CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 586

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO

Sesión núm. 22

celebrada el jueves,

6 de septiembre de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


- Elección de la Secretaría Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000031) ... (Página2)


Comparecencia, a petición propia, de la señora ministra para la Transición Ecológica (Ribera Rodríguez), para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en relación con el proyecto de construcción de un almacén temporal
centralizado (ATC) en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca). (Número de expediente 214/000097) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000031).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.


Damos la bienvenida a la compareciente, nuestra ministra, a la que hace poco tuvimos ocasión de escuchar también en esta misma, y recientemente creada, Comisión de Transición Ecológica. Aprovecho también para dar la bienvenida a los nuevos
miembros que se incorporan a esta Comisión.


Previamente, con permiso de nuestra compareciente, hay una formalidad imprescindible. Esta Mesa ha quedado algo coja puesto que Lídia Guinart, que era nuestra secretaria, tiene ahora otras tareas, otros cometidos y, por tanto, hay que
cubrir esa vacante. La norma, y así lo hemos comentado en la Mesa, es que la cubra un miembro del mismo grupo al que pertenecía la señora Guinart, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, a él me dirijo y le pido una propuesta. Grupo
Parlamentario Socialista, ¿la propuesta para la secretaría de la Mesa?


La señora LUCIO CARRASCO: Nuestra propuesta para secretario de la Mesa es Chaib Akhdim Mohammed.


El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo, señorías? (Asentimiento). Mohammed Chaib Akhdim, por asentimiento, pasa a ocupar el puesto de secretario segundo de esta Mesa.


Muchas gracias. (Aplausos).


COMPARECENCIA, A PETICIÓN PROPIA, DE LA SEÑORA MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (RIBERA RODRÍGUEZ), PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN TEMPORAL
CENTRALIZADO (ATC) EN LA LOCALIDAD DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA). (Número de expediente 214/000097).


El señor PRESIDENTE: Sin más dilación, señorías, el objeto de la convocatoria es un punto único de comparecencia a petición del Gobierno -también lo había solicitado un grupo parlamentario-, que tiene que ver con el proyecto de construcción
de un almacén temporal centralizado en la localidad de Villar de Cañas, en Cuenca. Como hemos hablado en la Mesa también, va a haber un solo turno de intervenciones, salvo que algún grupo pida a la ministra alguna aclaración después de su réplica
y, por tanto, sería un turno ya más breve de un par de minutos. La primera intervención de cada grupo será de entre cinco y siete minutos. Ruego a sus señorías que como esta va a ser una Comisión de mucho debate, compleja, también difícil de
manejar en todos los sentidos, aporten ustedes por su parte todo lo que puedan. Sin más, tiene la palabra nuestra ministra, la señora Rivera.


La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.


Espero que no sea una comisión de trabajo difícil, sino de trabajo rico y enriquecedor, dado que la mayor parte de las cuestiones asociadas a los temas competencia de esta Comisión de Transición Ecológica son asuntos para los que no existen
respuestas automáticas, sino que requieren de un nivel de debate, consenso y entendimiento entre las distintas fuerzas parlamentarias. Estoy segura de que ese es el espíritu que reina entre los distintos grupos, al que yo me sumo con humildad y
gran satisfacción. En todo caso, gracias, como decía el señor presidente; gracias, señorías, por tener ocasión de compartir con ustedes asuntos tan sensibles, tan relevantes como el que vamos a comentar hoy.


Comparezco ante esta Comisión para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en relación al proyecto de construcción de un almacén temporal centralizado de residuos nucleares, en la localidad de Villar de Cañas, en la
provincia de Cuenca. En particular, me gustaría compartir con ustedes los motivos de la decisión del Gobierno, remitida preceptivamente el pasado mes de julio al órgano regulador, de retirar provisionalmente la petición al Consejo de Seguridad
Nuclear y de emisión de un informe sobre la construcción de este almacén temporal centralizado; es decir, por qué hemos pedido desde el Gobierno suspender la solicitud del Gobierno anterior, realizada en el año 2014, de emitir un informe sobre la
autorización de construcción de esta instalación.

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Debo decir, en primer lugar, que entendemos que esta es una cuestión de gran importancia, por tanto, es bueno que tengamos ocasión de compartir las motivaciones de nuestra decisión, porque si algo exige una cuestión de esta naturaleza es
precisamente transparencia, anticipación y diálogo. A nadie se le escapa la responsabilidad y la obligación de gestionar los residuos nucleares, a nadie se le escapa tampoco que es un tema sensible, complejo, en el que es importante ultimar todas
las oportunidades, todas las opciones para actuar con el mayor rigor técnico, pero también con el mayor consenso político y social. Esto implica que resulte fundamental escuchar a todos los sectores y a todas las instituciones afectadas por esta
decisión, hacerles partícipes de la intención en relación con las decisiones que se pretenden adoptar, incluido involucrar al Parlamento en el debate de las propuestas y la ejecución de las medidas que en su caso se acuerden.


A nuestro juicio, es urgente poner sobre la mesa soluciones rigurosas y coherentes, necesarias más que nunca en un ámbito en el que se combina política energética actual de medio y largo plazo, pero también heredera de lo que han sido las
décadas anteriores, gestión responsable de riesgos presentes y estimación de riesgos futuros y, evidentemente, cuestiones de seguridad. Son soluciones en las que, a nuestro juicio, es imprescindible anteponer criterios técnicos, el interés general,
la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración. Por ello me gustaría destacar, me gustaría subrayar que de manera simplista podríamos decir que la decisión de este Gobierno se fundamenta en lo que
podríamos calificar de modo coloquial en una certeza y en dos dudas con respecto a este procedimiento. ¿De qué certeza hablo? Fundamentalmente de que en este tema la capacidad de escucha y consenso político es mejorable, manifiestamente mejorable.
En gran medida este margen de mejora explica por qué se ha producido el rechazo que en gran parte se aprecia en relación con este proyecto. Es un rechazo que fue manifestado tanto por esta Cámara en el seno de la ponencia encargada en relación con
las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, por las Cortes de Castilla-La Mancha y por el Gobierno de esta comunidad autónoma. Operar en un contexto en el que el Gobierno autonómico, el Parlamento autonómico, la Comisión y la ponencia,
fruto del trabajo de esta Cámara, manifiestan recelo, no es el mejor de los contextos. Es un rechazo que, a nuestro juicio, de algún modo se intentó sobreponer y se intentó superar a partir de una cierta instrumentalización del órgano regulador
trasladando, sin contar con el Parlamento, la toma de decisiones políticas y responsabilidad del Gobierno a una institución que, en gran medida, debe ser una institución técnica y debe evitar al máximo la potencial erosión de su imagen en relación
con sus funciones para no poner en riesgo la percepción de legitimidad del órgano regulador.


Decía que, además de certeza en torno a la capacidad de mejorar la capacidad de diálogo y consenso en torno a este asunto que es complejo, el Gobierno identificó dos grandes y relevantes dudas con respecto a este proyecto. En primer lugar,
la idoneidad del emplazamiento elegido para la construcción del almacén temporal centralizado discutida políticamente, pero también cuestionada técnicamente y, por otro lado, dudas de fondo sobre el proyecto mismo, sobre la concepción y las
características propias de esta instalación, tal y como venían definidas, en la medida en que se trata de un proyecto planificado y concebido en el marco de un Plan de gestión de residuos radiactivos del año 2006 sin ninguna actualización, caducado
desde 2010, y cuya puesta al día ha sido reclamada insistentemente y sin éxito dentro de la ponencia sobre seguridad nuclear de esta Cámara por diferentes grupos parlamentarios. Esta duda de fondo, que exige concebir esta instalación en el marco de
la planificación energética estratégica que requiere nuestro país, todavía no ha tenido respuesta.


Es verdad que es difícil pensar que sin un modelo global a medio y largo plazo podamos hablar y podamos tomar decisiones del calado que requiere la construcción de un almacén temporal centralizado. Hace falta conocer en primera instancia
cuál es el volumen de residuos que van a ser almacenados y, para eso, hay que conocer hacia dónde vamos, cómo evolucionamos y cómo pensamos que puede evolucionar nuestro mix energético, qué queremos y cuántos residuos, por tanto, debemos ubicar para
plantearnos a partir de entonces dónde, cómo y en qué condiciones de seguridad responsable -como digo-, demandada y pedida por todos.


Del mismo modo, cuando no sabemos de cuántos residuos estamos hablando, cuánto cuesta gestionarlos, dónde se gestionan y cómo se gestionan, no resulta muy convincente pensar que se pueda hacer una estimación razonable de qué costes puede
tener mantener o cerrar las centrales. Por tanto, este es un tema que consideramos crítico y fundamental, con un impacto económico grande, pero también con un impacto en términos de seguridad y de exención colectiva de riesgo.

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A nuestro juicio, necesita un análisis más profundo, un entendimiento de cuáles son los escenarios económicos, financieros y de seguridad de los que estamos hablando, su impacto, su incidencia en el conjunto de la evolución del mix
energético y necesita identificar el conjunto de las medidas y previsiones que hay que activar para poder dar una respuesta coherente al respecto. Lamentablemente, la mayor parte de estas cuestiones todavía no están resueltas y, por eso,
consideramos que no debíamos mantener una situación de incertidumbre que nos pudiera llevar a dar más palos de ciego, al incrementar los riesgos en materia de seguridad a los ciudadanos o dilapidando dinero público sin dibujar el futuro energético
de nuestro país que, por lo demás, exige una pronta, prontísima y urgente clarificación.


En relación con la idoneidad del emplazamiento, me gustaría recordar cómo se fue articulando el proceso que condujo a la situación en que nos encontramos y que hablamos cuando la apuesta de una explotación de una instalación nuclear en el
caso del almacén temporal centralizado de residuos nucleares, llega a ser una realidad. Esto no ocurre, evidentemente, de la noche a la mañana y esto requiere distintas fases que quedan determinadas por los siguientes actos relevantes: una
declaración de impacto ambiental, una autorización del emplazamiento por el Gobierno, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, una autorización de construcción distinta, por tanto, de la autorización de emplazamiento que también
debe proceder del Gobierno y también debe contar con un previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear y, por último, una autorización también del Gobierno para permitir la explotación de la instalación, también con informe previo
favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. Son tres momentos procesales diferentes que permiten ir aquilatando y ultimando ese procesote conocimiento y entendimiento por parte de las autoridades.


Los emplazamientos que habían sido objeto de determinación preliminar como potenciales emplazamientos para la instalación de la ATC se localizan, como recordarán ustedes, en los municipios siguientes: Albalá, en Cáceres; Ascó, en
Tarragona; Melgar de Arriba, en Valladolid; Santervás de Campos, en Valladolid también; Torrubia de Soria, en Soria; Yebra, en Guadalajara; Zarra, en Valencia y Congosto de Valdavia, en Palencia y Villar de Cañas, en Cuenca.


