CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 56

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CELIA VILLALOBOS TALERO

Sesión núm. 3

celebrada el lunes,

28 de noviembre de 2016

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora directora de Relaciones Laborales de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepyme (Díaz de Terán López), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000108) ... (Página2)


Corrección de error ... (Página20)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Buenos días.


Comienza la sesión para celebrar la comparecencia de la directora de relaciones laborales de Cepyme, doña Teresa Díaz de Terán.


Usted ha estado aquí en varias ocasiones y ya sabe cómo va esto. Intervendrá usted y después daremos la palabra a los portavoces de los diferentes grupos. Contestará, y si queda algo en el aire, será repreguntada por los portavoces.
Quiero recordarles que tenemos un límite de tiempo, porque todos tenemos unos compromisos adquiridos para antes de las doce.


Tiene la palabra la señora Díaz de Terán.


La señora DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Díaz de Terán López): Muchas gracias.


Señora presidenta de la Comisión, señorías, en primer lugar, quiero decirles que espero que esta intervención que hago en nombre de mi organización con los análisis y reflexiones que pueda realizar les resulte útil. Ese es el ánimo con el
que comparezco ante ustedes. Estamos al inicio de la XII Legislatura y esta Comisión tiene ante así importantes retos, pero creo que uno de los mayores es el que nos ocupa hoy: la reforma del sistema de pensiones. ¿Qué objetivo se persigue?
Garantizar que en el futuro, basándonos en una observación permanente, se pueda modificar y asegurar a nuestros ciudadanos un sistema público de pensiones en el que todos creemos y del que todos gozamos. Es fundamental que esta reforma, la que sea,
con una o varias medidas, muchas, pocas, salga con el máximo consenso social y político, porque tengo por cierto que si esto se consigue las medidas que salgan serán más eficientes.


En segundo lugar, quiero decirles también que, desde mi punto de vista, esta Comisión tiene un importante papel que jugar, porque a través de la observación permanente y del funcionamiento del sistema vamos introduciendo elementos de
corrección que son imprescindibles para garantizar esa viabilidad del sistema de pensiones. Me estoy refiriendo, como ya les he adelantado, al valor de esta Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo para conseguir esa sostenibilidad
del sistema. Quiero recordar muy brevemente que cuando se aprobaron los acuerdos del Pacto de Toledo en el año 1996 se inició un periodo de reformas sucesivas en el tiempo que han contado con un amplio consenso y que han sido fundamentales como
instrumento esencial -creo que ese es el papel que juega esta Comisión- para asegurar el sistema de pensiones.


¿Por qué es tan importante para Cepyme el sistema público de pensiones? En primer lugar -y digo en primer lugar-, por el valor que este sistema de protección tiene como instrumento esencial de cohesión social, de estabilizador estructural y
por su imprescindible papel en la vertebración de la sociedad española. En segundo lugar -por qué no decirlo, puesto que estoy en una organización empresarial-, porque la financiación se hace con cotizaciones de trabajadores y empresarios, pero
mayoritariamente son empresariales. Por nuestra parte, son ya décadas de participación activa, interviniendo en los procesos de diálogo, de concertación y de negociación de distintos acuerdos que hemos suscrito con objeto de ir consensuando medidas
a favor del sistema de pensiones. En este sentido, quiero hacer una breve mención -luego me referiré a ello- al acuerdo social y económico que firmamos en 2011, porque que dio lugar a la Ley 27/2011, que en su momento calificamos de imprescindible,
que contempla una de serie de medidas a las que creo que va a ser necesario volver porque son esenciales. Desde nuestro punto de vista -repito que luego me referiré a ello-, habrá que adelantarlas en el tiempo para asegurar la viabilidad. Creo que
en esencia están muchas de las medidas que pueden ser importantes para el sistema, pero dados los datos de financiación de déficits y la crisis que hemos atravesado, es necesario adelantar algunas, y luego concretaré a qué me estoy refiriendo.


A nuestro juicio -y al de todos, porque esto es obvio-, el sistema de Seguridad Social tiene ante sí importantes retos. Tiene que hacer frente a largo plazo a las exigencias derivadas, entre otras, de las tendencias de la evolución
demográfica a fin de garantizar su sostenibilidad. El progresivo aumento de la esperanza de vida y la disminución prolongada de las tasas de natalidad están provocando un incremento del número de pensionistas en relación con la población activa;
es decir, está variando la tasa de dependencia de los pensionistas, circunstancia que se acentuará en las próximas décadas como consecuencia de la propia evolución demográfica. Además -les voy a dar algunos datos, pocos, pero creo que importantes-,
la evolución de las magnitudes económicas más importantes del sistema de Seguridad Social evidencian el impacto de la crisis. Esta crisis incide de forma preocupante en las cuentas de la Seguridad Social porque ha anticipado en el tiempo el riesgo
sobre su viabilidad en el futuro.

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Desde el año 2012 se vienen registrando déficits presupuestarios en la Seguridad Social, y fueron importantes especialmente los de 2014 y 2015. A pesar de la recuperación que la economía española está manteniendo, el escenario negativo
continúa en el presente ejercicio de 2016. Según estimaciones del propio Gobierno, el déficit puede superar los 19.000 millones de euros y las desviaciones presupuestarias están estimadas hasta el ejercicio de 2019. Daré otro dato. En el periodo
que va desde 2004 hasta 2015, que abarca la crisis pero también momentos de superávits, la Seguridad Social muestra unos crecimientos del 36% de los ingresos y del 71 % de los gastos. En definitiva, lo que quiero manifestarles es que estos datos
ponen de manifiesto la insuficiencia de una única vía de financiación de la Seguridad Social a través de las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Hace falta estudiar y analizar más vías de financiación. Aunque también toquemos esa, no vale
con una única vía de financiación del sistema de Seguridad Social, casi mayoritaria a través de cotizaciones sociales.


¿En qué grandes líneas en materia de Seguridad Social creemos que es importante seguir avanzando? Alguna de ellas son principios del sistema que ustedes conocen perfectamente. Sostenibilidad. El sistema público de pensiones debe estar
garantizado en el tiempo, no debe generar incertidumbres de futuro. Equidad y contributividad. Desde que se inició el debate en torno a la sostenibilidad del sistema de pensiones hemos venido manifestando y manteniendo la necesidad de realizar el
ajuste de contribuciones a las prestaciones futuras reforzando la contributividad. Desde nuestro punto de vista, resulta esencial la introducción de mayores elementos de contribución y proporcionalidad en el acceso y determinación de la cuantía de
las pensiones contributivas, de tal forma que las prestaciones económicas constituyan un reflejo del esfuerzo de cotización realizado previamente. Flexibilidad. El sistema debe ser lo suficientemente flexible para actuar en momentos de recesión.
Hay que ser conscientes de que el presupuesto del sistema de Seguridad Social es parte integrante de los Presupuestos Generales del Estado y de que va a constituir una herramienta de política económica. Hace falta tener elementos que permitan
actuar sobre el sistema que no sean coyunturales; no se puede limitar solo, por ejemplo, a las disposiciones que se hacen del Fondo de reserva o del Fondo de contingencias profesionales. Estas son soluciones coyunturales que nos llevarán a agotar
el Fondo de reserva, como saben perfectamente, pero que no abordan los problemas estructurales de nuestro sistema público de pensiones. Separación de fuentes. Por supuesto, hay que seguir ahondando en la separación financiera de la Seguridad
Social, determinando las correspondientes fuentes de financiación en función de la naturaleza del gasto realizado por la Seguridad Social. En este sentido, creo que es fundamental adecuar nuestro sistema de pensiones y delimitar y separar las
prestaciones netamente contributivas que deben ir a cargo de la Seguridad Social de aquellas otras que tienen una finalidad social y cuya financiación corresponde única y exclusivamente al Estado. Esta adecuación no puede afectar solamente a la
naturaleza de las prestaciones, sino que debe ampliarse también a todos aquellos gastos que se vienen sufragando por la Seguridad Social y cuya naturaleza corresponde al Estado. Consenso -lo repito una vez más y creo que lo haré en alguna otra
ocasión-. La solución no puede ser puramente política, sino que debe ser fruto de un amplio consenso social y político que sea respaldado por la gran mayoría de la población, transmitiendo mensajes claros a los ciudadanos en materia de pensiones.
Lucha contra la economía sumergida. También hay que actuar en este sentido. Al margen de las actuaciones directas sobre la Seguridad Social, también se debe seguir ahondando en la lucha contra la economía sumergida. Con independencia de su
repercusión en la recaudación del Estado y su influencia directa en las cuentas de la Seguridad Social, los datos estimados de economía sumergida demuestran que todavía existen muchos trabajos que se siguen realizando al margen del circuito
normalizado, lo que supone un enorme perjuicio en la recaudación de cuotas de la Seguridad Social. Creación de empleo. Desde nuestro punto de vista, es muy importante hacer referencia a uno de los factores que, a nuestro juicio, deben fundamentar
la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema público de pensiones, que es la creación de empleo fruto de un crecimiento económico basado en una estructura económica y social competitiva y adecuada a las circunstancias de ciudadanos y
empresarios. Esto enlaza con la necesidad de generar actividad económica para que se den las condiciones que permitan a las empresas tener un marco legal para que puedan operar en condiciones similares y más competitivas en el mercado interior y
exterior. Quiero manifestar aquí que pensamos que la estructura de financiación de la protección social española descansa en exceso -recalco, en exceso- en los impuestos sobre el empleo que son, en esencia, las cotizaciones sociales. Otra de las
líneas en las que hay que seguir avanzando, si queremos hacer una reforma ambiciosa, es en el desarrollo de la previsión social complementaria. Nuestro modelo constitucional de protección social es público y determina un régimen

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público de Seguridad Social en el artículo 41. La previsión social debe ser complementaria, como un segundo pilar, y libre. Luego me referiré a ello.


Voy a entrar en las propuestas o en las medidas que creemos que deben implantarse para reformar el sistema público de pensiones, que van en distintas direcciones. En primer lugar -me he referido a ello al inicio de mi intervención-,
profundizar en la aplicación de la reforma de 2011. Las organizaciones empresariales ya manifestamos en su momento que, aunque se avanzaba en la buena dirección, las modificaciones introducidas por la Ley 27/2011 resultaban insuficientes conforme a
las necesidades que tenía el sistema; por tanto, habría que proceder a la revisión del periodo transitorio de implantación de todos los cambios paramétricos, que llegan hasta 2027 en algunas de las medidas. Consideramos imprescindible efectuar el
análisis y evaluación del impacto económico de realizar una implantación más cercana en el tiempo que permita valorar la conveniencia de acometer esta revisión.


