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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 660, de 16/11/2018
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 660
CONSULTIVA DE NOMBRAMIENTOS
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión núm. 2
celebrada el viernes,
16 de noviembre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de candidatos para la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas. (Número de expediente 244/000001):
- Del candidato don José Ricardo de Prada Solaesa ... (Página2)
- De la candidata doña Carmen Sáez Lara ... (Página9)
- Del candidato don Luis Martín Contreras ... (Página14)
- Del candidato don José Miguel Castillo Calvín ... (Página2)
- De la candidata doña Ana Isabel Pérez Cepeda ... (Página20)
- Del candidato don Juan Antonio García Jabaloy ... (Página26)
- Del candidato don Blas Jesús Imbroda Ortiz ... (Página2)
- De la candidata doña Esther Palmés Bosch ... (Página35)
- Del candidato don Félix Alberto Vega Borrego ... (Página43)
- Del candidato don Simeó Miguel Roé ... (Página48)
Corrección de error ... (Página56)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS DE CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL POR EL TURNO DE JURISTAS. (Número de expediente 244/000001):
La señora PRESIDENTA: Señorías, el objeto de la presente sesión de la Comisión Consultiva de Nombramientos es sustanciar las comparecencias de los candidatos a vocales titulares y suplentes del Consejo General del Poder Judicial por el
turno de juristas, de acuerdo con lo previsto en la resolución de la Presidencia de Congreso de los Diputados relativa a la intervención de la Cámara en el nombramiento de autoridades del Estado, de 25 de mayo de 2000. A tal efecto, se procede en
primer lugar a ratificar el orden del día de esta sesión y en consecuencia constatar que los currículum presentados cumplen los requisitos constitucional y legalmente establecidos. ¿Se acuerda así por la Comisión? (Asentimiento). De acuerdo,
muchas gracias.
En este caso, procedemos a sustanciar las comparecencias de los candidatos propuestos a vocales titulares y suplentes del Consejo General del Poder Judicial. Se ha presentado una candidatura conjunta por parte de los grupos parlamentarios
Socialista y Popular en el Congreso y una candidatura por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. De acuerdo con la primera de ellas, se proponen como vocales titulares a don José Ricardo de Prada Solaesa, doña
Carmen Sáez Lara, don Luis Martín Contreras y don José Miguel Castillo Calvín, y como vocales suplentes, a doña Ana Isabel Pérez Cepeda, don Juan Antonio García Jabaloy y don Blas Jesús Imbroda Ortiz.
De acuerdo con la segunda candidatura se proponen como vocales titulares, además del ya citado don José Ricardo de Prada Solaesa, a doña Esther Palmés Bosch, don Félix Alberto Vega Borrego y don Juan Antonio García Jabaloy, que a su vez es
candidato vocal suplente, de acuerdo con la propuesta anterior, y como vocal suplente, a don Simeó Miguel Roé. Los candidatos tendrán que comparecer a continuación.
Señorías, dos de los señores o señoras citados han pedido posponer su comparecencia en el día de hoy alegando motivos personales, por un lado, don José Miguel Castillo Calvín, y por otro, don Blas Jesús Imbroda Ortiz. Si hay acuerdo en esta
Comisión, comparecerían en una próxima sesión de la Comisión de Nombramientos. ¿Lo acordamos así? (Asentimiento). Queda acordado, muchas gracias.
- DEL CANDIDATO DON JOSÉ RICARDO DE PRADA SOLAESA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos ahora a llamar a los candidatos para que comparezcan por orden sucesivo. (Pausa).
Muchas gracias. Damos la bienvenida a don José Ricardo de Prada Solaesa, candidato a vocal titular por las dos candidaturas presentadas. Sea bienvenido, tiene usted la palabra.
El señor DE PRADA SOLAESA: Buenos días, señorías.
Me presento como candidato para vocal del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas. Soy juez profesional y llevo en la carrera judicial treinta y dos años, veintiocho de ellos en la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional. Quiero poner de manifiesto únicamente que mi actividad ha sido fundamentalmente judicial durante todos estos años. Es verdad que he compatibilizado mi función jurisdiccional en España con la función jurisdiccional en otros tribunales
internacionales, por un lado, en Bosnia-Herzegovina en la Sala de Crímenes de Guerra bajo el Poder Judicial de ese país como juez internacional, y por otro, me encuentro desempeñando funciones en este momento de juez del mecanismo residual para
tribunales, que es el que sucede a los tribunales de la antigua Yugoslavia y de Ruanda, y que determinan precisamente mi situación de servicios especiales en la carrera judicial. Para poderme presentar mi invocación era ser vocal del Consejo
General del Poder Judicial, traté de hacerlo y pedí el acceso al servicio activo en la carrera judicial, pero no me fue concedido por razones administrativas, y por tanto, he utilizado la vía que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial
precisamente para los miembros de la carrera judicial que no están en servicio activo en la carrera judicial. En definitiva, mi currículum es fundamentalmente judicial, aunque es verdad que ejercí como abogado durante seis años al inicio, pero el
resto de mi carrera profesional ha sido como juez en España y en otros lugares.
Mi conocimiento del ámbito judicial es muy amplio, no solamente por mi condición de juez sino por mi contacto más o menos permanente con el Consejo General del Poder Judicial en todas las distintas
formaciones que ha tenido a lo largo del tiempo en estos últimos treinta años. Concretamente, quiero manifestar que he participado en temas de formación, de acceso, de ámbitos internacionales, etcétera. Por tanto, conozco los entresijos
del Consejo General del Poder Judicial.
Con relación a cuál podría ser mi programa, las líneas de actuación que yo puedo proponer en el caso de ser elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial, he elaborado un pequeño borrador de uso interno en el que a lo largo de una
serie de páginas he tratado de reflexionar profundamente sobre todos y cada uno de los lugares en los que habría de alguna manera que trabajar. Hay que decir que la función del Consejo General del Poder Judicial viene contemplada tanto en la
Constitución en el artículo 122.2 como en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en los distintos reglamentos que desarrollan el Poder Judicial. Yo quiero destacar dentro de todo este conjunto normativo dos funciones básicas del Consejo
General del Poder Judicial. La primera se refiere al ámbito interno, a los jueces, a la carrera judicial y fundamentalmente al estatuto judicial, en el sentido de que efectivamente el Consejo General del Poder Judicial tiene que preocuparse de
todos los aspectos relativos al estatuto judicial, que son además los que garantizan de alguna manera la independencia judicial. Me estoy refiriendo tanto al acceso como a la formación inicial y la formación continuada, así como a la promoción
dentro de la carrera judicial y al régimen disciplinario.
Pero junto con esta función básica quiero destacar también, porque me parece importantísimo, esa función extra hacia la sociedad del Consejo General del Poder Judicial, en cuanto a que debe garantizar la adecuada prestación del servicio
público de la justicia y de la justicia en general. Por tanto, debe regirse por unos principios muy claros de responsabilidad democrática ante la sociedad. Los principios que debe regir en cualquier caso la actividad del Consejo General del Poder
Judicial son lógicamente los valores y principios constitucionales: libertad, justicia, democracia y pluralismo político. Pero yendo más allá lo que hay que plantearse, desde ese punto de vista de esta función extra hacia la sociedad, es que el
Consejo General del Poder Judicial debe utilizar como criterios o normas de actuación la transparencia hacia la sociedad, el sentido de la responsabilidad, el intento de proximidad a la sociedad -yo creo que no debe estar desconectado con la
sociedad-, el compromiso hacia la sociedad, etcétera.
Por lo menos en esta exposición -únicamente si ustedes quieren hacer preguntas pueden hacérmelas- no voy a referirme a aspectos concretos de lo que es, en definitiva, el estatuto judicial y mis propuestas específicas. Evidentemente, hay una
experiencia muy amplia de más de treinta años de funcionamiento del Poder Judicial. Hay cosas que son buenas, que hay que conservar y potenciar, y otras que opino que hay que cambiar. No tengo ningún inconveniente en poner de manifiesto las que, a
mi juicio, en definitiva, se deben conservar, se deben potenciar, se deben reforzar, y las que, por supuesto, se deben cambiar.
Me interesa esbozar unas líneas de política judicial en general que, desde mi punto de vista, debe abordar el Poder Judicial. Me refiero concretamente a que nos vamos a encontrar con otro Poder Judicial diferente, porque la reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial está en ciernes y espero que definitivamente se apruebe para que aparezca ese otro nuevo modelo de Poder Judicial, que era el que ya había previamente, donde no exista ese presidencialismo en el Poder Judicial o no
conlleve esa situación de presidencialismo, y en el que se dé una actuación más participativa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sin que existan esas dos geometrías o esos dos niveles que se habían marcado con la reformas
realizadas en 2013 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Teniendo en cuenta que hay que proyectarse tanto al conjunto de la carrera judicial como a la sociedad en general, a una sociedad plural, en definitiva, que requiere un Poder Judicial que se ocupe y se preocupe de los problemas de todos los
ciudadanos y de que la justicia llegue a todos los ciudadanos, mi propuesta inicial, partiendo del máximo consenso posible, es que el Consejo General del Poder Judicial elabore un programa claro, un programa de consenso sobre cuál va a ser su
actuación en estos cinco años hasta 2023, y que se aborden todos y cada uno de los aspectos que son esenciales para abordar los problemas más importantes.
Haciendo una especie de pequeño catálogo de estos problemas más importantes, excluyendo los aspectos concretos de cada una de las situaciones que afectan al estatuto judicial, se me aparecen como especialmente relevantes algunos de ellos.
En primer lugar, creo que en estos momentos la sociedad española se encuentra extraordinariamente separada del Poder Judicial, desconfía de él y es muy crítica. Me parece que una de las primeras acciones que debe abordar el Consejo General del
Poder Judicial es precisamente poner los medios para recuperar la confianza de la ciudadanía. Esta desconfianza no solo se produce en la ciudadanía, sino que en el conjunto de la jurisdicción -lo digo por mi experiencia judicial
de estos años- hay una cierta reticencia a dar nuestra confianza a nuestro órgano de gobierno de los jueces, considerando que es un órgano separado que realmente nos representa de una manera un tanto lejana, dificultosa y que no cumple
muchas funciones que nos resulten relevantes, o por lo menos nosotros no las percibimos así. Creo que este tema hay que abordarlo y romper estas barreras que impiden que el Poder Judicial tenga esa capacidad de acceder, de ser tenido en cuenta, de
aportar confianza a la sociedad.
Por otra parte, creo que el Poder Judicial -a pesar de que sea una competencia más específica del Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo, de las comunidades autónomas- debe abordar seriamente la reforma y modernización de la justicia.
El Consejo General del Poder Judicial tiene las funciones de promotor, ya que es, en definitiva, quien tiene ese contacto con los jueces y el que juega un papel importantísimo en la conformación de la Oficina Judicial, en cómo tienen que actuar los
jueces en relación con estos temas, etcétera.
Otro tema que me parece fundamental, desde el punto de vista del propio colectivo judicial, de la carrera judicial, es, en definitiva, la necesidad de establecer un plan -no me gusta utilizar determinados adjetivos, pero yo lo llamaría así-
de igualdad en la carrera judicial, para conseguir, que determinadas situaciones de desigualdad, determinados techos de cristal que de facto existen en la carrera judicial puedan desaparecer y que, efectivamente, haya un planteamiento de género en
las actividades del Consejo General del Poder Judicial, fundamentalmente en relación con la ciudadanía. Esto tiene que plasmarse dando una adecuada formación a los jueces para que tengan conocimiento y sean los actores jurídicos que contribuyan a
que tengamos una sociedad más igualitaria en todos los aspectos, específicamente entre hombres y mujeres.
Hay otras cuestiones, como la potenciación de la independencia judicial. Probablemente ha habido situaciones un tanto complejas en las que a veces es muy difícil poder abordar adecuadamente la defensa de la independencia judicial. Desde mi
punto de vista, el Consejo General del Poder Judicial debe abordar acciones claras, determinar de manera precisa de qué forma tiene que responder cuando se producen situaciones que puedan afectar a la independencia judicial de los jueces y
magistrados. Ese es un tema importante. Los jueces y magistrados somos personas que no tenemos mucha capacidad para poder intervenir en la vida pública y, lógicamente, el Consejo General del Poder Judicial cumple una función absolutamente
primordial a este respecto.
Luego podríamos entrar en otros aspectos, también de carácter muy importante, como es, dentro de un contexto, por supuesto globalizado, pero, sobre todo, en el ámbito de la Unión Europea, el espacio judicial europeo. Este Poder Judicial
realmente debe abordar temas de cooperación judicial internacional de una manera eficaz y efectiva para que los jueces españoles se imbriquen perfectamente e integren esa sociedad, ese espacio judicial europeo sin ningún tipo de dificultad.
Quedo a su disposición para contestar a todas las preguntas que deseen realizarme. Con este esbozo, en principio, me doy por satisfecho.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Prada.
Intervienen ahora los representantes de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: No le voy a hacer ninguna pregunta. Simplemente le agradezco su presencia y su exposición de hoy. Le deseo suerte.
El señor DE PRADA SOLAESA: Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, señora presidenta.
Tampoco vamos a formular ninguna pregunta. Le agradecemos su intervención, su exposición de hoy y su participación en el proceso.
El señor DE PRADA SOLAESA: Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor De Prada, por su presencia aquí. Yo sí le voy a hacer una pregunta.
Coincido absolutamente con usted en que la principal función de este nuevo Consejo General del Poder Judicial es recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia. Usted lo ha planteado prácticamente como el primer objetivo ad extra de
este consejo. Le pregunto si usted cree que contribuye a esa recuperación de la confianza el hecho de que antes incluso de que ustedes sean designados sepamos ya quién va a ser el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del
Tribunal Supremo.
El señor DE PRADA SOLAESA: ¿Me pide una opinión?
El señor PRENDES PRENDES: Sí, le pido una opinión.
La señora PRESIDENTA: Señoría, si no le importa, las respuestas son al finalizar el turno de los grupos parlamentarios.
El señor DE PRADA SOLAESA: Perdón, no lo sabía. Pido disculpas.
La señora PRESIDENTA: ¿Alguna pregunta más, señor Prendes?
El señor PRENDES PRENDES: Sí, señora presidenta.
En el mismo sentido, quiero preguntarle si usted tiene alguna duda de que va a ser don Manuel Marchena el próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y si no entiende que eso significa desapoderar al
nuevo consejo del primer acto que tiene que desarrollar, que es precisamente la propuesta y la elección de ese presidente del Tribunal Supremo. Quisiera saber si no entiende que ese conjunto de actuaciones conocidas ya por todos los españoles,
incluso antes de que ustedes sean elegidos, no solo no contribuyen a recuperar el crédito y la confianza de los ciudadanos, sino, en todo caso, a ahondar más en esa pérdida de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Elizo Serrano.
La señora ELIZO SERRANO: Buenos días. Muchas gracias por su intervención y por su presencia aquí hoy.
En primer lugar, quiero lamentar las incidencias administrativas que supusieron que no tuviera servicio activo como juez y que, por tanto, accediera al turno de no judicial. Lamento esas circunstancias. Desde luego, reconozco su
trayectoria profesional, no solo en España, sino también fuera de nuestro país, su habilidad, su currículum, su capacidad profesional para acceder a la vocalía del Consejo General del Poder Judicial.
Coincido con su exposición en general y también con sus preocupaciones, que tienen que ver con la confianza en un Poder Judicial que en los últimos años ha sufrido serias críticas por parte de toda la ciudadanía. Este no es un problema de
configuración institucional, sino que es una percepción muy extendida en la ciudadanía. Me interesa conocer su opinión sobre cómo se puede cambiar esta situación. Desde nuestro punto de vista, esto tiene mucho que ver con la democratización del
Poder Judicial, con el acceso y el ascenso en la carrera judicial; estamos muy preocupados por la forma en la que se va a configurar una nueva fórmula de acceso a la carrera judicial.
También coincidimos con usted en que es necesario que se aborde de forma concienzuda un plan de igualdad en la carrera judicial, por ejemplo, en la designación de los altos cargos del Poder Judicial. También quisiera conocer su valoración
sobre esa reforma de la ley orgánica que afecta a la designación de altos cargos y, desde luego, a la nueva configuración del Consejo General del Poder Judicial tras la derogación de la reforma de Gallardón. Asimismo, nos interesamos por las
funciones de cooperación internacional que pueden tener algunos miembros de la carrera judicial.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Elizo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lastra Fernández.
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer al señor De Prada su exposición y, como han hecho los anteriores portavoces, darle la bienvenida a esta que es su casa.
De manera sucinta le haré dos preguntas, señor De Prada. Estamos escuchando muchas cosas, y la primera cuestión es sobre el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Me gustaría saber si considera que su
elección por el Parlamento -por cierto, conforme a lo que está previsto en la Constitución- condiciona su legitimidad para formar parte del consejo o su independencia para ejercer sus funciones, en este caso especialmente respecto de otros de los
miembros en cuya elección participan los miembros del Poder Judicial; me refiero a lo que usted decía sobre los vocales judiciales.
La segunda pregunta, o reflexión y pregunta, es que independencia judicial y tutela judicial efectiva a veces pueden parecer principios que discurren en direcciones opuestas. Me explico. En muchas ocasiones el principio de independencia es
controvertido si los ciudadanos, especialmente las ciudadanas, nos encontramos con resoluciones judiciales, sentencias o incluso votos particulares -creo que no hace falta que lo reseñe, porque creo que todos somos conscientes de a qué me estoy
refiriendo- difíciles de entender en una sociedad democrática o que directamente contradicen los valores y principios constitucionales como la igualdad entre hombres y mujeres o el derecho de todos y todas a la tutela judicial. Sabe que este
Parlamento ha impulsado una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la formación específica en violencia de género o en igualdad, como quiera denominarlo, de todos los operadores jurídicos a lo largo de la carrera judicial.
Me gustaría preguntarle si cree que el consejo o el Parlamento pueden avanzar en la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y de las ciudadanas garantizando mejor la independencia de jueces y magistrados. ¿Tiene alguna propuesta en este
sentido?
Concluyo agradeciéndole nuevamente su explicación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rojas García.
El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Con la venia, señorías. Señor De Prada, bienvenido. En primer lugar, gracias por estar en esta comparecencia. Usted ha hecho propuestas sobre justicia universal que parecen sustancialmente muy políticas y que han sido controvertidas;
hasta el actual ministro de Asuntos Exteriores, señor Borrell, ha vetado esas propuestas. No sé si tiene alguna consideración que hacer al respecto.
Quisiera saber si usted contesta afirmativamente a la pregunta que le hago de si se considera independiente para entrar en el Consejo General del Poder Judicial y si esa independencia va a guiar su actuación en este órgano de aquí en
adelante, si finalmente sale elegido.
Señor De Prada -lo digo esta mañana en el Congreso con el mayor de los respetos-, no comparto parte de su trayectoria. Es una opinión, ya que, evidentemente, estamos en una sociedad plural en la que puede haber distintas opiniones en todos
los ámbitos, político, jurídico, etcétera. Su figura puede ser controvertida en el propio ámbito jurídico, como también hay controversia en la política. Quería decirle esto con sinceridad, porque creo que estamos en una institución, el Congreso de
los Diputados, que representa ese pluralismo y tenemos que decir lo que pensamos. No comparto parte de su trayectoria. Usted no ha venido aquí como juez, no está como juez. En este momento la petición es que acceda como jurista de reconocido
prestigio. Puedo convenir, seguro que con mucha gente, en que hay muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio que usted. Pero, efectivamente, este es un órgano plural y usted ha sido elegido por dos partidos políticos con una alta
representación, y en función de ese pluralismo político nosotros, obviamente, mostramos nuestro respeto y nuestra consideración, como no puede ser de otra manera.
Señor De Prada, la institución está muy por encima de usted, igual que de mí y de todos los que estamos aquí. La institución, la ley, la democracia, nuestra Constitución, nuestros valores tienen que estar en el sitio más alto de la
pirámide, como decía Kelsen, y a partir de ahí todos tenemos que regirnos por esos valores y respetar las reglas del juego. Por tanto, muestro mi respeto a su propuesta de elección que viene de esos partidos políticos.
Señor De Prada, usted se incorpora ahora a un órgano de gobierno, al órgano de gobierno de los jueces, tal y como mandata nuestra Constitución, y lo hace para dejar lo que estaba haciendo en este momento. Convengo con usted en que es bueno
para la justicia española que deje de hacer lo que estaba
haciendo; es decir, durante unos años dejará usted de dictar sentencias y pasará a un órgano administrativo, que es el órgano de los jueces.
Termino, señor De Prada, con el mismo respeto con el que empecé, a la institución, a la Constitución, a lo que marcan las leyes, deseándole que ojalá entre todos sus compañeros en este órgano de gobierno -si finalmente resulta elegido-
puedan buscar siempre el camino del interés general, alejado de parcialidades, buscando objetivos que sean buenos para fortalecer nuestro Estado de derecho, porque fortaleciendo los pilares de órganos importantes como el Consejo General del Poder
Judicial con independencia, con rigurosidad, con profesionalidad, sin entrar en apriorismos, fortalecemos nuestra democracia. Ojalá sus compañeros también le puedan guiar en ese camino y no se hagan grupos en el consejo, sino que sea un grupo unido
que busque precisamente ese consenso y ese diálogo, cerrando la puerta, si hay que hacerlo, durante el tiempo que sea necesario para buscar soluciones para nuestro país y para el interés general, sin parcialidades, sin apriorismos. Ojalá que eso
ocurra, señor De Prada.
Voy a finalizar haciéndole tres preguntas muy sencillas. ¿Se compromete usted a guardar secreto de las deliberaciones de los órganos de gobierno del consejo cuando estas tengan carácter reservado? ¿Va a respetar las incompatibilidades
legalmente establecidas que le puedan afectar? ¿Cree o piensa en este momento que en el devenir de estos años pueden surgir distintas incompatibilidades que le afecten manifiestamente a usted? ¿Se encuentra preparado para dar este paso que hoy
quiere y nos manifiesta que va a dar de aquí en adelante en su trayectoria profesional? ¿Se compromete a ejercer, en general, cuantas funciones exija el fiel desempeño del cargo, según manifiesta la ley?
Muchas gracias, señor De Prada.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra don José Ricardo de Prada Solaesa.
El señor DE PRADA SOLAESA: ¿De cuánto tiempo dispongo?
La señora PRESIDENTA: Dispone usted del tiempo que considere necesario tanto para contestar a las preguntas de sus señorías como para hacer cualquier tipo de intervención añadida.
El señor DE PRADA SOLAESA: Muchas gracias, señora presidenta.
Empezando por el orden en que se han efectuado las preguntas, quiero poner de manifiesto que no suelo criticar lo que hagan otros poderes del Estado desde mi condición de juez y que poco tengo que decir sobre la forma en cómo se han podido
negociar o dejar de negociar o se haya hecho o dejado de hacer en relación con un tema. Como juez y, en definitiva, también como futuro miembro -si es que soy elegido- del Consejo General del Poder Judicial, digo que únicamente me ajustaré a la
ley, y la ley establece claramente cuál es la forma en que se tiene que designar al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Es verdad que se comenta, que se oyen cuestiones, pero, personalmente, no es algo en lo
que quiera meterme ni en lo que realmente tenga mucho que decir. Son cuestiones y temas que se hablan, pero corresponden a otros poderes del Estado, que son los que, en definitiva, se han preocupado en establecer o en llegar a determinados
acuerdos.
En relación con otras cuestiones sobre las que se me ha preguntado, sobre todo creo que hay una gran preocupación por la primera, que es precisamente de qué manera se puede llegar a recuperar por parte de la justicia la confianza de la
ciudadanía. Este es un tema complicado, creo que esta confianza se ha ido deteriorando con los años. Realmente, la justicia es algo desconocido, difícil, y probablemente a ello contribuye que se haya mostrado descarnadamente cómo operan en
determinados aspectos otros poderes del Estado distintos de la justicia, que tiene muy poca capacidad de resistencia frente a ello precisamente porque probablemente su forma de actuación no se rija por los mismos principios de transparencia que
otros poderes del Estado. Creo que en este sentido tiene que hacer un grandísimo esfuerzo la justicia, coger el ritmo de la transparencia y cambiar las formas, los planteamientos, y buscar maneras de poder transmitir a la sociedad que,
efectivamente, con las peculiaridades que pueda tener la actuación judicial, la actuación del propio órgano de gobierno del Poder Judicial, sin embargo se van a dar las correspondientes explicaciones a la ciudadanía y esta va a tener la posibilidad
de establecer su propia opinión respecto al funcionamiento del Poder Judicial.
Es verdad que hay determinadas cuestiones que siempre van a ser complicadas y puntos de fricción. Lo que pasa es que creo que hay que hacer un sobreesfuerzo por parte del Poder Judicial, pero también por parte de otros poderes del Estado
por tratar de respetar esta forma propia de actuación de la
jurisdicción, como también por parte de los medios de comunicación, para mostrar realmente las especificidades del Poder Judicial a la sociedad y que esta pueda comprender cómo funciona el Poder Judicial. Creo que hay una importantísima
labor pedagógica por realizar de cara a la sociedad. Pero también una importante labor pedagógica hacia el interior del sistema judicial. Precisamente toda la formación tanto inicial como adicional que se da a los jueces, la formación permanente,
debe tener entre sus objetivos tratar que los jueces puedan dar ese salto de cercanía a la ciudadanía y de transparencia a la hora de ejercer sus facultades, probablemente con elementos muy sencillos, como puede ser la utilización de lenguajes
accesibles, formas de explicar las resoluciones judiciales, problemas complejos pero que puedan ser accesibles a la ciudadanía, sin que ello implique pérdida de calidad técnica en su realización. Creo que hay una batería importantísima de posibles
acciones, aunque, desde luego, en este lugar no se podrían expresar y necesitaríamos dedicar horas. Lo importante es que exista esa voluntad de esfuerzo en cuanto a que, efectivamente, es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía, de la
misma manera que hay que recuperar la confianza frente al propio colectivo judicial.
Se han planteado temas relativos a la importancia que tiene la perspectiva de género dentro de la carrera judicial, pero también de cara al exterior de la carrera judicial, y creo que de una manera muy relevante en relación con temas muy
puntuales sobre violencia de género, entre los que también habría que contener la violencia sexual, lo que nos lleva precisamente a la cuestión planteada en algunos momentos sobre la divergencia o choque con el propio sentido de la independencia
judicial. Creo que es un diálogo difícil, muy complicado, en el que probablemente haya que hacer mucha pedagogía social, y los jueces quizás tengamos que reflexionar muchísimo sobre esos aspectos. Por supuesto, el Poder Judicial, como órgano de
gobierno de los jueces, que tiene esa función de tratar de transmitir a la ciudadanía cuál es el sentido de la justicia, cómo tiene que operar y cuál es el sentido de la independencia judicial, tiene que explicar muy bien, exactamente qué es lo que
ocurre en determinadas situaciones, cuando jueces, en el ejercicio de su independencia judicial, dictan determinadas resoluciones, con lo que, efectivamente, aparentan una importantísima separación de la percepción social sobre determinadas
situaciones. Desde mi punto de vista, este es un problema muy difícil de resolver, pero, sobre todo, hay que darse cuenta de que es un problema que hay que asumir. Es decir, como todas las sociedades, ante situaciones de estas, situaciones de roce
muy muy complicadas, nuestra sociedad, según vaya madurando, probablemente irá cambiando, y posiblemente las soluciones lleguen en el momento en que la forma sea la de dar a los jueces los instrumentos para que no lleguen a determinadas
resoluciones, más que, efectivamente, una vez que se adoptan determinadas resoluciones. Corregir a un juez por dictar una resolución cuando lo hace en función de lo que considera que es la aplicación leal y jurídicamente adecuada al derecho resulta
muy complicado desde el punto de vista del respeto a la independencia judicial. Probablemente lo que haya que preguntarse es qué ha fallado para que el juez dicte esa resolución o ponga ese voto particular. Este es otro asunto en el que
probablemente sí se pueda llegar a trabajar en profundidad.
Contestando sobre otros temas referidos al modelo de selección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, hay dos modelos que están en el debate social pero también en el debate académico y en el debate internacional. En definitiva,
algunos países siguen algunos principios y otros países, otros. Los modelos del Poder Judicial y de gobierno del Poder Judicial son muy dispares en el ámbito europeo. Desde el punto de vista de la legitimidad, francamente me parece que no hay
ningún problema en que exista una elección parlamentaria, en vez de una elección puramente corporativa. Creo que cada uno de los dos sistemas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Personalmente, me parece que la elección corporativa es
problemática, muy problemática, porque significa una pérdida importante de legitimidad en cuanto a que se desconecta de la sociedad, de los otros poderes del Estado, que tienen otra forma de legitimidad que no tiene el Poder Judicial. Hay un
problema de legitimidad del Poder Judicial de origen dificultoso, probablemente sea de ejercicio o de la legitimidad que tenga el Poder Judicial, pero, efectivamente, en mi opinión, que en un momento determinado pueda venir establecido desde un
sistema de votación parlamentaria, en principio, no tiene que plantear ningún problema. Otra cosa distinta es que responda más o menos a posibles negociaciones, etcétera, pero cómo funciona la política es algo complicado, y, desde luego, es muy
difícil meterse en ese tema. Lo importante -y tiene ya mucho que ver con lo que plantea el portavoz del Grupo Popular- son las garantías de independencia, que en cualquier caso los que sean elegidos sean independientes.
