CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 639

PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL

Sesión núm. 15

celebrada el miércoles,

24 de octubre de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora directora de la Oficina de Conflictos de Intereses (López Laguna), para informar sobre el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno, de los secretarios de Estado
y demás altos cargos, que se publicaron en el 'Boletín Oficial del Estado' el pasado 29 de septiembre. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001757) ... (Página2)

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Transcripción literal al no ser posible la presencia ni corrección por parte del personal del Departamento de Redacción del Diario de Sesiones. Se abre la sesión a las seis de la tarde.


Se abre la sesión a las seis de la tarde.


Celebración de la siguiente comparecencia:


- DE LA SEÑORA DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES, PARA INFORMAR SOBRE EL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES DE BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO, DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO Y DEMÁS ALTOS CARGOS, QUE
SE PUBLICARON EN EL 'BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO' EL PASADO 29 DE SEPTIEMBRE. (Número de expediente 212/001757).


El señor PRESIDENTE: Quisiera hacer un pequeño apunte. Quisiera mostrar, expresar mi tristeza por la muerte de una querida compañera, y quiero hacerla especialmente extensiva a la familia socialista, porque creo que quien conoció a Carmen
y tuvo el lujo de poder trabajar con ella, y yo me encuentro entre esas personas, hoy estará especialmente triste. Una mujer que luchó por dignificar, no solamente nuestra profesión, sino por dignificar a todos los españoles, que trabajó por la
igualdad y a quien yo personalmente llevo en mi corazón y estoy seguro de que todos ustedes también. Descanse en paz, y especialmente dirigido a la familia socialista.


Dicho lo cual, sí que quisiera explicar cómo va a ser la ordenación del debate de hoy. Quiero dar en primer lugar la bienvenida a la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses. El objeto de su comparecencia es el de hablar sobre
las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno, de los secretarios de Estado y demás altos cargos. Va usted a tener una intervención, de una media hora aproximada de duración, y luego intervendrán los portavoces
del resto de grupos parlamentarios. En primer lugar, será el Partido Popular, que fue el grupo que pidió su comparecencia, y luego, como es habitual, el resto de los grupos, en orden de menor a mayor tamaño.


Le cedo a usted la palabra y reitero nuestro agradecimiento por estar aquí hoy con nosotros. Gracias.


La señora LÓPEZ LAGUNA (directora de la Oficina de Conflictos de Intereses): Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente de la Comisión, miembros de la Mesa, señoras y señores diputados.


En línea con lo que acaba de decir el presidente, aprovecho para mostrar mi recuerdo y querer ofrecer un homenaje al fallecimiento de una gran mujer, doña Carmen Alborch, como todos ustedes saben, ministra de Cultura, diputada durante tres
legislaturas, escritora, política, sobre todo una gran mujer, una gran vanguardista, que luchó por el empoderamiento de las mujeres.


Yo no tuve el honor de conocerla personalmente, evidentemente, pero sí quiero decir que fue muy importante para un grupo de mujeres de esas generaciones, que supimos aprovechar y aprender de su gran mensaje.


Continúo.


Constituye un gran honor para mí comparecer hoy ante esta Comisión a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la publicación en el 'Boletín Oficial del Estado' del pasado día 29 de la resolución de 26 de septiembre de 2018
de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.


Con carácter previo me gustaría poner en contexto la citada resolución, explicando brevemente la evolución de la normativa en relación con estas medidas e instrumentos de transparencia.


Una de las herramientas de prevención de conflictos de intereses es la publicación de los datos patrimoniales de los máximos responsables de la Administración, como medida de publicidad y transparencia, publicidad y transparencia que van
unidas a la responsabilidad y a la dación de cuentas. Estas medidas de publicidad permiten comprobar por parte de la ciudadanía que los altos cargos no han utilizado sus puestos como fuente de enriquecimiento irregular.


En nuestro ordenamiento jurídico la primera norma que reguló este mecanismo fue la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del
Estado. Su artículo 14.4 en su primera versión imponía esta obligación, pero solo a los miembros del Gobierno y a los secretarios de Estado. En todo caso, la normativa no amparaba la publicación íntegra de la declaración de bienes que a tal efecto
cumplimentaban los altos cargos, sino solo una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos,

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declaración comprensiva en la que había que omitir aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de los titulares.


El desarrollo de esta ley vino establecido en el Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, que estableció lo siguiente: en primer lugar, modelos para esta declaración comprensiva, plazos para la publicación de los bienes, de tal forma que se
establecía que antes del 30 de septiembre de cada año se había de publicar en el 'Boletín Oficial del Estado' el contenido de estas declaraciones comprensivas de los miembros del Gobierno y secretarios de Estado, cuya toma de posesión o cese se
hubiera producido en el periodo comprendido entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del año en curso. También establecía un régimen transitorio para prever que todas las declaraciones anteriores fueran públicas. Esta publicación se
ha venido sucediendo en 2010, 2011, 2012 y 2013, siempre referidas a ministros de Gobierno y secretarios de Estado.


Un hito importante fue la modificación de este precepto de la ley por la disposición final segunda de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que extendía esta obligación a todos
los altos cargos. La publicación de 2014 se caracterizó porque al entrar en vigor la Ley de Transparencia se hicieron públicas las declaraciones comprensivas de la situación patrimonial ya de todos los altos cargos.


Actualmente la ley en vigor, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargos de la Administración General del Estado, ya mantiene la obligación de que esta publicación se extienda a todos los altos cargos. Desde su
entrada en vigor y hasta la citada resolución del secretario de Estado el pasado 29 de septiembre, no se produjo ninguna publicación de bienes, es decir, que desde el 1 de julio de 2014 hasta esa fecha estaban pendientes de publicación 1446
declaraciones, por lo que es importante, señorías, esta publicación, en cuanto a que supone un ejercicio de transparencia y de lucha contra la corrupción, tal y como ha señalado recientemente la ministra de Política Territorial y Función Pública en
la contestación a una reciente pregunta oral.


También hay que señalar que desde la primera ley hasta la actual no solo ha habido un incremento en el número de puestos sujetos a esta obligación de publicidad, sino que también es mayor la información que se suministra. El documento que
se publicaba, la declaración comprensiva que se publicaba, según la derogada Ley 5/2006, solo contenía dos datos: activo y pasivo, si bien, dentro del activo se individualizaban los inmuebles según el valor catastral. En cambio, el modelo de
publicación actualmente vigente, que está recogido en la orden del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de 15 de junio de 2015, es más amplia, pues desglosa el activo patrimonial en los siguientes elementos: bienes inmuebles, depósitos
en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras y otras imposiciones, acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de instituciones colectivas negociadas, acciones y participaciones en capital
social o en fondos propios de entidades jurídicas negociadas, seguros de vida, demás bienes y derechos de contenido económico y pasivo. Es decir, podemos decir que el contenido de esta publicación ofrece mayor información de los bienes
patrimoniales de los altos cargos.


Sin más, quedo a disposición de sus señorías para atender a todas las cuestiones que me quieran plantear, no sin antes dar las gracias a todos los miembros por las propuestas y consideraciones que me quieran formular, y a las que trataré de
dar respuesta.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.


En primer lugar intervendrá el Partido Popular, por un espacio aproximadamente de unos 10 minutos.


La señora ESCUDERO BERZAL: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, sumarnos a las condolencias al Partido Socialista por el fallecimiento de una gran mujer.


Y, señora López Laguna, darle las gracias por estar aquí y darle la enhorabuena por su nombramiento, cambio de rango, que no de competencia, puesto que lleva muchos años desarrollando este puesto de trabajo en relación con el Régimen de
altos cargos.


Como sabe, esta Comisión, que lleva más de dos años de funcionamiento, pretende analizar, entre otras razones, el incremento de la desafección ciudadana hacia las instituciones y proponer las reformas legislativas e institucionales que
consideremos necesarias para eliminar esa brecha de desafección entre políticos y ciudadanos, y es precisamente esta preocupación lo que ha llevado a mi grupo parlamentario a solicitar su comparecencia hoy aquí. Usted ha participado en la
elaboración de diferentes normas sobre los conflictos de intereses, ética pública y ha participado en numerosos foros internacionales, dando a conocer la Oficina de Conflictos de Intereses española, que ahora usted dirige. Y es por ello que creemos

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que es la persona adecuada para explicarnos determinadas incongruencias, imprecisiones o directamente ocultación de datos por parte de varios miembros del Gobierno y otros altos cargos, que están en el orden del día en los medios de
comunicación y en la opinión pública en general, noticias que ahondan aun más en esa desafección que pretendemos evitar.