Más allá de los debates en torno a la edad de jubilación, quiero mencionar alguna de las medidas que introdujo la reforma, dirigidas a reforzar la contributividad del sistema, que tienen un periodo transitorio amplio, y convendría analizar
las consecuencias de poder acortarlo o adelantarlo en el tiempo. La medida de la ampliación del tiempo de cotización de treinta y cinco a treinta y ocho años y seis meses para acceder a la jubilación a los sesenta y cinco años se inició en 2013 y
el plazo para su implantación finaliza en 2017, con una cadencia de tres meses cada año; el paso de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años se aplica progresivamente en el periodo comprendido entre 2013 y 2017, con un ritmo de un mes por año
hasta 2018 y de dos meses por año desde 2019 hasta 2027; la ampliación del periodo del cómputo para calcular la base reguladora de la pensión va de quince a veinticinco años, y esta elevación se produce progresivamente a razón de un año desde 2013
hasta 2022. El objetivo de este planteamiento no es otro que seguir avanzando para lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado, siendo necesario, desde nuestro punto de vista, avanzar hacia la
cotización durante toda la vida laboral como base fundamental para la determinación de las prestaciones.


En este punto quiero referirme a otra de las medidas que introdujo el acuerdo en torno al régimen especial de trabajadores autónomos. La Ley 27/2011 estableció en su disposición adicional novena que al objeto de hacer converger la
intensidad de la acción protectora de los trabajadores por cuenta propia con la de los trabajadores por cuenta ajena, las bases medias de cotización del régimen especial de trabajadores autónomos experimentarán -así lo decía- un crecimiento al menos
similar al de las medias del régimen general. Pues bien, creo oportuno mencionar que, como saben todos ustedes, debido a la crisis y a otras cuestiones no ha sido posible implantar esa medida. Hace falta ver si ahora se puede acometer. Hay que
analizar el esfuerzo contributivo de los regímenes para que sean proporcionales; el régimen general y el régimen de autónomos están convergiendo en protección de derechos, pero también deben converger en contribuciones. Hasta ahora no se ha hecho
y hay que ir analizándolo, porque es otra de las patas que hay que tocar. Si queremos asegurar la viabilidad del sistema tenemos que tocar muchas cosas de nuestro sistema público de pensiones y no solo una.


Les voy a dar un último dato para clarificar a qué me estoy refiriendo. La pensión media de jubilación en el régimen especial de trabajadores autónomos es de 692 euros al mes, y en el régimen general de 1.174 euros mes. En porcentaje, la
pensión en el RETA es un 41 % inferior como consecuencia de que la base media de cotización en autónomos es un 40 % inferior a la media del régimen general. Estos datos a los que me estoy refiriendo son de un informe de desarrollo del Pacto de
Toledo, realizado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que abarca el estudio de los regímenes y del sistema público desde 2011 hasta 2015. Cuando llega la edad de jubilación también es un problema el menor número de años cotizados;
la menor base de cotización junto con el menor número de años cotizados ocasiona que exista un mayor número de pensiones con complemento a mínimos. Son datos para poner en evidencia que hay que tocar varias patas del sistema para que converjan los
esfuerzos contributivos de los distintos regímenes y no actuar solo sobre el régimen general.


Paso a otra de las medidas que creemos que hace falta tocar: la revisión de las prestaciones en el ámbito contributivo de la Seguridad Social. Actualmente nos encontramos con una serie de prestaciones incluidas en el ámbito contributivo,
financiadas, por consiguiente, con contribuciones de empresarios y trabajadores, que por sus características deben situarse en la esfera no contributiva y cuya financiación, por tanto, debe corresponder al Estado por la vía impositiva. Entre las
prestaciones encuadradas en el ámbito contributivo, siendo de naturaleza social, podemos citar el caso de las pensiones de viudedad o el nuevo complemento por maternidad de las pensiones contributivas de jubilación. Estas medidas, por ejemplo, la
del complemento de pensión -no estoy diciendo que no se pague el complemento de

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pensión-, estaban incluidas en el Plan integral de apoyo a la familia 2015-2017 como parte de un conjunto de medidas de apoyo a la maternidad y al final han sido sufragadas con cotizaciones sociales. Este tipo de cuestiones son las que
tendremos que analizar para ver lo que suponen. En lo que va de año, según datos de la Seguridad Social, se han concedido 134.600 complementos de maternidad. Hay que echar cuentas. Creo que las pensiones de viudedad suponen más de 18.000 millones
de euros. Son muchas las materias que inciden en lo que tienen que pagar con sus cotizaciones los empresarios y los trabajadores.


Otra de las medidas -incido en ello- es la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Debe existir una clara y nítida separación de fuentes de financiación, configurándose un sistema público de pensiones basado en la
contribución realizada, procediéndose a eliminar la financiación por la Seguridad Social de las distintas reducciones de cotización existente. Las medidas de política de empleo se encuadran en el ámbito de competencias del Estado y, por tanto, los
recursos asignados para su implantación deben provenir de su presupuesto. En los últimos años se ha procedido a la instrumentación de las modificaciones de cuotas como reducciones de cotización, corriendo su financiación a cargo exclusivamente de
empresarios y trabajadores, cuando al tratarse de medidas de fomento del empleo los fondos deberían provenir de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, consideramos que resulta acertada la medida anunciada la semana pasada por la
ministra sobre la consideración como bonificaciones de las distintas reducciones de cotización establecidas en los últimos años. Esta medida se venía demandando por las organizaciones empresariales, porque nos parecía que resultaba improcedente la
financiación de medidas de fomento del empleo a cargo de empresarios y trabajadores. Según los datos facilitados por la Seguridad Social, el coste de estas medidas podría ascender a 1.900 millones de euros. Igualmente creemos que esta medida debe
extenderse a todas las reducciones de cotizaciones existentes, como es el caso del sistema especial agrario y del sistema especial de empleadas de hogar, ya que entendemos que no tiene fundamento que estas ayudas sean financiadas por cotizaciones
sociales. A este respecto, cabe señalar que la propia Ley 28/2011, por la que se procede a la integración del régimen especial agrario en el régimen general, ya establecía la revisión y análisis del cumplimiento de la separación de fuentes de
financiación.


Otra medida en la que hay que incidir o en la que se puede avanzar es la mejora de la colaboración con las mutuas. Desde Cepyme consideramos que se podrían llevar a cabo una serie de medidas que incidan directamente en unos procedimientos
más eficientes de la Seguridad Social incrementando los mecanismos de control y seguimiento de las prestaciones. A pesar de algunas restricciones normativas que se han introducido en los últimos tiempos, la repercusión de la gestión en las
diferentes prestaciones por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social ha sido positiva para el sistema, incluso en periodos de crisis donde estas han sido capaces de generar excedentes y aportar importantes recursos al Fondo de
reserva de la Seguridad Social y al Fondo de contingencias profesionales. De este modo, las dotaciones acumuladas a 31 de diciembre de 2015 realizadas por las mutuas al Fondo de reserva alcanzan un importe de 1.474 millones de euros, ascendiendo el
total de dotaciones al Fondo de contingencias profesionales a más de 9.000 millones de euros. Quiero mencionar en este punto que en 2015 el coste por trabajador afiliado por las prestaciones económicas por incapacidad temporal por contingencias
comunes, previstas en la Ley General de la Seguridad Social, se ha incrementado en 4,5 % de media aproximadamente, aun cuando las retribuciones medias en España se han visto contenidas durante los años de crisis. Dicho coste se financia con cargo a
las cotizaciones por contingencias comunes que pagan empresarios, trabajadores y trabajadores autónomos a la Seguridad Social. La proporción es un 84 % sobre un 16 % respectivamente del 28 % de la base reguladora.


En este apartado de mejora de la colaboración de la gestión de las mutuas, quiero incidir también en el tema del absentismo en las pymes. Una mejor gestión y una mejor colaboración van a ayudar a las pymes, especialmente a las de menos de
10 trabajadores, que tienen un enorme problema no solo por el coste que este absentismo puede producir, sino porque requiere una reorganización de las tareas para no incurrir en demoras en la entrega de productos o prestación de servicios,
provocando incremento de cargas de trabajo para el resto de la plantilla, desmotivación del personal, etcétera. En este sentido, creo que con el fin de mejorar la colaboración y la tramitación de estos problemas derivados de la gestión de la
incapacidad temporal por contingencias comunes de las mutuas colaboradoras, podría ser bueno estudiar, y ya se ha pedido desde las organizaciones empresariales, las medidas con las que estas mutuas colaboradoras puedan dar el alta en la incapacidad
temporal, con todas las cautelas necesarias que se quieran establecer por parte del legislador.

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Impulso a la previsión social complementaria. Otra de las patas en las que creemos que es necesario actuar si queremos reformar el sistema público de pensiones. Desde el punto de vista empresarial, sería preciso impulsar una previsión
social complementaria de carácter individual que se basara en la naturaleza voluntaria y valorarla desde la perspectiva de la complementariedad de las prestaciones de Seguridad Social. Los sistemas complementarios de Seguridad Social están muy
desarrollados en países de nuestro entorno, tal y como muestra el volumen de patrimonio de los fondos de pensiones privados y seguros de vida. En países como Reino Unido, Dinamarca y Holanda estos fondos son muy importantes, ya que pueden alcanzar
alrededor del 100 % del PIB del país, o incluso estar por encima, y en cambio en España alcanzan un 23 % del PIB. Por tanto, es imprescindible incentivar sistemas de pensiones privados de jubilación que sean complementarios de las pensiones
públicas.


Por lo que se refiere al impulso de los planes de pensiones en el ámbito de la empresa, se deben introducir reformas en el modelo existente que lo conviertan en atractivo para las mismas, lo que supone la realización de actuaciones no solo
en el plano fiscal, que también, sino fundamentalmente en el análisis global de los costes sociales que asumen las empresas, ya que la previsión social complementaria en el ámbito empresarial debe ser contemplada como una herramienta de eficacia
para la política de recursos humanos.


Voy acabando y quiero hacerlo con una de las premisas con las que empecé mi intervención, que las medidas que salgan de esta Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo se adopten con el máximo consenso posible, que
estén respaldadas por la mayoría de la población, y que cuenten con el valor que ustedes como legisladores y representantes de los ciudadanos quieran darle a esta materia a través de esta Comisión. En este punto debo poner fin a mi intervención.
Reiteró a sus señorías mi agradecimiento por la atención prestada, y estoy a su disposición para que puedan plantearme las cuestiones que tengan a bien.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz de Terán.


