CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 559

POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ

Sesión núm. 2 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

4 de julio de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet Lamaña):


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000084) ... (Página2)


- Para informar de las políticas y actuaciones a desarrollar en los próximos meses por parte de su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000974) ...
(Página2)


- Para que explique las líneas generales de actuación de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000991) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001019) ... (Página2)


- Para informar sobre los ejes de actuación y las prioridades de su ministerio para la XII Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001027) ... (Página2)


- Para informar sobre las prioridades y plan de trabajo del Gobierno en su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001039) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las doce del mediodía.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la ministra a esta primera sesión de la Comisión de Política Territorial y Función Pública. Doy también la bienvenida a todos ustedes. Tratándose de la primera sesión de la Comisión que vamos a
celebrar hemos acordado que la ministra intervenga sin límite de tiempo en su primera intervención, y que después cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios, teniendo las intervenciones de menor a mayor, lo hagan por tiempo de doce
minutos. Si lo desean, porque así se ha solicitado ya por algún grupo parlamentario, pueden dividir la parte relativa a la política territorial y a la función pública. Después la ministra tendrá una nueva intervención y luego habrá un segundo
turno de los distintos portavoces de dos minutos por si quieren solicitar algún tipo de aclaración o hacer alguna pregunta a la señora ministra.


Sin más le cedo la palabra a la señora ministra en esta su primera comparecencia en la Comisión.


La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Muchas gracias, presidente.


Señorías, señoras y señores diputados, es para mí un honor comparecer en esta Comisión como ministra de Política Territorial y Función Pública para presentar las líneas generales de actuación de este ministerio, pero además es una profunda
satisfacción hacerlo a la cabeza de un ministerio cuya creación -en realidad recuperación- por parte del presidente Pedro Sánchez significa una reivindicación de la necesidad y la utilidad de lo público, del espacio de decisión y actuación de las
instituciones públicas como instrumento fundamental de la actuación política y de efectividad de las opciones políticas de cada Gobierno.


Señorías, desde 2011 hasta 2018 la política territorial y la política referida a la Administración pública han carecido de un ministerio propio. El nuevo Gobierno del presidente Sánchez significa un cambio en esa situación. La recuperación
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública pone de manifiesto una concepción que está en la base del programa de actuación que pretendo desarrollar en los próximos meses: nuestra comprensión de las administraciones públicas como un
instrumento esencial en manos de los ciudadanos. Las administraciones son, en nuestra concepción política, armas del ciudadano para defender sus derechos y acceder a los servicios en que esos derechos se concretan. Además para los socialistas las
administraciones son, en lo fundamental, una máquina de generar igualdad de oportunidades.


Para cumplir esa función debemos garantizar dos condiciones igualmente importantes: el respeto del pluralismo político y territorial que la Constitución exige para la definición de las opciones políticas, y la garantía de la profesionalidad
y la eficacia en su desarrollo y aplicación. La primera condición se resume en un modelo territorial que reconoce y atribuye funciones definidas a cada instancia territorial y asume la garantía de autogobierno. La segunda en un modelo
administrativo que sitúa en primer plano de su actuación el interés público y la prestación de los servicios a los ciudadanos. Señorías, recuperar un ministerio con esa concepción no solo implica unir las áreas tradicionales de política territorial
y administraciones públicas y dotarlas de una dirección conjunta, sino que comporta también la responsabilidad de proveer al resto de los ministerios y a todas las administraciones de las herramientas necesarias para su actuación. Unas
herramientas, las administraciones públicas, que han sufrido especialmente los efectos de la política de austeridad y recortes y que necesitamos recuperar con urgencia; recuperar en todos los sentidos, en el de los medios disponibles sin duda, pero
también con igual relevancia en el sentido de la conciencia de los trabajadores públicos de formar parte de una institución, la Administración, con vocación de servicio y con una función y unos objetivos definidos de transformación social y mejora
de la vida de los ciudadanos. Y por último en el sentido de incorporación de todas las administraciones en esfuerzos conjuntos y compartidos, y no solo en discusiones competenciales sobre sus posibilidades de actuación.


Señorías, la política territorial del Gobierno será a partir de ahora proactiva y dejará de ceñirse tan solo a la defensa jurídica del marco constitucional y a la limitación de las actuaciones autonómicas. No pretendo renunciar a esa
defensa en términos jurídicos, que el Partido Socialista ha ejercido siempre desde el Gobierno y ha apoyado desde la oposición siempre que ha hecho falta. No me parece discutible la necesidad de mantener la vigencia de las normas constitucionales y
estatutarias, que son la garantía de nuestros derechos y libertades y de nuestro modelo de convivencia, y que constituyen además el único referente común del que disponemos. Pero la política territorial del Gobierno no puede ser solo reactiva o

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adoptar una posición meramente defensiva. El Gobierno debe recuperar la iniciativa y el impulso político que no ha ejercido en las últimas dos legislaturas. La función del Gobierno no se limita a cumplir y hacer cumplir la Constitución,
sino que dispone de un amplio margen para desplegar una política propia de desarrollo constitucional en materia territorial. Señorías, no debemos confundir la defensa de la Constitución con la defensa de unas u otras opciones políticas, legítimas,
pero no obligadas dentro de su marco. La Constitución permite concreciones políticas muy distintas en función de las prioridades políticas de cada mayoría parlamentaria. La identificación del modelo constitucional con una de sus posibles
concreciones -la del Gobierno de turno- debilita la fuerza integradora de la Constitución y su carácter de pacto, y eso vale tanto para quienes se esfuerzan en negar cualquier flexibilidad al marco constitucional, escondiendo tras la Constitución lo
que son sus propias opciones políticas, como también para quienes se enfrentan al modelo constitucional, porque lo identifican con una de sus concreciones, la más opuesta a su propia ideología, en un intento de legitimar así la posición de ruptura
con la Constitución.


Señorías, no nos escondamos tras la Constitución. El marco constitucional no es disponible, pero permite muy distintos desarrollos y los Gobiernos son responsables de optar entre las diversas posibilidades que caben en ese marco. Este
Gobierno asume esa responsabilidad y pretende desarrollar y concretar el marco constitucional en el doble sentido de reforzar el espacio común de derechos de los ciudadanos españoles y de reconocer y mejorar las capacidades de actuación política y
administrativa de las comunidades autónomas, para hacer efectivos esos derechos y asumir políticas propias más allá de ese mínimo común. No es una opción nueva, es la que ha seguido el Partido Socialista siempre que ha ocupado el Gobierno. Es la
opción que, por un lado, ha permitido desarrollar proyectos comunes tan emblemáticos como el Sistema Nacional de Salud o el Sistema de Atención a la Dependencia, y por otro, ha incrementado constantemente las capacidades políticas, administrativas y
financieras de las comunidades autónomas. Existen otras opciones que conciben la política territorial como una mera cuestión accesoria de contabilidad y control del gasto público, como la opción que asumió el Partido Popular en 2012 y que ha
mantenido hasta hoy, evitando cualquier actuación política que no pretendiera justificarse en una presunta reducción del despilfarro y las duplicidades, aunque los efectos de ello fueran una extraordinaria reducción de las capacidades de actuación
de las administraciones públicas en la atención a los ciudadanos. Como en tantas otras ocasiones las visiones pretendidamente objetivas desde el economicismo o la austeridad mal entendida, no hacen sino ocultar la opción real de renunciar a la
capacidad transformadora de lo público frente a los poderes y las dinámicas del ámbito privado. Nuestra opción es bien distinta, restaurar e incrementar las capacidades de acción de las administraciones públicas, incluyendo en especial a las
comunidades autónomas y a los entes locales.


Señorías, como intentaré detallar más tarde los socialistas queremos impulsar algunas reformas en nuestro modelo territorial, pero como Gobierno nuestra función es defender, desarrollar y aplicar el modelo constitucional vigente, en toda su
complejidad y con todas sus posibilidades. Mediante su defensa jurídica cuando esta resulte necesaria, como lo ha hecho el Gobierno que nos ha precedido, y al que hemos apoyado expresamente en esa actuación, pero sobre todo con una defensa política
del modelo, explicando las razones de las decisiones constitucionales, destacando sus efectos positivos e intentando convencer al máximo a los ciudadanos.


La Constitución tiene una gran capacidad de convicción en sí misma, en la experiencia que ha permitido desarrollar y en su apertura a distintas opciones. En demasiadas ocasiones en los últimos años la Constitución se ha presentado solo como
la norma que impone prohibiciones de actuar, y es mucho más que eso, es la norma que permite opciones distintas y que permite e incluso exige llegar a acuerdos que integren en lo posible diversas opciones políticas, en lugar de excluir a todas las
opciones menos una, la del Gobierno de turno. Señorías, la Constitución no es una norma de parte, no sirve para camuflar en ella las opciones ideológicas de uno u otro partido, y cada vez que ha sido usada con ese fin ha sufrido un desgaste
importante en términos de su eficacia integradora y en última instancia de su propia vigencia. Señorías, defender la Constitución no solo es instar la actuación del Tribunal Constitucional y obligar a cumplir sus resoluciones, que también, para
este Gobierno la defensa de la Constitución se concretara, al margen ahora de su reforma, en la búsqueda de espacios de encuentro que, asumiendo plenamente los amplios límites constitucionales, puedan retornar al consenso constitucional a los
ciudadanos que hoy se sienten excluidos del mismo.


Necesitamos una política territorial con contenido propio y estable, al margen de las crisis más o menos trascendentales de cada momento, una política pensada en relación con el conjunto de las comunidades autónomas y las demandas existentes
en cada una de ellas. El propio modelo autonómico

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en su funcionamiento general exige mejoras y desarrollos bien identificados por los expertos, y en muchas ocasiones tan obvios que todos somos capaces de definirlos e incluso compartirlos. Queremos impulsar esos desarrollos que impactarán
sin duda positivamente en la valoración del modelo constitucional que hagan los ciudadanos de cada una de las comunidades, pero que son sobre todo opciones políticas pensadas y definidas para el conjunto de los españoles y para todas las comunidades
autónomas.


Señorías, el modelo territorial y la crisis catalana son cuestiones distintas. El modelo autonómico no es solo una respuesta a las demandas de reconocimiento político desde Cataluña. Nuestro modelo territorial fue en 1978, y sigue siendo
hoy, una respuesta también a las demandas de modernización, democracia y equilibrio territorial en todos los territorios de España y para todos los españoles. Los cuarenta años de práctica del Estado autonómico así lo han demostrado. Ese modelo
territorial necesita de desarrollos y actuaciones políticas de aplicación, pero ni está cuestionado ni debe replantearse en sus términos fundamentales. De lo que se trata es de actualizarlo y adecuar su desarrollo a la realidad actual y a la propia
experiencia del Estado autonómico.


Tras años de incremento y desarrollo competencial y de refuerzo de las capacidades de gestión y prestación de servicios el modelo autonómico reclama, ante todo, políticas que refuercen la capacidad de actuación conjunta, la atención del
Estado a las prioridades fijadas por las comunidades autónomas y la integración de las mismas en las decisiones estatales. Reclama también superar el modelo competencial conflictual y casuístico y reconocer que, como ya ha dicho el Tribunal
Constitucional en reiteradas ocasiones, la opción por el autogobierno implica necesariamente el reconocimiento de diferencias en función de las opciones políticas de los ciudadanos de cada comunidad.


El modelo constitucional autonómico, como cualquier modelo compuesto, como los modelos federales comparados, no es compatible con una homogeneidad completa en el marco jurídico aplicable, sino que pretende precisamente que a un sustrato
homogéneo se superponga un estatuto adicional propio de cada comunidad. Y reclama también ser conscientes de que la crisis económica de los últimos años ha dejado muy mermadas las capacidades de actuación de las administraciones autonómicas,
protagonistas además en la gestión de los servicios más relevantes para atender a quienes sufren esa crisis en mayor grado y necesita de los servicios públicos educativos, sanitarios o sociales. Debemos restaurar esas capacidades de actuación
personales, materiales y financieras. Tenemos, pues un programa de política territorial para el conjunto de España, el Estado y todas las comunidades autónomas, que se ordena en torno a dos ideas: el autogobierno y en especial sus facetas de
disposición de medios y de reconocimiento de ámbitos de decisión propios y el énfasis en proyectos conjuntos, desarrollados mediante instrumentos de participación y cooperación.


El autogobierno pasa por muy distintas actuaciones. En primer lugar, por la reducción de la conflictividad y el impulso de los acuerdos entre Gobiernos. Estoy segura de que todos los ministros que me han antecedido en esta Comisión al
inicio de cada periodo gubernamental han expresado su deseo de reducir la conflictividad, pero este problema se ha intensificado en los últimos años. Durante la última legislatura completa de gobierno del Partido Popular, entre 2011 y 2015, los
conflictos planteados ante el Tribunal Constitucional se han elevado a 232, una cifra que supone más que doblar los 105 planteados durante el último Gobierno socialista, y que pone sobre la mesa una visión restrictiva y a veces coercitiva del modelo
autonómico. Pero no basta con reiterar una declaración de buena voluntad para conseguir que el conflicto y la consiguiente inseguridad jurídica ocupen tantas energías en la gestión del modelo autonómico, la pervivencia del problema requiere
medidas. En primer lugar, se procederá a la revisión de la conflictividad pendiente de sentencia. En la actualidad están pendientes de decisión ante el Tribunal Constitucional un total de 31 impugnaciones del Estado y 23 de las comunidades
autónomas, lo que hace un total de 54 impugnaciones pendientes. Respecto de estas impugnaciones consideramos que podemos iniciar una negociación con cada comunidad afectada, con el objetivo de revisarla para disminuir en lo posible la
conflictividad acumulada. El trabajo de identificación previa para iniciar este planteamiento está avanzado.


En segundo lugar, debemos desarrollar un nivel de cooperación que evite la generación de conflictos mediante la discusión técnica, que está en el origen de buena parte de las disputas competenciales. Queremos impulsar a las comunidades
autónomas a compartir en el marco de las conferencias sectoriales sus propios proyectos normativos en materias de interés común, para generar un fondo de actuaciones que despliegue efectos y opciones para todas las comunidades y para el propio
Estado y para posibilitar la prevención de conflictos. Debemos terminar con la ignorancia que existe en ocasiones sobre las

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actuaciones que realizan las comunidades autónomas, ignorancia desde el Estado y también desde el resto de comunidades.


En tercer lugar, este ministerio no puede comportarse como el abogado del Estado del resto de ministerios frente a las comunidades autónomas, sino que debe asumir la posición de garante político de la Constitución, y sobre todo de una
concepción plural de la misma ante los distintos agentes políticos.


Por último, la conflictividad se reduce también mediante el refuerzo de los instrumentos de participación política de las comunidades en los proyectos normativos estatales. De nuevo pretendemos impulsar la actuación de las conferencias
sectoriales, ahora como instrumentos de participación, convirtiendo los actuales conflictos judiciales sobre los límites de la acción estatal en acuerdos políticos sobre su contenido allí donde eso sea posible.


La preocupación por la conflictividad se extiende al ámbito de la jurisdicción ordinaria, para lo que estamos estudiando un procedimiento interno que haga posible la transmisión de la información conflictual generada en vía
contencioso-administrativa. Necesitamos sistematizar una coordinación de los criterios de actuación en las vías constitucional y contencioso-administrativa para garantizar la coherencia de la actuación del Gobierno. Se trata de una cuestión que
resulta básica para generar criterios compartidos en las diferentes delegaciones del Gobierno y que hasta hoy no se ha abordado.


En segundo lugar, el autogobierno pasa por el reconocimiento del pluralismo y la diversidad normativa. Señorías, el Estado autonómico pretende precisamente la existencia de diversidad normativa, una diversidad que sin embargo se construye
sobre un sustrato común constituido por los derechos constitucionales y las leyes del Estado. Este último ámbito no es estático, crece con la incorporación de nuevos derechos, como sucedió en materia de dependencia, por ejemplo. Exige también un
uso razonado no invasivo y respetuoso del concepto de lo básico, limitándolo a sus funciones constitucionales de garantía de derechos de los ciudadanos o de fijación de principios fundamentales de la regulación. Es voluntad de este Gobierno
extremar en su actuación diaria el respeto del ámbito autonómico de autogobierno. Creemos que reconocer capacidades de decisión de otros poderes democráticos es una obligación constitucional, pero además creemos que esa opción es positiva para los
ciudadanos y para conseguir una normativa adecuada a la realidad a la que debe aplicarse.


En tercer lugar, el autogobierno se refuerza mediante la adecuación de los medios de que disponen las comunidades autónomas para asumir sus responsabilidades.


Señorías, la financiación de las instituciones públicas plantea hoy cuestiones trascendentales que van más allá de la responsabilidad de un ministerio e incluso de un Estado. Los esfuerzos internacionales para evitar la elusión fiscal y la
reducción de la capacidad financiera de los Estados muestran el camino, pero en tanto este fructifica las restricciones financieras de todo el sector público son enormemente relevantes. Aun así es necesario proceder a una evaluación de algunos de
los mecanismos de reparto de ingresos y capacidades de gasto hoy existentes, para adecuarlos a las necesidades de gasto muy distintas de cada administración territorial. En ese proceso, cuyo protagonismo como saben corresponde al Ministerio de
Hacienda, espero que puedan introducirse algunos cambios significativos que mejoren la capacidad financiera de nuestras comunidades autónomas, y espero también que desde el Estado podamos introducir fórmulas de financiación que incrementen los
recursos que se destinen a la recuperación de los servicios públicos fundamentales más intensamente afectados por los recortes de los últimos años, educación, sanidad o servicios sociales.


El segundo gran eje de actuación es la mejora de la cooperación y las actuaciones conjuntas de Estado y comunidades autónomas, con especial atención a los servicios públicos, un eje que se instrumentará mediante las siguientes líneas de
actuación. El objetivo prioritario del Gobierno es ordenar un sistema integrado de cooperación que dé respuesta a las deficiencias apreciadas en el funcionamiento de las relaciones entre Estado y comunidades, y que permita partir del acuerdo
técnico para decantar progresivamente un acuerdo político, un auténtico sistema de cooperación y no una mera suma de órganos de contacto. Eso debe permitir que los foros generales se complementen con los bilaterales, que las discusiones encuentren
siempre sus distintos niveles técnico o político, preparatorio o resolutivo, de impulso o de resolución de conflictos, y que el trabajo de los órganos no dependa de la personalidad o dedicación de los correspondientes ministros o consejeros, o
ministras o consejeras, sino que resulte automático de las necesidades en cada sector. Por ello impulsaremos y trabajaremos con los ministerios para que las conferencias sectoriales no sean consideradas como reuniones aisladas e incluso
esporádicas, sino como estructuras permanentes que, de forma sistemática, conozcan e intercambien opiniones sobre los proyectos normativos, estatales y autonómicos, y los problemas efectivos detectados

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en una u otra comunidad o en el Estado. De este modo se construye un marco general de confianza y lealtad intergubernamental, que son fundamentales para avanzar en la construcción de una cultura federal como elemento necesario para un
funcionamiento adecuado de nuestro modelo territorial. No se trata de cambiar la regulación de las conferencias. La nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, elaborada y adoptada precipitadamente, fue probablemente una ocasión
desperdiciada a este respecto, pero el reto es más profundo que cambiar una norma legal. Lo que pretendemos es avanzar en la transformación de las dinámicas de funcionamiento de las conferencias sectoriales, generalizando aquellas prácticas que se
han mostrado eficaces en algunas de ellas, y sobre todo reforzando su vinculación con dos aspectos centrales del modelo autonómico, la preparación de proyectos normativos en materias compartidas, estatales y autonómicos, y la gestión de los
servicios públicos afectados por tales competencias. Se trata de garantizar así el desarrollo y la efectividad de un procedimiento de participación autonómica en el proceso de actuación legislativa del Estado. El viejo concepto de la audiencia
debe superarse ya con el de la efectiva participación que estimule el acuerdo político, reduzca la conflictividad y garantice la aplicación de las normas. Resulta paradójico que hoy las comunidades autónomas tengan mejor garantizada su
participación en normas europeas que en las propias normas estatales españolas. Pensemos, por ejemplo, en la ley que esta propia Cámara aprobó de participación de control del principio de subsidiariedad en los trámites europeos, donde las
comunidades autónomas participan activamente. Debemos sin duda revisar el funcionamiento de conferencias sectoriales, impulsar la recuperación de las inactivas o su supresión, y sobre todo ampliar las capacidades automáticas para su convocatoria y
para la configuración del orden del día; en suma, velar para que su actividad no quede supeditada a la exclusiva voluntad ministerial.


En cuarto lugar, y muy importante, nos proponemos ordenar las comisiones sectoriales y los grupos de trabajo. Tal como se ha puesto de relieve en el ámbito de la Unión Europea el trabajo de expertos y técnicos resulta de especial utilidad,
no solo para acercar posiciones, sino también para propiciar intercambios de profesionales y mejorar así sus aptitudes profesionales. Pues bien, explotemos al máximo las virtudes del método comunitario y traslademos al ámbito interno español estas
buenas prácticas. Sobre todo debemos garantizar que en las conferencias sectoriales se debatan todos aquellos temas que afectan a los intereses y preocupaciones de los ciudadanos, para los que resulta relevante el diálogo intergubernamental.
Tenemos que superar la tradicional rigidez formal de los órganos de cooperación. Debemos propiciar debates sinceros y sin cortapisas. Debemos ofrecer una oportunidad a la lealtad, lealtad entre administraciones y sobre todo lealtad a los
ciudadanos, porque a ellos les debemos transparencia y realismo. Con esta finalidad trabajaremos con todos y cada uno de los departamentos ministeriales para profundizar en el desarrollo de la cultura política de las relaciones
interadministrativas, evolucionando desde la disputa competencial hacia la atención al funcionamiento efectivo y diario de los servicios públicos, que requiere plena lealtad mutua y generosidad en el auxilio entre administraciones.


Un apartado que ha tenido tradicionalmente una relevancia especial en este ámbito ha sido el de la participación en asuntos de la Unión Europea, auténtico motor en algunos casos de la revitalización de las correspondientes conferencias.
Debe recordarse que, mediante los procedimientos de participación en asuntos de la Unión Europea, las comunidades autónomas pueden determinar la posición española en algunos aspectos, y participar de forma constante en grupos de trabajo y en
reuniones en los que se conciertan opiniones y criterios técnicos sobre los diferentes temas a regular. Este es un procedimiento de participación que ha reforzado la integración autonómica en la definición de la posición española ante la Unión
Europea, y a la vez se ha desarrollado sin conflictos. Ha sido así durante ya casi catorce años de práctica, desde que el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero adoptó la decisión de que las comunidades autónomas pudieran participar en los
grupos de trabajo del consejo y la comisión, así como la apertura a la presencia de los consejeros de las comunidades en la representación española en el Consejo de Ministros. Con esta experiencia resulta relevante impulsar la evaluación del actual
sistema de participación y la elaboración de una nueva guía de buenas prácticas para la aplicación del acuerdo de la Carue, de la Comisión de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, sobre el sistema de representación autonómica en las formaciones
del consejo, de modo que podamos abordar algunas disfunciones observadas, así como algunas de las demandas autonómicas sobre el particular.


