CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 582

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ

Sesión núm. 44

celebrada el martes,

4 de septiembre de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia, a petición propia, de la señora ministra de Educación y Formación Profesional (Celaá Diéguez), para informar del contenido y tramitación del anteproyecto de ley para la mejora de las condiciones para el desempeño de la
docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria por el que se deroga el Real Decreto-ley 14/2012, así como exponer las previsiones del ministerio en relación con el artículo 109 de la LOMCE. (Número de expediente 214/000099)
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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Muy buenos días. Señora ministra, señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la tramitación del orden del día de esta sesión de la Comisión de Educación y Formación Profesional convocada para este día 4 de
septiembre de 2018. Como saben todos ustedes por la convocatoria que les ha llegado, esta Comisión tiene como objetivo responder a la petición de la propia ministra de Educación y Formación Profesional para informar del contenido y tramitación del
anteproyecto de ley para la mejora de las condiciones para elevar el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, por el que se deroga el Real Decreto-ley 14/2012, así como exponer las previsiones del
ministerio en relación con el artículo 109 de la Lomce.


Antes de darle la palabra a la señora ministra y darle las gracias por esta comparecencia al principio del curso académico, quiero informarles de que, aunque en la documentación que les enviamos ayer desde la secretaría de la Comisión en
principio se habían puesto quince minutos para la primera intervención de los grupos parlamentarios y cinco para la réplica, vamos a dejarlo en diez y cinco pero con una cierta benevolencia a la hora de contar los diez minutos. Los quince minutos
respondieron a la sesión anterior porque era la primera ocasión en que la señora ministra comparecía y, además, había peticiones de comparecencia de distintos grupos para tratar de distintas materias, no de unas materias tan concretas como en esta
ocasión.


Vamos a comenzar esta sesión dando la palabra a la señora ministra de Educación y Formación Profesional, doña María Isabel Celaá Diéguez, reiterándole las gracias de todos los miembros de esta Comisión por su comparecencia.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas, estimados parlamentarios y parlamentarias; como siempre es un placer encontrarme con ustedes, mucho más
después de un verano en el que seguro algunos de ustedes han podido descansar.


Comparezco ante sus señorías a petición propia, aunque ya lo hiciera recientemente ante esta Comisión de Educación y de Formación Profesional para presentar las líneas fundamentales del departamento que dirijo. Lo hago al objeto de explicar
en el día de hoy el contenido y la tramitación del anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria por el que se derogan algunos preceptos del Real
Decreto-ley 14/2012, así como exponer las previsiones del ministerio en relación con el artículo 109 de la LOE en la redacción dada por la Lomce. Quiero que sepan, señoras y señores diputados -y me dirijo especialmente también aquí a los del Grupo
Popular-, desde el primer momento de esta comparecencia, que el Gobierno va a cumplir con todos sus compromisos en relación con la educación, que siempre lo hemos hecho y que lo vamos a seguir haciendo. Además, en este sector de las enseñanzas
distintas a las universitarias, en esta pieza fundamental de nuestro sistema educativo, vamos a establecer nuevos horizontes con los que hasta ahora no contábamos. Queremos trazar nuevas perspectivas, de las que no dispusimos en anteriores
legislaturas recientes ni siquiera a nivel de previsión, pues escasa previsión y planificación ha sido la herencia que hemos encontrado en estas áreas. Así pues, señorías, desde el primer momento de esta intervención hago pública nuestras
conclusiones, con independencia de que en su transcurso vayamos desgranando todos los datos que sirvan a sus señorías para la aclaración, para su tranquilidad de ánimo, en relación con el cumplimiento de las primeras obligaciones de este Gobierno
con la enseñanza.


Soy consciente del papel que corresponde a los grupos parlamentarios de la oposición; la he ejercido en numerosas ocasiones, lo entiendo, lo respeto y además creo que es útil, muy útil, y ayuda a cumplir de la mejor manera la
responsabilidad de los que estamos al cargo, siempre coyuntural, alternativamente. Desde el principio les digo que yo no soy persona de imposición, no les voy a imponer nada; pretendo ejercer un mínimo arte de la prudencia que permita a sus
señorías aclarar todas sus dudas acerca de cómo vamos a cumplir nuestros compromisos y tenga como resultado final proporcionar un nuevo impulso a la calidad y a la prestación del servicio público de la educación. Tiendo puentes para que se sumen a
esta tarea, están siempre abiertos. Dejo en manos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, con los que es posible día a día transformar la realidad y hacer avanzar a España tanto en este como en otros sectores, una especial
responsabilidad: la de valorar en conjunto, con independencia de matices, si las medidas planteadas -en este caso, sencillas- van a ayudarnos a la recuperación y mejora que tenemos planteada en el sector. Son unos primeros pasos, hay que dar
muchos más.

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Como bien conocen, la primera medida adoptada por el ministerio ha sido realizar una mejora, sencilla, en el sistema de becas y ayudas al estudio, modificando la convocatoria y mejorando algunas de sus cuantías en el momento procesal de
elaboración de la norma en el que nos encontrábamos cuando nos hicimos cargo de la responsabilidad de Gobierno. Hemos actuado con responsabilidad, con deseo de servicio a la ciudadanía con los límites del presupuesto de 2018, pero sin retrasar el
calendario para no causar perjuicios a los futuros beneficiarios e indicando un camino de mejoras que queremos seguir en el transcurso de lo que resta de legislatura y en un futuro próximo, incrementando las cuantías a los posibles perceptores.
Apuntado ha quedado el camino por el que queremos seguir con la publicación de la convocatoria para el curso 2018-2019 este pasado mes de agosto. En este camino de revisión del sistema de becas, vamos a dialogar con las organizaciones interesadas y
vamos a reactivar el Observatorio estatal de becas y ayudas al estudio, que lleva demasiado tiempo sin siquiera reunirse. Resuelta esta importante necesidad, pretendemos ir devolviendo al sistema, de forma gradual, la normalidad y los recursos que
le han sido recortados durante la larga crisis que hemos venido atravesando. Para conseguir este objetivo, y ya en el mes de junio, se preparó un borrador de medidas legales de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la
enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.


El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, estableció una serie de decisiones que pretendían conjugar los objetivos de calidad y eficiencia del sistema
educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público. La justificación de la introducción de estas medidas, que se definieron como
excepcionales en el propio real decretoley, vino referida a la coyuntura económica del momento. Estamos ante una norma que fue aprobada por un Gobierno anterior con valor de ley en consideración a la urgencia y la necesidad en aquel momento. Fue
un real decreto-ley, como ustedes bien saben; por lo tanto, hoy se precisará una norma con rango de ley para derogarla. Así pues, es competente el Congreso de los Diputados para aprobar una norma legal que derogue los efectos y medidas
restrictivas fijadas en la norma de 2012, para ayudar al sistema educativo a volver a la normalidad con parámetros con los que siempre había funcionado correctamente y que nadie discutía. Por cierto, nadie fue consultado para aprobar la norma de la
que estamos hablando, la de 2012; ni comunidades autónomas ni sindicatos ni Consejo Escolar ni trámite de información pública. Se aprobó y se impuso, sin más.


Señorías -y me dirijo de nuevo especialmente a los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular-, el ministerio que dirijo ha puesto a su disposición la información necesaria para estudiar y valorar estas medidas. No se puede, no
se debe, pero se hizo, se utilizó la excusa de que no se había proporcionado información suficiente, pero era necesario dar este paso, como algunos de ustedes son capaces de reconocer en privado. Por otra parte, una amplia mayoría de las
comunidades autónomas con Gobiernos de distinto signo, manifestaron su conformidad con la propuesta, quedándose solos en la conferencia sectorial, que ustedes recordarán, las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular.


Tanto la favorable evolución de la situación económica del país como la aprobación de otras normas posteriores, con incidencia en algunos aspectos a los que se refieren las medidas aprobadas en su día, aconsejan su revisión a la luz de la
situación actual. Entendemos que, si bien se concibieron para reducir el gasto público en una coyuntura económica desfavorable en un determinado momento, es evidente el perjuicio que estas medidas han producido en el nivel de calidad que la
enseñanza y que el desempeño de la docencia requieren.


El Real Decreto-ley 14/2012 permite en su artículo 2 la posibilidad de elevación hasta en un 20% de las ratios máximas de alumnos por aula establecidos en la LOE cuando las leyes de presupuestos no autoricen la incorporación de personal de
nuevo ingreso o se establezca una tasa de reposición de efectivos inferior al 50%; nadie sostiene que ratios elevadas ayuden a la mejora de la calidad del sistema educativo. El hecho de que las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado
para 2016, 2017 y 2018 hayan llegado ya a establecer una tasa de reposición del 100% para el acceso a los cuerpos docentes en las administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, lleva
implícita la asunción de que la situación económica coyuntural que motivó la aprobación del real decreto-ley ha quedado superada, resultando innecesario mantener la medida aprobada. La supresión de esta medida y la consiguiente recuperación de las
ratios en los términos que establece la ley no tiene impacto en el gasto público, según lo dispuesto por las leyes de Presupuestos Generales del Estado en los últimos años, de las que han sido impulsores los Gobiernos anteriores del Partido Popular,
por lo que no sería comprensible que si para el Partido Popular no tiene impacto en el

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gasto público, para los demás sí la tuviera. Con ello queda resuelta una de las principales dudas sobre la inexistencia de incremento en el gasto público manifestada en su momento porque no existen dos varas de medir, una para el Partido
Popular y otra para nosotros. La vara es la misma y estamos todos de acuerdo en que esta modificación no tiene impacto sobre el gasto público, salvo que se haya cambiado de opinión. Por el contrario, el mantenimiento de esta medida sí tendría un
alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza que se ven afectados por la elevación de alumnos por aula.


El segundo contenido afectado del mencionado Real Decreto-ley de 2012 es el relativo al artículo 3, que supone el incremento de la parte lectiva de la jornada del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica de
Educación en centros públicos hasta un mínimo de veinticinco horas en la educación infantil y en la educación primaria y de veinte en las restantes enseñanzas. Este es un aspecto que venía siendo regulado por cada administración educativa desde el
momento en el que asumieron el traspaso efectivo material de la enseñanza no universitaria y, aunque el Tribunal Constitucional ha avalado la competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada lectiva mínima docente, como puede verse
en las sentencias del Tribunal Constitucional 26 y 54 de 2016, entre otras -lo ha avalado-, ante el cambio de coyuntura económica y al no concurrir ya las circunstancias que motivaron la aprobación de esta medida, parece razonable, señorías,
revertir la situación y dejar margen a las administraciones educativas para la regulación de esta materia. Esto no afecta a la jornada laboral de los docentes, que se mantiene exactamente en los mismos límites que para el resto de los funcionarios
públicos, sino solamente a su jornada lectiva. Por lo tanto, ¿es una medida obligatoria? ¿Estamos ante una imposición o una delimitación nueva de lo básico con apoyatura en la doctrina del Tribunal Constitucional? No, no estamos ante eso; cada
administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y su autogobierno. Y sigo aquí al Tribunal Constitucional y a la doctrina jurídica en el principio de reducción de lo básico con objeto
de favorecer la responsabilidad del autogobierno de las comunidades autónomas. No creemos, no creo, en el café para todos servido de la misma manera; dejemos que las comunidades autónomas desarrollen su propia facultad de autoorganización.


Ante la excusa -fue puesta como excusa, y yo lo siento- de la preocupación por la memoria económica, debo señalarles que esta medida tampoco exige una aportación presupuestaria específica -entrará dentro de la aportación presupuestaria a las
comunidades autónomas, pero no específica- por parte de la Administración General del Estado. Les recuerdo que cuando se adoptó esta medida en 2012 no se revisaron las valoraciones de los reales decretos de traspaso de funciones y servicios;
supuso, eso sí, un margen de ahorro de gasto para las propias comunidades que permitió paliar una parte del descenso que padecieron en su capacidad de endeudamiento.


El objetivo de esta medida legislativa consiste en que aquellas que quieran revertir la medida puedan hacerlo ahora, dentro de su margen de autogobierno, al igual que hicieron en el viaje de ida. Sumemos aquí -debemos sumarlo aquí también-
los esfuerzos del Gobierno para poder incrementar los recursos de las administraciones territoriales a través de las negociaciones, a través de los acuerdos, de cumplimiento del déficit con la Unión Europea. La nueva senda permite -permitiría- un
incremento del techo de gasto de 5000 millones para 2019, que va a ser consumido en parte por las administraciones territoriales, a lo que hay que añadir otros esfuerzos derivados de la ordenación y adopción de medidas de financiación.


Si para algunas comunidades supone un esfuerzo que no pueden asumir -o no quieren hacerlo porque deciden destinar fondos para otros fines-, esta norma también les permite tomar sus propias decisiones pues no impone sino que facilita,
incrementa el autogobierno. No obstante, el Gobierno, como garante de la calidad del sistema educativo en todo el país, es sensible a la mejora que supondría esta modificación regulatoria con la que todas las comunidades autónomas tendrán la
posibilidad de impulsar un avance importante en la calidad de la educación si así lo deciden desde su autogobierno. Y porque somos sensibles, porque es sensible, es por lo que el Gobierno mantiene abierto un cauce de diálogo permanente con las
comunidades autónomas y las fuerzas parlamentarias con el fin de permitirnos a todos dar los pasos correctos de la manera más coordinada, siendo conscientes y respetuosos de su responsabilidad y competencia en esta materia.


Por último, el ya tantas veces mencionado Real Decreto-ley 14/2012 incluye en su artículo 4 que el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan
transcurrido diez días lectivos, dos semanas reales, desde la situación que da origen a dicho nombramiento, debiendo ser atendido el período previo con los recursos del propio centro

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docente. La disposición final de la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para 2016 establece unos supuestos en los que podrá procederse inmediatamente al nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los
titulares en los siguientes casos: cuando el docente sustituido preste atención a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cuando preste servicios en centros que tengan implantadas menos de dos líneas educativas, cuando imparta
docencia en segundo curso de bachillerato y cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento tanto preadoptivo como permanente o simple de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las
comunidades autónomas que lo regulen. Aunque esta modificación alivió sustantivamente la situación de las administraciones educativas, resultó especialmente gravosa y rígida para la organización de la actividad ordinaria de los centros docentes y
más allá de su hipotética contribución a la eficiencia de los recursos públicos y la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria ha tenido repercusiones negativas en la eficacia organizativa de los centros docentes, así como en la calidad
de la enseñanza y en la atención al alumnado.


El conjunto y alcance de las medidas legales a adoptar fue conocido en vía de informe por el Consejo de Ministros a mediados de julio, se presentaron ante la Conferencia Sectorial de Educación el 30 de julio y fueron conocidas por las
organizaciones sindicales de la enseñanza el 26 de julio. Han sido expuestas a trámite de consulta pública, según dispone la ley, para la elaboración de disposiciones de carácter general del 24 de julio al 7 de agosto, habiéndose recibido 462
aportaciones. El Consejo Escolar del Estado, de conformidad con su ley y reglamento, emitirá su informe preceptivo en las próximas fechas. Finalmente, se realizarán todos los informes y trámites de audiencia pública necesarios en la tramitación de
una norma con rango de ley antes de su aprobación por el Consejo de Ministros para su remisión y discusión por el Congreso.


Estas medidas van acompañadas, tal y como se ha expuesto, de la preceptiva memoria de análisis de impacto normativo, que contiene un resumen ejecutivo con la oportunidad de la propuesta, su análisis jurídico, el informe de impactos
competenciales, económico, presupuestario, de género, infancia, familia y otros. Comprende la oportunidad de la propuesta, el contenido, el análisis y la tramitación entre otras consideraciones. Respecto a la aplicación de estas medidas legales,
se permite la planificación por parte de las administraciones educativas al entrar en vigor para el curso 2019-2020, salvo en el caso de la relativa a las sustituciones, cuya vigencia podría ser considerada inmediata.


Les quiero expresar ahora la segunda parte de mi comparecencia en relación con el artículo 109.2 de la LOE, modificado por la Lomce y que hace referencia a la demanda social y la escuela concertada. El Grupo Parlamentario Popular ha pedido
explicación en distintos foros sobre la idea apuntada en mi anterior comparecencia acerca de la modificación del artículo 109.2 de la LOE en su redacción por la Lomce, en especial en lo relativo a retirar el requisito de la demanda social. Sobre
este particular, he de advertir que esta exposición es solo un anticipo o anuncio de los trabajos de modificación de la mencionada norma para volver al pacto educativo. En diversas ocasiones lo he explicado pero no importa, lo haré otra vez porque,
lejos de rehusar el debate, hemos de activarlo. Señorías, desde esta tribuna quiero decirles que reitero el mensaje de total y absoluta tranquilidad a las familias del país que optan por llevar a sus hijos e hijas a la escuela concertada. Los
motivos por los que este ministerio pretende modificar el artículo 109 de la Lomce no son otros que los de cumplir con la obligación del poder público de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas -obligación del poder público-
y volver al consenso alcanzado en la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación de 1985, LODE. Se trata de cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho de todos y todas a la educación mediante una programación general de
la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados, articulo 27.5 de la Constitución.