Por lo que respecta a las preguntas directas que me ha realizado, tengo que decir que mi independencia es algo que queda absolutamente acreditado a lo largo toda mi trayectoria profesional,
desde el primer momento hasta el último, desde mi primera resolución hasta la última no solo en el Poder Judicial español sino en otros poderes judiciales. Desde la perspectiva de los méritos, probablemente unos tengan más méritos
académicos, y otros, de otro tipo. Mi función ha sido jurisdiccional, con más de treinta años -treinta y dos, veintiocho en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-, resolviendo los asuntos más complicados desde el punto de vista
jurisdiccional que hay en este país. Tengo la consideración en este momento de ser el único juez internacional español que ha habido a lo largo de la historia en un tribunal penal internacional -ha habido solamente un juez ad litem, pero no un juez
titular de un tribunal penal internacional-, y para actuar en esa alta magistratura se requiere tener absolutamente todos los requisitos para las altas magistraturas -reconocido internacionalmente en este momento y en el pasado-, y, efectivamente,
fui designado en ese cargo por la comunidad internacional para estar durante tres años en la Sala de Crímenes de Guerra de Bosnia-Erzegovina.
En el tema de los méritos, aparte de los que son objetivos, que son los que se exponen, ya la consideración y valoración son puramente subjetivas. Yo respeto las suyas. No me voy a meter en relación con los méritos que puedan tener otras
personas, etcétera. Simplemente, expongo los míos, que creo que quedan claros. Y respecto a los compromisos, por supuesto asumo todos los que legalmente tenga establecidos, y, entre ellos, fundamentalmente, la independencia, el secreto de
deliberaciones, etcétera, objetivamente establecidos en la norma jurídica. En ese sentido, me he caracterizado permanentemente en mi actuación profesional por respetar rigurosísimamente las normas en todos los aspectos desde siempre y de la manera
más independiente. Eso es lo que ha caracterizado mi actuación jurisdiccional como juez.
El que en este momento, en definitiva, acceda como miembro de la carrera judicial al Consejo General del Poder Judicial por esta vía no me resulta cómodo -se lo digo-, hubiera preferido haberlo hecho por el ámbito que me correspondía, que es
el judicial. Como he dicho, por razones puramente administrativas, es decir, por estar en este momento en un tribunal internacional, efectivamente, la situación administrativa que parecía más lógica era la de servicios especiales, precisamente
porque en este momento se está terminando de poner la sentencia relativa a la apelación de Radovan Karadzic. Creo que España tiene que estar orgullosa de tener un juez que precisamente está en el tribunal que está resolviendo la apelación del
asunto más importante desde el punto de vista del derecho penal internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Somos cinco jueces internacionales los que estamos resolviéndolo, y, concretamente, que España tenga un juez creo que de alguna
manera dice algo en relación con su currículum personal.
Sobre mi visión de la jurisdicción universal, a pesar de que no he hecho una carrera centrándome en temas académicos, fundamentalmente corresponde a planteamientos académicos. Eso es la jurisdicción universal; puede haber otras cuestiones.
Evidentemente, como experto, si me piden una opinión, doy mi opinión. Probablemente, el problema también tenga otros abordajes desde el punto de vista de la política, y comprendo que posiblemente no gusten planteamientos amplios de la jurisdicción
universal. Pero eso no significa que mi planteamiento de la jurisdiccional universal no sea el correcto desde un punto de vista técnico.
Con esto doy por terminada mi intervención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Prada. Le acompaño. (Pausa).
- DE LA CANDIDATA PARA LA ELECCIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL POR EL TURNO DE JURISTAS, DOÑA CARMEN SÁEZ LARA.
La señora PRESIDENTA: Damos la bienvenida a doña Carmen Sáez Lara, candidata a vocal titular a propuesta de los grupos parlamentarios Popular y Socialista.
Como sabe, señora Sáez, hay una primera intervención suya, a continuación los distintos portavoces le harán las preguntas o consideraciones que estimen oportunas y usted tendrá después otro turno para poder contestar o hacer una segunda
intervención.
Si le parece, empezamos escuchándola, señora Sáez Lara.
La señora SÁEZ LARA: Con la venía, señora presidenta.
En primer lugar, señorías, querría darles las gracias, en particular a los grupos parlamentarios que han presentado la candidatura para vocal del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas, y también expresar públicamente mi
satisfacción. Es para mí un honor está aquí esta mañana, compareciendo ante esta Comisión y en el Congreso de los Diputados. Les comento que es la primera vez que estoy aquí, y, por lo tanto, todavía un poco nerviosa por la situación.
Como todos tienen a su disposición el currículum, les expondré simplemente unos breves apuntes de aquellos aspectos que, a mi juicio, pueden ser determinantes acerca de la idoneidad profesional y personal para la realización de estas
funciones en el órgano del que aspiro a formar parte. Mi trayectoria profesional, vista muy rápidamente, supera los treinta años de antigüedad -veinticinco en la función pública-, y ha discurrido en tres ámbitos fundamentalmente: el universitario,
el trabajo en el Tribunal Constitucional y el trabajo en el Consejo Consultivo de Andalucía como miembro de la comisión permanente con dedicación exclusiva.
De la vida académica, destacaría que la inicié en el año 1986 a través de una beca del ministerio, de esas que hoy llamamos de formación del personal universitario, las FPU y FPI, las becas para personal investigador de toda la vida. Como
saben ustedes, son becas competitivas a nivel nacional y han supuesto la vía de acceso de la mayoría del profesorado a las universidades públicas españolas. He desempeñado mi actividad académica en diversas universidades y también una actividad
investigadora en universidades fuera de nuestro país. Junto a esta actividad de base fundamentalmente en el derecho del trabajo o derecho laboral, les indicaría también que mi tesis fue sobre los sindicatos en las empresas, y para mí fue importante
puesto que supuso una primera aproximación al mundo del conflicto en las relaciones entre los sindicatos y los empresarios. Esta actividad fundamentalmente en el ámbito del derecho del trabajo se ha ampliado -para mí fue una gran satisfacción, un
honor y, además, una experiencia muy grata- con mi trabajo como letrada en el Tribunal Constitucional, y así completar la formación en aspectos procesales y, por supuesto, constitucionales. La experiencia profesional del Consejo Consultivo de
Andalucía me permitió al acceso también al ámbito contencioso-administrativo, en función consultiva, en materia de normas tanto de carácter legislativo como reglamentario dentro de las competencias de las comunidades autónomas, y en materia de
urbanismo, revisión y responsabilidad patrimonial.
Por lo tanto, a mi juicio son unas experiencias complementarias, todas ellas dentro del ámbito del servicio público. Mi carrera tiene una vocación de servicio público en la que se ha centrado exclusivamente. Como les decía, son
experiencias complementarias que, en el supuesto de que obtuviera la confianza de la Cámara, su aprobación, creo que pueden ser útiles de cara a abordar las funciones propias del órgano de gobierno del Poder Judicial, tanto las relativas a
formación, carrera y escuela judicial, como también la importante función consultiva y las propias de gestión y organización.
Dos últimos apuntes en cuanto a estos méritos profesionales y personales, yo destacaría también mi sensibilidad en los temas de igualdad. Siempre he defendido que la igualdad entre hombres y mujeres es un tema de sensibilidad. Inicié los
estudios en el ámbito de la jurisprudencia norteamericana a través de una beca Fulbright en la Universidad de Stanford. Entonces estudiábamos la igualdad desde otra perspectiva, fundamentalmente de la tutela antidiscriminatoria, después ya la
estudiamos desde la perspectiva de la transversalidad. Y desde ahí me considero una activista en materia de igualdad en distintos foros. En el currículum tienen los diversos cursos, ponencias e intervenciones. Soy una activista en las clases con
mis alumnos en materia de igualdad porque creo que es fundamental para los juristas, también en relaciones laborales para los que van a gestionar los recursos humanos; en definitiva, para los que van a gestionar en el futuro la vida de las
empresas.
En segundo lugar, además de esta sensibilidad y línea de investigación clara a lo largo de toda mi trayectoria profesional, también destacaría que creo disponer, esa es mi opinión, de cierta capacidad o de haber desarrollado habilidades de
diálogo y de consenso a través fundamentalmente del consejo consultivo, donde era necesaria la formación de voluntad en un órgano colegiado y prácticamente todo lo decidíamos, salvo algunas excepciones, por unanimidad; y también a través de mi
trabajo como árbitro. Son quizás trabajos muy locales, de conflicto muchas veces en una ciudad o en la bahía de Algeciras, pero que para mí han sido muy satisfactorios por el hecho de convivir y poder llegar a acuerdos con sindicatos y empresarios.
Creo que esto es también una actividad o unas habilidades que pueden ser necesarias para la composición de la voluntad en un órgano colegiado como es el Consejo General del Poder Judicial, en el caso de que pudiera acceder al mismo.
Por lo demás, les reitero mi agradecimiento y quedo a su disposición.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Intervienen ahora los representantes de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies.
No le voy a hacer ninguna pregunta, simplemente le agradezco su presencia aquí. Evidentemente, entendemos que cumple sobradamente los requisitos. Y sí deseo hacer una reflexión en voz alta que no quiero que me conteste. Probablemente
estas comparecencias tendrían que ser de doble sentido; en primer lugar, las personas que van a acceder, pero también los proponentes de esas personas tendrían que explicar por qué se proponen a determinadas personas. Simplemente es una reflexión
que quiero hacer en voz alta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene ahora la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias.
Tampoco formularé ninguna pregunta. Le agradezco su intervención y su participación en el día de hoy. Y simplemente también haré una reflexión en voz alta. Nuestro grupo está contento porque es una mujer y hay mujeres que rompen esos
estereotipos de que hay ciertos órganos mayoritariamente compuestos por hombres. Nos alegramos de que haya mujeres valientes, más debería haber, que también tengan esa inquietud de poder formar parte de órganos de alto nivel como es el Consejo
General del Poder Judicial.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Sáez, por su comparecencia. Yo no le voy a preguntar por su acreditación profesional y técnica, que consta en su currículum. Sí me gustaría hacerle unas breves preguntas sobre lo que va a ser su función a partir de
ahora como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Estoy seguro de que usted conoce el contenido del artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina el procedimiento y quién debe elegir al presidente del consejo y del
Tribunal Supremo. En ese sentido, me gustaría preguntarle qué opinión tiene usted sobre todo respecto a dos cuestiones: la primera, relativa a la recuperación de la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y, en concreto, en su órgano de
gobierno que es el consejo; y segunda cuestión, en relación con la credibilidad respecto al principio de independencia que se puede tener en cuanto a los vocales que resulten elegidos, cuando ya sabemos que la primera decisión del próximo Consejo
General del Poder Judicial, que es la elección del presidente del Tribunal Supremo y del consejo, está predeterminada y decidida; no depende de ustedes, sino que ya les viene dada de antemano. Me gustaría que me dijese qué opinión le merece que
sea don Manuel Marchena el futuro presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; si a usted le ha indicado alguien que tiene que ser esa la persona que salga elegida; y a partir de ahí, qué le parece a usted respecto a
las funciones del consejo, si este consejo ya es desapoderado desde el inicio de una de sus primeras y casi principal función, que es la de elegir a su presidente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Elizo Serrano.
La señora ELIZO SERRANO: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señoría, por asistir hoy a esta Comisión de Nombramientos. Agradecemos en líneas generales su trayectoria profesional que entendemos más que suficiente para esta candidatura. Y voy a hacer varias consideraciones generales
que, a lo mejor, son demasiado amplias para reflexionar aquí, pero sí para apuntar cuál puede ser su perspectiva en cuanto al problema de confianza en la independencia del Poder Judicial, el consejo debe velar por ello; la democratización en el
ascenso y en el acceso a la carrera judicial, que para nuestro grupo por ejemplo es un elemento determinante para normalizar esa relación con el Poder Judicial; hablar de las posibilidades de un plan de igualdad en materia de justicia respecto a
contenido, pero también en cuanto a la designación de miembros y cargos; y cómo valora usted la última reforma que se ha aprobado en esta Cámara con respecto a la derogación del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y en cuanto a
designación del altos cargos; en
definitiva, una perspectiva general en cuanto al blindaje de alguna forma de las características intrínsecas de un órgano de gobierno como es el Consejo General del Poder Judicial y su intervención en estos temas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lastra Fernández.
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Sáez Lara, por su exposición y también por su compromiso en la necesaria renovación y modernización del Consejo General del Poder Judicial. Me parece muy importante que una catedrática de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social forme parte del Consejo General del Poder Judicial y que, además, se defina usted a sí misma como activista en materia de igualdad, porque es verdad que el desprestigio de la justicia en buena medida ha venido también por lo que
yo considero que es no estar a la altura de una sociedad que lo que reclama es la igualdad efectiva, real, entre hombres y mujeres. Y por diferentes sentencias y votos particulares que conocimos en los meses pasados, además de otras circunstancias,
precisamente ese intento de consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres tiene también mucho que ver con el desprestigio de la justicia y esa pérdida de confianza. Sabe que aquí además de la modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial en lo que se refiere al cambio de funcionamiento del plenario, la comisión permanente y demás, hay otra modificación de la ley orgánica para que todos los operadores jurídicos tengan formación en violencia de género/violencia sexual a lo
largo de toda la carrera judicial. Me gustaría que hiciese usted alguna reflexión sobre esto y también cómo podemos prestigiar entre todos, fundamentalmente desde el Consejo General del Poder Judicial, una justicia que ha perdido mucha pluma en los
últimos meses.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rojas García.
El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Con su venia, doña Carmen, bienvenida a esta casa, el Congreso de los Diputados, que es la suya, la de todos los españoles. Nos honra usted con su presencia esta mañana, y está aquí en cumplimiento de las leyes y de nuestra Constitución
renovando una institución democrática como es el Consejo General del Poder Judicial, un órgano de gobierno con funciones disciplinarias y administrativas. Usted va a adquirir ahora una importantísima responsabilidad para trabajar en todo momento
por un Consejo General del Poder Judicial que sea estable, profesional, que haga bien su trabajo. Como ha comentado, usted es especialista en derecho del trabajo, y creo que puede ser muy importante su aportación en resolución de conflictos. En
los órganos de gobierno surgen conflictos en las decisiones que hay que tomar, y hay que hacerlo de manera acertada, conforme a ley y apelando siempre dentro del propio órgano de gobierno a decisiones que sean consensuadas y lo más acertadas
posible. Obviamente, usted va a tener ahí un papel fundamental, como el resto de sus compañeros, y en ese camino le deseamos mucha suerte. Estamos seguros de que su experiencia en esa resolución de conflictos, en derecho del trabajo, pero también,
como usted bien ha dicho, en el Tribunal Constitucional y en el Consejo Consultivo de Andalucía, que dan también otra visión diferente, pero al mismo tiempo que forma parte de la unidad global constitucional, va a ser una aportación interesante.
Como jurista va a tener usted un reto muy importante, puesto que el nuevo consejo abordará, como los anteriores, reformas en lo que es el servicio público de justicia para fortalecer este pilar del Estado de derecho, y su tarea, sin duda, de
ennoblecer el cargo que va a ocupar. Estamos seguros de que usted va a dar lo mejor de sí misma y, por tanto, tiene nuestra consideración en su trayectoria y nuestro deseo de que las cosas le vayan bien.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
La señora Sáez Lara tiene la palabra.
La señora SÁEZ LARA: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones. Si le parece conveniente a la presidenta, daré una respuesta general a las preguntas que se me han formulado. En primer lugar, en relación con la idea que ha estado presente no solamente en
todas las intervenciones, sino también en el momento actual sobre
la confianza, la independencia -directamente el señor Prendes me ha preguntado si he tenido alguna indicación en relación con el señor Marchena; yo no he recibido una indicación de nadie en relación con nada-, entiendo que, efectivamente,
se haya producido esta desinformación o filtración, pero creo que son consideraciones que nada tienen que ver con la realidad de la justicia en España. Es verdad que ha habido noticias sobre la independencia, pero yo soy una defensora de nuestro
sistema judicial. En relación con algunas ideas que se han mantenido en otros foros de que sea el Parlamento el órgano que tenga que controlar la designación del gobierno del Poder Judicial, yo también soy una defensora de que sea el Parlamento, y
distinguiría entre la independencia judicial y la independencia del Poder Judicial porque creo que son conceptos distintos. Nuestra Constitución dice que la justicia emana del pueblo y la soberanía nacional reside aquí, en el Parlamento, por lo
tanto, entiendo, como ya dijo el Tribunal Constitucional hace unos años, que el control parlamentario y el sistema parlamentario es una vía esencial. Hay otros modelos, pero yo en principio estoy muy convencida -puedo cambiar de opinión, pero hasta
la fecha estoy muy convencida- de que este es lugar de residencia de la soberanía nacional, de la soberanía popular, y la justicia emana del pueblo, por lo tanto, tiene que haber un control parlamentario. El asunto de los nombres y las
filtraciones, personalmente no sé a qué obedece y, por supuesto, les reitero que no he recibido ninguna indicación en relación con votación de ninguna persona, y cumpliré el artículo 586 que usted nos citaba, lo conozco y pienso cumplirlo en el
supuesto de que sea propuesta y nombrada.
En cuanto a la confianza y la independencia, sinceramente -lo digo como ciudadana que estoy aquí en este momento-, entiendo que podemos aportar otros datos de confianza y de independencia en el Poder Judicial. Creo que se pueden traer otras
fuentes y no utilizar siempre estas frases que no son nuevas, que han existido porque la crisis del Poder Judicial o la crisis de confianza de la ciudadanía son de otras épocas, no son de ahora; lo que ocurre es que siempre creemos que es nuevo lo
que muchas veces es antiguo. Sinceramente pienso que hay que aportar información porque me ha llamado mucho la atención que países que, según índices europeos, tienen un nivel de independencia judicial menor que el existente aquí en cuanto al
órgano de gobierno; en cambio, la impresión de la ciudadanía es bastante más favorable que la que hay en España. Por tanto, todos, desde la universidad a los medios de comunicación, estamos mandando un mensaje que a lo mejor no es el apropiado.
Se estarán haciendo cosas mal, evidentemente, siempre hay que mejorar en todo, pero también creo que quizás hay una percepción que puede ser no tan ajustada a la realidad.
Por otra parte, estoy totalmente de acuerdo con la idea de un plan de igualdad. En este momento hablo como ciudadana y como profesora, y desde la academia yo estoy a favor de las acciones positivas, siempre las he defendido públicamente.
Desde que era letrada del Tribunal Constitucional y tenía serias discusiones, siempre he sido favorable y he defendido las cuotas a favor del sexo menos representado y, por lo tanto, soy totalmente partidaria de un plan de igualdad. Estoy hablando
de sexo menos representado a igualdad de méritos, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo y conforme al derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, es necesario un plan de igual en este ámbito -no solo en este ámbito, pero estamos hablando
ahora de esto- del Poder Judicial en cuanto a cargos o puestos. Precisamente, como experiencia personal tengo que contarles que he optado varias veces a alguna plaza en el Poder Judicial, en concreto en el Tribunal Supremo, y alguien me decía por
qué lo haces, y es porque creo que tenemos que estar ahí, que las mujeres tenemos que estar ahí. Yo era mucho más joven y no pude en aquel momento, pero creo que tenemos que estar ahí y es importante para nosotras -disculpen si, a lo mejor, me
estoy excediendo- para que luego no se nos diga que no hemos estado presentes, que no competimos, que no concurrimos. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en lo que se me ha dicho del plan de igualdad.
En lo que se refiere al acceso, hay muchos estudios sobre cuál es el mejor sistema de selección técnica. Evidentemente, como en todos los temas complejos y difíciles habrá que abordarlos en profundidad. Yo vengo del ámbito de las
relaciones laborales en el que los sindicalistas siempre nos decía: Los experimentos con gaseosa, no experimentemos. Pues, claro, son temas complejos, difíciles, hay que estudiarlos y seguramente se podrá mejorar. En cuanto a la formación, estoy
totalmente de acuerdo en que hay que valorar muy positivamente la reforma para promocionar la formación de los miembros de la carrera judicial. Ya le he dicho que soy activista sobre todo desde la universidad. Yo formo a personas que van a ser
licenciados en Derecho y también formo a personas que van a ser jefes de recursos humanos. Para mí una de las mayores prioridades es, por supuesto, que conozcan el ordenamiento jurídico, que lo defiendan, que defiendan la Constitución, pero también
que les inoculemos el tema de la igualdad, si es desde el colegio, por supuesto, mucho mejor, pero también en la universidad. De hecho, participé en un
curso de formación del Consejo General del Poder Judicial hace ya muchos años. Y lo que siempre pedimos todos los que damos clase es que haya hombres y mujeres, es decir, que no nos formemos a nosotras mismas. Esto lo he dicho siempre en
muchos foros cuando he estado hablando de igualdad solamente delante de mujeres: así no vamos a ningún lado, tenemos que tener hombres delante. Por eso aprovecho las clases en las que no hay composición, que no son electivas, sino obligatorias, y
tengo público masculino y público femenino, que también lo necesitamos porque no se es activista o feminista simplemente por ser mujer. Eso también lo sabemos todos.
Prestigiar la justicia, por supuesto, es necesario. Para mí nuestra justicia es prestigiosa, tengo que decirlo. Sinceramente, pienso que nuestra justicia es prestigiosa, habrá casos donde se haya producido algún problema, como ocurre en
tantas actividades, pero no en términos generales. Desde mi posición yo siempre he pretendido fortalecer las instituciones, y esta es mi impresión de cómo se tienen que abordar desde mi perspectiva estos temas, mejorar, pero siempre intentando
prestigiar y que todos lleguemos a configurar las instituciones como más fuertes, las instituciones fuertes hacen un Estado fuerte.
Muchísimas gracias a todos de nuevo.
La señora PRESIDENTA: ¿Alguna otra intervención de algún miembro? (Denegaciones).
Le damos las gracias, señora Sáez, por su intervención, muy bienvenida.
- DEL CANDIDATO DON LUIS MARTÍN CONTRERAS.
La señora PRESIDENTA: Bienvenido, don Luis Martín Contreras, a esta Comisión de Nombramientos como candidato a vocal titular a propuesta de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista. Como sabe, esta es una comparecencia
cuyo formato es primero su intervención, a continuación, intervendrán los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, y después tendrá usted un segundo turno para contestar a las preguntas o a cualquier otro tipo de cuestión que quiera
plantear.
Don Luis, tiene usted la palabra.
El señor MARTÍN CONTRERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, para mí es un honor comparecer ante ustedes en la mañana de hoy. Inicialmente me van a permitir que parte de esta intervención primera la dedique a acreditar o al menos traer a esta Comisión parte de mi experiencia o de mi
currículum porque si nos atenemos a los recortes de prensa en los últimos días, parece que mi único mérito es el de haber fundado una asociación de secretarios judiciales. No es así, como podrán ver y, sin perjuicio de que hayan analizado mi
currículum, permítanme antes esbozar mínimamente parte de esa trayectoria profesional. He de decir que entré en la Administración de Justicia hace ya cuarenta años, de los cuales llevo ya treinta y cuatro en la carrera, ahora de letrado de la
Administración de Justicia, anteriormente de secretario judicial. De esos años de experiencia quizá la más gratificante fuera la etapa de secretario de gobierno de la Audiencia Nacional durante los años 2010 a 2015. En la actualidad presto
servicio en la Sala tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Mi trayectoria profesional ha estado ligada simple al derecho procesal y al contencioso-administrativo por razones obvias, pero al mismo tiempo que he
desempeñado esta función profesional he tratado de compatibilizarla con otra experiencia docente. De hecho, llevo veintidós años ya de profesor asociado de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid. En estos años he tenido tiempo
suficiente como para poder dedicarlo también a enriquecer este currículum con un doctorado. Concretamente, después de hacer los cursos de doctorado por el sistema antiguo, leí mi tesis doctoral en Derecho Procesal en el año 1999.
Aparte de esto, puedo decir que, junto a ello, en materia de publicaciones tengo treinta y cuatro libros publicados, monografías, más de cien artículos en revistas especializadas y más de cien conferencias pronunciadas prácticamente por toda
la geografía de nuestro país. Al mismo tiempo -y por último en este apartado- he aprovechado para tener experiencia profesional como consultor de Naciones Unidas, de la Comisión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo. Con estos datos he
querido dar un mínimo flash. Lógicamente, tendrán ustedes seguramente el currículum que presenté para esta ocasión. Solo quiero apuntar algunas de las cuestiones que yo creo, desde el ámbito de cuarenta años de experiencia en este mundo de la
justicia, que debería asumir el Consejo General del Poder Judicial, de cuyo gobierno pretendo, si sus señorías me dan el plácet, formar parte. En primer lugar, sin ningún ánimo de orden ni de exhaustividad, se me ocurre pensar que sería necesario,
sin duda, un pacto o un acuerdo de todas las fuerzas políticas que permitiera llevar a cabo las reformas y sobre todo las inversiones necesarias en la
Administración de Justicia en un periodo probablemente plurianual, con unos matices que después diré en el tema de las inversiones. En segundo lugar, participación de los ciudadanos. Creo que es urgente que en la Administración de
Justicia, sobre todo en su gobierno, se abran las puertas y ventanas no solamente para que los ciudadanos visiten las sedes judiciales, sino también para que participen incluso en la toma de decisiones. En tercer lugar, que la Carta de Derechos de
los Ciudadanos ante la Justicia pase de ser una simple proposición no de ley -recuerdo que fue asumida por unanimidad por esta Cámara- a plasmarse en una ley concreta. En cuarto lugar, es verdad que se ha abordado en parte la última reforma del
Consejo General del Poder Judicial, que está todavía por ratificar por esta Cámara, pero probablemente habría que ahondar en ella. En quinto lugar, en cuanto a la manida ratio número de jueces-número de ciudadanos, particularmente creo que estamos
más ante un problema de racionalización que ante una ratio superior, porque, simplemente, si echamos mano de los datos aportados por el CIS y el Consejo General del Poder Judicial en estos momentos, la ratio de España es un juez por 8579 ciudadanos,
lo cual nos coloca en la media de los países de nuestro entorno.
En cuanto a la asignación presupuestaria, ya lo he apuntado antes. Creo que es necesaria una asignación específica y extraordinaria en un periodo probablemente plurianual. Desde mi punto de vista, no es cierto que el tan manido y socorrido
discurso de la necesidad de recursos sea literalmente aplicable. Yo creo que en estos momentos existen órganos jurisdiccionales sobredimensionados y otros con déficit de personal. En lo que se refiere a recursos materiales, creo que nunca ha
habido tantos como hay ahora. La cuestión es saber si esos son los adecuados, porque, por ejemplo, de qué nos sirve tener en un órgano judicial dos, tres o cinco faxes si ya han pasado a ser prehistoria; probablemente nos interese más tener una
digitalización adecuada que estar utilizando esos instrumentos. Por lo tanto, más que recursos, lo que seguramente necesitamos es racionalización de los recursos que tenemos.
Otro tema que me preocupa y que creo que debería abordarse es la definición clara y determinante de lo que es un juez, algo elemental. Curiosamente, no sabemos en estos momentos -y se está poniendo de moda en estos instantes- si los jueces
tienen derecho o no a convocar una huelga. ¿Son funcionarios que ejercen un poder del Estado o son el continente del propio poder del Estado? ¿Son Poder Judicial o son funcionarios que ejercen un poder del Estado? Sería conveniente ahondar en eso
respecto a lo que decía antes de la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Como últimamente se está abordando el tema respecto a parlamentarios y personas aforadas, habría que abordar también el sistema de aforamientos en la carrera
judicial.
Me referiré ahora a la creación de una comisión o tribunal ad hoc. Agradezco, porque me parece muy acertada, la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por lo que se refiere a nombramientos, si bien yo incluiría un apunte más;
es decir, no solamente me quedaría en el establecimiento de un catálogo de créditos, de méritos, que deberían ser después justificados, sino que además añadiría, incorporaría ese catálogo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque a mí me da más
garantías que su inclusión dentro de la propia convocatoria, sin perjuicio de que cada convocatoria tenga unas especificidades concretas. Junto a esto, añadiría también la creación de un tribunal o comisión ad hoc, que sacaría del ámbito del
Consejo General del Poder Judicial, para que valorase los méritos de esos candidatos, incluso con un sistema de alias, de manera que la comisión o el tribunal que fuese a enjuiciar esos méritos no conociese al enjuiciado, al valorado, y fuese
después el Consejo General del Poder Judicial quien materializase el nombramiento con la posibilidad de variar esas puntuaciones, esas valoraciones en una proporción ínfima. No me estoy inventando nada; si ustedes acuden al derecho comparado verán
que en Alemania hace años que se utiliza este sistema y no ha dado mal resultado. En cuanto al catálogo de méritos, ya he dicho que me parece muy acertada la reforma en ese sentido.
En cuanto al tema de módulos de trabajo/resultados, creo que es una cuestión que debe afrontar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial. Es difícil justificar que en una misma localidad, en un mismo edificio judicial un órgano
jurisdiccional funcione y el de al lado no funcione; que en un órgano jurisdiccional de una localidad concreta se esté dando respuesta en tiempo legal a las demandas judiciales y en el de al lado, sin embargo, se tarde tres, cuatro o cinco veces
más. Es urgente establecer unos módulos de trabajo con unos baremos que sean adecuados y con la posibilidad de que pueda existir un déficit o un superávit, y un reconocimiento para quienes cumplan y una sanción o penalización para quienes no
lleguen a ese mínimo.