En el ámbito de la cooperación transfronteriza es objetivo del ministerio garantizar la coordinación de la participación estatal y autonómica en las comisiones de seguimiento del Tratado de Valencia, firmado con Portugal, y del Tratado de
Bayona, firmado con Francia. Debemos recuperar la presencia de los presidentes autonómicos en las cumbres bilaterales con nuestros países vecinos, que constituye una

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expresión adecuada de nuestro pluralismo territorial y la incorporación a las reuniones de un nivel territorial, el autonómico, fundamental en el impulso y desarrollo de los acuerdos transfronterizos.


La Conferencia de Presidentes debe ser la piedra angular del sistema de cooperación. Fue una iniciativa especialmente afortunada del presidente Rodríguez Zapatero en 2004. Su creación y actividad suponen visualizar la realidad que existe
en diferentes niveles políticos y administrativos, que conviven, y donde cada uno de ellos mantiene sus responsabilidades ante sus ciudadanos, pero que no pueden permanecer impasibles ante las decisiones ajenas, pues los ciudadanos no entenderían
que no buscaran ni encontraran acuerdos para facilitarles la atención a sus problemas cotidianos. Las reuniones de la conferencia han sido discontinuas, no han conseguido generar una dinámica propia, ni han asumido su necesaria conexión con los
debates que se desarrollan en las conferencias sectoriales. Con todo, en 2017 la conferencia celebró su sexta reunión -cuatro de ellas bajo los Gobiernos socialistas, entre 2004 y 2011, y solo dos en los siete años posteriores-. Se adoptaron
algunos acuerdos interesantes y se previó en su reglamento la celebración de una reunión mínima anual, y ese, señorías, es el objetivo que debemos cumplir, tras una práctica en las últimas legislaturas que se ha limitado a una reunión en cada una de
ellas. Se ha renunciado así a crear cualquier dinámica de contacto estable o de construcción de lealtades mutuas. Señorías, la reunión anual debiera ser un mínimo, sin el que la Conferencia de Presidentes se arriesga a convertirse en lo que ha
sido en los últimos seis años, una excepción, sin más sentido que el interés del presidente del Gobierno en mostrar una imagen de acuerdo y cooperación.


Lo relevante de la Conferencia de Presidentes no es el número de sus acuerdos, sino su propia existencia y los debates que mantiene. Son debates que en ocasiones permiten alcanzar acuerdos, normalmente preparados en las conferencias
sectoriales, pero en otras ocasiones, no menos importantes, los debates permiten impulsar nuevos ámbitos de discusión o simplemente intercambiar opiniones y debatir con sinceridad sobre los problemas del conjunto del Estado, que al final son los
problemas que compartimos todos, de modo que las posiciones se aproximan y los conflictos se suavizan mediante la escucha de las razones del otro. Con este fin el Gobierno convocará antes de fin de año la Conferencia de Presidentes, cumpliendo así
con el mandato de reunión anual. Para esa convocatoria profundizaremos en el desarrollo de las previsiones del reglamento de la conferencia referidas a la actuación del comité de preparación, impulso y seguimiento de la conferencia.


El Gobierno tiene muy presente la importancia de la cooperación bilateral, tanto más útil, necesaria y adecuada cuanto mejor funcionen los instrumentos multilaterales. Así lo exige la diversidad territorial en nuestro país y así lo imponen
los estatutos de autonomía. En consecuencia creo necesario proceder a la reactivación de las conferencias bilaterales como elemento básico para un desarrollo fluido de las relaciones. En esa dinámica bilateral, el Gobierno pretende introducir más
intensamente la figura del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma. Sus funciones hasta hoy se han centrado en la coordinación de la Administración del Estado en el territorio y, en su caso, en el seguimiento y eventual impugnación de las
actuaciones autonómicas. Sin perjuicio de mantener su actual configuración normativa, esperamos de los delegados que asuman un contacto más frecuente con las autoridades autonómicas y que se conviertan además en un órgano que siga y comparta
aquellas experiencias autonómicas de especial interés para la Administración General del Estado. Quiero añadir que a esta orientación de la figura del delegado del Gobierno se suma la puesta en marcha, a la vuelta del verano, de la Comisión
Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica, que reforzará la coordinación y capacidades de los servicios del Estado en el territorio, avanzando en la muy necesaria modernización de la Administración periférica del Estado.


El eje de la cooperación, finalmente, permite impulsar especialmente los proyectos comunes de Estado y comunidades autónomas enmarcados en los objetivos de cada ministerio y de cada consejería. Pero, querría detenerme un segundo en algunos
proyectos propios del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que muestran el sentido y la importancia de desarrollar proyectos comunes del Estado y las comunidades. En primer lugar, desde el ministerio queremos impulsar las vías de
reconocimiento mutuo de los actos de una comunidad autónoma para el resto de las mismas. Se trata de un elemento relevante para ampliar la eficacia de los derechos de los ciudadanos y reducir obstáculos para su movilidad. Queremos hacerlo, sin
embargo, salvaguardando al máximo la posibilidad de regulación propia y distinta de cada comunidad, de modo que los mecanismos no signifiquen una disminución del nivel de garantía o tutela administrativa, y manteniendo también en todo caso la
competencia de gestión de la comunidad sin avocar al Estado la competencia por razones de supraterritorialidad. La cooperación horizontal ha funcionado muy bien allí donde se ha impulsado, con ejemplos de buenas prácticas tan

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relevantes como las desarrolladas en materia sanitaria, por ejemplo en materia de actuación de los bancos de sangre de nuestro sistema de salud. De modo similar, pretendemos impulsar, en segundo lugar, los acuerdos que garanticen plenamente
el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de todas las comunidades, así como la comunicación de información fluida entre administraciones para dotar de eficacia algunos preceptos de las leyes 39 y 40/2015 que, pese a su precipitada
tramitación y aprobación parlamentaria -hace ya casi tres años-, siguen sin ser efectivos. Aspectos tan relevantes como la atención sanitaria de los ciudadanos desplazados o el acceso al expediente médico siguen pendientes de reformas en este
ámbito.


Por último, al ministerio se adscribe la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, con lo que asumimos el mandato de la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017 y el compromiso de elaborar y presentar una estrategia
española frente al reto demográfico cuanto antes, ya que el anterior Gobierno tenía comprometido el plazo a 31 diciembre de 2017 y la entrega de ese informe no fue posible. La despoblación del mundo rural es uno de los retos más importantes al que
se enfrentan hoy la sociedad y los poderes públicos españoles y ha surgido como uno de los problemas más graves y más difíciles de atender. Además, la OCDE ha puesto de relieve la dificultad para disponer de estructuras económicas competitivas en
escenarios de baja natalidad e intenso despoblamiento, y ello a pesar de tratarse de un problema que también padece buena parte de nuestro entorno europeo, pero en nuestro caso el problema se añade a una dinámica demográfica de reducción de la
natalidad y prolongación de la vida de los españoles que resulta en un envejecimiento general de la población. Se trata de un proyecto que nace a instancias de las comunidades autónomas y que pretendemos desarrollar conjuntamente con ellas para
impulsar una serie de medidas que, independientemente de su adscripción competencial y territorial, permitan actuar sobre los factores que están en el origen de la evolución demográfica en España o en sus consecuencias; desde la natalidad a la
dificultad de prestar servicios en algunos territorios, o su necesaria adaptación a su realidad específica, pasando por las exigencias nuevas que nuestra realidad demográfica implica para nuestro modelo de prestación de servicios públicos. La
respuesta al reto demográfico debe hacer real el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades -se viva donde se viva-, con el acceso a los servicios públicos de todos los ciudadanos y debe dar satisfacción a las exigencias de
vertebración real de España en el siglo XXI, evitando las consecuencias negativas del desequilibrio territorial. Por último, fue un Gobierno socialista el que creó el Consejo de las Lenguas Oficiales como un instrumento para garantizar el derecho
al uso de las mismas ante los órganos de la Administración General del Estado. En este marco, recuperaremos su actividad y buscaremos fórmulas para incrementar su eficacia asociando en sus trabajos a las propias comunidades autónomas.


Señorías, los cambios y las nuevas opciones políticas que acabo de exponer son también relevantes para Cataluña. La falta de respuestas a algunos de los problemas de funcionamiento general del Estado autonómico ha alimentado la
insatisfacción en las instituciones de la Generalitat y, lo que es más importante, en parte de la población catalana. La falta de canales de participación política de las comunidades en las decisiones del Estado, el cuestionamiento sistemático de
toda actuación vinculada con el régimen de cooficialidad del catalán o la constante discusión sobre los elementos básicos del sistema de financiación, son ejemplos de esta situación. En consecuencia, el cambio de Gobierno reconociendo la pluralidad
de nuestra sociedad o abriendo vías de participación política a las comunidades, despliega necesariamente un efecto positivo para frenar el alejamiento del sistema constitucional en partes de la sociedad catalana. Pero la crisis en Cataluña alcanza
niveles específicos de cuestionamiento global del modelo constitucional, por ello exige también una respuesta específica que en ocasiones va más allá del modelo territorial. Señorías, un número muy importante de ciudadanos catalanes cuestiona hoy
el modelo constitucional y no lo siente suyo. Esta situación se refleja en las instituciones catalanas y forma parte ya desde hace años de la agenda política. Esa es una parte de la realidad de la que debemos ser conscientes, porque asumir la
realidad es necesario para poder cambiarla, y el Gobierno quiere trabajar para cambiar esa realidad. Si el cuestionamiento del sistema se concreta en actuaciones contrarias a la Constitución y las leyes, el Gobierno deberá actuar para defenderlas.
Esa es su función. La discrepancia con la Constitución es legítima, más aún, la discrepancia exige una respuesta política que intente recuperar el consenso constitucional en Cataluña. El restablecimiento de la legalidad no hace desaparecer el
problema político; que una parte importante de la población de una comunidad autónoma se sienta ajena al modelo constitucional no es un dato que pueda asumirse y descontarse sin más. Es una realidad que exige una respuesta por respeto a esos
mismos ciudadanos, por respeto al resto de catalanes que viven en la tensión de una sociedad dividida y por respeto al conjunto de los españoles que ven con

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preocupación cómo se ahonda esa división. Señorías, la división social en Cataluña y sus consecuencias son también enormemente perjudiciales para la fortaleza y la vigencia del propio sistema constitucional. Al problema político debe
responderse también políticamente, esforzándonos en convencer a los ciudadanos hoy alejados del sistema con razones que explican y justifican las opciones constitucionales, más allá de su necesario respeto como norma, con alternativas integradoras
allí donde sean posibles y adecuadas.


Señorías, recuperar el apoyo social a la Constitución en Cataluña es una prioridad de este Gobierno y me atrevo a decir que debería serlo de todo gobierno responsable. Necesitamos que la Constitución vuelva a ser sentida como propia y pueda
desplegar su eficacia integradora. Señorías, la crisis en Cataluña no desaparecerá por sí sola, su resolución es de una complejidad y una dificultad tales, que exigen un esfuerzo que va más allá de un gobierno y de una legislatura, pero queremos
empezar a resolverla. Las tareas a largo plazo deben empezarse cuanto antes y llevamos ya un retraso de años en la tarea de construcción de una respuesta política desde la Constitución para las demandas derivadas de la insatisfacción que sienten
buena parte de los ciudadanos catalanes. Queremos, pues, empezar a avanzar en la resolución de la crisis y queremos también asegurar que ese proceso de resolución -probablemente o seguramente largo y complejo- se hará en un marco de respeto y
garantía de la convivencia, sobre todo y ante todo entre los ciudadanos y desde las instituciones públicas hacia ellos. Ese avance en la resolución pasa por distintos elementos. Restablecida la legalidad, el primer paso es la recuperación de las
instituciones autonómicas y del diálogo entre ellas. Esa es la tarea en la que estamos y que constituye, a juicio del Gobierno, el núcleo de la reunión que los presidentes Sánchez y Torra mantendrán el próximo lunes. Con ese fin, es necesario
actuar desde la reciprocidad y la lealtad entre Gobiernos e instituciones. Como he tenido ocasión de afirmar ante la Cámara, reciprocidad en el reconocimiento de que nuestras sociedades son plurales y lealtad en la medida en que cada Gobierno debe
esforzarse en considerar e integrar la posición de los ciudadanos que no se identifican con las opciones y prioridades gubernamentales. Por ello es necesario escuchar las propuestas del otro, conscientes de que tras ellas se encuentra la voluntad
de una parte de los ciudadanos. Señorías, por esa lealtad y esa reciprocidad, asumimos no solo la posibilidad sino la necesidad de respetar el derecho de cada uno de los presidentes a exponer todo aquello que considere conveniente, como afirmó ayer
la vicepresidenta del Gobierno y como hemos defendido siempre.


La reunión del lunes marcará, espero, la apertura de un proceso de recuperación del diálogo y la negociación entre Gobiernos con fases, modalidades y velocidades muy distintas, pero todas ellas necesarias. Algunas comunes con el resto de
comunidades autónomas, otras, particulares para Cataluña, como ha ocurrido siempre con todo Gobierno y con toda comunidad autónoma, con elementos que serán discutidos en el marco de la cooperación con todas las comunidades y otros que se analizarán
en los foros bilaterales previstos a es fin en los propios estatutos de autonomía, con negociaciones que pueden tener un resultado rápido y otras en los que el avance será largo y difícil. Para ello el Gobierno quiere volver a poner en marcha las
comisiones bilaterales que no se han reunido desde 2010 y 2011 y espera encontrar terrenos comunes en los que alcanzar acuerdos muy pronto en materia de reducción de la conflictividad, retorno a los instrumentos de participación de la Generalitat en
las decisiones estatales o garantía de cumplimiento de los compromisos legales y políticos contraídos en materias como las infraestructuras o los compromisos de inversión y financiación. Si entre todos conseguimos desarrollar este proceso y
llevarlo a buen término a pesar de las dificultades e interferencias que a buen seguro surgirán, habremos dado los primeros y fundamentales pasos que permitirán, en un contexto ya de mayor confianza y aun desde la discrepancia profunda, abordar un
diálogo abierto sobre las posibilidades y alternativas en relación con la posición de Cataluña.


El fortalecimiento del modelo territorial no se agota con el trabajo a realizar con las comunidades autónomas, porque nuestro diseño constitucional se basa en un tercer elemento que conforma la realidad territorial de nuestro país: el nivel
local de gobierno. Si en esta nueva etapa que ahora comenzamos tenemos como objetivo básico restablecer la confianza mutua y la lealtad entre los diferentes Gobiernos implicados en la consecución de objetivos comunes, déjenme decirles, señorías,
que en el ámbito de las relaciones entre el Estado y las entidades locales este es un objetivo de justicia. No hay que olvidar que en los años duros de la crisis económica global, desde el Gobierno de España se lanzó un ataque contra el mundo local
con el propósito último de desapoderar a los Gobiernos locales de su capacidad de decisión política, so pretexto de un hipotético despilfarro en las haciendas locales, que carecía de cifras que avalaran esa conclusión. Cuando digo que se carecía de
bases es porque desde el año 2010 las sucesivas

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reuniones de la Comisión Nacional de la Administración Local ratificaban no solo el cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de los Gobiernos locales sino que, en términos globales, se cerraban los presupuestos con superávit. Este
clima tuvo su máxima expresión con la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que intentó anular el protagonismo político de los alcaldes y concejales y de los ayuntamientos a
la hora de mejorar la realidad de sus municipios, reduciendo enormemente su ámbito de autonomía y asfixiando su capacidad económico- presupuestaria para abordar servicios y proyectos públicos. Por ello, una de las primeras medidas que abordará mi
departamento será la elaboración y presentación de un proyecto de ley de medidas urgentes para el Gobierno local, con un texto estrictamente limitado a modificar los artículos competenciales hurtados de la Ley de bases y que suavice la configuración
y efectos de la regla de gasto impuesta a los entes locales. Queremos que los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas recuperen la posición preeminente que siempre han tenido y que la Constitución les reconoce para la definición y aplicación
de las prioridades políticas en sus municipios. Somos conscientes de que el mundo local está necesitado de una reforma en profundidad y con complitud, pero también lo somos del tiempo en el que estamos y con el calendario que debemos jugar. Por
ello, y mientras no se den las condiciones políticas que permitan un análisis conjunto de todas las fuerzas políticas que cuaje en acuerdos y consensos sobre las normas que afectarán a los 8119 municipios españoles, este proyecto de ley de medidas
urgentes recuperará las competencias que siempre han conformado las posibilidades de hacer de los ayuntamientos y permitirá que los municipios con superávit presupuestario puedan dedicarlo no solo a gastos de inversión, sino también a la mejora de
los servicios públicos esenciales para la ciudadanía.


Señorías, el mundo local ha sufrido especialmente la dinámica de actuaciones supuestamente excepcionales justificadas por la referencia a la crisis económica. Es el momento de terminar con esta excepcionalidad y volver al modelo que
reconoce a los municipios capacidades de decisión política propia y autónoma, como decía antes, porque esa es la exigencia concretada en el principio constitucional de autonomía local, pero también porque creemos que esa es la mejor opción para el
desarrollo de iniciativas y formas de prestación de servicios que se adecuen a las demandas de los ciudadanos de cada municipio y a sus prioridades políticas. No corresponde al Gobierno de España decidir los modelos de gestión municipal, y
restaurar su autonomía en este ámbito es una actuación urgente. Estas medidas para recuperar el abanico competencial local deben acompañarse de la recuperación de la colaboración económica del Estado con los ayuntamientos, fundamentalmente con
aquellos que por su tamaño o recursos tienen más difícil prestar servicios de calidad a sus vecinos. Es necesario recordar en esta Cámara, señorías, que el Estado lleva sin colaborar financieramente con las entidades locales a través de planes de
obras y servicios desde 2011 y que tampoco lo hace con el Fondo Especial de Financiación a favor de los municipios de población no superior a 20 000 habitantes. La desaparición de esta colaboración económica, que llevaba siendo una realidad en
nuestro país desde 1924, suponía la dejación por parte del Estado de su labor fundamental de asegurar la calidad y el número de servicios públicos a disposición de los ciudadanos, con independencia del lugar en el que residan. Es deber del Gobierno
de España procurar la igualdad real de derechos y remover los obstáculos que impidan su plenitud. Reconocerán conmigo que esto también es texto constitucional, parte del título preliminar en el que se determinan los valores y principios que nos
ordenan en nuestra democracia social y de derecho. Así pues, nuestra intención es volver a dotar los instrumentos de colaboración económica con los municipios españoles, prestando una especial atención en su distribución a los de menos población y
recursos, lo que nos enlaza directamente con la labor de la comisionada para el Reto Demográfico, que participará en la elaboración de las nuevas bases de las convocatorias de ayudas que necesariamente tienen que variar en los objetivos a atender.
No podemos pasar por alto que actualmente en la inmensa mayoría de los municipios españoles no existen problemas de alcantarillado o de suministro de agua, pero sí de acceso a Internet o de movilidad, que deberán ser líneas de trabajo a atender con
la nueva colaboración económica.


Quiero destacar un último aspecto en el ámbito local. Consideramos necesario recuperar la colaboración con los Gobiernos de algunas de las grandes administraciones españolas, más grandes que algunas comunidades autónomas. Señorías, las
grandes ciudades son protagonistas políticos de primer orden. La capacidad y poder de atracción e impulso de Madrid y Barcelona, entre otras, no puede desaprovecharse ni limitarse mediante la ignorancia o el bloqueo de sus Gobiernos desde el
Estado. Queremos impulsar la colaboración específica con las grandes ciudades españolas y sus proyectos, que tienen un impacto de modernización de nuestro país que no podemos permitirnos ignorar. Por ello, les comunico mi intención de convocar de
modo inmediato a las alcaldesas de Madrid y Barcelona para poner

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en común sus necesidades y las perspectivas de colaboración con el Gobierno de España. En resumen, y como habrán podido deducir de mis palabras, retomar la relación, la cooperación y el diálogo constructivo con el mundo local desde el
respeto y el reconocimiento de la autonomía constitucionalmente reconocida, es una prioridad y es, como se señalaba en el preámbulo del Estatuto de 1924 al que ya me he referido, que el Estado para ser democrático ha de apoyarse en municipios
libres; solo desde el respeto al Gobierno local construimos democracia.


Señorías, saben todos ustedes que el Partido Socialista defiende desde hace años una reforma constitucional que afecta a ámbitos relevantes de nuestro modelo territorial, pero no solo, eso no es ninguna novedad, como tampoco lo es que esa
reforma es cada vez más relevante ante los retos a los que nos enfrentamos en este ámbito; cuanto más tiempo se dilata su discusión, más pertinente deviene la misma. Pero el Partido Socialista defiende también, e invariablemente, que esa reforma
para ser eficaz debe alcanzar el máximo grado de consenso posible en su resultado final. Creemos, además, que ese consenso debe construirse en los trabajos previos a la reforma que incorpore a todas las fuerzas parlamentarias. Con ese fin
propusimos, y acordamos con el Gobierno del Partido Popular, la constitución de la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, que viene trabajando en esta Cámara desde el pasado mes de septiembre. Desde el Gobierno de España
no vamos a hacer nada que dificulte la construcción de un consenso en este Parlamento, para lo cual confiamos en la capacidad de acuerdo y en el sentido de Estado de los grupos de la Cámara.