Unos días antes de su nombramiento por el Consejo de Ministros usted compareció ya en la Comisión de Política Territorial, donde en su intervención para examinar su idoneidad resumió muy bien lo que pretendíamos que nos explique hoy aquí,
dijo que el objetivo de la Oficina de Conflictos de Intereses, y leo entrecomillado, es 'controlar la actuación de los cargos públicos, entre ellos la de los miembros de Gobierno, y, en consecuencia, de los máximos responsables de la Administración
General del Estado, con el fin de garantizar que el ejercicio de sus competencias se realice con la máxima honorabilidad, transparencia, honestidad y dedicación al servicio público. Convendrá conmigo en que quien miente en su declaración de bienes
patrimoniales y derechos de sus actividades económicas estaría incurso en causa de falta de honorabilidad, transparencia y honestidad de la que usted hablaba, porque usted sabe que en política no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Y aquí
es donde debe entrar usted, señora directora, y por ello voy al grano con el motivo de su solicitud de comparecencia.


El pasado día 29, como ha señalado, el BOE publicaba el contenido de declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y demás altos cargos del Gobierno de Sánchez, y casi inmediatamente después pudimos comprobar,
nosotros y el resto de los españoles, que varios miembros del mismo habían mentido. En poco más de dos meses tuvieron que dimitir dos ministros, uno por estar condenado por fraude fiscal y otra por mentir en su curriculum y atribuirse una formación
de la que carecía, y en base a que usted sabe que en esta Comisión pretendemos la regeneración, aumentar la transparencia, la calidad democrática de quienes se dedican al interés general y proponer así las reformas necesarias, por ello queremos
plantearles una serie de preguntas.


Prácticamente desde el minuto uno de conocerse la composición de este gobierno empezaron las mentiras, casi nadie es quien dice ser en sus curriculums y casi nadie dice tener lo que tiene en sus declaraciones de bienes patrimoniales o
actividades económicas, y nadie mejor que usted para aclararnos estos desfases.


Empezamos por el presidente Sánchez, que ni ha sido jefe de Gabinete de ningún comisionado de organismo internacional ni tiene el máster que dice tener en su curriculum, ni ha hecho ninguna tesis, porque se dice que la ha plagiado. Por lo
tanto, ha mentido. ¿Le parece a usted que cumple con los requisitos que usted estableció de honestidad, honorabilidad y transparencia que deben de tener todos los altos cargos? ¿le parece que cumple también el requisito de honorabilidad que
predica también la ley que debe ejercer el alto cargo, quien usa un avión y un helicóptero que pagamos los ciudadanos para ir a la boda de un cuñado o un concierto?


Hoy ha aparecido en los medios de comunicación que ha habido por parte de una empresa pública una adjudicación de un contrato de 750 000 euros a una empresa en la que la señora esposa del presidente del Gobierno de España es accionista.
¿Esto le parece que puede generar conflictos de intereses?


Ministra de Justicia. ¿Ha iniciado algún expediente para aclarar el posible conflicto de intereses por sus actividades anteriores a su nombramiento y su relación con el despacho profesional de su amigo exjuez inhabilitado? ¿Le parece que
cumple el requisito de honorabilidad que usted predicaba que debe tenerse para ser ministra de justicia una señora a la que toda España hemos escuchado sus repugnantes opiniones sobre su preferencia para trabajar con 'tíos', sobre la condición
sexual de compañeros o que siendo fiscal de la Audiencia Nacional augure un éxito asegurado a un delictivo negocio de explotación sexual y no denuncia? ¿Le parece que cumple el requisito de honorabilidad, honestidad y transparencia de los que usted
habló para ser ministra de Hacienda una señora que miente en su curriculum, atribuyéndose un máster que no era tal? ¿Le parece que es compatible ser ministra de Transparencia Energética y no le sugiere ningún conflicto de intereses el que tenga un
familiar en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, firmando informes que tienen que ver con el ejercicio de su cargo en ese mismo Ministerio?


La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, que en su declaración de bienes inmuebles, publicada en el BOE, afirme que el valor de sus inmuebles es de 195 408 euros, patrimonio que comprende una serie de bienes inmuebles que, según
sabemos hoy por lo publicado, posee un patrimonio inmobiliario con su marido de casi 4 millones, 20 veces más que lo que declaró. Señora directora, a la vista de esta escandalosa información, ¿va o ha abierto ya expediente sancionador a la ministra
portavoz?


El ministro de Exteriores, que ha reconocido haber vendido acciones de Abengoa, de la que era consejero, pocos días antes de que la firma presentase un preconcurso de acreedores y por lo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le
abrió expediente y le sancionó en 2017, sobre él recae la

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sospecha de beneficiarse de información privilegiada. ¿Le parece que este señor cuenta con la honorabilidad y honestidad que dice que debe tener todo cargo público?


Y, por fin, el top 10 de la honestidad, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidad. ¿Ha iniciado algún tipo de expediente para aclarar cómo ha reflejado en su declaración de bienes inmuebles la adquisición de un chalet de lujo a
nombre de una sociedad instrumental para eludir impuestos?


Hoy también hemos sabido que el señor Duque ha vulnerado la ley, compatibilizando durante tres meses su cargo de ministro con la gestión de una empresa de investigación científica, que la ocultó en el curriculum vitae que tiene en el Portal
de Transparencia, así como, no sé si eso también le parece o no que es grave, y le pedimos si ha iniciado un expediente de oficio al ministro Duque.


Voy acabando, señora directora.


La honorabilidad puede ser concepto de difícil definición, pero usted lo explicó muy bien en la comparecencia y dijo que la ley dice muy bien lo que es la honorabilidad, y estoy de acuerdo con ustedes, tanto es así que los casos que le he
citado carecen, según esa misma Ley de Honorabilidad, para gestionar los asuntos generales de este país.


Mire, señora directora, mi grupo simplemente pide que se aplique la ley a todos por igual, no pedimos que con los altos cargos socialistas se tenga un especial celo o se sea especialmente estricto, simplemente reclamamos igualdad de trato
para todos los altos cargos, los de este gobierno efímero, los del anterior y los del futuro, solo pedimos que se cumpla la ley, que es lo normal en un estado de derecho. Hoy realmente no tendríamos que estar hablando de esto, de que se cumpla la
ley, pero ya ve que sí desgraciadamente.


Este gobierno y todos los grupos de esta cámara parece que solo quieren que cumplan la ley los del Partido Popular, existe una doble vara de medir, esperamos que usted no haga esto y mire para otro lado, como están haciendo los demás, flaco
favor haría al estado de derecho, señora directora. Y le pedimos que nos informe si sobre todos estos casos que afectan a ministros del Gobierno de España ha iniciado algún expediente sancionador o algún expediente de investigación y que nos dé
cuenta de ello.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Escudero.


En primer lugar, respecto a los grupos, de menor a mayor, intervendrá el Grupo Mixto, el señor Jordi Xuclà, por el mismo tiempo, por alrededor de 10 minutos.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Soy nuevo en esta Comisión, hoy me estreno, por lo cual les saludo a todos ustedes y, evidentemente, también saludo a la señora compareciente, la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses. No voy a agotar los 10 minutos, entonces
un par o tres de temas para plantear.


Se ha hecho pública esta nueva declaración de intereses del Gobierno, la anterior se había hecho pública el 23 de septiembre de 2014, han pasado cuatro años, era conveniente esta actualización de más de 1000 cargos, que abarcan al Gobierno,
al Cuerpo Diplomático, yo quiero se tiene que presentar en un plazo de 3 meses desde el nombramiento y también 3 meses después del cese. A mí siempre me surge una pregunta al respecto, que es quién confirma los datos que se trasladan a la Oficina
de Conflictos de Intereses. Creo que esta es la pregunta, perdone, que diría que es relevante, porque la formulo yo mismo, pero varios de los casos que últimamente se han ventilado ante la opinión pública se basan en una falta de confirmación, hay
algunos elementos que pueden avalar los datos trasladados a la Oficina, por ejemplo, la obligación de trasladar copia de la Declaración de Renta, pero hay otros elementos que simplemente me gustaría que la señora directora nos ilustrara sobre cómo
se validan, cómo se confirman, pero en la expresión cómo se chequean, aunque esta expresión no es muy apropiada en lengua castellana.


