CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 549

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión núm. 14

celebrada el jueves,

28 de junio de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Solicitud de prórroga de los trabajos de la siguiente subcomisión, de conformidad con lo dispuesto en la norma tercera de la Resolución de la Presidencia del Congreso de 26 de junio de 1996:


- Subcomisión para la reforma electoral. (Número de expediente 154/000010) ... (Página2)


Comparecencia de la señora Fernández de la Vega Sanz, candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado, a los efectos de la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del
alto cargo de la Administración General del Estado. (Número de expediente 276/000017) ... (Página2)


Emisión de dictamen sobre idoneidad y conflicto de intereses. (Número de expediente 276/000017) ... (Página15)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LOS TRABAJOS DE LA SIGUIENTE SUBCOMISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA NORMA TERCERA DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE 26 DE JUNIO DE 1996:


- SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA ELECTORAL. (Número de expediente 154/000010).


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar esta sesión de la Comisión Constitucional. Empezamos con el primer punto del orden del día, que es la solicitud de prórroga de los trabajos de la subcomisión, de conformidad con lo dispuesto en la
norma tercera de la resolución de la Presidencia. Resumo un poco este punto. Como saben, pedimos que la subcomisión sobre la Loreg llegara hasta el 30 de junio. Hemos tenido reuniones en esa subcomisión, a las que han asistido muchos de ustedes,
y comparecencias. En algunos puntos concretos hemos llegado a acercamientos notables y otros no hemos podido verlos. En el seno de la subcomisión yo planteé pedir una prórroga a la Mesa del Congreso hasta el 30 de diciembre. Hubo acuerdo unánime
en la subcomisión y para refrendarlo figura este punto, que, si sus señorías están de acuerdo, aprobaríamos por asentimiento. ¿Es así? (Asentimiento). Pues queda aprobado.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ, CANDIDATA PROPUESTA POR EL GOBIERNO COMO PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ESTADO, A LOS EFECTOS DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DE LA LEY 3/2015, DE 30 DE MARZO, REGULADORA DEL EJERCICIO DEL
ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 276/000017).


El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la comparecencia de doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado, a los efectos de la disposición adicional
tercera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.


Damos -quiero decirlo aquí y lo hago en nombre de toda la Comisión- la bienvenida a doña María Teresa Fernández de la Vega, no a esta casa, sino a su casa, que es el Congreso de los Diputados. Ella tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ (Candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado): Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, miembros de la Mesa, señoras y
señores portavoces de los grupos parlamentarios de esta Cámara, diputadas y diputados.


Es para mí un honor y una satisfacción encontrarme en esta institución, el Congreso de los Diputados, órgano de representación del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado, del que he
tenido el privilegio de formar parte como diputada durante tres legislaturas y media que han constituido buena parte de los mejores catorce años de mi vida política. Es también una satisfacción comparecer ante esta Comisión Constitucional para
ponerme a su disposición ante la propuesta de acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de junio, de mi nombramiento para el cargo de presidenta del Consejo de Estado a los efectos de dar cauce a lo previsto en la disposición adicional tercera de
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.


Señor presidente, señorías, permítanme que, antes de exponerles las líneas y ámbitos por los que han transcurrido mis más de cuarenta y cinco años de actividad profesional y política, todos ellos al servicio del Estado, y de facilitarles
cuanta información y datos puedan ser de su interés, les haga algunas consideraciones sobre el Consejo de Estado, del que tengo el honor de formar parte desde hace ocho años como consejera permanente. Supremo órgano consultivo del Gobierno, a decir
de la Constitución en su artículo 107, se inserta plenamente en la estructura constitucional del Estado, velando, en el ejercicio de su función consultiva, por la observancia de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y valorando,
cuando la índole del asunto lo exige o la autoridad consultante lo solicita, expresamente los aspectos de oportunidad y conveniencia de los asuntos que se someten a su consideración, en búsqueda de la mayor eficacia de la Administración en el
cumplimiento de sus fines y en consonancia con el modelo existente en otros Estados, como Francia, Bélgica, Italia y otros muchos.

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No forma parte de la administración activa ni está integrado en ninguno de los departamentos ministeriales y, aunque la Constitución lo califique literalmente de órgano consultivo del Gobierno, tiene en realidad el carácter de auténtico
órgano del Estado, como ya reconoció el Tribunal Constitucional en sentencia 56/1990, de 29 de marzo, pues sus funciones van más allá del Gobierno de la nación y se extienden también a las comunidades autónomas, salvo en los casos de creación por
estas de consejos consultivos de naturaleza similar al órgano constitucional, de relevancia constitucional. A lo largo de su historia, el Consejo de Estado ha sido calificado como escuela de buena administración española, entre inflexibilidad de
justicia y amplitudes de criterios para gobernar -decía Alcalá Zamora- desde el respeto a la doctrina legal, con las realidades de las variables de la vida. En estos comentarios el mismo autor que acabo de citar señalaba que el consejo era un
observatorio de buena y mala administración; un observatorio en el que desde sus orígenes se han ido asentando e incorporando garantías de su buen hacer que hoy radican, a mi juicio, en unas características que conforman la naturaleza de un órgano
con su independencia y objetividad en el ejercicio de la función, garantizadas jurídicamente por su ley orgánica, basadas en la facultad de elaborar su propio presupuesto, la desconexión de la jerarquía administrativa y el estatuto de permanencia de
los consejeros que integran la comisión permanente, permanencia en el tiempo que, en consonancia con el criterio rector de otras instituciones extranjeras, como el Tribunal Supremo de Estados Unidos, le permite gozar de un estatuto de inamovilidad.
Los consejeros permanentes que forman el órgano clave del consejo son nombrados por el Gobierno para estar al frente de cada una de las secciones entre personas, como ustedes conocen, que han prestado importantes servicios al Estado -ministros,
gobernadores y académicos- y desempeñan su cargo sin límite de tiempo, un singular estatuto que asegura su independencia al no verse sometidos a los sucesivos avatares de la política. Independencia de estatuto que resguarda su independencia de
criterio y que, unida a la dilatada experiencia en el despacho de los asuntos públicos y su distancia de la burocracia encargada de la gestión de procedimientos, es garantía imprescindible del acierto de sus pronunciamientos.


Su organización responde al principio de colegialidad, con tres escalones sucesivos e independientes de análisis, debate y resolución de los diferentes asuntos que se abordan, desde la elaboración de la ponencia en sección hasta su
consideración y votación en la comisión permanente y pleno, dando lugar a los correspondientes dictámenes que se aprueban. Y creo que puedo asegurarles que en todas sus instancias el Consejo de Estado informa los asuntos sometidos a su
consideración con altura de miras, con responsabilidad, con gran sentido práctico, prudencia, objetividad y distancia del desenvolvimiento de la actividad administrativa. En ese quehacer formula observaciones sobre el funcionamiento de los
servicios públicos, sugiere la adopción de medidas normativas o no para el mejor funcionamiento de las funciones y servicios públicos.


Finalmente, me gustaría también destacar que el cargo de consejero permanente de Estado no es una magistratura simbólica sino efectiva, como lo acredita el importante número de asuntos despachados en los últimos años. A título de ejemplo,
señorías, durante el tiempo que he estado en el Consejo de Estado, en la sección que presido hemos elaborado cerca de ochocientos dictámenes, es decir, alrededor de cien dictámenes por año, en ámbitos tan relevantes como la educación, la
universidad, la investigación, la cultura, la propiedad intelectual, el deporte, así como todo lo referido a sanidad, consumo, igualdad y servicios sociales. Es decir, he presidido -y presido- la sección encargada de todo el ámbito social.