Señorías, paso ahora a exponer las prioridades de la actuación del ministerio en materia de Administración y Función Pública. Como decía al inicio de mi comparecencia, el Gobierno del presidente Sánchez cree en recuperar el sentido y la
función de lo público y, para ello, necesita un modelo de organización y régimen de la Administración que resulte eficaz y que garantice que las administraciones actúan desde el interés público y que los empleados públicos aportan a la actuación
administrativa sus características de profesionalidad, imparcialidad y esfuerzo personal en la confianza de un marco de trabajo adecuado y atractivo para el desarrollo de su carrera profesional. En este sentido el ministerio, a través de la
Secretaria de Estado de Función Pública, asume tres prioridades fundamentales que creo deben presidir todas las actuaciones a desarrollar en este ámbito. En primer lugar, la recuperación de la figura del empleado público y de la actuación de la
Administración mediante la adecuada consideración de sus condiciones laborales, pero también del modelo de acceso y desarrollo de la carrera profesional y a través del desbloqueo y el desarrollo de las previsiones de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobada hace nada menos que once años y pendiente aún de desarrollo en algunos aspectos, por no decir en muchos de ellos. En segundo lugar, la dotación de recursos suficientes y adecuados para la actuación de la Administración,
afirmando y prolongando el trabajo realizado por el anterior Gobierno en materia de modernización y desarrollo de la Administración digital. Y en tercer lugar, el impulso de las reformas necesarias para introducir e intensificar los elementos de
gobernanza y transparencia vinculados con el nuevo papel de la Administración y su orientación al interés público y a la eficacia en la garantía de derechos y la provisión de servicios al ciudadano. Señorías, la reforma de las administraciones hace
tiempo que dejó de ser un proceso con un objetivo concreto para convertirse en una característica permanente de las administraciones públicas, inmersas en un constante esfuerzo de maximización de sus recursos y de adecuada respuesta a las demandas
de los ciudadanos. Por esa razón vamos a constituir en el seno del INAP un ámbito permanente de impulso de las reformas administrativas que estudie las necesidades de reforma en cada momento y que asuma la propuesta de líneas de avance desde el
rigor técnico, el conocimiento de las experiencias comparadas y la voluntad de generar un consenso lo más amplio posible.


Sin perjuicio, pues, de esta vocación general de reforma, a la que me referiré y concretaré a lo largo del resto de la comparecencia, paso ahora a examinar los tres grandes ámbitos de actuación del ministerio: empleo público, Administración
digital y buen gobierno y trasparencia. En materia de empleo público creo necesario dejar constancia de que la labor del ministerio puede seguir desarrollándose sobre las bases que el Gobierno del Partido Popular acordó recientemente con los
sindicatos y que ofrecen un buen punto de partida para la recuperación de los derechos de los empleados públicos y la revitalización de la actuación administrativa. Los dos acuerdos de mejora del empleo público y mejora de las condiciones de
trabajo, de 29 de marzo de 2017 y de 9 de marzo de 2018, son un buen programa de trabajo del ministerio para nuestro objetivo de atender las condiciones laborales y profesionales de los empleados públicos. En primer lugar, todos los grupos
políticos y organizaciones sindicales, así como las comunidades autónomas, que marcaron las líneas maestras de los acuerdos a través de la Conferencia de Presidentes, mostramos

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un apoyo mayoritario a los acuerdos, porque suponen un reconocimiento del esfuerzo realizado por los empleados públicos, excelentes profesionales, en los tiempos de profunda crisis económica que hemos atravesado. Estos acuerdos son un
compromiso de mejora estable de las retribuciones de los empleados públicos, alcanzado con el respaldo de un crecimiento real de nuestra economía. El desarrollo y la aplicación de estos acuerdos van a ocupar en buena parte la actuación de la
Secretaría de Estado de Función Pública en los próximos meses. En este sentido, es para nosotros prioritaria la convocatoria de la oferta de empleo público para 2018 tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en este mes de
julio. Con ello vamos a dar un gran paso en la atracción al empleo público del mejor talento de nuestra sociedad, en el rejuvenecimiento de las plantillas públicas con destino prioritario en la prestación de servicios públicos esenciales para la
ciudadanía: educación, sanidad, apoyo a la dependencia y seguridad pública.


Para los contenidos no retributivos de estos acuerdos nuestro compromiso con el fortalecimiento del diálogo social es comenzar de inmediato los trabajos con las organizaciones sindicales que están previstos en los dos acuerdos citados.
Comenzaremos a sentarnos en los diferentes foros competentes para tratar la instrumentación de los acuerdos en materia de jornada laboral, absentismo, formación de empleados públicos, planes de igualdad y corresponsabilidad y conciliación de vida
personal y familiar. En este sentido, quiero anunciarles que es mi intención proceder al inmediato restablecimiento del derecho pleno de los empleados y empleadas públicos al cien por cien de sus retribuciones desde el primer día de una incapacidad
temporal, eliminando los descuentos en la retribución de los primeros veinte días que se introdujeron en el año 2012. Una vez que ha sido publicada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, considero de justicia esta medida, y
por ello, sin esperar un día más, he dado las instrucciones oportunas al director general de la Función Pública para que convoque con carácter inmediato a los representantes de los trabajadores para negociar el correspondiente acuerdo, de tal manera
que el día 16 de julio, fecha en la que tendré mi primer encuentro con las organizaciones sindicales más representativas, pueda hacerles entrega de un documento consensuado para la implantación de la medida sin mayor demora. En este mismo ámbito
considero que es fundamental el proceso de estabilización del empleo público a partir de los dos acuerdos ya concluidos. La reducción de la interinidad en nuestras administraciones será un objetivo prioritario del ministerio, asumiendo el
compromiso de redoblar todos los esfuerzos para alcanzar en 2020 el objetivo de una tasa de empleo público temporal del 8 %. Este objetivo a alcanzar en el conjunto del sector público exige una intensa coordinación de nuestras actuaciones con las
del resto de las administraciones públicas, manteniendo la dinámica de acuerdo que ha caracterizado siempre este ámbito, y exige sobre todo seguir e intensificar la negociación con los sindicatos, cuya buena marcha es objetivo prioritario del
ministerio y compromiso personal de esta ministra.


Señorías, el horizonte del trabajo del ministerio no puede limitarse a la presente legislatura, sino que debe plantearse objetivos y retos en los que resulta necesario impulsar trabajos cuya concreción corresponderá a futuros Gobiernos. En
este sentido, quiero destacar la constitución de dos iniciativas de trabajo a medio y largo plazo vinculadas con el empleo público y más ampliamente con el desarrollo de la Administración pública en España. El primer ámbito de trabajo del grupo de
reformas a constituir en el INAP será la adecuación de nuestro modelo de acceso a la Función pública. Somos uno de los últimos países en Europa que no hemos adecuado el sistema de acceso y organización en cuerpos de los funcionarios públicos
diseñado en el siglo pasado a los cambios de la sociedad actual, desde la transformación de los propios estudios universitarios a las nuevas necesidades y exigencias de las carreras profesionales y de las actuaciones de las administraciones
públicas. No pretendo ni siquiera iniciar formalmente en esta legislatura una reforma de este calado, pero sí creo que debemos dejar a los futuros equipos en esta materia un documento de trabajo suficientemente útil y detallado como para poder
abordar de inmediato los trabajos de esta reforma, difícil en cuanto a que debe mantener, por una parte, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y, por otra, debe incorporar al modelo de acceso vías vinculadas al previo
desarrollo profesional e integrar la flexibilidad propia de una evaluación de competencias frente a la mera evaluación de conocimientos que caracteriza nuestro modelo actual.


En segundo lugar, también con el apoyo del INAP, quiero constituir una comisión encargada de proponer medidas concretas de modernización de la Administración, tanto en su funcionamiento interno como en su relación con los ciudadanos. En
este caso pretendo que las propuestas se encuadren sin excepción en el marco legal vigente, desarrollando las previsiones legales que necesitan aún ser aplicadas, por ejemplo en relación con el Estatuto Básico del Empleado Público. No se trata,
pues, de un

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nuevo libro blanco de reforma de la Administración pública, sino de propuestas concretas e inmediatamente asumibles que den respuesta, desde la independencia y el prestigio de los miembros de esa comisión, a los obstáculos y razones que han
impedido hasta ahora avanzar en estas actuaciones largamente esperadas y obligadas. El carácter integrador, transversal y de prestigio de la comisión es en consecuencia necesario y voluntad de esta ministra. Por ello, les avanzo ya que quiero
pedir al exministro Jordi Sevilla que acepte asumir la dirección de la misma y que su composición cuente con expertos procedentes de la academia y la Administración y con representantes de los sindicatos y de los colectivos de representación de los
ciudadanos en su relación con la Administración, así como con la pluralidad representada en esta Cámara. La comisión deberá cerrar sus trabajos en diciembre de este año para que el ministerio pueda analizar sus resultados durante el próximo mes de
enero e iniciar de inmediato los trabajos de aprobación de aquellas propuestas que asuma, que espero sean prácticamente todas.


Señorías, más allá del ámbito fundamental del capital humano, la modernización de la Administración está marcada por la digitalización y las nuevas tecnologías. En este ámbito, necesitamos culminar los trabajos de adaptación tecnológica de
nuestras oficinas públicas a la plena aplicación de las leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público Estatal para hacer realidad la Administración sin papel y sin que el
ciudadano deba preocuparse por quién presta el servicio. Para ello, impulsaremos la consolidación y madurez del uso de servicios compartidos en términos de fiabilidad y de cooperación con el resto de administraciones para un servicio de calidad a
los ciudadanos. Pero, sobre todo, debemos avanzar en la interoperabilidad de plataformas y sistemas digitales entre administraciones y dentro de las mismas bajo la directriz de la cooperación y los usos compartidos por todas ellas. No podemos
seguir asumiendo que la información no fluya entre las administraciones o que los derechos de los ciudadanos se vean condicionados por los obstáculos en la comunicación interadministrativa. En esta misma línea, fomentaremos la participación de la
sociedad para extender un tejido comunicativo por vía telemática y, por tanto, una participación activa en todos los procesos de decisión. Consolidaremos el uso de software libre, que ya es extensamente empleado por la Administración General del
Estado, así como el uso de formatos reutilizables. Y, especialmente, avanzaremos en la garantía de un funcionamiento seguro de los servicios públicos electrónicos, para lo que culminaremos los trabajos de implantación de un centro garante de la
ciberseguridad en colaboración con organismos especializados del Estado.


Señorías, la modernización tecnológica es un elemento fundamental en la configuración de la posición y capacidades de las administraciones públicas, pero la política en esta materia no termina en esos dos ámbitos, el modo de actuar de la
Administración y de relacionarse con los ciudadanos también ha cambiado y debe transformarse aún más. La Administración no solo actúa persiguiendo el interés público, sino que lo hace del modo más adecuado y efectivo para la garantía de los
derechos del ciudadano, con la menor perturbación posible para las prioridades y la vida de los administrados, y abriéndose al máximo al control y aprovechamiento de su actuación por parte de la sociedad. El esfuerzo de reducción de cargas ha sido
positivo; seguiremos manteniendo esa perspectiva, pues una seña de identidad de la Administración es la de agente clave del aumento de la competitividad empresarial, de la seguridad jurídica y con una acción permanente que facilite su acceso a los
mercados mediante la reducción de trabas y cargas. En esta senda consolidada, el Plan 2018 de reducción de cargas, que está en proceso de elaboración, será aprobado a lo largo del tercer trimestre de este año. Pero las visiones de la reforma
administrativa centradas exclusivamente en la reducción de cargas ignoran la virtualidad de las administraciones como instrumentos de aportación de valor añadido a los ciudadanos, bien sea en forma de prestación de servicios, bien sea en nuestro
ámbito de interés en forma de generación de utilidades como la información pública. Por otro lado, esa perspectiva limitada a las cargas elude las necesidades de efectividad de la acción administrativa y los efectos de control de las decisiones y
actuaciones de la Administración que se derivan de otras perspectivas que incorporan a la gobernanza las ideas de control de la gestión de lo público, buen gobierno o transparencia.


Es necesario combinar esta perspectiva con la de aprovechamiento de la Administración como instrumento de transformación y de transparencia y control. En este sentido, concebimos nuestra Administración en términos de transparencia,
rendición de cuentas y evaluación de las políticas públicas; en definitiva, y en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, nuestra Administración debe ir hacia un modelo abierto. Por ello, el Plan de Acción español de la
Agenda 2030 contempla como una de sus nueve políticas palanca el III Plan de Gobierno Abierto. El III Plan de Gobierno Abierto es una pieza capital en materia de transparencia y participación ciudadana. Impulsaremos los mecanismos de

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participación que incorpora y que se expresan esencialmente en el llamado Foro de Gobierno Abierto. También impulsaremos, a través del INAP, la constitución de laboratorios de innovación pública, con participación ciudadana y social, que
promuevan ideas de mejora, transformación y digitalización de la Administración. En especial, en materia de transparencia, nuestro proyecto pasa por reforzar las obligaciones de publicidad y transparencia activa de las administraciones, tanto
mediante la aplicación rigurosa de las obligaciones legales como mediante su ampliación en algunos supuestos, como, por ejemplo, el referido a las agendas de los altos cargos.


Los socialistas defendimos en su momento un órgano de control de la transparencia distinto al consejo previsto finalmente en la Ley 19/2013. Seguimos pensando que es necesario garantizar con mayor eficacia, tanto la independencia como los
medios del consejo, pero con el marco legal vigente resulta ineludible recuperar al menos la autoridad y eficacia que asumió la fallecida presidenta Esther Arizmendi. Como ministra de la que depende orgánicamente el consejo, sin perjuicio de su
autonomía, me comprometo a trabajar de inmediato para reforzar los medios de que dispone y para encontrar un presidente que mantenga -al menos- los estándares de independencia y auctoritas que estableció la primera presidenta del órgano. Por otro
lado, consolidaremos el papel central en una Administración abierta del portal de transparencia, con mejoras continuas en su información y presentación más fácil y accesible. Con ello fomentaremos que el portal de transparencia sea un elemento cada
vez más relevante como espacio participativo de los ciudadanos en las iniciativas normativas y de acciones públicas, planes y programas que impulsa la Administración General del Estado. Por último en este ámbito, desde el Gobierno queremos reforzar
la rendición de cuentas de los altos cargos y de los funcionarios públicos mediante la simplificación y aplicación rigurosa de los procedimientos que lleva a cabo la Oficina de Conflicto de Intereses. En este sentido, una vez culmine el proceso de
nombramiento de nuevos altos cargos en la Administración General del Estado, procederemos a la obligada publicación legal de las declaraciones e informaciones correspondientes, acompañada de la publicación de todas las pendientes.


Señorías, la evaluación de las políticas públicas es un ámbito en que el anterior Gobierno no avanzó e incluso dio algunos pasos atrás relevantes. La disolución de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y su conversión en un
instituto con rango de subdirección general, de tamaño y presupuestos muy limitados, abortan prácticamente cualquier intento de avance serio en este ámbito. Sin embargo, la necesidad de tomar en serio la evaluación de las políticas públicas es
perentoria y no permite esperar a una nueva configuración del instituto. Por ello, asumiendo la realidad actual, queremos potenciar la evaluación de políticas públicas como un instrumento de aprendizaje y mejora de los servicios, una obligación de
los gestores y decisores públicos y una garantía de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y sus representantes. Para ello, queremos recuperar materialmente la autonomía del director del instituto y abordar algunos trabajos de evaluación de
ámbitos sociales concretos que puedan servir como muestra y semilla del desarrollo de la evaluación de políticas públicas en España. Pretendemos también implantar con carácter generalizado una verdadera cultura de la evaluación dentro de la
Administración General del Estado mediante la formación de los empleados públicos y la organización en red de estas funciones en los diferentes departamentos ministeriales, que tengan como referente y apoyo, tanto técnico como metodológico, al
ministerio a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas.


Señorías, termino. El que he expuesto es un programa complejo, formado por actuaciones muy distintas y muy diversas que afectan a distintos ámbitos. De un lado, actuaciones que, como expresó el presidente del Gobierno en el programa que
expuso en esta Cámara, resultan de la necesidad de actuar para dar respuesta inmediata a las demandas de los ciudadanos y las instituciones, ilusionados por un cambio en la actitud y los objetivos del Gobierno; así, la nueva perspectiva de
actuación y avance en materia autonómica y local o el impulso decidido en el ámbito de la transparencia. Actuaciones, por otra parte, enfocadas a sentar las bases de futuros desarrollos, como las propuestas en relación con la restauración de la
confianza y el diálogo con la Generalitat de Catalunya o las propuestas de nuevos planteamientos en materia de reformas de la Administración pública. Iniciativas que dependen, fundamentalmente, de la voluntad política de esta Cámara, como las
propuestas de reforma en materia local o el desarrollo de las actuaciones de impulso de la Administración digital. Iniciativas también en que esa voluntad debe incorporar el acuerdo de otros protagonistas, como los sindicatos, en referencia a las
actuaciones sobre empleo público. Y, también, iniciativas que exigen construir el acuerdo con otros Gobiernos -esencialmente autonómicos- para impulsar el sistema de cooperación y participación intergubernamental o para recuperar la participación
de las instituciones catalanas en los foros comunes.

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Señorías, el Grupo Socialista tiene 84 diputados en esta Cámara. Conociéndolos, esos 84 diputados son una base sólida para impulsar acuerdos, porque solo mediante esos acuerdos conseguiremos avanzar en los objetivos y medidas que les he
expuesto. En el caso del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sin embargo, esa necesidad de acuerdo no es simplemente una consecuencia de la composición del Congreso de los Diputados, es también y ante todo mi compromiso ante las
tareas encomendadas. Espero sinceramente contar con su ayuda en esa búsqueda de avances compartidos. Esa es mi disposición sincera.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Turno de intervención de los grupos. Por el Grupo Mixto tiene la palabra en primer lugar la señora Beitialarrangoitia Lizarralde. ¿Van a distribuir por igual el tiempo, seis minutos cada uno? (Asentimiento).


Tiene su señoría la palabra.


La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenida, señora Batet. En primer lugar, quiero pedirle disculpas, porque hay dos comparecencias a la vez y hay una parte de la suya que no he podido escuchar. Aprovecho también para pedirle disculpas al señor Grande-Marlaska porque no
he podido escuchar su respuesta; no sé si me va a dar tiempo a moverme en este intervalo; son cosas que ocurren, al Grupo Mixto nos pasan a menudo. En cualquier caso, sí pude participar ayer en la comparecencia de la vicepresidenta en su
integridad y sí he podido escuchar lo que viene diciendo el Gobierno en los últimos tiempos sobre la reforma de la Constitución, sobre el diálogo con el Gobierno de Cataluña, sobre abordar el tema territorial desde la política o sobre el Estado
federal, y creo que puedo hacerle una serie de consideraciones sobre la materia, aunque -insisto- no he escuchado la primera parte de su intervención y le pido disculpas por ello.


Lo primero, quiero preguntarle de qué tipo de reforma de la Constitución estamos hablando, porque si es una reforma de la Constitución que va a seguir negando el derecho a decidir el futuro con el único límite de la opinión de la mayoría de
la ciudadanía, creo que ni a catalanes ni a vascos nos va a satisfacer. Si es para que siga habiendo una Constitución que -ya se lo dije ayer a la señora Calvo- no tuvo la legitimación necesaria, al menos por parte de la ciudadanía vasca,
estaríamos volviendo a poner un parche y no dando una solución real a lo que la ciudadanía viene demandando de muchas maneras en la sociedad vasca, una de ellas en junio por medio de una cadena humana que reunió a 175 000 personas, pero también de
otras maneras, como, por ejemplo, en la ponencia de autogobierno que se está realizando en el Parlamento vasco y que -ayer lo dije y lo repito hoy- ha sentado tres bases principales: pide una relación de igual a igual entre la comunidad autónoma
vasca y el Estado español; pide poder decidir el futuro en torno a todas las materias posibles, y además pide que el único límite para cambiar de estatus sea lo que la mayoría de la ciudadanía decida. Por tanto, le pregunto si a su Gobierno le
parece que lo que se está planteando por su parte se acerca a estos tres principios básicos.


Nosotros somos de la opinión de que podemos tener muy buenas palabras pero, si no hay cambios profundos, al final no hay respuesta a lo que la ciudadanía demanda. Y me atrevería a decir, con permiso de los catalanes aquí presentes, que no
solo es una cuestión que se da en los mismos términos para los vascos. Por eso le pregunto si cree sinceramente que a más de dos millones de personas que fueron a votar el 1 de octubre en Cataluña y que le dieron la mayoría al independentismo el
día 21 de diciembre, les va a suponer un cambio sustancial recuperar algunos artículos del estatut 'cepillado' -ese es el término coloquial que se ha utilizado en los últimos tiempos- por el Constitucional.


Le pregunto también si estaría dispuesto el PSOE a democratizar por fin el Estado, porque si esos principios básicos que yo le mencionaba no se recogen en una futura reforma, difícilmente va a conseguir los estándares democráticos mínimos el
Estado español. Esa sería también una forma de ir hacia un Estado confederal, entiendo yo. Ustedes suelen hablar mucho del Estado federal y a mí me gustaría saber de qué fórmula de Estado federal estamos hablando, si estamos hablando de una
fórmula en la que es el conjunto del Estado el que decide si cada uno de los territorios es parte de ese Estado federal o si estamos hablando de un Estado que debería denominarse confederal, que es por el que nosotros apostamos, en el que cada uno
de los territorios decide libremente si quiere confederarse con el resto y, por tanto, si quiere participar de un proyecto común o realmente quiere hacer otra cosa. Sepa que para Euskal Herria Bildu tan solo una reforma en estos términos sería
aceptable. Somos conscientes de que lo que planteamos tiene sus riesgos, ¿eh? Puede que la mayoría de la población decidiera no independizarse. Asumimos ese riesgo; nos parece un principio democrático que sea lo que la ciudadanía decida lo que

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todos absolutamente respetemos. Por tanto, Euskal Herria Bildu está dispuesta a correr ese riesgo y está dispuesta a aceptar que la mayoría decidiera no independizarse. La pregunta se la hago yo a la inversa, si estarían dispuestos ustedes
a aceptar que la decisión de la mayoría, si esa decisión apuesta por un cambio, tenga que tener cauces para llevarse a la práctica, porque si no estará otra vez abocándose a la frustración la demanda mayoritaria de la sociedad. Insisto, para
nosotros eso es un principio básico. Esa será la forma de, verdaderamente, poder saber si están ustedes planteando una actitud que lo único que muestra es un talante más abierto que el Partido Popular para llegar a lo mismo; es decir, para llegar
a decirnos que no, que se impone la realidad constituida en 1978, todos sabemos con qué bases poco sólidas, y negando la realidad o el derecho que como pueblo nos asiste. Si realmente estamos dispuestos a acometer el problema, el conflicto político
de fondo, o simplemente es un cambio cosmético y de formas el que pretenden ustedes plantearnos y que, en última instancia, no les alejaría de esa gran coalición que hizo posible que el señor Mariano Rajoy gobernara, porque ustedes primaron la
unidad de España frente a otras muchas cuestiones, ni siquiera las cuestiones sociales o las demandas mayoritarias de la ciudadanía en ese ámbito prevalecieron en aquel momento. Querría saber si realmente estamos hablando de un cambio cuando
llegamos a este punto.


