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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 91, de 21/11/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 91
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 87
celebrada el martes,
21 de noviembre de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página6)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la creación de una agencia independiente que asuma las funciones de la alta inspección educativa, la Agencia de la Alta Inspección Educativa. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
168-1, de 27 de octubre de 2017. (Número de expediente 122/000135) ... (Página6)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del
Ministerio Fiscal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 162-1, de 6 de octubre de 2017. (Número de expediente 122/000129) ... (Página23)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que el Gobierno apruebe por Decreto-ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de al menos 200 millones, para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 250, de 17 de noviembre de 2017. (Número de expediente 162/000500) ... (Página31)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al acuerdo de refuerzo de las medidas de la Alta Inspección Educativa. 'BOCG. Congreso de los Diputados' serie D, número 238, de 27 de octubre de 2017. (Número de expediente
162/000481) ... (Página39)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo), sobre las actuaciones realizadas por el Gobierno para estudiar alternativas orientadas a la recuperación de la base naval de Las Palmas de Gran Canaria para uso ciudadano. (Número de
expediente 173/000062) ... (Página45)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude fiscal, cooperación fiscal internacional y medidas contra los paraísos fiscales. (Número de expediente 173/000063) ...
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la ratificación de la Carta Social Europea revisada, así como del Protocolo de Reclamaciones colectivas de 1995. (Número de expediente 173/000064) ...
(Página58)
Acuerdos de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie A, número 10-1, de 10 de noviembre de 2017. (Número de expediente 121/000010) ... (Página64)
- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 11-1, de
10 de noviembre de 2017. (Número de expediente 121/000011) ... (Página64)
- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos
de comunicación del Ministerio Fiscal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 162-1, de 6 de octubre de 2017. (Número de expediente 122/000129) ... (Página67)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página68)
Acuerdos de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página68)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página6)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano), sobre la crisis democrática del funcionamiento de la justicia en España, se debata en primer lugar en el apartado correspondiente a interpelaciones, lo que se aprueba por asentimiento.
La Presidencia informa de que hoy se someterán a votación los puntos 2 y 8 a 10 del orden del día, y el resto lo serán en la sesión del próximo jueves.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la creación de una Agencia Independiente que asuma las funciones de la Alta Inspección Educativa, la Agencia de la Alta Inspección Educativa ... (Página6)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno en contra interviene la señora Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica el señor Rivera Díaz y duplica la señora Martínez Seijo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Salvador Armendáriz y Matute García de Jalón, la señora Sorlí Fresquet y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y la señora Alós López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del
Ministerio Fiscal ... (Página23)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Prendes Prendes, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página31)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que el Gobierno apruebe por Decreto-ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de al menos 200 millones, para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género ... (Página31)
Defiende la proposición no de ley la señora Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Rodríguez Martínez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Jordà i Roura, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Álvarez Álvarez.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al acuerdo de refuerzo de las medidas de la Alta Inspección Educativa ... (Página39)
Defiende la proposición no de ley la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Salvador Armendáriz y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Cruz Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página45)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo), sobre las actuaciones realizadas por el Gobierno para estudiar alternativas orientadas a la recuperación de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria para uso ciudadano ...
Defiende la moción el señor Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Hernández Bento, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ramírez Freire, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Pita Cárdenes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Franquis Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Quevedo Iturbe.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude fiscal, cooperación fiscal internacional y medidas contra los paraísos fiscales ... (Página51)
Defiende la moción la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Bel Accensi, del mismo grupo.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Guijarro García, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la ratificación de la Carta Social Europea revisada, así como del Protocolo de Reclamaciones colectivas de 1995 ... (Página58)
Defiende la moción el señor Monereo Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Alberto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); así como las señoras Faba de la Encarnación, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, y González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Monereo Pérez.
Acuerdos de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página64)
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco ...
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021 ... (Página64)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos: la señora Alba Goveli, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos
de comunicación del Ministerio Fiscal ... (Página67)
La Presidencia informa de que este punto del orden del día se someterá a votación sin debate previo una vez tomada en consideración la proposición de ley.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página68)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal, se aprueba por 245 votos a favor más 2 votos telemáticos, 247, y 85 abstenciones más 1 voto telemático, 86.
Acuerdos de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página68)
Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, se
aprueba por 292 votos a favor más 2 votos telemáticos, 294; 35 en contra más 1 voto telemático, 36 y 3 abstenciones.
Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, se aprueba por 291 votos a favor más 2
voto telemático, 293, 35 en contra más 1 voto telemático, 36 y 3 abstenciones.
Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la
efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal se aprueba por 245 votos a favor más 3 votos telemáticos, 248, y abstenciones 85.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano, que figura en el orden del día como número 31, sea debatida en primer lugar en el apartado correspondiente a interpelaciones. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
Muchas gracias. En consecuencia queda aprobada la modificación del orden del día.
Por otra parte, les informo de que en la sesión del día de hoy se someterán a votación los puntos 2 y 8 a 10 del orden del día. El resto de votaciones tendrá lugar en la sesión del jueves.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, PARA LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA INDEPENDIENTE QUE ASUMA LAS FUNCIONES DE LA ALTA INSPECCIÓN EDUCATIVA, LA AGENCIA DE LA ALTA INSPECCIÓN EDUCATIVA. (Número de expediente 122/000135).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos para la creación de una agencia independiente que asuma las funciones de la Alta
Inspección Educativa, la agencia de la alta inspección educativa.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rivera Díaz.
El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ciudadanos que sigan esta sesión parlamentaria, hoy presentamos una ley con treinta y siete años de retraso; hace exactamente treinta y siete años de retraso porque en el año 1980, en la ley de educación de entonces y desde el año
1978 en la Constitución, el Estado preveía en el artículo 27 de la Constitución no solo la legislación básica, no solo una ley orgánica de educación, sino también la Alta Inspección del Estado. ¿Por qué no se ha formulado en esta Cámara? De ello
hablaremos en el debate de hoy, pero la realidad es que hace treinta y siete años que una ley que salió de esta Cámara, del Legislativo, nos/les interpelaba a los parlamentarios y a los ejecutivos a desarrollar lo que muchos países descentralizados
tienen, que es una alta inspección educativa exclusiva del Estado. El artículo 27.1 concretamente -y para iniciar esta intervención es tan sencillo como coger nuestra Constitución y leer lo
que dice el articulado de la Carta Magna- dice: 'Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza'. Pero el 27.8 dice -y esto es lo que vamos a traer hoy aquí-: 'Los poderes públicos inspeccionarán y
homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes'. Esto que dice la Constitución española, esto que está previsto por el constituyente desde los padres de la Constitución, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la
UCD, Alianza Popular, todos los padres de la Constitución de todos los partidos se pusieron de acuerdo para acordar la Alta Inspección del Estado como competencia exclusiva del Estado. Por tanto, hoy no venimos a debatir sobre las competencias que
ya tienen las autonomías, que son las de desarrollo y de ejecución; hoy no venimos a poner en duda la Ley Orgánica de Educación, que es una competencia del Estado, venimos a desarrollar un vacío, una omisión del Poder Legislativo y de los
Ejecutivos de España.
En primer lugar, les explicaré, por tanto, de dónde partimos, que es de la Constitución y de leyes orgánicas sucesivas que no han desarrollado -y luego veremos por qué- esta legislación. En segundo lugar, si me permiten, les explicaré qué
está ocurriendo precisamente por no tener Alta Inspección del Estado en muchas escuelas, en muchos lugares de este país. En tercer lugar, qué podemos evitar y, sobre todo, qué podemos hacer con una alta inspección independiente, como la que propone
esta ley y, en cuarto lugar, por qué para un proyecto de país la educación es el pilar fundamental. Porque hoy no venimos a hablar de cualquier cosa, venimos a hablar de la igualdad, de la libertad de todos los españoles para recibir el derecho a
la educación y para recibirlo conforme a la Constitución española. (Aplausos).
Si tenemos una competencia exclusiva del Estado -sin ningún tipo de duda el artículo 27.8-, si hemos transferido competencias a las autonomías que legítimamente han desarrollado la competencia legislativa de desarrollo y la ejecución, si se
han hecho hasta ocho leyes orgánicas de educación, la pregunta que cualquier ciudadano español se hará hoy es por qué en treinta y siete años ni los Gobiernos de UCD ni del Partido Popular ni del Partido Socialista han querido desarrollar una cosa
tan básica en un Estado autonómico como el nuestro. Pues la explicación es diversa, es compleja, pero es preocupante. Porque la realidad es que no se ha desarrollado porque algunos partidos políticos, socios de los Gobiernos de España, no han
querido. Seguramente, muchos votantes socialistas o del Partido Popular están de acuerdo con que haya una inspección, como en otros países, para garantizar y velar por la igualdad de todos los españoles. ¿Qué ha sucedido por el camino? Que los
sucesivos Gobiernos de España han omitido una obligación y este Poder Legislativo, con mayorías dependientes en algunos casos de partidos nacionalistas, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el nacionalismo tenía un objetivo, que era convertir la
educación en un lugar para trabajar por la destrucción y la liquidación de España. Esto es lo que hemos visto recientemente, ya no es una opinión, es un hecho que lo han intentado y también es un hecho que llevan décadas trabajando contra el
interés general y, sobre todo, intentando crear más desigualdad entre españoles. Por tanto, hoy nos jugamos aquí, con esta proposición de ley, la igualdad ante la ley de todos los españoles, la libertad de enseñanza, la libertad y el pensamiento
crítico frente a los que quieren imponer su opinión a cualquier precio y, sobre todo, hoy nos jugamos la obligación de un Estado, de una nación, de desarrollar un artículo fundamental de su Constitución. Señorías, no podemos seguir mirando hacia
otro lado, viendo lo que pasa en muchas escuelas de España y diciendo o que no van a hacer nada o que aquí no pasa nada. Pues sí, vamos a hacer algo, vamos a legislar, estamos dispuestos a legislar, señorías del Partido Socialista y de otros
partidos que se van a oponer seguramente a esto, porque han presentado una enmienda de totalidad y no lo entiendo. No entiendo cómo el Partido Socialista que ha gobernado veintiún años España va a ir en contra del artículo 27.8 de la Constitución,
pero, en todo caso, tendremos un debate sobre ello, porque confío en que muchos socialistas, incluso miembros del Partido Socialista, sí que están de acuerdo con la Constitución española y con el artículo 27.8.
En todos los lugares de España, pero especialmente donde se ha puesto el foco estos días, en mi tierra, en Cataluña -donde algunos han intentado perpetrar un golpe a la democracia-, algunos han intentado utilizar el bloqueo al artículo 27.8
para que nadie inspeccione las ilegalidades que allí cometen. Eso es así. Les voy a avanzar una cosa, a partir de ahora, si depende de nosotros, no sé de ustedes -Partido Socialista o Partido Popular-, no vamos a dejar de desarrollar nuestra
Constitución ni de defenderla porque nos lo diga el señor Pujol, el señor Artur Mas o el señor Carod-Rovira. (Aplausos). A partir de ahora ya basta. Si esta ley entra en vigor ningún político, ningún amaño en ningún cuarto oscuro, ningún pacto
del Majestic, ningún pacto del Tinell va a acabar con la alta inspección, porque estará en marcha. Además, no va a depender de ningún político, va a ser una agencia independiente, en la que técnicos del Estado van a evaluar si los libros de texto,
si en las aulas, si los profesores, si la comunidad educativa cumplen la Ley Orgánica de Educación. ¿Alguna señoría me puede decir por qué se oponen a
que se vigile la Ley Orgánica de Educación? Una ley que es orgánica porque defiende derechos fundamentales. Por tanto, los grupos que vayan a votar hoy en contra, ¿por qué están en contra de la Constitución? ¿Por qué están en contra de
que se cumpla la ley orgánica que, además, la ha legislado este Parlamento? Por tanto, les pido una reflexión, dejen de hacerle el juego a los nacionalismos. Empiecen a defender la Constitución sin complejos, defiendan la igualdad de todos los
españoles. No tiene ningún sentido que los que nos consideramos progresistas no defendamos la igualdad. No sé por qué los señores del Partido Socialista presentan una enmienda, no solo no la apoyan, sino que se ponen enfrente de la Constitución
para que no se aplique. En el año 1980 pero también en la ley del año 1990 -por cierto, del Partido Socialista- ya se preveía el desarrollo de esta competencia, pero no lo hicieron, no fuera a ser que se enfadara Pujol o los socios de Gobierno o
luego hablaran catalán en la intimidad o luego el señor Artur Mas o luego el señor Carod-Rovira que, por cierto, invistió desde la Presidencia de Esquerra Republicana al señor Zapatero. Eso es lo que ha pasado, esa es la pura verdad. No se ha
desarrollado porque ustedes tenían un pacto con los nacionalistas para que España no aplicara su Constitución. (Aplausos). ¿Saben lo que pasa cuando no se aplica la Constitución? Que se da instrumentos a aquellos que quieren liquidarla. Miren
(Muestra la fotocopia de una página de un libro de texto), esto que les voy a enseñar son cosas que pasan, aunque ustedes lo nieguen; no hagan negacionismo porque esto existe. Es un libro de texto de Cataluña que, como ustedes comprenderán, sitúa
a Cataluña en igualdad de condiciones que cualquier otro país. Dice: España, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Grecia, Països Baixos y Cataluña. Ahora hemos descubierto que Cataluña, como dice Puigdemont, es un Estado, una república catalana.
¿Ustedes creen que los libros de texto en Cataluña tienen que decir lo que dice Puigdemont o lo que dice la Constitución? (Aplausos). Escojan ustedes. En Cataluña (Muestra otra fotocopia de una página de un libro de texto), algunos hacen nuevo
colonialismo, que es el colonialismo de los Països Catalans. Ya no es el Estado autonómico, ahora -resulta que no lo sabíamos- hay un nuevo ente, una especie de placa tectónica cultural que resulta que incluye el sur de Francia, una parte de
Aragón, una parte de Italia, Baleares y Comunidad Valenciana. Esto es lo que se estudia en los libros de texto y, frente a esto, el Partido Socialista, Podemos y otros grupos dicen que esto no existe. Pues sí existe, desgraciadamente. ¿Qué
prefieren, que se estudie como quiere Puigdemont y los que han dado un golpe a la democracia o como quiere la mayoría de españoles, respetando la Constitución?
Por otro lado, además, se utilizan también símbolos ideológicos en la escuela. Miren, la escuela es el templo civil, la escuela es el lugar más sagrado de una democracia, es el lugar donde se aprende a pensar, donde se aprende pensamiento
crítico, la libertad, la igualdad, los valores civiles, es el lugar, incluso, donde vamos a votar, eso sí, con garantías, no como hacen algunos, utilizando las escuelas ilegalmente. Pues miren, esto es lo que cuelga de algunas escuelas de Cataluña.
(Muestra una fotografía en la que se ven esteladas al lado de una escuela). ¿Ustedes creen que es normal que se utilicen símbolos ideológicos en las escuelas públicas? ¿Ustedes creen que esto es normal? (Aplausos). ¿No van a hacer nada? Ni
queremos libros de texto que mientan ni queremos que nadie convierta a otras comunidades autónomas en parte de Cataluña, ni queremos esteladas ni símbolos de ningún partido político en las escuelas; queremos libertad, queremos igualdad, queremos
neutralidad. Hace poco incluso se han presentado querellas contra profesores que señalaban a los hijos de guardias civiles en la escuela, señalándolos por la profesión de sus padres que, por cierto, son servidores públicos de este país. ¿Vamos a
seguir permitiendo que la alta inspección no proteja contra el odio en las aulas de nuestro país? ¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado y que el nacionalismo se apodere también, en este caso, de lo que tiene que ser un espacio civil sagrado, como
es la educación? Ciudadanos no ha venido aquí para ser comparsa ni para pedir perdón a los que quieren destruir este país, ha venido aquí para cambiar las cosas. (Aplausos). El Partido Popular ha tenido mayoría absoluta cinco años y no ha querido
hacer esta ley. Espero que se sumen, no como la última vez, que apoyen esta ley. Ya que ustedes no legislan, legislamos también los grupos parlamentarios, por lo que les pido el apoyo para esta ley. Han tenido cinco años con mayoría absoluta sin
que nadie les pudiera decir nada y no lo han hecho. Más vale tarde que nunca, apoyen esta ley, no sigan equivocándose porque los nacionalismos al final lo único que quieren es que en la educación nadie controle que se cumple la ley; y ya sabemos
qué pasa en Cataluña y en muchas partes de España cuando no se cumple la ley. Así pues, quien esté a favor de cumplir las leyes que salen de esta Cámara deberían votar a favor de esta ley.
¿Qué va a cambiar con esta ley? En primer lugar, que va a haber una alta inspección exclusiva del Estado, que no depende del Gobierno de turno, que es una agencia independiente que va a velar por el cumplimiento de las leyes. Yo les
pregunto, ¿quién de esta Cámara tiene miedo a que unos técnicos
evalúen el cumplimiento de la legalidad que aquí se aprueba? ¿Quién de ustedes tiene miedo a que unos técnicos del sistema educativo español evalúen con informes si se cumple la ley o no se cumple la ley en España? Yo no le tengo miedo a
los técnicos, no le tengo miedo a los funcionarios que velan por la legalidad, no lo tengo. Por tanto, voten a favor. Podemos debatir cómo se regula, podemos enmendarla, podemos discutir, pero le pido al Partido Socialista que retire la enmienda a
la totalidad porque les están haciendo el juego a los separatistas. (Aplausos). Están ustedes votando con Esquerra Republicana esta ley. (Aplausos). Con esta agencia, además, garantizamos también que pueda haber denuncias sin presiones, sin
coacciones. Algunos dirán: no, si no hay presiones ni coacciones. No, ¡que va! Están señalando a los hijos en función de la profesión de sus padres. ¿Eso no es presión? Eso está denunciado por delito de odio a la fiscalía. Por tanto, nosotros
no queremos que nadie tenga miedo a pedir que se cumpla la ley en un colegio. Hay lugares de España donde es muy difícil, señorías, -créanme, algunos lo sabemos más que otros- que se cumplan las leyes. Hay lugares donde hay presión, donde el
nacionalismo ejerce presión sobre muchos padres que quieren denunciar el incumplimiento de la ley, sobre la comunidad educativa en algunos casos y sobre gente, en definitiva, que quiere que se cumpla la ley.
Esta es una ley absolutamente necesaria, urgente después de treinta y siete años de no desarrollo de la Constitución, pero también es una ley donde nos jugamos el modelo de país. Yo quiero una España de futuro de oportunidades, quiero una
España de libertades, quiero una España que, sin complejos, defienda la Constitución y el orden constitucional y no defienda a los que rompen el orden constitucional. Por tanto, quien jure esta Constitución (Muestra un ejemplar de la Constitución
española de 1978) tiene la obligación de defender también lo que dice y de desarrollarla. Y si hemos desarrollado competencias autonómicas, los que somos favorables al Estado de las autonomías tenemos que votar esta ley. Los que creemos en un
Estado autonómico, pero no en un conjunto de tribus sino en un Estado autonómico, termos que votar a favor de esta ley. (Aplausos). Porque el mayor instrumento que le podemos dejar a nuestros hijos y el futuro, es la libertad de enseñanza, es la
igualdad ante la ley. El mayor instrumento que tiene un ciudadano para prosperar en su país es la educación, y una buena educación y una educación que garantice la igualdad y la libertad es necesaria para este país. Así que, como defensor del
Estado de las autonomías, como defensores de las competencias compartidas entre autonomías y el Estado, como defensores de la vigencia y de la necesidad de aplicar la Constitución en España, hoy traemos esta ley para que unos técnicos, unas personas
capacitadas que no sean políticos, que no hagan pactos a oscuras, velen por la legalidad vigente en Cataluña y en toda España y, sobre todo, para un modelo de país en el que la libertad y la igualdad se impongan al supremacismo, al egoísmo, al
enfrentamiento, a la división. Señorías, ya basta de mirar hacia otro lado. No es culpa de los nacionalistas que esto pase; es culpa de aquellos que no han hecho su trabajo, y yo no voy a ser diputado de esta Cámara ni presidente de este grupo
mirando hacia otro lado. Quiero que en España se defienda la legalidad democrática, quiero que se defienda la igualdad y la libertad, y espero, señorías, que ustedes cumplan con la Constitución, que votemos a favor de esta tramitación y de aquí a
un tiempo podamos decir que en cualquier rincón de España, en cualquier aula -que es lo más sagrado que hay en una democracia- se cumplen las leyes y no se fomenta el odio sino la unión, no se fomenta el supremacismo sino la igualdad, no se fomenta
la imposición sino la libertad, y no se fomenta el egoísmo sino la solidaridad. Esa es la escuela del futuro, la escuela de la calidad, pero también la escuela de la igualdad. La España que viene, señorías, tiene que ser la España de las
oportunidades, no la España de los enfrentamientos. No quiero una España dividida entre la ley educativa de los rojos y la ley educativa de los azules; quiero una ley educativa para todos los españoles. Y no quiero una España donde se enfrente a
los territorios en función de dónde ha nacido la gente, sino que quiero una España de oportunidades, una España de ciudadanos libres e iguales.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.
Mire, señor Rivera, lecciones sobre constitucionalismo, ninguna. Ninguna le podemos consentir. (Aplausos). Le recuerdo que de todos los grupos el Partido Socialista fue el único que estuvo en la negociación de la Constitución española.
Así que no le aceptamos ninguna lección. (Rumores.-El señor Rivera Díaz muestra un ejemplar de la Constitución española de 1978). Mire, dejen de jugar ya de una
vez con la educación de este país. (Aplausos). Dejen de hacer utilización de la educación. No estamos en campaña electoral y eso es lo que ustedes están demostrando. No tuvimos suficiente con la moción que nos trajeron hace unos días,
que nos produjo estupor, sino que además ahora nos traen una proposición de ley que es absolutamente subjetiva, oportunista, sensacionalista y profundamente dañina para el sistema educativo competencial español. (El señor Rivera Díaz muestra de
nuevo la fotografía en la que se ven esteladas al lado de una escuela). Critican que hay adoctrinamiento por parte de unos, pero lo que ustedes están haciendo hoy aquí es lo mismo, más de lo mismo (Aplausos), pero, eso sí, en el extremo contrario.
(Rumores). Sí, sí, lo mismo. Ustedes han sido y están siendo tremendamente desleales con los trabajos de la subcomisión del pacto por la educación, torpedeando sistemáticamente con la sombra de la duda sobre el sistema educativo la profesionalidad
de los docentes y la objetividad en las aulas. (Varios señores diputados: ¡Nooo!-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Y ninguna de las cuestiones que usted ha puesto encima de la mesa tienen fundamento, porque está afectando a todo el sistema educativo español, no simplemente por alguna sospecha o por algunos casos que se hayan
producido en alguna comunidad autónoma. Precisamente ustedes, que van diciendo a bombo y platillo que son los artífices de las negociaciones del pacto educativo; ustedes, que van criticando permanentemente que otros grupos parlamentarios somos
responsables de los grandes problemas de la educación de este país, de ideologizar la educación, usted ha dado la gran lección de la incoherencia, la gran lección magistral de lo que es utilizar y manipular la educación de este país. (El señor
Rivera Díaz muestra un ejemplar de la Constitución española de 1978.-Aplausos). Jamás se había llegado tan lejos en la instrumentalización de la educación en España. (Rumores). Sí, sí, sí, están instrumentalizando la educación.
Su proposición de ley juega con principios básicos educativos, y una vez más confirma la inconsistencia educativa e ideológica de su grupo parlamentario. Demuestran un profundo desconocimiento del sistema educativo español y cómo funciona
con una absoluta irresponsabilidad y, desde luego, ponen de manifiesto la gravedad que supondría, en el caso más que hipotético e improbable de que ustedes llegasen al Gobierno: ¡en qué manos dejaríamos la educación de este país! Voy a traducir en
breves palabras las consecuencias de lo que ustedes pretenden con esta proposición de ley: dejar sin competencias al Gobierno, dejar sin competencias al Ministerio de Educación de este país, así de simple, señorías, lo dejarían sin competencias. Y
les recuerdo que estamos en un sistema de descentralización educativa, como usted ha dicho, sí, basado en la Constitución, basado en los estatutos de autonomía y también, desde luego, en un sistema administrativo. Así que su proposición de ley
afecta a la Constitución, a competencias autonómicas y al sistema público, al que de golpe y plumazo le quitan atribuciones, y de paso atentan directa y bélicamente contra la función de la inspección educativa en España. Por cierto, para su
conocimiento, hay un cuerpo, el de la Alta Inspección Educativa, que es el que tiene la función de la inspección ordinaria en los centros, señoría; hay que recordárselo porque parece que usted se olvida de que existe y de que hay un control
ordinario, que, por cierto, se efectúa a diario, en cada comunidad autónoma, a las que ustedes quieren quitar las competencias de gestión de los centros educativos. (Denegaciones del señor Rivera Díaz). Mire, esta proposición de ley no simplemente
persigue un sistema de control, una agencia de la censura educativa, sino que además cuestiona la profesionalidad de los docentes, la libertad de cátedra y a un cuerpo específico, como le decía anteriormente, se lo recuerdo: el de la Alta
Inspección Educativa.
Entrando en materia, y analizando parte a parte, queda claro que el objetivo es privatizar y externalizar la inspección educativa, adjudicar las funciones que tiene la alta inspección a una agencia cuyos miembros ni siquiera tienen por qué
ser inspectores, pero eso sí, se pretende que funcionen como tal. Es decir, que a los supuestos consejeros de la agencia se les da la categoría de inspectores sin serlo, o sea, una auténtica barbaridad. Y ni siquiera se asegura esa independencia
que ustedes defienden, porque al fin y al cabo la figura del director y de los consejeros, según proponen en su proposición de ley, al final la nombraría el mismo Gobierno, por tanto, ninguna autonomía. Y sobre la objetividad y profesionalidad, nos
parece muy grave el olvido -posiblemente intencionado- de no regular con mayor rigor los perfiles de quienes realizarían esas labores de inspección, porque para ejercer labores de inspección se entiende que deben ser profesionales de la inspección
educativa con formación específica, cosa que ustedes ni siquiera contemplan en su proposición de ley. Un cuerpo, el de la Alta Inspección Educativa, que para
nosotros merece todo nuestro respeto porque tienen una formación y una preparación para tal fin, algo que ustedes, al parecer, no comparten porque lo quieren eliminar.
Nos parece absurdo e inútil crear una agencia con funciones y atribuciones que ya existen (Denegaciones del señor Rivera Díaz). Sí que existen, señor Rivera, y que realizan tanto la inspección ordinaria como las distintas administraciones,
es decir, que se cargan el sistema competencial de educación de este país. La incoherencia de su grupo, desde luego, alcanza límites insospechados, hace unas semanas querían reforzar la alta inspección y hoy de golpe y plumazo la eliminan, creando
una agencia que va a sustituir esas funciones de la alta inspección y que además, le vuelvo a recordar, dejarían al Ministerio de Educación sin apenas competencias, ¿o es que pretenden también eliminar al Ministerio de Educación y que sea sustituido
por esta agencia? Pues ahí se lo dejo, como quien no quiere la cosa. (Rumores). Hablan de garantías, de justicia para los padres y madres, ¿pero usted se cree verdaderamente que una agencia externa puede dar esas garantías? Señoría, yo creo que
la función legislativa es mucho más seria y requiere mucho más rigor del que ustedes han utilizado hoy en esta proposición de ley. La educación y la formación se crean poco a poco, es todo un proceso, y el control y la autoridad que ustedes
proponen con esta agencia desde luego no va a garantizar que haya esa libertad que ustedes están manifestando en estos momentos. El control y la autoridad, desde luego, no se ejercen con una agencia externa, sino que se van creando día a día, es un
principio educativo, en el que el entorno educativo, desde luego, tiene una gran influencia. Por tanto, esta agencia que ustedes proponen no va a solucionar nada, ninguno de los problemas que supuestamente usted considera que existen en el sistema
educativo español.
En definitiva, su proposición de ley es inadmisible, no tiene ni consistencia legislativa ni suficientes argumentos educativos ni justificación administrativa. La atribución de funciones a una autoridad administrativa independiente de
ámbito estatal es sobre sectores económicos. ¿O es que eso también lo desconoce? Además, debe venir acompañado de un claro consenso, con el que, por cierto, su proposición de ley no cuenta. Además, exigiría a su vez una importante financiación
para unas funciones que al mismo tiempo ya están cubiertas por el sistema que tenemos en España. Es decir, lo que se pretende es duplicar, sustituir funciones públicas por agentes externos. No entendemos, señoría, ese afán de este Grupo Ciudadanos
de controlar, centralizar y externalizar los servicios. Señorías, es que además tenemos suficientes medidas ya para garantizar el cumplimiento de la ley porque, a pesar de lo que usted diga, ha habido Gobiernos anteriores que se han preocupado por
establecer mecanismos de control y de rigor para que no se cometa ningún tipo de ilegalidad en el sistema educativo, y así lleva funcionando el sistema educativo en los últimos años, muy adecuadamente.
Para ir finalizando, nos parece, además, muy peligroso utilizar la Constitución en este asunto. Hablan de la función constitucional de la alta inspección. ¡Si ni siquiera en la Constitución se hace referencia a la Alta Inspección
Educativa! Se hace referencia a la inspección, pero no a la alta inspección. Además, afirman, y cito literalmente, que solo puede ejercerse adecuadamente por autoridad independiente y obrará a criterios objetivos de legalidad, sin distracción
política oportunista. ¡Casi nada! Es decir, una absoluta desconfianza sobre el funcionamiento de la Administración del Estado. Así que ¿prácticamente toda la actividad estatal estaría bajo sospecha? ¿Es que quieren dejar sin competencias a las
distintas administraciones del Estado? ¿Eso es lo que pretenden? Que cada vez que haya algún tipo de problema se tenga que crear una agencia externa para controlar lo que ustedes entienden que no está funcionando adecuadamente. Pues,
sinceramente, me parece una auténtica barbaridad. (Rumores).
Nos parece lamentable y vergonzoso el uso que hacen de la educación por un puñado de votos, señoría, por un puñado de votos. (Aplausos.-Rumores). Aludiendo a casos concretos, en Cataluña en puertas de una campaña electoral. Con su campaña
mediática y con estas iniciativas sin ninguna duda dejan claro cuál es el verdadero interés que ustedes tienen por la educación de este país y yo se lo voy a resumir: cero. Es evidente la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante este
disparate que supone esta proposición de ley. Señorías, les pedimos que empiecen a trabajar seriamente por la educación de este país con responsabilidad, que se centren en lo que son los verdaderos problemas educativos de este país y que trabajen
con todos los grupos parlamentarios en el seno de la subcomisión en la que estamos intentando lograr un pacto educativo. Nosotros, desde luego, en ello estamos, pero al parecer, según los hechos que nos están presentando últimamente, desde luego
dudamos, y con muchas razones, de la sinceridad de su apuesta por un pacto educativo y a los hechos, desde luego, nos remitimos. Esto, señorías, no es ninguna urgencia, esto es simplemente la urgencia de buscar rédito electoral a costa de la
educación, y prueba de ello es que es usted el que ha estado en esta tribuna defendiendo esta iniciativa,
esta proposición de ley, usted, que no tiene nada que ver con el sistema educativo y usted que no tiene nada que ver con la educación. (Rumores). Así que, señor Rivera, en esta iniciativa no nos van a encontrar. Ustedes, sin duda, ya han
demostrado y están demostrando lo que dan de sí como nuevo partido: demagogia, vaivenes, oportunismo y superficialidad. Eso es todo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En turno de réplica o rectificación, tiene la palabra el señor Rivera.
El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
¡Cuántos nervios! Cuántos nervios después de treinta y siete años sin hacer nada. (Aplausos). No pasa nada; ustedes defienden lo que defiende Esquerra Republicana y nosotros queremos defender lo que dice la Constitución. Es legítimo que
quieran tripartitos con Esquerra Republicana. ¡Oiga! Ustedes dieron a don Ernest Maragall la competencia de educación y a Esquerra Republicana el segundo tripartito. Es legítimo que quieran pactar con los nacionalistas, pero yo no; y es legítimo
que quieran una nación de naciones, pero yo no. No se piensen que son el centro del mundo. Hay más vida fuera del Partido Socialista; de hecho, cada vez hay más vida fuera del Partido Socialista. (Aplausos).
En cuanto al pacto educativo, ¡bienvenidos! Han tenido también treinta y siete años para proponer una Comisión para un pacto educativo y nunca lo han hecho porque el sectarismo que destilan no ha querido que haya un pacto educativo. Algunos
pensaban que la educación tenía que ser como querían los conservadores y otros como querían los socialistas y no como propuso Ciudadanos en la creación de esa Comisión: un pacto educativo. Ahora bien, les digo una cosa. No confundan un pacto
educativo con un pasteleo educativo. Un pacto educativo es para velar por la igualdad de todos los españoles. (Aplausos). Y si pensaban que nuestro pacto educativo iba a ser con Esquerra y con Bildu, también se equivocan (Aplausos), porque quería
ser con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con los partidos que pensábamos -lo digo en pasado porque cada vez evidencian ustedes menos proyecto de país- que con diferencias teníamos un proyecto para España, pero ya veo que no. Ustedes
están fagocitados por el PSC y el PSC, como pasó la otra vez, les ha dicho que hay que votar en contra de esto y ha subido usted aquí sin leerse la ley, sin leerse la Constitución y se ha inventado cosas. Dice que la Constitución no dice nada de
esto. ¡Pero cómo no va a decir nada! Se lo he leído, pero si quiere se lo leo otra vez. Tengo poco tiempo. El artículo 27.8 -tome nota, léaselo-, la Alta Inspección del Estado que ustedes no han desarrollado. ¿Y qué miedo tienen a que sean
funcionarios y técnicos del Estado? ¿Qué prefieren, que lo haga Carod-Rovira? ¿Carod-Rovira les gusta más para vigilar la educación? (Aplausos). Han puesto a los señores de Esquerra Republicana, que han dado un golpe a la democracia, a vigilar
el cumplimiento de la Ley de Educación en España. Pues, claro, es normal lo que ha pasado, pero es que no queremos seguir por ese camino, no queremos seguir por el error, y Ciudadanos, que tiene toda la libertad para hacer una propuesta distinta a
la que han hecho ustedes estos años, así lo hace.