Tal y como ha manifestado en innumerables ocasiones nuestro Tribunal Supremo, los servicios públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta, debe existir una planificación, una ordenación, un uso racional, adecuado y eficiente de los
medios que el contribuyente pone a disposición de la ciudadanía para atender a sus necesidades y dar cumplimiento a los derechos que les reconoce nuestro ordenamiento. Explico esto con mayor detalle. Uno, la educación pública es, ha de ser, debe
ser y no puede ser otra cosa que el eje vertebrador de nuestro sistema educativo; porque si constitucionalmente la persona tiene el derecho a ser educada -y lo tiene, es un derecho fundamental- correlativamente el poder público tiene el deber, el
deber insustituible, de garantizar este derecho.


¿Qué amenaza supone eso para la escuela concertada? Entendemos que no supone amenaza. Lo que sí significa es la obligación de los poderes públicos de un Estado social y democrático de garantizar

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la realización efectiva del derecho a la educación. El poder público debe garantizar este derecho en todos los casos, también en aquellas zonas de nuestro país a las que la escuela concertada no llega y no tiene ninguna obligación de
llegar. La escuela concertada no tiene esa obligación, el poder público sí. El poder público tiene esa obligación, por eso el artículo 109.2 de la Ley Orgánica de Educación, LOE, de 2006 establecía la obligación de que los poderes públicos
garantizasen la existencia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población, una obligación que incomprensiblemente eliminó la Lomce en la nueva redacción de aquel artículo. Dado que el Gobierno no propició un debate
público ni político previo a la elaboración de la Lomce y redujo al mínimo indispensable el debate parlamentario aún estamos esperando alguna explicación convincente acerca de los motivos que llevaron a eliminar aquella disposición de la LOE que
parece completamente lógica y constituye una garantía de primer orden del cumplimiento efectivo del derecho a la educación. ¿Cuál fue realmente la motivación de ese cambio? Pues no lo sabemos, no lo conocemos. Tanto a mí misma como a la
ciudadanía española nos gustaría mucho conocerlo, no lo sabemos.


Por otro lado, como decía anteriormente, con esta modificación estratégica se persigue volver al consenso que inspiró la LODE y que fue roto por la Lomce. Las redes pública y privada de la enseñanza han de trabajar objetivamente, y cuando
hablamos de red concertada hablamos de red concertada que cumple con sus deberes sociales y educativos, no estamos hablando de empresas pantalla -que también las ha habido-, hablamos de escuela concertada. Las redes pública y privada de la
enseñanza han de trabajar objetivamente de manera coordinada para la persecución de los objetivos globales del sistema educativo. Esto es clave y es incuestionable. La coordinación de las redes y recursos implica planificación, una clara
definición del mapa escolar, sin olvidar -como ya he dicho- que es tarea irrenunciable de los poderes públicos de un Estado social y democrático garantizar la realización efectiva del derecho a la educación. Asimismo la coordinación implica
respetar normas comunes en el acceso del alumnado a los centros, la escolarización equilibrada del alumno que requiera especiales atenciones de apoyo. Y aquí, señorías, tenemos mucho camino que recorrer. Se trata en última instancia de que, tanto
la enseñanza pública como la concertada, asuman su compromiso social con la educación, con el fin de conseguir el bien común de la educación, en el marco de la programación general de la enseñanza y de una escolarización sin exclusión social.
Queremos escuelas inclusivas, sin exclusión social.


Por tanto les sugiero que procuremos no insistir de nuevo en este debate que a veces preocupa a las familias sin ningún tipo de fundamento.


Las escuelas concertadas y las familias que optan por esa opción -y no toda la concertada es igual, de la misma forma que no toda la pública es igual- pueden estar tranquilas, y las familias que opten por la escuela pública también han de
estar muy tranquilas, porque este Gobierno va a garantizar el derecho de todos y de todas a una educación equitativa -importantísimo esto para avanzar en calidad-, inclusiva, de excelencia, y por tanto como resultante de calidad. Así que este mi
objetivo estratégico, como ministra de Educación y Formación Profesional, que es el que representa este Gobierno -y seguro que coincide con el de ustedes, señoras y señores diputados-, no es otro que el de fortalecer y mejorar -voy concluyendo- un
sistema educativo con el que toda la sociedad española se sienta a gusto, tranquila, orgullosa, y que sea un estandarte de nuestro Estado del bienestar, como herramienta distributiva de conocimiento, cultura e igualdad de oportunidades, y que mejore
el crecimiento económico del país. En esto es muy relevante la educación. Esta tarea nos concierne a todos, a todas. Todas juntas, en corresponsabilidad y con lealtad institucional mutua, debemos trabajar para modernizar un sistema educativo muy
tocado, la verdad, por la crisis y los recortes. Para ello es mi intención, como he manifestado en el Congreso y en otros foros, iniciar un proceso de diálogo sincero, constructivo. Y cuando digo diálogo es diálogo, porque, ¿qué es una ley, que es
un proyecto de ley más que un sistema de diálogo? Además de todos los diálogos que podamos abrir y para lo cual ya me muestro completamente en disposición de poder hacerlo con todos ustedes. Debe ser un diálogo constructivo y un diálogo eficaz con
todas las fuerzas políticas y con la comunidad educativa, guiado por el firme compromiso de ofrecer a nuestros niños y a nuestras niñas y jóvenes la educación que merecen y aquella que les permita progresar y mejorar sus condiciones de vida. Hemos
de tener un sistema que sea un ascensor social, no un reproductor de desigualdades sociales.


Queremos que nuestros alumnos lleguen donde quieran llegar. Es mi intención por tanto trabajar con amplitud de miras para lograr un acuerdo educativo que garantice la estabilidad de nuestro sistema y dé respuestas no a una demanda, sino a
una exigencia de nuestra sociedad. Señorías, creo que vamos a estar a la altura. Espero y deseo sinceramente que este objetivo sea compartido por todas y todos ustedes,

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y que en un periodo razonable de tiempo podamos presentar a la ciudadanía los frutos del trabajo que hemos hecho, que no es ni más ni menos que lo que nuestros conciudadanos esperan de nosotros.


Muchas gracias; quedo a su disposición. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


Vamos a dar comienzo al turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Matute.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.


Egun on zelan drea. Ha dado usted una explicación con la que desde Euskal Herria Bildu podemos estar de acuerdo sobre lo que suponía el real decreto que usted plantea derogar y que ha explicado aquí. Estamos de acuerdo con la lectura que
hace sobre la imposición que suponen los ratios alumno-aula y la depauperización de la calidad de la educación que eso puede suponer. Estamos de acuerdo con la lectura que hace sobre las horas lectivas del profesorado y cómo eso también puede
incidir de forma negativa en el desarrollo académico de los y las alumnas. Estamos de acuerdo con la sustitución del profesorado y con la visión que usted tiene en este momento en torno al aumento en diez días en los tiempos de sustitución del
profesorado, y lo que eso supone también de merma de la calidad educativa. Quizá nos hubiera gustado también escuchar su visión sobre lo que este real decreto del que usted plantea hoy iniciar un camino de derogación suponía para las universidades;
unas universidades a las que se aplicaba también de facto un techo de gasto, y donde realmente se buscaba una equiparación por arriba de lo que eran las tasas universitarias, privando a las universidades -en nuestro caso a la Universidad del País
Vasco o incluso a la universidad pública de Nafarroa- para hacer una política de tasas que fuera más distributiva o que por lo menos fuera más sensible con la realidad social y educativa de su propia comunidad y su propio ámbito. Pero más allá de
eso nos parece que es necesario resaltar aquí hoy que en una materia tan sensible como esta -una materia que probablemente cualquiera de ustedes señalaría como la principal para construir un Estado más justo, una sociedad más justa y un futuro más
halagüeño para todas y todos- se aplique el criterio de la racionalización con una exigencia y con tanta rudeza -y no hablo de su Gobierno, sino del anterior- que no se ha aplicado para otro tipo de gastos públicos. Y ya es triste hablar de gasto
en educación y no de inversión. Pero más allá de eso me hubiera gustado oír hablar, por ejemplo, de la palabra racionalización en las macroinfraestructuras públicas, en las grandes obras públicas que han devastado económicamente al Estado español,
y que han arruinado territorialmente el modelo de sostenibilidad ambiental.


Por centrarme en lo que usted señalaba, nos ha hablado del artículo 149.1 de la Constitución, porque era el que amparaba todos los recortes, y no puedo dejar de señalarle que en este caso para nosotros la Constitución se ha convertido en un
problema, y cuando digo para nosotros y para nosotras no digo solo para las gentes de la izquierda soberanista vasca o para las gentes de Euskal Herria Bildu, sino para el conjunto de la comunidad educativa vasca, porque hemos visto cómo en virtud
de una aplicación restrictiva, severa y yo diría que adulterada del artículo 149.1 -incluso del 149.3 o incluso del artículo 27 de la Constitución española, en cuyo preámbulo se reconoce el derecho de todos y todas a la educación-, lo que se ha
buscado ha sido la uniformización. Yo le trasladaría una pregunta a usted, porque ha tenido responsabilidades en nuestra comunidad autónoma en materia de educación, y la considero bastante competente para opinar, y es si tienen los poderes
educativos de la Comunidad Autónoma Vasca alguna responsabilidad en la depauperización que haya podido tener el modelo educativo del Estado español como para que tengamos que ser castigados con una aplicación restrictiva del artículo 27 de la
Constitución española, sobre el derecho a la educación, con una uniformización en la educación como la que plantean algunos partidos políticos. Me parece que es una pregunta de recibo, porque muchas veces se habla del derecho de todos y todas, de
la necesidad de ser iguales en derechos, pero siempre son iguales por abajo. Siempre se nos obliga a aquellos y aquellas que mostramos un cierto orgullo por lo que entre todos y todas hemos construido en nuestro territorio -con nuestras tiranteces
y con nuestras peleas- a que sea paralizado y frenado en seco para homologarlo con otras realidades donde ni hemos actuado ni hemos operado, y donde algunos y algunas ni deseamos hacerlo, y donde por tanto poca o ninguna responsabilidad tenemos en
lo mal o lo bien que vaya su modelo educativo.


Por centrarme en la propuesta que usted planteaba le voy a hacer algunas preguntas muy concretas, con el afán de conocer más lo que es la lectura inicial, porque lo que vemos en este artículo que nos plantea es una manera breve, supongo que
premeditadamente breve, y ambigua -no sé si premeditadamente ambigua- donde no queda muy claro cuál es la labor, la función y la complementación

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de las redes públicas y la privada-concertada o la propia privada. Nos gustaría que, más allá de lo que en esa redacción viene y más allá de alguna aseveración que usted ha hecho, pudiera definirnos con mayor claridad cuál es la manera en
la que usted piensa hacer coexistir o convivir estas tres realidades.


Se dice que la Administración educativa garantizará el derecho fundamental a la educación, pero nos gustaría saber cómo lo va a hacer, de qué manera. Me gustaría que nos aclarara más la forma en la que pretende llevar a efecto eso, que en
sí mismo no es más que una declaración de intenciones; no digo que mala, pero sí una declaración de intenciones. Se dice también que programará la educación gratuita, es decir, ¿por ley las concertadas también deberían ser gratuitas? Esa es una
pregunta que también nos gustaría trasladarle, y en el caso de que la respuesta sea afirmativa nos gustaría saber cómo piensa hacerlo. Y hay un elemento que también nos genera interés o duda, y es que dice que las administraciones educativas
garantizarán la existencia de plazas suficientes. Sin embargo usted nos ha hablado del anterior marco legal en educación, es decir, el previo a la Lomce, donde se dice la existencia de plazas públicas suficientes. Nosotros vemos una diferencia, y
quizá nos hemos equivocado, pero parece que la palabra pública se cae en esta propuesta de redacción y querríamos saber por qué, si es simplemente una errata o nosotros lo hemos leído mal, que también puede ser, o hay una errata y simplemente la
palabra no ha aparecido cuando debía aparecer o que desaparezca la palabra pública permite hacer ese encaje de bolillos complicado entre la privada, la pública y la privada-concertada.


En cualquier caso, y para ir finalizando, nosotros seguimos considerando aquello que le dijimos en la comparecencia que usted realizó a las pocas semanas de acceder al Ministerio de Educación. Nosotros creemos que el sistema educativo
español es estructuralmente arcaico, y estas reformas, aun pudiendo suponer parches en un línea positiva -y entiéndame lo de parche no como una palabra peyorativa, sino como un pequeño remiendo a un gran problema-, creemos que el problema de fondo
sigue siendo la Lomce, y que lo que tiene que hacerse con osadía probablemente -dado que se hablaba en la anterior comparecencia de las dificultades que eso entrañaba o incluso de imposibilidad- es la derogación de la Lomce.


También quiero señalar que en esta materia de educación y en un elemento en el que probablemente, como decía al principio, todos y todas podríamos coincidir, que es el derecho a la educación y la educación como un bien fundamental para
construir sociedades más justas, más libres y más igualitarias, hemos visto cómo nuestra demanda de soberanía adquiría pleno sentido, porque entendíamos que a través de más herramientas de autogobierno podríamos blindar de mejor manera los derechos
de las y los jóvenes vascos y vascas, navarros y navarras, a tener una educación de calidad en tiempos en los que bajo la racionalización se escondía el hachazo, y en tiempos en los que bajo la austeridad o austericidio se escondía la depreciación
de lo público para favorecer lo privado.


Finalizo con una pregunta o con unas ideas. Entiendo que ya me contestó lo de la Lomce, y por tanto, no le voy a volver a preguntar, salvo que quiera manifestarme que vamos a derogar la Lomce, aunque supongo que no habrá variado ahí
respecto a lo que ya me dijo, pero la otra cuestión tiene que ver con las competencias y con esto que le he señalado ahora: ¿si no cree descabellado o, para ser más exactos, si no cree que va acorde con los tiempos y con ese Estado español que se
dice plural reconocer competencias exclusivas en educación, y desde luego no aceptar cierres por abajo de uniformidad, que lo que plantean es retroceder en años lo que han venido realizando algunas? Y otra cuestión, que es la cuestión pendiente
siempre, la laicidad. ¿Cómo y de qué manera este ministerio, no digo a través de esta derogación, pero sí en toda esa reflexión de la Lomce de la que esta iniciativa de derogación es una parte, piensa abordar esa cuestión, por ejemplo, para que en
el artículo 27 de la Constitución aparezca en el punto 3 todavía lo del derecho a la religión de padres y madres? Probablemente así nos evitaríamos escenas tan bochornosas como la de Willy Toledo, en busca y captura, por haber blasfemado sobre Dios
y la Virgen. Y digo escenas bochornosas no por lo que hizo Willy Toledo, sino por el papel de la justicia ante esa realidad.


Termino con una cuestión. Usted es ministra de Educación y es portavoz del Gobierno y yo no voy a confundir los planos. Sé que usted es portavoz del Consejo de Ministros, pero está hoy aquí como ministra de Educación, y por tanto no voy a
confundir los planos, no se preocupe nadie, pero señalaba en estos días, entiendo que en ese caso sí lo hacía en calidad de portavoz del Consejo de Ministros, en unas declaraciones cuáles eran sus preocupaciones sobre el debate que se estaba
teniendo en el Parlamento vasco sobre las bases y principios de la ponencia de autogobierno, y señalaba de alguna manera unos límites o unas lecturas que pudieran chocar con la posibilidad real de hacer o no hacer cosas. Y como sé que es ministra
de Educación le planteo si, siendo conocedora, como lo será, del proceso que se está

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llevando en la Comunidad Autónoma del País Vasco respecto a un posible pacto educativo, usted respetaría, sin veto, lo democráticamente decidido y las conclusiones, medidas, propuestas y la nueva ley que pudiera derivar del pacto educativo
al que pueda llegar la comunidad educativa vasca.


Eskerrik mila esker.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz.


El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.


Gracias, ministra, por su comparecencia.


Para ejercer el digno oficio de la política se necesita ideología y se necesita responsabilidad sin duda, pero también afecta a este ejercicio el estado de ánimo. Mi estado de ánimo está muy ligado a haber tenido días, podríamos decir
vacaciones, que he usado en buena parte para ver a mis presos y a mis exiliados, para tener conversaciones largas con ellos, y esto sin duda afecta al estado de ánimo, y puede afectar sin duda a este ejercicio de la política en los próximos meses.
No me es sencillo estar aquí. Cuando estás en tu casa, con tu gente, y te encuentras con muy poca hostilidad, poquísima hostilidad, te encuentras muy bien. Ejercer la política en espacios donde funcionan algunos estereotipos lamentables, tu
ideología y tu manera responsable de ejercerla, afecta a este estado de ánimo.


Cuando venía en el tren leía la última carta de Raül Romeva, un amigo preso, con el que he compartido muchas cosas en la política en estos últimos años, y me decía: firmeza, pero siempre con la mano abierta, siempre diálogo. Y por eso
estoy aquí. Estoy aquí porque creo en el diálogo y en que, si nos conocemos mejor, determinados estereotipos y determinada propaganda nos harán menos daño mutuamente, y porque he ejercido la enseñanza durante muchos años, nada de la educación me es
ajeno y me importa mucho que cualquier niño o cualquier niña empiece el curso en cualquier sitio del Estado de la mejor manera.


No es una mala manera de empezar esta Comisión con la presencia de la ministra. Me parece que es bueno que haya un diálogo que empiece por el máximo responsable de la educación en el Estado. Es cierto, pero no está en el mejor ambiente
posible, porque a nadie se le escapa que no estamos acostumbrados en el Estado español a gobernar en minoría. Es cómodo, pero a veces se cometen enormes errores gobernando con las mayorías absolutas, y esto significará un aprendizaje para quien
quiera aprender. Los profesores sabemos que lo más difícil en un aula son aquellos alumnos que, por la razón que sea, no quieren aprender, y es un gran esfuerzo y siempre he dicho que este esfuerzo pasa en la educación por el ejemplo. El ejemplo
es la mejor manera de enseñar, y espero que este ejemplo mutuo nos ayude.