En segundo lugar, me gustaría preguntarle sobre el requerimiento de GRECO a las autoridades españolas para incrementar los mecanismos de transparencia, el último informe de este organismo del Consejo de Europa pide a la Administración
General del Estado un esfuerzo de incremento de la transparencia en el ámbito de la justicia y también un incremento de algunos elementos de transparencia en el portal de transparencia de este parlamento, yo no sé si sobre este particular es
conocedora, pero me gustaría saber también si el informe GRECO afecta a su oficina o si le ha llegado algún requerimiento por parte de la última evaluación de GRECO sobre España.


Y, finalmente, me gustaría también conocer si el ministro Josep Borrell cuando hizo su presentación de su declaración de intereses informó sobre su situación respecto a la empresa Abengoa, que es una situación previa a su toma de posesión
como ministro, pero que el señor ministro Borrell está en un momento de impase de no saber exactamente cómo salir de la actual situación, de si presentar un recurso

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administrativo en el propio nivel del Gobierno, y me gustaría también saber si una de sus muchas confusiones, porque en Florencia cometió otra grave confusión, que es que no informó al Instituto de Estudios Europeos en Florencia sobre su
condición de miembro del Consejo de Administración de Abengoa, si esto también se repitió cuando presentó la declaración de bienes de interés ante su oficina.


Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà. Bienvenido a esta, su primera comisión, y, por supuesto, creo que es en nombre de toda la Comisión, trasladarle también a la señora Ciuró nuestro agradecimiento por su aportación y su
colaboración con nuestros durante el tiempo que ha estado colaborando con nosotros.


Dicho, esto continuamos con las intervenciones. En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchísimas gracias, presidente.


Señora López Alegre, es usted la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses y lo que en mí despierta el interés en cuanto a lo que su oficina es y lo que su dirección es, es que en los seis años que lleva usted, que ha dirigido la
oficina, apenas ha encontrado un conflicto. Claro, su oficina se encarga de algo muy especial, muy interesante a nuestro entender, el control legal de las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración. Cuando uno mira hacia atrás y
piensa en la historia reciente de nuestro país, en todos los conflictos que hemos tenido en cuanto a corrupción se refiere, en todos los escándalos que ha habido en cuanto a puertas giratorias, por poner un ejemplo, se refiere, uno de repente mira
la Oficina de Conflictos de Intereses y ve que en 12 años solamente se ha abierto un procedimiento sancionador, entonces uno abre e intenta interesarse por cuál es ese procedimiento sancionador, uno solo durante todo este tiempo. Eso solo puede
significar dos cosas, o que vivimos en uno de los países más limpios del mundo o que su oficina no hace bien su trabajo, porque no quiere, porque no sabe, es algo que yo espero que usted nos ayude a aclarar. Pero, desde luego, viendo cuál ha sido
la historia reciente de nuestro país, repito, creo que me inclino, nos inclinamos a pensar en que su oficina no está haciendo bien su trabajo, no está cumpliendo con la labor que se le encomienda, o no quiere cumplir con esa labor.


Un procedimiento abierto, y nos hemos interesado por cuál es. A la señora Pilar Canedo, por haber impartido clases en la Universidad de Deusto mientras ejercía su cargo en el regulador, una actividad que hizo sin cobrar, después de haberles
pedido permiso a ustedes y después de que ustedes le concedieran a ella permiso para realizar esas clases. Esta señora parece que es el peligro público número uno según la oficina que usted dirige en estos momentos en este país y, claro, uno mira
hacia atrás, echa un poco la vista atrás, recuerda cuál es la historia reciente de nuestro país. Y, claro, uno mira hacia atrás, echa un poco la vista atrás, recuerda cuál es la historia reciente de nuestro país y como poco, repito, teme que
ustedes sean fuertes con los débiles y muy débiles, siento decirlo, o absolutamente permisivos o cómplices de los fuertes.


Porque le voy a hacer un pequeño recordatorio de algunos de los escándalos con los que estamos teniendo que convivir los españoles durante demasiado tiempo precisamente porque creemos en Ciudadanos que ustedes no están haciendo su trabajo.
Se da circunstancia, como decimos, que se han producido bastantes hechos controvertidos, y voy a hablar, como le he dicho, de cuatro o seis de ellos. Por ejemplo, el exdirector de Competencia del Organismo, Antonio Maudes, realizó el pasado
septiembre una consulta oficial en relación con posibles infracciones de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos que pudieron cometer exmiembros de ese órgano, citando, por ejemplo, a Eduardo García Matilla y a Fernando Torremocha, el señor
Torremocha, este último, fue miembro de la Junta Directiva del PP y, según la web del partido, sigue siéndolo. ¿Esto a usted no le chirría? Me gustaría que nos lo explicara porque nos parece chocante que en un caso como este, tan flagrante, no
haya una declaración de compatibilidad o de incompatibilidad para el señor Torremocha, tal y como ha denunciado públicamente el señor Maudes, no es algo que digamos solamente nosotros, sobre todo si tenemos en cuenta que además la independencia de
los consejeros es vital en un órgano de regulación y competencia, que además aplica técnicamente no solamente una, sino al menos cinco regulaciones esenciales en la Unión Europea: Energía, Telecomunicaciones, Transporte, Ferrocarril, Postal y
Competencia.


Caso de Eduardo García-Matilla, antes de ejercer de consejero del regulador, fue propietario de una empresa, de Corporación Multimedia, S.A., que tan solo entre 2005 y 2009 realizó trabajos por alrededor de un millón de euros para
Telefónica. ¿Esto tampoco les chirría? Sin embargo, ¿la persona que da clases sin cobrar y habiendo pedido permiso sí que merece un expediente sancionador? De nuevo, fuertes con

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los débiles y débiles o cómplices con los fuertes. No hay que olvidar además que este señor tuvo un momento decisivo al otorgar un voto particular que se oponía a que Telco adquiriera Digital Plus.


Podíamos hablar también del señor Mariano Bacigalupo, consejero de la CNMC, casado con la señora Ribera, ministra de Energía y Medio Ambiente, que tiene que decidir cada semana sobre asuntos del sector energético. También además conviene
destacar la participación de Bacigalupo en el lobby de derecho de la energía, la Asociación Española de Derecho de la Energía. En este caso aplica, como usted sabe perfectamente, el artículo 23.1.C de la Ley 3/2013, incompatibilidad sobrevenida
como causa de cese. Sin embargo, el señor Bacigalupo continúa plácidamente en su cargo. Repito, débiles con los fuertes, pero muy fuertes con ese único expediente que se le ha abierto a esa profesora de universidad, que pidió permiso y que da
clases sin percibir ni un solo euro.


Tampoco actuó la oficina que usted dirige en el caso de Josep Maria Guinart, diputado de Convergència i Unió durante cuatro años y que parece ser, según ustedes, que, sorprendentemente, se puede velar por el buen funcionamiento de los
mercados en España y al mismo tiempo tener potestad para administrar negocios en una empresa privada.


Podríamos citar más temas. Por ejemplo, Jaime Pérez Renovales. ¿Le suena? Le voy a recordar quién es. Subsecretario de Presidencia del Gobierno, nombrado secretario general del Consejo del Banco Santander solamente 10 días después de
haber abandonado el Ejecutivo. ¿No les chirría tampoco? Sin embargo, sí que les chirría una profesora de universidad que después de haberles pedido permiso da clases en la universidad sin cobrar ni un solo euro.


¿Elena Salgado le suena? Elena Salgado, que después de ser ministra, y este es el trabajo para el que ustedes deberían estar preparados, en el que deberían estar centrados, poco después de ser ministra en todo lo que tiene que ver con
energía, fichada por la filial chilena, lo de la filial chilena fue una maniobra para eludir, falso además, para eludir la ley. Hecha la ley, hecha la trampa.