Si tradicionalmente al Consejo General del Poder Judicial se le conoce como el órgano velador de la independencia, no debemos olvidarnos de otra cuestión que en estos momentos también es muy importante en materia de organización. En el año
1996 se incorpora a la Ley Orgánica del Poder Judicial
la competencia de que sea el Consejo General del Poder Judicial quien se encargue de la coordinación de los sistemas informáticos. Es lamentable que en estos momentos existan diez sistemas informáticos en otras tantas comunidades autónomas
y que esos sistemas informáticos estén utilizando un gestor procesal que sea incompatible con los demás. Creo que el Consejo General del Poder Judicial -al que me honrará participar si ustedes me dan su plácet- debería abordar con urgencia esa
compatibilización de todos los sistemas informáticos existentes en nuestro país.
Por supuesto, y quizás ya como colofón de estos apuntes, me gustaría abordar de una vez por todas la implantación de la modernización, de la digitalización de la Administración de Justicia. Es urgente implantar las nuevas tecnologías en la
Administración de Justicia. Tuve la suerte de liderar, durante los años de mi estancia como secretario de gobierno en la Audiencia Nacional, la implantación de la digitalización y he de decirles que la experiencia fue plenamente satisfactoria. El
problema es que se digitalizaron once órganos jurisdiccionales y no se ha hecho nada más. Es una pena porque los tiempos de respuesta fueron espectaculares; podemos hablar de la Sala de lo Social o de los juzgados centrales de lo
Contencioso-Administrativo, los tiempos de respuesta son verdaderamente escandalosos si se compara con el resto de los órganos jurisdiccionales de España. En definitiva, creo que debería abordarse con seriedad esta posibilidad.
Voy a terminar mi intervención porque no les voy a cansar con datos estadísticos que traía anotados. Da la impresión de que en nuestro país tenemos una cierta vena de masoquismo por cuanto, a pesar de que las estadísticas reiterativamente
nos dicen que no existe satisfacción con el servicio que presta la Administración de Justicia, sin embargo, los ciudadanos siguen respondiendo que el Poder Judicial, la organización judicial es la que más confianza les da, es el poder refugio que
les queda. No obstante, a pesar de estas estadísticas, el 90 % de los ciudadanos sigue reclamándonos un cambio, una modificación.
Francamente, me encantaría poder participar, en la medida de mis posibilidades -vuelvo a insistir, si ustedes lo consideran oportuno-, en estas reformas que estaría encantado -permítanme la reiteración- de poder abordar en estos cinco
próximos años.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, por su intervención.
Intervienen ahora los representantes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
En primer lugar, quiero agradecerle su exposición. Ha hablado usted en su intervención de algunas cosas que a mí especialmente me han gustado. Ha hablado usted de un gran pacto de todas las fuerzas políticas, ha hablado usted de la
participación de los ciudadanos, ha hablado usted de trasparencia, y yo le quiero hacer una sola pregunta. Nosotros estamos encantados de que ustedes comparezcan aquí, delante de los que, en definitiva, representamos a los ciudadanos, que son los
que nos han votado. En este sentido, ¿no le parece a usted que sería conveniente, aparte de su comparecencia, que los partidos políticos que han propuesto su candidatura y la de otras personas explicaran también los criterios que les han llevado a
elegirles a ustedes para ser los miembros del próximo Consejo General del Poder Judicial? Yo creo que sería importante también saber qué criterios han seguido los partidos para elegir a unas personas y no a otras. ¿Le parecería conveniente? Es mi
última pregunta.
Muchas gracias, en todo caso, por su intervención.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Martín.
Evidentemente, yo no le voy a preguntar por su currículum profesional, avalado por años de trayectoria -yo creo que es usted un gran procesalista-, pero sí precisamente por ese conocimiento que usted tiene de los procedimientos y las normas
que regulan la toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional -tampoco tengo ninguna duda de que usted conoce la regulación de la toma de decisiones en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial, del órgano del que usted aspira a formar parte-
y, enlazando con la parte final de su intervención, con esa necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en el órgano de gobierno del Poder Judicial -que es tanto como recuperar la confianza en el propio Poder Judicial- y esa garantía de la
independencia de ustedes, los futuros vocales del consejo. Por eso, yo le
preguntaría: ¿Qué le parece a usted el hecho de que la primera decisión que tendría que tomar ese futuro Consejo ya la conozcamos, antes de que ustedes, que son los que tienen que tomar esa decisión, ya hayan sido incluso nombrados? ¿Qué
le parece que el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial defina claramente quién tiene que proponer y quién tiene que decidir quién sea el próximo presidente del Tribunal Supremo y, sin embargo, ya sepamos cuál va a ser su decisión? ¿No
cree usted que eso compromete esos dos principios, el de confianza de la ciudadanía y el de independencia en su actuación futura? En ese sentido, me gustaría que usted me contestase expresamente si tiene alguna duda sobre que don Manuel Marchena
vaya a presidir el próximo Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, y si ha recibido alguna directriz explícita o tácita en ese sentido. Me gustaría que me contestase a estas dos preguntas expresamente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Elizo Serrano.
El señor ELIZO SERRANO: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por su asistencia, don Luis Martín Contreras.
Quiero agradecer su exposición, que ha sido detallada en cuanto a la proyección y a la visión que usted tiene del modelo de justicia. Compartimos la necesidad de la racionalización de los recursos y medios de la Administración de Justicia.
Es verdad, hay que hacer una reflexión sobre el contenido global de cómo se han gestionado esos recursos y, por tanto, coincidimos en esa perspectiva. Agradecemos también que haya expresado su valoración positiva con respecto a la última reforma
que se ha hecho en materia de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Queremos participarle nuestra preocupación porque este consejo tenga una posición activa y positiva con respecto a la democratización del Poder Judicial. En ese
sentido, nosotras estamos especialmente preocupadas por la configuración de un nuevo modelo de acceso a las carreras judiciales, porque entendemos que es importante y debe ser determinante abordarlo de una forma clara. Sabemos la complejidad que
tiene, pero creemos que es determinante para cambiar la configuración del Poder Judicial.
Le agradezco su exposición y su presencia aquí y, desde luego, el detalle con el que lo ha expuesto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lastra Fernández.
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Señor Martín Contreras, en primer lugar, le agradezco su extensa intervención, sus explicaciones, su compromiso con la renovación del Consejo General del Poder Judicial y con la necesaria modernización de la justicia española. De manera muy
somera, y simplemente porque me ha llamado la atención, quiero plantearle dos cuestiones. La primera es que creo que no ha hecho referencia -o quizá me he perdido algo durante la intervención- a planes de igualdad dentro de la carrera judicial, que
a nosotras y nosotros nos parece fundamental porque esta misma Cámara ha impulsado una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que todos los operadores jurídicos tengan formación en igualdad. Ha dicho algo en su exposición sobre lo
que me gustaría que se extendiera más, que es el acotamiento de los aforamientos en la carrera judicial. Me gustaría conocer la propuesta, si la tiene más trabajada o simplemente es un esbozo de lo que podría venir. En todo caso, nosotros
estaríamos de acuerdo.
Quiero felicitarle y agradecerle, como le decía, su intervención y, sobre todo, su compromiso.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rojas García.
El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta. Con su venía.
Don Luís Martín, sea bienvenido y le agradezco su comparecencia. Cuarenta años de experiencia en el ámbito judicial, en el ámbito del derecho, le avalan. Es usted letrado de la Administración de Justicia, otrora secretario judicial y, por
consiguiente, usted conoce el procedimiento; podríamos decir que usted conoce bien, de primera mano, cómo funciona un juzgado, cuál es el día a día, cuáles son las necesidades. En esa amplia experiencia habrá visto muchas cosas que se pueden
mejorar y ahora tiene una gran
oportunidad para hacerlo. Creo, además, que la visión del letrado de la Administración de Justicia es positiva en el Consejo General del Poder Judicial; siempre es un paso adelante que haya pluralidad y que, obviamente, haya especialistas
como usted en la llevanza de los juzgados y tribunales. Igualmente le avalan la experiencia docente y la experiencia internacional que nos ha relatado.
El Poder Judicial en sentido estricto, como bien usted conoce, está compuesto por los jueces cuando ejercen su función jurisdiccional, es decir, juzgar y ejecutar lo juzgado. Eso corresponde intrínsecamente a cada uno de los jueces que
imparten justicia. Usted se incorpora al órgano de gobierno de los jueces, que es algo diferente. Es el Consejo General del Poder Judicial, que tiene funciones de gobierno y administración del estatuto profesional de los jueces, ingreso,
promoción, formación, pero también otras tareas muy importantes, como la inspección a la hora de determinar, como usted bien relataba en su exposición, por qué hay unos juzgados que están funcionando mejor que otros, qué se puede hacer para tener un
cumplimiento más efectivo y fortalecer la imagen de la justicia. Que nuestra justicia necesita mejora, obviamente lo sabemos todos, y ustedes van a tener un papel principal a la hora de proponer esa mejora de la Administración de Justicia en
juzgados y tribunales, y hacer que la justicia sea más ágil, más moderna y más eficaz. En eso estamos compelidos todos los que estamos aquí, el Poder Legislativo y el resto de los poderes del Estado, y es muy importante esa aportación.
Usted se va a incorporar a un órgano de Gobierno donde va a tener una importante responsabilidad y como jurista va a tener una tarea por delante realmente significativa que, sin duda, sabemos que le honra y en la que nosotros le deseamos
mucha suerte porque esa suerte suya va a ser también la suerte de nuestro Estado de derecho. Es importante saber que se va a enfrentar a retos y que la tarea que le ocupa ha de ennoblecer su cargo, que la imparcialidad ha de ser la norma, la
objetividad ha de ser el camino y la independencia tiene que ser una guía y una exigencia para recorrer todos los retos que le aguardan que, a buen seguro, no van a ser pocos ni pequeños. Si la justicia es garantía, si la justicia es confianza, si
la justicia es reparación del daño, si la justicia es igualdad, el consejo al que usted se va a incorporar ha de atesorar todas estas virtudes y ha de ejercerlas todos los días de la mejor manera en búsqueda de estos apelativos. Usted tiene
preparación, la va a poner al servicio del interés general, estamos convencidos, y así se lo va a demandar la sociedad y así se lo vamos a demandar todos.
Y permítame otra petición, para finalizar. Ha dicho usted algo importante que es un reto también para todos, como es modernizar la acción de la justicia y homologar esos sistemas informáticos que hay; precisamente de eso venimos hablando
mucho en la Comisión de Justicia del Congreso y estamos intentando ponerle solución, porque ahí se ha visto una disfuncionalidad que conocen bien los letrados de la Administración de Justicia y todos los operadores jurídicos. Esa Administración de
Justicia también se considera como una administración de la Administración de Justicia, como ya relató una famosa sentencia del Tribunal Constitucional y así denominó en el año 1992, que está en algunas ocasiones cedida a comunidades autónomas con
esa capacidad en su competencia, y en donde no está cedida corresponde al ministerio. Es importante también esa tarea -y eso es lo que le vamos a pedir para finalizar- de diálogo permanente con las instituciones del Estado, de diálogo permanente en
esa tarea de administrar la Administración de Justicia, es decir, lo que significan los medios materiales y personales, lo que significan los sistemas informáticos, la homologación de criterios, actuar de forma inequívoca buscando el interés general
y apartándose más de elementos que puedan ser de confrontación partidaria, que no viene al caso y muchas veces está a la orden del día, pero que en justicia, como en otros grandes servicios públicos, se trata de resolver las tareas de los juzgados,
de dar más medios a los profesionales para que puedan impartir la justicia de los buenos y grandes profesionales que tenemos en el ámbito de la justicia. Por lo tanto, diálogo bidireccional: por un lado, dentro del consejo entre sus propios
compañeros para que vayan como un solo cuerpo unido con los criterios bien claros y estrictos de hacer un consejo profesional y diligente que resuelva los problemas de la justicia como servicio público y, por otro lado, también hacia fuera,
extramuros del consejo, con el resto de instituciones, incluso, por supuesto, con esta casa, con el Parlamento. Es muy importante que exista fluidez en las comparecencias sobre asuntos que nos ocupan; no se trata para nada de una injerencia, para
nada, nada más lejos de la realidad. Hay que buscar una colaboración precisamente para las tareas de la Administración de Justicia, de llevanza de la justicia como servicio público y que esa fluidez entre los distintos poderes del Estado, entre los
distintos órganos e instituciones sea clara, cotidiana y, sobre todo, con un principal objetivo, que es defender el interés general de España y de los españoles.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra don Luis Martín Contreras.
El señor MARTÍN CONTRERAS: Gracias, señora presidenta. Con la venia.
Voy a responder en el mismo orden en el que ustedes me han interpelado. Señor Baldoví, agradezco sus palabras y, por supuesto, lo del pacto no es nuevo. En el fondo, en el ámbito judicial ya nos conocemos todos o casi todos. No solo llevo
cuarenta años de ejercicio profesional, sino que desde hace muchos años estoy metido en los ámbitos asociativos. Llevamos ya muchos años hablando de la necesidad de un pacto de Estado por la justicia y también de la participación. En cuanto a la
transparencia, es evidente. Yo a veces he llegado a decir no un exabrupto, pero sí que en este país da la impresión de que a todos los poderes del Estado les ha llegado la democracia menos al Poder Judicial. Yo creo que va siendo hora de que los
ciudadanos también empiecen a considerarse parte de la organización judicial, que la organización judicial es su organización judicial y no aquel al que ayudan y al que ponen la vela a Santa Rita para que la sentencia X o A vaya en la línea de
favorecer al banco o favorecer al particular. Yo creo que deben tener esa confianza en la justicia y, por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en esa participación y en esa transparencia.
En cuanto a la pregunta que me hacía usted sobre si deben comparecer o no quienes nos han propuesto, francamente le digo que desconozco el mecanismo. Creo que, con independencia de los grupos parlamentarios que me han propuesto, usted mismo
y la gran mayoría de los ciudadanos de este país, si quieren saber de mí, tienen mi currículum y pueden saber de mi vida simplemente con acudir a Google. Por tanto, que comparezcan o no comparezcan no sé si será necesario; yo, desde luego, tampoco
me opondría a ello. No sé, es un mecanismo y el Parlamento tiene que regular su funcionamiento y por mi parte no tendría ningún inconveniente en que lo hiciera con respecto a la comparecencia.
En cuanto al señor Prendes, al que lógicamente agradezco también sus palabras, con el paso de los años he dejado de ser optimista para ser un poco más pragmático. Generalmente los problemas los afronto cuando me surgen. Usted me dice que
ahora mismo la sociedad piensa que el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial está ya determinado, y puede ser, pero enlazando con su segunda pregunta le responderé que yo no he recibido ninguna instrucción, ni directa ni
indirecta, por parte de nadie para que yo vote o deje de hacerlo al señor Marchena. Sí he de decir que al señor Marchena le conozco porque hemos compartido incluso escuela de doctorado durante algún tiempo -le conozco, por tanto, desde hace muchos
años-, tengo una excelente relación con él, pero, francamente, no sé si lo va a ser o no. Usted me podría decir que depende en parte porque, a fin de cuentas, si llego a formar parte de ese Consejo General del Poder Judicial, voy a tener que tomar
esa decisión. Pues a lo mejor resulta que le estoy diciendo ahora con rotundidad que no he recibido ninguna instrucción y pasado mañana le tendría que decir que sí la he recibido. No lo sé, yo no la he recibido, no sé nada sobre este tema,
francamente.
¿Qué si me parece adecuado estéticamente? Pues estéticamente probablemente no lo sea. Entiendo también los condicionantes con los que tienen que moverse quienes han estado negociando esa composición, pero tampoco entro en ello; es decir,
es un tema que me supera. Es lo mismo que si en la sala en estos momentos se plantea una cuestión tan simple como puede ser la de la competencia y resolviese yo o me manifestase yo sobre la misma. No me corresponde a mí, tiene que resolver la
sala, no me corresponde a mí. Ahora mismo desconozco si se ha pactado en esos términos. La prensa y los medios de comunicación dicen que se ha pactado con eso, pero yo lo desconozco. Ahora bien, respecto a si yo he recibido instrucciones,
ninguna, sinceramente, ninguna.
En cuanto a la señora Elizo, muchísimas gracias también por sus palabras. Por supuesto, comparto su tesis de que hay que abordar estudios sobre los modelos de acceso a las distintas profesiones. Creo que es un debate abierto desde hace
años y que deberíamos culminar. En términos generales estoy abierto a todas las sugerencias y a analizar y estudiar cualquier posibilidad encaminada a conseguir esos nuevos modelos que busquen y que se amparen fundamentalmente en los criterios
constitucionales de mérito y capacidad.
En cuanto a doña Adriana Lastra y a los planes de igualdad, por supuesto, los comparto y no solamente los comparto sino que creo que en mi trayectoria profesional siempre he estado más del lado de las mujeres que del de los hombres, si cabe.
Por tanto, estoy totalmente de acuerdo.
Respecto a aforamientos, no tengo una idea concreta. Esto de los aforamientos lo enlazaba con ese apunte de la definición de juez. En definitiva, me parece muy bien que un juez pueda tener en unos casos
concretos -que habría también que estudiar- ese aforamiento en el ejercicio de esa función jurisdiccional, pero no podemos reclamar un aforamiento cuando un juez pasa por la calle y, por ejemplo, entra en una discusión o en una intervención
policial cuando a fin de cuentas es un ciudadano. En este sentido, cuando he hablado antes en mi exposición de la definición del juez y ahora al hablar de aforamientos, me gustaría mucho mirar en el espejo alemán. En el espejo alemán uno se quita
la toga cuando sale del edificio en el que ha estado trabajando durante unas horas y cuando se va a su casa ha terminado su función de magistrado. Creo que eso tendríamos que diferenciarlo. Aquí -vuelvo a insistir- da la impresión de que mezclamos
demasiadas veces esa idea de que somos jueces para todo, hasta cuando vamos a ver el partido de fútbol. Creo que iría por esa línea.
En cuanto al señor Rojas, no puedo más que agradecerle sus palabras, evidentemente. ¿Diálogo con las instituciones y además bidireccional? Estoy totalmente de acuerdo. Es más, creo que quienes me conocen profesionalmente hablando saben
que siempre he dicho lo mismo. Recibo a todo el mundo, he recibido siempre a todo el mundo y he estado abierto a todas las discusiones y a todos los diálogos y por mi parte no va a quedar promocionar el diálogo o hacer incluso de mediador, si es
necesario. Creo que estamos embarcados en una misión donde por encima de todo está el interés general, no el interés ni partidario ni personal, por supuesto. Por tanto, desde ese punto de vista, tenga usted la plena seguridad de que por mi parte
siempre estaré abierto y siempre me encontrarán en todo lo que sea diálogo para mejorar la situación de la Administración de Justicia.
Con esto termino. Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Le agradecemos mucho su asistencia. (Pausa).
- DE LA CANDIDATA DOÑA ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA.
La señora PRESIDENTA: Damos la bienvenida a doña Ana Isabel Pérez Cepeda, candidata a vocal suplente, a propuesta de los Grupos Parlamentario Popular en el Congreso y Socialista. Como sabe, doña Isabel, hará una intervención inicial, a
continuación intervienen los grupos parlamentarios y dispone de un segundo turno para contestar, matizar o aclarar cualquier tipo de extremo.
Doña Isabel Pérez, tiene usted la palabra.
La señora PÉREZ CEPEDA: Señora presidenta, señores diputados y miembros de la Comisión de Nombramientos de la Cámara Baja, comparezco ante esta Comisión con el fin de exponer mis méritos como candidata suplente a vocal del Consejo General
del Poder Judicial. En primer lugar, quiero manifestar que para mí es un honor comparecer ante esta Comisión de Nombramientos. Agradezco al Grupo Parlamentario Popular y en especial al Grupo Socialista el haberme propuesto como vocal suplente del
Consejo General del Poder Judicial, lo que constituye una enorme satisfacción personal y profesional.
Como sus señorías ya sabrán, soy catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca desde 2016; por cierto, la primera mujer catedrática de Derecho Penal en esta universidad en ochocientos años. He sido doctora en esta misma
universidad en 1997 con la tesis La responsabilidad penal de los administradores de empresa. Fui profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de La Rioja durante diez años y magistrada suplente de la Audiencia Provincial de La Rioja,
experiencia muy enriquecedora ya que mi acercamiento al funcionamiento de la justicia motivó que cambiara completamente mi metodología docente. He realizado estancias de investigación en universidades como la de Amsterdam, en la Universidad de
Friburgo, Alemania, en la Universidad de Bolonia, en la Universidad de Birkbeck, Reino Unido. Asimismo, he impartido conferencias y cursos en diversas universidades de Europa, Latinoamérica y España. En la Universidad de Salamanca participo en un
proyecto de investigación reconocido sobre Programas de Prevención y Derecho Penal Económico.
Pertenezco al Grupo de Estudios de Política Criminal y a la Asociación Internacional de Derecho Penal. He dirigido proyectos de investigación que ponen de manifiesto mi capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, subvencionados por el
Ministerio de Educación y Ciencia, sobre El Principio de Justicia Universal: Fundamentos y Límites, así como La Política Criminal ante el Reto de la Delincuencia Trasnacional. Participé también como investigadora en proyectos sobre corrupción. He
sido la representante de la Universidad de Salamanca y España en un programa de investigación VII marco sobre fiducia, que es la confianza como forma de prevención del delito. Precisamente este proyecto será especialmente útil si llego, por la vía
de la suplencia, a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, en la medida en que, con el fin de acabar con el populismo punitivo, lo que nos preguntábamos era no por
qué los ciudadanos cometían delitos, sino cómo hacer que los ciudadanos cumplan con la ley. En dicho proyecto tratábamos de implementar medidas sobre el correcto funcionamiento de la justicia como forma de prevención del delito.
Actualmente dirijo el proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad: El terrorismo en la actualidad: Un nuevo enfoque político-criminal. También participo en un proyecto en Castilla y León: La armonización
normativa del decomiso y de la recuperación de activos de la Unión Europea. Acabo de solicitar un proyecto sobre aporofobia y derecho penal.
Algunas de mis monografías publicadas son: La responsabilidad penal de los administradores de empresa; Delitos de deslealtad profesional de abogado y procurador, que pone de manifiesto mi preocupación por el correcto funcionamiento de la
Administración de Justicia, puesto que en dicho libro delimito e interpreto las consultas de estos profesionales que pueden afectar a ese bien jurídico. También tengo otras monografías como, por ejemplo, La globalización: tráfico internacional
ilícito de personas; La seguridad como fundamento de la deriva del derecho penal posmoderno; El pacto antiyihadista: Criminalización de la radicalización. He publicado otras monografías también en inglés y en coautoría sobre trata de personas, y
terrorismo internacional y conflicto armado. He publicado más de cincuenta artículos en revistas y capítulos de libros, he intervenido en la publicación de manuales de la asignatura y he dirigido libros colectivos.
En cuanto a la elaboración de informes de proyectos legislativos que emite el Consejo General del Poder Judicial, creo que podrían ser enriquecedoras mis aportaciones en la medida en que participo del grupo que trabaja en la racionalidad de
la construcción y evaluación de las leyes. Hemos establecido una serie de requisitos, de procedimientos tendentes a garantizar la adecuación de la decisión legislativa y aportar patrones axiológicos de legitimidad que permitirán ejercer un control
formalizado y global en los procesos de criminalización para limitar el ius puniendi del Estado. En realidad, de lo que estamos hablando es de que las leyes penales sean justas, no solo racionales, con buena técnica, eficaces y eficientes.
En el ámbito de la gestión, quiero resaltar que he sido instructora de expedientes disciplinarios en la Universidad de Salamanca y he pertenecido, por distintos periodos, a los consejos de gobierno de las dos universidades públicas en las
que he prestado mis servicios. En mi ámbito profesional tengo un fuerte compromiso con el servicio público. En realidad en todas mis investigaciones late la crítica hacia el hecho de que el derecho penal actual ha perdido su connotación cultural
humanista. El problema es que la política de intervención penal incurre en un irreflexivo aumento de la incriminación tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos, olvidándose el legislador penal de los principios democráticos, de manera que
ha transformado el derecho penal entendido como un derecho penal protector del ciudadano en un instrumento flexible y en expansión de la intervención del Estado. Como penalista, desde la perspectiva crítica estimo que el derecho penal tiene que ser
mejor, es decir, más justo, más humano que el que ahora tenemos, pero también igualitario, sin privilegios ni impunidades. Además, el proceso de imputación de la responsabilidad penal a un condenado debe llevarse a cabo con todas las garantías y
derechos que reconocen nuestra Constitución y las declaraciones universales de derechos humanos.
En la actualidad, a menudo los profesionales del derecho, entre ellos los jueces y las juezas, se distancian de la realidad, tanto que terminan por desnaturalizar los hechos so pretexto de la más escrupulosa imparcialidad y en aras del más
objetivo y aséptico de los análisis. Hemos podido ver cómo determinados jueces, bajo una aparente neutralidad axiológica, orientan sus decisiones hacia el apuntalamiento del sistema económico imperante en la medida en que, en lugar de intentar la
solución de conflictos graves de la interferencia intersubjetiva de las conductas, pretenden garantizar prioritariamente la incolumidad de cierta estructura de poder justificada por una superestructura legitimante. Sin embargo, los jueces y las
juezas que integran el Poder Judicial deben apostar por un modelo de juez acorde con la Constitución y el modelo que en ella se preconiza, encargándose de prestar una justicia al servicio de la ciudadanía, independiente, transparente, inteligible,
cercana, de calidad, para lo que además de ser independiente habrá de ser imparcial, responsable, competente, eficaz, adecuadamente formado, no solo próximo, sino que también sintonice con la sociedad de la que es miembro. Solo como elemento
integrante de la misma debe ser consciente de los problemas de esta sociedad, debe estar comprometida con la igualdad real de los ciudadanos, la promoción y el respeto a los derechos fundamentales, que perciba y responda a las exigencias y a las
necesidades derivadas del planteamiento de género, con posibilidades de ejercicio profesional en condiciones laborales suficientes, razonables y estables, con adecuados medios y apoyos materiales y humanos.
Por ello, desde el compromiso de los valores de la justicia en los que firmemente creo y con pleno respeto al principio de legalidad en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley y de su control
democrático, pienso que hoy más que nunca la justicia no solamente debe prestar un correcto servicio público a favor de los ciudadanos, también debe obrar con transparencia, ser autónoma, independiente, imparcial, objetiva, no condicionada
políticamente y responsable. Tengo que reconocer que me preocupa tanto la politización de la justicia como la judicialización de la vida política.
Finalmente, entiendo que el Consejo General del Poder Judicial deberá iniciar acciones pertinentes para devolver la confianza a los ciudadanos en el correcto funcionamiento de la justicia, porque esta es la mejor vía para fomentar el
cumplimiento de la ley. Deberá desarrollar un proyecto colectivo que implique conjuntamente a la judicatura, que acerque y la ponga en relación con la sociedad, con sus preocupaciones, demandas de justicia e inquietudes. El Consejo General del
Poder Judicial deberá actuar con exclusividad, sin interferencias con otros poderes o grupos de presión fácticos o políticos, siguiendo criterios de transparencia e igualdad racionales y objetivos, en el diseño de una formación inicial y continuada,
en la elaboración de informes, en la aprobación de sistemas de organización y determinación de la carga de trabajo, en la aplicación de un plan de igualdad, de un plan de prevención de riesgos laborales y del protocolo antiacoso, entre otros, bajo
los principios de motivación, mérito, capacidad y paridad en todas las decisiones que afecten a nombramientos, ascensos, inspecciones y régimen disciplinario. En este proyecto es en el que me pienso implicar si accedo como vocal al Consejo General
del Poder Judicial por la vía de la suplencia.
Quedo a su disposición para responder a las preguntas que estimen pertinentes.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pérez Cepeda.
A continuación, van a intervenir los representantes de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies.
En primer lugar, quiero agradecerle su exposición, decirle que me ha gustado y que la he escuchado con mucha atención. Ha dicho casi al final una frase que a mí me parece pertinente, sobre todo en ese tiempo, que es la de devolver la
confianza a la justicia. En ese sentido, y le he dicho antes que me ha gustado su intervención, le hago una reflexión. En aras de la transparencia y en aras también de devolver la confianza en la justicia a los ciudadanos, no solo porque van a
acceder una serie de personas por determinados partidos políticos que han hecho esta propuesta, ¿no cree usted que sería también importante que los partidos políticos explicaran a los ciudadanos por qué han escogido a unas determinadas personas -ya
le digo que me ha parecido perfecta su exposición y sus méritos-, el motivo de la elección de determinadas personas que conformarán parte del Consejo General del Poder Judicial?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Pérez Cepeda. Quiero agradecerle su presencia en esta Comisión, su exposición y, desde luego, sin cuestionar en absoluto su currículum y su acreditada solvencia profesional y técnica, quería hacerle dos preguntas.