Habla usted de un puñado de votos. ¿No insinuará usted que los españoles quieren esta ley? (Aplausos). ¿No estará usted diciendo que los españoles quieren esta ley? Estoy convencido de que tiene usted razón, de que hay muchos socialistas
y votantes del Partido Socialista que también quieren esta ley, como también lo estoy de que hay mucha gente del Partido Socialista que no entiende las esteladas que he sacado aquí, que no entiende lo que dicen los libros de texto. ¿Por qué lo
defienden ustedes? De verdad, no entiendo, más allá de su alianza con el Partido Socialista de Cataluña, con el PSC, cómo un partido que quiere gobernar España puede defender las barbaridades que ha traído a esta tribuna. Y hablan de casos
aislados. Sí, casos aislados uno tras otro, porque los casos aislados conjuntamente lo único que denotan es que no se cumplen las leyes. Qué miedo tiene el Partido Socialista y otros grupos de esta Cámara -insisto- a que se cumpla la ley orgánica
que salió de aquí. Qué miedo tienen a defender la Constitución española. No pasa nada; ya sé que les ha costado aplicar la Constitución. Ya lo sé, todos hemos sufrido sus celos a aplicar la Constitución. Ni la DUI ni el 155 ni todo esto que el
PSC les ha impuesto. Yo no tengo la culpa de que ustedes tengan un pacto con un partido nacionalista; no tenemos la culpa el resto de españoles de que el Partido Socialista Obrero Español haya entregado la política de Estado al Partido Socialista
de Cataluña y, como no tenemos la culpa de sus alianzas con un partido nacionalista, tenemos el derecho y la obligación de desarrollar la Constitución. Se lo vuelvo a repetir por si no lo ha entendido: no vamos a omitir, como ustedes han hecho
durante treinta y siete años, el desarrollo de nuestra Constitución, no vamos a mirar hacia otro lado. Y cuando hablan de utilización de la educación, de eso es de lo que nos quejamos, de cómo la educación en algunos territorios de España se ha
utilizado precisamente para ir contra esta Constitución. Hemos visto carteles contra la Constitución
y contra la democracia, propaganda política. ¿A usted le parece bien que haya propaganda política en una escuela? A mí no, no me parece bien. Una escuela es sagrada, el lugar donde sus hijos, los míos y los de todos tienen que ir a
pensar, a educarse, a formarse y no a adoctrinarse o a manipular. Queremos que aprendan a pensar y no que les enseñen lo que tienen que pensar. Queremos que aprendan, en libertad, un pensamiento crítico y eso necesita una educación garantizada con
la Constitución. Llevan muchos años -el Partido Popular tampoco lo ha hecho por esos pactos con los nacionalistas- destruyendo la Alta Inspección del Estado, las garantías que tiene una Constitución para proteger la educación.
Nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Hemos traído aquí esta ley y vamos a seguir trabajando. Si ustedes nos dejan con una abstención y retiran la enmienda, podremos debatir de todo eso que dice usted que no le gusta. Es legítimo que no
le guste toda la ley. Nosotros nos hemos abstenido en muchas leyes suyas para debatirlas y, si ustedes traen leyes para debatir aquí, a veces las tramitamos y las hablamos. Pero ustedes han subido aquí nerviosos, sin argumentos, sin leerse la ley
y con el discurso de Esquerra Republicana. Así es muy complicado. La podemización por un lado y ahora los pactos con los nacionalistas impiden que el Partido Socialista sea un partido de Estado. Por lo tanto, les pido que vuelvan a ser un partido
de Estado. Usted me ha dicho que me he subido hoy a esta tribuna para defender la educación. Por supuesto. Para el presidente de un grupo parlamentario al que importa la educación es primordial hablar de la educación de su país. Si no está aquí
el señor Sánchez, no es mi culpa. Fue él el que dimitió. Yo no tengo la culpa de que él no pueda subir. (Aplausos).
No se preocupe, que vamos a seguir defendiendo la educación pública, gratuita, universal, de calidad, en igualdad y libertad para todos los españoles. Me subiré y nos subiremos a esta tribuna tantas veces como haga falta para intentar
convencerles a ustedes mejor que lo que les han convencido los separatistas y espero que algún día el Partido Socialista sea un aliado y no un obstáculo para desarrollar la Alta Inspección de Educación del Estado. De momento, son ustedes un gran
obstáculo. Podrían hacer lo mismo que en la investidura y del no es no pasar a la abstención.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.
Señor Rivera, me temo que el que no se ha leído su propia proposición de ley ha sido usted. (Aplausos). Si se la hubiese leído y la hubiese interiorizado, no diría las barbaridades que ha dicho. Esta proposición de ley no hay por dónde
cogerla. Intentan buscar soluciones a problemas que se están generando por sí mismos. Están buscando soluciones con una agencia externa al sistema educativo que desde luego no va a solucionar ninguno de los problemas educativos que este país. No
nos dé lecciones sobre el pacto educativo, que son ustedes los que lo están torpedeando. ¿Le tengo que recordar cuál es el único partido que ha estado trabajando por un pacto educativo en España? El Partido Socialista. (Aplausos). El Partido
Socialista. La LOE fue trabajada con toda la comunidad educativa y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el del Grupo Parlamentario Popular. Trabajamos intensamente con los profesores en las aulas, que es como hay que trabajar un
proyecto de ley que abarca la educación de este país.
Yo he venido a hablar de esta proposición de ley que es de educación, porque lo que ustedes pretenden es crear una agencia que controle el sistema educativo en España; repito, que controle el sistema educativo en España. Yo prefiero que
nuestros alumnos tengan espíritu crítico y que se les forme como ciudadanos serios y responsables. Pero para eso tiene que haber confianza en los profesores de este país, tiene que haber confianza en los equipos directivos de este país y tiene que
haber confianza en la inspección educativa existente en este país y que ustedes están cuestionando. No nos dé ningún tipo de lección sobre cómo funciona la educación en España. Sí que les estamos esperando con propuestas reales dentro del seno de
la subcomisión, trabajando coordinada y coherentemente con propuestas consensuadas, y no como pretenden ustedes hacer aquí, que es venir a imponernos un bodrio de ley -se lo digo en serio- que no respeta ni las competencias del Estado ni las de las
comunidades autónomas. (Aplausos).
Deje la campaña electoral. No hemos entrado todavía en campaña electoral. Se le ha visto el plumero muy claramente. Está utilizando la educación de este país. Vaya a Cataluña a hacer campaña y no venga al Congreso de los Diputados a
jugar con la educación de España. (Aplausos). De eso es de lo que estamos hablando y no simplemente de problemas que ustedes consideran que existen y que quieren resolver externamente con control y censura. Yo creía que la censura había
desaparecido de los centros
educativos en la época de la dictadura y parece que ahora nos la quieren volver a traer. Con el control de una inspección y de una agencia externa no se van a solucionar los problemas que se están generando en el contexto, en el entorno y
en el ambiente social, porque también influyen las familias. Señoría, así se forma el sistema educativo, así se gesta el sistema educativo, con trabajo cooperativo entre todos. No se puede mirar a un lado. Hay que mirarlo de manera íntegra. No
nos venga hablando de propagandas o de no propagandas. De lo que hay que hablar es de una educación cívica para formar ciudadanos críticos y bienvenidos sean ustedes si defienden el modelo de recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
En derechos constitucionales, sí; en valores cívicos, también; en derechos democráticos, también; y desde luego en derechos humanos. Todo eso posiblemente dará lo que, al parecer, ustedes pretenden conseguir, que es ciudadanos serios,
responsables y no manipulables.
Nada más. Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.
Hay dos puntos en el orden del día del Pleno de esta tarde que giran en torno a la Alta Inspección Educativa, cuyos servicios tienen sus fundamentos en la Constitución española, en la Ley de organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado, en la Ley de Educación, la LOE, y también en una serie de reales decretos y normativas que regulan las altas inspecciones en todas las comunidades autónomas. El Grupo Parlamentario Ciudadanos propone la toma en consideración de
una ley para la creación de lo que se denominaría agencia de la alta inspección educativa, una agencia independiente. Foro discrepa de esta propuesta defendida por el señor Rivera porque considera que la educación nunca puede ser independiente en
su gestión y previsión. Resultaría irónico tildar de independientes de los poderes públicos unos servicios que dependen precisamente de esos mismos poderes. Sin embargo, creemos que sí resulta oportuno recordar que la Alta Inspección Educativa
tiene dos grandes bloques de funciones, un primer bloque que abarca la supervisión del sistema escolar en las comunidades autónomas y un segundo bloque relativo a las funciones burocráticas para gestionar la homologación y expedición de títulos y de
estudios extranjeros, que compete al Estado. Este segundo bloque es el que adquirió mayor peso, porque respecto al primero, el relativo a la supervisión, se arrugaron todos los Gobiernos para evitarse conflictos educativos con las comunidades
autónomas, especialmente Cataluña y Euskadi. Para nosotros, el refuerzo que debería acometerse con urgencia debería centrarse en la supervisión del sistema escolar en las comunidades autónomas con capacidad de actuación en los centros, si bien con
matices. Por tanto, consideramos que no es necesario crear ninguna agencia independiente y votaré en contra de esta toma en consideración.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene también la palabra por el mismo grupo el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, debatimos hoy dos iniciativas casi similares sobre el mismo tema, el papel de la alta inspección. Esto tiene dos lecturas, una negativa, y es que está claro que no nos ponemos de acuerdo en algo en lo que deberíamos estarlo,
que es el papel de la alta inspección y el uso instrumental que algunos hacen sobre la educación, y otra más positiva, y es que lo vamos a debatir al menos dos veces y, por tanto, tendremos más opinión después de oír lo que cada uno opinamos sobre
un problema que, efectivamente, no está resuelto y que rompe la unidad política, quiebra la armonía social, enrarece la vida de muchas personas y forma parte del negocio diabólico de la separación. En todo caso, esperamos que de aquí al jueves
podamos llegar a algún tipo de acuerdo, porque debemos hacer algo para evitar el uso pervertido de la educación con fines políticos, el enfrentamiento, la separación y división por medio de la mentira y la tergiversación.
Pensamos que es mejor reforzar las posiciones de la alta inspección que no crear un organismo nuevo. Lo lógico sería que la inspección cumpliera con sus funciones, que no mirara a otro lado y que colaborara con las comunidades autónomas.
Por tanto, más allá del instrumento que finalmente elijamos, y no vamos a rehuir el debate que se celebrará, creemos más oportuno facilitar un amplio consenso sobre
este tema y sacarlo de la dialéctica electoral. Como digo, no prejuzgamos la solución, pero sí vamos a pedir un escrupuloso respeto a las competencias autonómicas, en este caso de la comunidad foral, de la misma manera que no vamos a
colaborar a dejar impunes espacios de adoctrinamiento bajo la cobertura de una excusa de competencias propias de nadie. No lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer tampoco en este momento. En consecuencia, somos favorables y no vamos a impedir
que se haga este debate, pero pedimos que, siendo un tema troncal y un problema muy importante actualmente, entre todos hagamos un esfuerzo para ponernos de acuerdo sobre cuál es el instrumento mejor.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
El voto de Euskal Herria Bildu va a ser contrario a esta proposición de ley, y también le anticipo que no nos gusta la Constitución. Nos desagradan sobremanera el artículo 2, el artículo 8 o el artículo 155. Pero no solo por eso vamos a
votar en contra de esta proposición de ley. Lo vamos a hacer porque sobran los argumentos y, como le decían antes, porque el contexto marca también la agenda. Y esto se enmarca dentro de una ofensiva total contra la escuela catalana. Ayer fue
contra la vasca; hoy contra la Catalana; mañana contra toda aquella escuela que decida crearse en su territorio y para crear un modelo educativo ajeno o alejado de la imposición ideológica, del adoctrinamiento ideológico, que nos quieren imponer
desde el unionismo o el constitucionalismo.
No es cierto que el marco en el que vivimos en la actualidad sea un marco sin injerencias. Ya las hay. Hay injerencias en las ofertas públicas de empleo; hay injerencias cuando se decide que más del 50% del currículum lo decida el
Ministerio de Educación. Lo que se necesita, en todo caso, no es más control, sino más confianza en los educadores y en la comunidad educativa. Y, desde luego, lo que necesita al menos la educación vasca, que es la que nos preocupa, es un acuerdo
de país; el nuestro, no el suyo, para que más pronto que tarde dejemos de padecer propuestas autoritarias y doctrinarias como esta.
Señor Rivera, su actitud en el atril me ha recordado a Eduardo Galeano, que decía que cuando los conquistadores españoles llegaron a América llegaron con una Biblia y los indios tenían la tierra. Les pidieron que cerraran los ojos y
rezaran. Cuando abrieron los ojos, los indios tenían la Biblia, pero los conquistadores españoles tenían toda la tierra. Esto no le va a pasar en Euskal Herria, y seguramente no les va a pasar en otros lugares. No les vamos a dejar. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, presidenta.
Señor Rivera, ¿ha visto usted Gru, mi villano favorito? Si no la ha visto la puede mirar, porque Ciudadanos es como Los Minions, al servicio del Partido Popular, al servicio de su villano favorito. (Aplausos). Hacen todo, incluso lo que
al Partido Popular le da vergüenza hacer. Siempre al rescate del villano; todo el trabajo sucio, antidemocrático, recentralizador, lo hace Ciudadanos. Y, últimamente, con la educación tienen una fijación especial. Claro, que es una competencia
autonómica justo donde el Partido Popular ha perdido bastantes Gobiernos. Ahora, quieren crear una policía educativa para que Partido Popular pueda controlar desde Madrid lo que no pudo controlar en las urnas autonómicas. Siempre al servicio de su
villano.
Miren, lo que sí que es inmoral es desmantelar la educación pública; es regalar conciertos a diestro y siniestro; es aprobar una ley, como la ley Wert, donde aparece antes la palabra competitividad que la palabra derecho. ¿Eso es de veras
lo que quiere Ciudadanos? ¿Eso es lo que quieren, que la inspección, al final, sea una agencia de colocación para poder tener las escuelas públicas en barracones y para poder mercadear con la educación pública? ¿Eso es lo que quieren? Además, no
tienen de qué preocuparse, el Partido Popular ya torpedea bastante las políticas progresistas desde el Tribunal Constitucional. ¡Es que ya lo hacen! Pero ustedes, cómo no, al servicio de su villano favorito, el Partido Popular; a regalar gobiernos
cuando toca, a aprobar presupuestos generales cuando toca, y a crear policía educativa cuando toca. Tenemos profesionales fantásticos en la inspección y en la educación, y todo nuestro profesorado es muy bueno. Así que dejen de salvar al Partido
Popular, porque este villano se las apaña bien solito.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: ¡Guau, Albert, guau! Yo pensaba que era una buena noticia que hubiesen extirpado al señor Cantó de los temas educativos, pero el señor Cantó de los 'memes' hace discursos, pero lo de usted es mucho más grave,
porque usted viene aquí a mentir. (El señor Rivera Díaz muestra un ejemplar de la Constitución española de 1978). Sí, bueno, entre otras cosas, porque usted es hijo del sistema educativo catalán; una cosa que pone de manifiesto el fracaso del
sistema educativo catalán en su voluntad de adoctrinar. (Aplausos). Usted, la señora Montserrat, el señor Roldán, todos son hijos del sistema educativo catalán y todos, todos, gracias a la voluntad del sistema educativo catalán de crear ciudadanos
libres y críticos vienen aquí. Cuando quieran, les puedo contar la diferencia entre los Països Catalans y los territorios de llengua catalana. Cuando quieran, se la cuento. (Aplausos).
Señoría, usted se ha erigido esta semana como defensor del Estatut d'Autonomia de Catalunya, y yo me pregunto: ¿Usted se lo ha leído? ¿Usted se ha leído el artículo 131 del Estatut d'Autonomia de Catalunya, donde se dice que la inspección
es competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya? ¿Usted se lo ha leído? ¡Usted no se lo ha leído! (Aplausos). Su partido nació con la voluntad de terminar con un sistema educativo muy concreto que tiene más de cien años de historia, que
se inspiró en el modelo de María Montessori y que se construyó con la ayuda de pedagogos como Rosa María Sensat, el señor Triadú y tantos otros que ustedes hoy quieren anular. Señor Rivera, míreme a los ojos. Señor Rivera, usted tiene la
caradura... (El señor Rivera Díaz muestra de nuevo la fotografía en la que se ven esteladas al lado de una escuela). He visto esta foto tres veces. Míreme a mí a los ojos. ¿Usted tiene la caradura de decir que el sistema catalán adoctrina en el
pensamiento y en la ideología cuando usted es hijo de ese sistema educativo? (Aplausos). Esa es la respuesta. ¿El señor Roldán se atreve a decir que el sistema catalán adoctrina cuando él es hijo del sistema educativo catalán? Dígame una cosa.
Háganse un favor...
La señora PRESIDENTA: Señor Miquel.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Voy terminando, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría. Tiene que terminar porque ha excedido mucho su tiempo.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: ... y a los portavoces de educación de su partido... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Aguirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes. Señoras y señores diputados del Grupo Ciudadanos, señor Rivera, ustedes están encantados de haber reaparecido en política, de ser los llamados a salvar a España, los enviados para rescatar la sanidad española de la inequidad,
de la abominable desigualdad fiscal que inflingen vascos -también navarros, por supuesto-, y para rescatar los sacrosantos valores de la educación nacional española de las pérfidas manos de autonomías como Euskadi o Cataluña y volverla a depositar
bajo el manto del Estado, de ese Estado único, indivisible, centralizado, con el que ustedes sueñan todos los días, un Estado en el que sobran las naciones diferentes a la española, incluso las lenguas, y por supuesto las peligrosas identidades no
españolas. Están ustedes obsesionados, señor Rivera. (El señor Rivera Díaz: ¡Mucho!-Muestra un gráfico). Usted, que tanto apela a la Constitución, el jueves tiene oportunidad de votar algo que dice la Constitución que nos corresponde, que es la
Ley del cupo. (Aplausos).
Por todo ello, proponen ustedes la aprobación de una proposición de ley para la creación de una agencia independiente que asuma las funciones de la Alta Inspección Educativa. La agencia de la alta inspección sería tan independiente que
estaría adscrita al Ministerio de Educación. Muy independiente, seguramente. Esto forma parte de su ADN como partido: establecer mecanismos de control. Ustedes solo quieren mecanismos de control, sobre todo que potencien la Administración del
Estado y subyuguen a las comunidades autónomas, o por lo menos a algunas, que todos sabemos cuáles son.
La proposición de ley que presentan ustedes dice que, dado el reparto competencial operado por el denominado bloque constitucional, atribuye al Estado la competencia de la alta inspección para alcanzar
el objetivo constitucional de garantizar el cumplimiento de la obligación de los poderes públicos en esta materia, es decir, en el derecho a la educación. Ustedes plantean una perversión de lo que de por sí dicen porque nosotros sabemos lo
que es velar por los derechos y la educación, pero lo que ustedes pretenden es otra cosa. La coyuntura evidentemente no pasa por casualidad y la situación que estamos viviendo y que hemos vivido en Cataluña para ustedes ha sido idónea para vender
que en las aulas, como en el propio sistema educativo, se hace proselitismo, se inculcan determinadas ideas, etcétera. Lo que ustedes están haciendo ahora es puramente electoral y la verdad es que zumbar a Cataluña es barra libre, y cuando ocurre
esto tiene una especie de subidón, y ya son varias veces en esta tribuna, sea por medio de mociones, sea por medio de otra serie de cuestiones, sea en sanidad, sea en educación, y con el tema de la fiscalidad con Euskadi. Esos tres son vuestros
estandartes y con ello funcionan ya vemos cómo, y al final no consiguen el apoyo ni de los que ustedes piensan que son los que les apoyan.
En cualquier caso, el objetivo este de recentralizar es clarísimo. Más que orientada a la mejora de la convivencia, su proposición va dirigida a llevar a efecto un proceso puro y duro de recentralización y uniformización de la enseñanza y
del sistema educativo en general. En Euskadi somos competentes en materia educativa. Las comunidades autónomas han asumido las competencias en materia de educación, y en lo que se refiere a la comunidad autónoma de Euskadi se ha ido construyendo
un sistema educativo propio basándose precisamente en el desarrollo de dichas competencias otorgadas por el Estatuto de Autonomía de Gernika. De manera que la educación y la formación de las personas se materializa a través de las competencias
exclusivas de todas las políticas educativas y culturales, integrando todas las dimensiones de la formación, enseñanza en todos sus niveles y formación profesional reglada, ocupacional y continua.
Pero hay una cosa más básica todavía, que es un acuerdo de la comunidad educativa de Euskadi, la que participa en ese proyecto. No es el Gobierno, son los profesores, son los padres, son los sindicatos, son los centros, es la comunidad la
que dice qué tipo de educación queremos para los vascos y las vascas. Ya sé que les molesta mucho que esto sea así, porque a ustedes les encantaría que no lo fuera, les encantaría que ello dependiera del Estado y que no fuera una competencia por la
cual las comunidades autónomas que tienen derecho a ello pudieran decidir qué tipo de educación quieren, qué currículum quieren hacer. Ustedes, que tanto hablan de la ley, respétenla, porque lo que están trayendo aquí ahora es precisamente eso, no
respetar la ley que está en estos momentos en vigor.
La educación es una materia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, lo que implica que, con excepción de aquellos aspectos que sean competencia del Estado... Sí, claro, pero ¿qué es lo que ocurre entonces? Que cada vez se
invaden más competencias. Hay dos vías que se están utilizando por el Estado para invadir esas competencias. Por una parte, reducción del margen competencial mediante la elaboración de disposiciones normativas que se consideran de carácter básico
y por tanto de aplicación obligatoria. Entonces cada vez se ensancha más la capacidad del Estado porque dice que es normativo y cada vez se reduce más el espacio de las comunidades autónomas en esa materia. Y si no es el Gobierno, ya es el
Tribunal Constitucional el encargado de concretar materia por materia la competencia sustantiva que le corresponde al Estado. Por otra parte, por medio de la judicialización de las decisiones. El Gobierno vasco puede tomar decisiones, que se
judicializan y automáticamente ya se resuelven de la manera que todos sabemos.
La proposición de ley que se presenta en el Congreso parece abrir una nueva vía de injerencia sin duda alguna en las competencias que en materia educativa corresponden a las comunidades autónomas. Recentralización y uniformización, eso es
lo que ustedes pretenden con esta proposición de ley. Y luego hablaremos de la que viene después, porque aquí parece un campeonato de ver quién es más en esta materia, y luego ya tenemos otro debate de lo mismo.
Esta proposición -tengo que acabar lleva implícito un cuestionamiento que es algo muy grave, un cuestionamiento de la labor de la inspección educativa que tienen las comunidades autónomas. Ustedes con esto están diciendo que los que
actualmente se dedican a ello no valen para nada y eso es una forma muy grave de menospreciar la labor de las personas, de menospreciar la labor de los centros, de los educadores, de los inspectores autonómicos en estos momentos. Porque se pone en
cuestión su labor, la labor del profesorado, la labor de los equipos directivos y de los centros.
¿Por qué la del Estado, esta nueva que ustedes plantean, va a ser más ecuánime, más diligente, más objetiva que la que es en estos momentos? ¿O acaso lo que pretenden es que sea parte activa de la defensa de lo que políticamente ustedes ya
tienen establecido? A ver si es eso. Es decir, es una policía educativa lo que ustedes pretenden plantear; no una inspección, una policía educativa.
Quiero acabar diciendo que no vamos a aceptar ya tantos recursos en materia educativa como se están planteando, este margen que cada vez se estrecha más para las comunidades y se ensancha más para el Estado. Ya les gustaría a ustedes que
fuera total, y que directamente todo el Estado español tuviera el mismo modelo educativo, las mismas horas, el mismo currículum, los mismos libros de texto y la misma orientación. Por todo ello, señor Rivera, consideramos innecesaria la
incorporación a la legislación de este proyecto-trampa que dice una cosa y esconde otra. Aunque, pensándolo bien, tampoco esconde nada, lo deja todo muy claro.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Alcalá Galiano decía que había que hacer a la nación española nación, ya que no lo era ni lo había sido nunca. Por lo tanto, ustedes tienen de referente al Estado, pero les falta la nación, porque creen que
existe una nación y existen muchas naciones. Eso sí, tienen el Estado.
Votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Diputadas, diputados, presidenta, Demóstenes, político ateniense, al empezar su Primera Filípica decía que si el tema fuese nuevo escucharía en vez de hablar. De hecho, al oír al señor Rivera, esta cita se me ha
cambiado por una de Cicerón: ¿Hasta cuándo abusará de nuestra paciencia? [Risas.-Aplausos del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y del Grupo Parlamentario Mixto (PDeCAT)]. Ya ha visto usted, portavoz del Grupo Socialista, la verdadera
cara de Albert Rivera y de Ciudadanos. Dentro de poco, señores del Partido Popular, me parece que también la conocerán ustedes (El señor Rivera Díaz: La de Puigdemont). Esa es su cara, esa es su cara; es aquella que usa un asunto tan importante
como la educación, con la que tengo puntos de coincidencia con la portavoz de Ciudadanos en la Comisión. En educación tenemos muchos coincidencias, no con el señor Albert Rivera, porque la educación es un pretexto, es un pretexto para hablar de su
libro; es un libro que en Cataluña conocemos desde hace nueve años, pero se presentaba como un libro nuevo en España, recién editado, tenía olor de tinta e incluso el Partido Socialista pactó con ellos pensando que eran regeneracionistas.
¡Regeneracionistas! Pues no, ya lo han visto, no lo eran. Lo único que pretenden es tener un espacio en el espacio político español y, últimamente, se le han subido los humos y quiere tener mucho espacio en el Parlamento español. ¡Ya ven ustedes
el pie que gastan! Se trata de buscar un pretexto, la Constitución como pretexto, aparte de blandir la Constitución -de hecho lo hacía Mao, ¿no?, blandía el Libro rojo; en este caso es el Libro Gordo de Petete- diciendo que él es el único capaz de
interpretarlo. Ustedes, que han estado gobernando muchos años, la verdad es que ¡no sabían qué era la Constitución hasta que llegó Albert Rivera! (El señor Rivera Díaz muestra un ejemplar de la Constitución española). Abran los ojos, abran los
ojos, por fin lo sabrán.
Miren, querer legislar desde el oportunismo político, desde el rencor es malo en general, pero en educación es catastrófico. Según Ciudadanos todas las escuelas son sospechosas, todas; todos los inspectores son sospechosos y, por tanto, ha
de haber un Gran Hermano -Orwell-, un Gran Hermano que los vigile. Recuerden que puede que cada profesor tenga que tener una pequeña televisión que mida qué va a decir y si le parece bien no a la Constitución, sino al señor Albert Rivera.
(Risas.-Aplausos del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana). Supongo que él mismo se propondría como inspector mayor, sería el mejor candidato, sin duda, a esta agencia independiente. Porque el señor Rivera es muy independiente, ya lo ven,
una vez pacta con unos y otra vez pacta con otros, es muy independiente. (Aplausos.-El señor Rivera Díaz: O proponemos al señor Junqueras). Por tanto, ¿quién mejor para presidir esta Comisión? Afortunadamente, como los diputados que estamos aquí
pensamos mucho -y pensamos bien- en educación, le daremos un disgusto al señor Rivera porque, como pensamos en educación, a pesar de que pensamos diferente, no jugamos con la educación (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos:
¡Noooo!), no la convertimos en un experimento para convertir este país en un explosivo. No lo haremos, no se hará.
Tenía aquí unas líneas sobre la inspección, sobre el modelo de inspección educativo, en Cataluña y en el País Vasco. El jueves estuve en Valladolid, en la universidad, y estuve muy bien. Y pensé, después
de hablar con los estudiantes y los profesores, qué bien estaríamos si no hubiese tantos incendiarios y no hubiese tantos catalanófobos (Aplausos), si no se apretase a la gente por ideas espurias solo por sacar algún diputado más, por sacar
algún diputado más. Porque, como saben los que llevan más tiempo, esto es efímero porque lo que sube, baja y yo espero que baje mucho (El señor Rivera Díaz pronuncia palabras que no se perciben), porque las cosas son diferentes a las que la
ambición de uno considera. Se puede proclamar a los cuatro vientos la libertad de enseñanza y crear un sistema de control autoritario. ¿Es posible? Sí. Ciudadanos tiene la marca de fábrica porque la hipocresía es más importante, cuando no
importan los medios para conseguir votos o para salir en algún programa de televisión. Tristes tiempos estos en los que hay que luchar por lo que es evidente. Sí, cuesta luchar por lo que es evidente, pero no cejaremos en ello. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta, buenas tardes a todos y a todas.
Señor Rivera, ¿sabe usted lo que es esto? (Mostrando una tiza blanca). Esto es una tiza, señor Rivera. Con estas tizas nuestros maestros han escrito los mejores cuarenta años de la democracia en nuestro país. (El señor Rivera Díaz
muestra un ejemplar de la Constitución española). ¿Y cómo se lo paga Ciudadanos? Persiguiéndolos, criminalizándolos e intentando imponer una policía política dentro de nuestras aulas. (Aplausos). Señor Rivera, en esta tiza veo la oportunidad de
construir una sociedad más justa y más cohesionada. El señor Rivera aquí lo que ve es un arma de adoctrinamiento, y es que a ustedes les pasa aquello de la ley Campoamor (El señor Rivera Díaz muestra de nuevo la fotocopia de una página de un libro
de texto sobre los países catalanes), esa ley que afirma: 'En este mundo traidor / nada es verdad ni mentira / todo es según del color / del cristal con que se mira'. Y su cristal, el cristal de Ciudadanos, es un cristal, señor Rivera,
profundamente adoctrinado.
No me enseñe sus papelitos que sabemos que usted pinta y colorea muy bien (Risas), y se gastan un gran dinero en ese tipo de mensajes aquí. (Aplausos). Ustedes lo que presentan hoy aquí es la ley mordaza contra la escuela catalana. Eso es
lo que presenta Ciudadanos. Acabar con la precariedad del profesorado, rebajar las ratios dentro del aula, el necesario blindaje de la escuela inclusiva para garantizar la equidad, doblar la financiación del sistema educativo revirtiendo los
recortes ideológicos del PP o mejorar las instalaciones eliminando los barracones, contra eso ustedes son incapaces de traer a este Congreso ni una sola de nuestras propuestas. Visite, señor Rivera, por una vez en su vida, una escuela pública en
España y vea cuál es la realidad que viven nuestros centros educativos, porque ustedes lo que hacen es el trabajo sucio del Partido Popular. Invisten al presidente más corrupto de Europa, se inventan mentiras sobre adoctrinamiento y traen unas
propuestas que, por exageradas, dejan encentradas a las propuestas del Partido Popular. Ustedes son irresponsables y están claramente utilizando sus bulos contra el adoctrinamiento como eje central de su campaña electoral en Cataluña. El otro día,
la señora Arrimadas decía que quería ser la presidenta de todos los catalanes, independentistas y no independentistas. ¡Pues vaya presidenta, que viene a insultar a los catalanes y a llamarnos adoctrinados! (Aplausos). Eso es lo que ustedes, señor
Rivera, están haciendo. Presentan -fíjense- una propuesta que lo único que persigue es recentralizar el modelo educativo y, además, con un coste económico que hemos calculado en más de 3 millones de euros; 600 000 euros en sueldos para altos
cargos, eso es lo que propone Ciudadanos. (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos: ¡Uuuhhhh!). Los que venían a eliminar las diputaciones y los consejos comarcales proponen una nueva institución que cueste 3 millones de euros
cada año. ¿Sabe usted, señor Rivera, cuántas becas comedor podríamos garantizar con 3 millones de euros, cuántas becas de acceso a la universidad, cuántos programas de inclusión educativa, cuántas ayudas en libros de texto y material escolar? ¿De
verdad, señor Rivera, en un momento donde muchos compañeros profesores han tenido que pagar de su bolsillo el desayuno de los alumnos o las excursiones de los alumnos porque las familias no llegan a final de mes usted plantea una agencia que nos
cuesta 3 millones de euros? ¿De verdad, señor Rivera, tienen ustedes esa poca vergüenza política? (El señor Rivera Díaz pronuncia palabras que no se perciben). ¿Quieren ustedes acabar, de verdad, con el adoctrinamiento en nuestro sistema
educativo? Ayúdennos.
Sobre los libros de texto, le voy a leer una cita textual de un libro de texto de tercero de la ESO que dice: Estudios científicos ponen de manifiesto que la homosexualidad y la heterosexualidad no son equiparables desde el punto de vista
de la salud. O aquel que dice que Machado se fue de España y que
Lorca se murió. Contra eso, ustedes no dicen ni mu. (El señor Rivera Díaz hace gestos negativos y se da varios golpecitos en la mejilla.-Aplausos). Se callan y aceptan esos adoctrinamientos en nuestro sistema educativo, porque a usted no
le interesa eso, lo que a usted le interesa, señor Rivera, es venir aquí a hacer campaña electoral en Cataluña. Si usted quiere hacer campaña, páguela con el dinero de su partido, no lo pague con lo que cuesta una sesión de este Congreso de los
Diputados.
Miren, si de verdad quieren ustedes acabar con el adoctrinamiento en las escuelas, ayúdennos, señor Rivera, a acabar con los millones de euros públicos que van a pagar el adoctrinamiento de las cincuenta y nueve escuelas del Opus Dei que hay
todavía en España. (Aplausos); contra esos privilegios ustedes se callan y aprueban los presupuestos del Partido Popular. (Aplausos).
Estos días he hecho un ejercicio -hemos venido aquí a hablar tanto sobre el modelo educativo catalán que ya no sabría qué más decirle, si que usted no se había enterado- y he preguntado a la gente por las redes sociales. Blanca Rovira me
dice: En 2006 solo un 14,9% de los catalanes se declaraba independentista y en 2013, se triplicó. -Mariano Rajoy llegó al poder en 2012-. ¿La subida del independentismo es causada por el adoctrinamiento de los críos que todavía no pueden votar o
por su socio, M. Rajoy? Nos dice Angels Pérez: Recuérdales aquello de: Hay gente a quien no le gusta que se hable, se escriba o se piense en catalán. Es la misma gente a quien no le gusta que se hable, se escriba o se piense. (Aplausos). Eso
es lo que les pasa a ustedes.