Por otra parte, en mi condición de miembro de la comisión permanente y del pleno he estudiado más de 11 000 ponencias que se han emitido en estos últimos ocho años, participando en su estudio, debate y votación, sin contar con los diversos
votos particulares que en ocasiones he formulado a algunos de los dictámenes, por discrepar de la mayoría. Creo que estos datos son suficientemente reveladores para mostrar la productividad de esta magistratura, que permite al Estado contar con el
parecer experimentado y ponderado de quienes han ocupado relevantes puestos en distintos ámbitos de lo público a la hora de adoptar decisiones relevantes del Gobierno. En definitiva, señorías, desde mi experiencia de estos últimos ocho años como
consejera permanente, puedo dar fe de que en el ejercicio de esa función, como diría el político liberal ochocentista Martín de los Heros, que culminó su trayectoria profesional como consejero de Estado, el Consejo de Estado observa con rigor,
piensa con ponderación e infiere con juicio en el despacho de los asuntos públicos.


Señor presidente, señorías, creo que muchos de ustedes conocen ya parte de mi currículum y de mi trayectoria, pero con mucho gusto voy a exponerles los hitos más significativos de esa trayectoria profesional y política. He dedicado toda mi
vida a trabajar en el espacio público. Desde muy joven sentí vocación por el servicio público, que siempre he considerado el ámbito -sin desmerecer otros- en el que

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más se revitaliza y promueve la democracia, por lo que desde que terminé mis estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid me incorporé en el año 1974 a la Administración de Justicia, concretamente al cuerpo de secretarios de
la jurisdicción laboral, al que accedí por oposición con el número 1 de mi promoción, profesión que desempeñé en las magistraturas de Trabajo de Barcelona, Ávila y Madrid. En el año 1982 fui nombrada jefe de gabinete de despacho del ministro de
Justicia, donde permanecí hasta agosto de 1985, año en el que pasé a desempeñar la Dirección General de Servicios, que nacía, por primera vez, como resultado del proceso de modernización iniciado en la época de los años ochenta, por el que el
ministerio pasaba de ser un ministerio con una estructura antigua a un ministerio dentro de la modernidad. Desempeñé ese puesto hasta julio de 1988.


Me gustaría resaltar que esa etapa constituyó para mí una experiencia personal y profesional apasionante, pues, como les decía, se trataba de adaptar al modelo constitucional una Administración, en este caso la de Justicia, que se había
quedado anclada en el pasado. Desde la Dirección General de Servicios me encargué de la gestión de todas las infraestructuras, medios materiales y personales de la Administración de Justicia, de Instituciones Penitenciarias, de los centros de
menores que en aquella época existían dentro de la Administración del Estado. Fue un momento clave para la transformación del Estado central en un Estado autonómico, llevándose a cabo en esta etapa el inicio de los primeros pasos y trabajos que
serían la base de un modelo autonómico y que se fue configurando como un proceso de transferencias que comenzaron a realizarse unos años después, precisamente en estos ámbitos tan importantes como la justicia, los juzgados de menores y las
instituciones penitenciarias.


En noviembre de 1989 ingresé como magistrada en la carrera judicial, también con el número 1 de mi promoción, con destino en los juzgados de lo Social de Madrid. En 1990 fui elegida vocal del Consejo General del Poder Judicial por el
Senado, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, y en dicho consejo formé parte de la comisión permanente, fui vocal delegada de relaciones internacionales, vocal responsable de la formación de jueces y magistrados y también designada
delegada territorial para la Comunidad Autónoma de Baleares. Permanecí como vocal del Consejo General del Poder Judicial hasta comienzos del año 1994, en que fui nombrada secretaria de Estado de Justicia e Interior, puesto que desempeñé hasta 1996.
Fueron estos unos años, de 1974 a 1996, en los que fui adquiriendo un extenso conocimiento basado en la experiencia derivada del ejercicio de responsabilidades al frente de los distintos puestos que iba desempeñando en el ámbito de la justicia como
servicio público y de la jurisdicción como poder judicial, pasando posteriormente a ejercer funciones en el órgano de gobierno de los jueces y tribunales y, finalmente, no solo dirigiendo la gestión de los recursos materiales y personales del
sistema judicial desde el Ejecutivo, sino la iniciativa legislativa, que también era un elemento muy importante, y además, como decía anteriormente, ya ejecutando las primeras transferencias en el año 1994 y 1995 a las comunidades autónomas en
materia de justicia.


En esta época, además, el Gobierno ejerció la iniciativa legislativa -muchos de ustedes estaban ya de diputados en esa época en estas Cámaras- en cuestiones muy importantes como, por ejemplo, el Código Penal de 1995, la Ley de atención a las
víctimas en los delitos violentos o proyectos y medidas de impacto como, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, la creación de la Fiscalía Anticorrupción, la creación del servicio jurídico del Estado especializado en la persecución de los
delitos por corrupción, la Ley de Fondos Reservados. En fin, una serie de iniciativas que creo que vinieron a completar la defensa de nuestro Estado en todos estos temas. En 1996 llegué a esta casa. Fui elegida como diputada por la
circunscripción de Jaén en las listas del Partido Socialista Obrero Español, revalidando mi escaño en el Congreso en las elecciones del año 2000 como diputada por Segovia, en las elecciones de 2004 como diputada por Madrid y en las elecciones de
2008 como diputada por Valencia, donde permanecí hasta noviembre de 2010, año en que renuncié al acta de diputada.


Como señalaba al principio de mi intervención, señorías, este ha sido uno de los periodos más fructíferos de mi vida, no solo desde el punto de vista político sino también desde el punto de vista personal. Catorce años trabajando en esta
Cámara, en donde he tenido el privilegio y el honor de formar parte de la Junta de Portavoces, además de participar en la actividad de distintas comisiones en calidad de miembro de la Mesa, portavoz o presidenta; comisiones tales como la de
Justicia e Interior, la de la Unión Europea, la de Reglamento, la de Agricultura, la de Infraestructuras, etcétera. Fue un honor para mí desempeñar el puesto de secretaria general de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, y por
tanto portavoz adjunta del mismo durante una época, y con posterioridad -un honor redoblado- ser ministra responsable de las relaciones con las Cortes. De mis distintas intervenciones en esta Cámara dan fe los diarios de sesiones.

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Antes de decir unas palabras sobre mi actual trabajo, como ustedes saben, en el año 2004 tuve el honor de ser nombrada vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, cargo para el que, de nuevo, fui
nombrada en 2008, sumando además en esta ocasión a las anteriores competencias, las de Función pública. Durante estos años mi actividad política me ha dado, señorías, la oportunidad de trabajar por mi país desde las más altas instancias de los tres
poderes del Estado: el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. En el ámbito del Poder Ejecutivo, ya como vicepresidenta del Gobierno, además de ejercer las responsabilidades propias del cargo en materia de política interior, también ejercí
importantes responsabilidades en el ámbito internacional, que me llevaron a conocer en profundidad y a abordar cuestiones de gran relevancia que hoy siguen estando encima de la mesa, especialmente en relación con África y América Latina. Mi labor
como vicepresidenta, señorías, incluía, entre otras funciones, la coordinación de iniciativas de todos los ministerios que integraban el Gobierno, la preparación y supervisión de la agenda política y legislativa, las relaciones con las Cortes y con
los grupos parlamentarios, y la gestión -no teníamos mayoría, señor presidente, en aquella época- de las iniciativas del Gobierno en el Parlamento. Lo digo porque es un valor añadido bueno, positivo, que obliga a negociar, a establecer relaciones y
que para mí fueron importantísimas por la experiencia y por todo lo que pude aprender de sus señorías y de los usos y costumbres de esta Cámara. Y también la articulación de los proyectos legislativos del Ejecutivo, supervisándolos en la
tramitación ante el Congreso de los Diputados. Presidí las comisiones delegadas de Inmigración, Igualdad, Cambio Climático, Cooperación y de la Presidencia española de la Unión Europea para el semestre de 2010. Fue especialmente emotivo para mí
impulsar -quiero descartarlo- el primer y hasta ahora único Plan Nacional de Derechos Humanos, presentado en Naciones Unidas en diciembre de 2008 y, por supuesto, la promoción y ejecución de políticas dirigidas a ampliar y hacer efectivos el derecho
a la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de ciudadanía. Iniciativas como la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad y otras situaron a nuestro país en la vanguardia de la igualdad de género y ampliación de
derechos de los ciudadanos: por ejemplo, matrimonio homosexual, la lengua de signos, etcétera. Eso, señorías, supuso para mí personal, política y profesionalmente una honda satisfacción y un enorme orgullo.