Usted ha dicho varias cosas interesantes, algunas propuestas de calado, que ya el 30 de julio planteó a los diversos responsables de las comunidades autónomas. En ese momento el representante de la Generalitat de Catalunya ya le dijo que
respecto al Decreto 14/2012 estamos por la labor en el cambio que ha de haber en los dos aspectos fundamentales que usted ha dicho: respeto a las ratios, respeto a la potestad de las administraciones de reducir el horario lectivo, no el horario
general, y otro elemento que es importante: que el sistema público de educación, que en la escuela pública y en la escuela concertada, que asumen esta voluntad de servicio público, tenga facilidad la Administración para poder gobernarlo. Por tanto
estos elementos que tenemos aún hoy de rigidez en el sistema, que nos impiden la equidad, sean superados y que nos permitan que la equidad sea el objetivo común de todo el servicio público de educación, sean escuelas públicas, líderes que han de
avanzar y están mucho mejor dotadas, o sean las escuelas concertadas que hacen este servicio público.


Ahora bien hay dos elementos en los que se insistió el día 30 y en los que volveré a existir. Uno de ellos es la financiación de la educación infantil, la importancia de la educación de 0 a 6 años, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. Se
necesita un esfuerzo suplementario y amplio para que la educación infantil, especialmente de 0 a 3, pero también de 3 a 6, tenga los instrumentos necesarios, porque es allí donde el principio de la equidad se puede romper. Es en estas edades
tempranas en las que hemos de trabajar bien. De esto no ha dicho nada, y nos preocupa que empecemos el curso 2018-2019 sin los objetivos claros en educación infantil.


Otro tema que también propusimos fue el asunto del acceso del profesorado a la Función pública. Es muy importante que tengamos suficientes profesores, que tengamos buenos profesores, y que haya estabilidad laboral entre el profesorado, pero
lamentablemente a nuestro parecer el modelo de acceso a la Función pública es un modelo anticuado, es un modelo en el que prima más la memoria que las

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capacidades. La potenciación de un sistema memorístico era bueno a lo mejor hace cien o cincuenta años, pero ahora está totalmente obsoleto, y en muchos casos es el elemento básico para escoger al profesorado, y esto tiene luego lamentables
consecuencias. Es muy importante contextualizar los conocimientos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos son los que dan valor, estos potencian un modelo de escuela imprescindible, necesario, que es el que se aplica en muchas escuelas
públicas y concertadas de éxito, y que determinada reproducción de un viejo sistema puede poner en entredicho. En definitiva somos conscientes de que la Lomce significó un tremendo paso atrás y que lleva enormes consecuencias, porque a pesar de que
haya una mayoría desde hace más de dos años contraria, es la que se está aplicando escuela a escuela, instituto a instituto.


Estoy de acuerdo en las medidas que usted propone, son necesarias, pero insuficientes. Creemos imprescindible el objetivo de que la Lomce quede derogada. De hecho se necesita dar más pasos adelante. Entiendo la complejidad del momento,
usted puede entender que soy fruto de la complejidad de este momento político, pero es necesario -y en la educación especialmente- avanzar, y siempre con la mano tendida, pues en educación necesitamos de todos -del Partido Popular, de Ciudadanos, de
todos-, pero también es cierto que se ha perdido demasiado tiempo y hemos de ganarlo. Si la mejor manera de enseñar es el ejemplo, la acción política decidida es también un buen ejemplo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señora ministra, por su comparecencia y por su explicación. Yo realmente creo que siempre es muy bueno que un titular de su cartera venga a explicarse porque la educación, como decía Dewey, es también comunicación, y por tanto es
muy importante que nos cuenten qué están haciendo.


Cuando me mandaron la convocatoria leí que el motivo de su comparecencia era explicarnos el anteproyecto de ley para la mejora de las condiciones del desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y
también una propuesta de modificación del artículo 109 de la Lomce. Quiero decirle una cosa que ha pasado, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero usted ha hablado aquí de que estos anteproyectos y estas modificaciones se han debatido, se han
explicado y se han compartido con otros agentes. Lo habrán hecho en la Conferencia Sectorial de Educación, pero desde luego no lo han hecho en el foro y en el marco de estos grupos parlamentarios que hoy están aquí sentados, porque en este momento
usted está hablando de una serie de modificaciones y de un anteproyecto que yo he tenido que conseguir a través de los sindicatos. Lo digo con ánimo de mejorar la fluidez y el diálogo; habría sido de elegancia política habernos hecho llegar esa
documentación al resto de los partidos, aunque no tengamos competencias en las consellerias en estos momentos, porque al fin y al cabo las normativas se tienen que votar aquí y nosotros no teníamos esa documentación; en cualquier caso yo la he
conseguido.


Voy a empezar mis consideraciones con la primera parte de la exposición que usted ha hecho, que es el anteproyecto de ley que han presentado para mejorar el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito no universitario. La verdad es
que cuando a mí me llegó, cuando lo conseguí leí una cosa tan bonita con el título que pensé que iban a hacer una reforma fundamental de cuestiones esenciales para la mejora de la docencia, que para mí es muy importante, y pensé que afortunadamente
usted había llegado al ministerio y habían hecho en su partido algún propósito de enmienda con algunas cosas que han votado en contra. Por ejemplo, yo entiendo que las mejoras de las condiciones en el desempeño de la docencia implican cambiar el
sistema de formación del profesorado, y que ustedes iban a apoyar esa propuesta de MIR docente que usted misma ha defendido en alguna ocasión, y que yo creo que el PSOE también ha defendido y es fundamental, porque mejora las condiciones de la
docencia. También creía que cuando hablaba de las mejoras del desempeño de la docencia por fin iban ustedes a poner en marcha ese sistema de apoyo y de refuerzo educativo en las aulas, que son importantísimas -luego hablaré de los ratios-, y que
por ejemplo iban a dar cumplimiento a algunos compromisos que su partido ha adquirido en esa Cámara al votar algunas PNL, como por ejemplo el tema de las becas a los niños con necesidades educativas especiales, que al final no se han incluido; por
ejemplo, para los niños con trastorno de hiperactividad votamos todos que eran necesarios. Se lo digo porque esa es la mejora de las condiciones del desempeño de la docencia. También creía que a lo mejor en la mejora del desempeño de las
condiciones de la docencia se iban a plantear garantizar la neutralidad de las escuelas como espacios

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públicos, porque eso es importante para desempeñar la docencia, o que iban a defender la legalidad y la igualdad entre todos los españoles, por ejemplo instando a un requerimiento en la Generalitat catalana con una cuestión que yo le he
planteado por escrito, y es que cuando estuvo Méndez de Vigo con el 155 se permitió que se contratase de manera extraña a profesores sin máster para la secundaria en Cataluña. No he tenido respuesta a esa pregunta que le he hecho y a esa PNL que he
registrado, y me gustaría saber si tiene previsto su ministerio para la mejora de las condiciones de la docencia instar y llevar este requerimiento, para garantizar que en todo el territorio nacional se cumple y se accede a la profesión docente en
condiciones de igualdad. Pero una vez leída toda la documentación me he dado cuenta de que cuando el PSOE hablaba de la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia en realidad a lo que se refería únicamente era a la reversión del
Real Decreto 14/2012, que había implantado el Gobierno del Partido Popular, y con cuya reversión nosotros estamos de acuerdo, pero al fin y al cabo para volver a la situación que había con la LOE, que es un poco lo que nos ha venido a explicar. Si
hay algún político que va a estar con ustedes en la apuesta por aumentar la inversión y el refuerzo en la educación ese va a ser Ciudadanos, pero nosotros queremos hacerlo con tres condiciones que nos parecen muy importantes: en primer lugar,
siendo realistas y no haciendo demagogia, y ahora le voy a explicar por qué; en segundo lugar, evitando generar mayores desigualdades entre los territorios en materia de financiación; y en tercer lugar, llevando a cabo las medidas que
correspondan, siempre vinculadas o unidas a procesos de evaluación para que podamos después concretar políticas que sean realmente eficientes y eficaces.


En primer lugar, yo creo que su proyecto tiene cosas buenas, pero tiene algunas otras mejorables. Yo creo que este anteproyecto que están planteando va a lo más fácil. Lo más fácil es volver a la situación que había con la LOE anterior
cuando lo que realmente se necesita en este país, y así lo hemos visto en la subcomisión para el pacto por la educación, es desarrollar de manera urgente el estatuto docente, donde se garanticen las condiciones laborales de los profesores en una
situación de igualdad en todo el territorio nacional. No basta con dejar esa horquilla al albur de las comunidades autónomas, esas condiciones laborales -ya sé que no modifican las horas laborales, pero sí las horas docentes- porque esa libertad lo
que va a generar al final son mayores desigualdades en virtud de la financiación que tenga cada comunidad autónoma. Por tanto, le insto a que, además de esa reversión del decreto, se pongan ustedes a elaborar el estatuto docente, que es muy
necesario.


En segundo lugar, hay una cuestión importante, de la que se derivó esa bronca de la que yo me enteré por la prensa. Cuando su partido hace políticas nacionales le gusta disparar con pólvora ajena. Es verdad que ustedes dejan a las
comunidades autónomas que fijen las horas lectivas, pero esas horas lectivas y esa sustitución de la interinidad -usted ha dicho que no- revierten en el presupuesto. Estamos de acuerdo y apoyamos que eran medidas coyunturales -la coyuntura ha
cambiado- y que se pueden revertir, pero creemos que tendrían que tener una especie de memoria económica porque sí que va a haber un incremento del gasto, sobre todo por la tasa de reposición. Por cierto, ¿van a llegar al 5% del PIB que tanto
reivindicó en su momento su partido -usted no estaba en ese momento- y que les hizo levantarse de la mesa y al que no han votado en algunas comunidades autónomas donde gobiernan, como en Andalucía, o van a reconocer que, efectivamente, fue un acto
equivocado -por eso he hablado de demagogia- que no conduce a nada? ¿Van a trabajar ustedes de otra manera en la financiación o van a seguir con la reivindicación de ese 5% del PIB? Han tenido y tienen la oportunidad ahora.


La tercera cuestión tiene relación con la exigencia de ser realistas al hacer políticas educativas. Al Partido Socialista se le llena siempre la boca diciendo que es el gran Robin Hood de la educación, sin embargo -ya se lo dije en su
comparecencia- cuando tienen ocasión y gobiernan en algunas comunidades autónomas no tardan mucho en regalar esta cartera a algunos de sus socios nacionalistas. Como muestra, un botón: en mi comunidad, en Valencia, están ustedes en el Gobierno
pero le han cedido la cartera a Compromís. Vuelven a ser un poco incoherentes en esto. Nosotros criticamos la política del decretazo que están haciendo en otras cuestiones, pero si tanto les preocupa la educación y tan urgente es revertir los
recortes, nos sorprende que hayan redactado decretos-leyes urgentes, por ejemplo para exhumar los restos de Franco o para cambiar la dirección de Televisión Española, y su anuncio de revertir esos recortes que había hecho el Partido Popular vayan
ustedes a tramitarlo mediante un proyecto de ley que va a hacer que los niños y niñas tengan que esperar prácticamente un año para poder beneficiarse de ello. Nosotros criticamos la política del decretazo que han utilizado en otros ámbitos, pero
nos extraña que en algo que sí es urgente no se lo hayan planteado.

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Por lo demás, siento decirle, señora ministra, que se quedan ustedes con algunas propuestas que son del antiguo régimen, del régimen del bipartidismo. Vuelven ustedes a plantear otra vez el término del descenso de las ratios. Me parece que
está bien, pero creo que hay que hacer más cosas, como plantearse el tema de los refuerzos. Además, nosotros le hemos planteado esta semana una batería de medidas que creemos que puede mejorar ese debate de anteproyecto de ley que van ustedes a
presentar, como, por ejemplo, que se acorte el periodo de sustitución de los interinos; que un centro espere diez días para tener un docente sustituto nos sigue pareciendo mucho tiempo. En la réplica le hablaré del concepto de demanda social,
porque no he tenido acceso a la propuesta alternativa de redacción del artículo 109 ya que no me lo han pasado por escrito.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín Llaguno.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Mena.


El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta, y buenos días, ministra. Gracias por su comparecencia.


Usted recordará que en su primera comparecencia le dije que teníamos esperanzas en usted y en su ministerio, aunque cierto es que, después de la nefasta gestión de Juan Ignacio Wert y de Íñigo Méndez de Vigo, que ha dejado a la escuela
pública tiritando, era fácil tener esa confianza. No le voy a negar, señora Celaá, que en el Ministerio de Educación nos gustaría encontrar al Partido Socialista que acuerda medidas para mejorar las condiciones del sistema educativo y no al que
gesticula, y me explico. No nos gusta, por ejemplo, que el Gobierno anuncie la creación de un impuesto a la banca, que en Francia permite recaudar hasta 800 millones de euros a entidades que se han lucrado de la crisis ajena, y que ahora la dejen
ustedes en el aire. Tampoco nos ha gustado que el Partido Socialista en dos meses pase de ofrecer nuestros puertos como espacios de acogida al Aquarius y que ahora tramite la devolución en caliente de 116 personas en la frontera sur, incumpliendo
con los más elementales principios de los derechos humanos. Y es que, ministra, después del destructivo acuerdo contra los derechos sociales y los servicios públicos entre el Partido Popular y Ciudadanos, tenemos mucho trabajo por hacer, mucho
trabajo para devolver a los españoles los derechos robados por el Partido Popular durante sus Gobiernos, mucho trabajo en el ámbito educativo y mucho trabajo concretamente en la derogación del Real Decreto 14/2012. Estoy convencido de que lo vamos
a hacer, porque mientras el señor Rivera se ha dedicado este verano a ir retirando lazos amarillos en Cataluña e incendiando las calles de forma irresponsable o el señor Casado debe andar todavía buscando su máster, nosotros hemos trabajado en
principios de acuerdo con su Gobierno para mejorar la vida de la gente, y tenemos que seguir por ese camino. Hemos trabajado en acuerdos sobre pensiones, sobre sanidad universal, sobre la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o en el
ámbito de la soberanía de los ayuntamientos. También queremos, ministra, establecer esos acuerdos en materia educativa y en financiación en materia educativa. Me alegra que la portavoz de Ciudadanos, en su tradicional malabarismo político, le pida
al PSOE que vote la propuesta de Podemos e Izquierda Unida, a la que Ciudadanos no votó en Andalucía. Me parece que se una manera de comenzar el curso positiva.


Este Real Decreto 14/2012, que yo llamaría de irracionalización del gasto, ha sido una herramienta fundamental del Gobierno del PP para machacar la escuela pública y blindar los privilegios de las escuelas elitistas en nuestro país. Este
decreto, señora ministra, ha tocado los elementos nucleares que determinan la calidad del sistema educativo, las condiciones laborales del profesorado, la atención individual al alumnado o las ratios del aula. Con el 14/2012 se posibilita un
implemento de las ratios de hasta el 20% cuando no haya orden de empleo público o se establezca una tasa de reposición inferior al 50%; se impone una jornada de horas lectivas de un mínimo de 25 en educación infantil y primaria y de un mínimo de 20
en las restantes enseñanzas; fija que el nombramiento de la sustitución del profesorado no se haga hasta transcurridos diez días hábiles, que en realidad son quince días, desde la situación que da origen a la sustitución. Pero hay algo de lo que
no hemos hablado y que me gustaría que usted lo hiciera, y es sobre el retraso, con las consecuencias que eso ha tenido, hasta en dos cursos, de la necesaria implantación de enseñanzas de formación profesional. Algunas comunidades intentaron
suavizar la aplicación de este real decreto, pero tardaremos años en poder corregir el impacto que ha tenido en nuestro sistema educativo. Y qué decir, aunque no toca en esta Comisión, de su afectación en materia universitaria, con un incremento
salvaje de las tasas y una reducción cruel de las becas universitarias que han conseguido que 127 000 alumnos desde el curso 2011-2012 abandonen nuestras universidades públicas por motivos económicos. Las familias no pueden hacer frente a ese pago
y, claro, son

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precisamente los hijos y las hijas de las clases populares de nuestro país las más afectadas, generando más desigualdad en el que ya es el segundo país más desigual de toda la Unión Europea.


Por todos estos motivos, la urgencia en la derogación de este decreto es muy alta. Es decir, lo deberíamos tener derogado, señora ministra, para ayer; no deberíamos empezar un nuevo curso con la espada de Damocles de estas medidas sobre
nuestra escuela pública. ¿Qué previsiones tiene usted de aprobación de este anteproyecto? ¿Ve usted necesario que ya se iniciase el curso 2018-2019 con estas medidas eliminadas para siempre de nuestro sistema educativo? Ministra, desde Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea le pedimos que vaya usted un poco más allá, que no se limite solamente -como parece que va a hacer- a retornar las ratios a las Ley 2/2006 o en volver a fijar la jornada lectiva de nuestro profesorado según marca esa
misma ley. Este anteproyecto de ley, ministra, tiene que servir no solo para revertir lo que hizo el Partido Popular estando en el Gobierno sino para corregir todo el daño que este decreto ha hecho a la escuela pública durante sus seis años de
vigencia.