Quiero ir acabando, señor Rivera, señores del PP y Ciudadanos. Políticamente ustedes son unos cínicos -permítanme que se lo diga así-. Estamos trabajando en el marco de la subcomisión parlamentaria del Pacto de Educación, un posible pacto
de Estado. Será difícil, será muy laborioso, tendremos y estamos teniendo mucho trabajo; no sé si a partir de ahora, señor Rivera, usted que sabe tanto de educación, vendrá a las sesiones de trabajo del Pacto de Educación, porque para venir a esta
tribuna y hablar de educación, señor Rivera, hay que saber de educación, hay que saber de lo que se habla. (El señor Rivera Díaz pronuncia palabras que no se perciben, al tiempo que muestra de nuevo la fotocopia con el mapa de los países
catalanes.-Aplausos). Díganlo ustedes claro: No quieren ningún pacto de Estado, ustedes solo pretenden un trágala que no van a obtener. Si de verdad quisieran un pacto de Estado, Ciudadanos retiraría esta proposición de ley y el PP retiraría su
PNL, porque parecen ustedes [gorrinos] 1 peleando en una charca de barro (Rumores) por algo tan miserable como las mentiras sobre el adoctrinamiento.
Acabo. Ya no sé cómo decírselo, ¿en castellano, en catalán? Si quiere, señor Rivera, se lo digo hasta de rodillas: Dejen de utilizar la educación como arma política arrojadiza. Los representantes políticos tenemos que ser responsables.
Somos ciudadanos, no somos seres idiotizados, fácilmente adoctrinables. Decía Ana Frank -imagínense si con ella no lo intentaron-: 'La formación final del carácter de una persona reside en sus propias manos'. Pues eso, dejen de intentar asustar y
controlar a quien lo único que tiene como arma es esta tiza (Mostrando una tiza blanca otra vez) -esta es la única arma- y trabajen, señor Rivera, para que la educación sea un elemento de igualdad de oportunidades y un auténtico derecho para todos
los ciudadanos, porque hoy, por desgracia, todavía no lo es. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Le voy a pedir al señor Mena Arca que retire del Diario de Sesiones la palabra que ha dicho: [gorrinos]1. (Risas).
El señor MENA ARCA: No, señora Rivera... ¡Ay, perdón! (Risas.-La señora Rodríguez Hernández, doña Melisa: ¡Es obsesión!). Señora Pastor, disculpe. Yo...
La señora PRESIDENTA: Señor Mena, no tiene usted la palabra todavía. Se la daré ahora, a continuación, pero usted todavía no tiene la palabra. (Un señor diputado: Un respeto).
El apellido de la Presidencia es Pastor y, por lo tanto, cuando se refiera a la Presidencia me puede llamar por mi apellido, por mi nombre, por mi nombre completo o por presidenta. Pero lo que le pido es que retire la expresión que entiendo
que, por cortesía parlamentaria y conforme al respeto que nos tenemos todos, hay que retirar del Diario de Sesiones. ¿Sabe por qué? Porque desde aquí tenemos que dar ejemplo. Precisamente en un debate educativo tenemos que dar ejemplo a todos los
ciudadanos y especialmente a los más jóvenes.
Ahora sí le doy la palabra. ¿Retira el señor Mena esa expresión?
1 Palabra retirada del Diario de Sesiones de conformidad con los artículos 103.1 y 104.3 del Reglamento de la Cámara.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta.
Primero, quiero pedirle disculpas. Me he confundido en su apellido. Yo sé que usted es la señora Ana Pastor y presidenta de esta Cámara. Segundo elemento, yo no he llamado a nadie [gorrino] 2. Me gustaría que repasaran el Diario de
Sesiones. Yo he utilizado una metáfora, y la lengua española es muy rica. He dicho que son 'como'. No estoy insultando a nadie y creo que es...
La señora PRESIDENTA: Señor Mena, no le he pedido explicaciones. Solamente le he pedido que me diga usted si la retira o no la retira.
El señor MENA ARCA: No la retiro porque entiendo que era una metáfora. (El señor Cantó García del Moral: ¡Maleducado!).
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Pues la señora presidenta retirará la expresión del Diario de Sesiones. Muchas gracias.
Continuamos. (Rumores).
Señorías, les ruego silencio. Les ruego silencio.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Alós López.
La señora ALÓS LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Señor Mena, para ser usted profesor tiene bastante mala educación. (El señor Cantó García del Moral: Sí).
Señorías, nos encontramos de nuevo debatiendo sobre la Alta Inspección Educativa y nada menos que sobre la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el Grupo Ciudadanos para crear una agencia de la alta inspección.
Todos sabemos que se está trabajando en la subcomisión del Pacto por la educación, donde se intentará consensuar durante los próximos meses un informe que posibilite la reforma legislativa definitiva para la educación en nuestro país. Por eso,
señorías de Ciudadanos, señor Rivera, no creemos que este sea el mejor camino para alcanzar acuerdos, y sin acuerdos no mejoraremos nada. Están demostrando ustedes en las últimas semanas que el oportunismo político está muy por encima de su
voluntad de acuerdos. Comenzaron con una interpelación al señor ministro de Educación en la que poco les faltó para responsabilizarle de los graves casos de acoso que habían sufrido alumnos en algunas aulas catalanas los días posteriores al 1 de
octubre. A la semana siguiente presentaron para su aprobación una moción en la que planteaban la reforma del marco normativo de la alta inspección. Nuestro grupo intentó negociar con ustedes una enmienda que mejoraba técnicamente su texto y
reforzaba de forma importante su propuesta, porque en el fondo de la moción estábamos de acuerdo, y no quisieron ni sentarse a hablar. Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, como ya le recordó mi compañera, no apoyaban las medidas con
similares objetivos que proponía el Partido Popular. Al día siguiente presentaron esta proposición de ley para crear una agencia de la alta inspección, por cierto, sin haber hecho una sola mención a ella en la moción que se había debatido el día
anterior. Señor Rivera, ustedes quieren dar a entender que son los únicos que quieren proteger los derechos y libertades de los alumnos en este país, y en concreto de los catalanes, y asistimos a una sobreactuación medida, deliberada e interesada,
porque ustedes solo buscan el rédito electoral.
Nosotros hoy también traemos a debate una proposición no de ley sobre la alta inspección, pero es una propuesta para que se estudie y acuerde en el seno del Pacto por la educación; esa es la diferencia. La improvisación de su proposición
de la que hablaba no es una impresión infundada, sino que tras una lectura de la misma se puede comprobar que su articulado solo se ocupa de crear la agencia, como ustedes le llaman. Las funciones y competencias que le asignan o ya están
contempladas en la ley o algunas atribuciones no serían efectivas por la necesaria reforma del marco competencial de las comunidades autónomas y su imprescindible acuerdo.
En cuanto a la protección de los denunciantes, tal y como lo plantean implica una injerencia en la independencia del ministerio fiscal inadmisible. Porque sí, podría la agencia dirigirse al ministerio fiscal para interesar su actuación como
plantean, ya lo hace ahora la alta inspección, pero sería este el que resolvería lo procedente conforme al principio de legalidad. Redactan esta proposición de ley con la justificación de la falta de independencia de la alta inspección y afirman
que la independencia de la misma será la de sus altos cargos, pero nada garantiza en su proposición la independencia de las personas que serán elegidas que, por cierto, pueden no ser ni funcionarios ni inspectores. ¿Acaso no se fían de ellos?
2 Palabra retirada del Diario de Sesiones de conformidad con los artículos 103.1 y 104.3 del Reglamento de la Cámara.
Es decir, implícitamente están dando por hecho que la alta inspección no es independiente y que es el Gobierno el que no la ha dejado actuar. Pues como ya les dijo el ministro en su interpelación, el ministerio a través de la alta
inspección ha actuado y actuará siempre con toda la contundencia que la ley permite, exigiendo responsabilidades y protegiendo a las víctimas de acoso. Es lo que se ha hecho, y será la justicia la que sentenciará contra los que hayan vulnerado los
derechos de los menores.
Pero nuestro grupo niega la mayor, señorías, la Alta Inspección del Estado actúa con absoluta independencia, con criterios objetivos de legalidad, evitando cualquier tipo de oportunismo y distracción política, eso sí, dentro de las funciones
y competencias que le otorga la ley, que son limitadas y por eso nosotros proponemos desarrollarlas. Es la inspección educativa de alguna comunidad autónoma, como la de Cataluña, donde no se ha actuado con independencia. Señor Rivera, yo le
pregunto: En el Parlamento catalán, donde ustedes llevan ya más de diez años, ¿han propuesto en alguna ocasión una agencia para la inspección educativa que garantice su neutralidad e independencia? Porque allí ya hemos comprobado cómo no se ha
protegido a los menores, no se han vigilado los libros de texto, no se han atendido los requerimientos de la alta inspección y cuando alguno de los inspectores se atrevía a denunciar el adoctrinamiento en las aulas rápidamente se le abría un
expediente por el Gobierno de la Generalitat. Por cierto, expediente que el ministro, dentro de las competencias que de forma transitoria tiene, ya ha archivado.
El problema, señorías, es la falta de lealtad de algunas comunidades autónomas, de algunos Gobiernos autonómicos, porque otros han desarrollado sus competencias con absoluta lealtad a lo largo de los años. En el desempeño de sus
competencias de Educación han abusado de la confianza que se les otorgó como parte del Estado que son. Porque sí, señorías, ha habido adoctrinamiento en las aulas catalanas, como ya se ha descrito en los últimos debates de estas semanas, empieza a
haber denuncias también ya, por cierto, en Baleares y en Valencia. Se han mermado los derechos lingüísticos de niños que querían aprender en español, tal y como se ha demostrado con las sentencias judiciales, y también se ha tergiversado la
historia y manipulado la geografía en los libros de texto en Cataluña.
Sí, se ha falseado la historia y no puedo hablar de esto y dejar de decirles a ustedes, como aragonesa, a los grupos independentistas que han gobernado en Cataluña, que nunca, nunca existió la corona catalanoaragonesa, como ustedes les
cuentan a los alumnos en sus libros de texto. (Aplausos). Solo existió el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona y, tras el matrimonio de doña Petronila, hija del rey de Aragón, con el Conde de Barcelona, siguió siendo Reino de Aragón, y fue su
hijo el que formó la Corona de Aragón. De igual manera les diré que nunca las comarcas de la provincia de Huesca, Ribagorza y Sobrarbe, han sido condados catalanes como figuran en sus libros de geografía de Segundo de la ESO. En Aragón, señorías,
ya estamos un poco hartos de que se apropien de lo que no les corresponde. (Aplausos).
Señorías, visiten el Museo Arqueológico Nacional, que celebra su 150.º aniversario. Comprobarán que a lo largo de la historia de España, desde la prehistoria hasta nuestros días, Cataluña como tal nunca fue ni un reino ni una corona ni un
país independiente, por mucho que se empeñen. (Rumores). Cataluña fue parte de la Corona Aragonesa y desde ella los catalanes contribuyeron a la construcción de un gran Estado llamado España. Estoy orgullosa de esa herencia. Siento orgullo de
mis vecinos catalanes que durante siglos fortalecieron España; esa es la verdadera historia y reinventarla es traicionar a su propio pueblo.
Señorías de Ciudadanos, señor Rivera, con esta proposición de ley no se resuelven estor problemas. ¿Necesitamos desarrollar las funciones de la alta inspección? Sí, totalmente de acuerdo, pero no creemos que la solución sea la creación de
una agencia.
Respecto al Consejo Escolar del Estado, varios comparecientes en el seno de la subcomisión han propuesto repensar la función de la inspección de educación y la alta inspección. Eso sí, ninguno ha propuesto crear una agencia para ello, señor
Rivera. En las reuniones de la subcomisión ya se ha acordado tratar este tema como uno de los puntos importantes del pacto.
Señorías, señor Rivera, creemos que es una irresponsabilidad llevar adelante esta proposición de ley fuera de la subcomisión si de verdad queremos que exista el Pacto por la educación. Pero, en todo caso, hoy vamos a votar a favor de la
toma en consideración de esta proposición de ley, pero solo con la esperanza de que, mientras se lleva a cabo su tramitación, lleguemos a un acuerdo en la subcomisión del Pacto por la educación y asuman el resultado de la misma para incorporarlo a
esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN DEL
MINISTERIO FISCAL. (Número de expediente 122/000129).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del ministerio fiscal.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Moro Almaraz.
La señora MORO ALMARAZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
Permítanme que, antes de abordar el objeto de mi intervención, haga aquí un sincero reconocimiento a la persona del doctor magistrado y fiscal, José Manuel Maza. (Aplausos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo
Parlamentario Ciudadanos). El fiscal general del Estado, fallecido este fin de semana, es y ha sido un jurista con mayúsculas, estudioso, entusiasta e incansable, ávido de saber para ser útil, sin concesiones a concluir nunca con el aprendizaje,
porque jurista es quien cultiva el derecho sin desapegarse de la vida, de las necesidades y de los conflictos a los que hay que allegar soluciones. Nuestro respeto y consideración como persona, jurista y servidor público.
Señorías, la proposición de ley que presenta nuestro grupo, y que en su nombre defiendo, es muy simple, muy concreta y con objetivos muy claros: hacer compatible la llamada digitalización de la justicia con la adecuación de los múltiples
pasos necesarios a la realidad de la que se parte en cada caso, de las actuaciones que hay que acometer, y de las garantías que son precisas en cada momento para que así concurran las condiciones de agilidad y seguridad jurídica necesarias para su
implementación.
El objeto de la modificación que proponemos supone contar con un poco más de tiempo para desarrollar los instrumentos necesarios y para desarrollar con éxito y seguridad la denominada fiscalía digital. La Ley 42/2015 introdujo una
modificación, como sus señorías saben, a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, y estableció la efectividad de los actos de comunicación realizados al Ministerio Fiscal desde el día siguiente hábil a la fecha de recepción que consta en la
diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya realizado con los requisitos que establece el artículo que fue modificado en aquella ley, 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que se refiere a una
nueva metodología o nuevo protocolo de actos electrónicos. Sobre esa base, se ha establecido un régimen de los actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos o similares. Sin embargo, las previsiones sobre la eficacia de las
notificaciones y comunicaciones parten de la circunstancia de que conste la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios, lo que igualmente debe implicar la correcta y verificable remisión de los escritos, documentos y alegaciones
correspondientes. En su momento, en aquella tramitación, por medio de una enmienda del Senado, la Fiscalía General del Estado puso de manifiesto la necesidad de una prórroga a la entrada -más o menos inmediata- en vigor de todas y cada una de las
partes de esta modificación legal hasta el 1 de enero de 2018. El tiempo transcurrido desde entonces ha evidenciado que las singularidades que ya se pusieron de manifiesto por la Fiscalía General del Estado respecto al ministerio fiscal en la
tramitación, estudio, adopción y toma de decisiones en los procedimientos en los que interviene el fiscal, así como las singularidades de la Oficina Fiscal derivadas del despliegue en territorios con diferentes sistemas de gestión procesal y
comunicación, justificaban entonces una prórroga y justifican ahora que demandemos -y este es el objeto esencial de la propuesta de modificación legal- la prórroga de esa medida que se diseñó -ahora también- con carácter transitorio y por la
justificación de una correcta implantación tecnológica. Sobre esa base, se propone efectuar la modificación técnica en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2015 en relación con esos actos de comunicación al ministerio fiscal para que el
plazo del artículo 151.2, modificado por esa disposición, se mantenga por el momento en diez días naturales.
En el marco del proyecto de transformación digital de la justicia, una pieza importante es, sin duda, la digitalización de las fiscalías, simplificando con estos términos lo que encierran en sí mismos. Es la última fase, el último eslabón
que permitirá cerrar al Ministerio de Justicia el cumplimiento de la Ley 18/2011 en el llamado territorio ministerio, ley que -recordemos- insta a las administraciones con competencias en justicia a disponer de las herramientas tecnológicas para que
juzgados y fiscalías hagan una tramitación electrónica. Recordemos que en el ámbito de la Oficina Judicial se ha logrado ya desde la entrada en vigor de aquella ley la implantación generalizada de las comunicaciones electrónicas, que ha permitido
desde
el 1 de enero de 2016 que se hayan remitido más de 150 millones de mensajes electrónicamente entre juzgados y profesionales. Y se ha logrado también que el 91% de los órganos unipersonales, el cien por cien de las audiencias provinciales y
el cien por cien también de los tribunales superiores de Justicia del territorio ministerio, trabajen en digital.
En las fiscalías se busca igualmente dar una respuesta integral a la introducción de las tecnologías para los procesos que tienen lugar en las oficinas y en el trabajo de los fiscales, una solución que se empezó a desarrollar en 2016 por el
Ministerio de Justicia a instancias de la Fiscalía General del Estado, que es quien está determinando los requisitos que han de cumplir estas aplicaciones. Mediante este programa de fiscalía digital se pretende que las fiscalías dispongan de una
tramitación electrónica durante todo el ciclo de vida del asunto y el intercambio de información con los órganos judiciales, reduciendo de esta forma el número de aplicaciones con las que trabajan diariamente. Se reciben electrónicamente
notificaciones, se elaboran dictámenes, se firma con firma digital y se visualizan los expedientes a través del correspondiente visor. La implantación de este programa de fiscalía digital se ha iniciado en 2017 con una serie de programas piloto,
entre otros sitios en Valladolid y en Badajoz, y se ha aprobado un plan con la Fiscalía General del Estado para llevar progresivamente y sin solución de continuidad ese plan a todas las fiscalías del territorio ministerio y a todas aquellas
comunidades autónomas que muestren interés en adoptarlo.
Además, desde el momento en que se ha contado con medios económicos para ello, se está dotando de todos los medios materiales más adecuados para que los fiscales puedan trabajar tanto en despacho como en movilidad de acuerdo con este
proyecto. Por esa razón, la extensión del plazo que les proponemos para la entrada en vigor de la disposición relativa a los plazos de comunicaciones conforme a la Ley 42/2015 se hace necesaria en tanto en cuanto es preciso culminar este plan de
implantación, así como la adaptación de los procedimientos y estructuras organizativas para garantizar que las fiscalías puedan realizar su labor de manera eficaz. Se puede decir perfectamente que además lo hacemos habiendo escuchado las demandas
de las distintas fiscalías y de los fiscales. Hay que impulsar este proyecto, que no puede detenerse, de modernización, actualización y digitalización de la justicia en España, pero también hay que saber decir en qué momento algunas de esas fases o
pasos tienen que hacerse más amplios, tienen que hacerse con mayores garantías y tienen que hacerse escuchando a los profesionales.
Como ven, señorías, presentamos aquí una propuesta con la petición de que su tramitación se haga en lectura única. Como los cánones de este trámite de lectura única señalan, el objetivo es claro y concreto, el alcance de modificación de la
norma y la norma modificada son muy precisos y delimitados, la extensión del texto la pueden comprobar todos ustedes y, además, existe una necesidad que nos acecha el 1 de enero de 2018 y que aconseja que la agilización de la tramitación legislativa
se realice, se haga con este trámite y se realice, como se ha hecho, con la colaboración de los grupos. En este caso, quiero agradecer desde esta tribuna en particular al Grupo Parlamentario Socialista, pero espero contar con el apoyo de todos
-verbalmente algunos ya me lo han señalad, como es el caso de Ciudadanos- porque entienden la necesidad y la petición de las fiscalías. Por lo tanto, pido a todos los demás grupos que se sumen a esta aprobación. Sin duda la justicia lo agradecerá,
el impulso y el desarrollo del plan de modernización será más claro, se podrá hacer en el tiempo debido y con los medios que necesita el trabajo de nuestras fiscalías.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Permítanme que mis primeras palabras también sean para expresar en nombre de mi partido la tristeza por el repentino fallecimiento del fiscal general, José Manuel Maza, sin duda un gran hombre de Estado y un acreditado servidor público cuya
tarea Foro respaldó con su voto aquí en el Pleno del Congreso el pasado mes de mayo. Nos unimos a la consternación de su familia, amigos y compañeros. (Aplausos).
Señorías, en síntesis, lo que se promueve con esta toma en consideración es ampliar la vigencia de una medida que atiende las singularidades del ministerio fiscal en la tramitación, estudio, adopción y toma de decisiones en los
procedimientos en los que interviene, así como las singularidades de la Oficina Fiscal derivadas de su despliegue en territorios con diferentes sistemas de gestión procesal y de comunicación. ¿Por qué es imprescindible esta medida? Porque se ha
venido abajo el calendario de implantación de la
fiscalía digital, ha hecho agua. Mi voto será favorable, pero es oportuno referirse a la exasperante lentitud en el proceso de modernización y agilización de los procedimientos judiciales, lo que vuelve a acreditarse apenas dos años después
de ser aprobada la Ley de Enjuiciamiento Civil que incidió singularmente en el funcionamiento de la justicia y en la digitalización de los procedimientos y los trámites a través de lo que se ha dado en llamar papel cero.
La cuestión de fondo es que, a estas alturas, no es posible ocultar que avanza a trompicones el Plan de Fiscalía Digital, que fue gestado para modernizar y digitalizar por completo los procesos que tienen lugar en la fiscalía, desde la
recepción de notificaciones hasta las comunicaciones con los jueces. Se han detectado fallos y anomalías en el desarrollo de algunas de las aplicaciones y se queda muy corto el periodo de excepción en relación con los actos de comunicación al
ministerio fiscal. Este periodo concluye el 1 de enero de 2018, es decir, dentro de siete semanas solamente, pero es que las experiencias de los proyectos piloto de fiscalía digital implantadas en Valladolid y Badajoz ya han puesto de manifiesto
muchas lagunas. El propio Consejo Fiscal, en su reunión el pasado 25 de octubre, acordó por unanimidad la exigencia al Ministerio de Justicia de la inmediata paralización del plan de implantación establecido. No quisiera dejar de reseñar que
también en Asturias llevamos un retraso acumulado insostenible y penalizado sobre todo por la pasividad del Gobierno autonómico de Javier Fernández. La fiscalía ni siquiera tiene conexión a LexNet, pese a que los programas de gestión procesal son
los mismos que los del territorio ministerio.
Finalmente, siendo conscientes de la enorme complejidad de gestionar procedimientos que, como decía la diputada del Grupo Popular, generan normalmente cientos de millones de notificaciones, actos y comunicaciones electrónicas, creemos que es
un severo problema el de la justicia digital que urge atajar.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.
También quiero dedicar mis primeras palabras a los diez presos políticos que hoy se encuentran en cárceles de Madrid cumpliendo una prisión preventiva de forma completamente abusiva e injusta. Por tanto, les dedico estas palabras y les digo
que no pararemos hasta que les tengamos de vuelta en casa. (Aplausos).
El Partit Demòcrata no va a dar apoyo a esta proposición de ley y tampoco se va a oponer. Es una muestra más de la mala técnica procedimental en la implementación necesaria de la modernización de la justicia, de su digitalización, y ahora
topa con las deficiencias en la comunicación con la fiscalía. Era obvio que un proceso de semejante magnitud requería tiempo, requería esfuerzo, requería dedicación, y no estamos más que de forma recurrente y sucesiva asistiendo a enormes chapuzas,
la última es la más reconocida; de hecho, hemos preguntado al ministro de Justicia si es cierto lo que apareció en prensa de unas filtraciones de unos documentos, digamos que sensibles, de causas judiciales, con descargas improcedentes y del todo
abusivas realizadas por profesionales a través de la plataforma LexNet.
No nos gusta la forma en que se está procediendo a esta digitalización. Se está siendo poco cauteloso. Aquí tenemos una muestra más de que hay que hacer una prórroga, porque no se da abasto para poder cumplir los plazos previstos en la
legislación vigente. Por tanto, nos mantendremos al margen de esta tramitación, en el sentido de dar apoyo a la misma, aunque tampoco vamos a oponernos a ella. La plataforma LexNet y la digitalización en la justicia española no está siendo ejemplo
de buen hacer.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quisiera decir que nos adherirnos a las condolencias que ya se han manifestado por la súbita e inesperada muerte del fiscal general del Estado.
Con respecto al tema que nos ocupa, quisiera manifestar que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los actos procesales de comunicación, que son notificaciones, emplazamientos, citaciones, etcétera, tanto al ministerio fiscal como a la
Abogacía del Estado, a los letrados de esta Cámara o de asambleas legislativas de comunidades autónomas, a los servicios jurídicos de la Seguridad Social, a las
administraciones públicas de las comunidades autónomas y entes locales y a los colegios de procuradores, se tendrán por realizados al día siguiente hábil de la fecha de recepción que conste en la diligencia o resguardo acreditativo de su
recepción cuando se haya realizado la comunicación por medios electrónicos, informáticos o similares. Es a partir de ese día siguiente hábil cuando empiezan a correr los plazos señalados para que el que recibe la comunicación actúe en el proceso,
bien personándose, compareciendo y actuando en lugar, fecha y hora, o para dar cumplimiento a una conducta impuesta por un tribunal o juzgado, etcétera.
Por su parte, desde el 1 de enero de 2016, la Ley 42/15, que modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil en diversos apartados, en su transitoria cuarta estableció que los actos de comunicación al ministerio fiscal por medios telemáticos no se
tendrían por realizados al día siguiente hábil de su recepción, sino al de diez días naturales; y esto sería así hasta el 1 de enero de 2018. Es decir, al ministerio fiscal se le da hasta enero de 2018 un trato privilegiado respecto a la Abogacía
del Estado, a los letrados de esta Cámara y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, servicios jurídicos de la Seguridad Social, administraciones públicas de las comunidades autónomas y entes locales y colegios de procuradores, ya
que para todos estos últimos, desde el 1 de enero de 2016, los actos de comunicación procesal por medios telemáticos -como ya he dicho- se tienen por realizados al día siguiente hábil de su constancia. Es decir, diez días naturales frente al día
siguiente hábil, y así hasta el 1 de enero de 2018, frente a la fecha 1 de enero de 2016 que rige para el resto de los operadores jurídicos distintos de la fiscalía.
La razón de este trato distinto a la fiscalía no la encontraremos en la exposición de motivos de la ley que introduce este distinto trato. Tenemos que irnos al informe del Consejo Fiscal, al borrador del Real Decreto 1065/15, sobre
comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y a la memoria de la fiscalía correspondiente al año 2015 elaborada en el año 2016. En el primero, el informe del Consejo Fiscal al borrador del real decreto citado, se
dice que los cambios propuestos, es decir, que el efecto de las comunicaciones telemáticas sea al día siguiente hábil, afectan al ejercicio de sus funciones y exige que la fiscalía aborde importantes reformas organizativas que garanticen una
adecuada gestión de los plazos procesales, dada la necesaria distribución de los servicios entre los fiscales y los volúmenes de trabajo que -dicen- son difíciles de gestionar en ciertos momentos procesales y que, por ello, -decimos nosotros-
necesitan ese colchón de diez días para darse por notificados frente a un solo día del resto de los mortales.
Por su parte, la memoria de la fiscalía correspondiente al año 2015 se manifiesta en la misma dirección, cuando habla del impacto en la organización del trabajo de la fiscalía y en la adecuada gestión de los tiempos de tramitación y plazos
procesales que supone la implantación inmediata, no ya tanto de los sistemas de telecomunicación, sino de que el inicio del cómputo del plazo sea al día siguiente hábil de haber recibido la notificación. En fin, la fiscalía ha gozado durante dos
años de un sistema distinto para computar los plazos desde que le son comunicados ciertos actos procesales por los tribunales y secretarios judiciales, ahora letrados. La Ley 42/15 le dio dos años para adaptar su sistema de trabajo y organización;
y, ahora, la proposición de ley que nos propone el Grupo Parlamentario Popular sugiere que aprobemos un nuevo plazo de adaptación de otros tres años más. Y nos hacemos las siguientes preguntas: ¿necesita la fiscalía, para adaptar su manera de
trabajar a las comunicaciones telemáticas de actos procesales de que sea objeto, una carencia de cinco años, hasta el 1 de enero de 2021, respecto al resto de operadores jurídicos que tuvieron que hacerlo a la fecha de enero de 2016? Porque el
problema, señorías, consideramos que no está en que no reciban la comunicación de un acto procesal desde un tribunal o letrado por vía telemática, o que lo hagan de manera inadecuada; es decir, sin que quede garantizada la autenticidad de la
comunicación, su contenido íntegro, su emisión y recepción y fechas de ambos, ya que, si es así, la comunicación del acto procesal no sería válida ni empezarían a correr los plazos para la actuación que correspondiera a la fiscalía.
La cuestión es que, habiendo recibido la comunicación del acto procesal de manera telemática -cuando la reciba-, la fiscalía parece reclamar el darse por notificada diez días después y no al siguiente como el resto de operadores jurídicos, y
esto, que venía sucediendo extraordinariamente desde enero de 2016 hasta enero de 2018, se pretende que se amplíe hasta 2021. ¿Y por qué la fiscalía reclama más tiempo que los demás para que empiecen a correr los plazos procesales? ¿Y por qué el
Grupo Parlamentario Popular es el portavoz de las necesidades de la fiscalía en vez del Gobierno a través del Ministerio de Justicia? ¿Y por qué no un proyecto en vez de una proposición? ¿Es que el Ministerio de Justicia no tiene nada que decir en
esta cuestión? ¿Es que vale una explicación como la contenida en la exposición de motivos de esta proposición,
que más juega a la confusión, desde nuestro punto de vista, que a la explicación? Y, por si fuera poco, en tramitación directa y en lectura única?
Señorías -y voy finalizando, presidenta-, no queremos causar perjuicios innecesarios al ministerio fiscal y a su función pública. Por eso, y dadas las fechas en que nos encontramos, votaremos a favor de su toma en consideración, pero en
modo alguno apoyaremos un nuevo periodo de carencia para que trabaje en distintos términos -me refiero a la fiscalía- a los del resto de operadores jurídicos por otros tres nuevos años. Necesitamos una explicación y un debate sobre lo que realmente
está sucediendo, que en modo alguno satisface la iniciativa que se nos presenta.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, quiero empezar también esta intervención transmitiendo nuestro pésame a la familia, amigos y al conjunto del ministerio fiscal por el fallecimiento del fiscal general del Estado, una
persona con la que hemos debatido en esta Cámara y de la que hemos discrepado, pero desde luego siempre desde el respeto, y hoy queremos reconocer su talla jurídica, su talla humana y también su talla de servidor comprometido con el Estado. Es de
ley que lo hagamos. (Aplausos).
Señorías, ya lo han dicho otros grupos parlamentarios: lo que se pretende con esta proposición de ley es mantener una excepcionalidad, es decir, que las notificaciones efectuadas al ministerio fiscal empiecen a surtir efectos no al día
siguiente de su notificación, como le pasa al resto de las partes en un procedimiento, sino a los diez días naturales; una excepción que fue introducida por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, y que tenía previsto
mantenerse única y exclusivamente hasta el 1 de enero del año 2018. Ahora, con esta proposición de ley, se pretende ampliar ese plazo durante tres años más.
En primer lugar, permítanme que haga una breve referencia al tipo de procedimiento que se nos ofrece. Se nos ofrece una tramitación en procedimiento de urgencia, de manera directa y en lectura única, y ya les digo que vamos a votar
favorablemente esa tramitación porque entendemos que hay que atender lo que es un problema real, independientemente de que habrá que extenderse también sobre cuáles son las causas y por qué hemos llegado a esta situación, pero lo cierto es que se
acomoda perfectamente a las situaciones previstas en el artículo 150.1 del Reglamento para este tipo de tramitación; por cierto, algo que no sucede, y de forma palmaria, con otros proyectos de ley que se van a tramitar de la misma manera pero que
de si de algo carecen es precisamente de una naturaleza o de una simplicidad en la formulación que aconseje esa tramitación. No tiene nada que ver esta modificación con los proyectos de ley del cupo vasco que vamos a tramitar con posterioridad.
Lo primero que hay que decir es que esta modificación que se nos trae de forma apresurada, de forma urgente, pone de manifiesto que hay un fracaso en lo que es todo el procedimiento de digitalización de la justicia, todo el procedimiento de
actualización, de implementación de las nuevas medidas de comunicación en el ámbito de la justicia. No lo ponemos de manifiesto nosotros. No sabemos si es un antecedente directo, pero lo cierto es que, como ustedes saben, hubo una reunión del
Consejo Fiscal con las fiscalías en las que precisamente se ha puesto en marcha esa fiscalía digital, hace escasamente dos semanas, y fue una voz unánime de esas fiscalías la petición de que se suspendiese este plazo porque eran incapaces de recibir
las notificaciones en tiempo y forma y porque eran incapaces de atender la tramitación con esos nuevos modelos de comunicación y de notificación. Por tanto, vamos a tramitar esta ley de manera directa, este procedimiento urgente, porque hay un
fracaso por parte del Ministerio de Justicia en la implementación de esas herramientas digitales que actualicen nuestra vieja Administración de Justicia. Eso es lo primero que hay que decir. Por tanto, una vez más, lo que tenemos que hacer es
actuar de forma urgente para cubrir lo que no se ha querido hacer en la fase ordinaria.
Pero además hay otra cuestión que nos parece importante -ya se ha dicho por algún otro interviniente-, y es que se haga un procedimiento excepcional para el ministerio fiscal altera un principio básico de toda ley procesal, que es el
principio de igualdad de armas o de igualdad de las partes en el proceso, que implica que las partes cuenten con los mismos medios a la hora de instrumentar tanto sus acciones como su defensa. En los procedimientos judiciales el ministerio fiscal
tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Sin perjuicio de que defienda ese interés general, lo cierto es que también tiene la condición de parte en el
proceso, una parte más del proceso, y lo que no entendemos es que ese principio de igualdad de armas
por el que se deben de regir todas las normas procesales se pretenda dejar en suspenso durante tres años más. Ese trato diferenciado por la incompetencia del propio Ministerio de Justicia en abordar ese proceso de digitalización, a nuestro
modo de ver, puede afectar, con este tiempo tan dilatado en el que se pretende mantener, al derecho a la tutela judicial efectiva, que entendemos que implica que todas las partes en el proceso tengan idénticas oportunidades procesales. Por tanto,
una excepción que solamente se aplique al ministerio fiscal tiene que ser eso, excepción, y no norma.
Por tanto, ya les digo que por nuestra parte, aceptando la tramitación en lectura única, aceptando la toma en consideración, en la que votaremos a favor porque lo que no queremos es añadir a la dificultad que ya encuentra el ministerio
público en su tarea una dificultad mayor, lo que no aceptaremos es el plazo de tres años, y espero que de aquí al próximo jueves, en que tendremos el debate de totalidad, podamos alcanzar un acuerdo, pero aceptar ese plazo de tres años supondría
tanto como hacer una renuncia a que vamos a ser capaces de modernizar la justicia, que vamos a ser capaces de establecer los medios de comunicación digital necesarios para dotarla de agilidad. Yo no sé si el Partido Popular ha renunciado ya a ese
proceso de modernización, pero nosotros no y, como no hemos renunciado, no vamos a aceptar un plazo de tres años. Espero que seamos capaces de alcanzar un acuerdo antes del jueves.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sixto Iglesias. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).