En noviembre de 2010 tomé posesión como consejera presidenta de la Sección séptima del Consejo de Estado. Es el cargo que hasta ahora vengo desempeñando. En estos últimos años me he dedicado a informar los asuntos que eran sometidos a la
consideración del Consejo de Estado. Lo he hecho con humildad, prudencia y objetividad, con absoluta independencia de criterio y aprendiendo siempre de la experiencia y del altísimo nivel intelectual, profesional y político de los miembros del
Consejo de Estado, no solo de la comisión permanente, sino también del pleno, así como del extraordinario caudal de conocimiento jurídico y constitucional del cuerpo de letrados que trabajan al servicio del Consejo de Estado. A todos ellos quiero
expresar desde aquí mi reconocimiento y gratitud por su trabajo, apoyo y consideraciones hacia mi persona.


Todo mi bagaje lo he puesto al servicio del órgano supremo consultivo del Estado ejerciendo esta función consultiva, formulando observaciones en su caso, sugiriendo la adopción de medidas normativas o no para el mejor ejercicio de la acción
del Estado o ejerciendo el voto particular. A lo largo de estos años la Sección séptima que he tenido el honor de presidir -encargada como he dicho de las áreas de educación, universidades, cultura, deportes y salud-, ha despachado cerca de
ochocientos asuntos que se nos han sido sometidos y ha formulado las correspondientes ponencias, que han sido sometidas a la consideración y aprobación de la comisión permanente; órgano en el que mi participación, junto a la de mis compañeros
consejeros permanentes, ha dado como resultado -como ya les señalaba anteriormente- la aprobación en estos ocho años de más de 10 000 dictámenes del Consejo de Estado, en comisión y en pleno, más allá de los votos particulares que he señalado.


Señorías, esta es, a grandes rasgos, la historia de mi vida; una vida, como decía al principio, dedicada al servicio público y a promover los valores de libertad, justicia y democracia. De manera particular quiero señalar que he dedicado
buena parte de mis esfuerzos a luchar por la igualdad, en concreto por la igualdad de género, pues sus señorías saben bien que, siendo la igualdad un principio constitutivo de democracia, cuando esta no se alcanza, como lamentablemente todavía
ocurre en muchos ámbitos y desde luego en la igualdad de género -la más antigua y onerosa de todas las desigualdades-, nuestros sistemas tienen un gravísimo problema. De ahí mi compromiso y lucha personal por promover la igualdad de manera
particular entre hombres y mujeres y contribuir a acortar esa brecha de género que persiste; una lucha que he llevado a cabo desde el pensamiento tanto desde el movimiento feminista como movimiento político y social de origen ilustrado y
reivindicativo como desde la acción política y social,

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como constata toda mi trayectoria, desde mi participación, desde un punto de vista institucional, en la creación del primer Instituto de la Mujer que tuvo este país en los años ochenta y en la elaboración del I Plan de Igualdad de
Oportunidades que se hizo en aquella época, hasta las iniciativas legislativas, algunas de ellas citadas anteriormente, que todos ustedes conocen. Ese compromiso con la igualdad de género es el que me ha llevado en los últimos años a participar en
encuentros, debates y reuniones con líderes de todo el mundo y también a formar parte del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres y, posteriormente, en 2012, a poner en marcha la Fundación Mujeres por África, una fundación privada sin ánimo
de lucro dedicada a impulsar el desarrollo de ese continente a través de la educación, el conocimiento, la investigación a través de las mujeres, acompañando su progreso, su empoderamiento y la igualdad de derechos y oportunidades, ya que ellas
constituyen el gran motor de progreso del continente africano. En ella he volcado la necesidad, mi necesidad de tratar de devolver a la sociedad todo lo que de ella he tenido la inmensa suerte de recibir, y contribuir -o al menos intentar hacerlo-
desde la promoción de derechos y oportunidades de las mujeres en mi país y, especialmente, en el continente africano.


No quiero finalizar mi exposición, señor presidente, sin hacer una pequeña referencia a mi actividad docente y académica, una etapa que recuerdo con mucho cariño. Fui profesora asociada en la especialidad de Derecho del Trabajo en la
Universidad Central de Barcelona, Complutense de Madrid; profesora titular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y autora de varios libros, publicaciones y ensayos sobre los derechos de los trabajadores -en fin, no se los voy a
relatar porque ustedes ya los conocen-, derechos humanos, Consejo de Europa. En 2011 fui investida doctora honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.


Hasta aquí, señorías, mi exposición sobre lo que ha constituido mi principal actividad política y profesional, pero no quiero terminar mi intervención sin expresar mi reconocimiento y gratitud al presidente Romay Beccaría, un magnífico
presidente que ha llevado a cabo su responsabilidad -y lleva a cabo, por el momento- de ejercer la Presidencia del Consejo de Estado con un trabajo ejemplar, coordinando la acción, presidiendo con talento y mesura todas las sesiones y apoyando
siempre el trabajo que realizamos no solo los consejeros, sino también todos los funcionarios de la institución y, por supuesto, apoyando el excelente trabajo de los letrados. De manera particular, quiero agradecer al señor Romay Beccaría todas las
atenciones que ha tenido para conmigo, única mujer consejera permanente del Estado, primera y única hasta ahora. Espero, señorías, que esto vaya cambiando. Si sus señorías me lo permiten, quiero dejar constancia de mi admiración por el presidente
del Consejo de Estado, con el que compartí mis primeros tiempos en esa institución, don Francisco Rubio Llorente, tristemente fallecido, con el que tuve el privilegio de compartir esos años. Siempre quedará en mi memoria.


Muchas gracias, señor presidente, señorías, por su atención y quedo a su disposición para contestar a cuantas cuestiones me quieran formular.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de la Vega, por su intervención tan completa.


Ahora es el turno de los grupos, con un máximo de diez minutos cada uno. Como siempre, seré flexible pero creo que es un tiempo que pueden tomar como referencia.


En primer lugar, en representación del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Alli.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Le doy la bienvenida a doña María Teresa Fernández de la Vega. En nombre de Unión del Pueblo Navarro, quiero darle dos veces la enhorabuena y las gracias. Enhorabuena por su candidatura y más que previsible nombramiento al frente de la
Presidencia del Consejo de Estado y, en segundo lugar, también enhorabuena por su extenso currículum que hoy aquí ha expresado y por su aportación a la Administración pública. También quiero darle las gracias, salvando las distancias ideológicas
que pueda haber, por los años que usted ha dedicado sin duda a la entrega a la res publica que es, al fin y al cabo, darse a los demás. Por tanto, enhorabuena y gracias, señora Fernández de la Vega.


