistencialista y familiarista del modelo que defendió y sigue defendiendo el Partido Socialista, el concepto debe ser entendido con carácter exclusivamente restrictivo. Ya que usted ha hablado del sistema público de pensiones, nosotras lamentamos
muchísimo que hoy su grupo, igual que hizo el Partido Popular, haya votado en contra en la Junta de Portavoces para que la ministra Báñez comparezca aquí, en el Pleno del Congreso de los Diputados, y dé cumplida cuenta de lo que está pasando en el
sistema público de pensiones y para que nos hable de la mala gestión que está llevando a cabo con las pensiones de nuestro país. (Aplausos).
Termino. Es imposible hablar de pensiones públicas cuando a la vez están defendiendo el artículo 135 de nuestra Constitución. Nosotras queremos más gasto público, más pensiones, más salud, más sanidad y más dignidad para nuestros
pensionistas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, presidenta.
Señora Peña, le agradezco esta iniciativa. No me atrevo a calificarla de anecdótica, como ha hecho algún portavoz. Afecta a cuatrocientas personas y nunca es menor resolver un problema que afecte a cuatrocientas personas, precisamente
hablando de las cuantías de las que estamos hablando. Además, entiendo que el Grupo Socialista plantee esta iniciativa en forma de proposición no de ley, porque las iniciativas legislativas que se han planteado para corregir nuestra legislación han
sido bloqueadas en la Mesa del Congreso por la mayoría del Partido Popular y Ciudadanos. Estamos de acuerdo en que si lo que existe es un problema de interpretación de la ley que exige una modificación de la misma para evitar ese abuso que se ha
producido en este caso y en otros, lo que tocaría hoy es tramitar una iniciativa legislativa para corregir esta cuestión y, ciertamente, podríamos aprovechar cualquier otro tipo de iniciativa legislativa para resolver la problemática que se nos
plantea. Por tanto, bienvenida sea esta iniciativa. Ojalá que tenga el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos y que, por tanto, se pueda llevar adelante y que la Seguridad Social interprete de manera distinta la normativa en esta materia para
impedir estas situaciones injustas.
En relación con este debate se nos plantean, al menos, dos consideraciones -no sé si la señora portavoz del Grupo Socialista conoce la información; mi grupo no la conoce-: si estamos ante una interpretación de la normativa que se ha
producido por parte de la Seguridad Social en los últimos años o estamos ante una interpretación habitual de la Seguridad Social en esta materia desde 1990. No sé si en las etapas de Gobierno del Partido Socialista la normativa se interpretaba de
la misma manera y, por tanto, se impedía que dos personas con lazos de consanguinidad que conviven en una misma unidad se beneficiaran de las pensiones no contributivas si los ingresos de esa unidad superaban los límites legales establecidos por la
normativa de las pensiones no contributivas. Sería bueno que, en términos de la honestidad política de todos los grupos, se aclarase esa cuestión. No sé si la portavoz del Grupo Popular nos la va a aclarar. Hay una segunda cuestión que es más de
fondo, y ahí sí voy a coincidir con la portavoz de En Marea. Efectivamente, la legislación del año 1990 de pensiones no contributivas estableció que el derecho a esta prestación no era un derecho individual, sino que era un derecho que estaba
vinculado al
conjunto de los ingresos de la unidad familiar. Efectivamente, hay razones para ser críticos con esa consideración de la ley del año 1990. Lo es en relación con las personas con discapacidad, y ahí he de poner en valor la Ley de
Integración Social del Minusválido promovida por Ramón Trías Fargas, que contemplaba específicamente un derecho individual a una prestación no contributiva para aquellas personas con discapacidad que no pudiesen incorporarse al mercado de trabajo.
La ley del año 1990 frustró aquella aspiración de emancipación de las personas que Ramón Trías Fargas y los legisladores de aquella época configuraron. Además, efectivamente, esa referencia a la unidad familiar para las personas mayores restringe
especialmente a mujeres beneficiarse de esa mínima protección social.
Señorías, sería interesante y necesario -y en la sala debe de haber otros portavoces parlamentarios de la Comisión del Pacto de Toledo- que en el seno del Pacto de Toledo analizásemos la función de protección social que tienen las pensiones
no contributivas, en tanto en cuanto son gestionadas por las comunidades autónomas y son financiadas a cargo del Estado. Debemos preguntarnos, y la respuesta es muy evidente, si las pensiones no contributivas, tanto en su configuración legal como
en la cuantía en que se contemplan, sirven al objetivo que compartíamos en el año 1990 de erradicar el riesgo de pobreza entre las personas mayores que no podían beneficiarse de una pensión de carácter contributivo. Es muy evidente que no. La
pensión no contributiva para los mayores de sesenta y cinco años no está cumpliendo aquella función para la que fue diseñada. Debemos abordar esta discusión en el marco del Pacto de Toledo, y yo invito al Grupo Socialista a que sus portavoces, en
la Comisión del Pacto de Toledo, planteen esta cuestión. Por nuestra parte, vamos a estar en esta discusión. El debate sobre la suficiencia del sistema de pensiones debe ser también un debate sobre la suficiencia de las pensiones no contributivas,
que son el último eslabón del sistema de protección social para los mayores. En cualquier caso, va a contar con nuestro apoyo su iniciativa.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta.
Señorías, lo cierto es que poco queda ya por decir de este caso concreto y en esta ocasión para poder ratificarlo. Como han recordado otros intervinientes, la Ley 26 del año 1990 ya contempló la necesidad de cobertura de situaciones
protegibles que no tuvieran una cobertura material, y lo hizo desde el ámbito no contributivo, entendiendo por tanto que se alejaba de alguna manera de aquel aspecto de las prestaciones contributivas que lo configuraban como un derecho subjetivo;
y, como acaba de recordar el señor Campuzano, lo ligaba al ámbito del núcleo familiar, aquel en el que los ingresos podrían tener alguna justificación respecto del principio de suficiencia. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la
Presidencia).
Hoy en día, esa configuración sigue siendo vigente y, además, está vigente la definición de lo que es la unidad de convivencia en el artículo 363.4 de la Ley 8/2015, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que lo define
precisamente respecto de esos ámbitos de prestaciones no contributivas, no dentro del ámbito contributivo sino respecto de las prestaciones del ámbito no contributivo, con una sanción aparejada que sería la de la expulsión de ese sistema de aquellas
personas que no reunieran todos los requisitos y que se supondría que podrían suplir aquella carencia de ingresos por otros integrados en la unidad de convivencia. Por lo tanto, el debate no es tanto la definición de lo que es la unidad de
convivencia a los efectos de la Ley General de la Seguridad Social, sino la existencia o no de un grupo familiar que ha de sostener al colectivo de personas integradas dentro de ese ámbito, cuando no reúne los requisitos para tener una prestación de
carácter contributivo. Lo digo porque, a diferencia de la consideración de la Ley General de la Seguridad Social, también el Código Civil tiene una definición concreta; la tiene en el artículo 143 y, además, el Tribunal Supremo ha actuado
corrigiendo incluso interpretaciones extensivas de la propia Ley General de la Seguridad Social en sentencias de 19 de mayo de 2004 y 26 de abril de 2007, en las que precisamente ha caracterizado esta unidad de convivencia de una manera concreta,
entendiendo que es una unidad legal de convivencia que debe quedar limitada a determinados parientes, aquellos de primer y segundo grado que sean cónyuges o ascendientes, limitando a los hermanos respecto de determinadas obligaciones, como son las
relativas a casos de auxilio de alimentos. Pues bien, este es un caso específico, concreto, en el que el número de afectados no es excesivo, pero sí puede permitir una vinculación entre la interpretación que de la unidad de convivencia hace la Ley
General de la Seguridad Social y la interpretación que de la unidad de convivencia hace el
Código Civil en su artículo 143, y sería posible hacerlo excluyendo, por tanto, a quienes están integrados en un centro o residencia, por entender que allí no subsiste la obligación de alimentos, aquella que permitiría integrar dentro del
mismo ámbito de convivencia a personas que, aun teniendo ese vínculo familiar, no tenían por qué ser excluidas de esa prestación. Se lo digo simplemente a afectos de sugerencia.
Por su parte, creo que el debate que ha señalado la portavoz de En Marea es posible y es conveniente, pero también es conveniente hacerlo donde ha señalado el señor Campuzano, en el ámbito del Pacto de Toledo. Este es un debate concreto que
tiene una solución concreta. Creemos que es adecuado instar al Gobierno a que lo contemple y, por tanto, a esos efectos, y contando por supuesto con nuestras sugerencias, vamos a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez Freire.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
Señora Peña, la verdad es que cuando uno les escucha, a usted y a Susana Sumelzo, se pregunta si realmente tienen algún problema de comprensión o si con tanta ambigüedad no comprenden exactamente quién es el Partido Popular y quién es
Ciudadanos. A la señora Sumelzo le debo decir que nosotros nunca hemos hablado de eliminar municipios; hemos hablado de fusionar. Si no sabe la diferencia, lo entiendo. (Aplausos).
Señora Peña, los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han dejado muy claro que ha sido un poquito decepcionante leer el texto de la proposición. Uno esperaba que al hablar de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, donde se
habla de una protección mixta en el sistema español de Seguridad Social, hubiese sido usted un poco más ambiciosa. La verdad es que yo esperaba mucho más. Hablaba del artículo 41, del desarrollo del artículo 49 y del artículo 40 de la
Constitución; luego nos hacía la referencia al Real Decreto Legislativo 8/2015, en cuyo artículo 363 se habla de la unidad económica, que al final realmente lo que está solicitando es que hagamos una modificación del concepto de unidad económica y,
además, ni siquiera para que la elimine o para que la determine, sino para que no aparezca en todo los supuestos, sino para un caso muy particular. Yo no voy a tachar -como he escuchado a alguno- esta medida de oportunista o de poco importante.
Creo que está bien que instemos al Gobierno, y ya le digo que votaremos a favor de la iniciativa, pero creo que tendría que haber sido usted un poquito más ambiciosa. Creemos, además, al igual que la portavoz de En Marea, que en este tipo de
debates sobre el sistema de pensiones tendríamos que pensar si realmente con el objetivo que se perseguía con unas pensiones no contributivas, que era básicamente ayudar a la gente con necesidades protegibles, a la gente sin recursos, para
garantizarles una subsistencia, también les garantizamos una vida digna. Está claro que a la vista de un informe que deja claro que tenemos unas pensiones no contributivas de 368,90 euros, no podemos estar de acuerdo en que eso sea cantidad
suficiente para tener una vida digna.
Por otra parte, cuando uno lee con detenimiento la propuesta no legislativa, en la exposición de motivos, con la que estamos totalmente de acuerdo, se habla de la necesidad de tener un sistema de retribución mixta, de protección mixta, donde
también haya pensiones no contributivas -creemos que tienen que ser dignas y, al igual que han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que esto se tiene que debatir en el ámbito del Pacto de Toledo-, pero es que ustedes
nombran varias veces el concepto de solidaridad, y, como todo el mundo sabe, las pensiones no contributivas son financiadas vía impuestos que pagamos los ciudadanos de este país, que pagamos entre todos. Hace pocas fechas se ha aprobado el cupo
vasco, que casualmente ustedes han apoyado, y ahí, en el cálculo, no se habla de la solidaridad entre las personas, ahí no se contempla esa solidaridad de la que tanto cacarean ustedes cuando presentan esta propuesta no legislativa. (Aplausos). De
eso no hablan. Solidaridad cuando ustedes quieren. (Rumores). Señor Elorza, no se ponga así; entiendo que cuando hablamos del cupo vasco se ponen nerviosos. Creo que tenemos que hacer un debate serio, riguroso, y que ese debate se tiene que
hacer en el seno del Pacto de Toledo.
He de decir que me ha resultado curioso compartir muchos de los planteamientos que ha hecho la portavoz de En Marea. Creo que en las pensiones contributivas, al igual que en las de viudedad y de orfandad, tenemos que hacer una revisión al
alza. Las cantidades de las que estamos hablando no pueden aguantar una mínima revisión para hablar de unas pensiones mínimas dignas para tener una vida digna y para acabar de una vez por todas con esa exclusión social, trabajar por la cohesión
social y eliminar esa brecha que estamos produciendo en la sociedad. Desde luego, nosotros, Ciudadanos, vamos a trabajar
en el ámbito del Pacto de Toledo porque creemos que es el ámbito donde se tiene que llevar a cabo este tipo de disquisiciones. En cualquier caso, en el día de hoy votaremos a favor de su propuesta, señora Peña, pero ya le digo, hay ciertos
elementos de ambigüedad a la hora de confundir ciertos partidos. Mañana, por cierto, es la sesión de control al Gobierno y el Gobierno es el Partido Popular, por lo que no hagan lo que hicieron el miércoles pasado, que nos pareció un esperpento,
porque parecía que estaban controlando al Partido Ciudadanos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Cotelo Balmaseda.
La señora COTELO BALMASEDA: Gracias, presidente.
Hoy subo a defender la postura del Partido Popular en relación con la PNL que presenta el Grupo Socialista sobre la no consideración de unidades de convivencia en determinadas situaciones a efectos de mantenimiento de la pensión no
contributiva. Dicho así, qué bonito queda. Como dicen en mi tierra, La Rioja, qué majos estos chicos del Partido Socialista y, sin embargo, qué malos estos chicos del Partido Popular. Esto es un resumen rápido de lo que ustedes quieren hacer y
vender a la opinión pública. Pero, ¿sabe una cosa, señora Peña? Que nosotros estamos acostumbrados a ser los malos según ustedes, porque somos resilientes y porque somos capaces de superar las malas situaciones que ustedes siempre nos han dejado
en herencia cuando gobiernan. Ya sé que no les gusta para nada que nosotros recordemos estos datos, pero es que además de resilientes, nosotros somos como Julia y Encarna, personas que tenemos memoria. Les voy a dar unos datos. Fue el Gobierno
del Partido Socialista el que congeló las pensiones en el año 2010 y, por otro lado, heredamos el déficit del sistema de Seguridad Social, una pérdida de más de tres millones de empleos. Dicho esto, señora Peña, de todas formas quédese usted
tranquila porque le adelanto que vamos a apoyar su PNL, porque se limita sencilla y únicamente a proponer lo que ya está llevando a cabo por iniciativa propia el Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). Es decir, ustedes, una vez más, llegan
tarde y le voy a dar las razones de por qué digo esto. Ustedes llegan tarde porque, como decía hace unos días un compañero mío en el escaño, son unos oportunistas políticos y le voy a decir por qué. Porque a ustedes les interesa seguir generando
incertidumbre entre los pensionistas -dígaselo a la señora Julia y a la señora Encarna, de las que estaban hablando- o, a lo mejor, dadas las fechas en las que estamos, están en campaña con los bancos y las entidades privadas para los planes de
pensiones. No sé que es mejor. Además, demuestran una absoluta falta de lealtad, como también les han dicho otros compañeros, porque ustedes faltan al compromiso que tienen con el Pacto de Toledo.
En el Pacto de Toledo nos venimos reuniendo desde hace más de un año -y lo saben aquí los portavoces que están- todas las semanas de una forma discreta y ustedes, en lugar de llevarlas al Pacto de Toledo, traen aquí, al Pleno, una serie de
iniciativas que le voy a leer de forma rápida: dos proposiciones de ley, dos preguntas orales, dos proposiciones no de ley, dos interpelaciones urgentes, dos mociones consecuencia de interpelación -por cierto, mañana viene otra- e incluso preguntas
escritas. Por otro lado, también quiero aprovechar el momento para agradecerle que nos viene bien esta PNL, porque así hacemos un poco de pedagogía de lo que es la evolución del sistema de pensiones y ponemos en valor el resultado del esfuerzo al
que todos estamos contribuyendo. Le voy a dar unos datos rápidos, aunque sé que no les gusta: Hoy se pagan más pensiones que nunca -600 000 más que en el año 2011-, se paga a más pensionistas y las pensiones son más altas que nunca. La pensión
media de jubilación se ha incrementado un 16% desde el año 2011, la tasa de sustitución en España es superior en 20 puntos a la media de la Unión Europea, se cubren más de cuarenta prestaciones diferentes con nuestro sistema de Seguridad Social, sin
olvidar la puesta en marcha que tenemos del complemento de maternidad del que disfrutan ya más de 310 000 mujeres. Somos uno de solo once países de la Comunidad Económica Europea que cuenta con sistema de pensión de mínimos y contamos, además, con
un complemento de pensión no contributiva de complemento de solidaridad que cobran 2,5 millones de personas.
Voy a centrarme en el motivo fundamental, y es que, como le digo, una vez más ustedes llegan tarde, y le voy a explicar por qué. Partimos de la Ley 26/1990, que estableció un nivel no contributivo de prestaciones económicas y que, como
todos saben, está derogado. Actualmente, se regula esta materia en los artículos 363 a 373 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, y en el artículo 13 del Real Decreto 357/1991. Su iniciativa lo que propone es una excepción a
esa norma, que considere que no existe unidad de convivencia en los supuestos de familiares de segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para personas mayores. Pues bien, a este respecto, como
también ya le han dicho otros compañeros, el Tribunal Supremo, en fecha 9 de febrero de 2005, en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrinas, el número 6300 -por si lo quieren mirar-, plantea si a efectos del límite de
acumulación de recursos legalmente exigidos para obtener derecho a la prestación de jubilación no contributiva, debe considerar si tres hermanos que viven en una misma residencia constituyen unidad económica, dando una respuesta negativa. En esta
última sentencia, en síntesis, lo que considera el Tribunal Supremo es que la interpretación del precepto debe ser restrictiva, dado el carácter de exigencia limitadora de los derechos. Por lo tanto, no basta cualquier tipo de convivencia entre los
familiares consanguíneos hasta el segundo grado. Pero es que hay todavía más, acorde con esta sentencia, con fecha 16 de noviembre de 2017 -hace relativamente poco- la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha emitido un criterio
interpretativo del término 'convivencia' que concluye cómo, a la vista de la doctrina del Tribunal Supremo sobre este particular, no existe unidad económica de convivencia a los exclusivos efectos del acceso y mantenimiento de las prestaciones de
invalidez y jubilación no contributivas de la Seguridad Social en aquellos supuestos de hermanos que convivan en un centro asistencial. Es que todavía hay más, a estos pronunciamientos les debemos sumar las últimas actuaciones del Imserso que, como
ustedes también saben, es la entidad encargada de la gestión y seguimiento de las pensiones y prestaciones de invalidez de carácter no contributivo, que aplicará por analogía el criterio interpretativo que ya se utiliza en las pensiones
contributivas en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, junto con este último criterio que le he dicho de la unidad de convivencia con carácter restrictivo, en el sentido de entender que no hay unidad económica de convivencia y que, por lo
tanto, no hay incompatibilidad en las pensiones, no siendo necesaria, de esta forma, la modificación normativa.