Y el señor Alberto García Valera, flamante fichaje de Ernst & Young. Y en este caso además quisiera detenerme en como un miembro de Ernst & Young hacía publicidad, de manera pública, en redes sociales, sin cortarse un duro, haciendo además
una loa a un señor como este, y decía exactamente: 'hemos fichado a Alberto García Valera, director general de Tributos, para dirigir la sede de nuestra firma en Andalucía. García Valera', decía ella, poniéndolo en valor, esto es tremendo, 'García
Valera está cerrando la batería de subidas de impuestos que prepara Hacienda y previsiblemente en nada, nada más terminar ese trabajo, se incorporará a nuestra firma, aportando todo el know-how que tiene para que podamos', esto lo añado yo de mi
cosecha, para que podamos eludir el pago de impuestos. ¿Esto a usted no le chirría? Y, sin embargo, sí que le abren un expediente sancionador a una pobre profesora de universidad, después de pedir permiso y después de dar clases, por las que no
cobró ni un solo euro.


Repito, fuertes con los débiles, débiles, cobardes o cómplices con los fuertes, con los duros, con los grandes. Y para eso no les pagamos, para eso no queremos que hagan ustedes su trabajo.


No pone en estos casos en ningún momento ni un solo pero la Oficina de Conflictos de Intereses, sí lo hace, como le he dicho al principio de mi intervención, con Pilar Canedo. Me gustaría que se detuviera en este asunto y nos explique cuál
es esa ley o cuál es esa forma de hacer su trabajo que tienen.


Porque, repito, como mínimo aquí hay un doble rasero y, repito, y lo siento, o cobardía, o ineptitud, o complicidad. Es que dígame usted cuál de los tres es, porque no entiendo cómo se puede hacer lo que han hecho con esta señora mientras
miran hacia otro lado o no hacen absolutamente nada con algunos de los casos que han sucedido, no están todos, pero sí que son todos los que están y contra los que ustedes no han dicho ni pío, o por lo menos a mí no me consta. Igual ahora usted nos
puede hacer la luz y explicarnos, porque, no sé.


Y, por cierto, hablando del expediente de esta señora. ¿Cómo puede seguir abierto después de más de un año? ¿Nos lo puede explicar? ¿Cuántas veces ha caducado? ¿Lo reabren cada tres o cuatro meses? ¿Será la oficina más severa con Pilar
que lo que fue, desde luego, lo está siendo ya, porque no hizo nada en esos casos de García-Matilla, Torremocha, Bacigalupo, Guinart y Renovales?


Y no le voy a hablar de otros casos de los que podría hablarle. El señor Catalá, por ejemplo, ¿qué van a hacer con él? Al parecer, la Oficina de Conflictos de Intereses de los altos cargos todavía tiene que dar el visto bueno al fichaje
del exministro de Justicia como miembro del Consejo Asesor de la firma legal Herbert Smith Freehills. Como usted bien sabe, el gobierno de Mariano Rajoy, con Catalá como ministro de Justicia, renovó el pasado mes de enero el contrato de
asesoramiento para los pleitos que el Estado español mantiene con algunos inversores extranjeros en el sector fotovoltaico, por recortes a renovables.

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Se trata de un contrato original que fue firmado en la recta final del mandato de Zapatero, a finales del 2011. La prórroga, valorada en 1,18 millones de euros, tendrá una duración de 27 meses.


¿Van a hacer algo al respecto? Estamos hablando de 300 euros más IVA de trabajo en el bufete, se adjudicó por vía urgente, sin publicidad. ¿Nos va a explicar qué va a hacer? ¿Será tan duro como la profesora de universidad o de nuevo será
floja con los fuertes o de nuevo mirará a otro lado o de nuevo será cómplice del bipartidismo en este caso? Porque usted, déjeme que le diga también, es una rareza.


Cuando vino el señor Pedro Sánchez lo primero que hizo es hacer una gran limpieza en todos los cargos que había y colocó a los suyos. Ya hemos explicado muchas veces como más de la mitad de la ejecutiva del Partido Socialista ya está
colocado, pero a usted no, en su oficina parece que no se llevan a cabo grandísimos cambios. ¿Es usted cómoda para el bipartidismo? Porque, repito, uno al principio lo que piensa es eso, y a mí me gustaría que hoy despejara nuestras dudas cuando
nos conteste.


Y me gustaría también recordar lo que han dicho otros organismos de control sobre ustedes, y me refiero al contundente tirón de orejas que le dio el Tribunal de Cuentas, un informe de 2016, en el que reflejaba con claridad el elevado
incumplimiento, cito, 'de las normas que rigen para los altos cargos en el momento de su cese. El Tribunal de Cuentas considera, asimismo, que la Oficina no valoró la posible existencia de conflictos de intereses en los casos de reingreso en la
función pública, de incorporación a organismos internacionales o de inicio de una actividad, de una sociedad o empresa de nueva creación'. Vamos, en casi todo. En ese sentido, sigo, el Tribunal de Cuentas señala que 'la Oficina no dijo nada sobre
el inicio de la actividad pública en relación con un alto cargo de la CNMV, tres de la antigua Comisión Nacional de Competencia, dos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y cinco de la Comisión Nacional de la Energía, ambas ya
desaparecidas, tres de la Comisión Nacional del Sector Postal'. También reprochaba el Tribunal de Cuentas que no se tramitara ni conociera denuncia alguna sobre posibles incumplimientos de la ley que regula los conflictos de intereses para los
altos cargos ni tampoco se inició, instruyó ni resolvió expediente sancionador en relación con los mismos, salvo, como ya hemos repetido, esta señora que da clases en una universidad, después de haberles pedido permiso, después de que ustedes le
concedieran el permiso, y clases por las que no cobraba ni un solo euro. Fuertes con los débiles, débiles o cómplices con los fuertes, con los suyos, con los amos.


Nos parece que su gestión, voy acabando, presidente, en este organismo ha sido absolutamente desastrosa, o no, claro, visto desde el lado del bipartidismo es absolutamente exitosa y, por lo tanto, entendemos que sea mantenida en esa oficina,
que, repito, para nosotros ha fracasado de forma estrepitosa. Nos encontramos ante un organismo muy necesario, pero que no funciona, no sirve al interés público para el que fue creado. Pero, claro, cómo no iba a fracasar, cómo podemos pedirle
peras al olmo, porque si quien tiene que decidir quién contrata, quién nos controla, son las mismas personas del bipartidismo a las que ustedes tienen que controlar, evidentemente, como hemos dicho en muchísimas ocasiones, esto falla y hace aguas
por todas partes.


Nosotros seguiremos impulsando, y con esto acabo, y exigiendo la creación de una autoridad independiente de la integridad pública, a la que se dote de plena independencia, orgánica y funcional, a la que se encomiende el control y la
supervisión del cumplimiento por las autoridades y el personal del sector público estatal de sus obligaciones en materia de conflictos de intereses, de régimen de incompatibilidades y de buen gobierno. En esto en España nos va la vida. Cuando uno
mira hacia atrás y ve la historia de todas las corrupciones que hemos vivido en nuestro país, nosotros siempre recordamos que uno de los grandes dramas de este asunto es que no hubo ni un solo controlador que dijera ni mu. Yo creo que usted está
cometiendo el mismo pecado. Espero que ahora en su intervención nos aclare si es así o no.


Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.


En nombre del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Yllanes.


El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señora López Laguna, por su comparecencia.


Voy a emplear poco tiempo de los 10 minutos, entre otras cosas porque creo que la comparecencia era esencialmente para lo que ha planteado la portavoz del Partido Popular, es decir, preguntar sobre una serie de defecto, ausencias, lagunas,
en la declaración patrimonial efectuada por miembros del Gobierno. Llevamos varias semanas discutiendo acerca de estas cuestiones, acerca de másteres regalados, de si tú tienes un máster, si no lo tienes, si te lo dieron, si no te lo dieron, y
todas estas historias.

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En el fondo también la intervención del portavoz de Ciudadanos no deja de tener un interés propio, cual es el de precisamente la presentación de una proposición de ley de lucha contra la corrupción y de defensa de los denunciantes, la
llamada Ley Ómnibus, donde en esa Ley Ómnibus promueven la creación de una autoridad independiente que asuma las competencias que actualmente tiene la Oficina de Conflictos de Intereses.


Simplemente resaltar que es importante que la tengamos a usted aquí y que podamos preguntarle o que podamos reflexionar acerca de algo tan importante como la transparencia, que probablemente ha sido uno de los grandes defectos que ha tenido
nuestro sistema democrático. El señor Xuclà lo destacaba, nos han llamado demasiadas veces la atención por ser poco transparentes y eso la verdad es que no deja de ser insatisfactorio.