Aproveche usted para adecuar las ratios a las que tienen los países de nuestro entorno, porque está demostrado -y usted misma lo decía- que esta medida tiene un impacto directo en la mejora de la calidad educativa. Establezca usted medidas
para que puedan retornar a las aulas los más de 23 000 profesores que hemos perdido en estos siete años, porque mientras se ha incrementado el número de alumnos en más de un millón, hemos perdido 23 000 profesores y hay que establecer medidas no
solo para que no se despidan más profesores sino para que vuelvan a la docencia todos aquellos que han sido despedidos por los Gobiernos del Partido Popular. En cuanto a la jornada lectiva, fijémonos también en los estándares europeos. Los
profesores de secundaria españoles hacen 217 horas más que en Finlandia, 195 horas más que en Alemania o 70 horas más que en Francia, y eso también repercute en la calidad de nuestro sistema educativo en horas dedicadas a evaluación, a preparación
de clases, a correcciones, a formación o a atención individualizada. Por último, le pedimos también que corrija las deficiencias y garantice plazas de formación profesional en todo el Estado. En definitiva, ministra, le pedimos que escuche también
a la comunidad educativa, que también opinen sobre la derogación de estos decretos y que situemos el sentido común y la defensa de lo común como ejes de nuestros acuerdos políticos.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez Serna, tiene la palabra, pero su compañero casi ha consumido todo el tiempo.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Intentaré ser breve. Gracias, presidenta, en cualquier caso por el aviso.


Buenos días, señora ministra, también quiero agradecer su presencia en esta Comisión para explicar las actuaciones de su ministerio y recoger las propuestas que podamos hacerles los grupos parlamentarios.


Mi compañero Joan Mena ya se ha referido por extenso a la derogación del Real Decreto 14/2012, así que por mi parte me quiero referir muy brevemente a esa modificación del artículo 109.2 de la Lomce, artículo en el que coincidimos en que
suponía un hachazo al principio de planificación educativa por parte de los poderes públicos al dejar la ordenación de las redes educativos al juego de la oferta y la demanda. Suponía este en definitiva un enésimo hachazo a la educación pública y
una desnaturalización completa de la idea de servicio público. En esto coincidimos plenamente con su exposición. Por tanto, estamos convencidos de la necesidad de abordar la modificación de este artículo porque creemos que es preciso volver a
recuperar la red pública como columna vertebral del sistema educativo, a la vez que regulamos la red concertada como una red subsidiaria. Sin embargo, precisamente por esto, porque creemos que hay que poner orden en la planificación de las redes
pública y privada, no entendemos por qué se presenta la modificación de este artículo separada, por ejemplo, de la modificación urgente del artículo 84.3 de la Lomce, que permitía y legalizaba la segregación educativa por motivos de sexo y la
cobertura a los conciertos a los colegios que segregaban.


En su anterior comparecencia ya debatíamos sobre la idoneidad de una derogación a plazos de la Lomce. Usted nos planteó las dificultades que íbamos a encontrar, la necesidad de acuerdos amplios, y nosotros -haciéndonos cargo de todas esas
dificultades- le planteamos también la urgencia de presentar una alternativa a la Lomce. Al fin y al cabo, necesitamos una nueva ley educativa que nos permita armonizar todos estos aspectos y reforzar la educación pública a la vez que introduce
criterios sensatos en la ordenación de las redes.


Por ejemplo, nos parece también muy urgente desterrar el sistema de cuotas del que cada año nos avisan los sindicatos y organizaciones de consumidores y obligar a los centros concertados -como tiene que ser su función- a informar en todo
momento a las familias del carácter gratuito de estos centros,

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porque la Lomce -y en esto queremos ser muy claros- no es la suma de las partes. En este sentido, el artículo cuya derogación se presenta hoy que recoge los conciertos a demanda no es una cuestión completamente separada del artículo que
permite segregar por sexo. La Lomce es un proyecto educativo profundamente conservador al que tenemos que plantear una alternativa, y frente a ello le preguntamos cuándo es el tiempo de dicha alternativa y cuáles van a ser los tiempos de este
ministerio. Y no hablo de la necesidad de una ley de educación del Partido Socialista o de una ley de educación de Unidos Podemos sino de una ley que se haga cargo de las propuestas y de las demandas que tantas veces nos ha planteado la comunidad
educativa, propuestas que, por cierto, ya estaban muy avanzadas en el documento de base firmado por decenas de colectivos sociales, sindicatos y partidos, entre ellos el Partido Socialista y Podemos.


¿Qué decía este documento sobre la ordenación de las redes? Decía cosas tan sensatas como prohibir la cesión de suelo público para la construcción de escuelas privadas-concertadas, acabar con las prácticas discriminatorias de selección de
alumnado o establecer más controles y mayor transparencia en la gestión de estos y en la selección de su profesorado. Es decir, nosotros estamos y vamos a apoyar al Gobierno en la supresión del artículo 109.2, pero pensamos que si queremos
introducir orden, si queremos regular la doble red, tenemos que avanzar ya otras medidas legislativas; no podemos dejarlo para una futurible legislatura ni para el próximo curso, y nosotros entendemos que debería encauzarse mediante un proyecto de
ley educativa que queremos acordar con el Gobierno, pero volvemos a recordar que si no la presenta el Gobierno la presentará nuestro Grupo Confederal.


En cualquier caso, y también de cara a informar a la comunidad educativa, que está siguiendo estos debates con interés, nos gustaría saber qué otros artículos de la Lomce plantea derogar el Gobierno durante este semestre. Específicamente le
preguntamos si junto a la supresión o a la modificación del artículo 109.2 piensa también suprimir el articulado que permite la financiación a los colegios que segregan por sexos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.


La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, en primer lugar quiero darle la bienvenida a esta Comisión. Es un placer volverla a tener aquí en un día tan especial, al día siguiente del comienzo del nuevo curso escolar, por tanto, creo que hay que hacer una mención
especial a la comunidad educativa y desearle un feliz inicio de curso y una buena gestión en algo tan importante para nosotros como es la educación.


Señorías, creo que ha quedado clara la exposición de la señora ministra en cuanto al Real Decreto 14/2012, que era el objetivo de la comparecencia de hoy. Es evidente que no ha sido derogado todavía, pero hay que felicitar al Gobierno por
su celeridad en cuanto a los trámites que ya se pusieron en marcha, según anunció en la comparecencia que tuvo lugar el 11 de julio. Señora Martín, la exposición de todo este anteproyecto ha sido, ya que ha estado expuesta en el portal del
Ministerio de Educación durante todo el trámite preceptivo. Por tanto, ha estado visible para toda la ciudadanía y para todas las personas que tuviesen interés en conocer el contenido de este anteproyecto. Yo creo que es una medida por la que
todos nos tenemos que felicitar, porque por fin, después de más de seis años de duros recortes en materia educativa, se van a poder mejorar las condiciones laborales del profesorado, se van a poder reducir las ratios, se van a poder flexibilizar
todos los trámites para cubrir las sustituciones del profesorado que tanto daño han hecho a la calidad del sistema educativo en estos últimos años.


Por supuesto, coincidimos con otros grupos parlamentarios en la necesidad y en la urgencia de que estas medidas se puedan implementar lo antes posible, cómo no. Nosotros llevamos reivindicando y pidiendo esta cuestión durante estos últimos
años, pero también hay que entender que el Gobierno ha empezado su legislatura hace un corto espacio de tiempo y que todos los trámites requieren un tiempo, por lo que no ha sido posible acelerarlos más para que las cosas se hagan como se tienen que
hacer. En ese sentido, señora Martín, entiendo que exigir que esto se hubiese tramitado vía decreto roza casi lo imposible teniendo en cuenta que afectaría al presupuesto de las distintas comunidades autónomas, que ya lo tenían, dado que ya había
previsiones de inicio de curso en los centros escolares, lo cual habría sido prácticamente imposible de implementar por la dificultad añadida que habría supuesto en la gestión ordinaria del inicio de curso. No obstante, yo creo que la gran noticia
es que se va a poder implementar para el curso 2019-2002. La realidad es que la elevada carga lectiva, la dificultad en las sustituciones del

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profesorado y el incremento de la ratio, que ha supuesto que España tenga una de las tasas más altas de la Unión Europea, han sido un gran lastre para la calidad educativa y un castigo mantenido injustamente para el profesorado y, en
consecuencia, para los alumnos y alumnas españoles.


Sin ninguna duda este decreto permitió un hachazo a la educación española, aunque no en todas las comunidades autónomas se procedió de la misma manera. Evidentemente donde se aplicaron las medidas a rajatabla la reversión están siendo más
costosa. Me atrevería a decir que si los recortes fueron graves de manera generalizada, fueron especialmente graves en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en la Castilla-La Mancha -lo digo con toda claridad- de la señora De Cospedal, en la que se
llegó a veintiuna horas lectivas en educación secundaria, y la conclusión es que en esa comunidad hubo una reducción de más de 6000 profesores. La ratio sin ninguna duda se elevó y además hubo mayores medidas de recorte, como la eliminación del
programa del British Council, el cierre de los centros de profesores e incluso el cierre de sesenta escuelas rurales; es decir, este decreto sirvió no simplemente para dañar la calidad educativa sino para acabar con una serie de programas que
abundaban en la igualdad de oportunidades, algo esencial para la educación en esa comunidad autónoma. La diferencia es que en aquel momento, como ha dicho bien la ministra, se impuso este decreto gustase o no, sin contar con el visto bueno de todas
las comunidades autónomas; la diferencia está en que en el próximo curso son las comunidades autónomas las que voluntariamente podrán ir modificando las condiciones del profesorado y de la ratio. Es decir, lo que se va a hacer es permitir que se
haga, que tengan libertad para aplicar esa derogación, y ya veremos si en todas las comunidades autónomas esos cambios se hacen de la misma manera porque es evidente que no en todas ellas estos recortes se han aplicado de igual forma. Es necesario
recordar que ya hay algunas comunidades autónomas que con sus presupuestos y en ejercicio de sus competencias han sido capaces de minimizar los recortes tan perniciosos que ha impuesto este real decreto; de hecho, algunas comunidades autónomas
están ya este mismo curso en las dieciocho horas lectivas, como es el caso de Andalucía o Cantabria, e incluso se ha modificado también el tiempo para las sustituciones en estos últimos cursos, que ha sido inferior a esos diez días que este real
decreto impone.


Hay que recordar que este decreto ha permitido que haya habido un 25% de interinidad, lo que ha dañado muy seriamente la calidad del sistema educativo por la inestabilidad de las plantillas y que lamentablemente va a costar mucho recuperar.
Esto es algo que hemos visto este curso en el acceso a la Función pública, y coincido con el señor Olòriz en que se tiene que hacer una reflexión profunda sobre la forma de acceso a la misma, porque a lo largo de este verano hemos visto en los
distintos sistemas de oposición que han quedado muchas plazas sin cubrirse. Eso lógicamente nos tiene que obligar a pensar en qué mejoras se pueden aportar para ese acceso.


Nos parece lamentable que todavía algún partido político siga poniendo dificultades, piedras en el camino para la derogación de este real decreto, y lo digo porque en la Conferencia Sectorial de Educación del día 30 hubo una levantada de los
cinco consejeros del Partido Popular. A mí me gustaría que nos explicasen si siguen defendiendo la política de recortes, la política antieducativa, la política en contra de la comunidad educativa o si están por defender los intereses de la calidad
educativa y van a apoyar estas medidas que permitirán que volvamos a la normalidad que había antes del decreto de 2012. Me sorprende que curiosamente solo fueran los cinco consejeros del Partido Popular los que hicieran el numerito y dieran la nota
en esa conferencia sectorial levantándose incluso antes de que finalizase y se pudiesen abordar una serie de cuestiones esenciales para el bien de sus propias comunidades educativas.


En relación con el artículo 109.2 y la demanda social, se está explicando hoy este artículo porque fue una petición en la comparecencia del Partido Popular, pero eso no excluye que no vaya a haber más medidas y más artículos que vayan a ser
modificados que también afecten a la política de conciertos educativos y otras serie de cuestiones, porque, como bien hemos hablado en otras situaciones anteriores y como ya anunció la ministra en la comparecencia anterior, el objetivo de la reforma
parcial de la Lomce no simplemente va a afectar a los conciertos sino también a un paquete de medidas urgentes y más que necesarias para volver a la normalidad en el sistema educativo. Desde la aplicación del artículo 109.2 de la Lomce ha crecido
el número de alumnos pero no de manera equitativa entre la enseñanza pública y la enseñanza concertada, incluso la privada. Es decir, se ha incrementado el porcentaje de alumnos, el número de unidades, de una manera muy significativa a favor de la
enseñanza concertada y también de la enseñanza privada, y no solo simplemente por el artículo 109.2 sino también por unas políticas presupuestarias que han permitido la exención fiscal o incluso el cheque escolar. Recuerdo que este año había
incluso 1400 millones de euros presupuestados en los presupuestos que dejó el Partido Popular, acordados con Ciudadanos. De esta manera hay que cuestionar seriamente si con esa política

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presupuestaria se está defendiendo la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre los niños y los jóvenes españoles.


Lo que ha sucedido estos últimos años es que se ha generado una demanda inducida que ha roto el consenso de treinta y cinco años y que ha perjudicado la educación pública. Se ha creado mercado con la educación a costa de las familias en un
contexto, además, de crisis y de aumento de las desigualdades. Felicito a la señora ministra por haber anunciado la modificación de este artículo, por el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por esa llamada demanda
social, un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la escuela concertada. En ningún país europeo la derecha legisla en contra de la escuela pública, salvo en España, y
todos los estudios internacionales, incluyendo Estados Unidos, demuestran que detrayendo la condición socioeconómica no hay diferencias entre la educación pública y la privada. Si por demanda social se quiere reivindicar el poder de la concertada a
escoger alumnado, lo que se está demostrando no es que sean liberales ni se crea en la meritocracia, sino que simplemente se quiere blindar una escuela más selectiva y clasista bajo la idea artificiosa de que las familias hacen la demanda cuando en
verdad son estos partidos los que la están haciendo. ¿Es esta la política educativa que verdaderamente se quiere? ¿Legislar para conceder ciertos privilegios?


En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista respeta, como no puede ser de otra manera, y defiende la convivencia entre ambas redes, pero debe existir sin ninguna duda una coordinación para el cumplimiento de la normativa sobre los
criterios de escolarización y se deben tomar medidas para evitar la desigualdad y la proliferación de determinados centros guetos que lamentablemente están presentes en todo el territorio y en las distintas comunidades autónomas.


De momento nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Popular a esta Comisión, a la Comisión de Educación y Formación Profesional, y quiero agradecerle también su intervención.


Lo primero que le quería señalar es que mi grupo no hubiera solicitado esta comparecencia si no hubiera considerado que la importancia de los temas a tratar así lo requerían. Dentro de apenas unos días -esta misma semana- el curso escolar,
de hecho, comenzará y los protagonistas del mismo, que no somos los que estamos en esta Cámara, no somos los diputados, sino que son los padres, los alumnos y las familias, necesitan saber qué piensa hacer este Gobierno, el nuevo Gobierno, con uno
de los pilares fundamentales de nuestro Estado, del Estado del bienestar, que es la educación. Necesitan un mensaje de tranquilidad; usted ha trasladado un mensaje de tranquilidad, pero yo le debo decir que a nosotros no nos ha tranquilizado: nos
ha preocupado, porque si algo conocemos los que hoy estamos aquí, los diputados que nos sentamos en esta Comisión, es que la educación nos preocupa a nosotros pero preocupa de forma absolutamente extraordinaria a las familias, y ese interés e
implicación de las familias en la misma es cada vez mayor. Como principales responsables que son de la educación de sus hijos porque los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y no el Estado- los padres, señorías, deben
tener la seguridad de que el Estado les protege, de que garantiza sus derechos y el ejercicio de la libertad de enseñanza, tal y como contempla el artículo 27 de la Constitución española, que -usted sabe- es un derecho fundamental. Porque cuando el
constituyente lo situó en el título I, de los derechos y deberes fundamentales, no fue una decisión baladí, sino que situó el derecho a la educación y la libertad de enseñanza en un plano de equilibrio, en un plano fundamental. Por cierto, en lo
que consistió el primer gran pacto en materia educativa en la Transición, señora ministra; un pacto que -creo- a día de hoy no se puede poner en peligro.


Señora ministra, la he escuchado hoy atentamente y he repasado su comparecencia del pasado mes de julio. Nuestra posición al respecto, en relación con esta cuestión, entonces, ahora y siempre es meridianamente clara y lo seguirá siendo.
Nosotros, señoría, creemos en la libertad, defendemos la libertad. Forma parte de nuestros principios, forma parte de nuestro ideario político y nos opondremos frontalmente a cualquier decisión que quiera limitar o coartar el ejercicio de la misma
a cualquier persona. Esa es la realidad. Y en este caso nos tememos que con su decisión está cuestionando y limitando la libertad de elección de las familias. Usted en aquel momento, en su primera comparecencia, defendía la primacía de la escuela
pública; es su opción, está en su pleno derecho. Nosotros defendemos la

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primacía del conjunto del sistema educativo en el que están ambas redes: la escuela pública y la concertada, la sostenida con fondos públicos, que, por cierto, son complementarias porque así lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional.