Acabo, presidente. Como les decía, desde el inicio llegan tarde, señorías del Grupo Socialista, porque esta medida ya está incluida en la propia iniciativa de Gobierno, desde el ámbito de la ordenación de la Seguridad Social hasta el de la
gestión a través del Imserso. Acabo de verdad. Como le han dicho, señorías del Grupo Socialista, les esperamos en el Pacto de Toledo, pero les esperamos no solo físicamente, les esperamos también intelectualmente. Por último, haciendo alusión a
nuestra ministra, no nos den lecciones en el tema de las pensiones.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Cotelo.
En turno de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, le pregunto a la señora Peña Camarero si su grupo acepta la enmienda presentada.
La señora PEÑA CAMARERO: La estamos estudiando.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, comuníquelo antes de la votación para tenerlo en cuenta.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A MANIFESTAR LA NECESIDAD DE NO DISCRIMINAR EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE LAS EMPRESAS CATALANAS. (Número de expediente 162/000514).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa manifestar la necesidad de no discriminar el consumo de los
productos de las empresas catalanas. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Llorens Torres.
El señor LLORENS TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero decirles que es para mí un honor defender esta propuesta que, en definitiva, no supone más que la defensa de los intereses de Lleida, Cataluña y España, y yo me siento muy leridano, muy catalán y muy español
(Aplausos), y porque esta iniciativa sirve de nuevo para poner en evidencia quién crea los problemas como los que ahora se viven en Cataluña y quiénes los solucionan. Somos los hombres y mujeres del Partido Popular quienes tenemos que poner fin a
sus delirios independentistas convocando elecciones libres y legales para restablecer la normalidad que ustedes, los señores de Esquerra y Convergència, o como quiera que se llamen ahora, bajo la batuta de los antisistema de la CUP, han hecho saltar
por los aires. Porque ustedes, señoras y señores de la extinta Junts pel Sí, ni siquiera
son conscientes del daño que han causado en Cataluña, porque, mire, las cosas no pasan por casualidad. Si una empresa decide irse de Cataluña será por algo, ¿no? Y es que, cuando sin leyes, sin votos y sin apoyo internacional se convoca un
referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia para irse de España y de Europa no se sabe hacia dónde, no debe extrañar que las empresas, los bancos y los depósitos también quieran irse pero de Cataluña, o que Cataluña, que ya antes
del 1 de octubre lideraba el crecimiento nacional y la creación de empleo, haya registrado el peor dato de paro en España y que se estime un coste de 2,5 puntos del PIB si persiste la inestabilidad o que Cataluña pueda entrar en recesión el próximo
año. ¿Es esto lo que quieren para Cataluña? Estas son las consecuencias que no solo han estado ocultando sino que han estado manipulando y falseando constantemente. Porque todo el procés es una gran mentira, ustedes no le dicen la verdad ni al
médico. ¿O no decía no sé quién muy importante que ahora está inhabilitado que las empresas y los bancos se pelearían por venir a una Cataluña independiente? Pero esto no es lo peor, porque el desprecio y el odio hacia el resto de España están
generando otros daños colaterales a las empresas catalanas -y, por tanto, a los trabajadores catalanes- que están sufriendo boicot porque ustedes han conseguido estropear la excelente imagen que se tiene en España de Cataluña. Pero lo que ustedes
representan no es lo mismo que representa Cataluña. Pese a ustedes, los separatistas, las empresas y los autónomos catalanes siguen trabajando mucho y bien y lo hacen gracias a la seguridad y a la estabilidad que garantizan la Constitución, el
Partido Popular, el Gobierno de España y el Estado de derecho que, de momento, ha despejado la incertidumbre y la inseguridad jurídica en Cataluña. (Aplausos.-Risas). Quiero decirles que cualquier práctica de boicot a los productos catalanes...
Ríanse, ríanse, porque se ve claro que ustedes, en el fondo, se están riendo de los catalanes. (Aplausos). Es otro grave error que comporta más división y castiga injustamente a los catalanes que queremos seguir siendo españoles. Porque Cataluña,
como se ha podido comprobar en las manifestaciones recientes, no es un sol poble, sino que ustedes lo han dividido en dos y ni siquiera tienen la mayoría social, como hasta el propio señor Tardà ha tenido que reconocer. Reivindicar lo propio es
bueno, yo lo hago cada día. Estoy muy orgulloso de la fruita de Lleida y del cava catalán y también de los excelentes productos del resto de España porque, desde la riqueza de nuestra diversidad, lo común y la unión es lo que nos hace más fuertes y
más grandes, aquí y en Europa, donde hoy la ministra Tejerina está defendiendo la PAC que garantiza la renta de nuestros agricultores.
Déjenme que les hable yo también de sentimientos. (Rumores.-Risas). No se sigan riendo, de mis sentimientos no se rían, como del de tantos catalanes que nos sentimos españoles; ¡ya está bien la broma!, ¡que ya está bien!, ¡que estamos
hartos de ustedes! (Aplausos.-Rumores). El de tantos catalanes a los que se nos quiere excluir porque también nos sentimos españoles y europeos. No lo van a conseguir. Si tanto quieren a Cataluña, recapaciten ahora que todavía están a tiempo y
apoyen esta iniciativa. Dejen de bailar el mambo que toca la CUP que, para más INRI, ahora propone el boicot a los productos españoles. Espero que esta iniciativa prospere en el Congreso, porque es la misma que los partidos constitucionalistas
apoyaron en el Senado, a favor de promocionar los productos marca España en los que están incluidos los españoles y en contra del boicot a los productos catalanes en el resto de España. Ya sé que eso es mucho pedir a los partidos independentistas,
pero les pido que reflexionen; reflexionen porque, si no lo hacen ahora, seremos los catalanes quienes dentro de diez días les pasaremos factura por la fractura que están ocasionando en la sociedad catalana y en la sociedad española, que no podemos
perdonar.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Llorens.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno fijará también posición, el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Señor Llorens, yo le iba escuchando, miraba la PNL que habían presentado, nada de la PNL, y pensaba: el señor Llorens quiere utilizar estos minutos como espacio electoral. Cuando le he escuchado, he dicho: no es posible, les vamos a ceder
nuestros minutos en TV3 para que pasen su intervención hoy aquí, porque no les va a votar ni el Tato. (Aplausos). No les va a votar ni el Tato en Cataluña con este discurso, señor Llorens.
¿Saben lo que han hecho hoy ustedes aquí presentando esta PNL? Han hecho de bombero pirómano. Primero provocan el incendio, después van a apagarlo y dicen: oigan, vótennos que somos muy buenos bomberos. ¡Pero ustedes son unos pirómanos!
¿Se acuerda de la recogida de firmas en contra del
estatuto? ¿Se acuerda, señor Llorens? Usted debió ir a recogerlas. En Lérida no, en Lérida seguro que no se atrevió a salir a la calle, pero fueron a recoger por toda España firmas en contra del Estatuto de Cataluña; ustedes recurrieron
artículos ante el Tribunal Constitucional y no los recurrieron en otros estatutos de autonomía del resto de España. Ustedes provocaron el gran incendio y ahora quieren que les votemos aquí. Dicen que van a promocionar la marca España, y, claro,
dentro de la marca España también los productos catalanes, porque hay que combatir el boicot. ¿Quién ha provocado el boicot, si es que existe este boicot? ¿Quién lo ha provocado, señor Llorens? (Rumores). Nooo, no; lo han provocado los de las
firmas. (Varios señores diputados: Sííí). Los de las firmas, sí, sí. Yo sé que les sabe mal, yo sé que les sabe mal, sí, sí.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Bel, un momento.
Señorías, les ruego que no entren en diálogo con el orador y también le ruego al orador que no incite a ese diálogo. Aténgase a la cuestión.
El señor BEL ACCENSI: Si no incitar... Oiga, señor presidente, oigan señores del PP, ustedes son muy buenas personas (Varios señores diputados: Sí.-La señora Blanco Garrido: Claro que sí). Han hecho todo lo posible... ¿Voy bien, señor
presidente? (Aplausos). Si tengo que no provocar la ira de los compañeros del Partido Popular, me parece esperpéntico.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Bel, no le he dicho la ira, la ira es libre en cada cual, le he dicho que no entre usted en diálogo con el resto de diputados ni el resto de diputados con usted, que es una cosa bastante
distinta.
Continúe con su intervención.
El señor BEL ACCENSI: De acuerdo, señor presidente. Si yo tengo la palabra, entiendo que el que está provocando es quien me interpela mientras yo estoy utilizando la palabra; no yo respondiendo, digo yo. (Aplausos).
Pero, bueno, vayamos al caso, señor Llorens. Les hemos presentado una enmienda, obviamente, a la totalidad y simplemente les pedimos que retiren la intervención de las finanzas de la Generalitat de Catalunya; eso seguramente ayudaría. Hoy
tiene un mal día. Supongo que ayer usted en Lérida no salió a la calle; supongo que no salió a la calle en Lérida usted ayer, supongo que no. (Aplausos). Por vergüenza. Supongo que, por vergüenza, no pudo salir a la calle ayer en Lérida. (El
señor Llorens Torres pronuncia palabras que no se perciben). ¿Tiene derecho a réplica?
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continúe con su intervención, señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Es que veo al señor Llorens que quiere replicarme y... (El señor Llorens Torres pronuncia palabras que no se perciben).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Llorens, por favor, le ruego que no interrumpa al orador. De la misma manera que he pedido que no le interrumpan a usted, ahora usted no puede interrumpir al orador.
Continúe, señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
En todo caso, presentamos también una enmienda para que ese famoso real decreto-ley por el cual, ignorando la voluntad de los accionistas, el consejo de administración podía proceder al cambio de domicilio social, se suprima, porque, claro,
hay algunas cosas que se incentivan. Ustedes y los compañeros de Ciudadanos han incentivado que las empresas se lleven su domicilio social a otra parte y ahora, con el programa electoral del Parlament de Catalunya, dicen que van a poner incentivos
fiscales para que vuelvan. ¡No haberlas echado antes! (Aplausos). Seguramente sería mucho más útil que lo que ustedes están planteando en estos momentos en términos electorales.
En todo caso, señor Llorens, repito, quedan cedidos los espacios de TV3 para que pasen su intervención.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.
El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, debo confesar que no entiendo muy bien el planteamiento de esta iniciativa que reza: relativa a manifestar la necesidad de no discriminar... Esto es confuso. Ustedes traen aquí una PNL para condenar el boicot,
pero deberían saber que, desde la más elemental noción estratégica, el abecé de la estrategia empresarial nos dice que si realmente se quiere luchar contra el boicot, no hay que hablar de él. Y eso se lo dirán los empresarios afectados, que no
quieren que se hable del boicot porque cuando ustedes convierten el boicot en un tema político, en un asunto o en un caso, están llevando a la gente a alinearse a favor o en contra y a plantearse por qué sí o por qué no. De entrada, mala idea la de
hablar de boicot. Si queremos ayudar a los empresarios que sufren boicot, no hablemos de boicot. Es una cuestión meramente estratégica.
Segundo. Hay un reproche claro que hacer a los partidos separatistas por su loca carrera hacia el barranco que aparecía en aquel spot de la CUP, del mambo -los que son catalanes aquí todos recordamos el anuncio-, los aliados del Gobierno
anterior, el ex Gobierno de la Generalitat. El reproche es evidente. Desde que han dado su golpe institucional, felizmente fallido, 2950 empresas a 5 de diciembre, y desde el 2 de octubre, han trasladado su sede social, seis de las siete empresas
catalanas que había en el IBEX. ¿Eso es culpa de los demás, señor Bel? (El señor Bel Accensi hace gestos afirmativos). Sí, ¿verdad? ¿Nuestra? Teníamos 6000 millones de euros en La Caixa y fuimos a sacarlos nosotros, ¿no? (Aplausos). Los
fueron a sacar ciudadanos catalanes de a pie asustados, que habían entrado en pánico por lo que ustedes habían provocado con su golpe a la democracia. (Aplausos). Así que no es culpa de los demás.
¡Ojo a la nueva propuesta de los ideólogos del separatismo catalán!, porque los ideólogos ya no están ni en la vieja Convergència ni en Esquerra, sino en la CUP. La última ideita es que van a nacionalizar las empresas para que así no se
marchen. Donde no hay empresas privadas, no puede haber fuga de empresas. Es de una lógica formidable, ¿verdad? (Aplausos). Hoy vienen con otra muy interesante, sobre todo cuando se habla de boicots. ¡Quieren poner un arancel a los productos no
catalanes! (Risas.-Aplausos). Es decir, quieren contestar al problema con un boicot al resto del mundo, porque, como siempre, el separatismo va por el mundo pensando que son el resto los que van en contradirección y que uno es el que lleva la
dirección correcta.
El fracaso del proceso, del procés, se advierte en muchas cuestiones y para mí la más grave es la fractura social. Desde luego, hay una que ya no se puede negar porque es que, a pesar de que uno esté imbuido de ideología nacionalista y por
tanto de sentimentalismo barato, los hechos son hechos. La catástrofe económica que han provocado está ahí. Pregunten a las empresas por qué se han marchado, si lo han hecho por la posibilidad de que Ciudadanos ganara las elecciones, como
seguramente va a pasar, o porque ustedes habían dado un golpe contra la democracia. Pregunten a las empresas si se han marchado porque temían que el constitucionalismo gobernara Cataluña o porque se había acabado la seguridad jurídica en Cataluña
gracias a sus decisiones. Por cierto, pregunten al señor Mas por qué, sabiendo como sabía en el año 2016 que la proclamación de la independencia iba a provocar una fuga de empresas, se calló. ¿Por qué no dijo nada a los catalanes el señor Mas?
Esa es una de las revelaciones de la famosa moleskine del señor Jové, que nos va a dar días de gloria; les va a dar a ustedes días de gloria. Hasta la organización del Mobile World Congress, el foro de tecnología móvil más prestigioso del mundo,
ha advertido, como es natural, que si sigue la inestabilidad se va a marchar de Barcelona. Y no hablemos del daño que ha provocado a la imagen de Cataluña y del conjunto de España la campañita orquestada por el señor Puigdemont y compañía,
ejecutada por los famosos influencers, la legión de Bosch, cuentas automatizadas que viralizaron las noticias de medios rusos, muy bien intencionados, durante veinte días. Dicho esto -queda clara la opinión que me merece lo que ha hecho el
separatismo-, el Grupo Popular mezcla el asunto con el rechazo a boicotear productos hechos en Cataluña.
Como se me ha acabado el tiempo, no puedo decirles todo lo que les quería decir, pero, señor presidente, déjeme que en unos segundos manifieste mi extrañeza por el hecho de que el Grupo Popular no acepte nuestra enmienda, a pesar de lo cual,
como nosotros somos gente constructiva, vamos a votar a favor de su PNL. No obstante, no entendemos que no acepten nuestra enmienda, que pretende -sus diputados entenderán que venía perfectamente a cuento- perseguir los delitos de odio en Cataluña
de forma que no queden impunes y poner los medios necesarios para proteger a los ciudadanos y empresarios que están siendo señalados y acosados por motivos políticos. Ya me dirán dónde está el problema en aceptar esta enmienda. En fin, insisto en
que como la aportación es bienintencionada, aunque con muy poco sentido estratégico, señor Llorens, votaremos a favor. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Girauta.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.
La señora VIDAL SÁEZ: Buenas tardes.
Al lado de la palabra cinismo tenía que aparecer en el diccionario el logo del Partido Popular. Se hace difícil, muy difícil calificar el hecho de que quienes más han contribuido a sembrar el rechazo contra Cataluña presenten hoy esta
iniciativa para aparecer como sus defensores. Les daré una pista. España no es más grande cuando se pronuncia más fuerte la eñe, sino cuando recordamos que va mucho más allá del Partido Popular y también de Ciudadanos (Aplausos), muchísimo más.
Traen aquí palabras vacías y estas no arreglan el desastre ni enmiendan sus excesos. Ustedes no son creíbles para hablar de esto. Dicen que están preocupados por los productos de marca España e incluso por los de marca Cataluña y yo me alegro
muchísimo por ello. Cambien, pues, su postura sobre los tratados internacionales que afectan gravemente a nuestros productos, como el CETA y el TTIP. Protejan nuestra economía, por favor.
El Partido Popular, Ciudadanos y personas del Partido Socialista han jugado claramente a alimentar el anticatalanismo y el boicot, y por eso ustedes no son creíbles para traer este tipo de proposiciones a esta Cámara. No hay duda de que la
gestión del conflicto entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat está generando consecuencias negativas para nuestra economía. El autoritarismo, la cerrazón y la unilateralidad tienen consecuencias; eso está clarísimo. Pero,
cuidado, porque, igual que hay partidos -no solo uno- que intentan tapar su corrupción con banderitas, ahora el Partido Popular pretende utilizar el procés para tapar sus fracasos en materia económica. Este Ejecutivo ha desaprovechado una
oportunidad y no ha hecho los deberes. La crisis económica suponía la posibilidad de generar un modelo económico y productivo diferente, más justo, solidario, sólido, moderno, verde; un modelo menos especulativo. Señorías, era una oportunidad
para subir salarios, mejorar la inversión pública y generar nuevos sectores económicos; para recuperar la inversión en investigación y desarrollo, sin ir más lejos. Pero de todo esto ustedes no han hecho absolutamente nada. Ambos ejecutivos -en
esto sí que se parecen tanto el español como el catalán- han seguido manteniendo su obsesión por una mal llamada austeridad que deja seca a nuestra economía. Ustedes y ustedes, ambos. La pésima gestión de ambos ejecutivos de este conflicto es un
problema y tiene efectos para ambos Gobiernos, pero sobre todo los tiene para la ciudadanía.
