CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 506

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO MONTERO SOLER

Sesión núm. 26

celebrada el jueves,

19 de abril de 2018

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ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Número de expediente 121/000020):


- Del señor subsecretario de Empleo y Seguridad Social (Llorente Cachorro). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001517); Popular en el Congreso (número de expediente 212/001551), y Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001345) ... (Página2)


- Del señor secretario de Estado de Empleo (Riesgo Figuerola-Ferretti). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (números de expediente 212/001244 y 212/001247); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (números de
expediente 212/001346 y 212/001349); Mixto (número de expediente 212/001445); Ciudadanos (número de expediente 212/001494), y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001550) ... (Página17)


- De la señora secretaria general de Inmigración y Emigración (Del Corral Téllez). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/001246); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (números de
expediente 212/001348, 212/001413, 212/001414, 212/001415, 212/001416 y 212/001417); Mixto (número de expediente 212/001447); Ciudadanos (número de expediente 212/001495), y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001552) ... href='#(Página39)'>(Página39)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018. (Número de expediente 121/000020):


- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (LLORENTE CACHORRO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/001517); POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001551), Y CONFEDERAL DE
UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/001345).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Se abre la sesión.


El orden del día de hoy está integrado por la comparecencia de altos cargos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en relación con cuestiones
concernientes al referido departamento. A tal efecto, comparecerán el subsecretario de Empleo y Seguridad Social en primer lugar, el secretario de Estado de Empleo a continuación y la secretaria general de Inmigración y Emigración.


Comparece en este momento el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, don Pedro Llorente Cachorro. Esta comparecencia ha sido solicitada por los grupos parlamentarios Ciudadanos y Popular. Asimismo se sustanciará en ella la solicitud de
comparecencia del director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por haberlo decidido así la Mesa de la Comisión de Presupuestos.


Tiene la palabra el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, señor Llorente, por un tiempo de veinte minutos. A continuación intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios: los solicitantes de comparecencia dispondrán de siete
minutos y los que no la han solicitado dispondrán de cinco minutos. El orden de intervención será de mayor a menor de los grupos solicitantes, a continuación intervendrán los que no lo han solicitado, de menor a mayor, y cerrará el Grupo Popular.
Como tenemos una tarde intensa de comparecencias, les rogaría el estricto respeto de los tiempos.


El señor SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Llorente Cachorro): Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, muy buenas tardes a todos. Como siempre, es un honor comparecer ante esta Comisión de Empleo y Seguridad Social para explicar las líneas básicas del presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Como
bien ha comentado el presidente, luego continuarán en las explicaciones y en la presentación del presupuesto el secretario de Estado de Empleo y la secretaría general de Inmigración y Emigración, y, por tanto, no voy a entrar en muchos detalles de
lo que es la parte de la Secretaría de Estado de Empleo, aunque es preciso hacer algún tipo de comentarios al respecto. Tampoco se explicará lo correspondiente a la sección 60, que, como saben, corresponde a los presupuestos de la Seguridad Social,
porque ya compareció el secretario de Estado de Seguridad Social el martes pasado. No obstante, haremos alguna referencia desde el punto de vista de la financiación de las aportaciones del Estado a la Seguridad Social, y, en ese sentido, es una de
las partidas principales del presupuesto del ministerio. También me referiré al presupuesto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que, como ya conocen sus señorías, está adscrito a la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social.


Como se ha venido indicando por el Gobierno y en las distintas comparecencias que han tenido lugar desde el pasado 27 de marzo, este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 tiene dos objetivos fundamentales: el
primero es apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo y el segundo es promover un crecimiento inclusivo, que apoye a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Este presupuesto destina la cifra de 196 782 millones de euros al
gasto social, lo que viene a suponer el 56 % del gasto público total de las administraciones públicas. En esa evolución al alza del gasto social que ha tenido en los últimos años en términos presupuestarios, el gasto de protección social, que
incluye también las pensiones, ha tenido unos incrementos también relevantes. Solamente en la partida de pensiones, desde el año 2012, de media, ha subido unos 5000 millones de euros, y, más concretamente, en este proyecto de presupuestos para el
año en curso, 5188 millones. Si damos un paso más y sumamos

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las dos secciones, la Sección 19, del ministerio, y la Sección 60, de la Seguridad Social, resulta la cantidad nada desdeñable de 185 640 millones de euros. Y dos conclusiones con respecto a estas dos grandes cifras o datos macro: en
primer lugar, el gasto del ministerio, en su conjunto, representa casi el 95 % del gasto social de todos los Presupuestos Generales del Estado; en segundo lugar, crece un 5,2 %, y, por tanto, crece por encima de la previsión del crecimiento del PIB
nominal, que, como saben, en el cuadro macro para el año en curso está previsto en el 4,3 %, y esta cifra es la más alta alcanzada nunca por los presupuestos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.


Señorías, centrándome ya en la Sección 19, que es la que se refiere específicamente a los presupuestos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desde esta perspectiva general, debo empezar señalando que el presupuesto total consolidado
el departamento asciende a 52 030 millones de euros, con un aumento interanual del 10 % en cuanto a comparación de presupuestos iniciales; si se hiciera la comparación con el presupuesto liquidado del año 2017, tendría un incremento del 15 %.
Aunque luego el secretario de Estado profundizará en alguna de las políticas principales de su Secretaría de Estado, me gustaría subrayar desde este momento el aumento del gasto para las políticas activas de empleo para 2018, que asciende a 5793
millones de euros y es casi un 4 % más que en 2017, todo ello con el objetivo de promover la integración de los desempleados en el mercado laboral, con medidas específicas para jóvenes y parados de larga duración, y la permanencia en el empleo para
los trabajadores mediante la formación y su recualificación profesional. Este aumento de las políticas activas de empleo supone un 42 % de incremento desde la recuperación económica en nuestro país. El gasto por desempleado que se dedica en
políticas activas de empleo se incrementa casi un 16 %, un 15,7 %, alcanzando los niveles del año 2011. Dentro de las medidas de políticas activas de empleo destacan las destinadas a los jóvenes. Me gustaría destacar los 500 millones de euros que
se van a destinar a favorecer el empleo de personas jóvenes inscritas en el sistema nacional de garantía juvenil. Con esa cantidad y según se regula en el articulado del proyecto de ley, se va a financiar lo que llamamos el bono de formación de
garantía juvenil, que es una ayuda adicional a su salario de 430 euros al mes durante dieciocho meses que recibirán los jóvenes menores de treinta años con quienes se suscriba un contrato para la formación y el aprendizaje. Y también se va a
financiar, en aras no solo de esa formación adecuada para incrementar sus capacidades para su mejor inserción en el mercado de trabajo sino también de la estabilidad, el denominado bono de conversión indefinido, que es una bonificación adicional en
las cotizaciones empresariales para la conversión de esos contratos en indefinidos, alcanzando los 375 euros mensuales o los 400 euros si son mujeres durante un periodo de tres años.


También me gustaría referirme a cómo influyen los presupuestos de la Sección 19 en los presupuestos de la Seguridad Social. Como saben, desde el presupuesto del ministerio se financia vía imposición general, vía impuestos, vía tributación,
una serie de aportaciones al presupuesto de la Seguridad Social. En 2018, la Seguridad Social contará con aportaciones del Estado por un volumen global de 11 742 millones de euros. Si incorporáramos todas las partidas de atención a la dependencia
y asistencia sanitaria dentro del marco del Sistema Nacional de Salud en las competencias que aún mantiene en determinadas plazas el Ingesa, la cifra sería superior, serían 13 557 millones. Este es un incremento del 3,6 % más que en 2017,
consolidando una vez más desde el año 2013 la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social que supuso en ese año y ha venido reiterándose a lo largo de los ejercicios sucesivos el esfuerzo por realizar en plena crisis y en el momento
de la recuperación las aportaciones a la financiación del sistema de Seguridad Social por parte del Estado.


¿Qué se financia con esa aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social? En primer lugar, habría que destacar que en estos tiempos, en los que nuestro sistema de Seguridad Social se compara con el de otros países de la Unión
Europea, una cuestión que a menudo se obvia es el principio de solidaridad, que es tan importante en el sistema español. En efecto, nuestra legislación fija anualmente una cuantía mínima para la pensión, y cuando la pensión no alcanza ese mínimo,
el propio sistema reconoce al pensionista un complemento dinerario para que lo alcance. Solamente siete Estados de la Unión Europea tienen este sistema de pensiones mínimas, y solo en cuatro de ellos existen los complementos a esas pensiones que no
alcanzan una determinada cuantía. Pues bien, con las aportaciones del Estado a la Seguridad Social se cubre el cien por cien de los complementos a mínimos, lo que supone algo más de 7329 millones de euros en 2018, y se cubre también el cien por
cien de todo el ámbito no contributivo de la Seguridad Social. Nos estamos refiriendo a las pensiones no contributivas de protección familiar y por maternidad, a la nueva prestación no contributiva de orfandad, en el marco del Pacto contra la
Violencia de Género, y a las que derivan de la antigua Lismi. Finalmente, igual que ocurrió

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en 2017, se incluye en el capítulo 8, activos financieros, de la sección 19, un préstamo del Estado a la Seguridad Social por 15 164 millones para atender a las necesidades financieras del sistema y posibilitar su equilibrio presupuestario.
Para que no quede ninguna duda, la garantía de las pensiones es prioridad del Gobierno, y para ello utilizará la emisión de deuda cuando sea necesario.


Señorías, me gustaría apuntar algunas actuaciones que realiza la Subsecretaría del ministerio referidas a lo que llamamos servicios comunes administrativos, en línea con lo que viene impulsando la reciente Ley 40/2015, del Régimen Jurídico
del Sector Público, en aras de una mayor eficiencia en la organización de la utilización de los recursos humanos en las funciones que los compete y en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El ministerio tiene una
dotación de 15 millones de euros para estos menesteres, y sube casi el 50 % con respecto a lo que estaba contemplado en el presupuesto del año 2017. Por desgranar las tres principales medidas dentro del programa 291.M, que es el que se refiere a
estos gastos de servicios comunes administrativos, en primer lugar, me gustaría destacar que nuestra organización interna ha tenido un cambio importante en el pasado mes de junio al crearse una nueva dirección general dependiente de la
subsecretaría, que es la Dirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, que ya centraliza la coordinación de las distintas bases de datos para el diseño y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito del ministerio; todas las
unidades del ministerio dependen funcionalmente de esta nueva dirección general en el ámbito estadístico. Esta reorganización nos permitirá sacar un mayor partido a una información que está dispersa en múltiples unidades y reforzará nuestra
capacidad para adoptar decisiones a partir del análisis riguroso de las diferentes fuentes de información, además de poner a disposición de todos más y mejor información estadística. Como principales proyectos de esta dirección general en el año
2018, cabe destacar la reforma de las estadísticas de negociación colectiva, que ya estamos trabajando con los interlocutores sociales, la reordenación y mejora de la presentación de la web del ministerio en cuanto a actividad estadística y la
mejora de la vinculación entre las bases de datos de la Seguridad Social y las de la Secretaría de Estado de Empleo, a efectos de dotar de mayores fuentes de información y mayor calidad.


En segundo lugar y con respecto a la gestión de los recursos humanos, los cuerpos de funcionarios propios del ministerio, los de la Seguridad Social y los que están en la Inspección de Trabajo, han sido considerados siempre como prioritarios
a efectos de la tasa de reposición, y la inclusión de plazas para el ministerio en las ofertas de empleo público anuales ha sido lo más amplia posible, dentro de las restricciones que se aprobaron para toda la Administración General del Estado.
También se ha logrado que los cuerpos de funcionarios dedicados a la gestión de prestaciones por desempleo y a políticas activas de empleo sean considerados sectores prioritarios a la hora de dotar las plantillas de manera adecuada. En lo que
afecta al presupuesto del año 2018, es muy relevante la aprobación por el real decreto ley que se contempló el año pasado de una oferta de empleo pública extraordinaria adicional de 430 plazas nuevas de los cuerpos del ministerio y 180 plazas del
cuerpo de gestión, que irán a las plantillas del Servicio de Empleo Público Estatal y del Fogasa, y a estas se sumarán las que en su caso se aprueben en la oferta pública de empleo ordinaria de este año. Estas plazas han sido, junto con los ámbitos
de la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público, las únicas de la oferta de empleo público de 2018 en ser aprobadas el año pasado, destacando también la creación de la especialidad de empleo en la escala técnica de gestión de
organismos autónomos, con inclusiones en las plantillas del Fogasa y el SEPE, ámbito este último, el del SEPE, en el que no se convocaban plazas en esta escala desde los años noventa. Asimismo, por el número de funcionarios interinos que están
destinados, sobre todo en el Servicio Público de Empleo Estatal, estamos participando de una manera muy relevante en el proceso de estabilización del empleo temporal acordado con los interlocutores sociales del ámbito de la Función pública en marzo
del año pasado. En concreto, 1356 funcionarios serán estabilizados en el ámbito del SEPE y 141 médicos inspectores en el Instituto Nacional de Seguridad Social.


Tercero y por último, en relación con las TIC, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene una posición destacada en el impulso de la Administración electrónica, dentro de la Estrategia de las tecnologías de la información y las
comunicaciones del Gobierno, contando con su propio Plan de Acción de Transformación Digital. Dentro de este proceso creciente de transformación digital de la Administración, destaca la creación y puesta en marcha de la tarjeta social universal,
cuya regulación jurídica se incorpora al articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Con la creación de la tarjeta social universal daremos cumplimiento al mandato de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 y trataremos de una
manera regulatoria, con cobertura jurídica, un proyecto en el que están trabajando intensamente comunidades autónomas, la Federación Estatal de Municipios y Provincias y los interlocutores sociales.

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La tarjeta social universal será, por tanto, un sistema de información actualizada de todas las prestaciones sociales públicas y de las situaciones subjetivas que se asocian a un ciudadano, dando un carácter relevante así a la planificación
y la ejecución de políticas públicas de una manera eficaz. Por otro lado, la tarjeta social universal también aumentará la transparencia de las prestaciones sociales públicas y contribuirá a una mayor simplificación administrativa, a la reducción
de cargas para el ciudadano en el acceso a la protección social y a facilitar la planificación de las políticas públicas. Tiene carácter universal -y lo quiero destacar- porque todos los ciudadanos pueden formar parte del sistema, y sirve también
de mecanismo de acreditación que abre una puerta importante a una mayor participación del tercer sector y la sociedad civil para el desarrollo de programas sociales.


Señorías, acabo esta intervención inicial refiriéndome, como es habitual, al programa presupuestario relativo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La organización y la actuación de la Inspección durante el año 2018 se ajustará a
dos iniciativas aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros del pasado 6 de abril. El primero es el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2018-2020, que ha sido precisamente publicado en el Boletín
Oficial del Estado, y, en segundo lugar, la entrada en funcionamiento del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Empezando por el plan estratégico, con su aprobación damos cumplimiento a un compromiso parlamentario, pues esta
misma Comisión de empleo y Seguridad Social aprobó el 19 de septiembre con un amplio consenso una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a presentar una estrategia en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El plan
identifica doce grandes objetivos y cien líneas de actuación para los próximos años, suponiendo una clara reorientación de lo que deben ser los objetivos programáticos de la Inspección hacia la garantía de la calidad en el empleo. De esta manera,
se da una mayor prioridad a lo que vienen siendo desde hace tiempo, y deben serlo todavía más, algunas de las actuaciones inspectoras, potenciando campañas contra la contratación temporal injustificada, la discriminación por género, la brecha
salarial, el fraude en el cumplimiento del tiempo de trabajo y los falsos autónomos. Estas prioridades se reflejarán a lo largo del periodo de ejecución del plan estratégico, en los años 2018 a 2020, en los planes anuales integrados con las
comunidades autónomas, porque no debemos olvidar que en la formulación y en la ejecución de las campañas de la Inspección participan de manera decisiva las comunidades autónomas. Como mencionaba inicialmente, este plan lo llevará a cabo el
organismo estatal de la Inspección de Trabajo, cuyos estatutos han sido aprobados recientemente. Con la creación de este organismo damos una participación activa y una presencia reforzada a las comunidades autónomas en el marco de la Inspección,
damos también una participación activa y reforzamos el papel de los interlocutores sociales en el marco de la Inspección de Trabajo y sirve además para mantener el pulso y potenciar la lucha contra el fraude, la economía regular y garantizar la
calidad en el empleo con la creación de la Oficina Nacional de la Lucha contra el Fraude. Desde el año 2012 venimos ejecutando una serie de programas dentro del Plan de Lucha contra el Fraude que, gracias a la mayor colaboración institucional -y
eso hay que reseñarlo y destacarlo también-, han dado unos resultados positivos. Se han aflorado casi 520 000 empleos irregulares desde el mes de abril de 2012 hasta febrero del año 2018, se han detectado más de 7000 empresas ficticias, empresas
que no tienen actividad real, empresas cuyo único objeto es facilitar el acceso indebido a prestaciones, y se ha logrado la conversión de casi 360 000 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos, y todo este conjunto de actuaciones
ha tenido un impacto global estimado de 21 200 millones de euros.


Entrando ya en el presupuesto de la Inspección, que será transitorio hasta que se apruebe en el año 2019 un presupuesto definitivo como organismo autónomo que es, se recoge en el programa 291.A, que tiene un incremento de un 2 % con respecto
al año 2017. Durante 2018, y dentro de este marco presupuestario, continuaremos desarrollando actuaciones para reforzar lo que creemos que es el activo más importante de la Inspección de Trabajo, que son las 3000 personas, entre inspectores,
subinspectores y personal de apoyo, que prestan servicios en la misma. Así, en la oferta de empleo público para 2017 y en la extraordinaria que, como mencionaba anteriormente, fue aprobada el año pasado para 2018 se prevé la convocatoria de otros
358 puestos. Por tanto, se estima que la plantilla se incrementará en una cifra de hasta 845 inspectores y subinspectores en el periodo que media entre el año 2012 y el año 2018. Además, trabajamos para que la oferta de empleo público ordinaria de
este año incluya nuevamente un número significativo de plazas para inspectores y subinspectores. Pero también durante 2018 vamos a seguir avanzando en el uso de nuevas tecnologías por parte de la Inspección, lo que constituye un elemento
estratégico para el ejercicio de sus funciones. Por ello, en 2018 tenemos previstas nuevas inversiones en la herramienta informática de lucha contra el fraude

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y para dotar a los efectivos de más y más modernos instrumentos que combinen la movilidad necesaria de sus actividades inspectoras con la digitalización de sus procesos.


Señorías, desde la subsecretaría vamos a mantener en el año 2018 nuestra línea de trabajo de los últimos años: trabajar para que la economía crezca de una manera robusta, trabajar para que el crecimiento se traduzca en creación de nuevos
empleos que permitan salir del desempleo a las personas desempleadas, trabajar para que la Inspección de Trabajo cuente con los medios para cumplir su función de garante de la calidad en el empleo y trabajar para que los pensionistas tengan
seguridad sobre sus pensiones presentes y futuras y que estas puedan continuar subiendo.


Me pongo ya a su disposición para responder a las preguntas que puedan hacerme, y, particularmente, en lo que se refiere a la sección 19 del departamento.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorente.


A continuación, intervienen los grupos solicitantes de la comparecencia, de mayor a menor, comenzando por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra la señora
Franco.


Les recuerdo que los indicadores luminosos de cómo va su tiempo están en las columnas, por si lo han olvidado.


La señora FRANCO CARMONA: Haré lo que pueda. Gracias, presidente.


Quería comenzar hablando del sistema público de prestaciones por desempleo, en concreto de las prestaciones no contributivas. He visto que en este presupuesto no se ha incrementado la cifra del Iprem. Como sabe, este indicador acumula
entre 2011 y 2017 una pérdida del 7,6 % de poder adquisitivo con respecto a la inflación. Además, es especialmente importante porque se utiliza para el cálculo de las rentas mínimas, la RAI y algunas otras cosas, como, por ejemplo, los programas de
acceso a la vivienda. Por tanto, este indicador es fundamental. No es que a nosotros nos guste especialmente, pero es muy importante con referencia a las personas que peor lo están pasando, por su situación económica, en gran medida como
consecuencia de la crisis. Por eso, le quiero preguntar por qué el Gobierno mantiene congelado el Iprem este año.


También quiero preguntarle acerca de la apuesta del Gobierno sobre la limitación de las prestaciones por desempleo. Los subsidios de 2012 acumulan un recorte del 40 % aproximadamente. Las partidas de la renta activa de inserción y del
programa de activación para el empleo se mantienen prácticamente inalteradas, y en algunos casos, como, por ejemplo, en la RAI, se reduce su cuantía. Se han demostrado meros parches, que no están dando cobertura a los dos millones de personas que
están en situación de paro de larga duración. Además, por lo que se prefiere al presupuesto, no se gasta toda la cantidad asignada a estas partidas. En 2016, por ejemplo, para la RAI no se ejecutaron alrededor de 229,45 millones de euros, para el
programa de activación para el empleo no se ejecutaron unos 222,16 millones de euros y en el Prepara no se ejecutaron 44 millones de euros. En total, en estas tres partidas, Prepara, RAI y activación para el empleo, estamos hablando de que en 2016
no se ejecutaron 495 millones de euros, con lo necesarios que son para todas estas personas que están desempleadas. Por eso, le quiero preguntar por qué motivo no se ejecutó ese gasto y qué grado de ejecución ha habido respecto del presupuesto de
2017.


A comienzos de la crisis la tasa de cobertura era del 70 % aproximadamente, y ahora está en el 58 %, es decir, casi la mitad de las personas que están en situación de desempleo no cobran ninguna prestación, y, encima, muchas de las
prestaciones están por debajo del umbral de la pobreza, lo que significa que gran parte de las personas desempleadas no cobran ninguna prestación o cobran una prestación de miseria, estando por debajo del umbral de la pobreza. Además, como he dicho
al principio, el presupuesto que se dedica a la renta activa de inserción se ha reducido en un 8,9 %, prácticamente un 9 %, con respecto a los presupuestos de 2017, además de haberse reducido respecto a los presupuestos de 2016 un tercio de lo
asignado en aquel momento. Creo que coincidirá conmigo en que esto es especialmente grave. Quería preguntarle cuál es el motivo de que se haya reducido tanto el presupuesto asignado, cuando solamente la mitad de las personas desempleadas cobran
algún tipo de prestación, lo que quiere decir que la otra mitad no cobra ninguna.


Por último, respecto de la renta complementaria por desempleo, que el Gobierno está estudiando y que quiere que se implante pronto, según hemos podido saber por la prensa, porque no tenemos comunicación del Gobierno por ninguna otra vía,
este nuevo programa no va a ser lo que dice, sino una fusión del Prepara, del PAE y de la RAI. Según los medios de comunicación, porque repito que el Gobierno

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no nos ha dicho nada sobre esto, alrededor del 60 % de las personas que perciben alguna prestación por estos conceptos podrían verse perjudicadas, porque, en principio, el tiempo de percepción sería menor. Como se puede imaginar que esto
nos parece especialmente grave, le quería preguntar si podría confinarnos que esto será así. También le quiero preguntar en qué consiste este nuevo programa de renta complementaria por desempleo. Como he señalado antes, el presupuesto para la RAI
se ha reducido en una cuantía bastante importante, cerca del 9 %. Quisiera saber si esta renta complementaria de desempleo se va a financiar con la suma del presupuesto de las tres medidas que fusiona. Si esto es así, ¿significa que este nuevo
programa va a comenzar con una pérdida del presupuesto igual que el de la RAI, es decir, cerca de un 9 % este año y cerca del 30,7 % respecto a 2016?


Sigo con la Inspección de Trabajo, y con esto termino mis preguntas. En este último año han fallecido 618 personas mientras trabajaban o mientras acudían a su centro de trabajo. Con respecto a 2012, el número de accidentes laborales ha
aumentado más o menos un 12 % y los siniestros con bajas han crecido un 5 %. Hoy en día, un poco más de nueve de cada diez contratos, el 91 %, que se firman son temporales, lo que nos demuestra que es muy probable que haya fraude en la
contratación. Según Eurostat, la brecha salarial por razón de género alcanza en nuestro país una tasa de discriminación de las mujeres del 17,3 %, y según la estadística presupuestaria esta tasa de discriminación se eleva hasta el 22 %. Los falsos
autónomos han crecido exponencialmente en estos años, principalmente los vinculados a las plataformas digitales, a las falsas cooperativas cárnicas y a las plataformas multiservicios. El fraude se ha convertido en masivo, tanto que se ha denunciado
que se sabe que la Seguridad Social solo tiene registrados a 10 000 de los 300 000 autónomos dependientes de un solo cliente, que en realidad actúan como asalariados. También pasan otras muchas cosas, como las horas extraordinarias, ya que según la
EPA el 53,7 % de horas extraordinarias realizadas por los trabajadores no han sido registradas.


Por todo lo anteriormente dicho, le quiero hacer una serie de preguntas muy cortas y con ello termino.


El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir ya.


La señora FRANCO CARMONA: ¿Qué medidas ha pensado implantar el Gobierno para aumentar la ratio de la Inspección respecto de la población asalariada? ¿Con qué dotación presupuestaria se va a aumentar la plantilla del Cuerpo de la Inspección
de Trabajo? Nosotros hemos propuesto incrementar la dotación para la Inspección de Trabajo en 20 millones de euros que pensamos sacar de la partida que tienen para las agencias privadas de colocación, que asciende a 75 millones. Le quiero
preguntar qué le parece esa propuesta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra el señor Cano.


El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.


Agradecemos al señor subsecretario su comparecencia ante esta Comisión para explicarnos las lineas maestras de su subsecretaria. Dicho esto, quiero hacer una pequeña reflexión, y es que nos encontramos en un marco laboral complejo, muy
complicado, en el que aunque las cifras van mejorando no dejan de ser alarmantes o preocupantes. Actualmente tenernos un paro del 16,55 %, el más alto de la Unión Europea. Aunque las afiliaciones han subido hasta los 18,5 millones -que es
positivo-, de cada diez contratos firmados nueve son temporales, lo que está creando un lastre en nuestra sociedad, una precariedad laboral y tenemos que atajarlo. Sobre todo, hay que atajarlo en dos frentes que para Ciudadanos son muy importantes:
el paro de larga duración y el paro juvenil. En ambos batimos récords en la Unión Europea. Por eso pensamos -y así lo establecimos también en el acuerdo de las ciento cincuenta medidas- que van a ser buenas y positivas las medidas que se
incorporan en estos presupuestos, como el hecho de que vuelva a estar en 2018 el cheque formación para que los jóvenes desempleados o los parados de larga duración puedan formarse libremente donde ellos consideren oportuno, con total transparencia,
y corno el complemento salarial, el complemento naranja para que los jóvenes puedan estudiar, continuar formándose y llegar a fin de mes. (La señora Villalobos Talero: Complemento naranja. Ni azul ni rojo, naranja). Sí, señoría, el complemento
naranja.

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Como decía, señor subsecretario, pensamos que son unos presupuestos adecuados para la complejidad del momento, son unos buenos presupuestos en los que hemos conseguido paralizar los recortes que realizaron tanto el Gobierno del Partido
Socialista como el del Partido Popular. Hemos dejado de hacer recortes y en las distintas áreas, como en sanidad, educación, cultura, etcétera, está subiendo el gasto público -como bien ha dicho-, y el gasto en prestaciones sociales está en torno
al 56 % del presupuesto. Creemos que deben apoyarse los presupuestos porque son buenos para los españoles.


Quiero hacerle una pregunta sobre la Inspección y sobre los funcionarios. Creo que por fin nos hemos dado cuenta de la precariedad de los funcionarios interinos y de que tienen los mismos derechos, y esto nos lo han demostrado las
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Me parece correcto bajar esa ratio al 8 %. Lo apoyamos... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor. Les pido un poco de respeto para la intervención del portavoz de Ciudadanos.


El señor CANO FUSTER: Lo apoyamos y lo compartimos. Me parece que es la senda en la que hay que seguir, y así lo advertimos.


Respecto de la Inspección de Trabajo, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Estos puestos de trabajo que tanto necesita la Inspección de nuestro país van a estar dedicados a cubrir las bajas, jubilaciones o puestos que queden vacantes o van a
ser nuevas incorporaciones? En los últimos años esta ratio ha sido prácticamente nula o estable. Los nuevos que se han incorporado lo han hecho para cubrir los puestos que ya estaban vacantes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cano.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano por un tiempo de cinco minutos.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Durante la tarde, tendremos ocasión de analizar con otros altos cargos del Gobierno el programa de este ministerio. Simplemente tengo interés en preguntar lo siguiente. No recuerdo exactamente en qué año se aprobó esa reforma, pero durante
los años más duros de la crisis decidimos que los excedentes del sistema de protección para el desempleo deberían acumularse para crear una especie de fondo de reserva. Creo que desde 2014 el sistema de protección por desempleo está generando
excedentes; es decir, los ingresos por cuotas son superiores a los gastos por prestaciones al desempleo. Me gustaría conocer si esa previsión de creación del fondo de reserva está en marcha o qué sucede con los excedentes del sistema de protección
al desempleo.