Igualmente, ha hablado usted del tema del enriquecimiento ilícito. En esa Ley Ómnibus hay también una propuesta de crear la figura, que es una importante laguna del Código Penal, del enriquecimiento ilícito. Lo digo porque yo tengo la
experiencia personal de venir primero de la carrera judicial y, por tanto, he tenido oportunidad, viniendo como vengo de las Islas Baleares, de juzgar muchos casos en donde precisamente el enriquecimiento ilícito destacaba sobremanera, tenemos a un
expresidente de la Comunidad Autónoma encarcelado, porque con el sueldo de presidente de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que no es precisamente un sueldo de alto directivo de multinacional de ningún tipo, era capaz de comprarse pisos que
se le escapan de su capacidad adquisitiva al común de los mortales, o de cajas de Cola Cao que contenían varios miles de euros enterradas en jardines de algún chalé, que también de alguna manera es una forma de enriquecerse ilícitamente con los
caudales públicos.


Creo que entre la portavoz del Partido Popular, el señor Xuclà, que además ha incidido en temas enormemente interesantes, y el señor Cantó, ha quedado agotado la batería de preguntas que se le pueden hacer como directora de la Oficina de
Conflictos de Intereses. Voy a esperar a sus respuestas, porque nos resultan enormemente interesantes, y ahora le cederé la palabra a mi compañero del Partido Socialista, que seguro que tendrá algo que decir a la vista de la intervención que ha
tenido la portavoz del Partido Popular acerca de cuáles son las verdaderas cuestiones que nos han traído aquí, no tanto el funcionamiento de la Oficina de Conflictos de Intereses, sino hacer un examen minucioso y detallado de las declaraciones
patrimoniales que han presentado determinados miembros del Gobierno.


Gracias, señora López Laguna, de nuevo por su participación. Me uno, por supuesto, al pésame ofrecido al Grupo Parlamentario Socialista por el fallecimiento de Carmen Alborch y le agradezco al presidente la paciencia que ha tenido conmigo.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yllanes.


En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Rallo.


El señor RALLO LOMBARTE: Muchas gracias, presidente.


Empezaré, por supuesto, agradeciendo de corazón las amables palabras de los portavoces de todos los grupos parlamentarios, del presidente de la Comisión, dirigidas a este grupo parlamentario, al conjunto de la familia socialista, también a
los familiares de Carmen Alborch, que en el día de hoy nos ha dejado, y no solo ha dejado a la familia socialista, sino también ha dejado mucho más, ha dejado un país, ha dejado a sus ciudadanos, ha dejado a las mujeres, ah dejado unas luchas en las
que perseveró a lo largo de toda su vida, no hace más, creo recordar, que 15 días, el diputado Toni Cantó y yo mismo coincidíamos con ella en un acto en Valencia, celebrando el día de la Comunidad Valenciana, donde recibió la alta distinción de la
Generalidad Valenciana, y donde hizo una última, seguramente, afirmación de esa personalidad tan atractiva y tan comprometida con ese, y no puedo dejar de recordar, ese alegato final que queda en la memoria a la declaración como patrimonio
inmaterial de la humanidad del feminismo. Era una de las batallas constantes. Gracias, por lo tanto.


Entrando en la materia que hoy nos ocupa, la verdad es que nosotros, cuando el Grupo Parlamentario Popular solicitó su comparecencia, teníamos dudas, no llegamos a captar el alcance de la petición de la comparecencia de la directora de la
Oficina de Conflictos de Intereses porque en su estricta formulación era para informar de la publicación, del contenido de las declaraciones de altos cargos publicadas en el 'Boletín Oficial del Estado' el 19 de septiembre, y digo que no acabábamos
de entender muy bien la finalidad, luego haré otras consideraciones, la finalidad de esa petición de comparecencia porque no podíamos imaginar la única hipótesis que nos cabía en la cabeza en aquel momento, y es que el Partido Popular aprovechara
esta comparecencia suya para hacer un alegato o acto de constricción de reconocimiento de culpa y de petición de perdón ante los ciudadanos, precisamente por lo que esa publicación de las declaraciones de interés implicaba, y es que ni más ni menos,
como usted ha explicado al inicio de su comparecencia, desde el año 2004 hasta la fecha, hasta el día 29 de septiembre, no se habían publicado

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ni más ni menos unos 1500 registros, las declaraciones de bienes de más de 1000 altos cargos de toda la etapa del gobierno Rajoy, desde el año 2014, perdón, al año 2018, y entendíamos que lo único que podía explicar y justificar esta
petición de comparecencia era que aprovecharan para reconocer esa culpa, pedir perdón, disculpas a la ciudadanía, hacer ese acto de constricción, también es verdad que nos parecía improbable que lo fueran a hacer, conociendo un poco el talante y la
sensibilidad en relación con todos los temas que tienen que ver con el buen gobierno, la transparencia, etcétera, pero era la única hipótesis que nos cabía, que hubieran reconocido que muchas leyes se aprobaron en la última legislatura, la de la
mayoría absoluta, en el año 2013, en el año 2015, todo un gran paquete legislativo dirigido a revertir lo que era una imagen incontestable, que era la de haber impregnado la vida política, la vida pública española de corrupción y mal gobierno, pero
que todas esas leyes luego no iban acompañadas de actos consecuentes que llevaran a su cumplimiento. Y el ejemplo más incontestable que hemos encontrado hasta la fecha ha sido precisamente este, el que en la fecha 29 de septiembre de 2018 se
publicaran ni más ni menos que las declaraciones de bienes de más de 1000 altos cargos de toda esa época.


Hoy hemos descubierto que la finalidad era distinta, que se perseguía otra cosa, y en alguna medida casi nos vemos en la obligación parcialmente de, por lo que toca la petición de comparecencia original, pedirle alguna disculpa a usted misma
porque venía a una cierta emboscada de alguna forma, a la emboscada que supone decirle que viene a contar unas cosas y luego salirle por peteneras o por otras que poco o nada tienen que ver con el objeto de la comparecencia solicitada. Porque aquí
hemos oído toda una retahíla de cuestiones que, vamos, no me voy a adelantar yo a lo que imagino que usted va a decir inevitablemente, pero es que es bastante obvio que nada tienen que ver con el ejercicio de su función, que forman parte de un
debate político, en el que se mete en un paquete multitud de cuestiones, curriculums vitae abultados, adulterados, solo de unos, no de otros, etcétera, pero bueno, curriculums vitae, se habla de vínculos de amigos, de jueces amigos, de una multitud
de cuestiones que, honestamente, todo el mundo que nos esté viendo y escuchando sabe que no tiene nada que ver con usted, con lo cual, se quiere aprovechar su comparecencia simplemente para volver a poner aquí voz a algo que se viene diciendo fuera
en otros ámbitos y lugares en el marco de un debate político, pero aquí yo creo que debería haber un poco más de rigor, deberíamos ser todos un poco más honestos con la realidad y con una exigencia mínima de rigor en la vida parlamentaria, porque yo
he oído, todos hemos oído que a usted le corresponde cumplir con la ley y garantizar la honorabilidad, y se han hecho todas estas referencias confusas, difusas, surrealistas, insidiosas, sobre todos estos elementos varios. Si uno fuera un poco
riguroso, se iría a la Ley 35, de marzo del 2015, y vería en qué consiste ese requisito de honorabilidad, exigible legalmente, usted ya también lo apuntó en su comparecencia, cuando compareció también en el mes de septiembre, para obtener, digamos
el plácet de esta Cámara para su nombramiento y en ese artículo 2, apartado segundo, se dice claramente cuándo no concurre esa condición de honorabilidad y los supuestos están perfectamente tasados, incontestables, se habla de una condena por
sentencia firme a pena privativa de libertad, se habla de una condena por sentencia firme por la comisión de determinados delitos, se habla de la inhabilitación conforme a la Ley 22/2003, se habla de inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo
público, etcétera, los sancionados por la Comisión de Infracciones muy Graves, de acuerdo con lo previsto en la 19/2013, es decir, los supuestos están claramente tasados y, claro, usted es aquí la excusa, le lanzan simplemente para que pueda constar
en el Diario de Sesiones y en el debate público toda esta miasma de cuestiones, pero no esperan, porque ninguna respuesta sería rigurosa y cierta, a no ser que desconozcan absolutamente, cosa que también me permito dudarlo, desconozcan lo que dice
exactamente la ley que regula la Oficina de Conflictos de Intereses y la normativa relativa a los altos cargos de la Administración.