Sin hacer ningún estudio geológico previo, una semana después de tomar posesión el Gobierno, el Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, dio luz verde a la propuesta del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,
para que se iniciara el proceso previsto en las normas conducentes a la instalación del ATC en el municipio de Villar de Cañas. Entendemos que esta apuesta está relacionada con el hecho de que entonces la presidenta de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, secretaria general del Partido Popular, secundó y facilitó la elevación de esta candidatura, en línea con lo que formalmente presentó la persona recién nombrada al frente de Enresa, exalcade de Ciudad Real, cuya primera acción
visible a los pocos días de su toma de posesión fue precisamente presentar oficialmente el proyecto de la ATC en Villar de Cañas, como digo, el 30 de diciembre de 2011, apenas diez días después de la toma de posesión del nuevo Gobierno.


El 13 de enero de 2014 Enresa, empresa titular del proyecto, presentó simultáneamente dos solicitudes al Gobierno: la solicitud de autorización de emplazamiento, que no contaba todavía con ningún estudio geológico previo en el municipio de
Villar de Cañas, y la solicitud de autorización de su construcción, activando la petición por parte del Gobierno al Consejo de Seguridad nuclear de los consiguientes informes preceptivos a los que antes aludía.


El 28 julio del año 2015 el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear informó favorablemente la autorización de emplazamiento del ATC en terrenos del término municipal de Villar de Cañas. Las objeciones, que impidieron un acuerdo unánime en el
pleno del Consejo, tuvieron como fundamento informes técnicos de evaluación de los propios servicios del Consejo de Seguridad Nuclear. Concretamente, como se recoge en el voto particular discrepante, muchos de los informes técnicos de evaluación y
las notas informativas elaboradas por varias áreas de la dirección técnica de seguridad nuclear del Consejo, alertaban con claridad sobre la mala calidad de los terrenos, de la parcela escogida en el municipio de Villar de Cañas, para albergar un
ATC. A la luz de tales informes, se trata de terrenos inadecuados, tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista del previsible incremento del coste, que implicaría la construcción del ATC en ese emplazamiento preciso
en caso de llevarse finalmente a cabo. De hecho, las conclusiones de algunos de los informes realizados por el área de ciencias de la tierra del Consejo de Seguridad nuclear confirman las características poco favorables en el terreno de cimentación
del ATC. Por ello, adicionalmente el Consejo de Seguridad Nuclear encargó tres informes independientes a la consultora especializada URS, considerada una de las más prestigiosas empresas globales de ingeniería con amplia experiencia en más de 150
países, y esta institución llega a

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conclusiones muy similares a las aportadas por el área de ciencias de la tierra del Consejo de Seguridad Nuclear, terrenos que no son del todo idóneos para albergar un ATC. Estamos hablando todavía del informe en relación con el
emplazamiento, no de la autorización para la construcción.


Tal y como se produjo la aprobación del informe favorable para el emplazamiento, es difícil garantizar la adecuada proporcionalidad real entre los problemas técnicos, tecnológicos que la construcción del ATC tiene que resolver y los recursos
económicos y humanos que tal resolución implican para reducir las incertidumbres actualmente existentes, así como para adoptar medidas compensatorias y de vigilancia y control posterior, probablemente a perpetuidad pero, en cualquier caso, nunca
menos de los próximos sesenta años. La opacidad y las aparentes anomalías con las que se realiza esta evaluación en relación con la autorización de emplazamiento del ATC, por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, fueron de tal magnitud que
Transparencia Internacional denunció el proceso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo independiente emitió el 24 de febrero de 2016 una resolución obligando legalmente al Consejo de Seguridad Nuclear a levantar el secreto
sobre los documentos y darlos a conocer públicamente en marzo de ese mismo año 2016. Se trata, por tanto, de un expediente que es más que probable que deba ser revisado de forma meticulosa. Por ello, cuando el pasado mes de julio se solicita por
este ministerio la retirada provisional de la petición al Consejo de Seguridad Nuclear sobre el informe para la construcción -ya no de emplazamiento, sino de construcción- del ATC en Villar de Cañas, añadimos a esta argumentación previa el hecho de
que todavía no había habido ninguna declaración de impacto ambiental que, como decía al principio, resulta preceptiva. Ni la declaración de impacto ambiental ni el nivel de convicción de la autorización de aplazamiento parecían suficientemente
solventes, seguros, ni contaban con el respaldo político y social que nos permitía seguir avanzando y nos preocupaba la posición que se pudiera desarrollar a partir de los trabajos de autorización de informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que
contaba con dos elementos previos en una situación compleja. Sin embargo, en ese momento el Consejo de Seguridad Nuclear se encontraba finalizando el informe sobre la autorización de construcción en un emplazamiento no autorizado que no había sido
evaluado y cuyo informe o cuya autorización de emplazamiento contaba con dudas denunciadas por organismos relevantes. Todas las autorizaciones necesarias contempladas en el proceso de licenciamiento del ATC se encontraban en una situación compleja,
ninguna se había producido, solamente había habido un informe favorable, que no unánime, del Consejo de Seguridad Nuclear en torno a su emplazamiento, y al parecer durante tres años desde su emisión todavía no hemos logrado la correspondiente
autorización del Gobierno para confirmar la idoneidad del emplazamiento en Villar de Cañas, a pesar de ese informe favorable por parte del Consejo.


A esta duda razonada sobre la adecuación de esta ubicación, se une una segunda duda que quiero compartir con ustedes, que es la de la concepción misma del proyecto. En primer lugar, el ATC se está construyendo, como decía antes, de acuerdo
con el VI Plan General de Residuos Radiactivos, un plan que data del año 2006 y cuya actualización está pendiente desde el año 2010, es decir, tenemos un plan caducado. Este VI Plan General de Residuos Radiactivos contempla un escenario de residuos
radiactivos producidos por centrales operadas por un máximo de cuarenta años, por otra parte, compatible, coherente con lo que es el programa del Partido Socialista en relación con las instalaciones nucleares. Por tanto, es paradójico que el
Gobierno anterior hubiera impulsado de algún modo una serie de decisiones que apuntaban a su voluntad de alargar la vida de centrales nucleares más allá de las previsiones temporales de su ciclo tecnológico, de su vida tecnológica, sin haber
reflejado adecuadamente esta intención en la correspondiente actualización del plan o en la estrategia para contar con un escenario energético compatible con los objetivos climáticos o con cualquier otra previsión de inversión en materia del sector
eléctrico. Podemos decir que, de algún modo, en la práctica se ha estado planificando un ATC tomando como referencia unas magnitudes concretas de residuos radiactivos y de costes que seguramente no se corresponden exactamente con la situación que
tenemos hoy delante al estar previstas en un plan que ha quedado desbordado por la evolución de las cifras de residuos ya generadas desfasadas en el tiempo y, como digo, con ciertas dudas técnicas con respecto a la idoneidad del emplazamiento y las
garantías que éste presente. En gran medida esto significa que estamos construyendo un ATC en el que las referencias, las magnitudes que se manejan no necesariamente se corresponden con la realidad de las necesidades, suponiendo de alguna manera
una falta de previsión en el horizonte temporal y las necesidades cuantitativas que una responsabilidad tan relevante como esta merece. Once años después de la aprobación del plan el coste de la gestión de los residuos se ha venido incrementando
hasta un 33 % respecto a las previsiones iniciales del plan del año 2006, y mientras seguimos esperando la aprobación del siguiente plan.

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En opinión de este Gobierno, una actuación responsable en este ámbito supone abordar de manera prioritaria la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos antes de embarcarnos en la continuación de un proyecto multimillonario
respecto del que hoy no tenemos aún magnitudes reales sobre el que fundamentar la dimensión de las necesidades de la construcción de algo cuyo emplazamiento necesitaría una inversión muy por encima de lo inicialmente calculado. Por otro lado, es
importante recordar que el Plan de 2006 no incorpora los requisitos en materia de seguridad establecidos por la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y
segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos que obligue a la elaboración de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos con mayores exigencias para garantizar la gestión responsable y segura de los residuos nucleares en
cada Estado miembro, cuestión esta que el propio comisario competente en la materia me subrayó desde la primera entrevista que mantuvimos en el pasado Consejo de Energía celebrado en Luxemburgo el junio pasado.


Lamentablemente el tiempo pasa inexorablemente, y en mayo de hecho España recibió una carta de emplazamiento que marca el inicio del procedimiento de infracción -como vendo diciendo- en relación con la gestión del combustible gastado y de
los residuos radiactivos, porque el plazo expiró en agosto de 2017, casi un año antes. Se nos apremia a que se terminen de implementar los nuevos estándares de seguridad previstos en la directiva en garantía de una gestión responsable y segura de
este tipo de desechos y no imponer cargas indebidas a las generaciones futuras. En consecuencia, se nos apremia a ser responsables, serios y rigurosos con respecto al tipo de problemas que debemos hacer frente y hacerlo de manera igualmente
responsable.


En suma, nos enfrentamos a un procedimiento de infracción muy avanzado ya a nivel comunitario porque estamos incumpliendo nuestra obligación de disponer de un plan nacional de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares y, a pesar
de ello, estábamos dispuestos a autorizar la construcción de un ATC en el que faltaban algunas de las premisas fundamentales para entender de qué estábamos hablando. Nos encontramos, por tanto, como decía antes, ante dos cuestiones capitales que es
preciso abordar antes de seguir adelante con el ATC, ya sea en Villar de Cañas o en cualquier otro emplazamiento. La actualización del Plan General de Residuos Radiactivos y su adaptación a la citada directiva comunitaria forman parte de las
prioridades de este ministerio por razones obvias de responsabilidad, pero a nuestro juicio es también el punto de partida de cualquier decisión respecto a este ATC.


Mi propósito, señorías, es disponer de un borrador sobre este plan general de gestión de residuos radiactivos lo antes posible y, en principio, a principios de 2019 impulsar su tramitación y adopción definitiva con la mayor premura posible.
Esto concatenaría las decisiones estratégicas fundamentales que ha de adoptar este país en materia de cambio climático y transición energética y el plan nacional integrado de energía y clima, con una gestión responsable de esta pieza fundamental de
cualquier política energética. Se trata, como saben -lo hemos compartido en ocasiones anteriores y estoy segura de que seguiremos compartiéndolo en próximas comparecencias y en próximos encuentros formales e informales-, de prioridades que, a
nuestro juicio, el Gobierno no debe abordar nunca por la puerta de atrás, sino de forma transparente, facilitando el diálogo y con datos técnicos solventes, sabiendo que, sin que se trate de decisiones fáciles, porque son todas decisiones complejas,
y para poder contar con el mayor consenso posible, es importante poder aportar la mayor solvencia y rigor en los datos que se aportan en el proceso de decisión. No es solamente una cuestión técnica, requiere consensos sociales, participación y
compromiso en la decisión final.