Hay grupos en esta Cámara que defienden una escuela única, pública y laica; nosotros no lo defendemos, pero creemos que debe existir ese modelo público y laico porque entendemos que habrá familias -yo no voy a discutir si son muchas o
pocas- que quieran ese modelo de escuela dentro de nuestro sistema educativo. Y tienen derecho a elegir. Pero también entendemos que deben existir otras opciones y otros modelos educativos, y tienen que existir dentro de la propia enseñanza
pública y dentro de la enseñanza concertada, porque esa escuela plural que dé satisfacción a las familias debe tener soporte en esa demanda que contempla el artículo 109. Usted, por cierto, sabe que el hecho de defender la escuela concertada o la
libertad de enseñanza -como quiera usted abordarlo- no significa ni arrinconar ni degradar a la escuela pública. La escuela pública en nuestro país sigue siendo mayoritaria, representa algo más del 67-68%, pero permítame que le diga que no es la
única que garantiza el derecho a la educación. El derecho a la educación lo garantizan ambas redes, y si usted quiere defender la escuela pública por encima de la escuela concertada, como le decía antes, es su opción, es legítima, pero es la suya.
O si usted quiere impulsar su crecimiento en detrimento de la escuela concertada o de la elección de las familias, es su opción. Lo único que le decimos es que no lo puede hacer limitando la libertad de elección de las familias o suprimiéndola en
algunos casos. Si usted quiere hacer crecer la escuela pública, quiere defender la primacía de la escuela pública, yo le invito a que trabajemos juntos por el conjunto de la calidad del sistema porque, siendo mayoritaria, la escuela pública será la
gran beneficiada de esa mejora de la calidad del sistema. Pero no busquen imposiciones ni busquen limitar ni coger atajos, porque la demanda es una garantía para las familias; la garantía de las familias tiene que ser la libertad, y la libertad es
un derecho constitucional. Por eso, yo les pediría que se movieran dentro de ese marco constitucional y, por supuesto, que apartasen los intereses políticos de algunos grupos de esta Cámara que, evidentemente, interpretan la Constitución a su
antojo.


La escuela concertada tiene, además, un carácter complementario, no exclusivamente para cubrir las necesidades de escolarización -algo que usted señaló en su primera comparecencia-, sino para dar respuesta a lo que le he señalado antes, a la
propia demanda de las familias y al propio ejercicio de la libertad. Por eso, no es cierto tampoco -y permítame que se lo diga- que la red concertada puede estar o no estar, como usted señaló, porque si no estuviera, el Gobierno -usted- ignoraría
la libertad de enseñanza, que garantiza a los padres elegir el centro. Y si se ignora la libertad de enseñanza se arrincona una parte importante de la Constitución. Además, ustedes lo saben; lo saben precisamente porque cuando recurrieron
determinados artículos ante el Tribunal Constitucional -un Tribunal Constitucional, por cierto, que desestimó en su totalidad el recurso- ustedes no recurrieron el artículo 109.2 de la Constitución porque saben que la programación en la enseñanza de
espaldas a las familias, sin considerar la demanda de las mismas, vulnera como principio ese derecho constitucional.


Señora ministra, yo le voy a pedir que recapacite. Desde luego, nosotros no vamos a apoyar esa decisión de reforma del artículo 109.2, y se lo digo en esta Cámara y con absoluta lealtad. Creo que sería bueno, como he manifestado en
numerosas ocasiones -y lo saben los portavoces que han compartido trabajo con estos diputados a lo largo de estos meses- en relación con los acuerdos en materia educativa -nosotros no vamos a dejar de buscar ese acuerdo en materia educativa-, que
esos acuerdos se basen en el pacto constitucional y la reforma del artículo 109.2 de la Constitución. Excluyendo a las familias y su decisión respecto a la libertad cuestiona, cuando menos, ese pacto constitucional en materia educativa.


Señora ministra, quería abordar también la otra cuestión que nos trae hasta esta Cámara, que no es menos importante, y es lo ocurrido en la conferencia sectorial del pasado 30 de julio. Yo, con toda claridad, le digo muy sinceramente que
debieran cuidar la lealtad institucional. Usted tiene sentados en la conferencia sectorial a comunidades autónomas cuyos resultados, señora Martínez Seijo, están muy por encima no ya de la media española sino por encima de la media de los países de
la OCDE. Tiene sentadas a comunidades autónomas que superan, no solo en calidad sino en equidad educativa, a países como Finlandia o Canadá. Cuatro de esas comunidades, referentes en calidad y equidad en materia educativa, se levantaron de esa
conferencia sectorial. Y yo creo que eso debiera hacer reflexionar a este Gobierno.


Lo señalé el pasado lunes en la Diputación Permanente: es cierto que procedimentalmente la convocatoria fue poco adecuada. Usted ha dado explicaciones porque en esa conferencia sectorial no ponía encima de la mesa cualquier cosa, sometía a
debate un anteproyecto de ley que implicaba un cambio en las condiciones laborales del profesorado, que implicaba necesariamente un incremento de

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inversión para todas las comunidades autónomas y, cuando menos, las comunidades autónomas tenían que haber debatido sobre el mismo en la comisión general, tal y como establece el artículo 10 del propio reglamento. Pero ustedes no lo
hicieron, quizá porque tenían prisa por presentar el anteproyecto, quizá porque sus socios de Gobierno así se lo requieren. Yo no creo que fuera por falta de experiencia, tiene un equipo muy experimentado y usted tiene muchísima experiencia. Por
eso, creo que este es un paso fallido y que debe buscar la colaboración de las comunidades autónomas. Ustedes hicieron una convocatoria mal en las formas, pero es que el fondo fue peor, porque los consejeros de educación, tal y como manifestaron,
se sintieron envueltos en una trampa, señora ministra, y yo se lo tengo que decir así. En una trampa que buscaba un titular que dijera que las comunidades autónomas del Partido Popular se oponían a la mejora de las condiciones del profesorado. Y
tal y como ellos aclararon, y tal y como yo quiero aclarar, al Partido Popular y a sus comunidades autónomas siempre los va a encontrar en la mejora de las condiciones del profesorado, siempre. Pero hay una serie de dudas y de cuestiones que usted
tiene que resolver.


La señora PRESIDENTA: Señora Moneo, tiene que ir terminando.


La señora MONEO DÍEZ: Voy acabando, señora presidenta.


Usted ha hablado del decreto del año 2012 y, efectivamente, fue un decreto excepcional ante una situación excepcional, pero usted no puede aplicar la misma excepcionalidad al actual anteproyecto, entre otras razones, porque una de las
medidas que contempla el anteproyecto, que es la referente a los ratios, está absolutamente revertida, señora ministra. Según datos de su propio ministerio del pasado año, las ratios en infantil eran del 20,9; en primaria, del 21,9; en formación
profesional de grado medio, del 18,9; en grado superior, del 21; en secundaria obligatoria, del 25,4; es decir, las ratios están absolutamente revertidas y, por tanto, ni urgencia ni excepcionalidad. Puede usted justificar lo del profesorado,
pero no puede comparar el decreto del 2012 con el anteproyecto que usted presenta, entre otras razones, por la excepcionalidad del decreto de 2012, que implicaba un marco que permitiese a las comunidades autónomas un ahorro y una mayor eficiencia en
la gestión ante una situación económica excepcional que creo que todos conocemos. Usted plantea en estos momentos un cambio de las condiciones del profesorado que requiere mayores recursos para las comunidades autónomas y yo le pregunto si las
comunidades autónomas, si el Gobierno, ante la aprobación de ese anteproyecto, van a contar con esos recursos.


Finalizo ya, señora presidenta, aunque luego en la réplica abordaremos más cuestiones. Señora ministra, le quiero manifestar una última cuestión. Usted no puede conformarse con iniciar este curso poniendo encima de la mesa un caramelo a
los profesores; los profesores tienen otros problemas que se llama cambio en el sistema de acceso, que se llama carrera profesional, que se llama una formación permanente a lo largo de la vida, que se llama un estatuto, que se llama un plan de
carrera. Se lo quiero decir bien claro, vamos a presentar una iniciativa en esta Cámara pidiéndoles que elaboren una ley general de ordenación de la profesión docente y nos gustaría que contasen con los grupos de esta Cámara, nos gustaría que
contasen con nosotros, nos gustaría que contasen con el conjunto de la comunidad educativa. Les vamos a dar esa oportunidad. Vamos a empezar los contactos con todos, con el profesorado, con los sindicatos y con las asociaciones, porque si no,
quien traerá esa ley a esta Cámara va a ser el Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Para la contestación a las cuestiones planteadas, tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señor Matute, le agradezco que esté de acuerdo con el fondo de la cuestión porque me parece que es lo sustantivo. No se procede a un real decreto-ley precisamente por
los argumentos que se han venido establecer en la sala por la última interviniente; por real decreto-ley se procedió en el año 2012, tocando precisamente lo que nunca debiera ser tocado, como la educación, por crisis que hubiera. Los países más
avanzados nunca tocan la educación por crisis que haya. (Aplausos). ¿Por qué? Porque la educación es precisamente el motor de crecimiento de un país, es la base fundante para que ese país prospere, no solo por el desarrollo personal sino también
porque ese desarrollo personal es el motor de crecimiento, el cambio de modelo productivo. Por tanto, el primer pacto que debiera haber hecho el Gobierno que me

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precedió, que nos precedió, era el de no haber tocado la educación. Lamento decir que la Lomce no solo es un procedimiento ideológico sino que es un procedimiento de bajo coste para la educación, y de esto seguiremos hablando.


Señor Matute, por tanto, le agradezco el tema de fondo, le agradezco que esté de acuerdo con las medidas que en menos de cien días ha procedido a adoptar este Gobierno -en menos de cien días-, pero eso no quiere decir que paralice aquí la
actuación, porque este Gobierno tiene vocación de seguir y de seguir trabajando en educación. Pero nos parecía, como se ha dicho en la sala, un elemento importante, un elemento que no solo es emblemático sino verdaderamente sustentante de las
condiciones de trabajo de los profesionales. Aquí, en la sala, tanto una fuerza política parlamentaria como las otras, hemos considerado que el profesorado viene a ser bóveda de arco, es la herramienta a través de la cual se transmiten los
conocimientos, no solo las informaciones, no solo elementos de instrucción, sino también de educación, de aprendizaje con significado no solamente de acceso a la memoria. Ciertamente, este profesorado, como se ha visto a través de los hechos en la
reducción del número de profesores en la educación -y esto es objetivable-, obviamente, tenía que tener algunas medidas de recuperación de sus condiciones laborales. Esta es la razón del real decreto-ley, de la reversión del real decreto-ley y esta
es la razón por la cual se procede a hacerlo por una ley ordinaria, porque un proyecto de ley siempre da más posibilidad de trabajarlo en la Cámara.


Respecto del resto de las consideraciones que me pone el señor Matute encima de la mesa, le diré que en otros períodos las universidades han sido de mi competencia en el País Vasco. Por eso tengo el honor de decir que las tasas, como usted
bien sabe, tanto en la UPV como en la Universidad de Navarra, aunque Navarra vaya por otro régimen, siempre han sido muy razonables, tanto que no solamente hemos tenido combates dialécticos educativos respecto de este tema con las fuerzas políticas
sino incluso con los propios rectores, que en algunos casos también apetecían, por razones de funcionamiento de las universidades, un incremento de las tasas, y no se hizo. Ahora será el señor Duque el que le responda a estas cuestiones.


Nosotros creemos en la Constitución; nosotros, además, respetamos la Constitución. Es nuestra norma suprema. Pero, al igual que no queremos una educación centralizada, única, homogénea y exclusiva, tampoco queremos que las comunidades
autónomas tengan su propio sistema absolutamente desligado del resto; queremos elementos de cohesión que permitan tener un sistema educativo apreciable, respetable y además rico en todo lo que significan los exponentes y las demandas que hoy en día
tiene la educación que, efectivamente, como decía el señor Olòriz, tiene desafíos que nada tienen que nada tienen que ver con el pasado, nada tienen que ver con las escuelas napoleónicas, nada tienen que ver con la rigidez en los sistemas de
aprendizaje para acceder memorísticamente al conocimiento porque para eso ya tenemos Google. Hoy el desafío es diferente, hoy el desafío es tratar de que nuestros alumnos y alumnas hagan significado, aprendan entendiendo y para eso tenemos retos
distintos y muy complejos, como es la rebaja incluso de contenidos de los currícula. Pero a todo ello iremos entrando; hoy estábamos en lo que era el propósito de la comparecencia, es decir, tratar de explicar el propósito de la comparecencia, que
son dos: el real decreto-ley y el artículo 109.2.


En relación con los otros temas que usted me apunta, y que son interesantes -¡cómo no!-, respecto de la laicidad, respecto del pacto educativo, yo le remitiré a otras sucesivas comparecencias que tendré el gusto de hacer, porque para mí
venir a hablar con todos ustedes no es un problema, señores y señoras diputadas, sino todo lo contrario, se trata de avanzar conociendo lo que hay en la cabeza de cada uno de ustedes, que representan también ideologías en las que legítimamente
ustedes se sienten representados.


El señor Olòriz me ha dicho que es necesario avanzar. Efectivamente. Hemos tenido -así lo estimo- un retroceso en la educación y ustedes pueden verlo objetivamente en muchos indicadores al uso: ha habido un estancamiento en la educación
española, en las condiciones de trabajo del profesorado, ha habido un retroceso en términos de equidad, que afortunadamente la teníamos muy alta, reconocido por el propio sistema PISA y otras cuestiones que mencionaré más tarde relativas a algunas
de las comunidades que han seguido muy de cerca la Lomce con resultados no muy apreciables. Por tanto, hemos tenido un estancamiento -y yo así lo considero, este Gobierno considera que ha habido un estancamiento con la Lomce- y los demás han
seguido avanzando. Por tanto, tenemos que ganar el tiempo y el espacio perdido, luego hemos de avanzar más rápido que los demás para poder llegar al mismo sitio. Esto es clave. El señor Olòriz trae a colación algunas cuestiones que ya me fijó en
la anterior comparecencia, como la importancia de la educación infantil. Tenemos una coincidencia absoluta en que los tramos de 0 a 3 y de 3 a 6 años son absolutamente significativos a la hora de luchar contra el índice

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de abandono escolar temprano y a la hora de hacer del sistema educativo ese ascensor social que queremos. Quiero recordar que dentro, de los planes con los que se completaban los fondos con las comunidades autónomas, en su momento hubo uno
importante de educación infantil y tenemos la intención de volverlo a identificar como punto principal, pero de esto ya hablaremos otros días.


Naturalmente, la cuestión de la equidad nos preocupa mucho. La equidad, efectivamente, tiene que estar en la escuela pública y en la escuela concertada, y hay mucho espacio para avanzar en la escuela pública y en la escuela concertada.
Creo que en esto no habrá mucha discrepancia, tenemos mucho espacio para avanzar. ¿Por qué tenemos mucho espacio para avanzar? Porque hay necesidades educativas que requieren más esfuerzo del centro educativo que otras necesidades educativas, las
especiales y otras. No todos los alumnos y alumnas aprenden al mismo ritmo y eso no quiere decir que deban ser depositados en programas de bajo valor educativo, sino que en ese momento la función cognitiva de un alumno a los doce o trece años puede
estar en una situación y después acelerarse a los dos años. Por tanto, hay que tener un conocimiento y un tratamiento muy diversificado de los alumnos y las alumnas para darles justamente en la secundaria -en el momento de la pubertad- ese
tratamiento adecuado para que consigan el mayor empoderamiento vital. Esto es una cuestión que necesitamos poner en funcionamiento para avanzar en la equidad. Sin equidad no hay calidad de la educación y la equidad, desde luego, no está reñida con
la excelencia. Por tanto, estos dos procedimientos tienen que trabajar a modo de un círculo virtuoso para conseguir la calidad, y eso es lo que producirá la mejora de los resultados escolares.


Señor Olòriz, nosotros estamos trabajando por buenos profesores, estamos trabajando para el curso 2019-2020. Llegué el 8 o el 9 de junio de 2018, cuando ya los centros educativos habían procedido a su organización de recursos humanos, con
los horarios con los que venían trabajando. En esa fecha ningún responsable político puede decir que toda la organización que se había hecho no vale para nada y proponer empezar con otro tipo de horario de profesorado, etcétera. Estamos trabajando
para el curso 2019-2020 y por eso hemos podido concedernos tiempo para este debate de lectura de un proyecto de ley muy sencillo en el que -por lo que puedo percibir- la mayoría está de acuerdo y que creo que prosperará y llegará a tiempo -lo
mantengo- para el curso 2019-2020.


Señora Martín, me sigue usted sorprendiendo a veces, he de decírselo. Me sigue sorprendiendo porque, primero, me dice que no ha visto el anteproyecto -y esto ya se lo ha contestado la señora Martínez Seijo-, pero, obviamente, los
anteproyectos funcionan así. Tienen un periodo de consulta previa, el primer informe se lleva al Consejo de Ministros, al mismo tiempo se van haciendo todos los procesos de consulta que tienen los distintos órganos y finalmente entran a la Cámara y
en la Cámara se debaten. Al mismo tiempo que me dice esto, me dice que está de acuerdo con el fondo y me establece conjuntamente con eso todo su programa educativo. Es decir, me lo pone en la fórmula: yo esperaba esto, yo esperaba lo otro, yo
esperaba lo de más allá. Es decir, yo esperaba el cambio de sistema de formación del profesorado, yo esperaba el apoyo y refuerzo a las becas, yo esperaba las necesidades educativas especiales, yo esperaba las escuelas como espacios públicos, yo
esperaba garantizar la igualdad entre todos los españoles, yo esperaba... Y luego me pide que no haga demagogia. Señora Martín, usted de verdad me llega a sorprender con todo esto. Le vuelvo a decir que no he pasado todavía cien días aquí y lo
que usted me está pidiendo abarca varias leyes; varias leyes y otras cuestiones que ya están en las leyes y que si no se aprecian, no se valoran y no se cumplen los responsables de ese incumplimiento estarán en otros lugares y no precisamente
detrás de esta mesa.