Señorías, 2950 empresas han anunciado el cambio de sede social y las tensiones pueden claramente afectar a la confianza en lo que a nuevas inversiones se refiere; es de cajón. En este conflicto sobra gasolina, represión y cerrazón y falta
diálogo político y, sobre todo, voluntad para solucionarlo. La nefasta actuación del Gobierno Rajoy en Cataluña ya ha tenido costes, de hecho. Han perdido su apoyo parlamentario para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la
falta de presupuestos es un problema también para la economía española; que se solucione depende exclusivamente, en este caso, de su capacidad para tejer acuerdos parlamentarios. Las cosas claras: el Partido Popular está jugando con la economía
catalana sin importarle en absoluto el daño económico que está generando; en presente lo digo. Atacar intereses catalanes para debilitar al Govern de la Generalitat es mezquino, señorías. (Aplausos). ¿Cómo puede ayudar a la seguridad o a la
certidumbre un decreto-ley, como el 15/2017, que facilita la salida de empresas catalanas para que se puedan deslocalizar con más facilidad? Este Gobierno ha llegado a hacer presiones a empresas instando a su deslocalización -eso sí, gracias al
apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos-; presiones para la retirada de depósitos públicos del Banco Sabadell hasta que anunció su cambio de sede, y presiones a industrias importantes, en algunos casos con una ayudita borbónica. Con tal de
dejar sin oxígeno a Cataluña, el Partido Popular está dispuesto a asfixiar a España; así son ustedes.
Desgraciadamente, el Govern de la Generalitat no ha estado más a la altura. Hay que reconocer que la vía unilateral ha sido un grave error. Dijeron que no se marcharía ni una empresa, que el proceso sería inocuo e incluso indoloro, pero
los acontecimientos que estamos viendo actualmente demuestran que o bien no habían explicado los costes, o bien directamente han mentido. Vuelvan a posiciones que nunca tendrían que haber abandonado, al pacto, al diálogo y al reconocimiento mutuo.
Ambos Gobiernos y todos los partidos que les han dado apoyo han estado jugando con cosas muy importantes. Han puesto en riesgo nuestra economía y nuestros puestos de trabajo. Su autoritarismo, su incapacidad y su obcecación les llevan a estar
dispuestos a convertir en un desierto económico a Cataluña y a España como
consecuencia. ¿O es que creen ustedes que el uso arbitrario, autoritario y brutal de la fuerza policial contra ciudadanos pacíficos genera buen clima para los negocios? ¿O es que creen que la aplicación del artículo 155 o la intervención
financiera de la Generalitat ayudan en algún caso a recibir nuevas inversiones? Pues claro que no, ni para Cataluña ni para España; claro que no ayudan. Igual que la precariedad no genera puestos de trabajo sino pobreza, el artículo 155 no ayuda
a nuestra economía sino que la empeora. Muchísimos catalanes y muchísimas catalanas nos sentimos atrapados entre dos Gobiernos irresponsables más preocupados por su continuidad que por el bienestar de su gente. No necesitamos DUI ni artículo 155
ni proposiciones de papel mojado. Necesitamos un Gobierno responsable que busque inversiones en lugar de ahuyentarlas, que atraiga a nuevas empresas en vez de facilitar su marcha, que se reúna con las patronales y con los sindicatos, que hable, una
por una, con todas y cada una de las empresas que han anunciado su cambio de sede para que vuelvan; un Gobierno que trabaje en un plan de retorno para las empresas y que se base, en primer lugar, como es obvio, en generar confianza y futuro tanto
para España como para Cataluña. La llave para todo esto -lo saben ustedes perfectamente- no está en esta proposición. Esta PNL solo busca ahondar en la confrontación y es ésta la que nos ha llevado a la situación por la que actualmente estamos
pagando. La falta de diálogo y negociación genera inestabilidad política. Si quieren hacer algo realmente por Cataluña y por España, siéntense, hablen, hagan política y dejen de hacernos perder el tiempo con proposiciones que solo intentan ser sal
en una herida.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso.
El señor ZARAGOZA ALONSO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, en la anterior sesión del Congreso, los diputados del PP descubrieron con gran asombro que las infraestructuras y la inversión en ciencia, investigación y desarrollo en Cataluña necesitaban más apoyo y un aumento de los recursos
después de haberlos ignorado durante años. Hoy ofrecen su apoyo a los productos catalanes y censuran el boicot que sufren por parte de algunos ciudadanos españoles, alentados precisamente por políticos de su partido y por sus declaraciones
irresponsables. Señores del Grupo Popular, están ustedes haciendo más campaña aquí, en las Cortes, que Albiol en Cataluña. Lo cierto es que con estas iniciativas parlamentarias dan ustedes una imagen muy fiel de la figura del pirómano bombero -al
revés, son pirómanos, no bomberos-, es decir, primero incendian todo lo que pueden y después se presentan a apagar el fuego que ustedes mismos han creado. Primero y durante muchos años alientan el conflicto entre españoles, intentan aprovecharlo
electoralmente, protagonizan una provocación tras otra, no dan ni una sola respuesta política al aumento del sentimiento independentista, recogen firmas en contra del estatut d'autonomia, lo impugnan ante el Constitucional, y ahora piden que no se
boicoteen productos catalanes porque eso perjudicaría la marca España. Y nos preguntamos desde mi grupo parlamentario: ¿es esto una enmienda a la totalidad de la política aplicada por Mariano Rajoy desde 2004? (Aplausos). ¿O tan solo están
ustedes en campaña electoral? ¿Sigue representando el Partido Popular a la derecha del 'a por ellos' o han aprendido, por fin, que su estrategia de ganar votos a través del conflicto en Cataluña es, en gran medida, responsable de la situación en la
que nos encontramos hoy? ¿Están ustedes decididos a dejar de hacer política desde la confrontación entre españoles o después del 21 de diciembre volverán a ser el Partido Popular de siempre? ¿Volverán a ser el PP de la recogida de firmas contra el
Estatuto de Cataluña? ¿El de las mentiras y bulos sobre el catalán? ¿El de la negación de la pluralidad de España?
Señores diputados y diputadas, no se lleven a engaño, estamos de nuevo ante un acto de oportunismo del Partido Popular (Aplausos), un oportunismo torpe que les ha llevado a presentar la misma iniciativa que en el Senado, sin incluir las
modificaciones de la transaccional que habíamos pactado en aquella Cámara. Se podrían haber ahorrado la exposición de motivos, que más parecen argumentos para incitar al boicot que para evitarlo. A pesar de sus esfuerzos, no podemos estar en
contra del texto de la proposición no de ley, sí de la exposición de motivos, que lo convierten en motivos para hacer el boicot, como bien ha explicado el diputado de Ciudadanos. En cualquier caso, ya es hora de que todos los españoles entiendan
que cuando dejan de comprar un producto de origen catalán no están haciendo boicot a Cataluña, sino a empresas españolas.
Entender eso es imprescindible, pero será más importante aún que todos entendamos la necesidad de poner fin a la política de confrontación territorial. El proceso independentista que ha vivido Cataluña estos últimos años ha dejado un
balance muy negativo para sus ciudadanos. Hoy tenemos una economía
más débil, una pérdida trágica del tejido económico catalán, con unas consecuencias que pronto serán patentes y a las que el boicot de los productos catalanes no ayudará precisamente, pero tenemos sobre todo una sociedad más dividida y
fracturada, fruto de una política de buenos y malos. Los socialistas sabemos -así lo hemos advertido durante todo este tiempo- que ese camino solo nos lleva al desastre. El tiempo nos ha dado la razón, pero con eso no es suficiente. Tanto
ustedes, miembros del Partido Popular, como sus socios de Ciudadanos deben ser conscientes de que más confrontación no puede ser la solución. Cataluña necesita, antes que cualquier otra cosa, volver a un clima social y político de concordia y
normalidad democrática, y ojalá no escuchen, como nosotros hoy aquí en este debate mal enfocado, mal planteado y erróneo por el portavoz del Partido Popular, que en vez de ayudar a evitar el boicot hemos convertido este tema en un tema, como decía
el portavoz de Ciudadanos, erróneo y equivocado. Aun así, no podemos dejar de apoyar la literalidad del texto, pero no por lo que han hecho ustedes, que han prescindido del resto de grupos, ni siquiera han llamado, ni siquiera se han puesto en
contacto y han renunciado a los acuerdos que ustedes adoptaron con nosotros en el Senado. Esto es una vergüenza política de falta de acuerdo y por ese camino no tiene solución. (Aplausos).
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Zaragoza.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Tengo que empezar diciendo que esta proposición no de ley es un canto a la hipocresía. Al ser el tercer portavoz en intervenir, me va a tocar repetir lo del bombero pirómano, pero que conste que lo tenía preparado, independientemente de
habérselo oído decir antes al señor Bel y al señor Zaragoza, lo cual quiere decir que si tres grupos utilizan la misma metáfora es que algo coincide. En este caso, se prende fuego al monte y después se presentan voluntarios los bomberos para apagar
el fuego. Todos lo hemos utilizado de la misma manera, no creo que haya sido un contubernio entre diferentes grupos en este asunto. El caso es que todos hemos llegado a la misma conclusión.
¿Quién ha generado esta situación que denuncia el Partido Popular? La PNL del Partido Popular no pretende lo que dice que pretende; no sé, incluso, si le importa el boicot. En cualquier caso, siempre lo circunscribe a la marca España, lo
que le preocupa es lo que le pueda pasar a la marca España, que es lo que verdaderamente les importa. Sobre todo les importa que en esta Cámara se oiga esa salvedad que aparece al final de la PNL, en la parte dispositiva, que menciona la actitud
irresponsable de los partidos independentistas que han perjudicado, etcétera. Eso es lo que les importa denunciar. El boicot es una pequeña excusa que pasaba por ahí para denunciar algo que ustedes están todo el día denunciando desde hace mucho
tiempo. A ustedes les importa un pimiento que estos partidos, los independentistas, tengan muchísimos votantes en Cataluña, que constituyan un Parlamento y que tengan un Govern legítimo. Ustedes tienen la representación que tienen allí y quieren
usar una mayoría de aquí para decir lo que se tiene que hacer allí, con una mayoría que no tienen allí. Esa es la estrategia que han usado hasta ahora y siguen usando. (Aplausos). Son el autoritarismo y la intransigencia, y tienen una concepción
centrípeta y despreciativa hacia lo diferente, sin duda alguna.
Hay un artículo de Xavier Sala i Martín sobre un niño al que le roban una moneda y denuncian al niño por haberse dejado robar en vez de apuntar al verdadero culpable, el que le ha robado la moneda. Pues aquí está pasando algo parecido, se
culpa al independentismo. Por la misma, se podría culpar a la dureza del Gobierno del señor Rajoy, ¿o no? ¿O es que los empresarios cuando de repente ven que se aplica el 155 se quedan pensando: este es el Gobierno que me tiene que defender? Eso
sí que es una injerencia y un boicot, el 155; es una injerencia en un ámbito que no le corresponde y un boicot a las decisiones tomadas legítimamente por un parlamento. Si se hubiera actuado con normalidad, con democracia y permitiendo un
referéndum legal... Pero es que cuando ustedes hablan de un referéndum ilegal, ¿en manos de quién estaba que fuera legal o no? ¿Acaso han permitido que fuera legal? Si se hubiera permitido que fuera legal, si ustedes no hubieran sembrado el
pánico y enviado al mundo la nefasta imagen que enviaron -que no pudieron ocultar por mucho que lo intentaron-, quizás la respuesta hubiera sido otra. ¿Qué confianza le han dado a las empresas y a la Generalitat? ¿Hasta qué punto le han dado un
apoyo, hasta qué punto han presionado a las empresas para que se fueran, y nos consta que ha sido así? Y ahora vienen con la hipócrita y farisea actuación buenista de que no se boicotee. Cuando a usted se le llenaba la boca con la palabra
separatista, solo le faltaba decir rojo, algo que iba en binomio
en un tiempo para unos nostálgico y para otros despreciable. En cualquier caso, lo que no se debía haber promovido, y sí se hizo, por lo civil y por lo militar, es el boicot a las decisiones de las instituciones legítimas de Cataluña. No
les han dejado ni respirar. Injerencia del Gobierno en la economía catalana interviniendo las cuentas de la Generalitat, facilitando a las empresas, animando a las empresas para que se fueran, y después vienen aquí a decir con la boca pequeña que
no se boicoteen los productos cuando ha habido impulso, porque esa frase de cuanto peor mejor parece que interesaba para promover una situación muy peligrosa en Cataluña.
Tengo que terminar, porque se me acaba el tiempo. Evidentemente, no vamos a apoyar este texto, que con la boca pequeña pretende lo que con los hechos contraría. Nos parece de justicia la enmienda que ha presentado el PDeCAT en apoyo del
verdadero sector productivo de Cataluña y denunciamos, como decía, las injerencias y campañas que han promovido precisamente lo que después se ha querido enmendar. Ha habido más enmiendas, pero nadando y guardando la ropa ni se nada ni se guarda la
ropa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidente.
Señor Llorens, señor Girauta, el odio a España no es el amarillo de los lazos cerca de nuestro corazón, sino que es el amarillo de los nombres de los corruptos de los papeles de Bárcenas. Que lo tengan claro. (Aplausos).
Usted, señor Llorens, presenta aquí una PNL que, muy resumida, sería: Haber ganado la guerra. Si ustedes hubieran ganado la guerra no estarían así; la culpa es suya por vestirse de demócrata e ir provocando. Nosotros decimos claramente
que el boicot a la economía catalana, el boicot a Cataluña y a su gente no es que la gente vote en Cataluña, son los palos que nos dieron el 1 de octubre. (Rumores.-Aplausos).
Hagamos un repaso de datos oficiales, datos suyos, ya que tienen intervenida la Generalitat de Catalunya. Cataluña cuenta con 260 000 empresas. Se han marchado, tal y como cacarea día sí y día también la caverna al dictado de la Moncloa,
poco más de 2000. Eso, haciendo cálculos rápidos, no llega al 1%. Por cierto, de esas 260 000 empresas, el 98,9% son autónomos y pymes, no son grandes corporaciones que seguramente usted conoce en el círculo ecuestre, sino que es gente que levanta
la persiana cada mañana y que se deja la piel en Cataluña. (Aplausos). Que usted diga que Cataluña, conjuntamente con su filial, con su marca blanca Ciudadanos, es una especie de páramo agreste parecido a Mordor, sin empresas, simplemente porque
la gente votó como no le gusta el 1 de octubre, es mentir, es faltar a la verdad. Cataluña, le guste más o le guste menos, es un motor económico no solamente del Estado español sino también de Europa. La Conselleria de Economía comandada por un
tal Oriol Junqueras, antes de que le metieran en sus cárceles, pagaba a sus proveedores a veintisiete días. ¡Inaudito en la historia democrática de este país! Ustedes, a duras penas, pagan a cuarenta. Menos lecciones, señor Llorens. (Aplausos).
Entre septiembre y octubre de este año, en Cataluña se ha creado un 20% de empresas, un 20% más de empresas (Risas), y no son todas aquellas que ustedes conocen, aquellos que se están riendo ahora mismo, del círculo ecuestre, sino que son autónomos
y pymes, a los cuales ustedes lo único que hacen es perjudicar. En Cataluña se ha reducido la deuda respecto a su PIB un 3%; la deuda respecto a su PIB es un 114%, quitando prostitución y drogas -son palabras suyas-, un 100%. Así que menos
lecciones, señor Llorens. (Aplausos).
Vayamos a la hemeroteca para ver hasta cuánto han ayudado ustedes a la economía y a la gente en Cataluña. 20 de septiembre del año 2017: En Cataluña hay actitudes nazis. Un tal Alfonso María Dastis, ministro de Exteriores, diría que eso
no ayuda mucho al boicot; diría que ustedes son el boicot. 12 de junio del año 2016: ¿Alemania, principios de los años treinta? No, es la Cataluña del procés que estamos viendo hoy en día. Xavier Garcia Albiol, diputado, senador y candidato a
la Generalitat de Catalunya, diría que eso no ayuda a ir en contra del boicot; diría que ustedes son el boicot. 12 de abril del año 2015: Un régimen hizo a austríacos, checos y polacos alemanes; hoy, una especie de engendro quiere hacer a
valencianos y aragoneses catalanes. López Garrido, que ha sido ex de todo de su marca blanca roja, y eso lo dijo en sede parlamentaria. En definitiva, señor Llorens, si tanto les interesa Cataluña, si tanto les interesa su gente si tanto les
interesa su economía, saquen de la cárcel al mejor consejero de Economía que ha tenido en su historia, Oriol Junqueras. (Rumores.-Aplausos). Porque, señor Llorens,
conjuntamente con sus camaradas naranjas y con sus camaradas rojos, la amenaza a Cataluña no somos nosotros, sino que son ustedes. El boicot son ustedes y sus carceleros.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rufián.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, le pregunto al señor Llorens si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.
El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, muchas gracias.
Agradezco el apoyo de los partidos constitucionalistas, aunque no les haya gustado la iniciativa que hemos presentado...
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene que decir si acepta o rechaza las enmiendas.
El señor LLORENS TORRES: No las puedo aceptar en estos momentos, aunque me gustaría haber hablado. Lo siento, señor Zaragoza. Y cuando hablo con Esquerra Republicana, prefiero hablar con el señor Tardá.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Llorens, lo tendremos en cuenta a la hora de fijar la votación.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA MEJORA DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD PARA PERSONAS CON 65 O MÁS AÑOS DE EDAD CON MENORES INGRESOS. (Número de expediente 173/000068).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación, pasamos a debatir el siguiente punto del orden del día. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de las pensiones de
viudedad para personas con 65 o más años de edad con menores ingresos. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Simancas Simancas. (Rumores). Señorías, les ruego silencio.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señor presidente, señorías, según el diccionario, tropelía es una acción injusta cometida por quien abusa de su poder. Pues bien, la moción que presenta hoy ante esta Cámara el Grupo Parlamentario Socialista
pretende corregir la tropelía que el Gobierno del Partido Popular lleva seis años cometiendo sobre las viudas más pobres de nuestro país. (Aplausos). Porque, efectivamente, hace seis años esta Cámara aprobó una mejora para las pensiones que cobran
las viudas mayores de 65 años en riesgo de pobreza, hace seis años, una ley del año 2011.
En el año 2012 y en el año 2013, el Gobierno del Partido Popular decidió no aplicar esta mejora de las pensiones porque estábamos en recesión, decían. Fue un error. En el año 2014, en el año 2015 y en el año 2016 ya no estábamos en
recesión, pero el Gobierno del Partido Popular siguió sin aplicar esta mejora en las pensiones de viudedad porque, al parecer, según el Gobierno, España no se lo podía permitir. Fue una injusticia. Este año 2017 la economía española ya crece por
encima del 3%, pero el Gobierno del Partido Popular sigue sin aplicar esta mejora justa sobre las pensiones de nuestras viudas porque, al parecer, prefiere financiar con los recursos disponibles los rescates a las concesionarias de autopistas de
peaje. Esto ya no es un error, esto ya no es solo una injusticia, esto, señorías del Partido Popular, es una inmoralidad. (Aplausos). Que este país, creciendo a más del 3%, siga demorando la subida, la dignificación de las pensiones de viudedad
es una inmoralidad.