Este Gobierno quiere asumir sus responsabilidades anteponiendo el interés general, anteponiendo la claridad y la transparencia sobre cualquier otra consideración, sin forzar en ningún momento atribuciones propias de los órganos reguladores.
No nos gustaría encontrarnos con una decisión de un órgano regulador que salta por encima de estos debates, de estos contextos regulatorios, a nuestro juicio tan fundamentales, entre otras cosas por respeto mismo a la dignidad de las instituciones y
las funciones que tienen encomendadas. Por ello, queremos escuchar a todos los actores directamente implicados, técnicos, Cortes Generales, Cortes de Castilla-La Mancha, Gobierno de esta comunidad autónoma, ciudadanos, actores clave en este proceso
de decisión. Y es fundamental seguir, rigurosamente, el procedimiento que la ley marca al respecto, porque solamente así evitaremos o reduciremos los riesgos de cuestionamiento a los que nos enfrentamos hoy de manera fundamentada en relación con
las decisiones sobre esta infraestructura de la que estamos hablando. No podemos despreciarlos condenándoles mediante el fácil recurso a un mero reduccionismo ideológico. No se trata de eso, no hay un posicionamiento ideológico, sino que hay un
respeto al rigor, a la preocupación y a las demandas legítimas de distintos actores.

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Es verdad que algunos grupos políticos subrayan la urgencia al respecto de esta instalación, destacando el notable retraso en la ejecución del ATC. Su puesta en marcha se preveía en el año 2010, tal y como recoge el Plan de Gestión de
Residuos Radiactivos del año 2006. Esto ha obligado al país a que estén ya construidos, en fase de construcción o en fase de licenciamiento seis almacenes temporales individualizados, ATI, en cada una de las centrales nucleares españolas que de
algún modo permiten almacenar provisionalmente de manera segura los residuos radiactivos, sin necesidad de incurrir en una precipitada construcción del ATC que, como digo, hubiera debido estar plenamente operativo hace ya unos cuantos años.
Pendiente la declaración de impacto ambiental, pendiente la autorización de emplazamiento, con un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, que nunca llegó a un acuerdo unánime de su pleno, y pendiente la actualización obligada del IV Plan
de Gestión de Residuos Radiactivos desde el año 2011, el Gobierno de España decidió dejar en suspenso, de acuerdo con sus competencias legales, la solicitud de informe al Consejo de Seguridad Nuclear sobre la construcción, dado que las premisas
previas no parecían razonablemente bien resueltas.


De esta forma, queremos introducir, de algún modo, en el ejercicio de nuestras competencias, desde la responsabilidad y el rigor, la coherencia y la transparencia en el licenciamiento de una instalación nuclear que debe tener como máxima
prioridad, como decía, la seguridad nuclear y radiológica, pero también la coherencia, el entendimiento y la transparencia con respecto a nuestras decisiones fundamentales en materia de política energética. En ese sentido, señorías, el Gobierno
estudiará en profundidad las inversiones realizadas hasta la fecha por parte de Enresa, así como los costes reales derivados de construir el ATC en los terrenos hoy identificados en Villar de Cañas antes de tomar una decisión al respecto, incluyendo
otras posibilidades técnicas para la gestión de residuos radiactivos en nuestro país, todo ello teniendo en cuenta un horizonte de explotación de nuestras centrales que, en principio, debe ser hasta un máximo de cuarenta años, dado que esta fue la
vida de diseño tecnológico de las mismas, y cuantas otras consideraciones puedan surgir en un análisis que, necesariamente, debe tener en cuenta la política de transición energética, en la que este Gobierno está comprometido y que configura una de
las obligaciones secundada unánimemente por este Parlamento. Entre estos instrumentos, se encuentra, como decía antes, el Plan nacional integrado de energía y clima, una importante hoja de ruta de nuestra planificación energética para el futuro que
este Gobierno está realizando contra reloj, ya que, antes de que acabe el año, debe ser entregado a Bruselas y los trabajos se han empezado en junio de 2018. Por tanto, antes de poder entrar en cuestiones como el proyecto de almacén temporal
centralizado en Villar de Cañas, es razonable y de sentido común realizar este trabajo previo de planificación y análisis, en el que el ministerio está inmerso desde la composición del nuevo Gobierno.


Hemos asumido una tarea que, probablemente, tenía que haberse iniciado hace tiempo, emprender la transición hacia un modelo descarbonizado, de emisiones cero, que asegure un futuro sano y con calidad de vida, también en materia de política
energética. La transición plantea escenarios a medio y largo plazo, 2030 y 2050. No puede ni debe plantearse sin una planificación, sin una previsión, sin un diseño de escenarios y medidas adecuadas, que ha de tener carácter previo. Por todo
ello, porque entendemos que es importante contar con todas las piezas solventes, bien argumentadas, encima de la mesa para permitir una reflexión, un debate, una confrontación de opiniones y una asunción colectiva sobre los distintos riesgos y
opciones que planteamos, creemos que es importante hacer las cosas por orden y facilitar y favorecer el camino hacia un modelo energético y de desarrollo en el sentido en el que hemos expresado desde el Parlamento, desde la sociedad, como voluntad
común de todos los españoles.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: A usted, señora ministra.


No quisiera dejar pasar la oportunidad de saludar a los miembros del equipo del ministerio, a los periodistas y, particularmente, al presidente de Enresa, que ha tenido a bien acompañarnos esta tarde, don José Luis Navarro. Bienvenido.
Creo que ha sido recientemente nombrado, así que tenga usted también suerte en su tarea.


A continuación, pasamos al debate. Empezaríamos de menor a mayor, como siempre. Tengo entendido que el Grupo Mixto tiene dos intervenciones. Encarecidamente les pido que se ajusten al tiempo. Empezaríamos por la del señor Capdevila, si
no me equivoco.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Soy de Esquerra Republicana, que tiene grupo propio.

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El señor PRESIDENTE: Perdón, por el señor Bataller. Es Xuclà el que intervendrá. Perdonen el lapsus.


El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, ministra.


Muchas gracias por las explicaciones que nos ha ofrecido. Yo me quedo, entre otras cosas, con el elogio que usted ha hecho de la importancia de la política en esta materia, porque, por desgracia, muchas veces se nos han vendido argumentos
pseudotecnológicos que, en realidad, han querido secuestrar lo obvio y apartar esta cuestión del debate público. En Compromís nos parece muy acertada y celebramos la decisión del ministerio de adoptar esta paralización, porque coincidimos en que
este almacén se enmarcaba dentro de un Plan general de residuos nucleares completamente desfasado y entendemos, además, que es una oportunidad para que se haga un exhaustivo análisis sobre cómo está el sector energético, concretamente el nuclear, en
España, para poder delinear una nueva política energética y proceder ya al cierre definitivo de las centrales nucleares, mientras ya vamos entrando a una sustitución de la energía por la producción de energías limpias, porque seguimos,
vergonzosamente, a la cola de Europa. Coincidimos también con apreciaciones que en su día hizo, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, cuando sostuvo que todo alrededor de este almacén ha sido un proceso chapucero.


Es el momento de ser serios, de ser responsables y, ante esto, nos sorprenden todas las dudas técnicas que salieron sobre los suelos elegidos, los hechos lamentables que llevaron a la necesaria destitución en 2015 del presidente de Enresa.
Seis años y medio después de que el Partido Popular decidiera que el almacén se ubicaría en Villar de Cañas, vemos que el proyecto no contaba con la autorización de emplazamiento del Estado, ni con la de construcción, ni con la declaración de
impacto ambiental, ni con el plan urbanístico que lo tiene que amparar. En definitiva, no contaba, prácticamente, con nada. Por tanto, estamos a tiempo de revertir los posibles efectos que una decisión de autorización podría suponer para el
municipio. Además, en el caso específico de Villar de Cañas, hay un grave problema añadido al riesgo intrínseco, y es la inexistencia de otra vía de transporte de estos residuos que no sea la carretera, lo cual también incrementa sobremanera el
riesgo de accidente. Además, hay que tener en cuenta que el emplazamiento está ubicado en un entorno con importante valor ecológico y que hay dudas sobre los factores geotérmicos, sobre factores sísmicos.


La realidad, así como el riesgo al que nos enfrentamos, es que los residuos nucleares se mantienen activos durante cientos de miles de años. Por lo tanto, a la vista de esta situación, tenemos que entender que la gestión de estos residuos
va a ser un proceso largo y costoso y ha de contar con un amplio consenso social. Interesa tener en cuenta también las peticiones que, como usted sabrá, se han hecho desde la sociedad civil, numerosas entidades representativas del movimiento
ecologista, que siempre han insistido en que la solución de un almacén temporal centralizado debía ir acompañado de un calendario para el cierre de las centrales nucleares. Evidentemente, hemos de saber con certeza cuándo tendremos un punto final a
esto, que es un proceso de gestión que, por lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas, nos va a costar 20 000 millones de euros hasta 2070.


En definitiva, interesa que tengamos pronto un calendario de cierre de las nucleares y que adoptemos el ejemplo de países como Portugal, que en marzo de este año ya produjo el cien por cien de su electricidad con renovables. Nos preocupa
concretamente -y con esto concluyo, señora ministra- la Central Nuclear de Cofrentes. Me gustaría saber -si usted puede decírmelo- si en 2021, que es cuando finaliza el permiso de explotación, muy cerca de su vida útil de cuarenta años, si en ese
momento se va a proceder al cierre definitivo y se va a iniciar su desmantelamiento, porque el número de incidentes, paradas y averías que ha sufrido demuestra el agotamiento de la planta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el mismo Grupo Mixto, el señor Bel Accensi, ahora sí lo digo bien.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Muchísimas gracias, señora ministra, por su comparecencia y por su detallada información respecto a todo el procedimiento que ha precedido al ATC. La verdad es que podemos coincidir en que todo este procedimiento ha sido poco afortunado,
por definirlo de alguna forma. Incluso, yo me atrevería a decir que los pasos previos y el procedimiento para determinar la ubicación tampoco fueron demasiado afortunados, y eso que han pasado muchos años. En todo caso, estamos donde estamos. No
parece que se pueda cuestionar la decisión que se ha tomado, pero ante situaciones similares lo que le reclama todo el mundo,

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la ciudadanía y las empresas, son certezas. Por tanto, nuestra responsabilidad, especialmente la responsabilidad del Gobierno, es intentar trasladar certezas y trasladar calendarios con cierta credibilidad. Eso es lo que de hecho le vamos
a reclamar.


Me ha parecido entender que, obviamente, lo que se pedía ahora simplemente era suspender la emisión de un informe respecto a la construcción, pero, a pesar de todos los informes que usted misma ha reflejado y ha puesto de manifiesto respecto
a la idoneidad de la ubicación, parece que el Gobierno no ha tomado una decisión de rechazar definitivamente esta ubicación. Nos gustaría tener confirmación al respecto. Evidentemente, nos ha dado un calendario de intentar presentar la
actualización del Plan general de gestión de residuos a principios de 2019. Si realmente no se había hecho nada, nos parece razonable, incluso ambicioso, pero necesario, y nos gustaría conocer exactamente cuándo entiende que va a finalizar la
tramitación de este plan y cuándo se van a tomar las decisiones.


No sabemos exactamente si este plan puede condicionar o no la decisión final de que exista o no en el Estado español un ATC, más allá de su ubicación. En todo caso, usted ha recordado que la situación que tenemos es un periodo transitorio,
que ya no se puede llamar así dado que se está alargando muchísimos años. En estos momentos la gestión de los residuos se hace a través de los seis ATI que hay construidos en el Estado español. Con este nuevo calendario, ¿entienden que esto es
suficiente o se tendría que construir algún ATI adicional? ¿Se tendrían que tomar medidas respecto a los ATI que hay construidos si van a alargar muchísimo su actuación?