El señor SIXTO IGLESIAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Como casi todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra quiero empezar mi intervención trasladando el pésame en nombre de mi grupo parlamentario a la familia, amigos y colaboradores del fiscal general del Estado fallecido
recientemente. (Aplausos).
Dicho esto, señorías, nos enfrentamos al parche de un parche, porque si ya la primera redacción de la transitoria cuarta, punto 1, de la Ley 442/2015 daba un plazo de dos años -a este respecto la intervención del señor Legarda ha sido
absolutamente didáctica en situar correcta, procedimental y legalmente todo el asunto que nos ocupa-, si ya digo que aquello fue un parche en su momento, hoy nos enfrentamos a otro parche al pretender alargarlo otros tres años más. Si esto se
produce, como ya han insinuado otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, no ha sido porque haya ocurrido algún imponderable que esté fuera de las manos del Gobierno o de esta Cámara, sino directamente por la improvisación de la
política ministerial, por la falta de medios, por la falta de voluntad en definitiva, o de capacidad -digámoslo así directamente- del Ministerio de Justicia de poner en marcha aquello que pretendía una ley aprobada en el año 2015. Y si en el año
2015 el legislador entendió que había que dar ese plazo de dos años más, ahora resulta difícilmente comprensible que tengamos que volver a poner un parche sobre aquel parche y volver a alargar en tres años más esa excepcionalidad del ministerio
fiscal en cuanto a las notificaciones.
Porque aquí el verdadero problema, señorías, está en el sistema digital aplicado por el ministerio, LexNet, un sistema que ya ha tenido numerosos fallos, que dio lugar a que el propio ministro tuviese que comparecer el pasado mes de agosto
en esta Cámara por los fallos que se habían detectado, un sistema lento, un sistema que ha resultado oscuro en cuanto a las empresas que lo han hecho y el coste que ha tenido. Diversos grupos parlamentarios de esta Cámara han presentado cuestiones
al Gobierno pidiendo saber qué empresas, en qué medida y con qué costes han trabajado en todos estos sistemas y la respuesta del ministerio ha sido la callada, el silencio directamente. Es un sistema que no cumple con el objetivo de papel cero. El
senador Comorera Estarellas le preguntó al Gobierno en febrero de este año por el gasto en suministro de papel y de tóner para los juzgados y tribunales de toda España. Y, curiosamente, entre los años 2013 y 2016 la cantidad asciende en cuanto al
gasto de suministro de papel y no les digo a sus señorías en cuanto al tóner, que pasa de 164 000 euros en el año 2013 a 1 476 000 en el año 2016, con lo cual estamos gastando más en papel y en tóner. Eso está pasando por el propio sistema, que
algunos denuncian que se acaba convirtiendo en un 'gran hermano' judicial, en un sistema que permite crear perfiles por casos, por jueces y abogados. Un sistema que está limitado a trabajar sobre determinadas plataformas; los usuarios de Apple se
quejan de que no funciona correctamente su sistema. Un sistema que permite a los técnicos del ministerio acceder directamente a los ordenadores de jueces y fiscales generando la correspondiente desconfianza
respecto a estos accesos. Un sistema que ha dado lugar a que, cuando se han denunciado por parte de personas especialistas las vulnerabilidades del sistema, el ministerio, en lugar de tratar de premiar o de trabajar con esos hackers que han
detectado esas vulnerabilidades, haya ido a perseguirlos directamente. Un sistema de acceso lento y complicado; ha sido testado y está demostrando que no funciona correctamente. Un sistema de difícil compatibilidad con Fortuny, con Visor, con el
Portafirmas, con otras aplicaciones que están utilizando los distintos operadores judiciales. Un sistema, señorías, que acaba trabajando con los PDF sin sistemas de búsqueda y esto es lo que lleva después a tener que acabar gastando mucho más en
papel y en tinta. Un sistema, desde luego, que no es el que necesita nuestra justicia.
¿Y todo esto es por una falta de presupuesto, señorías? Pues no, porque han sido millones de euros los que se han gastado en LexNet y en la informatización. Se han gastado millones de euros incluso en la compra de ordenadores. En el año
2016 se compran ordenadores ultraligeros, Microsoft Surface, 1300 unidades que en un sistema que necesita lectores de DVD, porque mucha de la información está en DVD, no tenían esos lectores de DVD con lo cual no resultaban útiles para buena parte
de los fiscales a los que se proveyó con ellos. Y esta medida se trae aquí con la rebelión abierta de la carrera fiscal. El Consejo Fiscal exigió hace poco la paralización de la digitalización, lo puso encima de la mesa y hoy el Partido Popular,
que no el Gobierno -no soy el primer portavoz que lo dice pero es cierto que es el Partido Popular el que trae una proposición de ley y no el Gobierno de España, que es a quien le correspondería-, trae esa exigencia o esa reivindicación o ese anhelo
de la carrera fiscal.
El planteamiento que hace mi grupo parlamentario es que, más allá de que volvamos a parchear un parche y que esto afecte a la fiscalía, es que esto afecta a la mayoría de la ciudadanía que tiene que recurrir a los jueces y tribunales, que
tiene que recurrir a la judicatura. Y es un perjuicio porque se están alargando los plazos de los procedimientos, señorías; esto no se puede alargar en el tiempo durante tres años más. Por eso mi grupo parlamentario va a presentar enmiendas y va
a reivindicar que este plazo no se alargue sustancialmente durante tres años más, sino que se alargue solamente un año más y que además en lugar de ser diez días naturales, sean cinco días hábiles, señorías. En algún punto tendremos que empezar a
forzar para que el ministerio y la fiscalía pongan los medios y procedimientos para que estos plazos se puedan poner en marcha y no tengamos que estar otorgando vacatio legis sistemáticamente.
Para concluir, quiero hacer un recuerdo a las escuchas que se hicieron públicas no hace mucho tiempo en el caso Lezo sobre las intervenciones que pudo haber para el nombramiento de fiscales o las influencias que se trataron de ejercer para
el nombramiento de determinados fiscales. El ministerio tiene que trabajar para poner los medios a disposición de la fiscalía para garantizar su independencia y en ningún caso acabar encubriendo maniobras para nombrar a fiscales de confianza en
puestos claves.
Respecto al único tema que quería tratar, la lectura única, quiero hacer una simple reivindicación. ¿Vale la lectura única para este tema y no vale para otros temas también de un solo artículo de un estatuto de autonomía que se alarga
indefinidamente en el tiempo? Estoy hablando del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Señorías, sobre todo del Grupo Parlamentario Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Popular que están alargando sistemáticamente los plazos de
enmiendas de muchas leyes en esta Cámara, acaben con esa tortura y dinamicen el trámite de legislación de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Sixto Iglesias.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Campo Moreno.
El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, señorías, he aplaudido las intervenciones en recuerdo y memoria de José Manuel Maza pero quiero que conste en el Diario de Sesiones un reconocimiento expreso y mi recuerdo, así como el de mi grupo
parlamentario. (Aplausos).
Abordamos una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en orden a la modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que modificaba la Ley 1/2000, de 7 de enero, la Ley de Enjuiciamiento Civil, y regulaba una materia muy concreta,
la de dar garantía y efectividad a los actos de comunicación del ministerio fiscal. Quiero incidir un segundo en la exposición de motivos de aquella ley y el momento concreto en el que se aprueba. La ley en cuestión tiene un preámbulo que marca
-voy a ser muy breve- en tres los objetivos de aquella manera de legislar al final de la X Legislatura. Decía ese preámbulo que el objetivo es generalizar el uso de las herramientas telemáticas e informáticas en todo
lo que suponga actos de comunicación. Segundo punto, que se hacía para dotarnos de una nueva Administración de Justicia. Así de ampuloso era el preámbulo de la Ley 42/2015. Y, en resumidas cuentas, venía a establecer que vamos a hacerlo y
vamos a hacerlo ya. Por eso, a principios del año 2016 estaba prevista la entrada en vigor de toda una serie de medidas. Curiosamente es una ley que entró en vigor al día siguiente de su publicación, cuando para una ley del ámbito procesal es
absolutamente inusual. Con esa modificación del artículo 151 apartado 2, que establece el mecanismo de los actos de comunicación -y no voy a cansarles porque lo hemos oído en dos ocasiones-, lo que se entendía era el dies a quo para entender cuándo
se computa y se entiende efectuada la comunicación. Pero, evidentemente, se sabía que iba a traer problemas, sobre todo con el ministerio fiscal. No es una cuestión, señor Prendes, de romper la igualdad de partes, esto es otra cosa; el problema
es quién tiene la responsabilidad de poner unos instrumentos en orden a una de las partes porque al no existir autonomía presupuestaria en su totalidad en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es el Ministerio de Justicia el encargado de
proveer de los mecanismos necesarios para que la Fiscalía pueda realizar su función. Pero como he dicho, eran conscientes y se dicta una disposición transitoria cuarta, que es la que lleva hasta enero de 2018 la entrada en vigor de esto, ampliando
a diez días, como también hemos oído esta misma tarde.
¿Qué ocurre? Que estamos a finales de noviembre y el 1 de enero está ahí y vienen los problemas. Por tanto, es necesario y así nos lo pide, no el Gobierno con valentía -como hemos oído esta tarde aquí y este grupo parlamentario también lo
dice- con un proyecto de ley con el informe del Consejo Fiscal, sino que se hace vía grupo parlamentario, con toda la legitimidad pero evitando y obviando ese malestar existente en el Consejo Fiscal. Señorías, a su Gobierno y a su grupo
parlamentario, en lo que se refiere a la Administración de Justicia, y en concreto en lo relativo a la modernización tecnológica, les pasa lo que a Pedro y el lobo, que nadie se lo cree, esa es la realidad. Les voy a explicar por qué esto es así.
Nadie se lo cree porque juegan a no sé qué, pero desde luego no a dotar de una modernización tecnológica al que promueve la acción la acción de la justicia.
Les decía hace un momento que quizá es muy importante no perder de vista cuándo se dicta y se aprueba esta ley; se aprueba a finales de la X Legislatura, alguien escribirá algún día por qué ha habido tanto papel mojado en el Boletín Oficial
del Estado. Pero les decía que no es un caso único, lo hemos tenido con la Ley del Registro Civil, ley aprobada en 2011, y hemos tenido que aprobar una nueva moratoria porque no se ha hecho absolutamente nada en modernización tecnológica. Tenemos
día sí y día no el fracaso y los gritos sobre la aplicación de LexNet. Todo lo que supone modernización tecnológica está siendo un autentico fiasco. Un ministro que viene para navegar por aguas procelosas basándose en el consenso, cada vez que
emprende una marcha bajo el preámbulo de la modernización de la justicia trae un nuevo naufragio y después tiene que venir esta Cámara para salvar los restos del naufragio. ¿Por qué? Pues no es porque interese demasiado al grupo parlamentario,
sino porque interesa a la justicia e interesa al ciudadano. Y evidentemente a esa moratoria de tres años -que ya está bien, que ya está bien- tendremos que darle un vuelta porque no es de recibo que para la implementación se pongan dos años y la
moratoria sea de tres; o se calculó muy mal o no se piensa invertir tampoco, pero ya habrá tiempo de reflexionar sobre eso.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, voy acabando. Realmente, cada vez que me sumerjo en la interpretación de sus leyes, sobre todo las de esa X Legislatura, tengo que bucear y repasar los textos de uno de los grandes seguidores de
Freud, que seguro que conocen, Jacques Lacan, porque se hace muy difícil distinguir entre lo que es real, lo que es imaginario y lo que es simbólico. Dicho esto, mi grupo parlamentario, en esa situación de responsabilidad, va a votar a favor de la
toma en consideración de la modificación 42/2015, y lo va a hacer en el sentido que he expresado: porque la ciudadanía y los operadores jurídicos no tienen la culpa de ese caos permanente en el que se vive cada vez que se introduce una modificación
que, bajo el preámbulo de buscar la nueva tecnología y esa nueva justicia, como dice el preámbulo, acaba siendo un absoluto fracaso. Por eso vamos a apoyar la lectura única y el trámite de urgencia, porque si no, no llegamos y no queremos que esta
Cámara deje de actuar ni un solo segundo en beneficio de los ciudadanos, que son el único objetivo que debemos tener para la mejora de la justicia, pero, por favor, legislen de otra manera.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Campo Moreno.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A QUE EL GOBIERNO APRUEBE POR DECRETO-LEY, EN CASO DE PRÓRROGA PRESUPUESTARIA, EL INCREMENTO DE AL MENOS 200 MILLONES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS PRESUPUESTARIOS DEL PACTO DE ESTADO EN
MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 162/000500).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos al punto 2 del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a que el Gobierno apruebe por
decreto-ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de al menos 200 millones de euros para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Para la presentación de la iniciativa tiene
la palabra la señora Álvarez Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Buenas tardes, señorías.
Permítanme que les pregunte si conocen qué cosas han ocurrido desde que en julio esta Cámara se comprometiese con los acuerdos de la subcomisión para un pacto contra la violencia hacia las mujeres. La primera es que el presidente del
Gobierno, tras declarar en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, corrió veloz a un acto de lavado de imagen a costa de este acuerdo. La segunda, que la aceptación de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que supuso un
aumento de 2 millones de euros destinados a la lucha contra las agresiones sexuales no se va a sustanciar plenamente porque el Gobierno, bien por incompetencia o bien por cálculo político, planificó hacer el reparto para después de que las
comunidades tuviesen cerrados sus presupuestos. La tercera es que además no han permitido una gestión plurianual, lo que hubiese hecho que las comunidades pudiesen ejecutar los proyectos a pesar de los retrasos administrativos del Gobierno. Las
consecuencias van a ser que decenas de víctimas de agresiones sexuales verán mermados los recursos para su atención. La cuarta es que han puesto en marcha una campaña publicitaria con un mensaje que responsabiliza a las mujeres jóvenes de las
agresiones que sufren y que se han visto obligados a retirar porque la sociedad española ya no tolera ningún tipo de bazofia sexista. La quinta es que nos inquieta que el señor Maroto haya manifestado en un debate público que apoyará las
iniciativas de los grupos basadas en el pacto; la cuestión es que los acuerdos que tenemos lo que estipulan es que el Gobierno dará curso a esas reformas legales en los próximos cuatro meses. La sexta es que nos hemos enterado esta semana de que
quieren usar las medidas del pacto para convertirlas en la futura estrategia nacional 2018-2022 y eso es sencillamente una barbaridad, porque la estrategia lo que tiene que hacer es desarrollar los acuerdos, no usar los acuerdos para ahorrarse tener
que elaborar la estrategia. Han tratado también de constituir -está es la séptima cosa- la Comisión de seguimiento como Comisión mixta para garantizarse una mayoría que ustedes no tienen. Cuando han visto -y esta es la octava- que no lo
conseguirían, han tratado de ralentizar la puesta en marcha de esa Comisión de seguimiento hasta que el hartazgo de los grupos nos ha llevado a registrar su constitución en esta Cámara sin la firma del Grupo Popular. No han salido a tranquilizar a
los grupos y a la sociedad española en el sentido de que la prórroga presupuestaria no afectará a los recursos acordados. Esta es la situación.
Y debían de estar muy ocupados con todas estas cuestiones porque no han hecho lo que sí tenían que hacer. Por ejemplo, no se han sentado con las comunidades autónomas para concretar cuáles van a ser los criterios para que otros organismos
además de la Administración de Justicia puedan emitir un título habilitante de la condición de víctima, aun sin interposición de la denuncia. Yo pregunto, ¿por qué no han negociado con las comunidades autónomas en estos dos meses -que tenían tiempo
para hacerlo- cuáles son las características que debe tener ese nuevo documento para que, por ejemplo, la reducción de jornada o la suspensión temporal de una relación laboral con reserva del puesto de trabajo -que está reconocido como derecho en la
ley- sea efectivo como consecuencia de una acreditación emitida por las comunidades autónomas? ¿Cómo afectará ese nuevo sistema de acreditación a la protección de las mujeres extranjeras en situación irregular y que son víctimas de violencia de
género? ¿Cómo va a articular el Gobierno que ese nuevo título habilitante dé reconocimiento de los anticipos del Fondo de pago de alimentos o el derecho a la movilidad geográfica, que está reconocido en la ley? Todo esto lo que hace es generar
desconfianza, y la desconfianza, señorías, puede torpedear el pacto, pero son ustedes, el Grupo Parlamentario Popular, quien tiene que disipar esa desconfianza. Hay desconfianza porque hasta el
momento solo hemos visto artimañas, dilaciones y ciertas estafas, como la llevada a cabo con los 2 millones de euros destinados a combatir las agresiones sexuales y que algunas comunidades no podrán llevar a efecto.
Esta iniciativa que les traemos hoy está enfocada a que los acuerdos del pacto sean ciertos, y creemos que hay dos elementos clave para que eso ocurra: la diligencia del Gobierno para acelerar las reformas legislativas acordadas y habilitar
los recursos que permitan poner en marcha las mejoras que el pacto ha introducido. Sobre este segundo aspecto esperamos que toda la Cámara coincida con nosotros en que no debe existir ningún obstáculo ni circunstancia que impida que el pacto eche a
andar, y hoy eso pasa por que el Gobierno apruebe un decreto-ley para habilitar un crédito que permita dar cumplimiento a los acuerdos. No es nada excepcional, sus señorías ya lo saben, cada vez que se ha producido prórroga presupuestaria se han
aprobado decretos-leyes sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera. La cuestión es que con cuarenta y cuatro asesinatos de mujeres, de ocho niños y niñas y con veintidós menores huérfanos por culpa del machismo
criminal esperamos que nadie dude que esos 200 millones deben estar en ese catálogo de asuntos de extraordinaria y urgente necesidad que prevé la Constitución en su artículo 86.1. Nosotros esperamos hoy el voto favorable de todos los miembros de la
Cámara, pero exigimos al Gobierno que lo sustancie de inmediato, ya, ya pueden ponerse a elaborar ese decreto-ley porque no se puede congelar la financiación que va a hacer efectivo y va a garantizar que las medidas del pacto se lleven adelante.
Quiero terminar haciendo una consideración que tiene que ver con el pacto, con lo que la Administración tiene que hacer respecto a estas cuestiones. Miren, la lucha contra esta barbarie se hace desde muchos frentes y uno de ellos es el
combate de los mitos, el sexismo y los estereotipos. Irrita bastante -bastante- que a las puertas del 25 de noviembre una campaña institucional del Gobierno de España contra las agresiones sexuales haya sido puro estereotipo y puro sexismo.
También esta tribuna tiene que servir para pedirle por ejemplo al presidente de la Xunta de Galicia que dé instrucciones para la retirada inmediata de la campaña institucional que desde un paternalismo rancio y atocinado considera que las mujeres
somos monumentos a los que hay que proteger. Por favor, un poco de respeto a las mujeres; un poco de respeto a las mujeres. (Aplausos). Eso, señorías, es una ofensa que viniendo de una Administración tiene un plus de insulto y tiene un plus de
irresponsabilidad porque al final es el ministerio y la Xunta en este caso quienes promueven los estereotipos que tanto dañan a las mujeres y que deberían combatirse en vez de promoverse con dinero público.
Voy terminando. Señorías del Partido Popular, hoy les pedimos habilitar un crédito extraordinario porque sin esos recursos el pacto muere, pero es importante que sean conscientes de que también se necesita más inteligencia estratégica a la
hora de luchar contra la violencia. Así que a ver si pudieran ustedes hacer más uso de ella, por favor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Álvarez Álvarez.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Reyes Rivera.
La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.
Señorías, hoy el Partido Socialista nos trae aquí una proposición no de ley que en realidad parte de un futurible; plantean ustedes para el hipotético caso en que se prorrogaran los presupuestos que se inste al Gobierno a que presente un
proyecto de ley para que los incremente, todo con el propósito de que se pueda implementar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero nos estamos moviendo en el mundo de las ideas, no sabemos muy bien a día de hoy si esos nuevos
presupuestos van a venir a esta Cámara, si esa prórroga se va a pedir. Y sí, está claro que el Partido Popular no está cumpliendo con los plazos que marca la Constitución, pero el ministro Montoro el pasado 18 de octubre manifestó aquí mismo que
los presupuestos estarían en la Cámara antes de final de año o como muy tarde en el mes de enero. No es que vayamos a confiar ciegamente en las palabras del ministro, pero entiendan ustedes que plantear una iniciativa que parte de una premisa que
se puede o no materializar no es lo más habitual. ¿Saben ustedes lo que nosotros sí tenemos claro? Que los presupuestos para 2018, que han sido negociados con Ciudadanos, incluyen las partidas correspondientes para la puesta en marcha del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género. Mi grupo parlamentario así lo ha exigido y eso, señorías, sí que obliga al Gobierno, no lo que ustedes traen hoy aquí a este Pleno. ¿Saben ustedes lo que yo creo realmente que es esto? Esto es la iniciativa
de la vergüenza, eso es lo que deberían sentir ustedes, señorías del Grupo Socialista,
porque, digámoslo claro, díganselo a todos los ciudadanos y díganselo a todas esas mujeres que están sufriendo la violencia machista: ¿cuántas proposiciones no de ley se han aprobado en esta Cámara? Muchas, ¿verdad? ¿Y cuántas se han
puesto en marcha después? Muy pocas porque una proposición no de ley no obliga al Gobierno y lo sabemos todos. Los Presupuestos Generales del Estado sí obligan. ¿Se han sentado ustedes a negociarlos con el Gobierno? ¿A que no? ¿Se ha hablado al
menos de esta posibilidad? ¿O quizá lo han hecho ustedes con el Partido Nacionalista Vasco para que sean ellos y no ustedes los que aprueben esos presupuestos? Porque lo que sí han hecho es presentar un escrito pidiendo que se tramite de manera
urgente y en lectura única, para que pase rápido el trance supongo, una ley que aumenta aún más la desigualdad entre todos los españoles: el cuponazo. (Aplausos).
Llámenme mal pensada, pero lo que yo creo es que ustedes, señorías socialistas, han pactado por la puerta de atrás con el Partido Popular y con el Partido Nacionalista Vasco la aprobación del cuponazo para no tener que mojarse con los
presupuestos. ¿Pues saben lo que significa no mojarse? Implica que ustedes se quedarán al margen del aumento del presupuesto para la lucha contra violencia machista; implica que ustedes bloquean que se invierta cuanto antes ese dinero. Mucho
criticar a Podemos por su falta de compromiso, pero al final ustedes hacen lo mismo. Son unos irresponsables, señorías, por más que intenten taparlo con iniciativas de la vergüenza como esta que traen hoy aquí. En Ciudadanos somos más de hechos
que de palabrería porque -eso lo saben todos bien- desde que nos sentamos a la mesa de la subcomisión exigimos que se incluyera un compromiso económico por parte del Gobierno, y así se consiguió. ¿Y saben lo que hicimos después? Condicionar los
Presupuestos Generales del Estado, negociarlos con el Partido Popular y, por supuesto, asegurar, como he dicho, que esta cantidad comprometida para la lucha contra la violencia machista estuviera incluida. ¿Dónde estaban ustedes, señorías
socialistas? ¿Dónde están ahora? Explíquenselo a todas esas mujeres. ¿Están realmente con ellas o prefieren aliarse con otros para diferentes menesteres? Por cierto, que no tienen nada que ver con la igualdad. Están todavía a tiempo de
condicionar y apoyar esos presupuestos. Si fueran responsables lo harían.
Nuestro grupo ha aprovechado para presentar una enmienda a esta iniciativa, algo que debería ser de Perogrullo pero que en su momento no fue aprobado por la mayoría de partidos de esta Cámara. Queremos que los fondos comprometidos se
destinen exclusivamente y de manera eficiente a la lucha contra la violencia machista, tanto los que sean gestionados directamente por las administraciones públicas como los que gestionen asociaciones de ámbito privado. Porque hay muchas
asociaciones que están luchando de manera eficaz y activa contra esta violencia que no reciben un solo euro, mientras que otras lo reciben sin tener que justificar de manera transparente el trabajo que están haciendo. Lo que planteamos es muy
simple: queremos que todas, en igualdad de condiciones, con un proceso público, planificado y transparente tengan la posibilidad de acceder a esta financiación. En definitiva y hablando claro, que las subvenciones no se otorguen a dedo.
Confiamos, señorías del Partido Socialista, en que al menos apoyen nuestra enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Reyes Rivera.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Rodríguez Martínez.
La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Boa tarde.
Es verdaderamente triste volver a tener que intervenir en esta tribuna lamentándonos de aquellas cosas que dijimos hace dos meses pero es como si hubiésemos tenido una bola del tiempo en el grupo confederal ya que hemos sido capaces de
adivinar cada una de las cosas que iban a pasar con este pacto de Estado; por cierto, por las cuales nos abstuvimos y que hoy tenemos que recordar ya que tenemos que volver a debatir si es necesario o no que este pacto de Estado tenga presupuesto.
Evidentemente, votaremos a favor de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista y hemos registrado otras iniciativas en este mismo sentido, pero no podemos comprender cómo casi dos meses después de haberse puesto en marcha este
pacto de Estado y después de cada uno de los reproches que hemos tenido que escuchar del Partido Popular aún no tenemos una sola medida en marcha. Una se pregunta realmente para qué sirve presentar aquí este tipo de iniciativas.
En cualquier caso, en primer lugar, nosotras dijimos que el movimiento feminista no formaba parte de este pacto y esto es verdaderamente preocupante porque ustedes no hacen más que arrogarse la
capacidad de haber sacado adelante este pacto cuando en realidad existe porque son las mujeres en las calles las que cada día nos piden que en esta Cámara nos pongamos en marcha para terminar de una vez por todas con el machismo.
(Aplausos). Ustedes, lejos de querer hacer esto, han puesto en marcha todos los impedimentos para no poner en marcha una comisión de seguimiento de este pacto y han votado en contra de la creación de un observatorio para que pudieran participar las
mujeres feministas. Es una verdadera vergüenza. En segundo lugar, les dijimos que no íbamos a apoyar este pacto si no había garantías presupuestarias y de ejecución, garantías como las que están contenidas en el pacto, que en realidad son una
auténtica miseria, porque me dirán ustedes para qué sirven 1000 euros al mes por municipio en España para poner en marcha las más de doscientas medidas que tiene este pacto de Estado. Nos parece calderilla y, aun así, estaríamos dispuestas a
aceptarla, pero es que ni siquiera están dispuestos a dárnosla. Por tanto, a día de hoy, dos meses después, no hay ni un solo euro más para la violencia machista y no hay ni una sola garantía para que este pacto se ejecute. Es normal que giren la
cara y no quieran mirarme mientras estoy interviniendo porque verdaderamente les tiene que dar vergüenza que después de dos meses no hayan hecho absolutamente nada. (Aplausos).
Les dijimos también que no estábamos de acuerdo y que ustedes no habían entendido del todo bien cuál era el problema de la violencia de género. No es por el hecho solamente de que seamos mujeres, sino porque existe el machismo y el machismo
abarca desde lo que sucedió con Sostres en Radiotelevisión Española hasta lo que ocurrió con Juana Rivas, desde la brecha salarial al juicio de La Manada. Esto es machismo y ustedes no terminan de entenderlo, el verdadero objetivo contra el que
tendría que luchar el pacto de Estado. Ustedes siguen con su inacción parlamentaria, sin hacer absolutamente nada, y ahora nos encontramos con la siguiente situación. Me gustaría decirles bien claro, señores del Partido Popular -es una pena que
nunca esté el Gobierno para hablar de estas cuestiones-, que a las hermanas de este país yo las creo y España las cree, el problema es que el Gobierno no lo hace. (Aplausos).
No hacen más que reprocharnos que rompemos acuerdos y los únicos que los están rompiendo son ustedes. Han roto un acuerdo social e institucional que teníamos con este pacto al no poner ni una sola medida en marcha y han roto un acuerdo
territorial. Ustedes sí que han roto un acuerdo territorial cuando este pacto se centra en las medidas que tiene que haber en las entidades locales y no hacen más que, a través del ministro Montoro con sus leyes, asfixiar a los ayuntamientos.
Tiene que haber otro acuerdo territorial en España que permita que atendamos a las víctimas de violencia machista, dándoles competencias y recursos a los ayuntamientos. Ustedes están haciendo todo lo contrario, así que este acuerdo también lo
rompen y, sobre todo, rompen el acuerdo más importante, el que tiene que haber con las mujeres. No son capaces de ofrecer unas políticas útiles para las mujeres, no son capaces de gobernar para ellas. Lo dijo el otro día el ministro Zoido.
Reconoció que no podía hacer nada por la vida de las mujeres. Ustedes como partido no son capaces de asegurar nuestras vidas. Échense a un lado si no saben hacerlo, señores del Partido Popular. (Aplausos).
Lo peor de todo esto es que las mujeres hemos cumplido con nuestra parte del pacto. Las mujeres hemos cumplido con nuestra parte del pacto no solo porque pagamos los impuestos, nos formamos, nos cuidamos, buscamos trabajo y cumplimos con
nuestras vidas, con todo lo que nos exige la sociedad; lo peor de todo es que incluso ponemos las denuncias, se nos conceden las órdenes de protección y, aun así, el sistema no funciona. Tenemos que solucionarlo porque nos siguen asesinando y
sigue pasando todo lo demás. Por eso es tan importante que seamos capaces de salir del marco en el que nosotras mismas nos hemos metido. La violencia machista no puede ser una cuestión ideológica. Tenemos que encontrar una solución y por eso me
gustaría hacer un llamamiento a todas las mujeres de la Cámara para que nos encontremos en esto. Tiene que haber un acuerdo entre personas diferentes. Está claro que no estamos de acuerdo en cuáles son las mejores formas de solucionar el problema
de la violencia machista; lo que sí está claro es que nos reconocemos en ello, en los guiños, en las miradas en los pasillos, cuando unas y otras de distintos partidos nos decimos: A mí también me pasa, yo también me reconozco en esto, a mí
también me ha ocurrido, yo también sufro el machismo, también dentro de esta Cámara. Lo que tendríamos que hacer todas las mujeres que sentimos esto es poner todo de nuestra parte para que este no sea un país en el que tengamos que ser valientes,
sino en el que nos sintamos seguras y en el que nos sintamos libres. Esto pasa por un acuerdo entre mujeres que ahora mismo está roto por todos y por todo. Solamente las mujeres de esta Cámara vamos a ser capaces de ponerlo en marcha para que
después se pueda poner en marcha en el resto de la sociedad. Nos lo piden las mujeres que están fuera y por ellas tenemos que hacer este esfuerzo.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Rodríguez Martínez.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que ha defendido la señora Álvarez Álvarez trata de propiciar garantías para que a lo largo del ejercicio 2018 existan previsiones presupuestarias y, por tanto, recursos económicos
suficientes para dar cumplimiento a los amplios acuerdos alcanzados en la subcomisión para un pacto de Estado en materia de violencia de género. Es oportuno recordar que, entre las diversas propuestas de actuación aprobadas por la Comisión de
Igualdad y refrendadas por el Pleno del Congreso hace un par de meses, se acordó un compromiso económico global destinado a desarrollar el pacto que supondrá un incremento de 1000 millones de euros durante los próximos cinco años y, con ello, a
impulsar una hoja de ruta que precisa de planificación presupuestaria para implementar el pacto y dotarlo de recursos.
Con esta proposición no de ley se pretende que en el caso de prórroga automática de los vigentes Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno apruebe un decreto-ley para su convalidación por esta Cámara que contemple un incremento de al
menos 200 millones de euros y dar cumplimiento a los compromisos asumidos para luchar contra la violencia de género, incluidos los recursos financieros para la aplicación de estas políticas, como es la dotación en 2018 de un incremento del 20% para
la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, porcentaje que supone en principio el mayor esfuerzo presupuestario anual del período comprendido hasta 2022. Hay que destacar el compromiso económico global para llevar a efecto las medidas y
recomendaciones para concienciar y sensibilizar a toda la sociedad sobre el daño que producen la desigualdad y las conductas violentas y que estas solo pueden realizarse si vienen acompañadas de un sustento económico suficiente, tal y como establece
el pacto. De ahí mi apoyo a esta iniciativa, si bien en Foro confiamos en que no tenga que llevarse a efecto y que en 2018 España tenga su correspondiente ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que es importantísimo para el conjunto de los
españoles al objeto de dar continuidad al crecimiento económico y a la creación de empleo, pero específicamente para proseguir e impulsar las condiciones necesarias para transformar la igualdad legal en real en la lucha contra la violencia de
género. Si se calificó de histórico -yo creo que con razón- el pacto para atajar la violencia contra la mujer, sería una irresponsabilidad descomunal no dotarlo con el dinero comprometido, más aún si cabe a la vista de los crecientes actos de
maltrato que se han producido a lo largo de este año. Las doscientas medidas aprobadas por el plan integral no admiten demora ni pretextos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyora presidenta.
Señora Reyes, dos matizaciones. Por un lado, si los Presupuestos Generales del Estado tardan aproximadamente dos meses o dos meses y medio en tramitarse, ya llegamos tarde para 2018. Eso por un lado, y por otro, ¿sabe la diferencia entre
lo presupuestado y lo ejecutado? No tiene por qué ser lo mismo. Lo pueden poner en los presupuestos, no ejecutarlo y que aquí no haya partida para el pacto de Estado contra la violencia machista. Eso para empezar. Ya que sabemos que presupuestos
para 2018 de momento no tenemos y que las mujeres no podemos aguantar ni un minuto más en esta situación, vamos a hacer que las señorías del Partido Popular no condicionen la partida para frenar la violencia machista a esos Presupuestos Generales
del Estado y que no jueguen a una sola carta el dinero para erradicar la violencia machista, que hace mucha falta.
Digo que hace falta el dinero. En el País Valencià ya nos hemos puesto a ello. Estamos luchando contra esta lacra social. En estos presupuestos de 2017 hemos puesto muchísimo dinero para ello y hemos aprobado un pacto valenciano con
medidas como, por ejemplo -les voy a nombrar solo 10; hay 293, muchas más que aquí-, fomentar la corresponsabilidad familiar; garantizar el acceso de las supervivientes a la renta valenciana de inclusión; luchar contra la brecha salarial;
impulsar el ocio igualitario; prevenir el acoso en los espacios públicos; formar a nuestro profesorado; acreditar a las víctimas por medio de los servicios sociales; hacer campañas que culpabilicen a los agresores y no a las víctimas; convertir
este conflicto en lo que realmente es, un conflicto político y social; y sobre todo -sobre todo- para que esto no sean solo palabras en un papel, blindar todos estos recursos para que estas medidas
sean reales. Cuando se sentaron las señoras de Ciudadanos a la mesa de negociación, la primera línea roja que pusieron no fue el compromiso económico, fue no hablar de todo lo que se refería a comprar y vender mujeres. Eso es lo primero
que hicieron. A partir de ahí, empezamos a negociar.