Además, me dice que lo más fácil es volver a la situación anterior, lo tengo subrayado. Le digo que no se trata de eso, estamos en una reversión de medidas de un real decreto-ley de 2012 impugnado, protestado por toda la comunidad educativa
reiteradamente. Estamos en la reversión de las medidas y lo decimos genuina y sinceramente. Si la primera medida, que es la de no incrementar el 20% de las ratios, ya ha sido de una manera o de otra citada en los Presupuestos Generales del Estado
de 2016, de 2017 y 2018 diciendo que no tiene imputación económica, nosotros decimos que no tiene imputación económica y ahí está la reversión. La ley entrará en vigor al día siguiente de ser publicada pero tendrá efectos en el curso 2019-2020.
Esa medida ya está. En la segunda medida hay una fuerza política que me afirma que tiene una imputación económica que no puede pagar. Eso es lo que se afirma desde otra fuerza política parlamentaria, que es el Grupo Popular. Y le digo que
nosotros no obligamos, nosotros devolvemos a la comunidad autónoma su propia facultad de autoorganización; facultad que, por cierto, tenían hasta 2012. Y este real decreto-ley no digo que no sea constitucional, es constitucional, pero no
confundamos porque cuando el Tribunal Constitucional dice que algo es constitucional, la alternativa también es constitucional

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pero lo que pasa es que no se ha puesto a su examen. Esta es una cuestión bien importante. Se dice que es constitucional; sí, es constitucional esto y era constitucional lo otro. ¿O es que era inconstitucional el hecho de que las
comunidades autónomas tuvieran la facultad -que la han tenido siempre- de autoorganización? Esto lo ha llevado Rajoy. Rajoy era ministro de Educación cuando permitió que las comunidades autónomas tuvieran esa facultad de autoorganización con
respecto a marcar horario lectivo para el profesorado, porque no estamos hablando del horario del funcionario público.


Desde el año 1994 el Ministerio de Educación y Ciencia ya había afirmado que el horario para el maestro o para el profesor de Secundaria era de dieciocho horas, pero en 1999 parece ser que Rajoy lo dejó ya a la facultad autoorganizativa de
cada comunidad autónoma. Por tanto, el Gobierno dice que efectivamente es bueno para la enseñanza que el horario lectivo del profesor -hay otras muchas tareas dentro de un centro educativo contemporáneo y moderno que sabe la importancia de la
educación, de coordinación entre departamentos y de otras muchas de seguimiento, de tutorías y de orientación que son tan importantes como las lectivas-, el horario del funcionario, del empleado público funcionario o funcionario interino, se
mantenga. Estamos hablando del horario lectivo, por tanto, quien considere que hay otras cuestiones más importantes que la educación, tiene facultad para poder distribuir los recursos como le parezca porque lo que hace es devolverle, revertirle esa
capacidad.


Y, en tercer lugar, respecto a las sustituciones, usted me dice, señora Martín, que diez días es mucho. Pues, claro, por eso la revertimos y estamos de acuerdo. Por eso revertimos esta cuestión. Nos parece muchísimo. Efectivamente, al
Gobierno que sacó este real decreto-ley le pareció tanto que en el año 2015 empezó a revertir ya esa medida en algunos casos. ¿De manera suficiente? Desde nuestro punto de vista no y por eso queremos avanzar un poco. ¿Esto es para ofender a
alguien? Pensamos que no, pensamos que no. Otra cuestión es que digan: es que a mí me cuesta tanto; me cuesta tanto, pero curiosamente estamos adoptando unas medidas a veces que sí que cuestan y no se dice nada. Pero de esto también hablaremos
cuando hablemos del artículo 109.


Señora Martín, yo no pretendo hacer demagogia y creo que nos hemos entendido en lo que estamos diciendo ahora. He venido aquí a hablar del Real Decreto-ley 14/2012 y del artículo 109, que es lo que se me ha pedido; pero no hago ninguna
demagogia, digo que lo voy a revertir. Iremos avanzando.


Al señor Mena le agradezco la intervención y estoy de acuerdo en que hay mucho trabajo por hacer. Aquí no agotamos los deberes ni nos agotamos nosotros porque estamos empezando. Estamos empezando, pero nos parece -yo creo que esto era un
sentir común- que esta era una de las medidas clave para empezar a trabajar, no solo recuperando las condiciones que el profesorado tenía establecidas, sino recuperando también puestos de trabajo. Efectivamente, nos ha parecido que este decreto
tocaba goznes importantes de manera individualizada y de manera colectiva para mejorar la educación. También me habla de las tasas universitarias que nos hicieron perder 127 000 alumnos -no sabría decirle cuántos- y 23 000 profesores en el caso que
estamos hablando, en siete años, y esto realmente ha sido un buen palo para quienes deberíamos trabajar más denodadamente por el estrato social más vulnerable, el que necesita más. Porque, como siempre les digo, nunca fue un problema de la
humanidad la educación de las élites, pero sí la educación de las personas que tienen más problemas económicos y más problemas sociales, que son las que nos deberían preocupar más.


Señor Sánchez, hablando del artículo 109, tampoco agota nuestra modificación que pretendemos hacer de la Lomce. Sabemos que hay otros artículos dentro de la Lomce que tienen connotaciones de aquel resultado, connotaciones con los resultados
que queremos evitar y uno de los resultados que queremos evitar es la desigualdad en el trato, y no hablo solamente del trato del alumnado, sino también del trato de las patronales y hablo también del trato de aquellos que con la libertad de
enseñanza son capaces de iniciar proyectos que poco tienen que ver con la educación -y de estos haberlos los ha habido y son conocidos por todos porque han salido en los medios de comunicación-. De esto se trata. Hablando de discriminación, la
discriminación por sexo o por género es una, pero hay otras discriminaciones que afectan a la educación y que se presentan de manera más visible, por tanto, habrá que hablar de todas.


No vamos a hablar de las cuotas de los centros concertados aquí, pero por una razón, porque hemos venido a hablar de lo que hemos venido: de la reversión del real decreto-ley, porque, si no, esta comparecencia, señora presidenta, podría
durar las veinticuatro horas del día y entraríamos en todo el sistema educativo. Por supuesto, habrá un proyecto de ley. Nosotros pretendemos traerles también, como ya anunciamos en la comparecencia, una modificación de la Lomce en los artículos
que nos parecen que han sido más vulneradores precisamente del principio de igualdad.

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Agradezco a María Luz Martínez Seijo su intervención. Estamos en línea obviamente, y le agradezco los datos que ha aportado también en relación con Castilla-La Mancha y otras cuestiones fuera de España. -siempre lo decimos-. Es una cosa
bien curiosa que en España, a diferencia de otros países europeos, siempre estemos midiendo al centímetro la cuestión de la red pública cuando distintas ideologías en los distintos países europeos defienden su red pública como primera columna
vertebral. Yo creo que en esa tónica hemos de ponernos. La tasa de reposición menor del 100% nos ha arrojado datos de más de un 25% de interinidad que ahora suponen un problema, y están encima de la mesa como problema, en el acceso a la Función
pública.


Es verdad que tenemos que tocar el tema del profesorado, y eso es cierto, pero tenemos que tocarlo de una manera integral desde el acceso del profesor al sistema hasta su seguimiento en el comienzo del sistema, es decir, su evaluación y sus
capacidades -hablábamos antes de sexenios-, y tenemos que ver si requiere un sistema de formación específico o no. De todo eso tenemos que hablar para tener un profesorado formado a la altura de los tiempos, y ahí tenemos carencias y necesidades
importantes.


En cuanto al artículo 109 y la recuperación, señor Matute, usted ha hablado de existencia de plazas públicas suficientes. De esto se habla en la LOE y, por tanto, no sé qué texto tiene, pero estamos hablando de existencia de plazas públicas
suficientes porque ciertamente es obligación del poder público aportarlas.


Lo del cheque escolar, los 1400 millones de euros, que ha mencionado la señora Martínez Seijo, y el número de unidades en la educación concertada sí que merece un análisis pormenorizado de la cuestión, que haremos.


Señora Moneo, la verdad es que en la vida -quien me ha conocido en mi anterior vida, aquí el señor Matute y otros lo pueden decir- me habían acusado de cuestionar la libertad de elección de las familias; bueno, ni de cuestionar la libertad.
No sé siquiera si se me ha ofendido, es que me ha parecido... Tiene usted algunos errores, si me permite decirlo, no porque me diga que yo cuestiono la libertad, que es una cuestión de apreciación personal -que desde luego se disipará con el tiempo
a medida que usted me vaya conociendo, porque eso es un error de apreciación-, que afectan al conocimiento en el siguiente sentido que voy a decir, si usted me lo toma a bien. Mire usted, la libertad de enseñanza es un supraconcepto, como nosotros
sabemos, que afecta a dos cuestiones: la primera, a la libertad de creación de centros docentes, que cualquier particular puede hacer o cualquier colectivo puede hacer -como usted bien sabe y defiende-, esa es la primera; pero la segunda es la
libertad de cátedra que tiene reconocido todo profesor o toda persona individual. Pero la libertad de elección de centro por parte de los padres no entra a ahí, señora, entra en otros artículos pero no entra ahí; esa entra en otros lugares: entra
en la legislación vigente y entra en otro lugar de la Constitución. Cuando se refieren a la libertad de elección de los padres, hablan de la libertad de elección religiosa, de la libertad de principios morales, etcétera. Esto es así. Sin embargo,
la libertad de elección del artículo 27.1 hace referencia a la libertad para crear centros, por lo tanto el Estado no tiene el monopolio -esto es así, y no hemos dicho nunca otra cosa, nunca hemos dicho otra cosa-. Pero fíjese si no hemos dicho
otra cosa, oiga, que la educación concertada transita libremente en casi un 30% en el sistema.


Este tipo de argumentación ya se dio en el debate de la LOE, se dio en 2005 y, ¿nos van a decir ustedes, Partido Popular, al Gobierno cuánto ha sufrido la concertada desde la LOE? ¿Cuántos centros educativos han sido cerrados a cal y canto,
a sangre y fuego, por la LOE? Es que se dio, ustedes utilizaron los mismos argumentos. ¡Es que el Gobierno no va en contra de la enseñanza concertada!; el Gobierno afirma la obligación del poder público de atender la educación por ser esta un
derecho fundamental. Cuando yo digo -hoy no lo he utilizado porque si es malinterpretado para qué utilizarlo, pero digo lo mismo- que la red concertada puede estar y no estar creo que me ha dicho usted- o puede estar o dejar de estar -que suelo
decirlo, lo he dicho muchas veces-, no me lo han malinterpretado, y he tratado con mucha concertada -como usted sabe- en el País Vasco porque hay mucha. Cuando digo: la red concertada puede o no puede estar, puede estar o puede dejar de estar,
quiero decir que la red concertada es libre -como usted bien sabe-, es libre. Es libre para acudir a un lugar, a una población, a un pequeño pueblo o no. De facto, como usted bien sabe, en lo rural apenas hay concertada, apenas.


A eso me refiero, es decir, cuando digo: aportarle libertad a la red concertada, no entienda usted que nosotros estamos restando libertad al sistema, pues sería más bien al contrario. Sin embargo, el poder público tiene esa obligación. Es
decir, puede haber tres niños en un pequeño pueblo con un campanario y esos tres niños tienen exactamente el mismo derecho que cualesquiera tres niños en el centro de Madrid. ¿Quién tiene que ir ahí? El poder público. Esto es lo que queremos
decir, y creemos que esto no es atacar la libertad de la educación concertada, sino que más bien sería lo contrario. Ahora, ¿la educación

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concertada quiere estar en un sitio? Bueno, pues ya está. Fíjese usted si está que el alumnado no universitario en la Comunidad de Madrid creció entre 2009 y 2010 y 2016-2017 en 110 000 alumnos; un 11,5% fue a la pública, un 10% fue a la
privada, a la concertada especialmente. Fíjese cómo creció la programación de la enseñanza en las unidades, que lo hicieron de esta forma: un 5,9% de unidades creció en los centros públicos y un 10,3 en los centros privados. Es decir, que los
conciertos se incrementaron en estos dos cursos en un 11% y las inversiones liquidadas, es decir, las utilizadas para hacer centros, disminuyeron en un 63,1%.


Como estos datos, le puedo dar también algún caso. El nuevo Instituto, el nuevo IES de Arganda del Rey sigue sin construirse. Se aducen problemas con la parcela, pero en Arganda del Rey... (El señor Clavell López pronuncia palabras que no
se perciben). Los tendrá, si yo no le digo que no, pero es curioso que ahí sí se haya podido construir un centro concertado, el de la Virgen de la Soledad. ¿Eso está bien? (El señor Clavell López: Le puedo dar datos también en Valencia). Ah,
ah, bien, si seguro que hay en Valencia, pero he aquí de lo que estamos hablando... (El señor Clavell López: Y barracones). Estamos hablando de esto, en Paracuellos del Jarama -tengo otros datos de España, de los que ya hablaremos- hasta hace
poco no han contado con un IES con bachillerato, hasta hace poquísimo, pero tienen numerosos centros concertados. ¿Y qué me van a decir del ensanche de Vallecas?


Entonces, ¿qué queremos? Queremos igual trato, ¿no? Queremos igual trato. ¿Cómo puede darse esa circunstancia? ¿O es que los que quieren escuela pública no pueden? Es que hay lugares, señora Moneo, y usted lo sabe también, en los que
hay familias que no pueden elegir educación pública. Sí, sí. (Varios señores diputados: Sí, sí). No, no, esto confirmado; esto confirmado. No vayan ustedes pensando que todas las familias quieren educación concertada, no. Hay muchas que
quieren ¿eh?, muchísimas familias quieren educación concertada. En este país todavía se sigue produciendo, así como la mayoría de las familias ya tienen muchísima confianza en la sanidad pública, todavía hay muchísimas familias que tienen mucha,
mucha, mucha confianza en la educación concertada. Pero démosles la libertad, claro que sí. Ahora, usted me concederá, porque usted lee los medios de comunicación igual que yo, que ha habido mucha libertad de empresa -entrecomillada- sin proyecto
educativo, sin ideario propio. Eso es lo que queremos evitar; eso es lo que queremos evitar, pero imagino que ustedes también. No vamos a querer que las constructoras se erijan como idearios propios de modelos educativos para centros concertados.
No vamos a dar conciertos antes de que se autorice y se construya un centro. De eso hablamos; de eso hablamos. Por tanto, nuestra defensa de la educación pública es una defensa respetuosa: respetuosa de la libertad de elección de las familias,
respetuosa de la libertad de creación de centros, respetuosa de la capacidad del docente para tener su propia libertad de cátedra; respetuosa. Y naturalmente que respetamos la libertad de elección de centro de las familias, dentro de una
programación. Ya hemos dicho -lo dicen las leyes y las sentencias del Tribunal Constitucional- que el servicio a las familias no puede ser a la carta; será en la medida de las posibilidades y de las disponibilidades que tengan los poderes
públicos. Señora Moneo, usted y yo nos podemos poner de acuerdo -creo-, pero sin pantallas, porque usted sabe que no estoy atacando la libertad de elección de centro, usted sabe que yo no ataco a la concertada.


Le voy a decir más, con relación a la conferencia sectorial, sus compañeros, los que se levantaron y se fueron, en un momento procesal, por cierto, que nada tenía que ver con el contenido, sabían perfectamente que el formato de la
conferencia se ajustaba, era homologable a cualquier otra conferencia sectorial a la que hemos venido asistiendo siendo ministros otros -yo misma he asistido siendo consejera y siendo ministros otros-. Se ajustaba tanto que -¡fíjese usted!-
vinieron todas las comunidades autónomas y, de ellas, solo las del Grupo Popular se levantaron y se fueron, cuando lo propio en una conferencia sectorial de ese porte es dar cuenta de lo que va a ser todavía un anteproyecto -estábamos a 30 de
julio-, un primer informe para una ley ordinaria, ni siquiera un real decreto-ley. Además, la comisión general ya se había reunido para asuntos técnicos a finales de mayo, o eso me dijo mi predecesor; es decir, me dio razón y cuenta y me dijo que
la comisión general se había reunido y que, por tanto, el 5 de junio -no sé si era junio o julio- tendríamos la conferencia. Por un principio de continuidad elemental de la Administración, la cuestión se siguió así y se abrió lo que es una
presentación, un proceso de consulta muy habitual en las conferencias sectoriales, de este proyecto de ley ordinaria, un proyecto de ley ordinaria, y se procedió a la consulta y se verificó la consulta, porque todas y cada una de las comunidades
ofrecieron su valoración de lo que allí se estaba haciendo. Es más, yo hablé o estuve con cada uno de los consejeros del Grupo Popular. Concretamente, creo que la víspera estuve con tres y con

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el resto hablé por teléfono, como hice con los otros consejeros a los que no pude ver, pero con los que hablé por teléfono. Todos sabían lo que se llevaba y todos tuvieron la documentación previa.