Por lo tanto, por ese lado, ya le digo, unas ciertas disculpas por la relativa emboscada por las afirmaciones trampas, insidiosas, que a usted simplemente la están queriendo utilizar para poner sobre la mesa hoy en esta Comisión todas estas
cuestiones. Y en ese sentido poco más se puede decir.


Otras intervenciones sí que de una u otra forma han focalizado en lo que son sus competencias han resultado pertinentes para lo que pueden ser sus competencias, ahora bien, tampoco podemos, siendo todos los portavoces de los grupos
parlamentarios honestos, no podemos negar cuál es el carácter de esta Comisión. Yo no sé si usted está familiarizada en qué comisión está compareciendo, esta llamada Comisión de Calidad Democrática es una comisión creada permanente, para la
legislatura, para abordar el estudio y análisis de toda una serie de cuestiones que tengan que ver con la necesidad de regenerar la vida pública, la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, esta no es una comisión legislativa, no es

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lógico y natural que ejerza un control político, más bien lo lógico sería aprovechar comparecencias como la suya para ilustrarnos sobre cómo perfeccionar el marco legal vigente en la materia.


Y ahí es donde yo sí que quisiera, en la último aparte de mi intervención, detenerme un poco más. Usted ha ilustrado bien cuál ha sido la evolución del marco legal en materia de conflicto de interés, regulación de los altos cargos, cómo ha
evolucionado desde el año 2006 la primera ley impulsada en aquel momento por el gobierno Zapatero la Ley de Transparencia en 2013, y, finalmente, la Ley 3/2015, cómo ha evolucionado, cómo en buena medida la Ley 3/2015, a nosotros no nos duelen
prendas también reconocerlo, supone un avance respecto de lo que era el marco anterior, un avance formal al menos, formal, habría que ver cómo luego toda esa normativa se implementa.


Yo quisiera aprovechar su comparecencia hoy aquí para que en la medida que no sea un atraco también de otro tipo, pero, en definitiva, un atraco, usted pudiera contribuir a los trabajos de esta Comisión en positivo, como algún otro grupo ha
planteado, porque usted tiene una larga tradición, un largo recorrido en la Administración y además en esta oficina, ha sido su subdirectora, ahora es la directora, y lo que nosotros tenemos la obligación en este momento es de intentar identificar
los déficits que puede tener el marco jurídico regulador en la materia. Es verdad que desde el año 2015 ha pasado poco tiempo para hacer una evaluación suficiente, o no, para identificar las debilidades y mejoras que necesita el sistema. Hay una
que es evidente que necesita ser perfeccionada, y es la que hoy sí nos trae aquí, es decir, no es posible que haya un precepto de la ley que lo regula que establezca que estas declaraciones es obligatorio publicarlas en el 'Boletín Oficial del
Estado' y nos encontremos que durante cuatro años eso no haya ocurrido y hay que saber por qué y hay que identificar claramente qué es necesario para que esto no vuelva a ocurrir, porque ahí tenemos un clamoroso déficit en la vigencia de la norma,
pero no solo.


Es verdad también que todas las cuestiones relativas a conflictos de intereses, incompatibilidades de altos cargos, control de toda esta realidad, está sometida a interrogantes, a algunos interrogantes, y algunos de esos interrogantes forman
parte de las preocupaciones compartidas en el debate que estamos teniendo en determinadas iniciativas legislativas y en otras cuestiones, y a nosotros nos parece que usted está en condiciones de aportar algo de luz si lo considera conveniente en
este momento, y es verdad, usted decía en su comparecencia que la Oficina actúa con independencia. Lo cierto es que formalmente tiene declarada una autonomía funcional, no es una autonomía orgánica, y nos gustaría saber hasta qué punto puede
perfeccionarse el sistema, que ya ha tenido mejoras en el año 2015, para que eso pueda ser más verdad.


Por otro lado, hay también un debate sobre los periodos de congelación de los altos cargos para su incorporación a actividades privadas, que hoy están fijados en dos años, hay propuestas de extensión; nos gustaría conocer su opinión al
respecto. Ya se lo ha planteado el portavoz del PDeCAT, pero me parece que es importante incidir en las limitaciones funcionales, prácticas que tiene la Oficina para el ejercicio de sus competencias, bien en recursos humanos o bien en la atribución
de facultades, en su caso, de investigación, de actuación, de verificación. Ese es un tema en el que también nos gustaría que usted nos aportara alguna luz.


Hay otro debate que refiere al propio contenido de las declaraciones de bienes y de actividades, hasta qué punto es o no suficiente, y hoy hemos tenido un buen ejemplo, porque casi nada de lo que aquí se ha dicho, salvo en alguna
intervención, tiene nada que ver con el ejercicio de su función, porque precisamente esas declaraciones de bienes, los que hemos sido altos cargos lo sabemos, pero los que no, podrían saberlo yendo al 'Boletín Oficial del Estado' cuando se
publicaban precisamente en esos años en los que se publicaban esas declaraciones de altos cargos, para saber lo que consta en esas declaraciones. Hoy hemos visto que hay mucha confusión, interesada o no, pero mucha confusión sobre lo que realmente
se recoge en las declaraciones de bienes. Y la pregunta es hasta qué punto se puede o debe o no ampliar esos contenidos y ampliar su publicidad o no, que esa es otra cuestión de interés, para el ejercicio de sus funciones. Claro, nosotros también
tenemos dudas de cómo funciona la Oficina, no sabemos, intuimos que no, pero no sabemos si hay mecanismos de recepción de un tema que estamos nosotros discutiendo también en la Cámara, de denuncias, de alertas sobre conductas irregulares. Voy
terminando, presidente. Intuimos que ese no es un mecanismo existente, sería interesante conocer si usted cree que se pueden abrir esas opciones.


Y luego hay todo un ámbito de cuestiones, que es el mundo del lobby, que no es un tema menor, más bien fundamental en la garantía de la imparcialidad de la Administración, no solo del alto cargos, sino del funcionariado, del personal al
servicio de la Administración Pública, especialmente en los cargos más altos. Ese es un reto que también tiene esta Cámara pendiente de abordar o de concluir, el de la regulación del mundo del lobby ante la Administración Pública, y en ese sentido
también nos gustaría conocer su

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opinión sobre hasta qué punto la propia Oficina podría o no asumir competencias, debería o no asumir competencias, con qué medios, con qué facultades, etcétera.


Estas son algunas cuestiones que entiendo que son también un cierto atraco, en positivo, pero que, si usted puede en esta comparecencia aportar alguna luz, nosotros se lo agradeceremos.


Nada más y muchas gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rallo.


A continuación, para dar cumplida respuesta a las intervenciones de los portavoces, tiene la palabra la compareciente, la señora López Laguna.


La señora LÓPEZ LAGUNA (directora de la Oficina de Conflictos de Intereses): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por las intervenciones, han sido muy importantes, muy interesantes y casi voy a dar una clase de Derecho
administrativo, si me lo permiten, y va a ser largo.


Efectivamente, yo dije en mi anterior comparecencia que uno de mis puntos fuertes para ser directora de la Oficina era ser licenciada en Derecho y ser funcionaria, licenciada en Derecho porque nosotros aplicamos leyes, el ordenamiento
jurídico. Las leyes estarán bien, estarán mal, serán perfeccionables, pero aplicamos las normas, no aplicamos criterios políticos ni valoraciones. Y cuando aplicamos una norma y la persona a la que se la aplicamos no está de acuerdo, acude a los
tribunales.


Mi otro punto fuerte, dije, es que soy funcionaria del Estado por oposición, lo cual quiere decir que yo no tengo amos, bueno, amo sí, tengo un amo, la Constitución, el ordenamiento jurídico, las leyes, o sea, no es solamente que la
autonomía de la Oficina implique que no recibimos instrucciones, sino que los funcionarios del Estado, nosotros tenemos la permanencia en el empleo, no admitimos criterios contrarios al ordenamiento jurídico, no los admitimos. Es verdad que a veces
cuando se aplican las normas las personas pueden estar en contra de lo que decimos, lo que opinamos, pero tenemos la conciencia tranquila de que aplicamos siempre con criterios jurídicos.