Así que, como ya llegamos tarde, no lo retrasemos más. Las últimas asesinadas son justo del País Valencià. Tenían veintiocho años y dos años. Es un auténtico drama. A eso se le junta, como ya ha nombrado, que se está haciendo un
auténtico juicio público a la víctima de una violación múltiple. Por favor, necesitamos ya todas las medidas del pacto estatal, necesitamos las medidas del pacto autonómico, necesitamos un compromiso real y económico. Pasemos más allá de los
minutos de silencio, vayamos más allá de los lazos morados, desliguemos esto de los presupuestos generales de 2018 y no se juegue a una sola carta el dinero para erradicar la violencia machista.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sorlí Fresquet.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Intervendré muy brevemente. Decía en el Pleno en el que ratificábamos el documento que acordamos en el llamado Pacto de Estado contra la violencia de género que la violencia contra las mujeres es la expresión más brutal de la desigualdad
existente entre hombres y mujeres. Por ello, partimos de la filosofía de que hay que trabajar en igualdad para tratar de erradicarla. A más igualdad, menor espacio para la violencia y sus múltiples manifestaciones. Evidentemente, eso es un
principio que nos marcó para poder trabajar en ese documento. Se ha dicho aquí que el documento dice muchas cosas y que a la hora de desarrollarlo es cuando empiezan a surgir las diferentes grietas. En cualquier caso, el Grupo Socialista hoy trae
una proposición no de ley con un objetivo claro, por lo menos en el texto, y es que se cumpla el compromiso económico que aparece en el documento del pacto, aunque, escuchando a la señora Álvarez, con todo mi aprecio, dice algo más también. Es
decir, no solo dice lo que dice el texto, después aquí ha dicho más cosas. El texto dice una cosa, pero después ya utilizamos esto para decir más cosas. Puede que no haya presupuestos para el año 2018 -puede ser-, pero lo que no puede ser es que
no haya partida presupuestaria para la lucha contra la violencia de género. Eso lo tenemos claro, porque cada día que pasa no voy a decir que más mujeres están en riesgo, pero sí que más mujeres pueden tener la posibilidad de estar en riesgo de no
ser atendidas como deben serlo precisamente porque no ha habido una dotación presupuestaria del nivel que se estableció a la hora de firmar ese pacto.
No sé si hemos alcanzado un pacto de Estado, decía yo también. Hicimos un documento para que después, quizá, se pudiera alcanzar un pacto de Estado; un pacto que nosotros no entendemos como un pacto para que lo haga el Estado. Es decir,
hemos llegado a un acuerdo en el que hay una serie de recomendaciones y de cuestiones que cada cual tendrá que ejercer sobre la base de sus competencias. Y si coincidimos en algo fue en dos cuestiones principales; uno, que la violencia es una
violación de derechos humanos y, por lo tanto, la erradicación y la lucha ha de ser de igual manera como se combate cualquier violación de derechos humanos, utilizando los mecanismos y recursos que se necesitan en cualquier otro tema que sea de
violación de derechos humanos; y también que algo que permanecía soterrado en la privacidad ha tenido el salto cualitativo para convertirse en un problema social, algo que pasa de lo privado a lo social.
Para estas cuestiones, evidentemente, se marcaron una serie de consensos básicos basados en la prevención y en la actuación o respuesta; y tanto para una como para otra hacen falta recursos económicos. Para el área de prevención en todos
sus ámbitos, como podría ser el de educación, sensibilización, coordinación de diferentes agentes, etcétera, y para el área de respuesta, que son las medidas en los ámbitos judicial, policial, institucional, protección, servicios sociales, etcétera;
para todo ello, como decía, se necesita presupuesto, las dos necesitan partida presupuestaria. Desgraciadamente, no podemos hacer de la violencia de género un elemento recurrente para ponerse medallas, porque nadie quiere quedarse fuera de lo que
es el ámbito de la lucha contra la violencia de género, pero eso no puede ser un obstáculo para que haya una especie de reforzamiento de hacer una especie de trampas o eventos ad maiorem gloriam de algún ministerio, algún partido político, etcétera.
Dinero, sí, pero hay que tener en cuenta que la organización de las comunidades autónomas, que tienen la competencia en esta materia, no es sinónimo de que el dinero que se da se gaste como yo digo que se tiene que gastar. En el caso de Euskadi
está claro que se invierte en dinero en la lucha contra la violencia de género, porque la lucha contra la violencia
de género nunca es un gasto, es una inversión, y es una inversión en valores, en educación, en sistema, en todo lo que le atañe porque es una forma de prevención en cualquier caso.
Como tengo que acabar, finalmente les voy a decir tres cosas. Nos parece correcta la enmienda de Podemos. No nos gustan las enmiendas que ha presentado Ciudadanos, porque quiere meterse en una especie de jardín que complica el tema, y creo
que persisten en cuestiones que, desgraciadamente, en otros debates hoy aquí ya lo hemos visto, solo les atañen a ellos y son obsesiones basadas en otros. Y, señora Reyes, ya que usted ha mencionado claramente una especie de existencia de
contubernio mezclando los presupuestos, el cupo, Partido Socialista, Partido Popular, PNV, todos en el misma cuerda de caballitos, mire, lo del cupo significa que los vascos vamos a pagar de nuestro bolsillo lo que se tenga que pagar en la lucha
contra la violencia de género, y lo vamos a hacer, además, con todas las ganas y con toda la dedicación como lo hemos hecho hasta ahora. No me haga eso porque es de mala educación, señor Igea.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Agirretxea, tiene que terminar.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: En cualquier caso, quiero decir que vamos a apoyar esta proposición. Esperemos que sea algo más que una declaración y, verdaderamente, invirtamos en lo que se tiene que invertir, que es en la lucha contra la
violencia de género.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Agirretxea Urresti.
En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, lamento que no esté la señora ministra, pero yo voy a ser clara y muy breve. De nada sirve, señorías, incrementar el presupuesto destinado a combatir la violencia machista si el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad impulsa campañas como esta. (Muestra un cartel de la campaña publicitaria Menores sin alcohol). De nada, absolutamente de nada sirve. Me gustaría que quedara claro y que llamemos de una vez por todas a las cosas por su nombre.
No son relaciones sexuales no consentidas, son violaciones. Que quede claro. (Aplausos). Son violaciones. En Esquerra Republicana de Catalunya, y quiero pensar que también la mayoría de mujeres de este hemiciclo, lo tenemos claro. El alcohol,
como tantas cosas, nunca, jamás puede ser una excusa. El único culpable de una violación es siempre, siempre y siempre el violador. Basta, pues, de violencia machista, basta ya de estigmatizar y culpabilizar a las víctimas. Señora ministra,
aunque no se encuentre presente, este sí es un mensaje exclusivo para usted: su campaña institucional es violencia machista.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos). Perdón, me olvidaba. (Rompe el cartel antes de abandonar la tribuna).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista se ha aburrido de repetir la expresión: gobernar a golpe de decreto-ley, relativa al Gobierno popular, tan famosa que hasta fue utilizada por su líder, el señor Sánchez, en el debate de investidura del
presidente del Gobierno, poniendo de manifiesto que el uso de ese procedimiento hurta al Congreso la posibilidad de debatir asuntos que deberían aprobarse de otra manera a través de los grupos parlamentarios, y es el mismo Grupo Socialista el que
pide hoy un decreto-ley para asegurar la financiación de aquellas medidas incluidas en el informe de la subcomisión puesta en marcha hace prácticamente un año para analizar y debatir las mejoras de nuestro sistema de respuesta a la violencia de
género. (Aplausos).
Los puntos relativos a los 1000 millones acordados como presupuesto del futuro pacto en cinco años en ese informe del Congreso son concretos, detallados y muy específicos en cuanto al destino de estos incrementos presupuestarios, sus
criterios de reparto, su finalidad, y establecen incluso los mecanismos para la evaluación del impacto que tengan en la lucha contra la violencia de género. Es decir, el informe ha previsto el presupuesto necesario y su reparto. ¿Qué es lo que
falla entonces en esta arquitectura? Pues que el Grupo Socialista se ha dado cuenta de que se viene abajo todo si los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 no se aprueban. El PSOE consideraba que podría continuar con el no es no
y que los aprobasen otros sin que ellos tuviesen que comprometerse, pero no parece que vaya a ser así, al menos por ahora, y por eso recurren a este sistema al que han tildado de antiparlamentario, de abusivo, como una burla que pone en
riesgo la calidad de nuestro sistema, como un procedimiento sin debates, costoso en términos de calidad democrática para la sociedad española. ¿No sería por ello mucho más democrático y útil que se prestasen a participar en la negociación de unos
presupuestos que han rechazado sin conocerlos siquiera, es decir, que utilizasen la tramitación parlamentaria de una ley, la más importante, haciendo un adecuado uso de los mecanismos del procedimiento legislativo? El Grupo Parlamentario Popular,
en cambio, no renuncia a aprobarlos, no renuncia a negociarlos, porque entendemos que la mejor manera de luchar contra la violencia de género es dotar los grandes acuerdos que hemos conseguido a través de esos nuevos presupuestos negociados,
mejorados, aprobados con un amplio consenso. Ese gran consenso, señorías del Grupo Socialista, sí que se lo están hurtando ustedes a las mujeres y a la sociedad española con su terquedad y su falta de generosidad (Aplausos), esa falta de
generosidad que no afecta solo a las mujeres víctimas de violencia de género, sino también a las personas dependientes, a las desempleadas, a las que están en riesgo de exclusión.
Señorías, la sociedad española echa de menos los grandes acuerdos, los pactos de Estado, los compromisos firmes, reflejo de la madurez, del sentido de la responsabilidad de los dirigentes políticos, de su generosidad, dejando a un lado
cuestiones partidistas en aras del gran consenso. La sociedad española se alegró cuando recibió la noticia de que se había terminado el trabajo de la subcomisión en el Congreso y de la ponencia del Senado con acuerdos, después de varias prórrogas
en el Congreso, en unos trabajos que no estuvieron faltos de obstáculos, en los que se escuchó la opinión de 66 personas expertas durante 43 sesiones. Pero esa alegría duró poco, ya que sorprendentemente tan solo tres días después el Grupo de
Unidos Podemos, sin guardar la consideración debida no solo a los otros grupos parlamentarios con los que había llegado a un acuerdo, sino fundamentalmente a las tres diputadas que trabajaron esforzadamente durante los siete meses que tardó la
subcomisión en lograr el acuerdo, se abstuvo en el voto al informe de la Comisión de Igualdad alegando no se sabe muy bien qué razones, que por supuesto suponemos que no habrían sido mencionadas por estas tres diputadas cuando llegaron al acuerdo en
la subcomisión. Al señor Iglesias y al señor Garzón yo les diría no que se justifiquen o que se disculpen frente al resto de los grupos parlamentarios, ni siquiera que se justifiquen ante la sociedad española, pero por solidaridad espero que al
menos hayan pedido disculpas a esas tres diputadas a las que dejaron en una situación bien incómoda cuando decidieron su abstención, tirando por la borda todo el trabajo incansablemente realizado por ellas en el seno de la subcomisión. (Aplausos).
Señorías, con sentido de Estado, señora Álvarez, porque nosotros sí lo tenemos, por el fuerte compromiso con las mujeres y sus hijos e hijas, votaremos que sí de manera absolutamente excepcional a esta proposición no de ley para que esas 214
medidas se hagan realidad cuanto antes, para que reformemos de manera sustancial nuestro marco legislativo en materia de violencia de género, para que las mujeres y sus hijos e hijas sean mejor atendidos en todas partes, para que dispongan de
abogado en el momento de interponer la denuncia, para que no tengan que cruzarse con su maltratador, incluso -también se lo quiero comentar- para que los progenitores que vivan en España no puedan alegar que no conocen que la mutilación genital
femenina es un delito en nuestro país. Por todo eso, como se recoge en el texto del acuerdo, como usted sabe igual que yo, queremos que la sociedad española lo sepa, que sea consciente de que nuestro compromiso para conseguir ese pacto de Estado es
muy firme. Por todo eso, excepcionalmente votaremos a favor de este real decreto-ley que nos pide el Grupo Socialista, por responsabilidad con las mujeres, por responsabilidad y por respeto a este Parlamento y por responsabilidad con todas las
personas que trabajaron en la subcomisión. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora González Vázquez.
Ahora, señora Álvarez Álvarez, a los solos efectos de que nos diga si acepta o rechaza alguna de las enmiendas presentadas, tiene la palabra.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Aceptaremos la literalidad de la presentada por Podemos, que es una enmienda de adición, y rechazaremos la de modificación de Ciudadanos, porque toca sustancialmente la iniciativa que estamos proponiendo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Álvarez Álvarez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL ACUERDO DE REFUERZO DE LAS MEDIDAS DE LA ALTA INSPECCIÓN EDUCATIVA. (Número de expediente 162/000481).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa al acuerdo de refuerzo de las medidas de la Alta Inspección Educativa, para lo que tiene la palabra
la señora Moneo Díez.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el tema que hoy nos ocupa reviste extraordinaria importancia. Si no lo fuera, el Grupo Parlamentario Popular hubiese buscado otros cauces para lograr el acuerdo en una de las cuestiones más importantes que, a nuestro juicio,
además debemos abordar en el marco del pacto de Estado social y político por la educación, porque nuestra voluntad de consenso es máxima y nuestro compromiso con el pacto sigue siendo el mismo que adoptamos cuando hace un año, junto con el Partido
Socialista y con Ciudadanos, registramos el texto que abría la puerta a la subcomisión en la que desde hace diez meses venimos trabajando. Nosotros no estamos por oportunidad y menos por oportunismo. Nosotros somos un partido de gobierno, nosotros
no podemos permitirnos errores, aunque es evidente que podemos cometerlos, y seguro que los cometemos. Nuestras propuestas tienen que tener el aval de la ley y el respaldo de los ciudadanos y esta propuesta lo tiene. Estamos hoy aquí porque el
principio de lealtad institucional que debiera presidir la relación entre el Estado y las comunidades autónomas ha sido vulnerado; porque la normativa básica que la Constitución otorga en el ámbito educativo al Estado ha sido sistemáticamente
incumplida; porque se ha roto el principio de igualdad de oportunidades; porque hay quien ha querido legislar al margen de la ley y, lo que es peor, construir un modelo educativo vulnerando la ley. Estamos aquí porque la educación debe formar
ciudadanos en libertad; porque ningún poder público puede utilizar la educación con fines ideológicos y partidistas; porque las familias españolas no pueden observar con estupor cómo un sistema educativo que debía haber ofrecido la máxima calidad,
las mayores oportunidades, el mayor rigor científico y humanista, un sistema moderno, integrador e innovador ha sido el instrumento utilizado por algunos para fabricar una ficción al margen de la ley. Pero también estamos aquí porque confiamos en
el Estado y en sus instituciones; porque hoy más que nunca sabemos que el Estado tiene instrumentos para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles. Lo sabemos nosotros y todos aquellos ciudadanos que han dado un paso al frente,
que no se han sometido al poder establecido, aquellos que han distinguido perfectamente los principios y valores que han hecho de nosotros un gran país y han antepuesto su ética personal y profesional a lo políticamente correcto.
Señorías, es el Estado el garante del cumplimiento de la norma, el garante del conjunto de las libertades, también de las libertades educativas. Por ello, sometemos esta iniciativa hoy a la consideración de esta Cámara y lo hacemos en el
marco que nos otorga la Constitución española como norma suprema del Estado, la doctrina constitucional y los estatutos de autonomía. Nosotros no venimos a esta Cámara a inventar nuevos instrumentos sino a proponer a sus señorías que desarrollemos
los ya existentes. No venimos a desapoderar al Estado de sus competencias sino a reforzar las vigentes. No ignoramos el Estado de las autonomías que define la Constitución española, pero sí somos plenamente conscientes de que algunos han superado
con creces el modelo autonómico con la única finalidad de romper este país y, desgraciadamente, han utilizado la educación para ello. Negarlo sería un error; no intentar que esta cuestión formase parte del máximo acuerdo político y social
constituiría otro mayor.
Señorías, nosotros no pretendemos juzgar a nadie, pero sí decimos que ser un partido de Gobierno, haber sido o aspirar a serlo implica aplicar políticas de Estado. Y la primera política de Estado es el respeto a la ley; la segunda, la
defensa de la misma, y la tercera, la garantía de su cumplimiento. Y si de lo que aquí se trata es de que desarrollemos el potencial que la jurisprudencia constitucional otorga al Estado para garantizar un sistema educativo vertebrado y vertebrador
que garantice la libertad, la libertad de elegir y la libertad de enseñar, la igualdad de oportunidades, que asegure unas enseñanzas básicas comunes en todo el territorio, que garantice los derechos lingüísticos de todos los alumnos en el marco de
un bilingüismo integrador, que destierre la ideologización de la enseñanza, entonces, señorías, no hay razón para que algunos de ustedes puedan oponerse a esta propuesta.
Señorías, ¿qué proponemos? Algo muy básico: el refuerzo y la ampliación de las atribuciones que el marco constitucional otorga a la Alta Inspección Educativa. ¿Para qué? Para que pueda ejercer sus competencias como garante del
cumplimiento de las leyes educativas en todas y cada una de las comunidades autónomas. ¿De qué forma? Reforzando la ley, por supuesto. Permitiendo que la alta
inspección pueda actuar de oficio o a instancia de parte; asegurando que las competencias de la alta inspección se extiendan a los libros de texto y otros materiales curriculares; otorgándole capacidad sancionadora; atribuyéndole
competencias que hasta el momento tenían los centros educativos, con el fin de preservar precisamente a esos centros de ser lugares libres de adoctrinamiento por quienes atentan contra los derechos y libertades públicas amparadas por nuestra
Constitución; dotándoles de mayores recursos personales, de forma que los inspectores gocen de la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus competencias; facilitando un mayor cauce de comunicación entre la fiscalía y la alta
inspección, precisamente, para proteger con mayor diligencia a los más débiles, a los niños, a esos que están en el centro educativo y que han sido objeto de delitos de odio.
Señorías, esta propuesta es el fiel reflejo de lo que solicitan las familias, las entidades representadas en el consejo escolar y, sobre todo, los inspectores. Los ciudadanos piden que demos respuesta rápida a sus inquietudes y eso estamos
haciendo. Por ello, señorías, finalizó apelando a su responsabilidad. Nosotros no nos situamos ni con quienes pretenden tutelar al Estado mediante organismos independientes ni con quienes quieren privarle del ejercicio de sus competencias.
Nosotros no balanceamos nuestros principios en función de cada momento político. Debo recordarles que nos quedamos solos en esta Cámara defendiendo la necesidad de una evaluación de ámbito nacional que permitiese un diagnóstico del sistema en su
conjunto pero, sobre todo, que garantizase a todos la misma igualdad de oportunidades. Nosotros, señorías, estamos donde siempre hemos estado, al lado de la Constitución, de las libertades educativas y de la defensa de los derechos de todos los
españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Moneo Díez.
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Este es el segundo de los puntos del orden del día del Pleno de esta tarde que gira en torno a la Alta Inspección Educativa. El Grupo Parlamentario Ciudadanos defendió la toma en consideración de una proposición de ley para la creación de
lo que se denominaría agencia de la alta especial educativa, una agencia independiente, y Foro discrepó de esa propuesta porque consideramos que la educación nunca puede ser independiente de su gestión y supervisión. Como ya anticipé en mi anterior
intervención, voy a votar a favor de esta proposición no de ley que promueve el refuerzo de la Alta Inspección Educativa y en cinco puntos muy amplios insta al Gobierno a llevar a término diferentes medidas que van desde velar por el cumplimiento de
los valores constitucionales hasta la actuación de forma rápida y eficiente contra cualquier tipo de actuación de acoso, discriminación e incitación al odio en menores de edad. Bien es cierto que la exposición de motivos es un reconocimiento pleno
de la insuficiencia y, por tanto, del incumplimiento de determinadas tareas encomendadas a la Alta Inspección Educativa. Tanto la Lomce como la LOE no dedicaron mucho espacio para referirse a la Alta Inspección Educativa, si bien señalan cuáles son
sus funciones y si se cumplieran -algo que se viene reclamando desde hace años tanto en el Congreso como en el Senado específicamente en sus respectivas comisiones de Educación- no haría falta una agencia independiente que, a la postre, no lo sería
como propone Ciudadanos... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, silencio por favor.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... y sería suficiente -tiene que serlo- la aplicación de los fundamentos recogidos en la Constitución española, en las diferentes leyes, en los reales decretos y en las normativas que se han desarrollado para que
todas las comunidades autónomas tengan su correspondiente alta inspección. Le vemos absoluto sentido a esta propuesta de refuerzo que viene de la mano del Grupo Popular, máxime cuando es lo que viene reclamando toda la sociedad civil.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ¿hoy hay quien educa en el odio a España? Sí. ¿Existen modelos educativos topados por elementos radicales? Lo sabemos. ¿Hay educadores que no respetan una mínima neutralidad ideológica
al enseñar? También. ¿Algunos utilizan las diferencias, por ejemplo las lenguas, para levantar muros que benefician solo a quien las hablan? Sí. ¿Hay quienes educan inventando enfrentamientos y agravios entre territorios creando víctimas
artificiales y falsas? Sí. ¿Hay quienes educan inventando o hay quiénes todavía educan justificando la violencia terrorista? Me temo que también. ¿Hay quien retuerce la historia y se inventa realidades políticas inexistentes? Sí, señorías.
Nosotros, Unión del Pueblo Navarro, sin ir más lejos, tuvimos que acudir a la Alta Inspección de Educación hace unos cuantos años para exigir al PNV que sustituyera el término Euskal Herria por el de Euskadi en más de sesenta referencias en su
currículo educativo vasco, y, efectivamente, se eliminó. ¿Son situaciones generalizadas? No, pero existen, y todas ellas son corrosivas; por tanto, la Alta Inspección de Educación debe de actuar y debe de actuar más y mejor.
Ustedes, señora Moneo, piden reforzar el papel de la alta inspección y nosotros, ¿qué pedimos? Lo hemos dicho en la anterior intervención: mayor consenso, mayor compromiso de los responsables, un escrupuloso respeto competencial y, a la
vez, eliminar espacios de impunidad para quien pretenda hacer de la educación un arma de adoctrinamiento, enfrentamiento, mentiras y separación. Yo solo espero que las ideas que contienen las dos iniciativas que hemos discutido esta tarde converjan
solo en una y de alguna manera, y escuchando a expertos, técnicos, juristas, inspectores, etcétera, podamos al final llegar en ese proceso a una conclusión que sea eficaz para el fin que todos queremos, que es eliminar estas corrosivas desviaciones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Mixto, tiene también la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Cuando un Gobierno que no es del PP funciona bien y gestiona mejor que el PP, el PP intenta atacarlo, destruirlo, y no tiene ningún escrúpulo, con la complicidad, eso sí, de los alevines de Aznar, los señores y señoras de Ciudadanos. Si es
un Gobierno municipal como, por ejemplo, Madrid, lo intervienen, y si es un Gobierno como el valenciano, que ha demostrado que no roba, que no es corrupto y que gobierna mucho mejor que el Partido Popular, recurren a la desacreditación y a las
denuncias falsas, aunque sea a costa de la educación. Es el nuevo mantra, el adoctrinamiento. Insisten en lanzar injurias, repetir mentiras o simplemente medias verdades si con ello desacreditan, difaman e injurian a los profesores, a los equipos
directivos, a los inspectores, a los consejos escolares, en definitiva, a todo un sistema educativo de una comunidad autónoma. No les importa, no tienen escrúpulos, con tal de recuperar el poder. Lo hizo la portavoz del PP en las Cortes
Valencianas el 26 de octubre, leyendo un fragmento descontextualizado para que cuadrara con su mentira del mantra del adoctrinamiento en las escuelas y en los institutos valencianos. Voy acabando. Un grupo de profesoras valencianas de un instituto
de La Marina Alta le pide al PP, le pide a esa portavoz que no haga trampas, que lea el texto hasta el final, que la conclusión del texto incide en buscar soluciones basadas en el diálogo, la integración, la tolerancia y no en la radicalización de
ideas, como intenta hacer la intolerante portavoz del Partido Popular. Acabo. No, esto no va de educación, esto va de electoralismo, esto va de inquisición, esto va de votos.
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Baldoví Roda.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Parece que hoy tenemos una tarde monográfica. Yo tenía algunas cosas apuntadas, pero después de haber oído lo que he oído, es que nos superamos aquí constantemente. Vamos hacia una especie de concurso, de espiral de dos huevos duros más y
me da la sensación de que no sé dónde vamos a acabar, porque como esto siga así... Señora Moneo, le he escuchado decir tales cosas que verdaderamente me preguntaba: ¿estoy escuchando a una representante del Partido Popular o es de otro partido?
Cuando decía eso de la resistencia contra el poder establecido, ¿de qué está hablando, señora Moneo? Usted decía que el Estado que aplica el 155 es el garante de las libertades que usted está promoviendo. No sé qué concepto de Estado tiene usted
pero, verdaderamente, el concepto de libertad que tengo yo no se parece en nada al suyo.
En cualquier caso, el objetivo de esta proposición no de ley es un objetivo repetido; es una repetición y, al fin y al cabo, no voy a decir cosas muy diferentes de las que he dicho ante la proposición de ley de Ciudadanos, porque se trata,
al fin y al cabo, de lo mismo con diferentes formas, que es que ustedes proponen un proceso de recentralización y uniformización de la enseñanza y del sistema educativo en general. Se han inventado lo de la alta inspección para ensanchar cada vez
más el poder del Estado disminuyendo la capacidad de las comunidades autónomas o, por lo menos, la de algunas. Las comunidades autónomas han asumido las competencias en materia educativa y, por ejemplo, en lo que se refiere a Euskadi, se ha ido
construyendo un sistema educativo basándose precisamente en el desarrollo de dichas competencias. Después de escucharle, no sé qué pretende usted que sea esta alta inspección, pero más que en un sistema educativo yo he pensado en un cuartel militar
al escuchar las propuestas que usted hacía. Leyendo la propuesta sobre la capacidad de intervención, de autoridad y de coacción, yo decía: pero esto qué es, es una dictadura militar o qué es lo que está proponiendo. ¿Ese sistema educativo es el
que plantean ustedes que acordemos en un pacto de Estado? Le voy a decir algo de antemano: si van a llevar esto al pacto de Estado -sé que le importará poco-, sepa que pueden olvidarse de la participación del Partido Nacionalista Vasco.
¿Verdaderamente usted cree posible un pacto de educación que contemple o acoja las barbaridades que ustedes han planteado en esta proposición no de ley? Es imposible que sea un pacto de Estado; lo acordarán con quienes están aquí en contubernio
-perdón por la expresión- o en una especie de coleguismo de ver quién da más en este tema, pero nosotros no vamos a estar en ello. Podríamos cuestionarnos si lo que ustedes quieren es una función verdadera de la alta expedición, porque en el fondo,
como le decía antes el señor Rivera y se lo repito a usted también, ¿sabe que están diciendo que los inspectores actuales no valen para nada? ¿Sabe que están diciendo que los inspectores de las comunidades autónomas que tienen asignada esta función
no están haciendo bien su trabajo? Es más, ¿a mí quién me garantiza que los del Estado lo hagan mejor? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Acaso los actuales son malos profesionales? Además, ¿qué dirá la comunidad educativa ante todo esto? Porque esto sí
que es una injerencia, una injerencia en una labor que les está encomendada a ellos. Yo creo que ustedes aprovechan una vez más lo que está ocurriendo en Cataluña para plantear ese modelo educativo que les gustaría. Si criticábamos la Lomce, esto,
en vez de relajar tensión, lo que hace es aumentarla, porque aquello de que lleguemos a un acuerdo sobre un modelo educativo, esto lo echa por tierra.
Por último, quiero plantearle una cuestión al señor Salvador. Cada vez que interviene usted y utiliza términos como los que ha empleado, su negacionismo cultural le lleva de la ignorancia al ridículo, porque Euskal Herria existe, y lo han
reconocido hasta los más recalcitrantes requetés que iniciaron la andadura política del partido al que usted pertenece, ya en los años sesenta. Pero es tal el pavor político que tienen, que niegan hasta lo cultural.
Dicho todo esto, evidentemente votaremos en contra porque no podemos participar de semejante barbaridad, que de educación tiene muy poco.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Diputades, diputats, presidenta, bona tarda i llibertat pels deu. (Aplausos).
Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, sobre todo si las primeras han sido tan malas. Ahora discutiremos una versión de bolsillo de la PNL de Ciudadanos. El PP nos presenta esto, una versión de bolsillo, la tenían que hacer -hay
campaña electoral en Cataluña-, no sea que quedasen mal con la clientela de extrema derecha que se disputan; una versión de circunstancias, escrita de oficio y sin ninguna convicción en la exposición, afortunadamente. Es un material para el limbo
de las PNL, esas que se pierden en la distancia y que como máximo servirá de coartada como un guiño para la campaña electoral del candidato Albiol, que ya saben que puede pasar del 8 al 5%, de la miseria a la absoluta pobreza. No entraré en disputa
con lo que he oído sobre historia, aunque me gustaría hablar de historia, pero no de historia a nivel Forocoches; nivel Forocoches, no. Aquí tenemos una magnífica biblioteca, solo hace falta coger una bibliografía de diez o veinte textos y verán
ustedes que no tiene nada que ver con lo que se ha oído aquí sobre la historia de la Corona de Aragón o de España. Afortunadamente, en el Estado español y fuera tenemos buenos historiadores.
La escuela catalana ha sido, es y será un ejemplo de libertad, convivencia, democracia y plurilingüismo -es la cuarta vez que lo digo en este hemiciclo-, porque no se puede atacar la profesionalidad de los más de cien mil profesores y
profesoras de la escuela pública y concertada. Me salen con una fotografía
de no sé dónde, a mí me han pasado ahora tres o cuatro de lo contrario; no caeré en esta tontería, no, no. Cientos de miles de alumnos, decenas de miles de escuelas, más de cien mil profesores es lo que tenemos en Cataluña afortunadamente,
no podemos hacer de la excepción elemento de leyes, al contrario, hemos de reforzar la escuela. La verdad es que de los ochenta y tres comparecientes que hemos escuchado en la subcomisión ninguno ha puesto la alta inspección como el elemento
prioritario. En la discusión del índice dudo que el tema de la alta inspección sea un tema fundamental, es un tema instrumental de campaña electoral y espero que el día 22 esto desaparezca porque si no, difícilmente habrá pacto. Yo ya era
escéptico pero lo seré más, porque la Lomce continúa funcionando, la Lomce se continúa consolidando y me parece que el cambio necesario en la escuela en Cataluña y en España quedará para mucho más lejos. Esta PNL es innecesaria, si quieren
realmente hablar de este tema hay un sitio donde tienen voz y voto, porque solo se puede entender la inspección, alta o baja, en el marco del modelo educativo, al que sirven. En esto nos podemos entender. Todo lo otro es demagogia y propaganda.
(Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Olòriz Serra.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.
Antes de hacer la intervención, quiero contestar al señor Agirretxea que ha dicho que es una sesión monográfica. Afortunadamente. Yo espero que con esta sesión algunos de los portavoces de educación que no saben y que no han entendido lo
que es la Alta Inspección Educativa puedan aprender y puedan estudiar para cuando tengamos que debatir la ley. (Aplausos).
Dicho esto, el PP nos trae aquí la PNL del arrepentimiento porque es una PNL prácticamente calcada de la que nosotros trajimos hace dos semanas, con excepción de dos puntos en los que ellos se abstuvieron, y obviamente están indignados
consigo mismos por el grave error. Yo también lo estaría y, por tanto, esta es una de las razones por las que les vamos a apoyar en su PNL. Es una PNL en la que hacen un propósito de enmienda y nos parece bien porque nunca es tarde si la dicha es
buena. La sensación es la de los niños que tienen un juguete en su habitación, no le hacen ni puñetero caso hasta que vienen en un momento dado los primos, descubren el juguete y entonces se dan cuenta de que tenían ese juguete sin utilizar.
Nosotros vamos a apoyar esta PNL, aunque voy a decir una cosa, y es que nos parece muy extraño que un partido de Gobierno traiga una PNL en la que se inste a sí mismo a ejecutar sus funciones. Esperemos que a partir de esta PNL las
ejecuten, pero, en cualquier caso, el debate serio se puede establecer con el debate de la proposición de ley que hemos traído a esta Cámara. En ese momento podremos debatir o trabajar las enmiendas, los matices y las mejoras que sean oportunas y
estamos esperando con interés el que todas esas aportaciones que han dicho que van a hacer nos las traigan en el procedimiento. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Martín Llaguno.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
Como si del día de la marmota se tratara, el Grupo Popular nos presenta otra PNL sobre la Alta Inspección Educativa muy similar a la proposición de Ciudadanos que acabamos de debatir. En este sentido tenemos que decir que es una proposición
igualmente irresponsable que sigue sembrando la duda sobre el trabajo de los inspectores de educación y los docentes y que si el Grupo Popular la trae hoy aquí no es tanto porque le preocupe el adoctrinamiento en las aulas, sino para evitar que su
socio naranja le siga pasando por la derecha. Sí, señorías, ustedes dos compiten para ver quién echa más leña al fuego y para ver quién lleva más lejos el 155. (Aplausos). Realmente, causa sonrojo el uso electoralista y mezquino que están
haciendo de la crisis catalana, pero casi da más vergüenza que lo utilicen para atacar nuestra escuela pública. Porque está muy claro lo que se busca con este tipo de proposiciones. Primero, se comienza sobredimensionando casos aislados, después
se generaliza la sospecha sobre los docentes y los inspectores y, finalmente, se aplican medidas draconianas que atentan contra las competencias autonómicas y contra la convivencia escolar. En definitiva, ustedes están inventando un problema que no
existe para tapar sus responsabilidades. Pretenden que nos creamos que la crisis territorial viene de la
escuela y que la culpa la tienen los maestros y las maestras, pero esta crisis no se ha originado en ninguna escuela, sino que viene... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, un poco de silencio, por favor.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Decía que esta crisis, la crisis territorial que vive nuestro país no se ha originado en ninguna escuela, sino que viene de su incompetencia, la incompetencia que demostraron atacando el Estatut pactado de 2007 y la
que demuestran hoy atacando la escuela pública y a sus docentes.
