CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 97

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO MONTERO SOLER

Sesión núm. 6 (extraordinaria)

celebrada el jueves,

19 de enero de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia conjunta en relación con la proposición de ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social. (Número de expediente 120/000002):


- De los señores Fernández Toxo y Álvarez Suárez, en representación de la comisión promotora de dicha iniciativa, para que expongan los motivos que justifican la presentación de esta iniciativa legislativa popular. Por acuerdo de la
Comisión de Empleo y Seguridad Social. (Número de expediente 219/000149) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. El motivo de la misma es la comparecencia de los representantes de la comisión promotora de la proposición de ley sobre el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la
protección de la Seguridad Social, con número de expediente 120/2. El orden del día es muy concreto, está integrado por la comparecencia de don Ignacio Fernández Toxo y de don José Álvarez Suárez en representación de dicha comisión promotora de la
proposición de ley sobre el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la protección de la Seguridad Social para que expongan los motivos que justifican la presentación de esta iniciativa legislativa popular. Mediante
esta comparecencia se cumple lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular. A efectos de la ordenación del debate hago saber a sus señorías que la sesión comenzará con la presentación de dicha
iniciativa por parte de los dos comparecientes. En primer lugar, el señor José Álvarez y a continuación el señor Ignacio Fernández, con un tiempo total entre ambos comparecientes de veinte minutos, seguirán a continuación las intervenciones de los
portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo de diez minutos cada uno y a continuación habrá un turno de réplica desde la Mesa y finalización de la intervención tanto de los comparecientes como de los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios. Tiene la palabra el compareciente, en primer lugar, el señor José Álvarez.


El señor ÁLVAREZ SUÁREZ: Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a presentar esta iniciativa legislativa popular. Quiero agradecer a las personas de mi sindicato que promovieron la iniciativa el trabajo realizado. Esta es una
iniciativa que viene de largo, que ha tenido un proceso de recogida de firmas y que, finalmente, hoy tenemos la oportunidad de poder presentar en el Congreso de los Diputados. En estos diez minutos me van a permitir que sitúe algunos elementos en
relación con el propio contenido de la propuesta que tienen ustedes, pero también me van a permitir que sitúe lo que debería de convertirse esta propuesta que es en un debate en el Congreso de los Diputados en relación con las políticas sociales en
el conjunto de nuestro país. Hoy sobran razones para mantener la iniciativa legislativa popular de ingresos mínimos. Es decir, seguramente que hay alguna razón más que había en el momento en el que las organizaciones sindicales decidimos
presentarla. Basta con situar los 13,2 millones de personas que están en una situación de pobreza. Los 3,5 millones que están en una situación de pobreza severa. La situación de desempleo juvenil en nuestro país entre dieciséis y veinticuatro
años que pasa del 46%, casi llega al 47%. La situación de desempleo general casi el 19%. La cobertura de desempleo que está en torno al 55% para ver hasta qué punto es necesario situar esta iniciativa legislativa popular. Estas cuestiones en
realidad las hemos ido supliendo con acuerdos, con decretos del Gobierno, siempre muy limitados en el tiempo y con unas condiciones restrictivas que en algunos casos, como ha ocurrido con los últimos, ni siquiera ha dado lugar a que se pudiera
llevar la prestación al conjunto de las personas a las que iba dirigida. Por tanto, se trata justamente en esta proposición de poder conseguir que tenga un carácter permanente y universal de acuerdo con las condiciones de acceso a la protección.
Quisiera continuar situando algunos elementos que a mí me parecen que son muy importantes en relación con la situación de pobreza que vive nuestro país, 2,3 millones de menores de dieciséis años que viven en el umbral de la pobreza. Me parece que
la situación, sobre todo del colectivo de menores de dieciséis años, requiere especialmente que pongamos el foco y trabajemos en una propuesta de esas características, porque justamente ninguna de las coberturas anteriores, ni siquiera los reales
decretos o los acuerdos a los que en su momento hemos ido llegando con los diferentes Gobiernos llegan a estas personas. Como les decía, me parece que esta es una gran oportunidad para que el Parlamento, para que el Poder Legislativo pueda discutir
a fondo cuáles son las políticas sociales que vamos a desarrollar en nuestro país en los próximos años. Quiero decir con esto que hasta ahora nosotros somos un país en el que casi siempre las políticas en el ámbito estatal, las políticas sociales y
las de renta son incompatibles con las rentas con otras administraciones. Sería bueno que pasáramos de la incompatibilidad a la cooperación y a la suma del conjunto de administraciones. Somos un país en el que las dotaciones de medios humanos en
los servicios sociales de los ayuntamientos no tienen los suficientes medios como para poder detectar las situaciones de exclusión que se producen, todavía menos acompañarlas y todavía menos darles respuesta. Por eso es una buena oportunidad para
poder diseñar el mapa de las políticas sociales, para poder diseñar los compromisos de todas y cada una de las administraciones que, aunque no está en la ILP que hemos presentado, si se toma en consideración, si hay un debate en Comisión, podríamos
aprovechar para hacer un debate a fondo en relación con esas cuestiones. Somos plenamente conscientes

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que hay diferentes propuestas, que se han situado, no sé si en el Parlamento o como propuesta de grupos parlamentarios en relación con esta materia. Nos gustaría que la ILP no sea un elemento que impida el debate de esas propuestas, sino
todo lo contrario. Creemos que cualquier propuesta que pueda venir a ayudar a generar mejoras en la propia iniciativa legislativa popular sería bienvenida y sería importante. Estamos hablando de una renta de 426 euros o sea el 80% del Iprem.
Estamos hablando de un coste total de en torno a 11.000 millones de euros que depende cómo veríamos si son 11.000 millones o no, porque algunas de las prestaciones que en estos momentos se dan seguramente no tendría que darse porque serían
sustituidas por esta propia prestación. Estamos hablando en torno a 2.150.000 beneficiarios y, como les decía, señoras y señores diputados, es una gran oportunidad que tenemos para poder tirar adelante una propuesta de estas características. Les
pido que en el Pleno en el que se vote la propuesta haya un voto favorable, porque este seguramente es el Parlamento más plural de la historia de la democracia de nuestro país y esa pluralidad debería de verse reflejada en que los debates que
proponen los ciudadanos y ciudadanas sean objeto de consideración y puedan ser tenidos en cuenta en el Parlamento. Las personas que han estado trabajando para poder traer la proposición, recoger las 700.000 firmas y los propios firmantes esperan de
los diputados y de las diputadas, del Parlamento de nuestro país, que tome en cuenta su proposición, que sea un Parlamento sensible a la opinión de un grupo muy importante de ciudadanos y de ciudadanas y que podamos seguir los debates que, si la
toman en consideración, después tendrán en la Comisión donde se tenga que debatir.


Sinceramente -y con esto acabo-, mejor que hoy el día que se celebre el Pleno, pero en todo caso en la presentación tenemos una gran oportunidad para que aquellos que creen -seguramente con razón- que 500.000 firmas son muchas firmas para
que pueda llegar una proposición al Congreso de los Diputados tengan en cuenta que no solamente hay que posibilitar y abrir que con menos firmas se puedan presentar propuestas, sino que lo más importante que estas propuestas sean tomadas en
consideración y se abra el debate. Es con este espíritu con el que venimos a traerles esta propuesta y por lo que les pido la toma en consideración. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación don Ignacio Fernández Toxo.


El señor FERNÁNDEZ TOXO: Señor presidente, señoras y señores diputados, muy buenas tardes. Comparezco, como ha dicho el secretario general de UGT, aquí ante ustedes para presentar la iniciativa legislativa popular para la que ambos
sindicatos hemos recabado el apoyo de algo más de 700.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Esta iniciativa de prestación de ingresos mínimos trata de garantizar que se completa nuestro sistema de protección social. El sistema de
protección social español ha saltado por las costuras con la crisis económica, tiene vacíos de cobertura importantes, en nuestra opinión, y genera desigualdades. Hay niveles distintos de cobertura según un ciudadano o una ciudadana viva en una
parte o en otra del territorio de nuestro país. La crisis ha acentuado un problema que no se generó con la propia crisis, porque la pobreza y la ausencia de cobertura en esa situación, a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ya estaba presente
antes de que se desencadenara la recesión económica con todas las secuelas que esta ha tenido. Es cierto que esta se ha acentuado. Por tanto, tenemos en estos momentos 4,3 millones de personas desempleadas involuntariamente. Se ha producido una
caída considerable de 26 puntos en el nivel de cobertura de la protección al desempleo en nuestro país. Partíamos de una tasa de cobertura en el año 2008-2009 próxima al 80% y estamos en estos momentos llegando al 50, 54 ó 55% y lo que es peor en
términos de calidad cada vez son menos las prestaciones contributivas que perciben las personas en situación de desempleo y más las prestaciones asistenciales de peor calidad. Esto ha hecho que el gasto en materia de protección por desempleo por
ejemplo entre el año 2012 y el año 2016 haya caído en 12.000 millones de euros. Estamos ahora con un millón de personas en desempleo más que en el año 2007, con un gasto en desempleo en cifras absolutas ligeramente por encima del gasto de desempleo
que teníamos en el año 2007 con una tasa de paro del 8%. Esto da una idea clara de la magnitud del problema que tenemos en nuestro país.


Las rentas mínimas de las comunidades autónomas, como saben, están sujetas a disponibilidad presupuestaria y, por tanto, han caído los niveles de protección en la mayoría, no en la totalidad, de las comunidades autónomas. La encuesta de
población activa del último trimestre conocido dice que 667.0000 hogares, donde viven 1,3 millones de personas en nuestro país, no reciben ningún ingreso de origen laboral: salario, pensión o prestación por desempleo. El 6,4% de la población está
en situación de carencia material severa. La iniciativa legislativa popular es además una respuesta -y bien que lo sentimos- a un