Le voy a hacer dos preguntas abiertas y no voy a agotar más mi tiempo porque vamos a hacer ese dictamen de idoneidad y de conflicto de intereses, según como recoge la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, que regula el ejercicio
del alto cargo de la Administración General del Estado. La primera pregunta que le quiero hacer, señora Fernández de la Vega, es si existe algún asunto o cuestión que dificulte su idoneidad para el puesto de presidenta del Consejo de Estado. En
segundo lugar, ¿existe algún asunto o cuestión que debamos conocer que le genere algún tipo de conflicto de intereses o de incompatibilidades? Estas son las dos preguntas. Una vez más, reitero, le agradezco su presencia en esta

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Comisión, el detalle de venir a esta Comisión previamente a su Presidencia en el Consejo de Estado. Le reitero mi felicitación y de nuevo quiero decirle que ha sido un honor escucharla después de todo lo que usted ha aportado a este país.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alli.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, señora Fernández de la Vega por su comparecencia ante esta Comisión a los efectos del trámite dispuesto en la Ley de altos cargos de la Administración General del Estado. La función de esta Comisión es hacer un examen, como
establece la adicional tercera de la norma, de su idoneidad y ver si incurre en un conflicto de intereses o incompatibilidades.


Respecto a la idoneidad, nuestro grupo no tiene nada que objetar en vista de su formación, currículum vitae que nos ha expuesto e incluso, como señala también la Ley del Consejo de Estado, honorabilidad. En cuanto al otro elemento sobre el
que esta Comisión podría incidir en términos legales, se refiere al conflicto de intereses o incompatibilidades y, respecto a este ámbito, doy por reproducidas las dos cuestiones que le ha planteado el portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra.


Si no hay ninguna pega o respuesta que nos haga cambiar de opinión respecto al conflicto de intereses o incompatibilidades, nuestro grupo no le pondría ninguna objeción. Le deseo a usted la mejor de las fortunas al frente de esta
institución, también a la institución misma. La felicito personalmente, si efectivamente ocupa el cargo -que espero que así sea-, y además por su condición de mujer, por ser la primera mujer, como usted ya ha señalado, que presumiblemente va a
ocupar el cargo. Le deseo la mejor de las fortunas.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Girauta.


El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias, presidente.


Quiero dar las gracias a la compareciente. A nosotros nos parece idóneo su perfil para el cargo que se propone. Desde luego, su currículum la avala; en gran parte ya lo conocíamos, como es evidente. Lo único que tenemos que transmitirle
es nuestra enhorabuena por el previsible nombramiento.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Girauta.


Por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Errejón.


El señor ERREJÓN GALVÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señora Fernández de la Vega, por la explicación de su currículum abultado, sin duda merecedor de la posición a la que se opta, pero también por la explicación previa del funcionamiento y de la aportación al sistema político español
y al Estado español de un órgano normalmente no muy conocido, no muy discutido y que, sin embargo, está arraigado en la historia de España, más allá de que hayamos tenido un sistema constitucional en la historia política de España con diferentes
nombres. Me ha interesado particularmente la combinación de conocimiento teórico y práctico o institucional aplicado. Me ha parecido más que relevante el paso y la combinación de haber desempeñado funciones en altas magistraturas del Estado en los
tres poderes: en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Me parece que no podía ser más pertinente para el momento en que estamos una marcada voluntad de trabajo para que el estatus de ciudadanía sea pleno y de pleno
derecho para hombres y mujeres. Por tanto, es central situar la cuestión de la igualdad de género y del feminismo, en la que nos va una buena parte de la calidad de la democracia.


Al respecto nos gustaría que usted nos hiciera una consideración sobre cuáles cree que serían las tareas inmediatas, los estudios o las mociones inmediatas que desde el Consejo de Estado se podrían elevar o recomendar para lo que a todas
luces es seguramente una de las demandas que la sociedad civil española está transmitiendo con más intensidad y fuerza en el tiempo, que es precisamente la de la igualdad entre hombres y mujeres, y me gustaría que sobre ello, ya que nos parece un
punto particularmente fuerte de su candidatura o de su propuesta, nos pudiera hacer algún comentario.

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Por lo demás, acreditada tanto la exposición de motivos como el currículum, consideramos que está más que probada su idoneidad para el cargo y, por tanto, queremos agradecerle su exposición y desearle la mayor de las suertes.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errejón.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CÁMARA VILLAR: Muchas gracias, señor presidente.


Tenía preparada una amplia intervención que parece ser que no voy a poder desarrollar a la vista tanto de la exposición tan completa, clara y didáctica que ha realizado la señora Fernández de la Vega, como de la autocontención de mis
compañeros que se han limitado a subrayar la potencia de su perfil para ser candidata y aspirar al cargo de presidenta del Consejo de Estado, como seguro ocurrirá. No obstante, yo quisiera, si me permiten, demorarme en algunas cuestiones que creo
que son de cierta importancia. En primer lugar, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a la señora Fernández de la Vega a esta su casa, como ha dicho el señor presidente, y a esta Comisión como candidata a la
Presidencia del Consejo de Estado, un órgano realmente señero, de gran tradición e importancia para el conjunto del Estado español. Quiero destacar que este trámite, a pesar de que lo estemos despachando con una cierta celeridad, tiene una gran
significación institucional porque estamos hablando de un trámite de colaboración institucional entre los diferentes poderes del Estado. Esto me parece que debe ser resaltado porque califica también la sustancia o la esencia de nuestro sistema
parlamentario. El objetivo ya se ha subrayado: valorar, porque así lo pide la ley, la idoneidad de la candidatura para el cargo propuesto y comprobar si existe o no conflicto de intereses. También me gustaría recordar, de entrada, algo que
considero igualmente importante, aunque todos los presentes lo sepan perfectamente y sea casi innecesario relatarlo, pero también hay que poner el acento en estas cuestiones porque, si bien el Consejo de Estado se preconfigura expresamente en el
artículo 107 de la Constitución como el supremo órgano consultivo del Gobierno, la verdad es que su real naturaleza trasciende este objetivo que pudiera ser entendido como más limitado en la expresa definición que hace la propia Constitución. De
aquí se deduce algo tan importante como que no es parte de la Administración activa que actúa con plena autonomía orgánica y funcional precisamente en garantía de su objetividad y su independencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes, algo
que es muy importante subrayar por lo que luego diré al final. Esta función está dirigida a establecer una fuerte garantía a priori de la legalidad objetiva y de satisfacción del interés general, como se desprende de lo que establece la propia ley
orgánica y como se ha caracterizado, según decía la señora Fernández de la Vega, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que habla de él como un órgano del Estado con relevancia constitucional, y precisa -insiste-: justamente al servicio
de la concepción del Estado que la propia Constitución establece.


De esa manera, como se ha destacado, su ámbito de actuación no se reduce solo a ser órgano consultivo del Gobierno; se expande a otros muchos órganos gubernativos y administraciones públicas, también a las comunidades autónomas que, aun
habiendo generado sus propios órganos consultivos en virtud de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en el año 2004, pueden incluso por conducto de su presidente solicitar dictamen del Consejo de Estado en aquellos asuntos en que lo
estimen conveniente por su especial competencia o experiencia. Por lo tanto, estamos ante una garantía de legalidad y de satisfacción del interés general en su actuación, que no solo se manifiesta en un amplio y fundamental dictado de asuntos, los
cuales tienen que ser preceptivamente consultados, sino que también dictamina sobre cuantos asuntos les sean sometidos por el Gobierno a su consulta, así como le son elevadas propuestas que se consideren oportunas sobre cualquier asunto cuando la
importancia o la experiencia de sus funciones lo requiera.