Se me ha planteado una relación de asuntos muy variopintos, muy diversos. Voy a intentar responder en la medida de lo posible y con el debido respeto.


La Oficina de Conflictos de Intereses tiene unas funciones muy claras, que es determinar conflictos de intereses de acuerdo a normas, entonces, he oído palabras, conceptos que me han parecido un poquito, si me permiten, con el debido
respeto, unas calificaciones difíciles: ocultación de datos, se inventan datos, habían mentido. Se puede decir que, si ha habido una ocultación de datos o se ha inventado un dato, hay un dolo, una declaración dolosa, y, efectivamente, sería una
infracción muy grave. Si, evidentemente, tenemos pruebas, alguien tiene pruebas de que ha ocurrido eso, comuníquese y se iniciarán las actuaciones, pero hay que hacerlo con indicios, con pruebas, con pruebas de que ha habido incumplimientos reales,
no simplemente algunas noticias que aparecen o valoraciones o criterios que, efectivamente, no tienen a lo mejor luego peso específico. Se han planteado temas, que si los expedientes, los curriculums, la honestidad, la honorabilidad. Para ser alto
cargo hay unos criterios de honorabilidad, no voy a entrar en asuntos académicos, en asuntos de plagios, de tesis doctorales, de utilizaciones de aviones, fundamentalmente porque no obedecen a irregularidades que realmente existan y, por supuesto,
no son de la Oficina de Conflictos de Intereses, el despacho profesional del ministro de Justicia, etcétera.


Lo único que sí creo que tiene que ver con la función de la Oficina de Conflictos de Intereses sería por un lado lo que se está diciendo del señor Duque. Ahí sí me voy a explayar más porque, efectivamente, está más relacionado con mis
funciones. Vamos a ver, el señor Duque en su declaración de actividades ha declarado que tenía una sociedad patrimonial y que con anterioridad a su nombramiento estuvo en una sociedad de la que ha cesado. Esa declaración de actividades, no es que
lo diga yo, bueno, por supuesto, lo digo yo, pero es que además esta declaración es pública y una copia de esta declaración se ha entregado a un solicitante que lo ha pedido en el Portal de Transparencia. El señor Duque, efectivamente, tenía una
sociedad patrimonial, que es totalmente legal, totalmente legal porque lo pone en el Impuesto del Patrimonio, en el Impuesto de Sociedades, que se pueden tener estas sociedades de tenencia patrimonial, y es una actuación que no es ni cuestionable
desde ningún punto de vista, porque, si lo cuestionamos, tendríamos que cuestionar a la cantidad de contribuyentes que recurren a esta vía, entonces, esta es una actividad totalmente legal.


Efectivamente, ha salido una noticia diciendo que el señor Duque ha participado en una empresa y ha ocupado un cargo en esa empresa hasta, tengo aquí el dato exactamente, hasta junio. Vamos a ver, la declaración secretarios de Estado
actividades, que se tienen tres meses para formularla, en esa declaración el señor Duque declaró que había cesado en el cargo, que había cesado en ese cargo. El

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señor Duque, como saben, viene del sector privado, no era alto cargo anteriormente y entonces tenía que tener una actividad profesional, y cesó en el cargo y lo declaró y ha cesado antes de los tres meses, en cuyo caso no hay ningún tipo de
legalidad ni de contravención de la ley. Lógicamente, su reflejo en el Registro Mercantil tiene que ser posterior porque lo dice la legislación, primero se cancelan los cargos, en el momento en que se cancela un cargo, el cargo nuevo en esa empresa
asume las funciones y esto tiene un reflejo, que posteriormente se transmitirá al Registro Mercantil. En ese caso vemos que no hay ninguna actuación ni contraria a la normativa fiscal ni a la normativa de altos cargos ni políticamente cuestionable.


Respecto a las declaraciones de bienes de algún otro alto cargo, que se está planteando si la valoración que se pone en la declaración, vamos a ver, el objeto de una declaración de bienes es comprobar que desde el alto cargo toma posesión
hasta que cesa no ha habido un enriquecimiento injustificado, y esto lo hacemos en la Oficina. Entonces, hay que pedir un dato, este dato que piden los modelos, que están aprobados por la orden del ministro de Hacienda y Función Pública, del
ministro Montoro, piden el valor catastral. ¿Por qué se pide el valor catastral? Porque es un valor que está, es un valor administrativo, en un documento administrativo público contratable, fácilmente obtenible por el alto cargo y que, en caso de
que haya una modificación de esta valoración, tiene un reflejo que se puede comprobar. De hecho, en otras Administraciones Públicas, como el Ayuntamiento de Madrid, la Xunta de Galicia, Andalucía, etcétera, también recurren al valorar catastral,
Entonces, el dato que se ha reflejado en alguna declaración, concretamente la ministra portavoz, es el dato del patrimonio que ella tenía en el momento en que tomó posesión, es ese dato, y está de acuerdo con la realidad. Entonces, no hay ningún
tipo de actuación cuestionable en relación con ello.


Hay otras preguntas sobre que quién confirma los datos que se declaran. En primer lugar, hay una cuestión previa, los datos que se declaran, como son públicos, lógicamente, los altos cargos tienen mucho cuidado de saber lo que se publica y
lo que no se publica, porque saben que están sometidos a un escrutinio, aun así los comprobamos, concretamente nos dirigimos siempre al Registro Mercantil Central para que nos diga si, efectivamente, los altos cargos están o no en órganos de
administración, lo comprobamos con el Impuesto del Patrimonio, lo comprobamos con el Impuesto de la Renta, tenemos colaboración con la Administración de la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria, y son datos comprobados. De todas formas, la
ley establece que los altos cargos son responsables de la veracidad de sus datos, la declaración de bienes, como saben sus señorías, es un instrumento previsto con carácter general para todos los procedimientos administrativos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, es una declaración de bienes. Por supuesto, si hay indicios de que hubiera algún error o alguna infracción, se tienen que comunicar y nosotros los investigamos.


El requerimiento del GRECO, efectivamente, nos han llegado informes del GRECO y, desde luego, la Oficina de Conflictos de Intereses en lo que corresponde a conflictos de intereses, no a corrupción, sobre todo la autonomía y la transparencia,
estamos trabajando en ello y estamos cumpliendo las instrucciones.


Tengo que decir al señor portavoz de Ciudadanos que realmente sus preguntas son las que más nos afectan, sobre todo por las puertas giratorias, etcétera. Me dice usted que no comprobamos conflictos de intereses porque no hacemos expedientes
sancionadores. Mire, hemos incoado desde la Ley 5/2006 21 procedimientos sancionadores, algunos de ellos, ocho de ellos concretamente, están publicados en el 'Boletín Oficial del Estado', porque son sanciones que se publican, y además se informa de
estas sanciones al Congreso de los Diputados en informes que hacemos semestralmente. Eso en primer lugar.


Respecto al procedimiento que usted me cita, como usted comprenderá, la Ley de Protección de Datos, la Ley de Transparencia, me impide hablar sobre procedimientos que no están finalizados por respeto al honor y a la intimidad de esta
persona, con lo cual, no voy a hablar en absoluto. Pero, en todo caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores establece la dedicación absoluta de los altos cargos.


Me habla usted de las puertas giratorias y me parece un tema que sí me afecta directamente porque es de conflictos de intereses. La Ley de Conflicto de Intereses establece unas limitaciones en cuanto a puertas giratorias, que pueden ser
perfeccionables, a ser más amplias o a ser más estrictas. Establece que no se puede ir a una empresa o a un grupo societario cuando el alto cargo tiene relación directa con esa empresa, y establece qué es relación directa. Cuando nosotros decimos
que un alto cargo puede ir a una empresa porque no tiene relación directa, lo decimos porque el ministerio competente o el secretario del Gobierno en el caso de Consejo de Ministros o las secretarías de las comisiones delegadas, nos hacen un
certificado en el que dicen que no ha habido relación directa con esa empresa, si no, no damos esa autorización, y, de hecho, en el Portal de Transparencia nos están pidiendo autorizaciones y denegaciones y cuando nos piden las autorizaciones nos
piden los informes en los que nos fundamentamos.