Vamos a comenzar con las intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Mercè Perea.


La señora PEREA I CONILLAS: Buenos días, en primer lugar, quiero pedir disculpas por mi retraso. Con el transporte en el AVE y los taxis es complicado llegar a tiempo, aunque creo que no soy la única que se ha retrasado.


En segundo lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista doy la bienvenida a la representante de Cepyme. La verdad es que coincidimos con sus planteamientos y análisis de futuro en bastantes de los puntos con los que usted ha
introducido su intervención. Es cierto que venimos de una situación de crisis económica que ha supuesto un desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social. Estamos de acuerdo en que, evidentemente, es en el seno de esta Comisión donde tenemos
que adoptar las medidas de consenso, cuya perdurabilidad está más que garantizada siempre y cuando sean fruto del acuerdo con los agentes sociales, eso lo hemos demostrado desde el año 1995. Creo que hemos de retomar el espíritu del acuerdo social
y económico que llevó a que en el año 2011 los agentes sociales convergieran en voluntades en el seno del Pacto de Toledo.


Me ha parecido muy interesante su planteamiento y comienzo a formularle las preguntas. En primer lugar, ha obviado mencionar en todo momento la reforma de las pensiones que se produjo en el año 2013 en la anterior legislatura. No ha hecho
ningún comentario al respecto, pero sí que ha dicho: recuperemos la reforma de 2011, que se llevó a cabo con el consenso de todos los agentes sociales, y adelantemos sus efectos. En este sentido, yo le diría que con unas previsiones de crecimiento
que parecen ser positivas para España -estamos hablando de un incremento del 2,7-, lo cierto es que han aumentado las desigualdades. Y no es que lo diga yo, sino que hay multitud de informes de las organizaciones económicas y sociales -podríamos
nombrar Foessa- que indican que el grado de desigualdad se va acrecentando día a día. Por ello me gustaría que usted me dijera -aunque quizá no sea su función, en cuyo caso me dirá que necesitaría otro monográfico sobre el tema- de qué manera
plantea Cepyme la reducción de estas desigualdades. Estamos hablando de pobreza laboral y esto no nos había ocurrido a lo largo de cuarenta años de democracia.


Entrando ya en temas concretos, usted plantea básicamente recuperar el factor de sostenibilidad, es decir, avanzar de la manera prevista en el año 2011. Insisto, no ha nombrado la reforma 2013 y ahí es donde yo me he quedado un poco
sorprendida, más que nada porque, efectivamente, en dicha reforma lo

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que se hace es avanzar de una forma tremenda en los acuerdos adoptados en 2011. Me gustaría que se pronunciara sobre los ítems que utiliza ese factor de sostenibilidad que, según los estudios elaborados, en el 2050 supondrán una pérdida de
un 30 % del poder adquisitivo de los pensionistas. Entonces, con un poco de orden quisiera saber, primero, qué planteamientos haría Cepyme en materia de desigualdad y pobreza dentro del ámbito que le corresponde; y segundo, su opinión sobre la
pérdida de poder adquisitivo que supone la reforma del año 2013 al aplicar el factor de sostenibilidad, así como el índice de revalorización de las pensiones. Y en tercer lugar, una cuestión que no es baladí y que es el momento de plantear de forma
seria, como es el desequilibrio y la brecha salarial de género. Usted ha hablado de la prestación por maternidad y no ha dicho si considera que es discriminatoria o no, ya que en caso de ser una prestación contributiva tendría una repercusión;
habría un desequilibrio en lo que se cobra entre la persona que contribuye y la que no. Es decir, la prestación por maternidad sería más elevada en el caso de cotizaciones más altas y menor en el caso de cotizaciones más bajas. En la propia
configuración del Gobierno del Partido Popular al aprobar esta prestación vemos que no prevé ese gasto, es decir, está incrementando un gasto sin prever un ingreso. Por tanto, ¿cómo entiende usted que se aplique esta discriminación?


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Alberto Montero.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora Díaz de Terán, me llama mucho la atención que no hayan estado presentes en su intervención distintos elementos en los que pensaba que, desde el ámbito de una patronal como Cepyme, iban a tener una mayor sensibilidad, porque
en gran medida ustedes son, junto a los trabajadores y trabajadoras de este país, uno de los grandes damnificados de esta crisis y de sus posibles vías de salida, si es que son tales. Hay una cuestión de fondo que hace que mi grupo parlamentario se
aleje mucho de sus planteamientos, y es su propia concepción, expresada claramente, cuando afirma que las cotizaciones a la Seguridad Social son excesivas porque son un impuesto sobre el empleo. Yo le animaría a que tratara de revisar esa
concepción y pensara en las cotizaciones a la Seguridad Social como un salario social diferido. Es una contribución que realizan trabajadores y empresarios en este país, mayoritariamente empresarios, que constituye la base para que en momentos en
que se presentan determinadas contingencias como puede ser una enfermedad, o para el momento de la jubilación, se convierta en un elemento que refuerza la posibilidad de que esos trabajadores y trabajadoras tengan una vida digna.


Me sorprende también que haya pasado por encima de la reforma de 2013 y haya pedido que se profundice en la reforma de 2011. Creo que lo que implícitamente está diciendo es que se recorten las pensiones. El centro de investigación de la
Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, plantea que el coste de la aplicación efectiva de la reforma de 2011 para la pensión vitalicia una vez que se produzca es del 20 %. No le voy a discutir que esa sea su línea porque, evidentemente, es la
suya y es legítima, pero asumamos las consecuencias que tiene profundizar y adelantar la reforma, porque lo que viene a decir es: no vamos a esperar hasta el año 2027 para que se produzca esa reducción de las pensiones, sino que la anticipamos en
el tiempo. Otra cosa que me ha sorprendido es que haya aludido al empleo pero no a la calidad del mismo, sobre todo porque esa calidad del empleo se traduce en última instancia en una demanda efectiva que los miembros de su asociación verán o no
verán reflejada. Si en estos momentos tenemos en cuenta que los ingresos salariales de un 35 % de los trabajadores son inferiores a 600 euros, plantear, por un lado, reforzar la contributividad del sistema, y por otro, animar a constituir planes de
previsión social complementaria de carácter privado, es una contradicción en sus términos. Además, hay que tener en cuenta que tenemos una tasa de desempleo juvenil del 43 %, y al ritmo de creación de empleo para los jóvenes menores de 25 años,
necesitaríamos más de una década para conseguir asimilar la tasa de desempleo juvenil a la tasa de desempleo media de la sociedad que es del 20 %, que tampoco es que sea muy deseable. Por otra parte, ha resaltado algo que me parece contradictorio y
es que, mientras desde los sindicatos se plantea la cuestión del presentismo laboral, es decir, trabajadores y trabajadoras que van al trabajo enfermos porque no pueden perder los ingresos salariales asociados a una baja por incapacidad laboral,
usted refuerza la cuestión del absentismo laboral, cuando precisamente la última reforma laboral introduce el absentismo como elemento para flexibilizar el despido, a pesar de que pudiera estar justificado. También ha resaltado la cuestión de la
colaboración de las mutuas, cuando precisamente estas han sido uno de los elementos que más presión ejerce para que trabajadores y trabajadoras que no se han recuperado de sus enfermedades se reincorporen a su puesto de trabajo.

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Por lo tanto, concretando las preguntas, ¿no le parece contradictorio resaltar el papel de la contributividad del sistema, que todo se sustente sobre las cotizaciones, y al mismo tiempo reforzar el papel de agentes colaboradores -así las ha
llamado usted- como son las mutuas? ¿No le parece contradictorio reforzar planes de pensiones tanto privados como de empresa y, al mismo tiempo, seguir con un mercado laboral donde los bajos salarios siguen siendo marcadamente la tónica del momento
en el que nos encontramos? ¿Y no le parece contradictorio avanzar hacia una reforma del Pacto de Toledo que debería estar sustentada sobre el consenso, pero que cada vez que se ha producido un consenso, tanto en la reforma de 2011 como en la de
2013, ha sido para reducir en el tiempo la pensión vital mínima? ¿Qué lectura hacen del efecto del deterioro que se está produciendo en las condiciones laborales y en las remuneraciones salariales sobre el sistema de pensiones y, al mismo tiempo,
sobre la actividad económica de sus asociados?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montero.


Señor Yllanes, ¿quiere intervenir? (Denegación.) Pasamos, por tanto, al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra don Sergio del Campo.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, doña Teresa Díaz, por su comparecencia. Yo voy a ser bastante concreto en las preguntas, teniendo en cuenta que ya ha habido otras intervenciones y muchas cuestiones ya se le han formulado. Usted ha hablado de la
insuficiencia de una única vía de financiación a través de las cotizaciones, de pasar de soluciones coyunturales a reformas estructurales y de separación de fuentes de financiación. Creo que ha propuesto -no sé si lo he entendido bien- sacar del
sistema de Seguridad Social los gastos que genera el propio sistema, es decir, Tesorería, INSS, etcétera, y pagarlos con los Presupuestos Generales del Estado. ¿Una posible solución para ustedes sería sacar las prestaciones por muerte y
supervivencia de la financiación a través de la Seguridad Social? Lo digo porque, en principio, esto sería desplazar el problema de un sitio a otro y al final el déficit global lo tendríamos igual. ¿Qué opina de esa posible reforma?


Respecto a la creación de empleo y a largo plazo, qué medidas creen ustedes que se deben llevar a cabo en el mercado de trabajo no solo para el que se está creando ahora, sino para generar empleo de calidad que ensanche las bases y, por lo
tanto, solucione el problema de cara al futuro. Se ha referido también a la lucha contra la economía irregular o sumergida, y yo aquí quiero señalar en concreto que la Inspección de Trabajo afirma en sus informes que aparte del fraude en los
contratos temporales como uno de los mayores incumplimientos, también se observa fraude en la utilización de los contratos temporales, es decir, gente que tiene un contrato temporal y está trabajando muchas más horas. Ahí se pierden muchas
cotizaciones en la economía sumergida. Qué medidas propondrían ustedes para acabar con esto, porque quizás no se trate sólo de aumentar el número de inspectores o subinspectores, sino que habría que darles otras herramientas.