Seguramente va a invocar usted la ley, lo hacen reiteradamente, pero tenemos encima el incumplimiento del estatuto y el amejoramiento, que también son una constante. Gobierne el PP o gobierne el PSOE han pasado cuarenta años y siguen
pendientes gran parte de las competencias sin transferir. Ya que dice usted que va a recuperar la relación bilateral con los Gobiernos, le quería preguntar si esta se va a acercar a realmente completar esos estatutos, que, lo dije ayer y lo vuelvo
a decir hoy, no son la meta de Euskal Herria Bildu, pero sí son el punto de partida para llegar a una soberanía plena y por tanto no renuncia a nada de lo que tiene. Y como son dos leyes de obligado cumplimiento, entendemos que el Gobierno debería
llevarlas a la práctica. Ya sé que en este Congreso hay muchos que abogan justo por lo contrario, por recentralizar todavía más, por revertir la situación y volver a otra situación, pero yo le pregunto si realmente va a hacer por cumplir con estas
dos leyes. Se lo vienen demandando los parlamentos reiteradamente; su propio partido viene apostando por ello en el Parlamento vasco, la semana pasada mismo, dándoles un plazo de tiempo reducido, pero después de cuarenta años amplio a la vez, para
que realmente cumplan con estas dos leyes. Por eso le pregunto para cuándo un cambio de verdad en esta materia, porque no me voy a cansar de repetir que cuando nosotros hablamos del derecho a decidir y cuando hablamos del estatuto, no estamos
hablando solo de referéndum de independencia.


Finalmente, me ha agradado escucharle que es hora de acabar con la excepcionalidad en el tema local y que es necesario respetar la autonomía, pero eso necesita de la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la Ley de
Racionalización, que, hasta ahora, ustedes no han impulsado. La preguntar sería si eso quiere decir que ahora van a impulsarlo, porque autonomía municipal sin financiación real, sin poder decidir sobre qué y para qué se gasta el dinero que uno
tiene, es difícilmente; son cosas incompatibles.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor Xuclà i Costa, también diputado del Grupo Mixto.


El señor XUCLÁ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenida, señora ministra, ben trobada en esta casa; usted representa a los ciudadanos desde que llegó, desde que llegamos en el año 2004. Le deseo aciertos en su mandato como ministra.


Voy a empezar hablando de Cataluña, pero no solamente quiero hablar de Cataluña. He escuchado sus reflexiones, que se quieren mover del vencer al convencer en un diálogo democrático, lejos de lo que podía ser el modus operandi de la llamada
periodísticamente Brigada Aranzadi, que dirigió esta falta de diálogo durante los últimos seis años y medio, una Brigada Aranzadi ahora en puras prácticas de lo que es de verdad la política. Pero también le quiero pedir que tome en consideración
que hay una demanda política que representa la mayoría absoluta del Parlament de Catalunya, reiteradamente confirmada en las urnas desde el año 2012 y que tiene una nueva una cita en las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo de 2019. Le
pido diálogo para concertar o para discrepar, diálogo sin límites ni condiciones, para citar a la vicepresidenta Carmen Calvo, sin cortapisas -como decía ayer en la Comisión Constitucional-. Un diálogo basado en el reconocimiento del otro -usted lo
ha hecho en su intervención-; en el respeto al otro -usted lo ha hecho en su intervención-, y no en el intentar cancelar por varias vías -algunas legales y algunas muy subterráneas- al que piensa de forma distinta.

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Usted decía en una interpelación respondiendo a mi compañero el señor Campuzano: hemos perdido la confianza en ustedes. Y muchos ciudadanos de Cataluña representados a través de distintos grupos políticos han perdido la confianza en la
capacidad del Gobierno español de dar una respuesta política a lo que hoy es la demanda de la mayoría absoluta del Parlament de Catalunya. Le digo respuesta política porque, al final, esta respuesta requerirá de una solución política, pero también
jurídica. Requerirá también, por parte del Gobierno español, de una explicación política de por qué hemos llegado hasta aquí, y no nos tiene que dar miedo repasar el pasado y explicar por qué hemos llegado hasta aquí. Una respuesta política que
debe tomar en consideración que el derecho a decidir en Cataluña suma cerca del 80 % del apoyo popular y que los partidos que ganaron las dos últimas elecciones generales en Cataluña, que no fue el mío precisamente, sino En Comú Podem, apoya la idea
del derecho a decidir y que, hoy por hoy, el derecho a la autodeterminación está ampliamente extendido en la sociedad catalana. Incluso es bueno recordar que el Partido Socialista de Cataluña -y me parece muy acertado- no hace muchos años hablaba
de la Ley de Claridad y de cómo se afrontó el segundo referéndum, que no fue unilateral, en Québec. Simplemente le pedimos volver a una cierta normalidad. Es bueno recordar que desde el mes de abril del año 2016 el president de la Generalitat no
ha sido recibido en la Moncloa. Se ha ido a la antipolítica, a la negación de la política, cuando esa es la base del diálogo para coincidir o para discrepar. La activación de las comisiones bilaterales forma parte de este retorno a la normalidad.
Y como el agua siempre llega, al final, al mar, yo estoy convencido de que se van a encontrar los cauces, pero estoy convencido también de que estos cauces pasan por dar la palabra a los ciudadanos para decidir libremente su futuro.


Hablando de aquello que usted puede encauzar, le voy a hacer una petición que seguramente no corresponde únicamente a su ministerio, sino al conjunto del Gobierno, algo que sería de sentido común. Por favor, ejecuten los presupuestos.
Mañana creo que se van a publicar los presupuestos para el año 2018, que el Gobierno tiene solo medio año para ejecutar, y los tienen que ejecutar en respeto al Parlamento, a las Cortes, a los que votaron a favor y a los que votamos en contra.
Ejecuten los presupuestos, no hagan como el Partido Popular, que hacía perder la confianza de la ciudadanía a partir de una discrepancia profunda entre aquello que estaba presupuestado y aquello que, al final, se ejecutaba.


Saliendo ya de Cataluña, señora ministra, por favor, tome nota de que en esta Cámara hay una minoría, tome nota de algunas de sus consideraciones y de alguna de sus reflexiones. Apoyo a su voluntad de devolver la autonomía local y a la
regla de gasto; apoyo a su Administración digital, muy alejada de la necesidad de racionalizar el uso de algunos bienes inmuebles, de alquiler o de propiedad, de la Administración periférica del Estado; apoyo a completar la representación de las
comunidades autónomas en organismos europeos; valoración de aquello que se hizo en época del presidente Zapatero en los organismos europeos, recordando que quedó pendiente la representación de las lenguas españolas en el Parlamento Europeo.


Termino, señor presidente. Hace muy pocas horas el Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo marco que afrontará las elecciones europeas que se van a celebrar del 23 al 26 de mayo en los distintos Estados miembros. Y este marco legislativo
da la opción a cada Estado a legislar para que el umbral mínimo esté entre un 2 % y un 5 %. Yo le pido que se respete la pluralidad en la que se han venido manifestando los partidos políticos desde las primeras elecciones europeas del año 1989.
También le pediría que en un Estado compuesto -y una federalista convencida como es usted- se tomaran en consideración las circunscripciones subestatales, no tiene sentido que los 59 diputados que se van a elegir el día 26 de mayo del próximo año se
elijan en circunscripción única, básicamente para producir un gran alejamiento de la ciudadanía de sus representantes del Parlamento Europeo, y que lo más sensato sería la circunscripción subestatal, que no tiene que ser necesariamente la de las
comunidades autónomas.


Gracias, señor presidente. Y muchas gracias por su atención, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el diputado señor Tardà i Coma.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Bon dia, señora ministra Batet. Usted ha planteado un universo de cuestiones, algunas de ellas quizá escapan de una primera intervención por parte nuestra, ya habrá tiempo de ir viendo cómo y de qué manera se concreta todo ello, pero
también, para ser capaces de responder a esta manera que se tiene en Madrid tan sabia de decir que hay que ir a las cosas y solo a las cosas para ser eficaces, yo debería,

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de entrada, celebrar que usted diga -por ejemplo- que hay que escuchar las propuestas del otro. Y esto que es tan evidente supone que algo habrían hecho mal ustedes, o quizás todos, para que se convierta en una victoria política. O casi
una pseudovictoria política, porque a continuación ha dicho usted: lo hemos defendido siempre. (La señora vicepresidenta, Guinart Moreno, ocupa la Presidencia). No es verdad, hace pocas horas el presidente del Gobierno decía que en la reunión del
próximo lunes no se tenía que hablar del referéndum. Es más, hace pocos días, cuando nosotros planteábamos un debate y votación en el Pleno del Congreso escribiendo en la resolución planteada a debate que el diálogo se tenía que dar sin condiciones
y sin renuncias, ustedes votaron que no; es decir, no tenían ninguna duda, porque si hubieran tenido duda, se hubieran abstenido, pero no, votaron conjuntamente con Ciudadanos, coherentes, y con el Partido Popular, coherentes. Y ustedes
transmitieron un mensaje: estamos de acuerdo en que este diálogo -fíjense que nosotros nunca hemos hablado de negociación- no estaba previsto para que los unos escucharan a los otros todas las propuestas. Es decir, entendíamos que, como máximo,
cuando uno hablara de la reforma constitucional, el otro se iría al lavabo o se taparía las orejas, y cuando el president Torra hablara del derecho a decidir o del referéndum de autodeterminación, el otro, en este caso el presidente Sánchez, haría
lo mismo, por educación no se iría al lavabo, sino que se taparía las orejas. Es absurdo ¿verdad? Pues tan absurdo es esto como que hayamos de convertir en victoria política el que usted diga aquí que hay que escuchar las propuestas del otro.
¡Solo faltaría! De manera que algo mal se habrá hecho, ¿eh? Y con una intensidad inmensa. Bien, y se lo digo yo que no voté a favor de la Constitución de 1978; no vote a favor de la Constitución, pero la inmensa mayoría de los catalanes votaron
que sí, y los republicanos éramos poco. ¿Qué ha pasado para que después de tantos años hoy...? Imagínense ustedes un simulacro de votación de referéndum para que los catalanes y las catalanas hoy revalidaran el compromiso con la Constitución
española, los resultados serían muy distintos. No me atrevo a decir el porcentaje, pero serían muy, pero que muy distintos. Es preocupante, después de años y años de ir construyendo un Estado democrático, que hoy en Cataluña un referéndum de
renovación del compromiso constitucional de los ciudadanos ofreciera un resultado que podríamos pensar que sería muy distinto. Pero esto es así.


Bélgica en 1960 era un Estado uninacional y monolingüe y hoy es un Estado plurinacional y plurilingüe, tan plurilingüe que incluso los ministros utilizan la traducción simultánea en los consejos de ministro. Se hubiera podido evolucionar
hacia un sentido y se ha hecho hacia otro, la prueba está en que este hipotético referéndum tendría resultados posiblemente muy distintos. Y además hay que añadir algo que creo que es irrefutable, porque la historia nunca ofrece páginas idénticas,
sino que mutan las problemáticas, pero nunca se presentan de igual manera. Después del 1 de octubre ya nada será igual. Si me preguntan cómo será, pues no lo sé; de hecho nadie sabe cómo será. Lo que sí sabemos es que, aun cuando entre ustedes y
nosotros, y con los catalanes que votan a Ciudadanos o con los catalanes que votan al Partido Popular, las diferencias sean enormes, hay algo que nos une: que al final son los ciudadanos los que tendrán que dar su consentimiento. No sé bajo qué
fórmula, y es posible que Ciudadanos, PSC, Esquerra, Partido Popular pensemos distinto en Cataluña, si la fórmula será una u otra, no lo sabemos, no podemos escribir la historia hoy del futuro, aun cuando sea inmediato. Pero lo que es evidente es
que sin consentimiento no hay democracia.


Nosotros entendemos que políticamente es muy importante que las partes dialoguen sin prejuicios, dialoguen reconociendo la realidad, y la realidad es que en Cataluña hay un porcentaje importante de la ciudadanía que considera que el futuro
pasa por la república catalana, y hay una parte muy importante -quizá mayoritaria; ya lo veremos- de los catalanes que consideran que la solución pasa por seguir integrados en el reino de España, y además con fórmulas distintas. Luego, si esta es
la realidad, poner el carro delante de los caballos es un error inmenso. De hecho creo que hay dos fechas que pasarán a la historia como dos grandes errores, y evidentemente ahora yo hago una lectura de parte, por supuesto, pero para nosotros hay
dos errores inmensos: la sentencia del Tribunal Constitucional y el rechazo del Congreso de los Diputados a la demanda del Parlament de Cataluña -Iniciativa per Catalunya, Verds, Esquerra Unida Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana
de Catalunya y algunos diputados del PSC- de celebración de un referéndum. Pero el error no fue de los partidos constitucionalistas, entre comillas, porque entre los demandantes también había partidos constitucionalistas. El error no fue que no se
aprobara o que se rechazara, el error fue el portazo. Porque si se hubiera aceptado la tramitación de esta demanda, que venía apoyada por una gran parte de la sociedad catalana, muchos más catalanes de los que se declaraban independentistas, es
evidente que en el trámite parlamentario, tal como se hizo con el estatut de autonomía, en el debate parlamentario se hubieran dialogado y negociado las condiciones

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del referéndum, si tenía que ser vinculante o consultivo, si la pregunta tenía que ser binaria o no. Se hubiera debatido sobre los procedimientos, léase porcentajes, e incluso el calendario. Yo creo que esta hubiera sido en aquel tiempo la
respuesta madura de un Estado compuesto que se iba construyendo y que va mutando. Y por esto antes les ponía el ejemplo de Bélgica. Se optó por la vía fácil, la misma que en el año 1918 se tomó en las Cortes españolas cuando llegó el primer
proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña. Nunca nada, nunca nada, nunca nada. Y como nunca nada, ni tan solo se admite a trámite la demanda del Parlament de Cataluña.


Creo que ahora...


La señora VICEPRESIDENTA (Guinart Moreno): Tiene que finalizar, señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Creo que deberíamos tener esto presente.


Acabo. ¿Hoy existe un abismo entre Cataluña y el reino de España? Sí. El problema es qué se va a hacer. De hecho hoy el abismo es más hondo que el que había en el año 2014, cuando rechazaron la propuesta del Parlament de Cataluña. La
pregunta es si lo que ustedes plantean servirá para que dentro de cuatro años el abismo sea más profundo o no. Y creo que la única solución es que se asuma la necesidad de dialogar sobre todas las alternativas, porque si normalizamos el diálogo
estaremos haciendo el surco necesario para que se pueda negociar, y al final encontrar un acuerdo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Celebramos que el lunes próximo la reunión entre el presidente Sánchez y el president Torra permita hablar de todo, también del referéndum.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Villegas Pérez.


El señor VILLEGAS PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia y por la exposición prolija y detallada que nos ha hecho. En los doce minutos que tengo voy a intentar tocar alguno de los temas, plantear algunas preocupaciones y plantearle algunas
preguntas.


Cuando se conformó el Gobierno del señor Sánchez nosotros ya expresamos una preocupación, y una de nuestras mayores preocupaciones era que el señor Sánchez había puesto la política territorial de España en manos del PSC, en sus manos, señora
Batet. Esa preocupación no ha hecho más que confirmarse y en todo caso agrandarse. Confirmarse por las declaraciones, tanto del señor Sánchez como por las suyas propias, deslegitimando el Estatuto de Autonomía de Cataluña, deslegitimando incluso
la Constitución española, pues usted dijo en sede parlamentaria que la Carta Magna no representaba, según su opinión, los intereses de la mayoría. Todas esas declaraciones y sus actuaciones, que luego pasaré a detallar algunas, han incrementado esa
preocupación inicial. Pero aún se incrementa más después de oír las intervenciones de sus socios, o por lo menos de aquellos que apoyaron al señor Sánchez para llegar al Gobierno, para llegar a La Moncloa, y aún nos falta oír luego la intervención
de Podemos, pero hemos oído a los que votaron a favor del señor Sánchez, hemos oído a Bildu, hemos oído al PDeCAT, y hemos oído a Esquerra Republicana de Catalunya, todos en la misma dirección, todos hablando de la necesidad de que en España se
permita el derecho a la autodeterminación, y además todos muy contentos y muy optimistas, ya veremos cuál es su respuesta a esas intervenciones. La verdad es que la esperamos -insisto- con preocupación. Igual que vemos con preocupación cómo el
portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, el señor Tardà, presenta los contenidos que se van a tratar en la reunión entre el señor Sánchez y el president de Cataluña del próximo lunes como una victoria política de Esquerra Republicana de
Catalunya. Supongo que también tendrán que explicarnos cuál es la derrota política del señor Sánchez. Supongo que cuando hay una victoria hay una derrota, porque si hay una derrota política del señor Sánchez, si en esa reunión se va a hablar de
temas que están fuera de la Constitución, fuera de la ley, no será una derrota política del señor Sánchez, lo será del Gobierno de España, y por lo tanto de los españoles, y eso también nos preocupa.


En cuanto a su intervención efectivamente nos ha hablado de modelo territorial, Función pública y administraciones públicas. Voy a intentar repasar alguno de los temas, pero voy a empezar, como no puede ser de otra forma, por el modelo
territorial y por Cataluña. Yo creo que de su intervención -y esto

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va ligado a la preocupación inicial de que el señor Sánchez ponga la política territorial de España en manos del PSC- precisamente han quedado patentes los complejos del PSC al afrontar la cuestión territorial en Cataluña, y ahora en España,
porque es su responsabilidad, señora ministra. Usted plantea el cuestionamiento del modelo constitucional en Cataluña. Usted dice que está cuestionado por parte de la sociedad catalana, y seguramente es verdad, habrá que ver qué parte y cómo se
trata. Usted habla de insatisfacción en Cataluña por el modelo constitucional, pero es que ustedes solo ven esa parte, ¿no creen que también puede haber un cuestionamiento del modelo autonómico por muchos catalanes y por muchos españoles, y que
tenemos que legitimar el modelo autonómico ante esos catalanes y esos españoles? Y, ¿cómo se legitima el modelo autonómico? Haciendo que el Estado de las autonomías no sea un nido de problemas para los ciudadanos, un nido de problemas para los
españoles, sino que sea un modelo que aporte soluciones a los españoles. Y tengo la sensación, confirmada por su discurso, de que usted solo tiene una visión: la visión de esa minoría que cuestiona, por un lado, el modelo autonómico por ser
insuficiente, y habla de mejorar las capacidades de actuación de las comunidades autónomas constantemente, y ahí es donde pone el peso de su intervención. Pero, ¿y la eficacia? ¿Y la eficiencia del modelo autonómico? ¿Y el modelo autonómico no
como algo que hay que defender per se, sino que se defiende y se legitima en cuanto es útil a los ciudadanos, en cuanto mejora las políticas públicas de cara a los ciudadanos, en cuanto son más eficaces las acciones de la Administración por esa
descentralización? Insisto en que ustedes tienen esa visión sesgada de la realidad, que usted tiene esa visión sesgada de la realidad, y que esa visión que tiene usted y que tiene el PSC -al que ya conocemos- contamina este Gobierno de España en
estos momentos, y que eso va a ser una dificultad.


Sí es verdad que usted en algún momento ha hablado de ciertas dificultades de coordinación de las comunidades autónomas, y ha hablado, por ejemplo, del tema de la sanidad. Nosotros trajimos aquí una propuesta para que haya una tarjeta
sanitaria única, y trajimos una propuesta para que el expediente médico se pueda ver desde cualquier comunidad autónoma, pero ustedes votaron en contra, y la ministra de Sanidad negó que existiera ese problema, y no lo ha tratado. Es verdad que es
de otro departamento, pero tiene que ver con el Estado de las autonomías y con el modelo territorial. La justicia, ¿cómo es posible que sean incompatibles los modelos informáticos de las distintas comunidades autónomas, de forma que se hace difícil
la consulta incluso de los antecedentes penales? Esos problemas son los que deslegitiman el modelo autonómico ante muchos ciudadanos. Y los que defendemos el modelo autonómico tenemos que poner soluciones para que haya una coordinación suficiente
para que el modelo autonómico no sea un problema, para que no se rompa la unidad de mercado provocando ineficiencias a la economía española por la diversidad y descoordinación de legislaciones, ahí es donde habría que poner el mayor esfuerzo para
que el modelo autonómico fuera un modelo que diera soluciones a la vida de los ciudadanos y no pusiera problemas.


Hablaba antes de que nuestra preocupación se había incrementado con sus declaraciones, deslegitimación del Estatuto de Cataluña, de la Constitución. Vamos al Estatuto de Cataluña; ustedes han hablado de recuperar un estatuto
inconstitucional o de hacer constitucional lo que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. Del Estatuto de Autonomía, de sus 220 artículos, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional 14, y 27 fueron sujetos a
interpretación. ¿Qué pretendemos, que haya normas inconstitucionales vigentes en España? ¿Que haya normas contrarias a la Constitución vigente en España? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo piensan hacer eso? ¿Piensan hacer una reforma por la puerta de
atrás de la Constitución, ya que no tienen mayoría suficiente para una reforma constitucional? ¿Piensan mediante la aprobación de leyes con sus socios, a los que hemos oído defender lo que defienden, hacer esa reforma por la puerta de atrás? ¿Y
para qué? ¿Qué es lo sustantivo de eso que quiere usted hacer, señora Batet, en esa reforma por la puerta de atrás de la Constitución, de ese hacer constitucional un estatuto que ya ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal, que es el que
tiene que hacerlo? Porque lo que ha sido declarado inconstitucional, por ejemplo, es la discriminación del castellano en la Administración pública. ¿Quiere legalizar la discriminación del castellano en la Administración pública? Porque es uno de
los puntos que se declaró anticonstitucional, ¿quiere romper la unidad del Poder Judicial en España y quiere entregar el Poder Judicial al Gobierno de la Generalitat, que fue otro de los puntos declarados inconstitucional? ¿Se imaginan si estos
señores que han dado el golpe a la democracia y que siguen gobernando en Cataluña además controlaran a los jueces en Cataluña? ¿Eso es lo que quieren hacer: entregarles también esa arma, además de todas las que tienen? ¿Qué quieren hacer:
prohibir que los catalanes nos podamos dirigir al Defensor del Pueblo, que fue otra de las cuestiones declaradas inconstitucionales? ¿Limitar la solidaridad económica de Cataluña con el resto de España? ¿Cómo quiere

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hacer eso? ¿Cómo quieren hacer que algo que es inconstitucional se convierta en constitucional, y para qué? ¿Para regular estas materias que le he mencionado en la línea que le he mencionado? Desde luego no creemos que esa sea una línea
tranquilizadora.