Aunque lo ha dicho de forma tangencial, creo que ha apuntado que, en relación con la vida de las centrales nucleares, en principio, la voluntad del Gobierno es respetar los cuarenta años y no prorrogarlos. Nos gustaría saber si tiene alguna
variable que sea determinante o no para que no sea 'en principio', y en todo caso, visto este posicionamiento por parte del Gobierno, yo le pido que ya de forma inmediata desde su ministerio y desde otros ministerios se empiece a trabajar con planes
alternativos para algunos territorios, donde cesar con estas actividades económicas es prácticamente prescindir del 60 % o el 70 % de la actividad económica de territorios que ya están muy empobrecidos. Obviamente, estoy pensando en la provincia de
la cual yo soy diputado, Tarragona, pero no solo en Tarragona. Por tanto, también le pediría al respecto que intente generar un consenso no solo a nivel territorial, sino a nivel político y, obviamente, a nivel de esta Cámara.


Muchísimas gracias, presidente, por su generosidad en el tiempo.


El señor PRESIDENTE: Las suyas, señoría, muchas gracias.


La señora Sagastizabal por el Grupo Parlamentario Vasco.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Muchas gracias, presidente. Arratsalde on, buenas tardes.


En primer lugar, quiero agradecerle su comparecencia, señora Ribera, ministra, y darle las gracias por las explicaciones que en torno a los ATC nos ha facilitado. Es una comparecencia que nosotros creíamos necesaria debido a la decisión
adoptada acerca de lo que hoy nos ha comentado, sobre todo por la paralización de la emisión del informe. Nos hubiera gustado que antes de tomar esta decisión la hubiera dado a conocer a los diferentes grupos parlamentarios. Además, entendemos
también que esta decisión lo que pone nuevamente sobre la mesa es el debate de la política en materia energética y, desde luego, también especialmente en la nuclear.


Para nuestro grupo, creemos que son suficientes las explicaciones dadas, pero es verdad que también nos gustaría realizar una serie de matizaciones respecto a los ATC que, como usted bien ha dicho, es un proyecto que surge del VI Plan de
residuos; un plan de residuos que, como usted bien ha dicho, es obsoleto, que todos los grupos hemos pedido su actualización en la ponencia de seguridad nuclear; que sí se preveía este almacén, pero también es verdad que debería estar construido.
Por ello, este grupo no entiende muy bien la crítica por la solicitud de paralización de dicho informe, que implica que no comience esa construcción, cuando si esa construcción para algunos fue tan urgente, estando en el Gobierno tampoco se hizo.
Además, es un proyecto basado en un plan antiguo y que, desde luego, desconocemos si en las circunstancias actuales es el idóneo.


Aparte de que no hay un ATC, es evidente que algo se ha hecho con los residuos, porque aunque no se disponga de ese ATC es verdad que hay varias centrales nucleares operando, con piscinas y algunas cuentan con una serie de ATI, que no sé
tampoco si es lo más deseable en cuanto a seguridad por su dispersión, y que se han ido construyendo porque no se han tomado determinadas decisiones. Es verdad que se ha oído mucho que se envían a Francia los residuos, y esto implica un coste
económico que a lo

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mejor no tendríamos si hubiese un ATC. Pero también hay que recordar que desmantelar por completo una central nuclear lleva muchísimos años, y tenemos ahí la nuclear de José Cabrera, por lo que desde luego abordar un desmantelamiento o
abordar un ATC con esta precipitación no es lo deseable. Habría que abordar ese desmantelamiento con las máximas garantías posibles, con una planificación conociendo ese volumen de residuos y teniendo en cuenta, como ustedes han dicho, el mix
energético al que nos dirigimos. Si desconocemos todo esto, el coste económico que hoy pagamos a Francia por no tener un ATC podría resultar mayor si no dimensionamos bien y con plenas garantías todo este desmantelamiento.


En cualquier caso, y dadas todas las polémicas surgidas en torno al emplazamiento, con los ayuntamientos, con gobiernos autonómicos, asociaciones, calidad del suelo, y que ha dicho que además faltan informes, etcétera, está claro que hay que
afrontar la gestión de estos residuos radiactivos, pero entendemos que este debate ha de estar necesariamente vinculado a un nuevo Plan general de residuos, adaptado también a la directiva europea y, por tanto, ligado a la planificación energética.
Además, ha habido una comisión de expertos que también decía que en relación con los distintos desmantelamientos -y cito el informe- de centrales nucleares que haya que acometer en su día, resulta necesaria una planificación adecuada y con la
suficiente antelación para optimizar técnica y económicamente los recursos disponibles para llevar a cabo tanto la gestión del combustible gastado como la ejecución de dicho desmantelamiento. Asimismo, el informe habla de que para el
desmantelamiento es verdad que hay un fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, pero que la tasa establecida es insuficiente, y también habría que abordar este tema.


Por otro lado, quiero decirle también que a nosotros nos gustaría -como ha dicho el señor Bel- que hubiera un calendario, así como saber si descartan del todo un ATC, y, si esto es así, qué opciones hay. En cualquier caso, le urgiríamos
-estando de acuerdo en las explicaciones y pensando que la decisión que han tomado ustedes es acertada- a que hubiese una planificación en el tiempo, un calendario, y que ya que habla de participación, que nos parece interesante y adecuada, con
todas las entidades y con todos los Gobiernos, nos tenga también en cuenta a los grupos parlamentarios.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


El señor Capdevila toma la palabra.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, con el todo el respeto y con la admiración que usted sabe que le profeso, le daba a usted la bienvenida a esta Comisión con el alborozo que siente un aficionado hacia una estrella del rock, pero parece que la expresión
divirtió a la Comisión y quizás no sea un buen símil. Ya le dije entonces que se produce una cierta decepción cuando el concierto empieza con una balada, sobre todo si uno es un rockero, pero resulta que hoy, señora ministra, está usted solamente
afinando la guitarra y la afición está expectante respecto a cuándo empieza el concierto, con el temor que encierra aquella famosa frase que se enseña en las escuelas de negocios de llegar a la parálisis por el análisis.


Coincido con usted en que hace falta un buen análisis y que la gestión de residuos es uno de los problemas más graves del problema nuclear. Qué hacer con las nucleares, ¿cerrarlas?, es un debate que ya está cerrado: Hay que cerrarlas. El
debate seguramente ahora se centra más en cuándo hay que hacerlo y en aquella famosa frase de Josep Pla cuando vio los edificios iluminados de Nueva York: Todo esto, ¿quién lo paga? Ese seguramente es el debate que quisiera que también se
incluyese en el proyecto que usted propone, entiendo que también involucrando a esta Cámara.


Es alucinante -y creo que su relato debería sonrojar a toda una sociedad, y a sus políticos en particular- ver que estas decisiones en España tarden decenios. Demasiado a menudo y en términos energéticos veo que en España se piensa más
localmente, y ni asomo de actuar ni local ni globalmente. Concréteme, por favor. ¿He leído que esta broma tan pesada nos cuesta 74 603 euros diarios? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo se prevé que el mix energético español sea un despropósito, como
muestran hechos tan palmarios como los precios para los consumidores de los últimos meses, o que el informe Pimec -que supongo que ya conocerá- muestre que la energía de las pymes españolas es de las más caras de Europa? Creo que estos hechos ya
implican la urgente necesidad, mientras vamos afinando esta actualización de la información que entiendo que debe existir, de que su ministerio se plantee paralelamente empezar a actuar con algo más de radicalidad.

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Coincido con las preguntas de los compañeros que me han antecedido y quisiera, por favor, en la medida de lo posible, que pormenorizase usted el calendario y lo concretara, no con ánimo de tomarle a usted la palabra, pero sí para que mande
una señal a la sociedad y quizás también a los mercados. También me gustaría saber cuál es la situación, cómo de llenos tenemos los ATI y qué necesidades habrá ante la previsión que tenemos de finales de año de empezar a saber qué estamos pensando
sobre el almacén de Villar de Cañas o de donde fuere.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


A continuación, toma la palabra en nombre de Ciudadanos, su portavoz, la señora Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, señora ministra, por comparecer.


Por seguir un poco el tono musical del señor Capdevila, diré que una de las frases que ha dicho me ha recordado la letra de una canción de mi grupo favorito de la adolescencia. Partiendo de esto, quiero decir que realmente estamos en un
silencio absoluto y que las notas que nos están llegando lo están haciendo a través de los medios de comunicación. Realmente, lo que sabemos de lo que está haciendo este ministerio no nos llega ni por mail ni porque haya una comunicación directa
con el ministerio, sino por distintos teletipos que se sacan en los medios de comunicación, puesto que al parecer esa es la forma de comunicar que existe hasta el momento.


Hay algunos acordes que quizás no han sonado del todo afinados, no sé si porque hay un problema de afinación, como ha dicho el señor Capdevila, o porque no hemos posicionado la mano correctamente. Usted ha hablado de costes y ha dejado en
el aire que no son conscientes o que no saben cuánto cuestan las cosas, algo que como grupo político y entendiendo que ustedes son el Gobierno nos sorprende. Señora ministra, si el Gobierno no sabe cuánto cuestan las cosas, dígame usted entonces
quién va a saber cuánto nos va a costar esto. Creo que esta sería la primera premisa con la que tendríamos que contar.


El problema que ha tenido este ATC es que su planteamiento, como usted bien ha dicho, parte del Plan general de residuos del año 2006, fecha en que usted era secretaria de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de entonces, si no recuerdo
mal, y en este plan sí se planteaba la construcción del ATC. La situación a la que hemos llegado y la razón por la que hoy estamos teniendo este debate se deben a la manipulación política del bipartidismo en las distintas instituciones para marear
la perdiz con un asunto en concreto que creemos que es de vital importancia para el almacenamiento de los residuos nucleares de nuestro país.


Vaya por delante que nosotros hemos sido tremendamente críticos con la ubicación señalada para este ATC por la composición geológica y por los datos que a nosotros nos han llegado en cuanto a la composición del subsuelo de esta localización
en concreto. Agradezco, señora ministra, que haya hecho el resumen de todo lo que ha sido el proceso hasta hoy respecto a la ubicación, la concepción, etcétera, del ATC, pero el resumen al final es un litigio político entre distintos partidos que
cuando han llegado al Gobierno de una comunidad autónoma o de un país han empezado a cambiar las reglas del juego y el enfrentamiento ha llegado a tal punto que hoy estamos sin ATC en nuestro país. Como usted ha indicado, ha habido un procedimiento
extraño a la hora de la adjudicación de la ubicación y seguimos sin solucionar un problema vital, como es el de los residuos.


Nos gustaría que nos dijera -igual que le han preguntado los compañeros- si su Gobierno sigue viendo viable la construcción de un ATC, o si, por el contrario, han cambiado de opinión respecto al Plan de residuos de 2006. Todo este litigio
político ha llevado a que incluso el Tribunal Supremo se haya manifestado, el cual acordó la suspensión cautelar del acuerdo del Gobierno regional expresando -y cito literalmente- entorpecimiento a la gestión de los residuos radiactivos y el
consiguiente debilitamiento de la seguridad nuclear, con lo que esto supone de daño al servicio público esencial. Esta ha sido la manifestación del Tribunal Supremo.