Hay muchas razones para aprobar esta moción; en función del tiempo disponible solo voy a citar tres. La primera es de justicia social, porque las políticas del Gobierno del Partido Popular están empobreciendo a los pensionistas en general,
y muy especialmente a las viudas pensionistas. La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, los copagos farmacéuticos, la retirada de más de 400 medicamentos del Sistema Nacional de Salud, la subida del precio en los suministros básicos a
nuestros hogares están arrojando a muchos pensionistas por debajo del umbral de la pobreza. La situación se agrava, además, cuando muchos de estos pensionistas tienen que sostener a familias en situación de paro, en situación de precariedad, de
pobreza laboral, sometidos a contratos basura, a contratos abusivos. Por tanto, primera razón: razón de justicia social. Es de justicia social que las viudas recuperen ese 11% de subida en sus
prestaciones que el Gobierno del Partido Popular, a pesar de la ley, les está negando. Pero también hay razones de legalidad, señorías, porque esta subida, esta mejora de las pensiones de viudedad, ya está en la ley. No es una ley nueva,
no, no, ya está en la ley que aprobó esta Cámara por mayoría en el año 2011. Se aprobó así y durante cinco ejercicios el Gobierno del Partido Popular, a través de las leyes de presupuestos, ha estado suspendiendo su aplicación. En este año 2017 ni
siquiera lo ha suspendido ya. Esta es una ley en vigor que debería estar aplicándose este año; sin embargo, las viudas no están disfrutando de la subida que necesitan y que merecen. Por tanto, hagan el favor de cumplir las leyes vigentes.
Demostremos que las leyes sirven, que nadie, ni siquiera los gobernantes, están por encima de la ley. Rajoy dijo ayer en un desayuno en Europa Press: En este país, la ley se cumple. Bien, esto debe ser efectivo para el autogobierno de Cataluña, y
nosotros lo apoyamos, pero para las viudas también. Esta ley también se tiene que cumplir, esta ley también vale, señorías. (Aplausos). El imperio de la ley también está vigente en relación con la subida de las pensiones de las viudas. Y hay una
tercera razón. Intentemos salvar el respeto que merece esta Cámara, que representa la soberanía popular, y que el Gobierno del Partido Popular está denigrando con sus vetos abusivos sobre las propuestas de ley de la oposición. En estas semanas, el
Gobierno del Partido Popular ha vetado una proposición de ley del Grupo Socialista que intentaba hacer cumplir esta ley, es decir, mejorar las pensiones de viudedad. El Partido Popular nos ha dicho que esto es imposible, que el gasto de más de 800
millones de euros anuales es insoportable. También vetaron hace pocas semanas la proposición de ley que intentaba evitar el absurdo de separar a dos hermanas que conviven en una residencia de mayores bajo la amenaza de retirarles la pensión no
contributiva. En este caso, el gasto insoportable era de 13 millones de euros.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, señorías del Gobierno del Partido Popular, lo que es realmente insoportable en este país es la falta de sensibilidad social de este Gobierno. (Aplausos). Lo que es insoportable es el abuso que
semana tras semana el Gobierno del Partido Popular acomete en relación con sus vetos presupuestarios. ¿De verdad piensan ustedes que el constituyente, en el artículo 134.6, dio la facultad al Gobierno para vetar iniciativas de gasto cuando se
trataba de un incremento de gasto de 13 millones o de 800 millones sobre un gasto público total de más de 400 000 millones de euros? ¿De verdad creen que el constituyente estaba pensando en eso? Esto es un abuso realmente insoportable. Por
cierto, la ministra aseguró en esta tribuna, ante una interpelación de mi compañera Carmen Cuello, que esta medida se iba a aplicar la semana siguiente, por la semana pasada. ¿Dónde está? ¿A qué están jugando? Ni la semana pasada ni esta; no
están aplicando la medida. ¿Por qué? Porque quieren esperar al año que viene, quieren esperar a que en el año 2018 ya no tengan que hacer frente al gasto que supondría actualizar las pensiones de viudedad para este año 2017.
Les voy a dar una última razón para apoyar esta iniciativa a los diputados del Grupo Parlamentario Popular. Esta es una buena oportunidad para corregir su discurso, ese discurso en el que plantean que los Gobiernos socialistas congelan las
pensiones y los Gobiernos del Partido Popular las suben. Es mentira. Los Gobiernos del Partido Socialista, entre los años 2004 y 2011, subieron las pensiones mínimas un 53% y el Partido Popular las recorta (Aplausos) porque subir las pensiones por
debajo de lo que aumenta el coste de la vida es recortar las pensiones; subir las pensiones un 0,25% mientras aumentan los copagos farmacéuticos es recortar las pensiones; subir las pensiones un 0,25 mientras retiran del Sistema Nacional de Salud
más de 400 medicamentos que son básicos para la calidad de vida de los pensionistas es recortar la pensiones. Señorías, este es el único país en Europa que no vincula la subida de las pensiones a los salarios o a los precios, este es el único país
de Europa en el que más se están empobreciendo los pensionistas y en el que más está creciendo la desigualdad social. Este es un país, señorías, que financia injustamente crecimiento con pobreza y con desigualdad social. Rectifiquen sus políticas,
hagan justicia a las viudas de este país, cumplan la ley y apoyen esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Simancas.
Para la defensa de la enmienda formulada, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on.
Volvemos a debatir el tema de las pensiones, las de viudedad concretamente. Anuncio que apoyaremos la moción del Grupo Socialista por cuanto supone una mejora sobre lo ya existente, pero quisiera destacar también que ni tan siquiera
llegando a aplicarse las subidas que aquí se plantean conseguirán las viudas -ya que mayormente son mujeres- tener una pensión digna. No quiero dejar de recordar que la pensión
de viudedad seguirá estando lejos de garantizar los recursos mínimos necesarios para poder hacer frente a las necesidades básicas y poder llevar así una vida digna. Ello se debe no solo a que con la crisis se han convertido en muchos casos
en sustento de sus familias, que también, sino que a esto hay que sumarle la subida de las tarifas energéticas y los productos básicos en general muy por encima de sus ingresos, sin olvidar que las pensiones, especialmente estas que nos ocupan, han
estado siempre demasiado lejos del equivalente al 60% del salario medio de las personas trabajadoras del entorno, que es la única garantía de superar el umbral de la pobreza.
Lejos de abordar el tema de las pensiones en su integridad, el PSOE y el PP siguen utilizándolas como arma arrojadiza cuando el otro gobierna, eso sí, y entre ambos han llevado esta cuestión a una situación límite. Se ha utilizado ya el 90%
del Fondo de Pensiones y se amenaza con la eliminación de las pagas extra en lugar de abordar lo que es el verdadero problema, que no es el incremento de pensionistas sino la falta de capacidad y voluntad para hacer frente a algo que era previsible,
que cada vez iban a hacer falta más recursos. En lugar de ello, se ha ido reformando el sistema para que el gasto en pensiones vaya, al contrario de lo que debería ser, disminuyendo, y se niegan a aplicar medidas que no requieren de grandes cambios
para hacer viable el sistema, eso sí, con un enfoque diferente al actual. Medidas como destopar las cotizaciones a los salarios altos, eliminar las tarifas planas y que cada trabajador cotice por la cantidad que cobra, promover el cobro de la deuda
de las empresas a la Seguridad Social y obligar a la reintegración de los fondos cedidos a los bancos. Esas medidas sí que posibilitarían dignificar las pensiones, pero hasta que esto no se haga no podemos hablar de dignificar las pensiones,
también las de viudedad. Son medidas que de verdad implementaríamos si se diera la transferencia de la Seguridad Social y pudiéramos optar por nuestro propio sistema de pensiones, pero parece que tampoco hay voluntad para ello. En cualquier caso,
pequeño paso sí, pero un paso. Por ello, como he anunciado al inicio, apoyaremos la iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señor Simancas, señorías, mi grupo se siente muy concernido con la causa, la bandera que hoy el Grupo Socialista ha defendido con esta iniciativa, porque fundamentalmente la previsión legal de la Ley 27/2011 en relación con el aumento del
porcentaje a aplicar a la base reguladora de las pensiones de viudedad es fruto de una enmienda que yo mismo defendí en la tramitación legislativa en nombre de Convergència i Unió entonces, que pactamos con el Grupo Socialista y singularmente con el
secretario de Estado de la Seguridad Social de aquel momento. Con aquella iniciativa retomábamos la mejora de la base reguladora de la pensión de viudedad empezada en la etapa en que el señor Camps fue secretario de Estado de esta materia, también
con iniciativas de nuestro grupo parlamentario, pasando entonces del 45 al 52%. La viudedad nos ha preocupado, por tanto, bienvenida esta iniciativa.
Hoy debemos volver a denunciar que desde la entrada en el Gobierno del Partido Popular en 2011 esa previsión legal quedó congelada y que, por tanto, aquella mejora sustancial que se introducía en aquella reforma no pudo aplicarse.
Efectivamente, en el presupuesto de este año la situación se desbloqueó, pero tampoco el Gobierno tomó las medidas para hacerla efectiva y, por consiguiente, toca instar al Gobierno a que dé cumplimiento a esa ley. Hay que recordar que en esa
disposición adicional no tan solo pretendíamos aumentar el porcentaje a aplicar a la pensión de viudedad, sino también mejorar el tratamiento fiscal de aquellas personas que reciben una prisión de viudedad y al mismo tiempo continúan trabajando. La
actual configuración de nuestra fiscalidad castiga injustamente a las viudas y a los viudos jóvenes, y esa cuestión también está pendiente de desarrollo. Por tanto, a los diputados del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos les insto no solo a dar
cumplimiento a lo que hace referencia a la pensión de viudedad, sino también al tratamiento fiscal de esta cuestión.
En el abordaje del tratamiento de la pensión de viudedad, lo que estamos discutiendo es el tratamiento del riesgo de pobreza entre las mujeres mayores que viven solas. Cuando hacemos los elogios de nuestro sistema público de pensiones,
debemos recordar que donde el sistema es menos eficaz en su capacidad de reducir el riesgo de pobreza es precisamente en el campo de las mujeres, donde se focaliza el núcleo principal del riesgo de pobreza entre los mayores. Y eso afecta a la
pensión de viudedad, no solo a la pensión de viudedad pero sí sustancialmente a ella, y precisamente ese aumento de la base reguladora hacia el 60% pretende hacer frente a ello. Sería bueno reclamarle al Gobierno que en el despliegue de esa
previsión legal sea diligente, que no tardásemos demasiados años en alcanzar el 60% de la base
reguladora a aplicar, porque seguramente en el camino van a quedar muchas personas que ya no nos acompañarán y que no podrán beneficiarse de esa mejora. Eso ha pasado durante estos años. Bienvenida esta iniciativa, que va a contar con
nuestro apoyo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes nuevamente, señorías, señor presidente.
Estamos otra vez haciendo mención a una situación de precariedad respecto de la que en este caso, además, existe una predeterminación legal como es la Ley 27/2011. Es cierto que allí se contempla la situación para aquellas viudas,
fundamentalmente mujeres mayores de 65 años en riesgo de pobreza o exclusión, a las que se les prometió y se les reguló una mejora de su pensión esperando que aquello pudiera atender de alguna manera no tanto la suficiencia de sus recursos, pero sí
una mayor garantía para que pudieran sobrevivir de una forma más o menos digna. Es cierto que aquella actualización de la Ley 27/2011 tenía unas características determinadas que contemplaban su aplazamiento en un plazo de ocho años para alcanzar,
como acaba de explicar usted mismo y el señor Campuzano, el 60% de la base reguladora como cuantía mínima a partir de la cual se entendería que se podían obtener recursos suficientes, y es cierto también que, por desgracia -tanto para ellas como
para el país-, la situación de déficit que se supone que se tuvo que abordar provocó que el Real Decreto-ley 20/2011 suspendiera de forma indefinida, con las sucesivas prórrogas presupuestarias, la aplicación de esa actualización que se contemplaba
en la Ley 27/2011. Así lo contemplaba también la recomendación número 13 del Pacto de Toledo. Esa es una cuestión que me gustaría mencionar porque no es solo un problema de justicia social sino también una cuestión de equilibrio entre las
diferentes prestaciones que no pueden abordarse sin tener en cuenta que hay un conjunto de necesidades que el sistema de Seguridad Social, tanto en las prestaciones contributivas como en aquellas no contributivas como podrían ser estas, debe abordar
en su conjunto.
Estoy completamente de acuerdo con su proposición, sobre todo con el punto primero, pero no lo estoy tanto en la secuenciación que se hace desde el punto de vista de la periodificación inmediata por entender que se debe aplicar de una forma
breve, sobre todo teniendo en cuenta cuál fue el compromiso que el propio Partido Socialista asumió cuando estuvo en el Gobierno. Lo hizo, creemos, porque entendió en aquel momento que aquella carga, no evidentemente desde el punto de vista de las
viudas sino desde el punto de vista del sistema de Seguridad Social, que suponía aproximadamente un añadido de 100 millones de euros anuales más o menos, necesitaba un periodo de asunción, de integración, de asimilación, por decirlo de alguna
manera. Entiendo también que las viudas, como acaba de recordar el señor Campuzano, tampoco pueden volver a esperar ocho años para que esto suceda, pero también es verdad que hace falta, de alguna manera, pedir cierta flexibilidad en los
proponentes, y desde luego en el Gobierno, si es que, como dijo la ministra, pretende asumirlo a través de la vía reglamentaria y de una forma inmediata. Por ello, señores del Partido Socialista, queremos apoyarlo y lo vamos a hacer, sobre todo si
nos permiten que sea abordado de esta forma.
Señor presidente, le rogaría que se pudieran tener en cuenta como puntos diferenciados las tres posiciones que marcan los tres párrafos de la propuesta, porque creemos que afectan no ya a la integridad del sistema sino también a las
cuestiones que se están debatiendo justo en este momento en el Pacto de Toledo. Esto se está debatiendo en el Pacto de Toledo, cómo asimilamos todas esas mejoras que en estos momentos debemos hacer. Es cierto que hay colectivos especialmente
necesitados para quienes el principio de suficiencia es ya -no sé qué calificativo aplicarle- apremiante desde cualquier punto de vista, están necesitados de esa actualización, pero también estamos de acuerdo en que debemos ser flexibles
precisamente para que tanto ellas -lo digo en femenino porque son fundamentalmente mujeres- como el sistema lleguen a una simbiosis para que sea aceptable.
Señor portavoz del Partido Socialista, le rogaría que aceptara la propuesta de que se pudiera votar de forma diferenciada o, en su caso, que aceptara una modificación en los términos, como parece que se ha hecho en algunas propuestas de
enmienda, para que la incorporación de esos créditos se pudieran producir de forma paulatina.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano Fuster.
El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. En primer lugar, quiero detenerme un instante para dar las gracias, en mayúsculas, a los pensionistas de nuestro país. Quiero honrar con nuestra gratitud a todos los pensionistas, especialmente a las mujeres, que,
en el seno de la institución familiar, han hecho posible que los nietos y los hijos tuvieran un refugio frente a la adversidad de la crisis. Tenemos mucho que aprender del espíritu incansable de superación, de la entrega a los demás. Gracias.
(Aplausos).
Señor Simancas, señores del Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Popular ha incumplido la Ley 27/2011, pero a esto ya nos tiene acostumbrados, incluso la ha eludido, aunque de esto -en otras ocasiones ustedes también saben bastante. A
la pregunta parlamentaria que mis compañeros Marcial Gómez y Sergio del Campo hicieron al ministerio respecto a este tema la respuesta fue contundente: El cumplimiento de la disposición trigésima supondría un importante coste para la Seguridad
Social, razón por la cual, a la vista de la débil situación financiera que ha atravesado nuestro sistema público de pensiones, ha sido necesario aplazar anualmente la entrada en vigor de esta medida. Fin de la cita. A ver que me aclare: ¿no era
la ministra Báñez la que hablaba de la primavera en el empleo? Entonces, ¿por qué decimos una cosa y la contraria, señores del Partido Popular?
Señor Simancas, entendemos y compartimos esta reivindicación que hoy nos trae, pero permítame recordarle que en la actualidad la Comisión del Pacto de Toledo se encuentra elaborando las recomendaciones ante una nueva situación y ante nuevos
escenarios futuros y es ahí donde se deben plantear todos los temas y todas las soluciones. Pero este afán de oportunismo político del Partido Socialista no viene de nuevas, lo digo porque ya en 2010 y 2011 el señor Zapatero aplicó una verdadera
política de austeridad -y esto lo recordarán perfectamente-, de recortes: bajó los sueldos a los funcionarios un 5%, bajó las pensiones, subió la edad de jubilación, recortó fondos para la dependencia dejándolos en manos de las comunidades
autónomas y otras muchas cosas, y todo esto para terminar en 2011 con unas elecciones y, previamente, aprobar la Ley 27/2011, que hoy debatimos y que sabían que no la iba a poder aplicar ni ustedes -porque sabían que iban a perder- ni el Partido
Popular, y a eso, señor Simancas, se llama oportunismo. (Aplausos). Además, el Partido Socialista trae a esta Cámara medidas como las rentas mínimas, por valor de 15 000 millones de euros, la aplicación de la disposición adicional trigésima -que
es la que estamos tratando- por valor de 2000 millones o enmiendas a los presupuestos por 46 000 millones con cargo a un fondo de garantía cuando este está dotado tan solo con 15 millones. ¿Me puede explicar el señor Saura -que creo que acaba de
llegar- cómo hacen ustedes las cuentas? Si quieren, yo les puedo recomendar una técnica muy sencilla que es la del cesto y las manzanas: tantas manzanas tengo, quito dos, nos quedan tantas para repartir. Permítanme, con toda la humildad del
mundo, que les arroje algo de luz. ¿No será que con eso del cuponazo vasco se han quedado sin fondos para poder cubrir estas medidas? ¿O es que ustedes ven igual de urgente que el País Vasco reduzca 4 puntos el impuesto de sociedades gracias a la
solidaridad de los demás que subir la pensión de viudedad o poder invertir en nuestros jóvenes y en su educación? Nos lo tendrá que explicar. Les diría que con pólvora del rey yo también hago las mejores políticas sociales y de incentivo a la
economía, para mi comunidad autónoma también me gustaría.