Señorías, nuestro país tiene la suerte de contar con un cuerpo docente formado y capaz, con unos profesores y profesoras que muchas veces trabajan más allá de lo que cobran y que además sienten un respeto reverencial por sus alumnos y
alumnas. Y para los casos contados donde no sea así, existe un cuerpo de inspectores y unos procesos reglados para garantizar los derechos de todo el alumnado. A nosotros nos parece muy bien que los inspectores de educación investiguen todas las
denuncias que pueda haber e incluso las denuncias anónimas que no se sabe muy bien de dónde vienen, pero esta PNL no pretende reforzar y garantizar la independencia del cuerpo ordinario de inspectores, sino usurpar sus funciones, dándole más
competencia a la Alta Inspección del Estado, una entidad que está formada por cargos de libre designación y no por inspectores de oficio y que no ofrece garantías de independencia, publicidad e imparcialidad.
Señorías del PP, ustedes cometen un error de principio. Esta proposición descansa sobre el supuesto de que la escuela debe ser algo así como un espacio aséptico y neutral, cuando de lo que se trata es de que la escuela sea un espacio
plural. Ya sé que este planteamiento nunca les ha entusiasmado demasiado, pero es que la escuela pública es diversa por definición y habrá profesores de derechas o de izquierdas, del Barça o del Madrid, que leerán un periódico o que leerán otro,
pero lo importante es que la suma de toda esa diversidad hace que el alumnado salga con una visión muy plural del mundo que le rodea y que, en consecuencia, pueda elegir su camino. Pero es que además ustedes defienden una cosa y la contraria,
porque a la vez que claman contra el adoctrinamiento de la escuela valenciana o catalana, no tienen ningún reparo, por ejemplo, para hacer evaluable la religión católica o para financiar colegios que segregan a niños y niñas o para concertar con
centros educativos con un ideario ultraconservador y muy poco democrático. (Aplausos). Quizá ahí sí se echa más en falta la supervisión por parte de la inspección educativa. Su discurso contra el adoctrinamiento educativo, en definitiva, es solo
un mecanismo de propaganda para intervenir una escuela pública que se ha resistido a la Lomce y a sus recortes porque, seamos claros, al Partido Popular no le preocupa mucho el adoctrinamiento porque, de preocuparle, quizá tendría que empezar por
Televisión Española. (Aplausos). Por tanto, nosotros vamos a votar negativamente esta proposición por respeto al trabajo de los docentes y de los inspectores y porque además entendemos que no existe ninguna necesidad para extender el 155 también
al ámbito educativo. Nuestro Grupo Confederal está firmemente convencido de que la diversidad social, lingüística y cultural de nuestras aulas no es algo a perseguir, sino más bien un tesoro a defender.
Para terminar, recomendaría a las señorías del Grupo Popular que dejen de competir con Ciudadanos en este sinsentido y permitan trabajar a los inspectores y a los docentes. Si ustedes quieren que haya algo así como un pacto educativo,
deberían estar hablando de aumentar la financiación y no de aumentar los superpoderes de la Alta Inspección Educativa. O quizá, en lugar de señalar y atemorizar a los docentes, deberían estar planteando medidas para reducir la interinidad y mejorar
sus condiciones laborales. El problema es que con proposiciones tan incendiarias como estas están alejando el pacto educativo un poquito más.
Gracias (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Sánchez Serna.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cruz Rodríguez.
El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, empezaré mi intervención acogiéndome a la sabiduría del refranero popular, que tiene para la presente ocasión la descripción más acertada. Me refiero al refrán que reza: Éramos pocos y parió la abuela. No les costará suponer por
dónde voy. Hace pocas semanas Ciudadanos presentó una moción sobre la alta inspección, a la que siguió la presentada por Esquerra sobre el modelo de escuela catalana y la inmersión lingüística. Y por si eso hubiera sido poco, Ciudadanos hoy suma
doblete. Mucho estaban
tardando ustedes en aparecer, señores del Grupo Popular. ¿Podrían haberlo evitado? Es cierto, podrían haber evitado caer en la misma tentación, pero se conoce que les ocurre como al escorpión de la fábula de Esopo: Es su carácter y si
pueden clavar el aguijón lo clavan. Aunque luego ustedes mismos puedan salir dañados con su desahogo. Si no fuera porque hubiera parecido una frivolidad, además de una falta de respeto hacia sus señorías, no me hubiera costado casi nada utilizar
fragmentos enteros de mi intervención del otro día en la moción de Esquerra y repetirlos ahora aquí, cambiando donde dije Esquerra por Partido Popular. Hasta tal punto son simétricas, por no decir gemelas, sus intervenciones. También ustedes ponen
hoy a los niños por delante, utilizándolos como coartada fuertemente emotiva para su argumentación. Lástima que todos sepamos a estas alturas que eso es ventajismo discursivo, porque, claro, ¿quién no va a ser sensible a la descripción de unas
conductas condenables sin la menor duda ni matiz que han tenido lugar últimamente en unas pocas escuelas catalanas e institutos y que toman ustedes como base para su proposición? Pero esa no es la cuestión que en este momento se encuentra en juego,
la que en realidad les interesa.
Le podría reprochar muchas cosas a esta iniciativa, pero me voy a limitar a dos. La primera, el momento elegido para presentarla, un momento de un oportunismo tan extremo que termina por arruinar toda la credibilidad que de inicio pudiera
haber tenido. (Aplausos). Esta tarde caminan ustedes en paralelo con Ciudadanos y el paralelismo no tiene nada de casual; al contrario, es de todo punto lógico. Comparten ambos el propósito de obtener de esta sesión parlamentaria un específico
rédito cara a las elecciones catalanas del próximo mes. ¿Por qué califico de específico a dicho rédito? Porque lo que buscan hoy, señorías del Grupo Popular, es sacar ventaja en la particular competición electoral que se traen con la formación del
señor Rivera, una competición en la que lo que se disputa es cuál de las dos fuerzas políticas se alza con el trofeo de aparecer ante la ciudadanía como la más dura e intransigente frente al independentismo catalán, lo cual, aplicado a la educación,
se expresa en la obsesión que tanto ustedes como Ciudadanos tienen por ser el campeón en restar competencias autonómicas y recentralizar el sistema educativo. Pues si eso es lo que pretenden, déjenme que les observe, recurriendo de nuevo al
refranero, que están haciendo ustedes un pan como unas tortas. Yo no les voy a dar consejos, entre otras cosas porque si se los diera no me harían el menor caso, pero deberían saber que quien se los está dando se los está dando muy malos. ¿O es
que nadie les ha avisado de que si esta PNL saliera adelante lo que queda de procés no iba a caber en sí de gozo? ¿Ninguno ha caído en la cuenta de que los medios de comunicación públicos y subvencionados de Cataluña iban a abrir sus ediciones de
mañana con el titular 'El 155 entra en la escuela catalana'. No me obliguen a pensar que es eso lo que a ustedes, como al escorpión de la fábula, les pide el cuerpo.
Además, hay una segunda cosa que merece la pena comentar aquí y que es todavía más grave que su oportunismo. Me refiero a su deslealtad con el pacto educativo. ¿Cómo pueden ustedes defender dentro de la subcomisión que para alcanzar
acuerdos se requieran dos tercios de respaldo y pretender ahora aquí fuera que una resolución que como mucho podría salir aprobada en esta Cámara con mayoría simple sea luego de obligado cumplimiento en la subcomisión? (Aplausos). Van a terminar
haciendo que dudemos de su sinceridad cuando proclaman desear ese gran pacto educativo. En definitiva -y termino, señora presidenta-, aclárense ustedes, señores del PP, y aclárense entre ustedes, señores del PP y señores de Ciudadanos, pero, por
favor, no traigan a este hemiciclo sus riñas conyugales y, sobre todo, no se tiren a la cabeza la vajilla del pacto educativo, porque esa vajilla no les pertenece; es de todos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Cruz Rodríguez.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR QUEVEDO), SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO PARA ESTUDIAR ALTERNATIVAS ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN DE LA BASE NAVAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA USO CIUDADANO. (Número de
expediente 173/000062).
La señora PRESIDENTA: A continuación, en el tercer bloque del orden del día, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Quevedo, sobre las actuaciones realizadas por el Gobierno
para estudiar alternativas orientadas a la recuperación de la base naval de Las Palmas de Gran Canaria para uso ciudadano. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes a todas y a todos.
Esta moción consecuencia de interpelación que defendimos la semana pasada es una ocasión más que tiene Nueva Canarias para plantear la cuestión de la base naval situada en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Es una cuestión que hemos
tenido que reiterar persistentemente -y este es un caso más- porque, a pesar de las múltiples declaraciones en sentido favorable de todos los tipos y tenores en todo tipo de instituciones, lo cierto es que este asunto continúa durmiendo el sueño de
los justos. Es cierto que la ministra de Defensa la semana pasada por fin acabó reconociendo la necesidad de constituir un grupo de trabajo, tal y como habíamos solicitado en reiteradas ocasiones previamente; un grupo de trabajo para tratar sobre
una posible solución para esta cuestión. Sin embargo, tenemos que decir que el poco entusiasmo de la ministra era evidente y también es evidente que se han hecho algunas declaraciones que nos llevan a mantener la preocupación que llevamos
manteniendo -yo no, pero sí muchas de las personas que todavía viven en Las Palmas de Gran Canaria- durante setenta y siete años. Se han hecho declaraciones del tipo: ¿y por qué si esa base naval deja de ser militar va a ser para los ciudadanos,
cuando si fuese de la Autoridad Portuaria no lo sería? Ya les aseguro a ustedes que si esos terrenos fuesen de la Autoridad Portuaria -que no tiene por qué ser así necesariamente-, no habría ningún inconveniente para que ese espacio esencial para
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria fuese recuperado por la ciudadanía.
Podrían ustedes preguntar qué justifica esta moción si la ministra se ha comprometido a constituir un grupo de trabajo. Una razón fundamental: la constitución de un grupo de trabajo para tratar sobre este asunto es una condición necesaria
para empezar a abordar esta cuestión, pero no es suficiente para abordar con seriedad y con rigor esta demanda reiterada de la sociedad grancanaria a lo largo de muchísimos años. Han pasado setenta y siete años desde la ocupación de esos terrenos
por el Ministerio de Marina en el año 1940 con fines militares; por cierto, los fines militares terminaron en el año 1945, que fue cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Ya es tiempo de que se plantee en esta Cámara con el rigor suficiente y
no aceptemos solo declaraciones, en muchas ocasiones vacías. Volvemos a pedir el apoyo de la Cámara. Sabemos que hemos tenido el apoyo unánime de los grupos presentes en las Comisiones de Defensa, no solo en el Congreso, también en el Senado.
Ahora les volvemos a pedir el apoyo a esta moción que estamos planteando, porque es la primera vez en la historia que podríamos conseguir no solo que se constituya un grupo de trabajo con una composición determinada, que ahora les comentaré, sino
con unos objetivos definidos; no es necesariamente la solución al problema, pero ya no se trataría de 'vale, sí, a ver si se calla esta gente'.
En relación con el grupo de trabajo, tenemos una enmienda del Partido Popular que ya anuncio que vamos a aceptar. Respecto a la composición de ese grupo de trabajo, nosotros sugeríamos que estuviese el Ministerio de Defensa, el Gobierno de
Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria. Se nos plantea que además esté el Ministerio de Fomento. No tenemos ningún inconveniente con este tema. Nos parece racional y
probablemente beneficie el funcionamiento de la Comisión. Y lo que es más relevante es que, además, tiene planteado un conjunto de objetivos, que paso a leerles rápidamente: Primero, estudiar las posibles alternativas para dar una nueva ubicación
a la base naval de Las Palmas de Gran Canaria que reúna los requisitos operativos, logísticos y estratégicos necesarios para las Fuerzas Armadas y para la Defensa. Segundo, estimar el coste de acondicionamiento del nuevo emplazamiento y de
construcción de las instalaciones necesarias, así como el periodo de ejecución de dichas actuaciones. Tercero, definir las posibles vías para la cesión del espacio actual de la base naval y las fórmulas de financiación y/o contraprestaciones,
conforme a la legalidad vigente, que pudieran hacer efectiva la recuperación de la base naval para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Si analizásemos esto en profundidad, podría decirles que no parece mucho compromiso, pero es un paso histórico en relación con lo que hemos tenido previamente. Esto no es un capricho. No creo que tenga que gastar mucho esfuerzo en
explicarles a sus señorías que no es razonable que una instalación militar esté en uno de los centros estratégicos de una ciudad de cuatrocientos mil habitantes, como lo es Las Palmas de Gran Canaria. No es razonable que sea una especie de lunar
negro que impide el desarrollo del frente litoral, absolutamente determinante para el desarrollo económico de la ciudad, para la generación de equipamientos sociales y de todo tipo que la ciudad precisa con urgencia para hacer frente a los retos que
tiene planteados en materia económica, en materia social y en materia de equipamientos. Espero haber conseguido trasladarles que no estamos ante una pataleta. Esto no es un prejuicio contra lo militar
porque sí, entendemos que la defensa de Canarias tiene que estar garantizada, lo que sí que decimos es que no se puede ocupar un espacio porque había una guerra, que se haya acabado la guerra en el año 1945 y que, sin nada a cambio para la
ciudad, ese espacio se haya mantenido excluido del uso ciudadano sin ninguna aportación conocida para el interés general de la ciudadanía de Gran Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria. Eso no es razonable, como no lo ha sido en las numerosísimas
ciudades que han tenido un acuerdo para reubicar instalaciones militares que ocupaban espacios ciudadanos, como en este caso, emblemáticos.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Quevedo Iturbe.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hernández Bento.
La señora HERNÁNDEZ BENTO: Gracias, presidenta.
Señor Quevedo, tiene razón usted cuando dice que este asunto ha ido y venido, que ha sido traído desde el año 1974 a la actualidad política, y por distintos grupos políticos y en diferentes momentos. Le doy toda la razón en esto, y en
algunas otras cosas más. Pero permítame que antes de entrar en materia haga una reflexión para poner en valor lo que ha significado la presencia de la Armada en nuestro Archipiélago. Me explico para que entiendan por qué lo hago.
Usted dice que hay que recuperar para los ciudadanos la base naval, y yo creo que, sinceramente, no se trata de eso, porque ya el uso de la base naval es un uso que está al servicio de los ciudadanos. No se puede prestar mejor o mayor
servicio que el de la defensa y la protección. Mire, sin exagerar, si los canarios, los españoles y los europeos podemos estar seguros, entre otros motivos, es por la presencia de esa base naval en nuestro Archipiélago. Además, esta presencia es
un servicio permanente todos los días del año y todas las horas del día. Por eso, yo no quería que hubiera ninguna sombra de duda a este respecto sobre el respeto, el cariño -usted lo ha dicho también- que sentimos los canarios por la Armada. Creo
que todos estaremos de acuerdo en esto. Además, hablamos de ciudadanos canarios, pero es que la Armada está formada también por hombres y mujeres que están perfectamente integrados en la sociedad canaria, que quieren a nuestra ciudad y a nuestra
isla. Yo creo que este vínculo tampoco lo podemos negar.
Por eso, quería introducir este matiz, porque yo sí que creo que el uso actual que tiene el espacio es la garantía de un bien preciado y apreciado por las personas, que es el de su seguridad que, al final, se traduce en su tranquilidad. Y
dedicados a la protección de este bien está la Armada en la base naval. Por lo tanto, me parece que es importante que esto quede claro, que la Armada es respetada y querida en Gran Canaria. Esto no quita que podamos debatir -usted tiene razón-
sobre posibles cambios de ubicación. La base está situada en el corazón, en el centro de nuestra ciudad. Desde una calle de las más comerciales de la ciudad miramos hacia el mar y, sin ningún tipo de dificultad, vemos la entrada a la base, al lado
del club náutico. Por lo tanto, es un lugar privilegiado; forma parte de nuestro frente marítimo. Esta situación deviene -y lo ha dicho usted también- por la Segunda Guerra Mundial. Pero no es casualidad; se ubica ahí precisamente por esa
situación geoestratégica que tiene para la defensa nacional y europea nuestro Archipiélago. Por eso, yo creo que hay una cosa que tiene que quedar clara en la que creo que vamos a coincidir todos, y es que de lo que estamos hablando es de cambiar
la ubicación; la permanencia en Gran Canaria de la base naval es indiscutible.
Tiene usted también razón cuando dice que hay un acuerdo de la Comisión de Defensa de 2016 para la creación de ese grupo de trabajo y que no se había constituido; pero también es verdad que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal,
se comprometió aquí y, además, explicó por qué no había sido constituido; dijo que desde el Ministerio de Defensa se había trabajado en diferentes alternativas, pero que ninguna de ellas cumplía con los requisitos técnicos que garantizaban el
traslado en las condiciones adecuadas. ¡Y este es el único motivo! ¡No busque usted más o menos entusiasmo! Esta ha sido la postura del Ministerio de Defensa y no solo con un Gobierno del Partido Popular; ha sido con Gobiernos de otros signos
políticos. No se ha encontrado alternativa para el traslado que cumpliera con las garantías técnicas suficientes. De hecho, la ministra se comprometió, con una voluntad clara de cumplir con los acuerdos, a que se hiciera antes de finalizar el mes;
¡y antes de finalizar el mes es la semana que viene! ¡La próxima semana!
Estamos de acuerdo en que este grupo debe estudiar más cosas; no solo las posibles alternativas de ubicación; los costes del traslado, los periodos de ejecución y también la fórmula jurídica, porque es
verdad que fue la Junta de Obras del Puerto, en el año 1940, la que cedió los terrenos, prácticamente todos, las cuatro quintas partes. Por lo tanto, ante un eventual traslado del arsenal -como llamamos nosotros a la base naval- a cualquier
otro lugar, será la Autoridad Portuaria la que reciba esos terrenos. No va a ser el ayuntamiento ni va a ser el cabildo. Le agradezco muchísimo que usted haya aceptado nuestra enmienda para que el Ministerio de Fomento estuviese en ese grupo de
trabajo.
Concluyo, señorías. Miren, me gustaría como grancanaria, como canaria, como española, trasladarles a todos los miembros de la Armada el orgullo que ha sido para los canarios -y sigue siendo- que estén entre nosotros; pero, sobre todo, me
gustaría trasladarles el agradecimiento, porque ellos hacen de nuestra defensa su compromiso de vida.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchísimas gracias, señora Hernández Bento.
Para el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Intervengo para manifestar nuestro apoyo a la moción que presenta Nueva Canarias. Nos solidarizamos con la moción porque somos capaces de ponernos en los zapatos de la reivindicación de Nueva Canarias en nombre de los ciudadanos de la
ciudad de Las Palmas. Y somos capaces de ponernos en esa situación porque nosotros también tenemos otra parecida con una instalación militar operativa en el centro de una ciudad y sabemos lo que colapsan ese tipo de instalaciones los centros de las
ciudades, sin hacer otras consideraciones respecto a la conveniencia o no de que desde un punto de vista militar se encuentren ubicadas en el centro de las poblaciones. Por esa razón, señoría, apoyaremos la iniciativa, la moción en este caso, de
Nueva Canarias.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Legarda Uriarte.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez Freire.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señora presidenta.
Señor Quevedo, le adelanto ya el voto afirmativo de mi grupo a su propuesta al igual que hicimos en la Comisión de Defensa, en la que brillantemente defendió nuestra postura el compañero Javier Cano. Le alabo además la reiteración y la
persistencia. Nosotros somos un grupo que entiende que cuando alguien presenta el mismo problema de forma reiterada es porque es algo que le preocupa y por lo tanto le ocupa. No le dirá lo mismo el señor Mena, porque sabemos que cuando algo nos
preocupa y ocupa y lo traemos de forma sistemática le puede parecer mal y nos va a acusar de electoralismo. (Aplausos). Por tanto, le alabo la reiteración y la persistencia.
Es una aspiración legítima, razonable, lógica. Es cierto que la base naval de Las Palmas se encuentra en el centro de la ciudad y por ello entendemos que tienen que buscarse alternativas a su emplazamiento, a su localización. Nos preocupa
también lógicamente la labor que realiza el Ejército. Usted sabe muy bien -y además lo ha dicho- que la seguridad de Canarias, de toda España, tiene que estar garantizada y nosotros alabamos la función que realiza la Armada en ese desempeño, sobre
todo porque además es una función social. Yo creo desde luego -y en ello estará de acuerdo conmigo- que la función social que realiza la Armada con las ayudas humanitarias, con la protección, con la seguridad la tenemos que alabar, y nosotros desde
nuestro grupo lo haremos.
Tiene dos impedimentos. Ha tenido siempre dos impedimentos el cambio de localización de la base naval: uno, por la búsqueda de alternativas. Es cierto que se han buscado alternativas en Gando, en La Isleta, en Montaña Roja -en
Fuerteventura-, incluso en Salinetas. Se han buscado alternativas que por motivos técnicos, logísticos, de calado, de profundidad no han podido ser desarrolladas. La segunda problemática histórica que ha tenido ha sido el coste: quién, cuánto y
cómo se paga. Las primeras estimaciones, que datan de hace veinte años aproximadamente -es cuando empezaron a presentar este tipo de mociones-, hablaban de 180 millones; hoy las personas más optimistas hablan de 400, aunque algunos expertos las
cifran en 1000 millones. Esa mesa interadministraciones, donde están el ayuntamiento, el cabildo, el Gobierno de Canarias y por supuesto el Ministerio de Defensa -y nos alegra que además esté Fomento- es por lo menos el principio para buscar una
solución. Entendemos que tienen que ser todas las administraciones las que planteen cuáles son las posibles alternativas de ubicación, de
emplazamiento, y una vez que se haya localizado esa posible alternativa, hay que buscar los fondos para poder desarrollarla.
En resumen, señor Quevedo, nosotros apoyaremos esta propuesta porque nos parece algo lógico. Además, ha incluido al Ministerio de Fomento, algo que nos parecía fundamental, teniendo en cuenta el caso de la reversión de una expropiación que
se realizó en los años cuarenta, que, como bien sabe, el 80% pertenecía a la Autoridad Portuaria y por lo tanto a Puertos del Estado, y por eso Fomento tendría que estar en esa sala. Tenga claro que este apoyo no es incondicional. Si de una vez
por todas logramos entre todos que se traslade la base naval, vigilaremos claramente cuáles son los resultados, cuál es el destino de esos terrenos, porque además entendemos -es verdad que están enclavados en el centro de la ciudad- que es hora de
recuperar el frente del litoral para la ciudad de Las Palmas y es hora de que Las Palmas de Gran Canaria entre de una vez por todas en esa economía azul tan beneficiosa para el conjunto de la sociedad.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Ramírez Freire.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.
La señora PITA CÁRDENES: Buenas tardes, presidenta.
Señorías, mi grupo confederal va a votar -faltaría más, señor Quevedo- lo que propone en esta moción, porque además viene inspirada en las políticas que está desarrollando nuestro grupo en el Ayuntamiento de Las Palmas, nuestro teniente de
alcalde y los concejales de Podemos, en esta ciudad del cambio del Archipiélago que es Las Palmas de Gran Canaria. Recalcamos además nuestro expreso deseo de que el grupo de trabajo que se propone crear en esta moción para decidir el futuro del
arsenal lo haga dejando claro que no supondrá ningún coste a las arcas municipales. La Marina ha venido disfrutando de este emplazamiento de forma gratuita durante todos estos años, setenta y siete, ya lo han dicho los que me han precedido en el
uso de la palabra. Lo justo sería ahora que su devolución a la ciudad fuera también a coste cero. No es un negocio, es una devolución. Hablamos del muelle de Nuestra Señora del Pino. Este muelle se construyó a principios de los años treinta del
pasado siglo con la idea de facilitar la salida a las exportaciones agrícolas canarias. Popularmente era conocido como el muelle frutero. En 1939, recién terminada la guerra civil, el golpista y dictador señor Franco decidió suprimir
unilateralmente nuestras libertades comerciales y eliminó nuestra Ley de Puertos Francos, que había sido reconocida en 1852. Justo un año después de 1939, en plena Segunda Guerra Mundial, el 12 de diciembre de 1940, el muelle de Nuestra Señora del
Pino es incautado para instalaciones militares alegando que es un enclave estratégico, porque efectivamente está ubicado en el centro de la ciudad de Las Palmas, una ciudad que antes de la dictadura vivía entregada a la paz del comercio
transnacional.
Les voy a hacer un apunte histórico solo para presumir un poco. La Ley de Puertos Francos supuso el reconocimiento explícito de nuestras especificidades históricas. Solo existía en el resto del Estado un precedente, que era la Ley de
Confirmación de Fueros de 1839 de las entonces provincias vasco-navarras y la Ley Paccionada en 1841. Fueron dos leyes, todo hay que decirlo también, redactadas en la procura de la paz, después de la Primera Guerra Carlista. Pero entre esos fueros
el nuestro fue en 1852.
Volviendo al tema, como ustedes se pueden imaginar mi discurso no tiene nada de militarista, y con esta historia que arrastra ese arsenal, la base naval de Las Palmas no despierta muchas simpatías en gran parte de la población, sobre todo la
que sufrió la dictadura, la que sufrió la persecución, la que sufrió que como consecuencia de la derogación de nuestros fueros pasaran hambre. Hubo momentos de emigración importantes, fenómenos migratorios importantes. Por tanto, pertenece a esa
-cómo lo diría yo- arqueología triste de la ciudad. Nos recuerda esos momentos de crueldad de la dictadura, de escasez, por el motivo de que tirando abajo nuestros fueros nos condenaron a vivir de espaldas a nuestro mar, al océano Atlántico,
durante muchos años.
Su presencia en el corazón de la ciudad ha impedido además el correcto devenir del desarrollo portuario. Hemos tenido que ver cómo han tenido que sacar del recinto portuario hacia el litoral urbano el muelle deportivo, por ejemplo, y nos
hemos cargado una playa natural preciosa, que es la Playa de Las Alcaravaneras. Esas son las consecuencias de mantener durante setenta y siete años una base en el centro de la ciudad. Por eso la ciudadanía de Las Palmas reclama que el sitio que
ahora ocupa esa base sea convertido en un espacio de encuentro entre el puerto y la ciudad. Nosotros esperamos que el traslado de esa base naval, que además responde -esto es importante, que no se dice- al cumplimiento de
directrices marcadas en materia de defensa por la Unión Europea, tan solo sea el primero de otros muchos acuerdos entre las instituciones del Archipiélago y el Estado para que la política de seguridad que se aplica en las islas cumpla la
voluntad mayoritaria de nuestro pueblo, el pueblo canario, que en repetidas ocasiones ha manifestado su deseo de que el Archipiélago se convierta en un territorio de paz.
Hemos conocido estos días a través de la prensa que la ministra de Defensa, la señora De Cospedal, se dedicaba a combatir enemigos imaginarios, abochornándonos un poco a todos. La ciudadanía de Canarias, por el contrario, ha entendido que
nuestra ubicación, nuestro carácter abierto, atlántico, nuestra vocación pacífica, democrática y solidaria es sin duda nuestra mejor arma diplomática. En este sentido, hemos presentado varias enmiendas, pero una concreta al proyecto de reforma del
estatuto que saben ustedes que está en las Cortes. -Termino, señora presidenta, un segundo-. Esperamos contar con el apoyo de todos, ya que se habla de esa cooperación necesaria, esa paz entre los pueblos y naciones que comparten con nosotros ese
Océano Atlántico.
Termino parafraseando, como siempre, a uno de nuestros poetas modernistas más reconocidos, emplazándoles a que defiendan con nosotras que el Archipiélago entero, empezando por el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, no puede ver turbado
jamás sobre el sonoro Atlántico su devoción por el intercambio cultural, por el bienestar social y la prosperidad económica, que son tres sinónimos que solo pueden fundarse -créanlo- bajo la premisa inexcusable de la paz. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Pita Cárdenes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Franquis Vera.
El señor FRANQUIS VERA: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que he pensado mucho lo que iba a decir hoy en esta moción, porque yo he defendido esta iniciativa como concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hace ya algunos años. Yo no quiero compartir el teatro que hoy he
sentido que se produce en este hemiciclo; llevamos hablando de esto desde hace mucho tiempo y a mí me extraña mucho que el Partido Popular, y especialmente la ministra la semana pasada, hable mucho de seguridad.
Si hay una comunidad autónoma de este país que tiene asumido el concepto y la cultura de seguridad es, precisamente, la Comunidad Autónoma de Canarias. No entiendo por qué insiste tanto el Gobierno, e insiste tanto la ministra de Defensa,
en explicarnos la importancia de la seguridad y la defensa que esa base naval tiene en Canarias. Lo tenemos asumido, somos conscientes de ello; no utilice ese argumento, porque es una excusa para desviar la atención y para sentarnos en lo que
vamos a debatir hoy que, por cierto, lo discutimos hace un año y medio. Solo por respeto a lo que decide este Parlamento, la ministra y el Gobierno deberían asumir las cosas que aprueban; hace año y medio se decidió crear una comisión -solo crear
una comisión- para estudiar, para analizar, para cuantificar lo que supone una aspiración de una ciudad, que es de lo que estamos hablando. Hay una aspiración de generaciones y generaciones de ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria que sienten
que les quitaron algo hace setenta y cuatro años y que lo quieren recuperar, quieren que se les devuelva y me extraña que haya responsables políticos que no sientan esa pasión, esa reivindicación y esa aspiración que tiene muchas generaciones de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Por eso me duele, y no voy a participar de ese teatro de quedar bien; no se trata de quedar bien. La ministra dijo la semana pasada que se iba a comprometer a crear la comisión de trabajo que se aprobó hace un año y medio en el Congreso,
en la Comisión de Defensa. ¿Por qué la vamos a creer ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado en año y medio para creer ahora a la ministra y no hace un año? No supone ningún esfuerzo económico, solo la voluntad política de convocar a las instituciones
públicas canarias a sentarse a hablar, a explicar lo que dice aquí. Yo no he visto todavía ningún papel, ningún informe de ningún ministerio que diga que el cambio de la base naval cuesta 400 millones. Nunca, y he sido responsable del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria como usted, nunca; ni he visto ningún informe de Defensa que diga que se descarta cualquier otra situación geográfica en la isla, nunca. Y he sido responsable en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Alguien
no dice la verdad en este debate. ¡Hombre, ya está bien!
Me preguntaba ayer uno de mis ciudadanos, ¿se va a discutir mañana otra vez sobre la base naval en el Congreso de los Diputados? Y le dije: Pues sí. ¿Otra vez? ¿Pero no lo han discutido el año pasado y el anterior y el anterior?
¿Cuántas resoluciones institucionales hay en el Ayuntamiento, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias hablando de este asunto? Me niego a participar en este teatro, me niego. Lo que tiene que hacer el Gobierno, si tiene voluntad real de asumir
este asunto, es convocar la Comisión, que
nos digan los informes que tiene -si es verdad que los tiene- y que se deje de engañar y de jugar con la sensibilidad de una ciudad que aspira a recuperar lo que es suyo. No es un capricho, porque todos hemos hablado de la movilidad, de los
problemas de accesibilidad que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de la conexión que tiene con el puerto; no es un capricho. El alcalde de la ciudad hace unos años atrás, conocido por todos ustedes -especialmente por el Grupo Popular
porque fue ministro de Industria y Energía con el anterior Gobierno-, fue el primer alcalde de la ciudad que incorporó al plan general recuperar la base naval. Por tanto, ¿a qué viene ahora explicarnos aquí lo importante que es la base naval para
la seguridad de Canarias? Lo tenemos asumido, forma parte de la cultura, de nuestra idiosincrasia canaria. (Aplausos). ¿Por qué no convocan la Comisión y crean la comisión de trabajo? Si no, sean valientes y digan a la sociedad canaria: No lo
vamos a hacer, no lo vamos a hacer porque no es la prioridad del Gobierno, no lo vamos a hacer.
Me extraña mucho que la ministra esté muy preocupada por cuánto va a costar. ¿Cuánto va a costar? ¿Solo le preocupa cuánto va a costar esto? ¿Les preocupó cuánto nos iba a costar a todos los españoles el rescate bancario? ¿Y ahora está
muy preocupada por cuánto va a costar esto? Si lo que queremos es estudiarlo con el conjunto de las administraciones públicas canarias y el Gobierno de España. ¡Quien sea! Me parece una tomadura de pelo que la enmienda del Grupo Popular, después
de dos años, sea es para que incorporemos al Ministerio de Fomento a esta Comisión. ¿Es que no suena eso a tomadura de pelo? Comprométanse con la ciudadanía pero, sobre todo, respeten los acuerdos que ustedes adoptan en este Parlamento, en el
Senado, en la Comisión de Defensa y con lo que vamos a votar hoy aquí. Insisto, me gustaría que no participáramos una vez más de este teatro, porque la gente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no nos cree, a pesar de lo que digamos aquí.
Nosotros no vamos a seguir colaborando con este teatro, vamos a insistir en que es una aspiración legítima de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria recuperar esta base naval. Espero que no solo nos quedemos en este voto, sino que la ministra de
Defensa se comprometa en los próximos días -como ya se comprometió aquí- a crear y participar en esa comisión de trabajo. Solo se está pidiendo eso: hablar, dialogar, concretar el destino de la base naval.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Franquis Vera.
Señor Quevedo Iturbe, hemos creído escuchar que aceptaba la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ¿verdad? Tiene la palabra.
El señor QUEVEDO ITURBE: Así es, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, COOPERACIÓN FISCAL INTERNACIONAL Y MEDIDAS CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES. (Número de expediente 173/000063).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude fiscal, cooperación fiscal
internacional y medidas contra los paraísos fiscales.
Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los socialistas consideramos necesaria e inaplazable la decisión de adoptar medidas eficaces para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, porque esta no ha sido la prioridad del Gobierno de Mariano Rajoy, y el esfuerzo de los
distintos Gobiernos en el ámbito internacional tampoco está siendo el exigible. Así lo pone de manifiesto la continua revelación de escándalos que aparecen en los medios de comunicación y los paradise papers son una nueva prueba de ello. Se
demuestra que ha sido y es una práctica continua la reiterada utilización de los paraísos fiscales, de la optimización fiscal, por parte de los defraudadores para esquivar su responsabilidad de contribuir en base a su capacidad económica.