La realidad es que hoy nos encontramos ante un futuro incierto en cuanto a nuestro mix energético. En este momento solo conocemos la posición del Partido Socialista, que usted acaba de expresar, de que quiere cerrar las centrales a los
cuarenta años. Nos gustaría que nos ratificase si es cierto que quieren cerrar a los cuarenta años y si ese posicionamiento o esa implicación dentro del mix energético saldrá del consenso o solo de la posición, en este caso, del partido del
Gobierno.


Usted ha hablado de certezas, de dudas, etcétera, y en este sentido nos planteamos si quieren el ATC. En cualquier caso, hemos tenido que construir unos ATI, porque no teníamos el ATC. Técnicamente, y en

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materia de seguridad, tener todos los residuos en una única instalación abarataría los costes, además de garantizar que la seguridad sea más eficiente que si hubiese distintos almacenes individuales dispersos por el territorio español.


Pero los datos de los que nosotros disponemos, más o menos -nos gustaría que el Gobierno los ratificara-, son que, por ejemplo, la central de Garoña, pequeñita, necesita unos sesenta contenedores estancos. Vamos a poner un precio de 2
millones de euros por cada contenedor estanco, es decir, unos 120 millones de euros para el ATI de Garoña. ¿Cuál es el coste a día de hoy de todos esos ATI, de todos los contenedores que se han tenido que comprar por no tener un ATC?


También tenemos que indicar que las piscinas de nuestras centrales nucleares están a una media del 91 %, con lo cual hay que buscar una solución rápida. Lo que nos cuesta enviar a Francia los residuos de una única central nuestra son unos
40 000 euros diarios, solo de una central. ¿Tiene el Gobierno los datos de cuánto nos cuesta anualmente enviar los residuos a Francia? Nos gustaría que nos dijesen directamente cuánto nos está costando el retraso en este plan de residuos, cuánto
nos está costando el sobrecoste de la generación de los ATI y cuánto nos costaría la construcción de un ATC. Todos estos cargos los estamos pagando en la factura de la luz, pues además de todas las irresponsabilidades políticas también estamos
repercutiendo estos gastos en la factura de la luz.


Señora ministra, hablando de tiempos, usted nos ha dicho que en enero nos presentará ese nuevo plan. ¿Conoce el ministerio los tiempos de ejecución desde que se adjudica una obra como la del ATC hasta que esta obra está finalizada y se
entrega? ¿Cuántos años tendrían que pasar todavía para la aplicación de esta obra? ¿Considera que si solo se hace con la posición de los cuarenta años del Partido Socialista en este caso -voy terminando, señor presidente- el predimensionado de
esta infraestructura se tendría que ajustar solo a los cuarenta años o se tendría que establecer una flexibilidad por si se necesita una ampliación puntual? También nos gustaría saber -voy acabando, se lo prometo, señor presidente- el calendario y
si finalmente, como ya dije antes, descartan el ATC, pero nos parece imprescindible hablar de la seguridad de todos los ciudadanos y sobre todo del coste, porque la decisión que usted ha tomado ha sido una decisión unilateral que no se ha
manifestado ni comprobado con los miembros de la Cámara ni se ha consultado a ningún partido político que esté aquí. Me preocupa realmente que el acorde no haya sonado afinado cuando ha hablado de la cuestión económica, porque nos ha dicho que no
conoce el coste total. Díganos si necesitan nuestra ayuda o la ayuda de todo el Parlamento para acabar de dirimir esto.


En resumen, nos preocupa cuánto nos están costando al día todos lo residuos, cuánto nos ha costado el sobrecoste por no tener ATC, cuánto va a costar el ATC, si se va a predimensionar a cuarenta años o se va tener en cuenta una ampliación de
vida útil y cuánto se está repercutiendo en la factura de la luz de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta los precios que tenemos hoy en día. Y sobre todo y por último, nos asombra que no se hable de dinero cuando lo que están pagando nuestros
ciudadanos cada día y con los precios que se anunciaron ayer son unas facturas de la luz que no son asumibles.


Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


A continuación, toma la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor López de Uralde.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señora ministra, por las explicaciones, que yo creo que han sido fácilmente comprensibles y en gran parte, desde luego, compartidas por nuestro grupo. Estamos ante un debate que viene de atrás y que tiene que ver con una de las
consecuencias, con uno de los debes de la utilización de la energía nuclear. Llevamos muchos años debatiendo sobre esta cuestión y hay algunos y algunas que dicen que la energía nuclear es limpia porque no produce CO2. Claro, se olvidan
precisamente de lo que estamos debatiendo hoy, de que uno de los problemas que tiene la energía nuclear, no el único, es que genera residuos radiactivos que están con nosotros durante miles y miles de años. Es decir, si el homo antecessor de
Atapuerca hubiera utilizado energía nuclear todavía hoy estaríamos aquí debatiendo qué hacemos con esos residuos radiactivos. Así de grave es la situación. La energía nuclear no es limpia, la energía nuclear es peligrosa y la energía nuclear
además es tremendamente cara. Esta misma mañana el comisario de Energía de la Unión Europea hablaba de los costes que va tener en Europa el desmantelamiento de los 126 reactores que deben desmantelarse de aquí al año 2025, y hablaba nada menos que
de 265 000 millones de euros. Constantemente nos encontramos con el mismo dilema cuando hablamos de la energía

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nuclear, y es que durante un periodo muy pequeño las centrales nucleares producen energía, de la cual se benefician unas empresas eléctricas que son propietarias de esas centrales, y posteriormente la cuestión de los residuos radiactivos
tiene que ser gestionada por el conjunto de la sociedad. Yo creo que este es un dilema que pone en cuestión la propia energía nuclear.


Nosotros creemos que es necesario y urgente acometer un plan de cierre de las centrales nucleares españolas. Creemos que eso está muy relacionado con lo que está ocurriendo con el Almacén Temporal Centralizado, con el ATC. Efectivamente,
aquí ha habido un Gobierno y un partido que han apostado por la energía nuclear, aunque no dicen claramente con qué calendario. Es decir, aquí los únicos y las únicas que nos hemos posicionado sobre qué hay que hacer con las centrales somos
aquellos que pensamos que hay que cerrarlas. La pregunta es cuánto más tiempo querrían ustedes tenerlas abiertas, porque eso es lo que determina cuáles serían las necesidades para los residuos radiactivos.


Compartimos absolutamente que sin un plan de residuos radiactivos no se puede seguir adelante con una infraestructura de este tipo, entre otras cosas porque no se sabe cuánto tiempo van a estar funcionando las centrales y, por lo tanto,
cuántos residuos se van a generar, que es uno de los problemas. El proyecto del ATC estaba directamente vinculado al proyecto del Gobierno del Partido Popular de alargar la vida de las centrales nucleares. Por tanto, una vez que ese proyecto y ese
Gobierno han caído, hay que replantearse qué hacer con las centrales. Insisto, para nosotros es fundamental el cierre.


Nosotros compartimos que el proceso de ubicación, de elección del lugar, no fue un proceso correcto. De hecho, en el propio ranking que estableció en su momento el Ministerio de Industria, Villar de Cañas era el lugar número cuatro. Fue
una motivación política, supongo que porque la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, quería llevar alguna inversión y lo único que encontró, al parecer, fue llevar un cementerio de residuos radiactivos a esta ubicación. Es
decir, fue una decisión puramente política, pero no técnica. El proceso en sí mismo se ha visto salpicado de informes que hablan de que no es el lugar adecuado y, además, como ha quedado dicho, falta un plan de residuos radiactivos.


Hay una cuestión que a nosotros nos genera curiosidad y sobre la que queríamos preguntar, y es que en los Presupuestos Generales del Estado para este año, aprobados en el mes de junio, había tres partidas para el ATC: una de 144 millones de
euros, otra de 65 millones de euros y otra de 203 millones de euros. Nosotros creemos que esas partidas deben reubicarse -puesto que el ATC queda paralizado- para el lanzamiento de planes de impulso al empleo verde en esta y en otras comarcas. Es
decir, creemos que se debe dar la vuelta y utilizar ese dinero; que no se quede apartado, sino que se utilice para planes de impulso al cambio de modelo y al empleo verde.


Hay otra cuestión sobre la que le quería preguntar. Hay otro proyecto, también vinculado al futuro de la energía nuclear, que es el proyecto de una mina de uranio en Salamanca, el proyecto de la mina de Berkeley, que también está pendiente
de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Al igual que el Gobierno ha hecho con el ATC, creemos que sería importante que tomase una decisión con respecto a lo que está ocurriendo en Salamanca con esta mina de uranio tan impactante, porque
está vinculado y es parte de todo este ciclo, de los impactos de este ciclo. Por tanto, aprovecho para preguntarle si tiene conocimiento de esto y si el Gobierno piensa adoptar alguna medida al respecto.


No me quiero alargar más, porque se me acaba el tiempo y no quiero abusar de la generosidad del presidente, pero sí quiero insistir en que desde nuestro punto de vista es necesario y urgente un plan de cierre progresivo de las centrales
nucleares que vaya en conjunto con un plan de transición energética, para ir hacia un modelo realmente vinculado a las energías renovables, para llegar a un modelo cien por cien renovable. Para nosotros todo ello tiene que ir en conjunto. Lo que
es urgente es que las centrales nucleares no tengan que cerrarse por accidentes o por cuestiones que ninguno deseamos, sino que se cierren de manera planificada, de forma ordenada, de tal manera que tengamos organizada la transición y la alternativa
energética para poder hacer ese cambio y ese cierre posibles.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


A continuación, toma la palabra, en nombre del Grupo Socialista, la señora Lucio.


La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente. Bienvenida de nuevo, señora ministra, a la Comisión de Transición Ecológica.


Pensando en abordar este debate, se me ocurría que la acción política de todas las áreas de gobierno y de todas las cuestiones dentro de las mismas son muy importantes. Todas hay que abordarlas, todas hay que resolverlas, pero podemos decir
que algunas de ellas trascienden la acción de un solo Gobierno

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en un tiempo determinado y los distintos enfoques políticos; son aquellas actuaciones que van a afectar a la vida de las personas y a su seguridad durante mucho tiempo después. Entre esos grandes problemas de país que hay que resolver de
forma especial se encuentra la gestión de los residuos nucleares. Es uno de estos grandes problemas que debemos, como gobernantes y como legisladores responsables, resolver.


Cuando hace más de cuarenta años en este país se decidió apostar por la energía nuclear, adquirimos una hipoteca eterna con las generaciones venideras, una hipoteca en forma de residuos altamente contaminantes e imposibles de hacer
desaparecer en miles de años. Esa decisión en aquel momento -no estábamos nosotros- nos comprometió de por vida con la ciudadanía española a ser responsables con la letal herencia, siendo escrupulosos al máximo con la garantía de seguridad de los
procedimientos para la gestión de esos residuos y, como ha dicho la ministra hoy, siendo transparentes en las decisiones que tomemos. Lo que decidamos en estos próximos años será crítico para el resto del tiempo en el que tengamos y tengan, las
generaciones que vengan detrás de nosotros, que convivir con la existencia de estos residuos.