Señorías del Partido Popular, PSOE y Podemos, ¿se dan cuenta ahora de que, gracias a su veto, han incrementado la insolidaridad entre territorios y dejado de ayudar a los que más lo necesitan? Por cierto, el oportunismo que los viejos
partidos practican llegando a decir una cosa y la contraria dependiendo de si se encuentran en el Gobierno o en la oposición llega a límites insospechados, ya que fue el actual secretario de Estado, el señor Burgos, quien dijo que se quedaba corta
la Ley 27/2011 y que su aplicación a ocho años era mucho tiempo. Pues nos lo tendrán que explicar también. En consecuencia, señorías, debemos trabajar en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, llegando a importantes acuerdos; creo que ahora
mismo están trabajando mucho y muy bien.
Permítanme, para terminar, hacer un llamamiento al Partido Popular para que no desdeñe el consenso, que es algo muy importante. Lo digo porque ayer mismo nos quedamos un compañero de mi grupo parlamentario -el Grupo Parlamentario
Ciudadanos- y yo muy preocupados por que don Ricardo Tarno advertía con rotundidad: El consenso está muy sobrevalorado, es mejor lo que diga la mayoría. Espero que realmente no lo piensen y que su postura en Pacto de Toledo no sea totalmente
oportunista como sí
ha sido su mandato -el rodillo- en la X Legislatura, cuando tenían mayoría absoluta, y entre todos seamos capaces de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Entre 380 y 470 euros significa que nuestras viudas tienen que elegir entre no pasar frío o comer pescado. La pobreza es real para muchas, muchas viudas.
Se ha venido a llamar 'deudocracia' al hecho de que pagar la deuda sea más importante que cubrir las necesidades básicas de la población. Si queremos salir de la crisis -salir, no lo que se nos dice desde el Gobierno que se está haciendo
ahora con números que se pueden estirar hasta que, al final, digan lo que cada cual quiere- no podemos hacerlo desde parámetros que vayan de nuevo a la rentabilidad, a la productividad y a la competitividad. Este camino y esa retórica neoliberal es
la que nos trajo hasta aquí. O vamos a la raíz de lo que ha pasado y por qué hemos llegado a esto o será poner parches que no servirán, que se disfrazarán de propuestas democráticas y que continuarán perpetuando la injusticia social, el dolor y la
carencia de dignidad que están sufriendo muchísimas personas en este país.
Como dice la socióloga y activista Iolanda Fresnillo, no vamos a salir de la crisis con una salida ciega y será ciega si no tiene una perspectiva feminista, porque tenemos que hablar de feminismo como el paradigma necesario para hablar de
las pensiones de viudedad. Tenemos que hablar de feminismo porque el 93% de las personas que reciben estas pensiones son mujeres y el 75% de las beneficiarias tienen más de setenta años y perciben las más bajas, entre 380 y 470 euros. Y, repito,
entre 380 y 470 euros significa que tienes que elegir entre no pasar frío o poder comer pescado. Estamos hablando de pobreza.
Esta moción, que les adelanto que votaremos a favor, habla de porcentajes, de subir al 58% sobre la base reguladora para el próximo mes de enero. Verán que eso, si hablamos de dignidad y de justicia, no es nada. Se lo estoy diciendo
concretamente al portavoz que traía esta moción al Pleno. No tenemos que hablar de una subida que nos coloque en 2019 en un 60% y que salgamos del porcentaje actual. Es obvio que esta propuesta es numéricamente mejor, y sobre todo es algo que
llegaría con seis años de retraso, como aquí se ha dicho. Para que veamos de qué estamos hablando, un paliativo insuficiente y con retraso. ¿Recuerdan que este incremento se tenía que iniciar en 2012 y se tenía que ir revisando la alza? Insisto
en que no tenemos que hablar de esto. Si verdaderamente nos importan las condiciones de vida de nuestra ciudadanía de lo que tenemos que hablar es de condiciones suficientes y de cuáles son para que la vida sea digna. ¿Qué hacemos con un
porcentaje de un total de risa? ¿Por qué no hablamos de qué pasa con la reforma de las pensiones? Es más, hablemos de la reforma de las pensiones, de la que deriva esta moción. Ni es cierto que el sistema público de pensiones no fuera sostenible
ni es cierto que esa reforma fuera inevitable. ¿Solucionó algo en relación con los efectos de la crisis o nos ha hundido mucho más profundamente en ella? Que sí, que hay quienes repiten como un mantra que estamos saliendo, pero resulta que luego
sales a las calles y la realidad es muy distinta. Para lo que ha servido innegablemente es para deteriorar la vida de las mujeres especialmente.
Hace unos meses en esta misma Cámara la ministra de Seguridad Social y Empleo, que entiendo que hoy se sentirá interpelada, se decía a sí misma feminista. Pues bien, señora Báñez, que nos estará viendo desde donde sea, yo no soy partidaria
de andar repartiendo carnés ni de decirle a ninguna mujer si es feminista o no. Quiero pensar que a todas nos une en el momento en el que reflexionemos sobre ello un mismo deseo de verdadera democracia que apuesta por la radical igualdad de las
personas. Dicho esto, tampoco soy partidaria de que me tomen el pelo y, menos aún, en este ejercicio de la representación que me ocupa, de que tomen el pelo en mi presencia a la ciudadanía. Quien ha sido el rostro de la segunda reforma laboral de
2012, que ha precarizado, empobrecido y enfermado más a las mujeres, no es feminista. Quien sigue dando largas a cada demanda de esta sociedad con nuestro pan y nuestro descanso no es feminista. Quien perpetúa por negligencia los roles de género y
nos sigue relegando al cuidado porque está en un Gobierno que impide la universalidad de la educación de cero a tres, que sigue sin dotar la Ley de dependencia y que veta sistemáticamente nuestra proposición de ley por unos permisos de paternidad y
maternidad igualitarios e intransferibles no es, se ponga como se ponga y mientras siga en las mismas, feminista.
Termino. Votaremos a favor de esta moción, pero, señorías del Grupo Socialista, hay una cita de Juan Carlos Onetti en El Astillero que dice: En estos tiempos -es triste- tenemos que hablar de victoria ante un acto de justicia. No venimos
a hacer esteticismo de las renuncias porque estar en esta Cámara es una responsabilidad que está muy por encima de nuestros discursos y de la habilidad que tengamos para contar los logros que conseguimos. Votamos a favor porque menos da una piedra,
pero esta sigue siendo una situación de alarma y de miseria y no estamos aquí para apuntalar las ruinas, sino para que las vidas de las personas sean vidas dignas de ser vividas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Fernández Castañón.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Camps Devesa.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, especialmente señoría del Grupo Parlamentario Socialista señor Simancas, lo ha manifestado en dos ocasiones en esta Cámara la señora ministra de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez, la última hace apenas quince días.
Tengo la completa seguridad de que sus señorías escucharon sus palabras con atención. Eran fácilmente comprensibles, pero si aún albergan, que parece ser, alguna duda, se las reitero en nombre de mi grupo parlamentario: el Gobierno va a tramitar
de manera inminente un real decreto para dar cumplimiento a la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011. Señorías, este Gobierno cumple, cumple incluso con las leyes que no votó a favor, como la Ley 27/2011, y cumple con un colectivo tan
importante como es el colectivo de viudas mayores de sesenta y cinco años que únicamente tienen esa pensión como prestación. Miren si cumple que hoy mismo se ha solicitado la publicación urgente en el portal del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social para cumplir con el trámite de audiencia e información pública, publicación que se producirá mañana. Señorías, el Gobierno cumple; cumple con la ley y cumple con las viudas, y puede cumplir con esta importante mejora de la prestación de
viudedad porque durante estos años se ha puesto manos a la obra sin titubeos, tanto para sanear las cuentas del sistema como para incrementar la protección y que los ciudadanos no sufrieran los efectos de la situación financiera que ustedes dejaron
en la Seguridad Social. De sobra sabe, señor Simancas, la sangría de afiliados que nos encontramos en 2011: más de tres millones de ocupados perdidos y unos ingresos que se desplomaron en su último año de mandato en más de 15 000 millones de
euros, pérdida de la que aún hoy nos estamos recuperando. Con ustedes volvieron, señorías socialistas, los números rojos a la Seguridad Social y hoy pretenden hacernos creer que, tras congelar la mayor parte de las pensiones -no digo todas, pero la
mayor parte- en el año 2010, que es la realidad, por primera vez en nuestra historia hubieran incrementado inmediatamente parte de las mismas a partir del año 2012. Con todos los respetos, señor Simancas, eso no hay quien se lo crea. No se lo
creen ni ustedes mismos, que siempre han abogado -Ley de presupuestos de 2005, Ley 40/2007 o la propia Ley 27/2011- por una reformulación integral de la prestación de viudedad. Incluso en 2013 sostenían -puede leer sus propios papeles, el documento
socialista Sostener las pensiones públicas- que había que seguir congelando las pensiones antes de poner otras reformas en marcha.
Señorías, lo digo sin demagogia a todos los grupos de esta Cámara: las pensiones de viudedad en nuestro país tienen un régimen jurídico mejor y son más altas que en el resto de países de nuestro entorno, pero no por ello -no es una
justificación- hay que dejar de preocuparse por este colectivo. Por eso ahora, -subrayo- ahora que es posible y no en el año 2012; ahora que el empleo se ha visto incrementado de forma significativa y por tanto la afiliación a la Seguridad Social
-ya pasamos de 18 417 000 ocupados-; ahora, tras cuarenta y cinco meses consecutivos de incremento de la cotización de la Seguridad Social; ahora que llevamos más de cinco meses de recaudaciones por encima de 10 000 millones de euros -óiganme,
señorías, cinco meses con recaudaciones por encima de 10 000 millones de euros; este sin lugar a dudas va a ser el año con la mayor recaudación de la historia de nuestra Seguridad Social gracias a un gobierno del Partido Popular-; ahora es cuando
podemos poner en vigor el precepto que establece el incremento de las prestaciones de viudedad. Pero, señor Simancas, no en la forma y manera en que ustedes quieren desarrollarlo. Ahora parece ser que les han entrado las prisas. En siete años de
gobierno socialista nunca incrementaron el porcentaje a aplicar sobre la base reguladora en las pensiones de viudedad y ahora, de repente, instan al Gobierno -¡atención!- el día 12 de diciembre a que apruebe antes de finalizar el año -cuenten
ustedes los días que hay entre el 12 y el 31- el reglamento de mejora de las pensiones de viudedad, cuando ustedes, que han tenido responsabilidades de gobierno, saben que ello no es posible, salvo que se incumplan
todas las normas de procedimiento aplicables al efecto. ¿Dónde estaría el dictamen del Consejo de Estado e incluso el trámite de audiencia pública que va a empezar en el día de mañana para que se pudiera desarrollar este reglamento en el
plazo que ustedes pretenden? Además, señor Simancas, en este ejercicio no hay dotación presupuestaria para un incremento tan grande y ustedes lo saben perfectamente. Estamos hablando de más de 800 millones de euros. Pero es que con los
presupuestos prorrogados para el ejercicio 2018 tampoco caben subidas que vayan más allá del 1% que ya ha anunciado la ministra. Les animo a que aprobemos los presupuestos para 2018 para que, entre otras cosas, pueda haber incrementos de las
cuantías que ustedes están solicitando porque sabe usted que sin presupuestos para 2018 eso es totalmente imposible. Además lo saben ustedes bien porque en la proposición de ley que presentaron con el mismo objeto acudían a la imposición general
para financiar esta subida de prestaciones contributivas. Estamos discutiendo en el marco del Pacto de Toledo cómo se pueden financiar prestaciones contributivas con cargo a la imposición general; se han adelantado ustedes un poco. Señorías -y
voy acabando-, solicitar continuos incrementos de gasto apelando a un pago genérico desde el Estado es una forma curiosa de ayudar a cerrar el déficit; una forma curiosa de actuar que está acompañada de una falta de comprensión de la magnitud de
las cifras relacionadas con el sistema de Seguridad Social. Apelar al crecimiento continuo del gasto sin ajustarse a ningún criterio objetivo de separación de fuentes de financiación porque ya lo pagará el Estado, como hacen ustedes, no es la mejor
forma de defender la sostenibilidad de la Seguridad Social. Señorías, coherencia. El Partido Popular la tiene. El Gobierno del Partido Popular, del que estoy orgulloso de haber sido secretario de Estado de la Seguridad Social, pasó el porcentaje
para el cálculo de la base reguladora de todas las prestaciones de viudedad del 42 al 52%, años 2001 a 2003. Ustedes no han subido nunca ese porcentaje sobre la base reguladora. Permítanme que les diga que lecciones por su parte, las justas;
incluso me atrevería a decir que ninguna.
Acabo, señor presidente. Señorías, pido al grupo proponente de esta moción que vuelva a ser uno de los pilares sobre los que se asienta el Pacto de Toledo. Quiero decirle que en esta materia el regate parlamentario en corto no lleva a
ningún sitio: ni beneficia a nuestros pensionistas ni a quienes queremos serlo el día de mañana. Creo que hay razones sobradas para estar muy orgullosos de nuestro sistema de Seguridad Social, de lo que significa, de lo que aporta, de lo que
ofrece y de lo que garantiza. Queda mucho por hacer sí, pero debemos aportar propuestas que sumen por y para todos, para que España sea ese país próspero, moderno, innovador y dinámico que queremos que siga siendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Camps, tiene que ir concluyendo.
El señor CAMPS DEVESA: Ya acabo, señor presidente.
Tenemos un acuerdo en marcha para renovar las recomendaciones del Pacto de Toledo. Esa debe ser la prioridad y allí es donde deben trasladar propuestas adecuadas y factibles que deberían huir de realizar promesas alejadas de la realidad,
que, cuando no se cumplen, lo único que consiguen es alejar a la sociedad de la política.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Camps.
En turno de aceptación o rechazo de la enmienda presentada le pregunto al señor Simancas si acepta su grupo la enmienda.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: No podemos aceptarla, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): También se ha hecho la petición por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco de votación por puntos. Le pregunto si acepta que la votación se haga por puntos.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: La proposición lleva una periodicidad en un cuerpo coherente que no podemos desgranar. Lo siento mucho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta para la votación.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LOS PLANES DEL MINISTERIO DE FOMENTO PARA EL IMPULSO DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO. (Número de expediente 173/000069).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Siguiente punto del orden del día, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre los planes del Ministerio de Fomento para el impulso del corredor
mediterráneo.
Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, a estas alturas todos saben ya lo que es el corredor mediterráneo. Es una infraestructura estratégica que sirve para vertebrar España, que desarrolla una zona que concentra el 70% de la actividad portuaria, el 50 % de la
población, más del 40% del PIB y une cuatro de los puertos principales de España. Vertebra España, pero también une con Europa: desde Algeciras pasando por Francia, por Italia, por Eslovenia, por Croacia, por Hungría, hasta la frontera de Ucrania.
De hecho, el corredor nos sitúa en una situación privilegiada para canalizar el comercio del resto del mundo hacia Europa. Vertebrar España y unirnos con Europa es un proyecto de Ciudadanos y una apuesta medioambiental. Tengamos en cuenta los once
mil camiones al día que parten desde Murcia, desde Alicante o desde Valencia hacia Europa, once mil camiones diarios que si se consiguieran canalizar hacia el tren podríamos conseguir una reducción de emisiones de entorno a 900 000 toneladas de CO2.
Por supuesto, también abarata costes. Europa nos dice que se potencie. No desarrollarlo es un freno y un cuello de botella para el crecimiento. En Ciudadanos, insisto, creemos que es una infraestructura esencial, por eso hemos apostado
decididamente por el corredor, por eso lo incluimos en el programa y por eso lo incluimos en el pacto de investidura que firmamos con el Gobierno.
Siendo una infraestructura tan estratégica, ¿qué tal ha sido tratada? ¿Cómo la han tratado los distintos gobiernos de PP y PSOE? Pues no muy bien. Realmente hasta finales de los noventa la cosa no fue mal, los sucesivos Gobiernos le
dieron la importancia que merecía, le dedicaron inversiones en sintonía con el resto de la red, pero desde entonces la cosa se torció. Los Gobiernos priorizaron los corredores radiales de alta velocidad y desatendieron claramente este corredor. Ha
habido desde entonces evidentes problemas de falta de planificación, permítanme ponerles sencillamente cuatro ejemplos. Primer ejemplo, la adaptación al ancho UIC, el ancho de vía estándar europeo. En 2012 existía conexión en ancho europeo desde
las inmediaciones de Barcelona hasta Francia y la ministra Pastor hizo entonces un plan ambicioso para conectar los puertos y llevar ese ancho estándar hasta Valencia. Lo lógico parece obviamente que ese desarrollo se haga de norte a sur porque, de
otro modo, se crean islas con distintos anchos de vía. Pero he aquí que el ministerio ha priorizado las obras del tercer carril entre Valencia y Castellón. Estas obras ahora están finalizadas, pero no sabemos cuándo entrarán en servicio. Entre
tanto, sabemos que afectaron a la línea 6 de Cercanías de Valencia, redujeron a la mitad los servicios y hasta el momento no se han recuperado ni los tiempos de viaje ni el número de viajeros. Son obras costosísimas ejecutadas muy deprisa y se
podría haber empleado el dinero en otras cosas prioritarias. Segundo ejemplo, la alta velocidad entre Valencia y Alicante, 1000 millones de euros y es una vía sin trenes porque falta un tramo entre Xátiva y La Encina. Desde 2010 está prácticamente
acabado, pero falta ese tramo y no pueden circular los trenes. De este modo el ministerio impide un ahorro de tiempo de media hora entre Valencia y Alicante y descongestionar las cercanías de Valencia. Tercer ejemplo, los soterramientos. Sobre
los soterramientos se podría hablar durante un Pleno entero pero solo hablaremos de los del corredor. En Montmeló las pendientes aumentan con respecto a las del resto del corredor y hacen que los trenes tendrán que tener un 15% menos de carga
remolcable. ¿Ustedes se imaginan un negocio en el que una costosísima inversión conllevara una reducción del 15% de productividad? Pues esto es Montmeló. O El Prat de Llobregat, otro problema de pendientes que hace que los trenes circulen a 80
cuando antes circulaban a 160 y que los mercancías ni siquiera circulen. Cuarto ejemplo, la variante de Vandellós, 50 kilómetros, un trazado sin dificultades orográficas ni ambientales, una obra sencilla para unir las segunda y tercera ciudades más
grandes de Cataluña, evitando un trazado en vía única y con pasos a nivel. Ahí sigue la cosa, de momento. Se empezó a inaugurar en 1997 y de momento lo único que tenemos son anuncios de todo tipo: El ministro Blanco anuncia el desdoblamiento de
la línea de Vandellós para 2013. Siguiente ministro: La eliminación de la vía única entre Vandellós y Tarragona se retrasa a 2015. Y esta reciente es la mejor, directamente se anuncia, a falta de cosa mejor, que se ha puesto la catenaria.