Una segunda consideración, que lógicamente el presupuesto aún no lo puede reflejar -la señora Franco, del Grupo Unidos Podemos, le hacía esa misma reflexión- es que resulta muy evidente que la sentencia del 20 de julio del año pasado obliga
a una reconfiguración del conjunto de programas asistenciales del Ministerio de Empleo, en concreto, el RAI, el Prodi, el Prepara y el PAR Repito que el presupuesto todavía no refleja esa integración, pero en paralelo, ustedes y sus socios
preferentes, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, están bloqueando la tramitación de una iniciativa legislativa popular que pretende hacer frente al problema del desempleo de muy larga duración.


Una de las constataciones de esta crisis es que el sistema de protección al desempleo en España no está preparado para hacer frente al desempleo de muy larga duración. Precisamente la puesta en marcha de estos cuatro parches distintos
durante estos años de crisis pone en evidencia esa realidad. En este sentido, la pregunta que le planteo es cómo contemplan en el presupuesto la integración de esos cuatro programas, en cumplimiento de esa sentencia del 20 de julio, sabiendo,
además, que esta cuestión está bloqueada en el seno de la conferencia sectorial. Hemos leído esta semana que la mayoría de las autonomías se opone a los planteamientos del Gobierno y que tampoco tienen el acuerdo de los interlocutores sociales.
Este es uno de los asuntos pendientes de la crisis y de esta legislatura.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Barandiaran.

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El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señor subsecretario. Gracias por su intervención. Seguramente repetiré algunas consideraciones que se han hecho con anterioridad, pero voy a señalarle que nos preocupa el hecho de que el conjunto de prestaciones tengan menor
incidencia en algunos casos, aunque en otros está justificada corno consecuencia del descenso del desempleo. Hay una actuación concreta que ahora mismo ha puesto en valor el señor Campuzano, que es la relativa a las prestaciones no contributivas en
materia de desempleo. Ya sabemos que eran tres los planes que se estaban desarrollando, el PAE, el Prepara y la RAI, que están condicionados por la sentencia de julio del año pasado, aunque el Tribunal Constitucional solo se ha pronunciado sobre
uno, sobre el otro se espera en cualquier momento, y el tercero aunque no está impugnado incurre en los mismos caracteres que los otros dos. Como también ha señalado la representante de Podemos, nosotros hemos conocido que existe un intento por
parte del Gobierno de unificarlos, solo que modificando su configuración jurídica, revirtiéndola hacia el ámbito de la Seguridad Social, con lo cual, a pesar de que la sentencia del Constitucional los situaba en el ámbito del 149.1.13.a, ahora se
pretende situarlos en otro -sabe que ahí tenemos un franco desacuerdo-, lo que llevaría a privar a las comunidades autónomas, al menos a aquellas que tienen en sus estatutos determinadas las competencias para que puedan asumirlas, y que en algún
caso podían haberlo hecho, de hacerse cargo de ellos en el momento en el que las transferencias se hicieran efectivas. Por cierto, aun cuando se ha hablado de que ya en el presupuesto figuran los tres, solo veo dos de ellos, la RAI y el PAE, porque
no hay una dotación específica para el Prepara. Me gustaría que me lo indicara, porque puede ser una equivocación mía.


Hay otra cuestión. El real decreto-ley que permitió que el Sepe pudiera seguir actuando en materia de prestaciones no contributivas por desempleo también tiene una fecha de caducidad, que es el 30 de abril de 2018. A partir de aquí, se
supone, sobre todo si no hubiera presupuestos, que serían las comunidades autónomas las que tendrían que hacerse cargo de ello. No veo en el presupuesto ninguna previsión para ello, ni en sentido positivo ni en sentido negativo. Entiendo que es un
defecto que debería aclararnos.


Entendiendo que esta es una cuestión crucial en nuestra posición para que pudiera avanzar un hipotético presupuesto, cosa que aún no conocemos que pueda ocurrir, me gustaría pedirle aclaraciones sobre estas cuestiones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barandiaran.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no está el señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, la señora De Frutos.


La señora DE FRUTOS MADRAZO: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, tengo que decir que me sorprende cómo nos quieren manipular con las palabras. Unas veces lo llaman bono de formación, otras cheque de formación, y resulta que básicamente es un complemento salarial. Le puedo decir que mi
grupo ha presentado una enmienda para que se elimine este gasto, porque es un complemento salarial, no es un cheque ni es un bono -están confundiendo al conjunto de la sociedad-, es una cantidad de dinero que vuelve a partir del concepto que tiene
su partido de que el trabajo es caro y que hay que subvencionárselo al empresario.


Como a lo largo de la tarde tendremos ocasión de plantear otras cuestiones, simplemente quisiera hacerle una reflexión sobre políticas activas de empleo para luego centrarme en cuestiones referidas a la Inspección de Trabajo, puesto que es
usted quien la coordina. Nos sorprende que diga que se ha aumentado el gasto en políticas activas de empleo, porque pensamos que de hecho se han reducido. En la partida destinada al fomento de la inserción y la estabilidad laboral, que creo que es
donde se incluyen las políticas activas de empleo, vemos que hay un decremento de estos gastos. Nos gustaría que nos lo explicara.


En relación con la Inspección de Trabajo, ustedes sabían que se había elaborado un plan estratégico, sabían que se ha creado una oficina de lucha contra el fraude, sabían que estaba ahí el organismo autónomo de la Inspección y sin embargo no
han establecido ninguna partida presupuestaria para acometer estas reestructuraciones que, como ustedes dicen, sirven para mejorar la eficacia, para la modernidad, etcétera. De hecho, el incremento en la Inspección es de un 1,9 %, que creemos que
es insuficiente. ¿Van a ser capaces de incluir una partida presupuestaria para dar cobertura a estas nuevas estructuras de la Inspección? No creemos del todo en ellas, pero ya que las han programado, tendrán que aportar recursos.

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Al leer el real decreto que regula el organismo autónomo he visto que sigue dependiendo del subsecretario. Mi pregunta es si cree que esta dependencia va a garantizar esa objetividad, esa autonomía, esa independencia del Cuerpo de la
Inspección de Trabajo.


En cuanto a la plantilla, ustedes siempre están manipulando un poco los datos. No son tres mil personas. Los cuerpos de gestión no hacen visitas de inspección, no visitan los centros ni tienen ninguna actuación relativa a la Inspección de
Trabajo. Ustedes han incumplido sistemáticamente la tasa de reposición, por lo que no entiendo por qué tenemos que creer ahora sus palabras. Quisiera saber cómo se va a producir esa reposición y cómo se va a cubrir la escala de subinspectores de
salud laboral que han creado con estas reformas. Usted sabe perfectamente que en España tenemos un inspector por cada quince mil trabajadores, cuando en Europa hay uno por cada siete mil trescientos, y que existe una gran carga de trabajo con todas
estas cuestiones a las que se ha referido, como empleo aflorado, empresas ficticias, prestaciones por desempleo, que dan mucho trabajo pero que no van en pro de garantizar un empleo digno, de calidad, de igualdad y justo. Es más, yo diría que esas
cuestiones en las que usted está incidiendo no son más que la manifestación ideológica de para lo que ha servido la Inspección en este tiempo y durante el Gobierno del Partido Popular, que ha sido para ser un poco la policía de los pobres. Mi
pregunta es la siguiente. ¿Este plan estratégico va a tener en cuenta este nuevo talante que quiere adoptar el Gobierno de garantizar un empleo digno? Si es así, ¿cómo? He visto que se ha publicado el plan estratégico y no veo nada más allá de
las frases y de las campañas de siempre.


En relación con determinadas campañas, el terna de la temporalidad ya ha sido abordado por otros grupos. Usted ha hecho referencia a los excelentes datos de transformaciones de contratos temporales en indefinidos, pero saben muy bien que el
problema que se está produciendo en el mercado de trabajo es que es una temporalidad mucho más precaria. Ojalá ahora un trabajador estuviera en esa situación. ¿Van a adoptar medidas para afrontar esta nueva temporalidad? He visto también que se
han referido a considerar el trabajo a tiempo parcial, el tiempo de trabajo, etcétera. ¿Creen que son necesarias reformas legislativas como las que ha planteado mi grupo sobre el control de la jornada para que la actividad de la Inspección de
Trabajo sea adecuada y dé sus frutos?


Me refiero ahora a los accidentes, que siguen siendo los grandes olvidados y ni siquiera hacen referencia a los datos cuando habla de la Inspección. Se ha incrementado el número de víctimas mortales y el número de accidentes en general.
¿Me puede decir qué campañas específicas piensa poner en marcha y con qué fondos las va a sufragar?


Por último, hablaré de la igualdad. Este dato no lo sacan ustedes porque no les interesa, pero solo el 0,1 % de las sanciones de la Inspección de Trabajo en el año 2017 van referidas a conductas que afectan a la discriminación por razón de
sexo en el ámbito laboral. Solo tres empresas han sido sancionadas por brecha salarial. Quiero saber qué actuaciones concretas van realizar en el marco de ese plan estratégico y que dejen de dar datos de economía aflorada, que ya le digo que no es
nada más que visitar bodas, bautizos, comuniones, mercadillos, bares por la noche, discotecas, cafeterías, pero que no van en pro de configurar ese empleo digno.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Frutos. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Candón, por un tiempo de siete minutos.


El señor CANDÓN ADÁN: Gracias, señor presidente.


Damos la bienvenida al seno de esta Comisión al señor subsecretario y le agradecemos sus explicaciones. Quiero comenzar mi intervención diciendo que gracias al esfuerzo de todos los españoles y a las políticas eficaces seguimos creciendo y
creando empleo. Desde el peor momento de la crisis, primer trimestre del año 2013, hasta el último trimestre de 2017 se han creado 2 millones de puestos de trabajo en términos EPA y el desempleo se ha reducido en 2,5 millones de personas,
situándose el número de parados por debajo de los 4 millones por primera vez desde el año 2008. Sí, señorías, nuestra tasa de paro es menor que la del 2008, es del 16,55 % cuando en ese año era casi del 30 %. España se sitúa así, junto a Alemania,
a la cabeza de la creación de empleo en la zona euro. En los últimos cuatro años, en torno al 20 % de todo el empleo creado en la eurozona se ha creado en nuestro país.


El principal objetivo de estos presupuestos es que las personas que todavía no han encontrado empleo puedan hacerlo cuanto antes y que nadie se quede atrás. Señorías, no hay mejor herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad que la
creación de empleo. Después de una crisis brutal, de la que ya algunos no se acuerdan, podemos ir devolviendo el esfuerzo que ha realizado la sociedad

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española. Encadenar cuatro años de crecimiento, de creación de empleo, permite presentar unos presupuestos tan expansivos como estos, que apuestan claramente por seguir reforzando el gasto social, de manera que se convierten en los
presupuestos más sociales de la historia, destinando a ello casi el 56 % del total del presupuesto, como bien ha dicho el subsecretario. Además, cada uno de los Presupuestos Generales del Estado que han aprobado los Gobiernos del Partido Popular
han sido objetivos, adaptados a la realidad económica y social que nos ha tocado vivir en cada momento, mesurados cuando se requería austeridad y expansivos cuando las condiciones lo han permitido.


Las políticas de empleo tienen corno objetivo principal poner las bases para crear más y mejor empleo y para mantener el ya existente. Así, se destina, como bien se ha dicho aquí, una inversión de 5773 millones de euros a políticas activas
de empleo. En estos presupuestos del ministerio se presta mayor atención a los jóvenes, ya que reducir el paro juvenil es una de las grandes prioridades, y se incluyen 500 millones de euros de ayuda complementaria al Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. Hay que destacar, como ya se ha hecho aquí, el bono formación de 430 euros y la bonificación de conversión en indefinido de 250 euros. También este presupuesto presta atención a los autónomos, como consecuencia de la Ley de Reformas
Urgentes del Trabajo Autónomo, ya que se incrementa en 100 millones de euros, un 70 % más que el año anterior, hasta alcanzar casi los 250 millones de euros en las bonificaciones de fomento del empleo. Gracias a esa reforma de la tarifa plana, que
se amplía de seis meses a un año, se ha multiplicado por diez la creación de empleo por cuenta propia en el primer trimestre de 2018. Como ejemplo le pongo mi provincia, Cádiz, que alcanza ya los 59 100 autónomos y suma 1299 nuevos autónomos, que
representa un crecimiento seis veces superior al registrado en el primer trimestre de 2017.


También se presta atención a colectivos con dificultades específicas de inserción social, con un incremento del 4 % en las ayudas para el fomento de la contratación a personas con discapacidad, víctimas de violencia doméstica y de género y
personas en riesgo de exclusión. Se mejora la inversión en conciliación, corresponsabilidad y fomento de la natalidad. Destacamos el cheque guardería; la deducción que se hace a las familias numerosas de 1200 euros al año se incrementa en 600
euros más a partir del cuarto hijo. Más y mejores pensiones. Se suben las pensiones mínimas, las no contributivas y las de viudedad.


Le iba a hacer unas preguntas al subsecretario, pero ya me las ha contestado, por ejemplo, sobre el resultado de la Inspección de Trabajo en materia de calidad en el empleo, el empleo aflorado, las empresas ficticias y cuánto ahorro ha
supuesto para nuestro sistema. Nos ha aclarado las dudas. Creo que es importante seguir trabajando en esa línea, que ya anunció la ministra que es para luchar contra el fraude, el empleo no declarado y la economía sumergida. Están ampliando sus
objetivos, que siempre son mejorables, evidentemente, pero la apuesta del ministerio y la voluntad política son decididas. Pienso que la Inspección no es una policía para los pobres, sino que sirve para luchar contra el fraude, contra la economía
sumergida y, sobre todo, para que la gente cumpla con sus obligaciones y con la legislación laboral, que para eso está. De esta forma, garantizamos el empleo de calidad en nuestro país.


Hemos escuchado aquí a algún grupo -lo siento por el Grupo Socialista- que se dedican a todo lo contrario, es decir, a teñir la realidad de otro color y a hacer un discurso que no se ajusta a la verdad. Después de mucho trabajo y esfuerzo
por parte de todos los españoles estamos recogiendo los frutos de un trabajo bien hecho y podemos estar orgullosos. Hay que poner en valor, por qué no, lo que se ha hecho bien y el esfuerzo realizado por la sociedad. Que hoy España crece y crea
empleo de calidad es una realidad y son datos objetivos. Está claro que no podemos ser conformistas y que queda trabajo por hacer, es evidente, pero también coincidirán conmigo en que hemos mejorado muchísimo. Estos presupuestos nos permitirán
cumplir nuestro objetivo, que son 20 millones de empleados en 2020. Es necesario apoyar estos presupuestos por el interés general de todos los españoles.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Candón.


A continuación, tiene la palabra el señor subsecretario para responder a las intervenciones.


El señor SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Llorente Cachorro): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, empiezo contestando a las preguntas que me ha formulado el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, algunas de las cuales también han sido planteadas por otros grupos. En cuanto a las prestaciones
no contributivas por desempleo, tengo que decir que todas están recogidas en el proyecto de presupuestos en la cuantía que viene ahí explicitada.

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Por ejemplo, la prestación por desempleo contributiva son 10 800 millones, el subsidio de la no contributiva son 4185 millones, la RAI son 980 millones, el Prepara son 75 millones de euros y el PAR son 295 millones de euros, más la ayuda
complementaria de los 500 millones de euros. Por tanto, para la protección al desempleo se destinan 7 de cada 10 euros del presupuesto de la Secretaría de Estado de Empleo, en concreto 17 410 millones. La partida obviamente se reduce, pero con
menor intensidad que el desempleo, y se sigue manteniendo, incluso con respecto a la ejecución del año 2017, un margen de gasto. Reconozco que además este es un crédito que tiene que ser ampliable, con lo cual en ningún caso se dejará de dar
cobertura a esas prestaciones. Si no ha habido mayor gasto y más ejecución es porque simplemente no se han cumplido los requisitos que se establecen para acceder a la prestación, pero desde luego nadie ha dejado de percibir esas prestaciones no
contributivas por el hecho de que se haya minorado la partida presupuestaria. Esto es lo que realmente se ha ejecutado, en función de las solicitudes que se presentan tanto en el Servicio de Empleo Público Estatal como en los servicios de la
Seguridad Social en la parte de pensiones.


He de decir que también se incrementa la tasa de cobertura, que estaba ya en el 58,24 % en marzo, y acumula quince meses consecutivos de incrementos interanuales. También se hacía referencia en algunas de las intervenciones -el señor
Campuzano del Grupo Mixto también lo planteaba- a la atención a parados de larga duración. Se incorporan 218 millones de euros a este programa. Lo que sí que creo que hay que destacar es que si se bajan estas prestaciones no contributivas por
desempleo, es porque se mejora la situación del empleo en España. Y eso es una constante a lo largo de estos tres o cuatro últimos años, como se puede comprobar atendiendo simplemente a las bases estadísticas que tiene nuestro país.


En cuanto a las consideraciones a las que se hacía referencia respecto al Iprem, lo importante -no digo que el Iprem no lo sea- y determinante es el salario mínimo interprofesional, porque a efectos del acceso puede tener una repercusión
importante dentro del marco de prestaciones que tenemos y eso hay que tenerlo en cuenta. Subió el año pasado un 8 %, sube este año un 4 % con la repercusión de bases mínimas también en la Seguridad Social, y subirá un 5 % y un 10 % en el año 2020,
con un acercamiento a los 850 euros en catorce pagas. Eso es fruto de un acuerdo de los interlocutores sociales y del Gobierno a la hora de mejorar lo que queda dentro del ámbito de acción del Gobierno, que son los salarios mínimos y también los
salarios de los funcionarios públicos que se ven incrementados, de acuerdo con una política de concertación y de acuerdo social con los sindicatos de la Mesa de la Función pública.


Respecto a las cuestiones que me han planteado sobre la renta complementaria por desempleo, tanto el señor Campuzano como la representante del Grupo de Unidos Podemos y el señor Barandiaran, con independencia de que luego lo pueda explicar
mucho mejor que yo el secretario de Estado de Empleo, yo creo que es importante que nos centremos en cuál es el origen de esta realidad. El origen de esta renta, como se ha explicado, es una sentencia del Tribunal Constitucional que considera,
tanto para el Plan Prepara como para la PAE, que en función de ese carácter mixto o de combinación de política activa o pasiva las comunidades autónomas son las competentes para gestionar la misma. Lo que hay es un acuerdo en el marco de la
conferencia sectorial para que se pueda reordenar en un nuevo programa, que por cierto ha sido ya explicado por la ministra en varias comparecencias que ha tenido en esta Cámara, con la idea de dar una estabilidad a programas que tienen una
naturaleza puramente coyuntural. Nuestra idea es que llegue hasta los setenta y dos meses, hasta prácticamente los seis años.


Por otro lado, hay que tener cuidado a la hora de regular estas cuestiones. No puede ser que por el afán de solucionar un problema que nos ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional dentro del marco de las políticas de fomento del
empleo y de ejecución en materia de empleo, caigamos en el ámbito de la protección puramente asistencial, porque ahí también tienen competencias las comunidades autónomas. Por tanto, el interés del ministerio es dar una estabilidad en estos
mecanismos de cobertura, incluso más amplia de la que había antes de la crisis, pero respetando el marco competencial y quedando también claro que es una política de colaboración con las comunidades autónomas, cuyas competencias están reconocidas
por el Tribunal Constitucional.


En cuanto a los aspectos que se relacionan con la Inspección, si les parece, los voy a cumular. Pero también me gustaría referirme a alguna de las cuestiones que me ha planteado el señor Campuzano. Cuando hablaba de la generación del
fondo, no sé si se refiere a la famosa enmienda Telefónica derivada de despidos colectivos, pero desconozco ese fondo, más allá de lo que viene generándose por la incorporación de las indemnizaciones por despidos colectivos en el marco de empresas
con beneficios desde el año 2010 y después de las modificaciones que hicimos en los años 2012 y 2013 de la denominada enmienda Telefónica.

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Con respecto a los parados de larga duración quiero insistir en que tiene una dotación de 258 millones reconocida en el presupuesto, conocen perfectamente la iniciativa legislativa popular que está en tramitación parlamentaria. Hay un
informe que tiene que evaluar la AIReF de aquí a finales del ejercicio -así se lo ha encomendado el Consejo de Ministros- a efectos de determinar el impacto presupuestario que tiene, que con carácter inicial arrojó la nada desdeñable cifra de 15 000
millones de euros.


Con respecto a la intervención del representante del Grupo Ciudadanos, efectivamente hay una serie de medidas que hemos acordado y que son importantes para los jóvenes, tanto el bono de formación y la transformación del mismo, como el cheque
de formación y el cheque de guardería, que también son elementos que tienen su reflejo en el presupuesto. La lucha contra la temporalidad hay que marcarla también dentro de los datos que tenemos. Hemos rebajado de una manera sustancial la
temporalidad en nuestro mercado de trabajo, aunque sigue siendo aún un problema. Si cogemos la encuesta de población activa del año 2007 vemos que un 69 % de los contratos eran indefinidos y hoy en día el 73 % de los contratos son indefinidos, de
acuerdo con el cuarto trimestre de la encuesta de población activa, que es la que conocemos en espera de la que saldrá publicada dentro de unos días respecto al primer trimestre del año.


¿Recortes? Yo no me atrevería a calificarlo como recortes. Yo creo que el ejercicio de disciplina presupuestaria ha permitido precisamente aprobar presupuestos como este. Si el año pasado hubo que hacer un ajuste presupuestario de 14 000
millones de euros, precisamente para ir dotando las políticas públicas, este año es de 10 000 millones de euros, lo cual nos da ese margen de actuación para destinar esos 10 000 millones, el 50 % a cubrir el déficit público y el otro 50 % a atender
políticas sociales, políticas de los jóvenes, a parados de larga duración como las que hemos contemplado en este presupuesto.


Voy a intentar resumir mi contestación, aunque no sé si hay alguna cuestión más que escape a la Inspección o que transcienda su competencia. A continuación empiezo a contestar a la representante del Grupo Socialista. No se trata de estar
sorprendido o no, yo creo que hay que reconocer la realidad. Si me permite decirle yo no soy inspector de Trabajo -si me permite la broma, nadie es perfecto-, pero nunca pondré por debajo a ningún funcionario en función del cuerpo al que
pertenezca. De esos 3000 funcionarios que hoy en día están en el cuerpo de la Inspección, para mí como responsable de los mismos tiene igual valor el inspector de Trabajo, el subinspector o el personal de apoyo. Me sorprenden esas declaraciones
que ha hecho, aunque entiendo que no las ha hecho con esa intención, pero me han sorprendido.


De la misma forma me ha sorprendido que dijera que la Inspección tiene que dedicarse a otra cosa, y no ir a controlar a las empresas ficticias. Perdone, pero las empresas ficticias es un instrumento brutal del fraude, porque es un fraude
por doble partida. En primer lugar, crea un instrumento con el que se evita cotizar prestaciones en nuestro sistema de Seguridad Social, y por tanto hay un elemento fraudulento, y en segundo lugar, porque hay personas que no tienen contrato.
Cuando ha hablado de las campañas de bautizos, bodas y comuniones y de bocadillos, usted sabe que hay gente que no tiene contrato. Y si no tienes contrato, no tienes derecho a nada: no tienes derecho ni a la protección que te da el sistema de
Seguridad Social, ni al sistema de desempleo, ni a las vacaciones, ni a la reducción de jornada, no tienes derecho a nada. Yo soy el que me he visto sorprendido por esas declaraciones, como la ya manida fórmula de 'la policía de los pobres'. Eso
quizás sea el culmen -si me permite, con todo el respeto- de la demagogia y poco dice de una institución que creo que merece todo el respecto como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Estoy convencido de que muchos de sus compañeros, porque
usted es inspectora, no compartirán esa afirmación.


Me sorprenden las cuestiones que se han planteado respecto de la sospecha suscitada, por el simple hecho de que la Inspección de Trabajo esté adscrita a la subsecretaría del ministerio. En la configuración de nuestro sistema administrativo
todo organismo público, con mayor o menor autonomía o dependencia, tiene que estar adscrito a un órgano administrativo. Eso es así. Me sorprende también que por el mero hecho de que haya una adscripción puramente orgánica en la subsecretaría, se
arroje la sombra de que hay una dependencia o una manipulación de la Inspección. No creo que tampoco haya esa pretensión. Lo que sí hay que decir es que la Inspección tiene una autonomía que le garantiza, no el estatuto de la Inspección o las
propias leyes que se aprueben, que también lo hace, sino los convenios que tenemos firmados desde hace mucho tiempo con la Organización Internacional del Trabajo, como son los convenios 81 y 129, donde se establecen las responsabilidades que tienen
la Inspección y los Gobiernos a la hora de dotarla de medios, que es la labor que tiene que ofrecerle en su cometido.


A continuación hablaré de cuestiones que han sido comunes y que han sido planteadas por distintos grupos. En primer lugar, voy a sintetizar mi respuesta para contestar respecto a los efectivos de la

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Inspección y todas las dotaciones que se han ido habilitando en estos últimos años, así como algunas cuestiones desde el punto de vista de la actividad. Yo siempre he dicho que nos gustaría tener más inspectores, a todo el mundo nos
gustaría tener más funcionarios, pero tenemos que hacerlo de una manera lógica y coherente con el marco de actuación y nuestras capacidades. Es verdad que la Inspección tiene unas tasas de cobertura de sus vacantes muy elevada, pero cuando hablo
con los presidentes de los tribunales también me dicen que tenemos que dimensionarlo a lo que son, por supuesto a las necesidades del sistema, a la capacidad que tenemos de captación, y haremos un esfuerzo de captación y de retención de ese talento
en los funcionarios de la Inspección.


Sin embargo, hay que reconocer algo que es palmario, ya que ha habido un incremento de esas dotaciones a lo largo de los últimos ejercicios. Por darles algunos datos en la actualidad, a marzo de 2018, la Inspección entre inspectores y
subinspectores -aquellos que realizan actividad inspectora directa, aunque el personal de apoyo es una parte muy fundamental en el desempeño y cometido que tiene la Inspección- tiene 1868 efectivos. A su fortalecimiento ha contribuido, como no
puede ser de otra manera, todo lo que han sido las coberturas en las ofertas de empleo público y en los concursos que se han ejecutado en los últimos años. Así, desde 2012 se han incorporado 487 efectivos y en la oferta pública de empleo para 2017
y 2018 esos 358 puestos -198 en 2017 y 160 en 2018- permitirán que desde 2012 hasta 2018 haya 845 inspectores y subinspectores. Es la cifra más alta de la historia en la Inspección de Trabajo, tanto por inspectores como por el cuerpo de
subinspectores. En los próximos días se incorporarán 69 subinspectores.


Con respecto a la cobertura de la nueva escala de seguridad y salud en el trabajo, por la que me preguntaba la representante del Grupo Socialista, 32 nuevos efectivos van a incorporarse en breve a esta escala y hay 129 nuevas plazas que se
contemplan en las ofertas públicas de empleo de los años 2017 y 2018. En la Administración hacía que no se creaba un nuevo cuerpo de funcionarios desde el año 2011. Ha sido esta escala de subinspectores en seguridad y salud laboral, la que se ha
creado para cumplir los cometidos, en prevención y persecución de lo que pueden ser actividades ilegales en materia de prevención de riesgos laborales.


En cuanto a cómo hemos acometido las ofertas de empleo público, pues hemos tenido que hacer un esfuerzo efectivamente. Todos los cuerpos de funcionarios querían durante estos últimos años tener unas tasas de cobertura las más altas posible,
y creo que hemos tenido cierto éxito a la hora de superar la congelación en la ofertas de empleo público en las tasas de reposición. Si hacemos un análisis retrospectivo, en los años 2012, 2013 y 2014 la tasa de reposición en la Administración
General del Estado era cero, en el ámbito de la Inspección de Trabajo era del 10 %. En 2015 siguió siendo cero en el ámbito de la Administración General del Estado, mientras que en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tenía una tasa de
reposición del 50 %. En 2016 subió al 50 % para la Administración General del Estado y un cien por cien para la Inspección. Si además incorporamos, como también hice mención en mi intervención inicial, la oferta pública de empleo de los años 2017
y 2018 veremos el esfuerzo notable que se ha realizado, por todos, por este ministerio pero también por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a la hora de hacer las plantillas de la Inspección.


Más allá de la incorporación de efectivos, que son necesarios, también creo que es importante medir esos efectivos en su quehacer diario. Esto nos permite constatar y verificar que, con independencia y lo reconozco de las importantes cifras
de volumen de actividad desarrollada, la eficacia en la actuación inspectora se ha incrementado en este periodo prácticamente un 19 % desde 2011 hasta la actualidad. En el año 2011 era un 22,07 % y en el año 2018 los últimos datos del índice de la
eficacia de la Inspección es un 26,23 %. ¿Cuáles son las causas de esta mejora en la eficacia? Desde luego son organizativas y normativas -aprobamos una Ley de la Inspección nueva en 2015-; también de cooperación institucional, ya me he referido
a ella, tanto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como con la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, los colegios de notarios y registradores, y por supuesto, con las comunidades autónomas. La Inspección no
pertenece -como dije en mi intervención inicial- ni al Estado ni a las comunidades autónomas, es una institución que da servicio en función de la distribución territorial de competencias que hay en nuestro país.