Señorías, las decisiones políticas se determinan en muchas ocasiones de espaldas a los deseos de la ciudadanía. No cabe duda de que existen algunas medidas que un Gobierno tiene que tomar por el interés del país y sobre las que, siendo
impopulares, hay que dar respuestas. De esto sabemos algo los partidos políticos que hemos gobernado durante muchísimos años, pero en el caso que hoy nos trae aquí se han sobrepasado todos los límites. Se ha obviado por completo la voluntad de
ciudadanos y ciudadanas a través de sus instituciones. Es cierto que hubo un proceso de participación para ofrecer de forma voluntaria localizaciones en toda España, pero no es menos cierto que no hubo estudios suficientes para decidir cuál era el
más idóneo.


Señorías, en el acuerdo de las Cortes Generales de 23 de febrero de 2010 -acuerdo por unanimidad, excepto un voto de UPyD- se decía que debía haber un acuerdo político, social y territorial en este asunto y, sin embargo, empezaron mal los
señores del Partido Popular en el año 2011. Como ustedes bien saben, se aprobaron mociones en todos los ayuntamientos de la comarca en contra del emplazamiento, también de la Diputación Provincial y del Parlamento de Castilla-La Mancha, donde, por
cierto, el Partido Popular se abstuvo, e incluso de este Parlamento, del Parlamento español. Sin embargo, el PP, obviando las posiciones del presidente Barreda y del presidente García-Page posteriormente, hizo caso de la voluntad de su entonces
secretaria general y presidenta, la señora Cospedal, y esas instrucciones sí fueron seguidas a rajatabla. Debían tener mucha prisa en cerrar esta ubicación sin los pertinentes informes geológicos, ya que fue una de las primeras decisiones políticas
de calado -si no fue la primera- que tomó Rajoy nada más llegar al Gobierno. Estamos hablando del día 30 de diciembre del año 2011. Por cierto, es curioso que solo unas semanas más tarde el mismo ministro que autorizó apresuradamente el
emplazamiento de Villar de Cañas, el señor Soria, decidiese aprobar la moratoria de las energías renovables, que han minado a todo un sector durante más de cinco años y que han hecho que España perdiera posiciones en el desarrollo industrial
renovable y en la aplicación de los objetivos 2020. Pero en ese caso no hablábamos de política energética, eran otros los intereses que estaban detrás.


Hay más despropósitos en este largo e infructuoso proceso desde diciembre de 2011. Se ha utilizado el Consejo de Seguridad Nuclear endosándole la responsabilidad -exclusivamente técnica, pero técnicamente dirigida- de hacer posible este
proyecto. Esta irresponsabilidad del Gobierno anterior ha conllevado graves problemas dentro del propio consejo y ha desvelado su incapacidad de establecer un procedimiento adecuado para dirimir las discrepancias técnicas. Esta cuestión, junto con
otras que han sido demandadas al Consejo de Seguridad Nuclear en sucesivas propuestas de resolución de la ponencia de seguridad nuclear, ha generado mucha inseguridad y grandes dudas acerca de la independencia real del presidente del consejo
respecto de la voluntad política del Gobierno. No en vano la extinta Comisión de Industria, Energía y Turismo pidió su dimisión y ha sido reprobado posteriormente por tratar de escabullirse del control parlamentario. Además, no podemos olvidar
-como ha dicho la señora Ribera- que este proyecto no está adaptado a la realidad de los residuos reales que hay que gestionar. ¿Por qué? Muy claro, porque en este país no ha existido la planificación energética, que es el único paso
imprescindible para saber con certeza a qué volumen de residuos y a qué costes nos estamos enfrentando. Es importante para muchas cosas más, pero para la energía nuclear es la cuestión mollar.


Son muchas las cosas que están todavía por hacer. La ministra ha insistido en ese plan general de residuos, imprescindible para poder sacar adelante un proyecto que sea viable y adecuado a lo que se pide. En definitiva, como dije en la
reunión de la Diputación Permanente, este proyecto ha sido una chapuza más de la política energética del Gobierno del Partido Popular. Señorías, sin consenso social ni

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institucional, sin la credibilidad necesaria con respecto a algunos miembros y al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear y sin un plan general de residuos actualizado no parece lógico continuar como si nada pasase. Esta decisión
política requiere de la participación social y de los máximos consensos, que, además, permitan generar una seguridad necesaria y abordar la magnitud de un problema del que todos somos responsables, como he dicho al inicio de mi intervención.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señoría.


Por último, toma la palabra en este turno la portavoz del Grupo Popular. En este caso, la señora Bonilla.


La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muchísimas gracias, señor presidente. Señora ministra, muy buenas tardes de nuevo.


Lo primero que quiero hacer es, por supuesto, agradecerle su presencia. Es verdad que nosotros tuvimos que pedir su comparecencia el día 19 de julio, como consecuencia de la aparición en un medio de comunicación de la noticia de que ustedes
habían solicitado la paralización de la emisión del informe por parte del Consejo de Seguridad Nacional. Desde el 19 de julio, día que solicitamos su comparecencia, hasta el 27 de agosto, que la pidió el Gobierno para comparecer, es lamentable que
no hayamos tenido ningún tipo de explicación. Usted -y esto también espero que nos lo conteste- compareció en esta Cámara el día 11 de julio y no mencionó en ningún momento este asunto del ATC de Villar de Cañas que nos trae hoy. Usted ha dicho
hoy que es una cuestión prioritaria y esencial; sin embargo, en esa comparecencia no solo no aludió a ella en su intervención sino que a preguntas de uno de los portavoces del Grupo Popular, en concreto el señor Mariscal, usted omitió la respuesta
y no contestó. A nosotros nos consta que ustedes mandaron esa solicitud de paralización el día 5 de julio y el día 6 de julio fue recibida por el Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, que ustedes el día 5 de julio solicitan la paralización de
un asunto tan importante para los españoles, usted comparece el 11 de julio y no da ni una sola explicación. Nos gustaría que nos explicara las razones.


Con todo el respeto del mundo, entiendo que usted no ha explicado hoy aquí las razones por las que han tomado la decisión, simplemente ha dado alguna pista, y me va a permitir que la relate de manera muy rápida porque tenemos poco tiempo.
Además de hacer un relato del procedimiento -un procedimiento del que usted ha alegado sobre todo unas partes que le interesaban para mantener su postura, pero en todo caso un procedimiento-, usted ha dicho que realmente los motivos eran una certeza
y dos dudas. La certeza ya nos da una pista de la razón por la que ustedes han pedido la paralización. Ha dicho que se podría mejorar la comunicación y el consenso entre las partes afectadas. Ustedes han hecho lo mismo que hizo el señor Barreda
cuando llegó al Gobierno de CastillaLa Mancha. Hasta 2011 no había ninguna pega en el procedimiento de la construcción de este ATC, ninguna -ahora le voy a hacer yo un resumen y una fotografía rápida-, pero cuando el señor Barreda llega a gobernar
en 2015 -pierde las elecciones, pero gobierna gracias a Podemos- es cuando empieza a entorpecer este proyecto. No cuestiona ningún tema jurídico del proyecto en sí, simplemente, por un lado, decide ampliar la zona ZEPA -que ha sido anulada por el
Tribunal Superior de Justicia después de varios intentos y, además, de manera clara, porque no existe ninguna justificación ni técnica ni medioambiental ni jurídica para que se permita la ampliación de esa zona ZEPA- y, por otro, anula el POM. Por
cierto, el POM no afecta para nada a la construcción del ATC, pero sí al desarrollo económico y social de toda una zona de mi tierra, Cuenca, toda la zona de Villar de Cañas, que con este tipo de decisiones ustedes están condenando a que tenga menos
posibilidades de crecimiento y de empleo. Pues bien, el señor Barreda -irresponsabilidad- llega al Gobierno e intenta frenar este proyecto.


Ustedes hacen lo mismo, y aquí sí que me va a permitir una foto muy rápida; además, usted lo tiene que recordar, porque era secretaria de Estado en 2010. Todo esto empieza en 2004. Desde 2004 hasta el 30 de diciembre de 2015, cuando se
aprueba la ubicación del ATC hay todo un procedimiento. En 2004 están ustedes, hay un proceso y participan las cámaras. En 2006, también por medio de un procedimiento de esta Cámara, se constituye una comisión interministerial integrada por muchos
expertos que tiene como objetivo prioritario, por un lado, decidir los requisitos que tenía que reunir la construcción del ATC y, por otro, llegar a determinar un listado de posibles sitios para su ubicación. El 16 de septiembre de 2006 es cuando
se inicia todo el procedimiento y el 16 de septiembre de 2010 es cuando se conocen los cuatro finalistas, porque primero fueron seleccionados ocho y finalmente quedaron cuatro ubicaciones posibles. Ustedes en el Gobierno y usted secretaria de
Estado. Por cierto, la portavoz del Partido Socialista

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mencionaba una moción del día 23 de febrero de 2010 en la que se hablaba de que se tenía que construir pero con consenso. En esa misma moción el portavoz del Grupo Socialista dijo textualmente: Este proceso se está llevando a cabo con la
máxima transparencia, es un proceso público, abierto, transparente, participativo, donde las comunidades autónomas que van a intervenir por supuesto que van a tener el trámite de alegaciones correspondiente. Por supuesto, ha habido todo un
procedimiento perfectamente reglado, que se ha dirigido desde esta Cámara, con decisiones de técnicos y con informes que ustedes están cuestionando; los está cuestionando usted y también los está cuestionando el Grupo Socialista. Resumiendo: 16
de septiembre, posibles ubicaciones; 30 de diciembre de 2015, Gobierno del Partido Popular, entre los cuatro finalistas se decide uno y, según todos los informes, es el que reúne todos los requisitos de idoneidad para que pueda estar ubicado allí,
y ustedes, de pronto, a partir de ahí empiezan a cuestionar el procedimiento. Creo que hay que ser mucho más serios.


No podemos engañar a los ciudadanos, ha habido un procedimiento reglado, ha habido un procedimiento público, ha habido un procedimiento transparente. Usted, cuando hablaba de las causas, mencionaba la falta de diálogo. Ustedes, Partido
Socialista en Castilla-La Mancha, lo frenan porque es un proyecto que está continuando el Partido Popular, ya que lo habían iniciado ustedes, y cuando lo continúa el Partido Popular a nivel nacional, llegan ustedes a nivel nacional ahora y lo
paralizan sin dar explicaciones. ¡Ojo!, esto no es un enfrentamiento bipartidista, como algún portavoz ha querido decir aquí, esto no es un rifirrafe por sentido político. El Partido Popular ha estado desde el minuto uno hasta hoy en el mismo
sitio, reconociendo que estamos hablando de una cuestión de Estado, de servicio público esencial. No se trata hoy, no engañamos a los ciudadanos, de si nucleares sí o nucleares no; hoy estamos hablando de la responsabilidad, urgencia y necesidad
de gestionar una serie de combustibles nucleares gastados y de los residuos radiactivos de alta actividad, que es una realidad a la que tenemos la responsabilidad de dar una solución. No darla supone incremento del riesgo en la seguridad,
incremento del gasto -que lo pagan los ciudadanos- e incumplimiento de nuestras obligaciones a nivel europeo.