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incumplimiento de los compromisos del Gobierno en el diálogo social. Para recordarles, el día 29 de julio del año 2014 suscribimos una declaración en La Moncloa con el presidente del Gobierno que contemplaba un periodo de seis meses para
elaborar un mapa de la protección social en España. Pasó el tiempo, los seis meses que se habían establecido y aquel mapa nunca se completó. Es a partir de ese momento que Comisiones Obreras y UGT tomamos la iniciativa de recabar el apoyo de los
ciudadanos para utilizar esta vía, el cauce del Parlamento, por otra parte creo que muy importante, para dar salida a aquello que ya era una necesidad en aquel momento. Si acaso de forma más perentoria porque había más gente en aquel momento en
situación de carencia material severa. Pero las cifras no se han reducido demasiado. No obstante, con respecto a aquella situación. Nos hubiera gustado llegar desde la negociación a un acuerdo para el establecimiento de esta renta que ahora
planteamos. No fue posible y por eso, dos años y medio completos han pasado, venimos aquí hoy a recabar su apoyo para la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular. Se trata de establecer un nuevo ámbito de protección que cubra
los vacíos que presenta el actual modelo, como decía. Establecida como un derecho subjetivo para los mayores de dieciocho y menores de sesenta y cinco, el resto tienen unos niveles de protección acordes con las posibilidades que tiene en este
momento la sociedad española, particularmente a partir de las pensiones no contributivas establecidas también a iniciativa del Congreso después de las discusiones que se han mantenido en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo. Una prestación
no contributiva de la Seguridad Social. Por tanto, encajada en el sistema de Seguridad Social. Somos conscientes de las dificultades que atraviesa en estos momentos la Seguridad Social. Yo mismo he comparecido en esta misma sala hace no tanto
tiempo planteando una serie de medidas para corregir esta situación por la que atraviesa la Seguridad Social y recuerdo a sus señorías que planteamos una serie de medidas que todas ellas dan un potencial de ingresos adicionales para la Seguridad
Social de 70.000 millones de euros, que paliarían con suficiencia el problema de carencia de recursos que muestra la Seguridad Social en estos momentos y darían margen más que suficiente para atender esta demanda que en estos momentos planteamos.
Se exigiría residir legalmente en España de forma ininterrumpida en los seis meses anteriores a la solicitud para acceder a la misma. Salvo en los casos de violencia de género, trata o personas asiladas. Una prueba de rentas que determine la
carencia de recursos. Es decir, ingresos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluidas las pagas extraordinarias. No percibir prestaciones por desempleo contributivas o asistenciales. Ser demandantes de empleo. Una cuantía de
la prestación de 426 euros más a determinar en el debate parlamentario, en cada ejercicio presupuestario, alguna cantidad adicional en función de las cargas familiares. Percepción de la misma por el tiempo que dure la necesidad. No como funcionan
algunas de las ayudas asistenciales que se prestan en estos momentos y compatible con rentas asistenciales de las comunidades autónomas que, no obstante, computarían a los efectos del límite de ingresos que antes señalaba.


Los potenciales beneficiarios, nosotros hemos hecho una proyección a partir de la explotación que el INE ha realizado a petición del sindicato de los microdatos de la encuesta de calidad de vida del año 2005 -la última disponible publicada
en el año 2016-, utilizando además el límite de ingresos que se deriva de la actualización del salario mínimo interprofesional para 2017, 2,4 millones de perceptores directos, 62% de ellos mujeres, lo que da una idea de cómo está distribuida la
pobreza en su carácter de género en nuestro país y 16% menores de treinta años. Son 2 millones de hogares en suma, aproximadamente, 6,6 millones de personas de las que alrededor de 2 millones son niños.


En el documento que les hemos hecho llegar encontrarán un cuadro con la distribución de los hogares, los tramos de edad de las personas que potencialmente podrían beneficiarse de esta ayuda, su distribución entre hombres y mujeres, cerca de
un millón de hombres y cerca de 1,5 millones de mujeres, que señala esa proporción que antes apuntaba. También encontrarán una distribución por comunidades autónomas de los potenciales beneficiarios. Sabemos que el coste de la prestación es
elevado y máxime en las circunstancias por las que atraviesa la sociedad española, las condicionalidades establecidas para la consolidación presupuestaria en nuestro país. Hablamos del entorno de 12.000 millones de euros, es decir, algo más de un
punto de producto interior bruto, que podría subir en otras dos décimas o cuatro, dependiendo de cómo se establezca la complementariedad en términos de cargas familiares. En nuestra opinión, sé que es discutible, asumible si se tiene en cuenta la
dimensión del sistema de protección social en España. España gasta menos en materia de protección social en el entorno de 5 o 6 puntos que la media de los países de la eurozona. No tenemos un problema de excesivo gasto. Lo que tenemos es un
problema como país, en opinión de Comisiones Obreras, de bajos ingresos fiscales que impiden que nuestro sistema se acomode a los parámetros de los países de referencia. Hay que tener además en cuenta que el retorno que se produciría, porque una
prestación de estas características destinada a quien

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va termina toda ella en el consumo de forma inmediata, con los retornos fiscales, correspondientes y demás que supondrían un beneficio importante para el conjunto de la economía española. Proponemos que su financiación sea a cargo exclusivo
del Estado central con imposición general, lo que llevaría aparejado, como lo llevaba la propuesta que hicimos en materia de Seguridad Social, la necesidad de una reforma fiscal en nuestro país que permitiera dotar a las administraciones públicas de
recursos que en estos momentos no disponen y que pudiese atender también la senda de consolidación fiscal que este país tiene todavía por delante. En definitiva, nos parece una medida justa, equilibrada y posible su abordaje por la economía y la
sociedad española. Es el momento, en nuestra opinión, de alinear la economía con las necesidades de las personas, necesidades que son graves y afectan a un volumen de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país muy importante. Ustedes lo saben
perfectamente: las desigualdades son el disolvente más potente que puede tener una democracia y las desigualdades están muy presentes hoy en la sociedad española. Por eso, llamo su atención ante la iniciativa presentada por estas dos
organizaciones y espero su toma en consideración.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, tienen la palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. El orden habitual en este tipo de debates es de menor a mayor y, como ha habido un acuerdo entre el Grupo Mixto y el Grupo Vasco para intercambiar sus
intervenciones, tiene la palabra en primer lugar el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos tardes, señor presidente, señorías, señor Fernández Toxo, señor Álvarez Suarez. Gracias a todos los diputados por la atención de permitirme intervenir en primer lugar.


El texto propuesto señala en su exposición de motivos que la iniciativa se fundamenta en la necesidad de reforzar el actual sistema de protección social, señalando que esta obligación social exige ampliar y completar los sistemas de
protección social y seguridad económica, por lo que propone crear un modelo que implique la garantía de ingresos mínimos a todo individuo carente de recursos, y, tras referirse a la función redistributiva del Estado, entre otras, para dar
satisfacción a las necesidades sociales básicas, señala que en esta cobertura se encuentra la protección de las personas frente al riesgo de pérdida o carencia de ingresos. Esa es la base, el fundamento de esta proposición.


Una iniciativa como esta, que pretende cubrir carencias del sistema de protección social, en primer lugar, siempre nos va a merecer una atención positiva, máxime en el caso de que se propone a través de una iniciativa sostenida por 700.000
firmas, lo que la otorga una pátina democrática que es indiscutible. Pero dicho esto, también es cierto que, como toda propuesta, merece una crítica, y la nuestra lo es partiendo del ámbito del Partido Nacionalista Vasco, del Grupo Vasco y de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, porque a renglón seguido propone que esa actividad sobre prevención de la pobreza se realice a través de nuestro sistema de Seguridad Social. Y dicho sea con todo respeto, entendemos que tal solución resulta
problemática desde el plano competencial y posiblemente ineficaz e ineficiente desde el ámbito material. En todo caso, supone un cambio de orientación con respecto a la trayectoria seguida hasta la fecha en el desarrollo de los sistemas de garantía
de ingresos, sustentados hasta ahora en la vía de la protección complementaria, asistencia social, artículo 148.1.20.ª de la Constitución, a la que hasta ahora habían apelado diferentes comunidades autónomas para desarrollar sus propios programas de
gestión o de garantía de ingresos y que incluso fue apoyada en la década de los noventa por Comisiones Obreras y UGT. Así, por ejemplo, no se les escapa a ustedes que la medida propuesta coincide en buena parte con la RGI, con la renta de garantía
de ingresos existente en el ámbito del País Vasco, sin perjuicio además de que dicha garantía, con otras formas y contenido, también existe en otras comunidades autónomas.


Por otra parte, la definición de la RGI dice que consiste en una prestación periódica de naturaleza económica dirigida tanto a la cobertura de gastos básicos para la supervivencia, como a la de gastos derivados de un proceso de inclusión
social o laboral y sus destinatarios son personas integradas en unidades de convivencia que no dispongan de ingresos suficientes. Vamos a cotejarla con la de este proyecto, cuyo primer artículo dice que consiste en una prestación destinada a
garantizar unos ingresos adecuados a personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de recursos económicos mínimos para sí o para los familiares a su cargo. Nótese por ello que existe una identidad sustancial en la definición
efectuada por ambos elementos y que el único carácter distintivo entre uno y otro es el de la inclusión de la nueva medida en el ámbito de la Seguridad Social. Y dicho con todo respeto, esta medida a nosotros nos parece discutible y posiblemente
injustificada. En todo caso, tiempo habrá para hablarlo,

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ya que, sobre todo, a la vista de los resultados de las actuales políticas sociales, entendemos -y esta es la primera cuestión que queremos plantear- que sería discutible señalar al Estado como responsable de liderar la respuesta
satisfactoria a las necesidades sociales.


Por el contrario, entendemos que existen motivos para defender que el desarrollo de políticas de garantía de rentas mínimas en manos de comunidades autónomas ha tenido resultados muy favorables, por lo que no debe de ser alterado. Es más,
en su caso, podría ser objeto de un plan nacional dotado por el presupuesto general para que las comunidades autónomas atendieran a dicho fin de acuerdo al actual diseño competencial y sin subvertir el título jurídico utilizado hasta la fecha. Como
simple indicio, señalaré que son evidentes los efectos positivos diferenciales de la actuación de las comunidades autónomas más avanzadas en la implantación de las políticas de rentas mínimas. Así, por ejemplo, en 2013 el indicador AROPE, de riesgo
de pobreza y exclusión, se situaba para los quince países del núcleo original de la Unión Europea en un 23,1%. Pues bien, el País Vasco, con el 16,8%, y Navarra, con el 14,5%, las dos comunidades con mayor desarrollo del sistema de garantía de
ingresos, fueron las únicas del Estado en alejarse de ese indicador en más de cinco puntos.


Por ello y al margen de su contenido concreto, que discutiremos en otro momento, a nuestro juicio, resulta inaceptable una mutación injustificada del título competencial habilitante para esa actuación. La del País Vasco, como sucede en
otras comunidades autónomas, se fundamenta en el artículo 148.1.20.ª de la Constitución y en el artículo 10.12 y la disposición adicional del estatuto de autonomía. La del proyecto legislativo está categorizada como prestación de modalidad no
contributiva del sistema de Seguridad Social, se fundamenta en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución y es excluyente por ello de la capacidad legislativa de las comunidades autónomas. Y entendemos que esa nueva construcción entra en
contradicción no solo con diferentes estatutos de autonomía, sino con el contenido del artículo 148.1.20.ª de la Constitución, como han reconocido diferentes sentencias del Tribunal Constitucional. Pero, sobre todo, creemos que esa pretensión es
incongruente, es contradictoria con el objetivo de dar una respuesta efectiva al sistema de protección social, que siempre ha sido mejor asistido desde políticas de base, en lugar de por la dudosa actuación centralizadora del Estado en esta materia.


En todo caso, sirva lo expuesto no tanto como una crítica sino como una aportación en el debate de esta iniciativa, que debe tener una valoración siempre positiva, como la tiene toda iniciativa orientada a cubrir las carencias del sistema de
protección social.


Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran.