En ese sentido, quisiera destacar algo que está en la mente de todos aunque no se haya expresado. En los tiempos que vivimos habría que destacar de manera especial entre sus funciones una muy importante, que es ser consultado necesariamente
en los anteproyectos de reforma constitucional. Incluso cabría decir que la propuesta misma podría ser elaborada ex novo por este órgano en los términos establecidos por su ley orgánica a partir de la reforma que se llevó a cabo -creo recordar- en
el año 2004.


Pues bien, en este contexto normativo y funcional que he tratado de aquilatar un poco atropelladamente, lo cierto es que lo que nos corresponde a nosotros valorar ahora son dos requisitos: el hecho de que se trate de un jurista de
reconocido prestigio y que tenga experiencia en asuntos de Estado. Como ya han

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dicho mis compañeros anteriormente, a la vista está que estos requisitos se cumplen de manera absolutamente sobrada. Por el que se refiere al primero de ellos, a la vista del currículum que la propia señora Fernández de la Vega nos ha
relatado -por cierto, he encontrado ahí elementos que van más allá de los que se nos han suministrado por escrito-, se ve claramente que es una jurista de mucho prestigio, cuyos méritos demuestran su capacidad como jurista de amplia trayectoria y
así cabe apreciarlo a lo largo de todo el desarrollo de su trayectoria vital y profesional. En cuanto al segundo requisito, la experiencia en asuntos de Estado, es innecesario hacer ningún esfuerzo para reconocerlo de entrada con absoluta plenitud.
¿Por qué? Pues porque se proyecta sobre todas las ramas de los poderes democráticos. En el Poder Legislativo, ha sido diputada en varias legislaturas, secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista y miembro de la Junta de Portavoces. En
la rama ejecutiva, ha desempeñado funciones en diversos órganos administrativos y, además de ello, ha sido ministra de la Presidencia, portavoz del Gobierno y vicepresidenta en dos legislaturas. En ámbitos relacionados con la Administración de
Justicia, es magistrada y además ha desempeñado cargos de tanta enjundia como secretaria de Estado de Justicia y vocal del Consejo General del Poder Judicial, y la culminación de toda esa trayectoria ha sido ser consejera permanente de Estado y
presidenta de su sección séptima. Lo que quería decir al hacer este relato resumido de su currículum es que es difícil que se conciten en una misma persona méritos tan destacados y experiencias en materia de Estado de tanta relevancia y de tan
dilatada trayectoria.


Permítanme que traiga también a colación otros datos que revelan no solo su talla como persona del Estado, sino también su dimensión tanto humana como política, por sus compromisos con retos globales por la justicia, por el desarrollo de las
sociedades que más lo necesitan y por la igualdad. Así lo demuestra el hecho de que pusiera en marcha la Fundación Mujeres por África y que se haya mantenido en ella como su presidenta con la noble tarea, y el ambicioso objetivo de contribuir a
promover el desarrollo y el progreso del continente africano mediante el empoderamiento y la igualdad en derechos y oportunidades de mujeres que viven en contextos de gran desigualdad y que generan situaciones discriminatorias y una multiplicada
falta de oportunidades. En este mismo sentido, considero muy significativo que sea colaboradora especialmente activa del movimiento feminista y que se incorporara al primer consejo rector del Instituto de la Mujer y participara en la elaboración
del primer Plan de Igualdad de Oportunidades.


Permítanme que conecte estos datos biográficos con algo que me parece de suma importancia. Si hubiera en nuestro país un contexto de igualdad de género no solo normativo, sino sobre todo en los hechos -que es lo que nos falta en paradójica
demasía-, nada añadiría que usted sea candidata a la presidencia del Consejo de Estado. Sería un signo de absoluta normalidad. Pero usted será la primera mujer presidenta del Consejo de Estado y su candidatura expresa además el compromiso de este
Gobierno con la igualdad de género. Este enfoque merece que se destaque solo por eso, porque abre un camino hacia el enorme potencial que tiene este país y su sociedad y que no acaba de aflorar como correspondería por el arraigado sesgo patriarcal
con el que se ha venido dando provisión hasta ahora a los cargos públicos, como reflejo de una sociedad desigualitaria por razón de sexo en prácticamente todos los ámbitos. Esto hay que celebrarlo y por eso me estoy demorando en ello. Como se está
demostrando, esta es una de las cuestiones con mayor potencial democrático transformador. Por tanto, su propuesta viene a apuntar en la dirección correcta que marca la cultura constitucional de nuestros días, fundamentada en la igualdad como valor,
como principio y como derecho.


Por supuesto, no le voy a preguntar nada por cuestiones de conflicto de intereses; ya sé que no los tiene. Tampoco le voy a preguntar sobre aspectos concretos de su futuro desempeño ni por su postura en cuestiones específicas de Estado que
a todos nos preocupan en esta hora de nuestra historia. Sería muy legítimo que las pudiéramos plantear, pero no tendría ningún sentido -por lo menos a mi juicio-, pues el Consejo de Estado no hablará por decisiones de su presidenta, sino que
hablara colegiadamente -?como usted ha subrayado- en cada caso concreto por sus dictámenes y sus informes construidos a partir de los saberes jurídicos, la deliberación y la argumentación, de acuerdo con la Constitución y con el resto del
ordenamiento jurídico. Su función, además de representarlo tan dignamente y con todas sus atribuciones, será velar por sus condiciones para que sea posible que se mantenga todo el rigor, la objetividad y la independencia de los que ha venido
haciendo gala el consejo durante muchos años en el funcionamiento de tan alto órgano.


Señora Fernández de la Vega, ya termino. Desde el Grupo Parlamentario Socialista la felicitamos y le deseamos el mejor desempeño. Estamos seguros de que su mandato en la Presidencia del Consejo de Estado -a la que va llegar con el
importante bagaje de un currículum que tiene el mejor perfil para el

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cargo, como se ha destacado anteriormente, y también con el conocimiento interno de la institución, cosa no menor en importancia- estará lleno de aciertos.


Muchas gracias por todas sus aportaciones y por todas las que vendrán. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su atención, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes. Muchas gracias también a la señora consejera, a la señora compareciente por su exhaustiva exposición sobre su candidatura a la presidencia del Consejo de Estado. La verdad es que hay veces que hablar el último no tiene
muchas ventajas, porque en un procedimiento como el que hoy nos ocupa muchas de las cuestiones que se podrían suscitar ya han sido planteadas por parte de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra; y, desde luego, no voy a
dedicarme yo a hablar de la función del Consejo de Estado, porque poco más se puede decir después de la larga exposición del señor Cámara, que nos ha hecho una aportación doctrinal interesante sobre este órgano de relevancia constitucional.


Sí creo que es importante destacar el trámite que estamos sustanciando. Es un trámite en el cual esta Comisión lleva a cabo un control de idoneidad y de prevención de posibles conflictos de intereses de alguien que previsiblemente va a ser
nombrado presidente del supremo órgano consultivo del Gobierno. Es decir, creo que es una forma clarísima de control parlamentario preventivo en el nombramiento de autoridades y altos cargos del Gobierno que ciertamente ha estado y está en el ánimo
del Gobierno del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular que forme parte de la normalidad democrática y de la potenciación de las funciones de esta Cámara.