Señora ministra, si a ustedes les hubiera preocupado de verdad la seguridad habrían esperado a ver qué decía el informe del Consejo de Seguridad Nacional. Lo que no es normal es que ustedes ahora cuestionen hasta los propios informes. Por
cierto, la autorización de emplazamiento está perfectamente autorizada, usted lo sabe y también lo saben los otros portavoces. Además, no es que lo conozcamos, sino que su propio secretario de Estado así lo recoge en la petición que manda al
Consejo de Seguridad Nacional, en la que dice, efectivamente, que el pleno del Consejo aprobó en su reunión de 27 de julio de 2015 la autorización previa de emplazamiento. Ahí está la autorización. Pero llegan ustedes y lo que frenan es la
construcción, y la frenan alegando falta de diálogo -y eso no es cierto, tuvieron su oportunidad en todo el procedimiento-, comprometiendo a todo un país -porque estamos hablando, repito, de una cuestión de servicio público esencial-, comprometiendo
la seguridad, comprometiendo el dinero de los ciudadanos españoles y comprometiendo a una región, Castilla-La Mancha, de manera muy especial a Cuenca y a la zona de Villar de Cañas. Estamos hablando de que, legítimamente, esos ciudadanos optaron
por ese concurso, lo hicieron legalmente, siguieron todos los trámites legales y han estado trabajando por ello poniendo todo lo mejor. Toda esa zona de Cuenca está perdiendo oportunidades, y hablamos de 1000 millones de inversión, de 300 a 500
puestos de trabajo, de oportunidades y desarrollo y de un alto servicio al interés general.


Señorías, señora ministra, confío en que ahora nos explique las razones verdaderas por las que ustedes han frenado este proyecto que, repito, iniciaron ustedes y que ha sido impecable hasta la fecha de hoy.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señorías, una vez terminado este turno, tiene la palabra la ministra, y posteriormente lo advertido: solo habrá turno para el grupo que lo solicite para una aclaración o pregunta concreta.


Por tanto, tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, presidente.


Han salido a relucir muchos y variados temas de distinta naturaleza. Voy a intentar construir mi relato contestando a las cuestiones relevantes que han planteado ustedes. Les ruego que si hay algo que se me despista lo vuelvan a comentar,
que seguro que tendremos ocasión de hacerlo.

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Quiero empezar subrayando algo que han dicho algunos de ustedes. Probablemente, no se trata tanto de nuclear sí o nuclear no, centrales nucleares sí o centrales nucleares no, como de una cuestión precisa, que es cómo gestionamos
responsablemente y en qué condiciones los residuos que hemos producido hasta ahora en un contexto que debe ser suficientemente claro y determinante, es decir, cuánto más, hasta cuándo y cómo existen o se cierran las instalaciones que generan este
tipo de residuos, porque solo de esa manera podremos acometer con seriedad cualquier planteamiento de esta naturaleza. Por tanto, no se trata tanto de un debate en torno a un tipo de tecnología, sino de cómo resolvemos en lo concreto los problemas
de gestión a los que nos enfrentamos.


Este es un debate que es conocido en Francia, donde se plantean cuestiones similares en torno al parque nuclear y en torno a en qué momento se cierran y cómo se van cerrando, siendo un país con una planta nuclear mucho más relevante que la
nuestra. Creo que ya comenté en mi anterior comparecencia que allí una de las cuestiones que se suscita es cómo se gestiona la capacidad disponible para poder ir cerrando si todos cerramos a la vez. Por tanto, la anticipación, la previsión y la
gestión responsable de lo que existe y de las necesidades adicionales, tanto desde el punto de vista técnico como financiero, son importantes, pero también lo es la decisión política y social sobre qué modelo energético y qué soluciones queremos. A
nuestro juicio, la referencia más importante es una referencia que exige cierta anticipación y cierto debate social. Aludía antes a ello: tener claro cuál es el modelo energético que queremos para los próximos años y cómo combinamos las distintas
opciones para poder saber cuál es el volumen de residuos que hemos de gestionar, lo que ya existe y lo que estuviera por venir en su caso. Esta es una primera cuestión que nos orienta hacia un debate pendiente en el que no hemos encontrado ningún
documento, ninguna referencia ni ninguna anticipación, pero que nos ubica frente a la responsabilidad de cumplir nuestras obligaciones internacionales y que queremos presentar en el contexto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima: qué
modelo energético en un contexto que debe responder a las obligaciones climáticas y en el que por supuesto habrá ocasión de debatir sobre en qué riesgos queremos incurrir para cumplir esas obligaciones que no son cuestionables ni cuestionadas por
nadie. Si eso es así, nuestro escenario ideal, por razones obvias, es cumplir con nuestro compromiso electoral, es decir, cumplir con nuestras obligaciones climáticas disminuyendo los riesgos nucleares, asumiendo como riesgos respaldados la vida
tecnológica útil de las centrales existentes, cuarenta años y no más. Dicho lo cual, como digo, vendremos con nuestras propuestas para debatir, compartir y escuchar todo aquello que tengan que decir al respecto si alguien quiere aportar un
escenario que resulte creíble, adecuado para estas trayectorias de descarbonización en el que se manejen otro tipo de hipótesis. Esta es la primera reflexión que me gustaría compartir con ustedes.


La segunda reflexión es que tampoco hemos encontrado ningún tipo de anticipación con respecto a cómo gestionamos los residuos nucleares existentes incluso en ese escenario de cuarenta años de vida útil o lo que pudiera venir después. No
había prácticamente nada disponible, creo que algunos de los grupos parlamentarios alguna pregunta al respecto hicieron al ministro anterior, no sé si con la misma intensidad con la que hoy lo han planteado, ni cuáles fueron las respuestas del
ministro al respecto, pero lo cierto es que, como digo, no disponemos de esa información, no había un plan de gestión de residuos radioactivos, no había una previsión, y lo que sí hubo fue una decisión en torno al emplazamiento, como decía antes,
sin un estudio geológico previo que permitiera tener claro que los siguientes pasos de un proceso que hasta ese momento había sido transparente, con una propuesta clasificando las distintas candidaturas que se habían presentado de manera preliminar,
pudiera determinar por qué un aplazamiento era mejor que otro. A continuación, hubo un informe del Consejo de Seguridad Nuclear en torno a la autorización de emplazamiento, que no es lo mismo que autorización de emplazamiento. La autorización de
emplazamiento debía proceder del Gobierno y está nunca se ha materializado, como tampoco nunca se ha materializado una declaración de impacto ambiental al respecto. Por tanto, lo único que tenemos es un informe del consejo en torno al
emplazamiento; dudas, como digo, y acompañado de algunas informaciones, informes, notas técnicas, reclamaciones o incluso presentación de preguntas concretas al Gobierno a tal efecto.


La siguiente cuestión, que creo que es fundamental, es algo que han suscitado ustedes, nosotros no hemos hecho todavía nada más que pedir tiempo para entender qué es lo que tenemos delante y cómo podemos resolverlo de la manera más coherente
y congruente posible con los distintos escenarios que se nos puedan llegar a plantear, pero es verdad que es una cuestión en la que, como decía antes, conviene mantener canales de información muy abiertos, escucharles a todos ustedes, sin perjuicio
de la responsabilidad que en todo caso debe ejercer el Gobierno, y es no seguir avanzando si tenemos dudas

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razonables con respecto al estado en el que se encuentra la tramitación de este proyecto. Asumimos, por tanto, la responsabilidad como Gobierno en el contexto de la petición de suspensión al Consejo de Seguridad Nuclear con respecto a una
autorización, perdón, el informe sobre una eventual autorización de construcción cuando no existía declaración de impacto ambiental ni estudio geológico ni autorización del emplazamiento, solamente existía un informe previo sobre ese potencial
emplazamiento que, como digo, fue cuestionado. Si no tenemos todo eso claro de antemano es difícil seguir trabajando de forma responsable en lo que está por venir. Me parece que en esos días compareció también el presidente del Consejo de
Seguridad Nuclear, no se si alguien le preguntó al respecto, pero creo que también podría tener interés trabajar en este ámbito.


Han planteado otra serie de cuestiones que también creo que son relevantes. En el ejercicio de la responsabilidad que nos corresponde como país con respecto a la gestión de nuestra historia, está obviamente gestionar el volumen de lo que
existe hasta la fecha, y gestionar el volumen de lo que existe hasta la fecha, hoy por hoy, sigue exigiendo la construcción de un almacén temporal centralizado hasta tanto podamos cumplir con las previsiones que el propio marco comunitario construye
en torno a un almacenamiento geológico profundo. Enresa calcula que para poder disponer de un almacenamiento geológico profundo en condiciones de seguridad deberemos esperar a la década de 2060-2070; por tanto, es ilusorio pensar que podemos
trabajar sobre los almacenes temporales individualizados existentes hoy como base única para gestionar el volumen de residuos que ya de por sí, con cuarenta años de vida útil de las centrales nucleares, deberemos gestionar durante mucho tiempo. Es
verdad que debido a los retrasos sufridos en la gestión, en la identificación y construcción de este ATC ha sido necesario proporcionar capacidad adicional de almacenamiento en las centrales, realizándose este esfuerzo mediante la instalación de
bastidores más compactos en las piscinas de las centrales, primero, y mediante la construcción de instalaciones de almacenamiento individualizado adicionales en seco para que pudieran continuar la operación de dichas centrales, dado que, de lo
contrario, habría habido que tomar otro tipo de decisión e iniciar su desmantelamiento. Hoy por hoy se han construido ATI en las centrales de Trillo, Zorita, Ascó, Almaraz y Santa María de Garoña -pregunta que ustedes han hecho al respecto-. En
términos de grado de ocupación, nos movemos entre el 84 % del grado de ocupación del ATI instalado en Vandellós II hasta el 97 % del grado de ocupación del ATI instalado en Ascó I. Es decir, tenemos margen para seguir utilizando estos almacenes
temporales individualizados, y evidentemente no tenemos margen como para pensar en una sustitución del ATC por estos ATI, se requiere un esfuerzo adicional y a ello deberemos dedicar nuestros esfuerzos de una manera seria, solvente, en un contexto
que entienda cuál es el volumen de residuos que hemos de gestionar y que evalúe con total corrección y responsabilidad las distintas opciones que pudieran llegar a plantearse.