A continuación, compartirán turno los portavoces del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas y el señor Campuzano. Comienza la señora Oramas, por tiempo de cinco minutos.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer a don José María Álvarez y a don Ignacio Fernández Toxo su comparecencia para tratar un tema importante, pero señalando también que en los términos en que está planteado, dejando claro previamente que como
nacionalista canaria siempre vamos a apoyar cualquier iniciativa orientada a una mayor igualdad y cobertura de los derechos sociales, desde luego, creemos que tampoco estamos ni para brindis al sol ni para solaparnos en los aspectos competenciales,
que tienen que ver también con la mejor gestión de las prestaciones a los sectores más vulnerables. ¿Por qué digo esto? Yo no puedo compartir -con todos mis respetos- la manifestación que ha hecho don José María Álvarez diciendo que los
ayuntamientos no tienen capacidad para detectar estos casos. Los ayuntamientos y sus servicios sociales, fundamentalmente en todas aquellas comunidades donde tenemos rentas de inserción o prestaciones de inserción, y en el caso canario fuimos de
las comunidades pioneras, son los que realmente hacen los informes sociales, llevan a cabo las tramitaciones necesarias y detectan los casos. Por tanto, no puedo compartir esa afirmación.


En segundo lugar, en el caso canario, por ejemplo, están tramitados todos, no hay lista de espera y hay un margen que va desde 470 euros para un solo miembro de familia hasta más de 600 euros. Pero, además, en este país aprobamos una Ley de
Dependencia por unanimidad y resulta que en este momento tenemos sin cobertura de Seguridad Social a los cuidadores y tenemos sin financiación dicha ley, para un sector absolutamente vulnerable. Es que, además, en este país tenemos pensiones no
contributivas de 340 euros que estamos reclamando. Es que en este país en este momento las fuerzas políticas tenemos que garantizar el sistema de pensiones. Nadie está diciendo en este momento que no tenga que haber una renta para aquellas
familias o aquellas personas que no tengan nada. Es más, las comunidades

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autónomas lo han resuelto, y es de las pocas cosas que han resuelto bien. Pero no se puede venir a romper un sistema que está funcionando en la mayoría de las comunidades autónomas, y se lo dice una de Canarias, una comunidad con los
mayores índices de pobreza, donde quizá, con la autocrítica que podemos hacer en el tema de sanidad y otros, sin embargo, con respecto a lo que se llama la PCI, la gestión de los ayuntamientos y la financiación de la comunidad autónoma es al cien
por cien.


¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es evidente que tenemos agujeros en nuestra prestación en este Estado de bienestar, pero tenemos que ser claros y no crear expectativas sin tener en cuenta hasta dónde podemos llegar y de qué
forma se hace la mejor gestión por parte de las administraciones. Con esto quiero decir que nosotros estamos de acuerdo en el planteamiento inicial que hicieron los representantes sindicales, que han tenido una iniciativa muy interesante para que
esta sea una oportunidad de iniciar un debate sobre las grandes prestaciones sociales en este país, cuál es la ficha financiera de las mismas, cómo se están gestionando y auditarlas y saber también qué agujeros tenemos y debemos cubrir.


Por todo ello, esta iniciativa popular nos parece una oportunidad, pero otra cosa es el debate sobre cómo está redactada, sus contenidos, y la aprobación definitiva de lo que salga de esta oportunidad, porque coincido con los sindicatos en
que después de lo que estamos pasando de crisis, de lo que hemos pasado de crisis, las pérdidas que ha habido, tenemos que volver a replantearnos como sociedad. Y en ese sentido, van a contar con los nacionalistas canarios para la toma en
consideración que nos da esta oportunidad y para la solución de los agujeros que tiene nuestro Estado de bienestar.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Quiero agradecer la comparecencia del señor Álvarez y del señor Fernández Toxo. Es evidente que hoy estamos en un acto importante en sí mismo. No es habitual en esta Cámara que podamos conocer una iniciativa legislativa popular promovida
por los sindicatos. Por tanto, eso en sí mismo ya tiene un valor relevante y en cualquier caso justificaría que el Pleno del Congreso aceptase la toma en consideración de esta iniciativa, con independencia de que se pueda compartir o no sus
contenidos. Pero, además, el fondo del debate que plantea esta iniciativa legislativa popular responde a dos elementos que no son menores y ya se han comentado por parte de los comparecientes pero quiero subrayar. En primer lugar, estos siete,
ocho largos años de crisis han puesto en evidencia la insuficiencia del sistema estatal de protección social. Nuestro sistema de protección social a nivel estatal y en materia de empleo está diseñado para una crisis de corta o mediana duración.
Nuestra prestación por desempleo responde a esa dinámica. Es una prestación con un límite temporal, que prevé que en algún momento relativamente cercano, dos o tres años, la economía vuelva a crear el suficiente empleo y las personas no dependan de
un subsidio para vivir. Pero cuando la crisis se prolonga en el tiempo con más intensidad este sistema se quiebra. Y pretender que a esa ruptura del sistema estatal respondan fundamentalmente comunidades autónomas y ayuntamientos ha tenido -si me
permiten- un punto de voluntarismo, acompañado además de una política presupuestaria del Gobierno que ha concentrado los esfuerzos de reducción del déficit público no en la Administración General del Estado, sino en las administraciones locales y
autonómicas, que son las que han hecho el ajuste presupuestario. Ahora se trata de reclamar a los ayuntamientos y a las comunidades que cubran aquello que el sistema estatal de protección social no puede cubrir -que ha sido lo que hemos hecho en
estos años-, lo que no solo ha sido voluntarista, sino que ha generado problemas para las finanzas locales y autonómicas y ha generado insuficiencia de protección. Desde este punto de vista, bienvenida la iniciativa que nos plantean Comisiones
Obreras y UGT.


Pero, además -y quiero remarcarlo-, esta iniciativa tiene para mí una doble virtud. En primer lugar, no se sitúa esta prestación de ingresos mínimos en una lógica de incondicionalidad, sino que se plantea vinculada a formación y a la
aceptación de empleo por parte de los beneficiarios. Y esto nos lleva a un elemento que para mí es relevante. Nuestro sistema de protección social a lo que debe aspirar hoy no es tan solo a garantizar unos ingresos mínimos para que las personas
puedan vivir, sino que debe facilitar que las personas se reincorporen al mercado de trabajo y que con nuestras políticas se invierta en la formación de las personas precisamente para garantizar esa reincorporación al mercado de trabajo. Y quiero
subrayar esto: a mi grupo le seduce especialmente de esta iniciativa el carácter de no ser una renta incondicionada.

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Finalmente, hay un elemento que tampoco es menor y del que me gustaría conocer la posición de los secretarios generales, y es que esta prestación de ingresos mínimos se incardina no en un Estado centralizado sino en un Estado
descentralizado, donde, efectivamente, las comunidades autónomas tienen las competencias exclusivas en materia de asistencia social y donde los ayuntamientos -lo recordaba nuestra colega, la señora Oramas- juegan un papel fundamental en la
protección social de las familias más vulnerables a través de los servicios sociales. Lo razonable sería que esta prestación de la Seguridad Social, financiada con la imposición general, fuese gestionada por las comunidades autónomas. En el caso
de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social financiadas con impuestos ya sucede de esa manera. Pero no tendría ningún sentido que una prestación de ingresos mínimos, que además pretende orientar a los ciudadanos a la formación y al
empleo -por tanto, vinculada a las políticas activas de empleo que son gestionadas por las comunidades autónomas-, fuese gestionada por parte de la administración de la Seguridad Social. No tiene ningún sentido; es más, seguramente, hoy
necesitamos que las prestaciones por desempleo sean gestionadas por los servicios públicos autonómicos para garantizar la coherencia entre las políticas pasivas y las políticas activas.


En este sentido, junto con el voto favorable de las diputadas y los diputados del Partit Demòcrata a esta iniciativa, les anuncio que en el trámite parlamentario lógicamente esta cuestión formará parte de nuestras preocupaciones, con una
cuestión que apuntaba la señora Oramas y que ustedes también han mencionado, que es imprescindible -y con ello termino, señor presidente-. Este debate debemos plantearlo necesariamente en una lógica de repensar y reorganizar nuestro sistema de
protección social en su globalidad. En Francia se han abierto debates muy interesantes por el Gobierno actual para dar coherencia a este sistema. No se trataría, señorías, de añadir una prestación más, sino de dar al conjunto del sistema una
lógica orientada a garantías de ingresos, reincorporación en el mercado de trabajo por la vía de la formación y por la vía de la activación de las personas desempleadas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


A continuación, tiene la palabra el portavoz de Esquerra Republicana, señor don Jordi Salvador.


El señor SALVADOR I DUCH: Muy bienvenidos, señor Álvarez, señor Fernández Toxo. Estamos muy agradecidos por la iniciativa legislativa popular que nos han presentado los sindicatos, las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras
de Comisiones Obreras y de UGT y sus miles de militantes que han dedicado su tiempo a recoger centenares de miles de firmas. Es una iniciativa legislativa popular, es decir, viene avalada por centenares de miles de personas, 700.000, que han
firmado y nos han interpelado para que legislemos sobre un problema social que es inaplazable. Así, ya solo por tratarse de una ILP, de una iniciativa popular, nos merece el máximo de los respetos. Pero, además, es que compartimos el diagnóstico
que hacen las organizaciones sindicales sobre la situación dramática por la que están pasando centenares de miles de personas del Reino de España y para las cuales no entrar o poder salir de la exclusión social, aparte de muchas otras intervenciones
políticas, depende de que una ley de las características de la que nos proponen los promotores se llegue a aprobar.


Necesitamos una nueva prestación social, aun sin ser ninguna solución al problema de la pobreza y la exclusión, pues las causas de los problemas de miseria que padecemos es evidente que devienen de las políticas económicas desarrolladas por
los últimos Gobiernos y sus famosas reformas económicas y sociolaborales. A pesar de que lo más importante es atacar las causas de la pobreza, el desempleo y la precariedad, mientras que no se cambien estas políticas económicas -y parece ser que en
el Reino de España no hay mayoría progresista para hacerlo-, cualquier medida legislativa destinada a paliar tanto sufrimiento a tanta cantidad de gente siempre tendrá el respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya como partido de izquierdas e
internacionalista. De los hogares que tienen a todos sus miembros activos y sin ingresos, como dicen los comparecientes, según la última EPA, hay 1.438.300 personas que necesitan soluciones y prestaciones paliativas mientras las verdaderas
soluciones no llegan. El porcentaje de población en la pobreza o en riesgo de pobreza se sitúa en el 22,1%, de acuerdo con los últimos datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística -según otros indicadores, la cifra puede llegar incluso
al 28%-, y necesitan soluciones y prestaciones paliativas mientras las verdaderas soluciones no llegan.


Con los actuales instrumentos de protección social no se alcanza a proteger a todos los ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad. En primer lugar, aunque quizás sea materia para otro momento, se debe revisar por completo el
sistema de protección social. Un ejemplo de lo que decimos, uno solo, sería que el Iprem, el índice empleado en el Reino de España como referencia para la concesión de ayudas, becas,

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subvenciones o el subsidio de desempleo, entre otros, ha quedado absolutamente desfasado. Este índice, nacido en el año 2004 para sustituir al salario mínimo interprofesional como referencia para estas ayudas, fue un golpe muy duro, porque
desde esa reforma el Iprem ha ido creciendo a un ritmo mucho menor que el salario mínimo interprofesional, restringiendo así el acceso a las ayudas para las economías familiares más desfavorecidas. Además, permanece congelado desde hace un montón
de años. ¿Consecuencias? Más pobreza y más exclusión social, porque estamos perdiendo protección social. Y en segundo lugar, porque como hemos dicho y han expresado los promotores de la propuesta de ley, es necesaria una nueva prestación social
para todos aquellos que no tienen prácticamente nada. Y esta realidad es para nosotros una obligación política y de justicia social: solucionar y paliar. Y esa realidad nos exige ampliar y completar los sistemas de protección social y seguridad
económica para que garanticen que ningún individuo carezca de unos ingresos mínimos para vivir. Y no es un brindis al sol, o no debe serlo. Con un Estado, un Gobierno, un Congreso que no solucionen el problema del trabajo digno y no protejan a
aquellos que quedan fuera del sistema económico o social o es un mal Gobierno para la mayoría o es una democracia inútil o el sistema económico y social en el que estamos inmersos no vale. A mi modo de ver, no hay más.


Por todo ello, hay que dar respuesta a lo que planteaban los ponentes, que lo hacían preguntado: ¿Qué protección reciben las personas que han agotado todas sus prestaciones sociales y no disponen de ningún tipo de recursos? ¿Qué protección
reciben aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en situación legal de desempleo pero que el actual diseño de la prestación no les permite acceder a ningún tipo de rentas? Pues bien, hoy tenemos la oportunidad de contar con una
propuesta de ley que en el trámite parlamentario debería sortear todos los obstáculos, ya fueran competenciales o presupuestarios, legales, etcétera, porque de nosotros depende el presente y el futuro de 1.800.000 hogares cuya renta per cápita es
inferior a los 5.837 euros. De nosotros depende dar cumplimiento a un principio básico referido a los derechos humanos como es hacer todo lo posible para que toda persona pueda tener una vida digna. Así que adelante con la iniciativa, tendrán todo
nuestro respaldo. Nos ofrecemos para todo lo que sea a fin de mejorarla, para pactar y para que sea una solución para estos miles y miles de personas que necesitan de esa protección para poder sobrevivir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.


A continuación, tiene la palabra el portavoz de Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor don Sergio del Campo.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Buenas tardes, señorías.


En primer lugar, muchas gracias por la comparecencia a don José María Álvarez y don Ignacio Fernández Toxo. Desde aquí nuestro reconocimiento como promotores y también el reconocimiento a todos los firmantes que han traído esta ILP hoy
aquí, lo que ha motivado, sin duda, que todavía la leamos con más interés que otro tipo de iniciativas, puesto que viene respaldada por tanta gente.


Queremos dejar claro desde el primer momento que nos ha gustado esta iniciativa legislativa popular, nos han gustado varios de sus aspectos, ya que vemos muchas coincidencias con nuestro programa y creemos que merecen nuestro apoyo. No se
trata, como dice el diputado Carles Campuzano, de una renta universal, impagable, no creemos que sea eso, sino que presenta soluciones ambiciosas a un grave problema, que, como ustedes han dicho, supone esa caída de la tasa de cobertura hasta el 50%
en el último año y la consolidación de un paro estructural de larga duración.


No obstante, como ya se ha dicho, vamos a hablar de qué soluciones podemos dar, si podemos modificar la iniciativa, porque nosotros la queremos ver como una especie de renta activa de inserción vinculada a políticas activas de empleo. Es
cierto que nos surgen ciertas dudas sobre lo que ya se ha comentado aquí acerca de si se enmarca dentro de una política de asistencia social o dentro del marco de la Seguridad Social, como política de fomento de empleo, y en este sentido, vemos dos
problemas. El primero es que nosotros creemos que, si tiene de modificarse, esta norma se debe modificar con respecto a su condicionalidad, es decir, creemos que tiene que estar mucho más condicionada a políticas activas de empleo. Se dice que los
servicios públicos de empleo podrán ofrecer ocupación. Nosotros creemos que quizás tenga que acercase más a los planes Prepara o a los PAE, en los que sí se establece la obligatoriedad para el beneficiario de la prestación de aceptar colocación
adecuada pero también de suscribir un compromiso de actividad, de participar en itinerarios de inserción y formación. Por ello, quizás también se podría tocar el régimen de infracciones y sanciones, que posiblemente debería ser un poco más estricto
con respeto a esta prestación.

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El segundo de los problemas que vemos es que conlleva carga presupuestaria, como ustedes también han indicado. Estamos hablando en torno a 12.000 millones de euros y vamos a tener un problema de disponibilidad presupuestaria. Desde el
primer momento coincidimos con respecto a muchas de las medidas que expresa esta iniciativa, y, de hecho, nosotros hemos negociado medidas muy parecidas con el Partido Popular, como es llevar más allá el programa de activación para el empleo, un PAE
plus que en estos Presupuestos Generales del Estado, en principio, llevará 500 millones, pero se llegará hasta 2.500 millones en toda la legislatura. No obstante, nosotros quizás seríamos más partidarios de que todos los grupos políticos que
estamos aquí, además de los agentes sociales, nos sentásemos a negociar y entre todos viésemos hasta dónde se puede llegar. Luego podremos llamarla prestación de ingresos mínimos o plan prepara, podremos hablar de subsidios por desempleo, de PAE
plus, lo que sea, pero quizás deberíamos sentarnos y ver cómo solucionamos el problema de los parados de larga duración, tanto jóvenes, como mayores de 50 años. Por tanto, animo a los demás partidos políticos a que nos sentemos a hablar de cómo
podemos solucionar este problema.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora doña Isabel Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, es una alegría constatar que aquí, en sede del Congreso, se ve que la sociedad civil impulsa proposiciones de ley para mejorar la vida de la gente. No es fácil, así es que es una alegría y os agradezco mucho esta iniciativa.


Nueve años llevamos ya de crisis y es imposible evitar que se nos encoja el corazón cada vez que hablamos o debatimos sobre prestaciones que garanticen un nivel de vida digno o cada vez que hablamos o debatimos sobre los trabajadores y las
trabajadoras en paro de nuestro país y sobre las propuestas de solución, o cada vez que salen nuevas estadísticas sobre desempleo o de paro, o cada vez que una persona se nos acerca y nos dice que ha perdido su trabajo o que no es capaz de llegar a
fin de mes porque tiene un empleo que le da un salario de miseria. Es inevitable también pensar y recordar con nostalgia que hubo un tiempo en el que, aunque las cosas estuviesen muy duras, aunque costase mucho trabajo sacar a nuestras familias
adelante y pagar la hipoteca, existía la ilusión de que nuestros hijos iban a poder estudiar, iban a poder tener un futuro mejor y que las generaciones futuras o como la mía íbamos a vivir mejor que nuestros padres. Sin embargo, ahora nos estamos
encontrando con una situación leonina, una situación que es desesperantemente dolorosa, una situación en la que hay demasiada gente que no puede dormir por las noches porque está pensando y dando vueltas a la cabeza en la cama sobre cómo pagará sus
facturas. Hay muchos trabajadores y trabajadoras en este país que tienen miedo de hablar y de quejarse de sus condiciones laborales, condiciones que no son dignas, porque les pueden echar a la calle. Hay miles de jóvenes que, tras haberse formado
en la educación pública, se ven obligados a emigrar porque en este país no tienen ningún futuro. O cómo las mujeres vemos retroceder nuestros derechos laborales, derechos al fin y al cabo conquistados, cobrando menos que los hombres y cada vez con
una mayor brecha laboral. O cómo los padres y las madres se buscan la vida con angustia para poder llevar un plato de comida a su casa para sus hijos. Con relación a esto quería preguntarles a los representantes sindicales qué es lo que piensan y
cuál es su opinión sobre el incremento de la prestación por hijo a cargo, que Save the Children señala como ejemplo de medida eficaz contra la pobreza infantil.


También estamos viviendo una situación en la que nuestros abuelos y abuelas estiran cada vez más su pensión hasta límites insospechados para poder sostener a sus hijos, hijas, nietos y nietas. Esta situación nace de la crisis, pero se está
afincando en nuestro país por culpa de las ya conocidas reformas laborales que fueron contestadas en huelgas generales, tanto del Gobierno de Zapatero como del Gobierno de Mariano Rajoy.


Tenemos un Gobierno que ha congelado las pensiones a nuestros mayores sin ningún miramiento, que ha vaciado las huchas de las pensiones, hasta el punto de que no sabemos cómo vamos a pagar las próximas pagas extras. Tenemos un Gobierno que
a día de hoy, tras nueve años de crisis, sigue dejando cuatro millones y medio de personas sin trabajo; un Gobierno que ha disparado de muerte a la negociación colectiva y que ha puesto en marcha y ha fomentado contratos de trabajo de un día, los
cuales han crecido más de un cien por cien en los últimos años. Un Gobierno que ha puesto en marcha amnistías fiscales a las grandes fortunas y, mientras tanto, permite que la luz suba un 33% como subió ayer, siendo esta la

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cuota más alta de los últimos cuatro años. Tenemos un Gobierno que prefiere rescatar a los bancos que especulan con nuestro derecho a la vivienda y que desahucian sin contemplación, que a las familias que se quedaron sin empleo por culpa de
la crisis, que fue creada por los propios bancos.


Tenemos un Gobierno que sigue gobernando para los poderosos, como por ejemplo para las personas más ricas de nuestro país. Vemos que la brecha entre ricos y pobres en nuestro país sigue creciendo, que superamos incluso a países como
Hungría. Quién podría pensar que la cuarta potencia de la Unión Europea tendría más desigualdad que Hungría. En nuestro país hay cada vez una mayor concentración de la riqueza. Según el último informe de Oxfam Intermón hay tres personas en
nuestro país que concentran la misma riqueza que diecisiete millones de las personas más pobres. Todos sabemos quiénes son esas personas: Amancio Ortega, su hija y el dueño de Mercadona. Al fin y al cabo, es para ellos para quienes está
gobernando este Gobierno del Partido Popular.


Desde Unidos Podemos celebramos especialmente esta iniciativa que, como he dicho antes, nace de la sociedad civil. Yo también formé parte de una comisión promotora que presentó una ILP por la renta básica estatal y sé lo difícil que es
conseguir las firmas. Así que os agradezco especialmente el esfuerzo, porque es una iniciativa que puede acabar mejorando la vida de muchísimas de estas personas que viven en más de 1.800.000 hogares, tal como dice vuestra propia iniciativa, donde
no entra ni un solo euro al mes.


Mientras tanto, nuestro Gobierno sigue sin hacer nada y gobernado para personas como Amancio Ortega o el dueño de Mercadona. Además, esta medida propone mejorar la renta mínima de inserción, permitiendo que no se interrumpa el cobro de la
prestación durante un año o seis meses, como ahora pasa en la mayoría de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas. Este asunto es muy importante porque más uno habremos conocido situaciones similares de familiares o de personas
cercanas -o incluso nosotros mismos-, donde después de haber perdido el trabajo de toda la vida y habernos quedado sin prestación por desempleo, no encontramos trabajo y tenemos que recurrir a una renta mínima de inserción que, al fin y al cabo, es
una renta para pobres. Sin embargo, cuando ha pasado un periodo de tiempo, si no has encontrado ningún puesto de trabajo, hay que esperar un año o seis meses para volver a cobrar esa prestación y, además, hay que volver a demostrar que no tienes
trabajo, incidiendo en que eres pobre.


Otro aspecto que me parece bueno de esta iniciativa es que incorpora la renta mínima a la Ley General de la Seguridad Social, lo cual le da un mayor estatus y más derechos y, además, la blinda para que no se la pueda congelar por cuestiones
presupuestarias o de racionalización económica y financiera, como ya han hecho este Gobierno y la ministra de Empleo con las pensiones.


Ahora quisiera pedirles su opinión sobre las siguientes cuestiones que les voy a plantear. La situación de nuestro país nunca ha sido del todo buena e incluso tampoco lo ha sido en momentos de bonanza económica. Tenemos un desempleo
estructural de alrededor del 11%, incluso en momentos de bonanza económica. Sin embargo, no parece que haya visos de mejora, sino que estamos viendo cómo en un futuro la robotización y la mecanización van a estar cada vez más extendidas, pero no
vamos a poder enfrentarnos a esta nueva situación ni con puestos de trabajo inestables, ni con salarios bajos, ni con ninguna otra política de este estilo como la que hace el Partido Popular. Por el contrario, esta situación requiere de respuestas
sociales y estructurales, en ningún caso de medidas coyunturales. Respuestas estructurales que podamos ver que tienen sentido, que cuando la crisis económica termine estas medidas sigan sirviendo para que den respuestas reales a una nueva clase
social, antigua y cada vez más frecuente, como son los trabajadores pobres, o a una nueva clase trabajadora que es la que ha creado el Partido Popular y el Partido Socialista con sus reformas laborales, como son los trabajadores y trabajadoras
desposeídos de puestos de trabajo. Si no es así, no vamos a dar respuesta social a la gente.


Nuestro objetivo no es garantizar pequeñas ayudas, sino garantizar derechos sociales. Hay que ir hacia un objetivo, que es el objetivo de la renta básica universal, individual e incondicional, como ya se ha puesto en marcha otros lugares
como Alaska, Finlandia u Holanda. Además, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha dicho que en un futuro esta renta será necesaria y que hay que empezar a estudiar una nueva forma de fiscalización, incluso a los robots del
futuro. Es decir, no es una medida radical porque incluso la Unión Europea lo está diciendo. No podemos dejar que se ponga en marcha la renta básica por cuestiones puramente económica, sino que hay que hacerlo por cuestiones que van más allá que
son los derechos sociales y el objetivo de la pobreza cero.


Ante el entorpecimiento de los avances sociales y la destrucción de los derechos sociales que han comenzado y que van a seguir con esta coalición de PP-PSOE-Ciudadanos, desde Unidos Podemos os acompañaremos en las próximas movilizaciones
para mejorar los derechos laborales, para buscar que

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nadie se quede sin ingresos. Nosotros pensamos en un futuro en el que nadie se vea obligado a tener que pedir una ayuda para poderse llevar a su casa un plato de comida, en el que las rentas y las ayudas para pobres no sean el centro del
debate social, sino que el centro del debate sea el cumplimiento de los derechos laborales, los salarios dignos y que la tónica general sea trabajar en aquello para lo que nos hemos formado durante años.


Quiero terminar diciendo que en un futuro no puede haber ningún Gobierno que use las rentas mínimas a su propio albedrío, que no puede haber ningún Gobierno que convierta la economía en una centrifugadora de personas que deje constantemente
a los trabajadores en la cuneta social, sino que sea valiente y que ponga en marcha una renta básica universal, individual e incondicional que genere más seguridad y menos incertidumbre. Les quiero decir que en ese camino, en el camino de los
derechos laborales y en el camino de estar al lado de los trabajadores, van a encontrar a Unidos Podemos y siempre estaremos ahí.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.


A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Rafael Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Muchas gracias, señor presidente.


Quisiera dar las gracias a los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras por su comparecencia y, sobre todo, por la iniciativa ante la que el Grupo Parlamentario Socialista quiere expresar la mayor de sus satisfacciones, ya que
estamos ante una iniciativa legislativa popular. Se trata efectivamente de una de las herramientas más relevantes, con más enjundia para la participación democrática de la sociedad civil, articulada para la participación de los sindicatos, por
ejemplo, y también, por cierto, para la participación de los partidos políticos que también somos sociedad civil articulada, aunque a veces no se reconozca por todos. Somos partidarios de implementar las medidas precisas para intensificar la
utilización de esta herramienta democrática, que tiene su amparo en la Constitución pero que se utiliza poco y cuyos requisitos, quizás, debamos revisar entre todos.


Mi grupo siente satisfacción porque estamos ante una iniciativa legislativa popular auspiciada por dos de los grandes sindicatos de este país y para el Grupo Parlamentario Socialista los sindicatos son piezas absolutamente fundamentales para
articular el espacio público compartido; instrumentos claves en la defensa del interés general y particularmente en la defensa de los derechos de los trabajadores. Estamos satisfechos porque esta iniciativa legislativa popular viene a cubrir una
necesidad básica, viene a instar a los poderes públicos al cumplimiento de una obligación básica en lo político, en lo social y me atrevería a decir incluso que en lo moral: la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la garantía a todas las
personas de unas condiciones de vida mínimamente dignas. Por tanto, mi grupo siente una gran satisfacción.


En consecuencia, adelanto el respaldo del Partido Socialista, de nuestro grupo parlamentario, a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular, porque estamos de acuerdo tanto en sus objetivos como en sus contenidos
concretos. Una iniciativa muy parecida formó parte del programa electoral del Partido Socialista para las últimas elecciones. El Grupo Parlamentario Socialista ya ha registrado varias iniciativas parlamentarias de la misma naturaleza en esta casa,
incluida una enmienda a los últimos Presupuestos Generales del Estado, que fue rechazada por la mayoría del Partido Popular. Se trata de tejer una nueva red para la protección social en nuestro Estado de bienestar. Junto a la prestación educativa,
junto a la prestación sanitaria, junto a la prestación del sistema de pensiones, junto a la atención a la dependencia, junto a los servicios sociales en general, junto a las prestaciones relacionadas con la situación de desempleo vamos a tejer una
red última, una garantía de ingresos mínimos a todas las personas en situación de vulnerabilidad social, exclusión social y pobreza para asegurarles una vida digna a ellos y a sus familias. Este es el propósito y nosotros lo compartimos.


¿Por qué ahora? Esta iniciativa responde, al menos, ante dos escenarios relativamente nuevos o agravados en los últimos tiempos. Del primer escenario se ha hablado mucho: las consecuencias dramáticas de la crisis iniciada en 2008 y
también la gestión injusta que de la crisis han llevado a cabo los Gobiernos del Partido Popular. No vamos a reiterar los datos ni las cifras que ya se han puesto de manifiesto: cifras de paro de larga duración, cifras de pobreza laboral, hogares
con todos sus integrantes en situación de desempleo, hogares sin ingresos laborales, personas en riesgo de pobreza, personas en pobreza severa, pobreza infantil, desigualdad. Cifras tremendas, desbocadas, que reflejan una realidad insoportable, que
ha coincidido en el tiempo con un debilitamiento consciente, desde luego injusto, en los sistemas de protección social públicos, con una disminución del esfuerzo público en la cobertura al desempleo, con la supresión de algunas ayudas como el
subsidio a los parados mayores de cincuenta y

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dos años, con la reducción de los recursos destinados a prestaciones asistenciales por parte de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, que ya son de por sí escasas y desiguales en función de los territorios y que han sido
sometidas durante los últimos años al dictado de la austeridad, con el control del déficit y con las tasas de reposición de personal. Esta iniciativa legislativa popular viene a cubrir estas necesidades, estas insuficiencias. Bienvenida sea.


Pero hay un escenario más de fondo, que se ha mencionado menos, y al que también atiende esta iniciativa. Todos los analistas hablan de que la revolución tecnológica que está en marcha, por vez primera vez, va a ser una revolución
tecnológica con un balance negativo en términos de empleo. Es decir, por vez primera corremos el riesgo de que el avance tecnológico destruya más empleos que los que crea. Este es un riesgo que hemos de tomar en consideración, al que hemos de
enfrentarnos; un riesgo que genera graves problemas a una sociedad que ha hecho siempre del empleo una herramienta básica de socialización.


Además, crea un problema a la izquierda política, a la izquierda social, que siempre ha vinculado renta a trabajo, siempre ha vinculado pobreza a falta de trabajo y siempre ha vinculado la lucha contra la pobreza a la reinserción laboral de
los parados. ¿Hay que revisar este vínculo entre renta y trabajo? Hay quienes plantean que sí, ahí están las rentas universales. La iniciativa legislativa popular que hoy tratamos no lo hace y el Grupo Socialista tampoco. Mantenemos el vínculo
entre renta y trabajo, entre lucha contra la pobreza y lucha contra el paro. ¿Qué hacer? Nosotros planteamos utilizar los incrementos de productividad derivados del avance tecnológico para un nuevo reparto en los tiempos de trabajo, para financiar
actividades intensivas de mano de obra, por ejemplo, en el cuidado de las personas o en el cuidado de medio ambiente y para financiar vía fiscal ingresos mínimos como el que hoy estamos contemplando.


Coincidimos, por tanto, en el diagnóstico que plantea esta iniciativa, en su objetivo, en su sustrato, en su fundamento ideológico también y en la solución práctica para incorporar esta nueva prestación en el sistema público vigente de
protección social, una nueva prestación no contributiva en el ámbito de la Seguridad Social financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Estamos de acuerdo en la naturaleza de la nueva prestación, básicamente estamos de acuerdo en
los requisitos que se plantean, en su cuantía, en su duración -duración que debe llegar hasta que se mantenga la situación de necesidad-, y sobre todo, en su vocación, la vocación de recuperar estas personas para el empleo, de formar a estas
personas para el empleo, de vincularlas a políticas activas de empleo eficaces. Preferimos esta fórmula y no otras, como las rentas básicas que desvinculan renta de trabajo; preferimos esta fórmula a otras, como los llamados complementos
salariales que son un riesgo de subvención pública a los recortes salariales.


Es una buena medida, interesante y útil, pero no es suficiente. Los sindicatos están de acuerdo con nosotros. Hay otras muchas cosas por hacer, a fin de luchar con eficacia contra la desigualdad, la vulnerabilidad social, la pobreza. Hay
muchas otras cosas por hacer en políticas activas de empleo: la cualificación de los empleos, la derogación de la reforma laboral, recuperar el subsidio que hemos mencionado para parados mayores de cincuenta y dos años, incrementar la cobertura y
la cuantía en las prestaciones por desempleo. En el trámite parlamentario de esta iniciativa ya adelantamos que nosotros incorporaremos como enmienda un aumento de la cobertura y de la cuantía progresiva en nuestra concepción de la prestación por
hijo a cargo. Se ha mencionado aquí y nos parece algo interesante para el cumplimiento de los objetivos que plantea la propia iniciativa.


Termino ya con una reiteración, con la felicitación del Grupo Parlamentario Socialista a los sindicatos por esta iniciativa, por el esfuerzo que supone. Quiero reiterar también nuestra gratitud porque si se combate la pobreza decidida y
eficazmente, conseguiremos sociedades más justas, más eficientes, más exitosas, más estables, pero, sobre todo, conseguiremos sociedades más dignas. Esta iniciativa legislativa popular de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras ayuda a la sociedad
española en el día de hoy a ser una sociedad más digna.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.


Para finalizar tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don José Ignacio Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quisiera dar la bienvenida a los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, a don Ignacio Fernández Toxo y a Pepe Álvarez, a esta Cámara para presentar esta iniciativa
legislativa popular en la comparecencia previa al debate de la toma en consideración por el Pleno para poder seguir el procedimiento previsto en el artículo 87.3 de la

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Constitución española y en la Ley Orgánica 3/1984 que regula las iniciativas legislativa populares. También quiero pedirles disculpas por esta laringitis que espero me permita, a pesar de todo, hacerme entender.


La primera reflexión que mi grupo parlamentario quiere poner sobre la mesa es la del contexto, ya que enmarcar desde el punto de vista el contexto es muy importante y hacerlo en este momento en España también lo es. Hemos vivido en los
últimos años la mayor crisis económica de la historia reciente de nuestro país. Hemos tenido el país al borde de la quiebra, con todos los desequilibrios posibles macroeconómicos acumulados, como consecuencia de ello hemos tenido el mayor aumento
de la desigualdad y de la pobreza de todos países de la OCDE entre los años 2008 y 2011.


Por tanto, hemos abordado una crisis con una serie de medidas bien distintas a aquellas que se adoptaron en los primeros años de la misma, que fueron políticas económicas desde nuestro punto de vista profundamente erróneas, keynesianas
puras, que generaron muchos más problemas retroalimentando los problemas generados por la propia crisis. Eso dio lugar a cinco años de deterioro de nuestro producto interior bruto, cinco años de caída de la riqueza de nuestro país. Perdimos hasta
un 10% de la riqueza de nuestro país, nada más y nada menos que la décima parte de lo que éramos en España lo perdimos en muy poco tiempo. Perdimos 3,5 millones de empleos, se generó 3,5 millones de nuevos parados y nuestro déficit superó el 9%,
con lo cual significa que gastábamos un 10% más de lo que ingresábamos como país. Se destruyeron 177.000 empresas y eso generó una caída importantísima de los ingresos, que en los años 2008 y 2009 supusieron cerca de 70.000 millones de euros. Esto
significa nada más y nada menos que siete puntos de producto interior bruto en cada uno de esos años. Hubo un aumento de intereses, aumento del desempleo con la caída de ingresos fiscales y de ingresos de cotizaciones sociales y encima teníamos un
compromiso de cumplir los requisitos europeos de déficit que comprometía ese contexto. Estos son datos absolutamente incontestables desde el punto de vista histórico.


Señorías, en 2017 vamos a recuperar todo el camino perdido en aquellos años de los Gobierno del Partido Socialista. En 2017 vamos a recuperar la caída de ese 10% del producto interior bruto, vamos a volver al nivel de riqueza casi diez años
después. Además, en este ejercicio habremos recuperado cerca de dos millones de los tres millones de empleos perdidos, destruidos por aquellas políticas socialistas. Se han disminuido los desequilibrios, se ha aumentado la competitividad, ha
mejorado la sostenibilidad en nuestro Estado del bienestar -son datos también incontestables-. Por tanto, las prestaciones públicas son más viables, son más sólidas, son más fuertes y ya está disminuyendo los índices de pobreza y de desigualdad por
la vía del empleo. Fíjense que solo en este periodo 2007-2016 nuestro sistema de pensiones está pagando nada más y nada menos que 42.000 millones de euros más cada año, es decir, aproximadamente un 4% de nuestro producto interior bruto de
crecimiento de una prestación tan importante como son las pensiones en nuestro país.


De cada 100 euros que gasta el Reino de España en este momento, 28 euros lo dedicamos a pensiones; 14 euros lo dedicamos a sanidad; aproximadamente un 9,3% a educación; un 7,1% a retribuir los intereses de la deuda, de aquel déficit
generado de hasta el 9% en aquellos años; un 6,5% a los asuntos sociales, y un 4,4% al desempleo. Es decir, aproximadamente cerca del 70% es gasto social y el otro 30% lo dedicamos a la Policía, a Guardia Civil, a defensa, a funcionarios,
vivienda, cultura, medio ambiente y todas las demás cuestiones que son atribuciones de un Estado como el nuestro. Tenemos cerca de dieciocho millones de cotizantes y en España catorce millones de personas, con nombres y apellidos, reciben una
prestación pública del Estado, gracias a la generosidad y a la solidaridad del Estado y, por tanto, de la sociedad española en su conjunto.


El crecimiento de la Unión Europea para este ejercicio será aproximadamente de 1,5%, pero España va a crecer más del 2,3%. Hemos tenido que corregir al alza la previsión de crecimiento de este año 2016, ya que previmos crecer al 2,3% y
vamos a crecer al 3,2%. Además, hemos reducido de una forma importante el desempleo de los últimos años: ocho puntos. Venimos casi del 26% de desempleo y estamos cerca del 18%, son casi ocho puntos de caída del desempleo. Hemos aumentado el
número de pensionistas, de 8.200.000 a 9.500.000 con pensiones más altas. Por tanto, España ha hecho un ejercicio importantísimo de mejora de las prestaciones del Estado de bienestar, de los servicios públicos esenciales.


Señorías, en el año 2016, gracias a la reforma laboral, se afiliaron a nuestro sistema de Seguridad Social un total de 540.000 personas y en el año 2015 fueron 530.000; es decir, 540.000 más 530.000 nuevos empleos más en estos dos
ejercicios. Esta es la medida del éxito, de las medidas adoptadas en esta materia: 1.500 afiliados nuevos cada día al sistema de la Seguridad Social. Esto hay que confrontarlo con los centenares de miles que causaban baja en términos de
afiliación a la Seguridad Social en los años precedentes.

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En diciembre el paro ha bajado en 87.000 personas respecto a noviembre, en todo el ejercicio desde 2016 ha disminuido en 400.000 personas y desde el año 2013 hemos recuperado 1.700.000 puestos de trabajo. Por tanto, estamos más cerca de
conseguir el objetivo de tener veinte millones de personas cotizando en el año 2020 para poder reforzar adicionalmente nuestro sistema de prestaciones sociales y poder seguir construyendo un Estado social y de derecho solvente, viable y capaz de
responder a los nuevos retos de una sociedad moderna como es la nuestra. Esto en lo que se refiere al contexto en el que nos movemos.


La segunda reflexión tiene que ver con la viabilidad del Estado del bienestar en su conjunto, con el conjunto global de los servicios públicos esenciales. En el año 2011 la sanidad tenía una deuda de 16.000 millones de euros, pero gracias a
los acuerdos firmados con la industria, al Plan de proveedores que enjugó cerca de 82.000 millones de euros de facturas ocultas, o las reformas farmacéuticas, por poner algunos ejemplo, hoy somos capaces de enfrentar estos retos con alguna tensión
presupuestaria menos -lo hemos visto en la Conferencia de Presidentes-, con la separata específica para la financiación de nuestra sanidad. Estas tensiones son muy importantes y tienen que ver con el envejecimiento, con la cronicidad de algunas
enfermedades, con la incorporación de nuevos medios diagnósticos y terapéuticos cada vez más caros para curar la enfermedad y con nuevos tratamientos a veces disruptivos desde el punto de vista de la innovación, que estamos incorporando todos los
días en nuestro sistema para poder tratar a nuestros pacientes desde la sanidad pública de nuestro país. Esta es otra de las grandes prestaciones sociales de los españoles.


En el ámbito de las prestaciones de la Seguridad Social, especialmente en las pensiones, también hemos vivido situaciones de tensión presupuestaria, de déficit, corregido gracias al Fondo de reservas creado a lo largo de los últimos años y
al ámbito del Pacto de Toledo. Tenemos retos como la longevidad, el aumento del envejecimiento relativo de la población, o el aumento de las carreras de cotización con más pensiones y más altas. Estos retos están generando tensiones
presupuestarias y estamos intentando dar una respuesta desde esta casa y desde todos los sectores sociales, desde luego, con la contribución de los agentes sociales para poder enfocar con inteligencia y con eficacia este problema.


Podría hablar de la dependencia, recuerdo perfectamente cuando en esta casa, no hace muchos años, empezamos el debate de la Ley de Dependencia como una pata más del entorno del Estado del bienestar. Recuerdo con qué ilusión abordamos aquel
debate, con qué ilusión contemplamos aquel libro blanco de la dependencia que proyectaba el gasto que iba a suponer este número de personas para España en aquellos años y lo que ha supuesto después en términos de cierta frustración al sector de la
dependencia, como consecuencia de que no tenemos recursos suficientes para poder cubrir todas las necesidades de todos los grados de dependencia que existen en nuestro país. Por tanto, esto ha generado algunas frustraciones desgraciadamente.


Lo mismo podría decir de otros ámbitos del gasto público: asuntos sociales, discapacidad, etcétera. El peor favor que puede hacer una sociedad a nuestro Estado del bienestar que sufre estas tensiones presupuestarias es colgarle nuevos
compromisos cuando no ha resuelto los anteriores. Estoy seguro de que se hace con buena intención, pero puede comprometer otras prestaciones y hay que contemplarlo en un conjunto, en un todo, porque sin duda es la forma inteligente de tomar en
consideración estos temas.


Señorías, tenemos un sistema de protección al desempleo garantista. Esta es la tercera reflexión. El Gobierno no ha tomado una sola medida que disminuya la tasa de cobertura, que por cierto disminuyó ya más de 10 puntos, desde el 2009 al
2011, solo en dos años, con el anterior Gobierno. Al revés, el Gobierno ha mejorado los instrumentos a disposición de las personas con una historia de paro de larga duración. Mientras recorremos este camino, el Gobierno está apoyando a los
colectivos más vulnerables para garantizar su integración a través de una batería de políticas activas y pasivas, como nunca antes se había visto. El Plan Prepara, que, como conocen perfectamente, se ha prorrogado indefinidamente hasta que la tasa
de paro baje del 18% o el programa extraordinario de activación para el empleo o la estrategia de emprendimiento y empleo joven, etcétera. Mejoras en el salario mínimo interprofesional, la Agenda integral de calidad de empleo, el Plan anual de las
políticas de empleo y el nuevo programa de acción conjunta para los parados de larga duración o el programa de orientación individual con tutores o los fondos distribuidos a comunidades autónomas o incluso el impulso al Plan de garantía juvenil son
sin duda elementos de esta línea de trabajo. Porque entendemos que no hay mejor herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad -que es cierto que es uno de los mayores disolventes de la democracia y por eso hay que combatirlo por la vía de
las políticas rigurosas, económicas y de empleo que mejoren la situación del país- que precisamente la creación de empleo.

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La cuarta reflexión tiene que ver con que además de nuestro sistema garantista de protección al desempleo, nuestro Estado, España, tiene a través de sus comunidades autónomas un sistema complementario de protección social, son las rentas
mínimas de inserción que con sus distintos nombres: salario social, renta social, renta mínima, renta garantizada de ciudadanía, renta mínima garantizada, ayuda para la integración, salario social básico, ingreso social básico, ingreso de
solidaridad, etcétera, casi una por comunidad autónoma que cubre necesidades sociales en este ámbito. Curiosamente, cuando se analizan las características de la renta mínima de inserción en todas las comunidades autónomas se observa que las
comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista, donde gobierna la izquierda, casualmente es donde tienen una menor duración y no tienen la configuración de derechos subjetivos. Como reflexión adicional a esta cuestión.


La quinta reflexión tiene que ver con que lo que sí necesita nuestro país España es un mapa -lo hemos comentado al inicio de la comparecencia- de prestaciones sociales por comunidad autónoma. ¿Para qué? Para reformular, para reordenar, lo
decía el señor Simancas también, para armonizar estas rentas, las ayudas a los colectivos más vulnerables. Lo peor, señorías, que contempla el Grupo Parlamentario Popular es la desigualdad entre los españoles. Entendemos que estas rentas deben ser
las mismas en tiempo, en cantidad y tenemos que armonizar todo este amplio abanico generoso y solidario de la sociedad española en su conjunto.


Para ello, lo primero, evidentemente tiene que ser tener un mapa bien referenciado de estas prestaciones sociales por comunidad autónoma y también algo muy importante que el Gobierno está impulsando que ha sido suscrito por la Conferencia de
Presidentes, que es la tarjeta social. Una tarjeta social que identifique estas prestaciones, que permita regular todo este nivel e incluso incorporar aquellas prestaciones de organizaciones no gubernamentales en la medida en que son subsidiarias
de la Administración. Por tanto, completar, desde el punto de vista de la transparencia, toda la información para a su vez mejorar la eficacia de la acción protectora de nuestro Estado.


Permítame que dedique treinta segundos al experimento finlandés por las similitudes, que seguro que lo conocen perfectamente. Finlandia como un país nórdico, con un solvente, estable y bien desarrollado estado del bienestar, está poniendo
desde hace dos semanas en marcha un experimento muy interesante para conocer con rigor empírico cómo se deben de hacer las iniciativas que, por otra parte, cuestan dinero a la sociedad, por lo que hay que hacer las cosas con inteligencia, porque el
impacto económico de estas iniciativas puede ser muy importante para una sociedad. Supone una renta básica de 560 euros al mes, durante dos años, a 2.000 ciudadanos elegidos por sorteo. Se han elegido en el mes de noviembre. Son personas que no
tienen empleo y que no perderán esta prestación en ningún momento ni siquiera la tienen que declarar y además la contraprestación es ninguna, a cambio de nada. El objetivo de este experimento de renta básica garantizada finlandesa es analizar en el
medio plazo si el hecho de tener una renta garantizada desincentiva o no la búsqueda de empleo. En España ya tenemos alguna experiencia no especialmente positiva con el PER. Podríamos hablar también largo y tendido de esa cuestión, pero el
objetivo no se queda en esta renta. El objetivo es también conocer si los ciudadanos estarían dispuestos a renunciar a ciertas prestaciones sociales a cambio de esta renta garantizada. Es el objetivo del estudio. Si están dispuestos a renunciar a
alguna de las prestaciones ya en vigor a cambio de ese ingreso mensual o si están dispuestos a pagar más impuestos por medio de la renta básica.


El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, vaya terminando.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Voy terminando, señor presidente.


Porque solamente es posible abordar esta cuestión desde el importante aumento de los impuestos o desde el recorte de otros gastos. En Suiza ha habido un referéndum. Se ha preguntado a todos los ciudadanos por una renta acorde a su nivel de
ingresos y a su renta media familiar, también para menores de dieciocho años, y el resultado de ese referéndum ha sido que el 77% de los ciudadanos suizos ha dicho que no a esa renta. Una organización no gubernamental presidida por un asesor
económico de Obama, Alan Krueger, a través de Givedirectly, ha recaudado donaciones por 21 millones de dólares y lo ha puesto en marcha en Kenia -estudio que afecta a 26.000 keniatas- con tres segmentos, a uno le da 0,75 euros al día durante doce
años en pagos mensuales; a otro segmento le da 0,75 dólares al día durante dos años, también en pagos mensuales, y al tercer segmento le da todo el dinero de golpe en un solo pago. El objetivo precisamente es analizar el comportamiento social en
definitiva de cada uno de los grupos respecto de estos gastos garantizados a corto, a medio y a largo plazo.

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El señor PRESIDENTE: Señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Voy terminando, señor presidente.


Ha habido experimentos en Utrech, en Holanda; en Canadá, en Ontario; etcétera. Más allá de que los experimentos hay que hacerlos con gaseosa y la fábula La cigarra y la hormiga, es muy importante que esto lo hagamos con mucha seriedad.
Esta es una ley que en este momento no tiene memoria económica, no tiene pruebas, no hay una experiencia previa y se puede aprobar sin análisis previo y sin el análisis del impacto económico real y las implicaciones sobre otros subsectores del gasto
público y de las prestaciones sociales. Por tanto, nuestra solicitud es de una metodología empleada que no adolezca de improvisación y solo de buenismo, sino que se haga de una forma rigurosa, porque es el dinero de los españoles.


Termino diciendo que el Grupo Popular está dispuesto a participar en el debate que se abra sobre esta materia, pero con seriedad, queremos hacerlo con rigor y con prudencia, porque estamos saliendo de una crisis muy importante y no es bueno
volver a cometer errores del pasado. Estamos dispuestos a estudiar una metodología -repito- seria y a estudiar nuevas oportunidades. Para eso hay que saber quiénes son los potenciales receptores. Qué periodo de residencia, esto puede dar lugar...


El señor PRESIDENTE: Señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Es que está usted duplicando el tiempo.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Cuáles son las exclusiones y a cambio de qué. Decía la condicionalidad. Repito y termino. El Partido Popular está trabajando por un crecimiento inclusivo, que significa crecer, mejorar el empleo y mejorar el
bienestar. El Partido Popular prefiere el empleo a la subvención en cualquier caso. Pero sabemos que el que más genera pobreza y desigualdad es el paro y por eso estamos comprometidos, como no puede ser de otra manera. De hecho, somos el único
partido que en España a lo largo de las últimas décadas ha generado permanentemente siempre nuevas oportunidades de empleo, nuevo clima de empleo y nuevas condiciones de empleo y así queremos seguir haciendo con esta iniciativa y con otras más.


El señor PRESIDENTE: Su laringe se va a resentir.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente. Muy amable.


El señor PRESIDENTE: Ha duplicado casi el tiempo del resto de portavoces. Tienen los comparecientes entorno a tres o cinco minutos para hacer las consideraciones que estimen oportunas.


El señor ÁLVAREZ SUÁREZ: La verdad es que en tres o cinco minutos, brevemente quiero decir que daría para que tuviéramos un largo debate en la intervención del portavoz del Grupo Popular. Creo que una buena parte de las consecuencias de la
situación de penuria económica, de miseria que viven muchos ciudadanos de nuestro país es consecuencia de las reformas laborales. En todo caso, no tener en cuenta el empleo que se crea, 3,5 millones de empleos en nuestro país, que no llegan a los
350 euros mensuales o más de 6 millones que están por debajo del salario mínimo interprofesional es no crear empleo, desde nuestro punto de vista, sino crear nuevos trabajadores condenados a la pobreza. Esta iniciativa legislativa popular,
señorías, afecta a más de 2 millones de ciudadanos y ciudadanas y tiene una memoria económica de entorno a 11 millones de euros. Este país se va a permitir rescatar las autopistas que no son ni afectan a más de 2 millones de ciudadanos gastando
casi el 50% del coste de la iniciativa legislativa popular. Creo que no puede haber argumentos económicos cuando nuestro país está viviendo una situación de miseria y de penuria económica como la que estamos pasando. Me hubiera gustado tener
tiempo para hablar de la sanidad y de los recortes de sanidad, que me parece muy optimista pensar que tiene que ver con la gestión. Seguramente tiene que ver con las colas, con la saturación, con la falta de profesionales, con los empleos que se
han perdido y con otros elementos que se han ido planteando aquí en relación con iniciativas que hay en estos momentos en otros países en el Planeta, no solo del entorno europeo. Me hubiera gustado saber cuál es la iniciativa, aunque fuera
experimental, que en todo caso se nos sitúa en nuestro país más allá de los 3,5 millones con una renta 350 euros o los más de 6 millones con un salario inferior al salario mínimo interprofesional. Les quiero agradecer las intervenciones a todos los
grupos. Creemos que esta iniciativa es una gran oportunidad para poder abordar nuestro sistema de protección

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social de manera integral. No he dicho -y si lo he dicho me he equivocado- que los ayuntamientos no den servicio. Digo que hay que mejorar los servicios sociales de los ayuntamientos para que puedan detectar y atender mejor las necesidades
sociales. Las tasas de no reposición que hemos tenido en los últimos años en nuestro país han ido en detrimento de los ayuntamientos, cuando justamente más se necesitaba ese personal para poder detectar las necesidades sociales. Somos plenamente
conscientes de que nuestro país es un país que no tiene integralidad por lo que hace referencia a las políticas sociales. Esta es una oportunidad justamente para poder darle esa integralidad. Desde la perspectiva de la detección y el trabajo en el
ámbito de las administraciones locales, de la cobertura social, desde el punto de vista de las comunidades autónomas, y desde el establecimiento de una renta compatible con esas otras rentas que nos permitan, sobre la base de unos condicionantes que
hemos puesto en el proyecto de ley que son considerables e importantes, no todo el mundo va a poder acceder a la renta. No todo el mundo se va a poder mantener en la renta si no se aviene a entrar en un plan. Desde ese punto la iniciativa lo tiene
cubierto. En todo caso, tenemos una gran oportunidad para que los ciudadanos y las ciudadanas crean un poco más en sus instituciones democráticas si se toma en consideración esta ILP. Tenemos una gran oportunidad de que millones de personas,
millones de hogares en nuestro país que en estos momentos no tienen ninguna prestación puedan acceder a esta prestación. Acabo pidiéndoles que, en la medida que fuera posible, nos gustaría que este proceso se agilizara, tanto por lo que hace
referencia a la toma en consideración como por lo que hace referencia a los propios debates. No se trata de debatirlo ampliamente, sino de que las personas que lo necesitan lo puedan recibir cuanto antes mejor, porque hay muchas personas que no
pueden esperar. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez.


A continuación el señor Fernández Toxo tiene la palabra por cinco minutos.


El señor FERNÁNDEZ TOXO: Muchas gracias, señor presidente.


Comisiones Obreras no ha venido aquí a esta Comisión a polemizar con los grupos parlamentarios. Por lo tanto no lo haré. Si acaso haré alguna consideración sobre las cuestiones que se han planteado. Agradeciéndoles de antemano el conjunto
de las intervenciones. He querido entender, espero no haberme equivocado a la hora de entender sus palabras, que todos los grupos van a apoyar la toma en consideración. Así interpreto tanto las expresiones que se han hecho directas de apoyo a la
consideración de la iniciativa, como la última intervención del señor Echániz de la necesidad de hacer un debate serio, riguroso, con soporte documental de datos, etcétera. Creo que es así y me alegro que haya unanimidad en la Cámara a la hora de
adoptar esa decisión si esta se produce de esta manera. Voy a hacer un par de recordatorios. El sistema de protección social en España ha avanzado por la acción de esta Cámara en momentos determinados, pero gracias al impulso de la ciudadanía de
este país y en particular de sus trabajadores. Les recuerdo, por ejemplo, que las pensiones no contributivas en España hoy instaladas y consolidadas, con la calidad que tienen, que tal vez habría que revisar en algún momento, cuando sea posible,
son el resultado de una huelga general, la de 1988, y la gestión que de la misma se hizo posteriormente. Así como el sistema de atención a las personas dependientes en nuestro país. El libro blanco que citaba el señor Echániz es la respuesta del
Parlamento, primero, antes de adoptarla en forma de ley, a una demanda de los dos grandes sindicatos españoles: Comisiones Obreras y UGT, en la época que formulamos una serie de propuestas, planteábamos 14 medidas de atención a las personas
dependientes.


Atendiendo a la pregunta -no voy a poder contestar a todas- de la portavoz del Grupo Unidos Podemos que la protección a los menores en nuestro país, las familias con hijo a cargo tiene que avanzar, tiene que avanzar de forma considerable
porque está bajo mínimos o es directamente ausente de las circunstancias a las que se apelan tanto: la natalidad, sin empleo, sin ayuda, sin protección a la infancia, no va a avanzar la natalidad en España. Esto lo saben sus señorías mucho mejor
que yo.


Con respecto a algunas dudas en cuanto a la posibilidad de invasión de competencias y demás, nada más lejos de la intención de quienes proponemos esta iniciativa. El marco competencial de las comunidades autónomas, en nuestra opinión, salvo
que se modifique por otras circunstancias, no se va a haber afectado porque esto finalmente tome cuerpo y pase a formar parte de la ley de Seguridad Social. El mismo tratamiento para las pensiones no contributivas, son financiadas por el Estado y
son gestionadas por las comunidades autónomas. Lo mismo que hoy es incompatible con los sistemas de renta garantizada de las comunidades autónomas el sistema de subsidios que se ancla en la Seguridad Social o el Prepara u otros instrumentos que se
han puesto en marcha para dar respuestas parciales a la crisis. No tengan ustedes

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ningún temor por esto, en todo casos, el Parlamento, en el debate van a tener ocasión de aclarar todos estos aspectos si finalmente esta demanda toma cuerpo y pasa a formar parte de la ley.


No se trata de un subsidio ni de una subvención, se trata de consolidar un nuevo derecho para completar qué, la red de protección social en España y vinculándolo a la realidad del empleo en nuestro país. Por tanto, tiene que venir
acompañado de políticas activas en materia de formación, de cualificación. Entre otras cosas para evitar que el paro se cronifique en España en dos dígitos, que es una realidad posible, tal y como está evolucionando la economía y el empleo en
nuestro país. No sé si al final se cumplirá lo que nos decía el señor Simancas. Esto nos llevaría a revisar necesariamente toda una serie de cuestiones en relación con cotizaciones sociales, tributación, etcétera. Pero si la sociedad española
quiere evitar que esto suceda y sea así, tiene que iniciar más rápido que tarde la transformación del modelo económico. Tenemos una economía muy dependiente de servicios, de servicios de baja calidad, el peso de la industria. En fin, qué les voy a
contar de cosas que saben ustedes perfectamente que discuten o hablan de ellas todos los días del año prácticamente. Uno de los nichos fundamentales de empleo que tiene que explotar la sociedad española es aquel que tiene que ver con nuestro
diferencial de gasto social. Porque siendo cierto que el gasto presupuestario está compuesto en un 70% de ese entorno de gasto social, no es menos cierto que tenemos un diferencial de 5 o 6 puntos con los países de la eurozona y la debilidad de
nuestros sistemas de protección social determina a su vez que no seamos capaces de generar hoy empleos suficientes porque es en la atención a las personas en gran medida donde están los futuros nichos de empleo que este país necesita, que no va a
cubrir ya la construcción ni la industria por mucho que se impulse. Son políticas de atención a la familia, de atención a los mayores, toda una serie de cuestiones. Nosotros, lo decía antes, no tenemos un problema de exceso de gasto, tenemos un
problema de insuficientes ingresos, porque ingresamos 7 u 8 puntos menos del PIB que los países de nuestro entorno, los países de la eurozona, y ese diferencial es el que impide que determinadas políticas, como éstas, que están llamadas porque están
planteadas para reforzar nuestra red de protección social, se puedan abrir paso ofreciendo garantías suficientes a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.


Decía -y lo voy a cumplir- que no voy a discutir con ustedes de cosas que están todos los días en el debate parlamentario, pero también en la sociedad española. Revisen ustedes algunos conceptos. Tenemos un gravísimo problema de ingresos
en la Seguridad Social. Todos sabemos desde hace mucho tiempo, desde 1995, que venimos trabajando con ello, cuál va a ser la evolución demográfica de este país. Qué va a pasar con las pensiones en España. Sabemos por qué se está incrementando el
gasto en pensiones y conocemos por qué no se incrementa al mismo ritmo los ingresos a la Seguridad Social. El primero, porque ya sabíamos que en el año 2050 vamos a tener 15 millones de pensionistas y jubilados y si la Seguridad Social sigue
manteniendo ese gap entre ingresos y gastos será absolutamente insostenible. Impuestos por un lado, pero calidad del empleo por otro. No es suficiente tener 20 millones de empleo dentro de tres años, que es el objetivo que se plantea el Gobierno
para financiar la Seguridad Social, si no va acompañado de la calidad suficiente. Y la calidad está bajo mínimos en estos momentos como consecuencia de las reformas laborales, la del año 2012 y la del año 2010. Por tanto, corregir esta disfunción
que se ha introducido en el mercado de trabajo español es ya una prioridad para la sociedad española.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Cierran los grupos parlamentarios con un minuto estricto de intervención. Señora Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Solo quiero darles las gracias a los representantes de Comisiones Obreras y de la UGT por venir, por presentar esta iniciativa y por poner en valor las iniciativas legislativas populares, que bien falta hacen en la
democracia española y por traer una iniciativa al Congreso, a esta Cámara, que habla de las necesidades reales de nuestro país, que son las personas. Muchas gracias y seguiremos trabajando por mejorar y porque los derechos laborales sean una
realidad en este país.


El señor PRESIDENTE: Señor Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Estamos, como decían los representantes sindicales, ante un Parlamento plural y hoy habrán podido comprobar cómo hay quienes en este Parlamento buscan organizar nuestra democracia, nuestro sistema de derechos de
ciudadanía, nuestros planes contra la pobreza en función de las exigencias de la ortodoxia económica y hay quienes entendemos que la ortodoxia económica tiene que organizarse en función de nuestros objetivos democráticos y de nuestros propósitos
inexorables

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de la lucha contra la pobreza. Esta iniciativa legislativa popular responde a un pensamiento progresista, a una praxis exigente y desde luego nosotros lo vamos a respaldar. No hay que discutir si hay recursos, tiene que haberlos. Hay que
discutir de dónde los sacamos. Esto sí, no hay propósito más inexorable y más inevitable que combatir la pobreza en este país. Esto no es gaseosa. Esto es un objetivo inexorable de dignidad en la sociedad española. Insistimos en agradecer la
iniciativa de las centrales sindicales.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Echániz, un minuto.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, tampoco voy a polemizar. No es lo mismo que el empleo indefinido crezca al 13 o al 14% que disminuya al 29% y eso lo sabe perfectamente el secretario general de Comisiones Obreras. Igual que eso no quiere decir que me
quedo tranquilo porque en sus reflexiones son conscientes de las dificultades. En segundo lugar, traer esta iniciativa en el 2011 hubiera sido absolutamente inabordable e impensable. Las cosas han cambiado y ustedes perciben eso. Es un
reconocimiento tácito de que ahora se puede y hace unos años no. Algo se ha hecho por el camino. En tercer lugar, repito mi disposición a participar en el debate, a estar presente, a seguir haciendo reflexiones, a estudiar todos los elementos que
componen esta iniciativa. Esto no presupone que en la toma en consideración mi grupo vote afirmativamente. No me corresponde a mí tomar esa decisión. Será el conjunto del Grupo Parlamentario Popular quien en función del área de empleo y económica
adoptará la decisión. En cualquier caso, sí quiero poner de manifiesto que la única limitación para el Grupo Parlamentario Popular, como no puede ser de otra manera, y ustedes lo entenderán, es que no perjudique la buena marcha de nuestra economía,
que no perjudique el crecimiento económico que en este momento tiene España muy importante, por encima del 3% el último año, que no perjudique el empleo, porque nos ha costado a todos muchísimo recuperar ese empleo y que no complique tampoco
nuestros compromisos con la Unión Europea, que son compromisos supranacionales que nos comprometen y que no comprometa el Estado del bienestar en su conjunto. Lo peor que podríamos hacer es frustar a los ciudadanos o generar un efecto contrario al
que perseguimos en esta materia. En definitiva, que España no se lo pueda permitir. Si todos trabajamos de una forma diligente, ordenada y responsable podremos llegar a decisiones positivas como hemos hecho otras veces en esta casa. Muchas
gracias, señor presidente. Quiero agradecer la presencia, la comparecencia, la explicación y las reflexiones de los dos secretarios generales. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.


Eran las siete y treinta minutos de la tarde.