Después usted también ha hablado, señora ministra, de reforma constitucional, ¿pero de qué reforma constitucional estamos hablando? ¿De la que pactaron con nosotros en el programa de gobierno? ¿Una reforma constitucional para afianzar la
separación de poderes? ¿Una reforma constitucional para cerrar el modelo autonómico? ¿Una reforma constitucional para conseguir la reforma del Senado? ¿Para eliminar las diputaciones? ¿Para ampliar los derechos de los españoles? ¿O una reforma
constitucional para contentar a los que dieron el golpe a la democracia en Cataluña? Porque parece que se esté hablando de eso y de eso parece que vaya a hablar el señor Sánchez con el presidente de la Generalitat el próximo lunes. Por lo menos
eso parece dada la euforia, la alegría y la sensación de victoria del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya ante cómo se plantea esa reunión, lo cual nos preocupa.


Me gustaría dedicar unos minutos, de los pocos que me quedan, a hablar de administraciones públicas y Función pública; es un tema muy amplio para tocarlo en un minuto, pero me gustaría saber si se va a concretar -sabemos que es difícil para
un Gobierno débil con 84 diputados afrontar determinados retos- el reto de la modernización de la Administración pública. Usted ha criticado alguna de las leyes que había hecho el Partido Popular, muchas son para criticar, pero algunas igual no
tanto. Ha criticado también el propósito de eliminar duplicidades, pero nosotros creemos que uno de los fines de esa reforma de la Administración pública tiene que ser eliminar duplicidades, modernizar la Administración pública y hacerla como
decíamos antes más eficiente. Pero las administraciones públicas para funcionar necesitan financiación. Ustedes ya han asumido la primera derrota de su Gobierno, decir que son incapaces de sacar adelante la reforma de la financiación autonómica, y
supongo que también de la financiación local. Ya sé que esto es del Ministerio de Hacienda, pero afecta directamente a las administraciones públicas. Me gustaría que confirmara si, como dijo el señor Sánchez, ustedes admiten esa primera derrota,
admiten su incapacidad para sacar adelante esa reforma de los modelos de financiación tan importante para el funcionamiento, tanto de las administraciones autonómicas como de las locales, y que tanto reclamaban ustedes cuando estaban en la
oposición. No hace un año, hace tres o cuatro semanas que para ustedes era urgente, y ahora parece que es imposible. Ya le digo, yo soy comprensivo y que un Gobierno débil como el suyo, un Gobierno con 84 diputados, un Gobierno con los socios que
tiene, a los que hemos oído y a los que oiremos después, tiene que tener dificultades para afrontar ciertos problemas.


Le he oído hablar también de Función pública, y la verdad es que nos alegramos de que se mantenga el acuerdo de mejora de empleo público, al que llegaron los sindicatos con el Gobierno y con los partidos políticos. Creemos que es un buen
acuerdo y está bien que siga adelante. Pero también hay otras reformas que se podrían afrontar de cara a la profesionalización y a la modernización. Usted ha hablado de hacer un documento de trabajo para unos temas, para el sistema de acceso,
crear unas comisiones. En realidad yo creo que usted lo que está haciendo es asumir la incapacidad de su Gobierno debido a su debilidad para poder acometer y aprobar determinadas reformas importantes. También en cuanto a la Función pública
nuestros dos partidos habían llegado a un acuerdo que tiene que ver con las puertas giratorias, con las incompatibilidades de cargos públicos. Me gustaría saber si también piensan intentar avanzar en la medida en que puedan en esa dirección.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Martín González.


La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Gracias, presidente. Gracias, ministra por la detallada y completa exposición.


Si por algo se ha caracterizado el último Gobierno del PP ha sido precisamente por su acción recentralizadora contra comunidades autónomas y municipios, bajo la que se escondían recortes a los servicios públicos, a nuestros derechos, y en
definitiva a la democracia. Por eso vamos a entrar en buena parte de la intervención en esclarecer cómo el Gobierno pretende revertir esta política desde tres vertientes: una, centrarnos más en la cuestión del conflicto en Cataluña, luego hablar
de la autonomía competencial y financiera de los ayuntamientos, y luego plantearles algunas cuestiones sobre Función pública.


Si empezamos por Cataluña creo que todas sabemos que venimos de años en los que el Gobierno central no solo ha desatendido las demandas de la mayoría de la ciudadanía catalana, sino que su única

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respuesta ha sido básicamente la del bloqueo, la intervención del autogobierno o lamentablemente la de enviar a la policía contra gente pacífica que se autoorganizaba para expresar esas demandas ciudadanas que no habían sido escuchadas. De
hecho la acción del Gobierno del Partido Popular y de los sucesivos Gobiernos catalanes, que -hay que decirlo también aquí- han dejado de lado en sus decisiones de forma sistemática a la mitad de la ciudadanía catalana, han supuesto no solo la
degradación hasta la inexistencia de las relaciones institucionales, sino también la erosión de vínculos a nivel social que van a necesitar tiempo para recuperarse. Nuestra postura ha sido siempre, y me temo que eso no lo puede decir mucha gente,
la de encontrar soluciones políticas dialogadas y acordadas para solucionar la crisis territorial, que no solo implica a dos Gobiernos, sino al conjunto de administraciones, actores y ciudadanía que han vivido estas situaciones, y que de hecho está
trabajando cada uno desde ese lugar para intentar acabar con esta degradación. Nuestra primera pregunta, aunque sea un poco retórica, es si tiene previsto el Gobierno emprender acciones y escenarios de diálogo que vayan más allá de las
conversaciones entre ambos Gobiernos.


Desde la sentencia del estatut de 2010, bajo nuestro punto de vista, es evidente que el actual modelo autonómico ha quedado totalmente agotado. De hecho, a modo de ejemplo, en la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió, de mayo de
2018, un 65 % de las personas encuestadas opinaban que Cataluña tiene un nivel de autonomía insuficiente, y a la pregunta sobre cuáles son los principales problemas de Cataluña un 48 % mostraba su insatisfacción con la política y un 46 % decía que
eran un problema las relaciones entre Cataluña y España. Por lo tanto es evidente que la no resolución de esta cuestión va ligada a más degradación de la política institucional, cosa que no es rara, porque se supone que las personas que ostentan
cargos públicos debemos trabajar para encontrar soluciones y no para enquistar los problemas, que parece que es lo que se ha intentado durante todos estos años. Después de esa sentencia y de la multitud de leyes suspendidas por el Tribunal
Constitucional, a instancias del Gobierno del PP, es evidente que el bipartidismo ha decepcionado mucho en Cataluña, y que la falta de comprensión de los viejos partidos está en el origen de esta crisis. El problema catalán no es solo un problema
entre Cataluña y España, sino que es principalmente un problema de cómo entendemos España. Nosotras creemos que hay que apostar por una relación de tipo confederal, o verdaderamente federal, en el marco de un Estado plurinacional, entendiéndose por
supuesto que cualquier solución pasa por que la ciudadanía de Cataluña tenga voz y voto en la decisión sobre su futuro político. Parece difícil que no se entienda algo que es básicamente puro sentido común. Y de ello debe poder hablarse siempre y
con normalidad. Por eso nuestra segunda pregunta es: ¿va a recuperar su Gobierno, como en su día decía Pedro Sánchez, la idea de la plurinacionalidad de España, y va a emprender medidas efectivas para ese reconocimiento? Nosotras, después de
haber trabajado sin parar para echar a Rajoy desde el día en que su Gobierno tomó posesión, e incluso antes, les dijimos que los gestos de distensión debían concretarse y les pedimos que para empezar, en cumplimiento de la legalidad vigente,
gestionaran el traslado a prisiones catalanas de las personas que están en la cárcel a raíz de este conflicto, y nos alegramos de que hoy, a pesar de que en unos primeros momentos negaron que se tratara de su responsabilidad, se haya cumplido esta
demanda. Estas personas están en prisión provisional de forma injusta, de hecho nunca deberían haber estado en la cárcel, pero valoramos su traslado como un importante primer paso de los muchos que se deben ir dando para acabar con la
judicialización de este conflicto y poder volver a la normalidad. De hecho esperamos que -vaya por delante nuestro escrupuloso respeto a su autonomía e independencia- la nueva fiscala general contribuya a esta desjudicialización.


Pero para avanzar en lo urgente, que es la distensión, lo siguiente que debería suceder es que se activen los diversos mecanismos de relación bilateral entre ambos Gobiernos. Necesitamos un diálogo normalizado que tenga en cuenta a toda la
ciudadanía, y sobre todo que se llene de contenido concreto que sirva para mejorar el día a día de la gente. Para eso, a nuestro juicio, el Gobierno debe proceder a la retirada de los recursos ante el Tribunal Constitucional, de hecho ha apuntado
cosas en ese sentido la ministra, que mantienen en suspensión cautelar numerosos artículos de varias leyes que tienen mucha trascendencia en Cataluña especialmente, pero también hay muchas otras del resto del Estado. Usted anunciaba esa voluntad de
disminuir la conflictividad y nosotras le vamos a apuntar algunas concreciones. Es importante retirar el recurso de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que
precisamente tiene suspendidos -no por casualidad- artículos en el apartado de vivienda que exigen responsabilidades importantes a las entidades financieras; por cierto leyes parecidas también han sido suspendidas cautelarmente provenientes de
otras comunidades autónomas. Pero hay otras, la Ley 17/2015, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres,

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la Ley 16/2017, del cambio climático o la Ley 5/2017, de medidas fiscales, administrativas y financieras del sector público. La pregunta es evidente, ¿va a levantar su Gobierno estos recursos? Al margen de eso otras tareas que deberían
abordarse, algunas de las cuales ha mencionado, se refieren a acabar con los ataques a la capacidad de gestión y decisión de Cataluña, en general del resto de comunidades autónomas, que en estos años se han venido sucediendo, o activar, en
cumplimiento del estatut, los traspasos pendientes a la Generalitat que afectan a varias materias. Querríamos conocer su posicionamiento a estas dos cuestiones, si puede ser.


Si hablamos ahora de los ayuntamientos, nos ha parecido su intervención interesante, creo que compartimos diagnóstico. Está claro que durante estos años negros del Gobierno del PP hemos visto cómo la autonomía financiera y competencial de
los ayuntamientos era laminada, precisamente para asfixiar a esas administraciones, aunque fuera a costa de degradar su prestación de servicios públicos. No olvidemos que mientras que el Partido Popular legislaba desde aquí en contra de los
intereses de la mayoría de la gente, han sido los ayuntamientos los que, con mínimas competencias y sufriendo una asfixia económica apoyada por PP y Ciudadanos, han tenido que dar respuesta a los problemas del día a día de la ciudadanía, desde un
desahucio hasta dar respuesta a la situación de vulnerabilidad máxima de la gente que llega a nuestro país huyendo de la miseria y la violencia. Estas cuestiones y muchas más son las que los ayuntamientos han estado gestionando prácticamente en
solitario y con recursos propios todo este tiempo, y eso se tiene que acabar.


Hace pocos días, la ministra de Hacienda respondía a nuestra petición de trabajar urgentemente el tema de la reforma de la financiación local, nos alegramos de que, por fin, se dé respuesta a la petición de los ayuntamientos y esperamos que
su impulso político, ministra, sirva para que -tal y como nos ha parecido ahora que apuntaba- se pudieran abordar las cuestiones de la flexibilización de la aplicación de la regla de gasto y la posibilidad de inversión de los remanentes, las
compensaciones económicas a los ayuntamientos por la reducción de ingresos ocasionada por la modificación de la regulación sobre plusvalías urbanas, o la derogación, o en su caso modificación, de la LRSAL para garantizar las competencias locales.


Y si hablamos de cuestiones más concretas, nos gustaría preguntarle si su Gobierno piensa recuperar la financiación del transporte público en el área metropolitana de Barcelona, que en los últimos siete años se ha recortado un 46 %; o si
van a dirigir los Fondos FAMI, que España recibe de la Unión Europea, a municipios para que estos tengan recursos para gestionar la acogida de personas refugiadas; o si van a transferir los 20 millones de euros anuales previstos para 2018 para
garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado por parte de los ayuntamientos. Seguro que podrá hablar de todo esto con las alcaldesas de Madrid y Barcelona en la convocatoria que les acaba de hacer, y a la que seguro estarán encantadas de asistir.


Haré un solo apunte sobre financiación autonómica aquí. Ya ha dicho que su Gobierno no va a llevar a cabo ninguna reforma en ese sentido en lo que queda de legislatura, pero, igual que la reforma de la financiación local, pensamos que es un
tema fundamental que, de alguna manera, se debe empezar a abordar.


Acabo con el bloque de Función Pública. Por lo que respecta a esa cuestión, me centro en cuatro cuestiones que son claves para nuestro grupo. El tema de la tasa de reposición de efectivos. A nuestro juicio, la imposición de límites a la
contratación de personal por parte de las administraciones locales y autonómicas no solo es una injerencia en la autoorganización de esas administraciones públicas, sino que muchas veces obliga a externalizar servicios que acaban suponiendo más
coste para estas administraciones. La pregunta es si va a acabar usted con la tasa de reposición o a impulsar su modificación para que esas administraciones locales y autonómicas gocen de mayor autonomía. Si tiene prevista alguna oferta de empleo
público extraordinaria para dar respuesta a esos sectores que han sido más afectados por esa tasa de reposición.


Sobre la recuperación de los derechos económicos, ha mencionado el acuerdo entre Gobierno y sindicatos, que para nosotras es totalmente insuficiente. La pregunta es si va a avanzar usted en los derechos económicos del personal más allá de
eso, ha dicho que era un punto de partida, y nos gustaría saber si puede concretar algo más.


Sobre las políticas de Cristóbal Montoro para impedir la prestación de manera directa de los servicios públicos, ya sabemos que han sido muchas y variadas: la LRSAL, modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, leyes de presupuestos...
¿Piensa hacer algo su ministerio para revertir el bloqueo a las remunicipalizaciones de servicios? Esa cuestión también es importante para nosotros.

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Acabo. Por lo que respecta a la recuperación de derechos laborales de las personas funcionarias de la Administración General del Estado, usted ha dicho alguna cosa, ¿va a abrir negociaciones a ese nivel para reconocer derechos a esos
trabajadores en lo que respecta a las treinta y cinco horas? Sobre las incapacidades temporales me ha parecido que ha mostrado usted su compromiso, y también a desbloquear las negociaciones del convenio colectivo con el personal laboral.


Finalmente, recientemente hemos registrado una iniciativa para eximir del pago de tasas en pruebas de acceso o promociones internas a mujeres que hayan sido víctimas de violencia machista, no sé si su ministerio piensa poner en marcha alguna
medida en ese sentido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Álvarez.


El señor LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidente.


Ministra, más que bienvenida, bien hallada en esta que es su casa. Enhorabuena y gracias por su comparecencia y por sus explicaciones. Como usted misma decía, está al frente de un ministerio que es entre recuperado y de nueva creación,
como es esta propia Comisión. Yo le tengo que decir que su sola existencia ya es, en sí misma, una buena noticia, porque ya es una primera declaración de intenciones del Gobierno Socialista. Por una parte, el tener un Ministerio de Política
Territorial es el reconocimiento de la España real, de la España que tenemos, es entender el modelo del Estado autonómico, que es el modelo de nuestra democracia. Y tener, por otra parte, Ministerio de Función Pública es entender que las
administraciones públicas son las instituciones que vertebran la política material para dotar de derechos, de libertades y de servicios a la ciudadanía española. Es decir, su ministerio es un acierto y es un indicador muy positivo de un Gobierno
que tiene muy claros cuáles son los retos, los objetivos y las prioridades de nuestro país, porque vivimos en un país que está absolutamente descentralizado, en el que buena parte del peso de las grandes políticas, de la garantía de los servicios
públicos, de nuestro Estado de bienestar, está en manos de las comunidades y de los territorios. Y esto, que tiene problemas, que hemos visto con el tiempo que tiene déficit y disfunciones, se va a enfrentar desde el Gobierno con un ministerio que,
por cierto, está en las mejores manos posibles. Los socialistas estamos encantados de que usted sea la titular de este ministerio porque, como usted misma reconocía, a esto no hay que enfrentarse con una actitud pasiva, defensiva o reactiva, como
hacía el anterior Gobierno, sino que hay que tomar la iniciativa política y tener impulso político para dar respuestas y soluciones y para hacer las reformas necesarias.


La verdad es que yo tenía prevista otra intervención más al hilo de lo que había dicho usted, pero, después de oír a otros grupos, me apetece hacer otra cosa, y lo voy a hacer basándome fundamentalmente en algo que ha recorrido toda su
intervención y que este Gobierno en su conjunto dejó claro desde el primer momento. Lo ha expresado el presidente permanentemente, lo dijo ayer la vicepresidenta en la Comisión Constitucional y usted lo ha recalcado hoy mismo, y es que este
Gobierno va a utilizar las mejores herramientas de la política para resolver problemas: el diálogo, la cooperación y la negociación para buscar los acuerdos necesarios que resuelvan problemas. Esto es lo que debiera hacer siempre la política.


Lo primero que tengo que hacer es lamentar profundamente, y casi entristecerme, de que haya grupos en esta Cámara que a la acción de la política le llamen pagar hipotecas, que a la búsqueda de soluciones le llamen ceder a chantajes, o que al
diálogo entre diferentes le llamen venderse. Esto me entristece porque, seguramente, ellos prefieren que la política se inhiba, deje que los problemas se pudran hasta convertirse en conflictos irresolubles, o prefieren la política que es
enfrentamiento entre territorios y ciudadanos para ver que se consigue así un puñado de votos, o resumen la política en una mera guerra de banderas para ver quién la pone más grande y quién utiliza el palo de la bandera para pegar al adversario de
la mejor manera posible. La intervención del señor Villegas ha estado llena de esto, y, desde luego, con el Partido Socialista, con el Grupo Socialista y con este Gobierno no van a contar para eso. Al revés, como decía la ministra y este Gobierno,
nosotros haremos lo que es normal para la ciudadanía, hablar para buscar soluciones. Y esto es lo que se necesita también en Cataluña.


En Cataluña, lo prioritario es recuperar la política de las instituciones. Creo que era el señor Tardà quien se preguntaba: tendrán que decir por qué hemos llegado a esto. Pues por la ausencia de la política. Estamos asistiendo al
fracaso de la no política, que desapareció porque unos la escondieron detrás de los jueces y porque otros la envolvieron en banderas patrias para buscar una legitimidad que no tenían. Y vamos a ver si nos enteramos de una vez por todas que la
justicia, la legalidad, es básica en democracia,

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porque es la ley la que crea los espacios para que exista la política y el diálogo, pero la justicia y los jueces no pueden sustituir a la política para buscar soluciones. Y a ver si somos capaces de entender también que en democracia no
hay legitimidad alguna por encima de la legalidad constitucional, eso solo lo practican los que tienen impulsos totalitarios, porque la legalidad constitucional es la que limita el ejercicio de poder, de todo tipo de poder, y, por lo tanto, es la
que garantiza la libertad ciudadana. Es decir, el Gobierno, por esto, va a hacer una defensa cerrada -como ha dicho la ministra- de la Constitución, incluso queriéndola cambiar y reformar para adaptarla al siglo XXI, para reconocer derechos y
libertades que hemos ido conquistando, para adaptar nuestro modelo territorial. Por cierto, se ha ido la señora Beitialarrangoitia, yo soy vasco, y a mí una reforma así me satisface. Estoy bastante harto de aquellos que hablan en nombre de todos y
parece que tienen el patrimonio de la identidad vasca, catalana o española. Debiéramos ser bastante más humildes cuando hablamos de nuestras posiciones políticas.


El diálogo, al que los socialistas nunca hemos tenido miedo, nunca es la victoria de nadie, es el triunfo de la democracia y de la política, y es lo que tenemos que poner en pista. Y en el diálogo cada uno hablará de lo que prefiera, no
tendrá condiciones, pero tiene un condicionante que es el respeto a la legalidad, porque es lo que lo hace posible. Y el Gobierno, como ha dicho, está dispuesto a practicarlo.


Para acabar, porque sé que andaré muy justo de tiempo, después de lo que he oído aquí, pero de lo que llevo oyendo mucho tiempo, si se me permitiera una sugerencia... Tenemos que recuperar la política y abrir el diálogo entre el Gobierno de
Cataluña, el Gobierno de España, entre las instituciones catalanas, las españolas, y lo vamos a hacer, el Gobierno de España está dispuesto a hacerlo, pero ¿por qué esto que hemos escuchado reivindicar hace tiempo como una exigencia al Gobierno y a
las instituciones de España por parte de los independentistas no se practica en casa, en Cataluña?, ¿es menos Gobierno de todos y de todas el Govern?, ¿es que la pluralidad y la diversidad de la sociedad catalana, la intrínseca, es menor que las
diferencias que puede haber entre Cataluña y el resto de España?, ¿es que, como decía el señor Xuclà, atender las demandas de la mayoría absoluta del Parlament significa olvidar las demandas de la mayoría absoluta de la sociedad catalana, que no
coincide con esas demandas?, ¿por qué no hacemos compatible esa exigencia de diálogo a los demás con practicarla en el terreno propio?


Acabo. Diálogo, voluntad política para acordar y acierto, es lo que deseamos los socialistas no solo a la ministra y al ministerio, sino a todos los que nos impliquemos en la búsqueda de las soluciones posibles para lo que tenemos encima de
la mesa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Serrano Jiménez.


La señora SERRANO JIMÉNEZ: Muchas gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Como no puede ser de otra manera, me quiero sumar a las felicitaciones a la señora ministra por su nombramiento y creo que también hay que felicitarla por el equipo que ha formado, sin duda será un gran equipo para
la tarea que le ha encomendado el presidente Sánchez.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista me voy a encargar yo del área de Función Pública. Y también tenemos que felicitarnos y congratularnos de que, por fin, las administraciones públicas, la Función Pública, tenga un peso específico en el
Gobierno, se haya recuperado ese ministerio y, por tanto, estemos en esta Comisión que es específica para hablar de la Administración territorial, de la Administración pública, de la Función pública, y, en definitiva, de los servicios públicos. Esa
es la diferencia y los detalles que hacen grande un gobierno u otro. El anterior Gobierno del Partido Popular, como no creía en los servicios públicos, no le daba el peso que debían tener a esos servicios públicos y a las administraciones públicas.
Afortunadamente, estamos ante un Gobierno que cree en los servicios públicos, que apuesta por ello y que da a los mismos la importancia que se merecen con esta recuperación del ministerio. Además, quiero señalar que desde el Grupo Parlamentario
Socialista nos congratulamos de las manifestaciones realizadas por la señora ministra en cuanto a que el punto de partida de su programa de trabajo va a ser el desarrollo de los acuerdos para la mejora del empleo público y la mejora de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos. Los dos acuerdos fueron apoyados desde el minuto uno de conocerlos por el Grupo Parlamentario Socialista, y siempre manifestamos que era un punto de partida en la recuperación de esos derechos
perdidos injustamente por los empleados públicos. También manifestamos que había sido gracias al esfuerzo y al trabajo de los empleados públicos y de los representantes sindicales de los empleados públicos, y más fruto de la debilidad del señor
Montoro y del Gobierno del Partido Popular que

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de la convicción y de creer en esa recuperación de los servicios públicos y de los empleados públicos por parte del señor Montoro y del anterior Gobierno, que no creían en ello.