Hay toda una disparidad de fórmulas y todo un glosario especializado. Los tax rulings, acuerdos entre empresas y Estados, por los que se les aplica rebajas sustantivas en materia tributaria o la figura del trust, perfectamente legal en la
Unión Europea, dirigida por testaferros y que impide conocer al propietario real de los bienes que integran la entidad o las prácticas de evasión que constituyen delito como la constitución
de sociedades offshore en paraísos fiscales. Son unas prácticas que, además, deterioran la redistribución de las rentas en los países y favorecen la desigualdad. Los Gobiernos y la Unión Europea las conocen, pero no han sido capaces de
acabar con ellas y el hecho de que algunos políticos y famosos las hayan utilizado no ayuda a aumentar la credibilidad del Poder Ejecutivo. Nada más hay que recordar que el propio exministro Soria tuvo que dimitir por estar implicado en los papeles
de Panamá. Así que les pido, señores del Partido Popular, que nada de autocomplacencia; es urgente que acabemos con la situación de impunidad de aquellos que evaden impuestos. Sería, de verdad, una muy buena señal que hoy consiguiéramos un
pronunciamiento unánime ante la ciudadanía con la aprobación de esta moción.
Señorías, los avances en esta materia no son visibles y es imprescindible pisar el acelerador. Así lo decía también el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, la semana pasada en el pleno del Parlamento Europeo y ese es
el sentir con el que presentamos esta moción. Les proponemos, en primer lugar, lo más urgente: converger hacia normas comunes para evitar que los evasores avancen con las distorsiones y diferencias normativas entre países.
El próximo 5 de diciembre hay una nueva reunión del Consejo de Europa donde se reunirán los ministros de Economía de los distintos Estados miembros y, en este contexto, la presentación de la moción es muy oportuna porque es imprescindible
que pidamos al Gobierno de España que apoye ante las instituciones europeas tres aspectos con carácter urgente. Uno, la presentación de una lista negra europea de paraísos fiscales y su inmediata traslación a la legislación española. Hay que dejar
las buenas intenciones y pasar ya a las acciones. Los paraísos fiscales constituyen la principal fábrica de evasión fiscal, por tanto, hay que señalarlos y actuar ya contra los que operan en ellos. Dos, nuevas reglas de transparencia e incluso
sanciones para los intermediarios y participantes en el diseño, así como la ejecución de sistemas de planificación fiscal agresiva y evasión fiscal. Tres, mejorar la transparencia y la información pública de las empresas, de acuerdo con las
recomendaciones de la OCDE. En segundo lugar, instamos al Gobierno a cumplir con los compromisos adquiridos con esta Cámara de aprobar un nuevo estatuto de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria y a dotarla de más medios para equipararse al
menos con los países de nuestro entorno. En España tenemos una dotación de efectivos en la Agencia Tributaria inferior a la media europea, que ha caído estos cinco años en un 10%. (Muestra un diagrama de barras).Tenemos 2748 efectivos menos con el
Gobierno del Partido Popular, por tanto, menos medios y menos competencias tienen el resultado de menores denuncias de delitos fiscales. Mientras que aparecen nuevos escándalos que nos indican que los casos de fraude aumentan, las denuncias de
delito fiscal caen; de hecho, ya tenemos nuevos datos y en 2016 han vuelto a caer con respecto a 2015 en un 33,7%.
En tercer lugar, proponemos elaborar una estrategia integral de lucha contra el fraude y remitir a esta Cámara con periodicidad anual un informe con la evaluación de sus resultados y su comparación internacional proponiendo las
modificaciones necesarias para corregir lo que posibilita la elusión fiscal. Al añadir el calificativo de integral queremos enfatizar la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva amplia implicando a distintas administraciones y
entidades, incidiendo en el control, pero también en la educación fomentando la cultura de la responsabilidad tributaria y la publicación de informes oficiales sobre economía sumergida y fraude que ayuden a diagnosticar, a radiografiar y a atajar la
problemática. En cuarto lugar, queremos conocer con transparencia los resultados de las investigaciones; queremos saber cuántas actuaciones se han iniciado como consecuencia de los datos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación y cuál es la cuantía de la deuda descubierta. Para ello lo mejor es que se remita al Congreso un informe completo de resultados.
Por último, señorías, la amnistía fiscal ha sido declarada inconstitucional, pero sus consecuencias son irreversibles y esto todavía hace que adquiera una mayor gravedad la calificación de las medidas que se adoptaron con el consiguiente
premio que ha supuesto para los presuntos defraudadores. Por tanto, se deben adoptar las medidas necesarias para conocer quién se acogió a la amnistía fiscal. Les exigimos total transparencia para esclarecer a quién se pretendía ayudar con esta
indigna amnistía, ¿al Estado o más bien a unos conocidos? (Aplausos). El ministro Montoro nos retó a que lo impulsáramos desde el Parlamento, pues aquí lo tienen; a ver qué hace el grupo que lo apoya, señor ministro.
Señorías -voy terminando-, a la hora de votar, no lo olviden: este Gobierno, por ser quien impulsó la amnistía fiscal, y los que se acogieron a ella, han contraído una deuda moral con la sociedad española que deben saldar y la aprobación y
puesta en marcha de este punto no debiera ser una opción, sino una obligación para todos nosotros. Además, no quisiera acabar sin decirles que es imprescindible que pongamos en marcha la subcomisión sobre armonización y coordinación fiscal europea
e internacional y
lucha contra el fraude fiscal que aprobamos por unanimidad, a petición nuestra el 15 de febrero. De las que quedan pendientes por activar es la única que se ha aprobado en Comisión, por lo que insistiremos en la Mesa y esperamos contar con
su apoyo y que pronto sea una realidad.
Señora presidenta, finalizo ya. En definitiva, señorías, instamos al Gobierno a que sea una prioridad avanzar en la armonización fiscal y en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal; una prioridad que el Gobierno de Mariano Rajoy ha
demostrado, con sus acciones, no tener, por lo que, señorías, les pedimos su voto a favor de estas propuestas que consideramos urgentes, con el convencimiento de que con ellas avanzaremos en el fortalecimiento de una sociedad más transparente, más
justa y mejor redistribuida.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Blanquer Alcaraz.
Para la defensa de las enmiendas formuladas, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, los paradise papers son el último escándalo que confirma que todavía hay miles de maneras de que los más ricos encuentren su forma de evadir impuestos, porque, recordémoslo, cada vez
que se descubre un escándalo en el que empresas, personas individuales, a veces representantes políticos que desvían su capital hacia paraísos fiscales, lo que realmente vemos es que estamos ante un caso más de evitar que se recauden fondos para
combatir la pobreza y la desigualdad económica y social. Son muchos los casos escandalosos que recientemente han visto la luz. Los papeles de Luxemburgo, los papeles de Panamá, la lista Falciani, los offshore leaks son algunos de los casos más
recientes. Debemos rendir homenaje a las personas que han conseguido destapar estos escándalos, en su mayoría periodistas; personas que, a fin de cuentas, nada tienen que ver con el nivel institucional, que debería ser el más preocupado por la
persecución de estas conductas. Son los periodistas quienes, a fin de cuentas, están llevando la delantera en sacar a la luz todos estos asuntos. Este es el caso del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Por desgracia, ni las
grandes instituciones europeas ni los Gobiernos ni muchas policías antifraude han sido capaces de llegar tan lejos.
En España la recaudación perdida por el fraude fiscal se dice que asciende a 40 000 millones de euros, el 4% del producto interior bruto español. Son unas cifras vergonzosas, de egoísmo fiscal, de no aportar al sistema que permite que uno
se beneficie. La lucha contra el fraude fiscal se consigue mediante la solidaridad interpartes, no con la amnistía, no con el indulto a las empresas que más evaden impuestos en España; indulto a las empresas más ricas que, además, es
contraproducente, porque lo que vamos sabiendo de los paradis papers apunta a que muchos de quienes aparecen en ellos también son los que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, del señor Montoro. Así sí que se rompe España, señorías, mediante
el aumento de la fractura social y la desigualdad entre una parte enorme de la sociedad que está sumida en la precariedad y una minúscula élite económica.
Según Eurostat, el Observatorio de la Comisión Europea, en 2016 casi el 33% de los niños y niñas españoles estaban en riesgo de pobreza o de exclusión social, y a ellos es a quienes se está quitando, con la evasión fiscal, la posibilidad de
que destinemos recursos, de que combatamos la pobreza y de que contribuyamos al desarrollo económico y social. Además, desde Hacienda, los funcionarios públicos han reclamado en varias ocasiones mayor dotación presupuestaria. Hemos de destinar más
dinero de las arcas públicas a perseguir a los defraudadores, no a condonarles su deuda a través de una amnistía fiscal inconstitucional, por cierto.
En los Presupuestos Generales de este año en curso...
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Bataller, tiene que terminar.
El señor BATALLER I RUIZ: ... se rechazaron las enmiendas para ampliar los medios a la Agencia Tributaria, y así vemos que las denuncias por delito fiscal cayeron un 33,7% en 2016, precisamente por falta de estos medios. Nosotros en
Compromís vamos apoyar esta propuesta y hemos planteado unas enmiendas para que se traspongan las directivas europeas en materia de fraude fiscal, para que se haga un trabajo transfronterizo y para que se blinde la protección de los y las
denunciantes en caso de corrupción, por ejemplo, instalando buzones anónimos como los que ya hemos puesto en marcha...
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Bataller, tiene que terminar por favor.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidenta, concluyo.
Compromís votará sí a esta moción y esperamos que el Partido Popular con su voto también apunte en la buena dirección.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bataller i Ruiz.
Señor Bel Accensi, tiene la palabra.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias. Rápidamente.
Una semana más en esta tribuna debo recordar que hay diez personas, que son presos políticos por sus ideas, encarceladas injustamente y desde aquí mi recuerdo y mi reconocimiento. Dicho esto, les avanzo que nuestro grupo va a votar a favor
de la propuesta. Estas propuestas en torno a la lucha contra el fraude fiscal, sería bueno intentar consensuarlas al máximo, porque es posible que se vayan aprobando y después no se vayan implementando, que es lo que ha pasado durante mucho tiempo.
Más allá de que nosotros podamos tener discrepancias respecto a alguno de los puntos -nos parece muy interesante la aportación de la enmienda de Compromís, y ya les avanzo que votaremos favorablemente-, algunos de estos aspectos se deberían
implementar en el marco de la normativa europea tal como reconoce la misma propuesta, y en todo caso nos tendrán siempre para consensuar posiciones en torno a la lucha contra el fraude fiscal.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchísimas gracias, señor Bel Accensi, también por su concreción.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Buenas tardes. Arratsalde on.
No es la primera vez que debatimos esta cuestión planteada a través de una moción del Grupo Parlamentario Socialista, ya que este mismo año en junio y en septiembre lo hemos hecho a través de distintas PNL en las comisiones respectivas.
Nuevamente este asunto está de actualidad debido a una nueva filtración de los paradise papers, en los que se muestra cómo y dónde utilizan el dinero las personas con grandes fortunas y los tejemanejes para pagar menos impuestos. Una nueva
filtración de documentos muestra cómo y dónde maneja su dinero la gente rica del mundo y los trucos que usan para pagar menos impuestos. Entendemos que la fiscalidad es una de las herramientas más importantes para lograr construir una sociedad más
justa en la que ninguna ciudadana o ciudadano quede abandonado a su suerte, porque la misma ha de servir para dotar recursos suficientes para sustentar el mantenimiento de los servicios y prestaciones públicas, redistribuir la riqueza eficazmente
entre la población y además para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Desde luego, los paraísos fiscales chocan con esta premisa o principio, por lo que es necesario establecer medidas y propuestas para acabar con los mismos y
desde todas las instituciones debidamente coordinadas.
He de decir a este respecto, que no solo son necesarias leyes y medidas que luchen contra los paraísos fiscales, sino también es necesario trabajar en otros elementos como son los culturales, sociológicos e incluso psicológicos, en los que
será necesario realizar una labor también pedagógica. En el contexto internacional existe una normativa fiscal que está en continua evaluación y revisión para adoptar medidas adecuadas a las nuevas realidades, y esto ha sido así porque la propia
OCDE reconocía ya hace cuatro años que el sistema fiscal internacional estaba obsoleto y no respondía a la realidad del siglo XXI. Todavía no existe una lista de paraísos fiscales unificada porque cada país u organización aplica sus propios
criterios de valoración. A día de hoy, sigue sin existir una definición de paraíso fiscal y tampoco, como he dicho, existe una lista de paraísos fiscales unificada porque cada país aplica sus propios criterios de valoración, a pesar de que la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico los define como países a los que fluye dinero desde el extranjero, a los que se aplican facilidades legales y económicas con el fin de evitar el pago de impuestos en su país de residencia, con
unas características comunes. Por un lado, el bajo o nulo nivel de impuestos, la opacidad informativa con la que maniobran y la falta de transparencia en las operaciones.
Desde la Comisión Europea, como he dicho, se han puesto en marcha distintas y diversas medidas que se empezaron a implementar y a adoptar a raíz del escándalo LuxLeaks, pero no debemos conformarnos simplemente con las mismas y debemos ir más
allá. Por eso el planteamiento de la moción
en la que se insta apoyar a la Comisión Europea determinadas medidas nos parece correcto. Luchar contra el fraude fiscal y contra los paraísos fiscales, desde luego, requiere nuestro compromiso y nuestro esfuerzo de manera coordinada entre
administraciones, y por eso vamos a votar a favor de esta moción, aunque lo realmente importante es que lo establecido en la misma tenga una ejecución efectiva y para ello hará también falta voluntad política.
Gracias. Eskerrik asko.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Gracias, señora vicepresidenta. Señorías, buenas tardes.
La lucha contra el fraude en tiempos de amnistías, de paraísos fiscales y de apaños fiscales como el que hoy viene a esta casa es como el amor en tiempos de cólera: amargo, desagradecido, pero imprescindible como respirar. Esta declaración
de intenciones viene a cuento de que esta moción del Grupo Socialista es por las nuevas revelaciones de los papeles de la utilización de paraísos fiscales, y no hay que luchar contra los paraísos fiscales y contra el fraude fiscal solamente cuando
hay revelaciones de paraísos fiscales, sino que hay que hacerlo siempre. En este sentido, nosotros adelantamos que compartimos la moción del Grupo Socialista, si bien en la primera cuestión relativa a los paraísos fiscales no se sabe muy bien por
qué se olvida de un punto que acordamos en su momento con el Partido Socialista y también lo volvimos a acordar con el Partido Popular, que no solamente es apoyar la lista europea, sino revisar la propia lista española para volver a incluir a
aquellos países que no cumplen con sus obligaciones con España. Esto seguramente no es una omisión intencionada, sino que es intentar olvidar la cuestión de Panamá, ya que el Partido Socialista lo sacó de la lista de paraísos fiscales, sabiendo
perfectamente que no cumplía sus obligaciones con España y que era un refugio de defraudadores, y que tampoco lo ha incluido el Partido Popular. Estamos de acuerdo en que hay que apoyar esta lista europea y que luego habrá que trasladar esto a la
legislación interna.
Por otra parte, hacen referencia aquí a aprobar el nuevo estatuto de la Agencia Tributaria e incrementar significativamente sus recursos humanos y medios naturales, y han dicho que el Partido Popular efectivamente recortó estos medios.
Hasta el acuerdo con Ciudadanos es correcto. A partir de ahí ha habido incremento de medios. El Partido Socialista empezó recortando medios a partir del año 2008 y luego continuaron los Gobiernos del PP. ¿Qué es lo que hizo Ciudadanos? Incluir
100 millones de euros más en la lucha contra el fraude y conseguir, presionando a través del Decreto-ley 13/2017, que esto se convirtiese en realidad y en más medios humanos y materiales de verdad en la Agencia Tributaria. Porque, claro, una cosa
es traer proposiciones no de ley y otra cosa es conseguir reformas de verdad.
Hablando aquí de la oportunidad de la propuesta, ustedes hablan de elaborar una estrategia integral, está muy bien, y luego de que se propongan las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales. Esto no puede llegar en un
momento más inoportuno, porque es que hoy viene a esta cámara una ley fiscal que es la Ley del Concierto Económico a la que ustedes no permiten cambiar una coma, una ley que va disminuir de forma importante la información de la Agencia Tributaria.
(Aplausos). Es una ley en la cual se santifican problemas graves de fraude. Por supuesto, que también es una ley injusta claramente en lo que se refiere a la sobrefinanciación de las haciendas vascas respecto del resto de los españoles, pero es
que también hay problemas graves y los ha habido de fraude derivados precisamente de las leyes del concierto económico y, sin embargo, ustedes no permiten cambiar una coma.
En fin, voy a ser concreto. El sistema de reparto del IVA que se consagra en la Ley del Concierto Económico y la Ley de metodología del cupo es un disparate y ha habido casos graves. Ha habido casos como el de la empresa Rover, en Álava, o
el de la Volkswagen, en Navarra, supuestos donde se ingresaba el IVA de la venta de coche en la Hacienda foral, se vendía la totalidad a una subsidiaria en territorio común, en concreto en la zona franca de Barcelona, y luego los coches salían para
Europa. El IVA se ingresaba, efectivamente, en el resto de Europa, donde se vendía definitivamente el coche, pero las haciendas forales ingresaban un IVA que devolvíamos el resto de los españoles. Esto se consagra en la Ley del concierto y no
permiten cambiar ni una coma. No lo van a permitir. Eso es lo que acordaron en la Mesa y lo que quieren ratificar hoy después de un gran debate, para el cual tendremos tres minutos.
Sin embargo, pese a la opacidad absoluta de este tema, quieren mayor claridad por lo que se refiere a la amnistía fiscal. Este es un punto discutible, pero en general en este tema, igual que en muchos otros, hace falta hacer muchísimo más.
Hace falta mucha más claridad, pero fundamentalmente que se apliquen el ejemplo, porque no solamente cuando han estado en el Gobierno han hecho lo contrario -han recortado
medios en la lucha contra el fraude y han dado facilidades para defraudar, como en el caso de las cuentas suizas-, sino que ahora, que están en la oposición, permiten las modificaciones de las leyes fiscales e incluso cuando recortan, como
en este caso, información a la Agencia Tributaria y facilitan el fraude, permiten que se hagan enmiendas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor De la Torre Díaz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Querría empezar por lo obvio y lo obvio es que el primer cómplice de fraude fiscal, por lo menos como problema mayúsculo en España, es la amnistía fiscal del Gobierno. Quiero empezar leyendo parte de la sentencia del Tribunal Constitucional
a este respecto. Decía entonces el tribunal que esta medida supuso la abdicación del Estado -la abdicación del Estado, fíjense ustedes qué gravísima acusación- en su obligación de hacer efectivo el artículo 31.1 de la Constitución española, aquel
que dice que el sistema tributario deberá estar inspirado en los principios de igualdad y de progresividad. Es decir, el Gobierno de España en estos momentos es el primero que rompe los consensos básicos de la Constitución económica del país. El
pacto constitucional en muchos sentidos está roto y no hemos sido nosotros quienes lo hemos roto.
También quiero incidir en el contraargumento económico que tanto emplea el señor Montoro. Dice que, gracias a esta medida, se logró aflorar -ese verbo tan primaveral, tan optimista- esa cantidad de dinero que antaño estuvo oculta. Sin
embargo, esto no es verdad. La medida supone pan para hoy, hambre para mañana y también hambre para hoy. Lo que esta medida ha supuesto es que se genere un precedente y se extienda el sentimiento de impunidad, por lo que me gustaría preguntar al
Gobierno qué pasará la próxima vez que el Tesoro público se vea mermado. ¿Dejará el Gobierno de contemplar esta posibilidad para congraciarse con algunos de sus financistas y, por qué no decirlo también, con algunos de sus amigotes? Hoy hemos
escuchado, por ejemplo, en la Comisión de financiación ilegal del Partido Popular que el señor Bárcenas fue uno de los agraciados de esta amnistía. Y más cuando ni siquiera hay medidas correctivas o punitivas que lo desalienten. El propio tribunal
reconoció que su sentencia era incapaz de corregir absolutamente nada. No les voy a decir, señorías, que envidio a aquellos países que meten entre rejas a un ministro de Hacienda por semejante fechoría, pero sí les diré que envidio a aquellos cuyo
ministro de Hacienda dimite fulminantemente ante tal descalificación del tribunal.
Hay una doble dosis de inmoralidad en todo esto, señorías, porque el Gobierno perdona a unos y no a otros. Perdona a los suyos y no a los demás. Todo es por los suyos y contra los nuestros. Vamos a decirlo. El Gobierno se atrinchera con
los suyos para disparar contra los nuestros. Esto hay que decirlo. El señor Montoro en ese sentido es un ferviente seguidor de las tesis marxistas, puesto que él como nadie cree en la lucha de clases. Este es el gráfico que muestra exactamente su
fe ciega en la lucha de clases. (Muestra un gráfico.-Aplausos). Vemos cómo sube el número de ricos en el país a lo largo de la legislatura del Partido Popular y cómo sube también el número de pobres en el país. Esta brecha, señorías, es el
escándalo de toda una nación. Deberíamos tenerlo en cuenta.
También quiero hablar de la amnistía fiscal permanente que se ha estado practicando en este país a lo largo de muchos años. Hay un Estado del bienestar oculto, como lo llaman los expertos. La expresión que ellos más bien utilizan es la de
bienestar fiscal; es decir, la recaudación fiscal es una de las más bajas, según los estándares de la OCDE, y las rentas del trabajo en España están tributando al 25, al 30 y hasta al 45% frente al 18% de las rentas no procedentes del trabajo. El
último informe de Fedea calcula además que apenas hay un intervalo entre el 40 y el 55% de porcentaje de cumplimiento de estas rentas; un dato ciertamente escandaloso. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Vamos a hablar también de la Agencia Tributaria. En 2015 ya se dijo que se había investigado a más contribuyentes respecto a otros años. Esto es cierto, sin embargo, la media descubierta por contribuyente es menor. ¿Qué es lo que nos está
diciendo esto? Que la Agencia Tributaria cada vez inspecciona más a los tramos más bajos de renta donde es más fácil recuperar un dinero, pero los tramos altos quedan absolutamente olvidados. Hay también una opacidad en los datos proporcionados de
la lucha contra el fraude, y por eso pedimos al Gobierno que se haga pública la información de los delitos fiscales denunciados, de las actuaciones de los ingresos en ejecutiva y de los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, que
reflejan el núcleo fundamental de los resultados económicos de la lucha
contra el fraude. Hasta ahora siempre se habían publicado y este año aún no sabemos por qué no ha sido así.
Quiero también decir que coincidimos con el Partido Socialista en algunos de los puntos de su moción que la diputada Blanquer ha señalado. Quiero empezar por las coincidencias. Desde luego estamos de acuerdo con un estatuto para la Agencia
Tributaria; en eso también nosotros fuimos muy insistentes en nuestro programa. También creemos que tiene que haber un director de esa Agencia Tributaria que sea elegido por el Congreso. Esa podría ser una de las medidas que podríamos discutir de
cara al futuro. Y, por supuesto, también estamos de acuerdo con un plan plurianual de medidas de lucha contra el fraude. Pero quiero pedir también al Partido Socialista que reflexione con nosotros sobre la posibilidad de racionalizar todo el
esquema tributario. Eso es algo que también venimos reclamando. Hay que implementar una progresividad efectiva. Como usted sabe, diputada Blanquer, actualmente el sistema fiscal español es un gran queso gruyère: aparenta progresividad, pero con
tantos huecos y agujeros es muy fácil colarse. Esto también queremos señalarlo porque, mientras no simplifiquemos, no aclaremos y no hagamos más progresivo el sistema fiscal español, el fraude siempre será una alternativa que tendrán los malos
delante.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo Díaz.
La señora MADRAZO DÍAZ: Presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a votar en contra de la moción presentada por el Grupo Socialista. ¿Por qué? Primero, porque en estas materias creemos que debemos enviar a la sociedad un
mensaje de unidad y, segundo -y aún más importante-, porque en todas las cuestiones que plantean ustedes en esta moción ya está trabajando el Gobierno del Partido Popular. El problema, desde nuestro punto de vista, es que el Partido Socialista se
preocupa por el fraude fiscal cuando aparecen escándalos mediáticos, tipo los papeles del paraíso, y a nuestro juicio eso es un postureo fiscal mediático. Realmente lo que hay que ofrecer a la sociedad son resultados y los resultados que tuvieron
en la lucha contra el fraude en los años que estuvieron en el Gobierno de España fueron realmente escasos. En política no basta con declarar buenas intenciones, sino que hay que conseguir resultados y ser eficaces. En ese sentido, el Gobierno del
Partido Popular puede presentar un balance brillante en materia de lucha contra el fraude. Vamos a hacer comparaciones. Gobierno del PSOE: caía en picado la recaudación tributaria; tributación a tipo cero de grandes empresas; desplome de la
recaudación del impuesto de sociedades; dos, no una, sino dos amnistías fiscales totalmente opacas; una lista Falciani de españoles con dinero en Suiza que se fueron de rositas, por no hablar de lo que ya les han mencionado, de que sacaron a
Panamá de la lista de paraísos fiscales. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, señorías.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gobierno del Partido Popular: auténtico aluvión de medidas legislativas aprobadas para la lucha contra el fraude fiscal y, por cierto, con su voto en contra; unos resultados históricos de recaudación en esa lucha
de 65 332 millones; sobre todo, una Agencia Tributaria más eficiente que nunca, porque ha conseguido esos resultados con menos medios, es verdad, fruto de la crisis económica, pero con mejores herramientas y con el uso inteligente de las nuevas
tecnologías. Entre otras herramientas que quiero citar aquí, quiero recordarles que gracias a la declaración de bienes y derechos en el exterior y gracias también a esa regularización fiscal extraordinaria, han aflorado -sí, han aflorado- bases
imponibles por valor de más 140 000 millones de euros. Por tanto, hemos vuelto a conseguir la recaudación anterior a la crisis, la del año 2007. Les pregunto dónde estaba el Gobierno socialista, porque esos bienes y derechos estaban en el
extranjero también cuando ustedes estaban en el Gobierno, y estaban ocultos y opacos al fisco. Hoy están en el las bases de datos fiscales. En consecuencia, lecciones desde el Grupo Socialista, ninguna, porque no cuela, señores del PSOE. Su
moción es puro postureo fiscal. Por ejemplo, hablando de control de grandes fortunas, nunca se habían puesto tantos medios para el control de grandes fortunas, sobre todo porque la Agencia Tributaria, como les digo, dispone de mucha más información
sobre esas grandes fortunas gracias a la eliminación del secreto bancario y gracias a que se ha firmado por un Gobierno del Partido Popular un número importante de convenios de intercambio de información tributaria con otros países.
Contra su crítica destructiva le diré que pensamos sinceramente que hoy hay un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales, porque los ciudadanos son conscientes de que hay más herramientas para
acorralar a los defraudadores porque se han implantado medidas novedosas, como el sistema integrado de información en el IVA, que es un método de control del tráfico mercantil en tiempo real que proporciona una información importantísima
para la Agencia Tributaria. Por tanto, está aflorando economía sumergida. En relación con los paraísos fiscales, España participa también muy activamente, como saben, en las instituciones europeas y hay aprobada ya una directiva comunitaria que
entrará en vigor próximamente para que haya una lista negra de paraísos fiscales. Es destacable también el proyecto BEPS de la OCDE. Nuestro país ha adoptado todas las medidas relevantes, incluida la información país por país que solicitan en su
moción. Pero, sin duda, señora Blanquer, sobre todo los resultados alcanzados por la Agencia Tributaria son el mejor antídoto contra su crítica permanente. Vamos a la parte positiva. En época de crisis, de restricción presupuestaria, la Agencia
Tributaria ha sido una Administración muy eficaz y muy eficiente, y todos deberíamos felicitarnos por eso y felicitar a los estupendos profesionales que tiene la Agencia Tributaria. Por cierto, los delitos fiscales efectivamente han caído, pero
habiendo hecho un mayor número de inspecciones que en la época socialista, no pretenderá usted decirnos que los inspectores no investigan bien o no hacen bien su trabajo o miran para otro lado. Me parece una acusación muy fuerte.
En conclusión, les vamos a solicitar, como ya sabe, la votación por puntos. Estamos a favor de la mayoría de los puntos que aquí se solicitan, pero hay un punto insalvable, que es el quinto, porque obliga no solo a cambiar la Ley General
Tributaria, que obliga a la confidencialidad de los datos tributarios, sino también la Ley de Protección de Datos, y esto son palabras mayores, porque ya tuvimos un informe del Consejo de Estado cuando obligamos a publicar las sentencias por delito
fiscal.
Señorías, el Grupo Popular es consciente de que esta materia da mucha cancha para hacer demagogia, pero evitemos esa tentación partidista y hagan propuestas concretas. Vamos a ser serios y vamos a trabajar juntos y con los pies en la
tierra, porque será la forma de seguir avanzando en la tolerancia cero con los defraudadores.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto a la señora Blanquer Alcaraz si acepta su grupo la enmienda presentada.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Señora presidenta, valoramos muy positivamente la enmienda que ha presentado Compromís, pero hay varios grupos políticos de esta Cámara que nos han pedido que votemos por puntos y, por tanto, no podemos aceptar
las enmiendas en este sentido porque lo que queremos es conseguir una amplia mayoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Blanquer. (Rumores).
Señorías, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, les recuerdo que todavía queda una parte importante del Pleno, y les recuerdo que, por favor, con este murmullo es imposible estar una hora más en el Pleno. Así que si no
quieren estar en silencio... (Continúan los rumores). ¡Señorías! Cuando digo que guarden silencio, lo mínimo es que estén en silencio escuchándome; es lo mínimo que pueden hacer. Continuamos el Pleno.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA RATIFICACIÓN DE LA CARTA SOCIAL EUROPEA REVISADA, ASÍ COMO DEL PROTOCOLO DE RECLAMACIONES
COLECTIVAS DE 1995. (Número de expediente 173/000064).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la ratificación de la Carta Social Europea revisada,
así como el Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995. Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Monereo Pérez.
El señor MONEREO PÉREZ: Gracias, presidenta.
Esta moción tiene algo interesante; coincide con la declaración de Gotemburgo y con el descubrimiento del pilar social de la Unión Europea. Merece la pena relacionar ambas cosas, porque no nos habíamos dado cuenta de que después de sesenta
años la Unión Europea no tenía un pilar social. Ahora se descubre que tiene un pilar social. Hay que darle mérito que se merece a este descubrimiento, precisamente cuando se trata nada más y nada menos que de ratificar la Carta Social Europea que
España, por cierto, ya firmó en el año 2000 pero no ratificó.
El pilar social de la Unión Europea tiene mucho interés, sobre todo ver lo que podríamos llamar el análisis que se hace y la propuesta que se realiza. Tiene mucho interés porque el diagnóstico que se hace es muy preciso, muy serio, muy
fuerte. Viene a decir lo siguiente, y Juncker lo ha repetido mucho este fin de semana: en primer lugar, una enorme desafección a la democracia en todos los países de la Unión; en segundo lugar, una creciente desafección a la propia Unión Europea,
con el crecimiento de partidos y fuerzas abiertamente por la salida de la Unión Europea, y todo ello en medio de una crisis social muy seria que afecta a la propia identidad de la Unión Europea. ¿Y cuál es la causa? Lo dice la documentación, las
resoluciones del Parlamento: la causa son las políticas de austeridad. Según Juncker, las políticas de austeridad son el mayor error de la Unión Europea y hay que intentar como sea salir de ellas lo antes posible. Qué interesante que el señor
Juncker nos diga que el tema de fondo son las políticas austericidas que se han ido haciendo. Y eso lo consideran el elemento fundamental.
Aquí merece la pena también tener en cuenta cuál es la aportación que se hace. ¿Cuál es la alternativa que se hace a esto? Pues la alternativa no es nada más y nada menos que una nueva declaración de derechos que ya estaba en distintas
partes de la propia legislación de la Unión Europea. Es decir, hay una asimetría tremenda entre el análisis que se hace del diagnóstico y de la propuesta alternativa. Resulta que, ante una situación tan grave, lo que se propone son veinte puntos,
que yo me atrevería a decir en esto como el viejo Bobbio, que más que normas son buenas intenciones, y que con estas buenas intenciones nos pretenden resumir la crisis.
Fritz Scharpf, que es quien tiene seguramente la mejor monografía sobre la Unión Europea, plantea que la Unión Europea tiene, como todo sistema político, tres legitimidades, pero que solamente puede tener una sola legitimidad. Las tres
legitimidades son muy conocidas: la de origen, la de ejercicio y la de resultados. El problema es que la Unión Europea solo será viable si tiene una legitimidad de resultados, es decir, si la gente asocia progreso social y progreso económico con
la Unión Europea, la Unión Europea será viable; si no tiene esa asociación, la Unión Europea no es viable. Ese es el problema de fondo, esa es la situación que estamos viviendo ahora.
José Luis Monereo, al que conozco bastante bien, suele decir ante esta situación de crisis que nos encontramos con un problema de difícil solución. ¿Por qué? Porque toda la legislación político-social que viene o que impone directa o
indirectamente la Unión Europea pone en cuestión el Estado social de cada uno de los Estados pertenecientes a la Unión Europea, y sobre todo de la zona euro, y sobre todo de la zona sur. Y el problema de fondo es que, mientras que avanza lo que él
llama la marcha atrás de la Constitución social y la creciente mercantilización de las relaciones laborales, se va imponiendo una nueva cultura, una nueva política justamente contra las conquistas históricas del movimiento obrero. Por eso, ¿dónde
está la clave?, ¿dónde tendría que estar la solución? La solución tendría que estar metiendo el Estado social y el constitucionalismo social en los propios tratados, en hacerlos obligatorios, en hacerlos instrumentos reales que la gente -los
trabajadores, los sindicatos- pudiese usar como instrumentos de defensa de sus conquistas sociales. Pero eso no existe y se nos condena de nuevo a un conjunto de buenas intenciones, todas ellas magníficas, sin ningún presupuesto detrás y sin
ninguna alternativa.
La alternativa que proponemos es muy simple: ratificar la Carta Social Europea. ¿Y por qué ratificar la Carta Social Europea? Porque tiene tres elementos decisivos: primero, tiene el mayor canon o elenco de derechos sociales que
conocemos, perfectamente articulados; segundo, su formulación se basa en que los derechos sociales son derechos fundamentales que deben de estar protegidos como tales derechos fundamentales, que hoy no lo están, y tercero, tiene un gran consenso
social. No olviden que cuarenta y tres Estados ya tienen la Carta Social Europea originaria, treinta y tres Estados tienen la Carta Social Europea revisada y dieciséis Estados ya tienen la reclamación colectiva, con lo cual estamos en condiciones
de decir que, ratificando esta carta, hacemos avanzar de verdad una Europa con una pata social solvente y vamos a intentar también resolver en serio los problemas de los trabajadores.