La tecnología contra el fraude es una herramienta muy potente y también ha permitido esa eficacia a la hora de perseguir supuestos de fraude, no solamente generalizados sino aquellos que son incipientes y que sin esperar a su expansión es
preciso acabar con ellos desde el inicio. Eso permite también liberar recursos humanos. Si destinamos las tecnologías de la información a estos objetivos, podremos liberar -así se hace en las jefaturas provinciales- al jefe de Inspección de la
planificación que tiene que realizar

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y este podrá dedicarse a otros cometidos. Por otra parte, esta herramienta en la lucha contra el fraude nos permite integrar bases de datos que hasta ahora en el ministerio no se comunicaban y con la Tesorería General de la Seguridad
Social, que financia también a la Inspección en el presupuesto, más allá del programa que tiene asignado, nos está permitiendo obtener unos buenos resultados.


La representante del Grupo Socialista ha hablado también de las ratios de la Inspección. La OIT -lo vengo escuchando en alguna comparecencia- no tiene un indicador oficial acerca de las ratios de inspectores con respecto a la población
afiliada, no hay ninguna recomendación ni convenio. Es más, les hemos llamado y preguntado que si esta es una ratio que merece la pena ser tenida en cuenta, y nos han contestado que no. Pero bueno, vamos a dar por bueno ese indicador a efectos de
intentar argumentar algunos de los comentarios que se han vertido en esta comparecencia. La ratio más baja de inspectores por población afiliada, en una serie que va desde el año 2004, se produjo en el año 2007, allí había un inspector por cada 11
530 afiliados. En la actualidad ha mejorado notablemente con un incremento de casi el 18 %, con respecto a la ratio que había en el año 2007, con un efectivo por cada 9804 afiliados. Si además hacemos una comparación con la población afiliada
similar a la actual, en torno a los dieciocho millones y pico de afiliados, veremos que las ratios también mejoran. En 2006, cuando existía una población afiliada de 18 600 000 habitantes, había un inspector por cada 11 430 afiliados; en el año
2009, cuando había una afiliación de 18 150 000 afiliados, había un inspector por cada 10 395 afilados, y en el año 2018, con 18 300 000 afiliados, hay un inspector por cada 9804 afiliados.


Además, los sistemas de inspección no son comunes en todo el mundo. Cuando vamos a las reuniones de la Unión Europea nuestros colegas nórdicos, por ejemplo en Suecia o en Dinamarca, nos dicen que una gran parte de la función que realizan
las Inspecciones de Trabajo en sus países de origen vienen siendo realizada por los sindicatos, con lo cual no es factible tampoco esa comparación de las ratios con otros países. Además, por curiosidad lo hemos preguntado a nuestras consejerías
laborales y en la mayoría de los países, que están haciendo esa homogeneización complicada puesto que no tienen unos sistemas generalistas como el que tiene la Inspección en España, tenemos unos índices favorables, sin perjuicio de que siempre son
mejorables. Obviamente cuantos más efectivos haya mejor, pero siempre con una preparación y una formación como la que mantiene ahora la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es garantía de la calidad en el empleo.


Siniestralidad laboral y la labor que se realiza en el ámbito de la Inspección. También me han sorprendido algunos comentarios planteados por algunos de los grupos, en concreto Podemos y Partido Socialista. Los datos son datos estadísticos
y certeros y pueden contrastarse de manera fehaciente. La tasa de incidencia, que es el indicador que se utiliza de manera más objetiva para medir la siniestralidad en España, en cuanto a accidentes mortales en el año 2017 ha disminuido un 2,2 %.
Es cierto que se han producido -como comentaba la representante de Podemos- un total de 618 accidentes mortales en 2017, 11 más que en el año anterior, pero la población afiliada también ha crecido un 4 %. El incremento de las tasas de actividad
conlleva que haya una mayor propensión a que los índices de incidencia crezcan.


En cuanto a los accidentes mortales en jornada es la tasa más baja desde el año 2004. Respecto a los accidentes de trabajo con baja es cierto que crecen, pero este aumento es del 1 %. Una vez que ha finalizado el año 2017 se comprueba que
se ha frenado -algo importante- en todos los análisis de datos la tendencia al aumento de la incidencia de los accidentes de trabajo con baja en jornada, que es el más bajo de los últimos cinco años. Además, destaca que el índice de incidencia
actual se sitúa en cifras muy inferiores a las del periodo 2006 a 2011, que llegaron a ser de 6000 accidentes en el año 2006, que es exactamente el doble que ahora en un periodo de mayor crecimiento económico como el actual.


El tema de la lucha contra la siniestralidad laboral es una labor de todos, no solo es una labor de la Inspección y del Gobierno de la nación, sino que es una labor de las comunidades autónomas que destinan también recursos a los técnicos
habilitados y a sus políticas públicas en la prevención y la lucha contra la siniestralidad. De hecho en los planes territoriales -contesto también a la representante del Grupo Socialista- que se fijan en las comisiones operativas de la Inspección
se pactan las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales con todas las comunidades autónomas, independientemente de su color político. Además, esos pactos en materia de siniestralidad normalmente vienen avalados por el respaldo de
los interlocutores sociales en la propia comisión operativa autonómica. De hecho, el incremento de actuaciones acordadas con las comunidades autónomas en materia de siniestralidad representa un incremento del 3,3 % en el año 2017 con respecto al
2016. Además va subiendo su peso en el conjunto de las actuaciones inspectoras, ya que en materia de prevención de riesgos laborales estamos ya muy cercanos al 30 % del total de las actuaciones inspectoras. Por tanto, es una actividad -insisto-

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prioritaria fundamental del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo vamos a abordar los próximos años? Por eso hemos aprobado este plan estratégico que tiene entre uno de sus objetivos principales precisamente el
mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación laboral en materia de salud y seguridad en el trabajo. Hay una línea específica también, nuevas campañas que tienen incidencia sobre la seguridad y salud, en el envejecimiento, en riesgos
musculoesqueléticos, en riesgos psicosociales, en recursos a modalidades de contratación temporal o a tiempo parcial, en trabajo no declarado y en fórmulas de descentralización productiva.


En cuanto a otras cuestiones que se han comentado, y agradezco al representante del Grupo Popular su intervención, detallaré un poco más los resultados del Plan de Lucha contra el Fraude en los contratos indebidamente temporales que han sido
transformados en indefinidos, que son ya más de 370 000 contratos los que se han transformado por parte de la actuación de la Inspección. Si comparamos el periodo 2012-2017 con el 2007-2011, el promedio anual ha crecido casi un 18 %. En cuanto a
empleos aflorados, si comparamos el periodo 2012-2017 con el periodo 2007-2011 el promedio ha crecido un 30,5 %. Por tanto en estas dos materias que afectan a la calidad del empleo, como son los contratos indebidamente temporales y los empleos
sumergidos, también hay incrementos de actuación con respecto a periodos anteriores.


También me han hecho alguna pregunta desde el punto de vista de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el registro de jornada, el tiempo de trabajo y el artículo 35. Se aprobó por parte de la Dirección General de la Inspección una
instrucción que deja claramente establecido, con independencia de la regulación sustantiva que se recoge en el Estatuto de los Trabajadores la Inspección de Trabajo, que se sigue actuando porque no deja de ser un conjunto de indicios lo que te
permite determinar las actuaciones en esta materia, no tanto de tiempo de trabajo, que también, sino en otros aspectos relacionados con el encuadramiento de los falsos autónomos, a los que me voy a referir ahora.


En cuanto al tiempo de trabajo la Inspección tiene ahora mismo reconocida una institución de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, que por cierto ha sido objeto de una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo por la Audiencia
Nacional. Por tanto hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su momento, las actuaciones siguen manteniéndose. Como la mejor prueba de ello es ver cuál ha sido el resultado de esas actuaciones inspectoras en materia de
tiempo de trabajo, hemos de decir que en el periodo 2012 hasta marzo de 2018 ha habido actuaciones con trabajadores afectados en materia de tiempo de trabajo que arrojan una cifra de infracciones de 27,5 millones de euros y han afectado a 360 000
trabajadores, bien porque no estaban siéndoles abonados unas horas extras, o bien porque su jornada excedía la jornada legal. La actuación de la Inspección ha permitido regularizar y reconducir estas situaciones. Ha habido un incremento constante
y sostenido de estas actuaciones, desde el año 2008 hasta el pasado año 2017 se ha incrementado el doble.


En cuanto al control de falsos autónomos se ha sextuplicado el número de actuaciones desde 2011 a 2017 y en tiempo parcial hay un incremento del 87 % de la actividad entre 2017 sobre 2015. Por tanto, hay un incremento de la actuación
inspectora con resultados derivados precisamente de esas actuaciones, con independencia de la regulación sustantiva.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando.


El señor SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Llorente Cachorro): Acabo ya.


Termino hablando de los temas de igualdad, que obviamente también han sido objeto de un refuerzo en el Plan estratégico de la Inspección 2018-2020. Ahí se recogen tres líneas específicas en materia de igualdad, no solamente en materia de
brecha salarial. He de destacar que en cuanto a actuaciones desde el año 2012 hasta marzo 2018 hay un incremento del 8 % de actuaciones en ese periodo, con respecto al periodo 2008-2011, y que el número de infracciones también impuestas por la
Inspección se ha incrementado en un 66 %.


Con respecto al comentario sobre brecha salarial y el escaso resultado de las actuaciones inspectoras, creo que algún representante sindical de la Inspección decía precisamente que lo que hace falta es una mayor implicación de los sindicatos
y de las denuncias de los particulares, con lo cual yo siempre he animado -y así lo haremos en el plan estratégico- a que el buzón de lucha contra fraude sea también una herramienta y un instrumento para que se puedan trasladar estos incumplimientos
o ilegalidades y que la Inspección pueda trabajar.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorente.


Damos por concluida esta primera comparecencia. Suspendemos la sesión durante un par de minutos para recibir al nuevo compareciente. (Pausa).


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (RIESGO FIGUEROLA-FERRETTI). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (números de expediente 212/001244 y 212/001247); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (números de
expediente 212/001346 y 212/001349); MIXTO (número de expediente 212/001445); Ciudadanos (número de expediente 212/001494), Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001550).


El señor PRESIDENTE: Damos paso a la segunda comparecencia, en este caso del Secretario de Estado de Empleo, don Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferreti. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular. Así mismo, se sustanciará en esta comparecencia la solicitud de comparecencia del director general
del Servicio Público de Empleo Estatal, presentada por los grupos parlamentarios socialista y confederal de Unidos Podemos-En Comú Podemos-En Marea, por haberlo decidido así la Mesa de la Comisión de Presupuestos.


Tiene la palabra el señor Riesgo por un tiempo de unos veinte o veinticinco minutos.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (Riesgo Figuerola-Ferreti): Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores diputados. Para mí es un placer comparecer una vez más en esta Cámara, por cuarta vez ya en esta
Comisión, y especial placer me produce hacerlo para presentar los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, y en particular los de la Secretaría de Estado de Empleo. Me acompaña buena parte de mi equipo, los directores generales y personal de
mi gabinete, que esta también a su disposición.


El presupuesto para 2018 es un presupuesto para la estabilidad, la creación de empleo y el impulso del bienestar social, como ya lo fue el anterior, que desde que se presentó ha contribuido a la creación de 592 000 empleos en nuestro país.


Señorías, gracias al esfuerzo de toda la sociedad española hemos conseguido alcanzar los 18,5 millones de ocupados en España, creando una media de medio millón de empleos cada año durante los últimos cuatro, recuperando 2,3 millones de
empleos, 7 de cada 10 empleos perdidos desde el inicio de la crisis económica, y acumulando desde el comienzo de la recuperación 50 meses consecutivos de incrementos de la contratación indefinida. Una mejoría del mercado de trabajo que se está
trasladando ya a los indicadores de situación social. Todos ellos muestran cómo a partir de 2012, desde la recuperación, vivimos un proceso, si bien lento, pero sostenido, de reducción de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social en general
en nuestro país. Señoría, en definitiva, hemos avanzado mucho, sí, pero queda mucho, muchísimo por hacer. 3 422 551 personas buscan aún un empleo y no lo encuentran, y muchas de ellas, en torno a la mitad, lo hacen desde hace más de uno o dos
años. Algo más de un millón de jóvenes ni estudian ni trabajan, y permanece un elevado nivel de temporalidad en el empleo, en todo caso superior a la media de la Unión Europea.


Por ello, traemos a esta Cámara un presupuesto que no solo contribuirá a estabilidad y la confianza, sino que pretende no dejar a nadie atrás en la recuperación, destinando cerca del 56 % del gasto total a gasto social. Gracias al esfuerzo
de todos, el proceso de consolidación presupuestaria comienza a dar margen para subir las pensiones más bajas a más de 6 millones de pensionistas, bajar los impuestos a las familias y personas con menores rentas, ampliar a cinco semanas el permiso
de paternidad, aprobar medidas para fomentar el acceso al empleo de los más jóvenes y compensar a los empleados públicos su esfuerzo en la crisis mejorando sustancialmente su retribución. Todo ello y mucho más se contempla en el presupuesto que
hemos remitido a esta Cámara para su aprobación.


Señorías, este presupuesto se ejecutará en un contexto económicamente muy favorable, caracterizado por el robusto y equilibrado crecimiento de la economía española que poco a poco está situando las principales variables económicas en los
niveles previos a la crisis. Un cuadro que ya deja atrás la situación crítica a la que se enfrentaba nuestro país cuando el presidente Mariano Rajoy tomó posesión en 2011, un contexto de fuertes desequilibrios macroeconómicos caracterizado
esencialmente por nueve trimestres consecutivos de recesión, un déficit público que había alcanzado el 11 % y se

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situaba entonces en el 9 %, y un déficit crónico exterior que se situaba aún cerca del 10 %. Todo ello, unido a un marco rígido de relaciones laborales que hizo que España destruyera más empleo y con más intensidad que los países de nuestro
entorno, derivó en una auténtica crisis económica y social. Una situación que implicaba que se destruyeran 1500 empleos al día en nuestro país, que impulsó la tasa de paro por tres en el periodo 2007-2011 y que provocó que la mitad de los europeos
que accedían al desempleo en 2011 provinieran de nuestro país.


Como bien saben, a pesar de que muchos lo dieron todo por perdido y clamaban incluso por el rescate de nuestra economía, el Gobierno puso en marcha una ambiciosa agenda de reformas en materia de política económica en nuestro país. Una
agenda caracterizada esencialmente por la reestructuración del sistema financiero, por la consolidación presupuestaria y por las reformas por la competitividad, entre las cuales la reforma laboral y la reforma silenciosa de las políticas activas de
empleo tenían un papel esencial. Una agenda de reformas que gracias al esfuerzo de toda la sociedad española y a la responsabilidad de los interlocutores sociales en su ámbito de negociación colectiva, ha hecho posible estabilizar los indicadores
macroeconómicos en nuestro país y mejorar la situación del mercado de trabajo. Si en aquel entonces se acumulaban nueve trimestres de recesión, hoy acumulamos dieciséis trimestres consecutivos de crecimiento económico. Si entonces el déficit
público se situaba en el entorno del 11 %, del 9 % en 2011, hoy lo hemos reducido entre todos a un tercio. Y si entonces el déficit exterior acumulaba una situación crónica y se acercaba al nivel del 10 %, hoy acumulamos cinco años consecutivos de
superávit por cuenta corriente. Todo ello, unido a un marco flexible de relaciones laborales ha permitido que España haya pasado de destruir entonces 1500 empleos al día a crear hoy 2400 empleos al día. Todo ello gracias al esfuerzo de la sociedad
española y a las reformas implementadas, hoy España lidera desde hace 52 meses la reducción del desempleo en la eurozona, y el 41 % de las personas que abandonan el riesgo de pobreza en la eurozona lo hacen en España.


Grandes avances, sin duda, sobre los que seguir trabajando en 2018, porque, como decía antes, queda mucho por hacer. Así, el cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos prevé que el PIB real crezca un 2,7 % en 2017, por encima de
las principales economías de la zona euro, que se mantenga un crecimiento económico equilibrado, consolidando un cambio estructural que supone compaginar, por primera vez en la historia de España, altos niveles de crecimientos del PIB con un
superávit comercial. Y en tercera instancia, establece también el cuadro macroeconómico, que se mantendrá la recuperación del mercado de trabajo español, aportando por quinto año consecutivo casi medio millón de empleos equivalentes a tiempo
completo más, y reduciendo hasta el 15,5 % la tasa de paro en términos de encuesta de población activa. Todo ello contribuirá a seguir reduciendo el déficit público hasta el 2,2 % del PIB, lo que nos permitirá salir definitivamente del
procedimiento de déficit excesivo en el que entró nuestro país en el año 2009. Marcando así un hito que reforzará aún más esa estabilidad y credibilidad de nuestra economía, que es la base para crear empleo y con la que con la aprobación de estos
presupuestos queremos consolidar.


Señorías, este es el contexto en el que se presenta el presupuesto para el año 2018, unas cuentas públicas que tienen el propósito de afianzar el crecimiento y seguir avanzando en la recuperación de nuestra economía, alimentando los procesos
reformistas necesarios para la creación de empleo. Avanzar sin dejar a nadie atrás, apostando por la protección de los trabajadores que siguen buscando una oportunidad, con especial cuidado por los que sufren riesgo de exclusión social, y, en
tercer lugar, acompañar a nuestra fuerza de trabajo en las transformaciones de la mano de la globalización, de la digitalización, que están ya incidiendo en nuestro mercado de trabajo, fundamentalmente de la mano de la capacitación. Todo ello con
el objetivo de poder seguir implementado la agenda del talento que hemos puesto en marcha. Una agenda con la que pretendemos atraer y retener todo el capital humano, con más trabajadores, más motivados y mejor preparados; en definitiva, más
productivos. Un presupuesto para implementar esas políticas que están siendo objeto de debate en las mismas mesas de diálogo social en las que trabajamos intensamente con los interlocutores en el diseño de un plan de choque por el empleo, un plan
de choque por la calidad en el empleo y un plan para mejorar la formación profesional en el empleo.


Para todo ello, la Secretaría de Estado de Empleo dispone, para 2018, de un presupuesto de 24 552 millones de euros, y en el que se incluyen las cuentas de los tres organismos autónomos que dependen de la Secretaría, esto es: el Servicio
Público de Empleo Estatal, el Fondo de Garantía Salarial y el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. A su vez, los presupuestos de la Dirección General de Empleo, la Dirección General del Trabajo Autónomo de la Economía
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Como viene siendo habitual, en el seno de la Secretaría de

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Estado -y por su naturaleza- la mayor parte del presupuesto de gasto lo gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal con 23 606 millones de euros. La razón es que, como saben, es este organismo el que sustenta la totalidad de los recursos
esenciales para la política de empleo en nuestro país; por un lado, las políticas activas de empleo, y por otro, las políticas de protección por desempleo. Por su parte, el Fondo de Garantía Salarial, tiene presupuestado 796 millones de euros,
dirigidos a garantizar los créditos salariales ante la insolvencia del empleador. A la Dirección General de Empleo, para la gestión principalmente de ayudas previas y ayudas extraordinarias a la jubilación de trabajadores afectados por procesos de
reestructuración de empresas, se destinan 102 millones de euros.


Por otro lado, y en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el recientemente renombrado Instituto Nacional de Seguridad Salud y Bienestar en el Trabajo, contará con más de 39 millones de euros para seguir avanzando en la Estrategia
de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta 2020, así como en las políticas que apuesten por el bienestar en el ámbito laboral.


Y para seguir apoyando el emprendimiento de un lado, la economía social de otro, y la responsabilidad social de las empresas, la Dirección General del Trabajo Autónomo contará con un presupuesto de 8,23 millones de euros.


Señorías, una vez detallado el presupuesto de la Secretaría de Estado en función de su clasificación orgánica, paso a informarles en detalle sobre el presupuesto de cada uno de los servicios concretos, comenzando, como no podía ser de otra
manera, por el Servicio Público de Empleo Estatal. El SEPE contará en total para 2018 con 23 606 millones de euros en ingresos, un 1,6 % menos que en el presupuesto de 2017. No obstante, al igual que el año pasado, los ingresos procedentes de las
cotizaciones por desempleo aumentarán un 5,44 % hasta los 20 471 millones de euros, en coherencia con las previsiones de creación de empleo. Los ingresos derivados de las cotizaciones de formación profesional se incrementarán un 4,5 %, hasta los
2102 millones de euros. Si comparamos estas subidas con las previsiones de recaudación final por algunos conceptos en 2017, 19 900 y 2050 millones de euros respectivamente, la subida se sitúa en ambos casos en torno al 2,6 %, lo que resulta, como
saben, coherente con las últimas estimaciones de crecimiento de la ocupación y aumento en los salarios. En este sentido, la recaudación de las cotizaciones sociales ha sido positiva hasta el punto que la aportación del Estado será este año tan solo
de 55 millones de euros, con lo que podemos señalar que el organismo prácticamente se autofinancia en su totalidad.


La siguiente partida de ingresos por entidad corresponde a los ingresos procedentes del Fondo Social Europeo, que ascenderán a una cuantía similar a la del año anterior, 475 millones de euros, de los que casi un 70 % como mínimo procederán
del programa operativo de la garantía juvenil.


Especial relevancia tiene la partida de ingresos, no por su cuantía, pero sí por su existencia, la incorporación por primera vez de 57,5 millones de euros de remanente de Tesorería de ejercicios anteriores afectado para financiar iniciativas
de formación profesional para el empleo, de acuerdo con la nueva Ley de Formación Profesional para el Empleo.


Así, contando con las diferentes partidas de ingresos del organismo, el SEPE hará frente a los 23 606 millones de euros de su presupuesto de gasto, y para el que son dos las grandes prioridades: en primera instancia, las prestaciones por
desempleo, que ascenderán a 17 410 millones de euros, en línea con la previsión de ejecución de gasto en prestaciones del año anterior, para que los que buscan una oportunidad lo hagan en condiciones dignas y de igualdad; y en segundo lugar, las
políticas activas de empleo, para las que el gasto se incrementa en un 3,2 % con respecto a 2017, hasta los 5794 millones de euros. Si se considera la dotación de 500 millones de euros para el bono formación garantía juvenil, que contempla el
presupuesto de prestaciones del SEPE, las políticas de activación para el empleo estarán dotadas con 6294 millones de euros en 2018.


Quiero detenerme en este punto especialmente en informarles sobre estas cruciales partidas de gasto, las políticas pasivas y activas de empleo, empezando por estas últimas. Las políticas activas de empleo representan una de las grandes
prioridades de la Secretaría de Estado de Empleo, porque son las herramientas con las que verdaderamente contribuimos a trasladar la recuperación económica al empleo. Como saben, el desequilibrio en las cuentas pública alcanzado entre 2009 y 2011
nos obligó, dentro del procedimiento de déficit excesivo abierto en el año 2009, a tomar difíciles decisiones en materia de gastos. Y una de las más complejas, precisamente, fue la reducción de la dotación para políticas activas de empleo.
Afortunadamente, las medidas adoptadas junto con la recuperación del crecimiento económico y del empleo, y con ello de la recaudación, ha permitido mejorar sustancialmente los recursos para estas políticas durante los últimos años. De hecho, la
inversión en políticas activas de

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empleo que contemplan estos presupuestos, sin contar la ayuda complementaria para jóvenes, será casi 2000 millones de euros más que la de 2013, casi un 52 % más. Y la inversión en políticas activas por desempleado se aproximará a los 2000
euros en 2018, incrementándose un 10 % respecto a 2017. Se superan con creces los 1676 euros por desempleado del año 2011. Cumplimos así en el primer año de aplicación del reciente compromiso financiero consignado en la nueva Estrategia española
de activación para el empleo 2017-2020. La participación de las comunidades autónomas en la gestión de las políticas activas de empleo aumenta hasta los 2394 millones de euros, un 74,89 % del total del presupuesto destinado a los programas de
empleo y formación. Este mismo martes ya se ha hecho una primera distribución de fondos a las comunidades autónomas por valor de 2054 millones de euros en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que hemos celebrado. Una
distribución con cargo al presupuesto de 2017 prorrogado, incrementando un 8 % los recursos repartidos en la distribución de abril del año pasado. Los más de 72 millones de euros restantes hasta los 2126 que en total se prevé repartir, se
asignarán, igual que ocurrió el año pasado, una vez entre en vigor el presente proyecto de ley de presupuestos, si finalmente, como así lo proponemos, se aprueba por esta Cámara.


Señorías, como no podía ser de otra forma, el presupuesto para políticas activas de empleo para 2018 pretende implementar este ejercicio la Estrategia española de activación para el empleo 2017-2020. Una estrategia con la que avanzamos en
la modernización y coordinación de los servicios públicos de empleo, aumentando la eficacia y la eficiencia de las políticas activas, incidiendo en su vinculación a resultados, y poniendo en el centro el desarrollo y mejora de herramientas,
infraestructuras o sistemas de información como el perfilado estadístico, el portal único de empleo, o la cuenta formación, para poner el big data y las nuevas tecnologías también al servicio de los desempleados. Orientamos los servicios y
programas de forma prioritaria a la empleabilidad de jóvenes y de otros colectivos vulnerables como parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión, y atendemos especialmente a la mejora del sistema de formación profesional para el
empleo, esencialmente en materia de formación profesional dual, incrementando la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los recursos. Es precisamente en esta materia, en la formación profesional para el empleo, por su especial
relevancia en las oportunidades de empleo de los trabajadores y por ser la principal partida de gasto o de inversión en políticas activas de empleo, por la que quiero empezar la explicación de las partidas destinadas a políticas activas de empleo.


Señorías, como les decía, el de 2018 queremos que sea un presupuesto que nos sirva para prepararnos para las necesidades del presente y del futuro del mercado de trabajo. Por ello, es crucial invertir en formación profesional para el
empleo. Por todo ello, el presupuesto de la Secretaría de Estado para 2018 contempla 2414 millones de euros en materia de formación profesional para el empleo, un 7 % más que el presupuesto del año anterior, casi 170 millones de euros más.
Recursos dirigidos al aprendizaje y la adquisición de nuevas competencias y a la mejora de la experiencia profesional, la cualificación y el reciclaje profesional para una mejor inserción laboral. Destinados casi a partes iguales a la formación de
ocupados, 1170 millones de euros, y a la formación de desempleados, 1244 millones. Quiero destacar de entre las diferentes iniciativas a gestionar con cargo a estos fondos, que esencialmente ejecutan las comunidades autónomas, la próxima aprobación
del Plan Estatal de Formación en Competencias Digitales 2018, dotado con 60 millones de euros, que elevaremos lo antes posible al Consejo de Ministros. Un plan acordado entre el Estado, las comunidades autónomas y los agentes sociales, cuyas
acciones formativas se centrarán en 14 prioridades como la banda ancha, la ciberseguridad, la robótica, la inteligencia artificial, la analítica avanzada, la computación cognitiva o el desarrollo de sistemas de información. Gracias a ese trabajo
conjunto, y muy en particular de las comisiones paritarias sectoriales en el ámbito de la negociación colectiva, se han identificado más de 400 especialidades formativas, más de 230 de ellas nuevas, que serán objeto de financiación con esta
convocatoria. Hemos determinado cuatro colectivos prioritarios para el acceso a esta formación: mujeres, personas con discapacidad, personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación, y mayores de 45 años, con el objetivo de empezar a superar
la brecha digital o de especialización que existe todavía hoy en nuestro mercado de trabajo.


En definitiva, un buen ejemplo de cómo el nuevo modelo de formación, cuyo reglamento de desarrollo fue aprobado escasamente hace un año, comienza a dar sus frutos en forma de oferta formativa de calidad, adaptada a las necesidades de los
trabajadores y del tejido productivo y acordada en el marco del diálogo social y de las comunidades autónomas. Confío en que la medida que el nuevo marco regulatorio se va implantando, las diferentes administraciones implicadas vayan mejorando a su
vez la calidad de la oferta formativa y sus niveles de ejecución de los recursos que desde el Estado les transferimos. Para ello,

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entre otras medidas, hemos llevado a cabo recientemente la 1ª Jornada de Buenas Prácticas del Sistema Nacional de Empleo, en la cual participan el Estado y las comunidades autónomas, y que versó sobre la gestión de una formación profesional
para el empleo orientada a la inserción laboral de desempleados y a la mejora de las competencias y la capacitación de los trabajadores ocupados. Un encuentro que está dando buenos resultados y que ha creado conexiones dinámicas de trabajo
positivas para una mejor gestión de las comunidades autónomas.