En cambio, ahora, señora Batet, estoy segura de que la seña de identidad de su ministerio será el acuerdo, el consenso y el diálogo, como usted misma ha manifestado y ha anunciado hoy aquí. Y nos congratula que vaya a escuchar a las
comunidades autónomas, a sus presidentes, y que anuncie que tendrá en cuenta los acuerdos de la Conferencia de Presidentes. Nos congratula que, además, mantenga el compromiso de la mejora estable de las retribuciones de los empleados públicos para
que recuperen el poder adquisitivo arrebatado. Y también apoyaremos, como no puede ser de otra manera, esa prioridad que usted ha manifestado de la oferta de empleo público para el año 2018, porque es absolutamente necesaria para dotar de efectivos
las plantillas adelgazadas y los servicios públicos que están infradotados, para rejuvenecer esas plantillas, y, en definitiva, para generar empleo público, para prestar servicios públicos esenciales de calidad para la ciudadanía como son la
educación, la sanidad y el apoyo a la dependencia y a seguridad pública.


Celebramos que usted anuncie que va a fortalecer el diálogo social para aquellos compromisos no retributivos, que no están previstos en los acuerdos y que hay que abordar. También la felicitamos por ese anuncio que ha hecho del
restablecimiento del derecho pleno de los empleados públicos al cien por cien de las retribuciones desde el primer día de la incapacidad laboral temporal. Y, además, que lo va a hacer teniendo en cuenta el diálogo social, teniendo en cuenta a los
agentes sindicales, y, en definitiva, teniendo en cuenta la opinión de los empleados públicos. La felicitamos y celebramos que su ministerio vaya a abordar el proceso de estabilización del empleo público como una prioridad del mismo, porque
necesitamos estabilidad de nuestros empleados públicos para que los servicios públicos se puedan prestar con calidad. Nos parece razonable el objetivo de alcanzar en el año 2020 una tasa de empleo público temporal del 8 %.


Y, por supuesto, es necesario abordar el proceso de reforma de la Función Pública de este país. Incluyo entre esos objetivos el reto de avanzar con decisión hacia la Administración digital, una nueva forma de entender la gobernanza pública,
con la incorporación definitiva de las nuevas tecnologías y aplicando políticas de Gobierno abierto en la infraestructura misma del Estado. En definitiva, avancemos hacia una nueva cultura administrativa y que haga de la Función Pública y de los
servicios públicos espacios de transparencia abiertos al diálogo y a la colaboración ciudadana para tener servicios públicos de calidad.


Voy terminando, señor presidente. Señorías, tenemos que reivindicar y reconocer que los empleados públicos son los verdaderos garantes del Estado del bienestar y son los prestadores de servicios públicos. Por tanto, señora ministra,
acuerde con los representantes de los empleados públicos -como usted misma ha manifestado- los derechos perdidos de esos empleados públicos, pero no se olvide de las administraciones territoriales ni a la hora de negociar ni a la hora de demandar
esa financiación que se le debe dar para cumplir los acuerdos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.


La señora SERRANO JIMÉNEZ: Termino, señor presidente.


Como municipalista convencida, la felicito por los anuncios que ha hecho sobre reforma de la legislación anterior del Gobierno del Partido Popular, que quería quitarles competencias a los ayuntamientos y asfixiarlos. Pero tampoco puedo
dejar de recordarle, señora ministra, que en el ámbito de la Administración local es donde más empleados públicos se han perdido, un 16 % casi de las plantillas en tan solo los cinco años de mayoría absoluta del Partido Popular. Tenga en cuenta
esto también y aborde la necesidad de que las administraciones deben tener una plantilla adecuada de empleados públicos para poder prestar las políticas públicas y los servicios públicos de calidad.


El señor PRESIDENTE: Termine ya.


La señora SERRANO JIMÉNEZ: Termino ya, señor presidente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene, en primer lugar, la palabra la señora Cortés Bureta.

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La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias, presidente.


Señora ministra, señora Batet, bienvenida a esta su casa. Mis primeras palabras son de felicitación por su nombramiento, y una felicitación cariñosa que quiero extender al secretario de Estado, el señor Sánchez Amor, al cual también me une
una buena amistad.


Iré directamente al asunto porque comparto tiempo y no dispongo de muchos minutos, así que empezaré por algunas cosas de las que usted ha dicho en esta Comisión y algunas que le he oído en intervenciones parlamentarias en el Pleno, o incluso
algunas que ha hecho a medios de comunicación.


Usted hablaba de la reforma de la Constitución, dijo que era una reforma urgente y deseable. Puedo reconocerle que en su deseo esté esa reforma, y usted hace referencia a la Comisión que constituimos y en la que estamos participando para la
evaluación del modelo territorial, pero usted coincidirá conmigo en que en esa Comisión únicamente permanecemos dos grupos parlamentarios, el suyo y el mío, con lo cual, llegar a un consenso con grupos que ni siquiera han venido, o con otros que
viniendo han abandonado la Comisión, es muy difícil. Le reconozco la buena voluntad, pero es complicado salvo que usted tenga algún pacto o acuerdo con esos grupos a los que no se los ha visto ni escuchado en esa Comisión. Por otra parte, entre
los comparecientes que han venido a esa Comisión ha sido casi unánime la opinión de que podríamos reformar, modernizar o actualizar la Constitución, pero que no era ni el momento ni la coyuntura política adecuada para afrontar esa reforma.


También se ha referido al Estatuto de Cataluña en el sentido de recuperar artículos que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, y yo no insisto más, pero hago una pregunta que le hacía también el portavoz de
Ciudadanos, el señor Villegas, ¿qué técnica legislativa va usted a utilizar para convertir en norma legal lo que el Tribunal Constitucional ya ha declarado que es inconstitucional? Creo que es algo difícil, pero bueno, si usted tiene la receta para
hacerlo, me gustaría mucho conocerla.


Se ha hablado sobre la reunión que el lunes 9 va a tener el señor Sánchez con el señor Torra. Ayer, en la comparecencia de la vicepresidenta, el señor Tardà hizo referencia a que se estaba elaborando el orden del día entre los dos
Gobiernos, entre usted y un representante del Gobierno catalán, ¿conoceremos ese orden del día?, ¿sabremos de qué se va a hablar definitivamente allí? En aras de la transparencia que usted dice de su Gobierno, yo creo que los demás grupos
parlamentarios y el resto de los ciudadanos también podremos conocer ese orden del día. Y en ese orden del día puedo intuir que va a estar ese derecho a la autodeterminación, ese derecho a decidir, o ese referéndum que los representantes de los
partidos de Esquerra y el PDeCat aquí quieren que esté en ese diálogo. Lo supongo porque la vicepresidenta habló ayer de un diálogo abierto, franco, democrático y sin cortapisas, con lo cual entiendo que estará ese derecho. El señor Tardà lo
definía como una victoria política. Y no, señor Tardà, una victoria política, no. Usted ayer fue muy claro, si se incluye ese punto en el diálogo, ustedes van a votar a favor esta tarde de lo que tienen que votar a favor. Con lo cual, victoria
política, no, victoria política la del señor Sánchez, que ha conseguido llegar al Gobierno con sus votos, teniendo 84 diputados y el peor resultado del Partido Socialista de la historia, eso es una victoria política. Lo suyo va a ser un constante
trueque, porque van a afectar sus votos muchísimas más veces. Decía la ministra: a mí me gustaría la participación de la Generalitat en decisiones estatales. La pueden tener por asegurada, porque sus votos van a ser necesarios para casi todo lo
que pueda hacer el Gobierno socialista, con lo cual en eso le voy a dar la razón a la señora ministra, la Generalitat va a participar en muchísimas decisiones estatales durante su tiempo de Gobierno. Igual que la señora vicepresidenta ayer fue
tajante y dijo que querían un diálogo abierto, franco, democrático y sin cortapisas, yo le pediría que usted ahora, de manera abierta, franca, democrática y sin cortapisas nos diga cuál va a ser la respuesta del Gobierno a la petición de un
referéndum, o al reconocimiento del derecho a la autodeterminación, o al reconocimiento del derecho a decidir.


Respecto a ese diálogo, el señor Torra hablará con el señor Sánchez y el señor Torra representa a una parte de la sociedad catalana, no lo olvidemos, ¿también el señor Sánchez va a escuchar a esas otras fuerzas políticas que no coinciden con
el señor Torra en esa demanda, o a la sociedad civil, que también está posicionada y tiene una opinión respecto a esa demanda? Porque creo que, si no, el diálogo no va a ser completo.


Señora Batet, le voy a decir una cosa, no es lo mismo el valor de las cosas que el precio de las cosas, y creo que en democracia el valor lo dan, sobre todo, los votos en las urnas. En ese sentido, creo que su Gobierno, valor, valor,
escaso; sin embargo, el precio es muy alto. El problema es que ese precio lo vamos a pagar todos los ciudadanos y lo vamos a ir viendo poco a poco.

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Hasta ahora, creo que la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales en el Gobierno del señor Rajoy demostró el compromiso de ese Gobierno en lo que se refiere a prestaciones de servicios por parte de la Administración periférica
del Estado y a la cooperación con las comunidades autónomas y entes locales. Me congratulo porque he creído entender de sus palabras que ese compromiso va a continuar. En ese sentido, le pregunto si va a seguir con el plan para mejorar los
servicios que prestan las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. También agradezco continuar con el compromiso del reto demográfico e imagino que continuar con las iniciativas ya planteadas, algunas ya planificadas, especialmente las que se
refieren al empleo juvenil en zonas de escasa población o despobladas. Intuyo de sus palabras que también va a continuar el seguimiento de los programas operativos comunitarios.


Disminuir la litigiosidad. También el anterior secretario de Estado -al cual quiero que mis palabras sirvan de reconocimiento a su impecable labor, al señor Roberto Bermúdez de Castro- también hablaba de disminuir la litigiosidad, y de
hecho lo consiguió, pero, cuando se habla de disminuir la litigiosidad, parece que se pone solo el ojo en los procesos que inicia el Gobierno y las comunidades autónomas también inician sus procedimientos, con lo cual a ver si va a ser que el
Constitucional solo es bueno cuando favorece a las comunidades autónomas y no es bueno cuando favorece al Estado.


Le haré una petición muy sectaria. El FITE, señora ministra, para Teruel es importante ese fondo, siendo además una provincia que existe pero que tiene un alto índice de despoblación, y para los turolenses y para Aragón en general es
importante.


Quería hacer una referencia a la Comisión de Transparencia. Tuve oportunidad de trabajar con la presidenta en el tiempo que fui miembro de esa Comisión y le agradezco muchísimo las palabras que ha tenido para su labor y su trayectoria,
porque la verdad es que demostró una profesionalidad fuera de toda duda.


Quiero acabar -si me permite- con una ironía. Cuando algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho referencia a los ayuntamientos, al ahogamiento que les supone que no puedan disponer de sus fondos, que tengan
financiación, y que la culpa la tiene la Ley de sostenibilidad. Pues mire, seguramente es verdad, cuando llegó el Gobierno del señor Rajoy los ayuntamientos nadaban en la abundancia, y, de hecho, cuando se presentó el Plan de Pago a Proveedores,
hubo que retirarlo porque ningún ayuntamiento necesitó ese plan. En fin, yo creo que quizá un poco de rigor tampoco estaría de más, y a veces hay que reconocer cuando un Gobierno hace una cosa bien, y con los ayuntamientos el Gobierno del señor
Rajoy tuvo mucho acierto en esa y en otras muchas cosas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora López Ares.


La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, presidente.


Señora ministra, hoy ha hablado del Tercer Plan de Gobierno Abierto; ha hablado de Gobierno abierto y de la importancia de los ciudadanos en la participación de la toma de decisiones de las políticas públicas. Al Grupo Parlamentario
Popular le gustaría que ustedes realmente creyesen en ese Gobierno abierto, y prueba de ello sería que los españoles conociésemos cuál es el programa de Gobierno con el que ustedes han llegado a la Moncloa. A día de hoy, todavía no hemos tenido
conocimiento por parte de su presidente de cuál es ese programa de Gobierno y, sobre todo, de cuáles han sido esos acuerdos con otros grupos parlamentarios que apoyaron al presidente Sánchez para llegar al Gobierno con esa extraña -vamos a decir-
moción de censura.


Parándome en las administraciones territoriales y en la Función pública, ustedes siempre utilizan la palabra, pero la palabra tiene que ir unida a los hechos, y la mejor forma de apoyar a las administraciones públicas es no quebrándolas. En
ese sentido, quiero recordar -lo ha dicho mi compañera de grupo parlamentario- la situación que tenían las administraciones públicas cuando nosotros llegamos al Gobierno, que han conseguido ser rescatadas por el Gobierno de España con las políticas
económicas que permitieron el crecimiento económico y el empleo, pero también con las políticas de apoyo y con la inyección de fondos. Creo que podemos cuantificar en 268 864 millones de euros los fondos traspasados por el Gobierno del Partido
Popular, y por el ministro Montoro, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para sacarlos de la quiebra en la que ustedes los dejaron. Ustedes, muchas palabras, muchos nombres, muchos gestos, pero al final tenemos quiebra y lo que ustedes
dejan siempre es crisis.


Modelo de financiación. Me gustaría aclararlo, porque tenemos las palabras de su presidente, tenemos las palabras de la ministra de Hacienda, y hoy tenemos sus palabras, porque, si no lo he recogido mal,

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usted ha hablado de cambios significativos en el modelo, no de cambio de modelo. ¿Por fin vamos a tener ese cambio de modelo de financiación autonómica y local o solamente nos vamos a quedar con cambios significativos? ¿Eso tiene que ver
con cambios en las relaciones de financiación entre el Estado y alguna comunidad autónoma, con modelos bilaterales también vinculados a eso de lo que hemos estado hablando hoy aquí de su relación en este caso con Cataluña?


De usted también depende todo lo que tiene que ver con Función pública. Alguna portavoz hacía referencia a que de nuevo se recuperan las palabras Función pública. Que yo sepa, hasta hace poco tiempo había un ministerio que era de Hacienda
y Función Pública, no sé si es que ahora cambian de un sitio a otro las palabras Función pública. No hace falta que venga el Partido Socialista a incorporarla a un ministerio porque el Partido Popular tiene las palabras Función pública en sus
ministerios. Pero más que palabras, lo que tiene el Partido Popular son hechos. Yo soy funcionaria y no voté a favor de que se bajase el sueldo a los funcionarios, pero sí lo hizo su presidente. Por tanto, nosotros queremos saber cuál es el
compromiso real, aparte de las palabras, con los funcionarios públicos.


También quiero decir que nosotros hemos firmado dos acuerdos que fueron posibles porque sacamos a este país de la crisis y de la quiebra; dos acuerdos que son del Partido Popular, del Gobierno del Partido Popular y de nuestro presidente
Mariano Rajoy. Que no venga nadie a decir aquí ahora que le es propio, porque eso fue trabajado y conseguido por el Partido Popular y por las organizaciones sindicales. Yo quiero saber si hay un compromiso real de cumplir esos acuerdos. Lo digo
porque el Partido Socialista también acuerda, pero, a diferencia del Partido Popular, ustedes no cumplen. Les vuelvo a sacar el acuerdo del año 2009, del señor Zapatero, sobre la reducción de temporalidad al 8 %. Lo firmó y luego lo que hizo fue
bajarnos el sueldo a los funcionarios. Por eso, no solamente hay que firmar, sino que hay que cumplir. Nosotros hemos cumplido en el periodo que ha tocado en nuestro Gobierno. ¿Ustedes van a cumplir lo firmado con los sindicatos? Y cuando digo
cumplir, me refiero a hacerlo de forma real.


Creo que es de bien nacido ser agradecido. Usted ha hecho referencia a que va a continuar con esos acuerdos, y yo le pido ese compromiso real. Pero si usted reconoce esos acuerdos, deberá reconocer que en el II Acuerdo para la Función
pública aparecía la recuperación de los derechos en relación con la incapacidad temporal. Y usted también deberá reconocer, porque se habla de negociación entre diferentes administraciones, los esfuerzos de la secretaria de Estado, Elena Collado, y
los acuerdos que ya tenía prácticamente cerrados con los sindicatos. Es decir, si la recuperación de la remuneración de la incapacidad temporal va a tener lugar es por el acuerdo del Partido Popular, va a tener lugar por los presupuestos del
Partido Popular que ustedes votaron en contra, y en la Administración General del Estado tendrá lugar si usted cierra el proceso ya iniciado y muy avanzado por la secretaria de Estado de Función Pública, también del Partido Popular.


Finalizo, señor presidente. Vuelvo a repetir que el Partido Popular firma y cumple, y hasta ahora sus antecedentes han sido firmar y no cumplir. Por eso, estaremos muy pendientes y, sobre todo, seguiremos exigiendo que nos digan -usted es
representante de ese Gobierno abierto- cuáles son los acuerdos a los que han llegado con quienes les han llevado al poder.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Señora ministra, tiene la palabra para su segunda intervención.


La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias a todos los portavoces por sus intervenciones, por su tono, por sus valoraciones y sugerencias que voy a pasar a comentar. Intentaré no alargarme excesivamente, pero, al mismo tiempo, procuraré dar respuesta a todos los temas
planteados.


La señora Beitialarrangoitia, a la que disculpo porque ha dicho que tenía otra Comisión en paralelo, planteaba qué tipo de reforma, y de hecho, hay varios portavoces que han preguntado qué tipo de reforma. Pues la que consensuemos entre
todas las fuerzas políticas, entre todos los partidos políticos y a la que seamos capaces de llegar, si algún día somos capaces de llegar a ese consenso.


En numerosas frases que ha utilizado la señora Beitialarrangoitia se ha referido a los vascos o la ciudadanía vasca, incluso a la ciudadanía catalana o a que la ciudadanía demanda. La ciudadanía no es homogénea, la ciudadanía demanda cosas
distintas, tiene intereses distintos, visiones del mundo distintas, y lo que tenemos que hacer las fuerzas políticas es canalizar esa heterogeneidad, esa pluralidad. Creo que no es bueno que ninguno de nosotros nos erijamos en los representantes de
la totalidad de la

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ciudadanía. Es más, cuando tenemos responsabilidades de Gobierno tenemos que ser conscientes de que, precisamente porque tenemos responsabilidad de Gobierno, el Gobierno representa a la ciudadanía en su conjunto, pero eso no quiere decir
que creamos que hay un pensamiento único o una concepción del mundo única entre la sociedad, porque no es así. Creo que es malo tener esa aproximación a la hora de abordar los temas que nos plantean las exigencias de los retos que tenemos por
delante.


Tampoco es bueno hablar de democratización del Estado, partiendo de la idea de que España no es un Estado democrático. El Estado español es democrático, es un Estado de derecho y un Estado social, y no solo porque lo dice el artículo 1 de
la Constitución, sino porque su organización, sus instituciones públicas y el desarrollo que ha tenido durante estos cuarenta años de democracia pasa con nota todos los indicadores internacionales, y todos los poderes del Estado tienen la
característica de ser poderes democráticos. En este país nos costó mucho colectivamente conquistar la democracia y creo que es bueno reconocer la fortaleza y la existencia de esa democracia.


Enlazando con el tema de la democracia, ella planteaba reformas profundas o cambios de paradigmas, prácticamente. Desde mi punto de vista, creo que es mejor hablar de mejoras, de avances o de actualizaciones, de modernizar determinados
elementos de nuestra sociedad, que, efectivamente, en cuarenta años ha avanzado -por suerte- muy positivamente. Se refería también a cuestiones propias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la que procede, y quiero recordar y compartir con
todos ustedes, aunque ya me imagino que lo saben de sobra, que se produjo ya la primera reunión entre el presidente del Gobierno y el lehendakari del País Vasco y que se acordó poner en marcha la conferencia bilateral, con el compromiso de avanzar
en las transferencias pendientes, de negociar esas transferencias, muy desiguales entre ellas, por supuesto, por lo que en unas será muy fácil avanzar y en otras será muy difícil. En ese marco de la conferencia bilateral también hubo un compromiso
de ver los recursos de inconstitucionalidad pendientes y si era posible un acuerdo entre los dos Gobiernos, entre las dos administraciones, para bajar esa litigiosidad a la que he hecho referencia en mi primera intervención.


Ha hecho referencia, por último, a la cuestión de los entes locales, a la autonomía municipal y a la necesidad de una ley de financiación local. He dicho en mi intervención que este Gobierno es consciente de que está pendiente esa Ley de
Haciendas Locales; somos conscientes de que está pendiente una nueva Ley de Bases de Régimen Local, pero también somos conscientes, como he dicho, de las limitaciones temporales y del escenario complejo en el que vivimos. De ahí que la propuesta
se ciñese a presentar una Ley de Medidas Urgentes, que contemplará algunas modificaciones en los temas competenciales. Pensamos que los municipios fueron desempoderados, de alguna manera, de ciertas competencias que es fundamental que se
residencien en ellos, y por tanto, su recuperación es importante, así como también lo es la previsión de que el superávit pueda ser invertido también en cuestiones cruciales, sobre todo en referencia a los servicios públicos que se dan a la
ciudadanía.


El señor Xuclà hacía referencia al diálogo sin límites, sin cortapisas. Han sido palabras muy reiteradas por muchos de los portavoces y responden, además, a las palabras pronunciadas por la vicepresidenta del Gobierno de España, con las que
-obviamente- estoy absolutamente de acuerdo. Creo que para abordar cualquier diálogo sincero, abierto, democrático y sin cortapisa -también lo he dicho en muchas otras ocasiones- es importante que ese diálogo se produzca con dos condiciones previas
y fundamentales, que son que nos respetemos mutuamente, por tanto, que se produzca ese respeto al otro, y también que se respeten las reglas del juego. Es necesario que aquellos que hablemos también tengamos claro el marco en el que estamos, el
sistema democrático en el que estamos, y, por tanto, que respetemos esas reglas del juego. Si eso es volver a la normalidad, bienvenida la normalidad. Creo que ese diálogo no se debería haber perdido y es importante, en todo caso, que lo ponga en
marcha este Gobierno. Esa es nuestra voluntad.