Siento esto, porque hablando se entiende la gente. El momento de la levantada -no hubo ninguna bronca, señora Martín, porque la gente, afortunadamente, se autocontrola, nos autocontrolados todos- no fue agradable, sin embargo, vamos a ver
si podemos reorientarlo. Si nuestros intereses genuinos son la mejora de la educación, creo que tenemos ahí un punto expansivo, un punto importante, un punto en el que podríamos llegar a conciliar intereses y puntos de vista.


Nada más y Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: En el turno de réplica, vamos a comenzar el turno de portavoces dando la palabra al señor Matute por un tiempo de cinco minutos.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Señora ministra, usted señalaba que le complacía que en el fondo de la cuestión, que era lo sustantivo, estábamos de acuerdo, y no le voy a negar que me ha causado una cierta perplejidad, porque yo le he
señalado que para mí lo sustantivo, y, por tanto, el fondo de la cuestión, es la derogación inmediata de la Lomce -se lo he dicho hoy y se lo dije en la anterior Comisión-, y también le he señalado que para mí lo sustantivo y, por tanto, el fondo de
la cuestión, es que se respete nuestra capacidad de decisión, la capacidad de decisión de la comunidad educativa vasca del conjunto de las instituciones públicas vascas, para determinar cuál es el modelo educativo que mejor satisface las necesidades
de su país; porque, además, creemos que esa no es una demanda que obedezca a las divisiones clásicas en el campo y eje de la izquierda o derecha y del nacionalismo o no nacionalismo, sino que goza de un amplio respaldo más allá de esas barreras
divisorias. Pero si usted se refería al fondo en lo que tiene que ver con la derogación de este decreto, ahí sí le diré que no me parece mal que se derogue el decreto, aunque le he dicho -y sostengo- que me parece que no deja de ser un parche, no
en el sentido peyorativo, y creo habérselo dicho así de la misma manera, por cuanto mejora algo que evidentemente estaba haciendo y generando bastante daño y bastante destrozo a la educación pública.


Más allá de eso, o no le he entendido la respuesta o usted no me ha podido concretar, algunas de las cuestiones que ese decreto tiene que abordar cómo las va a hacer. Es decir, nos habla de que se va a garantizar el derecho a la educación,
pero no nos ha quedado del todo claro cuál es la sistemática o la mecánica que se va a seguir de aplicación para que eso sea efectivo, porque las dudas no solo florecen por un lado. Tampoco nos ha dado respuesta a la difícil convivencia entre las
concertadas y privadas y las privadas puras con las públicas, en el sentido de cómo se puede hacer eso para que la educación pública no salga más devaluada de lo que ya lo está en esa difícil convivencia. También ha señalado otras cuestiones que
nos responderá en otras ocasiones y no este día en el marco del debate de la derogación de este real decreto. Así que tendremos que esperar a esas futuras ocasiones para poder entrar en otras cuestiones, como la de su posición ante un pacto
educativo vasco, y cuál sería la posición de su ministerio en torno al respeto de lo que ahí se decidiera o no. Pero como digo, son tareas pendientes que espero que no se le amontonen, para que la lista de tareas, como a todo buen estudiante -y
ustedes lo saben bien- no lo resulte más gravosa a la hora de abordarlas.


Hay una última cuestión que en la primera intervención me hubiera gustado preguntarle y es por pura curiosidad. Ha hablado en algún momento de su intervención sobre las empresas pantalla que actúan en el ámbito de la educación
concertada-privada y ha dicho que 'haberlas haylas', creo que ha sido su expresión literal. Me gustaría que fuese un poco más explícita, porque creo que puede ser del interés general conocer cuáles son esas empresas pantalla, que parece que pueden
estar obteniendo pinguës beneficios de lo que tendría que ser un derecho a la educación para todos y todas.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz.


El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, presidenta.


Gracias, señora ministra. La comunidad educativa en muchas autonomías ha estado esperando dos largos años para que hubiese cambios, conscientes de que en el Congreso había una mayoría que los haría posible. Su partido decidió en su momento
que no había prisa; decidió abrir consensuadamente, con Ciudadanos y el Partido Popular, un largo, largo proceso para llegar a un pacto educativo largo y sin frutos. Entonces, tiene una cierta lógica que la comunidad educativa esté en busca del
tiempo perdido, si

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me permite la expresión. Es decir, siendo conscientes -o al menos yo lo soy desde que estoy en este Congreso- de lo largos que son los procedimientos legislativos, todo no se puede hacer y menos en cien días, seguro. Pero sí que es cierto,
que necesitamos saber lo antes posible, los partidos que podemos dar nuestro apoyo a temas educativos que consideramos necesarios, qué se puede hacer antes del curso 2019-2020, porque es cierto que se han de hacer bastantes cosas. Por ejemplo, en
la derogación de determinados artículos de la Lomce imprescindibles se puede poner de acuerdo mucha gente. También, proactivamente usted me ha insinuado que en el tema que yo le proponía de la educación infantil se pueden recuperar programas,
ayudas, que desaparecieron en esta visión low cost de la educación en el Estado español, en la que cayeron no solo un partido o dos partidos, sino también muchas comunidades autónomas, la mía también. Dado que no estaba, digamos, blindada la
educación y con las exigencias del Estado de determinada situación en la deuda, algunos pensaron que este podía ser también un camino factible, un error tremendo que pagamos todos y que hemos de superar lo antes posible. Es cierto que en este marco
no lo tiene fácil. Siempre se ha dicho que para que la derecha modifique sus planteamientos ha de gobernar, lo que pasa es que cuando gobierna también es lenta en los cambios, pero es cierto que es muy difícil que la derecha en general desde la
oposición llegue a acuerdos. Yo, que soy de profesión historiador, diré que a lo largo de la historia de España especialmente, pocos, muy, muy pocos, pero también he de decir que en estos dos años en el marco del pacto por la educación me he
sentido cercano y a lo mejor hubo posibilidad de llegar a acuerdos que quizás han caducado por la existencia de un Gobierno que no estaba en los planes de muchos, y no lo tengo, digamos, en baja consideración, pero puede que hace menos de tres meses
no pareciese posible la existencia de un Gobierno como el que ustedes han planteado. Por tanto, este es el marco y el peligro ahora, y más cuando se agite, es que aquellos que eran muy pacientes se vuelvan impacientes, lo cual no dudo que pueda
generar turbulencias. En este sentido, no hay nada mejor que tomar decisiones claras. En la Comisión del Pacto por la Educación algunos polemizamos con su grupo respecto a aquella idea de que la mayoría absoluta no le iba bien a los acuerdos, sino
que teníamos que llegar a mayorías amplísimas. La verdad es que lo mejor son las mayorías amplísimas, pero para que se llegue a mayorías amplísimas lo bueno sería acordar por mayoría absoluta plural, porque a lo mejor esto agiliza las neuronas a la
hora de llegar a acuerdos. En su momento su grupo esto no lo vio, pero pienso que ahora es más fácil que nos entendamos y que los cambios necesarios, imprescindibles, que nos han de llevar a un pacto amplio, no pueden esperar a que llegue este
pacto amplio si no hay voluntad de acuerdo, y que si el acuerdo es posible, es necesario e imprescindible. En este marco más global y en el que yo, como portavoz, no puedo comprometerme a nada, sin duda es posible hacer cambios. Espero que en
próximas comparecencias tengamos oportunidad de leer y comentar estos aspectos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Olòriz.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, presidenta. Le pido un poco de benevolencia, porque he tenido que dejar la segunda parte de la intervención.


Contestando a la ministra, diré que me encanta sorprenderla. Usted también me sorprende a mí mucho cada vez que interviene y me responde en ese tono, pero está bien que nos sorprendamos mutuamente.


Mire, señora ministra, cuando he hablado de demagogia me refería a algo que me ha intentado contestar su portavoz, a la que también voy a responder. A lo mejor, el término está justificado porque es verdad que si usted entra en la parte de
normativa de la web de su ministerio hay proyectos de ley del año 2017, pero el anteproyecto del año 2018 que hemos estado discutiendo hoy no estaba. Está la nota de prensa y está la apertura de convocatoria pública, pero el texto en sí no está.
Sin embargo, sí está en los sindicatos -de hecho, el texto que he manejado es de un sindicato- y entiendo que se ha hecho una comunicación oficial por parte del Ministerio de Educación. Por tanto, a lo mejor ha sido una cuestión más comunicativa e
informativa y de ahí que, al no conocer en un primer momento el texto concreto del proyecto de ley, pueda parecer demagógico el titular que le han puesto como proyecto de ley: 'Para la mejora de las condiciones de docencia'. Creo que es un titular
ambicioso porque las condiciones de docencia son mejorables en muchos aspectos y por eso he traído a colación lo que le he dicho.


Pasando a la segunda parte -que no he podido intervenir-, relativa a la demanda social, sinceramente, y se lo digo con toda la honestidad del mundo, estoy completamente confundida con el

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concepto de demanda social y cómo lo utilizan ustedes. En su primera comparecencia -cuando vino aquí y lo anunció- usted nos dijo que iba a utilizarlo para eliminar el artículo 109 de la Lomce sin explicar más, porque no está tampoco
especificado cómo lo van a modificar, y también que lo iba a utilizar para el tema de la concertada. Sin embargo, me voy este verano a mi tierra, a Valencia, y resulta que ustedes y sus socios de Gobierno -Compromís- hacen un plan para la
instauración de la religión musulmana en centros y cuando son preguntados por nosotros apelan al concepto de demanda social. Esto es algo que nos congratula mucho porque en Ciudadanos sí creemos en este concepto, creemos que es importante y
necesario y que se debe defender porque tiene que ver -como le ha planteado la portavoz del Partido Popular- con la libertad educativa, lo demande la comunidad musulmana, la judía, la católica o la concertada. Dicho esto, en relación con el
artículo 27 de la Constitución y los conciertos creo que sería un error generar una dicotomía, un enfrentamiento entre dos redes que tienen su utilidad y que creo que hay que respetar. Me parece que defender la escuela pública y la calidad de la
escuela pública con todo el ahínco no supone para nada ni tiene por qué suponer no respetar la demanda social de los padres. Es decir, esto se puede conjugar, tal como ha dicho el Tribunal Constitucional, que ha dicho que son complementarias.


Revisadas estas cuestiones, me gustaría -aprovechando que está usted aquí- hacerle dos preguntas de la más rabiosa actualidad porque tienen que ver con algunas cosas que usted ha dicho. Para usted -lo ha dicho- la educación es un elemento
fundamental de cohesión y por eso ha hablado de que no quería diecisiete sistemas educativos -más o menos lo ha dicho así- y que era importante que las comunidades autónomas tuvieran libertad pero también que hubiera elementos comunes. Hoy se ha
publicado la noticia, noticia que a mí me enorgullece y me congratula porque estoy también en la Comisión de Igualdad, de que el ministerio va a hacer una revisión de los libros de texto en clave de género. Es algo que se hizo en el Pacto contra la
violencia de género y que Ciudadanos trajo a la Comisión de Educación y votamos por unanimidad que hubiera presencia femenina. Creo que es bueno que se haga, pero a mí también me gustaría que se hicieran estas revisiones en clave estatal; es
decir, no solo que los libros de texto tengan un enfoque de género sino que también tengan un enfoque de Estado. Le pediría que no pase como ha pasado, porque sigo preguntándole por algo que me dijo usted que me llamaría si lo encontraba, y me
refiero a aquel informe sobre el adoctrinamiento de los libros de texto. Y le quiero preguntar también cómo va a plantear esta revisión, si lo va a hacer de la misma manera que han hecho la revisión de los presuntos libros del adoctrinamiento. Lo
digo para saber si voy a tardar en tener el informe sobre el enfoque de género lo mismo que estoy tardando en tener el informe sobre el adoctrinamiento en los libros de texto. Usted acaba de llegar, pero se lo digo para que no pase lo mismo que ha
pasado con el Gobierno anterior.


También me gustaría pedirle una cosa muy concreta en la que además creo que va a estar usted de acuerdo conmigo. No sé si conoce que hay un estudiante que está haciendo una labor de crowdfunding porque está en las Olimpiadas de Física y de
Química y les queda la última prueba, pero necesitan financiación. Nosotros le hicimos una pregunta por escrito, así como una PNL, sabiendo que necesitan poco dinero. Además, me llama la atención que fuera su propia portavoz, María Luz Martínez
Seijo, quien en la legislatura anterior hiciera una pregunta parlamentaria precisamente al Ministerio de Educación sobre cómo se iban a apoyar las Olimpiadas de la Ciencia. Yo le pregunto a usted cómo van a solventar desde el ministerio este
problema porque estoy segura de que lo van a hacer y de que tendremos a nuestros estudiantes en la final de las Olimpiadas de Física y Química. Es importante.


La señora PRESIDENTA: Señora Martín, tiene que terminar.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.


Siempre que en esta Comisión alguien habla de reforzar la educación pública, de recuperar todo lo que se ha perdido en la red de enseñanza pública, nos encontramos con que el Partido Popular y Ciudadanos nos echan a la cabeza la libertad, y
yo siempre me acuerdo cuando oigo hablar a la señora Moneo del viejo Marx, que decía que la libertad siempre ha existido, lo que pasa es que unas veces ha existido como un privilegio de unos pocos y a veces como derecho de la mayoría. El problema
no es de

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libertad, en este país existe libertad de empresa para crear colegios privados y existe toda la libertad del mundo para que las familias lleven a sus hijos e hijas a estos centros privados, el problema, lo que se quiere aquí no tiene
relación con la libertad sino con el privilegio, con que el Estado financie y subvencione ad infinitum al 30 o al 35% de los centros privados españoles, que además sabemos que en su gran mayoría son confesionales. Por tanto, esto es un debate que
no se puede cerrar apelando a un supuesto derecho constitucional. El derecho constitucional da para otro modelo de libertad, como hay libertad de enseñanza en Francia o en Finlandia, donde, sin embargo, el 98% de la red es pública y no se
subvenciona, insisto, a un 35% de centros privados. Por tanto, nosotros compartimos con el Gobierno esta voluntad de reforzar la escuela pública en los próximos años y les queremos acompañar, pero para acompañarlos tenemos que mantener un diálogo
fluido entre nosotros y también con la comunidad educativa. Insisto en la petición que le hacía en la primera intervención: nos gustaría saber cuál es el calendario de reformas que se va a llevar este curso político porque entendemos que tenemos
que empezar el curso 2019-2020 con la mayoría de la Lomce o con los aspectos más regresivos de la Lomce derogados. A nosotros nos gustaría que en este inicio de curso el Gobierno fuera ya pasando de los anuncios a las actuaciones, actuaciones que
también tendrán que tener su correlato en la propuesta de presupuestos y en una mayor inversión en la escuela pública y en la educación en nuestro país.


Por último, le tomo la palabra en cuanto a la necesidad de una equidad que vaya acompañada de inclusividad. La equidad no es tal si no va acompañada de la inclusividad. Por eso, y sabiendo los problemas que tenemos muchas veces con la
doble red -usted lo ha reconocido en algunas entrevistas refiriéndose a aquellos centros que no están incluyendo del todo a alumnos migrantes o con necesidades especiales, porque todo esto sigue yendo hacia la red pública-, le propongo que para
tener un análisis certero se produzcan esas auditorías que pedía el documento de bases para conocer cuál es el estado de la doble red y hacer a estos centros más transparentes y garantizar la inclusividad no solo en la escuela pública sino en toda
escuela sostenida con fondos públicos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez Serna.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.


La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.


La verdad es que se han mencionado muchas cuestiones importantes, pero como tenemos poco tiempo voy a empezar por lanzar el guante, como no puede ser de otra manera, del debate, el diálogo y la voluntad de acordar ciertos cambios
importantes. Siempre ha sido voluntad del Grupo Socialista hablar, discutir, debatir e intentar modificar aquellas cuestiones que para nosotros son esenciales, y por supuesto modificar la Lomce en sus aspectos más dañinos es desde luego uno de
nuestros grandes objetivos. Por tanto, señor Olòriz, señor Sánchez, señora Martín y señora Moneo, bienvenidos a este debate porque en ese sentido todos debemos estar absolutamente unidos.


Es evidente que toda la reversión de los recortes supone un coste económico; es indudable. Algunas comunidades autónomas han tenido que hacer sacrificios a lo largo de estos años, han estado apostando de una manera seria y contundente por
la mejora de la educación en sus territorios y han podido ser capaces de mantener unos horarios lectivos adaptados a la situación de calidad que ellos pretendían en sus comunidades autónomas, pero otras no. En algunas comunidades autónomas la ratio
ha ido decreciendo paulatinamente y en otras comunidades autónomas no. Pero es cierto que se ha visto cómo las comunidades autónomas, en función de la gestión de sus propias competencias, apostaban por la educación en mayor o menor medida. Por
tanto, entiendo que las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular también lo pueden hacer. Y, como decía la señora ministra anteriormente, si no ha habido una memoria económica a lo largo de estos años en cuanto a la fase de reducción
de la ratio, creo que es incoherente por parte del Partido Popular reclamarlo en estos momentos, si bien es cierto que todos tenemos la oportunidad de que mejoren los recursos destinados a la educación española. Yo debo recordar que hace un mes
escaso en este Congreso se debatió el plan de estabilidad y el objetivo de déficit, y por cierto unos cuantos grupos parlamentarios aquí presentes han renunciado a recuperar recursos destinados al Estado del bienestar que irían directamente
destinados a la educación o a la sanidad. Por tanto, recursos hay. Otra cosa es la voluntad de poder acordar medidas que repercutan en el bienestar y la mejora de todos los ciudadanos y ciudadanas, entre ellas desde luego las educativas, que para
nosotros son una prioridad.