Todo esto demuestra una clarísima falta de planificación. Los proyectos se acometen a trompicones, por presiones locales, por impulsos electorales con el fin de cortar una cinta en vísperas electorales. El primer problema de la inversión
en infraestructuras, insisto, es la politización. Es muy tentador subordinar la inversión en infraestructuras a los criterios electorales y usar el Ministerio de Fomento como una gigantesca bolsa de caramelos. En Ciudadanos tenemos una estrategia
de tres palancas para acabar con la utilización partidista del dinero público. La primera de ellas ya se ha aprobado en la Ley de Contratos, una oficina independiente de supervisión. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
La segunda ya se incluyó en una enmienda de los presupuestos, se ha aprobado también en la Ley de contratos y está pendiente de ser desarrollada, una oficina nacional de evaluación. Y la tercera es un gran pacto nacional por el transporte y
las infraestructuras. Tenemos muchas incógnitas para el futuro que nos gustaría que nos resolvieran. Nosotros apostamos por la intermodalidad, ¿qué planes tiene el ministerio para conectar al corredor con los puertos? ¿Qué planes tiene para
adecuar las terminales logísticas ferroviarias y los apartaderos industriales? ¿Qué planes tiene para conectar con los aeropuertos de Barcelona y Alicante, Elche? ¿Qué planes tiene para el mantenimiento? Es el eterno olvidado en esto porque
recordemos que no corta cintas.
En conclusión, el corredor mediterráneo ha sufrido una grave falta de planificación, ha sufrido una falta de visión integral de corredor, ha padecido sesgos locales, ha faltado realismo en la planificación, han faltado recursos por haberse
destinado a otros corredores. Recordemos que, mientras el corredor languidecía, se pusieron en servicio 2700 kilómetros de líneas de alta velocidad y se invirtieron casi 50 000 millones de euros. Nos gustaría que la voluntad del Gobierno con el
corredor estuviese a la altura de la importancia que tiene para España, que hubiese una planificación integrada, sostenible y creíble, que se programasen las inversiones necesarias. Nos gustaría que, cumpliendo la voluntad del legislador en la Ley
de contratos -es decir, nuestra voluntad, se desarrollase gradualmente la oficina nacional de evaluación para que evalúe las inversiones y así acabar con el sesgo político. Por último, nos gustaría que cada vez hubiera más y no menos trenes, que
fueran cada vez más y no menos fiables y que tardasen cada vez menos y no más.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Alonso Cantorné.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Gracias, señora presidenta.
El señor Roldán interpelaba con dos preguntas retóricas al ministro señor De la Serna: ¿El corredor mediterráneo es estratégico? ¿Ha tenido suficiente financiación? Las preguntas no iban dirigidas al Grupo Confederal, pero le diré que
nosotros trabajamos junto a los que defienden el ferrocarril público y social, un servicio que priorice a las personas que utilizan el ferrocarril como medio de transporte para desplazarse a sus lugares de trabajo, estudio y ocio. En el hemiciclo,
efectivamente, hablamos demasiado de 'aves' y de reptiles corruptos, pero poco de soluciones para las cercanías y los regionales, que son los que hacen más difícil, o más fácil, la vida de la gente.
Los Gobiernos del PSOE y del PP, acompañados de las grandes constructoras, repartieron favores a alcaldes y presidentes de comunidades en forma de alta velocidad. Resultado: tenemos la segunda red de alta velocidad más grande del mundo,
solo superada por China. La implantación del AVE, es cierto, ha servido para conectar a casi todas las capitales de provincia con Madrid, recortando entre 50 y 60% el tiempo del trayecto, pero, a su vez, ha desconectado a los territorios, el
llamado efecto túnel. Durante estos años de despilfarro 'aviar' se han abandonado las líneas convencionales y suprimido trayectos que unen pueblos y cohesionan España, sin una respuesta clara de intermodalidad. Según las plataformas, en 2013 se
desmantelaron 779 trenes semanales en España, se dejaron 172 estaciones sin servicio ferroviario y en torno a un millón de usuarios sin tren. Había que priorizar, y mientras otros países ralentizaban el AVE, España se apeó de la realidad diaria, de
los trenes que usan el 96%, y apostó por el 4%. Hoy esa apuesta por el AVE ha de continuar -así lo entendemos nosotros- de forma exclusiva para solucionar los trayectos inconexos, pero se debe dar un giro de 180 grados en las inversiones.
El AVE concentra el 70% de las inversiones en ferrocarril, con un registro medio de 23 000 personas al día. Solo cercanías mueve a más de 2 millones al día, 420 millones anuales frente a los 35,2 millones de alta velocidad al año. Por cada
euro invertido en la red convencional se invierten 100 euros en la red de alta velocidad. La red ferroviaria convencional española cuenta con la mitad de trabajadores que la media europea y con un 74% de la plantilla de ADIF que supera los
cincuenta años. Las líneas se han deteriorado y envejecido al mismo ritmo que se desvanecían las inversiones. El transporte de mercancías por ferrocarril en España supone un 4% del total, muy por debajo de Alemania, que es el 28%, o de Francia,
que es el 16%.
El corredor mediterráneo, como el resto, para nosotros es una prioridad y su implantación ha sido una suma de despropósitos, sin que ninguna de las administraciones se salve de culpa. Ahora el ministerio ya nos habla de fechas más creíbles,
resueltos casi todos los problemas técnicos, pero no exentos de riesgo si fallan las inversiones o el acuerdo político. Dentro del corredor aún existen problemas de trazado, y el más preocupante es el de su paso por el núcleo de Tarragona, que
supone que las mercancías pasen por la línea más frecuentada de España y casi única rentable, Tarragona ciudad-Barcelona, mientras al tren de pasajeros se le expulsa del centro de la ciudad. Nuestra posición referente al corredor mediterráneo es la
de prioridad absoluta. Coincidimos, señorías de Ciudadanos, pero solo hoy. Justo hace unos meses, cuando ustedes aprobaron los presupuestos del Partido Popular, ustedes no apoyaron nuestras enmiendas a los presupuestos generales. Lo curioso del
caso es que nuestras enmiendas se referían a los puntos que, hoy sí, en esta campaña, el Pleno aprobará, y espero que por unanimidad.
Entendemos que el principal objetivo de la moción es salvar el problema del nudo de Tarragona, enmiendas dirigidas a que la estación de Tarragona ciudad no pierda el tráfico de convoyes de pasajeros y con ella tres de las estaciones que se
sitúan entre las treinta primeras más utilizadas, Reus, Tarragona, Torredembarra, y un poquito menos Altafulla. Pedíamos algo tan sencillo como redactar el proyecto para la reapertura de la línea Reus-Roda para mercancías esquivando los núcleos
urbanos de La Pobla de Monternès y Roda de Berà, y dejar a la línea de costa para el tráfico de viajeros Es hacer lo que nos sugieren los técnicos de ADIF, los sindicatos, las plataformas y la Unión Europea, con los que todos tenemos mucho en común:
que el tren de pasajeros circule por donde reside la población y las mercancías por las zonas interiores menos pobladas.
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea iba una parada más allá, y tiene la llave -acabo, señora presidenta- para solucionar el problema de la pérdida del tren en Tarragona ciudad. El Grupo Confederal solicita la redacción del proyecto de by
pass de la línea de la costa de alta velocidad a su paso por El Mèdol, justo donde se iniciarán las obras del desdoble de la N-340 para convertirlas en A-7; un momento oportuno para hacer confluir los dos trazados.
En las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que ustedes no aprobaron y que hoy presentan también pedíamos la conexión ferroviaria de los puertos con los corredores, para dar la salida a las mercancías y hacerlos aún más
competitivos, incluido, por supuesto, el de Algeciras; el fin del aislamiento de la ciudad de Granada y el de la isla ferroviaria de Almería; además de la recuperación del eje transversal de Andalucía en el corredor Mediterráneo, que son deudas
históricas que mejorarán la conectividad entre las provincias de occidente y oriente de Andalucía y el corredor mediterráneo.
Señorías de Ciudadanos, no nos apoyaron ninguna de esas enmiendas y, lo que es peor, ustedes tampoco las presentaron. Ahora, en puertas del 21 de diciembre nos presentan esta moción que espero mejoren con nuestra enmienda, que es la
enmienda que los diputados de Tarragona y la Plataforma en defensa del ferrocarril apoyamos. Nuestro grupo y yo personalmente, durante la tramitación de los presupuestos de 2018, cuando ustedes vuelvan a ser la media naranja del Partido Popular,
les volveremos a presentar estas enmiendas a los presupuestos y entonces comprobaremos si pasada la resaca del 21 de diciembre ustedes cumplen y hacen buena la frase de su admirado Adolfo Suárez: Puedo prometer y prometo.
Muchas gracias, señora presidenta, y perdone. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.
El señor RUIZ I CARBONELL: Gracias, señora presidenta.
Al escuchar y leer la interpelación me pregunté: ¿Qué pretendía este toma y daca entre el Gobierno y la muleta que le apoya? Constaba de varias partes. Una primera en la que Ciudadanos, tras repetir en una especie de corta y pega lo
escrito un sinfín de veces en el Diario de Sesiones del Congreso sobre la
importancia del corredor mediterráneo, echaba en cara su retraso mientras hablaba de que se había malgastado mucho en muchas obras. Como en la lista de obras salía mucho su socio del PP, véase Aeropuerto de Castellón, Ciudad de las Artes y
las Ciencias de Valencia, Caja Mágica de Madrid, Ciudad de la Luz de Alicante, Palma Arena de Mallorca, Ciudad Medio Ambiente de Soria, para compensar añadieron alguna cosa gestionada por algún socialista que, aunque no fuera de mucha entidad o no
tuviera visos de derroche, le sirviera para intentar colocarnos junto a su socio, como intentando ensuciarnos y ponernos a la altura del PP y, al mismo tiempo, dar la impresión de que Ciudadanos no tiene que ver con el Gobierno de Rajoy. Incluso en
algún momento -no se rían ustedes- parece que intentando enredarnos aparentando que están en la oposición.
La segunda era reñir al Gobierno, en nada menos que casi línea y media, por lo poco que han hecho en estos seis años de Gobierno. La tercera ponerle la pelota al Gobierno para que pudiera chutar a gol preguntándole algo así como: Bueno,
pero ¿a que a partir de ahora os vais a portar bien, vais a hacer los deberes? Dadnos un calendario y todo olvidado.
Por ahí a la mitad he encontrado una frase, digna de análisis, en la que dice que todo esto se lo ha trasladado al Gobierno y que lo han incluido en su pacto, entiendo que el de investidura. Y ya que hablamos del corredor, ¿podrían decirnos
qué les ha dicho el Gobierno, ese del que son muleta y del que en privado presumen que depende de ustedes? ¿No les habrá dicho que presenten esta moción paripé para quedar bien los dos, el PP y Ciudadanos? Por cierto, en el pacto para investir al
señor Rajoy -lo acabo de volver a mirar- solo encontré seis palabras sobre el corredor, una por año de gobierno. Les leo: Se impulsará decididamente el corredor mediterráneo. Seis, ni un detalle ni una fecha. Y el Diario de Sesiones de la
interpelación recoge también la contestación del ministro; una serie de notas de prensa encadenadas de las que hacen públicas las subdelegaciones del Gobierno para la prensa local, todas con un denominador común: alargar los plazos de las obras.
En definitiva, es difícil no hacerse a la idea de que la moción es un paripé entre el partido del Gobierno y el partido muleta del Gobierno.
Luego me asaltó otra pregunta, ¿habría alguna otra razón para la moción? Como soy de Tarragona -ya sé que por mi acento no lo hubieran dicho nunca- se me ocurrió que, aunque el corredor afecte a diferentes comunidades, a lo mejor tenía que
ver con las elecciones catalanas. Se trataba de dar la sensación, desde el PP y desde Ciudadanos, de que se ocupaban de uno de los temas que más preocupa en Cataluña y del que hasta ahora se podrían haber preocupado poco. ¿Es un claro caso de
oportunismo? Oportunismo de Ciudadanos, al que se le nota que no gestiona ayuntamientos ni comunidades al leer la moción. Por cierto, ¿lo de solo seis palabras en su pacto de investidura con el señor Rajoy fue porque no les dejó el PP poner nada
más o porque no pensaron en el corredor? Y oportunismo del PP, que debe pensar que no recordamos sus compromisos, sus declaraciones ni sus notas de prensa. En Tarragona incluso coleccionamos declaraciones que han publicado sobre el corredor,
incluyendo las de las visitas de su predecesora, en las que se nos decía que todo se acabaría en 2015: el tercer carril de Tarragona-Castellbisbal o la estación de Cambrills, por dar dos ejemplos. Pues, del tercer carril, ni una traviesa han
tocad, ni la estación se ha terminado. Y si repasáramos todo el corredor, la lista de plazos no cumplidos sería interminable.
Como suelen echar siempre la culpa de todo a un anterior Gobierno socialista, les refrescaré la memoria en dos cosas. La primera es que nuestro compromiso con el corredor viene de mucho antes de que fuéramos oposición. Jamás ha aprobado el
Gobierno del PP -ahora asistido por Ciudadanos- inversiones equiparables a las que aprobó el último Gobierno socialista. La segunda es que parecen olvidar que en esta Legislatura, la XII, hay un Gobierno del Partido Popular, que en la anterior, en
la XI, había un Gobierno del PP, y que en la anterior, en la X, también era del Partido Popular, y todas con un mismo presidente, Mariano Rajoy; y que su predecesora, doña Ana Pastor, también era del PP. En definitiva, ustedes son herederos de
ustedes. Asuman su responsabilidad y dejen de comportarse como si fueran un Peter Pan haciendo política, y de paso explique a sus aprendices aventajados -a Ciudadanos- a ser de derechas que les hace falta credibilidad. Ustedes lo saben bien: No
se pueden lanzar continuamente ideas que perjudiquen los intereses de los ciudadanos de Cataluña y un buen día salir con estas.
Finalmente, en el Senado -e incluso aquí, con el voto del PP- hemos presentado, debatido y aprobado iniciativas relativas al corredor en noviembre de 2016, y en febrero y en marzo de este año. En el Grupo Socialista con mociones de este
tipo queremos llegar a acuerdos, lo intentamos siempre y ahora también, pero no podemos dejar pasar la ocasión de decir dos cosas y con ello acabo. Es una falta de respeto hacia todos nosotros por parte del Gobierno que tengamos que debatir y
aprobar lo mismo cada varios meses, como si fuéramos hamsters en su rueda, y que lo que toca no es presentar mociones,
sino exigir al Gobierno que respete y acate lo que aprobamos nosotros, los representantes de la soberanía popular.
Gràcies per la seva atenció. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrachina Ros.
El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señora presidenta.
No hay que reiterar la importancia de este corredor mediterráneo y, por eso, el Gobierno que preside don Mariano Rajoy, mientras otros hablan, hablan y hablan, hace, hace y hace: 13 800 millones de euros invertidos ya en un corredor, el
mediterráneo, que naturalmente no nació con la propuesta que bienintencionadamente juzgo que hace Ciudadanos y que propone hoy. Me ha sorprendido una referencia a que había actuaciones pasadas hechas en vísperas electorales, y reitero lo de
vísperas electorales porque la semana que viene justamente hay unas elecciones.
Digo esto porque los 1300 kilómetros que unen Algeciras con la frontera francesa no son fruto de un día; son fruto del esfuerzo de numerosos Gobiernos. Quiero decir -y lamento ser tan duro con este dato- que España ya era la primera nación
del mundo en kilómetros de alta velocidad por habitante antes de que el partido Ciudadanos tuviese el primer diputado; ya éramos la primera nación. Es más, España es hoy el primer país de los cincuenta de la Unión Europea en calidad ferroviaria
-seguridad, puntualidad, comodidad-, y ya lo era antes de que Ciudadanos sacase el primer escaño en esta Cámara. Por tanto, nadie ha descubierto hoy la nación española ni las enormes prestaciones de sus ferrocarriles. Pero reitero que me parece un
acierto subrayar el compromiso de Ciudadanos, del Partido Popular y también del Partido Socialista y de Podemos con este indispensable corredor para las frutas de Valencia, para las de Murcia, para las de Almería, para nuestros turistas, para el
sector del azulejo, para todos. Por eso nosotros queremos reiterar con una enmienda nuestro propósito de que este corredor sea una realidad cuanto antes.
Me gustaría también celebrar la precisión con la que se exige. He visto cómo se recordaba un recorte de prensa, y yo celebro que cuando en 2016 el partido que hoy lo propone decía que era una barbaridad -2016, ¿eh?, año pasado- proyectar
nuevas líneas hoy digan que falta planificación. No, lo que le falta a la nación española es más empleo y más recursos para hacer las cosas con más celeridad y lo justo es situarnos donde estamos. Este es un corredor transeuropeo, por tanto, hay
que analizarlo en el contexto europeo y España hoy ya parte de ser el primer país de Europa en kilómetros de AVE y el primero del mundo en kilómetros por habitante de AVE pero es que, además, en los seis países por los que transita el corredor
mediterráneo -España, Francia, Italia, Croacia, Hungría y Eslovenia- la distancia entre España y el segundo país europeo en ejecución del corredor mediterráneo es abismal, estratosférica. Es decir, los plazos que se han dado aquí -los que dio el
ministro don Íñigo de la Serna, al igual que doña Ana Pastor con anterioridad- se ejecutaron con sobresaliente en este desarrollo del corredor mediterráneo. Dicen que en 2020 se podrá circular desde la frontera francesa hasta Murcia con ancho
europeo y en 2023 hasta Algeciras. ¿Saben cuál es el segundo país de los seis por los que discurre el corredor? Francia es el segundo más avanzado en ejecución y cifra la mayoría de sus tramos entre 2030 y 2035 -lo digo para que no caigamos en el
ridículo de pensar que las mercancías españolas, siendo el objetivo de este tren llegar a Centroeuropa, se van a quedar paradas-; reitero que Francia cifra sus tramos entre 2030 y 2035, pero es que muchos de los 150 -¡150!- proyectos de Italia, no
tienen fecha de inicio. En Croacia, por donde transita este tren, solo hay un tramo, el del aeropuerto de Zagreb, que tiene fecha de finalización, pero no fecha de inicio de los tramos. Por tanto, pongamos un poco de ponderación, un poco de
optimismo. Si España es uno de los países con mejores infraestructuras del mundo, aunque nos queda muchísimo por hacer, que nadie se avergüence, que nadie se abochorne. Si somos los primeros de este grupo de seis que va a realizar el corredor
mediterráneo, es una buena cosa; si hemos ejecutado ya 13 843 de los 21 000 millones, es una buena noticia y si en 2020, en esta legislatura, estará concluida la inmensa mayoría, también es una buena noticia.