Por otro lado, ha hablado del régimen especial de trabajadores autónomos, RETA, y de acercar sus cotizaciones a las del régimen general, ampliar bases para poder tener prestaciones que se acerquen también a las del régimen general. ¿Se
refiere en este caso a estudiar la forma de hacer una cotización ligada a los ingresos o a los resultados netos de la actividad del autónomo o a qué se refiere específicamente? Luego se ha referido a la integración de los empleados del hogar -me
gustaría que lo aclarase porque iba un poco deprisa y me he perdido- y del régimen especial agrario en el régimen general. Sería interesante saber cuál es su opinión sobre la inclusión de los trabajadores autónomos agrarios en el RETA, porque se
dice que los problemas de déficit que tenemos en la actualidad en el régimen especial de trabajadores autónomos pueden venir causados por esa integración. Estamos hablando de 7.000 millones de déficit en el RETA, y yo he oído voces que afirman que
algunos de los problemas vienen por esa inclusión.


Por último, ha hablado de las mutuas y, aparte de mejorar los mecanismos de control de prestaciones, nos ha venido a decir que sería bueno que las mutuas tuvieran la capacidad de dar las altas ya no solo en las contingencias profesionales,
sino también en las contingencias comunes. Hemos oído que podría ser una posible solución y ahorraría bastante millones al sistema de Seguridad Social por el absentismo. No digo que lo haya dicho usted, sino que en la bibliografía sobre esta
materia podemos ver que se podrían ahorrar hasta 2.000 millones respecto al absentismo laboral. Al final las mutuas son empresarios y dejar

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en manos de los empresarios dar las altas o bajas de los trabajadores, ¿no cree que puede ser un poco peligroso?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Del Campo.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra doña Ester Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenos días y gracias a la compareciente por la información que nos ha dado. Desde Esquerra Republicana consideramos que las pensiones son transferencias monetarias con un alto grado de poder redistributivo.
¿Ustedes piensan lo mismo desde Cepyme, si realmente las pensiones tienen la capacidad de redistribuir la riqueza? En segundo lugar, usted nos ha hablado de nuevas vías de financiación del sistema de Seguridad Social por insuficiencia de las
cotizaciones. ¿Nos podría explicar cuáles serían esos otros sistemas de financiación? Usted nos ha dicho que las líneas de actuación del nuevo sistema de financiación de la Seguridad Social deberán ser la sostenibilidad, la equidad, la
proporcionalidad, pero no ha abundado en cuál sería ese otro sistema de financiación que deberíamos tener. En relación con la previsión social complementaria, se ha referido a los planes de pensiones de empresa y argumentaba una mejor fiscalidad.
Me gustaría que nos explicase en qué debería consistir el impulsó a la previsión social complementaria. Y en relación con el absentismo laboral, me preocupa que la presunción sea siempre de culpabilidad del trabajador. Yo entiendo que usted
representa a quien representa, pero quisiera apuntar que dentro del absentismo laboral deberíamos plantearnos si la salud laboral de los trabajadores en atención a las condiciones de trabajo y, por tanto, los planes de salud de las empresas son o no
los adecuados. Me gustaría que nos dijese si ustedes tienen esta previsión en mente.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra don Íñigo Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señora presidenta, señora directora de Relaciones Laborales de Cepyme, señorías. En primer lugar, como mis compañeros, quiero pedirles disculpas por llegar tarde, pues a todos nos ha sucedido más
de una cosa.


Agradezco tanto el contenido como el tono de su intervención, con la que coincido en gran parte. Hay alguna cuestión que ha comentado, pero de la que no se ha hablado demasiado, que son los planes de las entidades de previsión social
voluntaria y su carácter complementario del sistema, que me ha parecido tremendamente interesante. Y no voy a incidir demasiado sobre ello porque creo que lo ha tratado de forma correcta. Sin embargo, sí me gustaría que me ampliara algunas de las
propuestas que ha realizado, empezando por una que ha sido acertada y es la relativa a las bases de cotización de los trabajadores autónomos. Ha subrayado -y coincido con usted- la necesidad de converger entre las bases de cotización generales y
las bases de quienes están en el RETA. Mi pregunta es si ese régimen es soportable para aquellas entidades pequeñas y medianas que funcionan a través del régimen de autónomos.


En segundo lugar, en cuanto a la financiación ha planteado algo así como una especie de -permítame la expresión- principio de indemnidad, es decir, que el régimen de contribución suponga un régimen de aportación neta al sistema sin necesidad
de exclusiones, deducciones, beneficios, de tal manera que todo lo que hoy son exenciones, deducciones, bonificaciones, etcétera, vaya a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. Si esto es así como yo lo he entendido, entonces volvería a
formularle la pregunta de la cuestión anterior. ¿Esto supone que los Presupuestos Generales del Estado deberían hacer frente a las diferencias existentes entre las contribuciones de quienes lo hacen a través del RETA respecto de quienes las hacen a
través del régimen general, porque esas diferencias son importantes? Hace unos días la señora ministra de Empleo nos señalaba que el déficit en el régimen de autónomos supone para el sistema 7.000 millones de euros. Por tanto, ¿esas diferencias
deben ser a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado? Por lo demás, algunas de las preguntas que tenía para hacerle ya las han formulado mis compañeros y me basta con su respuesta. Vuelvo a agradecerle su intervención.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Van a intervenir los dos portavoces? (Denegación.) Tiene la palabra don Carles Campuzano.

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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Agradezco también la intervención de la compareciente a la que, efectivamente, hemos tenido oportunidad de escuchar en otras ocasiones en esta Comisión. Quiero plantearle algunas cuestiones que en mayor o menor medida han aparecido también
en las preguntas que le han formulado otros colegas. En primer lugar, sobre la reforma del RETA, esta semana, el próximo jueves, se va a crear dentro de la Comisión de Empleo, a propuesta de los grupos parlamentarios, una subcomisión que deberá
analizar específicamente las cuestiones vinculadas a los trabajadores autónomos en un sistema, el RETA, que genera insatisfacción entre este colectivo y, también, problemas desde el punto de vista de la financiación del conjunto del sistema. La
cuestión es si, desde la óptica de Cepyme, existe alguna propuesta elaborada en detalle que usted pueda trasladar a esta Comisión o a la subcomisión parlamentaria que se va a crear este jueves. Parece que hay un cierto consenso en que deberíamos
avanzar hacia un sistema de cotizaciones en el RETA vinculadas a los ingresos reales de los autónomos y con flexibilidad. Yo no sé si Cepyme comparte esta idea.


En segundo lugar, ha aparecido -y a ello hacía referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco- el papel que pueden jugar los sistemas complementarios en toda la política de pensiones. Desde el punto de vista de Cepyme, ¿qué ha fallado
en la negociación colectiva para que el sistema complementario tenga un desarrollo tan escaso? No hablamos de los planes privados individuales de pensiones, sino de aquellos que son fruto de los acuerdos entre los representantes de los trabajadores
y de los empresarios. Han tenido desarrollo en el sector público, han tenido desarrollo en determinadas grandes compañías, pero no se han extendido en el conjunto del tejido empresarial y menos en el que representa usted, en el tejido de las
pequeñas y medianas empresas.


En tercer lugar, usted también ha mencionado en algún momento la problemática de la economía sumergida. En este sentido, no sé si ustedes han valorado la posibilidad de incorporar al sistema español la experiencia francesa conocida como la
ley Borloo, que ha permitido desde la puesta en marcha de aquella legislación, cuando Borloo era ministro de Empleo, hacer emerger en Francia más de medio millón de empleos en el sector de servicios a las personas y promover un tejido de más de
60.000 empresas que ofrecen servicios en el hogar, desde el cuidado de personas dependientes con una dependencia moderada hasta la ayuda en la limpieza de la casa o pequeñas reparaciones en el hogar, con incentivos fiscales, reducción de las
cotizaciones sociales, etcétera. ¿Cree usted que en ese sector de servicios a las personas podemos ser capaces de crear empleo que permita generar nuevos ingresos al sistema de la Seguridad Social y reducir la economía sumergida? Y en cuarto
lugar, qué balance concreto hace usted de la nueva Ley de mutuas de accidentes de trabajo, que entró en vigor en muchos de sus aspectos el 1 de enero de este año 2016. Y finalmente, me gustaría saber si Cepyme tiene posición sobre una propuesta que
algunos grupos han puesto encima de la mesa, como es el incremento de las bases máximas de cotización.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José María Barrios.


El señor BARRIOS TEJERO: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer a doña Teresa Díaz y a Cepyme esta intervención. Nosotros consideramos, y creo que lo compartimos con todos, que estamos tratando uno de los principales retos de hoy día en nuestra sociedad: la solidaridad
intergeneracional. Como muy bien se ha dicho aquí, uno de los problemas que tenemos de cara a las pensiones -aunque es una alegría para todos- es el aumento de la esperanza de vida y, por eso, tenemos que reformar el sistema. Creemos que tiene que
ser un gran proyecto común y, también, la ponente ha dicho que tiene que ser con el mayor consenso posible, por lo tanto, coincidimos en eso y en otras muchas cosas. Este tiene que ser un nuevo enfoque adaptado lógicamente a las necesidades
actuales pero, sobre todo, a las necesidades futuras. Bien es cierto que adivinar el futuro no es fácil, pero sí tenemos datos con los que podemos ver por dónde puede ir nuestra esperanza de vida, por ejemplo, la creación de empleo. Por tanto,
siempre hemos planteado desde el Partido Popular que invertir en nuestros mayores es apuntalar nuestro futuro. Estamos viendo cómo cada vez son más las pensiones, en estos momentos son en número redondos 9.300.000 que se pagan mes a mes, 400.000
pensiones más que en el año 2011, y tenemos que pensar que va a seguir este incremento. Además, son pensiones cada vez de mayor cuantía, la media de las pensiones actuales ya supera los 1.000 euros, como también ha dicho nuestra ponente. Respecto
a la previsión de que las pensiones futuras van a bajar un 30 % o un 40 %, no estamos de acuerdo porque, en todo caso, serían expectativas

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de pensiones que ni suben ni bajan porque son simplemente expectativas. Nosotros creemos que hay que trabajar para garantizar la sostenibilidad del sistema. En nuestro programa electoral, uno de los apartados referentes a las pensiones
establecía lo siguiente: seguiremos favoreciendo la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, revisando los incentivos para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo, y promoveremos una
mayor compatibilidad entre percepción de pensión y percepción de salario por actividad laboral. Eso se tradujo después en el pacto con Ciudadanos que decía exactamente: 'Compatibilizar la prestación del cien por cien de la pensión de jubilación
con el desarrollo de la actividad laboral y profesional, ya sea esta por cuenta propia o cuenta ajena'. Ya sabemos que esto afecta, sobre todo, a los autónomos, pero también puede afectar a trabajadores de la pequeña y mediana empresa, a la que
usted representa hoy aquí. Por tanto, nos gustaría saber cómo puede influir en las empresas que usted representa esta medida, que los trabajadores puedan cobrar el cien por cien de la pensión y, a la vez, seguir trabajando, y si tiene hecha ya
alguna valoración de la medida que se puso en marcha, en la cual cobraban el 50 % de la pensión y podían seguir trabajando.