Usted ha hecho referencia, como decía el portavoz de Compromís, a la necesidad de devolver la confianza a los ciudadanos en la justicia y yo creo que ese es uno de los objetivos esenciales, si no el primero, que tiene que cumplir el nuevo Consejo
General del Poder Judicial como órgano de Gobierno que es de ese poder. Me gustaría que me dijese cuál es su opinión sobre el proceso de elección de los vocales en el que estamos inmersos y del que usted forma parte y muy especialmente -dado que ya
conocemos de antemano, antes si quiera de que ustedes se reúnan y antes incluso de que sean elegidos, quiénes van a ser el futuro presidente del consejo y el futuro presidente del Tribunal Supremo- si usted cree que eso contribuye a recuperar la
confianza de los ciudadanos en la justicia, si usted cree que eso de alguna manera acredita su vocación de independencia como vocales en ese consejo en la futura trayectoria que van a desempeñar y si usted ha recibido algún tipo de instrucción por
alguna fuerza política que la haya propuesto de forma directa o indirecta. Y, en el caso de que la recibiese, cuál sería su actuación respecto a esta cuestión que es la primera decisión que tiene que tomar
el futuro consejo en esa sesión de constitución, que me parece que es de las más importantes y clave para saber si los ciudadanos van a poder confiar en su independencia. Qué haría usted en el caso de que recibiese instrucciones, si las ha
recibido, y si le parece que esa es la mejor manera de devolver la confianza a los ciudadanos en el consejo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Erizo Serrano.
La señora ELIZO SERRANO: Muchas gracias, presidenta.
Intervengo brevemente para reconocer la trayectoria profesional de la compareciente. La verdad es que nos parece más que suficiente para acreditar los méritos para su candidatura al Consejo General del Poder Judicial. Agradecemos también
la exposición que nos ha hecho. Creo que ha sido una exposición completa, conveniente y desde luego en la que coincidimos en su proyección. Resaltamos la configuración de la Administración de Justicia como un servicio público autónomo, sin
interferencias de ningún grupo de presión o de ningún grupo político. En ese sentido, agradecemos su proyección en el plan de igualdad y antiacoso. En general le digo que, ante su visión del derecho penal, estamos agradecidos de que sea usted una
de las candidatas que va a concurrir a este proceso y le damos la enhorabuena por su currículum profesional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lastra Fernández.
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Pérez Cepeda, dice Mary Beard que el lenguaje es un ejercicio de poder y es una ocupación del espacio y el discurso. Yo quiero felicitarle por su intervención, porque si alguien tenía alguna duda de por qué está usted propuesta para
formar parte del Consejo General del Poder Judicial creo que la ha disipado de una manera brillante. Por tanto, le quería expresar ese reconocimiento porque me ha parecido la mejor de esta mañana sin ningún género de dudas, no por entrar a
confrontar con otros comparecientes, pero me ha parecido muy interesante, muy explicativa, muy prolija además en lo que necesita la justicia, en esa necesaria modernización y renovación de la justicia española y ese compromiso que tenemos que tener
todos los ciudadanos, en este caso con el derecho penal, como decía usted, para hacer leyes penales justas, empezando también por los propios legisladores, que somos nosotros. Ha hablado incluso de aporofobia.
Creo que no tengo mucho más que añadir, más allá de hacerle una pregunta muy breve y sencilla porque, como estamos escuchando muchas cosas en los últimos días, como se cuestiona la elección de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial, en este caso por el Parlamento, me gustaría preguntarle si a usted le condiciona en su legitimidad o en su independencia ser elegida por el Parlamento español.
Muchas gracias, señora Pérez Cepeda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.
La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Muy buenos días, profesora Pérez Cepeda. Para mí es un honor especial poder estar aquí porque tengo la fortuna de conocer a la profesora Pérez Cepeda desde que era estudiante. Hemos compartido muchas horas de universidad y soy testigo
excepcional de lo trabajadora y lo peleona que es, de la convicción con la que defiende sus ideas y las pone en práctica. No da por hecho nada, y creo que esto lo ha puesto de manifiesto. Por tanto, es una satisfacción encontrarnos en esta sede.
Además se ha hecho reiteradamente una pregunta por el señor Baldoví, pero yo creo que trasladaba una pregunta que late en el ambiente, y algo ha dicho Adriana Lastra. Esta comparecencia es un ejemplo de por qué los grupos políticos no somos
como a veces nos pintan y cómo somos capaces de trascender más allá de las discrepancias que usted y yo seguro que tenemos en algunos de los temas que ha tratado. Pero sabemos reconocer dónde está la profesionalidad, dónde están los valores
académicos, de gestión, de conocimiento de la magistratura que tiene usted, a la hora de ponernos de acuerdo no caprichosamente,
no para que vayan a decidir no se qué cosas ocultas que se dicen, sino precisamente porque creemos seriamente que este país se ha hecho grande especialmente cuando hemos puesto por encima de todo la tolerancia, el respeto, el compartir
enriqueciendo ideas; eso somos capaces de hacerlo también de vez en cuando los partidos políticos y creo es bueno que lo hagamos cada vez más. Por tanto, se pone de manifiesto, sin necesidad de que expresemos nada más, qué razones han podido
llevar a que merezca la pena que determinadas personas, incluso desde la profunda discrepancia en algunas de las cuestiones en las que trabajan o cómo las plantean, aporten su importante grano de arena. Usted lo puede hacer perfectamente, como se
ha puesto de manifiesto, desde la manera de trabajar, desde la implicación en el servicio público, como usted ha dicho, y también desde esa confrontación de ideas que son las que tiene la sociedad de verdad, no la sociedad artificiosa. Por tanto,
se ha puesto de manifiesto, creo que ha quedado claro -ahora entra el señor Baldoví-, queda recogido en el Diario de Sesiones y eso es una satisfacción. Además, todos ustedes, sean propuestos como candidatos o como candidatos vía suplencia, deben
reunir los requisitos. Por tanto, nuestro grupo cree que usted reúne de sobra requisitos para hacer esa aportación, que es necesaria en un Consejo General del Poder Judicial que pretendemos sea ese órgano en el que se sientan cada vez más cómodos
todos los que tienen que formar parte del mismo, los integrantes del Poder Judicial y los ciudadanos. Por eso, algunos grupos políticos -y he tenido la fortuna de estar entre las personas que hemos trabajado en esto durante muchos meses con mucha
paciencia- hemos puesto un granito de arena más en una reforma -no será la última- que pretende ir sentando las bases de ese Consejo General del Poder Judicial que en el marco constitucional de verdad sirva de la mejor manera posible a esos valores
que usted ha puesto de manifiesto y que sin duda nosotros compartimos, diferenciando cuáles son sus funciones del cuidado que han de tener respecto de aquellos que deben desarrollar las funciones jurisdiccionales. Por tanto, creo que como titular o
como suplente usted está en condiciones de aportar algunas de las cuestiones que ha desarrollado.
Nosotros estábamos convencidos -y así lo hemos plasmado en la reforma- de que el Consejo General del Poder Judicial debe tener una relación más fluida con la sociedad, debe tener una relación más fluida con los jueces, con los fiscales, con
los letrados de la Administración de Justicia. Hay que establecer mecanismos nuevos de formación, y ustedes, los que vienen de la academia, tienen mucho que aportar; no hay por qué seguir haciendo siempre lo mismo que se ha hecho. La ciencia
jurídica evoluciona y la modernización de la justicia está no solo en la digitalización, que también, sino en ser capaces de romper barreras, en cómo se forma para su acceso, en cómo se hace formación continua, y siempre desde el respeto a la mayor
parte de los profesionales que ejercen debidamente su profesión y su función. Por tanto, a mí me gustaría seguir oyendo -es más una reflexión porque lo ha suscitado usted- que es mejor quitar el ruido, quitar la paja y ver el grano. Creo que esta
sesión pone de manifiesto qué es lo que de verdad pretendemos. No somos perfectos, tenemos que seguir mejorando, pero hemos tenido un objetivo y lo hemos querido plasmar con ustedes para que hagan su aportación al Poder Judicial desde donde estén.
Yo sé que usted lo va a hacer, así que le agradecemos su disponibilidad para, de la manera que lo ha hecho, hacer su aportación a un Consejo General del Poder Judicial cada vez más solvente, cada vez más responsable hacia la sociedad y cada vez más
preocupado por una mejor justicia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra doña Isabel Pérez Cepeda.
La señora PÉREZ CEPEDA: Con la venia, señora presidenta.
Inicialmente quiero decir que este es el momento de avalar mi candidatura y, con el uso de la palabra que han hecho, esencialmente la diputada socialista y la diputada del Grupo Parlamentario Popular, así ha sido. Por lo tanto, queda puesto
de manifiesto el porqué me han seleccionado para ser suplente del Consejo General del Poder Judicial, y además creo que es el momento procesal oportuno para hacerlo. En cuanto a cualquier tipo de decisión en la selección de un candidato, entiendo
que una resolución siempre tiene que ser motivada y, como digo, lo han hecho en este momento, que entiendo que era cuando debían hacerlo.
Respecto a la pregunta del diputado Pérez Escudero sobre el proceso de elección de los vocales, creo que debe repensarse, y esa debe ser una de las funciones que deberá desarrollar el futuro Consejo General del Poder Judicial. Creo que,
debido al malestar que se ha generado, se dan las condiciones de diálogo necesarias para que eso suceda, pero también es cierto que se ha hecho como en otras ocasiones, igual, que se sabía por parte de este Congreso que había un plazo para hacerlo y
si algún grupo hubiera
deseado cambiar ese sistema de elección podía haber presentado el proyecto correspondiente y haberse debatido con el tiempo suficiente. Ahora ya es un momento en el que, dado el periodo de tiempo corto que queda, no se puede cambiar pero
debe repensarse. Y para eso yo siempre creo que es muy importante utilizar los instrumentos comparados, ver otros sistemas, ver cómo lo hacen. Considero que quizás los jueces deben elegir a sus propios representantes a través de las asociaciones
pero desde luego, como jurista, creo que me debe nombrar el Congreso de los Diputados porque la justicia también reside en el pueblo y ustedes son sus representantes. Como parte del sector de los juristas, insisto, creo que me deben seleccionar y
votar ustedes para ocupar, en su caso, el puesto de vocal en dicho consejo. Y creo que además tiene que haber una proporción importante de juristas que no sean de la carrera judicial porque los operadores jurídicos somos varios y ocupamos distintas
profesiones. Incluso se podría plantear si -y deberá estudiarse, ¿por qué no?- crear un Consejo General del Poder Judicial que englobe también a la fiscalía, porque también forma parte del Poder Judicial y, de esta manera, hacerlo más
independiente. También tienen que estar representados ahí los abogados -a través de la selección de los juristas-, los secretarios judiciales y, cómo no, también los profesores universitarios, que sobre todo en el ámbito de la formación -como ha
dicho la diputada Moro- podemos aportar, en cuanto a la modernización de la justicia, qué cursos deben darse, qué herramientas se deben desarrollar, qué medios deben utilizarse, para que esa formación sea algo que incentive y no un castigo. Y, por
otra parte, como en nuestro ámbito profesional hemos cambiado la forma de promoción y de selección, somos idóneos para extrapolar el cambio que ha habido a la hora de nuestras promociones en el ámbito universitario. Podemos aportar criterios
basados en la experiencia para que mejore ese acceso a la carrera judicial y a las promociones dentro de la carrera judicial. El sistema de acceso a la carrera judicial es objetivo pero es decimonónico. Eso de tener que repetir automáticamente una
serie de temas sin que sepamos cómo el candidato razona jurídicamente, insisto, es objetivo y es claro pero quizás debería repensarse. Creo que este Consejo General del Poder Judicial va a ser el consejo del cambio, le han dado las herramientas
para ello pactando la reforma -que se aprobó el 30 de octubre, creo recordar-, muestra del diálogo y la predisposición actual para dotar de ese anhelado pacto de Estado por la justicia, que evidentemente tendría que ejecutar este consejo. Por lo
tanto, si por la vía de la suplencia tengo que asumir el cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial, intentaría colaborar en todo lo que fuera pertinente y aportar mi experiencia.
Me preguntan si he recibido instrucciones para la elección del presidente. Ninguna. Yo estaría dispuesta a recibir información pero no instrucciones. La profesora Moro me conoce muy bien, fue mi maestra -de la cual aprendí además
muchísimas cosas- y sabe que no soy la persona idónea para recibir instrucciones pero sí estaría dispuesta a recibir información. ¿Saben por qué? Porque he tratado de buscar información sobre las personas que podrían ser idóneas para ocupar el
puesto de presidente o presidenta del Consejo General del Poder Judicial y he visto que los currículums no son públicos. Yo tengo un cierto conocimiento sobre los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por mi especialidad
investigadora, que me lleva esencialmente a seguir las sentencias de dicho tribunal, pero, por ejemplo, al resto de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo no los conozco. Inicialmente estaría predispuesta a apostar por el perfil de una
mujer como candidata a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque creo que las mujeres en este país tienen que empezar a asumir las labores de dirección y gobierno que se merecen y acreditan por
méritos. Por supuesto, consultaría todos los currículums de las personas idóneas para ocupar dicho puesto y en virtud de dicha evaluación decidiría cuál es el candidato más idóneo, o candidata en ese caso.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
¿Alguna intervención? (El señor Prendes Prendes pide la palabra). Adelante.
El señor PRENDES PRENDES: Solo quería hacer dos aclaraciones. Estoy seguro de que ha sido una confusión, un lapsus, pero mi nombre es José Ignacio Prendes, la señora Escudero es otra dignísima diputada de esta Cámara, pero evidentemente no
soy yo. Simplemente aclararle eso.
La señora PÉREZ CEPEDA: Perdón.
El señor PRENDES PRENDES: Una segunda aclaración. Desde luego, estoy de acuerdo con usted en la proporción y el equilibrio dentro del órgano de gobierno entre representantes procedentes de la
carrera judicial y juristas de reconocido prestigio, entre los que usted desde luego puede encontrarse. Estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo con lo que dice el artículo 122 de la Constitución, que es eso justamente: doce de
procedencia profesional y ocho -entre los que usted se encuentra en calidad de suplente- procedentes del mundo jurídico, operadores jurídicos y personas de reconocido prestigio en su carrera profesional. Por tanto, yo no estaba cuestionando el
concreto modelo constitucional; al contrario, le hablaba de que al final todo eso se vuelve en la elección de los veinte, no de doce más ocho como preveía la Constitución, sino los veinte con el mismo método de selección y la misma procedencia y
origen en la propuesta, que es de los partidos políticos.
Y una última precisión. Usted ha dicho que no es el momento de cuestionarse el modelo de elección del consejo y que si algún partido lo cuestionase lo que debería haber hecho es presentar una propuesta, un proyecto, una proposición de ley,
en su caso, de reforma. Quiero decirle que el partido al que yo represento, Ciudadanos, tiene presentado ese proyecto, lo ha registrado en esta Cámara y lo ha defendido por las vías institucionales que corresponden a alguien que tiene
representación en el Congreso de los Diputados. Esa proposición de ley está registrada en esta Cámara y espero que se debata en el próximo Pleno o en cuanto tengamos ocasión para ello.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir, señora Pérez?
La señora PÉREZ CEPEDA: Lamento profundamente haberme equivocado en su nombre. Sé quién es usted, discúlpeme, pero ha sido mecánico.
Estudiaré, por supuesto, la proposición que ha presentado Ciudadanos y lamento que no se haya discutido antes en el Parlamento, con el tiempo necesario, para que se hubieran introducido las mejoras a la hora de la selección.
Muchas gracias a todos y si me prestan la confianza para ser suplente del Consejo General del Poder Judicial, se lo agradeceré sinceramente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL CANDIDATO PARA LA ELECCIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL POR EL TURNO DE JURISTAS, DON JUAN ANTONIO GARCÍA JABALOY.
La señora PRESIDENTA: Sea muy bienvenido, don Juan Antonio García Jabaloy, candidato a vocal suplente a propuesta de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista y a vocal titular a propuesta del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Como sabe, don Juan Antonio, tendrá usted una primera intervención; a continuación, intervendrán los grupos políticos y, finalmente, podrá usted contestar a todo lo que se le haya planteado o hacer cualquier tipo de consideración. Tiene
usted la palabra, don Juan Antonio.
El señor GARCÍA JABALOY: Gracias, presidenta.
En primer lugar, supongo que lo que corresponde es presentarme y, sobre todo, presentar mis credenciales, es decir, mi currículum. Voy a intentar ser lo más breve posible.
Soy licenciado en derecho, provengo de la carrera judicial. Aprobé en 1990 y estuve en la Escuela Judicial. Mi primer destino fue en Barcelona en el año 1991, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde estuve asignado al
servicio de tráfico de drogas; de ahí pasé a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde permanecí hasta el año 2004 y donde ejercí en tres servicios especializados: medio ambiente, riesgos laborales y en el que más tiempo
estuve y con dedicación exclusiva durante muchos años fue en la jurisdicción de menores.
En 2004, solicité y se me concedió la posibilidad de venirme a la Audiencia Nacional que, como todas sus señorías saben, es el órgano jurisdiccional donde se llevan los delitos más graves que se pueden perseguir: genocidio, terrorismo,
criminalidad organizada transnacional y grandes delitos económicos. En la fiscalía de la Audiencia Nacional he permanecido hasta el año 2012. Durante este periodo, además de llevar los asuntos que corresponden al juzgado al que estaba adscrito,
fui punto de contacto de la Red Judicial Europea, que es la red informal de puntos de contacto a lo largo de la Unión Europea para facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros. Fui, igualmente, punto de contacto
de IberRED, que es la red informal, que tiene las mismas características que la que he citado anteriormente, pero a nivel de los veintitrés países de Latinoamérica y durante el último período, tras mi
vuelta de Eurojust -ahora lo comentaré- fui el coordinador del servicio de euroórdenes y extradiciones. Como sus señorías saben, cualquier autoridad judicial en España puede librar euroórdenes y extradiciones, pero las que recibimos, es
decir, las euroórdenes y extradiciones pasivas, se centralizan en la Audiencia Nacional. Yo estaba al cargo de ese servicio y, por tanto, era el encargado de más o menos coordinar, controlar y dar directrices sobre cómo actuar en cada caso.
Asimismo, fui también durante un breve tiempo, menos de un año, portavoz de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Y en el año 2006 tuve el honor de ser designado miembro nacional de España en Eurojust, que es la oficina de la Unión Europea
encargada de mejorar la cooperación y la coordinación judicial entre los Estados miembros en materia penal. Como digo, fui designado en el año 2006 y estuve allí hasta diciembre de 2012. Trabajé con un grupo magnífico de profesionales y, además de
facilitar la labor de las autoridades españolas competentes, jueces y fiscales en materia de coordinación cuando necesitaban o recibíamos cualquier tipo de solicitud respecto de coordinación y cooperación, estuve integrado en el grupo de terrorismo.
Debido a mi destino anterior, me encargué de la base de datos de terrorismo de la Unión Europea, era un destino lógico. Eso significa que me encargaba de controlar la entrada de esos datos, la formación y estructuración de los mismos, así como el
intercambio de dichos datos con otras organizaciones como Interpol, FBI y Europol.
Fui también miembro del grupo de relaciones externas de Eurojust, lo cual significa que estuve involucrado directamente en la redacción y firma de acuerdos de cooperación con terceros países para mejorar, como digo, la cooperación y asuntos
que se referían básicamente a cooperación en materia judicial penal. Obviamente, la firma formal es cuestión del Parlamento Europeo, pero la redacción y el visto bueno final desde el punto de vista de técnica jurídica se realizaba en Eurojust y en
ello participé. Durante el tiempo que estuve allí estuvimos trabajando en acuerdos de cooperación con Suiza, con Islandia, se cerraron también acuerdos con Estados Unidos, con Croacia, que ahora es Estado miembro y por lo tanto tiene delegación en
Eurojust y cuando yo volví estaban en fase de negociación con Rusia, con Marruecos y con Turquía. Fui también presidente del grupo de trabajo entre Eurojust y OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), lo que significa que estuve
directamente involucrado en establecer el modo de trabajo y de colaboración entre una oficina policial-administrativa como es OLAF, con la importancia que tiene en la lucha contra los delitos cometidos contra los intereses financieros de la Unión
Europea, y la parte judicial que es Eurojust. También estuve designado -esto no quería que se me olvidara- por Eurojust como experto en lo que considero que es uno de los mayores logros a nivel de cooperación judicial internacional que es el
inicio, el germen, de la fiscalía europea. Cuando yo estaba en Eurojust se inició verdaderamente lo que es el germen, los estudios para lo que hoy está diseñado y que va a entrar en vigor en poco tiempo, y estuve trabajando en el primer
reglamento/borrador del estatuto del fiscal europeo, un programa muy ambicioso dentro del programa Hércules II de la Unión Europea y que estaba liderado por la Universidad de Luxemburgo; hubo expertos de múltiples disciplinas, de múltiples países y
fui designado por Eurojust como el experto en la redacción de este reglamento.
Volví a la Audiencia Nacional y en mayo de 2016 pedí excedencia voluntaria y me incorporé al ejercicio libre de la profesión. Actualmente y desde ese momento estoy trabajando en una firma internacional de abogados que se llama DLA Piper,
una firma de abogados británico-estadounidense que tiene delegaciones en 44 países, son más de 4400 abogados y desde que entré y actualmente soy el director que coordina el departamento de derecho penal para España en esa firma.
Desde hace pocos meses soy el copresidente de la sección penal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, lo cual me ha dado una perspectiva muy rápida pero muy amplia de los problemas que existen en el mundo del derecho desde la perspectiva
de los letrados.
Por último, y para no aburrirles, señorías, mencionarles que durante el tiempo que estuve en la Audiencia Nacional y en estos trabajos que he venido desarrollando he sido designado en múltiples ocasiones como experto en Naciones Unidas,
específicamente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena, para realizar talleres, seminarios, conferencias, en Iberoamérica y en otros países para capacitar a jueces, fiscales y policías en la lucha
antiterrorista y la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. En ese sentido, he estado en muchísimos países de Iberoamérica: en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en Panamá, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en
México y en República Dominicana. Fuera de Iberoamérica he estado en Marruecos, en Argelia y en Kenia.
Eso, señorías, en cuanto a mi trayectoria profesional. Obviamente, como todos los candidatos que hemos venido, traigo una serie de propuestas o de ideas que, como decidan sus señorías, puedo exponer ahora o hacerlo después del turno de
preguntas, como ustedes decidan.
La señora PRESIDENTA: Proceda.
El señor GARCÍA JABALOY: Muchas gracias.
He traído una serie de propuestas desde dos puntos de vista: unas que, como verán, señorías, son muy prácticas, muy del día a día, de lo que considero yo que desde el punto de vista práctico se puede hacer como vocal del Consejo General del
Poder Judicial para mejorar la situación actual de la justicia en general y específicamente de los jueces y magistrados en el desarrollo de sus funciones, y otras, digamos, más institucionales.
Respecto de las primeras, y como habrán podido vislumbrar, mi especialidad es la cooperación judicial internacional y considero que deberíamos ser mucho más activos y el Consejo General del Poder Judicial tiene potestad para ello. El 560 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que tienen la potestad reglamentaria en cuanto a organización y gestión de las actuaciones de los órganos judiciales en esta materia -en cooperación judicial internacional-, eso sí, como dice el artículo
562, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pues bien, desde ese punto de vista y refiriéndome a lo que antes he dicho de Eurojust, considero que la formación de jueces y de fiscales -en este caso de jueces- en esta materia, en
qué es Eurojust y para qué sirve, ese fundamental. Es decir, durante todo el tiempo en el que yo estuve en Eurojust era una estadística continua el hecho de que España era el país más requerido, o sea, las autoridades judiciales de todos los países
de la Unión Europea requerían a España en una cantidad que a veces duplicaba lo que es normal. La explicación que se me ha venido dando es que España -saben ustedes, señorías, que esta es una explicación muy fácil- es un sitio al que por su clima y
su atractivo viene mucha gente buena y mala; es decir, que parte de las grandes organizaciones criminales tienen su delegación aquí. Pero yo también decía: tendrán su delegación aquí, pero una delegación, hay delegaciones en otros sitios también
y los verdaderos organizadores de esas organizaciones se encuentran en otros sitios. ¿Por qué las autoridades judiciales españolas no requieren de ayuda a Eurojust? Sencillamente por desconocimiento, señorías. Dentro del Consejo General del Poder
Judicial -voy a hacer muy brevemente hincapié en este aspecto- hace falta más formación. Este mundo cada vez es más complicado, desde el punto de vista del derecho cada vez es más complicado porque todo se hace mucho más complicado -las redes
sociales, las organizaciones criminales cada vez son más sofisticadas- y los jueces, como todos los operadores en esta sociedad, necesitan especialización. En segundo lugar, hace falta especialización y hace falta formación en tema de fiscalía
europea. ¿Por qué lo digo? La fiscalía europea es algo que está ya aquí, gracias a Dios va a empezar a funcionar dentro de muy poco tiempo y, como ustedes saben, señorías, el fiscal europeo puede dirigir una investigación pero el que finalmente va
a juzgar va a ser el juez ordinario predeterminado por la ley en cada uno de los países, véase España. Esos jueces que van a ser los que van a enjuiciar y fallar esos crímenes, esos delitos que están siendo investigados a nivel europeo, necesitan
obviamente una formación específica en esta materia y nos tenemos que adelantar. Ahí hace falta que el Consejo General del Poder Judicial tome medidas para que esa formación sea obligatoria, como digo, para dichos jueces.
En cuanto al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, jurisdicción universal, sé que están dando pasos y personalmente me encuentro muy satisfecho de ellos, pero el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde mi punto
de vista, necesita una reforma urgente en el sentido de volver -si no en el mismo sentido, prácticamente- a como estaba antes de la reforma de 2014. Muchos operadores jurídicos no hemos llegado a entender el porqué de esta reforma y, sobre todo, no
aquí sino desde fuera. Hemos sido siempre referentes en la lucha en jurisdicción universal, hemos sido abanderados de la lucha universal durante muchísimos años en todo el mundo y desde fuera se entiende muy poco el porqué de este cambio.
De mi época actual como letrado y copresidente de la Sección Penal del Colegio de Abogados, me he percatado de una serie de puntos en los que el Consejo General del Poder Judicial tiene mucho que decir. En primer lugar, me refiero
específicamente a un tema que está muy de actualidad pero es muy importante y es el de la violencia de género. Hace falta una especialización real de jueces y magistrados en esta materia, existe, pero el problema es en una doble vertiente.
Primero, porque la formación que existe, que funciona, no es obligatoria y debería serlo por una razón en concreto. Hay muy pocas ciudades importantes en España que tengan juzgados de violencia de género y juzgados de guardia veinticuatro horas de
violencia de género es algo absolutamente impensable. En la mayoría de las ciudades hay juzgados de violencia de género hasta las tres de la tarde y, a partir de entonces, es el juez de instrucción penal el que se encarga de estos asuntos.
Esto hay que cambiarlo porque, sencillamente, señorías, la mayoría de las demarcaciones judiciales que existen en España son solamente juzgados mixtos; es decir, no hay ningún tipo de especialización, no hay ningún juez que tenga la
especialización necesaria como para poder resolver o atender adecuadamente y con toda la eficacia este tipo de asuntos. Esto no solamente ocurre a nivel de instrucción, ocurre también a nivel de enjuiciamiento. Hay muy pocos jueces de lo penal que
tengan esta especialización. En las audiencias provinciales estas especializaciones no son como tal, es una simple asignación. Incluso en los tribunales superiores de Justicia, se puede pensar que esto no es competencia de estos órganos, pero sí
puede llegar a serlo a través de recursos o a través de aforamientos, pues tampoco existe. En ello, el ministerio público lleva una ventaja abismal. El ministerio público en España tiene una Fiscalía de Sala Coordinadora, que es la que se encarga
de marcar las directrices que se tienen que seguir por todos los fiscales en España y existen fiscales delegados y secciones de violencia doméstica en casi todas las fiscalías de las audiencias provinciales. Debería aprovecharse el Consejo General
del Poder Judicial de esa ventaja que en esta materia lleva el ministerio público.
Por otro lado, deberíamos superar -y con ello termino- esta estructura que hemos tenido hasta ahora de que violencia de género es igual a violencia de pareja porque no es así. Hay jurisprudencia menor en algunas audiencias provinciales que
impide la aplicación de la agravación de género a determinados tipos porque dicen específicamente que esas agravaciones se prevén para la violencia dentro de la pareja. Pues bien, soy firmemente defensor de lo contrario: hay que extender esa
estructura, esa violencia de género fuera. Para ello, nos tenemos que ir a algo que ya es legislación española: el Convenio de Estambul, de 2011, de lucha contra la violencia contra la mujer, que es parte de nuestro ordenamiento desde el
instrumento de ratificación de 2014, coger esos tipos que aparecen ahí y someterlos o integrarlos en la estructura de la violencia de género. Estoy hablando de matrimonios forzosos, estoy hablando de mutilación genital, estoy hablando en general de
cualquier tipo de violencia machista. Y también incluso en lo que establece la Convención de Palermo en uno de sus protocolos, en la Convención de 2000, habla de la trata de seres humanos. Bueno, pues creo que la trata de las mujeres con la
finalidad exclusiva de someterlas a esclavitud sexual debería estar incluida dentro de esta estructura de violencia de género.