Por eso le pido a don Fernando Navarro, al portavoz de Ciudadanos, que acepte la enmienda con la que el Grupo Popular pretende mejorar con ese acuerdo, con ese pacto nacional por las infraestructuras, este texto que lo que permite, que lo
que intenta es, dentro de ese avance imparable que hoy vive la nación española, contribuir con un granito más de arena.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: En su programa económico de 2015, Ciudadanos proponía paralizar el AVE y calificaba la alta velocidad ferroviaria como una inversión que no es rentable socialmente ni genera nueva actividad ni atrae a empresas o
inversión, entre otros aspectos negativos. Por tanto, no puede sorprender que los autores de esta iniciativa no promuevan el ancho de vía internacional, que es precisamente lo que reivindican como solución definitiva los impulsores del corredor
mediterráneo, la Asociación Valenciana de Empresarios, para todo el recorrido de más de 1200 kilómetros entre la frontera francesa y Algeciras. (Muestra un texto).
Esta moción es... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Martínez Oblanca.
Señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio, por favor. (Pausa). Adelante.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Esta moción es contraria al interés de España al no exigir el ancho estándar UIC o internacional, fundamental para la competitividad de las empresas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, que lo están
reclamando. La moción parece redactada por Renfe, empecinada en proteger su ruinoso monopolio con el decimonónico y antieuropeo ancho ibérico en plena liberalización ferroviaria europea.
La cuestión de fondo es que Ciudadanos no cree en la competitividad ni en la integración ferroviaria de España en Europa. En Asturias lo sabemos bien porque la están combatiendo activamente para los escasos 70 kilómetros entre León y Lena,
gran parte de ellos a través de los túneles de Pajares, promoviendo obstáculos políticos para que los asturianos no se incorporen a las infraestructuras y al transporte más modernos y sigamos anclados al ancho ibérico, consolidando la España de las
dos velocidades: los españoles de primera y de segunda en una nueva suerte de frontera ferroviaria interior: la de las comunidades con AVE convergiendo con el resto de Europa y las que quedarían relegadas de la alta velocidad. El corredor
mediterráneo sin ancho estándar supondría trasladar la frontera ferroviaria española desde los Pirineos hasta Cataluña y el País Vasco, cuyas redes ferroviarias sí lo tienen.
Concluyo, señora presidenta. El ancho de vía internacional UIC o estándar es equivalente para el ferrocarril a lo que el euro le supone a un empresario o a un viajero que forme parte de la Unión Europea, de ahí que votaremos en contra de
esta moción que en nada favorecería la política ferroviaria de la España del siglo XXI.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Subo al estrado con el corazón henchido de emoción después de las palabras del señor Barrachina, que nos pedía optimismo. Le voy a dar un dato optimista de verdad: de los 167 millones presupuestados para el corredor mediterráneo en 2017,
la inversión real es de 8 millones, es decir, una ejecución del 4,8%; repito, una ejecución del 4,8%; cifra que, evidentemente, invita a tener un `optimismo´ desaforado. Circula una broma por Valencia que dice que las tortugas que se soltaron
hace un mes en la playa del Saler en Valencia acaban de llegar a las Baleares y que si hubieran ido con el corredor mediterráneo aún estarían en Valencia, porque llevamos años y años y años detrás de ello. Estos son perjuicios, y le voy a dar tres
cifras que no las digo yo, sino la Asociación Valenciana de Empresarios. Si estuviera hecho el corredor, probablemente los coches que se fabrican en Almussafes serían 300 euros más baratos; las frutas y verduras, si pudieran circular por el
corredor mediterráneo serían 3 céntimos por kilo más baratas; y hay una noticia que ha salido estos días y es que la industria cerámica italiana ya ha fletado el primer tren con destino al primer consumidor de baldosas del mundo, es decir, un
competidor de la industria de las
baldosas de Castellón ya está vendiendo porque puede circular con trenes, y aquí seguimos 'desbordados de optimismo'.
Acabo. Creo sinceramente que el Partido Popular es un obstáculo claro para el progreso de la economía de las comunidades autónomas del arco mediterráneo y, por ende, de la economía española. Por tanto, menos palabras, menos alharacas y más
ejecución del presupuesto.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
Señor Navarro, obras son amores y no buenas razones y creo que eso les debería resumir su propuesta aquí. No digo que sea electoralista o no, si hay elecciones en Cataluña o no, que es obvio, pero el presupuesto de 2017 lo aprobaron
ustedes, ustedes, Ciudadanos, y respecto al de 2018 el señor Rivera explicaba desde aquí que ya tenían incorporadas no sé cuántas partidas, de las que no oí ninguna sobre el corredor del Mediterráneo. El señor Roldán dijo que tenía incorporadas no
sé cuántas partidas y no oí partidas del corredor del Mediterráneo.
En el presupuesto que aprobaron ustedes para 2017, escuchen: corredor del Mediterráneo, provincia de Barcelona, presupuesto de 2016, 25 millones de euros; ejecutado 4,6. Dejaron de ejecutar en 2016 21,3. Su presupuesto, su presupuesto,
incorpora 4,25. Dejaron de ejecutar 21 e incorporan 4,25, en el 2017. Vandellós-Tarragona, sale la moción -lo digo para los que están escuchando en Cataluña la propuesta electoralista de Ciudadanos- y el presupuesto de 2016 era de 124, de los que
se ejecutaron 35. Dejaron de ejecutar 89 en 2016, ¿y cuántos pone Ciudadanos en el presupuesto de 2017? Pues 75. Oiga, que dejaron de ejecutar 89 ¿y ustedes proponen 75? Voy a esperar a los presupuestos de 2018 y vamos a ver las partidas que hay
para el corredor del Mediterráneo en Cataluña, señor Navarro. Señor Barrachina, en la escuela de mi hijo y de mi hija, cuando uno ejecuta el 18% o el 28% del examen no le dan precisamente un sobresaliente sino que le dan un suspenso, un gran
suspenso, y eso es lo que han hecho los Gobiernos del Partido Popular.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Pregunto al señor Navarro Fernández-Rodríguez si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Estamos redactando una transacción con las recibidas. Queremos que tenga la mayor aceptación posible y la entregaremos en cuanto que la tengamos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente 173/000070).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la política del Gobierno en materia de administración de
justicia.
Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Arratsalde on, buenas tardes.
El otro día tuvimos una interpelación al ministro de Justicia que él agradecía personalmente por tener tiempo para poder dedicarlo a debatir cuáles eran los problemas extensos, profundos, sostenidos en el tiempo, de la Administración de
Justicia en el Estado español. Hicimos un pormenorizado relato de los defectos de la justicia, ciertamente compartidos y vividos por los profesionales que día a día están trabajando en esta materia. Le explicamos cuál era la razón por la cual
nosotros y nosotras estábamos básicamente insatisfechos con la situación, la inactividad del Gobierno y el llamado Pacto nacional por la justicia, porque entendíamos que no estaba siendo útil para solucionar los problemas cada vez más urgentes que
tenemos. Hemos de reconocer que pensamos que la respuesta del ministro fue claramente insatisfactoria, es decir, no entró en ningún momento a profundizar en cuáles eran los objetivos y los
planes a corto plazo que el Gobierno iba a hacer para dar alguna salida satisfactoria por lo menos a alguna de las prioridades que nosotros estábamos planteando y se despidió diciendo: Os espero en el pacto. Esto le deja a uno ciertamente
estupefacto porque cuando uno dice que se va y otro dice que te espera aquí, caben dos posibilidades: o que no te hayan oído o que te hayan entendido mal. Por lo tanto, debemos aclarar cuál es nuestra situación en este aspecto.
Dicen que una de las claves de la evolución humana es que dejamos de andar a cuatro patas y nos pusimos de pie seguramente para mirar en la sabana por encima de los cereales a ver si había depredadores. Por lo tanto, la obligación de todo
buen político o de toda buena organización es ponerse de pie y mirar lo que le rodea en 360 grados para saber dónde estamos y en qué punto. En primer lugar, hay que decir que hay una falta total de confianza política en un ministro que precisamente
ha sido reprobado por tratar de interferir en la Administración de Justicia en el marco de un partido, el Partido Popular, con amplios y graves casos de corrupción -qué vamos a decir que no se haya dicho ya bastantes veces en esta tribuna- y acosado
por esta situación, por lo tanto, con un interés partidista, cierto, en que alguno o algunos de los defectos de la justicia no se solucionen.
Por otro lado, tenemos que decir que hay una paralización normativa. Es decir, el Gobierno y el Partido Popular son como el perro del hortelano: ni hacen ni dejan hacer. Así pues, tenemos -como ya se ha dicho también hasta la saciedad
pero que es conveniente muchas veces repetir- más de cuarenta y cuatro vetos a leyes de este Parlamento y tenemos una prórroga sistemática e ingeniosa de las enmiendas a las leyes aprobadas que impide que realmente hagamos aquello para lo cual
teóricamente estamos aquí, que es debatir entre nosotros y nosotras la posibilidad de sacar adelante alguna normativa legal, porque alguna sí que hay. Mientras estamos hablando de un pacto por la justicia y nos reunimos y comentamos, realmente sí
estamos trayendo algunas leyes, pero si nos fijamos en qué leyes son veremos que son solamente las que al Partido Popular le han interesado en un momento dado, y entre ellas podemos citar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para solucionar el
problema que el propio Partido Popular generó con el tema del IVA de Montoro; el problema de la devolución de los permisos judiciales para solucionar aquel problema que en 2012 creó -¡adivinen!- Montoro; la prórroga de la ampliación de la
notificación a fiscales por Lexnet para solucionar un problema de ineficacia y gestión del expediente electrónico, esta vez del señor Catalá. Por lo tanto, sí traemos algunas leyes, aunque las estemos banalizando, y no traemos aquellas que
realmente supondrían dotar de contenido real y legal a una legislatura y que son las que tendrían que estar en el plano anual normativo del Ministerio de Justicia del año 2018, que son las que todos debatimos y que en realidad están paradas
esperando a Godot, o algo así.
Si todo eso lo unimos a que hay una paralización evidente de la Comisión de Justicia, que no ejerce ninguna función de impulso ni tampoco de control porque está sencillamente paralizada, primero, por comparecencias que, aunque sean
interesantes, no nos permiten avanzar y, después, en discusiones que llevan a un nivel de generalización excesiva porque en cuanto bajamos ya no seguimos hacia delante, la conclusión obvia es que hay que empezar a trabajar y hay que tomar
iniciativas. A esas iniciativas en positivo responde la priorización de todas las medidas que se establecen en la moción que nosotros y nosotras hemos planteado. Por lo tanto, aparte de cuestiones muy genéricas como pedirle por favor de una vez al
Partido Popular que deje de interferir en la independencia judicial, cuestión de la que se quejan todas las asociaciones judiciales, hay una serie de cuestiones relativas al estatuto fiscal, porque hay que garantizar la independencia y cuyos
primeros pasos ya hemos dado, al Consejo General del Poder Judicial, cuyos primeros pasos también hemos dado desde este grupo pidiendo la derogación de la Ley 4/2013; tenemos que darle una vuelta completa a los presupuestos de justicia en el Plan
de modernización y racionalización, y ya veremos, si al final nos traen un presupuesto, cuáles son esas prioridades, porque hasta ahora se han abocado todas al fallido todo o nada del papel cero, que es papel excesivo al final.
Asimismo, hay cuestiones que nos parecen fundamentales en este momento, por ejemplo, un proyecto de ley para adaptar el sistema de selección y formación inicial de jueces y fiscales, que no se ha hecho en todo el periodo constitucional que
tenemos ahora y que supone adaptar la selección de jueces y fiscales al siglo XXI y no por criterios de oposición puramente memorísticos. También tenemos que adaptar las convocatorias de jueces y fiscales para intentar adaptar esa ratio que nos
compare con Europa. Para eso necesitamos un compromiso anual de convocatoria, y eso es sencillamente poner dinero encima de la mesa y compromiso político.
En materia de corrupción, está claro que hay que dotar a todos los juzgados de cuerpos forenses, de ayuda y de medios. Nos resultaba bastante estremecedor leer testimonios como el del juez de Castro Urdiales, que instruyó veinte causas de
corrupción, que dice que sistemáticamente no se le han puesto jueces de refuerzo, que hay escasez de medios, que ha tenido presiones, instrumentalización de la prensa y vigilancia social. En definitiva, alguien puede pensar que es un héroe por
luchar por todo aquello que los ciudadanos consideran justo y de valores que es pelear contra la corrupción que tanto daño hace al sistema político y al sistema de valores de la ciudadanía, pero no queremos héroes; queremos una justicia normal, no
excepcional, y una justicia que funcione. Por todo ello, les pedimos que voten a favor de los puntos de esta iniciativa.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, desde Compromís apostamos por acercar la justicia a la gente para que sea una justicia realmente de proximidad, a pie de calle, una justicia accesible, que no sea costosa, que se
reconozca verdaderamente el derecho a la justicia universal y gratuita, que prime la mediación y no el conflicto, que los jueces, fiscales y los demás servidores tengan un buen conocimiento del territorio, de la lengua y de las costumbres del lugar
en que están sirviendo. Pero para todo esto hemos de hacer un esfuerzo todas y todos, el Legislativo con nuestras propuestas y el Gobierno con sus acciones. Compromís estará siempre al lado de los que demandan más y mejor justicia. Por tanto,
votaremos a favor de esta moción.
Ahora bien, sí quiero indicar que en la redacción de esta moción observo que hay una especie de afán de englobar cuestiones de muy diferente naturaleza. No sé si por la proximidad del tiempo navideño parece que más bien se haga una especie
de carta a los Reyes Magos porque aquí observamos los catorce puntos que se nos proponen y, por un lado, se habla de evitar cuestiones que son simple injerencia política del Ejecutivo; por otro lado, se alude a cuestiones de pura modernización
judicial; por otro, se alude al dinero, a la necesidad de dotar de partidas presupuestarias suficientes; se habla también de cuestiones de racionalización administrativa y, por último, y también muy importante, se habla de protección de derechos
fundamentales que están bastante aparcados en el ámbito de la justicia, por ejemplo, el respeto a los derechos lingüísticos. Los que venimos de territorios que tienen una lengua distinta al castellano sabemos muy bien qué es lo que está pasando.
O, por ejemplo, el objetivo de la paridad de género.
De todas maneras, nosotros entendemos que el sentido último de esta moción es establecer una especie de tabla, de contador en el cual veamos cómo está realmente el estado de la cuestión a día de hoy y ahora con nuestro voto favorable
tengamos la oportunidad de demostrar que queremos pasar página y entrar en una nueva situación de impulso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.
EL señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gràcies, presidenta. Gràcies, senyorias.
Ante todo, quiero recordar que en estos momentos, mientras estamos hablando, seguramente estarán en la hora de la cena una serie de personas encerradas por sus ideas políticas o por haber llevado adelante su programa electoral. (Aplausos).
El problema del que hablamos hoy no es un problema menor. Para preparar esta intervención he buscado si alguien había hecho un estudio de la cantidad de empresas que no tenían beneficios, que tenían que cerrar, patentes que no se podían
cerrar, particulares que perdían sus ingresos solo por la lentitud de la justicia. Si este estudio no se ha hecho, se tendría que hacer. Si algo frena la velocidad de un país, de una Administración que funcione, es la lentitud de la justicia. Una
justicia lenta no es justicia porque muchas veces la empresa ha tenido que cerrar o la patente o el negocio no se pueden llevar adelante. Además, tenemos una justicia del siglo XIX. Cuando en una empresa de autobuses el conductor se pone enfermo,
lo sustituyen y en paz. Cuando esto sucede en un juzgado es extraordinariamente complicado, así que pueden imaginarse, con un circuito así, cómo será. No tenemos una justicia
homologada y la demostración es que hace poco un juez belga se encontró con que unos delitos recogidos en el Código Penal español no tenían ningún tipo de traslación en una democracia absolutamente homologada como la belga. (Aplausos).
Estamos en el siglo XIX tanto en contenidos como en medios, eso es lo que nos está pasando. Por tanto, que votaremos a favor de la propuesta que se ha presentado.
Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyories.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir de manera muy breve. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nos presenta una moción en materia de Administración de Justicia con catorce puntos, moción que desde ahora digo que no
apoyaremos por los mismos motivos por los que no hemos apoyado una buena parte de las iniciativas que se han ido presentando en esta Cámara, en la medida en que fueran coetáneas y su contenido posible objeto de tratamiento por la subcomisión para el
establecimiento de unos consensos básicos transversales políticamente y con proyección hacia el futuro sobre la Administración de Justicia. En el momento en que nos encontramos y en que se nos presenta esta moción, los distintos grupos
parlamentarios estamos, después de múltiples comparecencias de agentes involucrados en el servicio de la Administración de Justicia, en pleno proceso de elaboración de unas conclusiones de la subcomisión. Por este motivo no vemos oportuno debatir
en el Pleno de esta Cámara y en este momento el contenido de la moción que se nos presenta, con la matización -eso sí- de que la posición de nuestro grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco no presupone necesariamente rechazo al contenido
material de la moción. Lo en ella propuesto lo debatiremos en el seno de la subcomisión... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor LEGARDA URIARTE: Gracias, presidenta.
Lo en ella propuesto lo debatiremos en el seno de la subcomisión y finalmente nos pronunciaremos respecto a los trabajos de esta, deseando, en cualquier caso, que lo que allí alcancemos sea la mejor manifestación del diálogo, del pacto y del
acuerdo transversal y asimismo de un impulso modernizador para la Administración de Justicia.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene a palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta.