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Algunos ejemplos que usted me dice, por ejemplo que por qué no hemos sancionado, pues, por ejemplo, el señor Pérez Renovales. Al señor Pérez Renovales, que se fue al Banco de Santander, mientras fue subsecretario no dictó ninguna
resolución, no intervino en ninguna decisión directa con el Banco de Santander, con lo cual, no hay ningún motivo jurídico para denegarle esta compatibilidad.


La señora Salgado. La señora Salgado, cuando se fue a Chilectra, pedimos... La ley anterior establecía que las relaciones directas eran con una empresa, la nueva ley amplía esta prohibición y dice: con esa empresa o con el grupo
societario. En el caso de la señora Salgado fíjese usted que incluso pedimos informe a la Abogacía General del Estado y la Abogacía General del Estado nos informó en un dictamen diciendo que no había ningún motivo legal para impedir esa
compatibilidad.


Señor Torremocha. El señor Torremocha pidió si podía estar en la Junta Directiva del Partido Popular. En una junta directiva de un partido se puede estar, con independencia que, por lo visto, luego, efectivamente, no llegó a esta opción,
pero se puede estar, es un derecho constitucional que una persona esté en un partido, una junta directiva es un derecho constitucional, no lo puedes prohibir.


Digo estos nombres porque han salido en una pregunta del Portal de Transparencia, por es digo los nombres, y son procedimientos cerrados.


El señor García-Matilla me está diciendo unas empresas que eran anteriores a ser nombrado alto cargo. La Ley del Alto Cargo establece procedimientos para que los altos cargos se tengan que abstener en el caso de que tuvieran intereses en
aquellas empresas. No hemos tenido ningún tipo de denuncia en el sentido de que no se hubiera abstenido cuando era preceptivo.


García-Varela director general de Tributos. Los directores generales de Tributos no firman resoluciones con despachos de abogados ni con consultoras, no lo hacen, tenemos informe del Ministerio diciendo que no hay ningún tipo de motivo
legal, fueron por escritos, por certificados, son apreciaciones, que no hay ningún tipo de motivo para denegarle esta compatibilidad.


Respecto a alguna otra persona que usted me ha planteado, que es un exministro, no voy a entrar porque el procedimiento no está cerrado y la Ley de Transparencia, la Ley de Procedimiento Administrativo me impide dar información. Cuando se
dé la autorización, se publicará en el Portal de Transparencia, y ustedes tendrán acceso, como toda la ciudadanía.


El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas hizo un informe, muy interesante, no dijo que incumpliéramos la ilegalidad, dijo que en algunos casos, opinaban ellos, opinaban, con todo el respeto, que no teníamos los suficientes mecanismos
de control. Algunas de esas observaciones las hemos recogido porque se ha modificado la ley, otras, efectivamente, hemos hecho unos procedimientos, pero sí quiero centrarme en tres asuntos. El Tribunal de Cuentas decía que en el caso de ingreso a
la función pública no admitía o no abríamos procedimientos de conflicto de intereses. Porque no se puede legalmente, porque los conflictos de intereses son para el sector público, lo dice la ley, conflicto de intereses para actividad privada, si un
alto cargo se quiere ir a una actividad privada se inicia un procedimiento largo, o no largo, pero complejo, si solamente va a ingresar en el sector público, es que no procede.


El caso de organismos internacionales, que por qué no prohibíamos que un exalto cargo fuera un organismo internacional. Es que tenemos un informe de la Abogacía General del Estado diciendo que en el caso de organismos internacionales
tampoco procede establecer un procedimiento de peticiones de autorizaciones, que es legal que un alto cargo español vaya a un organismo internacional.


En el caso de empresas de nueva creación, la anterior ley, como esta, dice, o decía: un alto cargo no puede ir a una empresa con la que haya tenido relación directa, claro, relación directa cuando fue alto cargo, claro, si esa empresa no
existía, no puede haber relación directa porque no existía, entonces, en ese caso no se puede iniciar un procedimiento de dirigirse al departamento y preguntarle: ¿Con la empresa que se ha creado ayer tuvo relación directa el alto cargo que ha
cesado hace un año? No procede. Sí les pedimos una declaración responsable, que nos digan que, efectivamente, no van a tener relaciones de conflictos de intereses con el sector público. Estas declaraciones responsables comprometen al alto cargo y
sí las comprobamos, sí las comprobamos porque, efectivamente abrimos procedimientos en esta materia.


Yo creo que más o menos las respuestas son similares, es decir, hay temas que puede ser que se cuestionen desde un punto de vista, no voy a decir siquiera político, partidista, pero en esos temas yo no entro, simplemente aplico y son
responsable de las decisiones políticos que hacemos de acuerdo con la normativa.


Agradezco al portavoz del PSOE que, efectivamente, se ciña al objeto real de esta Comisión y plantea algunas observaciones.


Respecto a la autonomía orgánica, bueno, parece ser que la Oficina de Conflictos de Intereses somos autónomos, yo no llevo, hago otra matización, no llevo seis años en el cargo, llevo 22 años, pero no

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porque tenga un amo, sino porque aplicamos el ordenamiento jurídico, que es más o menos lo que la ciudadanía quiere.


Lo de las puertas giratorias es un tema muy complejo porque unas puertas giratorias, un régimen mucho más rígido tiene sus consecuencias negativas, porque también impide que haya profesionales que vayan al sector público, eso también, es
decir, estamos viendo ahora mismo y, efectivamente, es tan amplio que muchos profesionales no tienen cabida de reincorporarse al mercado laboral, sobre todo en situaciones en que no hay conflicto de intereses. Es un tema muy complejo.


¿La publicación de los bienes, ampliar el contenido? Yo creo que el contenido es bastante amplio. Es un tema que ustedes decidirán, que son el Poder Legislativo.


Ampliar la publicidad. Ahora estamos publicando cuando toman posesión y cuando cesan. Creo que da los elementos suficientes para valorar si ha habido ese incremento del patrimonio.


Denuncias y alertas. Nosotros recibimos denuncias, denuncias de ciudadanos, denuncias de organismos públicos, por ejemplo de la Intervención General, por eso hemos incoado algunos procedimientos por infracción de la Ley de Transparencia, y
en algunos casos con noticias en los periódicos, que, efectivamente, creemos que se fundamentan en hechos contrastados, iniciamos procedimientos, y lo hemos hecho, y esto ustedes lo saben porque se comunica con esos diputados.


Respecto a los lobbies es un tema interesantísimo y creemos que tiene que ser regulado, porque hay conflictos de intereses, no solamente desde el empleo público que va a lobby, como desde el lobby que proviene del sector público y creo que
es un tema que la Oficina de Conflictos de Intereses debería intervenir, pero en este momento creo que no lo podemos asumir, pero que son temas muy importantes.


No sé si, efectivamente, contesto a todas sus preguntas, me imagino que no, pero sobre todo lo que sí quiero insistir es que la Oficina de Conflictos de Intereses lo que hace es aplicar normas y sobre criterios realmente jurídicos, o sea,
opiniones sobre nos parece, no nos parece, es que aplicamos normas. Si, efectivamente, la ciudadanía considera que alguna norma no está aplicada por ineptitud, como se ha dicho por ahí, o por mirar a otro lado, que no me gusta, porque no se mira a
otro lado, hay dos vías, se pueden hacer y no hay ningún problema en que iniciemos actuaciones, pero sobre todo por hechos que realmente sean contrarios a las normas.


No sé si necesitan hacer alguna consideración más.


De todas formas, agradezco su intervención, sus intervenciones, sus ideas.


Simplemente para terminar, que todas esas ideas que plasma son interesantísimas, pero vuelvo a decir que la Oficina de Conflictos de Intereses no es el Poder Legislativo, son ustedes quienes tienen la facultad de endurecer en su caso los
regímenes de incompatibilidades, de conflicto de intereses, etcétera, no nosotros. Lo que hacemos es cumplirlos con el mayor rigor.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora López Laguna. En nombre de la Comisión agradecerle el esfuerzo por su comparecencia esta tarde, espero que haya contentado a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios a través de
sus portavoces y, de nuevo, le reitero el agradecimiento de esta Comisión por su comparecencia ante nosotros esta tarde.


Se levanta la sesión.