Precisamente es la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la que en su disposición adicional tercera prevé este trámite. También es cierto que estaba ya previsto en la ley del año 2006,
pero en esa ley del año 2015 se extiende, como en su día en el año 2000 -también con una mayoría del Partido Popular- se creó la Comisión Consultiva de Nombramientos y se promovió precisamente que estas Cortes, estas Cámaras tuviesen un papel
importante en el control de idoneidad y en la prevención de conflictos de intereses. Por tanto, creo que es un saludable ejercicio de control democrático preventivo. Fíjese, en ese control de idoneidad y de prevención de conflictos de intereses el
cargo para el cual usted ha sido propuesta, el de presidenta del Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 6 de la ley orgánica, reúne dos requisitos, ser jurista de reconocido prestigio y tener experiencia en asuntos de Estado. Yo le traslado
que en el Grupo Parlamentario Popular ninguna de esas dos cuestiones es cuestionada -valga la redundancia, es decir, su experiencia en asuntos de Estado creo que ha quedado acreditada. A nadie se le escapa que este grupo tiene diferencias
ideológicas con los cargos que usted ha ocupado en el Gobierno y con las posiciones que ha defendido, pero creo que también es perfectamente razonable y legítimo que desde esas diferencias ideológicas nosotros le traslademos que no entendemos que
exista ningún problema de idoneidad en cuanto a su experiencia en asuntos de Estado ni en cuanto a su condición de jurista de reconocido prestigio. Por tanto, vaya por delante que en el control que tiene que realizar esta Comisión nosotros
entendemos que usted es idónea para el cumplimiento del cargo y, en consecuencia, le deseamos mucha suerte y todo el acierto posible.


Voy a tomarle la palabra en algo que me ha parecido un gesto digno de reconocer, y ha sido el homenaje que usted ha realizado al presidente del Consejo de Estado, don José Manuel Romay Beccaría, y ahí precisamente sí creo que es lógico que
mi grupo parlamentario aproveche este trámite para rendir un merecido homenaje, reconocimiento y agradecimiento a quien entendemos que es un servidor público ejemplar con una larguísima trayectoria de servicio a España. Es probablemente una de esas
personas en la que muchos de nosotros nos reconocemos y a quien queremos imitar. Hace tan solo unos meses en la Comisión de evaluación y modernización del Estado autonómico, que preside el señor Serrano y de la que lamentablemente solo formamos
parte dos grupos parlamentarios de la Cámara (El señor Alli Martínez: Somos tres), hemos tenido la ocasión de tener al señor Romay Beccaría compareciendo en esa Comisión y trasladándonos su larga y dilatada experiencia de Estado en distintos
puestos, y creo que fue enormemente enriquecedor. Por eso yo no podría pasar por alto esta ocasión para reconocer y agradecer su trabajo como servidor público. Usted lo ha hecho y creo que es algo que le honra y que también traslada tranquilidad a
este grupo parlamentario. Si su modelo en la Presidencia del Consejo de

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Estado -con todas las diferencias que lógicamente pueda haber- es el señor Romay Beccaría, nos quedamos ciertamente muy tranquilos.


Fíjese, en esa línea, una de las cuestiones que a usted le va a corresponder en la presidencia del órgano es también la defensa de nuestro ordenamiento jurídico, del ordenamiento constitucional y, créame, que en eso este grupo parlamentario
tiene mucha preocupación. Nosotros queremos que el Consejo de Estado siga teniendo el enorme prestigio que tiene y que ha tenido hasta ahora, que sus dictámenes sigan siendo un cuerpo de doctrina inapelable en cuanto a la defensa de la Constitución
y del resto del ordenamiento jurídico. Naturalmente, como es lógico, la Comisión Constitucional está especialmente comprometida con nuestro ordenamiento constitucional, y este grupo en particular ha mostrado públicamente -y la sigue mostrando- su
preocupación por algunos acontecimientos en los que nuestro sistema constitucional ha sido puesto en entredicho en los últimos tiempos. Por eso le deseamos acierto y le rogamos y trasladamos nuestro máximo interés en que se siga produciendo desde
esa institución, desde ese órgano de relevancia constitucional, la más enérgica defensa de nuestra Constitución.


En la medida en que lleva ocho años como consejera permanente, usted sabe que asume una magistratura de enorme responsabilidad y a la cual están asociados nombres de enorme prestigio en la historia reciente de nuestro país: desde Antonio de
Oriol a Antonio Jiménez Blanco, Antonio Hernández-Gil, Tomás de la Quadra, Fernando Ledesma, Iñigo Cavero, el propio José Manuel Romay Beccaría o Francisco Rubio Llorente; todos ellos grandes juristas, grandes hombres de Estado. A nosotros nos
gustaría que ese fuese su modelo y que, por tanto, el Consejo de Estado presidido por usted siguiese siendo una institución de enorme prestigio y que generarse confianza a los ciudadanos y a quienes tenemos responsabilidades públicas. Es evidente
que haber sido presidenta de la Sección Séptima ya le da un gran conocimiento del órgano y una experiencia relevante. Lógicamente no es lo mismo presidir la sección que presidir el órgano y, en consecuencia, estamos seguros de que se va a enfrentar
a desafíos y que en algunos momentos, a pesar de que usted tiene una evidente proyección política y una evidente experiencia política de militancia en un concreto partido, se tendrá que enfrentar a situaciones en las cuales le tenga que decir al
Gobierno cuestiones que a lo mejor no son las que más agraden a dicho Gobierno. Pero, fíjese, todos los que han ejercido esa magistratura lo han tenido que hacer, y creo que lo han hecho de manera ejemplar; eso es lo que nosotros esperamos y,
lógicamente, como grupo parlamentario de la oposición, estaremos vigilantes de que eso efectivamente sea así.


Dicho todo esto, solo quiero hacerle una pregunta al margen de las que ya han realizado otros compañeros en la Comisión. Si hay algo que es novedoso en cuanto a su propuesta como candidata a la Presidencia del Consejo de Estado, es que
provenga usted de la propia institución, es decir, que sea un consejero permanente -una consejera permanente en este caso- quien sea propuesta como candidata a la presidencia. Creo que es la primera vez que eso se produce y, por tanto, más que una
pregunta es una confirmación. Entendemos que lógicamente usted pasará a ser nombrada por el Gobierno y, en consecuencia, dejará de ser consejera permanente del Consejo de Estado para asumir un puesto completamente distinto, de acuerdo con la ley
orgánica de presidencia en la institución, pero con unas connotaciones de estatuto personal que son diferentes a las de consejera permanente. Simplemente quería confirmar esta cuestión, no tanto porque suponga un conflicto de intereses, sino porque
ciertamente es una cuestión que no se había planteado hasta ahora, es novedosa y me gustaría conocer su respuesta.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.


Para contestar las cuestiones planteadas, tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.


La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ (Candidata propuesta por el Gobierno como presidenta del Consejo de Estado): Muchísimas gracias, señor presidente.


Gracias a todos los portavoces de los grupos parlamentarios por sus respetuosas, cariñosas y afectuosas intervenciones fundamentalmente hacia mi persona, hacia el trabajo que he venido realizando y hacia la intervención que he tenido el
honor de hacer en esta Cámara. Voy a tratar de responder uno a uno a todas las cuestiones que me han planteado, señor presidente, extendiéndome más en unas que en otras en función de la naturaleza de la pregunta.