Molt bona tarda, senyores i senyors diputats.
Hablar hoy de justicia en España es hablar de falta de independencia judicial, de politización de la justicia, es hablar de presos políticos y de un ministerio fiscal corrompido en sus funciones, que actúa al dictado del Gobierno, en este
caso del Gobierno del Partido Popular. Pasan los años y la situación no cambia. ¿Por qué? Porque no ha habido ni hay voluntad política. Para muestra, un botón. El Estado español es el tercero por la cola en independencia de los sistemas
judiciales de la Unión Europea. Lo dice la Comisión Europea en los datos que dio a conocer en el mes de abril. España es el número veinticinco de los Veintiocho y está al nivel de Bulgaria, Croacia y Rumania. Informe Greco, del grupo
anticorrupción del Consejo de Europa: de los veintiún países analizados España es el veintiuno. Ha ignorado tres de las cuatro recomendaciones. Foro Económico Mundial: en el informe publicado en el mes de septiembre de este año España se sitúa
en el número cincuenta y ocho, al nivel de Botsuana, por lo que a independencia judicial se refiere, por debajo de Kenia, China, Arabia Saudí o Egipto. Conclusión: en España no existe la independencia judicial. Lo dice la Unión Europea, lo dice
el Consejo de Europa y lo dice el Foro Económico Mundial. Lo que sí que hay en España son presos políticos, mientras los corruptos condenados y ultracondenados campan a sus anchas. No es propio de un Estado democrático de derecho que se acuse al
president Puigdemont, al vicepresident Junqueras y al resto del Gobierno legítimo de Cataluña de haber cometido un delito de rebelión. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Como no es propio de un Estado democrático de derecho que se inicien causas generales por motivos ideológicos. Esto ustedes lo saben, señorías, del mismo modo que lo sabía el fiscal general del Estado firmante de
la querella y el que ahora va a ocupar el cargo y lo saben la juez Lamela y el juez Pablo Llarena. El tipo penal de rebelión requiere un alzamiento violento y la utilización de unos medios determinados, y ustedes saben que esto no se ha producido.
Las catalanas y los catalanes somos un pueblo pacífico. El proceso de independencia de Cataluña es un proceso democrático, de abajo arriba, cívico y pacífico, y en estos momentos el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Quim Forn, el señor
Jordi Sànchez y el señor Jordi Cuixart se encuentran en prisión por lo que piensan y por lo que defienden.
Miren, el Código Penal no castiga -o no debería castigar- intenciones ni ideas. Debería castigar y castiga hechos, conductas típicas y punibles. Lo que está pasando en estos momentos es propio de regímenes totalitarios y se llama derecho
penal del enemigo. Por eso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha retirado la euroorden dictada por la juez Lamela de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo español ha renunciado a solicitar a la justicia belga que ponga a disposición
de la justicia española al Gobierno catalán en el exilio porque iba a ser desautorizado por sus colegas europeos, porque sabía que un verdadero tribunal independiente no iba a efectuar una imputación por unos delitos que no se sostienen. Desde el
punto de vista estrictamente jurídico, de las obligaciones propias de un juez y de las exigencias contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en vigor en el Estado español, ¿puede un juez dejar sin efecto todas aquellas medidas que tiene a su
alcance para hacer efectiva la acción de la justicia? No. Si desiste lo hace porque sabe que los delitos son inexistentes. Lo inexplicable es que continúen en prisión las cuatro personas que están en prisión. De hecho, más de cien catedráticos
de Derecho Penal de todo el Estado español ya se han pronunciado respecto a este tema y han dicho que no existe el delito que se les imputa. El vicepresident Junqueras sigue en la cárcel porque ustedes le tienen miedo y por motivos políticos. Es
un juicio político impropio de un Estado democrático de derecho. Ustedes, señorías del Partido Popular, están acostumbrados a hacer y deshacer a su antojo y a interferir en la justicia y les sorprende que un Estado europeo no haga lo mismo. Por
ese motivo fue reprobado el ministro de Justicia, por este motivo fue reprobado también el fiscal general del Estado ya fallecido. ¿Cómo ha contestado Europa a la solicitud del ministro de Justicia de modificar la euroorden? Portazo de Europa a
cambiar las euroórdenes para que ustedes pudiesen encarcelar a legítimos representantes del pueblo de Cataluña. Sonora bofetada al ministro de Justicia español.
Voy terminando, señorías. En Esquerra Republicana vamos a estas elecciones con las manos atadas. Oriol Junqueras, cabeza de lista de Esquerra Republicana, está en prisión provisional simplemente por ser independentista. A todo esto, las
proclamas garantistas del texto constitucional han caído. ¿Dónde está el artículo 24 de la Constitución española? La Administración de Justicia española tiene muy poco que ver con el derecho y demasiado que ver con la sinrazón y las hogueras.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Debatimos una moción sobre política del Gobierno en materia de justicia bastante extensa, con catorce puntos, muchos de los cuales compartimos, pero que resulta inoportuna y desleal con los trabajos de la
subcomisión para una estrategia de justicia y además se presenta como un texto repleto de obviedades e inconcreciones. Digo obviedades porque, en esencia, estos catorce puntos se resumen en que ustedes le piden al Gobierno que respete la separación
de poderes, la independencia del Poder Judicial y que cumpla la ley. Esto está muy bien, lo compartimos, pero no deja de ser una mera expresión de unos buenos deseos. ¿Cómo se consigue profundizar en estos objetivos? ¿Con una moción en la que el
Congreso insta al Gobierno a que haga algo? Nos los ha explicado esta tarde muy bien el señor Iglesias: las mociones y las proposiciones no de ley no tienen mucho futuro. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor GÓMEZ BALSERA: Esto se consigue, señorías, negociando... (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: ¿Por qué no se callan, por favor?
El señor GÓMEZ BALSERA: Se consigue negociando, sentándose a discutir punto por punto, haciendo política. En cambio, ustedes se han levantado de la mesa de negociación de la estrategia de justicia y nunca se han sentado en la mesa de los
presupuestos, lo cual tiene gracia porque en su interpelación del otro día le reprochaban al Gobierno que carece de un plan para la justicia y criticaban los presupuestos en materia de justicia, asuntos, como digo, en los que ustedes no quieren
participar, pero se permiten presentarnos ahora, como ya se ha dicho aquí, una carta a los Reyes Magos en la que piden precisamente eso, un plan para la justicia y unos mejores presupuestos en esta materia.
Ustedes han abandonado una negociación que tiene por objeto alumbrar ese plan que ahora reclaman y no para que le dé cumplimiento únicamente este Gobierno, sino también para comprometer a los Gobiernos venideros, porque será fruto de amplios
acuerdos y consensos de los que ustedes han decidido no formar parte. Han abandonado una estrategia en la que ya están acordados algunos de los puntos de esta moción, como el 2, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal antes de asumir
la investigación, una estrategia que convierte el punto número 3 de su moción, modernización y agilización, en un bloque completo y que después desarrolla en numerosas recomendaciones concretas. Por eso su moción peca de vaguedades o de
inconcreción.
Otros puntos están en vías de negociarse, como el respeto a los derechos lingüísticos o la paridad de género, ahora que estamos negociando el bloque tres, una justicia para las personas, o para la gente, si lo prefieren. Pero ustedes se han
marchado antes de empezar a negociar este bloque, no han presentado sus propuestas y han dejado tirada a la gente. Pero, sin duda, lo más sorprendente de esta moción es que piden que el Gobierno traiga con carácter urgente a esta Cámara un proyecto
de ley que modifique el sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial cuando ustedes mismos acaban de registrar uno. ¿Es que no les gusta su proposición de ley o es que, como se limitan a derogar la reforma del señor
Gallardón sin proponer un modelo alternativo, le piden al Gobierno que se la mejore? ¿Esta es la iniciativa legislativa que querían recuperar abandonando la estrategia?
Señorías, nosotros vamos a abstenernos en la votación de esta moción por las razones expresadas, por lealtad y para seguir participando y trabajando en la estrategia nacional de justicia, donde haremos valer medidas concretas que garanticen
la efectiva separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, y seguiremos intentando incorporar a los presupuestos nuestras políticas. Hay partidas del corredor mediterráneo, señor Bel, pero además permitirán, por ejemplo, continuar con
el Plan de Modernización de la Justicia o poner en marcha el plan de choque para incrementar las plazas de jueces y fiscales si se aprueban los presupuestos generales de 2018. En definitiva, cosas como las que se piden en esta moción, pero reales y
tangibles, porque lo que ustedes nos traen hoy no parece una moción consecuencia de una interpelación urgente, parece más bien una moción urgente consecuencia de la última encuesta. Por favor, si pierden en las encuestas, no utilicen la justicia
como agente efervescente. Nosotros no vamos a participar de experimentos a costa de la justicia. Nos importa mucho la justicia. (Aplausos).
Para terminar, quiero agradecerles su carta de despedida de la estrategia de la subcomisión y asegurarles lo que usted ya sabe, señor Santos: nadie más que nosotros les echará de menos en los trabajos de esa estrategia de justicia. Aún
están a tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.
El señor CAMPO MORENO: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Debatimos una moción consecuencia de una interpelación urgente al Gobierno relativa a la materia de justicia que propone el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Lo hacemos en
virtud del párrafo 3 del artículo 184 del Reglamento de la Cámara. Es decir, lo hacemos en virtud de un debate de una proposición no de ley. Digo esto no porque crea que es necesario recordar el Reglamento de la Cámara, sino porque pienso que
tenemos que poner el acento en a qué nos llevaría la moción que hoy nos presenta el grupo confederal, caso de prosperar, que es 'a instar al Gobierno a'.
Nos presentan catorce medidas muy heterogéneas dirigidas, por ejemplo, a preservar la independencia del Consejo General del Poder Judicial en materia de nombramientos y las instrucciones de no proceder del ministerio fiscal. También van
dirigidas a que el Gobierno no dé la instrucción o la dirección de la investigación a los fiscales e igualmente que no toque la acción popular porque realmente antes hay que
tocar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Otras exponen que sería bueno que Instituciones Penitenciarias se incorporara a las dependencias orgánicas del Ministerio de Justicia. Otras argumentan que es necesario hacer un paquete
para modificar la justicia gratuita, sin especificar exactamente las líneas; que debe provocarse una mayor paridad entre hombres y mujeres dentro del sector justicia; la justicia restaurativa -señor Santos, esté atento porque haré algún comentario
sobre esta materia-, y en este mismo bloque argumentan que es necesario reformar y prestar atención a los juzgados que investigan la corrupción. Igualmente, se hace referencia a todo un paquete de medidas en materia de presupuestos, curiosamente
los del Partido Socialista del año 2009. Asimismo, que hay que atender al Consejo General del Poder Judicial sobre su elección y funcionamiento, igualmente a la selección de jueces, formación inicial continuada y las convocatorias de oposiciones.
Y, por último, el derecho lingüístico.
Señores del grupo confederal, si no estuviéramos tan cansados, me gustaría utilizar el método de la ironía socrática o incluso la quevedesca y decirles que su moción me parece de fábula, constructiva y tremendamente leal. Pero prefiero
quedarme en el román paladino y decirles que han faltado a la buena fe porque han tenido con su actitud comportamientos de mala fe, que es la incoherencia en el comportamiento. Ustedes participaron en la Comisión de Justicia de diciembre de 2016 en
la que, por unanimidad -es decir, estaban ustedes-, se aprobó solicitar a este Pleno la creación de una subcomisión para fijar la estrategia y modernización de la justicia. En febrero de 2016 este Pleno aprobó por unanimidad, asentimiento y sin
debate -y estaban ustedes- la creación de esta subcomisión. La subcomisión ha venido desarrollando sus muchos trabajos, oyendo a jueces, fiscales, abogados, procuradores, graduados sociales, colectivos de funcionarios, sindicatos y un largo
etcétera -también sobre justicia restaurativa, señor Santos-, durante mucho tiempo. Ahora estamos en fase de redacción de las conclusiones para elevar a este Pleno un dictamen para poder ser aprobado posteriormente y así fijar esas líneas. Bien,
ustedes han participado en todo, incluso han participado en la solicitud de la prórroga y, de pronto, en noviembre de 2017, nos enteramos por una rueda de prensa que ustedes dejan la Comisión sin saber por qué, porque no ha habido motivo alguno de
discrepancia. Podemos discutir, podemos hablar. Señor Santos, viene su justicia restaurativa. ¿Se acuerda de cuántas horas y cuántos minutos consumimos para que viniera el experto que usted quería que escucháramos, al que, por cierto, se le había
pasado el plazo por un tema personal y aun así la Comisión lo entendió y le dimos entrada extraordinaria en las sesiones, se acuerda que comentamos cuánto nos agradó? ¿Dónde queda todo eso? ¿Y, ahora, qué quieren, salvarlo con un: instar al
Gobierno a, plantear la justicia restaurativa? No, creo que las reglas del juego las marcamos y las tenemos que cumplir, porque es la única manera de que salga un producto absolutamente potable, porque es lo que nos reclaman los ciudadanos.
(Aplausos).
Señorías, nuestro grupo parlamentario no va a votarlas en contra, porque seguro que conformarán un buen paquete de medidas, pero, ¡cuidado!, les dejamos la puerta abierta con la abstención para que puedan volver a ese camino que no debieron
abandonar. La sociedad nos ha puesto aquí para que de un modo consensuado toquemos aquellos elementos esenciales que forman parte de los derechos fundamentales de las personas, y la tutela judicial efectiva en tiempo razonable le puedo asegurar que
lo es y que merece la pena.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Molinero Hoyos.
El señor MOLINERO HOYOS: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Ya sé que es tarde y voy a procurar ser lo más breve posible.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la moción presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, pero también para felicitar al ministro de Justicia por la magnífica labor que viene
realizando al frente de su departamento y reiterarle nuestro apoyo, por dos motivos fundamentales. El primero, por su compromiso adquirido en defensa de la ciudadanía y en modernización de la justicia. El segundo, por su actitud dialogante,
siempre buscando legítimamente el consenso ante cualquier iniciativa del Gobierno.
Señor Santos, aunque ya no nos sorprende nada de su partido, sí que quiero decirle que mi grupo parlamentario reconoce la perplejidad por la mala fe y la deslealtad con la que vienen actuando con esta moción y con la interpelación de la que
trae causa. Señor Santos, no tiene sentido constituir, con su acuerdo y el de todos los grupos parlamentarios, una subcomisión de Justicia, ponernos a trabajar todos los grupos días y horas y, cuando estamos terminando esa Comisión con las
conclusiones
definitivas -uno de los bloques, el primero, ya está cerrado, con el acuerdo de su grupo-, se levanten de la Comisión y digan, poniendo una excusa peregrina, que el señor ministro no tiene un plan de justicia. Es una auténtica deslealtad.
(Aplausos). A estas alturas de la legislatura ya conocemos cómo son sus estrategias. La estrategia que tienen es renegar de sus responsabilidades hacia los ciudadanos y hacia los intervinientes en la subcomisión. A ustedes no les importa el
trabajo ni les importan los ciudadanos ni la calidad de la justicia, de lo único que tiran es de la política del postureo, del gesto televisivo, de los titulares. No les interesa para nada la modernización de la justicia. Es faltar a la verdad
decir que abandonan la Comisión porque el ministerio carece de cualquier plan legislativo. Si se hubieran leído la primera intervención del ministro de Justicia en diciembre de 2016, comprobarían el error tanto de la moción como de la interpelación
que en su día hicieron. Digo que descubrirían el error porque no hablo solo de los seis pilares principales sobre los que debía basarse la reforma de la justicia, sino que, además -y se lo voy a decir literalmente-, porque en aras a ese consenso
del que se hablaba al principio, el señor Catalá decía que ofrecía su más firme compromiso y total disponibilidad a alcanzar acuerdos trabajando todos juntos, y se comprometía, además, a no acometer reformas estructurales de la Administración de
Justicia sin previamente conocer las conclusiones de la subcomisión, con el fin de recabar el concurso de todos ante los grandes temas. Es decir, están criticando ustedes al señor ministro la postura dialogante y de consenso que ha mostrado desde
el primer día, esperando precisamente las conclusiones y no actuando, como legítimamente podría hacer, mediante iniciativas del Gobierno. Eso es lo que están haciendo ustedes. Por eso, creo que ante esa actitud deberán explicarle a todos los
miembros que integramos la subcomisión de Justicia y a todos los comparecientes que han comparecido -como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista que me ha precedido en el uso de la palabra- las horas y el tiempo que hemos dedicado y que
para ustedes no vale para nada. Es que están diciendo que todo el empeño y toda la experiencia que han depositado los comparecientes a ustedes no les importa nada. Esa es la postura que ustedes vienen adoptarlo.
Señorías, se han referido ustedes en uno de los puntos a que no se proceda a otorgar la investigación de los delitos al ministerio fiscal antes de la aprobación del reglamento orgánico del ministerio fiscal. Bueno, usted ha estado en la
subcomisión. Usted sabe que ese punto ya está acordado. Pero, además, se acordó diciendo que se aprobaba que el fiscal fuese el investigador de las causas, pero que se suspendía el acuerdo a una previa o simultánea reforma del estatuto orgánico
del ministerio fiscal respecto al poder Ejecutivo. En cuanto a otro de los puntos, ustedes dicen que el Gobierno no interfiera en la independencia judicial. Miren, cuando ustedes hablan de independencia judicial se nos ponen los pelos de punta a
los demócratas. A los operadores jurídicos les dan auténticos temblores. (Aplausos). Le voy a decir por qué. Porque rememorando el documento programático que le entregaron ustedes en su día al Partido Socialista -¿lo recuerdan? porque no hace
tanto tiempo tampoco-, venían a decir que aquellas personas como el presidente del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado y la Abogacía del Estado, deberán ser personas nombradas
atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar. Y a renglón seguido decían que exigían que esas personas estuvieran comprometidas con el programa del Gobierno del cambio. ¡Toma independencia!
¿Es esa la independencia que ustedes quieren? ¿Es esa la independencia que ustedes querían traernos a la subcomisión? (Aplausos).
Termino ya, señorías. Efectivamente, voy a votar en contra de esta moción, pero no quiero finalizar sino apelando a la responsabilidad de su grupo parlamentario y decirles que vuelvan a la subcomisión; que todas esas propuestas que ustedes
han hecho en esta moción las lleven a la subcomisión para que las estudiemos y para que las podamos debatir todos juntos.
Nada más, señoría. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y diez minutos de la noche.