Además, quería hacerle alguna otra pregunta. Con respecto al número de años que se cotizan para tener derecho a la pensión se ha ido aumentando a lo largo del tiempo y en 2027 serán esos 38 años con 6 meses a los que hacía referencia. Nos
había hablado de que esto habría que revisarlo y quizás adelantar en el tiempo estas medidas. Desde su punto de vista, ¿esas medidas serían suficientes o habría que seguir ampliando esos años de cotización o cómo ve este tema? Aquí se ha
preguntado también por los topes máximos de cotización. Yo sé que esa es una propuesta que han hecho los sindicatos y queríamos saber cómo la valora Cepyme y cómo valora el aumento de cotización por parte de los autónomos. Es verdad que están
convergiendo las prestaciones, pero quizá no estén convergiendo las cotizaciones. Quería saber, dentro de su formación, cómo valoraría una medida de este tipo.


Para terminar, hay otros asuntos a los que se refería. Decía que la cantidad de pensión que cobramos debería aproximarse a la cantidad que hemos cotizado. Me ha parecido entender eso. ¿Esto cómo se haría? ¿Se haría con el sistema
austríaco o con otro sistema similar? ¿Qué plantean ustedes para que un pensionista pueda cobrar aproximadamente lo que ha cotizado durante su vida?


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Barrios.


Pasamos ahora a la intervención de la compareciente, que tiene la palabra.


La señora DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Díaz de Terán López): Muchas gracias.


En primer lugar, quería responder a la representante del Grupo Socialista, señora Perea. El análisis que hemos hecho al principio sobre la crisis es compartido. No me he referido a la reforma de 2013 en mi intervención por un olvido. No
he hecho un análisis de todas las reformas, sino que me he referido a la última en la que participamos porque fue a través de un acuerdo que firmamos con los interlocutores sociales y quería poner el acento en ello. Además, de la reforma que dio
lugar a la Ley de pensiones, también he querido resaltar el papel y la participación de interlocutores sociales en este tipo de acuerdos, porque son buenos para el sistema. Quería incidir más en el acuerdo en sí, que en la propia Ley 27/2011.
Estamos conformes con muchas de las medidas que se establecían en ley de 2013 porque son consecuencia del año 2011, lo que ocurre es que no se hizo con el consenso suficiente, creo que todos ustedes lo recordarán. Las medidas son más efectivas si
se hacen con el mayor consenso posible. Esas medidas venían de un acuerdo y hubiera sido bueno que ese acuerdo se hubiese podido mantener.


En relación con la previsión de crecimiento económico que se ha hecho, cuando ha hablado de desigualdades y de la reducción de la pobreza laboral, es verdad que sigue siendo buena, pero también lo es que se está ralentizando. Estamos en
buenas condiciones, la economía sigue manteniendo ritmos de crecimiento, pero lo que nos están diciendo ya todos los informes es que hay una cierta desaceleración. Con esto no quiero decir más que lo que digo. Estoy hablando de desaceleración -no
que no vaya a haber crecimiento económico- porque también es un factor a tener en cuenta en todas las medidas que adoptamos.


Cuando hablamos del sistema público de pensiones y su reforma, del refuerzo de la contributividad o de si hay que adelantar o no las medidas de 2011, no estamos abogando por un incremento de las desigualdades. El sistema público de
pensiones es un elemento de cohesión de la sociedad y como tal lo defendemos. Es más -y con esto me adelanto a algunas preguntas-, tiene un componente de solidaridad con el que también estamos de acuerdo; no todo es contribuir y recibir. También
es verdad que los números

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no salen y que el actual sistema descansa en exceso en una única vía de financiación que son las cotizaciones empresariales. Eso tiene que ver luego con el empleo y con costes, es decir, tiene muchas consecuencias para los ciudadanos a la
hora de la actividad económica y de la generación de empleo en ese sentido.


Pobreza laboral. ¿Cómo no vamos a estar en contra de la pobreza laboral? Los empresarios cuando abren la puerta de su tienda o de su pequeño comercio están intentando mantener una actividad económica que genere riqueza para ellos y para
sus empleados. ¿Como consecuencia de la crisis habrá que hacer alguna reforma? Eso es evidente. Hay que luchar contra la temporalidad, nosotros creemos que hay un exceso de temporalidad. Hay una dualidad: unos trabajadores están muy protegidos
y otros lo están algo menos. Estamos luchando contra ello, pero la forma de luchar no es ir solo contra los contratos temporales. Los contratos temporales tienen una función que cumplir con garantía de derechos, no a cualquier precio. Esa
contratación responde a una actividad económica y en eso se tiene que quedar la actividad temporal, tiene que responder a una actividad económica. Todo lo que no sea así, como el exceso o el fraude de la contratación tenemos que ir en contra de
ello. Nosotros somos los primeros que creemos que hay que luchar -para que no paguen justos por pecadores, por decirlo de esa manera- contra el exceso o fraude en la contratación temporal que denuncian sindicatos y otras organizaciones y que
nosotros mismos también denunciamos.


En cuanto al factor de sostenibilidad y de los ítems cuando hablo de la Ley 27/2011 me refería no solo al factor sostenibilidad, aunque por supuesto creemos que es un punto importante que hay que analizar. Cuando hablaba de adelantar los
factores paramétricos de alguna de las medidas, me estoy refiriendo a analizar las consecuencias que puedan suponer el adelanto de esos parámetros, para ver si es viable o no lo es. Hay que analizarlo porque una de las vías que creemos que puede
ser efectiva -habrá que hacer los números-, como adelantar esos periodos transitorios que van desde 2013 hasta 2027, habrá que ver qué consecuencias puede tener. Hasta el momento nosotros no lo tenemos hecho, pero creemos que sí que habrá que
analizarlo. Habrá que hablar con los actuarios, aunque nuestro papel ahí va a ser menor. Nosotros queremos que cuando intervengan otros expertos en la Comisión del Pacto de Toledo puedan analizar estos datos, porque pueden beneficiar a la
sostenibilidad del sistema, o por lo menos podamos ver qué consecuencias tiene ese planteamiento que nosotros creemos que puede ser efectivo, pero que todavía no lo tenemos valorado.


Se ha referido cuando hablaba del complemento de maternidad a la desigualdad, al desequilibrio y a la brecha salarial. En mi intervención cuando he hablado del complemento de pensiones por maternidad, no digo que no haya que incentivar esas
políticas de natalidad mediante, por ejemplo, un incentivo a la natalidad, porque son políticas de familia. Ahí no estamos hablando de discriminación ni de consecuencias de mejores o peores pensiones, sino de incentivar una de las políticas que
pueden ayudar en el futuro a incrementar la natalidad como es un complemento por maternidad, que no tiene por qué estar incrustado dentro de las cotizaciones sociales, que pagan empresarios y trabajadores y que en principio deberían ir a financiar
las pensiones de naturaleza contributiva. Desde nuestro punto de vista esto es política de apoyo a la familia, que además tiene que hacerse.


Me refiero -he ido muy deprisa en muchas de ellas- al impulso de la previsión, a adelantar medidas de 2011, a reforzar la contributividad y a la separación de fuentes porque todas ellas tienen consecuencias económicas. Si queremos de verdad
garantizar la sostenibilidad es necesario analizar cómo ha ido desarrollándose el sistema y qué gastos tienen que ser pagados con contribuciones sociales, pero no para no tener un sistema público de pensiones, sino para garantizar la sostenibilidad
y reordenar el sistema para que este sea más efectivo y más eficiente. No sé si me he dejado algún tema. El señor Montero se ha referido a otros ámbitos excluidos en mi intervención. Es verdad que ha sido un olvido, por hacer mi intervención
rápida la he hecho excesivamente rápida.


Impuesto sobre el empleo. Las cotizaciones sociales que pagamos empresarios y trabajadores, y que estamos encantados de hacerlo porque creemos que hay que pagarlas, no tienen que ser la base de financiación del sistema. Por eso hablo del
impuesto porque al final cuando se hace una nómina es un coste que hay que tener en cuenta. Del 38,62 % de cotizaciones que se pagan en total, el 32 % son cotizaciones empresariales y el 6,35 % son cotizaciones. Esto lo podemos llamar, quizás de
manera poco acertada, impuesto al empleo porque yo creo que es un impuesto al empleo, en el sentido de que a la hora de generar empleo tienes que contar con que tienes que pagar esto. Pero no nos quedemos en palabras, lo podemos llamar también
cotizaciones sociales. Además, me estaba refiriendo a las consecuencias de esas cotizaciones porque cuando contratas una persona y pagas una nómina tienes que hacer los cálculos

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de lo que va a costar eso. Por supuesto que hay que pagar cotizaciones, de eso no cabe la menor duda. Estamos pagando cotizaciones para contingencias comunes, para el desempleo, para el Fondo de garantía salarial, para la formación, para
contingencias profesionales, etcétera. Todo eso cuesta y estamos pagando en torno al 38 %, 36 % y 6 %, por redondear. Por eso me refería al impuesto al empleo.


No estoy planteando con el adelanto de alguna de las medidas de 2011 un recorte de las pensiones; estoy analizando -repito- qué consecuencias tiene adelantar esos periodos transitorios o parámetros tal y como están las cuentas de la
Seguridad Social y el sistema público de pensiones. Habrá que analizar qué consecuencias tiene, si es o no posible, si eso provocará o no pensiones mucho más reducidas. Eso hay que analizarlo a través de expertos. No planteo que haya que reducir
las pensiones, pero yo creo -esto ya es una percepción mía porque como directora del departamento laboral no soy experta en pensiones ni actuaria, pero sí que toco muchos ámbitos- que los números no salen y que las pensiones que se están pagando
ahora y que tenemos la suerte de poder financiar no van a ser posibles el día de mañana, sobre todo, para las altas. Si no reformamos el sistema público de pensiones, los números no salen. Aquí hay algunos que pagan mucho, pero un 80 % del
presupuesto de la Seguridad Social se financia por cotizaciones sociales y sigue aumentando la cuantía de las pensiones y el número de pensionistas, porque aumenta la esperanza de vida, y además se incrementan las pensiones con complementos como las
políticas de ayuda a la familia u otro tipo de medidas. Todas estas medidas están muy bien, pero se pagan con cotizaciones sociales, es decir, las pagan los empresarios y trabajadores. A esos ámbitos me estaba refiriendo.


No me he referido a la calidad del empleo, mi intervención se ha referido a temas de políticas de Seguridad Social y a poner en evidencia déficits y números, porque creo que es lo que interesaba en esta Comisión. Este es el planteamiento de
mi intervención. No he hablado de calidad de empleo pero, por supuesto, nosotros estamos a favor de un empleo de calidad. En el Acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC) que firmamos con sindicatos en 2012 hablábamos de la calidad en
el empleo, por supuesto que sí. Me dice que los contratos que se están haciendo no tienen la misma calidad que los trabajadores indefinidos, pues habrá que analizar dónde está habiendo fraude en esos contratos. Las indemnizaciones de la
contratación temporal, más allá de lo que dicen algunas sentencias, son las mismas que las de los contratos indefinidos, depende de que sea procedente o improcedente. Igual hay que reordenar todo este tema, pero yo creo que...


La señora PRESIDENTA: Permítame un segundo.


Yo sé que hay una cierta predisposición del señor Montero por hablar de estos temas, puesto que es presidente de la Comisión de Empleo. Pero yo le sugiero que no debatamos sobre la calidad de empleo en la Comisión del Pacto de Toledo,
porque si así lo hacemos nos desviamos del tema y desvirtuamos esta Comisión. Me quiero referir a ello, porque me parece que va a intervenir mucho en esta Comisión. Abramos un debate sobre la calidad de empleo en la Comisión de Empleo, pero aquí
ciñámonos al tema de la Seguridad Social. (Rumores.-El señor Montero Soler: ¿Me permite?) A usted le permito casi todo.


El señor MONTERO SOLER: Pues me alegro.


Señora presidenta, intervendré mucho o poco en función de lo que sea necesario. Yo he hecho una serie de preguntas sobre aspectos relacionados con los ingresos a la Seguridad Social y curiosamente las cotizaciones a la Seguridad Social
están vinculadas con el salario y la calidad del empleo. Si ahora no voy a poder preguntar sobre lo que me apetezca en la comparecencia, es que no sé en lo que estamos. No creo que haya violentado en ningún momento a la compareciente con relación
a las preguntas que le he hecho.


La señora PRESIDENTA: Señor Montero, yo no estoy hablando de violación de nada, ni de sus derechos ni de los de ella.


El señor MONTERO SOLER: He dicho violentado, no he dicho violación. (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Señor Montero, le estoy diciendo que aquí estamos hablando de pensiones.


El señor MONTERO SOLER: Sí, ¿y qué tiene que ver?

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La señora PRESIDENTA: Si no le importa, yo entiendo como presidenta de esta Comisión, como usted entiende como presidente de la Comisión de Empleo, determinadas cuestiones. Le estoy diciendo que vamos a hablar de pensiones. Son las once
menos dos minutos y todos los portavoces de esta Comisión se tienen que ir a las doce menos diez, lo único que estoy pidiendo es un poquito de concreción. El debate -insisto- sobre si el empleo temporal o el empleo a tiempo completo son de una
forma o de otra, si no le importa, lo traslada a su Comisión de Empleo.


El señor MONTERO SOLER: Pero si yo he sido muy concreto. (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Se ha acabado la conversación, señor Montero. (Rumores.-Un señor diputado: Esto es tremendo.)


Continúe, señora Díaz de Terán.


La señora DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Díaz de Terán López): En relación con las cuestiones planteadas respecto al absentismo y mutuas yo proponía una reforma
global. Cuando hablo de absentismo no estoy hablando solo de absentismo injustificado, aunque también se define por el régimen de la Seguridad Social, porque un permiso médico también es absentismo. Simplemente he dado un dato, aunque si quiere le
puedo aportar más datos cuando terminemos. Las prestaciones por incapacidad temporal están aumentando en este último año, creo que ha sido alrededor de un 15% en interanual y esto es lo que hay que analizar. Cuando solicito que se adopte alguna
medida para que las mutuas puedan dar el alta, son medidas muy estudiadas que venimos demandando hace tiempo y quiero poner en valor de todos ustedes que las mutuas tienen profesionales médicos. Los empresarios no son quienes dan el alta, sino los
médicos profesionales que trabajan en las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, como los que puede haber en la Función pública, y responden a un código ético y deontológico. Yo no conozco a un médico que dé el alta sin tener que darla.
Además, si se quiere se pueden introducir ciertas cautelas a esta alta dada por un médico de una mutua colaboradora, pero no tenemos por qué poner en duda la profesionalidad de estos médicos que trabajan en las mutuas porque son profesionales
médicos y responden al código deontológico.


Consenso. La verdad es que no entiendo los apuntes que he tomado, pero me los voy a saltar porque leo algo de condiciones laborales, aunque me va a regañar la presidenta de la Comisión. (Risas.) Yo he intentado hacer un planteamiento de
que los números no dan y que hay que tocar una serie de pilares. Hay que reordenar todo porque en este tiempo ha habido complementos y políticas sociales que se están pagando con contribuciones. Sería una ayuda muy importante al sistema si se
reordenara y la política social se financiara vía impuestos por imposición general directa, porque así pagaríamos todos los ciudadanos a través de los Presupuestos Generales del Estado. Tenemos que pagar todos, no vale la solidaridad solo de un
grupo.


El señor Campuzano me ha preguntado por el RETA. Yo me he referido a que había que reordenar todo el sistema y he hecho dos planteamientos. El primero, se refiere a que había que aunar esfuerzos contributivos del régimen general y RETA
-luego entraré en ello-, y segundo, al sistema especial de trabajadores agrarios que están incluidos en el régimen general. Cuando digo que hay que analizar este tema es porque las cotizaciones que pagan esos trabajadores agrarios incluidos en el
régimen general son inferiores, ya que están entre el 15,5% y el 1 %. La diferencia de hasta el 23 % de cotización que hay que pagar en el régimen general, la está pagando la Seguridad Social porque hay que pagarla. Que no paguen los trabajadores
agrarios incluidos en el sistema, no quiere decir que no se pague. Esa es una cotización a la Seguridad Social que está financiándose con presupuestos de cotizaciones y hay que pagarla. Hay que reordenar esas cotizaciones, a eso me refería. No
decía que no hubiera que pagarlas, sino que en el sistema especial agrario el dinero hay sacarlo de otra vía. Hay que reordenar esos complementos o reducciones de cotización que se están pagando, para que no se paguen por los interesados.


En relación con el empleo de calidad, no voy a entrar otra vez en ese tema. La lucha contra la economía irregular y el fraude a la contratación es una herramienta más. En este momento estamos trabajando en los planes del reforzamiento de
la Inspección de Trabajo con la Seguridad Social a través del Observatorio de lucha contra la economía sumergida. Estamos analizando qué medidas se pueden implementar en este ámbito porque es una competencia absolutamente desleal que haya
empresarios que no estén dentro de los cauces legales y no estén cotizando a la Seguridad Social. Esto supone un

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fraude con el que nosotros no podemos estar de acuerdo. Más allá de la denuncia y del estudio a través del observatorio en el que estamos participando en este momento, no tenemos medidas en concreto. También se dice que las tarifas planas
pueden ser una vía para hacer aflorar la economía sumergida, en el sentido de que se vea más fácilmente que pueden pagar los 50 euros y no los 266 euros que están pagando ahora. En todo caso, eso también habría que reordenarlo dentro del sistema
público de la Seguridad Social. Esa reducción -insisto- también hay que pagarla y complementarla por la Seguridad Social; eso al final hay que pagarlo y sigue saliendo de las cotizaciones sociales. Esto era en cuanto al sistema especial agrario.


Mutuas colaboradoras, dar el alta, incapacidad temporal por contingencias comunes. Repito un poco lo que acabo de decir. No podemos cuestionar a los profesionales médicos; desde luego, yo no lo voy a hacer. Si estamos pidiendo el alta
por las mutuas colaboradoras, no son altas que tengan que dar los empresarios sino los médicos profesionales en función de unos procesos y con las garantías debidas. Sin embargo, sí creemos que puede ser una medida eficiente a la hora de gestionar
la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes.


En relación con las medidas del RETA y el adelanto de los parámetros, hay que hacer los números. En este momento no se los puedo adelantar, pero el esfuerzo de cotización que se hace en el régimen general no es correlativo con el que se
hace con el régimen de autónomos, que tiene otras peculiaridades y que tiene otros problemas. El autoempleo y los incrementos en el RETA tienen que financiarse por este régimen de Seguridad Social e incentivarse en la medida de lo posible, pero hay
que hacer números porque insisto una vez más: no puede salir todo de las cotizaciones sociales. Los esfuerzos contributivos tienen que producirse y tienen que ser proporcionales. En el régimen general están encuadrados la mayoría de los
trabajadores, pero tienen que ir convergiendo en ese esfuerzo otros regímenes de la Seguridad Social.


La señora Capella me ha preguntado si considerábamos que las cotizaciones sociales eran transferencias monetarias o si eran redistributivas. Las cotizaciones sociales que financian gran parte del sistema público de pensiones son
transferencias, es decir, no estás cotizando para luego recibir. Ahora no les voy a explicar el sistema público de reparto, pero estás cotizando para pagar las pensiones de nuestras pensionistas, con la esperanza de que reforzando la
contributividad y la proporcionalidad de esas cotizaciones y de esos regímenes de Seguridad Social el día de mañana nuestro esfuerzo de cotización se vea compensado. Por eso decía que había medidas que tenían que ir reforzando esa contributividad.


Respecto a los planes de pensiones, he hablado de incentivar e impulsar ese pilar social complementario. En España creo que tanto los planes de empleo, a los que luego me referiré, como los planes de pensiones privados no se han
desarrollado como en otros países de nuestro entorno porque no ha habido una legislación estable que incentivara y que diera seguridad a los ciudadanos a la hora de hacer los planes de pensiones. Ha habido una legislación muy cambiante y a la hora
de hacer la previsión social la gente no puede actuar de forma segura. Además, con estos últimos años de crisis -que han sido unos cuantos- no era el momento adecuado. Recuerdo que nos reunimos en varias ocasiones con la Dirección General de
Seguros a ver cómo lo podíamos hacer, pero no era el momento adecuado para hacer una previsión o poder modificar una ley de planes de pensiones privados. Era un momento en el que ni las empresas ni los ciudadanos podían acometer ese esfuerzo. Por
eso digo que ahora que se está hablando de reformar el sistema público de pensiones uno de los pilares que se puede mirar como complemento sería reforzar e impulsar un sistema complementario de pensiones. No digo que haya que dejar todo en sus
manos, sino que hay que fortalecer e impulsar un sistema complementario de pensiones, porque -repito- está en relación con los países de nuestro entorno, pero en el nuestro no está nada desarrollado. Me ha hablado también de salud laboral, de
prevención de riesgos laborales. Estamos cotizando por contingencias profesionales con la esperanza -bueno, es la realidad- de que las empresas sigan haciendo prevención de riesgos laborales.


El señor Barandiaran estaba de acuerdo con gran parte de mi intervención, por lo cual no voy a insistir. Cuando yo hablaba del impulso de previsión social, no quería decir que todo tenga que girar en torno a la previsión, pero sí sería un
pilar muy importante aprovechar este momento para impulsar la previsión social complementaria.


En relación con las bases de autónomos, no tenemos hechos los números, aunque sí tenemos los datos y estamos estudiando -porque ahora se abre una etapa importante- cómo pueden ir convergiendo los regímenes, también en esfuerzo de cotización.
El acuerdo de 2011 es una de las medidas que está sin

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realizar y puede ser el momento de estudiar si puede llevarse a cabo el hecho de que las bases medias de régimen general y el RETA puedan ir convergiendo.


En cuanto a las bonificaciones y las políticas activas de empleo, estas han de financiarse vía impuestos generales -como ya he dicho en varias ocasiones- y es otra de las patas que hay que tocar. Hay que reordenar el sistema, es
fundamental.


En cuanto a las reformas del RETA, plantearemos estudiar en esta Comisión, si les parece, todas aquellas medidas que puedan ser interesantes a la hora de reformar el régimen especial de autónomos en relación con la ley de autónomos que se ha
propuesto, pero las cuestiones del RETA las plantearemos más adelante. Por ahora, más allá de los números que ya han repetido la ministra y otros expertos, entendemos que hay que ir convergiendo en esfuerzos, analizar si se puede, si ha llegado el
momento. Se está creando empleo y se están creando empresas, siete de cada diez puestos de trabajo provienen de pequeñas y medianas empresas, y casi todas ellas corresponden al régimen de autónomos. Efectivamente, hay que ir estudiándolo.


Con referencia al papel del sistema complementario de pensiones, en cuanto a los planes privados hay que tener una legislación estable y que impulse una fiscalidad, de modo que las personas que puedan tenerlos sepan a qué atenerse, pero, con
relación a los planes de pensiones de empleo, estos no se han desarrollado, es decir, si los planes de pensiones privados están poco desarrollados, los de empleo prácticamente no lo están nada, han tenido muchos obstáculos. Es un instrumento que
conlleva bastantes trabas burocráticas, puesto que han de gestionarlos las pequeñas empresas y es un elemento más de coste, por no hablar de la aportación que hacen las empresas a esos planes de pensiones de empleo. Insisto en que, cuando se
planteó el impulso a estos planes de pensiones de empleo en la Dirección General de Seguros con parte de la Administración -estaban sindicatos y patronal-, todos convenimos en que no era el momento de abordar esta cuestión, porque no era posible
hacer el esfuerzo, pero en el momento en que se pueda hacer, los planes de pensiones privados de empleo han de ser sencillos de gestionar, para que se puedan implantar en las pymes y tengan una fiscalidad que pueda resultar interesante a la hora de
hacer aportaciones, porque estamos hablando de aportaciones de empresarios y de trabajadores, de las dos patas, pero también de empresarios, y por eso son planes de pensiones de empleo. Y en cuanto a los gastos que genera todo el sistema, por el
momento las pequeñas empresas no han podido soportarlo ni generarlo. Hay comisiones de control con muchísima burocracia, hay que gestionar mucho papel y dedicar a ello muchas personas, y eso está fuera del ámbito sobre todo de los más pequeños.
Habría que hacer otro tipo de planes de pensiones de empleo, que, lógicamente, todavía están por desarrollarse.


Me preguntaban también por los topes máximos, cómo lo valora Cepyme. Si hablamos de destopar las pensiones máximas, estamos hablando de recibir también la pensión máxima. Todo esto -insisto una vez más- se paga con las cotizaciones
empresariales, lo que va a suponer un aumento del coste. ¿Estamos en situación de soportar este incremento si no reordenamos el sistema? Hay que analizar este aspecto. Yo creo que no, es un coste muy importante para las empresas. En todo caso,
si destopamos pensiones máximas, manteniendo un sistema contributivo y proporcional como el que hemos tenido hasta ahora -otra cosa es que cambiemos el modelo-, también tenemos que destopar las pensiones de jubilación, porque -insisto- se trata de
reforzar la contributividad, si es este el sistema que queremos, un sistema proporcional, contributivo, solidario, de reparto. Y yo estoy hablando de este sistema, para hacerlo viable.


Señor Barrios, efectivamente, con más de 9 millones de pensiones, tenemos que poner el enfoque en muchos campos y tendremos que tocar muchos palos del sistema para que pueda seguir siendo sostenible, para poder garantizar la sostenibilidad
del sistema.


Con relación a la prolongación de la vida laboral voluntaria más allá de la edad de jubilación, tengo mis dudas. Me parece una medida acertada y además ya está implantada. Creo que es el 50 % de la pensión a partir de los 65 años que se
puede compatibilizar con otro trabajo, pero no el cien por cien, como se plantea. El cien por cien lo veo más complicado, porque puede tener consecuencias problemáticas. Es decir, hay que pagarlo. Si uno está pagando una cotización a la Seguridad
Social y cobrando el cien por cien de la pensión de jubilación, ¿qué naturaleza tiene esa pensión? Se supone que es una sustitución de rentas. Yo no lo veo en este sistema; sí incentivando parte, es decir, que se pueda seguir trabajando y
cobrando parte de la pensión de jubilación. Pero tenemos que dar entrada en el mercado de trabajo a muchos jóvenes que están llamando a la puerta y eso pondría problemas para esa entrada de jóvenes. Por tanto, no veo que el cien por cien de la
pensión por jubilación sea compatible con un trabajo. Creo que

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puede traer consecuencias problemáticas con referencia a la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes y en cuanto a la naturaleza de las pensiones, como sustitución de rentas del trabajo.


Creo que en la intervención que he realizado me he referido a todas las medidas en las que nosotros entendemos que se puede incidir, en la reordenación de las políticas activas, de los gastos que deben financiarse en las cotizaciones, de
sacar de las prestaciones de naturaleza contributiva aquellas que son de naturaleza social, de reordenar el sistema de bonificaciones -como ya se ha dicho por parte de la señora ministra-, de impulsar otros sistemas complementarios, mejorar la
gestión de las prestaciones en colaboración con las mutuas, ahondar en la reforma de 2011. Desde nuestro punto de vista, todas estas medidas van a hacer posible un sistema público de pensiones garantizado en el tiempo y financiado con cotizaciones
empresariales y otras vías de financiación que se están planteando vía imposición general.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.


Vamos a abrir un turno muy breve para formular preguntas muy concretas.


Tiene la palabra la señora Perea.


La señora PEREA I CONILLAS: Muy brevemente, señora presidenta.


Si antes vinculaba desigualdad y el estudio de la reforma de las pensiones es porque aquí estábamos hablando de macros, de un incremento de un 3 % y de que vamos a un 2,7 %, y usted ha dicho que nos vamos a ralentizar en el crecimiento
económico. Yo planteo por qué no hablamos de macros y de micros, y micros son cada uno de los 9,5 millones de pensionistas que tenemos y pensiones para las que, aplicándolas la reforma de 2013, va a haber una pérdida de poder adquisitivo de un 30 %
en 2050. Usted ha dicho que han de hacerse unos estudios y yo le digo que ya están hechos. Usted plantea revisar el sistema de pensiones teniendo en cuenta el mayor envejecimiento y una mayor esperanza de vida, pero esto ya se estudió en 2011. De
hecho, el Fondo de reserva estaba previsto para el momento en que hubiera una mayor esperanza de vida y un incremento del envejecimiento. Si lo he entendido bien, en su opinión, no es que se tengan que recortar las pensiones, sino que debemos
reordenar el gasto. Por tanto, lo que me está diciendo es que aquello que se hizo en 2011 o en 2013 -que fue avanzar en el factor de sostenibilidad y el IRP- lo está poniendo en cuestión, o sea, vamos a abrir ese debate. Si las pensiones no se
recortan, porque ese es el principio general, porque estamos hablando del principio de contributividad, de solidaridad, de reparto, de equidad, de suficiencia -aspecto que no hemos señalado-, si hemos de estudiar cómo afectará el factor de
sostenibilidad y el IRP a corto o medio plazo, hablamos de poner en cuestión ese índice.


Por otra parte, usted ha dicho que no hablamos de recortar pero sí de hacer viables las pensiones. Cuando usted habla de sostenibilidad, ¿se está refiriendo a la suficiencia de esas pensiones? Es decir, ¿estamos hablando de equidad?
Evidentemente, los números no aguantan. Tendríamos que hablar de por qué tenemos un déficit de cierre de 19.000 millones de euros. Tendríamos que hablar de ese déficit y del equilibrio financiero a corto plazo. En definitiva, a lo que me vengo a
referir es a que todo no puede ser, pero, si tampoco recortamos las pensiones, reordenando -porque es verdad que tenemos una bajada considerable en ese déficit y destopando de forma limitada probablemente podríamos lograr algo más-, ¿qué más
tendríamos que hacer? Habríamos de cuestionar un factor de sostenibilidad y un IRP basado en unos parámetros de inseguridad, porque, por ejemplo, ahora ya, en 2019, cuando empezarán a calcularse las pensiones, las personas que entren en la
jubilación no sabrán qué pensión tendrán. Es decir, lo que le planteo es: ¿Usted está cuestionando el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013?


Por otra parte, no me he contestado nada acerca de la brecha salarial de género.


Discrepando de la presidenta, sin que sirva de precedente, evidentemente, el incremento de las bases de cotización y del salario mínimo interprofesional mejoran las entradas en las cotizaciones de la Seguridad Social, con lo cual tenemos que
hablar de empleo de calidad.


Finalmente, no descarte, señora Díaz, que la volvamos a citar para una nueva comparecencia, si a usted le parece bien.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Por supuesto que se producirá esa comparecencia si los grupos lo consideran necesario.


Tiene la palabra el señor Montero.

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El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señora presidenta.


Sinceramente, me resulta bastante complicado que se cuestione que se pueda hablar de empleo de calidad, cuando la ministra el otro día hizo una presentación hablando de ello, y, al mismo tiempo, que se desvinculen radicalmente los ingresos y
las condiciones de los ingresos del gasto. Creo que la pregunta que formulé a la compareciente no está fuera del entorno de esta cuestión, creo que en la Comisión de Empleo también se habla de pensiones...


La señora PRESIDENTA: ¿Va usted a hacer alguna pregunta a la compareciente? Si quiere, después hablamos usted y yo todo lo que haga falta sobre el empleo de calidad. Ahora vamos a preguntar a la compareciente, por favor, señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Muy bien, le pregunto: ¿No cree que es una contradicción plantear la necesidad de que el sistema sea crecientemente contributivo, resaltar el esfuerzo de los empresarios en el sistema con las cotizaciones y, al
mismo tiempo, pretender que ese sistema garantice unas condiciones de vida digna para los pensionistas?


Segunda consideración. La evaluación del coste de la reforma de 2011 ya está hecha, no hacen falta más expertos -se lo he dicho-. Funcas tiene un informe -no es una cuestión de fe, de si se cree o no se cree, sino simplemente de
matemáticas actuariales- que estima el coste de la reforma de 2011 en un 20 %. Adelantar la entrada en vigor simplemente supone adelantar el recorte en las pensiones.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montero.


¿El señor Del Campo quiere intervenir?


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Por completar, porque, volviendo a lo que hablábamos antes, usted se refirió a cuando se integró a los trabajadores agrarios por cuenta ajena en el régimen general, pero yo le preguntaba por la introducción de los
trabajadores agrarios por cuenta propia en el RETA, porque se está hablando de que gran parte del déficit del régimen especial de trabajadores autónomos viene originado por lo mismo que usted ha indicado del régimen general, porque las cotizaciones
son mucho más bajas. Por tanto, supongo que, por lo que me ha contestado antes, me responderá lo mismo pero con respecto al régimen especial, que probablemente haya que financiarlo a través de los Presupuestos Generales del Estado.


Me ponía cara de no entenderme cuando le he dicho que creo que se ha referido usted a sacar de la financiación a través de cotizaciones los gastos operativos del sistema, es decir, considerando la literatura sobre el tema, esta es una de las
opciones, en torno a unos 2.000 millones de euros, y podría ser una solución, como ocurre con otras agencias, como la Agencia Tributaria; en este caso, con la posibilidad de avanzar hacia una agencia de Seguridad Social o algo parecido.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Tiene la palabra el señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias.


Únicamente para precisar una cuestión. Ha hecho usted mención en su intervención del papel de las entidades complementarias de previsión, a la importancia que pueden tener. ¿Cree usted que deben formar parte del sistema? En su respuesta,
ha hablado antes del destopaje de cotizaciones y, a su vez, de las consecuencias que pueda tener sobre los salarios. ¿Hasta qué punto cree usted que la presencia de esas entidades colaborativas de previsión es necesaria o que pueden formar parte
del propio sistema? En su caso, ¿debe suponer políticas fiscales determinadas que lo puedan favorecer?


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Se ha referido usted de pasada a una cuestión que no es menor y a la que quiero dar valor. Ha hecho usted una defensa de la reforma de 2011 porque fue fruto del acuerdo entre las redes empresariales y las

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relaciones sindicales, lo que diferencia esa reforma, efectivamente, de la reforma de 2013, que fue fruto de un acuerdo, en exclusiva, del Partido Popular, del Gobierno anterior. Y creo que es un mensaje muy claro el que usted traslada a
esta Cámara, que responde al espíritu del Pacto de Toledo, y es que las reformas, para ser útiles y sostenibles en el tiempo, necesitan también del acuerdo social y de acuerdos parlamentarios amplios. Tomamos nota de su comentario, porque en
términos políticos no es menor lo que usted nos ha trasladado.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campuzano.


Tiene la palabra el señor Barrios.


El señor BARRIOS TEJERO: Gracias.


Solo intervengo para ver si podemos profundizar en uno de los temas que ha tratado. Nos decía usted que lo razonable sería computar toda la vida laboral para calcular la pensión y que sería deseable que lo que se cobrara de pensión, a fin
de cuentas, fuera el equivalente a lo que se hubiera cotizado, y creo que eso estaría muy bien si hoy echáramos a andar en un sistema. Pero nos encontramos con que en nuestro sistema actual estamos pagando pensiones que cotizaron diez años y se
cobra el cien por cien, que la base de cotización se cogió con los dos últimos años -con lo que hubo bastante picaresca en subir las bases de cotizaciones durante esos dos últimos años-, e, incluso, todavía nos quedan algunas pensiones del antiguo
SOVI, con respecto a las que con un día de cotización ya se tenía derecho a ellas. Por tanto, compatibilizar estos dos sistemas creo que sería bastante complicado en estos momentos, pero quizás hayan visto en su entidad que exista alguna fórmula
para hacerlo. Querría saber si es así.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Barrios.


Tiene la palabra la señora Díaz.


La señora DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Díaz de Terán López): Gracias.


Señora Perea, hablamos de hacer sostenible el sistema y de suficiencia del sistema. Debemos tener en cuenta que cuando empezamos a hablar de reformar el sistema de pensiones en 2011 todavía no habían llegado los déficits de la Seguridad
Social; la crisis, la pérdida de empleo sí, pero no se había trasladado todavía a la Seguridad Social, que empieza a tener déficits en 2012. Por eso, el acuerdo fue el que fue y la Ley 27/2011 recogió gran parte de las medidas de ese acuerdo,
aunque no todas. Creo que si, de verdad, queremos plantear la reforma del sistema y que sirva para que la sociedad, en general, pueda seguir disfrutando de un sistema público como el que tenemos hoy, una de las cuestiones que tenemos que intentar
-que dice usted que ya se ha hecho- es avanzar en esos parámetros de 2011. Dice que ya están hechos los números, pero hay que ver las consecuencias, para luego decidir -eso les corresponde a ustedes en primer lugar- si se puede hacer o no. Es a
eso a lo que me refería.


No voy a hablar de brecha salarial, porque creo que son muchas las consecuencias. No estoy de acuerdo con algunos de los mensajes que se están dando con relación a esta cuestión, porque muchas veces la brecha salarial responde a maneras
distintas de entrar las mujeres en el mercado laboral mediante cotizaciones sociales, lo que impide que muchas puedan tener la misma carrera profesional que los hombres -aunque ese es otro debate- y está condicionando su carrera profesional.


Señor Montero, creo que de calidad en el empleo hablamos todos.


Decía usted que mi intervención había sido contradictoria en relación con el recorte en la contributividad y las consecuencias que tendría. Creo que no es contradictorio, que el sistema no es solo una pata; es proporcionalidad, es
contributividad, es solidaridad. Hablar de pensiones más bajas en el futuro -si es que van a ser más bajas- también responde a un componente de solidaridad del sistema, porque quizás no se van a reducir las pensiones más bajas, a lo mejor se
reducen las más altas. Por tanto, hay un componente redistributivo en el sistema de reparto que está en juego en esta reforma del sistema público de pensiones que tenemos que estudiar.


El señor Del Campo me hablaba del déficit del RETA como consecuencia de la integración de los trabajadores agrarios por cuenta propia en ese régimen. Habrá gravado esa inclusión, pero el régimen de autónomos es deficitario muchísimo antes
de que se integraran los agrarios por cuenta propia en el RETA; casi me atrevería a decir que desde siempre o, por lo menos, creo que tengo datos desde 2004. Por tanto,

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no es ese el motivo. Podemos analizarlo, pero la razón es que, por circunstancias, se han pagado bases de cotización más bajas: porque se quería incentivar, porque la elección de bases de cotización ha permitido durante mucho tiempo elegir
la base mínima y luego -como también se ha dicho- saltar a bases máximas, etcétera, es decir, porque el RETA ha tenido otra complejidad. A los hechos y a los números de todos estos años me remito, pero, desde mi punto de vista, no ha sido por la
integración del sistema por cuenta propia de agrarios en el régimen especial de trabajadores autónomos.


Me hablaba de los gastos operativos de una posible agencia de Seguridad Social. Cuando antes me refería a reordenar los gastos no me estaba refiriendo a estos, aunque también es verdad que sería importante tenerlos en cuenta. Me estaba
refiriendo a la naturaleza de los gastos que financian políticas activas, de las que deben financiar cotizaciones contributivas. Este es un aspecto más que se puede analizar y señalar el foco para intentar lograr un sistema más eficiente.


No he entendido bien al señor Barandiaran si se refería a entidades de previsión, que funcionan en el País Vasco. Es una figura que se podría implantar a nivel nacional, pero hoy no está más que en aquella comunidad. La verdad es que ahora
no tengo datos, pero creo que está funcionando relativamente bien, que es una fórmula de previsión social complementaria que ha sido bien aceptada. Es una cuestión a estudiar.


Al señor Campuzano quiero darle las gracias por su última intervención. Creo que en ese sentido nos vamos a encontrar y que es un mensaje, como ha sabido remarcar, que yo he querido transmitir y que me parece muy importante. Más allá de
las palabras, el fondo de lo que implica es muy importante, desde mi punto de vista.


Para finalizar, al señor Barrios le diría que cuando me refiero a esas medidas estoy hablando de avanzar, no de que se tenga que contemplar toda la vida laboral para calcular las prestaciones de pensiones de jubilación. Creo que sería una
buena medida ir avanzando, también para ir viendo las consecuencias de lo que supone y reforzar la contributividad. Ahí me quedo.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Díaz de Terán.


Señorías, nos veremos esta tarde a las cuatro y media, con la comparecencia del secretario general del sindicato Comisiones Obreras.


Se levanta la sesión.


Eran las once y treinta minutos de la mañana.


Corrección de error.


En el Diario de Sesiones número 47, correspondiente a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, celebrada el martes 22 de noviembre de 2016, en la portada, página 2, la comparecencia de la señora ministra
de Empleo y Seguridad Social (Báñez García), número de expediente 214/000002, no fue objeto del pronunciamiento por parte de la Comisión, por no ser necesario.