Los portavoces del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Vasco me han formulado dos preguntas muy concretas que luego han sido reiteradas por algunos otros portavoces. Una de ellas era si yo consideraba que derivado de mi actividad, no solo
pública sino personal, a la hora de aceptar el cargo de

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presidenta del Consejo de Estado pudiera incurrir en un problema de no idoneidad o en un problema de conflicto de intereses. En cuanto a la idoneidad, no soy yo quién para calificarla. Desde luego, lo que sí puedo decir es que al menos
tengo -eso sí es verdad que es una cuestión que nunca se había producido- una declaración de idoneidad efectuada ya por el Consejo de Estado, que era requisito imprescindible para ser consejera permanente. La Comisión permanente del Consejo de
Estado, en el año 2010, antes de que se efectuara mi nombramiento como tal, efectuó un dictamen de idoneidad para el cargo que he venido representando como consejera permanente. Tengo aquí esa declaración, está a disposición de sus señorías por si
les puede ser útil, pero eso es así y, por lo tanto, queda claro que cumplo las dos condiciones para la idoneidad que señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y que se exigen en la ley. En primer lugar, soy jurista -no sé si de
prestigio, no soy yo quién para calificarlo-, he ejercido como jurista en muchos ámbitos, en los tres poderes del Estado, porque es mi formación fundamental que he intentado a lo largo de mi vida profesional enriquecer con otros aspectos del saber
y, por tanto, esa característica de jurista la reúno. La otra cuestión es tener experiencia en problemas de Estado. Pues lo mismo les digo, señores portavoces, ahí está mi experiencia que, al menos para mí, personalmente, creo que ha sido muy
importante y muy interesante por el trabajo que he tenido que ir haciendo sucesivamente en los distintos puestos que he desempeñado, porque empecé desde abajo, y de ahí he llegado hasta arriba. Con lo cual, eso me ha permitido ir aprendiendo de
todos los ámbitos de los que se compone un Estado complejo y moderno como el nuestro. Desde esa perspectiva, esa es mi experiencia, ahí están los datos; efectivamente me he alargado en algunas cuestiones que van más allá de lo que pone en el
currículum porque los currículum a veces son una gran cantidad de páginas llenas de cosas; yo he procurado que fuese resumido y no aburrirles con detalles que consideraba que no tenían mayor trascendencia. Por lo tanto, esa es la respuesta que les
hago en relación con la idoneidad.


Por lo que se refiere al conflicto de intereses, también tengo la declaración de compatibilidad para las únicas cuestiones que he llevado a cabo fuera de lo que son las competencias del Consejo de Estado, como es la Fundación Mujeres por
África, de lo que tengo la declaración de compatibilidad porque es una fundación de carácter social. Además es una fundación privada, que no se nutre con fondos públicos, y que trata de contribuir al desarrollo de África a través de sus mujeres.
Han sido muchos mis predecesores, presidentes del Consejo de Estado, incluso el señor Romay Beccaría, los que han completado su actividad pública con esa actividad social de presidir o promover temas sociales a través de fundaciones, privadas o
públicas, en nuestro país. Por tanto eso es lo único que puedo poner en su conocimiento. También está a disposición de la Cámara, señor presidente, mi declaración de la renta y patrimonio, para que las puedan valorar sus señorías. No soy yo quien
la tiene que valorar, sino que es competencia de sus señorías. Está a su disposición y la pongo a disposición también de esta Cámara.


Agradezco al portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos que haya hecho referencia a estas dos cuestiones, dándolas ya por cumplidas. Le agradezco sus palabras y su posición.


En relación con el Grupo Unidos Podemos quiero agradecer las palabras de agradecimiento de su portavoz, el señor Errejón, referidas a esa posición que he tenido a lo largo de mi vida frente al Estado, no solo desde el punto de vista teórico,
sino también práctico, estando en puestos de gestión pura y dura, y en puestos que tienen otra naturaleza más de dirección política o incluso de pensamiento, que me han dado efectivamente una visión muy importante de temas que además son también muy
significativos a la hora de ejercer el poder, que es en definitiva y como decían los griegos trabajar para la felicidad de la ciudadanía. Eso conlleva, a mi juicio, no solo tener grandes conocimientos, sino también conocer la realidad; y conocer
la realidad en muchas ocasiones implica haber estado en puestos de gestión, que son siempre muy duros, pero que aportan un sinfín de experiencia sobre problemas que afectan a la ciudadanía en el día a día, y que deben formar parte de las grandes
políticas, porque eso es lo que contribuye a mejorar o a hacer una democracia de calidad.


Comparto con usted que el Consejo de Estado es una institución muy relevante y que es poco conocida. Es un tema que en muchas ocasiones hemos comentado. Quizá habría que hacer un esfuerzo para explicar a la ciudadanía lo que hace esa
institución. La institución tiene la ventaja de que su debate no está sometido al foco público. Esto es importante a la hora de garantizar la independencia, pero no es incompatible a mi juicio con una mayor transparencia, en el sentido de que su
función sea más y mejor conocida no solo por los ciudadanos, sino también por las propias instituciones del Estado. Es una institución muy relevante que podría ser incluso más utilizada desde el punto de vista del funcionamiento de los poderes del
Estado. Hemos dicho muchas veces todos los que pasamos por allí, todos los que conocemos la institución a fondo, que el mayor caudal que tiene esa institución, además de su estructura

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y forma de actuar, es el capital humano, que es extraordinario, puesto que la comisión permanente está integrada por personas con muchísima experiencia. No conoces la institución hasta que no están dentro. Incluso yo, que tenía mucha
experiencia cuando fui vicepresidenta y tenía las relaciones con el Consejo de Estado, no he tenido la misma visión que cuando he estado trabajando dentro y participado de los debates. Yo que he tenido ese privilegio, como han podido ver ustedes,
de trabajar en los tres poderes del Estado, de estar en órganos colegiados en el Legislativo, aquí en esta Cámara, en el Ejecutivo, y en el Judicial, jamás había estado en un órgano colegiado en donde el nivel de sus deliberaciones, sea desde un
punto de vista intelectual, político o profesional, fuera de mayor altura. Es enorme. Eso se da en muchos otros órganos del Estado, pero tiene una cuestión añadida, y es que el debate es de altísimo nivel intelectual no partidista. Es un órgano
que está compuesto por personas procedentes de distintos partidos y de distintas ideologías, lo cual hace que el debate sea muy incentivador. El que no sea muy listo allí o le ganan o le hacen un voto particular o el consejo le pone una pega.
Entonces, como es gente tan lista exige que los consejeros tengamos que trabajar mucho y estudiar mucho las ponencias para entender lo que se está planteando, y tratar de aportar cada uno nuestro punto de vista. Creo que esa es una experiencia
extraordinariamente positiva.


Con esto quiero decir, si me lo permite, respecto a la intervención que hacía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que no tenga usted miedo a la posición institucional que va a tener esta presidenta: cuando hay que decir no, el
consejo dice no, y cuando hay que decir sí, el consejo dice sí. Eso no será una novedad que yo introduzca ni una actuación distinta que yo haga, porque desde la independencia el consejo presta el mejor servicio al Gobierno y a las instituciones, al
Estado, siempre desde el respeto más estricto a la Constitución. Vela, como dice la ley, por el cumplimiento del orden constitucional y del ordenamiento jurídico, y da opiniones también de oportunidad para mejorar el funcionamiento de la
Administración. Y el mejor consejo no es decir siempre sí, el mejor consejo es decir lo que toca, lo que procede, lo que se debate y se analiza antes con rigor y con responsabilidad siempre, por supuesto. Esa va a ser siempre mi actuación, la que
ha sido a lo largo de estos ocho años.


Pueden ver ustedes que yo he hecho ponencias muy importantes en temas muy delicados en la comisión que he presidido, como el proyecto de ley de educación o de propiedad intelectual, cuyos dictámenes no estaban de acuerdo en todo lo que
contenía la ponencia, sino que eran en muchas ocasiones muy críticos, y siempre se han aprobado por unanimidad. Esa es la clave de los debates: tratar de aportar cada uno, desde su perspectiva, lo mejor, porque eso es lo que es tener un sentido de
Estado, algo que se produce en esta institución. Es algo de lo que creo que nos debemos sentir orgullosos todos los españoles. Desde esa perspectiva creo que sería muy bueno que esto tuviera un mayor conocimiento, aunque hay que hacerlo con
prudencia para tratar de evitar que también se convierta en un órgano que esté bajo el foco mediático. Hay que buscar el equilibrio en ese punto, que es lo que vamos a tratar de hacer.