En segundo lugar, además de capacitar a los trabajadores ocupados y desocupados, queremos ayudar a los colectivos con mayores dificultades para conseguir el empleo que buscan. Para ello, contemplamos en 2018 un importante presupuesto de
bonificaciones a la contratación que alcanza los 1936 millones de euros, registrando un incremento del 6 % respecto al año anterior. Con estas bonificaciones a la contratación pretendemos ayudar a 1 640 000 trabajadores con dificultades de
inserción en el empleo, llegando así a un colectivo un 25 % superior al año anterior. Este aumento se debe en gran medida a la transformación de determinadas reducciones en bonificaciones a la contratación, esencialmente las vinculadas a la
garantía juvenil, para aumentar los recursos del sistema de Seguridad Social, así como se debe también este aumento de las bonificaciones a la inclusión de nuevos incentivos de este tipo en el Estatuto del Trabajo Autónomo, consecuencia de la
aprobación de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que incluye, entre otras medidas, doblar la tarifa plana de 50 euros de seis meses a un año, permitir que los trabajadores autónomos únicamente coticen por los periodos efectivamente
cotizados, o dar 27,6 euros diarios a gastos de comida, y deducciones fiscales de hasta un 30 % en gastos de luz, telefonía, agua y electricidad. Medidas que complementaremos próximamente con la ampliación hasta los 24 meses de la tarifa plana para
autónomos que residan en municipios de menos de 5000 habitantes, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno.


En tercer lugar, informados sobre los elementos esenciales de las dos principales partidas de políticas activas de empleo, la formación y las oportunidades para el empleo de colectivos vulnerables, quiero referirme a la tercera partida por
cuantía, que no es otra que los programas de fomento del empleo, cuyo presupuesto de gastos asciende a 1444 millones. De estos programas, destaca el programa de acción conjunto para la mejora de la atención a personas desempleadas de larga
duración, al que se destinan 258 millones de euros en el presupuesto de 2018; el programa para el fomento del empleo agrario, cuyos recursos se incrementan un 1 % en 2018 y un 4,03 % desde 2012, alcanzando los 224 millones de euros, 194 para
Andalucía y Extremadura y 30 para el resto de España, que se traducirá en un total de 166 000 contratos de trabajo. Dentro de este eje de programas de fomento del empleo, también destacan los programas de empleo y formación para personas con
discapacidad en centros especiales de empleo, a los que destinamos 354 millones de euros, 37 millones de euros más que en 2017, para cubrir el aumento del coste salarial de estos trabajadores que ha generado el fuerte incremento del salario mínimo
interprofesional aprobado para los años 2017 y 2018. Finalmente, en este apartado de programas para fomento del empleo, destaca la implantación del perfilado estadístico, así como otras herramientas e instrumentos para la modernización y la mejora
de los servicios públicos de empleo, como el Portal Único de Empleo o la aplicación digital para facilitar el acceso de los trabajadores a la oferta formativa.


En definitiva, señorías, presentamos ante esta Cámara un ambicioso presupuesto en materia de políticas activas de empleo que aborde íntegramente la agenda del talento, activando plenamente a los trabajadores, independientemente de género,
procedencia o edad, para contar así con más trabajadores activos en nuestro país; poniendo a su disposición una amplia oferta formativa de calidad, que los tenga constantemente adaptados a las cambiantes necesidades del tejido productivo y, junto a
la necesaria mejora de las condiciones laborales, los mantenga plenamente motivados. Solo así seremos capaces de afrontar los retos de la digitalización, la globalización, y, cómo no, el reto demográfico, convirtiendo lo que alguno hoy puede ver
como una amenaza en una oportunidad.


Señorías, debemos ser ambiciosos y afrontar el futuro con esperanza. Para ello, tenemos que ocuparnos del presente y, en especial, de aquellos que no han encontrado aún la oportunidad que buscan. Por ello, el Servicio Público de Empleo
Estatal destina 7 de cada 10 euros de sus recursos a la protección frente al desempleo, 17 410 millones de euros; de ellos 7850 millones se prevé destinarlos a las prestaciones contributivas, 3955 millones a subsidios por desempleo, 979 millones a
la renta activa de inserción, 295 millones al Programa de Activación para el Empleo y 75 millones al Programa Prepara. En total, como decía, 17 410 millones de euros de gasto previsto en prestaciones, en línea con lo invertido efectivamente en
2017, pese a la fuerte reducción del desempleo registrada en este ejercicio. Se estabiliza

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así el gasto en prestaciones por desempleo, finalizando la tendencia a la baja observada en los últimos ejercicios. Por todo ello, la tasa de cobertura alcanzó en el pasado mes de febrero el 58,23 %, tres puntos por encima del mismo dato
del año anterior, acumulando así ya quince meses consecutivos de crecimiento interanual de ese nivel de cobertura, tendencia que queremos consolidar.


En ese sentido, y con el ánimo de mejorar la protección por desempleo y de simplificar el actual sistema, unificando el nivel asistencial de protección complementaria -RAI, Prepara y PAE- y estabilizando en el marco de la protección del
sistema de desempleo estos programas temporales, el Gobierno ha propuesto a interlocutores sociales y comunidades autónomas la creación de la nueva renta complementaria de desempleo, un mecanismo único y estable de protección a los desempleados que
hayan agotado su prestación contributiva o a aquellos que hayan cotizado insuficientemente, que facilitará una renta de 430 euros entre cuatro y setenta y dos meses, según su periodo de cotización, las necesidades familiares y su edad. Venimos
trabajando en su diseño desde enero con los interlocutores sociales y desde marzo con las comunidades autónomas, y hemos debatido sobre ello en la última Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Desde el Gobierno esperamos poder
alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas y agentes sociales lo antes posible, para dar así continuidad al Programa de Activación para el Empleo y al Programa Prepara. Porque, insisto, queremos avanzar, queremos mirar al futuro, pero
queremos hacerlo contando con todos porque no queremos que nadie quede atrás.


Señoras diputadas y señores diputados, en materia de protección social, la Secretaría de Estado de Empleo también abona cada año las prestaciones de garantía salarial a los trabajadores. Así, para 2018 el Fondo de Garantía Salarial cuenta
con un presupuesto de 796 millones de euros, para abonar a los trabajadores tanto los salarios pendientes de pago como las indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no pueden satisfacer por encontrase en situación de insolvencia o de
concurso. Aunque la cantidad presupuestada es un 25 % inferior a la del año anterior, gracias al descenso de las solicitudes que se ha producido en el último año, como consecuencia de la mejoría de la evolución del mercado de trabajo, se destinan
al pago de las prestaciones 766 millones de euros, una cuantía similar a la efectivamente gastada en 2017. Está previsto que estas prestaciones se financien con 513 millones de euros de cotizaciones empresariales, 91,3 millones de aportación del
Estado y con otros recursos del organismo. Como ya dije el año pasado en esta Cámara, tras los problemas que desde 2011 ha sufrido el Fogasa, como consecuencia del considerable volumen de expedientes sin resolver, estos años se ha hecho un gran
esfuerzo -también en 2017- para estabilizar la situación. Por eso, es para mí una satisfacción comprobar una vez más cómo, gracias al esfuerzo de todo el personal del organismo, se ha seguido reduciendo la bolsa de expedientes pendientes de trámite
de los años anteriores, y a finales de febrero ya solo quedaban 4286 expedientes pendientes de pago, un 97,9 % menos que en su pico más alto en 2013. A su vez, el tiempo medio de trámite ha seguido descendiendo de la mitad del plazo establecido
legalmente. Y por eso quiero agradecer encarecidamente a los funcionarios del Fogasa, y también a los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal, su esfuerzo para que día a día la gestión de las prestaciones sea mejor, para que lleguen a
los que más las necesiten y para que den resultado logrando que cumplan con su función.


Señorías, el presupuesto de la secretaría de Estado contempla una dotación de 102 millones de euros para apoyar a los trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, con ayudas extraordinarias cuya partida aumenta hasta
los 9 millones de euros, y ayudas previas a la jubilación con 6,5 millones de euros. Además, se recogen las transferencias a las comunidades autónomas para ayudas previas a la jubilación anticipada de 500 000 euros; ayudas equivalentes a la
jubilación anticipada de trabajadores de empresas acogidas a planes de reconversión por valor de 45 millones de euros; y ayudas a la jubilación previa de trabajadores de la estiba de 40 millones de euros. Estas se gestionan desde la Dirección
General de Empleo, encargada de las relaciones laborales, y que además de la administración de estas ayudas, tramita los expedientes de regulación de empleo interterritorial y se encarga de los proyectos normativos relacionados con el trabajo, el
empleo y la seguridad y salud laboral, así como de la conciliación, mediación y arbitraje en conflictos laborales. La Dirección General de Empleo, a su vez, efectúa, como saben, el seguimiento de la negociación colectiva, y tramita las actuaciones
en materia de elecciones a órganos de representación en las empresas.


En el marco de la prevención de riesgos laborales, el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo va a disponer para 2018 de más de 39 millones de euros, un 1,7 % más que el año anterior, para continuar realizando su
labor de investigación y asistencia técnica, fundamentalmente

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dirigida a las pequeñas y medianas empresas, y para impulsar nuevas medidas para el fomento del bienestar laboral. En este sentido, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 supone la definición de un marco de
referencia común con objetivos consensuados en el marco del diálogo social, y con actuaciones ordenadas de forma coherente y eficiente en la materia. La estrategia, fruto, como digo, de un trabajo conjunto entre la Administración General del
Estado, las comunidades autónomas y los interlocutores sociales, contempla unas líneas de acción generales que se desarrollan en planes de acción de carácter bienal y que prevén medidas concretas para cada periodo. Así, con una línea de
financiación estable de 12 millones de euros y con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, el Plan de Acción 2017-2018 se centra en la mejora de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente de los trabajadores más vulnerables;
en acercar la prevención de riesgos laborales a las pymes; y en consolidar los sistemas de formación, información e investigación en esta materia, promoviendo la generación de conocimiento y el intercambio de experiencias. Además, y en el marco
del diálogo social, continuamos trabajando en la mejora de la calidad, de la prevención y de los hábitos saludables en el trabajo, así como en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas en esta materia.


Señorías, por su parte, la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas va a gestionar en 2018 un presupuesto de 8,21 millones de euros, el mismo que en 2017, para promocionar
el trabajo autónomo, el cooperativismo y la difusión y el fomento de la responsabilidad social de la empresa. Precisamente, con el objetivo de incentivar la incorporación y el desarrollo de buenas prácticas en esta materia, se aprobó la Estrategia
Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020. Además, como saben, el fomento del emprendimiento a través del apoyo a iniciativas de trabajo autónomo y de fórmulas de economía social es también una prioridad para este Gobierno, como
hemos demostrado desde el inicio de la legislatura con la aprobación por unanimidad -que, por cierto, aprovecho para agradecer a todos los grupos parlamentarios- de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo a la que me he referido
previamente. Pero también lo hemos demostrado con la aprobación reciente de una nueva Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, que persigue que nuestro país continúe a la vanguardia de Europa en esta materia y, abordando con mayor
profundidad los cambios de nuestro mercado de trabajo, dé visibilidad al sector y potencie el tejido empresarial en sus entidades. Esto se canaliza a través de un empleo inclusivo, de calidad y estable; con el emprendimiento colectivo; con un
papel activo en el diseño e implantación de la formación profesional, facilitando su adaptación a la era digital; apostando por una mayor participación institucional de las entidades del tercer sector y apoyando su internacionalización y los
valores de inclusión, solidaridad, igualdad y cohesión que representan. Todo ello para que las empresas que integran la economía social puedan modernizarse, ganar en tamaño, en competitividad y salir al exterior en busca de nuevos mercados, sin
perder su localización y fuerte arraigo en el territorio. En concreto, y para su desarrollo y ejecución, el presupuesto incluye una dotación presupuestaria específica por un importe de un millón de euros. Además, la estrategia también recoge una
serie de medidas y actuaciones que, de acuerdo a su naturaleza, podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del Programa operativo de inclusión social y de la economía social.


Señoras y señores diputados, presentamos a la Cámara unos presupuestos inclusivos que aportan soluciones para todos. En primer lugar, para los más jóvenes, y, sobre todo, aquellos con menor nivel formativo y, por tanto, menos opciones de
inserción en el mercado de trabajo, tratando de garantizar su acceso y la estabilidad en el empleo. Para ello, los Presupuestos Generales del Estado contemplan medidas específicas para mejorar las oportunidades de empleo y formación de los jóvenes
por importe de, al menos, 3300 millones de euros. De entre ellos, el presupuesto incorpora 500 millones de euros para el bono formación garantía juvenil de 430 euros al mes durante dieciocho meses. Una ayuda económica para impulsar la formación
profesional dual entre los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, como herramienta para su inserción en el mercado laboral. Una ayuda que se sumará al salario aplicable, que permitirá que los jóvenes que reúnan los requisitos
tengan una contraprestación de hasta un 64 % más durante los dieciocho meses de su duración; lo que les permitirá superar al menos los 1100 euros al mes durante año y medio. Un joven sujeto al salario medio de convenio alcanzaría así los 1200
euros de contraprestación por su formación y su trabajo cada mes. Un bono para el joven trabajador que se complementará con un incentivo posterior a la conversión de este contrato de formación y aprendizaje en contrato indefinido, por cuantía de
250 euros al mes durante tres años a modo de bonificación a la cotización

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empresarial a la Seguridad Social. Queremos que los jóvenes encuentren un trabajo formándose a la vez, pero queremos que lo hagan en condiciones dignas, de la mano de la estabilidad que nos permita seguir contando con todo su talento.


Invertimos así en los jóvenes, pero no nos quedamos ahí. Queremos que la recuperación también llegue a las mujeres y a las familias, no solo apostando por la corresponsabilidad a través de la ampliación de cuatro a cinco semanas del permiso
de paternidad, sino también a través de actuaciones dirigidas a promover la igualdad en el acceso, la permanencia y la promoción en el empleo. En este sentido, seguimos trabajando junto a los interlocutores sociales, en la Mesa por la Calidad en el
Empleo, en un nuevo paquete de medidas especialmente dirigidas a acabar con la brecha salarial de género. Y una vez que logremos el acuerdo, abordaremos las negociaciones orientadas a garantizar esa mayor conciliación que permita la verdadera
igualdad, imprescindible para verdaderamente poder atraer y retener todo el capital humano que necesitamos para culminar la recuperación y hacer frente a los retos del futuro del trabajo. Queremos especialmente que la recuperación llegue también a
aquellas personas más desfavorecidas, víctimas de violencia doméstica o de género y personas en situación de exclusión social. Para ellas las ayudas de fomento a la contratación se ven incrementadas en un 4 %, en línea con la subida del SMI, 30
millones de euros más de los previstos en 2017 y hasta los 791 millones de euros. Por último, queremos que la recuperación llegue también a los desempleados de larga duración, como ya he señalado, y por ello se destinan 258 millones de euros para
la mejora de su atención y orientación por los servicios públicos de empleo; 75 millones de euros para el Plan Prepara y más de 295 millones de euros para el Programa de Activación para el Empleo.


Señorías, termino ya. Como ven, estamos ante un presupuesto con el que dar forma a los compromisos que hemos adoptado con los ciudadanos en materia de empleo. Compromisos a los que me refería al principio de esta intervención, como seguir
avanzando en la recuperación social e inclusiva en la que estamos inmersos, y preparar a nuestra fuerza de trabajo ante los cambios que la globalización, la digitalización y también el reto demográfico plantean al futuro de nuestro mercado laboral;
consolidando el ritmo de creación de empleo; atendiendo a las necesidades de los que aún no lo han encontrado; mejorando la capacidad de los que lo tienen; y facilitando la capacitación que haga posible una oportunidad de mejora profesional.
Porque solo así podremos seguir implementando la agenda del talento en la que creemos; solo así podremos seguir compitiendo en lo mejor que tenemos, el capital humano. Eso es a lo que aspira este presupuesto a través del diseño de políticas de
activación más eficaces y eficientes, recogidas en la Estrategia Española de Activación para el Empleo y acordadas en el marco del diálogo social y con las comunidades autónomas. Unas políticas de activación que faciliten el acceso al empleo y
hagan más cortos los tiempos de transición; que apuestan por una orientación personalizada y segmentada; por poner las nuevas tecnologías al servicio de la Administración, modernizando así los servicios públicos de empleo.


En definitiva, un presupuesto que se centra una vez más en la mejora de las competencias profesionales de nuestros trabajadores, en el impulso y una mejor implantación de la formación profesional dual, y en el desarrollo de proyectos propios
de la época que vivimos, como una nueva aplicación digital que conciencie sobre la importancia de la capacitación permanente y guíe a los trabajadores a través de la misma. Un presupuesto que apuesta con fuerza por la iniciativa emprendedora,
porque los jóvenes tengan el presente laboral que merecen y que necesitamos; que no se olvida de sus oportunidades ni de las de los desempleados más vulnerables, cuya protección recoge especialmente; que no se olvida de las familias, que no se
olvida de los que viven en peor situación, que no se olvida de las personas que viven en zonas rurales deprimidas. Un presupuesto que quiere seguir apostando por la suma, por la integración y por el futuro de las mujeres y hombres, de jóvenes y
mayores; para la estabilidad y la confianza; para la creación de empleo que es el pilar fundamental de la política social; para la modernización y el desarrollo de nuestro país, para todas las personas que viven en él; y para facilitar la
estabilidad que tan buenos frutos ha venido dando durante los últimos años en los que entre todos hemos impulsado la recuperación en España, aunque sabemos que queda mucho por hacer. Por todo ello, les solicito que respalden los presupuestos que
les presentamos, sin perjuicio de que puedan ser mejorados en su trámite parlamentario. Quedo a su disposición para responder las preguntas que consideren oportuno realizar.


Muchas gracias a todos.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Riesgo.


A continuación, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios, con el mismo criterio que hemos seguido en la comparecencia anterior. En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora
Raya, por un tiempo de siete minutos. Le rogaría que se ciñera al tiempo.


La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Agradezco su comparecencia al secretario de Estado. Después de escuchar su intervención, queda claro que estos Presupuestos Generales del Estado están sustentados en una manifiesta estrategia electoral que se resume en unos escasos señuelos
electorales que, en materia de empleo, son más de lo mismo, adobado con la ausencia de la necesaria redistribución de la riqueza que requiere España, para no seguir ahondando en la más que manifiesta fractura social existente. Esta etapa de los
Gobiernos del Partido Popular se resume en precariedad, desprotección y baja cobertura de las personas desempleadas, fundamentalmente de los parados de larga duración y los jóvenes, lo cual se traduce en un aumento de la desigualdad. Todo lo demás
es pura propaganda de quienes viven alejados de la realidad laboral de nuestro país.


Señor secretario de Estado, en nuestro país siguen existiendo casi 3,8 millones de parados, y contamos con más de 1,2 millones de hogares con todos sus miembros en paro, triplicando los niveles previos a la crisis. Tenemos 1,2 millones de
personas que no tienen ningún ingreso, el doble que antes de la crisis. Así que, cuando su Gobierno viene aquí a hablarnos de las buenas cifras de empleo, demuestran que se siguen moviendo en un infundado y grotesco desfile de la victoria laboral,
ya que en un momento, en el que según parece se está saliendo de la crisis y asistimos a un crecimiento económico, ustedes no han sido capaces de revertir la desigualdad generada en la distribución de la riqueza, sino que, por contra, han logrado
que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres, con una tasa de paro del 16,55 % y una tasa de pobreza del 50 %; es decir, con la mitad de los desempleados de nuestro país viviendo en riesgo de pobreza. Sé que me va a decir que hay
algunos países del entorno que tienen mayores cifras de pobreza, pero también tienen unas cifras de paro infinitamente más bajas.


El Gobierno nos presenta un proyecto de presupuestos para 2018 que disminuye, una vez más, la partida destinada a prestaciones por desempleo, dejándola -no asciende, como usted dice- en 17 702 millones de euros, es decir, un 3,4 % menos que
en 2017 y un 40 % menos respecto a 2011 y, como consecuencia de esto, una tasa de cobertura cada vez menor. Pero es que, además, se ven reducidas también las partidas destinadas a prestaciones asistenciales y a pensiones no contributivas, que bajan
cerca de un 10 %, lo que pone de manifiesto que este proyecto carece de medidas efectivas para los males sociales creados por sus políticas de recortes sociales, e inciden en la desesperanza de una ciudadanía sumida en el reto de la supervivencia
diaria. Porque, señor Riesgo, los altos niveles de desempleo que aún sufre la sociedad española, la proporción extraordinaria de parados de larga duración, 1,9 millones, requiere, evidentemente, de un esfuerzo público mayor que el planteado por el
Gobierno en sus Presupuestos Generales del Estado para 2018. El recorte acusado del gasto que se produce en las prestaciones asistenciales supone que, cada vez más, los trabajadores que agotan la prestación y terminan recibiendo la ayuda
asistencial, que son 430 euros -esto no es riesgo de pobreza, es pobreza severa-, se verán abocados a una situación de extrema vulnerabilidad. Ya sé que me dirá que la disminución en políticas de inserción y en prestaciones para los desempleados
están planteadas en un escenario macroeconómico que contempla una reducción de la tasa de paro de hasta el 15,5 %, pero lo cierto es que su Gobierno sigue apostando por un modelo basado en incrementar la competitividad por la vía de la devaluación
salarial, la baja productividad por ocupado y el empleo precario. Porque a ver cómo me explica que en la actualidad en nuestro país las empresas estén ganando 36 000 millones de euros más que antes de la crisis, y, sin embargo, los salarios reales
hayan disminuido un 7 %, y los más bajos un 22 %. Ustedes han consolidado un modelo económico precario para nuestro país en el que aumentan las desigualdades y agravan el empobrecimiento. Ustedes han sembrado la desigualdad, y lo que han creado,
señorías, es el Estado del 'pobrestar'.


También reducen las partidas destinadas a programas de fomento del empleo en más de un 38 %, a pesar de la importancia que estos tienen para la inserción y estabilidad laboral, ya que su objetivo es incrementar el empleo promoviendo la
integración de los desempleados en el mercado laboral y la permanencia en el mismo de los trabajadores, especialmente de los más vulnerables. Esto se hace a través de dos grandes áreas; por un lado, inserción laboral, mediante programas de
orientación; y por

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otro, la búsqueda de empleo y formación profesional. Quiero hacerle una pregunta, ¿tienen intención de hacer las convocatorias con los fondos destinados a formación? Sabe usted que las cuotas de formación son finalistas, ¿A dónde ha ido a
parar este dinero? La iniciativa pública en el crecimiento de empleo y en la ayuda al trabajador para encontrar un empleo digno sigue desincentivándose. Ustedes continúan apostando por esa creencia de que el trabajo es un coste para el empresario.
Y mire, nos preocupa mucho lo que usted hoy ha llamado bono de formación, porque para nosotros está claro que es un complemento salarial que se pagará con 500 millones que, además, proceden de ayudas europeas destinadas a la empleabilidad de los
jóvenes, y que ustedes han destinado a subvencionar con dinero público a empresarios que quieran contratar a jóvenes menores de treinta años, pero dispuestos a pagarles mucho menos. Esto solo ahonda en más desigualdad y más precariedad para los
jóvenes.


En lo que se refiere al Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, lo que para usted es una satisfacción, para nosotros es una preocupación porque ha bajado un 26 % respecto a 2017 y un 50 % respecto a 2011. Esto pone de manifiesto, una vez más,
el desprecio de este Gobierno por aquellos instrumentos de protección de los trabajadores. Le pregunto, con las reiteradas denuncias que ha habido por los retrasos en el Fogasa y por los incumplimientos en los plazos establecidos por la ley, ¿cómo
justifican esta bajada tan importante?


Por último, señorías, ustedes son los autores de una reforma laboral que vulnera los derechos de los trabajadores; que intentan vender como exitosa con una ridícula manipulación de la estadística y pretenden humanizar con fotografías como
las de Rajoy con las camareras de piso en el Palacio de la Moncloa. Les pregunto, ¿consideran que estos Presupuestos Generales del Estado son expansivos o son explosivos para los derechos laborales y sociales de los españoles? Señor secretario de
Estado, estos presupuestos vienen a ahondar en un proyecto político en el que, desde luego, el Partido Socialista no cree.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Raya.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Buenos días y bienvenido, señor secretario de Estado. Buenos días para quien los tenga, porque no quería empezar esta intervención sin antes condenar enérgicamente las detenciones que se han producido esta mañana en Santa Cruz de Tenerife
contra activistas en el marco de supuestos delitos de odio contra la Corona. Condenamos enérgicamente la deriva autoritaria que está viviendo nuestro país, que nos sitúa mucho más cerca de Marruecos y de Turquía que de cualquier democracia que se
precie, y mostramos desde aquí nuestro máximo apoyo y solidaridad al compañero que en este momento aún sigue detenido.


Una vez dicho esto que quería que constara, vamos al tema. Nosotros negamos la mayor, es obvio que hacemos una impugnación general del planteamiento de esta partida presupuestaria en lo que tiene que ver con el empleo. Hemos oído por
activa y por pasiva que estamos ante los presupuestos más sociales de la historia y la realidad, con datos en la mano, es que el gasto social vinculado a las políticas de empleo es hoy, en términos nominales, en torno a un 20 % menor que en el año
2009, y ustedes repiten continuamente que son los presupuestos más sociales de la historia.


Me voy a centrar en tres programas. Por un lado, tenemos la partida presupuestaria para fomento de la inserción y la estabilidad laboral. Hoy la tasa de paro es dos puntos más baja que en el año 2009, pero el gasto en políticas de
activación para el empleo se ha reducido en casi un 25 %, y esto sin computar el incremento del IPC. Además, la población activa en España está más de un punto por debajo que en 2009, hoy tenemos 600 000 habitantes menos en disposición de trabajar
que los que teníamos en el año 2009. Estos son datos de su propio Gobierno, no me los estoy inventando. Y lo peor de todo esto es que muchos de los que se han ido durante este tiempo eran jóvenes cualificados y cualificadas, que se han marchado a
otros países con toda su riqueza cultural, con toda su sabiduría y sus conocimientos, porque aquí no tenían ni futuro ni expectativas. ¿Cómo explican desde su secretaría de Estado y desde su ministerio este desfase entre la bajada de la tasa de
paro de un 2 % y la bajada de un 25 % en el gasto de políticas de empleo? ¿Cómo explican este desfase?


En segundo término, la protección por desempleo ha bajado un 11 % con respecto a 2009, un 46 % con respecto a 2012, que es sabido por todos que fue el año de pico del desempleo, y un 5 % con respecto al año 2017. Es evidente -seguro que
vamos a coincidir, y esto no lo puede negar-, que la reducción de

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estas partidas se debe en gran medida al descenso del desempleo en los años 2016 y 2017. Sin embargo, en España hoy hay 3 700 000 personas paradas, de las que 1 600 000 son parados de larga duración, o sea, que llevan más de doce meses en
paro. Según la EPA del último trimestre de 2017, en nuestro país al término del pasado año sobrevivieron -voy a usar el término, sobrevivir- 1 200 000 hogares en los que ninguno de sus miembros percibía ningún ingreso regular. La tasa de cobertura
de nuestro sistema de protección por desempleo ha descendido del 70,6 % al 58 % al término de 2017. Casi una de cada dos personas en paro no percibe ninguna ayuda ni prestación por desempleo, ni en sus niveles contributivos ni asistenciales. Es
evidente que la reducción presupuestaria en protección por desempleo no se explica solo por el descenso del paro, sino que tiene que ver también -creo que es evidente- con los recortes en los programas de protección por desempleo, en sus niveles
tanto contributivos como asistenciales, que fueron operados por su Gobierno desde 2012 y dejan sin ningún ingreso a buena parte de las personas que están en paro. Esto es empírico. Por tanto, creo que es un deber ético, moral y diría que hasta
casi humanitario exigirle a usted, a la señora ministra y a su Gobierno que nuestro país recupere de una vez por todas el nivel de protección por desempleo que tenía antes de 2012. En esencia, esto consiste en recuperar el subsidio por desempleo
para mayores de cincuenta y dos años y los niveles de protección de la prestación contributiva anteriores a 2012. Según ustedes, la economía crece y el empleo también. Entonces, si asumimos esa máxima, no hay razón que justifique el mantenimiento
de estos recortes, ni siquiera dentro de su propia lógica política ideológica ni tampoco económica, evidentemente.


En tercer lugar, en lo que tiene que ver con la ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil que suscriben un contrato para formación y aprendizaje, ya hemos debatido con la ministra y con usted en
múltiples ocasiones que a nosotros no nos gusta el modelo regulatorio que traen en la disposición adicional 109 para el complemento salarial vinculado a la garantía juvenil. Nos surgen varias dudas y preguntas. La primera, ¿van a gastar este año
la partida de los 500 millones de euros presupuestada o va a pasar como el año pasado, que también la llevaban en los presupuestos y al final nada de nada? ¿Por qué incluyen la partida en el programa de protección por desempleo, si solo cobrarán la
ayuda los jóvenes y las jóvenes que trabajen? ¿Por qué solo se dará complemento salarial a los y las jóvenes que trabajen bajo la modalidad de contrato para la formación y aprendizaje, y no a jóvenes que cursen estudios de formación profesional,
para que mejoren sus aptitudes y su empleabilidad, tal y como acordamos -lo pongo sobre la mesa- en esta Cámara en la moción que votamos en el pasado septiembre y que hasta los compañeros y compañeras de su propio grupo apoyaron? El artículo 3.2 de
esta disposición adicional de la que estamos hablando establece que para poder beneficiarse de la ayuda será necesario que la empresa firme la solicitud. ¿No considera usted que es fácil prever que esto sea una puerta al fraude, que una gran parte
de estas ayudas acabarán derivando indirectamente en empresas y en centros formativos? Es evidente que se trata de un complemento salarial. Creo que es difícil de esconder, aunque ustedes han evitado dar esa denominación, debido a los problemas
-esto también lo hemos hablado- que tuvieron con la Comisaría de Empleo de la Unión Europea para financiar este programa a cargo de la Iniciativa Europea de Garantía Juvenil. ¿No cree que pueda haber algún problema con la Comisión Europea para
financiar esta ayuda con cargo a la misma por tratarse, de facto, de un complemento salarial?


En definitiva -una foto rápida-, tenemos en nuestro país casi cuatro millones de personas en desempleo, y más de un millón de las personas que se encuentran en desempleo no tienen ningún ingreso. No sé si los que estamos aquí sentados somos
capaces de imaginarnos vivir mes tras mes sin percibir ningún tipo de ingreso. ¿Cree usted, sinceramente -se lo pregunto con la mejor de las intenciones-, que estos Presupuestos Generales del Estado van a ayudar a mejorar la vida de esos millones
de compatriotas que se encuentran en esta situación?


Muchas gracias y espero que tenga a bien responderme.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano por siete minutos también.


El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Riesgo, muchísimas gracias por su comparecencia, por volver a esta Comisión a explicarnos los presupuestos y las líneas maestras de su competencia.


Quiero hacerle llegar a los ciudadanos un mensaje más optimista que el de mis compañeros del Grupo Socialista y Podemos que han intervenido anteriormente. Lo digo porque, aun siendo unos datos de empleo bastante mejorables, estando muy por
encima de la media de la Unión Europea y bajando el

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desempleo, vamos mejorando, y los datos están ahí. Además, tenemos que decir que son los presupuestos más sociales de la democracia, y los datos vuelven a estar ahí. Vuelven a estar ahí porque hemos conseguido parar los recortes en este
país. Por ejemplo, en materia de sanidad han subido un 3,4 %, en educación un 3 %, en cultura un 4,4 %, y el gasto total en materia social representa el 56 % del presupuesto general del Estado. Y, sin duda, lo que no debemos hacer desde esta
institución es alarmar a la sociedad.


No siendo estos nuestros presupuestos, señor Riesgo -son los del Gobierno-, sí hemos colaborado en su confección, y ahí están nuestras 150 medidas del acuerdo al que llegamos, que vuelven a estar plasmadas aquí. Gracias a ello hemos
conseguido que por primera vez en 2017 se cumpla el déficit presupuestario. Gracias a ello -lo ha reconocido el subsecretario de Empleo y Seguridad Social anteriormente-, hemos tenido un margen de 4000 millones para poder continuar trabajando y
seguir reduciendo la deuda e invirtiendo en más gasto social. Hemos conseguido paralizar los recortes, siendo estos los presupuestos más sociales de los últimos cuarenta años, y, además, cuadrando las cuentas. Hemos logrado más de 8000 millones
para recuperar la clase media y trabajadora, esa clase media y trabajadora que tan mal lo ha pasado y lo está pasando en esta época de crisis, con una destrucción de empleo brutal en este país. Sin duda, lo que tenemos que hacer es continuar
trabajando para que se levanten y puedan rehacer sus vidas, y para avanzar en la modernidad de nuestro país. Y así está contemplado en los presupuestos, sobre todo, persiguiendo tres objetivos, como también ha señalado el señor Riesgo, un cambio
del modelo productivo basado en mayor estabilidad del empleo, en la educación y el conocimiento. Sin duda, difícilmente sin educación y conocimiento vamos a poder entablar las nuevas formas de trabajo y los nuevos retos que tenemos sobre de la
mesa. Y como decía, debemos devolver ese esfuerzo que la clase media y trabajadora ha aportado a este país, entre otras cosas, reduciéndoles los impuestos que se les aplica, y esto es algo que Ciudadanos puso sobre la mesa hace ya tiempo. El señor
Montoro decía que no, pero nosotros lo pusimos encima de la mesa como condición para apoyar los presupuestos. Y eso implicaba también ayudar a que los pensionistas de este país continúen manteniendo su poder adquisitivo. Y creo que los partidos
que van a votar en contra de estos presupuestos -entre otros, el Partido Socialista- deberán explicar por qué van a votar en contra de que tengan, de media, entre 30 y 60 euros más al mes en su bolsillo; no dos o tres euros, que es lo que se estaba
discutiendo en un principio con el Gobierno.


También ha mencionado usted el complemento salarial, con 430 euros al mes para los jóvenes, que están en un nivel de desempleo muy preocupante en este país, muy por encima de la media de la Unión Europea. Y lo mismo pasa con las condiciones
de los pensionistas, como les decía antes. Por recordárselo al Partido Socialista, en estos presupuestos está contemplada una subida del 3 % para las pensiones mínimas y las no contributivas. No sé si están de acuerdo en eso o no; está muy por
encima del IPC, que es el término en el que ustedes quieren contemplar la revalorización de las pensiones. Subirán el 2 % las pensiones de viudedad para mayores de sesenta y cinco años y sin otros ingresos. Habrá una subida del 1,5 % en las
pensiones contributivas para menos de 700 euros y una subida del 1 % para las pensiones entre 700 y 800 euros. No sé si están de acuerdo en ello. También quiero recordar al Partido Socialista -porque lo critica en muchas ocasiones, y justamente en
estos últimos dos días también me lo han reprochado, no sé por qué- que la reforma de 2011 la hicieron ustedes, que pasaron la edad de jubilación de sesenta y cinco a sesenta y siete años, y fueron ustedes los que ampliaron el periodo computable
para la pensión de los quince a los veinticinco años -diez años más- y los que para obtener el cien por cien de la pensión hicieron que se pasase de los treinta y cinco a los treinta y siete años, y, entre otras cosas, congelando las pensiones de
este país; todo ello ayudó a que hubiese una rebaja entre el 20 y el 28 % en las pensiones de nuestros ciudadanos. Tendrán que explicar ustedes qué es esto. Y, además, con tanto énfasis, porque, no estando de acuerdo con el factor de
sostenibilidad, fueron ustedes quienes lo aplicaron, y lo hicieron dando una patada hacia delante, hasta 2027, porque fue el Partido Popular el que lo trajo al año 2019, momento en que empezará aplicarse, aparte de utilizar el índice de
revalorización no afecto al IPC. Señorías del Grupo Socialista, pensemos si queremos ayudar a los pensionistas y a la clase media trabajadora, en vez de decir no es no a todo lo que sea bueno para este país, y contribuyamos a crecer y a construir.


Actualmente el paro ha descendido al 16,55 %, la tasa de temporalidad está en el 26 % y más del 50 % de los parados lo son de larga duración. Estas cifras son del todo inaceptables, debemos continuar trabajando para mejorar. Por eso, el
gasto en fomento del empleo sube un 4 %. Gracias al descenso del desempleo, el gasto en desempleo desciende en un 3,4 %. Y si hay algo que nos preocupa, señor Riesgo, es el desempleo juvenil y el paro de larga duración. Se pueden hacer muchas más
cosas, pero se da un

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paso adelante, como, por ejemplo, con los 258 millones para orientación profesional personalizada, para promover políticas modernas como en el resto de Europa, fruto de una PNL que presentó Ciudadanos, para mejorar el perfilado estadístico y
continuar orientando de una manera más efectiva al desempleado de cara a su ocupación. Y mantenemos 1200 millones en el cheque de formación para desempleados, lo que va a dar mayor transparencia a la formación y elección por parte de los
desempleados.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Cano, por favor.


El señor CANO FUSTER: Tras cuarenta años del modelo laboral fracasado y obsoleto que tenemos, que no da estabilidad a este país, Ciudadanos ha traído una ley al Congreso para la lucha contra la precariedad y ayudar a que todos los
ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y seguridad, que las cotizaciones se incrementen al subir los sueldos de los trabajadores.


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.


El señor CANO FUSTER: Medio segundo, señor presidente.


Quiero citar dos medidas muy importantes para la conciliación familiar y laboral: el cheque para las escuelas de cero a tres años y los permisos de paternidad, que conseguimos subirlo a cinco semanas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano por siete minutos.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Después de que el señor Cano haya hecho el elogio no de la sección que debatimos sino de todo el presupuesto, estaríamos tentados de entrar en debate con él, pero no toca.


En cualquier caso, quisiera hacer dos consideraciones de orden general al secretario de Estado. Siempre lamento el tono triunfalista con el que ustedes comparecen en esta Comisión, porque ciertamente las tendencias hoy son mejores que las
que teníamos hace unos años, pero ciertamente también si comparamos la realidad española con nuestro entorno europeo está muy lejos de poder ser satisfactoria. Y precisamente a menudo la credibilidad de los Gobiernos tiene mucho que ver con la
capacidad de empatizar con los ciudadanos, pero con las tasas de desempleo generales que hay en España, con las tasas de cobertura que tiene nuestro sistema de protección al desempleo y con la evolución de algunos de los indicadores económicos, un
punto de modestia siempre es de agradecer. Algunos de los defectos de fondo de la política de empleo de España continúan siendo manifiestos: continuamos con esas tasas de temporalidad por encima de las medias europeas, continuamos con las
políticas activas de empleo que ponen más el acento en las políticas de subvenciones que en la inserción laboral, nuestros servicios públicos de empleo continúan siendo claramente infradotados e infrafinanciados, especialmente en personal, la
colaboración público-privada termina sin funcionar, etcétera. Por tanto, ese punto de modestia se hace casi imprescindible.


Sí que aparece una cuestión nueva en este presupuesto, que es la que usted denomina bono de garantía juvenil y que el portavoz de Ciudadanos define como complemento salarial. Es cierto que entre las pretensiones iniciales de Ciudadanos y lo
que finalmente figura en este presupuesto hay diferencias conceptuales importantes, porque, si entiendo bien, de lo que se trata no es de subvencionar la creación de empleo, sino de subvencionar los contratos de formación profesional dual, contratos
de formación y aprendizaje. Por tanto, es una subvención al joven que es contratado bajo ese tipo de modalidad contractual. Sería bueno que se nos aclarase, y también cómo se va a gestionar esta subvención. ¿Va a ser una subvención gestionada
desde el servicio estatal? ¿Va a ser una subvención gestionada desde el ámbito autonómico? ¿La recibe el trabajador? ¿La recibe la empresa? Y lo que seguro que no sabemos es si ha existido alguna evaluación previa que permita testar si este es
un buen instrumento para facilitar la celebración de contratos de formación para jóvenes. Supongo que es fruto de la presión de Ciudadanos. La idea inicial de Ciudadanos, que era una subvención generalizada para todos los jóvenes, se ha
descartado. Bienvenido: en España nos sobran subvenciones y nos faltan mecanismos de reincorporación al mercado de trabajo. Pero no sé si ustedes han evaluado ex ante esta medida para saber si va a ser acertada. Seguramente, es el principal
cambio con respecto a la política continuista en esta materia que mantienen estos presupuestos.

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Hay una cuestión que he planteado al subsecretario y que su intervención me ha reafirmado. Usted ha hablado de ingresos en cotizaciones por desempleo de 20 000 millones de euros y de gastos en protección al desempleo por 17 000 millones de
euros. Por lo tanto, hay un superávit en cotizaciones al desempleo. ¿Cuál es el destino de este superávit en cotizaciones al desempleo? En este sentido, las previsiones del artículo 24 de la Ley de Empleo, que preveían la creación de un fondo de
políticas activas, ¿en qué momento se encuentran? ¿Ha habido desarrollo reglamentario de aquella previsión? ¿Ese fondo que se contempla en el artículo 24 de la Ley de Empleo nunca se va a desarrollar? ¿Cuál es la posición del Gobierno? He de
decirle que la creación de ese fondo fue una buena idea en la Ley de Empleo, promovida por usted mismo, y me gustaría conocer cuál es la previsión.


Preocupación por la cuestión de la unificación de los distintos programas asistenciales en materia de ayuda a las personas desempleadas: RAI, Prepara, PAE. Preocupación por el bloqueo en la conferencia sectorial: ustedes no tienen el
consenso de la mayoría de las comunidades autónomas y tienen el rechazo también de las asociaciones sindicales. Y, en paralelo, ustedes y Ciudadanos están bloqueando la tramitación de la iniciativa legislativa popular que los sindicatos promovieron
en materia de protección al desempleo de muy larga duración. Preocupación también por cómo el presupuesto encaja en esa previsión. El subsecretario ha dicho que usted nos contaría más cosas. Pues le invito a que lo haga.


Me ha parecido ver en el presupuesto que el programa de reinserción laboral de los beneficiarios de la prestación por cese de actividad no ha tenido ningún éxito, al menos por las cifras que veo. El paro de los autónomos iba acompañado de
una política activa que me parece que durante 2017 no se ha desplegado. Quisiera que lo confirmara. ¿A qué atribuye el fracaso de la reinserción laboral de los pocos autónomos que se pueden beneficiar de la prestación por cese de actividad?


Y una última consideración. Existe en Cataluña preocupación en amplios sectores del mundo de la discapacidad por algunas propuestas de reformulación del modelo de centro especial de empleo. Me gustaría conocer, ya que ha hablado de ello
cuando hacía referencia a algunas de sus direcciones generales, si contemplan algún tipo de impulso normativo, de reordenación normativa en materia de la actual regulación de los centros especiales de empleo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


No están presentes los portavoces del Grupo Vasco y Esquerra Republicana, así que tiene la palabra la señora España, del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo de siete minutos también.


La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nosotros tenemos claro que estos son los presupuestos del empleo. Esto no es estrategia electoral, como ha dicho el Partido Socialista, ni algo triunfalista, como ha dicho el PDeCat. Es que llevamos cuatro años consecutivos
creando más de 500 000 empleos al año, 600 000 nuevos empleos el año anterior, y se ha recuperado el 70 % del empleo destruido durante la crisis. Es verdad que hay que intentar que los más de tres millones de personas que todavía no han encontrado
empleo puedan hacerlo cuanto antes. Para eso están, precisamente, estos presupuestos. Por lo tanto, modestia toda, señor Campuzano.


En cuanto a las políticas activas de empleo, hablamos de 5793 millones de euros, un 3,2 % más que el año anterior y un aumento del 42 % desde la recuperación, una recuperación que está llegando también al empleo juvenil, donde se está
aumentando el doble que en la media. Tenemos una tasa de paro juvenil que se ha reducido en más de 20 puntos, y hay que recordar que se incrementó en casi 30 con los Gobiernos socialistas. Y como sabemos precisamente que los que presentan un bajo
nivel de formación son los que tienen especiales dificultades, por eso figura en estos presupuestos el bono de formación de la garantía juvenil por 430 euros al mes, que son 500 millones de euros. Por lo que ha dicho, parece que el Partido
Socialista no lo apoya. No entiendo cómo en un documento de presupuestos alternativos propone algo parecido, donde no ya 430 euros al mes, es que todo el coste salarial se bonifica al empresario. Esa es la propuesta del Partido Socialista. Y en
el presupuesto se hace referencia también a ese bono de 250 euros al mes para aquellos empresarios que conviertan en indefinidos los contratos de formación y aprendizaje. Este también es el presupuesto de los autónomos. Quiero recordar que en el
año 2013 ATA calificó la primera legislatura de Rajoy, entre los años 2011 y 2015, como la legislatura de los autónomos, por todas las medidas que se aprobaron en su momento. Y en estos presupuestos hay un aumento de 100 millones de euros, un 70 %
más, hasta los 250 millones de euros, para políticas de empleo en favor de los autónomos.

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En cuanto a la protección por desempleo, 17 410 millones de euros, es verdad que la partida se reduce, pero con menor intensidad que el desempleo. Este baja un 7,48 % y esta partida se reduce en el 3,42 %, al tiempo que se aumenta la
cobertura hasta el 58 %. Quince meses consecutivos de incremento interanual. A lo mejor ustedes prefieren que la partida tenga 30 000 millones de euros, como tenía al principio, cuando ustedes mandaron al paro a 3 800 000 personas. ¿Eso es lo que
prefieren ustedes, tener 6 millones de parados y que la partida de la prestación por desempleo sea de 30 000 millones de euros?


Se ha hablado de la pobreza, pero hay que ser objetivos: el índice Gini está bajando, la carencia material severa en los dos últimos años es un 20 % menor, los hogares con todos sus miembros en paro se han reducido en 800 000 desde la
recuperación. ¿Cómo puede el Partido Socialista hablar de paro y de pobreza? Señorías, 2,4 millones de empleos creados en los últimos años demuestran que los presupuestos que presenta el Partido Popular son para crear empleo. Claro que todo es
mejorable, señor Cano, pero hemos pasado de generar la mitad del paro en Europa a liderar la creación de empleo. Lideramos la creación de empleo juvenil, la creación de empleo autónomo, la creación de empleo femenino, la creación de empleo a tiempo
completo en Europa. Es decir, algo estará haciendo bien este Gobierno cincuenta meses liderando la reducción de paro en Europa. Y por supuesto que hay que seguir apostando por una mayor calidad, así se refleja en estos presupuestos. Señorías, los
datos lo verifican: cincuenta meses de aumento en la contratación indefinida, tres de cada cuatro personas con un contrato indefinido, siete puntos más que antes de la crisis. Y un dato más, porque siempre se habla de que nueve de cada diez
contratos son temporales. Señorías, no se fijen en los contratos, que se repiten. En cuanto al empleo creado en el año 2017, hubo 357 900 nuevos empleos indefinidos y 179 000 empleos temporales. Esa es la realidad, dos empleos indefinidos creados
por cada empleo temporal.


El PSOE nos habla de desigualdad, paro, pobreza. Lo lamento, señorías, pero es que el ADN del PSOE y de la izquierda es paro, desigualdad, pobreza y desempleo. Ya está bien de tanta demagogia señorías. Ustedes hablan de empleo precario.
No les voy a recordar la reforma laboral del año 1984, cuando ustedes rompen el principio de causalidad, pero sí les voy a decir que los contratos de asalariados de menos de un mes no llegan ni al 1 %, que ya hay un millón y medio de mayores de
cuarenta y cinco años más trabajando que a finales del año 2011, que se ha recuperado todo el empleo femenino destruido por la crisis, que hay más mujeres trabajando que nunca -ocho millones y medio, cinco millones y medio con contrato indefinido-
y, de los que abandonaron el paro en el año 2017, nueve de cada diez eran parados de larga duración. Señorías, hay datos para demostrar que estos presupuestos crean empleo. Y precisamente el empleo es lo que va a permitir que se puedan pagar más y
mejores pensiones. Hay un aumento de un 3 % en las pensiones mínimas y en las no contributivas, unas pensiones de viudedad que van a subir cerca de un 4 %, dos puntos de la base reguladora. Estamos hablando de 30 euros más al mes para las
pensiones de viudedad y de una reducción del IRPF que va a suponer entre 50 y 60 euros más al mes para los pensionistas. Es decir, casi siete millones de pensionistas se van a ver beneficiados por las medidas de estos presupuestos. Son tan buenos
estos presupuestos, señorías, que algunos los pintan de naranja, pero no me importa, porque cuanta más gente se suba al carro de estos presupuestos, mejor; porque frente a la izquierda que congeló las pensiones, estos presupuestos suben casi tres
veces el IPC a las pensiones mínimas y a las de viudedad, y bajan los impuestos a los pensionistas y a las clases medias trabajadoras.


Hablan ustedes del sueldo. Claro que tienen que subir los salarios, pero les recuerdo que los tiene que subir la negociación colectiva, patronal y sindicatos. En lo que depende de este Gobierno, se ha subido el salario mínimo un 8 % el año
pasado, un 4 % este año, y lo vamos a subir un 5 y un 10 %. Y se va a subir el salario a los funcionarios más de un 8 % en los tres años siguientes. Y no nos olvidemos de la equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que
también es bueno para el empleo.


Señorías, decía el Partido Socialista que no cree en estos presupuestos. Ustedes no creen en el empleo, por eso no creen en estos presupuestos. Nunca han sabido crear empleo. El empleo no es lo suyo, no es lo de la izquierda, lo de la
izquierda es siempre, como se ha demostrado, el paro, la desigualdad y la pobreza. Si ustedes apoyan estos presupuestos -ya termino, señor presidente- harán posible que casi 500 000 personas en este país encuentren un puesto de trabajo; harán
posible que 500 000 autónomos tengan una rebaja en el IRPF y dos millones de trabajadores también; harán posible que casi 7 millones de pensionistas tengan entre 20 y 60 euros más al mes; harán posible que la Policía Nacional y la Guardia Civil
vean incrementado su salario, al igual que los funcionarios; harán posible que baje el IVA del cine; y harán posible que los jóvenes puedan tener una ayuda de 430 euros al mes.

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Por tanto, señorías, si no aprueban estos presupuestos tendrán que dar demasiadas explicaciones. Yo les pido una reflexión y que arrimen el hombro, porque todavía están a tiempo.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España. A continuación, tiene la palabra el secretario de Estado para responder a las intervenciones anteriores. Le advierto que tenemos a la secretaria de Inmigración esperando.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (Riesgo Figuerola-Ferreti): Muchas gracias, presidente. Trataré de ser lo más breve posible y de responder lo más adecuadamente a las preguntas que me han sido formuladas.


En primer lugar, quiero agradecer el tono de los comparecientes y constatar que creo que es obvio -no está demás hacerlo- que coincidimos en los objetivos, y en gran parte también en los instrumentos. Trataré de convencer a los que no
coinciden conmigo de que los instrumentos de este presupuesto son los que nos encaminan a alcanzar esos objetivos.


En primera instancia, si les parece, contestaré a dos elementos concretos que han sido recurrentes en las intervenciones de sus señorías, para luego entrar más en detalle en la contestación a cada uno de ellos. El primer elemento
recurrente, a la vista de que es incontestable la mejoría de la evolución del empleo en nuestro país, es que se aborda con intensidad el debate de la calidad en el empleo; debate que en ningún caso queremos rehuir desde el ministerio, primero,
porque consideramos que es un asunto muy relevante y, segundo, porque creemos que hemos hecho mucho, que está dando resultados y que aunque todo ello es así, debemos avanzar para seguir consolidando esta situación.


Se ha abordado por los diferentes portavoces de esta Comisión la situación de precariedad en el mercado de trabajo. Lo primero que quiero constatar es que lo que necesitamos en nuestro país es consolidar el ritmo de creación de empleo, el
medio millón de empleos creados durante los últimos cuatro años, y que este quinto año, según las previsiones, consolidemos de nuevo medio millón de empleos más en nuestro país, sin olvidar, efectivamente, que queremos mejorar la calidad del mismo.
Insisto en que cuando más ha crecido la desigualdad y la pobreza en nuestro país ha sido cuando se han llegado a destruir 900 000 empleos, entre 2007 y 2011. De hecho, entre los años 2007 y 2013, el 80 % del incremento de la desigualdad se produjo,
precisamente, en el periodo entre 2007 y 2011. Consolidemos el ritmo de creación de empleo, que es el primer elemento para mejorar los niveles de desigualdad y de riqueza, y luego abordemos la situación del empleo y la calidad del mismo. Eso es lo
que ha hecho este Gobierno: la limitación del encadenamiento de contratos temporales; el establecimiento de la tarifa plana para incentivar la contratación indefinida, en primera instancia con tarifa plana de 100 euros a la cotización y con
posterioridad el mínimo exento de 500 euros a la contratación indefinida; la aprobación del propio contrato indefinido de apoyo a emprendedores, casi 800 000 personas se han beneficiado de ese contrato en nuestro país; y, por supuesto, la intensa
actuación de la Inspección de Trabajo en la lucha contra la temporalidad injustificada. Todo ello ha dado unos magníficos resultados: llevamos cincuenta meses consecutivos de incremento interanual de la contratación indefinida, en el mes de marzo
registramos 193 448 contratos indefinidos en nuestro país -nunca antes se habían registrado más contratos indefinidos un mes de marzo en nuestro país-, y hemos recuperado ya todo el empleo indefinido destruido por la crisis. Sabemos que queda mucho
por hacer. Efectivamente nuestro país mantiene una tasa de temporalidad superior a la de la media de la Unión Europea, como yo mismo mencionaba, y también el señor Campuzano, pero ello no nos debe hacer olvidar que tres de cada cuatro asalariados
en nuestro país tiene un contrato indefinido.


Todo ello va unido a los avances que se han llevado a cabo, como constato con datos ciertos, durante estos últimos años, gracias al esfuerzo de todos los españoles y a las medidas implementadas. Y gracias a la ambición del Gobierno para
seguir trabajando confiamos en que esa consolidación del mercado de trabajo se va a trasladar no solo a la cantidad del desempleo, a crear medio millón de empleos cada año, como en los últimos cuatro años, sino también a seguir mejorando la calidad
del empleo. Y por eso hemos propuesto diferentes medidas en el marco de la Mesa del diálogo social, en la línea de nuestro acuerdo de legislatura con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para simplificar los contratos en nuestro país, unificando la
indemnización por despido del contrato temporal con el despido indefinido al alza, hacia los veinte días por año trabajado, y reforzando la causalidad.


Como digo, lo que hemos hecho está dando resultados, lo está dando en términos de temporalidad, en términos de horas extras y horas trabajadas y lo está dando en términos de evaluación de evolución

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salarial. Desde 2013 todos los años han crecido los salarios. Los salarios no los fija el Gobierno, pero sí lanzamos señales; señales que lanzamos, por ejemplo, con el Partido Socialista, en primera instancia, en los presupuestos de 2017
aprobando un fuerte incremento del salario mínimo interprofesional y acordando para el periodo 2018-2020 una fuerte subida hasta los 850 euros al mes del salario mínimo interprofesional hasta 2020. Quiero destacar un elemento, que es que, aplicados
estos acuerdos, entre 2012 y 2020 el salario mínimo interprofesional se habrá incrementado más de un 32 %, siendo ello compatible, de acuerdo con las previsiones, con la creación de 2 600 000 empleos. Esto es un gran avance que es mérito de la
sociedad española y que tenemos que poner en valor.


Es cierto que es importante subir salarios. Desde el Gobierno hemos lanzado el mensaje por la vía del salario mínimo interprofesional y hemos animado a que en el marco de la negociación colectiva ello se traslade también a los salarios en
general. Pero en materia de salario mínimo interprofesional quiero constatar que hubo avances semejantes en la anterior legislatura, también subió en torno a un 30 %, y, sin embargo, en vez de crear 2 600 000 empleos tan solo se crearon 200 000.
Por tanto, el objetivo no es solo subir salarios, que lo es, sino hacerlo compatible con la ganancia de competitividad, con el crecimiento de la economía y con el mantenimiento de la creación de 500 000 empleos, que es, esencialmente, lo que
permitirá reducir los niveles de desigualdad, aumentar los de riqueza y reducir los de desempleados y desempleadas de larga duración.


El segundo elemento que ha sido global en todas las intervenciones ha sido la dotación en materia de prestaciones por desempleo. Insisto en que lo más útil para los desempleados es crear empleo y conseguir transformar esa situación de
desempleo en la que se encuentran en otra de activación en el empleo. Por ello, la reducción de casi 500 000 personas desempleadas de larga duración en el último año es una buena noticia, y nuestro objetivo es consolidarla. En primera instancia,
queremos mantener ese ritmo de creación de empleo y de reducción del desempleo, y, en segundo lugar, seguir acompañando a los desempleados y protegiéndoles mientras no consigan avanzar hacia esa colocación que necesitan. Y es lo que hemos hecho.
Hemos prorrogado el Programa de Activación para el Empleo, hemos prorrogado el Programa Prepara, hemos mejorado -el año pasado lo hicimos en los presupuestos- el Iprem para mejorar la cuantía, y ello está dando resultados objetivos como es la mejora
de la tasa de cobertura, trece meses consecutivos incrementándose respecto del mismo mes del año anterior, en concreto, en el mes de febrero hubo una tasa de cobertura superior en tres puntos a la registrada en febrero del año anterior. Esto es
fruto de una estabilización del gasto en prestaciones por desempleo.


He dicho en mi intervención inicial que el gasto en prestaciones por desempleo en 2018 es similar al gasto efectivo ejecutado en el año 2017. Luego, por primera vez en muchos años se estabiliza el gasto en prestaciones por desempleo en un
contexto de fuerte reducción del desempleo. Mientras que el gasto se estabiliza con una variación en torno al cero, el desempleo cae en torno al 7 o al 8 %. Eso, irremediable y afortunadamente, da como consecuencia un aumento de la tasa de
cobertura, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Pero, pese a los avances, sabemos que tenemos que ir más allá y no queremos dejar a nadie atrás. Queremos avanzar hacia la protección de esas personas que todavía hoy no tienen ninguna.
Incluso queremos proteger a aquellos a los que les finalizan los programas de activación para el empleo y el Prepara, como a día de hoy está previsto en la regulación y por eso el Gobierno ha propuesto la renta complementaria de desempleo, una renta
de 430 euros, que va a estabilizar, en el marco de la protección del sistema de Seguridad Social, la protección que, a día de hoy, dan programas temporales como el PAE y el Prepara. Como saben, llevamos trabajando -lo he dicho en mi intervención-
ya tres meses con interlocutores sociales y un mes con las comunidades autónomas en el diseño de esta nueva renta complementaria que va a dar una protección durante setenta y dos meses a los desempleados de larga duración. Seguimos trabajando en
ello. Efectivamente, ha habido una conferencia sectorial reciente en la que unas comunidades autónomas, no todas, han trasladado su impresión. Alguna de ellas, por cierto, ha trasladado su propuesta alternativa y confiamos en avanzar hacia un
acuerdo, con la limitación de que tenemos que considerar que estamos en este debate porque el Estado implementó el Programa de Activación para el Empleo y el Programa Prepara para dar una protección temporal por la vía de programas mixtos de
política activa y política pasiva de empleo, y el Tribunal Constitucional consideró que se trataba de una política de fomento del empleo, es decir, que el Estado invadía competencias autonómicas. Por ello se determinó que era inconstitucional y el
Estado no lo podía gestionar, y por esa razón va a terminar el próximo 30 de abril. Bueno, pues la solución que daban algunas comunidades autónomas era pasar de la invasión de la competencia en fomento del empleo a la invasión de la competencia en
política social, proponiendo una renta asistencial, una renta mínima, sin vinculación con el empleo y limitada a que no exige

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búsqueda activa de empleo. Desde luego, la Administración General del Estado no lo puede asumir, primero, porque no seríamos competentes y, segundo, porque para evitar abordar la competencia de fomento del empleo y ser sancionados por ello
por el Tribunal Constitucional, hay que abordar la competencia de protección social.


Como digo, el mayor avance para la protección por desempleo es seguir consolidando el ritmo de creación de empleo, que es en lo que estamos, y mientras tanto seguir implementando nuevas medidas de protección por desempleo, como lo hemos
hecho recientemente con la propuesta de la renta complementaria por desempleo que espero que podamos acordar en los próximos días.


Paso ahora a hacer referencia a los elementos específicos de cada una de las intervenciones de las señoras y señores diputados. Habiendo hecho ya mención a los elementos de la precariedad en el empleo y de la protección, paso a abordar los
otros que han ido mencionando cada uno de ellos. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hablado de manipulación de la estadística. Yo puedo aceptar que se nos diga que, en función de unos datos ciertos, se utiliza una visión especial.
Saben sus señorías que a mí me gusta más analizarlos de una forma dinámica que estática, no mirar solo cómo estamos, sino cómo vamos. Eso es una opción, yo creo que razonable, para evaluar la evolución más reciente, que es muy positiva, y para
trasladar, por tanto, un mensaje positivo a la sociedad y también de agradecimiento porque es de justicia y ha sido bastante complejo. Si otros portavoces prefieren analizar otra visión yo lo respetaré, pero en ningún caso diré que se está
manipulando la estadística. Todos y cada uno de los datos que yo he dado aquí son radicalmente ciertos, y si alguien es capaz de demostrar lo contrario que lo diga, pero no acepto que se diga que se está manipulando la estadística por parte de
nadie. Yo no lo diría de ustedes y, desde luego, no acepto que se diga de mí.


Antes de entrar otra vez en elementos concretos más propios del presupuesto, la portavoz del Grupo Socialista ha hecho una mención específica a las camareras de piso y a la visita que han hecho a la Presidencia del Gobierno. Espero que el
Grupo Parlamentario Socialista no considere que las camareras de piso, como cualquier otro colectivo, no tienen derecho a ser recibidas por el presidente del Gobierno, o que nadie es manipulado o utilizado por ningún Gobierno por el mero hecho de
recibirles y atenderles. Creo que este colectivo, y todos, requiere todo el respeto de los aquí presentes, y en ningún caso me referiré a ninguno en términos peyorativos por el mero hecho de que visiten a cualquiera de sus señorías.


Entrando en los asuntos concretos que me ha planteado, me ha preguntado si de una vez por todas vamos a sacar convocatorias de formación. Es una pregunta muy oportuna, muy pertinente y se la agradezco, pero se la he contestado en mi
intervención inicial. De hecho, le puedo anunciar que en las próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará una convocatoria estatal de subvenciones para la formación en competencias digitales, acordada entre sindicatos, patronal y comunidades
autónomas, con una oferta formativa renovada identificada por las comisiones paritarias sectoriales en el marco de la negociación colectiva. Un trabajo arduo y de gran calidad que se ha realizado durante tres meses. Como le decía, el nuevo modelo
de formación profesional para el empleo está dando ya sus frutos en términos de oferta formativa renovada y pactada con los interlocutores sociales. Confío en que inmediatamente después de haber aprobado esto -en los próximos días lo elevaremos al
Consejo de Ministros-, nos pondremos a trabajar en la siguiente convocatoria de formación de trabajadores, en principio de ámbito general, y así lo propondré a la Mesa del diálogo social. Le tengo que decir que confío en que esa misma diligencia en
la gestión de los fondos de formación se traslade al resto de autoridades que gestionan esos fondos. Tenemos que celebrar que, por fin, después de cuatro años paralizada la formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Junta de Andalucía haya
reanudado las convocatorias de formación para el empleo, con una salvedad, y es que, si bien es cierto que lo ha hecho después de cuatro años paralizado y habiendo devuelto 800 millones de euros al Estado por no haber ejecutado en estos años
cruciales fondos de formación, de los 200 millones que se dieron en el último año, este en el que por fin nos han trasladado que iniciaban la gestión, no han gestionado por lo menos la mitad. Esta región y el resto tienen nuestra colaboración para
ayudarles a mejorar la gestión de los fondos para políticas de empleo, muy en particular las de la formación, porque, como yo mismo he informado, es un elemento crucial para abordar los retos del presente y del futuro del mercado de trabajo. Como
digo, tienen toda nuestra colaboración. Desgraciadamente, todavía no se ha podido ver la distribución de fondos que hicimos hace un par de días. Andalucía fue la única comunidad autónoma que redujo su dotación respecto al año anterior, y fue
esencialmente por eso, porque, pese a que ha iniciado las convocatorias de formación, algo que celebramos, ha dejado de gestionar gran parte de lo que el Estado le ha transferido, y no estamos hablando siquiera de los fondos que ella misma quiere
dedicar.

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En segundo lugar, preguntaba usted por el bono formación, los 430 euros que queremos facilitar a los jóvenes con recursos europeos para compensar el sacrifico que supone trabajar y formarse a la vez, a la vista de que la regulación del
contrato formación y aprendizaje establece que durante el primer año solo tendrá una retribución del 75 % del salario mínimo aplicable y el segundo del 85 %. A día de hoy, la regulación de ese contrato, no en virtud de esta modificación, sino de
que ya es así, y creo que con razón, establece que los jóvenes que utilicen este contrato tendrán una retribución menor que el resto de personas que haga esa ocupación por el mero hecho de hacerlo a través del contrato de formación y aprendizaje.
Por eso hemos considerado que era muy pertinente, utilizando fondos que tenemos de la Comisión Europea sobre garantía juvenil, y para cubrir ese sobreesfuerzo, destinar 430 euros que permiten al joven incrementar su contraprestación global por ese
trabajo y esa formación hasta un 64 % en la mayoría de los casos, de acuerdo a la media del salario del convenio del sector, y facilitar así que estos jóvenes con una formación reducida, que a la vez de trabajar adquieren formación acreditada,
puedan llegar a percibir una contraprestación global; esto supone en torno a 1200 millones euros. Nos parece, sinceramente, que no hay motivo para oponerse a que los jóvenes españoles que ni estudian ni trabajan opten por estudiar y trabajar si se
les da una ayuda, como pretende darles el Estado si se aprueban estos presupuestos, de 430 euros al mes. No hay motivo para oponerse, sinceramente, no lo hay. Y me pregunto por qué se ofende y se opone precisamente el Grupo Parlamentario
Socialista. Si consideran que es un complemento salarial, explíqueme usted por qué lo aprobaron y lo acordaron con el Grupo Parlamentario Ciudadanos en su acuerdo de legislatura. Si considera que es un complemento salarial lo que estaríamos
haciendo sería cumplir su programa de legislatura. Luego el Grupo Parlamentario Socialista no debería sentir insatisfacción, sino todo lo contrario. Tampoco hay que olvidar, por cierto, que se trata de ayudar a los jóvenes que ni estudian ni
trabajan con 430 euros más. Luego, en primera instancia, no tendría sentido que el Grupo Socialista se opusiera, porque él mismo lo aprobó con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y en segunda instancia, tampoco tiene sentido porque deriva de un
acuerdo social firmado con sindicatos y patronal. Aquí está, bono de garantía juvenil, 400 euros al mes gestionado por el SEPE. (Muestra un documento). En los mismos términos que se ha acordado. Dígame ahora, si quiere, en la réplica en qué
términos. Tiene tiempo.


El señor PRESIDENTE: No tiene réplica. Genera usted un problema.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (Riesgo Figuerola-Ferretti): Si lo adivina, que nos lo diga. Yo le digo que lo que se ha pactado es lo que se ha llevado a la norma, primero, en su acuerdo de legislatura; segundo, acuerdo social.
Nos gustaría que el Partido Socialista respaldara de una vez por todas los acuerdos entre sindicatos, patronal y Gobierno en nuestro país. Hombre, yo comprendo que respetar los acuerdos de legislatura es duro, yo comprendo que respetar el diálogo
social se les puede complicar, vaya usted a saber, quién les ha visto y quién les ve. Yo solo le pido que no se oponga usted a que ayudemos parcialmente a los jóvenes con una ayuda por formarse y trabajar a la vez, cuando ustedes, en un documento
que se llama Hagamos un mejor país. Un proyecto para España, de abril de 2018, proponen un programa de primera experiencia profesional que dice: Resulta vital que los jóvenes sepan que la formación debe tener una recompensa en el ámbito laboral.
Por todo ello se propone subvencionar los costes salariales, incluidas las cotizaciones sociales de la contratación de jóvenes, por cierto, en ayuntamientos, en el sector público y durante nueve meses. A ustedes les parece mal que se ayude con
dinero europeo a que los jóvenes que trabajan y se forman a la vez tengan algo de ayuda adicional del Estado, pero les parece genial pagar el salario entero de una contratación temporal de estos mismos jóvenes y sin fondos europeos, porque hasta
donde yo sé esto no lo han negociado con la Comisión. Sinceramente, me encantaría que tuviera usted tiempo para explicarlo porque yo soy incapaz de comprenderlo. Decía usted que esto podría derivar en fraude. Yo le digo que estos son fondos que
recibirá... Perdón, lo decía del portavoz de Podemos. Tiene toda la razón. Ya ve que le escucho. Ahora responderé al portavoz de Podemos.


Del bono formación creo que mis indicaciones son suficientes como para seguir con ese asunto. Sobre el Fondo de Garantía Salarial, mencionaba usted mi satisfacción por la caída de la dotación del mismo. Pues la misma satisfacción, y no me
duelen prendas en decirlo, que por la caída de la dotación de prestaciones por desempleo, porque son previsiones efectivas de gasto, son créditos ampliables que, si hay que usar más, se usarán. No tengo ambición de que ocurra, como pasó gobernando
el Partido Socialista, que haya que hacer una ampliación de crédito de 13 000 o 18 000 millones de euros y gastar 33 000 en prestaciones. No tengo esa ambición. Como tampoco tengo ambición de que tardemos

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tres meses en pagar las prestaciones del Fogasa y seamos incapaces de gestionar los expedientes pendientes. Eso no es lo que está pasando hoy con el Fogasa. El Fogasa ha reducido un 97 % los expedientes pendientes, que en toda España son
4000 los que quedan por pagar por el Fondo de Garantía Salarial, y ha reducido a la mitad del tiempo legal de resolución de expedientes. Estoy satisfecho del trabajo del Fogasa y de que la dotación que exige el Fondo de Garantía Salarial para el
pago de prestaciones, y el sistema en general de prestaciones por desempleo, demande menos fondos, porque eso viene derivado única y exclusivamente de la mejora del mercado de trabajo y de la reducción del desempleo. Creo que con esto doy cumplida
respuesta a la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


En relación con la intervención de la señora Rodríguez, de Podemos -que no está y me ha pedido disculpas por su ausencia, disculpas que sin problema acepto-, en relación con el gasto en políticas activas de empleo, quiero indicar que ha
aumentado un 4 %, superando los 6000 millones de euros si incorporamos estos 500 millones de euros del bono de la garantía juvenil. Alcanzamos casi el nivel de los 2000 euros por desempleado en política activa de empleo, superando el nivel de 2011
y aumentando un 10 % respecto a 2017. Creo que no es el momento para hablar de restricciones en materia de gasto de política social, sin perjuicio de que comparto con el Grupo Parlamentario Podemos la ambición de seguir aumentándolo. Yo mismo he
constatado que la evolución actual de las políticas activas de empleo deriva de unas restricciones de gasto muy importantes, pero ahora que hemos cambiado el modelo, que los fondos se distribuyen en función del cumplimiento de objetivos, y, en
definitiva, que conseguimos un modelo que gestiona más eficaz y eficientemente esos recursos, estamos convencidos de que cada año podremos seguir incrementando estos fondos como lo venimos haciendo durante los últimos cuatro años.


En relación nuevamente con el bono de la garantía juvenil, me preguntaba su compañero que si lo vamos a gastar. Efectivamente, el año pasado sí se incorporó la dotación presupuestaria pero no se incorporó la normativa que lo regulaba. Uno
iba a la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal a pedirla y le decían que no había norma que lo regulara, que no lo podían conceder, sin perjuicio de que hubiera crédito presupuestario. Había crédito, pero no había regulación. ¿Por qué no
había regulación? Porque estábamos trabajando en obtener respaldo en el marco del diálogo social que nos permitiera venir al Parlamento y que todos los grupos lo aceptaran. Ha habido un rechazo claro, injustificado, creo que ha quedado patente,
del Grupo Parlamentario Socialista, que ha perjudicado a los jóvenes retrasando la implementación de esta medida, pero hemos conseguido arbitrar un acuerdo para incorporarlo en los Presupuestos Generales del Estado; y ahora que ya está regulado y
hay dotación presupuestaria para ello, no hay mayor impedimento para que se empiece a ejecutar desde que el presupuesto esté aprobado, que espero que sea pronto.


¿Por qué a través del contrato de formación y aprendizaje? Porque consideramos que es un elemento muy útil para la inserción en el mercado de trabajo, porque es un elemento derivado de la regulación estatal y de competencia estatal, porque
derivado de los trabajos que llevamos casi un año realizando con la Comisión Europea entre ambos hemos considerado que era el instrumento más eficaz en virtud del cual arbitrar este mecanismo de apoyo al empleo y a la formación, y, sinceramente,
porque es así como se decidió en el marco del diálogo social, porque decidimos aprobarlo en el marco del contrato de formación y aprendizaje.


Y ahora sí, respecto a la mención que hacían del fraude, tengo que decir que lo recibirán los propios jóvenes, y en ningún caso esa mayor contraprestación por su trabajo y su formación derivará en una menor retribución por parte del
empresario, porque el joven cobrará lo fijado por el convenio aplicable, o, en ausencia del mismo, por el salario mínimo interprofesional. En todo caso, esta ayuda es a más, a más; luego no ha lugar a que pudiera haber fraude por la vía de
traslación de esta ayuda a la retribución por parte del empresario a un menor coste salarial; además, sinceramente yo confío en los jóvenes, en las personas que no estudian ni trabajan y están inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y
estoy convencido de que no habrá fraude en relación con ello.


En relación con la intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos, agradezco la intervención del señor Cano. Compartimos la visión general de la evolución del mercado de trabajo y el diseño de este presupuesto porque deriva de los acuerdos
de los grupos parlamentarios, del suyo y del que respalda al Gobierno, del que formo parte. Hemos alcanzado un buen presupuesto que, de acuerdo a datos objetivos, si miramos las series, es el que tiene mayor gasto social de la historia. Es nuestra
ambición cumplir el acuerdo, pero no solo con los presupuestos sino con todo. Yo mismo he mencionado nuestra propuesta de tres contratos con indemnización creciente y confiamos en que los acuerdos los cumplamos todos, y no solo uno, en la
implementación de los Presupuestos Generales del Estado.

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En relación con la intervención del señor Campuzano, que la verdad es que ha sido corta pero muy intensa, trataré de dar respuesta a los elementos que ha planteado. En primer lugar, mencionaba usted nuevamente, como otros portavoces, el
tono triunfalista del Gobierno, y lo ilustra en la medida en que, si bien es cierto que puede haber una evolución positiva, en términos comparados con Europa no estamos tan bien. Ya me han oído decir que me gusta ver cómo vamos y no solo cómo
estamos. Si miramos cómo estamos en tasa de temporalidad, sin duda estamos por encima de la tasa de la Unión Europea, yo mismo lo he dicho en mi intervención inicial, si miramos cómo estamos en tasa de paro seguimos estando entre los niveles más
altos de la Unión Europea, pese a haber reducido en 20 puntos la tasa de paro durante los últimos años; pero creo que es bueno mirar cómo vamos, y si lo hacemos, puestos a comparar con la Unión Europea, vemos que somos el país que más reduce el
paro de toda la Unión, somos el país que más empleo ha creado, medio millón de puestos de trabajo en el último año, incluso por encima de Alemania el último año, y si miramos la evolución comparada con la Unión Europea somos el país que lidera la
creación de empleo indefinido y de empleo juvenil en Europa. El tono triunfalista que usted constata no trata de ser más que una visión dinámica y comparada de la evolución objetiva y respaldada en datos ciertos de la evolución del mercado de
trabajo, sin perjuicio de que siempre lo acompañemos -así he iniciado mi intervención y así la he terminado- con la constatación de que queda mucho, muchísimo, por hacer; con datos concretos de lo que creemos que es lo esencial. Si se concluye de
mi intervención que hay un tono triunfalista, lo único que quiero hacer ver es que es una visión, creo que razonable, de la evolución del mercado de trabajo en España, que no pretende más que ser eficaz, porque genera confianza y es la base para la
creación de empleo, y justa, porque ha sido muy duro lo que hemos vivido estos años y es bueno reconocerlo.


Usted ha mencionado como uno de los defectos la alta temporalidad de los contratos. Yo mismo he dicho eso, así como que hay la necesidad de mejorar las políticas activas de empleo. Sabemos que las políticas activas de empleo siguen
teniendo deficiencias, y de hecho, hay una deficiencia crónica que viene derivada del marco competencial, ya que las políticas activas de empleo, esencialmente, las ejecutan las comunidades autónomas y las políticas pasivas las ejecuta el Estado.
Por tanto, en ese contexto competencial complejo, que ya hemos visto en qué nos ha derivado en determinados asuntos como el Plan Prepara y el PAE, tenemos que establecer un mecanismo óptimo y adecuado de coordinación, y es lo que hemos hecho. En
2013 implementamos la Estrategia española de activación 2013-2016. Por primera vez se pasó de distribuir fondos de política activa de empleo en función de condiciones sociolaborales, o sea, quien más paro tiene, más recibe, a hacerlo por
consecución de objetivos, quien más reduce el paro y quien mejor atiende a los desempleados, más obtiene. Poco a poco, con otras herramientas como el perfilado, como los mecanismos específicos de orientación o la colaboración público-privada vamos
mejorando la eficacia y eficiencia de las políticas. Esto lo estamos constatando con el resultado de la evaluación de la estrategia anterior 2013-2016, que no tengo aquí, pero es magnífica y se la podemos mandar a todos los señores y señoras
diputados, implementando la nueva estrategia 2017-2020, reforzando esta orientación hacia objetivos con la vocación de mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas, que usted constataba que sigue siendo un defecto en nuestro país. Nosotros
creemos que, sin ser un defecto, tiene mucho margen de mejora.


Me ha realizado varias preguntas en relación con el bono de garantía juvenil. Una de estas preguntas se refería a si la ayuda era para el empresario o para el trabajador. Yo creo que he respondido convenientemente: el bono es
exclusivamente para el trabajador. Hay una ayuda para la empresa por la vía de que terminada esta contratación de dieciocho meses, si el empresario convierte ese contrato de formación y aprendizaje por condición temporal en contrato indefinido,
además de los 3000 euros de bonificación anual a la cotización para la Seguridad Social, alcanzará una bonificación adicional de 6000 euros, de tal forma que en la mayoría de los casos la cotización a la Seguridad Social de ese trabajador, al haber
transitado de un contrato temporal a uno indefinido, será cero. Tiene un doble incentivo, por un lado, está la ayuda para el joven, y por otro lado, está la bonificación a la cotización para la empresa, en el caso de conversión de ese contrato de
formación y aprendizaje en contrato indefinido.


Asimismo preguntaba usted si la gestión será del Servicio Público de Empleo Estatal. El acuerdo del que deriva esta medida es claro: recibirán una ayuda de acompañamiento, el 80 % del Iprem, gestionada por el Servicio de Empleo Público
Estatal. La gestión es del Servicio de Empleo Público Estatal porque así lo acordamos en el marco del diálogo social y así está constatado en los propios Presupuestos Generales del Estado y así se contempla en la regulación que va en el articulado,
sin perjuicio de que aunque lo vaya a ejecutar el Estado, las comunidades autónomas lo puedan hacer también, y de hecho muchas lo hacen. Quizá la pena es que no lo hayan hecho antes porque hemos tenido unos años en los que la ejecución de los
fondos de garantía juvenil no era la adecuada.

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Afortunadamente -aprovecho para trasladarlo a sus señorías- en 2017 España ha cumplido con la certificación de la garantía juvenil. Teníamos que certificar en torno a 615 millones de euros en el Programa operativo empleo juvenil en 2017, de
todo el periodo desde 2013 a 2017, y hemos ejecutado doscientos setenta y tantos millones de euros, es decir, 50 o 60 millones de euros más de lo que teníamos que ejecutar. Hemos podido cumplir gracias, entre otras cosas, al Servicio Público de
Empleo Estatal que ha podido absorber toda la ejecución que algunas comunidades autónomas no habían realizado en función con los objetivos que tenían establecidos, y gracias también a que el SEPE con otras actuaciones -no esta- ha venido ejecutando
la garantía juvenil. Digo todo esto porque hay cierto bulo por ahí sobre que España no cumple con la garantía juvenil. Eso es radicalmente falso, cumplió con la designación de organismos intermedios, cumplió con la asignación de fondos, cumplió
con la ejecución de fondos como nadie y está cumpliendo, reduciendo como nadie -perdónenme por ponerme triunfalista- en veinte puntos la tasa de desempleo juvenil. Esto no lo ha hecho nadie, es un hecho objetivo. Se está cumpliendo con la garantía
juvenil y con este bono queremos seguir cumpliendo. Por eso este bono lo ejecutará el Servicio Público de Empleo Estatal, sin perjuicio de que las comunidades puedan hacer algo semejante, algunas ya lo están haciendo, o puedan realizar otras
actuaciones diferentes que pronto comenzarán a implementar.


Me preguntaba si este bono tiene una evaluación previa. Hay experiencias similares en el ámbito de la Unión Europea, de ahí la satisfacción de la Comisión cuando le planteamos esta propuesta y en su acuerdo en que lo lleváramos a cabo de
cara a su cofinanciación. En todo caso, es obvio que el incremento de un 60 % de la contraprestación por trabajar y formarse a la vez a un joven que ni estudia ni trabaja es, claramente, una herramienta muy potente de incentivo al empleo por parte
de la Administración para que este joven se inserte en el mercado de trabajo. Además, la experiencia y la evidencia de que la contraprestación es un refuerzo muy importante nos animan a pensar que este será un instrumento muy eficaz para la
inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo.


Usted mencionaba un asunto relevante como es la diferencia entre el presupuesto de ingresos por cotizaciones por desempleo y el gasto en desempleo. Señoría, esto no es nuevo -usted es un gran conocedor del sistema-, esto ha venido pasando
entre los años 2000 y 2008. La norma habilita a que se financien políticas activas de empleo con ingresos por cotizaciones por desempleo. Eso es lo que se hace a día de hoy y eso es lo que se hará en la medida en que la necesidad de gasto en
prestaciones por desempleo, en virtud de la evolución del desempleo, dé margen para utilizar fondos para políticas activas de empleo, que por otra parte no es más que atender a los desempleados por la vía de facilitar su inserción en el mercado de
trabajo.


Se ha referido también a un remanente. No sé si lo he entendido bien, pero tengo muy claro que la Ley 30/2015, de Formación Profesional para el Empleo, aprobada por unanimidad entre todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, consignaba
la creación de un fondo con los recursos destinados a la formación profesional para el empleo no invertidos a partir de 2015. Eso se constituye a partir de la aprobación de esa ley y desde entonces se ha constituido un fondo en el que se van
incorporando los créditos no invertidos en materia de formación profesional para el empleo, del orden -a día de hoy- de 1000 millones de euros. Es la primera vez -esto es algo histórico y lo deberíamos constatar en esta Comisión- que un
presupuesto, como los Presupuestos Generales del Estado para 2018, incorpora fondos de ese remanente de fondos no invertidos previamente en el presupuesto del año en vigor. Por primera vez, se incorporan 57 millones de euros de fondos no invertidos
presupuestados en años anteriores en el presupuesto de este año. Ustedes podrán decir que son 1000 millones y solo se incorporan 57 millones. Sin duda, queda mucho por incorporar. Ese fondo crecerá nuevamente con los fondos que no se vayan
ejecutando en el año en vigor, que será esencialmente por la inejecución de alguna de las comunidades autónomas.


Vuelvo a decir que no es un problema de recursos, es un problema del modelo. El modelo que había, a mi parecer, no funcionaba porque no establecía los objetivos ni los incentivos necesarios para dar una formación de calidad y no permitía
invertir todos los recursos disponibles en formación. Hemos transitado hacia un modelo en el que los incentivos ya nos animan a hacer una oferta formativa de calidad. Yo espero que pronto tengamos el modelo funcionando con tanta oferta formativa
que necesitemos hacer mucho más uso de los fondos que ya presupuesta este presupuesto, el mayor presupuesto de formación que ha habido durante los últimos seis o siete años en políticas activas de empleo, y podamos aumentarlo mucho más haciendo uso
de esos 1000 millones en ese remanente, porque eso significará que hay oferta formativa de calidad que se puede utilizar.

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En relación con la renta complementaria de desempleo (RED), hemos hecho una propuesta sobre la unificación de los programas PAE, Prepara y RAI, estabilizando esos programas que eran temporales, ampliando la duración para muchos de los
beneficiarios y mejorando las condiciones de acceso para muchos beneficiarios, ya que de otra manera no podrían acceder a ellos. Asimismo, estamos negociando en el marco del diálogo social con las comunidades autónomas para que esta renta
complementaria de desempleo de 430 euros, con una duración desde los cuatro meses hasta setenta y dos meses, pueda ser una realidad en nuestro país. Yo, sinceramente, no encuentro motivo para no respaldarlo. Es sin duda -así se ha constado en la
propia Mesa del diálogo social- un modelo de protección en la salida de la crisis mucho más potente que el modelo de la entrada de la crisis. Por eso creemos que no hay motivo para oponerse, pero, sin perjuicio de ello, estamos debatiendo con
sindicatos, patronal y comunidades autónomas para mejorarlo. Esperamos alcanzar un acuerdo para que sea una realidad, pero si no se alcanza, desgraciadamente no lo será.


En relación con el cese de actividad y la reinserción al mercado laboral, creo que el cese de actividad tiene margen de mejora en todos los aspectos y en cuanto a la reinserción e incluso al propio acceso a la prestación estamos trabajando
en ello. Sin embargo, paralelamente, para los trabajadores autónomos se han trabajado muchas iniciativas de segunda oportunidad, desde la propia Ley de Emprendedores, con el programa de pago a emprendedores -25 000 millones de euros en facturas
pagadas a pymes y autónomos- hasta la reducción de impuestos y retenciones. En definitiva, hay multitud de medidas para apoyar a los autónomos que han emprendido, sin perjuicio de que sigamos trabajando para mejorar el cese de actividad.


Finalmente, de los asuntos que ha planteado, está el impulso a los centros especiales de empleo. Ya ve que hay un impulso importante por la vía de la liquidez en el presupuesto. Se ha incrementado en 37 millones nuevos la dotación para
centros para sufragar el importante aumento de gasto que ha supuesto la gran subida del salario mínimo interprofesional en 2017 y 2018, y estamos encantados de mejorar su situación tanto por la vía de la regulación como de la financiación. En la
vía de la regulación estamos estableciendo un diálogo con las asociaciones representativas del sector, y en cuanto a la regulación también nos gustaría avanzar hacia una mejora del sistema tanto de la regulación como de la financiación.


Termino, señor presidente. En relación con la intervención de la portavoz del Grupo Popular, la señora España, quiero constatar que todos los argumentos son ciertos, con esa visión positiva, que yo creo que es la que toca, de la evolución
del mercado de trabajo porque es eficiente, porque es eficaz, porque genera confianza que es la base para la creación de empleo, y porque es justo. El Grupo Parlamentario Popular hoy deja una buena muestra de cuál es su aportación a la
gobernabilidad de nuestro país y, por supuesto, una vez más muestra su responsabilidad con el respaldo a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que esperemos que contribuyan un año más a seguir consolidando el ritmo de creación de medio
millón de empleos en nuestro país, a seguir consolidando con ello la reducción de la pobreza, el aumento de la riqueza y la reducción de la desigualdad. Estos presupuestos contribuirán poco a poco a seguir avanzando hacia la consolidación de la
recuperación en nuestro país, con esos 20 millones de empleos en 2019, y no solo eso, sino que contribuirán a seguir acompañando a los trabajadores para afrontar esos retos del presente y del futuro del mercado de trabajo, de la globalización y la
digitalización, para hacer que esos desafíos sean sin duda -como creemos que lo son- una oportunidad.


Por todo ello, les solicitamos desde el Gobierno su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado presentados ante esta Cámara. Estamos a su disposición para mejorarlos, si así lo tienen a bien.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Riesgo.


A continuación, suspendemos un par de minutos para recibir a la siguiente compareciente. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (DEL CORRAL TÉLLEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de expediente 212/001246); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (números de
expediente 212/001348, 212/001413, 212/001414, 212/001415, 212/001416 y 212/001417); MIXTO (número de expediente 212/001447); CIUDADANOS (número de expediente 212/001495), Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001552).


El señor PRESIDENTE: Retomamos la sesión con la comparecencia de la secretaria general de Inmigración y Emigración, doña Marina del Corral Téllez. Esta comparecencia ha sido solicitada por los grupos parlamentarios Socialista, Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto,

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Ciudadanos y Popular. En esta comparecencia se sustanciarán, por acuerdo de la Mesa de la Comisión de Presupuestos, las solicitudes de comparecencia del director general de Migraciones, del subdirector general de Inmigración, del
subdirector general de Integración de los Inmigrantes y de la secretaria general del Observatorio Permanente de la Inmigración, presentadas todas ellas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


A continuación tiene la palabra la secretaria general, por un tiempo que ojalá sea de 20 minutos. (Risas).


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, presidente, trataré de ser breve.


Señorías, es para mí un honor comparecer en esta Cámara para presentarles el proyecto de presupuestos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración para el año 2018. El proyecto de presupuestos que hoy les presento mantiene un claro
carácter social, lo que en líneas generales viene a ser reflejo de la voluntad del Gobierno de seguir cumpliendo con sus compromisos internacionales y legales en materia de acogida e integración de solicitantes de asilo y beneficiarios de protección
internacional, prestando atención humanitaria a las personas extranjeras que llegan a nuestras costas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de forma irregular; atendiendo a la especial situación de las ciudades de Ceuta y Melilla en el
ejercicio de sus competencias para la protección de menores en relación con los menores extranjeros no acompañados; impulsando la integración de los extranjeros residentes en nuestro país, incluyendo menores extranjeros no acompañados, asegurando
con ello la coherencia de las actuaciones llevadas a cabo, sea cual sea el punto de España donde se realizan, y siempre sobre la base de los valores y principios democráticos que fundamentan nuestra convivencia con el objetivo de su permanencia como
valores comunes a todos los miembros de la sociedad española, sea cual sea su origen; y finalmente, buscando garantizar la protección social de aquellos emigrantes españoles y retornados que carecen de recursos.


Señorías, el presupuesto de la secretaría general está primordialmente destinado a los ámbitos que anteriormente he esbozado, consolidándose en consecuencia la priorización de la atención a los más vulnerables en la configuración del gasto
de este centro directivo, entre ellos los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección internacional presentes en nuestro territorio y que no tengan capacidad para proveerse por sí mismos, lo que aúna dicha atención a los más vulnerables
con el papel de España como actor relevante en el debate europeo sobre asilo, claramente a favor del posicionamiento de la Unión Europea ante la acogida de personas en clara necesidad de protección internacional y de los Estados miembros entre sí,
de acuerdo con los principios de solidaridad y de responsabilidad.


Desde principios de este siglo nos hemos convertido en un país de destino de emigrantes, a la vez que seguimos siendo un país de origen de emigración, como tantos países de la OCDE. Con la experiencia que han aportado estos movimientos, la
política migratoria de los sucesivos Gobiernos de España ha partido de la convicción de que la migración ordenada y segura contribuye al desarrollo no solo económico sino también cultural y social de los países de origen y destino, lo que ha
implicado, e implica, trabajar no solo en la ordenación de flujos migratorios y en la lucha contra las mafias de tráfico de inmigrantes y trata de seres humanos, sino, al mismo tiempo, en acoger a los más vulnerables que llegan a nuestro país y en
promover la integración de los extranjeros residentes en España bajo el prisma transversal de la necesidad de que compartan los principios y valores democráticos que sustentan nuestro ordenamiento y nuestra convivencia.


Respecto a nuestros españoles en el exterior, nuestra política se ha dirigido a garantizar un nivel adecuado de protección social para aquellos que estén en situación de vulnerabilidad, con especial atención a mayores y dependientes, que no
han encontrado apoyo suficiente para cubrir necesidades básicas y/o sanitarias en sus países de residencia, además de promover el asociacionismo que les hace fuertes como colectivo en estos países de residencia y ante las instituciones españoles, y
muy especialmente mantener su vínculo con España generación tras generación, promoviendo siempre su retorno. Estos son los principales objetivos que guían la labor de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.


Centrándonos en las cifras, recordarán, señorías, que el año 2016 supuso un punto de inflexión en el presupuesto de la secretaría general al incrementarse este en un 175,3 % respecto al año anterior para atender principalmente los
compromisos de España en materia de protección internacional. Pues bien, el proyecto de presupuesto para 2018 consolida dicho compromiso. En concreto, el volumen total asciende

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a 380 489 370 euros, lo que supone un incremento de 1,9 %, 7,14 millones de euros, con respecto al ejercicio anterior. Adicionalmente, durante este ejercicio se prevé generar en torno a 65 millones de euros, como contaré después,
procedentes de fondos europeos para la cofinanciación de programas en el área de inmigración.


Se desglosa el presupuesto de la siguiente forma: 59,37 millones de euros para el programa 231.B, emigración; 318,09 millones de euros para el programa 231.H, inmigración; 3,03 millones de euros para el programa 291.M, del capítulo 1,
gastos de personal de las unidades dependientes directamente de la secretaría general propiamente dicha. Los gastos del resto del personal, dependientes de la Dirección General de Migraciones, se incluyen en los respectivos capítulos 1 de los
programas 231.B y 231.H.


Sin perjuicio de que las cuantías globales de los programas incluyan la parte relativa al capítulo 1, correspondiente a gastos de personal, que es gestionado por la subsecretaría del departamento -estoy convencida de que lo ha expuesto el
subsecretario de nuestro departamento-, centraré mi intervención en la descripción de los capítulos 2, 4 y 7 de los programas 231.B, acciones a favor de la emigración, y 231.H, acciones a favor de la inmigración.


Las actuaciones relacionadas con la emigración cuentan con una dotación para 2018 de 59,37 millones de euros, lo que significa un incremento del 3,3 %, 1,89 millones de euros, respecto al ejercicio anterior. Las principales cuantías que
configuran este programa son las siguientes. Se destinan 45,28 millones de euros al pago de las prestaciones por razón de necesidad para los españoles residentes en el exterior que tengan más de sesenta y cinco años, o estén incapacitados para el
trabajo y se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En esta aplicación se incluye tanto la prestación económica por ancianidad o por incapacidad, como la prestación
de asistencia sanitaria en sus países de residencia cuando se carezca de la cobertura de esta contingencia o la misma sea insuficiente.


Se prevé una cuantía de 1,70 millones de euros, igual que en el año 2017, para financiar las pensiones de ancianidad de los españoles que retornen a España. Como en años anteriores este subconcepto tiene carácter de crédito ampliable, con
el fin de garantizar la cobertura de esta prestación que se actualiza cada año y teniendo como referencia la pensión no contributiva de la Seguridad Social española. Si bien en 2017 se ha producido un ligero incremento respecto al año anterior
-aunque no sea significativo, puesto que hablamos de 336 beneficiarios en 2016 frente a 354 en 2017-, el número de beneficiarios está lejos de la cifra de 2009, que era de 788.


Se asigna, además, un crédito de 6,35 millones de euros, igual que en 2017, para atender las prestaciones de los españoles desplazados al extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la Guerra Civil. La cuantía de estas
prestaciones se establece anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, y para este año se propone una cuantía anual de 7219,26 euros.


Para atender situaciones individualizadas de extraordinaria necesidad, tanto en el exterior como en el momento del retorno, así como para financiar los programas de subvenciones a favor de los emigrantes españoles desarrollados por la
secretaría general, se destinan 3,54 millones de euros.


Por último, se incluye una partida de 200 000 euros destinada a la UNED, con el fin de facilitar a los ciudadanos españoles residentes en el exterior el acceso a la educación universitaria española. Esta cuantía estaba prevista de la misma
manera en el año 2017.


Por su parte el programa de inmigración 231.H se eleva a 318,09 millones de euros para 2018, dotación superior a la de 2017 en 5,29 millones. Esta subida se corresponde con 3 millones destinados a apoyar a las ciudades de Ceuta y Melilla en
el desarrollo de su competencia de protección y acogida de menores extranjeros no acompañados, y 2,29 millones, la revalorización de los funcionarios de la secretaría general, pero esto es capítulo 1. Este programa 231.H tiene como finalidad
coadyuvar en la integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y personas acogidas a otros regímenes de protección temporal y subsidiaria, así como al desarrollo y promoción de acciones coordinadas y homogéneas en
materia de canalización de flujos y cooperación con los países emisores de emigrantes.


Dentro de esta dotación global hay que destacar las partidas específicas que financian el Sistema nacional para la acogida e integración de solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional y el programa de reasentamiento y
reubicación de personas susceptibles de protección internacional, con un presupuesto para 2018 de 253,08 millones de euros, igual que en 2017. El Gobierno mantiene en 2018 el mismo crédito que los ejercicios anteriores, años en los que se
incrementaron esas partidas en un 2522,3 %, es decir, 243,42 millones de euros más que en el año 2015.

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En el proyecto de presupuesto este crédito se distribuye en tres aplicaciones: la aplicación 484.05, Sistema de protección internacional, con 24,13 millones de euros; la aplicación 484.15, programa de reasentamiento y reubicación de
refugiados, Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, atención a familias con menores sujetas a protección internacional, que se dota con 140 millones de euros; y la aplicación 484.16, programa de reasentamiento y reubicación
de refugiados, Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, para la atención a otros colectivos sujetos a protección internacional, que se dota con 88,95 millones de euros.


El crédito destinado a la protección de los menores extranjeros no acompañados, específicamente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se ha incrementado en un 87 %, es decir, 3 millones de euros, pasando de 3,45 millones en el año
2017 a 6,45 millones de euros. Con este crédito se financian las subvenciones destinadas a ayudar a ambas ciudades autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de protección de menores, y para la que cuentan con presupuesto propio
derivado del sistema de financiación autonómica, dada su especial situación de frontera terrestre sometida a una elevada presión de presencia de menores extranjeros no acompañados.


La dotación para la atención humanitaria a inmigrantes es de 11,14 millones de euros, siendo una partida que se ha incrementado desde el año 2015 en un 75 %. Con cargo a este crédito se concede una subvención directa a las organizaciones no
gubernamentales que atienden a personas llegadas a las costas españolas y a Ceuta y Melilla de manera irregular que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su deterioro físico y por la carencia de apoyos sociales, familiares y económicos,
coadyuvándose con ello al mantenimiento de la cohesión social en las principales zonas de llegada de estos flujos migratorios irregulares.


Mantienen el mismo crédito que en el año 2017, con 1,98 millones de euros la subvención nominativa a Cruz Roja Española para la atención humanitaria urgente a las personas llegadas a nuestras costas de manera irregular y la subvención
nominativa a Acnur, para programas de refugiados, con 100 000 euros. Señalarles que, en este marco de la subvención de Cruz Roja, los beneficiarios atendidos en el año 2016 fueron 10 190 y los beneficiarios atendidos en el año 2017 fueron 23 978
personas.


Los recursos del capítulo 2 cuentan en 2018 con 16,31 millones de euros, igual que en 2017, que se destinan fundamentalmente a sufragar los gastos corrientes y de funcionamiento de los dos centros de estancia temporal de inmigrantes y de los
cuatro centros de acogida a refugiados. Como complemento a los servicios desarrollados por los centros de acogida de refugiados, se prevé una cuantía de 900 000 euros para ayudas a los beneficiarios de los centros con el fin de cubrir gastos
personales básicos, de transporte, formación o aprendizaje del idioma.


Con una dotación de 14,3 millones de euros, que se corresponden con diversas partidas, se subvencionan en régimen de concurrencia competitiva las actuaciones de asociaciones y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de programas
que favorecen la integración de inmigrantes y el retorno voluntario a sus países de origen.


Figura, así mismo, dentro de este programa 231.H de inmigración, la ordenación de flujos migratorios laborales, cuyo presupuesto asciende a 755 600 euros. Con esta cuantía se convocan subvenciones para financiar las siguientes actuaciones.
Organización y coordinación de las contrataciones y desplazamientos de las personas trabajadoras de temporada, que incluye tareas como planificación y organización de las campañas, cuantificación de la cifra de trabajadores que se necesitan, gestión
de las ofertas, coordinación de las contrataciones y organización de los viajes, etcétera. Así mismo, visita a los alojamientos y elaboración de informes sobre las condiciones de los mismos, y, principalmente, asesoramiento e información
sociolaboral a los trabajadores temporeros en relación con sus derechos y deberes.


Buena parte de estas actuaciones que acabo de describir están cofinanciadas por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y por el Fondo Social Europeo, en este último caso en el marco del nuevo Programa operativo de inclusión social
y economía social (Poises).


Finalmente, señorías, como ya he señalado, durante este ejercicio se prevé generar en torno a 65 millones de euros procedentes de estos fondos FAMI y Fondo Social Europeo, para cofinanciación de programas en el área de inmigración. En
consecuencia, la cuantía total para este área podría ascender a 383,09 millones de euros, que sumados todos estos ingresos adicionales al presupuesto total disponible de la secretaría general en 2018, podría alcanzar la cifra de 445,49 millones de
euros. En total, para el ejercicio 2018 se dispondría de 17,14 millones más que en 2017, un 4 % más que en ese año.

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Señorías, estos son los principales contenidos del proyecto del presupuesto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración para el año 2018. Quedo a su disposición para las preguntas y aclaraciones que deseen plantear. Espero no
haberme prolongado mucho.


El señor PRESIDENTE: Ha sido usted maravillosamente disciplinada con mis deseos. Si todo siempre fuera así...


A continuación, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios con el criterio seguido en la anterior comparecencia en cuanto a orden de intervención y tiempos.


En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo de 7 minutos, la señora De Frutos.


La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenas tardes. Voy a empezar diciendo que estrictamente en términos cuantitativos, usted tiene razón, ha habido un incremento de las partidas destinadas a emigración e inmigración. Un análisis cualitativo de
la cuestión nos lleva a un escenario totalmente distinto.


El señor PRESIDENTE: Un segundo. Para ayudar a la secretaria, si alguno de los asistentes quiere sentarse al lado para tomar notas, siempre será más cómodo.


Comience, señora De Frutos, si no le importa.


La señora DE FRUTOS MADRAZO: Comentaba que, estrictamente, en términos cuantitativos, usted tiene razón, ha habido un incremento de las partidas presupuestarias destinadas a inmigración y emigración. Otra cosa distinta creemos que se puede
concluir si hacemos un análisis cualitativo, como el que de forma resumida vamos a hacer, que nos lleva a la conclusión de que las partidas presupuestarias que se han previsto no van a servir para gestionar un fenómeno complejo y con un factor
humano importante, tanto en el tema de refugiados, atención humanitaria, integración, menores acompañados, el tratamiento de los extranjeros que llegan a nuestras costas, la integración de extranjeros que están en España, ya sea en situación regular
o irregular, y el tema de los inmigrantes. Es verdad que, como usted ha dicho, se ha incrementado el presupuesto en dos puntos básicos que son gastos de personal, y, como muy bien ha dicho, la concentración de convenios con Ceuta y Melilla para
atender a los menores no acompañados.


Mi primera pregunta es por qué en estas partidas no se valora presupuestarlas para otras comunidades autónomas, si es que se ha hecho un estudio, si el problema de los menores no acompañados es exclusivamente de estas ciudades autónomas,
¿cuál ha sido el motivo? Porque solo se prevén para Ceuta y Melilla.


Por otra parte, en relación con los fondos para la atención de refugiados, permanece en la misma cuantía que el presupuesto del ejercicio pasado. Pensamos que, en esta materia, teniendo en cuenta que por mucho que haya usted hecho una
exposición optimista de la actuación de España en la recogida de ciudadanos refugiados, todos sabemos que hemos incumplido las obligaciones que teníamos con la Unión Europea y que de cerca de las 17 000 personas que teníamos que acoger, el número ha
sido muy reducido. Quería que comentase si cree usted que el mantenimiento de los fondos para atención de refugiados en la misma cuantía va a ayudar a que cumplamos nuestros compromisos con Europa de forma adecuada.


En tercer lugar, vuelven a dejar en suspensión normativa el artículo 2 de la Ley Orgánica 4/2000, en relación con la necesidad de acordar programas y acciones bienales para reforzar la integración social de inmigrantes. Creemos que las
fórmulas de integración son necesarias, tanto para inmigrantes que están con autorización para residir o trabajar en España como para las personas que acogemos, como para los menores no acompañados. Queremos saber por qué no ha decidido el Gobierno
impulsar estas partidas del artículo 2 de la Ley Orgánica de Extranjería.


Por otra parte, hemos visto en los presupuestos que las acciones a favor de inmigrantes suben solo un 1,7 % y nos parece un poco escaso el incremento para atender a todas estas cuestiones que estamos señalando.


Nos llena de satisfacción que hayan incluido entre estas acciones en favor de inmigrantes una pequeña novedad que es el programa para jóvenes que nosotros habíamos propuesto en una proposición no de ley en el Congreso. En ese tema estamos
contentos por ese nuevo concepto.


Por lo que se refiere a la atención de los españoles en el exterior, tampoco podemos ser tan optimistas como ustedes porque, a pesar de que se mantienen las cuantías, las cantidades que se presupuestan son muy inferiores a las que se
presupuestaban en el 2011. No vemos motivos para tanto positivismo.

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También queremos hacer una pequeña referencia a que no presupuestan ninguna cuantía para poner en marcha mecanismos de seguimiento en relación a las personas que residen en el extranjero. Creemos que cada vez se produce más esta situación y
que es necesario arbitrar algún tipo de mecanismo y presupuestarlo.


En conclusión, sí que es verdad que, como usted ha dicho, en términos cuantitativos se mantienen las cuantías presupuestadas para inmigración y emigración, pero en términos cualitativos, al analizar las diferentes cuantías, vemos que no se
produce un incremento de aquellas que llevan a dar una atención humanitaria a extranjeros con autorización, que es necesario que se integren en nuestra colectividad. Creo que no damos solución a cuestiones de refugiados y tampoco damos solución a
temas de menores no acompañados.


Si me pudiera contestar a esas cuestiones que le hemos planteado. Muchas gracias por su intervención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Frutos.


A continuación, la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Franco, por un tiempo de 7 minutos.


La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, presidente.


Bienvenida, doña Marina del Corral. Quería hacerle varias preguntas sobre temas variados. Quería comenzar con el título de acciones en favor a los inmigrantes, en la parte destinada a los asuntos relacionados con asilo y refugio. En
primer lugar, que en 2016 solo se ejecutó el 50 % del presupuesto destinado a este programa, y a nosotros esto nos preocupa mucho porque no encaja con la realidad en la que vivimos. Estamos ante la mayor crisis de desplazamiento de la historia,
tenemos un 38 % de llegadas en patera a nuestro país, la muerte de las personas que tratan de llegar a España por este medio se ha disparado hasta un 150 % en abril, y el incumplimiento por parte del Gobierno respecto a los compromisos de reubicar a
17 000 personas desde Italia y Grecia, nos preocupa mucho. Además, en 2017 se alcanzó el récord de solicitudes de asilo tanto presentadas como pendientes, y el número de solicitudes en stock llegó hasta las 38 800, y se rechazaron dos de cada tres.
Por esta situación creemos que hay un enorme colapso del sistema y quería preguntarle qué porcentaje de este programa 231.H se ejecutó en los presupuestos generales de 2017.


En segundo lugar, me gustaría saber si el Gobierno tiene planteado construir algún nuevo centro de asilo y refugio, los CAR, habilitar algún nuevo piso de primera acogida, o mejorar las condiciones de habitabilidad de los CETI. Nosotros
hemos propuesto en nuestras enmiendas la creación de un nuevo centro de asilo y refugio. Si no lo piensan hacer, quería preguntarle si su solución pasa por las tiendas de campaña del Ejército u otras estructuras temporales, como hemos visto en
otras ocasiones cuando hemos tenido picos de necesidad de primera acogida.


En tercer lugar, quería preguntarle por el sistema de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Sabemos que hay un importante problema, y creo que en esto usted coincidirá conmigo, en la gestión de
los fondos de este sistema de acogida. Me explico, las subvenciones que reciben las ONG para la acogida van con retraso y estas subvenciones son fundamentales porque son las que permiten que las organizaciones no gubernamentales afronten el
alojamiento de los peticionarios de asilo y refugio que no caben en los centros de asilo y refugio. Para estas organizaciones es clave para poder realizar su trabajo, pero el que los fondos lleguen con retraso, la tardanza en la tramitación y la
mala ejecución en muchos casos de estas partidas, hace que las organizaciones no gubernamentales siempre estén al borde de no poder hacer estos servicios, que son fundamentales.


Además, es cierto que incluso algunos ayuntamientos se están encargando de este trabajo sin recibir ni un solo euro para ello. Me refiero, por ejemplo, a ayuntamientos como el de Barcelona. Le quería preguntar si cree el Gobierno que está
haciendo una buena gestión de estos fondos y si cree que son suficientes. Y, en el caso que crea que no son suficientes o que se pueden gestionar de otra forma, si tiene alguna idea de cómo se podría hacer o de cómo lo quiere hacer el Gobierno.


En cuarto lugar, también quería hablarle de los pronunciamientos judiciales que ha habido respecto de la competencia de integración que recae sobre las comunidades autónomas. Estos pronunciamientos judiciales dicen que es necesario y sería
conveniente que fuesen las propias comunidades autónomas las que gestionen. En este sentido, creemos que es necesario la creación de un fondo estatal para las comunidades autónomas que reciben a jóvenes y a niños y niñas que vienen a nuestro país,
lo que

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ustedes llaman MENA, que a nosotros no nos gusta nada porque le quita la humanidad a esta situación. Le quería preguntar qué financiación se está dando a las comunidades autónomas en materia de integración respecto a este tema.


En quinto lugar, pensando en los lugares de primer acceso, que son Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía, aunque competencialmente son principalmente Ceuta y Melilla, quería preguntarle qué importe del presupuestado se destina en personal
formado y preparación para la detección de víctimas de trata en los CETI, y, además, qué importe se destina a la atención psicosocial de las personas que llegan por vía marítima.


En sexto lugar, sobre el programa 231.H, al que usted ha hecho referencia, del fondo de asilo migración e integración, quería hacerle dos preguntas. Por un lado, respecto a la integración de las personas migrantes en España, desde 2013 el
Gobierno ha dejado sin fondo alguno al Fondo de ayuda para la integración de migrantes y el refuerzo educativo (Faaiire). Respecto a esto quería preguntarle si ha desistido el Gobierno de realizar políticas reales de integración, y si no ha
desistido, ¿cómo piensa llevar a cabo estas políticas con la situación que tenemos en estos momentos y le que acabo de decir?


En transferencias corrientes a las comunidades autónomas y que se fijan especialmente en Ceuta y Melilla, nos llama la atención que no se fije en las comunidades autónomas como Canarias y Andalucía, que soportan gran parte del peso de las
llegadas por vía marítima. Nos referimos a si piensa el Gobierno destinar algún tipo de presupuesto a estas personas más allá de los 1 984 000 euros que se destinan a Cruz Roja.


Para terminar, una cosa que no me quiero dejar atrás porque es muy importante sobre este mismo fondo. Este fondo tenía como objetivo fortalecer la política común en materia de asilo e inmigración. Cuenta con 3 430 000 euros y nos gustaría
saber cuál es la planificación de estos fondos de aquí a 2020. Me refiero a estos fondos, en concreto, y a su planificación, porque en el año 2015 el Gobierno dedicó gran parte de estos fondos al regreso forzoso, a las expulsiones forzosas y a los
CIE. Nosotros sabemos que este programa, en su aplicación de los fondos FAMI, incluye de forma específica el regreso, y este regreso incluye el regreso forzoso, pero nos parece llamativo que haya una parte del presupuesto que no se haya ejecutado y
de la otra parte que sí se ha ejecutado, la gran mayoría haya ido a las expulsiones. Quería preguntarle que si puede decirnos cuál es el desglose del gasto de estos fondos en las partidas, y si va a ser de la misma manera que se hizo en 2015.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Nosotros debemos hacer una valoración crítica y negativa del presupuesto que nos presenta la señora Del Corral, básicamente por tres razones. Una, la capacidad de ejecución del gasto, al menos la que conocemos, en su área en las últimas
cifras que se conocen -y la señora Franco hacía referencia a ellas- no invitan a creer que este sea un presupuesto realista. Sería bueno que la señora Del Corral compartiese hoy en la Comisión cuál ha sido la evolución del gasto durante el
ejercicio anterior. En segundo lugar, no estamos tan solo frente a la crisis de refugiados que se vivió en los últimos años, resultado fundamentalmente de la guerra de Siria, sino que está produciéndose un incremento muy sustancial de llegadas de
pateras a las costas españolas durante los últimos meses. Se están triplicando esas llegadas y parece que, frente a esa realidad, no hay una acción decidida del Gobierno, tanto de política de acogida de estas personas que llegan a estas costas, de
salvamento de estas personas. Estamos hablando que en el conjunto del mar Mediterráneo cerca de 3000 personas fallecen al año intentando llegar a las costas de Europa. Eso debería exigirnos un nivel de humanización muy sustancial.


Finalmente, el modelo del histórico programa de acogida de refugiados lleva tiempo agotado. Es un modelo diseñado, articulado a través de las ONG en tiempos en los que el flujo de refugiados en España era muy anecdótico, pero en un momento
en el que los flujos de refugiados tienen la intensidad como la que vivimos, ese modelo centralizado a través de su secretaría, y articulado a través de las ONG, e ignorando la realidad del Estado autonómico, no se aguanta. Y he de recordarle que
está pendiente el desarrollo de las previsiones de la Ley de Asilo que contemplaban que esos programas pudiesen ser gestionados por las autoridades competentes en materia de educación, de sanidad y de servicios sociales,

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que son las comunidades autónomas. Sería mucho más eficaz que el programa de acogida estuviese gestionado por los gobiernos autonómicos y no desde la Secretaría General de Inmigración que usted dirige.


Y he de recordarle también que continuamos sin el desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo. Sé que no depende de usted, pero expresa la ausencia de compromiso de fondo del Gobierno en materia de refugio y asilo. Por no decir, del
fracaso del programa de reubicación de los refugiados de Grecia e Italia, por el poco entusiasmo de las políticas de reasentamiento que tiene el Gobierno en relación a los refugiados en terceros países, y también por el escaso número de acuerdos con
Acnur en esta materia.


También coincido con la señora Franco y con la portavoz del Grupo Socialista en que el problema de menores indocumentados no es tan solo un problema -que lo es- en Ceuta y en Melilla, sino que lo es también en Andalucía, en Madrid y en
Cataluña, y que las administraciones locales tienen hoy medios muy escasos para hacer frente a las necesidades de acogida de estos jóvenes. Por tanto, bienvenido el incremento de recursos a Ceuta y Melilla, pero necesidad también de dar respuesta a
las comunidades receptoras de jóvenes no documentados.


Finalmente, un último comentario. Desde su llegada al Gobierno, el Gobierno del Partido Popular suprimió el Fondo de Integración de Personas Inmigrantes que durante muchos años fue un buen instrumento para ayudar a financiar las políticas
de integración social de las comunidades autónomas. El Gobierno debe recuperar ese fondo, porque una mirada seria y responsable sobre los retos que existen en materia de integración de la población de origen extranjero, y especialmente de los hijos
de esa población de origen extranjero, exigiría un compromiso del Gobierno del Estado a cofinanciar las políticas de acogida y de integración. Las experiencias europeas nos indican que no apostar por facilitar la integración de las segundas y las
terceras generaciones termina siendo un problema grave para las sociedades. Por tanto, el Gobierno no puede dejar solas a las comunidades autónomas en esta materia, y especialmente durante estos años de recortes presupuestarios, de exigencia
desproporcionada del cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de las comunidades autónomas, de una política presupuestaria que afectaba básicamente a la capacidad de desarrollar los servicios públicos adecuados para garantizar esa política
de acogida y de integración. Señora Del Corral, ahí le he de replantear de nuevo la necesidad de recuperar ese fondo que fue en su momento muy útil.


Y para acabar, decirle simplemente que no podré escuchar sus respuestas porque voy a perder el avión a Barcelona y leeré con mucha atención su intervención. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alberto, también por tiempo de siete minutos.


La señora ALBERTO PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Con carácter previo a cualquier consideración, me gustaría volver a dar la bienvenida a esta Comisión a doña Marina del Corral, secretaria general de Inmigración y Emigración, y agradecerle especialmente que esté hoy aquí atendiendo a sus
circunstancias personales, ya que ha sufrido un accidente y supongo que estará bastante incómoda, pero está haciendo el esfuerzo de comparecer porque, evidentemente, es su obligación y lo ha hecho muy bien.


Debo comenzar mi intervención haciendo especial hincapié en la continuidad en el actual proyecto de ley de presupuestos para 2018 del importante aumento de las cuantías que se aprobaron en el ejercicio presupuestario de 2016, que se han
mantenido y ampliado en relación con las acciones de atención a los inmigrantes en los centros de acogida, así como de las acciones para el sistema de protección internacional para solicitantes de asilo y refugiados. Si existe una sección
presupuestaria donde se pueda apreciar el marcado carácter social es la que hoy nos ha trasladado en esta sesión la secretaria general de Inmigración y Emigración. Un presupuesto en el que la mayor parte del gasto social se destina a cubrir
prestaciones y a dar apoyo a las personas más vulnerables y que, a pesar de la dura crisis que sufrimos en ejercicios anteriores, no se ha recortado en ningún momento, realizando un verdadero esfuerzo presupuestario por parte de todos y demostrando
que la solidaridad de los españoles no deja ninguna duda. No ha sido nada fácil conseguir llegar a cuatro años de crecimiento económico y la creación de empleo, con cerca de 600 000 nuevos empleos en el último año, que es lo único que nos permite
presentar unos presupuestos tan sociales como los del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2018.

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Me gustaría resaltar que, tal como nos ha dicho la secretaria general, la dotación inicial del presupuesto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración se ha incrementado en 7,14 millones con respecto al ejercicio presupuestario de
2017, llegando a alcanzar una cuantía de 380,49 millones, lo que supone un crecimiento que se acerca al 2 %. Además, hay que recordar que esta cuantía puede incrementarse con 65 millones procedentes de fondos europeos, lo que supondría un
presupuesto final de 445,49 millones. Entrando en las modificaciones del proyecto de ley para 2018 respecto al vigente presupuesto de 2017, lo primero que vemos es que la dotación del programa 231, de inmigración, se incrementa en 5,3 millones,
pasando de 312,8 a 318,1 millones de euros. Tal y como ha dicho la secretaria general, el capítulo 1, de personal, sube 2,3 millones y el 4, de transferencias corrientes, se incrementa en 3 millones de euros para financiar el aumento de la partida
presupuestaria destinada a atender a menores extranjeros no acompañados en las ciudades de Ceuta y Melilla, ante el aumento de la presión migratoria en el último año. En relación a las manifestaciones de alguno de los intervinientes anteriores, me
gustaría recordar que si bien la secretaría general está aportando un dinero extra, la competencia siempre es de la comunidad autónoma, en este caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, es verdad que la especial situación que
sufren ciudades como Ceuta y Melilla y la presión migratoria aconsejan que esta partida se haya aumentado en 3 millones de euros. Por otro lado, el resto de las importantísimas partidas para actuaciones como la ordenación del flujo migratorio
laboral, ayudas de carácter social, ayudas para residentes en centros, sistemas de protección internacional, atención humanitaria a inmigrantes, subvenciones a Cruz Roja y a Acnur, los programas de reasentamiento y reubicación de refugiados,
atención a familias con menores sujetas a protección internacional, atención a otros colectivos sujetos a protección internacional, subvenciones cofinanciadas con el Fondo de Asilo, Migración e Integración, FAMI, o transferencias a familias e
instituciones sin fines de lucro, vemos que siguen manteniendo la misma dotación presupuestaria con la que contaban en 2017. Por lo tanto, señorías, tal y como ha manifestado ya la compareciente, el fortísimo aumento presupuestario que se produjo
en 2016 en el área de inmigración de esta secretaría no solo se mantiene, sino que se amplía para dar cobertura a las necesidades que se van presentando, como consecuencia de una situación migratoria que estamos viendo que va variando.


En relación a las acciones en materia de emigración, tal y como ha puesto de manifiesto la secretaria general, entendemos positivo el incremento de 1,9 millones de euros con respecto al presupuesto de 2017, que pasa de 57,5 millones a 59,4
millones. Volvemos a observar aquí cómo el grueso en este programa 231.B, de emigración, se destina fundamentalmente a prestaciones por razón de necesidad de emigrantes en el exterior, pensiones asistenciales por ancianidad para emigrantes
retornados, las prestaciones para los denominados niños de la guerra y la asistencia sanitaria para emigrantes españoles. También nos parece importante resaltar que es interesante que se trabaje para conseguir los 65 millones de euros adicionales
que se pueden sumar al presupuesto general de esta secretaría.


Para finalizar, me gustaría trasladar a la secretaria general dos preguntas muy concretas. La primera de ellas está relacionada con algunas que ya han formulado los comparecientes anteriores, ¿cómo fue la ejecución presupuestaria de la
secretaría general en 2017? Los datos que yo manejo difieren un poco de los aportados por los anteriores portavoces. También me gustaría saber, si es posible y la secretaria dispone de esa información, ¿cuántas personas son atendidas diariamente
dentro del marco de acciones contenidas en los programas de esta secretaría?


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alberto.


Tiene la palabra la señora secretaria general para contestar a las intervenciones. No sé si necesita un poco de tiempo para ordenar.


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Voy a intentar no retener a nadie innecesariamente. Me disculparán si presento algún desorden en las respuestas. Hay algunas cuestiones que han sido
recurrentes, a las que han aludido varias personas. Por ejemplo, la señora De Frutos me preguntaba, en primer lugar, por qué el dinero de los MENA figura en el presupuesto solo para Ceuta y Melilla. Hay una cuantía específica destinada a Ceuta y
Melilla por la especial situación de ambas ciudades, pero hay que empezar diciendo que en España la competencia absoluta en materia de menores -no hace falta añadirle menores extranjeros no acompañados porque no hay diferencias, no importa la
nacionalidad; el menor es un menor y se le dispensa el mismo trato si es rumano, venezolano o español, están en los mismos centros de menores-, como todos ustedes conocen,

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es de la comunidad autónoma. Lo que se hace desde la secretaría general es apoyar una política de integración de esos menores extranjeros no acompañados. La especial circunstancia geográfica de Ceuta y Melilla por ser frontera con
Marruecos -a la que están llegando menores no solo de Marruecos, sino todos los que vienen de tránsito, además con la circunstancia de que se acaba ahí, no tienen una salida natural, no es lo mismo un menor que esté en Extremadura que uno que esté
en Ceuta o Melilla- hace que un lugar pequeño y con esa presión requiera una especial atención por parte del Gobierno, lo que no quiere decir, en absoluto, que el Gobierno no hable con el resto de comunidades autónomas, incluida Cataluña, Valencia,
Murcia, País Vasco, Andalucía y Madrid. Después de Ceuta y Melilla, la que mayor presión tiene en España con menores extranjeros no acompañados es Andalucía, seguida, probablemente, por Cataluña, Murcia, Madrid y País Vasco. Existe un registro de
menores extranjeros no acompañados que nos da una cifra de aproximadamente 6500 menores extranjeros no acompañados, que están tutelados por las comunidades autónomas donde se han registrado por la Fiscalía de Menores, de acuerdo con un protocolo de
menores que se ha establecido entre todos los actores y todas las instituciones que intervienen en la acogida y la integración. Insisto, Ceuta y Melilla tienen una parte específica del presupuesto, pero no es menos cierto que también se destina
dinero a otros fondos de integración. He de decir que desde que se cambiaron los Fondos Solid por el FAMI, Fondo de Asilo, Migración e Integración, desde España se insistió muchísimo y se consiguió que pudiera destinarse a la integración de menores
extranjeros no acompañados, incluyendo estructuras. Y dentro de esa plataforma el Gobierno ha elaborado programas para apoyar a las distintas regiones donde hay más concentración de MENA.


Otro elemento que se ha mencionado de manera recurrente es el incumplimiento de los compromisos de la Unión Europea en relación con el presupuesto. Me gustaría recordar aquí que en España tenemos personas que solicitan asilo dentro de
nuestro propio país y personas que nos hemos traído de alguna manera. Cuando hablamos de los compromisos adquiridos por la Unión Europea, todos ustedes se están refiriendo, sin mencionarlo expresamente, a los compromisos de reubicación o de
reasentamiento. Tengo que decirles que España cumplió los compromisos de reasentamiento sin problemas, y tienen que entender que los compromisos de reubicación no dependen exclusivamente de las autoridades españolas; de hecho, inicialmente
dependen de las autoridades de los países donde están esas personas para ser reubicadas. Estoy hablando de las autoridades griegas e italianas. Ellos, de hecho, se han apoyado en otros actores que son EASO y Frontex, no se han apoyado en las
autoridades de los países adonde van a enviar a esas personas como potenciales beneficiarios de protección internacional. Desde mediados de 2017, Grecia nos está diciendo que no tienen perfiles que respondan a las personas reubicables. España no
puede hacer nada porque comprenderán que ni el Gobierno ni ninguna Administración española, olvídense, nadie que pueda ser Administración o autoridad puede ir a otro país y decir: yo vengo aquí a llevarme a estos señores. No podemos hacerlo así,
eso quizás lo puedan promover las ONG y trabajar sobre el terreno, pero un Gobierno no puede llegar y poner una tienda diciendo: yo, Gobierno de España, voy a trabajar con estos refugiados y me los voy a llevar, porque Grecia e Italia son países
soberanos y hemos de contar con ellos. Por tanto, no solo España ha incumplido esos compromisos, se ha demostrado que la reubicación no ha sido eficaz en toda Europa, porque los países desde los que nos mandataban reubicar no estaban preparados
para realizar toda esta logística. Por esta razón acudieron a Frontex y EASO para que les ayudaran. Por cierto, España aportó efectivos a Frontex y EASO para esa labor. No obstante, ya he dicho que España cumplió los compromisos de reasentamiento
y, a fecha actual, España ha instado a Grecia y a Italia la llegada de 2500 personas; o sea, desde que se pusieron en marcha en el año 2015 las decisiones, les ha pedido 2500 personas. Creo que fue el primer país que solicitó un grupo de
refugiados para que viniera a nuestro país, se lo digo con toda transparencia y franqueza; 2500 personas fueron solicitadas y, a fecha actual, todavía quedan por llegar 1141. Seguimos en proceso de reubicación; a pesar de que esas decisiones
expiraron, nosotros seguimos reubicando a personas desde Grecia e Italia. Y además, con una especialidad, porque España se ha ocupado de personas especialmente vulnerables, y así nos lo han reconocido y nos lo han agradecido las autoridades de
Grecia e Italia.


Por otro lado, cuando hablan de reubicación y reasentamiento están pensando en estos dos programas, pero esto es una parte pequeña que significa el esfuerzo de ir a un país, bien de la Unión Europea en el caso de la reubicación, bien de
fuera de la Unión Europea en el caso de reasentamiento en el que vamos a buscarlos a un campo de refugiados, pero que, como digo, es una parte pequeña de las personas que se suman en España como solicitantes de asilo y beneficiarias de nuestro
sistema nacional, porque en España todos los días muchas personas solicitan asilo en nuestro territorio, no hace falta que

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los traigamos, lo solicitan aquí. Se ha mencionado antes que en el año 2012 el volumen de solicitantes de asilo era muy bajo, no llegaba a 2000 y, sin embargo, he de decirles que desde 2015 a 2017 se han tramitado en España 84 029
expedientes de protección internacional. Fíjense si estamos lejos de las cifras de las que estábamos hablando de reubicación y de reasentamiento. Para valorar esa cifra de 84 029 expedientes, fíjense en que desde el año 2005 a 2014, un periodo
mucho más largo, fueron 59 748, incluyendo las devoluciones que nos hacen desde otros países europeos por el Convenio de Dublín y también los apátridas. Y sí, la tendencia es ascendente, y en el año 2017 hemos tenido 31 738 solicitudes directas de
asilo frente a las 23 796 del año 2016, y pensamos que en 2018 alcanzaremos prácticamente las 40 000. Por esa razón hemos decidido mantener el presupuesto y consideramos que sí es adecuado. También me decían que había problemas de gestión, que la
subvenciones no estaban bien gestionadas y que las entidades beneficiarias se están quejando. La verdad es que a diario tenemos esa relación, a diario solventamos los problemas si es que se producen, y no tenemos mayores roces. No entiendo por qué
no iban a venir a diario a contarnos los problemas y tendrían que ir a contárselos a terceros.


Por otro lado, han señalado que el presupuesto de emigración era insuficiente. La verdad es que, como muy bien ha señalado la señora diputada del Grupo Parlamentario Popular, nosotros nos hemos concentrado mucho en atender a los más
vulnerables, dentro y fuera, y fuera los más vulnerables son las personas que requieren una prestación por razón de necesidad o asistencia sanitaria porque el país no se la ofrecía. En eso se ha ido una importante cantidad del presupuesto de la
secretaría general, y luego hemos ido tímidamente avanzando e incrementando los programas. En momentos de austeridad absoluta, en el año 2012 -y yo no digo que hayamos salido de esa austeridad- tuvimos que recortar programas. Le voy a poner un
ejemplo, las becas para estudiantes españoles que venían a estudiar a España, las denominadas becas Reina Sofía; y le digo más, con todo el dolor porque a mí como idea me parece estupenda, el programa me parece maravilloso y espero que algún día yo
o alguien pueda retomarlo. En concreto, en este programa de becas que se estaba realizando, cuando hubo una transferencia de Gobierno, le puedo decir que no nos dolió mucho cancelarlo porque el 40 % de esas becas Reina Sofía las recibían
estudiantes del Principado de Andorra para estudiar en España. Lo digo porque se han seleccionado muchísimo los programas, siempre en beneficio de los más vulnerables.


Volviendo al programa de inmigración, decía que había ayuntamientos, y se refería al de Barcelona, que se encargan de los refugiados sin financiación. Todo el mundo habla indistintamente de refugiados y cree que cualquier persona que ve en
la calle que, a lo mejor, tiene pinta de extranjero, probablemente sea un refugiado. Pensemos que una persona es solicitante de asilo o beneficiario del estatuto de refugio solo cuando existe un acto de solicitud, no antes. No se puede decir que
es refugiado si ni lo ha solicitado. Entonces, es verdad que hay personas que todavía no lo han solicitado y que están en la calle, pero yo no puedo acoger en el sistema nacional de acogida a personas que ni siquiera han pasado un mínimo chequeo de
seguridad o a personas que no lo han formalizado, porque el sistema nacional de acogida de solicitantes de asilo está pensado precisamente para eso; sin embargo, hay otros albergues, albergues de frío, etcétera, de los que disponen los
ayuntamientos, que están abiertos a personas indigentes, a personas que tienen necesidades o carencias y que están en la calle. Los presupuestos de los ayuntamientos, como los de las comunidades autónomas o los de esta secretaría general, cada uno
tiene el alcance que tiene y están destinados a los beneficiarios establecidos.


Se han referido también al Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que pienso que es importante. Dentro de la política de integración de inmigrantes, les puedo asegurar que el Gobierno está convencido y es consciente del
papel esencial que desempeñan las administraciones de las comunidades autónomas y locales como titulares de las competencias en materia de política social; pero también les digo que nosotros siempre tratamos de trabajar de manera conjunta con las
otras administraciones en el desarrollo de la política de integración porque creemos en ello. El Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes no tenía en ningún caso la vocación de suplir el presupuesto que las administraciones
regionales y locales tienen para destinar a política social, era un fondo de apoyo. Nuevamente, creyendo en ello, sigue suspendido, y cuando haya más presupuesto y se pueda dotar, sin ninguna duda estaremos encantados de dotarlo. Cuando se tiene
dinero, todo el mundo está encantado de aportar más fondos para hacerlo mejor y de manera más efectiva, esto es así, pero es verdad que también los tiempos de austeridad nos han enseñado que hay que seleccionar mucho, son fondos públicos y no puedes
dar dinero sin más, sin conocer, sin tener una evaluación y sin saber qué resultados vas a obtener con ello.

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Por otro lado, me hablaban de sentencias sobre competencias del fondo estatal para las comunidades autónomas. Creo que se estaba refiriendo al FAMI, por qué no se reparte entre las comunidades autónomas para que ellas gestionen en materia
de integración. Si no usted, desde luego el señor Campuzano se estaba refiriendo a este punto. Tengo que decir que el Fondo de Asilo, Migración e Integración, a diferencia de los fondos estructurales que estamos habituados a escuchar, como los
FEDER, no tiene una vinculación de desarrollo regional, sino que contribuye de forma homogénea, independientemente del nivel de renta de los Estados beneficiarios, a la consecución de objetivos comunes europeos. Le voy a poner un ejemplo, fíjese la
que se ha armado en Europa con la deserción de algunos países que no querían, bajo ningún concepto, acoger a refugiados. Imagínese que yo reparto fondos aquí, y me vienen algunas comunidades autónomas y me dicen que ellas no quieren acoger a ningún
refugiado, que no es el caso de España porque tenemos una sociedad solidaria y responsable, como se ha manifestado y puesto sobre la mesa en innumerables ocasiones, pero eso ha ocurrido a nivel europeo. Lo que quiero decir es que en el sentimiento,
los principios de solidaridad y de responsabilidad, en este caso respecto a la acogida de refugiados, la responsabilidad internacional no es de las comunidades autónomas, es del Estado, y por esa razón el fondo se mantiene en el Estado y no se
reparte. No es un fondo que esté vinculado y en el que uno, por ejemplo, pueda decir: le voy a dar más a Extremadura porque está en peores condiciones regionales, tiene más carencias, menos PIB, le voy a dar más dinero para que acoja a más
refugiados. Sería justamente todo lo contrario.


Me preguntaba el señor Campuzano cuál fue la ejecución presupuestaria en el año 2017. En el capítulo 4, sobre el que me han preguntado expresamente, la secretaría general tuvo una ejecución del 97,5 %, que en términos administrativos es un
éxito, con un gasto de más de 333 millones de euros. Y la ejecución del programa 231.H, de inmigración, en el año 2017 fue del 98,11 %. Solo para que tenga el dato, corroborando lo que había señalado la señora diputada del Grupo Parlamentario
Popular. Me habían pedido, además, el desglose de a qué se dedica el FAMI. Y es un programa plurianual que tiene una duración de siete años, desde el año 2014 al 2020 incluidos, y se dedica al asilo con 69 millones y a la integración de
inmigrantes con 84 millones. Es un fondo -para aclarar la confusión sobre el retorno voluntario o forzoso- que compartimos con el Ministerio del Interior. El FAMI total para el periodo 2014-2020 está dotado con un presupuesto de 285 047 733
millones de euros, insisto, para siete años. A los programas de asilo se destinan 69 549 339,57 millones de euros, de los cuales 11 820 000 millones están programados para el Ministerio del Interior porque es el competente para conocer los
procedimientos de asilo; el resto, 57 728 773 millones euros se dedican a la acogida e integración de los solicitantes de asilo y refugio.


Para programas de integración de nacionales de terceros países, entre ellos los menores extranjeros no acompañados, como he señalado antes, que no sean solicitantes de asilo, el presupuesto es de 84 230 269 euros, y todo, en su integridad,
es gestionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en concreto por la Secretaría General de Inmigración y Emigración. Y para programas de retorno incluye retorno forzoso, que ejecuta el Ministerio del Interior, y retorno voluntario, que
ejecuta el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Secretaría General de Inmigración y Emigración. El Ministerio del Interior cuenta con 85 298 397 euros, mientras que la secretaría general cuenta con 30 829 123 euros, y existe una partida para
asistencia técnica, que es de poco más de 15 millones de euros. Y además de este FAMI, por las decisiones que en sus días se adoptaron en materia de reubicación y reasentamiento, se estableció un fondo adicional de 136 millones, condicionados al
resultado de dichos programas, de los cuales se ha ejecutado o comprometido un total de 35,2 millones de euros, es decir, un 25,8 %. Y aquí incluyo -porque estamos hablando de un periodo de siete años- el gasto comprometido para la ejecución de los
programas de reasentamiento de 2018 y 2019. Como saben, son 2200 personas a reasentar en dos años. Para el programa de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el reasentamiento de 1000 a lo largo de este año, y estamos en ese proceso.


Señorías, hay muchas preguntas que pueden formular por escrito a la secretaría general sin mayor problema, aunque puedo contestarlas. (La señora Arévalo Caraballo: ¿Las preguntas que no se contestan se pueden hacer por escrito?).

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El señor PRESIDENTE: Las preguntas que no se contesten se trasladan a través de la Comisión y se hacen llegar.


Pero, señora del Corral, si quiere contestar, hágalo.


La señora SECRETARIA GENERAL DE EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Sí, sigo contestando, no tengo ningún problema. Todo lo contrario, estoy encantada de aclarar cosas, porque a veces es mejor incluso personalmente.


Las llegadas en patera se han disparado. Es una constatación, no tiene nada que ver con el presupuesto. Pero puedo decirle que tiene que ver con el presupuesto en la medida en que proporcionalmente se ha incrementado la partida que
financia subvención de atención humanitaria para atender a esas personas que llegan en patera. Y en el marco de atención humanitaria, los beneficiarios atendidos en el año 2016 fueron 9562 y en 2017, 16 211, esto es, un 70 % más que en 2016. Y
excuso decir que en los meses que llevamos de 2018 apuntan también a un alza en esas llegadas. Los 65 millones de euros de los fondos europeos están en una cuenta ahorro de la secretaría general y provienen de los avances que se puedan disponer
desde la Comisión Europea de fondos europeos y de las libraciones que la propia Comisión da por haber justificado debidamente los gastos de programas específicos. Esos avances y resultados de justificación están en una cuenta del Tesoro a nuestra
disposición para cuando queramos generarlos, sabiendo que podamos tener una necesidad específica que no pueda cubrir el presupuesto. Les he dicho que tengo 65 millones de euros de fondos que ya estoy generando en lo que va de año y, prácticamente,
el 89 % de ese fondo ya está comprometido, y parte de ello va precisamente a atención humanitaria, por ese incremento de pateras al que se está aludiendo.


Ya he explicado que la dotación del fondo de apoyo no significa suplir el papel que tienen en política social las comunidades autónomas. En todo caso entendemos que la integración de las personas va más allá de una mera atención social, y
desde el Gobierno se financian programas para esa integración social y se trabaja muy de cerca. Créame que no son pocos los seminarios, workshops e intercambio de buenas prácticas que realizamos con el conjunto de todas las comunidades autónomas en
materia de integración. Además, creo que eso tiene su reflejo en el ámbito internacional, también en el más próximo, en la Unión Europea, donde todos nos miran como con envidia, porque en España funciona la integración, y no en otros países. Pero,
francamente, no es algo que hagamos nosotros y que lo vengamos haciendo desde que yo estoy en esta posición hace seis años; se viene haciendo desde muy atrás. Pero, desde luego, no se ha hecho a perder -es lo que quería resaltar-.


Me pregunta por qué no hay dinero para Andalucía y Canarias para MENA. Ya lo he explicado en líneas generales. Con Canarias hubo algo muy parecido a lo que hay con Ceuta y Melilla en un momento determinado, durante la crisis de los
cayucos, en los años 2005 y 2006. En ese momento se invirtió mucho y se hizo mucho con esos niños, que se hicieron mayores y se fueron repartiendo. Pero ya no han llegado menores a Canarias en ese volumen, en esa intensidad; llegan muy de tarde
en tarde -afortunadamente, pensando en el riesgo que supone para la vida de los menores llegar hasta las islas-.


Me preguntaba si se va a construir un CAR o si se abrirán nuevas plazas en pisos, si van a mejorar los CETI. Empiezo contestando por lo último. Los CETI están mejorando constantemente. ¿Por qué? Porque tienen un uso muy intensivo, y, si
no tienen un mantenimiento constante, diario, es imposible mantenerlos, es decir, la dinámica es la mejora que se produce en los centros de estancia temporal de inmigrantes. Bien es verdad que es una parte de la que se ocupa también la
subsecretaria. Es decir, presupuesto todo lo referido a obras de mejora, etcétera, pero el mantenimiento es diario y le puedo asegurar que se invierte mucho tiempo en pensar cómo mejorar y hacer que las personas que están allí residiendo
temporalmente estén de la mejor manera posible y se les puedan ofrecer servicios mínimos de aprendizaje básico de idioma para poderse comunicar, apoyo escolar para los niños mientras están en la escuela en las ciudades autónomas porque lo necesitan,
incluso apoyo para los que ya no son tan niños y no puedan estar a la escuela; y, si es posible, prever instalaciones para que las familias estén juntas, aunque no siempre es posible, porque son centros abiertos y cada vez que hay un número elevado
de personas que entran de manera irregular en las ciudades autónomas el primer sitio de apoyo, de acogida, de emergencia es el centro de estancia temporal de inmigrantes. También se ha mejorado en la capacidad. Melilla tenía una capacidad formal
que no alcanzaba las 500 plazas y hoy hay 790 plazas.


No se va a construir un nuevo centro de ayuda a refugiados. Por ahora no lo planeamos, aunque tampoco se descarta. Hoy día no tenemos un proyecto específico sobre la mesa para crear alguno más. En Cataluña no existe ninguno y siempre me
he preguntado por qué. Cuando llegué había cuatro y hoy

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siguen siendo cuatro. Entre todos ellos, tenemos una capacidad de algo más de 450 plazas. No son muchas, pero es que las personas que pasan por allí van rotando. Cuando llegan personas -esto excede mucho de lo que es el presupuesto- que
requieren una atención muy especial, porque son familias con hijos enfermos y no pueden vivir en un apartamento, porque no tienen la suficiente autonomía para poder vivir en un apartamento sin necesitar ayuda de asistencia, se procura que estén en
los centros. Sobre todo, hay centros nuestros, de la Administración, que son los CAR, y hay otros centros que son gestionados por organizaciones no gubernamentales financiados a través de convocatorias por parte de la secretaría general. Cuando
hay personas con especial vulnerabilidad -y he dicho antes que en materia de reasentamiento y reubicación España se ha especializado en acoger a personas con vulnerabilidades extremas, dentro de la vulnerabilidad-, siempre han sido acogidos en
centros, incluso han permanecido un poco más de lo habitual en ellos, para poder asegurar esa asistencia 24 horas 365 días.


En cuanto a las plazas en pisos, he dicho que el presupuesto para asilo y protección internacional va destinado al reforzamiento y al redimensionamiento del sistema. Pues, a medida que vemos que aumenta el número de solicitantes de
protección internacional, nosotros incrementamos ese número de plazas. ¿Cómo se hace esto de manera flexible, de manera que se pueda adaptar al volumen de solicitudes? A través de apartamentos. Es cierto que probablemente estos apartamentos se
reservan para personas que presenten un grado de autonomía mayor, pero a lo mejor, si a una familia estándar lo único que la separa es la comunicación, está asegurada una atención y un acompañamiento, para que esas personas tengan los mismos
servicios en cualquier caso. No es que se alquile un apartamento. Es que hay todo un ejército de personas en todas las provincias españolas -le puedo asegurar que en todas- con apartamentos. Algunos de ellos, o algunos de esos recursos
habitacionales, como los llamamos, los han propuesto los propios municipios o las propias comunidades autónomas.


Acerca de cuántas personas son atendidas a diario por el sistema nacional de asilo, calculamos que son, aproximadamente, 15 000 personas, que tienen techo, comida, manutención y todas sus necesidades básicas cubiertas, y asistencia social,
sanitaria, etcétera. No cuento aquí las personas que son atendidas en la red de atención humanitaria, que son muchos más.


Creo haber dado un enfoque importante sobre por qué este presupuesto. Es verdad que los incrementos se han concentrado en MENA y la revalorización de salarios en materia de inmigración. Pero no olvidemos que no tenemos el ejercicio de
reubicación y, sin embargo, se ha mantenido, porque, evidentemente, hay un ritmo creciente de solicitantes de asilo o protección internacional en nuestro país. Por esa razón, hemos apostado por consolidar esa estructura. Así que les pido su apoyo
al presupuesto se la secretaría general. Muchísimas gracias por el tono de sus intervenciones, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Del Corral. Le agradecemos su comparecencia, sobre todo en el estado en que lamentablemente se encuentra.


Se levanta la sesión.


Eran las nueve y veinte minutos de la noche.


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