Se preguntaba el señor Xuclà también por qué hemos llegado hasta aquí. Yo creo que los reproches no ayudan a construir futuro y por eso prefiero centrarme en el presente y en el futuro, aunque después diré algunas otras cosas a raíz también
de intervenciones de otros portavoces. Creo sinceramente que tenemos que hablar, sobre todo, de presente, de futuro, de cuál es nuestra voluntad hoy y de cuál es nuestra voluntad para ese futuro inmediato.


Hablaba también de los grandes acuerdos en Cataluña. Yo creo que en Cataluña hay un gran acuerdo de reforma, sobre todo como alternativa a la ruptura; creo que ese es el gran acuerdo que hay. Los ciudadanos deben votar, me decía, y yo le
digo que los ciudadanos deben votar acuerdos. Hagamos ese esfuerzo nosotros, todas las fuerzas políticas, para que los ciudadanos puedan votar acuerdos. Esa es

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nuestra manera de entender la participación, nuestra manera de entender la vinculación entre nuestras responsabilidades y la voz de los ciudadanos.


Hay que ejecutar los Presupuestos Generales del Estado, esa es la voluntad del Gobierno. Desde luego, en lo que dependa este ministerio, ejecutaremos los Presupuestos Generales del Estado, es la voluntad de todos los departamentos
ministeriales del Gobierno.


Celebro que apoye la autonomía local y lo anunciado por este departamento en relación a la modificación de la LRSAL, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y también el cambio de matiz respecto a poder
reinvertir el superávit de los municipios.


Ha hecho referencia también a la Ley Electoral. Creo que no corresponde a esta Comisión ni a esta ministra hablar sobre esta ley; de hecho, si no me equivoco, además de un competente en la materia en el Gobierno hay una subcomisión abierta
en sede parlamentaria y, por tanto, creo que es el ámbito adecuado para hacer los planteamientos que las distintas fuerzas políticas tengan a bien y que, a poder ser, alcancen un consenso. Sí le digo, y le avanzo, que soy partidaria de que reformas
tan sustanciales, tan vertebradoras de nuestro sistema democrático como es una ley electoral, se hagan con el mayor consenso posible. Creo que eso es bueno para fortalecer nuestra democracia y para no cambiar las reglas del juego asiduamente,
porque eso no da seguridad jurídica a los ciudadanos, que también es nuestra responsabilidad.


El señor Tardà ha hecho varios planteamientos. Empezaba hablando de esa victoria política. Yo creo que hablar de diálogo y de política tendría que ser algo habitual en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Creo que, precisamente,
estamos llamados a eso, a dialogar, a intentar entendernos, a confrontar cuando no sea posible el entendimiento y, en definitiva, a hacer política, por supuesto moviéndonos dentro del marco constitucional y del sistema democrático, respetando
-vuelvo a repetirlo- las reglas del juego, porque a priori sin esto no podemos funcionar, no puede haber política; pero respetando esas reglas del juego, respetando el Estado de derecho, respetando el Estado democrático, creo que la política debe
abrirse paso y que, por tanto, el diálogo debe ser el instrumento principal que utilicemos todas las fuerzas políticas, y, desde luego, que utilice el Gobierno de España. Creo que es tan importante ese diálogo que aspiro a que se incorporen a la
Comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico para mantener también en ese foro ese diálogo sincero y abierto entre fuerzas parlamentarias.


El señor Tardà, y creo que lo han dicho muchas otras fuerzas políticas, volvía a hablar sobre si se puede o no plantear cualquier cosa en el marco de una conversación entre el presidente del Gobierno y un presidente autonómico como puede
ser, por ejemplo, el president Torra. Claro que se puede plantear lo que se considere oportuno, y me remito a las palabras de la vicepresidenta, pero ustedes saben también que el derecho de autodeterminación no existe en nuestra Constitución y,
desde luego, no es pretensión de este Gobierno que exista en nuestra Constitución; eso también lo quiero decir, y seguramente lo volveré a decir cuando conteste a otros portavoces de otros grupos parlamentarios.


Usted dice: Después del 1 de octubre nada será igual. Y yo digo: Después del 6 y 7 de septiembre nada será igual. Y, además de eso, usted ha destacado otros errores, otros hechos que considera que determinan el momento y la situación
actual, y que, por tanto, determinan cómo podemos avanzar a futuro. Pero yo vuelvo a decir, ¿podemos mirar hacia el futuro? ¿Podemos pasar página de ese pasado y mirar hacia el futuro? Porque esa es la voluntad de este Gobierno. Ponernos a
discutir sobre cuál es la fecha fundamental, cuál es el punto de inflexión o cuál es la fecha a partir de la cual nada será igual, creo que no nos ayuda para construir ese diálogo al que aspiramos.


Ha hablado también sobre el consentimiento ciudadano, y le digo lo mismo que he dicho al señor Xuclà: desde mi punto de vista, los ciudadanos deben votar acuerdos, y lo que queremos negociar nosotros son acuerdos con todas las fuerzas
políticas, que es la única manera de alcanzar los consensos necesarios para hacer las modificaciones o las reformas que ambicionamos.


Habla usted también de abismo entre Cataluña y el Reino de España, y, de hecho, la moción a la que ha hecho referencia usted mismo hablaba, precisamente, del conflicto entre el Reino de España y Cataluña. Yo creo que eso no se ajusta a la
realidad, creo que el conflicto es entre ciudadanos, sobre todo, entre ciudadanos de la propia Cataluña. Esa sí que es una perspectiva que a lo mejor no compartimos, o que la compartimos pero la formulamos de manera muy distinta. Nosotros no
pensamos que haya un conflicto homogéneo entre el Reino de España y Cataluña, no, sino entre algunos ciudadanos de Cataluña con algunos otros ciudadanos de Cataluña, y a todos hay que atender, a todos hay que escuchar y a todos hay que tener en
cuenta.

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El señor Villegas ha empezado con una referencia personal, inevitablemente, diciendo que la política territorial de España está en manos del PSC. La política territorial de España está en manos del Gobierno de España. Es verdad que es un
Gobierno socialista y comparto con el conjunto del Gobierno de España y con el resto de socialistas españoles los planteamientos que hemos venido haciendo hasta ahora y, desde luego, los que vamos a hacer durante este Gobierno y en el futuro. Había
una canción de Silvio Rodríguez que decía que no se es malo por ser rico; yo creo que no se es malo por ser catalán, es una condición a la que no puedo y no quiero renunciar, y usted tampoco, seguramente. Sí, soy socialista, catalana y española, y
comparto proyecto político para España con el resto de socialistas de España.


Se refería también a una frase que he dicho y que he recogido en mi intervención de hoy: que la Constitución no representa los intereses de una parte de la sociedad catalana, porque hay una parte de la sociedad catalana que se siente
alejada del marco constitucional. ¿No debemos preocuparnos de eso? ¿No debemos ocuparnos de eso? Es decir, que haya más de dos millones de personas en Cataluña que se sientan alejadas de ese marco constitucional, ¿no le debe ocupar tiempo y
esfuerzo al Gobierno de España? Yo creo que sí, creo que nos debe preocupar, y, sobre todo, nos debe ocupar reflexión y ocupar política. Por eso, vuelvo a la defensa de la política, a la necesidad y a la reivindicación de la política. Hay que
legitimar el modelo constitucional, estamos absolutamente de acuerdo con eso, señor Villegas, lo he dicho en mi intervención y, desde luego, no está en la vocación de esta ministra deslegitimar el modelo constitucional, al contrario; lo que pasa es
que para legitimar el modelo constitucional podemos pensar que el modelo constitucional se puede presentar de una manera atractiva o, en cambio, se puede utilizar simplemente para atizar en la cabeza al otro. Nosotros pensamos que el modelo
constitucional, y la mejor defensa y mejor legitimación de ese modelo constitucional se da, precisamente, cuando se presenta de manera atractiva.


He hablado bastante de autogobierno, es verdad, cuatro páginas. Y usted dice luego que he hablado un poco de cooperación. De cooperación eran ocho páginas. Lo he contado porque estaba prácticamente segura de ello. Las dos patas son
importantes, y en mi intervención creo que he puesto de manifiesto que hay margen de mejora en las dos vertientes de un Estado descentralizado, del Estado autonómico que tenemos, que construimos a partir del año 1978 y que hemos ido desarrollando a
lo largo de estos años.


También se ha hecho referencia -la señora Cortés ha hablado de ello. A lo mejor podría aprovechar y contestarla conjuntamente, si no les importa- al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por supuesto que cuando decimos que hay catorce
preceptos declarados inconstitucionales por parte del Tribunal Constitucional, esta ministra no pretende un subterfugio, ni modificar la Constitución por la puerta de atrás, ni ninguno de estos catastrofismos que podemos poner encima de la mesa.
Entiendo que los utilicen como arma dialéctica, como arma política, pero saben perfectamente, señor Villegas y señora Cortés, que eso no está en la mentalidad ni en la voluntad del Gobierno de España, y, desde luego, en la mía en absoluto. Estos
artículos, y usted ha citado muchos de ellos, circunscriben muchas veces la inconstitucionalidad no tanto al contenido, sino al hecho de que la norma que modifica o que introduce determinadas cosas es el estatuto de autonomía y que puesto que afecta
a una cuestión de la totalidad de las comunidades autónomas, debe ser regulada por otro tipo de norma; es decir, básicamente, leyes orgánicas. ¿No podemos plantearnos en esta Cámara la modificación de alguna ley orgánica? Por supuesto, si no
existe mayoría necesaria no se modificará la ley orgánica. Pero es tan revolucionario lo que planteaba como el hecho de que hay varias comunidades autónomas que en sus respectivos estatutos de autonomía recogen, por ejemplo, principios de
financiación, porque hay varias comunidades autónomas que recogen principios de financiación. Está claro que los principios de financiación no pueden informar a una comunidad autónoma, informan al modelo en su conjunto, a todo el sistema de
financiación. Bueno, pues esos principios tendrán que incluirse, en todo caso, en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Esa era simplemente la reflexión, por dar respuesta también al tema de los estatutos.


Usted también ha planteado de qué reforma constitucional estamos hablando, y le vuelvo a decir lo mismo que le he dicho al señor Xuclà: de la reforma que acordemos, si somos capaces de acordarla. Ha citado algunas cosas que yo comparto:
ampliar derechos; la reforma del Senado; clarificación en la distribución de competencias, precisamente, por ejemplo, para disminuir la conflictividad; que haya mayor seguridad en cuanto a qué le corresponde al Estado y qué le corresponde a las
comunidades autónomas. Hay elementos que podemos compartir, incluso lo dije en una interpelación en el Pleno de esta Cámara, porque algunas de estas modificaciones incluso las hemos llevado todas las fuerzas parlamentarias en nuestros programas
electorales. Por tanto, claro que hay margen de acuerdo; hay margen de acuerdo si

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hay voluntad de alcanzar ese acuerdo. Si partimos de que no queremos la modificación, de que no queremos ni siquiera hablar de esa reforma, por supuesto esa reforma será imposible porque el consenso será imposible. Pero yo creo
sinceramente que hay margen si hay voluntad por parte de las fuerzas políticas. Ustedes tenían esa voluntad hace muy poco, y en su programa electoral está, incluso -usted mismo lo ha dicho- en el acuerdo que alcanzamos al inicio de la anterior
legislatura como programa de Gobierno. Por tanto, existe ese margen y la reforma de la Constitución será aquella que queramos los representantes de la soberanía popular, después de que así lo manifieste la ciudadanía española en su conjunto en un
futuro referéndum constitucional, tal y como prevé el artículo 168 de la Constitución.


Celebro, en materia de Función Pública, que le parezca un buen acuerdo el que alcanzó el anterior Gobierno con los sindicatos. Yo lo he reconocido así también en mi intervención, no me he apropiado de ese acuerdo con los sindicatos, sería
absurdo por mi parte. Además, tuve ocasión de reconocérselo personalmente a la secretaria de Estado, Elena Collado. Asimismo, ha hablado de la necesidad de modernizar la administración, de eliminar duplicidades, de ser más eficientes, objetivos
que compartimos, y eso lo ha conectado al hecho de la debilidad del Gobierno. Yo creo que muchas de esas reformas no son necesarias por ley y, por tanto, se pueden hacer en el marco del Ejecutivo. Desde luego, si compartimos la necesidad de esa
modernización, si compartimos esa necesidad de mejorar la eficiencia y la eficacia, cambiar el funcionamiento de la Administración pública, si compartimos incluso cambiar un trabajo por objetivos para que realmente dejemos atrás una Administración
del siglo XIX, que no acaba de adaptarse con éxito al siglo XX, para llegar a una Administración del siglo XXI, el Gobierno no será tan débil porque son reformas que podríamos acordar y pactar, reformas que podrían salir adelante, por supuesto, con
acuerdos parlamentarios y con la confluencia de varias formaciones políticas. Con solo 84 diputados sabemos que no podemos aprobar nada en esta Cámara. Tampoco podía hacerlo el Grupo Parlamentario Popular aunque tuviera más diputados, tampoco
podía sacar adelante nada, pero alcanzó acuerdos para sacar adelante aquellos temas que consideró oportuno.


Se ha hablado también de incompatibilidades, de puertas giratorias. Nosotros tenemos la voluntad de reforzar la Oficina de Conflicto de Intereses y vamos a ser muy escrupulosos para que no se produzcan incompatibilidades, por supuesto, y
para que en materia de puertas giratorias se cumpla estrictamente la legalidad vigente.


La señora Martín ha hablado muy de prisa y ha dicho muchísimas cosas, pero, sobre todo, en la parte final no he tenido capacidad para anotarlas todas. En todo caso, me comprometo a contestar a todas aquellas preguntas que queden sin
respuesta en esta comparecencia, o bien le remito la información, o bien podemos hablar y le ampliaré más información aunque sea fuera del marco formal de esta Comisión. Ha empezado destacando el diálogo en Cataluña como un elemento importante a
recuperar. Yo creo que también es importante que se produzca un diálogo entre las distintas fuerzas políticas en Cataluña. Es decir, es importante el diálogo entre Gobiernos, entre fuerzas políticas de Cataluña y fuerzas políticas que
representamos más allá de Cataluña el conjunto del Estado, pero también es muy importante el diálogo entre las distintas fuerzas políticas catalanas -ya lo decía antes-, porque creo que también hay un problema entre catalanes. Usted defiende el
modelo confederal, y yo lo respeto, pero nosotros no defendemos un modelo confederal. Lo digo porque es importante. Todos sabemos ya cuáles son las posiciones que mantenemos los distintos partidos políticos, pero no quería dejar de decirlo y que
quedara constancia de ello.


Cuando usted ha hablado de diálogo normalizado -esa es nuestra voluntad-, ha hablado de disminuir la conflictividad y se ha referido a algunas leyes concretas de Cataluña que están recurridas en el Tribunal Constitucional, aunque también hay
leyes de otras comunidades autónomas recurridas, porque el resto de comunidades también existe. Desde luego en este ministerio nos vamos a ocupar de todas las comunidades autónomas, de la integridad del Estado, de toda España. Como he dicho
claramente en mi intervención vamos a estudiar todos los recursos y vamos a ver si podemos llegar a acuerdos con las distintas comunidades autónomas. Hay algunos recursos que efectivamente afectan a cuestiones altamente sensibles desde el punto de
vista social, como por ejemplo el tema de la pobreza energética. En esos casos las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo de superación de la conflictividad para que no repercuta en perjuicio de los ciudadanos y ciudadanas, porque al final
al ciudadano le da igual quién tiene la competencia en una materia, lo que quiere es que se resuelvan los problemas que tiene en su vida cotidiana. Este es un buen ejemplo sobre el que vamos hacer todos esos esfuerzos y vamos a trabajar para que
entre las dos administraciones podamos alcanzar los acuerdos que nos permitan eventualmente realizar la retirada estos recursos.

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Respecto a los entes locales le ha parecido positivo que se vuelva a empoderar a estos entes locales, que se les vuelva a dar plena dimensión al principio constitucional de autonomía local. Para nosotros es un auténtico nivel de Gobierno,
no es una mera Administración de gestión burocrática, sino que es un nivel de Gobierno que, por su proximidad al ciudadano, precisamente tiene elementos esenciales para la convivencia, la cohesión y la integración social. Por tanto, nos parece que
deben ser protagonistas de políticas públicas concretas. Desde los Gobiernos también se hace política y por eso es importante que los entes recuperen su autonomía, después de la última modificación que se produjo con la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que ha sido reiteradamente citada en esta comparecencia.


Se ha hablado de la financiación autonómica y local, pero saben que ese tema no es de mi competencia sino que compete al Ministerio de Hacienda. Además, no lo digo lamentándome, me parece maravilloso que sea competencia del Ministerio de
Hacienda porque este ministerio ya tiene bastantes competencias como para sumarle otras. Por tanto, es bueno que ese respeto de ámbitos competenciales entre los ministerios también se produzca en estas comparecencias.


También ha hecho referencia a la tasa de reposición, a la oferta de empleo público extraordinaria. En las tasas de reposición el Estado marca un porcentaje básico, no es que nuestros entes locales estén limitados, porque de hecho ellos lo
pueden distribuir según sus prioridades, y eso responde precisamente a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2016. En todo caso, es verdad que venimos de una época de crisis económica, de restricción del gasto y, por tanto, de unas tasas
reposición muy limitadas. Sin embargo, si no queremos que se descapitalicen nuestras administraciones públicas tendremos que ir normalizando, como de hecho ya hacen en gran medida los Presupuestos Generales del Estado que han sido aprobados hace
unos días.


La primera reunión que mantendré con los sindicatos mayoritarios, que está prevista para el día 16 julio, será un buen momento para ver cómo vamos avanzando precisamente en aquellas cuestiones que quedaron fuera de los acuerdos, sobre todo
para ver cómo vamos aplicando y hacemos un seguimiento adecuado de los acuerdos, que por supuesto este ministerio tiene la voluntad de cumplir. Me dirijo y miro a la señora López porque también ha hecho referencia a ello, aunque más tarde abordaré
esta cuestión.


Al señor López, lehendakari, quiero agradecerle su intervención, sobre todo la felicitación y los buenos deseos para esta ministra, porque al final son para el ministerio y para el Gobierno de España. Efectivamente, comparto con usted que
el triunfo del diálogo es el triunfo de la política y a eso estamos obligados todos los Gobiernos, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Generalitat. Por eso siempre que hablamos de ese diálogo me gusta hablar de reciprocidad, de
lealtad y de confianza. Creo que son conceptos que se han perdido y que debemos recuperar, la voluntad del Gobierno de España está en recuperarlos.


Gracias, señora Serrano, por el apoyo y por la felicitación. Efectivamente, el reconocimiento de los empleados públicos y su vocación de servicio público es la manera de garantizar unos servicios públicos de calidad, que al final es lo que
tiene que buscar todo Gobierno, y desde luego este Gobierno lo busca. Necesitamos una nueva cultura administrativa que nos permita empezar a repensar y reflexionar sobre qué Administración necesitamos para el siglo XXI, antes lo decía también, y
que cerremos de una vez la reforma del siglo XX -reforma que nunca acabó de culminarse-, pero que ya por cuestiones temporales lo que requerimos ahora es precisamente empezar a reflexionar sobre la Administración del siglo XXI.


La señora Cortés ha hecho referencia a cuestiones diversas. El tema de los estatutos creo que más o menos ha quedado respondido. Ha empezado hablando de la reforma la Constitución, poniendo de manifiesto que en la Comisión de Evaluación y
Modernización no participa el resto de fuerzas políticas, y tiene toda la razón, no participan, y por tanto es muy difícil que se dé ese diálogo, o esa aproximación de perspectiva, o sobre todo esa concurrencia al menos en el diagnóstico necesario
que nos puede permitir eventualmente afrontar una futura reforma. A eso es a lo que está llamada la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado autonómico, a intentar compartir un diagnóstico con las distintas fuerzas políticas. Espero que
el resto de las fuerzas políticas que en estos momentos no están en esa comisión se incorporen a ella y que, por tanto, pueda realmente ser útil, que podamos escucharnos todos y que todos podamos escuchar todos los planteamientos de las distintas
fuerzas políticas con representación parlamentaria.


Respecto a la preparación de la reunión del 9 julio intercambiamos los temas que quieren plantear los presidentes respectivos y ellos plantearán aquellos temas que les parezcan prioritarios. Debe ser así y no puede ser de otra manera. La
libertad de expresión, la capacidad para poder plantear o poder proponer

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cualquier tema existe por parte de ambos presidentes, del presidente del Gobierno y del presidente Torra. Lo he dicho antes y lo quiero volver a reiterar. Usted misma ha citado las palabras de la vicepresidenta: diálogo abierto, franco,
democrático y sin cortapisas. Es cierto, lo dijo ella y lo vuelvo a decir yo: el derecho de autodeterminación no existe nuestra Constitución y no es pretensión de este Gobierno que exista en nuestra Constitución. Lo he dicho antes y quiero volver
a reiterarlo.


Además, se ha referido al hecho de que la Generalitat va a participar en las decisiones del Estado. Por supuesto, no me refería a que la Generalitat participe en las decisiones que tomen estas Cámaras porque la Generalitat no puede
participar en eso, pero sí que pueden participar los diputados representantes en estas Cámaras y, por supuesto, todos están legitimados para hacerlo, es decir, tanto los diputados del Grupo Popular como también los diputados de Esquerra Republicana
de Catalunya que han obtenido su acta mediante la misma votación, las mismas elecciones y mediante las mismas reglas del juego. Por tanto, hay que respetar esa representación y esa legitimidad que todos ustedes tienen a la hora de hablar en sede
parlamentaria como Poder Legislativo de España.


El diálogo y la política no pueden ser concebidos nunca como un precio, como he dicho antes son dos conceptos a los que estamos obligados y que forman parte de los principales instrumentos que tenemos para llevar a cabo nuestros objetivos
que no son más que mejorar la vida de las personas, transformándola mediantes políticas públicas y facilitando la convivencia para así proyectar una vida mejor para el conjunto de los ciudadanos.


Celebro que me haya hablado del Comisionado frente al Reto Demográfico, porque creo que fue una muy buena iniciativa ponerlo en marcha, respondiendo a ese acuerdo de la Conferencia de Presidentes. Se ha hecho buen trabajo hasta el momento
por parte de la alta comisionada, que en estos momentos dejó su cargo porque fue cesada. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, queda muchísimo. Yo sé que está avanzado el informe pero hay que terminarlo y presentarlo -ese también era un
compromiso por parte del Gobierno anterior- a esta Cámara para que sea conocido y compartido por el conjunto de las fuerzas políticas. Para nosotros es una de las políticas transversales y uno de los grandes retos que pensamos que tenemos como
país, no solo referido a la despoblación de determinadas zonas del territorio español, que es muy importante, sino también a cuestiones demográficas puramente como las referidas a la natalidad y al envejecimiento que forman parte de nuestra
realidad, porque forman parte del éxito de una sociedad. Es decir, que haya gente mayor o que vivamos más años no es algo de lo que debamos lamentarnos, pero sí es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, porque condiciona nuestras políticas
públicas y sobre eso el Gobierno de España debe también reflexionar.