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Hay una cuestión que me ha preocupado mucho, señora Moneo, y es que cuando ha hecho referencia a las cinco comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular he creído entender que vinculaba los buenos resultados educativos al Gobierno
del Partido Popular. A mí francamente me parece muy peligroso ese discurso y espero que nos lo aclare en su siguiente intervención porque, que yo sepa, los resultados educativos van vinculados a unos contextos socioeconómicos y culturales y por
tanto no creo que sea una diferencia de colores políticos, sino por otras circunstancias. Esto me lleva al debate que habitualmente nos introduce la portavoz de Ciudadanos, mi querida señora Martín. Seguimos con los mismos temas de siempre,
seguimos con la cuestión de las diferencias territoriales, seguimos con las cuestiones del adoctrinamiento, seguimos con las cuestiones del DIR educativo. A mí me gustaría que profundizase en alguna propuesta diferente de todos estos temas en los
que ya conocemos su posición; nos gustaría que nos comentase qué están dispuestos a mejorar en el sistema educativo más allá de estos cinco clásicos.


Le voy a aclarar otra cuestión. Ha preguntado antes por qué no se había modificado el decreto de becas y por qué no se había introducido una cuantía, por ejemplo, para abordar el problema del alumnado TDAH. Yo debo recordar que fue una
proposición no de ley propuesta por el Grupo Socialista, aprobada por unanimidad en este Congreso, pero que el anterior Gobierno dejó guardada en un cajón y no hizo absolutamente nada, ni siquiera tuvo la previsión de poderlo introducir en los
presupuestos y en el borrador del decreto para que pudiese ser contemplado. Por tanto, si no se hizo una previsión entonces, en el momento en que este Gobierno llegó al Ministerio de Educación muy difícilmente se podían abordar estas cuestiones.


Volviendo al tema de los conciertos, señora Martín, usted ha dicho que tiene dudas con el tema de la demanda social y me gustaría que nos aclarase cuál es su visión de la educación concertada. Ustedes están hablando aquí de sus dudas y a
nosotros nos gustaría saber cuál es la posición del Grupo Ciudadanos en relación con los conciertos, sobre todo porque estamos hablando de llegar a acuerdos educativos y porque vamos a hablar de la reforma de la Lomce y ahí hay una serie de medidas
que afectan a los conciertos. En definitiva, tristemente este es el debate de siempre: entre los centros públicos y los centros concertados, entre aquellas personas que no creen tanto en la educación pública y el lugar que tiene que tener la
educación pública, los que defienden la educación pública como una red menor y algunos que también defienden los privilegios que la educación concertada debe tener, entre otros la elección del alumnado, lo que por cierto rompe claramente con la
igualdad de oportunidades, algo que para nosotros es un principio esencial e irrenunciable.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez Seijo.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, no quiero que se lo tome a mal, pero creo que usted debiera elevar el discurso. Yo le estoy hablando de principios constitucionales, le estoy hablando del debate constitucional, le estoy hablando del artículo 27.3, de la
libertad, de las tensiones que en su momento hubo para llegar a ese consenso constitucional, y usted me habla de las constructoras y del interés de las constructoras. Señora ministra, ese no es el problema de la libertad de enseñanza. El problema
de la libertad de enseñanza, el problema de la elección de los padres, es si tenemos un Gobierno y si hay unas administraciones que creen en esa libertad o no creen, que están dispuestos a desarrollarla o no, en un equilibrio perfecto que marca la
Constitución entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Claro, señora ministra, que el artículo 27 de la Constitución contempla también la libertad como la libertad de creación de centro, pero es que la libertad de creación de
centro lo recoge el constitucionalismo español desde la Constitución de Cádiz de 1812, exactamente. Es otra cosa diferente, igual que el artículo 27 recoge la libertad de conciencia, por supuesto; la libertad de cátedra, por supuesto. Es de otra
cuestión de la que estamos hablando en estos momentos y usted sabe -y daría para un debate muchísimo más amplio- que en aquel momento el constituyente no quiso recoger específicamente el derecho del padre a elegir el centro educativo para sus hijos,
pero eso se derivaba del artículo 27.3, el derecho de los padres a elegir que sus hijos reciban la educación conforme a sus propias convicciones -religiosas, morales, personales-, al propio derecho a la libertad de cátedra y a la creación de centro.
Además, España también ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 26.3 de la misma establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Eso -estará

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usted de acuerdo conmigo- está íntimamente vinculado al carácter propio del centro y a que el padre elija el centro que quiere para sus hijos. Y ese es el debate, señora ministra.


Es cierto, usted ha hecho referencia al artículo 27.4 de la Constitución. Efectivamente, la programación general de la enseñanza. Pero también le dice a usted la Constitución que en la programación general de la enseñanza tendrá que tener
usted en cuenta a los actores implicados. Y los actores implicados también son las familias. Y si usted desaloja la demanda de las familias a la hora de la programación, usted está ignorando lo que piensan los padres a la hora de elegir el centro
educativo para sus hijos. Y eso es lo que nosotros le decimos. Y ese, claro que es un debate importante, y es un debate que ustedes y nosotros mantuvimos en la LOE, por supuesto. ¿Usted quiere lograr el acuerdo de la LOE? Yo no quiero lograr el
acuerdo de la LOE, porque la LOE dejó fuera al principal partido de la oposición. Y, por cierto, fue aprobada con menos votos que la Lomce. Tenemos que abordar el debate de una vez por todas. Y habrá consenso en educación cuando los principales
partidos, que en estos momentos somos ustedes y nosotros -y no quiero, por supuesto, menospreciar a otras fuerzas políticas- lleguemos a un acuerdo. Pero será muy difícil el acuerdo si usted empieza a planear sobre los principios constitucionales.
Yo no tengo ninguna duda respecto a usted; usted ha sido consejera en el País Vasco, donde tiene un peso específico, dentro del conjunto de España, la enseñanza concertada. Pero a usted le están diciendo sus socios de Gobierno unas cosas muy
interesantes. El señor Sánchez Serna, por ejemplo, acaba de intervenir y ha hecho lo que siempre hace la izquierda de este país, tratar la libertad como un privilegio. Y la libertad no es un privilegio, la libertad es un derecho. (Aplausos). Y
esa es la realidad en la que nos tenemos que mover, señora ministra, y espero que tengamos muchísimas ocasiones de debatir, de consensuar y de llegar a acuerdos sobre un principio constitucional.


Por otra parte, señora ministra, yo no puedo admitir que el sistema educativo esté peor ahora que hace ocho años. En el año 2010 este país tenía un abandono educativo temprano de un 28,2%; en estos momentos tiene un abandono del 18,3%.
Creo que usted ha heredado una situación mucho mejor que la que heredó el Gobierno del Partido Popular, y no voy a quitar mérito ninguno al profesorado. Claro que le hemos pedido un gran esfuerzo al profesorado, un esfuerzo tremendo; claro que el
decreto de 2012 supuso para el profesorado unas situaciones complejas, que adoptaron todas las comunidades autónomas. Algunas de ellas, por cierto, en relación con las ratios, siguen manteniendo los criterios previos a las correcciones del
Gobierno.


La señora Martínez Seijo ha hablado de la Castilla-La Mancha de la señora De Cospedal, yo hablo de la Castilla-La Mancha del señor García-Page, donde los sindicatos denuncian unas ratios en primaria de 30 alumnos por aula, cuando la media es
de 21,9, o más de 300 maestros menos este curso que el curso anterior. Pero también podemos hablar de las aulas prefabricadas de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, pero es que ese no es el debate. El debate es que si queremos llegar a acuerdos
tiene que haber, en primer lugar, lealtad institucional y, en segundo lugar, lealtad a los principios y la normativa que nos hemos dado todos y, luego, mucho diálogo. Si entramos en pequeñas cuestiones, todos tenemos mucho que decir. Señora
Martínez Seijo, lo único que le he dicho es que las comunidades autónomas que abandonaron la conferencia sectorial son las comunidades autónomas referentes en calidad y en equidad educativa. Esa es la realidad. Lo único que le pedimos a este
Gobierno es lealtad institucional y seriedad si de verdad se quiere llegar a acuerdos. Si lo que se quiere es excluir al principal partido no de la oposición, sino al principal partido de esta Cámara, será muy difícil lograr la estabilidad y la
calidad que requiere el sistema educativo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moneo.


Para contestar a las últimas intervenciones de los grupos parlamentarios tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias, señora presidenta.


Señor Matute, hay cuestiones que no se refieren al ámbito de esta comparecencia que le contestaré en otro lugar y en otro momento. Lo que sí le digo es que, entendiendo que para usted su prioridad es modificar la Lomce, nosotros vamos a ir
a modificar la Lomce y queremos hacerlo para que esas modificaciones entren para el curso 2019-2020. Espero contar con su acuerdo.


Señor Olòriz, efectivamente, hay programas de cooperación territorial que debemos fortalecer y el 0-3 es uno de ellos. Por tanto, le contesto lo mismo, dentro del calendario de este Gobierno está la modificación

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de la Lomce y queremos hacerla para que esté vigente para el curso próximo 2019-2020. Por tanto, tenemos mucho trabajo por hacer y lo estamos abordando cada día.


Señora Martín, existe la palabra demanda, está en el diccionario y todos sabemos lo que quiere decir, y existe la palabra social, está en el diccionario, y existe demanda social, sin duda alguna. Lo que he venido a decirle es que,
concretamente, en ese artículo 109 de la Lomce la demanda social ha sustituido -y nadie lo ha explicado, qué curioso- a lo que decía la LOE en relación con la obligación de los poderes públicos para garantizar la existencia de plazas públicas
suficientes. No hemos prejuzgado cómo va a quedar ese artículo, eso será objeto de acuerdo, debate, etcétera, pero sí hemos dicho que ha habido efectos nocivos por la sustitución de lo que decía la LOE con respecto a lo que dice la Lomce en demanda
social. La demanda social es legítima, cómo no; es legítima.


Con respecto a las olimpiadas esté tranquila en el sentido de que, efectivamente, este Gobierno va a abordarlas. Lo que nos encontramos -y no lo pudimos resolver- fue no solo una falta de recursos, que podríamos haber restablecido una
disposición ante Hacienda, sino que no había ninguna convocatoria. No podemos pagar a personas, librar recursos públicos, si no ha habido una convocatoria y no había tiempo para hacerla. Nosotros estamos detrás de las olimpiadas en el sentido de
fortalecerlas porque nos parecen, como a usted, una cuestión muy importante. Por lo tanto, el curso que viene tendremos la convocatoria en tiempo y forma y, desde luego, el Gobierno respaldará las olimpiadas de física, química, biología, creo que
matemáticas y alguna más, creo que son cinco. Por lo tanto, no se preocupe.


Respecto al tema del adoctrinamiento en libros, en personas, etcétera, vamos a hablar y, no se preocupe, que lo trataremos en serio. No sé cuánto tiempo llevaba el señor Méndez de Vigo... (La señora Martín Llaguno: Dieciséis meses).
Dieciséis meses. Fíjese usted, si no se lo dieron quizá es porque el trabajo o no está hecho o está hecho de una manera un poco... En fin, pero ya hablaremos un poco más en serio de ese tema. Aquí lo que importa es la programación general de la
enseñanza que dice -y esto es legal, esto no es andar por las ramas-, y contesto así también a la señora Moneo, que hay que actuar con la programación general de la enseñanza, pero los recursos públicos no son servidos a la carta, no lo son.


El señor Sánchez hablaba de la libertad de empresa. La libertad de empresa existe en este país, que se coordina muchas veces con la libertad de enseñanza -que existe y es constitucional- para la creación de un centro al que hay que dotar de
ideario, de modelo y de dirección y en el que, además, hay que contar, si cuenta, con recursos públicos y con una gestión coordinada con padres, profesores y alumnos porque así lo dice la ley.


A la señora Martínez Seijo le agradezco de nuevo sus aportaciones, que son muchas, y lo único que voy a decir es que, efectivamente, creo que hay que servir en las bases siempre sin prejuzgar lo demás. Quiero decir que casi siempre hablamos
de la red pública y de la red concertada, pero no porque queramos atacar la concertada, sino porque todavía hay condiciones que no se dan por igual en las dos redes, no se dan por igual. Es decir, en el momento en que efectivamente abramos las dos
redes a una igualdad de condiciones en el sentido de atención a las necesidades educativas especiales, en atención a la inmigración, en atención a los extractos sociales más desfavorecidos y en atención a que hagamos una planificación mucho más
coordinada, en ese momento, no tendremos necesidad de hablar de la red pública y de la red concertada, salvando el principio de que no toda la concertada es igual y que no toda la pública es igual.


Señora Moneo, qué quiere que le diga. Yo le contesto y le he contestado con la Constitución y usted me ha aceptado que efectivamente lo que le estaba diciendo yo es así, no me enrede. (Risas). Usted y yo podemos hablar de mucho, y si
quiere que nos enredemos en la retórica, podemos hacerlo en el café, pero no me enrede. Es decir, yo he sido la que le ha dicho que la libertad de creación de centro -y si quiere se lo vuelvo a leer- es un concepto que se refiere a la libertad de
individuos y de grupos para crear centros educativos y también para cátedra, pero no para la libertad de elección de centro. Yo le contesto con la Constitución y usted me admite que efectivamente el constituyente no puso lo relativo a la libertad
de los padres de elegir centro, pero usted me dice: se deducía. (La señora Moneo Díez: ¡Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, señora ministra!). No, pero si yo lo que quiero es aclarar. Es decir, hablemos en serio, señora Moneo. Usted
menciona un precepto constitucional y yo le digo: sí, oiga, pero no me lo extienda; es decir, ese precepto constitucional existe y dice esto.


Le voy a decir más, de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro podría ser parte de la libertad de enseñanza. Estos hechos formarán parte de derechos que puedan tener los
padres en las condiciones legales que se determinen, pero nunca

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ser emanación de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución española. Baste decir que lo que ahora afirmo puede decirse que coincide con la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981, en recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares. (La señora Moneo Díez: ¡Con el voto particular de Tomás y Valiente!). No, eso es lo que le estoy diciendo. Ah, claro, si el voto particular es de Tomás y Valiente
esto no vale. (La señora Moneo Díez: No haga trampas). A ver si vamos a acabar, querida señora Moneo, de acuerdo con el historiador de la sala, de que solo cuando ustedes ganan están las filas quietas. (La señora Moneo Díez pronuncia palabras
que no se perciben). Porque eso sí sería complicado; eso sí sería complicado, señora Moneo. Entonces vamos a ver si podemos avanzar, sirviéndonos el Constitucional para unos y para otros. Y no me quiera arrastrar diciendo: yo le digo la
Constitución y usted me contesta con constructoras. No, señora Moneo, usted me ha afectado un principio constitucional y yo le he dicho que ese concepto cubre constitucionalmente según las sentencias del Tribunal Constitucional. Ahora, que usted
me dice: ¿Existe la libertad para elegir centro de los padres y madres? Sí. ¿Cuándo, cómo? Dentro de la programación general de la enseñanza y conforme a las leyes. ¿Tienen libertad? Claro, la libertad es un principio de la Constitución, usted
no me puede decir en la primera, ¡es que usted está atacando la libertad! Porque no atacamos la libertad. Ni usted la ataca ni yo la ataco; este es simplemente un debate, es un debate doctrinal.


Yo digo que defendemos la escuela pública y decimos: ¿Por qué han quitado ustedes sin debate que los poderes públicos lleguen aquí? ¿Por qué lo han quitado, cómo es posible que los poderes públicos no lleguen a los nuevos establecimientos
de la población para atender un derecho fundamental? No hay respuesta. Y entonces ustedes ponen demanda social. ¿Qué quiere decir? Que si este colectivo de personas me pide concertada, yo me olvido de la pública. Ah, eso sí, si me voy a una
zona rural donde la concertada no quiere estar, entonces ahí sí hay clientela pública. ¡Pues eso no es igualitario! ¿Por qué la concertada -alguna concertada, alguna- no incorpora algunas necesidades educativas especiales? Mire usted la
inmigración, dónde está la inmigración. No, no, no me diga no me compare porque ¿esto es real o le estoy hablando de ficción? ¿Estamos hablando de ficción o estamos hablando de realidades? No estamos hablando de ficción y entonces no lo entiendo,
la verdad. ¿Dónde se da la mayor concentración de extracción social desfavorecida? Porque estos son indicadores, estos indicadores existen y con esto -podemos poner todos los indicadores encima de la mesa- vamos a componer un buen cesto. Oiga,
que no vamos a cerrar la concertada, que eso es una fake news. Ya lo dijimos: no vamos a atacar a la concertada, no vamos a cerrar la concertada. Y tampoco queremos medidas proteccionistas para la educación pública, queremos que la educación
pública sea competitiva igual que la concertada.


Termino. Lealtad, usted me pide lealtad, pues ya quisiera yo, ya que me pide lealtad de Estado y lealtad institucional, tener la recíproca. Y quiero terminar diciéndoles que tienen ustedes toda mi disposición a trabajar genuinamente por la
educación, lo he venido haciendo durante muchos años y quiero seguir haciéndolo y lo quiero hacer con todos ustedes. ¿Discutiendo? Discutiendo, pero llegando a acuerdos.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


A todos ustedes les quiero recordar, como presidenta de la Comisión, que hemos estado dos años trabajando por un pacto por la educación.


Gracias.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.