Preguntaban si es caro o barato o qué es lo que tenemos delante de nosotros. Las cifras que se manejan en Enresa en torno al conjunto de recursos que se han destinado en los últimos treinta años a la gestión de residuos nucleares están por
encima de 795 000 millones de euros, y esto evidentemente nos plantea la cuestión de hasta qué punto se trata de una inversión razonable en términos de opciones energéticas para nuestro país, sabiendo que nos quedan todavía por lo menos otros
sesenta, si no muchos años, de vigilancia muy cercana de ese ATC y después de gestión para con las generaciones futuras de ese almacenamiento geológico profundo. Por tanto, no es una solución tan sencilla, tan simple ni tan neutra como parece,
puede tener determinadas ventajas en un determinado momento, pero no es, evidentemente, una solución ideal a medio y largo plazo, y hoy por hoy nos encontramos con la necesidad de abordar la respuesta a cómo se financiaría el desmantelamiento y la
gestión de estos residuos con respecto a las centrales existentes o, en su caso, el incremento adicional que se derivaría de una prolongación de su vida útil. Lo cierto es que los titulares de las centrales existentes deberán presentar sus
solicitudes de prórroga y cierre en los próximos dieciocho meses. Por tanto, este es un debate que no corresponde hoy pero que lo vamos a tener inmediatamente encima de la mesa, y resulta muy conveniente poder disponer de marcos generales, de
orientaciones generales, de planificación general con respecto a cuál es el modelo energético que queremos construir en los próximos años si debemos contestar a estas preguntas de manera solvente. Por todo esto que acabo de explicar creo que no se
puede pensar en que a estas alturas del partido las decisiones que debamos tomar puedan ser calificadas como decisiones con precipitación. Después de estos años, con estas idas y vueltas y estas precipitaciones en algunos momentos del proceso, me
parece que más vale hacer las cosas bien, con seriedad, en el contexto, como decía antes, de ese Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y ese entendimiento de la planificación general, que no dar más palos de ciego al respecto.

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Indicaban que había una cifra en torno al gasto diario en el que incurre España como fianza de manera provisional con respecto a los residuos de dos centrales que se trasladan por encima de lo inicialmente previsto y que suponen una fianza,
un sobrecoste, dado que el contrato previo se acabó en 2017, que en principio será reembolsado a Enresa tan pronto como los residuos vuelvan a ser gestionados por nuestro país, pero lo cierto es que hoy por hoy, como digo, tenemos algunas
limitaciones importantes al respecto que deberán resolverse lo antes posible.


Comentaba también la cuestión del emplazamiento de la mina y del centro de enriquecimiento de uranio en Salamanca. Esta es otra cuestión que, efectivamente, está abierta. Hasta la fecha lo que hemos visto es que ha habido una lectura del
ordenamiento jurídico vigente que tendía a subrayar las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cosa que a nosotros nos parece dudoso, en la medida en que hay cuestiones de seguridad nuclear y de impacto transfronterizo que han
sido subrayadas por nuestros vecinos de Portugal. Por tanto, creemos que esta es una cuestión que en la Dirección General de Política Energética y Minas, por un lado, y en la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, por otro, en
materia de evaluación de impacto ambiental debe ser retomada y está siendo retomada con la mayor celeridad posible.


Creo que he cubierto la mayor parte de las cuestiones, pero igual alguien quiere destacar alguna cosa que me haya podido dejar en el tintero.


El señor PRESIDENTE: Como usted quiera, ministra.


Efectivamente, tal y como acordamos, sería para una aclaración o una pregunta y no más de uno o dos minutos, por favor.


Señora Rodríguez, portavoz de Ciudadanos, tiene la palabra.


La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señora ministra, quiero dejarle claro que las preguntas que le he hecho sobre costes y demás también se las realicé al ministro anterior y tampoco me respondió. Quiero también que nos aclare,
porque me preocupa enormemente, si con el cambio de cartera no le han dado toda la información del trabajo que se estaba haciendo, porque creo que eso es algo preocupante y escandaloso si estamos hablando en términos de país. Estamos de acuerdo con
que las cosas se tienen que estudiar para tener los datos para hacerlo, pero entonces no entendemos por qué se ha desechado el estudio al que se le había dedicado ya cuarenta y nueve mil horas aproximadamente del CSN, y lo digo por tener más
documentación para analizar. Ha aludido a que no había unanimidad, obviamente porque el CSN está politizado. ¿Se anima el Gobierno, y nosotros nos apuntamos también, a la despolitización del CSN? Porque nos encantaría que ese regulador fuese
totalmente independiente. También me gustaría que nos diese la valoración -y termino, señor presidente- sobre cómo cree que esta decisión de la paralización del ATC nos afectará en la próxima evaluación sobre seguridad nuclear que tendremos en
España el próximo 14 de noviembre, si cree que nos puede afectar de manera positiva o de manera negativa y, sobre todo, una pregunta que le hice y que no ha respondido, si tienen más o menos estimado el tiempo de ejecución de un proyecto como el ATC
en años y no solamente en costes.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


Toma la palabra la señora Bonilla.


La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señora ministra. De todas formas, disculpe, pero, con todos los debidos respetos, no me ha contestado a la inmensa mayoría de las preguntas, sobre todo a la primera. ¿Por qué usted no comunicó aquí en sede parlamentaria el día 11
de julio la paralización que habían solicitado? Creo que es de esencial importancia. En segundo lugar, ¿por qué ustedes que estaban en el Gobierno y cuestionan todo el procedimiento, y sobre todo, el emplazamiento del ATC donde está actualmente
Villar de Cañas, desde el 16 septiembre de 2010 al 30 diciembre de 2011 -y, repito, usted era secretaria de Estado de Medio Ambiente- no cuestionaron la ubicación y no plantearon nada? ¿Por qué todo comienza a raíz de que sea el Gobierno del
Partido Popular el que empieza a gestionar algo que, repito, habían gestionado ustedes y que nosotros habíamos apoyado? Sinceramente, creo que no hay ninguna razón técnica, ninguna razón basada en documentos -porque, claro, ustedes están
cuestionando al Consejo de Seguridad Nacional y nuestro absoluto respeto hacia el órgano máximo responsable de la seguridad nuclear en España- para que ustedes lo cuestionen. Nosotros desde el Partido Popular les pedimos un

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poco de coherencia y sensatez, no se puede ir dando bandazos. Yo no puedo llegar y paralizar un procedimiento para estudiarlo tan importante para España, tan importante para Cuenca y tan importante para la seguridad y para la economía de
nuestro país. Ustedes han pilotado el procedimiento, el Partido Socialista, hasta el año 2011, y a partir de 2011 todo ha sido igualmente público y ha tenido el procedimiento reglamentario y legalmente establecido y con los informes preceptivos.
Ahora mismo ustedes si de verdad hubieran querido velar por la seguridad de este país, la seguridad nuclear, se habrían esperado a ver qué pasaba con ese informe del Consejo de Seguridad Nacional, que es un informe preceptivo, efectivamente, para
que luego se otorgue la autorización, pero ustedes ni siquiera se han esperado.


El señor PRESIDENTE: Señoría, era pregunta o aclaración.


La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muchísimas gracias, señor presidente; un segundo.


Sinceramente, le vuelvo a repetir, y se lo pido honestamente por este país y también por mi tierra, por Cuenca, que dejen que se informe por parte del Consejo de Seguridad Nacional y se valore después, porque este proyecto, que es de todos y
es necesario para todos, hay que gestionarlo desde la responsabilidad y no frenándolo. Repito, tenemos la responsabilidad, al margen de que nos gusten o no las nucleares, de gestionar estos residuos y estamos hablando de una decisión que hay que
tomar ya y permitir que se continúe con las debidas garantías.


Muchísimas gracias, señora ministra. Gracias, señor presidente, por su benevolencia.


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


Toma la palabra la señora ministra para cerrar esta comparecencia.


La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Muchísimas gracias.


Empiezo por el final. Creo que desde el 16 de septiembre de 2010 hasta el 30 de diciembre de 2011 hay efectivamente un plazo en el que hay que seguir trabajando con respecto a candidaturas que se habían presentado por parte de los
ayuntamientos, con un estudio previo que prioriza, que clasifica las opciones, pero que estaba pendiente de ser completado. El salto se produce el 30 de diciembre de 2011, donde no se completa, no se hace una evaluación geológica previa, sino que
se determina, sin ningún tipo de argumentación adicional, el que sea un emplazamiento el elegido frente a los demás, con contestación por las distintas autoridades autonómicas, parlamentarias, por la manera en la que esta decisión es tomada. A
partir de ahí nos encontramos con un problema diferente y es que el único informe que ha existido hasta ese momento es el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que es cuestionado y que plantea dudas razonables incluso a los técnicos del propio
centro y a la consultora independiente que es contratada, hasta tal punto que el Gobierno no autoriza el emplazamiento -no existe una autorización de ese emplazamiento- y hasta tal punto que ese emplazamiento nunca es sometido a evaluación de
impacto ambiental. Por tanto, lo prudente es que, ante las dudas con respecto al cumplimiento de esas primeras fases, el informe que se había solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear con respecto a un trámite que se corresponde con una segunda
fase quede paralizado, puesto que hay que aclarar las primeras cuestiones antes de avanzar en la segunda. Es absolutamente claro que será necesario abordar la construcción de un almacén temporal centralizado y es absolutamente claro también que
habrá que hacerlo en el contexto de una información suficiente con respecto al volumen y características de lo que hay que gestionar y con respecto a la solvencia de los emplazamientos que se elijan al respecto. Y entonces entramos en una de las
preguntas que hacía la portavoz del Grupo Ciudadanos y es cuánto tiempo se tarda en construir una instalación de estas características. En la medida en que no hemos construido una instalación de estas características, la pregunta es un poco
complicada de contestar, pero lo cierto es que en función de cómo se vayan determinando las características, el conocimiento del terreno, la solvencia del equipo constructor y de la determinación de ese proceso, se puede tardar más o menos, pero no
es una decisión ágil. Por eso, creo que resolver en la medida de lo posible toda la tramitación hasta que se inicie el procedimiento de construcción facilita enormemente que el plazo de ejecución sea acortado al máximo. En todo caso, yo creo que
estas cuestiones técnicas lo más conveniente es planteárselas al presidente de Enresa -y entiendo que habrá pronto una comparecencia a petición propia-, dado que son ellos los expertos en este terreno.


Con respecto a los costes, yo creo que lo razonable es que le aportemos una tablita completa de los costes tal y como son estimados hoy y tal y como son sufragados hoy, porque me parece que esto forma parte de un debate sustantivo que muchas
veces se sustrae al debate público y, como decía antes, el

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coste acumulado durante treinta años pone de manifiesto algo que ya sabemos, nada es gratis pero algunas cosas son un poco más caras de lo que parecen, y algunas cosas cuentan con menores recursos a priori de lo que se nos quiere hacer
pensar para poder animarnos a seguir adelante con según y qué opciones. Me comprometo, por tanto, a remitirle la respuesta a la pregunta que me ha hecho por escrito para evitar que quede en el Diario de Sesiones constancia de cifras en las que a lo
mejor me confundo porque no las tengo en este momento a mi alcance.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora ministra.


Les recuerdo a sus señorías que hay prevista una comparecencia -sería ya la tercera en apenas un mes de la propia ministra- el día 19 y que hablaremos de esa Comisión y de otras cuestiones en una Mesa seguramente el próximo miércoles, como
hemos acordado. Muchas gracias y buen viaje a aquellos que se marchen.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y veinticinco minutos de la tarde.