Termino. Esta es la opción, esta es la alternativa. Creo que todos deberíamos decir, ahora que se habla de un nuevo pilar social, aquello de más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alberto Pérez.
La señora ALBERTO PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender nuestra enmienda y fijar la posición en relación con la moción presentada por Podemos, relativa a la ratificación de la Carta
Social Europea revisada, así como la firma y ratificación del Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995. Tal y como dijo quien me precedió en el uso de la palabra, el representante de Podemos, el pasado viernes se celebró en Gotemburgo
una cumbre de alto nivel entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para seguir avanzando y hablar de derechos sociales adicionales de los más de quinientos millones de europeos que conforman la Unión. Esta cumbre se ha saldado con
un texto pactado por los Estados que establece como objetivo el disfrute efectivo de una veintena de derechos sociales para todos los europeos. En este contexto, los datos que actualmente se manejan son reflejo de una Europa muy social. Con el 7%
de la población global y el 25% de la riqueza del mundo, el gasto social europeo supone el 50% de todo el gasto social que se realiza en el mundo. En España, 6 de cada 10 euros que se presupuestan se destinan a partidas de gasto social y, siendo el
país del mundo que mayor número de convenios ha suscrito y ratificado, contamos con una legislación interna mucho más tuitiva en el ámbito laboral y social que la establecida en estos instrumentos y en muchas de las legislaciones internas de otros
países de nuestro entorno.
Creo que queda fuera de toda duda que este país comparte los principios recogidos en la Carta Social Europea y en todos los convenios que hemos suscrito en el ámbito europeo y que establecen o bien avances o bien reforzamiento de derechos
sociales. Ahora bien, estos avances no deben suponer una merma de seguridad jurídica o una merma del principio de legalidad. Esta posición no es exclusiva del Gobierno de España, ya que, como sus señorías conocen, países como Alemania, Reino Unido
o Dinamarca, poco sospechosos de no fundamentar sus pilares en un Estado social, no han ratificado hasta el momento la Carta Social Europea revisada. Tal y como ya apuntó en su comparecencia en Pleno la ministra Báñez, actualmente se está
produciendo un intenso debate en el Consejo de Europa como consecuencia de la inseguridad creada por la interpretación dinámica que realiza el Comité de Derechos Sociales de la Carta Social Europea revisada, motivo por el cual proponemos en nuestra
enmienda quedar a la espera del contenido del informe que se está elaborando por parte del propio Comité Director de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre los derechos sociales en Europa y que busca una salida técnica y consensuada que
garantice la seguridad jurídica y el principio de legalidad ante los conflictos que se han planteado por la interpretación del Comité de Derechos Sociales, que ha llegado a entrar en conflicto con algunos de los preceptos establecidos en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos y con criterios generales del derecho internacional. Atendiendo a lo que he expuesto, una actitud responsable y prudente implica esperar al contenido del informe que se está elaborado por el Comité Director de Derechos
Humanos del Consejo de Europa y que se continúe trabajando en el marco del diálogo social y el debate político con las comunidades autónomas para adoptar las medidas necesarias que nos permitan ratificar la Carta Social Europea revisada.
En relación con la petición de la firma y ratificación del Protocolo de ratificaciones colectivas de 1995, actualmente tan solo quince países tienen ratificado dicho protocolo y, tal y como ya les he apuntado, ha presentado muchos problemas
para los firmantes dadas las discrepancias entre el derecho comunitario y el de la Carta Social Europea, ya que en el caso de los países miembros de la Unión Europea se plantean contradicciones en el sentido de que al cumplir con uno de los derechos
se incumple con otro, dejando a estos Estados en precario al poder ser objeto de denuncia, tal y como ocurrió en el caso Laval.
Consideramos adecuado el actual sistema de reclamaciones colectivas, que permite denunciar ante el Consejo de Europa incumplimientos de la Carta Social Europea en las distintas organizaciones internacionales y nacionales. Desde el Grupo
Parlamentario Popular creemos que los españoles tenemos que estar orgullosos del modelo de bienestar que nos hemos dado entre todos, que va más allá de los compromisos que hemos adquirido al suscribir y ratificar los distintos convenios
internacionales: 140 000 millones de euros en pensiones, más de 14 millones de prestaciones públicas pagadas cada mes y una amplia red de apoyo social imposible de comentar en este breve tiempo de intervención son una buena prueba de la grandeza de
nuestro modelo del bienestar. Esto es solo posible gracias a la contribución y al esfuerzo de todos los españoles y al trabajo serio y responsable de un Gobierno que ha conseguido revertir una grave situación y crear las condiciones necesarias para
que la sociedad española pueda crear más de 500 000 puestos de trabajo cada año. El mantenimiento de nuestro modelo de bienestar, señorías, solo es viable si somos capaces de seguir la ruta que nos hemos marcado para que haya más de veinte millones
de personas trabajando al final de 2019. En este objetivo nos encantaría poder contar con la colaboración de todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara.
Eso es todo. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor Monereo, gracias por su iniciativa y su intervención. He de decir que escuchándole, más allá del texto que vamos a someter a votación, creo que en su argumentación contraponía la Unión Europea y el Consejo de Europa, se mostraba
escéptico con ese nuevo pilar social anunciado por los dirigentes europeos hace unos pocos días y reclamaba esa ratificación de la Carta Social aduciendo su mayor fortaleza, su mayor presencia en el tiempo, su mayor seguridad. Sobre ese diagnóstico
yo tengo un punto de discrepancia porque, además en su intervención afirmaba que parecía como si el proyecto de desarrollo de la Unión Europea tuviese como finalidad o como consecuencia el debilitamiento del modelo social europeo. Señor Monereo,
usted estará de acuerdo conmigo en que precisamente son los países más avanzados en bienestar social del mundo, los que tienen Estados del bienestar más desarrollados los que están demostrando que pueden perfectamente combinar economías abiertas a
la globalización, abiertas al comercio internacional, creadoras de servicios y bienes de alto valor añadido, aquellas que conforman la Unión Europea y además con modelos de protección social fuertes, poderosos, inclusivos. Me estoy refiriendo, como
usted conoce perfectamente, a los modelos nórdicos. Si existe voluntad política, si existe compromiso social, si el pacto social es firme es perfectamente compatible desarrollar el modelo de integración que apunta la Unión Europea, la participación
en la globalización y, al mismo tiempo, el fortalecimiento de estos modelos de protección social. Por tanto, esa contradicción que usted nos plantea, depende; depende fundamentalmente de las opciones que tomemos en esta Cámara y que tome el
conjunto de la sociedad. (Rumores).
Ahora bien, hecha esta consideración...
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego silencio, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: ..., lo que sí es cierto, señorías, es que en distintas ocasiones este Congreso de los Diputados ha aprobado ya ese mandato al Gobierno para la ratificación de la Carta Social Europea revisada. Yo soy incapaz
ahora de recordar con exactitud cuántas veces se ha aprobado, pero en la Comisión de Empleo lo hemos aprobado al menos en un par de ocasiones, incluso en una de esas ocasiones a través de una iniciativa parlamentaria formulada por mi antiguo grupo
parlamentario, por ejemplo, muy focalizada en una cuestión muy concreta -en la que usted también compartirá nuestro interés- como es reforzar el derecho a la vivienda de las personas. Por tanto, efectivamente necesitamos ratificar la Carta Social
Europea revisada; este Parlamento se lo ha mandatado al Gobierno pero el Gobierno ha incumplido ese mandato parlamentario. La portavoz del Grupo Popular nos hablaba de un informe. Creo que llevamos años y espero que, de verdad, pronto nos
ocupemos del asunto. Hace muy pocos meses estuvimos reunidos con una representante de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que estaba elaborando precisamente un report sobre por qué España aún no había ratificado la Carta Social Europea.
En consecuencia, no hay tiempo que perder y, si me permiten, ahí debemos añadir dos consideraciones más. Una, que es un reto al conjunto de los grupos parlamentarios y a los miembros de esta Cámara, es que no nos esforzamos en hacer un seguimiento
de las recomendaciones que el Comité Europeo dicta en relación con los grados de cumplimiento o incumplimiento de la Carta Social y tenemos ahí un buen documento de trabajo que debería permitir al conjunto de los grupos parlamentarios tanto la
iniciativa legislativa como el control de la acción del Gobierno. Ahí sería bueno que nos tomásemos en serio, insisto, esos informes de recomendaciones sobre el Estado español. Y en segundo lugar, y ahí la iniciativa de Unidos Podemos introduce un
elemento que en nuestros debates no había estado presente, esa referencia explícita al Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995, que no es un tema menor, porque lo que estaríamos mandatando de asumir ese protocolo es que los interlocutores
sociales y otras organizaciones representativas de la sociedad civil participasen también del control de aplicación de la Carta Social Europea. Todo ello son razones que justifican que las diputadas y los diputados del Partit Demòcrata apoyemos
esta iniciativa, también convencidos de que el pilar europeo que se nos ha anunciado es una oportunidad para revitalizar, fortalecer y redimensionar el proyecto europeo en toda su dimensión. No tenemos futuro sin esa dimensión social del proyecto
europeo y ahí vamos a estar desde la convicción absoluta que es nuestra respuesta colectiva.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta, señorías.
Lo cierto es que el debate que se produjo la semana pasada con la interpelación formulada por el representante de Podemos me sorprendió por dos motivos. En primer lugar porque, como acaba de comentar el señor Campuzano, este es un debate
viejo. Tengo apuntado que al menos en tres Plenos y en dos sesiones de la Comisión de Empleo se ha debatido la posibilidad de ratificar o se ha recomendado al Gobierno la ratificación de la Carta europea de empleo, pero lo que más me llamó la
atención fue la respuesta que dio la señora ministra en el sentido de que, como consecuencia de esa solicitud, pedía un aplazamiento de la ratificación de la Carta Social Europea, a pesar de su antigüedad, a pesar de estar firmada, por, decía, la
existencia de un conflicto entre la actividad del Consejo Europeo de Derechos Sociales y la de la Comisión Europea de Derechos Humanos, dependiente del Consejo de Europa. Fue un debate que me llamó la atención porque puso en evidencia la
posibilidad de que existiera algún tipo de conflicto entre la interpretación que hacía el Consejo Europeo de Derechos Sociales de la extensión de determinados derechos de carácter social y aquella relativa a la intensidad o la garantía que de los
derechos fundamentales se hace también desde el ámbito del Consejo de Europa. La verdad es que no es absolutamente incierta la mención que le hizo la ministra de Empleo. Es cierto -y lo ha comentado la representante del Grupo Popular- que algunas
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -las sentencias Laval, Viking y algunas otras- dieron como consecuencia la existencia de un ámbito por lo menos de conflicto en la interpretación de esos derechos sociales. No obstante, sí me
gustaría hacer una primera precisión, los derechos sociales como tales forman parte ya del Tratado de la Unión Europea como consecuencia de su incorporación a través del artículo 6 del Tratado de Lisboa. Por lo tanto, tienen ya un relieve
fundamental, tienen un relieve ya de protección y garantía de derechos fundamentales aquellos de contenido social. Por lo tanto, estamos ante un debate respecto del que deberíamos saber si efectivamente existe alguna consecuencia en orden -vuelvo
al origen- a la ratificación de la Carta Social Europea.
En esta situación, lo cierto es que me ha prestado alguna ayuda la portavoz del Grupo Popular -con la que me he puesto en contacto-, que me ha dado bastante información y de igual manera también he revisado las interpelaciones, y lo cierto
es que se hace mención a la existencia de un hipotético informe que entraría a valorar la hipotética existencia de ese ámbito de fricción entre la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la interpretación que hace,
también dotada de cierto contenido doctrinal o jurisprudencial, la Comisión Europea de Derechos Sociales. Si esto fuera así, desde luego podría pensarse que eso podría condicionar de alguna manera la ratificación, pero lo cierto es que no he podido
comprobarlo, las cosas son así. Incluso, me hago la siguiente pregunta, aun cuando existiera ese ámbito de fricción, en el ámbito de la ratificación también podría salvarse de alguna manera esa posibilidad. Me inclino por ello en estos momentos;
es decir, por aportar a este debate la posición favorable de mi grupo a volver a recordar al Gobierno la conveniencia de ratificar este tratado. Sin embargo, también es cierto que muestro preocupación, porque del examen de los casos concretos sí se
deduce que determinada falta de garantías frente a determinados derechos sociales como consecuencia de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí ponen en riesgo la protección que sí parece haberles brindado la doctrina del
Comité Europeo de Derechos Sociales, con lo cual estaríamos ante un conflicto aún mayor: desde el punto de vista político, qué protección pretendemos dar a esos derechos que también son básicos y también forman parte del Tratado de la Unión
Europea. En principio, reitero, mi posición es favorable a las recomendaciones de ratificación de la Carta Social Europea; no obstante, también muestro mi preocupación porque este es un debate que nos parece desacertado, inoportuno y que no
redunda en beneficio de la construcción de una Europa más social.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Faba de la Encarnación.
La señora FABA DE LA ENCARNACIÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nos trae una moción, consecuencia de interpelación urgente al Gobierno, relativa a la ratificación de la Carta Social Europea revisada, así como la firma y
ratificación del Protocolo de Reclamaciones Colectivas
de 1995. Avanzamos ya nuestro voto a favor puesto que en un país que tiene una tasa de empleo inaceptable, con más de un millón de parados menores de treinta años y casi otro millón mayores de cincuenta, en el que más de la mitad de los
desempleados lo son de larga duración, en el que nueve de cada diez contratos son temporales, con una tasa de riesgo de pobreza infantil de casi el 30% o con casi la mitad de desempleados sin cobertura de desempleo, los derechos recogidos en la
Carta Social Europea, como el derecho al trabajo, a unas condiciones de trabajo y a una remuneración equitativas, a la protección de la maternidad, a la orientación y a la formación profesional deben ser garantizados más que nunca.
En nuestro grupo parlamentario, sin embargo, preferimos llegar a acuerdos y sacar adelante medidas útiles para los ciudadanos que hacer simplemente declaraciones y podemos decir, sí, que a lo largo de este año hemos dado un giro a la
política social del Gobierno tras años de recortes en educación, sanidad, servicios sociales o innovación, y sin subidas de impuestos. Ya arrancamos al Gobierno más de 4000 millones de euros en reformas para recuperar la clase media y trabajadora y
para modernizar España en los presupuestos de 2017; medidas como el complemento salarial, un plan de lucha contra la pobreza infantil, orientación profesional personalizada para los parados de larga duración, la ampliación hasta las cuatro semanas
de los permisos de paternidad o 1200 millones de euros para políticas de formación para el empleo que contribuyan a que los derechos recogidos en la Carta Social Europea sean una realidad. Para el año 2018 Ciudadanos ha conseguido una vez más
arrancar al Gobierno más de 8000 millones de euros en reformas para dar un alivio a la clase media y trabajadora. Por eso no entendemos que el Partido Socialista no los apoye y siga instalado en el no es no. No entendemos cómo puede oponerse a un
acuerdo que tiene una bajada de impuestos de 2000 millones de euros para los trabajadores mileuristas, para los trabajadores en los dos tramos más bajos del IRPF. No entendemos cómo podría votar no a otro aumento de los permisos de paternidad, a
otro avance en la conciliación; cómo puede estar en contra de un complemento salarial que permitirá dignificar los salarios y dar una formación mejor a hasta 500 000 jóvenes a coste cero; cómo puede oponerse a una nueva ayuda de 1000 euros al año
a las familias para llevar a sus hijos de cero a tres años a la escuela infantil y cómo puede estar en contra de un cheque de formación para parados de larga duración que les permita elegir a ellos mismos los cursos que más les convienen. De verdad
que resulta incomprensible.
Por último, quiero recordar que el compromiso de nuestro grupo parlamentario con los derechos sociales fundantes de la Unión Europea, del que habla el grupo proponente en su moción, es total. Nosotros no solo hablamos de la Unión Europea
cuando nos conviene políticamente sino que queremos avanzar y construir una Europa fuerte. Para ello firmamos con el Gobierno del Partido Popular, con las 150 exigencias para la investidura de Rajoy, apostar de manera decidida por una mayor
profundización en el proceso de integración de la Unión Europea en todos los ámbitos: económico y monetario, fiscal y bancario, comercial, político, social y de seguridad y defensa. Votaremos a favor de esta moción, pero recordando una vez más que
los grandes cambios se consiguen siempre no solo con palabras, sino con decisión y voluntad real; es decir, con hechos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora González Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy estamos aquí para debatir un compromiso; un compromiso con la dignidad, un compromiso con la libertad y la igualdad de las personas, un compromiso con los derechos de los trabajadores y trabajadoras... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.
La señora GONZÁLEZ BAYO: ..., un compromiso con la ciudadanía y la justicia, un compromiso que implica garantizar en nuestro país los derechos sociales de todas las personas. En los últimos seis años los españoles y las españolas se han
sentido frustrados ante las políticas del Partido Popular, unas políticas totalmente ideológicas que no responden a ninguna crisis sino al fenotipo del Partido Popular; unas políticas que buscaban una meta: una sociedad más desigual y más débil.
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio, por favor.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Y, claro, esto lo han traído con grandes recortes sociales y grandes recortes laborales, y con una obsesión patológica por los ajustes acelerados y carentes de equidad en los
déficits públicos. Este camino no ha traído los resultados que esperaban. Han sido desastrosos en términos económicos, pero han sido devastadores en cuanto a la cohesión social del país. El Grupo Parlamentario Socialista cada semana se
preocupa de traer a esta Cámara iniciativas para luchar por la igualdad de oportunidades, iniciativas para recuperar el Estado del bienestar, iniciativas para mejorar la vida de los parados de larga duración (Aplausos), iniciativas para que nuestros
jóvenes tengan un futuro. Y le digo a la señora diputada de Ciudadanos que ha intervenido antes que yo que nosotros no queremos mínimos, nosotros para la sociedad queremos máximos. (Aplausos).
España necesita recuperar su alma social; debe recuperar la dignidad de los trece millones de personas que hoy están en riesgo de exclusión o en riesgo de pobreza. Porque la crisis ha traído mucha desigualdad, pero ha tenido al frente un
Gobierno que no ponía sobre la mesa ninguna medida de cohesión social, que lo único que ha puesto sobre la mesa -no me diga usted que no, señora- han sido recortes sociales, el 40% de prestaciones por desempleo. Hoy tenemos a más de la mitad de las
personas paradas sin ningún tipo de prestación. Este es el fracaso de las políticas del Partido Popular. Pero siempre hay una oportunidad para cambiar y la oportunidad la tenemos hoy si os sumáis a ratificar la Carta Social Europea, una carta que
supondría profundizar en el Estado social español y también en nuestra plena internacionalización social. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora GONZÁLEZ BAYO: ¿Y por qué no se ha hecho en estos años? Porque los aspectos económicos y mercantilistas son los que han primado en las políticas llevadas a cabo durante estos seis años. La ratificación de la Carta Social Europea
revisada supondría que remitiera la pobreza que sufren hoy muchos ciudadanos en nuestro país y el fortalecimiento del Estado del bienestar.
El pasado viernes, como ha comentado otro diputado, asistimos todos a la Cumbre de Gotemburgo, una proclamación institucional del pilar social. Nos alegra mucho que se dé ese paso pero no nos gustaría que se quedara en una mera foto, en una
foto estática, nos gustaría que fuera el punto de partida, que constituyera un empeño real para recuperar el rostro social de Europa, un rostro muy deteriorado en los últimos años. Por ello los socialistas nos vamos a sumar a la ratificación de la
Carta Social Europea de 1996 y del Protocolo de Reclamación Colectiva, y le pedimos al Gobierno que dé un paso hacia delante y que asuma el compromiso de luchar por un Estado más social, que dé más protagonismo a los interlocutores sociales, que les
dotemos de más representatividad para que puedan legítimamente presentar cualquier reclamación colectiva en Europa siempre que se altere algún derecho de la Carta Social Europea.
Señorías, tenemos que avanzar en una ciudadanía social y en una conciencia social; tenemos que luchar por una vida mejor para los trabajadores, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, que se levantan cada día por tener
una vida mejor. Por eso instamos al Gobierno a que ratifique la Carta Social Europea revisada y el Protocolo de Reclamación Colectiva y que los implanten.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto al señor Monereo Pérez si acepta su grupo la enmienda presentada.
El señor MONEREO PÉREZ: El Partido Popular no nos ha convencido.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
ACUERDOS DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente
121/000010).
- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE SEÑALAMIENTO DEL CUPO DEL PAÍS VASCO PARA EL QUINQUENIO 2017-2021. (Número de expediente 121/000011).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente del orden del día. (Rumores). Señorías, les ruego silencio.
Vamos a pasar al debate del acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y
del proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, que se debatirán de forma acumulada conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces.
En turno de fijación de posiciones y por un tiempo de tres minutos tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Alli Martínez. (Denegación). El señor Baldoví Roda. (Denegación). Por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
No tenía ninguna intención de intervenir porque en ese trámite de si se admite o no la lectura única nunca ha habido un debate y siempre ha sido por asentimiento. Tiene aún menos sentido que sea tratándose de la Ley del Concierto Económico
vasco y cupo vasco. Siempre ha sido así y no solo ahora, es que la propia esencia de la foralidad, el pacto, exige que haya un acuerdo entre dos Gobiernos y que eso se vote, se diga sí o no por parte de las instituciones. Pero esto también fue
antes de que se aprobase la Constitución española, desde que existen el convenio y el concierto. Y la lectura única es lo lógico porque es una ley de artículo único, que no puede ser modificada; el Gobierno español no puede presentarla per se sino
que necesita un acuerdo previo. Se tramita por tanto como exige la ley, como dice la Constitución, pero también porque lo recoge el Tribunal Constitucional. Voy a leer brevemente unos párrafos de unas sentencias: 76/1988, 208/2012, 179/1989.
Dicen que el concierto y el cupo son paccionados entre administraciones literalmente; es decir, hay una fase de negociación previa entre ambos Gobiernos que se plasma en un texto acordado por ambas partes y una segunda fase aprobada mediante sendas
leyes de Estado, artículo único, sin que puedan introducirse enmiendas de ninguna clase ya que el núcleo esencial de la garantía institucional de la foralidad reside en su carácter paccionado. Así, como se manifiesta también por el Tribunal
Constitucional, el carácter paccionado es, en términos de la doctrina constitucional, el núcleo identificable de la institución, el mínimo sin el que desaparecería la misma imagen de la foralidad. Si no existe ese contenido paccionado, desaparece
la foralidad, que ampara y respeta la disposición adicional primera de la Constitución. Más claridad y contundencia por parte del Tribunal Constitucional, imposible. Por tanto, no hay opacidad en este debate. El debate lo tendremos y lo tendremos
el jueves y todo es público; el contenido es público y está publicado en el boletín. Esta Cámara no podría tramitarlo de otra manera, so pena de incurrir en inconstitucionalidad. Por tanto, Ciudadanos tiene un problema con el ordenamiento
jurídico, ese ordenamiento jurídico que dicen que siempre debemos cumplir.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
La opacidad total no es una garantía democrática, es la impunidad absoluta. (Aplausos). Yo me subo hoy aquí en representación de mi grupo, de los votantes a los cuales se les está sometiendo, en nuestra opinión, a un atropello democrático,
a una anomalía democrática porque no se permite a los representantes de la soberanía nacional tocar una coma a leyes fiscales que afectan al bolsillo de todos los españoles, y esto democráticamente es inaceptable. (Aplausos).
Señorías, el origen de los parlamentos es el famoso principio de no taxation without representation, no se pueden aprobar impuestos, no se puede aprobar la distribución de las cargas públicas en la opacidad y sin que la representación de los
españoles tenga nada que decir y no pueda tocar una coma. No se pueden aprobar así las leyes. En nuestra opinión, esta ley viene aquí en lectura única por un acuerdo de la Mesa de la Cámara por mayoría, cierto, que ahora tiene que ratificar el
Pleno, pero que debe cumplir con el artículo 150 del Reglamento de la Cámara. El representante del Partido Nacionalista Vasco ha dicho que es de artículo único. De artículo único es la otra ley que se va a votar también aquí que tiene dos líneas,
esto tiene centenares de páginas. Tiene una opacidad absoluta. Eso sí, hay que reconocerle que el Gobierno vasco es ligeramente menos opaco porque los acuerdos por lo menos los publica, cosa que no ha hecho el Gobierno de España respecto a los
acuerdos de la comisión mixta, que preside Montoro, que afectan a los derechos y a las obligaciones. (Aplausos).
Señorías del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Popular y de partidos que supuestamente son de izquierdas o se definen como tales, como el PSOE o Podemos, por supuesto que ustedes, como
representantes, pueden subvencionar a los ricos, pueden establecer -como de hecho establecen- un cupo negativo, pueden establecer que los señores que tienen a sus hijos en barracones en Almería o en Alicante financien el gasto educativo más
elevado de España, que es el del País Vasco, es decir, las mejores escuelas. Claro que lo pueden establecer, pero deben hacerlo con luz y taquígrafos. Deben responder ante los electores. (Aplausos).
Aquí, señorías, no vengo hoy a pedir justicia, es decir, darle a cada uno lo suyo -y desde luego la sobrefinanciación y que el cupo sea negativo no lo es-, sino a pedir algo mínimo, un mínimo de democracia y de claridad, que se sepa qué se
hace. En este sentido lo único que les pido ya es pura y simplemente que tramiten esto como una ley, con debate, y no en menos de tres minutos, que no da tiempo a explicar nada. Es decir, es una cuestión -aquí nos remontamos siempre a la historia-
muy, muy antigua. Hágase la luz. Fiat lux.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Alba Goveli.
La señora ALBA GOVELI: Gracias, presidenta.
Resulta sorprendente que fuercen ustedes un debate sobre el trámite y que luego de lo único que no hablan es en realidad del trámite. Más aún, es que ni siquiera entienden de qué estamos hablando. No entienden lo que es el Concierto vasco.
Y decía que ya abordamos la cuestión del trámite, pero está visto que no es una cuestión menor. Las dos leyes de las que estamos hablando hoy -es fundamental recordarles esto, señorías de Ciudadanos- son el resultado de un acuerdo entre dos
Gobiernos. Son, por tanto, instrumentos bilaterales y pactados. Las Cortes solo pueden ratificar o devolver, pero no modificarlos unilateralmente, como ustedes pretenden. Es así porque la Constitución reconoce y defiende la integridad foral y,
por tanto, excluye la posibilidad, como ya he señalado, de una modificación unilateral por ninguna de las dos partes de los términos del acuerdo. Esto es evidente, en primer lugar, porque lo dice el propio texto de la Ley del Concierto Económico en
su disposición primera. Dice que cualquier modificación tiene que pasar por el mismo trámite por el que ha sido aprobada, es decir, por la Comisión mixta que conforman Gobierno central y Gobierno vasco. Y en segundo lugar -se ha apuntado antes-,
por la propia jurisprudencia. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.
La señora ALBA GOVELI: Ante dos recursos por modificaciones tributarias, una promovida por el Gobierno central en 1993 y otra por el navarro en 2012, que ya ha sido citada, en el primer caso el Supremo y en el segundo el Tribunal
Constitucional señalan que la Constitución otorga una garantía institucional de foralidad, que en su variante participativa obliga a que todo cambio en estos sistemas tributarios deba hacerse de forma bilateral. De hecho, el Tribunal Constitucional
llega incluso a reconocer la especial participación de las instituciones forales en la delimitación del sistema tributario, que impide cualquier modificación bilateral y que los blinda de posibles cambios unilaterales por parte del Estado. Si bien
es cierto que estoy haciendo referencia a dos sentencias sobre dos sistemas diferentes -por un lado, el convenio navarro y, por otro, el concierto vasco-, la realidad es que ambos comparten el principio de inmodificabilidad unilateral.
¿Por qué les tengo que volver a explicar todo esto? Porque escuchándoles hoy, señorías de Ciudadanos, cualquiera diría que con la bilateralidad hemos topado. No es que tengan un proyecto de Estado estrecho, regresivo y profundamente
ideológico, es que tienen auténtica alergia a la bilateralidad y a la multilateralidad entre administraciones. Pues nosotros pensamos lo contrario. La multilateralidad es el principio sobre el que se basan los mejores acuerdos, los más duraderos
y, sobre todo, los que son mutuamente beneficiosos.
Voy terminando. En este caso decía que nos hallamos ante un acuerdo bilateral que es importante y por eso no puedo obviar que este trámite de urgencia que nos proponen no es el idóneo. Es el resultado de un pacto muy mal hecho. Si todo
tiene que acelerarse es porque las malas prácticas del PNV y del Partido Popular nos obligan a forzar los trámites, debilitando la legitimidad de algo que es un derecho fundamental de la ciudadanía vasca. Así consiguen, entre otras cosas, dar
cancha a los discursos recentralizadores y sin alternativas como el de Ciudadanos.
Termino. Votaremos a favor y lo haremos en defensa de la institucionalidad bilateral; lo haremos por responsabilidad política, pero lo haremos, señorías del PNV y del PP, pese a ustedes.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barreda de los Ríos.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Gracias, presidenta.
Señorías, voy a intervenir con brevedad para establecer diferencias con el señor De la Torre. La vía de tramitación prevista no es solamente la correcta, sino la única legalmente posible en esta materia. No es una ocurrencia ni de la Mesa
del Congreso ni del Gobierno, sino que el Gobierno, la Mesa y la Junta de Portavoces han aplicado la Ley del Concierto Económico, que prevé que su modificación se hará por el procedimiento seguido para su aprobación en su disposición adicional
segunda. No hay ninguna duda. Por tanto, habiendo una previsión legal, lo que hacemos es acatar la ley, porque las leyes están para cumplirlas; no para debatir si las cumplimos, señor De la Torre, sino para cumplirlas. La pregunta que tengo que
hacerle hoy, oyéndole aquí, tan excitado como ha subido a la tribuna, es por qué hay que debatir si cumplimos la ley. ¿Por qué se opone Ciudadanos al cumplimiento de la ley en esta Cámara, la misma Cámara que aplicó la ley que estamos aplicando,
por cierto? ¿Por qué el cumplimiento de la ley tiene que depender de la opinión o de la conveniencia política de Ciudadanos? ¿O es que ustedes defienden que hay que cumplir la ley en Cataluña y podemos debatir el cumplimiento de la ley en el
Congreso de los Diputados para aprobar el concierto económico?
Oyéndole, sinceramente, me parece que en cuanto al cumplimiento de la ley tienen ustedes convicciones alternativas según el día de la semana, el lugar geográfico o la conveniencia política que a ustedes se les pasa por la cabeza. Eso se
llama oportunismo en política, señor De la Torre. Se llama oportunismo o populismo: populismo fiscal, populismo tributario... (Aplausos). Lo que usted ha tratado de hacer aquí hoy y lo que está tratando de hacer estos días a lo largo del trámite
del concierto económico y el cupo es sembrar de modo miserable la duda y la desconfianza entre españoles y de los españoles hacia sus instituciones y sobre cómo tramitan las normas tributarias. Eso es lo que ustedes están tratando de hacer para
sacar estrictamente provecho político de este trámite. Populismo tributario que tacha de opaco un trámite en el Congreso, que es luz y taquígrafos por definición y con todas las posibilidades de petición de información que ustedes han tenido.
Ustedes pueden pedir información, aunque no están obligados. Pero es que no ha utilizado durante meses la posibilidad de obtener la información que ahora dice que le falta. Populismo fiscal que afirma que no se pueden presentar enmiendas. Dice
usted que no se pueden presentar enmiendas y lo dice en la misma enmienda que ha presentado a este proyecto de ley. En la enmienda dice usted que no se pueden presentar enmiendas. (Aplausos). Desde el 10 de noviembre puede usted presentar
enmiendas según el boletín oficial de la Cámara; todas las que usted quiera, una a la totalidad y las parciales que usted quiera. Perdóneme, todas las que usted quiera. Sí, señor Rivera, aprendan un poquito. Lean ustedes el Reglamento y
aprendan. Termino ya. Lo cierto es que puede usted presentar una enmienda o quinientas y todas se calificarían como enmiendas a la totalidad. Puede usted rechazar en bloque y al detalle el proyecto de ley. Puede presentar todas las enmiendas que
usted quiera. Sí, no me lo explique. En cualquier caso, populismo fiscal, porque lo que ha acreditado usted en este trámite es que desconoce la ley que estamos aplicando, ni siquiera han leído el concierto, lamentan carecer de la información que
no han pedido y desconocen el Reglamento. Ese es el rigor de Ciudadanos. Eso es lo que hay detrás de todo ese alboroto y ese populismo. Esa es la credibilidad que merece su demagogia o su populismo cuando se contrasta con la realidad, como
veremos también probablemente el jueves.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS ACTOS
DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL. (Número de expediente 122/000129).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del ministerio fiscal. Este punto se someterá a votación sin debate previo una vez tomada en consideración la proposición de ley.
Señorías, en tres minutos comenzará la votación. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN DEL
MINISTERIO FISCAL. (Número de expediente 122/000129).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a comenzar las votaciones. Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del ministerio fiscal.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 3 votos telemáticos, 333; a favor, 245 más 2 votos telemáticos, 247; abstenciones, 85 más 1 voto telemático, 86.
La señora PRESIDENTA: Se toma en consideración.
ACUERDOS DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente
121/000010).
La señora PRESIDENTA: Sometemos, a continuación, a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 3 votos telemáticos, 333; a favor, 292 más 2 votos telemáticos, 294; en contra, 35 más 1 voto telemático, 36; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el acuerdo de tramitación directa y en lectura única por el Pleno del citado proyecto de ley.
- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE SEÑALAMIENTO DEL CUPO DEL PAÍS VASCO PARA EL QUINQUENIO 2017-2021. (Número de expediente 121/000011).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329 más 3 votos telemáticos, 332; a favor, 291 más 2 votos telemáticos, 293; en contra, 35 más 1 voto telemático, 36; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el acuerdo de tramitación directa y en lectura única por el Pleno del citado proyecto de ley.
- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS ACTOS
DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL. (Número de expediente 122/000129).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para
garantizar la efectividad de los actos de comunicación del ministerio fiscal.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 3 votos telemáticos, 333; a favor, 245 más 3 votos telemáticos, 248; abstenciones, 85.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se aprueba el acuerdo de tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la citada proposición de ley.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.