Contesto a lo que usted planteaba, señor Errejón, en relación con el tema de igualdad. Esto daría para mucho, porque es un tema para mí absolutamente clave. Siempre lo ha sido, pero en estos momentos lo es de manera particular, porque creo
que estamos viviendo en este mundo globalizado una situación irresistible de desigualdad, creciente en todos los ámbitos. Nunca había habido esta desigualdad, según ponen de manifiesto todas las instituciones que abordan estos temas, desigualdad
económica y social, que se ha agudizado con la crisis económica y mundial que hemos vivido. Además como resultado de un modelo neoliberal capitalista se ha acentuado esa desigualdad, y en los sectores más vulnerables de la sociedad, y entre esos
sectores más vulnerables estamos todavía las mujeres. Por tanto ese es un tema que hay que abordar con sentido de Estado y desde una perspectiva global. Hemos hecho muchas cosas en este país. Hemos sido pioneros en políticas de igualdad, pero
también es verdad que estamos sufriendo como país, como región, como Europa, la crisis que ha habido, y esa crisis está conllevando retrocesos. Por tanto hay que volver a rehacer un pensamiento sobre cómo tenemos que actuar para ser más eficaces, y
avanzar y romper esta brecha de género que tanto dolor produce en la sociedad, empezando por la violencia que se ejerce contra las mujeres.


Cuando vemos estadísticas que ponen de manifiesto en Europa que dos de cada tres mujeres en algún momento de su vida han sufrido un abuso sexual, hay pararse inmediatamente a pensar qué pasa, qué está pasando y qué tenemos que hacer para
acabar con eso. Y para acabar con eso, que es una cuestión que desgraciadamente pertenece a un modelo patriarcal que todavía persiste, que es resistente y resiliente, tenemos que actuar en todos los ámbitos: en el ámbito de la ley, en el ámbito de
la educación y en el ámbito de la política. Como siempre hemos actuado las mujeres, señor Errejón: debates,

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propuestas, pensamientos, que se convierten en leyes; leyes que se acompañan de presupuestos; presupuestos que se ejecutan con la sociedad civil. Ese es el camino en todos los ámbitos, empezando por la violencia y siguiendo por las
desigualdades sociales: la brecha salarial, la falta de participación en los ámbitos políticos, en el ámbito económico. Porque además no solo es una cuestión de justicia y equidad y de democracia, sino que es una cuestión práctica, porque la
economía mejora, la política mejora, y todo mejora cuando participan las mujeres en condiciones de igualdad. Y eso ya no es que lo diga yo, que lo digo, lo vengo diciendo desde hace muchos años, sino que lo dicen todos los organismos
internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo el mundo. Y lo dicen no solo refiriéndose al tercer mundo o a países que están en vías de desarrollo; lo dicen respecto a todo el mundo, porque allá donde las mujeres
participan en los consejos de administración, las empresas aumentan sus beneficios. ¿Por qué será? Pero es así. Allá donde a las mujeres se les dan los mismos instrumentos que a los hombres, en la agricultura, por ejemplo, ya no para países como
el nuestro, sino para África, cientos de niños dejan de morirse. Y lo dice la FAO, no yo. Y así podríamos seguir sin parar.


Yo creo que de verdad este es un tema de Estado, un tema que hay que abordar, y son muchas las propuestas que habría que hacer, pero desde luego creo que hay que tener un plan claro, analizando lo que está ocurriendo en estos momentos de la
globalización, y viendo que además tenemos un tipo de violencia que antes no se producía, un tipo de discriminación que antes no se producía, que tiene la modalidad de la sociedad actual, y que requiere reforzar políticas públicas, requiere
presupuesto, y requiere la acción de esta Cámara y de todos los poderes del Estado. Estoy a su disposición desde luego para esto, pero por supuesto también para cualquier tema que sea de su interés, pero este -como bien saben- me interesa
particularmente.


¿Cómo puede contribuir el Consejo de Estado a esto? Yo creo que puede contribuir mucho, a esto y a todo, pero el Consejo de Estado actúa fundamentalmente por solicitud del Gobierno. No tiene iniciativa legislativa, tiene algunas
iniciativas pero sobre todo el consejo actúa como un órgano de justicia rogada, digámoslo en términos judiciales. Cualquier petición que se haga la atenderemos, pero además no solo en todas las iniciativas del Gobierno o las comunidades autónomas
-las que en estos momentos han suprimido sus consejos consultivos y también con ellas trabajamos-, sino para cualquier cuestión que se plantee para que el consejo lo pueda analizar dentro de la comisión de estudios, que es un órgano nuevo que se
creó en el año 2004, y que en los últimos tiempos ha sido poco utilizado. En los años anteriores emitió, por ejemplo, un dictamen importante sobre la reforma constitucional y otros temas; hubo un dictamen también preventivo sobre el proyecto de
ley sobre el aborto. Es decir, yo creo que esa faceta de analizar cuestiones que no están sometidas a un dictamen de un anteproyecto normativo, bien sea reglamentario bien sea de ley, sino la utilización de esa institución, de ese órgano tan
importante creado en el año 2004, precisamente para poder canalizar la opinión y la experiencia del Consejo de Estado en otros temas, creo que sería muy importante hacerlo en el tema de igualdad, por ejemplo. El consejo ha analizado iniciativas en
relación con la igualdad de proyectos de ley que están ahí, y la experiencia de todos sus miembros creo que es extraordinariamente buena.


Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Gregorio Cámara, le doy las gracias por sus palabras, porque ha sido excesivamente generoso con mi persona, y por su intervención.


Y al señor Martínez también; solamente quería tranquilizarle sobre esas cuestiones que ha planteado que son imposibles, pero por la propia constitución de este órgano, que además garantiza ese modo de funcionar en sección, que preside un
consejero con sus letrados, que hace una ponencia; comisión permanente, debate entre todos los consejeros, y pleno. Son tres debates sobre un asunto. Y les diré otra cosa que también me parece importante y que no se sabe: El Consejo de Estado
dedica el mismo tiempo a atender asuntos tan importantes como son los proyectos de ley, iniciativas reglamentarias, como a atender todas aquellas demandas de los ciudadanos, que llegan a nuestra mesa por la vía de la responsabilidad patrimonial del
Estado. Les diré que le dedicamos el mismo tiempo a esas demandas individuales que a un asunto de Estado. Y ahí hay debates tremendos. Por ejemplo, en asuntos de igualdad, en asuntos de violencia y en asuntos de familia hay muchos debates muy
interesantes, y algunos que otros votos particulares.


Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Reitero que dejo a disposición de la Mesa la documentación que he indicado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.

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EMISIÓN DE DICTAMEN SOBRE IDONEIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES. (Número de expediente 276/000017).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al tercer punto del orden del día. Oída la declaración de la excelentísima señora doña María Teresa Fernández de la Vega, propongo, como presidente, emitir dictamen favorable a su idoneidad, y declarar
que no aprecia la existencia de conflicto de intereses, de conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.


¿Se aprueba así por asentimiento? (Asentimiento). Será trasladado a la presidenta del Congreso para que lo traslade al Gobierno.


Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. (Aplausos).


Eran las cinco y veinte minutos de la tarde.