Señorías, termino comentando que el artículo 416, desde mi punto de vista, sobre la dispensa de declarar de testigos y víctimas, debe ser modificado. El Consejo General del Poder Judicial debería hacer propuestas en este sentido porque creo
que no hay que confundir lo que son víctimas con testigos, y esta modificación debería abarcar un punto en concreto, es decir, esta dispensa de la obligación de declarar de la esposa, de la pareja, que es víctima, debería estar limitada en un doble
sentido, o bien desde el momento en que se persona o hay una denuncia, esa declaración debe continuar y debe ser absolutamente vigente, o bien se debe establecer un momento preclusivo como el auto de incoación de procedimiento abreviado o el auto de
apertura de juicio oral, en cuyo caso a partir de ese momento no se podría retirar la declaración dada por la víctima.
Dos minutos más, señorías, y termino. Desde el punto de vista institucional, creo que hace falta dar una imagen de la justicia más transparente, más efectiva, más dirigida y más accesible al ciudadano. ¿Qué puede hacer el Consejo General
del Poder Judicial? Y lo he venido pensando desde hace mucho tiempo y creo que, desgraciadamente, al menos personalmente, esta idea se me ha venido ratificando después de los últimos episodios que se han producido de malentendidos de fallos de
sentencias, que han producido malestar general en la ciudadanía y, lo que es más grave, una desconfianza ante la institución de la Justicia que creo que es peligrosísima. ¿Por qué no existe en el Consejo General del Poder Judicial una figura, sea
el vocal, sea el portavoz, alguien que se encargue de, cuando surgen estos problemas, dar explicaciones? Y no me estoy recibiendo, señorías, a hacer juicios de valor, sino a una información aséptica, a presentarse ante los medios y ante la sociedad
y explicar qué es lo que ha dicho el fallo, explicarlo de un modo que lo pueda entender todo el mundo, porque creo que de ese modo se evitan malas interpretaciones o interpretaciones tergiversadas e interesadas que, como dijo, redundan directamente
en una desconfianza ante el Poder Judicial; una de las instituciones más importantes del Estado, es uno de los tres pilares, lo que es peligrosísimo.
Tengo más propuestas, pero no quiero cansar a sus señorías. Discúlpenme, pero en estos temas, como es algo que veo todos los días, no tengo freno; me lo autoimpongo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Intervienen ahora los representantes de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor García Jabaloy, me ha parecido muy interesante su intervención.
Le deseo suerte porque creo que probablemente a la justicia española le hace falta una cierta mirada europea; es una opinión personal. Le haré una sola pregunta: ¿Le parece adecuado y transparente el método de elección de los miembros del
Consejo General del Poder Judicial?
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias.
No formularemos preguntas, como con el resto de los comparecientes. Simplemente quiero agradecerle su comparecencia, su participación y, por supuesto, su exposición, que he retomado en el tramo final por coincidencia con otros compromisos.
Le reitero mi agradecimiento por haber venido el día de hoy aquí.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor García Jabaloy, por su exposición y por su falta de contención, porque nos ha demostrado que tiene un profundo conocimiento de lo que es el derecho penal, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Yo quisiera preguntarle, retomando la parte final de su intervención, sobre lo que usted refería de la necesidad de transparencia en el órgano de gobierno del Poder Judicial para impedir que se produzcan interpretaciones interesadas por
parte de los ciudadanos. Yo creo que eso va en la línea de recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, una línea que nosotros consideramos absolutamente imprescindible y una de las misiones esenciales, si no la esencial, que
debería abordar este futuro consejo al que usted aspira a incorporarse. En esa línea, me gustaría preguntarle qué le parece a usted el hecho de que ese futuro consejo haya sido desapoderado de su primera decisión, la decisión que le corresponde en
su primera reunión, que es la de proponer y en su caso posteriormente elegir a su presidente, que también va a ser presidente del Tribunal Supremo, por lo tanto, es una decisión importante y crucial. ¿Qué le parece a usted el hecho de que ya
conozcamos quién va a ser esa persona, que ya conozcamos que esa persona está pactada de antemano por los líderes de los tres principales partidos, que han pactado la composición de este consejo, y que antes incluso de que ustedes sean elegidos y
formen parte de él, ya se les impone la primera y más crucial decisión del mismo? ¿Qué le parece a usted eso respecto a ese punto de la recuperación de la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y también desde el punto de vista de la
credibilidad y de la independencia que cabe predicar de ese órgano y desde luego de todos sus componentes? Me gustaría que me dijese cuál es su opinión al respecto y si usted ha recibido algún tipo de indicación explícita o implícita sobre quién
debe ser ese próximo presidente, y en su caso cuál será su actuación en caso de que sea elegido para formar parte de ese órgano.
Muchas gracias por su exposición, que ha sido interesante, y de la cual se deduce, y de su currículum, su acreditada trayectoria en el ámbito penal. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, no había tenido ocasión de agradecerle su presencia en esta Comisión, y, asimismo, al señor García Jabaloy por el esfuerzo de venir y por el esfuerzo de exponer, yo creo que con una claridad que ha sido apreciada, por lo
menos por nuestra parte, su posición con respecto al Consejo General del Poder Judicial. Ya le digo que nosotros y nosotras, también como grupo proponente que habíamos visto su currículum, apreciábamos su idoneidad con base en el mismo, idoneidad
que se ve reforzada ahora mismo por la exposición que nos acaba de hacer directamente.
Sin más preámbulos, nos gustaría plantearle alguna cuestión por si tiene usted la capacidad de contestárnosla o de hacer alguna reflexión. Entre esas cuestiones que quisiéramos someterle está si usted cree que habría que reformar el acceso
a la carrera judicial de alguna manera y en qué sentido o qué proyecto en su caso -porque esto estaría relacionado- habría para la Escuela Judicial en materia de formación continua. Ese sería un proyecto o un planteamiento a futuro por parte del
consejo, así que nos gustaría conocer su opinión.
Con respecto a otro tipo de cuestiones, nos gustaría saber -si es que la tiene- alguna opinión sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial recientemente aprobada en esta Cámara el día 30 octubre, y cómo cree usted, en definitiva,
que debe garantizarse la designación de altos cargos judiciales por principios de mérito, capacidad, paridad, transparencia, etcétera.
Sin más, le reitero mi agradecimiento y el de nuestro grupo por su exposición.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor García, en nombre de mi grupo, le agradezco la exposición que usted ha hecho esta mañana, en la que hemos podido comprobar a nuestro juicio la idoneidad para poder ocupar este puesto en el Consejo General del Poder Judicial. Y sí me
gustaría plantearle un par de cuestiones. En primer lugar, señor García, me gustaría preguntarle si usted piensa que puede verse condicionada su legitimidad formando parte del Consejo General del Poder Judicial por el hecho de haber sido designado
por este Parlamento, tal y como recoge la Constitución y todos bien sabemos. Insisto, el hecho de que sea este Parlamento quien lo designe, ¿le puede suponer a usted un condicionamiento en su legitimidad? ¿Entiende usted que la ciudadanía lo puede
entender así?
Otra cuestión al hilo de lo mismo, el hecho de que sea este Parlamento quien le designe, ¿cree usted que le puede condicionar en cuanto a ejercer sus funciones de manera independiente? ¿Cree que la ciudadanía puede entenderlo así, que puede
usted verse mermado en cuanto a su independencia en las funciones que va a desarrollar si termina siendo designado? ¿Y cómo podríamos explicar a la ciudadanía que esto no se produce en caso de que usted entienda que no se va a ver afectada su
legitimidad para desempeñar sus funciones ni la independencia que todos le presumimos?
Al hilo de lo que los ciudadanos puedan ver y entender, que era una de las últimas reflexiones que usted nos hacía y una de las últimas aportaciones, más allá de lo que usted nos apuntaba, que era crear la figura de una especie de portavoz o
algo similar que pudiera explicar algunas de las decisiones del consejo, ¿qué otra medida cree usted que puede servir para que los ciudadanos entiendan que avanzamos en la independencia del Poder Judicial, al menos en entenderla por parte de la
ciudadanía, sobre todo respecto de la tutela judicial efectiva de las ciudadanas y los ciudadanos de este país y de lo que usted bien decía, sobre algunas sentencias, algunos autos e incluso algún voto particular que ha suscitado muchísima polémica,
controversia y mucha crítica por parte de la ciudadanía y de grupos políticos como los que aquí estamos representados? ¿Qué piensa usted que podemos hacer? ¿Qué puede hacer el Consejo General del Poder Judicial e incluso este Parlamento con las
funciones que tiene para que la ciudadanía entienda que está más que garantizada su tutela judicial efectiva? Estas eran las tres cuestiones que quería plantearle.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moro Almaraz.
La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor García Jabaloy, y muchas gracias por su exposición.
Es indudable que su perfil habla por sí mismo, lo hemos comentado esta mañana aquí, al hilo de otras preguntas que ahora no se han formulado y que algunos grupos parlamentarios planteaban. Quienes hemos avalado su propuesta tendríamos que
explicar por qué la hemos avalado, pero creo que quien mejor lo hace son ustedes mismos. Por tanto, su perfil me parece extraordinario no solo por su procedencia de la carrera fiscal, sino por las múltiples ocupaciones que usted ha desempeñado y
muy bien y ese perfil que le ha llevado a hacer sugerencias en materia de cooperación internacional me parece muy adecuado.
Fíjese en que nuestro grupo parlamentario solicitó, y está pendiente, que el actual representante de la Delegación Española de Eurojust viniera a presentar la memoria a la Comisión de Justicia. Han sido precisamente las tareas ingentes de
la Comisión de Justicia lo que seguramente ha llevado a que esa comparecencia no se produzca, pero creíamos, y lo seguimos pensando después de escucharle a usted, que esta Cámara también tiene que colaborar muy decididamente a que esas materias, y
lo hacemos también en las propuestas al Consejo General del Poder Judicial en temas que usted abordado, tienen que calar, como han calado otros temas en materia de formación tanto en el acceso como con posterioridad.
Usted ha puesto de manifiesto también algunas cuestiones que deberían ser necesarias en materia de violencia de género como la formación obligatoria. Creo que eso nos congratula a quienes hemos participado en las últimas reformas en la
Comisión de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial porque en esa línea hemos incorporado la obligatoriedad de la formación en materia de violencia de género, toda ella vinculada a los principios constitucionales de igualdad y no
discriminación, la especialización y el valor de especialización.
Usted también ha planteado otras cuestiones sobre las que hay que formar a los jueces y precisamente en el tema de la cooperación internacional. Al hilo de ello, al margen de agradecerle y felicitarle por su intervención y por su grado de
conocimiento y por su entusiasmo, me gustaría que me dijera, si lo estima oportuno, si no le parece a usted que ya es una necesidad imperiosa que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el modelo de investigación. No vamos a resolver los
problemas o las distorsiones que se producen en este momento, y mucho más con el desarrollo pleno de la fiscalía europea, si seguimos con este modelo parcheado de otros siglos y que ustedes los profesionales demasiado bien resuelven en el día a día.
Es necesaria la formación, como usted ha dicho, a los jueces, yo creo que sí, es necesaria la formación en general a los operadores jurídicos en otro escenario y, por tanto, en otros instrumentos, pero si seguimos con una ley parcheada y que
responde a un modelo diferente, ¿usted no cree que vamos a seguir teniendo muchos más problemas y que precisamente esa necesidad llevaría a que abandonáramos otras cuestiones y nos dedicáramos de lleno a incorporar un buen instrumento normativo?
Estoy de acuerdo con usted en lo que ha planteado sobre la mayor comunicación del consejo y la transparencia. Creo que hace dos días recibíamos un seminario de jueces y magistrados y nos planteaban la necesidad de hacer pedagogía. Creo que
esta Cámara y el consejo tienen que contribuir firmemente a la pedagogía y a la comunicación. Por eso también hemos incorporado en las últimas reformas un paso más en que haya unas relaciones fluidas entre el consejo y esta Cámara, donde se
encuentran los representantes de la soberanía popular, y además invitábamos -yo ahora me permito hacerlo aquí, y no sé qué le parece usted- a los medios de comunicación a que participaran en una especie de tripartito, en un ámbito que podría ser una
futura propuesta del propio Consejo del Poder Judicial en materia de formación, de transparencia y de pedagogía. Es verdad que es muy duro explicar a los ciudadanos un determinado procedimiento, a veces muy enrevesado, pero sin duda informar a
tiempo, el que también a los informadores les facilitemos desde las Cámaras y desde el consejo cuáles son las explicaciones ayudaría a una mejor formación de la opinión pública. Al menos, si pudiera ampliar después esas cuestiones, se lo
agradecería mucho.
Le reitero nuestro agradecimiento por participar en el proceso, porque algunos piensan que es fácil y no lo es. Por tanto, se lo agradecemos desde mi grupo parlamentario.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra don Juan Antonio García Jabaloy.
El señor GARCÍA JABALOY: Con la venia, señora presidenta.
Respecto a la primera pregunta, que supongo que es una pregunta recurrente, y máxime después de todo lo que viene sucediendo en la prensa, sobre el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, partamos de la
base de que todo en esta vida es susceptible de mejora, obviamente, pero también tenemos que partir de la base de que tenemos un diseño constitucional de qué es el Consejo General del Poder Judicial y cómo se nombran sus vocales. Es cierto que
también tenemos avisos del Consejo de Europa diciendo que hay que modificarlo de algún modo, pero yo creo que lo que es en abstracto la idea de cómo está constituido el Consejo General del Poder Judicial no es absolutamente equivocada. Es decir,
hay vocales de extracción judicial, y se podría ver si ese sistema en el que primero se presentan con los avales, luego hay una bolsa de cincuenta y uno y de esos cincuenta y uno se eligen
los que finalmente se van a presentar, puede ser depurado o puede ser modificado de modo que haya más transparencia, pudiera ser. Pero lo que creo que está perfectamente diseñado y funciona bien es que, por un lado, está una mayoría de
jueces y una minoría de juristas lo dice la Constitución y en nuestro derecho comparado básicamente en todos los países es así y el que sean elegidos finalmente por el Parlamento yo creo que les dota de una extralegitimidad. Es decir, estamos
hablando del órgano en el que reside la soberanía popular. Yo creo que sí es susceptible de mejora, pero, como digo, a grandes rasgos el sistema de elección no es equivocado.
Respecto a la pregunta que ha formulado el diputado y vicepresidente, señor Prendes, sobre qué opino del hecho de que el nombre del presidente del Consejo General del Poder Judicial haya aparecido antes incluso que el nombre de los vocales,
no puedo decir otra cosa más que ha sido un desacierto. No debería haberse producido. Está establecido perfectamente cómo debe ser el trámite, cómo se deben proponer los vocales, cómo deben pasar por el filtro del Parlamento, cómo deben ser
elegidos por el Parlamento y cómo en la primera reunión deben votar sobre quién tiene que ser el presidente. Eso es lo que debe suceder. No ha sucedido así. Es difícilmente entendible para la ciudadanía, no puedo decir otra cosa. Desde el punto
de vista de los operadores jurídicos, podemos llegar a entender que una persona con esa trayectoria profesional, ese bagaje y esa autoridad puede ser perfectamente el candidato idóneo para ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial,
pero -lo vuelvo a repetir- el hecho de que su nombre se filtre me parece un desacierto.
¿He recibido instrucciones? No he recibido instrucciones. En toda mi carrera profesional no he recibido instrucciones y, si las hubiese recibido, me las habría tomado como simple información. Por ejemplo, yo voy como vocal suplente, pero
los vocales a los que les corresponda estar el día de la votación del presidente del Consejo General del Poder Judicial supongo -y no tengo ninguna duda- que actuarían como yo, es decir, tendrían previamente todos los currículums de los candidatos
encima de la mesa, los valorarían y, basándose en esa valoración, realizarían su voto.
El señor diputado de Podemos me ha preguntado sobre si considero adecuado el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Obviamente, no, por un motivo en concreto: es impensable que en el siglo XXI se esté realizando un sistema de
oposición igual básicamente -con algunos cambios- al de los años sesenta o setenta. Es poco práctico que a un opositor le hagan aprenderse de memoria 325 o 375 temas y que, además, tenga que recitarlos en un periodo de tiempo muy corto porque, si
no, tampoco vale. Yo creo que hay que cambiar ese sistema. Lo digo porque lo he sufrido en carnes propias y desde el principio -hace veintiocho años que aprobé la oposición- he dicho lo mismo. Esto hay que cambiarlo. Hay otros modos de asegurar
que quien oposita y supera una oposición tenga conocimientos suficientes como para ejercer de juez o fiscal sin necesidad de realizar ese ejercicio memorístico y, además, con unas determinadas pautas; los preparadores te lo dicen: en veinte
minutos hay que explicar la Ley hipotecaria y si se llegas a veintiuno ya la has fastidiado. Sí, hay que cambiarlo, estoy completamente de acuerdo con usted.
No se me ha olvidado hablar de la formación continua, era otra de la batería de propuestas que tenía, pero para no agotar a sus señorías no la he mencionado. Hace falta una formación continua, sobre todo en un ámbito fundamental -y vuelvo a
lo que ya he comentado-, el internacional. Los jueces tienen que tener una formación continua en materia de idiomas, en un segundo y tercer idiomas. En ciudades como Madrid o Barcelona sí existe la posibilidad de tenerla porque en el Consejo
General del Poder Judicial se dan clases a las que pueden asistir jueces y magistrados. Pero ¿qué pasa en Guadalajara o en Soria? También hay jueces y magistrados que en algunos momentos tienen necesidades de comunicarse con sus compañeros que
están en la República Checa o en Reino Unido. Y yo, por mis seis años en Eurojust y por los momentos en los que he estado de punto de contacto en la Red Judicial Europea, me he dado cuenta de algo básico: los jueces y fiscales de fuera de España
hablan un segundo idioma sin ningún tipo de problema, que es el inglés; a partir de ahí, muchos más. Los jueces españoles y los italianos, no. Esto hay que cambiarlo. Muchas veces te encuentras en condiciones de inferioridad precisamente porque
no dominas un idioma. No es lo mismo hablar con un compañero en materia de coordinación si dominas el idioma en el que estás hablando que si tienes un traductor al lado. Creo que la formación continua en ese aspecto es fundamental.
En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la del 30 de octubre, si a lo que nos referimos es a si considero adecuado el hecho de que hayamos vuelto al sistema anterior en el que los veinte vocales tenían una dedicación
exclusiva, les digo que sí, creo que sí, objetivamente, sí. No entendía del todo, y creo que como yo muchísimos jueces y fiscales, cómo era posible que un vocal del Consejo
General del Poder Judicial pudiera ser abogado, pudiera estar ejerciendo en los tribunales o fuese un juez de instrucción de Tenerife, por ejemplo. La posición institucional que tiene un vocal del Consejo General del Poder Judicial muchas
veces podría si no chocar, rozar con las actuaciones habituales que realizan un abogado, un juez o un fiscal. Ese aspecto de la reforma me parece adecuado.
Sobre si me parece bien el hecho de que el Parlamento decida que soy idóneo o no lo soy para desempeñar esta función, vengo a decir lo que he dicho antes: no solamente no considero que esté condicionada mi legitimación sino que considero
que está reforzada. Y lo vuelvo a decir, esta es la sede de la soberanía popular; si el órgano donde reside la soberanía popular decide que soy adecuado para ejercer esa función, ¿quién mejor lo va a decir?
Me han formulado una gran pregunta, ¿cómo puede ser que una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX continúe en vigor y, por tanto, el sistema de investigación e instrucción continúe en vigor? No lo entiende prácticamente nadie, y va a
tener que cambiar precisamente por algo que he dicho antes. La fiscalía europea se va a poner en funcionamiento y va a tener un sistema de investigación completamente distinto a la instrucción tradicional en España y el juez ordinario
predeterminado por la ley en España va a tener que juzgar esos delitos. ¿Se va a tener que enfrentar entonces el juez a dos sistemas de instrucción completamente distintos? No es lógico.
Otra cosa que les quería comentar antes en relación con esto es la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el establecimiento de plazos. No tengo ninguna duda de que se puso en vigor con la idea de que las
dilaciones en el desarrollo de la instrucción desaparecieran, pero en la práctica habitual, en la práctica de todos los días se ha demostrado que eso no es así. No es así y se están produciendo muchos archivos por el transcurso del plazo y por la
sobrecarga que llevan los jueces y los fiscales en los procedimientos. Se menciona la tutela judicial efectiva como la base para el funcionamiento, es decir, el investigado tiene derecho a que su proceso funcione adecuadamente y a que en poco
tiempo, sin dilaciones indebidas, se llegue a una resolución, pero no vemos la otra parte, es decir, que la tutela judicial efectiva funciona o pivota de dos modos: desde el punto de vista del investigado y desde el punto de vista de la víctima y
de los perjudicados. Lo digo porque ese tipo de dilaciones se solucionarían no con la derogación del artículo 324, sino con un sistema de instrucción distinto en el que el fiscal asumiera el papel de la investigación pero no en la instrucción; no
se trata de repetir la instrucción que se está haciendo en un juzgado de instrucción sino de acortar plazos al mínimo, recopilar lo mínimo e irse directamente al juicio oral, que es donde realmente se valoran las pruebas. Así es como se evitarían
las dilaciones indebidas. Por tanto, coincido con usted.
Se me han olvidado, señoría, las dos últimas preguntas, porque he tomado unos apuntes aquí y no sé lo que he puesto. Si me las puede volver a repetir, intentaré contestárselas.
La señora PRESIDENTA: Señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Sí, muy brevemente.
Le hacía una pregunta, al hilo de su última aportación, sobre lo adecuado que sería, a su juicio, que hubiera una figura similar a un portavoz para que pudiera explicar a la ciudadanía alguna de las sentencias que generan cierta
controversia. La pregunta que le hacía era: ¿Cómo desde el consejo pueden hacer entender a la ciudadanía que se está cumpliendo con el principio de tutela judicial efectiva cuando se dan sentencias, autos o incluso votos particulares que levantan
cierta polémica e incluso críticas más que razonadas por parte de la sociedad y de sus representantes políticos? Esa era la cuestión que le planteaba.
La señora PRESIDENTA: Señor García Jabaloy.
El señor GARCÍA JABALOY: Muchas gracias, señoría. Muy brevemente.
La figura del portavoz del Consejo General del Poder Judicial es una figura que existe. Por tanto, podría ser utilizado ese vocal para la propuesta que les he lanzado, para explicar en ese tipo de situaciones difíciles de entender para la
ciudadanía qué es lo que ha pasado. Eso ya existe, pero nunca se ha puesto en práctica, al menos que yo recuerde.
¿Cómo explicar mejor a la ciudadanía que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano en el que pueden confiar como órgano de gobierno de los jueces? Yo creo que en la práctica diaria, directamente, haciendo eso que he dicho
anteriormente: cuando haya un problema y se detecte que la ciudadanía no ha entendido bien lo que está pasando, es el momento de que el portavoz o quien sea del Consejo General
del Poder Judicial salga a explicarlo. Y me reitero en lo que he dicho antes: esto no significa bajo ningún concepto hacer ningún tipo de valoración de la sentencia ni ningún razonamiento de esta, sino sencillamente explicar con palabras
llanas lo que exactamente ha sucedido. Hay que partir de la base de que las personas que estamos relacionadas con el mundo del derecho entendemos un lenguaje que no es el lenguaje del ciudadano normal. Muchas veces el ciudadano normal no entiende
los fallos o lo que ha pasado en una sentencia sencillamente porque no entiende el lenguaje, pero si se lo explica alguien de otra manera sería capaz de entenderlo.
La señora PRESIDENTA: Damos las gracias a Juan Antonio García Jabaloy por sus intervenciones. (Pausa).
- DE LA CANDIDATA PARA LA ELECCIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL POR EL TURNO DE JURISTAS, DOÑA ESTHER PALMÉS BOSCH.
La señora PRESIDENTA: Continuamos con las comparecencias de candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Doy la bienvenida a doña Esther Palmés Bosch, candidata a vocal titular a propuesta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Como sabe, según el formato de estas comparecencias, interviene usted en primer lugar para exponer lo que considere oportuno; a continuación, intervienen los grupos parlamentarios y, finalmente, tiene una segunda intervención para contestar
a las cuestiones que se le hayan enunciado o preguntado y también para hacer las consideraciones que estime a mayores.
Muchas gracias. Tiene la palabra.
La señora PALMÉS BOSCH: Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
En primer lugar, quiero agradecerles haberme concedido venir a proponer mi candidatura y a explicarles quién soy, qué es lo que hago y qué es lo que podría aportar como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Yo sé que tienen ustedes
conocimiento de mi currículum, pero creo que en él no he dado una explicación suficiente sobre cuál es mi trayectoria profesional, que es la que de alguna forma provocaría mi candidatura, provocaría que yo me estuviera postulando para esa plaza de
vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Soy una abogada penalista, una simple abogada penalista, y tengo mi vertiente académica y docente, ya que, además de compaginar mi ejercicio profesional diario, imparto clases en distintos másteres tanto del Colegio de Abogados de Barcelona
como de la Universidad de Barcelona, pero creo que mi mayor aportación en este caso estaría en relación con mi propia trayectoria profesional. Estudié derecho en la Universidad de Barcelona y finalicé en el año 1987, colegiándome en ese mismo año.
Desde entonces mi dedicación exclusiva lo ha sido en relación con el derecho penal. Incluso antes de terminar mi carrera, con diecinueve años, ya empecé a trabajar en el despacho de mi tío, que era un reputado penalista en Barcelona, y en ese
despacho lo primero que me pidieron fue una lectura de la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, una vez analizada la exposición de motivos, la formulación de mi primer recurso de casación. Así lo hice, y desde entonces
podría decir que mi pasión por el derecho penal es absolutamente vocacional.
Al inicio de mi carrera hice todos los cursos de habilitación necesarios para poder ejercer en los distintos turnos de oficio, tanto en violencia de género como tribunal del jurado, menores, vigilancia penitenciaria, y pasé a ser socia de
una forma bastante rápida en ese despacho dedicado al derecho penal. A partir del año 2000 monté mi propio despacho; un despacho pequeño, muy personalista, muy artesano, en el que llevo toda clase de asuntos y en el que defiendo asuntos en todas
las instancias del derecho penal. Debo decirles que, además de haber defendido procedimientos más grandes o más pequeños en tribunales de todo el Estado español -audiencias provinciales, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional, Tribunal togado militar-, a fecha de hoy, después de treinta años de ejercicio, aún sigo inscrita en el turno de oficio penal. ¿Por qué? Digamos que la trayectoria habitual es que cuando uno ya lleva muchos años de ejercicio y
tiene su propio despacho deja de lado el turno de oficio; pues bien, yo debo decir con mucho orgullo que no solo soy abogada sino que soy abogada del turno de oficio, porque entiendo que es un servicio que debe prestarse a la ciudadanía y que va
mucho más allá de defender a un cliente como cualquier otro, puesto que el turno de oficio se destina a defender el derecho de los más desfavorecidos. Por tanto, entiendo que el turno de oficio es un servicio público, que
es necesario y que, además, es imprescindible para cualquier Estado de derecho. Por eso entiendo que lo que podría aportar como vocal del Consejo General del Poder Judicial sería mi conocimiento directo del día a día de los juzgados, del
día a día de los justiciables y, además, de los justiciables más desfavorecidos.
Hablando de tribunales, además de haber actuado ante todas esas salas que les he dicho -audiencias provinciales, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional- entiendo que también es importante el conocimiento que he tenido
a lo largo de todos estos años de los juzgados de a pie, de los juzgados de instrucción, de esos juzgados mixtos de instrucción y primera instancia que son normalmente los primeros destinos de los jueces justo cuando han terminado la Escuela
Judicial, esos juzgados en los que podemos percibir las carencias más importantes que tiene nuestra Administración de Justicia. Esa podría ser una aportación de quien les está hablando en este momento.
Dicho esto, quería hablarles también de una faceta institucional, porque siempre he estado muy vinculada al Colegio de Abogados de Barcelona. Ya desde el principio, en los primeros años fui nombrada secretaria de la sección de penal del
Colegio de abogados de Barcelona; esta sección, para situarla, cuelga de la Comisión de cultura del Colegio de abogados de Barcelona y se dedica a organizar la formación continuada de dicho colegio. Fui vocal de esa sección, fui secretaria de esa
sección y he sido diputada de la Junta de gobierno del Colegio de abogados desde el año 2014 al año 2017. Como diputada de la Junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona tenía varias áreas de responsabilidad. Mi responsabilidad
principal era el área de formación, tanto la formación inicial como la formación continuada y la formación especializada. Debo decirles que eso suponía organizar todos los másteres, todos los cursos, todas las jornadas y todas las conferencias que
se dieran en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Estamos hablando del orden de 30 000 matriculaciones anuales, es decir que, como institución, el Colegio de abogados de Barcelona es un referente a nivel de formación por la calidad y la
cantidad de la que imparte. Como responsable de formación, durante cuatro años me ocupé no solo de la formación penal, sino también de la formación en todos los ámbitos y en todas las jurisdicciones. Además, fui responsable durante estos cuatro
años de la Comisión de defensa de los derechos de la persona y del libre ejercicio de la abogacía, también fui responsable de la Comisión de drogas, de la Comisión de mujeres abogadas, que es una comisión muy activa, y de la Comisión de los derechos
de los animales, pues el colegio de Barcelona fue el pionero en crear esta Comisión de derechos de los animales, que también tiene su vertiente de formación.
Como representante del Colegio de la Abogacía de Barcelona, delegada directamente por el decano, intervine durante estos cuatro años en el Consejo asesor para la prevención de la tortura del Síndic de Greuges de Cataluña. También asistí a
los consejos de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona e intervine en las reuniones mixtas que se llevaban a cabo entre el Colegio de abogados y las distintas instituciones de la Administración de Justicia -Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, cuerpos policiales, etcétera- para regular y ordenar de alguna forma las relaciones entre los abogados y estas instituciones de las que hablamos. Por tanto, formé parte también de lo que se llamaba la Comisión de relación con la
Administración de Justicia en las reuniones periódicas con estas instituciones. Además, formé parte del comité técnico que, juntamente con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fundación Vicki Bernadet y el Centre d'Estudis Jurídics,
dependiente del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, trabajó durante dos años sobre un protocolo en relación con el tratamiento de abusos sexuales a niños y adolescentes, haciendo distintas jornadas destinadas tanto a fuerzas
policiales como a jueces y otros operadores de la justicia y, evidentemente, a abogados. Esta sería mi relación con las instituciones.
Por último, la trayectoria docente -ustedes ya han podido ver mi currículum- es una dedicación al ejercicio práctico del derecho penal. He dado numerosos cursos, he intervenido en numerosos másteres y a día de hoy estoy interviniendo como
profesora en el Curso de especialización en violencia de género que imparte el colegio de Barcelona, que es el curso obligado que habilita para que los abogados puedan entrar en el turno de oficio de violencia de género, que es un turno de oficio
específico. Imparto clases en este curso de especialización desde el año 2009. Imparto también clases en la Universidad de Barcelona, en el máster de acceso a la abogacía, en litigación penal, y actualmente formo parte del comité científico del
máster de Abogacía Penal del Colegio de Abogados de Barcelona; imparto clases y además formo parte del comité científico.
Como he dicho al principio, ¿qué puedo aportar? Entiendo que puedo aportar mi experiencia de treinta años del día a día en los juzgados, en toda clase de juzgados, en mi relación con los jueces, evidentemente fundamental, pero también con
los ciudadanos y con el justiciable en relación con la Administración de
Justicia. Puedo aportar también mi experiencia docente en esa vertiente eminentemente práctica que les he indicado, puesto que los cursos en los que imparto clases -tanto en la universidad como en el propio Colegio de abogados- tienen una
vertiente práctica para el ejercicio de la profesión muy importante. En definitiva, también puedo aportar mi voluntad de servicio a la sociedad.
Cuáles serían en líneas generales las ideas que tengo en relación con lo que debería ser el Consejo General del Poder Judicial. Entiendo que deberíamos garantizar la auténtica independencia del Consejo General del Poder Judicial,
protegiendo a los jueces y a las juezas de las injerencias tanto políticas como mediáticas; es decir, tiene que haber una efectiva protección de la independencia de los jueces, porque una justicia verdaderamente democrática pasa por defender esa
independencia de los jueces frente a los ataques de distintos intereses ajenos a la propia Administración de Justicia.
En segundo lugar, creo que debería existir una revisión del sistema de inspección en relación con las responsabilidades de los jueces y las juezas. Hay que evitar que esas inspecciones se conviertan en una especie de inquisición dictatorial
y procurar que exista una máxima transparencia y máximas garantías para los sometidos a esas inspecciones y a esas diligencias informativas, jueces y juezas.
También desearía invertir mis esfuerzos en que el Consejo General del Poder Judicial fuera más plural, más paritario y más representativo, con una empatía por parte del consejo no solo con los propios jueces sino también con los ciudadanos.
Creo que eso pasaría por una mayor y mejor comunicación con los ciudadanos sobre qué es el consejo, qué hace, cuál es su función y cómo se desarrolla. Por tanto, tendría que haber una mayor y mejor comunicación con la ciudadanía y, evidentemente,
una transparencia escrupulosa, y supongo que en esto estamos absolutamente todos de acuerdo.
Finalmente, en relación con la formación de los jueces, quiero señalar la importancia de la formación continuada, que debería ser obligatoria y transversal y debería contener no solo conocimientos de derecho sino también conocimientos de
otros tipos de habilidades o competencias que vayan más allá del propio derecho.
Este ha sido el contenido de mi comparecencia. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, por su intervención.
Intervienen ahora los representantes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Moltes gràcies por la seva comparexeinça. No voy a formularle ninguna pregunta, simplemente quiero expresarle mi agradecimiento por haber comparecido aquí, por haber intentado dar una visión desde las instancias más pequeñas para darle un
nuevo aire al Consejo General del Poder Judicial.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, señora presidenta.
Tampoco formularemos preguntas desde este grupo parlamentario. Simplemente quiero agradecer su comparecencia en el día de hoy y, como también he comentado a las otras candidatas que han comparecido, transmitir que estamos contentas de que
sean mujeres las que se postulen para este tipo de cargos. Es importante que las mujeres se visualicen, que las mujeres rompan con los estereotipos, sean valientes y desarrollen esa inquietud de ocupar cargos de gran responsabilidad, porque es
importante que estemos en todos esos cargos.
Le reitero mi agradecimiento por su presencia hoy aquí y le deseo mucha suerte.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señora Palmés. Le agradezco especialmente la defensa que ha hecho usted de los abogados del día a día, de a pie, especialmente del turno de oficio, que al final son la garantía más básica de que todo ciudadano tiene derecho
a la defensa, que forma parte de uno de los derechos fundamentales, y que muchas veces desarrollan su tarea en condiciones muy difíciles. Estoy completamente de acuerdo con usted en ello. Usted viene de ejercer la abogacía en Barcelona desde hace
años y quería preguntarle
sobre una cuestión que está sucediendo ahora mismo allí, que conocemos por los medios de comunicación y que, además, afecta a algo a lo que usted ha hecho referencia, que es la necesidad de proteger a los jueces y juezas de las injerencias
políticas -ha dicho- y mediáticas frente a ataques de distintos intereses. Se están produciendo unos ataques muy concretos a jueces, magistrados y fiscales que están trabajando en Cataluña y que vienen en muchos casos de sectores que han planteado
la segregación de Cataluña. Conocemos la existencia de, entre comillas, un éxodo judicial que se está produciendo desde Cataluña. Hoy mismo en la prensa aparece constatado el abandono de cuarenta y tres jueces en el último año de sus destinos en
Cataluña, que se han marchado fuera porque el desempeño de esa profesión ahora mismo allí es complicado. En ese sentido, me gustaría que nos explicase, dado que el órgano al que usted se pretende incorporar tiene como misión esencial precisamente
la protección de la independencia del Poder Judicial y la protección a los jueces y magistrados en su tarea diaria, primero, qué consideración le suponen esos ataques a la labor y a la tarea de los jueces y magistrados en Cataluña y, segundo, qué
medidas desplegaría usted para protegerles adecuadamente contra esas actuaciones.
Quisiera hacerle una pregunta muy directa que espero que se entienda. ¿Tiene usted alguna vinculación con algún partido político o con alguna organización política, bien ahora, en el presente, o en el pasado? Lo digo por conocerlo, no
porque eso le inhabilite, sino porque es bueno que conozcamos las referencias y las procedencias de las personas que son propuestas como vocales para un órgano tan importante como el consejo. Le haré una última pregunta. Hemos conocido, a través
de los medios de comunicación, que la primera decisión que debe tomar este futuro consejo ya está tomada, ya está decidida por los líderes de los partidos políticos que han pactado la composición de este órgano. Antes incluso de que estén elegidos
formalmente los futuros vocales, ya sabemos quién presidirá el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Me gustaría preguntarle qué opinión le merece, si cree que esa es la manera de recuperar la confianza de los ciudadanos en este
órgano de gobierno del Poder Judicial y si eso no puede suponer ahondar más todavía en el descrédito en el que ha incurrido el Poder Judicial en los últimos tiempos frente a la ciudadanía. Quisiera conocer qué opinión le merece y, en todo caso, si
usted ha recibido alguna directriz o alguna recomendación respecto a quién debería ser la persona encargada de dirigir ese órgano y también de presidir el Tribunal Supremo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Benvinguda, moltes gràcies. En primer lugar, por supuesto, deseo agradecerle su presencia y su exposición. A veces no es fácil hablar de uno mismo -una misma en este caso-, postularse y explicar un currículum. Quiero que sepa por qué la
hemos propuesto, y quiero que lo sepa porque quizás así ahorra algunas respuestas. En su currículum y en su actividad profesional, usted aúna una serie de características que presuponen, que hacen presuponer la independencia y la pluralidad. Tiene
usted la pluralidad en los genes porque toca muchísimos palos: primero, es mujer; segundo, digamos que es diversa en términos territoriales, lingüísticos, etcétera; y tercero, dentro de su trayectoria profesional usted ha demostrado la capacidad
de adaptación que supone el ejercicio de la abogacía, de esa justicia con letra pequeña con la que algunos a veces empatizamos más allá de las grandes líneas, pero también esa capacidad gestión que usted ha relatado en el propio Colegio de
Barcelona, que no es ninguna broma, y a su vez esa pata académica que también supone una capacidad de reflexión sobre ese día a día un poquito más allá de lo que es el ejercicio diario y cotidiano. Esas son las razones por las que ya le adelanto -y
era de suponer por nuestra proposición- que estamos a favor de su idoneidad para que se considere candidata al Consejo General del Poder Judicial, entendiendo que usted desde esa pluralidad en sí misma puede aportar la pluralidad a un órgano que tan
necesitado está de otras visiones y otras miradas sobre, en este caso, el ejercicio de la abogacía en condiciones de defensa de quienes menos tienen.
Dicho eso, adelantándole ya nuestra postura, también quisiera hacerle algunas consideraciones por si puede contestarlas o nos da su opinión sobre las mismas; consideraciones que vamos repitiendo a lo largo de estas comparecencias. En
primer lugar, intentamos recabar su opinión sobre cómo valora la reforma que esta misma Cámara ha hecho el día 30 de octubre sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, especialmente sobre el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y
algunas otras cuestiones que corresponden al funcionamiento del mismo órgano. Y si cree usted que habría que reformar el sistema
de acceso a la carrera judicial, si habría que reformar el sistema en materia de formación continua de la propia Escuela Judicial en relación con jueces, magistrados y también la fiscalía, y cómo cree usted que debiera desarrollarse el
sistema de designación de altos cargos en la carrera judicial para garantizar lo que todos y todas estamos pidiendo en este momento: la transparencia, la paridad y, sobre todo, las características de quien accede allí por mérito y capacidad.
Sin más, le doy nuevamente las gracias por su comparecencia y su intervención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Palmés, le agradezco su exposición y que haya querido optar a formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Quisiera plantearle alguna cuestión. Sabe usted que ha suscitado cierta polémica -y que alguno de los miembros de
esta Comisión también lo ha planteado de forma indirecta- el hecho de la elección de los vocales. Quisiera preguntarle si ve usted condicionada su legitimidad para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o entiende que esta puede ser
menor por el hecho de ser designada por el Parlamento, si finalmente lo fuera. ¿Cree usted que esa designación puede influir en la independencia de los vocales del consejo? En la suya queremos presumir que no, evidentemente, pero ¿cree usted que
puede influir esa elección por parte del Parlamento en la independencia de quienes lo conforman? ¿Y cómo podría explicarle a la ciudadanía que el método de elección a través de este Parlamento, recogido en la Constitución, no significa o no tiene
por qué suponer perder la independencia ni carecer de legitimidad? ¿Cómo podría explicar esta cuestión a los ciudadanos?
También me gustaría preguntarle por dos cuestiones que usted ha planteado, señora Palmés. Usted hablaba del turno de oficio y me gustaría preguntarle: ¿Qué cree que puede hacer el consejo o qué propondría usted si forma parte del mismo
para reforzar el turno de oficio? ¿Qué cree que se podría hacer desde el consejo y qué podría usted aportar? De igual manera, usted hablaba de carencias en la Administración de Justicia y podemos coincidir en muchas de ellas. Usted hablaba de que
su mayor contacto con los juzgados de Primera Instancia e Instrucción le hace ver algunas de estas carencias. Me gustaría que me destacara algunas de ellas, las principales para usted, y cómo podríamos trabajar para corregirlas, tanto desde el
consejo, que es el órgano que tiene que velar por el gobierno de jueces y de juezas, como desde esta institución, el Parlamento, que nos toca legislar y, en la medida de lo posible, mejorar la Administración de Justicia.
En último lugar, hay sentencias, autos e incluso votos particulares que suscitan cierta controversia y polémica en la ciudadanía. Usted hablaba en parte de eso, de cómo explicar mejor la Administración de Justicia a los ciudadanos. ¿Cómo
podemos hacerlo, señora Palmés? ¿Cómo puede un ciudadano o una ciudadana entender que se sigue velando por la tutela judicial efectiva a la que tiene derecho cuando vemos algunas sentencias que suscitan gran polémica? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo
creen ustedes que desde el Consejo General del Poder Judicial, si usted termina formando parte del mismo, pueden contribuir a que los ciudadanos entiendan que jueces y magistrados y juezas y magistradas siguen siendo independientes, pero que, a su
vez, la ciudadanía ante determinadas sentencias y votos particulares, tiene su tutela judicial protegida, tal y como recoge nuestro ordenamiento?
Estas son las cuestiones que quería plantearle.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.
La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días y muchísimas gracias, señora Palmés.
Voy a estar en desacuerdo con algún compañero, pero seguramente porque estamos de acuerdo. Creo que usted forma parte de esas personas que representan a la justicia con mayúsculas y no con minúsculas, porque el abogado está en el centro del
ejercicio de esa profesión que, como se ha dicho aquí, permite garantizar el derecho a la defensa. Para mí, que le he dedicado tantos años como usted, en este caso, a la docencia universitaria del derecho, esa ha sido una constante que me ha
gustado trasladar a los estudiantes. Uno tiene que tener muy claro que cuando va a ejercer la abogacía debe creerse, en primer término, que va a desarrollar el derecho a la defensa de todo ciudadano, sea lo que sea lo que haya hecho. Por tanto, mi
reconocimiento. En esto estoy de acuerdo con el señor Prendes, aunque, como
yo le digo a veces, sin que sirva de precedente, porque creo que hay que apoyar nuestro modelo de turno de oficio, defenderlo y garantizarlo, y desde mi grupo parlamentario le doy un apoyo muy especial.
Me gustaría hablar con usted de muchas cosas, pero evidentemente el tiempo corre. Hay una cuestión que por mi condición profesional de profesora tengo que decir aquí, y es que hay mucha gente que reúne muchos requisitos y no siempre hay
puestos para todos. La tarea de evaluación y valoración es muy complicada, muy complicada, pero eso no quiere decir nada respecto a la persona a la que uno se enfrenta, simplemente que es complicada. Me parece que usted tiene una trayectoria muy
interesante para el Consejo General del Poder Judicial y después veremos qué es lo que esta Cámara decide, pero eso no quita para que, en nombre de mi grupo, le dé las gracias y le transmita mi reconocimiento.
Me ha llamado la atención, y solo me voy a referir a estas dos cuestiones, que usted, siendo abogada, haya elegido, para referirse a qué se podría hacer o qué podría aportar en el Consejo General del Poder Judicial, el tema de la revisión de
la responsabilidad y que crea que en los procedimientos de inspección no se dan las máximas garantías. Cuando en la Comisión de Justicia comparece el presidente del Consejo del Poder Judicial, precisamente en los últimos tiempos, en lo que a mí me
corresponde, hemos visto cómo los índices de tramitación de expedientes disciplinarios son muy bajos y lo primero que decimos siempre es que nos congratulamos porque aquí nadie quiere hacer expedientes disciplinarios. En ocasiones eso choca -es un
poco esquizofrénico, si se me permite esta expresión, que a lo mejor no es muy afortunada- con las quejas que llegan por otra parte de que algunos profesionales de la justicia y algunos jueces en particular no han cumplido adecuadamente con su
función -no estoy hablando del contenido de las resoluciones- en tiempos, en expresión de lenguaje, en falta de respeto al justiciable, etcétera, y no se materializa en la revisión que uno debe hacer desde un órgano que tiene esa competencia, entre
otras. Es verdad que estamos preocupados también por incorporar siempre mejores normas para que esto se haga con la máxima garantía, pero que se haga, porque seguramente eso ahorrará que sean los ciudadanos los que se encuentren alarmados ante
determinadas situaciones y se pueda producir algo que usted ha dicho y que a mí me gustaría matizar, que es nunca dar por supuesto que ha habido una injerencia política, nunca dar por supuesto que ha habido una injerencia mediática. Tenemos que
pelear por que no existan, por mejorar los canales e instrumentos para que no existan, pero lo primero que deberíamos hacer desde los profesionales del derecho es no dar nunca por supuesto que la injerencia se ha producido, porque -créame- muchas de
las polémicas creadas en este momento en el que la comunicación fluye a velocidad que no podemos controlar son estériles, pero no así las consecuencias. Son estériles porque la injerencia no se ha producido -es verdad aquello de la apariencia de la
mujer del César, que no solo tiene que serlo, sino parecerlo-, pero, aun no habiéndose producido, al denunciarlo sin suficientes datos se ha generado una sensación de deterioro muy importante de la imagen de la institución y de la justicia para los
ciudadanos. Por eso me han llamado la atención las dos cosas y me gustaría que nos ilustrara brevemente sobre dónde cree usted que no existen garantías en este procedimiento y no confundir injerencias con ataques, que sí existen, porque creo que
entre todos debemos contribuir a hacer pedagogía y denunciarlo firmemente cuando existe, pero obviar todos aquellos casos en los que de manera menos responsable podemos caer todos, desde distintas profesiones y distintas funciones, para evitar esa
contaminación y la percepción que el ciudadano tiene de la justicia.
Termino diciendo que me ha gustado mucho leer aquellas cosas que usted ha planteado en las funciones que realiza, especialmente en la formativa, como cuando usted dice: quién te va a enseñar mejor a ser abogado que otro abogado. Pues,
efectivamente. Por eso ustedes son la justicia con mayúsculas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Palmés.
La señora PALMÉS BOSCH: Muchas gracias por sus apreciaciones.
Voy a intentar contestar, más o menos por orden, a las preguntas que se me han formulado directamente. Es verdad, ejerzo en Barcelona. Creo que ya he comentado que no solo en Barcelona, sino que además he pisado tribunales de todo el
Estado. Yo normalmente puedo decir que de cada ciudad de España conozco su juzgado y su cárcel más que sus monumentos. La noticia del éxodo judicial en Barcelona la desconozco, no he tenido ocasión de leer los periódicos, pero le voy a hablar
desde mi perspectiva diaria de contacto con los jueces de Barcelona y además teniendo en cuenta que yo el año pasado todavía estaba con mi cargo institucional de relación con la Administración de Justicia y, por tanto,
con contacto directo con los jueces de instrucción, que son los que conozco. Le diré que la percepción de éxodo o de huida de jueces yo personalmente no la tengo en absoluto. No sé si se han ido cuarenta o no, no lo sé, pero esa sensación
de que en los juzgados hay crispación o una disfunción por cuestiones políticas o procesos políticos que puedan estar teniendo lugar, yo personalmente no la he percibido.
Otra cosa sería los ataques que pueda haber recibido algún magistrado. Supongo que se está refiriendo al episodio de hace unos días. Evidentemente, es deplorable e injustificable y entiendo que se van a tomar las debidas medidas para saber
exactamente lo que ha pasado, pero le insisto en que no tengo esa percepción de crispación en mi ejercicio diario. Yo nunca, jamás, he tenido ninguna adscripción a ningún partido político ni a ninguna asociación política, en absoluto. Mi
participación política ha sido pasiva, es decir, solo he ido a votar. No me estoy postulando ni mucho menos por una cuestión política, cuando además lo que estoy planteando es la importancia de la independencia de los vocales del Consejo General
del Poder Judicial.
En relación con las noticias que han salido en prensa sobre la decisión del cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial, en mi opinión personal no ha sido acertado, porque la previsión legal para elegir al presidente es otra.
Esa comunicación que ha existido por los medios de comunicación -valga la redundancia- en relación con esa elección difícilmente puede ser entendida por la ciudadanía. Esa es mi opinión. Yo, desde luego, no he recibido ninguna directriz
absolutamente de nadie en relación con nada, ni con la elección del presidente ni con cualquier otra cosa; no tengo ninguna directriz porque, insisto, no tengo ninguna vinculación con ningún partido político ni con ninguna asociación.
En cuanto a la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, les voy a contestar a las dos cosas que tengo más claras o que creo que son más evidentes y que se refieren al sistema de acceso de los jueces y al sistema de formación
continuada, que son los dos bloques sobre los que puedo tener una mayor opinión por mi formación como formadora de abogados y porque además he tenido contacto directo con la Escuela Judicial. Para esos ejercicios prácticos de simulaciones que se
hacen en los cursos de posgrado hay un convenio con la Escuela Judicial; así, los alumnos de las escuelas de práctica jurídica suben a la Escuela Judicial y los abogados hacemos de sparring de los jueces y hacemos simulaciones. Por tanto, he
podido ver el funcionamiento directamente de la Escuela Judicial, he tenido contacto con sus distintos directores, etcétera.
En cuanto al sistema de acceso, estamos hablando de un sistema memorístico y además rápido: en un escaso periodo de tiempo tienen que recitar y memorizar artículos de los distintos códigos, y así ya acceden a su carrera judicial. No digo
que eso sea negativo, pero lo de la velocidad, sí lo es, desde luego; además, enseguida sabemos si un alumno ha opositado porque cuando lo examinamos en los tribunales de los másteres va con el reloj, con lo cual sabemos que el tiempo lo aprecia
muchísimo. De todas formas, es verdad que esa formación -no sé si atreverme a decir la palabra carencia- debería complementarse de una forma importante para el acceso, porque no únicamente hay que tener un conocimiento de los artículos de los
distintos códigos, sino también de las habilidades necesarias para aplicar el derecho que, en definitiva, es lo que van a hacer los jueces, aplicar el derecho a los ciudadanos. Por tanto, entiendo que deberíamos adaptarnos más a la normativa
europea o ser reflejo de los distintos países de la Unión Europea en cuanto al acceso de los jueces a la carrera judicial. Además, entiendo que debería haber un sistema de formación continuada obligatoria por parte de los jueces, pero -creo que lo
he dicho- no solo en temas relacionados puramente con derecho, sino también con otras habilidades. Evidentemente, existe esa formación continuada, pero creo que habría que arreglarla y regularla más.
En el mismo sentido, ligo esta respuesta con el tema del turno de oficio, para que no sea reiterativo. Una de las cosas que personalmente creo que servirían para reforzar el turno de oficio es la obligatoriedad de la formación continuada
del abogado. De la misma forma que vamos a exigir a un juez que tenga una formación continuada jurídica y de habilidades, evidentemente, deberíamos exigírselo también al abogado del turno de oficio, porque entiendo que es un servicio público, un
servicio para el ciudadano.
En cuanto a la legitimidad, evidentemente, la otorga la Constitución. Por tanto, considero que esta forma de elección en este momento legitima al vocal del Consejo General del Poder Judicial. Sobre que la designación pueda influir en la
dependencia, yo puedo hablar por mi persona. Entiendo que el hecho de que la elección se haya hecho a través del Congreso de los Diputados y del Senado entre personas que además han debido acreditar sus méritos, no debe influir en su independencia.
Pero, efectivamente, existe un problema gravísimo ya de origen en relación con la comunicación al ciudadano sobre qué es el Consejo General del Poder Judicial. El ciudadano no entiende qué es el Consejo General del Poder Judicial y creo que tiene
una confusión importante entre lo que es el consejo y lo que son los jueces. O no se explica bien
o no somos capaces de comunicar que una cosa es la elección de los cargos que van a regular la independencia de esos jueces y otra cosa es la independencia de los jueces impartiendo justicia. Creo que eso no hemos sido capaces de
comunicarlo y deberíamos hacerlo mucho mejor.
¿Que el sistema se podría mejorar? Evidentemente, todo es mejorable y por tanto el sistema de elección podría mejorarse, pero se debería explicar a la ciudadanía qué es exactamente lo que hace el Consejo General del Poder Judicial, cuáles
son sus funciones y qué servicios presta a la garantía de imparcialidad y de independencia de los jueces.
Al hilo del refuerzo del turno de oficio, creo que he contestado a todo lo que se me ha planteado. Del turno de oficio les podría hablar mucho pero tengo que acortar. Podría hablar mucho y no solo porque me dedique al turno de oficio y lo
haya vivido en mis propias carnes, sino porque además al estar en el Colegio de Abogados, a pesar de que no era mi área de responsabilidad, he estado muy vinculada al turno de oficio. El turno de oficio requiere una mayor dignificación porque es un
poco el abogado denostado, el abogado de los pobres, el abogado que no puede tener otro tipo de carrera profesional y, por tanto, es el que menos sabe o el que funciona peor. Lo primero que tenemos que hacer es dignificar el turno de oficio, porque
los abogados que lo ejercen -es voluntario- merecen el respeto de todo el mundo, de los justiciables y de la propia Administración. En segundo lugar, parte de la dignificación pasaría por resolver el problema que tenemos en toda la Administración
de Justicia, que es la falta de medios. El abogado de oficio no está bien pagado, lo digo directamente, y es una queja y una reclamación histórica desde hace muchos años. Parte de la dignificación del turno de oficio pasaría precisamente porque
fuese correspondido económicamente de una forma más correcta.
Hay otra cuestión también. Como servicio público debemos entender que el abogado que entra en el turno de oficio tiene que estar capacitado para defender. Lo que no podemos permitir es que el turno de oficio se convierta en plataforma de
aprendizaje porque estaríamos permitiendo que el abogado estuviera aprendiendo con las personas más desfavorecidas. Por tanto, tendría que haber una capacitación específica para el turno de oficio. Yo sé que este no es el debate, ni mucho menos,
pero como me lo ha planteado y llevo muchos años con este asunto del turno de oficio, ahí lo dejo. Serían las tres cuestiones.
¿Las carencias de la Administración de Justicia que personalmente he podido percibir? La falta de medios, desde no poder hacer una fotocopia porque no hay papel a que un juez de primera instancia e instrucción esté sustituyendo a tres
juzgados en la misma demarcación porque un juez está de baja y hay una plaza vacante. Hay una falta de medios importante y habría que dotar a todos estos juzgados tanto de jueces, porque hay una escasez importante de ellos, como de medios
materiales. No quisiera decir que eso es un poco populista, pero es lo que yo percibo directamente; yo me he encontrado en la situación de no poder hacer fotocopias, señorías. O ahora, con los medios digitales, si el atestado se envía
directamente desde la comisaría de Policía al juzgado vía telemática, como los juzgados no tienen wifi, que el abogado no pueda tener acceso como no sea que un funcionario le deje su pantalla de ordenador. Es decir, hay cosas muy mejorables en este
sentido.
En cuanto a explicar las sentencias, todo lo que está sucediendo últimamente con el sometimiento a juicios paralelos, a opiniones sobre casos judiciales en los que incluso se ha llegado a descalificaciones de los jueces, lo que no se puede
permitir es que esto suceda, pero tampoco se puede impedir la libertad de expresión y la libertad de prensa, con lo cual tendríamos que buscar la fórmula de combinar ambas cosas. Esto es harto difícil porque los medios de comunicación no dependen
de nosotros. Evitar que se filtre algo es complicado. Los abogados nos estamos encontrando en muchísimos casos con que conocemos la sentencia o las resoluciones por la prensa. No sería la primera vez, y estoy hablando desde hace muchísimos años;
no es algo novedoso y no es ni mucho menos algo que suceda en este momento. Hablamos de un mayor intento de explicación. Si se dan cuenta, volvemos a lo mismo, al problema de la comunicación y de la falta de comunicación. En estas cuestiones,
sometidas al ojo público a través de la prensa, intervienen personas que desconocen el fondo de la cuestión. Por tanto, más que informar se está desinformando. Volvemos otra vez a lo mismo, a la necesidad de transparencia, a la necesidad de
comunicación.
Por último, en cuanto a la responsabilidad de los jueces, voy a mi día a día, que es sobre lo que puedo hablar, y la queja no es tanto por los expedientes disciplinarios, aunque estoy de acuerdo con usted en que el ciudadano a veces -me van
a perdonar- se queja poco ante determinadas situaciones que puede encontrarse en la Administración de Justicia. Es decir, tiene el calentón del momento, pero después no es capaz de hacer que se inicie un proceso disciplinario o informativo respecto
a determinadas situaciones, pero sí que les transmito la inquietud del actual sistema de inspección de juzgados. A eso venía a
referirme. Entiendo, por mi experiencia, que es un sistema que debería ser más transparente y más garantista para el juez, sobre todo con respecto a las inspecciones de los juzgados.
En cuanto a qué medidas podemos utilizar para proteger la independencia judicial, creo que me piden mucho en este momento. Es algo que deberá decidir el consejo, las personas que ustedes elijan, meditarlo profundamente e intentar darle un
vuelco a la actual situación de desconfianza que existe en esta institución y, de rebote o por ende, en los jueces para intentar recuperar la confianza de la ciudadanía.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias por su participación.
- DEL CANDIDATO DON FÉLIX ALBERTO VEGA BORREGO.
La señora PRESIDENTA: Bienvenido, don Félix Alberto Vega Borrego, como candidato a vocal titular a propuesta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Como seguro que conoce don Félix Alberto, en primer lugar habrá una intervención por su parte exponiendo lo que le parezca oportuno y conveniente; a continuación intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios, y para finalizar
tendrá usted una segunda intervención para contestar o intervenir en el sentido que le parezca oportuno.
Don Félix Alberto Vega Borrego, tiene la palabra.
El señor VEGA BORREGO: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos.
Mis primeras palabras son de agradecimiento al grupo que me ha propuesto para optar a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. Voy a dividir mi intervención en dos partes: voy a hacer una pequeña introducción o esbozo de mi
currículum general y finalmente, para no extenderme mucho, haré alguna propuesta o hablaré de cuestiones que yo creo que podría aportar en caso de ser elegido y, sobre todo, teniendo en cuenta mi origen.
Así quiero comenzar, con quién soy yo. Yo soy profesor de universidad desde que me licencié en Derecho en 1997. Mi carrera ha estado vinculada a la universidad pública y, en particular, a la Universidad Autónoma de Madrid. Siempre digo
que fui en el año 1993 para estudiar Derecho a la universidad autónoma y todavía no me he ido. Durante todo este tiempo he procurado desarrollar mis tareas docentes, investigadoras, de transferencia y de gestión con criterios de calidad, excelencia
y proyección internacional, guardando, al mismo tiempo, el debido equilibrio entre cada una de ellas en función del momento en que me encontraba de mi etapa académica. Así, comencé siendo becario del Ministerio de Educación; a continuación,
profesor ayudante; más tarde, ayudante doctor; posteriormente, profesor titular, y desde hace cuatro años estoy acreditado como catedrático de universidad.
Con respecto al currículum, en primer lugar, me referiré a mi actividad investigadora y de transferencia. Básicamente, en el ámbito de la investigación y de la transferencia de conocimiento, que creo que también es una función importante de
la universidad, destacan en mi currículum dos líneas de investigación, que son la fiscalidad internacional y los procedimientos tributarios. El tema de la fiscalidad internacional quizá sea mi principal línea de investigación. Hice en español la
tesis doctoral sobre un tema de fiscalidad internacional. Luego hice una versión de mi tesis doctoral en inglés que fue publicada en una de las editoriales más prestigiosas que hay en el ámbito del derecho y volví a trabajar sobre ella porque el
trabajo tuvo gran recepción y la editorial quiso una nueva edición, y para terminarla tuve la oportunidad de estar seis meses como profesor visitante en la Universidad de Georgetown. Pero creo que mi segunda línea de investigación, la que tiene que
ver con los procedimientos tributarios, es la más relacionada con las funciones ligadas al Gobierno y a la Administración de Justicia, es todo lo que tiene que ver con los procedimientos tributarios. Ahí, siempre ligado a los temas tributarios, he
podido conocer los problemas que se plantean en un orden jurisdiccional importante -y ha estado últimamente en los medios- como es la jurisdicción contencioso-administrativa. He publicado importantes trabajos, dos libros, buen número de artículos y
capítulos de libros sobre los problemas que se plantean cuando el objeto de impugnación es un acto en materia tributaria. Y esa preocupación por este orden jurisdiccional no solamente me ha llevado a realizar trabajos de investigación sino también
labores de transferencia. Aquí quiero destacar que formo parte como miembro de investigación desde su creación del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la UAM.
Pasando al lado docente, lógicamente mi principal labor docente la he realizado en la universidad en los grados, másteres, doctorados, etcétera. Pero no solamente ahí, sino que he impartido ponencias,
conferencias y otro tipo de actividades académicas en otras entidades públicas y privadas tanto en España como en el extranjero. De esta labor quiero destacar -y eso me ha llevado a acercarme al consejo- que hasta en cuatro ocasiones he
participado en acciones de formación organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y lógicamente han estado siempre relacionadas con mi ámbito de especialidad, el derecho tributario, y siempre han estado ligados, creo que a la par, algunas
con la fiscalía internacional y otra con los temas de los procedimientos tributarios.
También quiero destacar de mi currículum que he estado implicado en el gobierno de la universidad, tengo experiencia en labores de gestión y eso explica que al menos durante ocho años, no siempre consecutivos, haya ocupado diferentes cargos
de gobierno en la UAM. He sido vicedecano de prácticas y relaciones institucionales, de investigación y transferencia, delegado del estudio jurídico y politológico y otros cargos que no voy a mencionar aquí. Pero sí quiero destacar que durante el
tiempo en que fui vicedecano de prácticas y relaciones institucionales tuve mucha relación con el consejo porque gran parte de los alumnos que hacen prácticas del grado en Derecho (antes licenciatura en Derecho) las realizan en órganos de sedes
judiciales aquí en Madrid. La forma de organizarse estas prácticas tenía algunos defectos y sobre todo la vinculación de los órganos judiciales con la universidad, y ahí mi principal contribución ha sido establecer un sistema más ágil, practicable
y sobre todo hacer más fácil la labor para quienes luego han ocupado el cargo de vicedecano de prácticas y relaciones institucionales. Ese es básicamente un pequeño esbozo de mi currículum. Estoy ligado a la universidad, tengo un perfil
universitario, conozco también la realidad por mis labores de transferencia y tengo experiencia en cargos de gestión.
Con respecto a las funciones asignadas por la Constitución al Consejo General del Poder Judicial y qué podría aportar yo en caso de ser elegido por esta Cámara, quiero manifestar, en primer lugar, que sería un cargo que ejercería con gran
ilusión, sería un gran reto profesional porque lógicamente la justicia, la Administración de Justicia y el gobierno de la justicia es algo que me ha preocupado. Y aquí quiero esbozar dos ideas que yo creo que son importantes, una que va ligada a mi
origen universitario y otra a mi especialización. La ligada con mi origen universitario es que creo que la universidad tiene mucho que aportar a la justicia y creo que desde la universidad se hacen muy buenos estudios de las normas que luego van a
ser aplicadas por los operadores jurídicos, entre los que están, lógicamente, los jueces y tribunales, porque al fin y al cabo son los encargados constitucionalmente de dirimir los conflictos. Creo que una labor del consejo sería encargar o ver
cómo la universidad podría contribuir a elaborar estudios sobre aquellas normas que se aplican de forma recurrente y que plantean problemas de trascendencia, porque creo que los estudios realizados por la universidad pueden ser de mucha ayuda para
que se aplique mejor el derecho. Esta propuesta no es totalmente novedosa por mi parte. Siempre he escuchado decir en mi universidad que en los años noventa el Ministerio de Justicia encargó unos comentarios al Código Civil a una serie de
catedráticos, esos comentarios o libros se entregaron a todos los jueces y mejoró sustancialmente la jurisprudencia. Por tanto, pienso que ese trabajo universitario le sirvió a la justicia y que una experiencia que fue útil en el pasado podría
repetirse. En este ámbito, desde la universidad también podemos ayudar a impartir justicia en el sentido de que actualmente es muy complejo para la universidad o para un profesor universitario de Derecho ser magistrado sustituto o formar parte de
un órgano colegiado porque hay todo tipo de incompatibilidades. Pero donde esas incompatibilidades se han superado, esos profesores universitarios que han dedicado parcialmente su actividad también a impartir justicia formando parte como
magistrados suplentes o sustitutos -no sé cuál es la denominación exactamente- creo que ha servido y, desde esa perspectiva, pienso que es algo que el consejo podría fomentar a efectos de superar las cortapisas que hoy existen.
Finalizaré mi intervención refiriéndome a la segunda cuestión de lo que yo podría aportar y que tiene que ver con mi especialidad, con el derecho financiero y tributario. Yo soy profesor de Derecho Financiero y Tributario y, desde esta
perspectiva, creo que, por un lado -esa sería la primera idea-, debería dársele una vuelta al programa de las personas que preparan el acceso a la justicia porque no existe ningún tema de derecho tributario; no existe ninguno. La persona que saca
las oposiciones a juez, en principio, por el temario, no sabe nada de derecho tributario y, aunque sea una rama del derecho transversal, tiene mucha trascendencia sobre todo porque normalmente un juez o quien accede a la carrera judicial acaba en un
juzgado de instrucción donde se ve instruyendo delitos contra la Hacienda pública, donde se aplica una materia sobre la que tiene muy poco conocimiento. Quizá la carencia del derecho tributario en los programas que hay que estudiar para poder
preparar una oposición es algo que debe superarse.
Finalmente, también relacionado con el derecho financiero y tributario, no soy partidario de crear una jurisdicción tributaria. Es algo que existe en algunos países y algo que se ha planteado en España en algún momento, pero creo que no es
necesario, que los asuntos tributarios se pueden ventilar perfectamente en el ámbito contencioso-administrativo. Sin embargo, sí sería necesario cierto grado de especialización y, aunque no es así en todas las comunidades autónomas, en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, por ejemplo, hay diferentes secciones y por normas de reparto fundamentalmente los asuntos tributarios van a una sección concreta, lo cual permite que los magistrados que están adscritos a esa sección tengan la
posibilidad de trabajar fundamentalmente en asuntos tributarios y, como consecuencia de eso, que los asuntos tributarios se resuelvan de mejor manera. Eso no existe en otros órganos superiores de Justicia y creo que sería algo bueno, como sucede
por ejemplo en el ámbito del Tribunal Supremo, donde hay una sección que por normas de reparto tiene asignados solamente asuntos tributarios, aunque eso no es así en otro órgano jurisdiccional muy importante como es la Audiencia Nacional, donde los
asuntos tributarios están repartidos entre todas sus secciones, asignándoles a cada una de ellas un impuesto, que creo que no es la mejor solución para que los conflictos en este ámbito se resuelvan correctamente.
Estas son las cuestiones que quería decir. Tengo muchas otras ideas, podría haber dicho muchas otras cosas, pero quería ser breve. Lógicamente, contestaré a todas sus preguntas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Intervienen ahora los representantes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor Vega, por su comparecencia. Es evidente su cualificación profesional, su cualificación técnica fundamentalmente -como usted ha explicado- en el ámbito del derecho financiero y tributario. Me gustaría preguntarle por
alguna cuestión relativa a la situación por la que atraviesa en este momento el consejo y la situación del Poder Judicial en su conjunto. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre la pérdida de credibilidad del Poder Judicial y, en concreto, por
la pérdida de credibilidad del órgano de gobierno del Poder Judicial. Y también por si no le parece a usted que el hecho de que conozcamos de antemano, antes de que ustedes hayan sido elegidos, quién será el próximo presidente del consejo y del
Tribunal Supremo -que será, según marca la ley, la primera decisión que debería tomar el consejo en su reunión- no compromete la credibilidad de este futuro consejo que salga de este proceso de selección. ¿Qué le parece a usted este proceso? En
todo caso, quería preguntarle si usted ha recibido alguna instrucción o recomendación sobre quién debería ser el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Vega, muchísimas gracias por aportar el currículum, participar de este proceso que nos enriquece por el esfuerzo que supone venir aquí, hablar de todo esto y exponer sus ideas, porque son fruto de una reflexión personal y profesional.
En primer lugar, quisiera hacer una breve consideración. Usted participa en este sistema y su perfil es efectivamente de derecho financiero y tributario, cuando la mayoría de personas que se plantean entrar en el consejo tienen una
formación en política judicial penal o criminal. Me gustaría saber si usted esto lo valora -en cierta manera ya ha contestado- como un hándicap o como una oportunidad de establecer otras miradas, otros puntos de vista dentro del funcionamiento del
órgano rector de la justicia del Estado. En segundo lugar, quisiera saber si usted tiene conocimiento de la reforma que recientemente ha aprobado esta Cámara -que está pendiente en el Senado- el día 30 de octubre sobre el funcionamiento del Consejo
General del Poder Judicial y su valoración. ¿Cómo cree usted que habría que reformar la formación de los jueces e incluso el acceso a la carrera judicial, si es que usted estima que debe haber algún tipo de reforma? Y me gustaría saber si tiene
alguna opinión sobre cómo debería reformarse el
sistema de designación de altos cargos judiciales para atender a esos criterios de mérito, de capacidad, de paridad y, en definitiva, para reforzar la independencia del Poder Judicial.
Sin más consideraciones, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sicilia Alférez.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Vega, gracias por su exposición y por su comparecencia en el día de hoy. Quisiera plantearle alguna cuestión muy concreta. En primer lugar, me gustaría preguntarle si cree usted que el método de elección a través del Parlamento puede
poner en cuestión la legitimidad de los vocales y su propia legitimidad, en caso de ser designado miembro del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo podrían los miembros del consejo o incluso este mismo Parlamento explicar a la ciudadanía ese
método de elección? Entendemos que ese método no tiene que poner en riesgo la independencia del Poder Judicial y, por tanto, la independencia de sus vocales -cosa que presumimos, evidentemente-. A su juicio, ¿cómo cree que se debería trasladar
esta cuestión?
En último lugar, quería preguntarle, señor Vega, al hilo de la visión que tiene la ciudadanía de la justicia, cómo cree usted que debería actuar el Consejo General del Poder Judicial para mejorar su imagen, su prestigio ante los ciudadanos.
Y cómo podría usted, si formara parte finalmente del consejo, hacer ver a la ciudadanía que su derecho a la tutela judicial efectiva no está comprometido cuando se dan sentencias que generan cierta crítica o cierta controversia en nuestra sociedad.
Hay diferentes fallos judiciales, votos particulares, que, como usted bien conoce, han suscitado diferentes críticas en nuestra sociedad, críticas por parte de los responsables políticos, ¿cómo entiende usted que podrían hacer desde el consejo para
que la ciudadanía no entienda que su derecho a la tutela judicial efectiva está en tela de juicio o no se está llevando a cabo? Estas son las cuestiones que le planteo.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.
La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, presidenta. Buenos tardes ya. Señor Vega Borrego, muchas gracias por comparecer, por permitirnos valorar su idoneidad y sus aportaciones.
Voy a intervenir brevemente, pero sí tengo que decirle que he revisado su currículum y es un currículum incuestionable. Creo que usted ha desarrollado a lo largo de su etapa universitaria y desde que comenzó su especialización una tarea
ingente y no podemos más que valorarlo positivamente. Además, estoy de acuerdo, quizá porque venimos del mismo mundo, con el papel que usted le ha atribuido a la universidad y que yo creo que todavía tiene una larguísima trayectoria. Es verdad que
se ha evolucionado extraordinariamente en las relaciones Consejo del Poder Judicial-universidad, pero queda mucho por hacer y yo creo que es muy útil que se haga. Como también creo firmemente que sería muy útil institucionalizar más y pautar más la
aportación de la universidad, especialmente en el impulso legislativo de los Gobiernos. Creo que hay cauces pero a veces se difuminan, y otras experiencias de otros países ponen de manifiesto que es bueno que quienes están desarrollando una tarea
muy especializada y muy concienzuda estén en la primera línea a la hora de determinar cuáles son los últimos criterios, cuáles son los instrumentos. Quería resaltar esto porque estoy completamente de acuerdo con usted.
Le han hecho preguntas que yo suscribiría, aunque no todas, pero, en aras a la brevedad, me sumo a ello y a lo que usted nos puede contestar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra don Félix Alberto Vega Borrego.
El señor VEGA BORREGO: Gracias.
Voy a intentar contestar a todo lo que se me ha preguntado de la forma más breve posible. En primer lugar, yo he sido propuesto por el Grupo de Podemos pero no he recibido ningún tipo de instrucción y, lógicamente, de ser elegido, en la
elección del presidente no me vería comprometido por ningún tipo de instrucción porque es una decisión que corresponde al consejo. Por lo tanto, desde el punto de vista personal, mi independencia está garantizada; mis orígenes son universitarios y
nunca he tenido ninguna
vinculación con ningún partido, pero estoy muy agradecido por tener esta oportunidad de optar a poder ser vocal del Consejo General del Poder Judicial.
En relación con la persona que parece que ha resultado propuesta, no tengo nada que decir. Si tengo que decir algo es que fue profesor mío cuando hacía la carrera y me parecía buen profesor, pero aparte de eso no conozco nada más. Así que,
en todo caso, que fuera un buen profesor no predeterminaría mi elección en ningún sentido.
Con respecto a la siguientes preguntas que me han hecho, es verdad que tengo un perfil muy marcado y donde puedo aportar algo es en ese perfil, pero lógicamente el Consejo General del Poder Judicial es tan amplio -son veinte vocales- que no
es malo que determinados miembros tengan un decir perfil muy determinado porque pueden aportar mucho.
En cuanto a los aspectos tributarios aportados por los miembros del consejo, quizás no haya habido muchos vocales que se hayan dedicado exclusivamente a eso y por ello el derecho tributario se ha quedado en cierto modo de lado. No en el
consejo actual, pero creo que en el anterior uno de los vocales procedía de un despacho de abogados cuya principal especialidad era el derecho tributario, y desde ese momento el consejo le ha dado importancia a esta rama del derecho. Precisamente
la primera colaboración que tuve con el Consejo General del Poder Judicial fue a raíz de un curso organizado por este vocal del Consejo, cuya trayectoria y perfil estaba vinculado, desde la abogacía, con el derecho fiscal y el derecho tributario.
Respecto a la reforma, he podido ver algunas cuestiones. No he realizado un estudio con profundidad, pero veo un aspecto que cuando entre en vigor se va a exigir a los vocales, que es la exclusividad. ¿Es esto algo bueno o malo? No tengo
una opinión formada, pero quizás, sobre todo pensando en los que tenemos origen universitario, pueda ser exclusividad pero con algún tipo de compatibilidad para que no tengamos que desvincularnos completamente de las labores universitarias que
hacemos. Estoy pensando fundamentalmente en doctorandos -tesis que dirigimos-, en algunos proyectos de investigación y en actividades que lógicamente no serían principales pero quizá el que alguna actividad sea compatible yo creo que no es
incompatible, valga la redundancia, con la exclusividad.
Respecto a la formación de los jueces, creo que en mi intervención ya he destacado un aspecto, una carencia en la formación desde su inicio, que sería la primera cuestión en la que haría alguna propuesta para mejorar eso, y lógicamente la
formación no es una cuestión solamente del acceso, sino de toda la carrera judicial, como en cualquier otra profesión.
En cuanto al sistema de elección -esa pregunta me la han formulado varias de sus señorías-, creo que al sistema actual de elección no le resta legitimidad que sean las Cortes Generales, los órganos elegidos por todos los ciudadanos. Al fin
y al cabo, cuando las personas son nombradas para algo deben en principio ejercer sus funciones de forma parcial e independiente y, desde el punto de vista personal, no entiendo hacerlo de ninguna otra manera. En cuanto a si es el mejor sistema
para elegir altos cargos -y aquí no estoy hablando solamente de los vocales- o si habría algún otro sistema, no lo sé; yo vengo de la universidad, y allí, por lo menos desde que yo comencé, de forma reiterada para dar cualquier paso en la carrera
universitaria tenemos que obtener acreditaciones, evaluaciones positivas de agencias que son independientes. Es decir, la decisión no se deja exclusivamente a la universidad, sino que previamente hay un filtro a nivel nacional o de comunidad
autónoma y una agencia independiente te evalúa, y solamente si te evalúa positivamente puedes dar el siguiente paso. No sé si esto es una solución para el ámbito judicial, pero este sistema de evaluaciones externas, que se instauró con la Ley
Orgánica de Universidades en el año 2001, ha contribuido de alguna manera a mejorar a los profesionales de la universidad, aunque también tiene algunas críticas que no voy a hacer aquí.
Finalmente, respecto a la justicia y los ciudadanos, no tengo la menor duda de que todo juez o magistrado, cuando toma cualquier decisión, lo hace de forma independiente. Hay veces que la administración de justicia o la impartición de
justicia se confunde con el gobierno de la justicia, que quizás puede estar influenciado en algunos momentos por temas que no tienen que ver estrictamente con las funciones que hay que ejercer. Quizá es un problema de comunicación, pero aun así es
complejo y lógicamente la principal aportación que yo podría hacer personalmente es que nadie pudiera dudar de mi independencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Le damos las gracias, don Félix Alberto Vega, por su participación.
- DEL CANDIDATO PARA LA ELECCIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL POR EL TURNO DE JURISTAS, DON SIMEÓ MIQUEL ROÉ.
La señora PRESIDENTA: Bienvenido, don Simeó Miquel Roé, como candidato a vocal suplente a propuesta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Como seguro que conoce, usted hará una primera intervención, a continuación intervendrán los grupos parlamentarios para hacer las preguntas que consideren y después usted tiene una segunda intervención para dar respuesta o hacer cualquier
tipo de consideración que le parezca oportuna. Tiene usted, don Simeó Miquel Roé, la palabra.
El señor MIQUEL ROÉ: Buenos días -de hecho, ya son tardes- a todos, y mi agradecimiento por que me hayan convocado aquí y por que hayan esperado hasta estas alturas para escucharme. También mi gratitud al grupo que me propone, que no he
tenido ocasión de decírselo porque no ha habido contacto previo, pero le agradezco mucho el honor de poder aspirar a este puesto.
Es un mal comienzo decir que procuraré ser breve, pero procuraré cansarles lo mínimo posible, sobre todo atendiendo a lo avanzado de la hora. Lo que sí me gustaría es transmitirles, y a esto voy a limitarme, mi franca ilusión de poder
aspirar a este puesto y naturalmente intentaré convencerles de que me declaren idóneo y, a poder ser, que convenzan ustedes a sus respectivos compañeros de grupo para que, cuando se vote, pueda salir elegido vocal.
Básicamente lo que puedo decirles, y supongo que es de lo que se trata, es quién soy y para qué puedo servir. En cuanto a quién soy profesionalmente, se responde fácil. Soy un abogado. Llevo cuarenta y cinco años de ejercicio profesional,
toda mi vida. Desde que entré en la universidad, en la Facultad de Derecho de Deusto, quería ser abogado, cosa que en aquella época muchos de mis compañeros no compartían porque había muchas salidas distintas. Pero yo lo tenía claro y cuando
terminé la carrera de Derecho entré a hacer la pasantía con don Manuel Jiménez de Parga, estuve tres años con él y luego me fui a Lérida, donde he estado ejerciendo desde entonces hasta ahora, y continúo haciéndolo. Creo que esto me define
básicamente, aunque luego les hablaré de algunas otras dedicaciones que he tenido, pero mi intención, como decía una compañera a la que le hicimos un homenaje hace poco, es que mi lápida -se dirán muchas mentiras piadosas o muchas exageraciones-
diga mi nombre y que soy abogado, así seguro que no se equivocan porque empecé para esto y estoy aquí, y estoy muy contento de haberlo sido.
Especialización. La verdad es que en Lérida, cuando yo empecé por lo menos, era muy difícil ser especialista, nos dedicábamos a todo y durante mucho tiempo, prácticamente durante toda mi carrera profesional, me he dedicado a todo. Lo que
pasa es que, afortunadamente, con el paso del tiempo se ha hecho más necesaria la especialización. Ahora estoy en un despacho donde nos agrupamos siete u ocho abogados y, junto con otros, compartimos especialidades para poder atender todo en un
grupo de hasta treinta abogados. Por tanto, ahí sí hay ya especialidad. Y como especialidad ahora, en esta fase de mi carrera en la que ya estoy, digamos, en la última etapa, me dedico sobre todo a administrativo y a urbanismo.
Esta vida profesional, estos cuarenta y cinco años, evidentemente me da un conocimiento de los juzgados, de todos los juzgados. Es cierto que ejerzo fundamentalmente en Lérida. Supongo que ya la conocen. Habrá otros que seguramente
también vengan de provincias o de ciudades del tipo de Lérida, pero yo reivindico que ciudades y sitios como Lérida -y ya digo que habrá muchos otros en el Estado español- tengan su presencia, tengan la capacidad de entrar, y que no estemos siempre
en grandes ciudades, no porque sean grandes ciudades, sino porque tienen problemáticas distintas. En Lérida tenemos un entorno judicial muy concreto, nos conocemos todos después de tanto tiempo y la justicia, e incluso el papel del abogado dentro
del mecanismo judicial, se entiende muy bien. Es decir, estamos todos haciendo justicia y cada cual en su papel. Esto pasa en todas partes evidentemente, pero en un entorno relativamente pequeño como es el de los juzgados de Lérida se entiende
bien. Esta es una experiencia que naturalmente tengo, que comparto con muchos otros compañeros pero que creo que tiene que estar en el Consejo, se tiene que tener esta perspectiva.
Mi especialidad me da otro conocimiento que supongo que entenderán también. Al dedicarme a administrativo -nosotros llevamos del orden de una cincuentena de administraciones locales, ayuntamientos pequeños, capitales de comarca, consejos
comarcales-, el asesoramiento a este tipo de administraciones no se parece en nada al asesoramiento de la Administración en general, sino que quizá se parece más al abogado de familia. Nosotros no solo hacemos informes, sino que tenemos que estar
pendientes de qué es lo que pasa, cómo funciona, tenemos que dar nuestra opinión en materias de
organización de la Administración. Esto da, es cierto, y supongo que lo tengo, una experiencia, un cierto conocimiento del funcionamiento de un tipo de Administración, que es una Administración importante, trascendente. Y lo que yo quería
destacar desde la perspectiva de mi profesión de abogado son dos cualidades por lo menos aspiro a tenerlas, la independencia y el compromiso.
Yo creo en la independencia de los profesionales. Entiendo perfectamente que hay profesionales que tienen adscripción a partidos políticos, y seguro que en el Congreso hay muchos con los que comparto profesión y que lo son, pero en mi caso
me resultaría muy difícil, quizá también por mi dedicación, porque tengo que dar opiniones que son de contenido político en cierto sentido. Cuando estás en urbanismo no te vas a limitar a decir dónde está la ley, sino que participas también en la
mejor manera de solucionar un tema, y esto es un tema político. La adscripción a una determinada filiación política yo creo que te inhabilita para este tipo de cosas. Si no tuviera que dar ninguna opinión, quizá uno podría ser de cualquier
partido, pero si la tienes que dar siempre tiene lecturas distintas. Este ha sido uno de los temas que siempre me ha preocupado mantener, estar alejado de cualquier interpretación de carácter partidista, más que político, en mi actuación
profesional. Gracias a esto tengo clientes de prácticamente todos los colores políticos. Es más, incluso cambiando de color continúan manteniendo, digamos, mi asesoría.
La otra es el compromiso. Como les decía, no se trata de no dar la opinión. Yo no sé ejercer sin decir qué opino sobre lo que está pasando y normalmente el cliente, cuando viene, quiere saber tu opinión y no una neutralidad aséptica. Esto
quiere decir que te comprometes, en todos los órdenes: cuando hablamos de un problema conyugal o de un ayuntamiento o contra un ayuntamiento. Por tanto, el compromiso, tal y como lo entiendo yo, pero respetando naturalmente a todo el mundo, está
en la misma esencia. De hecho, cuando empecé a estudiar, que era en el año 1968, una buena parte de mi motivación para hacerlo era el compromiso contra el régimen en aquel momento. Entiendo -esto lo compartirán y creo que también es necesario que
el consejo lo comparta- que el ejercicio de la profesión, pero también de la judicatura y de todos los que estamos en el entorno, es un episodio de la lucha por la igualdad, por los derechos humanos; en definitiva, por la justicia. Esto es
compromiso. Ahí estamos todos y, en general, como les decía -por lo menos en Lérida, que es lo que más conozco-, compartimos este concepto: estamos todos metidos en el mismo carro. Podemos estar en sitios distintos, tener perspectivas distintas,
lo que nos puede llevar -confío en que no- a enemistarnos, a discutir, incluso agriamente, por supuesto, pero en el fondo compartimos esta sensación de que en el conjunto, si todo funciona así, vamos a obtener justicia, y esto es lo que desde mi
perspectiva de abogado he intentado mantener siempre.
Aparte de abogado, he hecho otras cosas, digamos que de menor entidad; es decir, mi dedicación profesional es esta y vivo de la abogacía, no de otra cosa, pero cuando estuve con Jiménez de Parga haciendo la pasantía, a través de él conocí a
Ángel Latorre, al profesor Latorre, de Derecho Romano, y salió un concurso en la Universidad de Barcelona para Derecho Romano; como tenía un buen currículum, me presenté y saqué la plaza de profesor asociado -entonces no tenía ese nombre pero ahora
se ha convertido en profesor asociado-. Luego me trasladé a Lérida y ejercí, primero, en el Estudio General, que dependía de la Universidad de Barcelona, y cuando se reinstauró la Universidad de Lérida he estado ejerciendo de profesor de Derecho
Romano la mayor parte de este tiempo, como profesor único en muchas ocasiones, aunque continuaba siendo profesor asociado, y prácticamente todos los abogados que han salido ahora de la Universidad de Lérida han pasado por mis manos. Cuando cumplí
los sesenta y cinco, hace tres o cuatro años, me jubilé de este puesto. Luego, lo que he estado haciendo es dar clases en el máster de la abogacía porque desde el año 1990 he estado dando clases, primero, en la Escuela de Práctica Jurídica del
Colegio de Abogados de Lérida y después en el máster de la abogacía hasta este año, en que dije que me retiraba porque voy dejando ciertas actividades. En la Escuela de Práctica Jurídica lo que hacía era protección jurisdiccional de los derechos
humanos. Esto empezó por uno de los temas que pongo en el currículum porque no dejó de ser un detonante importante para mi carrera profesional, ya que tuve la oportunidad de defender a uno de los demandantes ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en el primer caso en que se condenó al Estado español en este tribunal. Precisamente por esto, y sabiendo lo que me costó -porque esto fue en el año 1988- convencer a los jueces y a mis compañeros de Lérida de lo que significaba la
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -ahora parece mentira, pero en aquel momento se mezclaban las cosas-, iniciamos un curso en el colegio de Lérida precisamente para esto. Es un tema que interesa abrir, no pasa nada, es un tema que
es factible, que es jurisdiccional. Ahora tenemos el mismo problema con el Tribunal de Luxemburgo, en el que todos los abogados tendrían que sentirse cómodos para hacer. Y la otra materia que he dado en la Escuela de Práctica Jurídica es la mía
propia, a la que me dedico más, que es el urbanismo. Con poco
éxito por cierto, porque hay una cierta resistencia por parte de los que salen de la carrera a dedicarse al urbanismo, cuando yo creo que es una materia preciosa.
Una anécdota -porque creo que es el único contacto directo de colaboración que he tenido con el Consejo General del Poder Judicial-, he colaborado durante cinco años en la Escuela Judicial, un episodio en el que nos lo pasábamos bien por lo
menos, con el que entonces era presidente de la Audiencia de Lérida, Andreu Enfedaque. Íbamos a la Escuela Judicial y realizábamos un simulacro de juicio donde representábamos, con actores, las peores corruptelas del juicio. Era divertido. Luego,
naturalmente, abríamos un debate con los aspirantes a jueces que habían aprobado la oposición diciéndoles lo que no se debe hacer. Alguna vez pienso que habrá servido para algo pero no tanto como pensábamos porque algunas de estas corruptelas que
nosotros les poníamos delante las he visto continuar con posterioridad.
El tercer ámbito de mi actividad es el institucional, limitado -si se puede decir así- prácticamente al ámbito del Colegio de Abogados. Desde el principio es un ambiente en el que me muevo con comodidad, son mis compañeros, creo que tenemos
muchas cosas que hacer conjuntamente y me he presentado en tres ocasiones distintas a la junta de gobierno, la última -hace cuatro o cinco años- me eligieron mis compañeros decano del Colegio de Abogados de Lérida. Yo estuve organizando el turno de
oficio cuando fui secretario en su momento y ahora hemos tenido que gestionar la adaptación. Yo soy consciente de que, aunque aquí hablemos de disfuncionalidades que puede tener el Consejo General del Poder Judicial, la abogacía también las tiene,
por supuesto, y algunas incluso compartidas. Por lo tanto, la aproximación que hemos de tener es porque son compartidas desde todo punto de vista, pero es cierto que a este nivel tengo una experiencia. Tengan ustedes en cuenta que el Colegio de
Abogados de Lérida es el mayor de Cataluña, no en número de colegiados, evidentemente -que ahí Barcelona nos gana- pero somos el único colegio provincial y tenemos un 40 % prácticamente. Por lo tanto, hay materia que gestionar; hay distintos
partidos judiciales y es una materia compleja. A parte de esto, del colegio, luego participo en el Consejo General de la Abogacía, y ahí sí es verdad que me he dedicado siempre en las comisiones de normativas a hacer informes de proyectos de ley.
En mi mandato me parece que informamos de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En aquel mandato el tema que nos preocupaba más era la Ley de Colegios Profesionales, las reformas que se hacían, que también participé. Y luego he
participado en el Parlamento de Cataluña en proyectos de ley básicamente de carácter urbanístico, para las que se pide la opinión de los colegios de abogados y normalmente, hasta ahora, me llamaban a mí para informar ante el Parlamento. No he
tenido ninguna otra incursión a nivel administrativo. Es verdad que, cuando empezó la Generalitat en el año 1980, me llamaron para hacerme cargo de la Comisión de Urbanismo de Lérida y estuve un año y medio. Tengo intervenciones puntuales, por
supuesto, estoy ahora en la Comisión de Urbanismo de Cataluña, pero estoy precisamente en mi condición de abogado, no como funcionario, no desde dentro.
Esta es mi carrera, estos son mis méritos y lo que puedo ofrecer es precisamente esto. Una de las dudas que tengo -pero esto no es un tema mío, es un tema constitucional- es si no habría que abrir más el consejo para evitar que sea tan
endogámico, es decir, evitar que sea hecho por jueces y en todo caso por juristas. Yo no encontraría mal que se abriese; es una lucha que también hemos intentado a nivel de colegios de abogados -todas las comparaciones son difíciles-, en los que
también tendemos a la endogamia. Me parece que hay algún colegio que ya lo ha hecho; en comisiones de deontología, por ejemplo, no estaría mal dejar entrar a gente de fuera, que son los usuarios de la justicia. Evidentemente, en el consejo no
pasa esto ni pasará si no hay una reforma constitucional, pero sí quiero llamarles la atención sobre el hecho de que los que podemos representar mejor este papel somos los abogados, porque una de nuestras funciones es hacer de colchón entre el
funcionamiento de los tribunales y el ciudadano de a pie que se acerca. Esto es lo que hemos hecho y continuaremos haciendo, explicarles qué es lo que ha pasado y recibir las quejas y a veces los vituperios que nos dicen nuestros clientes y que
normalmente no llegan al tribunal. Estamos en condiciones y por eso se justifica que haya abogados -y abogados de a pie, como yo, que nos pateamos los tribunales- que podamos influir en el consejo para que tenga en cuenta que hay otras maneras de
ver, otras perspectivas a considerar para el mejor funcionamiento de la justicia que, en definitiva, es lo que queremos todos.
En cuanto a gestión, ya han visto que tengo experiencia en gestión pero relativamente poca; creo que básicamente lo que puedo ofrecer es la dedicación, la trayectoria, la visión de independencia. Uno de los problemas que tenemos y que es
una tarea urgente del consejo general es bloquear al consejo, a la justicia en general, de malas interpretaciones -o buenas- que pongan en duda esta independencia. Yo
creo que el hecho de entrar en el consejo gente que no estamos especialmente vinculados -bueno, lo estamos vitalmente, por nuestra profesión-, que representamos otras aproximaciones a la realidad de la justicia es importante y creo que es
básicamente lo que puedo aportar.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Intervienen ahora los representantes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, señor Miquel Roé por su comparecencia.
Ha hecho usted hincapié reiteradamente en su independencia política, en que no pertenece a ningún partido político, pero quiero preguntarle si pertenece a algún tipo de asociación de carácter político o similar. Ha hecho referencia a la
necesidad de reforzar la independencia, pero quería preguntarle por sus actividades como abogado dando soporte a lo que se ha producido en Cataluña el 1 de octubre, que yo creo que es un golpe de Estado en toda regla, un golpe de Estado a nuestro
sistema democrático, a nuestro Estado de derecho. Usted forma parte de una asociación que se llama Advocacia per la Democràcia de Lleida que está dando soporte jurídico, entre otras cosas ha redactado la querella contra la ex subdelegada del
Gobierno, Inma Manso, y el coronel de la Guardia Civil señor Pérez de los Cobos, por la actuación policial del 1 de octubre. Quiero preguntarle si usted ha participado en la redacción de esa querella. Creo que sí, pero me gustaría que me lo
confirmase. Y me imagino que usted hace eso por convicción, por convicciones políticas; también creo que por convicciones políticas usted formó parte como secretario de la Sindicatura Electoral de Lleida en ese simulacro de junta electoral
organizado por el Gobierno de Puigdemont para hacer seguimiento al, digamos, referéndum separatista, que fue disuelto por el propio Tribunal Constitucional. Formó parte creo que voluntariamente, no creo que haya sido forzadamente, me imagino que
también en función de sus convicciones políticas y, como digo, de forma voluntaria. A mí me parece que esto son opiniones políticas y además sobre algo esencial que está sucediendo ahora mismo en nuestro país, en España, sobre el respeto a la ley,
sobre el respeto a nuestro marco constitucional. Por lo tanto, me parece muy significativo. Me imagino que usted era partidario de las leyes de desconexión, las aprobadas el 6 y el 7 de septiembre en el Parlament de Cataluña, que prácticamente
hicieron mangas y capirotes del Estatut de Autonomía y de la Constitución. Creo que usted podría ser partidario de ese golpe separatista que se produjo allí el día 1 de octubre y me gustaría que me lo confirmase. En esa línea, me sorprende que
usted quiera formar parte del órgano de gobierno del Poder Judicial español porque, de alguna manera, usted ha participado en ese golpe separatista que, de haber triunfado el día 2 de octubre, lo que pretendía era constituir la república catalana y,
por lo tanto, su vinculación política, su vinculación sentimental sería con esa república catalana ideal. Por lo tanto, me sorprende su interés.
En todo caso, sí le preguntaría por su opinión respecto de nuestra Constitución, de nuestro marco constitucional y si cree que la aplicación de la ley, como para cualquier jurista respetuoso con el Estado de derecho, tendría que ser la
primera idea de todo demócrata y, desde luego, de todo jurista respetuoso con el Estado de derecho. Me gustaría preguntarle por esos criterios, que creo que son criterios políticos, no sé si partidistas, pero desde luego sí criterios profundamente
políticos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señor Miquel, por su exposición, por su preparación de la misma, por la disposición que ha tenido a venir aquí y por la claridad, la convicción y, entiendo también, por el entusiasmo con el que usted ha defendido su
trayectoria y, en especial, algo que nos es querido como la profesión de abogado al servicio de los demás, al servicio del consejo de otros y otras.
Al contrario del portavoz que me ha precedido, entiendo que de lo que se trata aquí es de plantear su idoneidad en términos genéricos para someterse a una votación de pleno en el que se elegirán los vocales por el turno no judicial. En ese
entendimiento, no le voy a hacer ninguna pregunta sobre lo que son sus ideas o convicciones personales, como tampoco se la hemos hecho a ningún otro compareciente en esta Cámara, en el buen entendimiento de que todo el mundo las tiene y de que todas
son legítimas en el uso
de los derechos fundamentales que a todos y a todas nos asisten, entre otros, la libertad ideológica y la libertad de expresión.
Al margen de esta pequeña entrada, le querría plantear alguna cuestión, sobre todo relacionada con el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. No sé si usted ha tenido ocasión de ver la modificación de la ley orgánica que se
ha aprobado en esta Cámara el día 30 de octubre, y ahora pendiente de enmiendas en el Senado, por lo que querría saber qué es lo que usted entiende o cómo valora usted esas modificaciones, en especial en cuanto a la exclusividad del funcionamiento
del consejo y a ese reparto de opiniones. Asimismo, cómo valora usted el nombramiento de altos cargos judiciales, si eso es algo que se puede mejorar o si, dentro del ámbito de la aplicación de la actual ley, puede ser perfectible en relación con
la transparencia.
Por otro lado, respecto de las cuestiones de acceso a la carrera judicial, me gustaría conocer su opinión sobre el actual sistema, así como si se puede mejorar la formación continua, sobre todo en la Escuela Judicial, de la que usted ya nos
ha relatado alguna experiencia. Esas son las preguntas que nos gustaría plantearle. En todo caso, gracias por su colaboración y, como hemos dicho, por su entusiasmo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Le agradezco al señor Miquel Roé su exposición y quisiera plantearle dos cuestiones muy breves. En primer lugar, querría conocer su opinión sobre la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y si cree usted
que la legitimidad de estos al ser elegidos por la Cortes Generales, por el Parlamento y por el Senado, se puede ver cuestionada. Si ve usted alguna manera de que ese cuestionamiento, que sabemos que en algún caso se está produciendo en la
sociedad, podría ser explicado y cómo cree usted que se podría explicar esta legitimidad, si la entiende usted completa y, por tanto, si esa legitimidad no se pierde por el hecho de ser elegido por esta Cámara.
Y una segunda cuestión acerca de la tutela judicial efectiva y cómo la pueden percibir las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país. Es usted consciente, como todos, de cómo alguna sentencia, algún auto o voto particular ha suscitado la
crítica de parte de nuestra sociedad, incluso la crítica de algunos de los responsables políticos que aquí estamos representados. ¿Cree usted que el Consejo General del Poder Judicial tiene que llevar a cabo algún tipo de acción que permita dar a
entender a los ciudadanos y a las ciudadanas que su derecho a la tutela judicial efectiva sigue intacto y que esto, además, no suponga ningún problema con la independencia que se le debe presumir y que debe tener cualquier juez o jueza? ¿Cómo cree
usted que debería afrontar el Consejo General del Poder Judicial estas cuestiones que a la ciudadanía en algún momento le son difíciles de entender y que, por tanto, puedan creer que no se está cumpliendo con uno de los principios básicos de nuestro
ordenamiento y de nuestra Constitución, que es la tutela judicial efectiva, al hilo, insisto, de algunas de las sentencias o autos que hemos podido conocer y que, como usted bien sabe, han suscitado alguna que otra crítica?
Estas son las dos cuestiones que le planteo.
Nada más, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Moro Almaraz.
La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señor Miquel Roé, y muchas gracias por su comparecencia y por su intervención.
Yo estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que ha planteado -y podría no estarlo; es irrelevante-, su trayectoria profesional, además del respeto a la profesión de abogado -de la que modestamente también formo parte aunque ahora no
ejerza-, me parece indiscutible por mi parte, por lo tanto a usted le avala una larguísima trayectoria profesional de especialización. Comparto que tenga que haber una representación en los lugares pequeños, muchas de las cosas que ha dicho. Sin
embargo, no comparto que usted se haya empeñado en excusarse sobre que puede ser malo una ideología o una pertenencia a un partido político. No hay ningún inconveniente para que una persona -y además no es malo, es sano, forma parte de una
democracia- tenga una ideología, que es algo innato a la persona; y la pertenencia al partido político es una opción que además forma parte de nuestra democracia. Y como usted no es juez y no forma parte de aquellas profesiones en las que se exige
un plus de distanciamiento
con lo que podría considerarse parcialidad, no hay por qué disculparse por tener una determinada ideología o participar de algunas actividades políticas.
Ahora bien, eso es una cuestión y otra lo que usted ha silenciado y nosotros conocemos, que es lo preocupante. Y lo preocupante no es que usted opine o haya firmado determinados manifiestos o que haya formado parte de la Sindicatura
Electoral, sino lo que ello implica, que es ir en contra de un marco constitucional como es el del Estado español; implica ir contra el respeto a las instituciones y a los poderes del Estado, y aquí estamos valorando la idoneidad de personas que
quieren aspirar a formar parte del órgano de gobierno de los jueces, de un poder del Estado español. Esto es lo realmente preocupante y esto es lo que en nombre de mi grupo tengo que decir con contundencia que nosotros no podemos apoyar. Pero no
lo que usted piensa -esto nos daría para un debate y no tiene por qué coincidir con lo que yo pienso-, sino lo que representan algunas de las acciones que usted ha llevado a cabo y que, creemos, contradice -en ese punto estoy de acuerdo con el
representante de Ciudadanos- lo que debe ser un miembro del órgano supremo de gobierno del Poder Judicial, no en un determinado territorio sino en un Estado íntegro -a partir de lo que señala la Constitución española de 1978- e inescindible y nos
parece que en ese punto sí es preocupante para nosotros que usted aspire a ello y que pudiera entrar. Desde luego, ya le digo que en este caso -a pesar de que nada tenemos que objetar a su larga trayectoria, y además a mí me resulta especialmente
querido el derecho romano y quienes han sido sus maestros y su dedicación, nada que objetar, todo lo contrario- nos parece que es una línea roja y esa línea roja la dejo en este momento agradeciéndole de nuevo su participación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra don Simeó Miquel Roé.
El señor MIQUEL ROÉ: Con su permiso.
Como esta última intervención liga con la primera, con la de Ciudadanos, voy a abordarla en primer lugar. Evidentemente, estoy de acuerdo con usted, creo que es así, en que no se tienen que juzgar las ideas de nadie, ni juzgarlas ni creo
que preguntarlas, aunque tampoco tendría inconveniente en decirles cuáles son. Pero lo que sí tengo interés en aclarar son los hechos concretos. Usted se ha referido a mi pertenencia a la Sindicatura Electoral, pero estuve en la Sindicatura
Electoral igual que estoy aquí hoy, porque una ley que estaba vigente cuando me nombraron decía que se tenía que escoger a juristas de reconocido prestigio para estar en la Sindicatura Electoral; era una ley vigente y me nombraron al cabo de tres
días, cuando todavía no se había suspendido y la Sindicatura Electoral Central me nombra. Si quiere que le diga la verdad, de la misma manera que estoy la mar de contento y honrado de estar aquí ante ustedes porque el motivo de escogerme supongo
que es que soy un jurista de cierto prestigio, me parece normal que en Lérida, si se tenía que escoger a tres personas, una de las tres fuera yo. No le veo demasiado problema. Aparte -es un mérito que no lo he puesto ahí porque no creo que lo
sea-, tengo una larga experiencia en materia electoral. Desde el año 1979 hasta el año 2003 estuve llevando candidaturas independientes -no independentistas, sino independientes- a los municipios de Lérida y esto ha hecho que haya sido un asesor de
cuestiones electorales. Por tanto, me pareció de toda lógica que me llamaran y me propusieran estar en la Sindicatura Electoral y no creo que esto me tenga que perjudicar, sino, al contrario, porque qué motivo tenía yo para decir que no.
Al cabo de dos días, el Tribunal Constitucional me notificó a mí, como a todos los demás compañeros, que nos abstuviéramos, y nos abstuvimos. Una cosa más rara, que todavía no entiendo, es que al cabo de otros tres o cuatro días,
habiéndonos abstenido, porque nosotros no hicimos nada como Sindicatura Electoral, el Tribunal Constitucional nos amenace con una sanción si no dimitimos; y dimitimos. Entonces, aunque no hay dúplica, me gustaría saber qué es lo que hay de malo en
formar parte de un organismo público instaurado por una ley vigente, haber sido designado y aceptar esta designación. No soy consciente de ello y esto no implica para nada que yo tenga una ideología independentista o no. Si les parece, prefiero no
entrar en mi ideología, aunque si quieren personalmente se lo digo, porque si dijera que no parecería como una excusa y no tengo por qué excusarme de nada, pero no creo que encuentren ustedes manifestaciones mías independentistas en ningún sitio.
Pero si la manifestación independentista es la de la Sindicatura Electoral, no es cierto, no es una manifestación independentista, podría estar ahí cualquiera.
Vuelvo a tomar el hilo del primero. Me habla usted de la asociación Advocacia per la Democràcia. Mire, discrepo de usted, claro, porque estoy la mar de contento y de orgulloso con lo que hemos hecho en Lérida, y en otros sitios. El día 1
de octubre -esto nació el día 1 de octubre- hubo cantidad de lesionados; no traigo las cifras porque pensaba que no hablaríamos de esto, pero en Lérida habrá cincuenta y tantos
o sesenta y tantos lesionados. El turno de oficio no les cubría con la necesaria eficiencia, y lo que hicimos un grupo de más de cien abogados de Lérida, que es una barbaridad, fue ponernos de acuerdo para ofrecernos por si querían que
nosotros nos hiciésemos cargo de las denuncias o de lo que fuera. Esta es la asociación Advocacia per la Democràcia. Una de las iniciativas que ha tenido es esta querella, en la que yo personalmente no he participado, pero de la que me hago
solidario, porque se decidió como asociación. Lo que pasa es que yo últimamente no me dedico a penal y, por tanto, no participé materialmente, pero se ha presentado y no deja de ser -se lo apunto solo- un mecanismo jurídico lógico de abogado, y
todos los que sean aquí del oficio lo entenderán. Por ejemplo, yo he tenido un juicio por una señora que resultó lesionada, y una manera de abrir el foco y de permitir al juez que pueda enjuiciarlo todo es poner una querella -me parece que en
Barcelona hay otra igual- en la que el juez decidirá si, a la vista de todo lo que tiene delante, aquello es un episodio aislado de un policía que en un momento determinado se desmadró o si hay alguna cosa detrás. Es esto.
Yo incluso le tomaría la pregunta en el sentido de decir: Efectivamente, esto confirma mi visión de lo que es un abogado. Un abogado está para proteger los derechos humanos, y cuando ve que hay gente que puede quedar desatendida -solo
esto- lo que hace es ofrecerse para hacerlo. Esto es lo que hemos hecho, nada más. Aquí tampoco hay nada de independentista. No creo yo que en Lérida haya más de cien abogados independentistas, o quizá sí. No lo sé, no se lo preguntamos, pero ya
le aseguro yo que no, que los que están allí no todos son independentistas; eso se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque allí lo que preguntamos es: ¿Tú estás dispuesto a ofrecerte para ayudar a esta gente que de repente se ve en una situación de
buscar un abogado? Esto es lo que hemos hecho. Por tanto, creo que de los dos casos que me ha citado usted, ni uno ni otro son indicativos de ninguna ideología por mi parte. Y en cuanto a lo que me dice usted de las asociaciones, me parece que lo
ponía en el currículum, pero son asociaciones. Usted podría decir: ¡Hombre!, es que esta Asociación de Abogados Demócratas Europeos tiene un sesgo más bien de izquierdas. Probablemente sí, pero no es ningún partido político. No tiene disciplina;
no hay ninguna asociación que te imponga disciplina. Esto es lo que digo yo.
En el otro tema en el que me ha enmendado tiene usted toda la razón. Quizá no me he expresado bien. En mis notas tenía puesto que debía hacer expresamente la salvedad de que es mi opción, no tiene que ser la de todos. Mi padre era
militante de Unió Democràtica y ejerció durante toda su vida y no pasa nada. Quiero decir que, por supuesto que sí, tiene usted toda la razón, es perfectamente compatible, pero en mi caso y probablemente por dedicarme a lo que me dedico en un
ayuntamiento pequeño, donde hay mucha susceptibilidad, si uno está asesorando y es del partido de la oposición, se puede prestar a controversia. Es lógico. A mí no me gusta mucho utilizar la expresión de la mujer del César, pero los ingleses lo
dicen muy bien: justice must not only be done, but to be seen to be done. De esto vivimos, también de la apariencia. Por tanto, aunque yo opine -no tengo ninguna duda de que daría mi opinión, lo que yo pienso- como el partido de la oposición, si
soy de aquel partido, es lógico que mi cliente piense que lo hago por opciones partidistas. Es la única explicación que he querido dar. Pero, por supuesto, todo mi respeto a mis compañeros, que hay una gran cantidad. Además, tradicionalmente esta
casa estaba poblada de compañeros abogados que, naturalmente, ejercen con todo su derecho. Yo lo decía para explicar mi posición concreta, no pretendía ir más allá.
El representante del Grupo Socialista hablaba de la legitimidad de ser elegido por el Congreso. Me sorprende la pregunta. En este sentido, no tendría ninguna objeción que poner a la Constitución. A veces la crítica se puede poner en cómo
el Congreso articula esa elección, pero que sean el Congreso y el Senado los que la hagan... No hay órganos más legítimos y creo que transmiten la legitimidad al órgano que resulta elegido. Puede ser criticable, desde mi peculiar punto de vista,
que se hable del presidente del consejo en el ámbito del Congreso antes incluso de que estén elegidos los vocales, pero este no es un problema que afecte a la legitimación de los vocales elegidos, es un problema de que en el Congreso no sé qué pasa
o de que los partidos lo hacen de una manera muy peculiar que puede dar a entender cosas distintas seguramente de las que deben ser. Yo creo que la legitimidad se demuestra de cara a los demás siéndolo, con transparencia. No hay ningún problema en
decir: esto lo tenemos que hacer así, lo hemos hecho por tal cosa y ya está. Cuando no hay demasiada transparencia, como por ejemplo en este tema que ahora mismo mencionaba, es cuando puede quedar tocada la legitimidad. Personalmente creo que no;
vamos no sé, tampoco tengo tanto conocimiento, pero no creo que se critique especialmente la legitimidad, a mí por lo menos no me ha llegado. Lo que se podría criticar es el sistema, si el sistema es correcto o no es correcto, pero que haya déficit
de legitimidad porque sean las Cortes las que lo hagan... Yo por lo menos no participo en absoluto de esta crítica.
La tutela judicial efectiva. Ahí estamos todos. Yo hace un tiempo intento seguir estudios sobre psicología judicial y un tema que, por ejemplo, me preocupa es este que ya he dicho antes de la endogamia de la clase judicial, porque a veces
hay resoluciones que chocan con la calle. Digamos que hay mucha gente en la calle que no entiende cómo se pueden hacer ciertas afirmaciones o ciertas consideraciones que les chocan, están trasnochadas. Y esto ¿cómo se soluciona? Supongo que con
el sistema de acceso a la carrera judicial, con el sistema de formación, y no solo formación en materias jurídicas. Yo antes no he tocado este tema, pero me parece que es obvio. Por ejemplo, yo me dedico a una materia, el
contencioso-administrativo, en la que hay de todo; hay magníficos jueces, por supuesto, pero muchas veces tenemos un déficit de conocimiento específico. Es un orden jurisdiccional muy especializado en el que evidentemente el juez que esté ha de
tener cierto nivel, y hay que hacer formación por supuesto, pero también formación de la otra, formación en general, para abrir la judicatura a la sociedad. Hay estadísticas alucinantes de con quién se relacionan los jueces o del número de
amistades que tienen los jueces. Ahora no tengo recientes, pero se ve que tradicionalmente se relacionan mucho entre ellos o, como mucho, con abogados. Por tanto, no sé cómo, pero habría que abrir. No creo que este sea el problema, pero podría
ser. Y luego se ha de reflexionar. A veces da la sensación de que estas resoluciones se toman en un camerino, en un sitio muy solo, que es como se tiene que encontrar un juez siempre cuando decide, pero digamos que debería tener abertura, más vías
abiertas a la sociedad. Pero no tengo idea, no sé; lo que podría hacer es esforzarme para estudiarlo. Por otra parte, muchas de estas medidas no serían competencia del consejo; sería competencia de ustedes, del Congreso, poner el remedio
necesario.
Por cierto, me he dejado una cuestión del representante de Ciudadanos: qué opino yo de la Constitución. Esto daría para mucho y es muy tarde. De todas maneras, dese cuenta de una cosa, yo soy de la generación que hizo la Constitución. Yo
empecé a ejercer con Franco y, en el fondo, con las discrepancias que tuviera, pensé durante mucho tiempo y continúo pensando en muchos aspectos que la Transición se hizo muy bien, y una pieza clave es la Constitución. No me atrevo a decir qué es
lo que está pasando o cuál es mi visión de esto, pero la Constitución española tiene todo mi respeto, absolutamente todo. Si algún pero le tuviera que poner, no sería a la Constitución en sí misma, sino a que a veces se la ha maltratado o se la ha
malinterpretado. Pienso que la Constitución fue un gran logro. Y le digo la verdad, cuando era joven, tenía veintiocho años, y participé en esto no me lo creía; es decir, no creía que la cosa saldría así. En fin, supongo que con esto está
contestado.
Finalmente, contesto al portavoz de Podemos, esto me excede un poco, el acceso a la carrera judicial no me convence nada y supongo que a nadie le convence. Pienso que el sistema de concurso no solo aquí, sino en general, sería mejor, lo que
pasa es que en este país tenemos un problema con los concursos, no nos fiamos del concurso. Hay gente que casi no se fía ni de las oposiciones y de los concursos menos y esto habría que reciclarlo porque no puede ser porque es el mejor sistema.
Creo que por reacción lo que se ha hecho es decir que vayamos a la oposición. Esto pasa en todos los niveles y en niveles muy pequeños. Cuando en mi colegio organizamos el nuevo master, tuvimos que elegir profesores y lo hicimos por concurso.
Entonces yo era decano y me acuerdo de que tuve que imponerme, ya que la mayor parte quería currículum, cosas objetivas, porque decían: Si hacemos concurso, dirán que sale fulanito... No sé cómo se rompe esto, pero tendríamos que romperlo. Me da
envidia ver otros países, sobre todo los anglosajones, donde el concurso funciona. Seguro que alguien debe criticarlo, pero no al nivel de aquí. Pienso que alguna fórmula de concurso o de valoración de mérito tendría que haber y nos daría mejor
resultado.
En cuanto a la modificación de la ley orgánica, hay un tema que nos afecta a todos y es la exclusividad que se predica. Que conste que yo la encuentro bien. Primero, como abogado no me parece de recibo que yo pueda continuar ejerciendo en
Lérida y tener una vista de presidente de la Audiencia y ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. Algo chirría. Me parece lógico, por lo menos en profesiones de estas y, lo que decía antes, hay que aparentarlo. Creo que es correcto. He
conocido a diversos vocales del consejo y tenían bastante trabajo, luego creo que sí que da para exclusividad. ¿Puede ser un inconveniente? Evidentemente. En mi caso lo sería, pero puede no serlo porque ya estoy en la última fase de mi carrera
profesional y, por tanto, podría permitirme dejarlo y dedicarme cuatro o cinco años a esta actividad, aunque sea un problema, pero no me parece mal.
Elecciones de altos cargos. Aparte de lo que he dicho antes del concurso, está claro que hay que valorar los méritos y hay que establecer un sistema para que la valoración de méritos sea transparente y consistente.
Me parece que no me he dejado nada más.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
¿Alguna intervención? (Denegaciones). Pues le damos las gracias al señor Miquel Roé.
Se suspende la sesión.
Eran las tres y veinte minutos de la tarde.
CORRECCIÓN DE ERROR.
En el Diario de Sesiones número 350, correspondiente a la Comisión Consultiva de Nombramientos, sesión número 1, celebrada el jueves 26 de octubre de 2017, el número de expediente que debe figurar en la portada y en la página número 1 es el
276/000011.