Ha hecho referencia a la conflictividad y yo he hablado de las impugnaciones de las dos administraciones. He dicho que había pendientes algunos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Estado, pero también hay pendientes algunos
recursos presentados por las comunidades autónomas. Sería bueno que habláramos de todos ellos, sobre todo, porque a lo mejor hay normas impugnadas que responden -lo decía antes- a necesidades concretas de los ciudadanos, que en estos momentos no
están obteniendo una respuesta por parte del Gobierno autonómico o del Gobierno del Estado. Esa responsabilidad la tenemos que afrontar y creo que debemos intentar trabajar -evidentemente si son frontalmente contrarias a la Constitución no vamos a
levantar los recursos de constitucionalidad- para explorar entre las dos administraciones cómo resolver esos recursos de inconstitucionalidad. Estamos comprometidos con el Fondo de Inversión de Teruel (FITE). Sabemos y somos conscientes de que
Teruel existe. Este Gobierno sigue comprometido, así que, señora Cortés, no sufra por ello.


Respecto a los entes locales ha hablado del Plan de Proveedores, y está bien. Pero no había necesidad de limitar las competencias de los entes locales, no era necesario limitar la capacidad de actuación, la capacidad de hacer políticas
públicas por parte de los entes locales y a eso es a lo que respondía la LRSAL. Por eso el Partido Socialista se manifestó en contra en su momento e incluso presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Es más, no solo
Grupo Socialista presentó ese recurso de inconstitucionalidad sino que por primera vez en la historia se consiguió poner de acuerdo al número suficiente de entes locales, que representaban al número suficiente de habitantes para presentar un
conflicto en defensa de la autonomía local, algo que hasta este momento no había sido posible hacer en nuestro país porque realmente los porcentajes que se piden son altísimos. Aunque no hubo unanimidad sí que hubo un gran acuerdo lo
suficientemente amplio, con una inmensa mayoría de entes locales que manifestaron su oposición a esta ley.


La señora López ha hecho referencia a millones de euros específicos que puso en marcha el anterior Gobierno, tanto para comunidades autónomas como para entes locales. Sin embargo, lo que está

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pendiente, lo que no afrontó el anterior Gobierno, que era lo que hubiese supuesto una respuesta de fondo, una respuesta estructural, hubiese sido aprobar la financiación autonómica y la financiación local. Es verdad que se han creado
muchos fondos y es cierto que se pusieron en marcha mecanismos excepcionales de financiación como puede ser el FLA, pero estos mecanismos excepcionales al final han acabado actuando como mecanismos habituales y ordinarios de financiación. Esa fue
una irresponsabilidad: abordar la financiación autonómica y local después de seis años gobernando, teniendo en cuenta que la no aprobación de estos nuevos modelos incumplía una obligación legal. Eso es algo que también hay que poner de manifiesto.
En cualquier caso -lo dicho antes-, es una competencia del Ministerio de Hacienda y, por tanto, yo no voy a entrar en esta cuestión.


Me pedía compromiso con los funcionarios y tiene ese compromiso, con los funcionarios y con todos los empleados públicos, así como el compromiso no solo de respetar esos acuerdos alcanzados, sino de hacer un seguimiento y un desarrollo de
esos acuerdos que cerró el Gobierno del Partido Popular con los sindicatos mayoritarios de nuestro país.


Ha hecho referencia también a la incapacidad temporal. Este es un tema que está previsto en los Presupuestos Generales del Estado, pero no como algo obligatorio sino como algo que las administraciones podemos realizar. De hecho, el
compromiso con Hacienda debemos cerrarlo esta semana, porque usted sabe que el Ministerio de Hacienda siempre manda mucho en un Gobierno. Los Presupuestos Generales del Estado abrían esa posibilidad, pero el acuerdo sobre la incapacidad temporal ha
sido cerrado y comprometido por el Gobierno en esta última semana.


Señor presidente, más o menos he dado respuesta a las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios. Quiero acabar agradeciendo de nuevo a todos sus intervenciones y, sobre todo, sus aportaciones para la función que nos queda por
delante.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Habíamos acordado que habría otro turno, por si algunas de sus señorías querían hacer alguna pregunta o solicitar una aclaración. Con esto les quiero decir que no es obligatorio. (Risas). Si no tienen una duda o si no tienen una pregunta
nueva que hacer, no tienen por qué agotar los dos minutos. Lo que sí les pido a sus señorías es que no me obliguen a decir que se está acabando el tiempo, todos sabemos aproximadamente lo que son dos minutos. El objetivo que teníamos, que se lo
hemos trasladado a todos los portavoces, era pedir alguna aclaración o hacer alguna pregunta de las dos intervenciones que ha tenido la ministra.


A continuación intervendrán los portavoces que se encuentra aquí, por el orden en que han intervenido. Señor Xuclà, ¿va a utilizar estos dos minutos? (Asentimiento). Adelante, tiene la palabra.


El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, con un concepto mediterráneo flexible, quiere decir, de estos dos minutos.


El señor PRESIDENTE: Eso lo dice usted.


El señor XUCLÀ I COSTA: Señora ministra, al principio de su intervención de réplica ha dicho que nos costó conquistar la democracia. Yo creo que nos va a costar un poquito conquistar una democracia que permite dar una respuesta jurídica y
política a lo que sostenidamente es la demanda mayoritaria que conforma la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña.


Usted proponía votar acuerdos, y yo le digo: vayamos a votar acuerdos u opciones, si el acuerdo no es posible. Si el acuerdo es posible, fantástico, pero si no, votemos opciones. Seguramente una de las diferencias del actual Gobierno con
respecto al anterior es que el actual Gobierno debe plantear alternativas, algo que el Gobierno del Partido Popular no hizo, porque estamos ante una realidad y una demanda de carácter político que solo puede resolverse votando. Hay una crisis
institucional, pero al Parlamento de Cataluña no le pasa por la cabeza plantear una reforma de la Constitución para que se recoja el ejercicio del derecho de la autodeterminación. Quizás habría sido una forma de visualizar que aquí hay una crisis
institucional.


Hay dos temas más. En primer lugar, le damos nuestro apoyo a la deconstrucción de la LRSAL, mirando la letra pequeña y con un mundo local que el Partit Demòcrata representa mayoritariamente en Cataluña y muy implicado en intentar la
deconstrucción de esta legislación.

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En segundo lugar, respecto a la Administración digital quiero decir algo que no he podido decir en los primeros minutos. Mi partido le da un cerrado apoyo a su política de Administración digital. Como se ha hablado de Teruel a mí me cuando
ha hablado de la Administración digital me ha venido a la cabeza la Gran Vía de Girona, la antigua sede de la Subdelegación del Gobierno cerrada que podía servir para ampliar una escuela de primaria pero que se mantiene, pisos de alquiler de
subdelegaciones de ministerios que se podrían centralizar. La presencia del Estado para el PP tenía que ser una presencia física, pero la presencia del Estado debe ser la eficacia. La Administración digital es una opción y Estonia es el mejor
ejemplo de los modelos europeos.


Finalmente, ya sé que la Ley Electoral no es competencia de su ministerio, pero hace pocas horas hemos conocido el acuerdo del Parlamento Europeo. Entenderá que como declaración política tenía que aprovechar esta oportunidad en nombre del
respeto a la pluralidad en las próximas elecciones europeas y además recordando que aunque no es su competencia, usted sí que ha participado en muchas reformas electorales y es especialista en la materia, apuntado algunos criterios de reforma y
respecto al consenso que creo que son importantes tomar en consideración.


Muchas gracias, señor presidente, por su amabilidad hacia esta flexibilidad mediterránea.


El señor TARDÀ I COMA: Una pregunta, señor presidente: ¿han sido dos minutos?


El señor PRESIDENTE: Dos minutos y cuarenta segundos.


Su señoría no tiene por qué agotarlos todos.


El señor TARDÀ I COMA: Yo creo que lo haré con dos minutos. Cuando usted me diga empiezo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Hay una cosa que nunca acabo de entender. ¿Los independentistas escoceses y los unionistas escoceses estaban más fracturados que el señor Villegas y yo, es decir, que los catalanes independentistas y los catalanes no independentistas? ¿Y
si estamos más fracturados es porque somos mala gente, el señor Villegas y yo, y los escoceses son más buena gente? Francamente, yo nunca he entendido esto. Segunda cuestión que nunca he entendido. ¿No había ningún temor cuando el independentismo
era más minoritario -no significa que ahora sea mayoritario- a que los independentistas dijéramos que estábamos sufriendo la opresión de los catalanes no independistas? Nunca se me hubiera ocurrido, siempre he sido minoría, lo cual no significa que
no me sienta tan catalán como el que no es independentista. Ahora que el independentismo, quizás algún día parece que pueda ser mayoritario, ahora sí. Yo creo que esto es un reduccionismo que no sirve.


En segundo lugar, usted dice que no existe el derecho de autodeterminación, y es lógico que lo diga. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Si hay 2 300 000 personas que han ido a votar en condiciones durísimas en
un referéndum de autodeterminación no reconocido por la Administración española -es cierto-, usted puede decir que no existe, o yo puedo encastillarme en decir que sí existe.


El problema es que la calidad democrática de una sociedad, de un Estado se mide, se evalúa en la capacidad que tiene de resolver democráticamente los problemas que plantea la historia. Punto. Dos minutos y tres segundos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


El señor Villegas tiene la palabra.


El señor VILLEGAS PÉREZ: Intentaré ser muy rápido.


En primer lugar, se ha hablado de hacer política, de diálogo. Creo que el que más y el que menos hemos demostrado nuestra capacidad de hacer política, de dialogar y de llegar a acuerdos. Los que abandonan la política son los que abandonan
las reglas de juego, los que abandonan la política son los que actúan fuera de la ley. Fuera de la ley no hay política ni diálogo posible. ¿De qué hablamos fuera de la ley? No sé, ya nos lo dirán el lunes, porque vamos a ver de qué se habla fuera
de la ley democrática.


La ministra ha dicho que el respeto a las reglas del juego es condición previa para el diálogo. Vamos a ver, porque ustedes se van a sentar el lunes con alguien que no respeta las reglas del juego, con alguien que desde su puesto en la
Generalitat de Cataluña está secuestrando a las instituciones catalanas para

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que, en vez de que sean las de todos, solo sean las instituciones de los separatistas. Esa falta de respeto a las reglas del juego -respeto que usted ha dicho hoy que debería ser una condición previa para el diálogo, se lo recuerdo- se está
viendo hoy mismo, esta semana en el Parlament de Cataluña, donde, por un lado, se pretende permitir el voto delegado de diputados que tienen su condición suspendida por un procedimiento que también conlleva prisión provisional, y hoy se está
perpetrando otra cacicada en el Parlament de Cataluña como la del 6 y el 7 de septiembre, y, por otro lado, se ha admitido por la Mesa del Parlament de Cataluña que se discuta hoy -y se va a discutir- una iniciativa en contra de lo que el Tribunal
Constitucional dijo al Parlament de Cataluña. Por lo tanto, se sigue sin respetar las reglas del juego y ustedes se van a sentar con alguien que no respeta las reglas del juego. Ya que les han exigido a ustedes cosas para votar lo de Televisión
Española, exíjanles ustedes para que se sienten una declaración, por lo menos, de que asumen y respetan las reglas del juego y que esa declaración que ha dicho usted que es una condición previa no sean palabras que quedan en el aire, sin ningún
contenido, como a las que ya nos tiene acostumbrado su Gobierno en estas pocas semanas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villegas.


Tiene la palabra la señora Martín.


La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Gracias. Muy rápidamente.


Hemos escuchado a Tardà decir que nada será igual después del 1 de octubre y a usted responder que nada será igual después de los días 6 y 7 de septiembre. Seguramente los dos tienen razón, y por eso mismo nosotras hemos propuesto esta mesa
de diálogo en Cataluña, para que las fuerzas políticas y los actores sociales puedan hablar y encontrar soluciones compartidas, porque, efectivamente, venimos de esas duras situaciones.


La otra cuestión que queríamos apuntar es que usted ha puesto mucho énfasis en que el conflicto en Cataluña es un tema entre la ciudadanía catalana, y nosotras creemos que, sin negar que existe eso, que ha habido una erosión de vínculos y
unas tensiones que tienen consecuencias, no se puede obviar que hubo una sentencia que se cargó un Estatut que había votado la ciudadanía catalana y que eso representa un problema de primer orden que afecta al marco constitucional vigente más allá
de que la ciudadanía catalana haya sufrido tensiones, es decir, no se puede circunscribir el conflicto solo a ese ámbito.


Por otra parte, más allá de las etiquetas, ha dejado usted muy claro que no es confederal; muy bien, pero lo que está claro es que, al menos a nuestro juicio, existe una realidad plurinacional del Estado y que eso ha de tener una traslación
a la legalidad, y para resolverlo puede haber varias propuestas, no se puede imponer una, y, en todo caso, la gente es la que tiene que poder decidir finalmente.


Y ya solo un apunte. Dice usted que está muy contenta de no tener las competencias de Hacienda. No queremos que se atribuya competencias que no le tocan, pero sí le pedimos impulso político. De hecho, es lo que hemos dicho en la
intervención; no que sea ministra de Hacienda, sino que utilice su impulso político como ministra de la cuestión territorial para tener en cuenta estas cuestiones que le hemos mencionado, considerando que no hay autonomía real si no hay autonomía
financiera, es decir, no se pueden hacer políticas descentralizadas ni empoderar a los ayuntamientos, etcétera, si no hay pasta.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín.


Tiene la palabra el señor López Álvarez.


El señor LÓPEZ ÁLVAREZ: En coordenadas atlánticas y en dos minutos, una sola cuestión. Decía la representante del Partido Popular que este Gobierno tenía muy poco valor pero que pagaba muy alto precio, y a mí me gustaría hacer una
pregunta: ¿Qué tiene más valor en política, reconocer los problemas y enfrentarse a ellos o sentarse a ver cómo se disuelven por arte de magia? ¿Qué tiene más valor, hablar con el que piensa diferente con voluntad de entenderse o cocerse en la
salsa de los propios para no dar respuesta absolutamente a nada? Claro, para esto hay que tener el valor de reconocer el significado profundo de la renuncia. Es difícil y está muy mal visto, pero esto es básico, y fue básico, por ejemplo, para
hacer la Transición y para traernos hasta aquí hoy.


Yo se lo diré: el precio de lo que se ha hecho hasta ahora, el precio de la ausencia de política, de la ausencia de valentía para el diálogo, para el entendimiento ya lo conocemos y lo estamos pagando, y lo está pagando la sociedad catalana
y el conjunto de la sociedad española, y lo está pagando en división,

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en distanciamiento, en enfrentamiento. Y ahí es donde situamos el valor de la reforma constitucional que proponemos los socialistas, como el paradigma del necesario reencuentro, de la recuperación del pacto de ciudadanos y ciudadanas
diferentes que quieren convivir como iguales y que quieren compartir un futuro común, el valor de recuperar un proyecto atractivo, compartido que se llama España, en el que todos y todas podamos sentirnos más o menos cómodos y del que, desde luego,
nadie se sienta expulsado o marginado. Ese es nuestro objetivo y debiera ser el objetivo de todos y de todas. Ese debería ser, como dice la ministra, el acuerdo que sometiéramos a referéndum; yo lo comparto. Más refrendar acuerdos y menos
consultar confrontaciones, porque es así como se hace país, es así como se construye sociedad, sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres, iguales y diversos. Y para eso este Gobierno tiene todo el valor.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.


La señora Cortés tiene la palabra.


La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias, presidente.


También voy a ser muy breve, señora ministra, para trasladarle que aprecio su predisposición y generosidad. En ese diálogo que usted dice siempre va a encontrar al Grupo Parlamentario Popular, siempre y cuando nos movamos dentro del marco
de la ley y de la Constitución; nosotros siempre estaremos allí. Estaremos atentos a sus decisiones y creo que ese diálogo y esa capacidad de llegar a acuerdos lo hemos demostrado a lo largo de la historia. El señor López lo sabe muy bien, porque
además fue lendakari y nosotros contribuimos a ello. Por tanto, creo que en circunstancias que se enmarcan dentro de la Constitución nosotros somos capaces de llegar a acuerdos y consensos. Como digo, estaremos atentos ante determinadas peticiones
o demandas, porque entiendo que la reunión del lunes va a ser una reunión para hablar pero no nos podemos olvidar de que el presidente de Cataluña va a venir con una serie de reivindicaciones. Por tanto, estaremos atentos. Creo que el presidente
Sánchez será capaz de hacer bueno el dicho de mi tierra: ante el defecto de pedir, la virtud de no dar, o -perdónenme la broma, para acabar de una manera distendida- lanzarle ya su clásico no es no ante determinadas cuestiones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortés.


Señora ministra, tiene usted la palabra, para concluir la sesión de hoy.


La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Muchísimas gracias, presidente.


El señor Xuclà planteaba básicamente dos cuestiones. Hablaba del valor de aceptar o de escuchar determinados planteamientos. Creo que también hace falta valor para intentar el acuerdo, y eso es lo que también le traslado. Creo que es
importante no tirar la toalla, y a veces tengo la sensación de que han tirado la toalla. Intentemos el acuerdo, trabajémoslo. Y para eso, por ejemplo, es fundamental la incorporación a la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado
Autonómico.


Luego hacía referencia a la Administración digital, para conectarla con la presencia física del Estado en los distintos territorios, en Girona en concreto. Efectivamente, el Estado debe ser eficaz, igual que la Generalitat también debe ser
eficaz, pero eso no quiere decir que desaparezca de los territorios, porque los símbolos son importantes también, y creo que el Estado debe tener presencia en todos los territorios, también en Cataluña. Creo que es importante, porque el Estado está
detrás de muchas políticas, está detrás de muchas acciones que los ciudadanos pueden percibir como algo positivo, y creo que es importante que el Estado no se retire, lo que no quiere decir que se ajuste patrimonialmente a la presencia en unos
edificios u otros, cuestión que en todo caso corresponde a otro ámbito de negociación.


El señor Tardà hablaba de la fractura y de las discrepancias ideológicas. Creo que la fractura en Cataluña no se ha producido tanto por una discrepancia ideológica. Decía que entre el señor Villegas y él mismo no debe haber mucha más
diferencia que entre otras fuerzas políticas en otros territorios, y ponía el caso de Escocia. Yo lo que creo que sí ahonda en la fractura no es la diferencia ideológica sino considerar que hay buenos y malos -eso sí ahonda en la fractura- o romper
con la legalidad -eso también ahonda en la fractura, y no ha pasado en Escocia pero creo que sí ha pasado en nuestro país-, y, por tanto, creo que todo lo que vaya en esa dirección no contribuye a construir un camino futuro de entendimiento,
mientras que todo lo que sea proponer diálogo sincero y, sobre todo, respeto al otro, no

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categorizar, no establecer diferencias entre buenos catalanes o malos catalanes sí contribuye precisamente a eliminar o limar esa fractura. Creo que esa debería ser la voluntad de todas las fuerzas políticas aquí representadas.


Señor Villegas, creo que tenemos una oportunidad por delante. Este Gobierno cree que tenemos una oportunidad de apostar por ese diálogo, de apostar por ese entendimiento, teniendo la esperanza de que se dé, por supuesto, con esas reglas,
desde el respeto al otro y el respeto a las reglas del juego, porque urge -y lo he dicho antes- la recuperación de la confianza, de la confianza mutua -lo decía también en una interpelación-. Muchas veces los independentistas dicen que no confían
en nosotros; seguramente, nosotros tampoco confiamos en ellos. Hay que recomponer esa confianza, y esa oportunidad la tenemos por delante. Creo que todas las fuerzas políticas deberíamos contribuir a generar esa confianza y ese clima, para que
ese diálogo sea positivo y nos permita avanzar, y, en todo caso, no profundizar más en la crisis, porque en los últimos años no hemos hecho más que profundizar en ella. Creo que tenemos por delante esa oportunidad. Y esa es la esperanza de
muchísimos ciudadanos y ciudadanas, no solo de Cataluña, sino del conjunto del Estado. Insisto, es algo a lo que se compromete el Gobierno de España, pero también es necesaria la concurrencia del compromiso del resto del conjunto de fuerzas
políticas con representación parlamentaria, si queremos que ese diálogo, efectivamente, llegue a buen puerto y sea un éxito.


La señora Martín hablaba sobre el Estatuto de autonomía, otra fecha significativa. Es verdad que en estos momentos los ciudadanos catalanes son los únicos que tienen un estatuto de autonomía que no fue el votado por ellos, y ese es un hecho
que tenemos que tener en cuenta, y por eso precisamente yo planteaba avanzar en esa dirección y poder hablar con las fuerzas políticas para ver cómo progresamos en esta cuestión, en esta particularidad, que, como digo, no se da en ninguna otra
comunidad autónoma.


La financiación para las administraciones públicas, para los entes locales y para las comunidades autónomas es fundamental, y, por supuesto que desde este ministerio impulsaremos ese necesario acuerdo para abordar un futuro modelo de
financiación, y, sobre todo, la concurrencia de las distintas comunidades autónomas y también la complicidad de los entes locales para configurar esos nuevos modelos.


A la señora Cortés quiero agradecer su confianza en esta primera comparecencia, que se produce cuando no hace ni un mes que hemos tomado posesión en nuestras responsabilidades gubernamentales; por tanto, le agradezco ese margen. Y creo que
también hay mucho margen para que su fuerza política y este Gobierno nos podamos entender. Creo que su grupo parlamentario es fundamental, no solo porque es el grupo mayoritario, sino porque representa y ha representado en España esa pluralidad y
esa visión distinta a la que hemos representado desde el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista; es fundamental para alcanzar consensos exigibles a cualquier reforma que queramos abordar en un futuro.


Muchas gracias de nuevo a todos los grupos por sus intervenciones. Quedo a su disposición para cualquier otra cosa, no hoy, porque sospecho que el presidente no les va a dar la palabra otra vez, pero sí para futuras comparecencias en esta
Cámara.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señorías, me van a permitir solo un momento. Quiero dar las gracias a la ministra porque ha dado todo tipo de facilidades y solicitó comparecer en el día de hoy. Quiero agradecerle todo el lujo de detalles con que en los tres turnos ha
atendido a las preguntas que le han formulado.


Y, sinceramente, como presidente de la Comisión y creo que en nombre de todos, le deseo mucha suerte, porque eso nos vendrá bien a todos.


Se levanta la sesión.


Eran las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde.