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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 727, de 13/02/2019
cve: DSCD-12-CO-727
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 727
HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO PRADAS TORRES
Sesión núm. 23
celebrada el miércoles,
13 de febrero de 2019
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día:
- Proposiciones no de ley:
- Sobre el cierre del Hipódromo de la Zarzuela, la realización de una auditoría y la depuración de responsabilidades por negligente gestión de dinero público. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de
expediente 161/003744) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Sobre la modificación del régimen económico de las Illes Balears. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/004120) ... (Página2)
- Sobre la modificación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal) para exonerar su pago en las transmisiones sin incremento real de valor. Presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 161/001577) ... (Página7)
- Sobre el impulso de las inversiones financieramente sostenibles y la reducción del gasto improductivo del sector público. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/003067) ...
- Relativa a la exención de las tasas de exámenes de oposición para las mujeres víctimas de violencia machista. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003375)
... (Página19)
- Relativa a la realización de un estudio de impacto económico y recaudatorio de una posible regulación integral del cannabis. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente
161/004005) ... (Página24)
- Relativa a la mejora del actual régimen especial de devengo de IVA por criterio de caja. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/004138) ... (Página28)
Votaciones ... (Página33)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL CIERRE DEL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA Y LA DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR NEGLIGENTE GESTIÓN DE DINERO PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de
expediente 161/003744).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Hacienda, que en principio tiene siete puntos en el orden del día. Lo primero que quiero comentar a sus señorías es que nos ha llegado al final de la mañana un escrito por parte de
Esquerra Republicana retirando el punto 4.º del orden del día. Es decir, una iniciativa sobre el cierre del Hipódromo de La Zarzuela, la realización de una auditoría y la depuración de responsabilidades por negligente gestión de dinero público.
Quedaría fuera del orden del día.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS ILLES BALEARS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/004120).
El señor PRESIDENTE: Me hacen una petición desde el Grupo Popular para debatir, en primer lugar, el punto 6.º del orden del día y me comunican que hay acuerdo entre todos los grupos políticos para que así sea. (Asentimiento).
Vamos a comenzar el orden del día por el punto número 6, que es una iniciativa sobre la modificación del régimen económico de las Islas Baleares del Grupo Parlamentario Popular. Como es habitual, los grupos proponentes tienen siete minutos
y el resto de los grupos lo unificamos en cinco minutos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Marí.
El señor MARÍ BOSÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, construimos un país estemos donde estemos, construimos un país desde todas las partes y construimos nuestro país desde todos los territorios. Construimos un país plural en el que se presentan diferencias por muy distintas razones,
por razones geográficas, por razones de particularidades culturales, por razones socioeconómicas. Y lo hemos venido haciendo sobre la base del principio de igualdad y del principio de solidaridad, poniendo por obra el principio de igualdad para
tratar igual lo que es igual, pero también para tratar diferente lo que es diferente y del principio de solidaridad que se consagra en el artículo 2 de nuestra Constitución y respecto del que el artículo 138 señala que compete a la Administración
General del Estado hacer efectivo ese principio de solidaridad para vigilar por que exista un efectivo equilibrio económico adecuado y justo entre las diferentes partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho
insular. Por lo tanto, a través de las políticas del Estado para hacer efectivo el principio de solidaridad y en función de buscar un equilibrio económico justo y adecuado entre las diversas partes del territorio, el Estado también debe atender a
aquellas peculiaridades que sean
consecuencia del hecho insular. Lo hemos venido haciendo a través de los instrumentos de coordinación y cooperación; de coordinación, ejercidos por la Administración General del Estado por los diferentes órganos autonómicos y los
diferentes niveles territoriales de gobierno, y también de cooperación, entre los distintos niveles de gobierno.
Señorías, ser español es, en mi opinión, conocer la pluralidad de nuestro país y saber integrarla, como hemos hecho con luces y sombras desde hace quinientos años; como hemos hecho con mucho mayor éxito durante estos cuarenta años de
democracia. Y cuando hablamos de hacer efectivo el principio de solidaridad y de atender con especial atención al hecho insular -como señala el artículo 138-, estamos tratando conforme al principio de igualdad una cuestión diferente que deriva de
un hecho geográfico, que son los sobrecostes que se producen desde el punto de vista económico y también social por la diferencia existente entre ser un territorio insular o estar en el territorio peninsular.
Desde antiguo la Administración General del Estado ha intentado corregir esos sobrecostes del hecho insular, pero fue con la Ley 30/1998, de Régimen económico de las Islas Baleares cuando se produjo el tratamiento conjunto de todos los
diversos aspectos que afectan a los sobrecostes del hecho insular y la Administración en esa ley pretendía dar respuesta a todo ello; ley de la que se cumplen veinte años en este ejercicio. En desarrollo de esa ley, la Administración General del
Estado ha venido haciendo esfuerzos para tratar de paliar esa diferencia en sobrecostes del hecho insular respecto del peninsular, pero el desarrollo durante estos veinte años ha sido desigual. En 2015 ya se inició un proceso de modificación y
reforma del régimen económico, que culminó con la aprobación por parte del Consejo de Ministros, en abril de 2015, de un régimen fiscal especial para las Islas Baleares, que suponía la aprobación de una reserva por inversiones que permitiera ahorro
fiscal a autónomos y empresas que pudieran aplicar a la generación de empleo y a la diversificación de las líneas de producción.
Desde el año 1998, ese fue el principal avance que se produjo en materia de régimen económico especial. La sorpresa vino cuando la señora Armengol, líder del Partido Socialista, ganó las elecciones y, sobre la base de decir que quería más,
se plantó en Moncloa en septiembre de 2015 y devolvió el régimen fiscal especial de Baleares. Es la única dirigente autonómica a la que he visto ir a Moncloa a devolver dinero con una sonrisa en la cara. Nos dijo que quería más y que trabajaría
por más, y durante tres años con el Gobierno del Partido Popular, con el Gobierno de Mariano Rajoy, se establecieron intensas negociaciones, pero en mayo del año pasado, cuando ya estaban a punto de acordar esa modificación del régimen económico de
las Islas Baleares, nuevamente la señora Armengol decidió echarse para atrás. Nos dijo que el señor Sánchez le iba a dar más. Y hoy es el día, señorías, después de ocho meses, que de lo dicho, nada de nada. Hemos gastado prácticamente cuatro años
y no ha habido modificación del régimen económico de las Islas Baleares. Hemos gastado cuatro años y el Partido Socialista en Baleares ha devuelto un régimen fiscal que sin duda hubiera tenido un beneficio para compensar los costes extras de la
insularidad a los ciudadanos de las islas Baleares durante estos cuatro años. Y hoy es el día en que no tenemos nada, pese a que llevamos dos meses en los que vienen ministros a Baleares diciendo que esto es inminente. Hoy es el día en el que no
tenemos nada. Hoy también es el día, señorías, en que, por no tener, ni siquiera tenemos Presupuestos Generales del Estado. Estos cuatro años han sido la historia de un gran engaño. En la primera etapa, durante el Gobierno del Partido Popular, en
la Administración General del Estado el lamento permanente del Gobierno socialista de las Islas Baleares y, en esta segunda etapa, el engaño permanente. Nada nos extraña, porque esto ya lo conocemos en la figura del presidente del Gobierno, que
dice una cosa antes y la cambia en la media hora siguiente.
Por eso, señorías, casi más que atenernos al tenor literal de la proposición no de ley que presentamos, que evidentemente damos por reproducida, hoy lo que toca es pedir elecciones generales ya, para que venga un Gobierno que dé un nuevo
impulso a nuestro país y que también dé un nuevo impulso para mejorar la vida de los ciudadanos de las Islas Baleares.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Antes de dar la palabra al siguiente interviniente, quería trasladar, y creo que lo hago en nombre de todos los grupos, la enhorabuena a un antiguo miembro de esta Comisión, al compañero Juan Bravo, que ha sido designado recientemente
consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, a quien por motivos obvios le deseo que tenga muchos aciertos. (Aplausos).
Continuamos con el orden del día. Esta iniciativa no ha tenido ninguna enmienda. Por tanto, pasamos a recabar la posición de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.
Como saben, nunca ha sido tradición en este grupo oponerse a las demandas legítimas de cada uno de los territorios. No siempre hemos sido correspondidos, pero eso no nos impide mirar con buenos ojos esta proposición no de ley. Lo que pasa
es que es tan bienintencionada como poco posibilista, si me permiten la broma. Esta es una proposición no de ley que entra en el Registro el día 18 de diciembre de 2018 y se pide que la modificación de la ley se apruebe y que entre en vigor con
efectos de día 1 de enero de 2019. Por tanto, mucho deberían haber trabajado los dos Gobiernos y esta Cámara para que en muy pocos días se pudiese haber llevado a cabo.
En todo caso, no vamos a entrar en dinámicas de política interna de las Illes Balears. Respetamos lo que diga su Parlamento y su Gobierno, y obviamente también los acuerdos o no acuerdos a los que llegue con el Gobierno del Estado español.
Repito, saben que nuestra posición nunca ha sido poner límites a este tipo de negociaciones. Cada uno que defienda libremente y sin ningún tipo de limitación lo que entienda que debe hacer cada territorio.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Nosotros también nos vamos a abstener en este tipo de asuntos, porque así lo venimos haciendo cuando corresponden a otros territorios. Además, siempre hemos entendido la diversidad territorial y, por tanto, entendemos que Baleares solicite
esta modificación para compensar la insularidad, aunque también entendemos que tendrían que llevarla a cabo entre los dos Gobiernos mediante el acuerdo y el diálogo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Navarro.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Ya se ha dicho que el REB viene regulado en la Ley 30/1998, del Régimen Especial de las Islas Baleares, que contiene fundamentalmente aspectos económicos, no fiscales, sobre transporte, infraestructuras, energía, agua. ¿Cuál es el problema?
Que, sobre todo, es una declaración de intenciones, que es una ley excesivamente voluntarista, abunda en términos como: se potenciará, se elaborará un plan, se constituirá una comisión mixta. El problema de este tipo de leyes es que acaban
generando frustración, porque actúan como un marco de principios generales, pero no vinculan de modo alguno. A veces esta frustración es buscada, como ya veremos. Pero para que todas estas promesas se sustancien, al final lo que hace falta es una
dotación adecuada en los Presupuestos Generales del Estado. Acabamos de verlo con Canarias. Se aprueba con grandes alharacas el REF, se hacen todas muchas fotos, pero no se recoge en presupuestos porque hay otras necesidades de otros socios
parlamentarios que atender. Ayer escuchamos quejas sobre esto.
Por eso, para conseguir cosas, tenemos que ir a presupuestos. Y eso es lo que hemos hecho en los dos anteriores, que hemos contribuido a aprobar con el aumento del descuento de residentes. En el primer año conseguimos subir al 75 % el
descuento de los vuelos insulares y en el segundo año en los vuelos con la península. Necesitamos unos presupuestos que tengan un reparto de la inversión que garantice la equidad y la igualdad entre todos los españoles y no que se haga de acuerdo a
la agenda electoral del Gobierno de turno, y que contemple, como dice la Constitución, el hecho insular. Por cierto, también necesitamos un sistema de financiación autonómico. El Partido Popular presentó un proyecto de ley en 2015 que incluía
aspectos fiscales similares al RIC, a las reservas para inversiones de Canarias, que recordemos que eran deducciones para los beneficios que eran reinvertidos en las islas Baleares. La idea puede ser buena, porque pretendía potenciar el
crecimiento, la creación de empleo, pero el resultado no parece que haya sido tan bueno, porque favoreció la inversión inmobiliaria y, sobre todo, la elusión fiscal. Como digo, no parece que haya funcionado muy bien y no sabemos qué REB quiere el
PP, si es uno con RIB, con reserva de inversiones de Baleares. (El señor Marí Bosó: El que devolvió Armengol).
Sí, eso que se lo contesten luego los representantes del PSOE. Como decía, no sabemos si quiere un REB con RIB o quiere otro nuevo a la medida de quien sean.
En cuanto al PSOE, no sabemos lo que quieren. Sabemos que la presidenta Armengol hizo unas declaraciones altisonantes cuando Sánchez entró en Moncloa diciendo que por fin con la llegada del Partido Socialista íbamos a tener REB y un nuevo
modelo de financiación. Dijo que para noviembre de 2018 ya estaría firmado el acuerdo del REB y que se pondría en marcha del 1 de enero. Pues bien, ni REB ni modelo de financiación. El caso es que Armengol vivía mejor contra Rajoy, porque la
señora Armengol utiliza el REB para alimentar el discurso del agravio; a ella no le importa generar frustración. Ahora, desde luego, el agravio ha desaparecido, porque si ahora Sánchez está en la Moncloa, a ver a quién se queja. Ella ya no habla
de Moncloa, sino de Madrid.
Nosotros queremos un REB para todos; lo dice el artículo 138.1: 'El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad [...] atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular'. Sentémonos, por favor;
dejemos de utilizar el REB con electoralismo; dejemos de utilizarlo para alimentar el discurso del agravio y hagámoslo con medidas concretas y, a ser posible, incluyendo estas medidas en los presupuestos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Yllanes.
El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Es la primera vez que intervengo en esta Comisión, de la que soy solo portavoz adscrito, pero hoy el tema afecta al territorio al que represento y, por lo tanto, qué mejor oportunidad, pese a que no sea un día especialmente feliz para
nuestra democracia, que aprovechar el día de hoy, pensando que esto era una proposición no de ley bienintencionada por parte del Grupo Popular. Ingenuo de mí, al final el señor Marí ha dejado bien claro que, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid,
vamos a hablar de los presupuestos, de las elecciones y de todas estas historias.
A nosotros nos interesa mucho el tema del REB; nos interesa mucho porque creemos que toda la ciudadanía de Baleares está enormemente preocupada por este tema. Nos felicitamos de que por fin el Partido Popular, después de intentar que la
Constitución sea grabada con cincel y martillo en una pieza de mármol y resulte intocada, ha descubierto que dentro de la Constitución está el artículo 138.1, y de repente se ha dado cuenta de que cuando se habla de la solidaridad entre los
distintos territorios que forman el conjunto de España, tal y como ha empezado su discurso el señor Marí, está la necesidad de que se tenga en cuenta el hecho insular. No simplemente por eso, sino porque la insularidad -y se nos viene demostrando
desde que existe el estatuto de autonomía- no supone para los ciudadanos de Baleares más que una serie de agravios en relación con la España peninsular. Así, podemos decir que hay un gran problema, que la insularidad determina un aumento de la
carestía de la vida y eso tiene reflejo en que los costes de producción y de inversión en bienes de equipo son superiores a los de la España peninsular e igualmente sucede con los precios de los productos energéticos. También el coste del
funcionamiento de las administraciones públicas en la provisión de bienes públicos es superior y el coste de la vida de los ciudadanos. Por otro lado, el problema que tenemos con la insularidad es que obtenemos un menor aprovechamiento de las
economías de escala y se generan conductas anticompetitivas en los mercados. Finalmente, diremos que los baleares somos totalmente dependientes de puertos y aeropuertos, que son nuestra única vía de conexión con el resto del mundo.
En consecuencia, es lógico que reclamemos del Gobierno central -y en el fondo nos daría lo mismo de qué color fuese o qué siglas estuviesen ostentando ese Gobierno- la puesta en marcha de ese régimen especial al que han hecho referencia los
grupos que me han precedido en el uso de la palabra. Lo digo porque pareciera que el único momento para implantar ese régimen especial de Baleares fuese ahora, cuando ha habido oportunidades desde el año 1998 para poner freno a esos perjuicios que
provocaba la insularidad.
Somos una comunidad habitualmente maltratada en el tema de la financiación; si nosotros queremos que haya una revisión en profundidad del sistema de financiación autonómica es porque somos una comunidad históricamente infrafinanciada.
Precisamente el régimen especial de Baleares venía de alguna forma a compensar estos defectos en la financiación de las islas, entre otras cosas porque, aunque pudiera parecer que es oro todo lo que reluce en Baleares, no es cierto. En los últimos
veinte años
Baleares ha pasado de ser la tercera comunidad en renta per cápita, atendiendo a su producto interior bruto, a ser la séptima del Estado y estar a punto de bajar de la renta media de este. Y esto ha sucedido en veinte años. A nivel europeo
esta caída de la renta per cápita ha sido todavía más pronunciada: Baleares estaba entre las 65 comunidades más prósperas de Europa y ahora no estamos ni siquiera entre las 100 más prósperas en términos de renta per cápita de Europa.
Lógicamente, no tenemos otra solución u otra posible postura que apoyar la petición del Grupo Popular, esta proposición no de ley, pero siempre teniendo en cuenta que tiempo ha habido, que Gobiernos del mismo color ha habido en Baleares y en
España para que esto se hubiese hecho efectivo, y parece ser que toda la culpa es de la presidenta Armengol. Y no digo que no haya una parte de culpa de la presidenta Armengol por lo que voy a decir a continuación, pero, de ahí a que toda la culpa
sea suya, hay mucha distancia. Estamos hablando realmente de una emergencia social en Baleares. Tenemos serios problemas en Baleares. Insisto, no es oro todo lo que reluce. El hecho de que recibamos según unas cifras 12 millones de turistas al
año y según otras 16 millones no quiere decir que los problemas de la ciudadanía de Baleares estén resueltos. Es evidente que un régimen especial solvente, que de alguna forma aliviara esta infrafinanciación histórica que han sufrido las Baleares,
ayudaría a paliar estos perjuicios.
Déjeme terminar diciendo que el sábado pasado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo que la aprobación del régimen especial de Baleares era inminente. Yo espero que lo ocurrido en la votación de esta mañana no le haga olvidar a
la vicepresidenta lo que anunció y se publicó en todos los medios de comunicación de la isla y que, efectivamente, por fin las Islas Baleares se vean justamente tratadas, se ponga en vigor lo dispuesto en el artículo 138.1 de la Constitución y se
apruebe ese régimen especial.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yllanes.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, el señor Pons.
El señor PONS SAMPIETRO: Muchísimas gracias, presidente.
Yo tampoco pertenezco a esta Comisión, pero soy del territorio. La primera reflexión en relación con la proposición no de ley es que, por supuesto, nosotros le vamos a dar apoyo. Lo que pasa es que hubiera sido interesante que ese apoyo
también lo hubieran dado los dos intervinientes, tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, en el momento en que llegó a la Mesa del Congreso. Con esa famosa pinza durante el mandato anterior del señor Rajoy, las dos personas que han hablado hoy
aquí y que fueron altos cargos del último Gobierno del señor José Ramón Bauzá -uno de ellos incluso fue consejero de Hacienda- se encargaron aquí de vetar esa iniciativa del régimen especial de Baleares. La verdad es que al final los hechos son los
que son, no los que se intentan traslucir. Por cierto, a finales de la legislatura pasada, tanto el señor Marí como el señor Navarro -repito, los dos eran altos cargos- saben perfectamente que el señor Bauzá se sacó de su chistera una especie de
pseudo-REB en el que no se dio ningún mandato porque era una carta electoral. Por tanto, lecciones, las justas.
Lo que sí está claro es que hay un consenso político en las islas que viene desde las organizaciones empresariales, sociales y políticas para mejorar la vida de los ciudadanos, de las empresas y de las administraciones a partir de ese
artículo que ustedes han mencionado. Estamos al final de la negociación, como dijo la vicepresidenta Carmen Calvo el fin de semana pasado, lo que sería necesario justamente ahora que estamos hablando no solamente de elecciones generales, sino de
las elecciones del 26 de mayo, es que hubiera consenso político con partidos como el Partido Popular o Ciudadanos para que, en lugar de remar a la contra y de ir a bailar con sus presidentes a plazas como las de Colón, trabajaran un poco más para
ayudar a que esto se acelerara.
Para ir a lo concreto, efectivamente, hubo una reunión el 14 de noviembre entre la presidenta de Baleares y el presidente de España, con un acuerdo claro para que hubiera esta nueva ley de régimen especial. Vale la pena recordar que se
trabajó con Montoro pero que no se llegó a acuerdo, pese a lo que se diga, y que la ambición es clara, y ya veremos, porque hoy se habla de elecciones, pero hubiera sido mucho mejor para Baleares que se hubieran tramitado los Presupuestos Generales
del Estado de 2019 porque seguramente también se hubiera acelerado el REB. Pero veremos lo que nos vamos a encontrar; quizá hubiera sido mejor pedir menos elecciones y más REB y más urgente.
En todo caso, la ambición es contar con un régimen fiscal adaptado a nuestra realidad, con una nueva reserva de inversiones para empresas y autónomos, que supone la rebaja del impuesto de sociedades en
el caso de empresas y del IRPF en el caso de los autónomos, para incentivar la reinversión en Baleares; un nuevo régimen especial para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras para que haya beneficios sobre el rendimiento de
los bienes producidos en Baleares. También, situar a Baleares en la media de inversiones a través del Fondo de insularidad, llegar a la media estatal, que por cierto tampoco se produjo con el Partido Popular en el Gobierno, tanto en el Gobierno de
Baleares como en el Gobierno de España. Esto se debería reflejar en los Presupuestos Generales del Estado anualmente. Fondo de insularidad más inversiones, que haya una comisión bilateral entre los dos Gobiernos, que se llegue a la media y se
actualicen esas inversiones. En estos Presupuestos Generales del Estado estaba el 75 % en los descuentos para transporte aéreo y marítimo, eso también lo contemplan las medidas que se están negociando en el REB. También queremos reconocer el
transporte público terrestre como un eje esencial. En resumen -porque se me acaba el tiempo-, medidas fiscales para empresas que quieran invertir en las islas y compensación de la insularidad con fondos que implican la obligatoriedad de no quedar
nunca por debajo de la media estatal. Estamos en ese momento de la negociación, esperamos que esa ley pueda llegar a las Cortes Generales y pedimos de nuevo consenso y el apoyo de las dos fuerzas que nos han precedido, conjuntamente con Unidos
Podemos.
Muchas gracias. (El señor Navarro Fernández-Rodríguez pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Sí, señor Navarro?
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Por alusiones. Quería hacer una aclaración al señor Pons, muy breve. Por el artículo 71.
El señor PRESIDENTE: Vale, pero muy breve.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Brevísima.
El señor Pons ha dicho que yo era alto cargo del Gobierno Bauzá y quiero aclararle que yo llevaba por aquel entonces más de veinte años trabajando en la sanidad balear y en ese momento era gerente de un hospital. Yo no sé dónde estaba él
durante todo ese tiempo ni me interesa en exceso, pero quería aclarar que yo no era un alto cargo.
El señor PRESIDENTE: Aclarado. ¿Quiere intervenir, señor Pons? (Denegaciones).
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA MUNICIPAL) PARA EXONERAR SU PAGO EN LAS TRANSMISIONES SIN INCREMENTO REAL DE VALOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 161/001577).
El señor PRESIDENTE: Retornamos al orden del orden del día, al punto primero, que es una proposición sobre la modificación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que conocemos como plusvalía
municipal, para exonerar su pago en las transmisiones sin incremento real de valor. En este caso sí se han presentado enmiendas, por lo tanto, en primer lugar tiene la palabra, en nombre del Grupo Mixto, el señor Bel y después intervendrán los
grupos que han presentado enmiendas.
Señor Bel, tiene la palabra.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Estos días, que hemos estado muy animados en la Cámara, ha habido muchas diputadas y diputados que me han llamado y me han dicho: Oye Ferrán, esta PNL que presentáis en Hacienda la retiráis ¿no?, es extemporánea. Y yo les he dicho: No,
no la retiro y, si es extemporánea, lo voy a explicar en la Comisión. Claro, alguien podría pensar que es extemporánea porque cuando uno mira la PNL puede ver que nuestro grupo la presentó hace dos años, en marzo de 2017, fíjense que fue firmada
por el anterior portavoz, el señor Francesc Homs, que fue injustamente inhabilitado -ahora ha finalizado la inhabilitación pero, claro, no puede ser diputado; eso de las condenas, que son más largas de lo que se establece-. Pero vayamos a la
cuestión.
En el momento en que presentamos la PNL no había una sentencia del Tribunal Constitucional anulando ningún artículo de la Ley de Haciendas Locales, había una sentencia previa a la que hacía referencia la PNL que situaba la
inconstitucionalidad de este impuesto local en el ámbito del régimen foral.
De hecho, la misma PNL decía: En el caso de que se declaren inconstitucionales algunos artículos... Que ha sido el caso, porque les quiero recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 declaró inconstitucional el número 1
del artículo 107 en referencia a aquellas transmisiones que realmente no hayan generado un incremento de valor. Y es verdad que, curiosamente, al día siguiente de que nosotros presentáramos la PNL el Grupo Popular presentó una proposición de ley
para modificar algunos artículos de la Ley de Haciendas Locales para subsanar esta situación. De hecho, lo que sucedió es que esta proposición de ley que, como digo, se planteó en marzo de 2017, por diferentes motivos, que no sabemos cuáles son
todavía, no se ha desarrollado; se amplió el plazo de enmiendas, se hizo el debate de su toma en consideración y se aprobó la toma en consideración; de hecho, nuestro grupo, cuando finalizó el periodo de enmiendas, presentó, si no recuerdo mal, en
octubre de 2018 la designación de ponentes para esta ley, pero la ley no se ha desarrollado. ¿Y cuál es la situación? La situación es la misma, agravada, que tenían muchos ayuntamientos y muchos ciudadanos en marzo de 2017. Y en estos momentos
hay una inseguridad jurídica para unos y para otros que conlleva que muchos ayuntamientos, ante los recursos que se están planteando, no acaben de resolver.
Como saben, yo he sido durante unos cuantos años alcalde de mi ciudad y me había comprometido no solo con el equipo de Gobierno sino con el mismo interventor, que me decía: ¿esto lo vais a solucionar alguna vez? Y yo le decía: sí, sí,
esto ya está en trámite. Pero la realidad es que no está en trámite. Y hoy parece, se acabe o no se acabe la legislatura, eso está en manos del presidente del Gobierno, que se va a constatar que no hemos resuelto el problema que teníamos que
resolver. Por tanto, aunque sea consciente de que hay una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, aunque sea consciente de que hemos presentado enmiendas algunos grupos, como el Partit Demòcrata, quiero mantener para
votación esta proposición no de ley como denuncia de la paralización de una situación que, repito, genera inseguridad jurídica a los administrados porque no se establece un mecanismo claro por el cual se deberá acreditar o no este incremento de
valor y que realmente tengan la seguridad de que van a quedar exonerados, porque lo que están haciendo en estos momentos es presentar recurso. Y genera también seguridad jurídica para los ayuntamientos, porque en ningún momento se les garantiza que
si se procede a acciones de devolución de las cantidades cobradas indebidamente no lo tengan que financiar directamente con sus recursos cuando esto es una negligencia no de cada una de las corporaciones locales sino del propio legislador, que dejó
esta situación, y por tanto del propio Gobierno, que no reaccionó en su momento. Lo que nosotros pedimos aquí esencialmente es, primero, que el Gobierno en el plazo de tres meses, que entendemos que siempre sería más rápido de lo que ha sido el
Parlamento, legisle al respecto y, obviamente, que exista un fondo para compensar a los ayuntamientos en relación con la reducción de recursos que tendrían.
Más allá de esto, quiero aprovechar para reivindicar una serie de incumplimientos por parte de esta Cámara en relación con las corporaciones locales y los ayuntamientos. Nos hemos pasado años diciendo que se debía reformar la financiación
de las corporaciones locales y no se ha reformado. Primero no era el momento; después era el momento pero se tenía que condicionar a las comunidades autónomas; después hubo cambio de Gobierno; el Gobierno nuevo se comprometió pero dijo que lo
haría en la legislatura siguiente. Por tanto, grave incumplimiento. Y grave incumplimiento también con las corporaciones locales por nuestra parte porque nos comprometimos a que modificaríamos la LRSAL y no la hemos modificado y había mayoría
suficiente en esta Cámara para proceder a su modificación. Otra asignatura pendiente. Se comprometió el Gobierno anterior y se comprometió el Gobierno actual a modificar la aplicación de la regla del gasto a las corporaciones locales y hay mayoría
suficiente en esta Cámara para poder modificarla y no la hemos modificado. Por tanto, en este momento debemos lanzar este mensaje de denuncia.
Como nuestra intención es que esta PNL prospere con este objeto de denuncia, vistas las enmiendas que han presentado los diferentes grupos y en el ánimo de obtener el máximo consenso, estamos dispuestos a aceptarlas todas ellas en tanto en
cuanto entendemos que no se contradicen.
Muchísimas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano Leal.
El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidente.
Este es uno de los temas que demuestran que el ciudadano no ha sido la prioridad para los últimos Gobierno que ha tenido España, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, porque la
antigüedad de este tema ya ha provocado situaciones de inseguridad jurídica, como se ha comentado, y el día de mañana provocará prescripción. Sí nos llama la atención que el gran interés de la iniciativa no sea tanto solventar la situación
del ciudadano, que ha tenido que pagar cuando había situaciones de pérdida del valor del inmueble, como el interés del ayuntamiento, que al fin y al cabo era el que lo cobraba.
Le recuerdo al representante del Partido Socialista, que ha intervenido antes, que cuando nosotros fuimos el domingo a la Plaza de Colón no fuimos a bailar, fuimos a defender la unidad de España porque el Gobierno no la defendía.
Entro en materia, señorías. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 a la que se refiere el texto de la PNL analiza la norma foral que regula este impuesto en el territorio histórico de Guipúzcoa con el principio de capacidad
económica recogido en el artículo 31 de la Constitución (todos sabemos lo que dice este artículo), concluyendo que los preceptos son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida en que afectan a situaciones de inexistencia de incrementos
de valor o, en palabras del Tribunal Constitucional, inexpresivas de capacidad económica (que es el fondo que late en todo esto). El alcance territorial de la sentencia se limita, lógicamente, a la norma guipuzcoana, pero su redactado -casi
idéntico a la norma vigente en los territorios no forales del Estado- presupone una futura sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la normativa estatal en el mismo sentido. La proposición propone, por un lado, modificar en los próximos
tres meses la Ley de Haciendas Locales para articular esa no sujeción; las medidas legislativas presupuestarias necesarias para compensar a los ayuntamientos; establecer un procedimiento ágil para la devolución de las cantidades indebidamente
cobradas, y crear un grupo de trabajo entre la Administración del Estado y administraciones locales.
¿Cuál es la postura de Ciudadanos? Señorías, hace dos años Ciudadanos registró una PNL para pedir la devolución de lo tributado por este impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los casos en que no se
hubiera producido beneficio económico en la compraventa de un inmueble. Se debatió en el mes de marzo de 2017, concretamente el día 22, y se aprobó con una enmienda del Partido Socialista y con los únicos votos en contra del Partido Popular. Dos
años más tarde nos encontramos con que la casa sigue sin barrer; siguen sin haberse modificado el impuesto y el sistema de financiación local. Esta es una buena prueba de la cantidad de asuntos que se quedan en el olvido cuando en el Gobierno no
se está para gobernar sino para hacerse fotos o cualquier otra cosa. Como todos sabemos, el Tribunal Constitucional ha anulado disposiciones forales de Álava y Guipúzcoa con un texto absolutamente idéntico al que en la actualidad tiene la Ley de
Haciendas Locales. Esto significa que los ayuntamientos han estado exigiendo -esto lo importante- durante años un impuesto que, a todas luces, se presenta como inconstitucional y confiscatorio para todos aquellos contribuyentes que, al transmitir
sus terrenos, lejos de tener un beneficio han tenido una pérdida.
La proposición de ley que Ciudadanos trajo a esta Comisión tenía tres objetivos fundamentales. En primer lugar, adaptar, reformar, modificar la Ley de Haciendas Locales a la doctrina del Tribunal Constitucional para que se dejase de aplicar
con carácter inmediato un impuesto confiscatorio, como hemos dicho, e inconstitucional. Segundo, devolver en la medida de lo posible este dinero a los contribuyentes que hayan tenido pérdidas. En principio, la devolución, con independencia de que
luego las entidades deban ser compensadas en algunos casos, deben efectuarla, lógicamente, los que han efectuado el cobro, que son los ayuntamientos. Y, en tercer lugar, evitar, como en el caso de las cláusulas suelo, someter al contribuyente, al
ciudadano, al pagador, a un vía crucis teniendo que acudir a todos los tribunales cuando ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tema. En definitiva, proponíamos arbitrar un sistema para reglarlo y solicitábamos de la Agencia
Tributaria que informara a los ayuntamientos y a los contribuyentes de aquellos supuestos en los cuales el pagador haya declarado una pérdida patrimonial de un inmueble, ya que se tiene que adjuntar la referencia catastral y, por tanto, puede
saberse en qué caso los inmuebles se han transmitido con pérdidas. Sabemos que el impuesto grava solo el suelo y que harían falta informes periciales para valorar esta pérdida, pero instamos al Gobierno a ponerse a ello y no perder dos años más.
Señorías, por otra parte, nos parece necesaria una reforma global del sistema de financiación local que asegure que los ayuntamientos no tengan una merma global de ingresos, ya que esto no sería positivo para el gasto social ni para la
consolidación presupuestaria del país, colaborando con ello a establecer mecanismos eficaces de atención a la reclamación de los contribuyentes. A día de hoy, que se han aprobado enmiendas a la totalidad rechazando los presupuestos, Ciudadanos
insta a todas sus señorías a que en la nueva legislatura, que esperamos que esté lo más próxima posible, se apruebe una reforma del sistema de financiación local y autonómica y una reforma del propio impuesto.
Por todos estos motivos, hemos formulado una enmienda de adición con la que pretendemos mejorar y completar la PNL, enmienda que propone añadir un quinto punto: La revisión por parte de la Agencia Tributaria de todas aquellas enajenaciones
de inmuebles en las que el contribuyente haya declarado una minusvalía en los últimos cuatro ejercicios (como ustedes saben bien, es el plazo máximo de prescripción) e informe a los contribuyentes y a los ayuntamientos donde estén situados los
inmuebles para facilitar la devolución a los contribuyentes de las cantidades indebidamente recaudadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Ramos.
La señora RAMOS JORDÁN: Gracias, presidente.
No sé si tiene mucho sentido tramitar esta PNL -sentido práctico o jurídico-, pero sí que lo tiene, y ahí vamos a apoyar totalmente este texto, como una protesta. Aquí nos gustaría recordar que es vergonzosa la maniobra que se ha seguido
para paralizar las tramitaciones por parte del Grupo Ciudadanos y del Partido Popular, no solo de esta proposición de ley sino de muchas otras. Por ejemplo, en este caso se presenta la proposición de ley el 17 de abril de 2008, empezando a partir
de ahí una surrealista ampliación de enmiendas (primero a la totalidad y luego al articulado) hasta el 26 de octubre de 2018. Sí es cierto que hay una sentencia posterior al texto que presentaba el señor Bel, de 11 de mayo de 2017, que declara
inconstitucionales algunos artículos. En este caso, aparte de que creo que es necesario hacer esa denuncia por la vergonzosa maniobra para paralizar las tramitaciones de proposiciones de ley, nos gustaría poner de manifiesto que necesitamos también
una reforma de la Ley de Haciendas Locales y del sistema de financiación, dada la deficiente calidad del sistema que tenemos ahora mismo.
No estoy de acuerdo con el señor Bel. Creo que este Gobierno sí estaba dispuesto a hacer una reforma de la financiación de los entes locales, no así de las comunidades autónomas, pero no le hemos dejado tiempo. No sé qué tipo de reforma
financiera nos espera en una siguiente legislatura, pero no creo que tenga las mismas connotaciones que esperábamos de esta.
Quería comentarle también al Grupo Ciudadanos que creemos que esta PNL presentada por el Grupo del PDeCAT cumple con la protección del ciudadano. No entendemos que el ciudadano sea protegido solo individualmente, sino que con lo que
recaudan los ayuntamientos se protege al ciudadano. No creo que sea incompatible, sino todo lo contrario.
Nosotros añadimos algunos puntos que consideramos imprescindibles para acercarnos a esa reforma financiera y de competencias que permitirá a los municipios y a las instituciones más cercanas a los ciudadanos llevar a cabo sus competencias.
En ese sentido, creemos que se tiene que hacer una compensación y que es necesario extender la aplicación de ese supuesto de no sujeción a dichas situaciones anteriores para evitar que cada ayuntamiento y posteriormente cada órgano jurisdiccional
arbitre una solución distinta. Consideramos también que el legislador debe cometer a la mayor urgencia posible la regulación del supuesto de no sujeción por inexistencia de incremento de valor, así como legislar pro futuro y contemplar la
regulación de los supuestos anteriores no preescritos y que no hubiesen adquirido firmeza. En caso contrario, los ayuntamientos se encontrarían en una situación de total indefensión ante la imposibilidad de determinar si existe incremento de valor
o no por ausencia de regulación. Asimismo, creemos que la puesta en marcha de las medidas necesarias para evitar dicha disminución de ingresos supone eliminar determinadas exoneraciones que puedan no estar justificadas o que se considere oportuno
revisar. En concreto, consideramos injustificada la exclusión que se produce como sujetos pasivos de las sociedades que se encuentran en alguna de las situaciones que recoge el capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
También entendemos que los ayuntamientos deben establecer dentro de los límites fijados unos tipos diferenciados en función del uso que tenga asignado el bien inmueble y que puedan exigir un recargo del impuesto para los bienes inmuebles de uso
residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. Mi grupo parlamentario ha incluido una enmienda porque creemos que se debería definir a estos efectos qué entendemos por inmuebles desocupados. Además, consideramos que en la
regulación de este impuesto los ayuntamientos también deberían poder regular una bonificación en favor de aquellas unidades familiares que se encuentren en situación de exclusión social, víctimas de violencia machista y personas con discapacidad o
capacidad disfuncional. Sabemos que es más que una protesta, pero consideramos
necesario que se incluyan estas orientaciones para que si en un futuro se regula esta cuestión tengamos en cuenta estas consideraciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Como saben, nosotros tenemos capacidad normativa sobre la figura tributaria del IBI, un tributo concertado de normativa autónoma cuya competencia es de los ayuntamientos. En este sentido, respecto a lo que la proposición no de ley plantea
tengo que decir que esta cuestión ha sido modificada en nuestros tres territorios, de tal manera que solo se someten a gravamen los supuestos en los que existe incremento de valor de los terrenos. Además, se incluía una disposición transitoria para
establecer los efectos que conllevaba la nueva regulación en el supuesto del devengo cuyas liquidaciones no eran firmes.
Respecto a las propuestas del Grupo de Podemos, quiero decir que nuestras haciendas forales ya han permitido establecer un recargo en este sentido en las viviendas vacías y que algunos ayuntamientos lo estamos aplicando. Por tanto, y a
pesar de que tenemos normativa propia, apoyaremos esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Serrano.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Desde que el Partit Demòcrata presentara esta proposición no de ley en el año 2017 ha llovido un poco, por no decir un mucho. Con posterioridad a esa fecha, el Congreso de los Diputados -esta Comisión de Hacienda en concreto- debatió y
aprobó sobre el mismo tema diversas iniciativas tanto del Grupo Parlamentario Ciudadanos como del propio Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, como todos ustedes saben, el 25 de mayo de 2018 fue tomada en consideración la proposición de ley por
la que se modificaba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. Dicha iniciativa se encuentra en tramitación parlamentaria en la Comisión de
Hacienda del Congreso, es decir, en esta Comisión de Hacienda.
Es verdad que el plazo de presentación de enmiendas finalizó hace relativamente poco tiempo -finalizó el 26 de octubre de 2018-, y también es verdad que este grupo parlamentario desde abril de 2018 -fecha en que se presentó la iniciativa-
solicitó tres ampliaciones de plazo, pero a partir de ahí quienes solicitaron más ampliaciones de plazo fueron el Grupo Parlamentario Popular junto con Ciudadanos, que ahora reivindica que se agilice y se tramite con celeridad esta modificación de
la normativa, que es absolutamente necesaria como siempre ha defendido el grupo parlamentario al cual represento.
Insisto en que, en mi opinión, la proposición no de ley que presenta el Partit Demòcrata y que se debate ahora aquí es extemporánea, no porque no sea necesario resolver el fondo del asunto, sino porque ya se ha debatido una proposición no de
ley sobre este tema en dos ocasiones. Lo que verdaderamente resolvería la situación sería que se agilizara, que se impulsara la modificación de la Ley de Haciendas Locales para resolver el problema de la inseguridad jurídica, cuestión que la
proposición de ley que está en marcha tampoco resuelve. Además, dejaría un vacío legal si no abordase de manera coordinada el problema de la financiación local. Por tanto, hay que ser conscientes de que este tributo, la plusvalía municipal, supone
una fuente de ingresos, como ya se ha dicho aquí, para los ayuntamientos españoles. En el Grupo Parlamentario Socialista nos preocupa mucho la inactividad del Gobierno anterior, del Gobierno del Partido Popular, y la desidia en materia de
Administración local, que han disminuido la capacidad de autonomía de los ayuntamientos y sus recursos. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista considera necesario establecer un mecanismo compensatorio y suficiente para resarcir la merma
de ingresos para los ayuntamientos que supone la aplicación de esta reforma en la norma. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda a la proposición de ley referida en la que se insta al Gobierno a colaborar eficazmente
con los ayuntamientos para establecer los mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los contribuyentes y poner en marcha fórmulas que eviten la judicialización de los procedimientos, ya que ello provocaría una avalancha de casos que
podrían acabar saturando los tribunales. Y no estamos hablando de una cuestión menor, porque he de señalar que la modificación de este impuesto implica una merma considerable de ingresos en las arcas municipales. En el año 2016 los ayuntamientos
ingresaron 2577 millones de euros, un 0,23 % del PIB, lo que supone un aumento del 7 % frente al año 2015, según fuentes del propio Ministerio de Hacienda. Por tanto, la solución
real pasa por un nuevo sistema de financiación y una compensación inmediata, a corto plazo, para hacer frente al gran impacto económico que esto supondría para los ayuntamientos.
Señorías, se ha hablado aquí mucho de responsabilidad o de inactividad del Gobierno, pero, ¿de qué Gobierno? Yo creo que es una inactividad del anterior Gobierno y de las fuerzas políticas de la oposición, de las derechas -o de la división
de la derecha-, que han hecho imposible que se aprueben hoy unas cuentas para seguir tratando de resolver los problemas, como también ocurre con el partido que nos trae hoy aquí esta proposición no de ley, que por un lado demanda que se solucione la
problemática de la Administración local y de los ayuntamientos, que se cree seguridad jurídica tal y como mandata el Tribunal Constitucional, pero por otro lado tumba unas cuentas sociales que eran buenas para España y para todos los ciudadanos de
este país y, por tanto, también para los ayuntamientos y para sus servicios públicos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serrano.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor De Arriba.
El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Presidente, señorías, muy buenas tardes.
Hoy volvemos a debatir una proposición no de ley relativa a la modificación urgente de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en lo concerniente al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos, lo que conocemos
comúnmente como plusvalía municipal, para exonerar su pago en las transacciones sin incremento real del valor. Ya se ha dicho en varias ocasiones esta tarde que se trata de una PNL de marzo de 2017.
Efectivamente, señorías, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este impuesto considerando que vulnera el principio de capacidad económica recogido en nuestra Constitución española, en la medida en que no se vincula a la
existencia de un incremento real del valor del bien. Es decir, con la actual normativa, el hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo de tiempo implica necesariamente el pago del impuesto. Pues
bien, en mayo del pasado año, hace apenas ocho meses, y a título de recordatorio, el Partido Popular trajo al Pleno de este Congreso una proposición de ley para no someter a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor de los
terrenos, reformando el cálculo de este impuesto que, como se ha dicho en numerosas ocasiones y saben ustedes, supone una importante fuente de ingresos para los más de 8100 ayuntamientos de nuestro país. Se aprobó la toma en consideración de la
proposición de ley para modificar el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales con los votos en contra de Ciudadanos y Bildu y la abstención del Partido Nacionalista Vasco y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, y ahora su tramitación se encuentra en esta Comisión de Hacienda. Es una proposición de ley cuyo objeto es dar respuesta a ese mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo, como reza su exposición de motivos, las modificaciones o las
adaptaciones pertinentes en el régimen legal de este impuesto, y lo lógico, para evitar la pérdida de ingresos de nuestras administraciones locales, sería hacerlo o ligarlo dentro del proceso para la revisión del sistema de financiación local. Se
ha hablado ya en varias ocasiones durante las comparecencias anteriores de la cierta extemporaneidad de esta iniciativa que traen hoy a debate.
Señorías, antes de todo, quiero poner de manifiesto una vez más el apoyo de nuestro grupo parlamentario a los ayuntamientos, siendo su sostenibilidad una auténtica prioridad, sobre todo en aquellos momentos en los que han estado al borde del
colapso financiero con numerosas facturas sin pagar, y todos sabemos a qué momento nos estamos refiriendo; de hecho, se ha pasado del déficit de hace muy pocos años a una situación de superávit, lo cual entenderán también que no ha sido fruto de la
casualidad: el Partido Popular tiene en su ADN la defensa de los municipios, creemos en los ayuntamientos como pieza fundamental de nuestra vertebración territorial y su fortaleza como Administración, una Administración próxima, la más cercana en
la prestación de los servicios públicos a sus vecinos.
La pregunta es, señorías, si interesa la financiación de nuestros ayuntamientos, si queremos que nuestras corporaciones locales estén bien financiadas. ¿Verdaderamente interesa revisar el sistema de financiación local? La respuesta a esta
cuestión entiendo que la tenemos desde el día siguiente en que el señor Sánchez ocupó el Palacio de la Moncloa, gracias a los votos de sus socios de extrema izquierda, separatistas y filoetarras. La respuesta es que no habrá reforma de financiación
ni local ni autonómica en esta legislatura porque no interesa; estamos a otras cosas. Se ha preferido dilatarla en el tiempo antes que abordarla, se ha preferido dar la patada hacia delante antes que asumir la responsabilidad, y estamos
ya familiarizados de un tiempo a esta parte con esta calamitosa política a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno.
El señor Sánchez se dedica a lo que se dedica: a hacer nada -nada relevante- distinto de haber sido presidente del Gobierno, lo cual, vista su incapacidad de gestión y su irresponsabilidad en la acción de Gobierno, es posiblemente el menor
de nuestros males, y el colmo de la inactividad del señor Sánchez y de su inoperancia es que ahora sus señorías del Partido Socialista reclamen actividad al Gobierno anterior.
Señorías, lo deseable es acordar una reforma del sistema de financiación de nuestros ayuntamientos que atienda el principio de igualdad, y acordarla entre todos, sin mediadores ni relatores que valgan, porque tanto este Congreso de los
Diputados como la propia Federación Española de Municipios y Provincias y la Comisión Nacional de Administración Local son lugar idóneo o indicado para llevarla a cabo. Somos conocedores también de la complejidad que tiene actualizar el sistema de
financiación, pero el señor Sánchez abdicó de lo importante, siendo este hecho a nuestro modo de ver una nueva irresponsabilidad del Partido Socialista del señor Sánchez. Y visto lo visto, señorías del Partido Socialista, les sugiero que convenzan
al presidente del Gobierno de que convoque de una vez por todas elecciones generales y dejen que los españoles se expresen. Un país serio se merece un Gobierno serio. Estamos convencidos de que, tras esas elecciones, se dará paso a un nuevo
Gobierno que sí tendrá un verdadero interés por solucionar el problema de la financiación autonómica y local así como los problemas de los españoles, terminando así con el desvarío diario de un Gobierno que naufraga y, en definitiva, con la
desastrosa política y la falta de responsabilidad que estamos sufriendo del Partido Socialista y del todavía hoy presidente del Gobierno. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE. Muchas gracias.
¿Acepta alguna de las enmiendas?
El señor BEL ACCENSI: Sí, ya he dicho en mi intervención inicial, presidente, que vamos a aceptar el conjunto de las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Se aceptan las dos. Perfecto.
- SOBRE EL IMPULSO DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y LA REDUCCIÓN DEL GASTO IMPRODUCTIVO DEL SECTOR PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/003067).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es una proposición no de ley sobre el impulso de las inversiones financieramente sostenibles y la reducción del gasto improductivo del sector público. Es una proposición
del Grupo Ciudadanos y, en su nombre, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.
El pasado 9 de marzo, aproximadamente hace un año, presentamos esta proposición no de ley. Recordemos que entonces estaba gobernando el Partido Popular con un acuerdo de investidura con nuestro Grupo Parlamentario de Ciudadanos, pero hoy
está el señor Sánchez en Moncloa -de momento- y, como ustedes saben, no tenemos Presupuestos Generales del Estado, que suponen la expresión de la política económica de un Gobierno. Por tanto, aunque voy a defender esta proposición para impulsar las
inversiones financieramente sostenibles y esa reducción del gasto improductivo, me temo que lo que hoy se precisa es celeridad en convocar elecciones y ser capaces de construir un nuevo Gobierno que pueda realizar las reformas que necesita este
país.
Señorías, pertenecer a la Unión Europea tiene muchísimas ventajas; de hecho, estar en Europa ha proporcionado a España los mejores años de su historia tanto en democracia como en crecimiento económico. La ausencia de reglas fiscales y la
indisciplina fiscal al final llevan siempre a subidas imprevistas de impuestos y a recortes indiscriminados del gasto público, y no solo lo decimos nosotros, sino que también lo dijo el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal. La principal amenaza del Estado del bienestar siempre es el gasto sin control. Sin embargo, tenemos un grave problema: la Administración local ha cumplido durante cinco años consecutivos los criterios de estabilidad, la senda de déficit,
la cancelación de deuda, además del techo de gasto, y por ello los ayuntamientos reclaman un sistema que permita ejecutar ese ahorro de presupuestos de ejercicios
anteriores que en la actualidad suponen aproximadamente 5000 millones de euros. Además, entre 2012 y 2017 esto ha supuesto en cierto modo una transferencia por la vía de hecho a las comunidades autónomas, a la Seguridad Social e incluso al
Gobierno central, cubriendo estos incumplimientos de los objetivos de déficit y permitiéndoles gastar más.
Es cierto que en 2014 se modificó la regla de gasto para introducir la posibilidad de que las entidades saneadas ejecutaran el gasto en inversiones financieramente sostenibles. Sin embargo, las corporaciones locales están utilizando muy
poco esta opción; un ejemplo: en 2015 tan solo se utilizó el 34,3 % de ese superávit y en 2016 -tengo el dato- el 25,91. Por lo tanto, sería deseable revisar esa definición, como les decía, de las inversiones financieramente sostenibles y su
aplicación para que se aproveche mejor su potencial.
Por todo ello, nosotros hemos defendido esta proposición no de ley, instando al Congreso de los Diputados y al Gobierno a establecer un grupo de trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias para aumentar esa mejor
utilización de las inversiones financieramente sostenibles que además incluya una simplificación de la burocracia, especialmente para los ayuntamientos de menor población, así como un listado de inversiones financieramente sostenibles de especial
interés en función de las debilidades detectadas por los distintos ministerios y el Tribunal de Cuentas, y que incluya un impulso de la Administración digital y de las medidas que potencien las smart cities; en segundo lugar, instamos a elaborar un
informe para la reestructuración de entidades integrantes del sector público con el objetivo de eliminar ese gasto público superfluo que hemos reclamado en numerosas ocasiones, evaluando las posibles duplicidades e ineficiencias de la prestación de
los servicios, así como la extinción de entidades sin actividad o actividad muy reducida.
Señorías, preciso su apoyo en esta proposición no de ley. Sé que en este momento -se lo decía al principio de mi intervención- lo que importa es que el señor Sánchez convoque elecciones y seamos capaces de constituir un Gobierno que pueda
realizar reformas de calado, y una forma de mejorar la vida de nuestros ciudadanos es obteniendo el apoyo de todos los grupos parlamentarios para una causa como esta, para impulsar las inversiones financieramente sostenibles y la reducción del gasto
del sector público para mejorar la vida de la sociedad.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista y, en su nombre, tiene la palabra la señora Merchán.
La señora MERCHÁN MESÓN: Gracias, presidente.
Señorías, permítanme un minuto para pedir respeto; respeto no a la Cámara, respeto no a Pedro Sánchez; respeto a las instituciones y a la democracia a la que tanto costó llegar a este país. Descalificar al presidente del Gobierno no es
descalificar a una persona, no es descalificar al Partido Socialista, es descalificar a las instituciones de las que nos hemos dotado. Por favor, pido respeto cuando se hable del presidente del Gobierno de España.
El título de la iniciativa que nos trae hoy Ciudadanos es ya una clara declaración de intenciones, al hablar de reducción de gasto improductivo. Ciudadanos trae una proposición no de ley que honestamente no entendemos ni en el fondo ni en
la forma. Nos traen una proposición no de ley, cuando ya en noviembre debatimos en Pleno una enmienda a la totalidad, que ustedes mismos presentaron, a la proposición de ley que el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presentaron precisamente sobre la modificación de la regla de gasto, en un debate en el que, repasando el Diario de Sesiones, cuesta concluir que su alternativa sensata, Ciudadanos dixit, fuera precisamente para contribuir al buen hacer de los
ayuntamientos, porque más que en la intervención de su portavoz se centró en Cataluña y en cómo utilizar su alternativa sensata para coartar precisamente la autonomía, en este caso la comunidad autónoma, y por ende de los ayuntamientos. ¿Dónde
quedaba ese día su preocupación por las administraciones locales? No querían debatir una proposición de ley, y hoy nos traen una proposición no de ley. De verdad que no entiendo con qué propósito.
Por supuesto, no podemos abstraernos del día de hoy. No les ha dado ningún reparo sumar sus votos con sus archienemigos, para decir no a unos presupuestos que podrían mejorar la vida de millones de hombres, mujeres, niños y niñas, y que
incluye precisamente el artículo sobre el destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2018. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué van a hacer? Fíjese que buena ocasión hubiera sido debatir esos presupuestos, haber presentado una
enmienda sobre la regla de
gasto, sobre el uso del superávit, y debatir. Pero han dicho no; y han dicho no a debatirlo en una ley; una ley que concreta, además, el proyecto político de quienes la apoyan; podían haber sido ustedes. ¿Qué hacemos ahora con su PNL?
¿Qué aporta si sale adelante? Se lo digo: nada, absolutamente nada.
Dicen además en su exposición de motivos que la principal amenaza del Estado del bienestar es siempre el gasto sin control. Permítame que le diga que horas después de haber dicho no a los presupuestos, con un 57 % del gasto social, piense
que son otros los que amenazan el Estado del bienestar. Si hay una Administración que ha demostrado no ya no ser una amenaza, sino ser guardiana del Estado del bienestar, esa ha sido la Administración local, señoría. Durante los años en los que el
Gobierno del Partido Popular hacían sus reformas, recortes en gasto público y recortes en gasto social, han sido los ayuntamientos los que han atendido en primera línea a sus vecinos y vecinas, cumpliendo además puntualmente con el objetivo de
déficit, mientras que la Administración General del Estado, gobernada por el Partido Popular con el apoyo incondicional de Ciudadanos, incumplía de manera reiterada.
Las inversiones financieramente sostenibles incluyen uno de los tres destinos que contempla el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo la Ley Reguladora de las Haciendas Locales donde
se especifica en qué consisten y qué requisitos hay que cumplir para considerar una inversión como financieramente sostenible. Eso fue en 2014. En 2015 y 2016 se aprobó la prórroga de estas medidas sin que se introdujeran cambios. En 2017 se
introdujeron los cambios para permitir que las IFS pudieran ejecutarse en el plazo de dos ejercicios. Y en mayo de 2018 la prórroga, además de permitir la ejecución de dos ejercicios, amplió los destinos de estas inversiones. Su iniciativa se
registró catorce días antes de que el Gobierno anterior aprobara, mediante real decreto-ley, la prórroga para 2018 del destino de superávit de las corporaciones locales para IFS, modificándose ya el ámbito de estas. No entendemos a qué corresponde
una iniciativa que ya, en parte, se había tratado en esa modificación.
Su iniciativa tiene dos puntos. El primero pide algo que ya se está haciendo. De hecho, pensé que iban a presentar una autoenmienda, porque ya existe un trabajo entre la Administración General del Estado y la FEMP; ya existe, y el
Gobierno de España tiene como una de sus prioridades la recuperación de la autonomía local, además de que la iniciativa ya se registró cuando ya habían cambiado los registros. Sobre el segundo punto, permítame decirle que el lenguaje no es neutro.
¿Qué es un gasto público superfluo, señoría? Coincidirá conmigo en que, cuando menos, es un término difuso. Existe en su mantra de las duplicidades, de las ineficiencias, cuando si hay una Administración que ha demostrado eficiencia es,
precisamente, la Administración local.
No entendemos el propósito de debatir esta iniciativa hoy en esta Comisión, de verdad que no lo entendemos. Han tenido oportunidades reales de favorecer la gestión de las administraciones locales, de trabajar en la modificación de la regla
de gasto, y han dicho sistemáticamente no; la última hace escasas horas. Con lo cual, permítame que se lo diga, su discurso esta lleno de palabras huecas. Hemos presentado una enmienda que se ajusta a lo que se está trabajando ya con la FEMP y al
trabajo que está haciendo la Administración para mejorar la gestión pública. Entendemos que el texto que proponemos mejora la forma y el fondo de su iniciativa, y confiamos en que la acepten porque comprenderá que no podemos votar algo que no es
real ni realista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para fijación de posiciones, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Como intuyo que la dinámica de pedir elecciones se va a repetir a lo largo de toda la Comisión, yo ya les doy mi opinión; en todo caso, es una potestad del presidente del Gobierno, y puede convocar como no puede convocar. Yo casi si
preferiría que no sucumbiera a las peticiones del PP y Ciudadanos y se mantuviese fiel a lo que había dicho en otros momentos, y que no hiciera caso a esos 45 000 que salieron el domingo (risas). En todo caso, es verdad que el mismo presidente del
Gobierno fijó que si no había presupuestos se podrían adelantar los comicios, que entra dentro también de la normalidad democrática. Lo que no entra dentro de la normalidad democrática es el acoso y derribo constante al que le están sometiendo
Ciudadanos y el Partido Popular. Porque miren, sin presupuestos se pueden hacer muchas cosas (dirigiéndose a la señora Merchán Mesón). Usted hacía una cita, precisamente, a que los presupuestos contemplaban una ampliación de los supuestos de las
inversiones financieramente
sostenibles. Y es verdad, pero no necesitan presupuestos; esto lo pueden solventar el viernes, en el próximo Consejo de Ministros. Aprueben -como usted mismo recordaba- un real decreto-ley, que en su momento aprobó el Partido Popular;
esto se puede hacer por real decreto-ley (risas), no es necesario introducirlo los presupuestos, con el contenido literal del artículo de la disposición adicional que contemplaba los presupuestos; y un tema solucionado. (La señora Merchán Mesón
realiza gestos afirmativos). Es verdad que desde nuestra óptica es absolutamente insuficiente. La propuesta avanzaba porque permitía también los planes de empleo locales que es una de las demandas que se planteaba desde las corporaciones locales.
Pero como eso es necesario, yo les insto a que la puedan aprobar el viernes; y seguro que tienen el voto no solo de este grupo parlamentario, sino todos los votos necesarios para convalidar el real decreto-ley.
Lo digo porque en este debate también hemos oído que estos presupuestos incrementaban el salario mínimo profesional, cosa que no es verdad porque ya estaba incrementado. Hemos oído también que estos presupuestos suponían un incremento de
las pensiones, cosa que ya estaba solventada. No me gustaría oír que estos presupuestos han impedido que las inversiones financieramente sostenibles se incrementasen o ampliasen, porque también es posible hacerlo sin presupuestos.
En todo caso, de la proposición no de ley la verdad es que a nosotros no nos gusta el apartado segundo; se lo digo sinceramente. Eso de elaborar un informe para la reestructuración de entidades integrantes del sector público, con el
objetivo de eliminar el gasto público superfluo, me parece un tanto demagógico. Habría que concretar, porque ¿sabe qué pasa? Que a lo largo de los últimos cuatro o cinco años, si ustedes lo repasan, precisamente el ámbito donde más se ha ajustado
su estructura es en el ámbito local; donde más entidades sin actividad, con actividad reducida o actividad improductiva se han suprimido es en el ámbito local. Por tanto, fijar esto de que la literalidad establece que no se refieren ustedes al
ámbito estrictamente local, pero que lo están incluyendo en una proposición no de ley que afecta a las corporaciones locales, nos da la sensación de que puede generar algún tipo de distorsión. Y abunda este discurso que hace Ciudadanos en que hay
mucho gasto público improductivo. Lo habrá, pero no me atrevo a calificarlo de mucho. Si no, lo tiene que constatar y lo tenemos que denunciar, pero no pueden hacer estas acusaciones genéricas, porque le recuerdo que ustedes también eran de
aquellos que pedían la eliminación de las diputaciones porque las diputaciones también eran improductivas y tenían un gasto público improductivo. Yo no he sido diputado provincial, pero he sido alcalde durante muchos años y les puedo decir que eso
lo único que demuestra es un desconocimiento grave de la Administración local.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Es verdad que hoy Ciudadanos nos trae una proposición no de ley para el impulso de las inversiones financieramente sostenibles, un tema que ya se reguló en abril por real decreto en su día, que recogió parcialmente las reivindicaciones de la
FEMP y otorgaba cierta flexibilidad a las administraciones locales para destinar ese superávit a financiar inversiones financieramente sostenibles; una flexibilización que era mayor que la que se otorgaba en el año 2014 porque se ampliaba el
catálogo de las definiciones de inversiones financieramente sostenibles, y que además respondía al esfuerzo realizado por los ayuntamientos para conseguir una situación sólida financieramente. Por cierto, hoy traen aquí esta proposición no de ley
y, a su vez, han rechazado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, donde la disposición adicional septuagésima novena iba en este sentido.
Aparte de esto, para nosotros es insuficiente, es un remedio temporal que a lo mejor es mejor que nada, pero lo que verdaderamente necesitan los ayuntamientos es una flexibilización de esa regla de gasto para que las entidades locales puedan
reinvertir el superávit del que disponen en políticas para las personas, y es que las entidades locales son quienes tienen la capacidad de influir en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas por su proximidad, una regla de gasto a cuya
flexibilización no solo se opusieron, sino que además, señores de Ciudadanos, ustedes incluyeron una enmienda a la totalidad completamente centralizadora, algo que no nos sorprende porque ya hicieron saber también su idea de suprimir algunos
ayuntamientos. Además esa enmienda incorporaba una obligación de desarrollar la regla de gasto por parte del Gobierno para que no quedasen ventanas interpretativas y abría la posibilidad para que en los presupuestos se pudiera inaplicar ese destino
del superávit atendiendo solamente a la coyuntura
económica. Verdaderamente nos es difícil conocer lo que ustedes proponen porque parece que siguen proponiendo a las administraciones en qué gastar y cómo gastar limitando su autonomía. Es una proposición no de ley que para nosotros llega
tarde y además con conceptos jurídicos indeterminados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.
No me puedo sustraer al debate que se ha producido sobre la convocatoria electoral. Tengo que decir al señor Bel que si tanta preocupación tiene por esta cuestión y por que se adelanten las elecciones, hubiese sido de gran ayuda que votaran
hoy en contra de las enmiendas a la totalidad y retirar su propia enmienda a la totalidad, para que no se produjera esta situación. Y si están dispuestos a apoyar elementos parciales de los presupuestos que siempre dicen que consideran positivos,
qué mejor que aprobarlos en unidad de acto en los presupuestos con todas las mejoras que se quiera. En fin, es una lástima de la que yo creo que nos podemos lamentar.
Yendo a la proposición no de ley que presenta el Grupo Ciudadanos, que está relacionada con la política de estabilidad presupuestaria realizada estos años y los ataques tanto al Estado social, a las política del Estado del bienestar
realizadas por las diferentes administraciones, como a la autonomía local, hay que decir que han sido las administraciones locales las que han cumplido con esos criterios de estabilidad incluso en los peores momentos de la crisis en relación con el
resto de las administraciones públicas. Esta política de estabilidad y la regla de gasto se han aplicado y se aplica en España de forma antidogmática, como no se aplica en ningún otro país de Europa, donde no se aplica en ámbitos como el local,
sino de forma mucho más global para el conjunto de las administraciones públicas y a medio plazo. Esa aplicación perversa de la política de estabilidad ha generado grandes superávits y, al mismo tiempo, grandes déficits sociales y un tensionamiento
enorme de los servicios públicos en los ayuntamientos. Se habla de entre 5000 y 6000 millones de euros que ha generado ese superávit y que no se pueden utilizar; y no se han podido utilizar cuando los problemas sociales en los barrios de nuestras
ciudades continúan siendo enormes, así como la necesidad de desarrollar políticas sociales en ámbitos de servicios sociales, en ámbitos educativos o por ejemplo en las políticas de vivienda.
Esta proposición no de ley además desprende un tufillo ideológico determinado, que es cuando dice: la principal amenaza del Estado del bienestar siempre ha sido el gasto sin control. ¿A qué se referirán? ¿Se referirán a las
infraestructuras como el AVE, que ha denunciado el Tribunal de Cuentas Europeo, los aeropuertos donde no aterrizan aviones, las autovías que tienen que ser rescatadas por el Estado? ¿O se referirán al gasto social, necesario en tiempos de crisis?
¿A qué se refieren ustedes con gasto social sin control? (El señor Ten Oliver pronuncia palabras que no se perciben). ¿Saben cuál es la principal amenaza del Estado del bienestar? La principal amenaza del Estado del bienestar es una política
fiscal débil. Los países que permiten el fraude, la elusión fiscal, la fiscalidad regresiva -que el propio Grupo Ciudadanos ha favorecido y que favorece a las rentas del capital y a las rentas altas-, el diferencial que tenemos en relación a la
media de la Unión Europea en términos de presión fiscal, el hecho de que no exista un suelo de gastos y unos ingresos que vayan a cubrir, ese es déficit social que se ha producido en este país.
El otro tufillo más ideológico es la permanente sospecha sobre los ayuntamientos. Tiene un tufillo antimunicipalista cuando habla de gastos improductivos o cuando me ha sorprendido con la simplificación de la burocracia, especialmente, para
los ayuntamientos de menor población. ¿Ustedes han visitado ayuntamientos de menor población como el mío, como mi pueblo, por ejemplo, donde lo que ocurre es que existe una debilidad administrativa evidente? ¿Qué es simplificación burocrática? O
cuando se habla de las duplicidades, de la extinción de entidades, etcétera; es decir, desprende ese tufillo de permanente sospecha sobre el conjunto de la Administración pública sabemos que ustedes son más partidarios del mercado que no del sector
público y del municipalismo en general, cuando efectivamente han sido los ayuntamientos quienes han gestionado con mayor rigor en estos tiempos económica y socialmente muy difíciles.
¿Cual es la solución? Hay una solución parcial, la que estaba en los Presupuestos Generales del Estado y que se desprende del acuerdo con nuestro grupo parlamentario, de flexibilización de las inversiones financieramente sostenibles, no en
smart cities, sino en financiación y mejora de escuelas
infantiles, en fomento del empleo o en construcción o rehabilitación de viviendas. Además, hay una solución estructural, que es imprescindible, que es modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cambiar la dogmática aplicación de la
regla de gasto para que los ayuntamientos bajo determinadas condiciones puedan reinvertir su superávit para garantizar la prestación de servicios públicos que son de su competencia. Ese es el debate absolutamente fundamental. Por tanto, nosotros
rechazamos esa proposición no de ley, porque tiene este tufillo dogmático de sospecha sobre los servicios públicos y los ayuntamientos que creemos que no responde a la realidad. Si ustedes hubiesen querido avanzar en este sentido de flexibilizar
las IFS, efectivamente tendrían que haber apoyado los Presupuestos Generales del Estado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Palmer.
La señora PALMER TOUS: Muchas gracias, presidente.
Señorías, las políticas de gasto público descontrolado e indisciplina fiscal que han caracterizado cada uno de los Gobiernos socialistas que hemos tenido en este país, se han mostrado una y otra vez profundamente erróneas. Sin pretender, ni
tampoco poder, ser demasiado exhaustivos valgan unos pocos datos como ejemplo. En la última etapa socialista, antes de este tan querido y quizá breve Gobierno Sánchez, esta práctica política de gasto público desbocado tuvo como resultado, además de
la entrada en el procedimiento de déficit excesivo europeo, la práctica quiebra de las administraciones territoriales con el consiguiente riesgo para la permanencia del Estado del bienestar, ese Estado del bienestar que tanto reclama la izquierda,
que solo ella puede garantizar, cuando la realidad es más bien todo lo contrario. Asimismo la indisciplina fiscal tuvo como resultado un no menos grave efecto, y es que tres millones y medio de españoles acabaron en las listas del paro. En 2011,
en un entorno de gravísima crisis económica y financiera, se aprobó una norma fiscal a nivel europeo cuyo principal objetivo era -y es- asegurar la ortodoxia fiscal, garantizar unas finanzas públicas saneadas y una economía sólida y sostenible. Lo
que infiere la norma es muy simple: todo crecimiento en los gastos debe tener un fundamento sólido por el lado de los ingresos. Cuando digo sólido me refiero a que las administraciones sean siempre capaces de garantizar ingresos para financiar los
gastos, con independencia de la coyuntura. Cuando digo sólido me refiero a que las administraciones sean conscientes de que cuando hay expansión y el crecimiento económico permite así aumentar los ingresos, el gasto no debe acelerarse en paralelo a
esos ingresos porque así podremos acumular recursos que financien el mayor gasto en etapas de recesión. En suma, se trata de impedir que los gastos estructurales crezcan por encima de los ingresos estructurales, generando un déficit insalvable que
lleve a las administraciones al impago y a la quiebra.
En España la regla de gasto está regulada en el artículo 12 de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se aplica a todos los niveles de Administración pública de forma idéntica. Esta regla es una medida
de disciplina fiscal que ha propiciado el saneamiento de nuestras administraciones públicas, que ha permitido pasar de un absolutamente insostenible déficit público del 9,6 % del PIB en 2011 a un déficit en 2018 que se situó por debajo del 3 %, lo
que permite salir a España del protocolo de déficit excesivo, gracias, por cierto, a los presupuestos aprobados por el Gobierno del Partido Popular. Un saneamiento que, señorías, ha sido clave para que nuestras administraciones puedan hacer
políticas públicas en beneficio de los ciudadanos que era imposible que hicieran cuando estaban quebradas. Una regla fiscal que ha permitido pagar las montañas de facturas impagadas acumuladas que debían las administraciones públicas, que ponían en
peligro la supervivencia de las empresas y, por tanto, la pervivencia de los empleos. Una norma de ortodoxia fiscal que ha supuesto, en definitiva, volver al crecimiento económico y a la generación de empleo, como hemos constatado en los últimos
años. En suma, los efectos positivos de la aplicación de la norma han sido y son, sin duda alguna, ingentes.
Si bien todo lo que he dicho es indudable, han sido reiteradas las reclamaciones de las entidades locales con el objeto de suavizar la regla y permitir a aquellas que demuestren estar saneadas -aquellas que cierran ejercicios con constantes
superávit gracia a los esfuerzos que realizan- la ejecución de gastos en inversiones. Y en el ánimo de ajustar la norma para permitir a los municipios saneados atender las necesidades de sus ciudadanos y mejorar su bienestar en el ámbito de las
competencias que tienen atribuidas, el Gobierno del Partido Popular ha ido introduciendo medidas de flexibilización de la regla de gasto en distintas ocasiones. En primer lugar, con la modificación de 2014, cuando se introdujo el concepto
de inversiones financieramente sostenibles para que así las definidas en tal concepto no sean computables en el gasto a efectos de la aplicación de la regla de gasto. Asimismo, se implantó la posibilidad de aplicación de los superávits en
los dos ejercicios siguientes, lo cual facilita enormemente a las entidades locales el proceso burocrático ligado a este tipo de inversiones. También con la aprobación del Real Decreto 1/2018 ampliamos los supuestos de inversiones financieramente
sostenibles, aprobando nuevos ámbitos que recibirán este tipo de inversiones, así como la revisión de supuestos en los que se exige autorización administrativa previa, reduciendo las exigencias para facilitar las inversiones.
Por otro lado, en la tramitación de la proposición de ley de Unidos Podemos que pretende suprimir la regla de gasto (el señor González García hace gestos negativos), el Grupo Parlamentario Popular ha presentado enmiendas parciales que
pretenden seguir flexibilizando la regla de gasto. En concreto, hemos incorporado la posibilidad de destinar los remanentes de superávit no solo a inversiones financieramente sostenibles, sino también a bonificar los impuestos locales, tanto para
el fomento de la actividad económica y generación de empleo de autónomos y pymes como para aquellos colectivos especialmente vulnerables, incluyendo familias en riesgo de exclusión, familias numerosas, pensionistas, víctimas de violencia de género,
parados de larga duración y desempleados mayores de cincuenta y dos años.
Para finalizar, señorías, con respecto a la proposición del Grupo Parlamentario Ciudadanos que nos presentan hoy, aunque el Gobierno del Partido Popular ha venido introduciendo medidas que flexibilizan la regla de gasto en la línea que
reclaman en la propuesta, como ya he señalado -y por ello votaremos a favor, dado que sigue esa dinámica-, queremos reiterar que desde el Grupo Popular mantenemos que la vía de flexibilización de la regla de gasto debe ser la de permitir a las
entidades locales que puedan bajar impuestos para poder devolver a los ciudadanos todo el esfuerzo y el sacrificio que han realizado en la época de crisis, y así lo hemos reflejado en nuestras propuestas a la ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Palmer. (El señor Ten Oliver pide la palabra).
Señor Ten.
El señor TEN OLIVER: En cuanto a la enmienda que ha presentado el Partido Socialista, simplemente insta a seguir impulsando. Como no hemos visto ningún resultado, desde luego, no vamos a aceptar la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Se votará entonces en sus términos.
- RELATIVA A LA EXENCIÓN DE LAS TASAS DE EXÁMENES DE OPOSICIÓN PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003375).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero, proposición no de ley relativa a la exención de las tasas de exámenes de oposición para las mujeres víctimas de violencia machista.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato.
La señora HONORATO CHULIÁN: Gracias, presidente.
Hoy traemos aquí una proposición no de ley que pretende instar al Gobierno a incluir como colectivo exento de abonar tasas de exámenes de pruebas de acceso a la Función pública a las mujeres víctimas de violencia machista. Desde hace años
venimos asistiendo a una progresiva inclusión de colectivos exentos de este pago de tasas en las diferentes administraciones públicas a través de las bases de las convocatorias de los exámenes a las oposiciones correspondientes. Así, si nos fijamos
en las convocatorias del año pasado a Policía Nacional, a Guardia Civil, a Justicia o de los cuerpos de la Administración General del Estado, vemos que actualmente están exentos de pago de tasas de exámenes los siguientes supuestos: las personas
con grado de discapacidad igual o superior al 33 %, las personas que figuren como demandantes de empleo durante al menos el plazo de un mes anterior a la fecha de la convocatoria, miembros de familia numerosa -en los términos del artículo 12.1.c) de
la Ley 40/2003- y las víctimas de terrorismo. Es decir, las administraciones públicas de alguna manera han venido demostrando una especial sensibilidad hacia situaciones de vulnerabilidad, que han sido objeto de políticas públicas específicas de
cuidado, de protección y de actuaciones integrales en las que las administraciones facilitan
la vida a los ciudadanos y ciudadanas en momentos difíciles -como puede ser la situación de desempleo- o asumen responsabilidades que les toca como una cuestión de Estado -como el supuesto de personas víctimas de terrorismo-. Esto ha tenido
su reflejo en legislaciones específicas donde la situación necesitada de apoyo se trata de manera genérica e integral, pero también fruto de esta diferenciación nos encontramos con un reflejo concreto, puntual, en situaciones diversas como puede ser
el caso que nos ocupa, concretamente la exención de pago de tasas de exámenes.
No puede ser de otra manera si vivimos y disfrutamos de un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, al que le corresponde promover las condiciones para que la igualdad de los individuos -conforme expresa el propio artículo 9.2
de la Constitución- sea real y efectiva, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Si repasamos la lista que antes he mencionado, nos da la sensación de que está desactualizada porque si hay una situación y una problemática
que en los últimos años está siendo objeto de una intensa acción política, pública, legislativa por parte de los diferentes poderes públicos -y que parece no tener reflejo en ella- no es otra que la atención a las mujeres víctimas de violencia
machista. De hecho, esta dramática realidad fue objeto en 2017 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En dicho pacto se definía la violencia de género como la manifestación más cruel e inhumana de la secular desigualdad existente entre
mujeres y hombres que se ha producido a lo largo de toda la historia en todos los países y culturas con independencia del nivel social, cultural o económico de las personas que la ejercen y la padecen. Y se instaba a combatir todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o perjuicio económico para la mujer, tanto en la vida pública como en la vida privada, y siendo esta una cuestión de
Estado, ya que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Reflejo lógico de concebir esta tarea como una cuestión de Estado -sin cuestionar el oportuno desarrollo del pacto de
Estado al que nos hemos referido antes- sería incluir a las mujeres víctimas de violencia machista entre los colectivos exentos de pago de tasas de exámenes de acceso a la Función pública. Y si estamos de acuerdo en esto, podemos después pasar a
debatir o ver cómo se acredita de forma concreta, pero al igual que ocurre con los demás supuestos de exención, que también tienen sus formas y sus mecanismos de acreditación concretos. Es precisamente en el mencionado Pacto de Estado contra la
Violencia de Género donde se recoge, en las medidas 62 y 63, cómo el reconocimiento de la condición de víctima no se supeditará necesariamente a la interposición de la denuncia, diseñándose en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad los
procedimientos básicos que permitan poner en marcha un nuevo sistema de acreditación, así como las nuevas entidades capacitadas para emitir los títulos. Por un lado, podemos avanzar en incluir a las mujeres víctimas de violencia machista como
colectivo exento y, a su vez, ligar la acreditación de la condición de víctima a estas posibilidades que abre el pacto de Estado, más allá de la propia denuncia o de la sentencia.
Voy concluyendo. Hay que actualizar muchas normas administrativas y, en este caso, fiscales a la realidad de la protección y actuación pública positiva que requiere una política integral en materia de violencia machista. Esta iniciativa de
hoy pretende caminar en esta dirección y que las bases de las convocatorias dejen de estar, desde nuestro punto de vista, desactualizadas respecto a la realidad de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Honorato. Bienvenida otra vez a esta Comisión.
Como hay dos enmiendas presentadas a esta iniciativa, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, presidente.
Señorías, la violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad y de la dominación existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre nosotras por la simple razón de ser mujeres, por el
mero hecho de ser mujeres. La historia de mi partido, la del Partido Socialista, es la historia de una organización que siempre ha combatido la lacra de la dominación y el machismo. Fuimos el primer partido que impulsó cuotas de representación y
visibilización de la mujer en los espacios orgánicos y electorales. Fuimos el partido que impulsó la Ley de igualdad y las reformas electorales y, cómo no, el partido que lo primero que hizo cuando alcanzó el poder en 2004, en el primer Consejo de
Ministros, fue aprobar la Ley integral contra la violencia de género. Este Gobierno, el Gobierno
socialista de Pedro Sánchez, ha proclamado desde que tomó posesión su ecologismo, su progresismo, su europeísmo y, por supuesto, su feminismo.
Señorías, el Gobierno ha dejado claro desde el primer momento que tiene como una de sus prioridades luchar contra todas las formas de violencia ejercida sobre las mujeres, y ese compromiso se ha materializado en hechos; hechos como dotar
220 millones de euros a la lucha contra la violencia machista, la mayor dotación registrada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sin embargo, esta mañana se ha dicho no a estos presupuestos: una irresponsabilidad. Se ha optado por
desentenderse de los intereses de la ciudadanía y por seguir incrementando la desigualdad y la no protección a las mujeres. Como decía al principio de mi intervención, el compromiso del Gobierno en la lucha contra la violencia de género es firme.
En relación con esta iniciativa y en coherencia con la política del Gobierno, hemos presentado una enmienda unificando los puntos 2 y 3 de la proposición no de ley. Respecto a ampliar los mecanismos que permiten el reconocimiento de la
condición de víctima de violencia machista más allá de la existencia de una sentencia judicial firme para que puedan beneficiarse de la exención del pago de tasas, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos recordar que el Real Decreto-ley
9/2018, de 9 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha modificado el artículo 23 de le Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, concretando y
ampliando los títulos judiciales que acreditan la condición de víctima de violencia de género, y se establecen otros títulos no judiciales para los casos en los que no haya denuncia y, en consecuencia, tampoco exista un procedimiento judicial
abierto. Por tanto, la ley ya contempla que se puede acreditar la condición de víctima mediante títulos de naturaleza no judicial, siempre que la norma sectorial lo establezca y, en este caso, deberíamos contemplarlo de manera concreta en cada una
de las bases de las pruebas selectivas para el acceso a la Función pública.
Respecto al tercer punto, el de establecer una agenda pública de reuniones con las comunidades autónomas, me gustaría recordar que el Gobierno socialista ya ha puesto en marcha un grupo de trabajo específico en todas las comunidades y
ciudades autónomas para diseñar, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los nuevos sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género, en cumplimiento de lo previsto en el pacto de Estado, en la Ley
Orgánica 1/2004 y en el Real Decreto-ley 9/2018. Además, estas conclusiones del grupo de trabajo se aprobarán en la Conferencia Sectorial de Igualdad.
Por esta razón, el Grupo Parlamentario Socialista ve más conveniente que ambos puntos deban ir unidos, dado que ya se está trabajando en este sentido. Por eso, el espíritu de esta enmienda es el de continuar con los trabajos dentro del
marco del grupo constituido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos hoy esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos, relativa a la exención de tasas para exámenes y oposiciones en el acceso a la Función pública estatal. En primer lugar, antes de pararme
expresamente en los puntos recogidos en esta proposición no de ley, querría destacar que lo mejor que podemos hacer para luchar contra la violencia de género es intentar dejar de utilizar de una forma política precisamente esa violencia contra las
mujeres. Los pasados meses se realizó un trabajo serio y riguroso por parte de los diferentes grupos parlamentarios con el fin de alcanzar un pacto para luchar contra la violencia de género. Si realmente queremos ser efectivos, lo que tenemos que
hacer es trabajar todos juntos de forma real y verdadera para trabajar -y vuelvo a repetirlo, aunque sea redundante- todos juntos en contra de esta lacra.
Hoy se nos presenta esta proposición no de ley. Después de leer los diferentes puntos que componen la misma y de escuchar ahora a las portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, no sé si realmente lo que quieren es esta
modificación legislativa tendente a establecer una exención en el pago de tasas o hay detrás otro segundo objetivo que tiene relación con la forma en que se certifica la existencia o no de esta violencia de género. Esto lo digo por lo siguiente.
Se ha trabajado y se está trabajando mucho ahora mismo para ver cómo se puede modificar esa Ley integral de lucha contra la violencia de género, y no solo en el tema de exención de tasas, sino en otros temas. Se está analizando y trabajando entre
los
diferentes grupos cómo se lleva a cabo esa certificación de la existencia de esta violencia de género. Esto me lleva a dudar sobre si lo que realmente queremos es avanzar en los derechos y en la protección a las mujeres víctimas de la
violencia de género o si de una forma escondida estamos intentando otra cosa.
Uno de los elementos fundamentales de ese Pacto contra la Violencia de Género fue precisamente la importancia de la transversalidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que todo lo que tenga que ver con aquellas mujeres que son
víctimas de violencia de género tenga el mismo trato y pueda ser trabajado de la misma forma, independientemente del ministerio, ayuntamiento o comunidad autónoma a la que pueda afectar. Para eso es muy importante que las formas de acreditación
sean exactamente las mismas, estemos hablando de una tasa de exámenes o estemos hablando de un cambio de expediente académico entre universidades. Esta proposición no de ley nos lleva no tanto a pensar en que haya o no esa exención en las tasas,
sino a buscar una Comisión, en este caso la de Hacienda, para poder incorporar esa diferencia en la certificación de esa existencia de violencia de género. (La señora Ramos Jordán hace signos negativos). Ya veo que la portavoz del Grupo Podemos
está diciendo que no, pero a mí, que suelo ser bien pensada, esto me lleva a pensar que, si ahora mismo este es uno de los puntos que se está debatiendo y en el que puede haber diferencias, si queremos incorporar todos los elementos transversales,
este es el único sitio en el que se tiene que hacer. Porque si separamos las cuestiones y llevamos una cosa a la Comisión de Hacienda, otra cosa a la Comisión de Economía y otra a la Comisión de Educación, a lo mejor perdemos esa unidad de lucha
conjunta, que es que haya un único punto en el que nos preocupemos todos por encontrar la solución, independientemente del ministerio, del nivel de la Administración o de la consejería en la que estamos. Por eso, les digo que nosotros estamos de
acuerdo con esa exención en las tasas para exámenes y oposiciones, igual que estamos de acuerdo en el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género para poder desarrollar un proyecto de vida alejadas de esa violencia de género, ellas y sus
familias, sobre todo sus hijos. Pero no podemos buscar recovecos para ver si lo que no podemos conseguir en el sitio donde se está tratando todo esto de forma conjunta lo podemos encadenar en otra Comisión, como la Comisión de Hacienda. Por tanto,
en el Grupo Parlamentario Popular estamos de acuerdo con este planteamiento, pero creo que lo mejor que podemos hacer todos los grupos parlamentarios y todos los partidos políticos es trabajar realmente por esa unidad de acción y por esa unidad para
luchar contra esta lacra del siglo XXI, del siglo XX y de los siglos anteriores, que es la violencia contra la mujer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Veo al señor Bel muy relajado, pero es su turno. (El señor Bel Accensi pronuncia palabras que no se perciben). En tal caso, pasamos a la representante del Grupo Vasco, la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Intervendré de manera muy breve. Nosotros sí estamos de acuerdo con la medida que plantea el Grupo Confederal de que las víctimas de violencia machista estén exentas del pago de las tasas de las oposiciones, ya que es una medida que trata
de facilitar que estas mujeres puedan acceder a un empleo público. Además, se equipararían a otros colectivos que también tienen este derecho. Es verdad que algunas comunidades autónomas ya tienen una exención -creo que Cantabria- y también el
Ayuntamiento de Madrid. También hay universidades que reconocen la condición de víctima de violencia machista como causa de exención o bonificación en la normativa de fijación de precios públicos. Entendemos que se trata de una nueva medida, y
todo lo que signifique un avance en este sentido, por parte de nuestro grupo bienvenido sea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos y, en su nombre, tiene la palabra el señor Cano Leal.
El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidente.
Analizamos en esta iniciativa la exención de tasas; tasas que son ingresos tributarios, junto con impuestos y contribuciones especiales. Ingresos y gastos, ese es el discurso de los presupuestos. Se ha dicho aquí que nosotros hemos votado
en contra de los presupuestos que se han rechazado hoy, pero no los hemos rechazado por el gasto social, los hemos rechazado porque tenían un agujero de 10 000 millones de euros en ingresos, con lo cual era materialmente imposible cumplir ese gasto
social. Le
recuerdo a la representante del Grupo Socialista y del Grupo Podemos que en los presupuestos del año 2017 se incluían, gracias a la aportación de Ciudadanos, 4000 millones en gasto social y ustedes votaron en contra. Pero es que además el
año pasado, en los presupuestos del año 2018 que han quedado prorrogados hoy, incorporamos, gracias al acuerdo de Ciudadanos con el Gobierno, 8000 millones en gasto social y ustedes votaron en contra, dijeron no es no. Por tanto, no me hable de
tufillo porque eso sí que es tufillo y lo demás es broma.
En cuanto a la violencia machista, señorías, estamos todos de acuerdo -y creo que del sentir general se deduce claramente- en que es una auténtica lacra estructural para nuestra sociedad que se lleva por delante la vida de mujeres que mueren
asesinadas a manos de criminales. Las cifras son sangrientas y negarlas es una absoluta irresponsabilidad. No podemos dar un solo paso atrás en la lucha contra la violencia machista. Por ello, hemos trabajado intensamente en conseguir el consenso
y el acuerdo para alcanzar el pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este pacto, precisamente apoyado por todos los partidos menos por el grupo que propone esta iniciativa, Unidos Podemos -que se abstuvo-, contenía más de doscientas medidas
y reformas precisas para mejorar el sistema de prevención, detección y atención de la violencia de género.
La proposición, como ya se sabe, consta de tres puntos. El primero, llegar a una modificación legislativa tendente a aprobar esa exención en las tasas para las plazas de acceso a la Administración del Estado. El segundo, ampliar los
supuestos que permiten el reconocimiento de la condición de víctima de violencia machista más allá de lo garantizado por una sentencia judicial firme. Y el tercero, establecer una agenda pública de reuniones. Bien, la posición de Ciudadanos es que
a día de hoy el pacto de Estado está desarrollándose en varios proyectos de ley que aprobó el Gobierno, proyecto que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y Real Decreto de medidas urgentes para combatir la violencia de género, que en
Ciudadanos siempre hemos considerado poco o muy poco ambiciosos. Por ello, hemos sido el único grupo que hasta el momento, en todas las enmiendas presentadas a estas iniciativas ha incluido que se implante cuanto antes materia adicional del pacto,
que consideramos esencial, en lugar de hacer meras reformas sobre el texto inicial. Por ejemplo, ya hemos conseguido introducir, en primer lugar, que en las dependencias judiciales se impida que las víctimas y los agresores coincidan durante el
procedimiento y que se evite la repetición de declaraciones de las víctimas para evitar revictimizaciones. En segundo lugar, que el Consejo General del Poder Judicial cree una unidad específica de evaluación de los datos provenientes de los
juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como aquellos asuntos relacionados con esta materia en juzgados no específicos para mejorar la evaluación de las políticas en este ámbito. En tercer lugar, incorporar a la Alta Inspección de Educación la
evolución de las medidas contra la violencia de género en los colegios e institutos. En cuarto lugar, incluir en el currículo escolar de educación infantil el respeto mutuo entre hombres y mujeres, y la igualdad de derechos entre ambos. En quinto
lugar, modificar la Ley contra la violencia en el deporte para que el sexismo en los recintos deportivos también sea sancionable. En sexto lugar, incorporar a los profesionales sanitarios en la valoración del riesgo de padecer violencia de género.
En séptimo lugar, hemos introducido un porcentaje del 2 % de reserva de plazas en opositores para víctimas de violencia de género. Por tanto, consideramos que la exención del pago de tasas para exámenes y oposiciones para acceso a la Función
pública estatal a víctimas de violencia machista -lo que se propone en esta PNL- es una idea que va en la buena dirección.
No obstante, tenemos que recriminar al partido que la propone determinadas cuestiones formales. En primer lugar, la indefinición legal. No es serio, señorías, decir que se lleva a cabo una modificación legislativa sin indicar la norma en
concreto que se pretende variar. De esta forma, le aseguro que se hace un flaco favor a las víctimas de violencia de género. En segundo lugar, se discrimina a las víctimas de violencia que se presenten a otros procedimientos selectivos que no sean
del Estado, sino de otras administraciones públicas. Habría sido interesante haberlo incorporado. En tercer lugar, apreciamos una cierta contradicción, meramente formal, entre la exposición de motivos y el resto del texto.
En definitiva -ya termino, presidente-, lógicamente, apoyaremos esta PNL a pesar de esas carencias formales, aunque desgraciadamente va a tener poco recorrido, debido a lo acontecido en el día de hoy. Esperemos que cuanto antes se forme un
nuevo Gobierno que pueda poner en marcha medidas que son urgentes frente a esta violencia machista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Le pregunto a la representante del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos si acepta alguna de las dos enmiendas presentadas.
La señora HONORATO CHULIÁN: Aceptamos la enmienda del Grupo Socialista porque creemos que queda bastante claro el enmarque de la iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO Y RECAUDATORIO DE UNA POSIBLE REGULACIÓN INTEGRAL DEL CANNABIS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente
161/004005).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día -el cuarto se había retirado-, que es la proposición no de ley relativa a la realización de un estudio de impacto económico y recaudatorio de una posible regulación integral del
cannabis.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo que empezar diciendo que resulta un poco extraño abordar este tema en un día como hoy, en el que la irresponsabilidad de los independentistas y las derechas, además de la pasividad del Gobierno, han producido que se tumbaran unos
presupuestos generales que abrían la posibilidad de revertir la austeridad del Gobierno anterior del Partido Popular, abordar un cambio de modelo productivo y comenzar a reducir la brecha de ingresos que tiene nuestro Estado con la Unión Europea.
Pero bueno, ya que incrementar los ingresos para financiar el Estado del bienestar y acabar con la economía sumergida en nuestro país sigue siendo un reto imprescindible, vamos a abordar esta proposición.
En este sentido, consideramos que la regulación integral del consumo del cannabis puede ser una oportunidad tanto en términos de salud pública y derechos civiles como de ingresos fiscales y de creación de empleo. Como saben, el pasado mes
de octubre se aprobó la regulación integral del cannabis en Canadá. De esta forma, el país norteamericano se convirtió en el primer país del G-7 que regula el uso del canabis y sus usos derivados para adultos con fines recreativos. En Estados
Unidos, además de los treinta Estados donde el cannabis medicinal es legal, son once los que tienen regulado también el uso lúdico. Uno de los últimos Estados ha sido California, que es también uno de los más importantes en términos de población y
PIB. Además, también se reguló anteriormente en países como Uruguay y recientemente en México.
El impacto económico de la regulación integral del cannabis no ha sido en ninguno de estos casos el motivo fundamental de la regulación, sino que lo han sido los enfoques de derechos civiles y de salud pública. No obstante, no cabe duda de
que la regulación de un mercado tan importante tiene efectos económicos notables que han de ser tenidos en cuenta. Los diferentes países que han ido legislando al respecto se han basado en la experiencia del propio país en cuanto a la utilización
de la sustancia. En función de la regulación que se adopte, el mercado que emerge tiene unas características determinadas. El caso más paradigmático es el de Colorado, en dicho Estado hay un impuesto al consumo a nivel del Estado del 2,9 % al que
se añade otro impuesto a las ventas del 10 %, y sobre la producción existe un impuesto del 15 %. La recaudación en Colorado ha sido en 2017 de casi 250 millones de euros, algo que va a ser superado en 2018. Además, las estimaciones dicen que en
Estados Unidos el cannabis emplea a 365 000 y 230 000 trabajadores a tiempo completo y parcial. El impacto en California se prevé que sea mucho mayor. Sobre el gasto que ha permitido financiar estos nuevos ingresos derivados de la regulación
integral del cannabis, podemos destacar cómo en Colorado, por ejemplo, se destinaron 230 millones de euros al departamento de educación entre 2015 y 2017 para la financiación de las escuelas, alfabetización temprana, prevención de acoso y salud
conductual. En Oregón, por ejemplo, se destina el 40 % de los impuestos del cannabis para un fondo escolar estatal y un 20 % para el tratamiento de alcohol y drogas.
Dado el contexto internacional, donde la dinámica es de cambio de paradigma con respecto a las políticas públicas y el tratamiento de sustancias, donde se está pasando de la hegemonía en contra de la regulación a la regulación, creemos que
es conveniente que en España se aborde este estudio para determinar cuál es el impacto de una regulación integral del cannabis en las arcas públicas. Nosotros calculamos que en España, aplicando un modelo similar al de Colorado, cuando se logre
capturar el cien por cien del mercado actualmente ilegal se podrían recaudar 1400 millones de euros de impuestos
indirectos a la venta y otros 600 millones de euros derivados de licencias y venta al por mayor; en total, unos 2000 millones de euros, que es la cantidad que supuso el año pasado la actualización de las pensiones. Por tanto, consideramos
que es una cifra nada desdeñable y que además hay que tener en cuenta que los sitios en los que se ha puesto en marcha todas las previsiones hechas previamente han sido sobrepasadas por la realidad. De hecho, en España, pese a su prohibición, ya
existe una industria vinculada al cannabis que está actualmente exenta de regulación, lo que supone cientos de externalidades negativas que debemos atajar. Existen en España más de mil clubes y asociaciones cannábicas, cinco grandes ferias del
sector y toda una gran industria vinculada al cultivo y consumo de cannabis. Esta realidad social y económica se debe regular para que los beneficios derivados de la industria reviertan en el conjunto de la población, para consolidar también los
derechos y las libertades y para mejorar la salud pública, además de impulsar un tejido productivo de valor añadido capaz de generar un empleo de calidad. Solo en Cataluña, según un informe de la UGT, hay más de 3000 trabajadores vinculados a los
800 clubes y asociaciones que operan allí, 3000 trabajadores sin derechos, actualmente sin protección y sin posibilidad de organizarse, además sometidos al nivel de estrés y a la inseguridad jurídica derivados de trabajar en un mercado que no está
actualmente regulado, una situación que no es ahora mismo sostenible en un Estado social y democrático.
Señorías, la regulación integral del cannabis es ya un hecho a nivel internacional. No se trata de si hacerlo o no hacerlo, sino de decidir cuándo se debe hacer, y cuanto antes empecemos a hacerlo, mejor será para España porque una
regulación de este sector supone una solución de un avance democrático, social y económico además de una posible fuente importante de ingresos para nuestra maltrecha Hacienda pública.
Hemos llegado a una transaccional sobre esta proposición no de ley con el Grupo Parlamentario Ciudadanos y con el Grupo Vasco que esperemos que sea apoyada por la mayoría de los grupos. El grupo que sustenta al Gobierno ya nos ha trasladado
que no tiene previsto apoyarla, aunque esperamos que pueda rectificar después del debate que suscite esta proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: muchas gracias señor González.
Se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, en nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, presidente.
Antes de empezar en un día tan señalado como este quisiera hacerme eco de algo que se ha dicho hoy aquí en esta sala, que conviene respetar al presidente y a todos los miembros de la Cámara. Es una cosa con la que estoy muy de acuerdo,
porque no es fácil, no todo el mundo es capaz de entender en ocho meses que los independentistas sorprendentemente lo que querían era la independencia. Hay que ser avispado e inteligente para prever esto, y ocho meses, aunque parezca mucho tiempo,
no es tanto tiempo porque a veces el tiempo se pasa volando. Dicho esto, vamos a hablar del asunto del cannabis.
¿Cuál es la situación del cannabis en España? La peor de las posibles. Tenemos un régimen prohibicionista, somos el cuarto país consumidor en la Europa a treinta; tenemos más consumo que Holanda, donde está regulado, con lo cual no
tenemos ninguna de las ventajas: ni tenemos bajo consumo ni tenemos libertad. ¿Qué ha propuesto el Partido Socialista a este respecto? Nada, ha escondido la cabeza debajo del ala, un partido supuestamente progresista pero que de progreso no
quieres saber nada. Y no ha querido saber nada desde el inicio de la legislatura. No ha querido saber nada ni siquiera, como se ha mencionado aquí, del cannabis medicinal, porque parece ser que esa sensibilidad social por el dolor de estas
personas que utilizan el cannabis con fines medicinales está ausente, y lo está porque en realidad muchas veces lo único que nos interesa es el cálculo electoral. Lo veremos próximamente en estas pantallas.
Dicho esto, nosotros somos partidarios de una nueva regulación del cannabis por lo que he dicho, somos partidarios de una regulación porque vivimos en el peor de los mundos, vivimos en un mundo sin libertad y vivimos en un mundo que también
tiene muchísimo consumo. No queremos banalizar el consumo del cannabis y no queremos que se vendan las bondades del cannabis como una manera de financiar el Estado de bienestar únicamente, porque no creo yo que el Estado del bienestar pueda
financiarse con los impuestos que se pongan al cannabis. Hay que abordar esta nueva regulación con seriedad y, por tanto, hemos hecho una enmienda que pide que se evalúe también el impacto en salud y el impacto en coste social de una nueva
regulación. Y es que hay un impacto en salud, porque tenemos
que saber que aumentarán los casos de esquizofrenia si no conseguimos que no aumente el consumo en menores, si no conseguimos con la nueva regulación que la prohibición sea muy estricta en los menores, en los cerebros en desarrollo. Eso
está demostrado científicamente, porque también a veces hay un impacto en desempleo, porque también hay un impacto a veces en urgencias y en otros parámetros que hay que medir. Por tanto nosotros somos partidarios, sí, de una nueva regulación,
nosotros somos partidarios, sí, de la libertad; creemos que esta es una droga no muy diferente y no con mayor mortalidad que otras que están legalizadas, como el tabaco o el alcohol, pero creemos que hay que aprender de los errores del tabaco, de
los errores del alcohol y de los errores de otros Estados para evitar que dentro de cinco o diez años tengamos que penar por los errores que no hemos sabido prever en la nueva regulación. Tomémoslo en serio, hagamos un estudio económico, hagamos un
estudio de impacto social y consultemos las experiencias y las evidencias de políticas públicas que hay en otros países, pero, por favor, démonos un poquito más de prisa y tengamos un poquito más de respeto por las personas que tienen dolor, que
tienen un cáncer avanzado, que padecen las consecuencias de la quimioterapia y que utilizan el cannabis como una forma de tratamiento. Somos, por lo menos, tan coherentes como para no votar una cosa en cada Parlamento autonómico y venir luego a
este Parlamento y bloquear de manera sistemática la utilización de cannabis de forma terapéutica, como hace un partido que se dice progresista pero que a este respecto es tan cavernícola como pueda serlo el PP. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: muchas gracias.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Yo no sé qué hago hablando del cannabis cuando soy abstemio en todos los sentidos (risas), pero me ha tocado, lo voy hacer y voy a tratar de convencer al señor Segundo y al señor Igea; voy a tratar de convenceros a todos, os lo prometo.
En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Carlota Merchán cuando ha perdido respeto al presidente del Gobierno. Yo también pido respeto para todos nosotros, que nos respetemos, que seamos capaces de dialogar, de debatir,
de contrastar opiniones de forma digna, sin necesidad de llegar al insulto, sin necesidad de descalificar. Hagamos todos el esfuerzo, que creo que es el esfuerzo que más nos está pidiendo la gente de la calle, porque cuando ve los espectáculos que
ve, las calumnias, las infamias, las descalificaciones al presidente del Gobierno y al que no es presidente del Gobierno, lo toma como agresiones inadmisibles en democracia. Nosotros deberíamos de dar ejemplo. Empecemos por ahí, por respetarnos
los unos a los otros y por no admitir de nadie ningún tipo de insulto, ni al presidente del Gobierno ni a cualquier otro diputado o diputada de los que estamos presentes o no.
Voy a hablar del cannabis, presidente, si me lo permite. No sé por qué se trae el cannabis a esta Comisión de Hacienda. Parece que se trae aquí porque es muy importante el tema recaudatorio, tributario y la regulación correspondiente. No
me voy a dirigir a Segundo, portavoz de Podemos, porque está de acuerdo. Nosotros hemos propuesto esta mañana que se apruebe la tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras. Ciudadanos tenía que haber dicho: ni Google ni
transacciones financieras, impuesto al cannabis. Parece que esa es la posición de Ciudadanos: impuestos por el cannabis. Yo creo este tema es mucho más importante y trasciende el asunto recaudatorio y todo lo demás. Este es un debate que no
corresponde traer aquí, y lo digo con toda sinceridad. No le corresponde estar en esta Comisión de Hacienda. Este debate es sobre el modelo de sociedad. Parto del principio de que en esa proposición se encomienda al Gobierno hacer un estudio,
pero yo creo que sería mejor que ese debate sobre el modelo de sociedad lo hiciéramos nosotros, que se hiciera en el Congreso de los Diputados. Es un debate que tiene muchas vertientes. Evidentemente, hay un derecho a la libertad. Estamos
hablando de sustancias psicoactivas dañinas, así establecidas por la Organización Mundial de la Salud. En esta sociedad hay otras sustancias psicoactivas que están legalizadas y esta podría ser una más, no digo que no, pero es un debate que hay que
hacer en profundidad del modelo de sociedad: si esta sociedad debe legalizar como sustancia psicoactiva también el cannabis, además de las otras que ya están legalizadas. Es un derecho a la libertad del consumidor. Pero también está el derecho a
la salud pública, que es otro derecho constitucional y que habría que valorar, así como las consecuencias que pueda tener en el sistema público de salud. Estamos hablando, insisto, de sustancias psicoactivas dañinas, así calificadas por la
Organización Mundial de la Salud, no de sustancias inocuas. Es un debate de mucha actualidad. Estoy totalmente de acuerdo con Segundo, el portavoz de Podemos, con que hay muchos países que se están incorporando a ese debate.
Aquí se aprobó una propuesta en 2017 de creación de una comisión en el seno del Ministerio de Salud para tratar sobre la posible legalización del cannabis con uso terapéutico y medicinal, y usted, señor Egea, parece mentira que no lo sepa,
porque la firmó Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista. Y le voy a decir cuál ha sido el problema para que no se ponga en marcha. En el Ministerio de Sanidad hay subcomisiones, pero hay un límite de dos subcomisiones por ministerio y está en
lista de espera. Se hizo una propuesta para que se trasladase a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, y fue justamente el Partido Ciudadanos el que dijo que no, que prefería estar en lista de espera en el Ministerio de
Sanidad a que se incorporara esta subcomisión en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Por tanto, ese es el sitio donde solamente deberíamos debatir y contrastar opiniones...
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene que ir finalizando.
El señor HURTADO ZURERA: Acabo. Es el sitio donde deberíamos debatir los efectos sobre la salud, sobre el derecho a la salud, sobre el derecho del consumidor, sobre las investigaciones científicas ya muy avanzadas, sobre experiencias
nacionales e internacionales que existen respecto el cannabis, sobre los efectos recaudatorios, sobre los efectos en cuanto al empleo, sobre las distintas medidas o formas regulatorias de tributación. Es un debate muy complejo y muy amplio. No
podemos hacer un debate parcial, no podemos hacer únicamente un debate sobre el impuesto, sobre la recaudación y sobre si crea o no crea empleo, porque es más complejo que todo eso. Por eso, nosotros nos remitimos a esa subcomisión, que esperemos
se ponga en marcha lo antes posible y en la que podamos hacer un debate enriquecedor, cuyas conclusiones se lleven a efecto por parte del Gobierno y que entre todos definamos ese modelo de sociedad que queremos, permisiva, más permisiva o menos
permisiva con determinadas sustancias psicoactivas. Estoy seguro de que eso sería sustancialmente importante para poder avanzar en este tema. Por tanto, nos vamos a abstener.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel. (Pausa). No hace uso de esa palabra. La señora Sagastizabal ha salido. Por tanto, nos queda el Grupo Popular, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
¿A ustedes, señor González, les preocupa la salud de los españoles, les preocupan nuestros jóvenes o solo los ingresos fiscales? Ya sé que estamos en la Comisión de Hacienda, pero es que es un tema tan importante en otros ámbitos que no
haber escuchado ni una palabra de otros temas me preocupa, sinceramente. De hecho, en algunos momentos le escuchaba y pensaba 'si parece un compañero de mi grupo', si no estuviéramos hablando exclusivamente del cannabis y que es una excusa para la
legalización del mismo.
Señor Hurtado, sus mensajes sobre el respeto son muy diferentes ahora que gobierna el señor Sánchez de su comportamiento y el de su grupo cuando gobernaba el señor Rajoy. No tienen absolutamente nada que ver. Estaba alucinando al oírle, y
le aseguro que no he fumado nada esta tarde. (Risas).
No acabamos de entender cómo nos podemos plantear un estudio fiscal de un tema que tiene otras patas donde sustentarse mucho más importantes que los ingresos: la salud, las consecuencias en la juventud, la educación, los servicios sociales,
los límites a su consumo. ¿O es que lo importante es que se pueda ingresar en las arcas públicas? ¿Eso es lo importante, señor González? Todos sabemos, además, que la legalización supondría una mayor accesibilidad y mayor disponibilidad, que
habría menor precisión del riesgo, menor precio y aumento del consumo, y el consumo aumenta, sobre todo, entre los jóvenes, siendo el consumo de cannabis muy peligroso para estos. Y porque, señorías, hay serias dudas sobre la bondad para la salud
de los españoles sobre una legalización del cannabis, como defendió mi grupo en la Comisión de Sanidad. La señora Hernández Bento nos trasladó alguno de los problemas nocivos que tiene para la salud y voy a enumerarles unos cuantos: los golpes
psicóticos, por ejemplo, que son la principal causa de urgencias como consecuencia del consumo de drogas; los efectos que tiene sobre la depresión, la ansiedad o los pensamientos suicidas; o, si hablan con los neumólogos, verán cómo más del 90 %
del cannabis se consume mezclado con tabaco; pregunte por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, compruebe cómo hay casi cinco veces más probabilidades de infarto para los que son
consumidores de cannabis que para los que no lo son; pregunte lo que tiene que ver el fumar cannabis con el cáncer de pulmón, con el cáncer oral, de faringe, de estómago, de vejiga, y las alteraciones de juicio y coordinación motora, lo que
se llama borrachera cannábica; hable con la Dirección General de Tráfico y pregunten por el número de muertos por accidentes de tráfico como consecuencia del consumo de cannabis. Y la adicción, el 11 % de las personas que empiezan a consumir
cannabis acaban siendo adictos, y si son entre quince y treinta y cuatro años, son un 18 % de adictos los que conseguimos con el consumo, unos adictos que luego sufren síndrome de abstinencia y todo su cortejo sintomático. También podemos hablar de
los centros de tratamiento por adicción, aproximadamente el 50 % de todas las urgencias en los centros provinciales de drogodependencia lo son como consecuencia del consumo de cannabis. También el tema de las agresiones físicas, las agresiones
sexuales, las agresiones de género fruto de la borrachera cannábica.
Las drogas y otras sustancias bioquímicas no solo destruyen físicamente a nuestros jóvenes, sino también a sus familias. Sin duda alguna, las drogas son el elemento más destructivo presente en nuestra cultura actual. El cannabis, además,
es la puerta de entrada a otras drogas más duras y peligrosas para la salud. Casi todos los adolescentes que han probado la cocaína y la heroína previamente han consumido cannabis, y cuanto más temprano es el inicio del consumo, mayor es el riesgo
de que se consuman otras drogas.
Cada año nuestros adolescentes se inician a una edad más temprana en el cannabis. Esta se mantiene como la droga ilegal más consumida por la población de entre quince y sesenta y cuatro años. La prevalencia de consumo de esta droga en
España por adolescentes, según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda en el mundo, solo por detrás de Canadá. Es la tercera droga que demanda asistencia por los menores de dieciocho años tratados en las urgencias con problemas de
drogas, es decir, un porcentaje altísimo de los jóvenes de quince y dieciséis son atendidos asistencialmente en las urgencias de los hospitales por problemas provocados precisamente por el cannabis.
Al Grupo Popular lo que le preocupan son los jóvenes y los más jóvenes aún, los adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de un psicoactivo, una sustancia alucinógena que distorsiona la realidad y es ansiolítica,
provoca episodios psicóticos, dificulta la atención, la concentración y la pérdida de memoria en los estudiantes llevándoles al desinterés y provocándoles una incidencia a repetir curso. Según hemos visto en las encuestas, España está a la cabeza
de los países europeos en cuanto a baja percepción del riesgo por el consumo de cannabis, y ahí es donde está el mayor peligro. Su legalización aumentaría la percepción de los jóvenes de que es poco peligrosa y se transmitiría un mensaje de
tolerancia con las drogas.
Ustedes nos hablan del caso de Canadá o del caso de Estados Unidos, señor González, pero solo nos hablan de las consecuencias económicas o fiscales que han tenido; no les he oído ningún análisis -absolutamente nada- sobre las consecuencias
en la salud ni en los jóvenes en Canadá o en Estados Unidos. La última encuesta de edades 2017-2018 sobre alcohol y drogas en España hablaba de que entre los menores de quince a diecisiete años esta es una de las drogas más extendidas y de que casi
en el 93 % se mezcla con tabaco. En los últimos años se ha producido un crecimiento tanto en los que lo consumen diariamente como en los que lo han consumido en los últimos treinta días, los últimos doce meses y alguna vez en la vida. Hay casi 500
000 personas que hacen un consumo problemático de cannabis -un 1,6 % de la población-, casi un 16 % de los consumidores de cannabis que lo consumen en el último año. Pero lo más importante es que se preguntó a la gente sobre las medidas para luchar
contra las drogas y, si miran el gráfico (muestra un gráfico), la legalización del cannabis y de las demás drogas son las dos últimas sugerencias que las personas eligen. Prefieren la educación, las campañas publicitarias, el control policial, el
tratamiento voluntario, etcétera. Yo no sé si ustedes quieren legislar a favor de la gente o en contra de la gente, porque desde luego esto va absolutamente en contra de lo que la gente quiere.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- RELATIVA A LA MEJORA DEL ACTUAL RÉGIMEN ESPECIAL DE DEVENGO DE IVA POR CRITERIO DE CAJA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/004138).
El señor PRESIDENTE: Habiéndose debatido ya el punto 6.º del orden del día, como recordarán, al principio de la sesión, pasamos al punto 7.º: proposición relativa a la mejora del actual régimen especial
de devengo de IVA por criterio de caja, presentada por el Grupo Popular, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Ruano.
El señor RUANO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, muy buenas tardes. La iniciativa que trae mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, pretende mejorar el actual régimen especial de devengo de IVA por el criterio de caja. Como ustedes saben, este régimen especial permite que
algunos obligados tributarios -autónomos y pymes- no tengan que liquidar el IVA de las facturas emitidas hasta que no han cobrado ese importe por parte de sus clientes. De este modo, se evita que el empresario tenga que adelantar un IVA que todavía
no ha cobrado por no haber sido, como digo, pagado por sus clientes. Por otro lado, los empresarios que se adhieren a este régimen también ven retrasado el derecho a la deducción del IVA soportado en las adquisiciones de bienes y prestaciones de
servicios hasta que paguen las facturas a sus proveedores. Creo que todos estaremos de acuerdo en las bondades de este sistema, ya que se pueden evitar situaciones totalmente injustas que puedan producir tensiones de tesorería en algunas ocasiones
y en algunos contribuyentes.
Señorías, como decía, con esta iniciativa mi grupo pretende mejorar este régimen. Queremos facilitar al contribuyente la aplicación del régimen especial y que no tenga que anticipar el IVA de facturas que no se hayan cobrado. Queremos
suprimir los límites para que se pueda recuperar el IVA de facturas inferiores a 300 euros emitidas a particulares, ya que el IVA de estas facturas en estos casos nunca es recuperable. Asimismo, pretendemos flexibilizar los requisitos formales para
que se agilice mucho más el proceso, porque es cierto que las últimas reformas del IVA han tenido importantes efectos positivos sobre la regulación de este impuesto y han permitido avanzar notablemente en la lucha contra el fraude fiscal.
Pero la situación económica hoy es otra y permite perfeccionar el régimen de 2014, que no ha tenido los efectos esperados, y es que en estos años han sido muchas las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular contra el fraude y
para la modernización del IVA. Sin duda, la más importante y la que permite perfeccionar o mejorar este régimen especial del IVA ha sido la puesta en marcha del sistema del suministro inmediato de información, el conocido SII, como el nuevo sistema
de llevanza de los libros de registro a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Sus beneficios han sido evidentes tanto para los contribuyentes como para la Administración tributaria, es decir, para
todas las partes implicadas. Primero, para los contribuyentes, porque les ha permitido reducir sus obligaciones formales, disminuir la burocracia, acortar los plazos para la realización de las devoluciones y simplificar y facilitar el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias. Segundo, para la Administración tributaria, ya que le ha permitido tener un canal de comunicación bidireccional inmediato y automático con el contribuyente que le permite, por un lado, mejorar el servicio público de
asistencia que ofrece y, por otro, mejorar el control tributario y la lucha contra el fraude. En definitiva, se beneficia toda la sociedad española al reducirse las bolsas de fraude e incrementar la recaudación tributaria, que en última instancia
es la que permite financiar la sanidad, la educación, las pensiones y en definitiva mantener el Estado del bienestar. Prueba de ello es que los ingresos tributarios por IVA han subido de 45 485 millones de euros en 2011 a 62 835 millones de euros
en 2018, lo que supone un incremento del 38 %.
El éxito en la implantación del sistema de suministro inmediato de información ya es efectivo en la totalidad de grandes empresas y grupos de IVA que estaban obligados, y las ventajas que aporta a los contribuyentes que lo utilizan son un
incentivo para que el resto de pymes y autónomos que aún no están inscritos en el registro de devolución mensual del IVA lo hagan a corto plazo. Además, el nuevo SII tiene otros beneficios colaterales al estar perfectamente identificada la posición
de las grandes empresas con sus proveedores con información a tiempo real sobre el abono de las facturas, por lo que ahora sí es posible relajar los requisitos para permitir que los empresarios y profesionales difieran el ingreso del IVA repercutido
hasta que no les sean pagadas las facturas que lo contienen, evitando así que anticipen un IVA que todavía no han recaudado y el riesgo de que surjan nuevas bolsas de fraude.
Por ello, en esta iniciativa proponemos una serie de medidas que van en esta dirección. La primera es reducir el periodo de impago necesario para solicitar la modificación de la factura impagada y la consiguiente devolución del IVA
ingresado del actual plazo de seis meses o un año a noventa días. En segundo lugar, es necesario simplificar y abaratar los trámites para la recuperación. Actualmente se exige demanda judicial o requerimiento notarial, con el consiguiente coste
que esto conlleva. Desde mi grupo proponemos eliminar los requisitos formales que se exigen para la recuperación del IVA en impagados y sustituirlos por un requerimiento más sencillo y más económico mediante la utilización de burofax o herramienta
similar. Por último, consideramos necesario -y así lo proponemos en esta iniciativa-
corregir un problema que afecta a muchas pymes y autónomos, en concreto el requisito que exige para recuperar el IVA en caso de impago que las facturas sean de un importe superior a 300 euros cuando el destinatario de la operación no actúe
como empresario o profesional. Esta normativa impide que en la práctica muchas empresas cuyos clientes son particulares puedan recuperar el IVA ingresado de facturas que aún no han cobrado, medida que tiene especial impacto en pymes y autónomos,
puesto que en un alto porcentaje de sus transacciones la contraparte no es empresario profesional a efectos de IVA y el importe de la factura muy habitualmente es inferior al importe mencionado de 300 euros. Por ello, proponemos también que se
elimine la restricción que impide la modificación de la base y por tanto la recuperación del IVA en facturas impagadas por importe inferior a 300 euros emitidas a particulares. Por todo lo expuesto, y porque creemos que esta iniciativa mejora el
sistema actual, esperamos que el resto de grupos la apoyen.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Bel, tiene la palabra.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Vaya por delante que nosotros vamos a votar favorablemente esta iniciativa. No hemos presentado enmiendas; de hecho, tenemos presentadas iniciativas en una dirección muy similar. Hemos presentado incluso alguna enmienda a alguna de las
leyes que se han ido tramitando y, por tanto, hay varias pendientes. No siempre hemos tenido suerte. Este no es un problema nuevo sino antiguo, pero ya les digo que la vamos a votar favorablemente. En todo caso, discrepamos de la justificación de
la oportunidad porque dicen que esto se presenta ahora porque el SII está ya plenamente implantado y que al estar perfectamente identificada -y leo textualmente- la posición de las grandes empresas con sus proveedores, con información a tiempo real
sobre el abono de las facturas, ahora sí que es posible relajar los requisitos para permitir que los empresarios y profesionales difieran el ingreso del IVA repercutido hasta que no les sean pagadas. Después leemos los tres puntos concretos:
eliminar la restricción que impide la modificación de la base y, por tanto, la recuperación del IVA en facturas impagadas de importe inferior a 300 euros emitidas a particulares. ¿Dónde está la actuación del SII en esta medida? Esta era una medida
que se había propuesto y que se podía haber implantado con carácter previo; no tiene nada que ver con el SII, porque el pequeño comerciante que vende a un particular no va a informar de esta operación a través del SII. Por tanto, la hipotética
bolsa de fraude que pueda provocar esto es independiente del SII. Simplemente les estoy discutiendo la oportunidad de presentarla ahora, no la medida; con la medida estamos de acuerdo. En cuanto a eliminar los requisitos formales que exige la
recuperación del IVA en impagados que hayan formalizado demanda judicial, es algo obvio, pero también habrá muchos que no estén incluidos en el SII y a los que se les va a relajar este requisito. No me gusta la palabra relajar porque se va a
adaptar a unas necesidades reales; en todo caso, es la Administración la que debe tener capacidad después de ver si se está defraudando o no. Por tanto, la vamos a votar favorablemente.
Lamentamos que no se hayan podido implementar estas medidas. Son reivindicaciones de todas las pequeñas y medianas empresas, de sus patronales. Quienes tienen el problema importante en el momento de financiar este IVA no cobrado son las
pequeñas y medianas empresas. Efectivamente, afecta a las grandes, pero el problema importante lo generan este tipo de empresarios, de autónomos, que están obligados a financiar este IVA no cobrado. Por tanto, tienen nuestro voto favorable, pero a
la vez lamentamos que no se hayan podido implantar algunas de estas medidas con carácter previo, sobre todo para la situación de grave crisis económica, cuando se generaron problemas importantes de facturas impagadas para muchos autónomos y pequeñas
y medianas empresas.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
En relación con esta proposición no de ley del Grupo Popular, que ya adelanto que vamos a votar favorablemente, tengo una cierta nostalgia porque se implementa como proposición no de ley cuando previsiblemente queda escaso tiempo de
legislatura. Esta idea que ustedes en principio no compartían
pero que ya comparten -se han apuntado, por ejemplo, a enmiendas nuestras y del PDeCAT a la Ley de lucha contra la morosidad- se tenía que haber implantado antes.
Comparto prácticamente todo lo que ha dicho el señor Bel y la única crítica que hago es que el IVA de caja ha sido un fracaso, es decir, se ha acogido a él menos del 1 % de las empresas, y estos criterios que ustedes ponen aquí y que me
parecen muy acertados se deben aplicar a todas las empresas. Por una parte, el IVA de caja como sistema teóricamente está muy bien, pero luego en la práctica lo que no podemos permitir desde el punto de vista de la Administración tributaria es que
una empresa no ingrese el IVA porque diga que no la han pagado. Cuando la empresa pruebe que no le pagan este ingreso, hay que facilitar al máximo que le sea devuelto o compensado con nuevas cuotas a ingresar y, por tanto, hay que eliminar
requisitos formales, hay que facilitar las cosas y hay que eliminar límites mínimos de importe cuando se refieren a consumidores finales. En consecuencia, nos alegramos de este cambio de criterio, que al final supone hacer la vida más fácil a las
empresas que cumplen, y esperemos que cuando volvamos a tener nuestra actividad legislativa en el Congreso podamos ponerlo en marcha porque favorecería a las empresas y a los ciudadanos.
Dicho esto, como portavoz de mi grupo en esta Comisión, al ser posible que no tengamos muchas otras oportunidades de volver a coincidir, quiero agradecer el trabajo de todos los diputados de esta Comisión, encabezados por su presidente,
durante el tiempo que hemos estado aquí; un trabajo que ha sido a veces muy fructífero, como refleja la Ley de Contratos del Sector Público que hemos desarrollado aquí. Reiterando que es una buena iniciativa y que nos hubiese gustado haberla visto
en el BOE antes, les anunciamos que votaremos a favor.
Gracias, señor Ruano.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ MAROTO: Gracias.
Al principio, cuando leemos la proposición, puede parecer que va encaminada a la lucha contra la morosidad y a alguna de las cosas que podemos compartir, pero leyéndola con más atención ya en la exposición de motivos empezamos a tener alguna
discrepancia y me gustaría hacer algún matiz. En primer lugar, cuando se declara que la recaudación tributaria tiene tanto que ver con todo esto, a mí me gustaría aclarar un par de cosas. Primero, quiero recordarles que la recaudación tributaria
no solo se compone de los impuestos indirectos -que son regresivos, los más injustos, al ser pagados por todos por igual- y que probablemente la recaudación tributaria sería mucho mejor en este momento si el Grupo Popular, que presenta esta PNL, se
hubiera dedicado con el mismo ahínco a hacer más eficientes los impuestos directos, que son más progresivos y justos. Quisiera hacer una corrección, dicen que los ingresos tributarios por IVA han subido de 45 485 millones en 2011 a 62 835 millones
en 2018. Parecen apuntar que este maravilloso sistema es el que ha propiciado esa subida y no una primera subida realizada en 2010 por el Partido Socialista -les recuerdo a los señores del Partido Popular que recogieron firmas contra ella en aquel
momento- y después, curiosamente y de manera paradójica, una segunda subida del IVA realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que supuso la mayor subida del IVA de la historia de este país. Creo que estas subidas tienen más que ver que la
maravillosa funcionalidad del SII para realizar el cobro del IVA porque, como muy bien acaba de recordar el señor De la Torre, todo esto, el sistema de régimen de criterio de caja, es absolutamente minoritario en este momento: menos de un 1 % de
los autónomos se han adscrito al mismo. Esto es algo fundamental que no podemos perder de vista porque, si no, nada tiene mucho sentido en esto que plantean.
Además, hay una contradicción absoluta entre lo que plantean al principio y la afirmación que hacen después respecto al SII, porque si el SII tiene todos estos beneficios que aquí nombran como colaterales lo que no se entiende es que se
estén proponiendo estas tres propuestas que no cuadran con la exposición de motivos en vez de una reforma completa del régimen de criterio de caja. Creemos que eso sería lo coherente, porque, si esto es tan bueno y te da todas esas funcionalidades,
¿por qué no utilizarlas realmente? Y si realmente lo que queremos es ayudar a los autónomos, pues muy probablemente lo que tendríamos que hacer es complementar esto con algunas otras cosas, como, por ejemplo, la inversión del sujeto pasivo cuando
hay un determinado tiempo de impago. Eso tendría mucho más sentido que lo que están planteando.
Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener por no mostrarnos tampoco en contra, pero no entendemos con esta argumentación cómo se pueden llegar a plantear estas conclusiones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Socialista cierra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.
Señorías, después de escuchar al grupo proponente, la verdad es que tengo dudas de si tienen muy claro lo que están proponiendo, especialmente porque ya existe un régimen especial de IVA por criterio de caja, y aquellas empresas que cumplen
los requisitos pueden acogerse a él. Y con su iniciativa no están planteando una mejora de este sistema ni tampoco de la Ley de IVA en términos generales. Lo que están pidiendo es flexibilizar los requisitos para la modificación de la base
imponible de créditos declarados incobrables, recogidos en el artículo 80 de la Ley de IVA. Entre estos, lo que están pidiendo es reducir el plazo para la consideración de crédito incobrable a noventa días, lo que derivaría en un procedimiento que
no ofrece garantías de control por parte de la Administración tributaria ni tampoco suficientes garantías al sujeto acreedor y deudor. De hecho, un plazo corto puede tener el efecto contrario al deseado, como así ya se ha demostrado y el Partido
Popular así lo debería saber, porque ocurrió gobernando con el Partido Popular. Por eso no se entienden los motivos por los cuales solicitan hoy esta reducción. Ni es coherente ni es razonable que lo pidan y, además, tampoco sería razonable que
hoy en esta Comisión se aprobara.
Señorías, en 2012 se redujo el plazo de un año a seis meses para declarar el crédito incobrable por las pymes, y posteriormente fue necesario modificar nuevamente la ley, en la medida en que las propias pymes consideraron ese plazo de seis
meses como muy corto, por lo que en 2015 se volvió a modificar, y en la actualidad vuelven a tener abierta la posibilidad de declarar el crédito como incobrable transcurrido un año desde el devengo de la operación; un plazo que debe ser siempre
superior, contando desde el devengo, a la obligación que tienen los sujetos pasivos de presentar su autoliquidación incluyendo la cuota correspondiente a la operación. Por tanto, señorías, parece razonable mantener el plazo actual a efectos de la
calificación de un crédito como incobrable.
En cualquier caso, señorías, no se puede obviar tampoco que es realmente discutible que un crédito se califique como incobrable por el mero transcurso del tiempo, con independencia de que finalmente vaya a ser satisfecho por el cliente del
empresario o profesional. Estarán de acuerdo con que para terminar con el doble perjuicio derivado del incumplimiento de los plazos de pago, al que hacen referencia alguno de ellos en sus intervenciones, es necesario acabar con esas malas prácticas
y no tanto continuar modificando el contenido de la Ley de IVA, que debe contener reglas igualitarias para todos los contribuyentes, independientemente del devenir de las operaciones comerciales.
Por otra parte, proponen sustituir la reclamación judicial o el requerimiento notarial que, necesariamente, debe hacer el acreedor al deudor con carácter previo a la modificación de la base imponible, por un simple requerimiento de pago
fehaciente al deudor por parte del sujeto pasivo, lo que derivaría en una cierta discrecionalidad para la modificación de la base imponible de créditos morosos, pero no fallidos. La Ley de IVA objetiva los medios probatorios que acreditan los
hechos cuestionados, y aunque lo que se pretende con su propuesta es agilizar este trámite, la realidad es que el hecho de que se proponga que se inste fehacientemente al cobro sin objetivar, mediante una lista cerrada, los modos apropiados, lo que
hace es incrementar la inseguridad jurídica, porque la legislación actual lo que pretendía era dotar de seguridad jurídica al hecho de reclamar el cobro al deudor y su posterior prueba no solo frente a este, sino también ante la propia Agencia
Tributaria.
Por último, se pretende eliminar el límite cuantitativo exigido para la calificación de crédito incobrable cuando el destinatario es un particular. En este sentido, nosotros consideramos que es razonable mantener el límite mínimo de 300
euros, en la medida en que, una vez modificada la base imponible por el empresario o profesional, el propio consumidor final quedará obligado a ingresar dicha cuota directamente ante la Administración tributaria, pudiendo exigir coactivamente en
última instancia su ingreso. De esta forma, el respeto del principio de proporcionalidad tributaria determina la conveniencia de mantener este importe mínimo de la operación. Además, en relación con esta cuestión, debe observarse el aumento de los
costes indirectos consistentes en el control que derivaría en las modificaciones de base imponible de escasa cuantía cuando el destinatario es consumidor final.
Por todo lo expuesto, por responsabilidad, no podemos aprobar esta iniciativa que en sus términos provocaría inseguridad jurídica, provocaría discrecionalidad, provocaría desproporcionalidad y un perjuicio para la ciudadanía en términos de
interés general. Señorías, dadas las cuestiones que he planteado, sería
muy razonable que el grupo proponente se planteara retirar la iniciativa y, así, hacer valer el interés general sobre otros intereses. Pero, de verdad, dudo en estos momentos que la razón acompañe a las decisiones de este grupo, del Grupo
Popular, y de otros que le acompañan, especialmente en un día en el que es más evidente que nunca que para algunos prima más su interés partidario que el de la ciudadanía.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Hemos concluido el orden del día. Vamos a dedicar tres o cuatro minutos para hacer un repaso. Voy a aprovechar para comentar lo que tengo anotado. Vamos a proceder a la votación en el orden recogido en el orden del día y no en el del
transcurso del debate.
En relación con el punto 1.º, que es sobre la modificación del impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, se han aceptado las dos enmiendas. Por tanto, lo vamos a votar con las dos enmiendas de Ciudadanos y de Unidos
Podemos. El punto 2.º, que es sobre el impulso de las inversiones financieramente sostenibles y la reducción del gasto improductivo del sector público, lo vamos a votar en sus términos. El punto 3.º, relativo a la exención de tasas de exámenes de
oposición para las mujeres víctimas de violencia de género, lo vamos a someter a votación con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. El punto 5.º, relativo a la realización de un estudio de impacto económico y recaudatorio sobre una
posible regulación integral del cannabis, lo vamos a votar a través de una transaccional con Ciudadanos. No se acepta, en este caso, la enmienda del Grupo Socialista. El punto 6.º lo votamos en sus términos porque no tenía enmiendas. Y el punto
7.º exactamente lo mismo, porque tampoco tenía enmiendas. ¿Están de acuerdo sus señorías? (Asentimiento). Si están de acuerdo y listos, viene la parte más compleja siempre en esta Comisión para no equivocarnos.
VOTACIONES:
El señor PRESIDENTE: Comenzamos a votar el punto 1.º del orden del día, sobre la modificación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalía municipal, para exonerar su pago en las transmisiones
sin incremento real de valor.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; votos en contra, 14; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al punto 2.º del orden del día, sobre el impulso de las inversiones financieramente sostenibles y la reducción del gasto improductivo del sector público, que votamos en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 16; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 3.º, relativo a la exención de las tasas de exámenes de oposición para las mujeres víctimas de violencia machista. Se vota con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 5.º, relativo a la realización de un estudio de impacto económico y recaudatorio de una posible regulación integral del cannabis. La votamos con la transaccional de Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al punto 6.º, sobre la modificación del Régimen Económico de las Illes Balears, que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos al punto 7.º, relativo a la mejora del actual régimen especial de devengo de IVA por criterio de caja, que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 9; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Les recuerdo a sus señorías, antes de levantar la sesión, que tenemos ahora Mesa y portavoces. Va a ser rápida.
Dicho esto, se levanta la sesión.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.